Res. 00257-2012 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago — Forest harvesting does not require direct felling — annulment for lack of reasoningAprovechamiento forestal no requiere tala directa — anulación por falta de fundamentación

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Resolución Nº 00257 - 2012

Fecha de la Resolución: 18 de Mayo del 2012 a las 15:15

Expediente: 08-200965-0454-PE

Redactado por: David Fallas Redondo

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

*082009650454PE*

 

Res: 2012-257

Exp: 08-200965-0454-PE

Tribunal de Apelación Penal de Cartago. A las quince horas quince minutos del dieciocho de mayo de dos mil doce.   

             Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra W., […], por el delito de Infracción a la Ley Forestal y otros, en perjuicio de Los Recursos Naturales . Intervienen en la decisión, los jueces David Fallas Redondo, Rosibel López Madrigal y Rafael Gullock Vargas . Se aperso naron en apelación, los licenciados Johanna Villarevia Umaña en representación del Ministerio Público y Mario Guzmán García como representante de la Procuraduría General de la República . 

Resultando:

1-Mediante sentencia N° 17-12 , dictada a las quince horas del trece de febrero de dos mil doce , el Tribunal de Juicio de Osa , resolvió: “ POR TANTO: Conforme a lo expuesto, artículos 36, 39 y 41 de la Constitución Política, 8 inciso 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 11, 18, 20, 30, 31 del Código Penal, 3 y 61 de la Ley Forestal, 1045, 1082 del Código Civil, 1, 2, 3, 200, 267, 269, 270, 324 y siguientes, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal, se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A W. del delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, EN LA MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES SIN PERMISO, que se les ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se dispone el depósito definitivo al señor W. de la totalidad de los bienes decomisados. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se exonera a la Procuraduría General de la República del pago de las costas generadas con la querella y la acción civil resarcitoria, por existir razón plausible para litigar. Firme el fallo, procédase al archivo del expediente y cancelación del libro de entradas. Se resuelve sin especial condenatoria en costas siendo las procesales a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE.-LUIS DIEGO ALPÍZAR MARÍN . JUEZ DE JUICIO. " (sic)

2-Contra el anterior pronunciamiento, l a l ic enciada Johanna Villarevia Umaña interpus o recurso de apelación .  

3- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

            4-En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

            Redacta el Juez Fallas Redondo; y

Considerando:

            I. La Fiscal Johanna Villarevia Umaña interpone recurso de apelación contra la sentencia número 17-12, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Osa, a las 15:00 horas del 13 de febrero de 2012. Mediante dicho fallo, visible de folio 138 a folio 143, se absolvió de toda pena y responsabilidad a W. por el delito de infracción a la Ley Forestal que en modalidad de aprovechamiento de productos forestales sin permiso, se le venía atribuyendo en daño de los recursos naturales. Asimismo, se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria ejercida por la Procuraduría General de la República.

            II. Como único motivo, la Fiscal sostiene que la resolución recurrida adolece del vicio de falta de fundamentación. Expresa que se vulneraron las reglas de la sana crítica a la hora de apreciar la prueba. En su criterio, el juzgador de mérito llegó al punto de ni siquiera haber valorado la prueba evacuada en debate, precisando que en sentencia sólo se consigna lo expresado por el imputado, pero que las restantes declaraciones sólo fueron mencionadas como rendidas, mas en ningún momento se expuso qué dijeron los testigos y tampoco se examinaron sus manifestaciones. Agrega que no se ponderó que durante el juicio, funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones fueron claros al sostener que la madera que aserraba el imputado había sido talada recientemente. Asimismo, señala que no se ponderó que los funcionarios del referido Ministerio dijeron haber visto al imputado sudando, con sierra en mano y la madera procesada en el sitio, todo ello sin que haya permisos de explotación, por lo que no se explica cómo concluyó el a quo que había duda sobre la responsabilidad del encartado.

            III. El reclamo es de recibo. Lleva razón la representante del Ministerio Público al indicar que la sentencia adolece de un vicio de razonamiento importante. A folio 142 se lee: "Se tiene que efectivamente el permiso para extraer madera en esa zona había vencido el 30 de marzo de 2008, y que el imputado fue sorprendido en esa zona el 23 de agosto de 2008, casi cinco meses después de vencido el permiso, no obstante de la prueba evacuada no se puede concluir que el imputado haya talado alguno de los árboles después del 30 de marzo de 2008, pues tanto el imputado como los testigos de la defensa indicaron que los arboles fueron talado tiempo atrás, lo que no permite establecer si se talaron cuando el permiso estaba vigente o cuando ya había expirado, lo cierto es que ante esta duda se debe beneficiar al imputado, pues los funcionarios del Minaet no lo observan talando los árboles, lo único que dicen es haber escuchado una motosierra trabajando, lo cual no permite asegurar que sea la motosierra del imputado o que el imputado no estuviera realmente aprovechando las ramas de los arboles ya talados anteriormente en fecha incierta. Aunado a lo anterior existe una duda en cuanto si la zona sobre la cual se otorgó el permiso Nº 0026562 es bosque plantado o bosque natural, ya que los testigos de la defensa asegura que sobre esa propiedad ya se han extendido 4 o 5 certificados de origen, lo cual nos indica que ya un varias ocasiones un regente forestal, que es ingeniero forestal con fe pública ha determinado que dicha zona es bosque plantado, por lo que la zona no encuadraría dentro de la definición de bosque que da la ley Forestal Nº 7575 en su artículo 3 inciso d) ...". Del texto transcrito se evidencia un yerro significativo por parte del juzgador que implica la carencia de fundamento de la sentencia. En primer término, debe indicarse que al justificar su decisión, el Juez de mérito parece entender que para que se aplique el numeral 61 de la Ley Forestal, es necesario que el imputado haya talado los árboles, lo cual es contrario a lo estipulado en dicho texto legal, pues en el mismo se sanciona a quien "aproveche" el producto forestal sin permiso. Y resulta que tal aprovechamiento se materializa no sólo con la tala de los árboles, sino con el trozado y aserrado de la madera. De allí que era importante detenerse a analizar las declaraciones de los funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en relación con lo que apreciaron ellos cuando aprehendieron al justiciable. No es suficiente aducir que estos testigos no lo vieron talar los árboles para descartar que haya estado aprovechando la madera al trozarla o aserrarla, actividad para la cual también se requiere permiso (artículo 55 de la Ley Forestal). Igualmente relevante es el yerro de entender que cabría distinguir entre bosque plantado y primario para los efectos de un aprovechamiento forestal. De la misma definición que transcribe el juzgador (tomada del artículo 3 de la Ley Forestal) se evidencia que un bosque puede ser tal independientemente de si es intervenido o no o si ha sido regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, lo que evidencia que aún si fuera cierto que los árboles de comentario fueron plantados, ello no niega que se trate de un bosque y, consecuentemente, para aprovechar los árboles (mediante tala, troza, escuadra o aserrado) se requiere de permisos válidos y eficaces. Todo esto lo obvia el órgano juzgador al darle importancia a la posibilidad de que se trate de un bosque plantado, lo cual, además, hace el a quo con base en testimonios de vecinos del lugar, a quienes otorga más credibilidad que a funcionarios del Ministerio indicado, sin considerar que se trata de un tema técnico para lo cual resultaba idóneo contar con una pericia, si se hubiera tratado de un aspecto relevante para el caso, cosa que esta Cámara no comparte. Y en todo caso, tratándose de un bosque, debe indicarse que el certificado de origen no es equivalente a un plan de manejo, siendo este último el requisito para poder otorgar los permisos que aquí se extrañan. Por todo lo anterior, es criterio de este Tribunal de Apelación de Sentencia que sí se configura el vicio de falta de fundamentación alegado, el cual resulta esencial en el presente asunto. Por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso y, en consecuencia, se anula la sentencia número 17-12, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Osa, a las 15:00 horas del 13 de febrero de 2012, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal de origen para que, con distinta integración, realice una nueva sustanciación. Debido a que la parte actora civil no impugnó el rechazo de su demanda, lo cual evidencia su conformidad con lo resuelto por el a quo, en el extremo civil el fallo permanece incólume.

Por tanto:

            Se declara con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, se anula la sentencia número 17-12, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Osa, a las 15:00 horas del 13 de febrero de 2012, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal de origen para que, con distinta integración, efectúe una nueva sustanciación. En el extremo civil el fallo permanece incólume. Notifíquese.

 

 

 

David Fallas Redondo

 

 

Rosibel López Madrigal                                                                     Rafael Gullock Vargas

Jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Exp. 08-200965-454-PE

C/: W.           

Of/: Los Recursos Naturales

D/: Infracción a la Ley Forestal y otros

Csolanog

EXP: 08-200965-0454-PE

 

 Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:20:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Cartago Criminal Sentencing Appeals Court

Resolution No. 00257 - 2012

Date of Resolution: May 18, 2012 at 3:15 p.m.

Case File: 08-200965-0454-PE

Drafted by: David Fallas Redondo

Type of matter: Appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

*082009650454PE*

Res: 2012-257

Exp: 08-200965-0454-PE

Cartago Criminal Appeals Court. At three fifteen p.m. on May eighteenth, two thousand twelve.

Appeal filed in this case against W., […], for the crime of Violation of the Ley Forestal and others, to the detriment of Natural Resources. Participating in the decision are judges David Fallas Redondo, Rosibel López Madrigal, and Rafael Gullock Vargas. Appearing on appeal were attorneys Johanna Villarevia Umaña, representing the Ministerio Público, and Mario Guzmán García, as representative of the Procuraduría General de la República.

Whereas:

1- By judgment No. 17-12, issued at three p.m. on February thirteenth, two thousand twelve, the Trial Court of Osa resolved: “THEREFORE: Pursuant to the foregoing, Articles 36, 39, and 41 of the Political Constitution, Article 8(2) of the American Convention on Human Rights, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Articles 1, 11, 18, 20, 30, 31 of the Criminal Code, Articles 3 and 61 of the Ley Forestal, Articles 1045, 1082 of the Civil Code, Articles 1, 2, 3, 200, 267, 269, 270, 324 et seq., 360, 361, 363, 364, 365, and 366 of the Criminal Procedure Code, W. IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND LIABILITY for the crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, IN THE FORM OF FOREST PRODUCT harvesting (aprovechamiento de productos forestales) WITHOUT PERMISSION, which has been attributed as committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. The definitive return to Mr. W. of all seized goods is ordered. The civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República is declared without merit. Ruled without special condemnation in costs. The Procuraduría General de la República is exonerated from paying the costs generated by the complaint and the civil action for damages, as there existed plausible reason to litigate. Once the judgment becomes final, proceed with archiving the case file and canceling the entry book. Ruled without special condemnation in costs, with procedural costs borne by the State. NOTIFY.- LUIS DIEGO ALPÍZAR MARÍN. TRIAL JUDGE.” (sic)

2- Against the aforementioned ruling, attorney Johanna Villarevia Umaña filed an appeal.

3- Having carried out the respective deliberation in accordance with Article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Ley 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Appeal of the Sentence), the Court considered the issues raised in the appeal.

4- The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge Fallas Redondo; and

Considering:

I. Prosecutor Johanna Villarevia Umaña files an appeal against judgment number 17-12, handed down by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa seat, at 3:00 p.m. on February 13, 2012. By said judgment, visible from folio 138 to folio 143, W. was acquitted of all penalty and liability for the crime of violation of the Ley Forestal in the form of forest product harvesting (aprovechamiento de productos forestales) without permission, which had been attributed to the detriment of natural resources. Furthermore, the civil action for damages brought by the Procuraduría General de la República was declared without merit.

II. As the sole ground, the Public Prosecutor argues that the appealed decision suffers from the defect of lack of reasoning (falta de fundamentación). She states that the rules of sound criticism (sana crítica) were violated when evaluating the evidence. In her opinion, the trial judge reached the point of not even having assessed the evidence produced at trial, specifying that the judgment only records what was stated by the accused, but that the other declarations were merely mentioned as having been given, yet at no point was it set out what the witnesses said, nor were their statements examined. She adds that it was not weighed that during the trial, officials from the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones were clear in maintaining that the wood the accused was sawing had been recently felled. Likewise, she points out that no consideration was given to the fact that the officials of the aforementioned Ministry said they had seen the accused sweating, with a saw in hand and the wood processed at the site, all without any harvest permits (permisos de explotación), which is why she cannot explain how the lower court concluded there was doubt about the defendant's liability.

III. The claim is admissible. The representative of the Ministerio Público is correct in stating that the judgment suffers from a significant flaw in reasoning. At folio 142, it reads: "It is true that the permit to extract wood in that area had expired on March 30, 2008, and that the accused was caught in that area on August 23, 2008, almost five months after the permit expired; however, from the evidence produced, it cannot be concluded that the accused felled any of the trees after March 30, 2008, since both the accused and the defense witnesses indicated that the trees were felled some time ago, which does not make it possible to establish whether they were felled when the permit was in force or when it had already expired; the fact is that faced with this doubt, the accused must be benefited, since MINAET officials did not observe him felling the trees; all they say is that they heard a chainsaw working, which does not make it possible to ensure that it was the accused's chainsaw or that the accused was not actually just harvesting the branches of trees already felled previously on an uncertain date. Added to this, there is doubt as to whether the area for which permit No. 0026562 was granted is a planted forest or a natural forest, since the defense witnesses assure that 4 or 5 certificates of origin (certificados de origen) have already been issued over that property, which indicates to us that a forestry manager (regente forestal), who is a forestry engineer with public faith, has determined on several prior occasions that said area is planted forest, so the area would not fit within the definition of forest provided by the Ley Forestal No. 7575 in its Article 3, subsection d) ...". From the transcribed text, a significant error on the part of the judge is evident, which implies a lack of reasoning (falta de fundamentación) in the judgment. First of all, it must be stated that when justifying his decision, the trial judge seems to understand that for Article 61 of the Ley Forestal to apply, it is necessary that the accused felled the trees, which is contrary to what is stipulated in that legal text, since it penalizes whoever "harvests" (aproveche) the forest product without permission. And it turns out that such harvesting (aprovechamiento) is materialized not only by the felling of trees but also by the cutting and sawing of the wood. Hence, it was important to stop and analyze the declarations of the officials from the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones regarding what they observed when they apprehended the defendant. It is not enough to claim that these witnesses did not see him fell the trees to dismiss the fact that he may have been harvesting the wood by cutting or sawing it, an activity for which a permit is also required (Article 55 of the Ley Forestal). The error of understanding that a distinction could be drawn between planted and primary forest for the purposes of forest harvesting (aprovechamiento forestal) is equally relevant. From the very definition transcribed by the judge (taken from Article 3 of the Ley Forestal), it is evident that an area can be a forest regardless of whether it has been intervened or not, or whether it has been regenerated by natural succession or other forestry techniques, which shows that even if it were true that the trees in question were planted, it does not negate the fact that they constitute a forest and, consequently, to harvest the trees (by felling, cutting, squaring, or sawing) requires valid and effective permits. The trial court overlooks all of this by giving importance to the possibility of it being a planted forest, which, moreover, the lower court does based on testimonies from neighbors of the locale, to whom it grants more credibility than to officials of the aforementioned Ministry, without considering that this is a technical matter for which an expert opinion would have been suitable, had it been a relevant aspect of the case, a view which this Chamber does not share. And in any case, being a forest, it must be stated that the certificate of origin (certificado de origen) is not equivalent to a management plan (plan de manejo), the latter being the requirement to be able to grant the permits that are lacking here. For all the above, it is the view of this Criminal Sentencing Appeals Court that the alleged defect of lack of reasoning (falta de fundamentación) is indeed configured, which is essential in the present matter. Therefore, it is appropriate to grant the appeal and, consequently, judgment number 17-12, handed down by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa seat, at 3:00 p.m. on February 13, 2012, is annulled, and the case is ordered remanded to the Court of origin so that, with a different composition, it conducts a new proceeding. Because the civil plaintiff did not appeal the dismissal of its claim, which demonstrates its conformity with the lower court's resolution, the judgment remains unaltered on the civil point.

Therefore:

The appeal is granted, and consequently, judgment number 17-12, handed down by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa seat, at 3:00 p.m. on February 13, 2012, is annulled, and the case is ordered remanded to the Court of origin so that, with a different composition, it conducts a new proceeding. The judgment remains unaltered on the civil point. Notify.

David Fallas Redondo

Rosibel López Madrigal Rafael Gullock Vargas

Judges of the Criminal Sentencing Appeals Court

Exp. 08-200965-454-PE

C/: W.

Of/: Los Recursos Naturales

D/: Infracción a la Ley Forestal y otros

Csolanog

EXP: 08-200965-0454-PE

Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:20:10.

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