Res. 04399-2010 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV — Annulment of the Crucitas Mining Project concession and full environmental restorationNulidad de la concesión del Proyecto Minero Crucitas y reparación ambiental integral

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV

Resolución Nº 04399 - 2010

Fecha de la Resolución: 14 de Diciembre del 2010 a las 10:40

Expediente: 08-001282-1027-CA

Redactado por: No indica redactor

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Minero

Tema: Concesión de explotación minera

Subtemas:

Nulidad de actos administrativos relacionados con el caso Crucitas.
Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños ambientales provocados.

Tema: Acto administrativo

Subtemas:

Nulidad de resoluciones y Decreto relacionados con el caso Crucitas.
Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños ambientales provocados.

Tema: Nulidad e ineficacia del acto administrativo

Subtemas:

Caso Crucitas.
Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños ambientales provocados.

Tema: Vicios del acto administrativo

Subtemas:

Caso Crucitas.
Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños ambientales provocados.

Tema: Decreto

Subtemas:

Vicios en la declaratoria de interés público y conveniencia nacional de el Proyecto Minero Crucitas.
Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños ambientales provocados.

Tema: Protección ambiental minera

Subtemas:

Consideraciones sobre la profundidad de la extracción y la afectación al acuífero interior en el caso Crucitas.
Deber de la Dirección de Geología y Minas y SETENA de valorar sus criterios recíprocamente.

Tema: Jurisdicción contencioso administrativa

Subtemas:

Competencia para analizar la legalidad en el otorgamiento de concesión minera en el caso Crucitas.
Distinción con el control que se ejerce en la jurisdicción constitucional.

Tema: Cosa juzgada en materia contencioso administrativa

Subtemas:

Desestimación o declaratoria sin lugar de recurso de amparo no la generan.

Tema: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Subtemas:

Competencia para emitir visto bueno u oponerse al otorgamiento del permiso de explotación o a la concesión de una explotación minera.

Tema: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria

Subtemas:

Inimpugnabilidad en sede jurisdiccional de criterio emitido con respecto a concesión minera.

Tema: Principio precautorio en materia ambiental

Subtemas:

Concepto, fundamento y alcances como parámetro de legalidad de las conductas administrativas.
Análisis respecto a la carga de la prueba y el carácter fiscalizador del juez contencioso administrativo.

Tema: Carga de la prueba en materia ambiental

Subtemas:

Análisis con respecto al principio precautorio y el carácter fiscalizador del juez.

Tema: Principio de legalidad en materia contencioso administrativa

Subtemas:

Quebranto por inaplicación del decreto de moratoria en la actividad minera y conversión del acto administrativo.

Tema: Principio de inderogabilidad singular del reglamento

Subtemas:

Quebranto por inaplicación del decreto de moratoria en la actividad minera y conversión del acto administrativo.

Tema: Estudio de impacto ambiental

Subtemas:

Nulidad de resolución administrativa que aprueba cambios en proyecto minero sin solicitar la evaluación correspondiente.

Tema: Evaluación del impacto ambiental minero

Subtemas:

Nulidad de resolución administrativa que aprueba cambios en proyecto sin solicitar la evaluación correspondiente.

Tema: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Subtemas:

Nulidad de resolución que aprueba cambios en proyecto minero sin solicitar el estudio ambiental correspondiente.
Criterios favorables traídos al proceso judicial no sustituyen su función técnica.
Imposibilidad de que deje de lado lo resuelto por la Dirección de Geología y Minas en materia de la protección del ambiente en relación con la actividad minera.

Tema: Perito del proceso contencioso administrativo

Subtemas:

Opiniones de expertos no subsanan la omisión de SETENA de solicitar un estudio de impacto ambiental y de analizar los cambios del Proyecto Minero Crucitas.

Tema: Conversión del acto administrativo

Subtemas:

Inaplicabilidad del instituto en relación con la concesión de explotación que había sido anulada por la Sala Constitucional en el caso Crucitas.

Tema: Declaratoria de interés público

Subtemas:

Violación de procedimiento, ausencia de balance entre beneficios y costos y falta de fundamentación de decreto en el Caso Crucitas.

Tema: Carreteras y caminos públicos

Subtemas:

Nulidad de constitución de una servidumbre minera de ocupación permanente sobre un terreno de propiedad Municipal por ausencia de desafectación.
Análisis sobre su naturaleza demanial.

Tema: Servidumbre minera

Subtemas:

Nulidad de constitución sobre un camino público cantonal por ausencia de desafectación.

Tema: Bien demanial

Subtemas:

Análisis con respecto a las calles y caminos públicos.

Tema: Dirección de Geología

Subtemas:

Imposibilidad de que deje de lado lo resuelto por SETENA en materia de la protección del ambiente en relación con la actividad minera.

Tema: Interpretación de la norma en materia ambiental

Subtemas:

Correcta aplicación no menoscaba la seguridad jurídica ni afecta de forma negativa la inversión extranjera.

Tema: Daño moral

Subtemas:

Análisis con respecto a la persona jurídica.

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños provocados en el caso Crucitas.

Tema: Daño ecológico

Subtemas:

Condena a Industrias Infinito, Estado y SINAC a la reparación integral de los daños provocados en el caso Crucitas.

“IV- OBJETO DEL PROCESO.

En este asunto las partes actoras solicitan que se declare la nulidad absoluta de varios actos administrativos que fueron emitidos con ocasión de la solicitud de concesión de explotación minera, formulada por la empresa Industrias Infinito S.A. A manera de recuento, los actos son los siguientes: 1) la resolución N°3638-2005-SETENA, mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas. 2) La resolución N°170-2008-SETENA, mediante la cual la Administración aprobó la solicitud de modificación al Proyecto Minero Crucitas presentada por Industrias Infinito S.A. 3) El informe ASA-013-2008-SETENA, que constituyó el informe previo al dictado de la resolución antes citada. 4) La resolución N°R-217-2008-MINAE, mediante la cual la Administración convirtió la resolución N° R-578-2001-MINAE, y otorgó la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito. 5) La resolución N°244-2008-SCH, mediante la cual la Administración autorizó la corta de árboles en las propiedades de Industrias Infinito S.A. 6) El Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, por medio del cual se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. 7) El oficio N° DST-773-2006, mediante el cual el INTA no se opuso al cambio de uso de la tierra en los inmuebles de Industrias Infinito S.A. Asimismo, los actores han solicitado el pago de daño y perjuicios, la reparación integral de los daños ambientales y que se le fije a la Administración los límites dentro de los cuales debe ajustar sus conductas, así como la condena en costas a los demandados. En sustento de sus pretensiones, los accionantes argumentan que los actos administrativos indicados contienen una serie de vicios en sus elementos constitutivos, y reprochan que una serie de temas técnicos no fueron adecuadamente evaluados o bien fue omitida su consideración en los respectivos procedimientos administrativos. Los demandados, por su parte, estiman que las referidas conductas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, plantean que el Proyecto Minero Crucitas es jurídica y técnicamente viable, y en relación con las pretensiones de los accionantes oponen las defensas de actos no susceptibles de impugnación, caducidad, cosa juzgada, acto consentido, prescripción, así como las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y falta de derecho. En criterio del Tribunal, las demandas deben ser declaradas parcialmente con lugar, con base en los siguientes razonamientos.

 

V- SOBRE LA DEFENSA DE COSA JUZGADA.

En el presente asunto, todos los demandados, así como su coadyuvante, han opuesto la excepción de cosa juzgada. Al unísono, han sostenido -en esencia- que lo planteado por los actores y la coadyuvante activa, fue resuelto ya por la Sala Constitucional, cuyas decisiones -dicen- surte el efecto de cosa juzgada sobre este proceso contencioso administrativo. En respaldo de la defensa de cosa juzgada, argumentan quienes la invocan que la Sala Constitucional ha emitido las sentencias 2010-06922, de las 14:45 horas del 16 de abril de 2010, y 2010-14009, de las 13:59 horas del 24 de agosto de 2010, mediante las cuales se pronunció sobre los temas discutidos en el proceso que aquí nos ocupa. Manifiestan que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo fallado en sede constitucional es vinculante erga omnes y, en consecuencia, no puede ser desconocido por esta Cámara. Estima el Tribunal que esta excepción debe ser rechazada. En primer término, debe advertirse que no puede obviarse que las dos sentencias de la Sala Constitucional aludidas por los demandados y la coadyuvante pasiva, fueron desestimatorias. Es necesario dejar claro aquí de una vez, que aún cuando la sentencia N° 2010-6922 declara con lugar el recurso de amparo en cuanto a un único extremo (el requerimiento de pronunciamiento técnico por parte de SENARA), lo cierto es que en todo lo demás el fallo de comentario fue desestimatorio del recurso de amparo y dado que para el dictado de esta sentencia el tema de SENARA carece de importancia, por ese motivo se considera a la resolución 2010-6922 como desestimatoria en general. Asimismo, si ello se considera a la luz de que se trataba de procesos de amparo, queda claro a este Tribunal que lo que determinó la Sala Constitucional es que las conductas sometidas a su conocimiento en esos dos recursos, no implicaban la vulneración de derechos fundamentales de los recurrentes. Y en ese sentido, este Tribunal observa plenamente el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues el hecho de que no se haya constatado, en sede constitucional, la lesión de derechos fundamentales de los amparados, no significa que las conductas administrativas no contengan vicios de legalidad. Y es que de la no afectación de derechos fundamentales, no se sigue la no inobservancia de la legalidad. Uno y otro son análisis distintos, que se realizan desde diferentes parámetros y, en el ordenamiento costarricense, merced a un tema de competencias, por órganos separados. Así, en el presente caso, lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 2010-06922 y 2010-14009, ya citadas, no guarda identidad ni de objeto, ni de partes, ni de causa, con lo que se ha conocido en el proceso de conocimiento contencioso administrativo número 08-001282-1027-CA, razón por la cual debe descartarse que las manifestaciones hechas por la Sala Constitucional en las dos sentencias ya referidas, generen cosa juzgada respecto de lo que conoce este Tribunal. Obsérvese que el amparo 08-014068-0007-CO, que culminó con el dictado de la sentencia 2010-06922, fue promovido por Edgardo Vinicio Araya Sibaja a favor de la Asociación Norte por la Vida, pero no puede dejarse de lado que en el proceso contencioso administrativo que aquí interesa, esa organización ha sido coadyuvante, no parte, y don Edgardo ha sido sólo apoderado de la Asociación, no recurrente, como fue en sede constitucional. Por otro lado, el amparo tramitado como expediente 08-008647-0007-CO, que culminó con el dictado de la sentencia 2010-14009, fue promovido por Carlos Manuel Murillo Ulate y Douglas Dayan Murillo Murillo, quienes no han figurado ni como partes ni coadyuvantes en este proceso contencioso administrativo. De esa manera, no hay identidad de partes entre los procesos constitucionales y el llevado adelante en esta sede, lo cual, al tenor de lo dispuesto en el numeral 163 del Código Procesal Civil, es suficiente, por sí mismo, para descartar que lo resuelto por la Sala Constitucional en los dos amparos indicados, constituya cosa juzgada respecto de lo que aquí se decide. Pero además, tampoco se dan la identidad de objeto y causa entre aquellos procesos y el presente, lo cual se evidencia si se tiene en cuenta lo que se conoce a raíz de un recurso de amparo y lo que se resuelve en un proceso contencioso administrativo. Recuérdese que el recurso de amparo está contemplado en el numeral 48 de la Constitución Política, donde, luego de reservar el recurso de habeas corpus para garantizar la libertad e integridad de la persona, se le concibe como medio para mantener o restablecer el goce de otros derechos constitucionales o aquellos derechos de carácter fundamental contemplados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Como se ve, desde la propia Ley Fundamental se distinguen los derechos constitucionales y los fundamentales, de otros derechos, previéndose el recurso de amparo sólo para la tutela de aquellos dos. En el mismo sentido, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 2 inciso a) y en el artículo 29, es clara al disponer que el recurso de amparo está previsto para garantizar los derechos y libertades fundamentales no protegidos por el recurso de habeas corpus. Así, lo que se determina mediante un proceso de amparo es si se violaron o no dichos derechos fundamentales. Lo que sucede es que, cuando la Sala Constitucional desestima o declara sin lugar un recurso de amparo, deviene aplicable el numeral 55 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece lo siguiente: "El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes." Como se puede apreciar, la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé las consecuencias del rechazo de un amparo y sucede que ante tal evento, la decisión no prejuzga sobre otras responsabilidades por parte del autor del agravio, es decir, la desestimación del recurso no conlleva la inexistencia de un agravio para el interesado, quien puede ejercitar otras acciones para tratar de acreditarlo. Es aquí donde adquiere total relevancia lo contemplado en el artículo 49 de la Constitución Política, en el que se crea la jurisdicción contencioso administrativa. Al crearse esta jurisdicción dentro del capítulo de derechos y garantías individuales de la Carta Magna, está claro que el acceso a la misma constituye una garantía para los habitantes de la República que procuran que la Administración Pública se sujete a la legalidad en sus actuaciones. En ese sentido, estima este Tribunal que desde la Constitución Política se marca una importante diferencia entre las competencias asignadas a la jurisdicción constitucional y a la jurisdicción contencioso administrativa. En ambos casos se procura -entre otras cosas- la plena sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, pero la Sala Constitucional debe realizar ese control desde la óptica de los derechos fundamentales, sin que pueda descender a un examen de legalidad cuando ha descartado la violación de algún derecho fundamental, mientras que, en cambio, todos los órganos que componen la jurisdicción contencioso administrativa están obligados a realizar siempre distintos tipos de análisis, desde la Constitución Política hasta los menores niveles de la escala de fuentes normativas administrativas, aunque no medie ninguna vulneración de derechos fundamentales. Esta distinción en el ámbito competencial de cada uno de los órganos señalados, es lo que determina la inexistencia de identidad entre el objeto y la causa de lo conocido por la Sala Constitucional en los recursos de amparo ya indicados y lo examinado por el Tribunal Contencioso Administrativo en este proceso. Ante la jurisdicción constitucional se pretendió garantizar la tutela de derechos fundamentales, pero ante la jurisdicción contencioso administrativa, se ha procurado garantizar la legalidad de la función administrativa. Desde esa perspectiva está claro para esta Cámara que las pretensiones de los entonces recurrentes y las de los hoy actores difieren bastante en cuanto a su fundamento, pues lo peticionado en los recursos de amparo se hizo depender de la declaratoria de lesiones a derechos fundamentales (cosa que no sucedió), mientras que lo pretendido en este proceso se ha hecho depender de la violación de la legalidad (cosa que sí se ha tenido por cierta). Cabe aquí reiterar que este planteamiento encuentra su eje en el hecho de que la Sala Constitucional, al dictar las sentencias 2010-06922 y 2010-14009, declaró sin lugar los recursos de amparo, es decir, emitió fallos desestimatorios. Y esto es muy importante destacarlo a la luz de un precedente citado por la propia representación de Industrias Infinito durante sus conclusiones. Al abordar el tema de la cosa juzgada, la empresa demandada invocó a su favor, la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 339-F-2005, de las 14:45 horas del 25 de mayo de 2005, resolución de la cual, el mismísimo apoderado citó en debate el siguiente extracto: "De conformidad con el numeral 163 del Código Procesal Civil, las sentencias emitidas en proceso ordinario o abreviado, así como aquellas otras resoluciones señaladas en forma taxativa, producen la autoridad de la cosa juzgada material.  Dentro de este último supuesto se encuentran las sentencias estimatorias dictadas por la Sala Constitucional, las que a la luz de lo dispuesto por el precepto 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no son susceptibles de discusión en otras instancias en lo relativo a la infracción constitucional." Como se ve, lo que la Sala Primera estimó que puede producir cosa juzgada conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son las resoluciones estimatorias de la Sala Constitucional, no así las desestimatorias, siendo clara -además- la Sala Primera al entender que la vinculancia erga omnes está referida a la infracción constitucional. En otras palabras, la argumentación de la propia Industrias Infinito viene a afianzar la tesis de este Tribunal en cuanto a que, por haber desestimado los procesos de amparo ya mencionados, lo resuelto por la Sala Constitucional en esos dos casos, no surte el efecto de cosa juzgada en relación con el asunto que se está resolviendo en esta sentencia. Adicionalmente, es necesario hacer ver que la posición que asume la Sección Cuarta de este Tribunal al dictar la presente sentencia, no es aislada, sino que guarda consonancia plena con lo establecido por otras Secciones. Así, por ejemplo, cabe indicar que la Sección Sexta, en la sentencia número 730-2009, de las 14:30 horas del 21 de abril de 2009, ha indicado lo siguiente: "...Este Tribunal considera que la excepción de cosa juzgada material, debe rechazarse por los siguientes motivos: a) La Constitución Política define el ámbito competencial de ambas jurisdicciones, con base en el objeto que ambas persiguen. En cuanto a la Jurisdicción Constitucional (artículos 10 y 48) es garantizar la supremacía constitucional, a través -en este caso- del mantenimiento o restablecimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los Instrumentos Internacionales vigentes en la República, por medio del recurso de amparo, con excepción de los derechos que se tutelan por el recurso de habeas corpus (ver artículos 1, 2.a y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Respecto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 49), constituye el garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, dado que la ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados (ver artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo); b) Es cierto, que el Derecho de la Constitución es vinculante por sí mismo y que al ser el fundamento de todo el ordenamiento jurídico, debe ser aplicado por los operadores del derecho -ya sea de índole jurisdiccional o no-, porque al más alto nivel forma parte del “principio de legalidad” al que está sometido el ejercicio de la función administrativa, y de cuyo cumplimiento depende en última instancia, su efectivo control, la garantía de los derechos fundamentales de los administrados, la realización de los fines de interés público y la preservación del principio democrático que constituye la base esencial del Estado Social de Derecho; c) Desde esa perspectiva, si al juez contencioso administrativo le compete fungir como el contralor de legalidad en el ejercicio del la función administrativa, ello implica que por la naturaleza del objeto de su competencia, es uno de los operadores ordinarios del derecho, que mejor representa y ejerce la función de tutela de los derechos fundamentales en el marco de aquella. Ello por cuanto, el cumplimiento del principio de legalidad implica fiscalizar el ejercicio de las potestades de imperio de la administración frente a los derechos fundamentales de su principal destinatario -el administrado-, no sólo desde un punto negativo -que a consecuencia de conductas arbitrarias o de las que tienen apariencia de legalidad, se causen una vulneración a esos derechos-, sino positivo -que se procure la realización de los fines de interés público en forma eficiente-; d) No obstante lo anterior, debemos tener muy claro que todo ello se enmarca en el ámbito de la competencia otorgada por el propio texto constitucional, que en última instancia está determinada por el objeto que se pretende tutelar en cada jurisdicción, razón por la cual, aunque garantizar en vía contencioso administrativa el cumplimiento del principio de legalidad incluye necesariamente al Derecho de la Constitución; garantizar el principio de supremacía constitucional en la Jurisdicción prevista en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, no implica revisar si de acuerdo con el marco de legalidad aplicable a cada caso, corresponde reconocer, restablecer o declarar la existencia, inexistencia o contenido de una situación jurídica o de una relación sujeta al ordenamiento jurídico administrativo, a efecto de tutelar un derecho subjetivo o un interés legítimo; e) Que derivado de todo lo expuesto anterior, no podemos sostener que las competencias entre ambas jurisdicciones sean concurrentes, pues el hecho de que en algunos supuestos exista identidad material de las conductas objeto de los procesos que se tramitan en ambas jurisdicciones, no tiene la virtud de asimilar el objeto que se persigue en cada una de éstas  -que conforme al propio texto de la Constitución- es distinto, lo que su vez implica, que el ámbito de su competencia también es diferente. Recordemos que las competencias concurrentes implican que cada órgano tiene la plenitud de la competencia correspondiente y puede hacer lo mismo que hace el otro: si son iguales, lo hecho por uno puede ser dejado sin efecto por el otro -conforme al principio de que lo anterior deroga lo posterior-,  y sin son desiguales, el superior puede hacer o deshacer todo lo que hace el inferior antes o después de que resuelva el asunto sometido a su conocimiento; f) En síntesis, aunque el incumplimiento del principio de legalidad provoca de manera indirecta la violación de un derecho fundamental por inobservancia del ordenamiento jurídico, ello no implica que garantizar el principio de supremacía constitucional, en aquellos casos de violaciones o amenazas que lesionen de manera directa el contenido esencial de un derecho fundamental provocando con ello una situación apremiante, implique una competencia concurrente; la única concurrencia posible -y que no es de competencias-, es la existencia de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, aunque originadas en motivos distintos de lesión, que precisamente es lo que determina el ámbito de competencia de cada Jurisdicción, conforme a lo que establecen los artículos 10, 48 y 49 de la Constitución Política; g) Desde esa perspectiva, los alcances de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto al carácter vinculante erga omnes de la jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de su competencia, deben entenderse en dos sentidos: 1) Si ese Tribunal estima o declara con lugar un recurso de amparo, de hábeas corpus o una cuestión de constitucionalidad (acción y consulta judicial o legislativa), porque la conducta o las normas objeto del proceso resultan contrarias al Derecho de la Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, constituyen normas no escritas, cuya aplicación por parte de los operadores jurídicos resulta vinculante, a efecto de garantizar y hacer efectivo el principio de supremacía constitucional en vía ordinaria tanto a nivel administrativo como jurisdiccional; 2) Si por el contrario, la Sala Constitucional desestima o declara sin lugar un recurso de amparo o de habeas corpus, porque la conducta objeto del proceso no resulta contraria al Derecho de la Constitución, ello no obsta para que el recurrente pueda acudir a la vía jurisdiccional competente en resguardo de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, a efecto de que allí se determine si las conductas impugnadas resultan o no contrarias al Ordenamiento Jurídico, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, en relación con el 1, 2 incisos a y b, y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el análisis realizado por dicho órgano jurisdiccional implica la confrontación del texto de la norma o conducta cuestionada, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales; h) Lo anterior no sólo responde a los límites competenciales establecidos para ambas jurisdicciones en los artículos 10, 48 y 49 del texto constitucional, sino también, a un principio general de justicia cuya aplicación efectiva constituye un derecho fundamental inherente a toda persona, que se extrae de lo dispuesto en los artículos 41 y 153 de la Constitución Política; i) Así las cosas, es criterio de este órgano colegiado, los pronunciamientos de los fallos emitidos en sede constitucional (mediante los recursos de amparo y hábeas corpus) tienen incidencia directa en los procesos contencioso administrativos, cuando en aquella sede se hubiere dispuesto la irregularidad de conducta pública por la lesión al régimen del Derecho de la Constitución y como consecuencia de ello, se dispusiere la supresión del funcionamiento administrativo objeto del estudio. En tales casos, carecería de interés actual ponderar la validez o no de una determinada conducta pública en un proceso contencioso administrativo, cuando ya el Tribunal Constitucional estableció su invalidez, por otras causas, pero cuyo efecto sería el mismo, sea, su anulación jurídica. No sucede los mismo con las decisiones desestimatorias dictadas por ese alto órgano jurisdiccional, por cuanto, en esa hipótesis, adquiere relevancia y utilidad el examen de legalidad del acto, aspecto que no se discute en sede constitucional, siendo que tal examen corresponde a esta jurisdicción (artículo 49 de la Constitución Política), según se ha dicho. Ergo, la determinación en fase constitucional de no transgresión del Derecho de la Constitución, no es óbice para un cotejo de legalidad, pudiendo generar incluso, la supresión del acto por infracción al Ordenamiento Jurídico infraconstitucional. Por ende, en esos casos, no puede existir cosa juzgada por el rechazo de un recurso de amparo, pues el objeto de análisis de este Tribunal, es muy distinto al que se aborda en los procesos constitucionales..." (los énfasis mediante negrilla o subrayado son del original). Como se puede apreciar, lo expuesto por la Sección Sexta en la sentencia recién citada, es esencialmente el mismo planteamiento que hoy se expone en la presente resolución. Y más importante aún es que lo que se expuso en la sentencia 730-2009, recién mencionada, ya fue confirmado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la sentencia número 107-F-S1-2010, de las 8:30 horas del 30 de abril de 2010. En este fallo, la Sala Primera indicó lo siguiente: "Respecto al segundo cargo sobre la contradicción alegada con fallos emitidos por la Sala Constitucional, tal planteamiento obliga a cuestionar si una conducta administrativa, cuya disconformidad con el derecho de la constitución ha sido descartada por el tribunal constitucional, puede ser a la vez ilegal. Sobre el punto, es el criterio de esta Cámara,  que a pesar de que ambas jurisdicciones son concurrentes, en cuanto a que son contralores de la conducta administrativa en sus diversas manifestaciones (formal, material y omisiva), el parámetro utilizado es diverso en ambas, la primera se basa en el Derecho de la Constitución, y la segunda, en el bloque de legalidad. En efecto, no podría afirmarse que incurra en un vicio de inconstitucionalidad, aquella entidad que procede conforme al marco posible de actuación que le brinda el bloque de juridicidad, toda vez que son precisamente las normas infraconstitucionales, las que alcanzan a materializar las aspiraciones generales estipuladas en los textos constitucionales. De ahí que, en materia contencioso administrativa, deba integrarse el análisis con todo el ordenamiento jurídico a efecto de determinar cualquier posible infracción al bloque de legalidad, tarea constitucionalmente atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa (art. 49 de la Constitución Política). Por ello, son revisables ante la jurisdicción contencioso administrativa, tanto los  supuestos donde el tribunal constitucional, haya desestimado o declarado sin lugar el recurso de amparo o habeas corpus planteado, por considerar que la conducta impugnada, no resulta contraria de manera directa al Derecho de la Constitución, pues en ese supuesto, no se alude a la legalidad del acto o conducta (de resorte exclusivo de los jueces contenciosos), como aquellos en los cuales, declarada la inconformidad con la Carta Magna, el justiciable estime oportuno, discutir la conformidad de las actuaciones, con el bloque de legalidad. En estos casos, el administrado puede acudir a la vía contencioso administrativa, para hacer valer sus eventuales derechos subjetivos o intereses legítimos y requerir se determine en esa instancia, si las conductas o actos impugnados resultan o no contrarios al ordenamiento jurídico. De ahí que no sea válida la interpretación hecha por el demandado, en el sentido de que producen cosa juzgada todos los fallos emitidos por la Sala Constitucional, en tanto el análisis que efectúa dicho órgano decisor, es distinto del que ha realizado el Tribunal Contencioso Administrativo. Más aún, en cuanto a la aplicación “erga omnes” de los fallos constitucionales, este Tribunal no discute ese precepto, contenido en el artículo 13 de la" [Ley de la Jurisdicción Constitucional] "pero se denota que tales pronunciamientos se hacen única y exclusivamente sobre el marco de la infracción al Derecho de la Constitución." Como se puede apreciar, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, también se ha manifestado en el sentido que se expresa este Tribunal en la presente sentencia, siendo entonces coincidente el criterio de ambos órganos jurisdiccionales en cuanto a que las sentencias de la Sala Constitucional mediante las cuales se desestime o declare sin lugar un recurso de amparo, no surten el efecto de cosa juzgada sobre procesos conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa. Aunado a lo anterior, pero en otro orden de ideas, es necesario hacer ver que, en todo caso, la propia Sala Constitucional, en sus sentencias 2010-06922 y 2010-14009, dejó abierta la vía para que fuera en sede de lo contencioso administrativo que se conocieran los temas sobre los cuales versa esta sentencia. Véase, por ejemplo, que en la sentencia 2010-06922, la Sala Constitucional, en el Considerando XLIII de dicho fallo retoma otras dos resoluciones de ese órgano (2004-09927 y 2005-06790) para indicar que en ellas "se ha definido de manera reiterada que escapa al ámbito de competencias de esta jurisdicción detenerse en valorar si los estudios han sido bien realizados o si cumplen con la información necesaria, aspectos que de suyo deben ser dirimidos por las instancias técnicas que corresponde" (la negrilla y el subrayado son suplidos). Lo anterior pone de manifiesto que la propia Sala Constitucional dejó claro que escapaba a su competencia examinar la corrección técnica de los estudios realizados sobre el proyecto minero Crucitas. Esa misma posición expresó esa Sala en el Considerando LX de la misma sentencia, en el que indicó: "Debe reiterarse que el conocimiento técnico de las solicitudes y pretensiones como las aquí indicadas, son del resorte de las entidades técnicas de la administración, por lo que si los órganos pertinentes han vertido su criterio científico sobre el particular, escapa al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional discutir si tal criterio se encuentra ajustado al carácter también técnico de los elementos tenidos en cuenta por la administración para la emisión de su pronunciamiento; en consecuencia, si los interesados consideran que existe alguna disconformidad al respecto, deberán interponer las acciones pertinentes ante los órganos que corresponda" (negrilla y subrayado no son del original). Salta a la vista cómo la misma Sala Constitucional descartó pronunciarse sobre la corrección de los informes técnicos ya aludidos, incluso sosteniendo (criterio que este Tribunal comparte) que ese aspecto escapa a su ámbito de competencias e indicando que para combatir la apreciación que de esos informes haya hecho la Administración, deben interponerse las "acciones pertinentes", que no son otras que las que se plantean ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y es que aquí debe recordarse que el artículo 49 constitucional asigna a esta última el control de la legalidad de la Administración, lo cual supone la fiscalización de que la misma se adecue en todo momento a las reglas de la ciencia y de la técnica, tal como lo dispone el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública. Esto último adquiere mayor importancia cuando se ha cuestionado a lo largo de este proceso si la Administración apreció correctamente distintos aspectos técnicos, como el de la máxima cota a la que podría llegar la extracción en el proyecto minero Crucitas. Es necesario indicar que en la misma sentencia 2010-06922, la propia Sala Constitucional refiriéndose al tema del camino público, señaló en el Considerando LXXXVII que las quejas planteadas sobre el cierre al que se sometería un camino público, debían ser conocidas primero por la Administración y que carecían de relación directa con el objeto del recurso de amparo que entonces se conocía, siendo entonces a todas luces evidente que la jurisdicción constitucional no se pronunció sobre el fondo del problema, resultando entonces viable conocerlo en este proceso contencioso administrativo. En esa misma sentencia 2010-06922, la Sala Constitucional valoró el decreto ejecutivo 34801, mediante el cual se declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, pero si se lee  lo expuesto en los Considerandos CIII y CIV de dicha resolución, salta a la vista que la Sala lo que hizo fue simplemente constatar que en el decreto exponía algunas razones para su emisión, por lo que lo estimó fundado desde la luz constitucional, mas nunca descendió la Sala Constitucional a efectuar un análisis de legalidad, pues al referirse a la realización del balance costo beneficio, ese órgano jurisdiccional indicó  que "tratándose de una determinación de carácter técnico se está ante un asunto de legalidad ordinaria ya definido por las entidades competentes en cada caso". Si la Sala Constitucional se satisfizo con la apreciación técnica hecha por la Administración para emitir dicho decreto, por lo que no procedió a analizar esa valoración técnica administrativa y además indicó que esa apreciación era materia de legalidad ordinaria, es entonces evidente y manifiesto que compete a la jurisdicción contencioso administrativa examinar que la Administración haya cumplido con la legalidad ordinaria a la hora de emitir ese decreto, cosa que aquí se hace y que encuentra sustento en las competencias que la Constitución Política asigna a esta jurisdicción en el artículo 49. Ahora bien, además de todo lo que la sentencia 2010-06922 reserva para que sea conocido por los jueces de lo contencioso administrativo, debe indicarse que otro tanto proviene de la sentencia 2010-14009. En el Considerando V de esta última, de forma unánime y con la participación de cuatro Magistrados que también habían votado la resolución 2010-06922 (a saber: Armijo, Jinesta, Cruz y Castillo), expresamente se indica, que "no es asunto de constitucionalidad sino de legalidad el examinar y valorar si una concesión minera viola un decreto ejecutivo", esto en relación con el decreto de moratoria de la actividad minera; se expresa también que "tampoco lo es analizar si viola la normativa del Colegio de Químicos"; se indica además que "no es asunto de constitucionalidad sino de legalidad el examinar y valorar si los recurridos procedieron de forma correcta o no al 'convertir' el otorgamiento de la concesión minera que había sido previamente anulada por" la Sala Constitucional, tras lo cual ese mismo órgano finaliza el referido Considerando V indicando que "dichos alegatos deben llevarlos a los recurrentes a la vía contencioso administrativa, que es la competente para analizar la legalidad en el otorgamiento de la concesión en cuestión, conforme los argumentos que exponen los recurrentes" (la negrilla y el subrayado son suplidos). Lo anterior evidencia que la propia Sala Constitucional estuvo siempre consciente de sus competencias constitucionales y nunca incursionó en el ámbito de la legalidad del mismo a la hora de valorar el proyecto minero Crucitas, sino que realizó su examen desde la perspectiva de la vulneración o no de derechos fundamentales, que es lo que procede tratándose de un recurso de amparo. Además, esa posición es consecuente con los temas que había dejado para que fueran conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa, desde el dictado de la sentencia 2010-06922. Retomando los alcances de la sentencia 2010-14009, ya mencionada, es necesario indicar que en el Considerando VI de la misma se indicó que el voto de mayoría de la sentencia 2010-06922 omitió considerar que las modificaciones al proyecto minero Crucitas requerían de una nueva audiencia pública, de manera que ese es un punto que, dado lo indicado al final de dicho Considerando VI, queda reservado también para su conocimiento en sede ordinaria, que no es otra que la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, deviene importante recordar que, por la naturaleza tan particular de los derechos que se busca proteger mediante el amparo, dicho proceso ha sido estructurado como sumario, en el que se resuelve con base en informes rendidos bajo juramento, lo cual difiere bastante de los juicios orales que se realizan en sede contencioso administrativa. Esta diferencia procesal ha adquirido particular relevancia en este asunto, pues basta considerar el ejemplo del testigo perito Hugo Virgilio Rodríguez Estrada para evidenciar por qué es imposible, mediante el recurso de amparo, que la Sala Constitucional hubiese podido descender al examen de todos los aspectos relevantes para determinar si el proyecto minero Crucitas se ajusta a la legalidad o no. Recuérdese que ese testigo perito admitió en plena sala de juicio que el documento que emitió y que fue presentado como Anexo 7 en el informe que rindió el entonces Ministro de Ambiente y Energía ante la Sala Constitucional con ocasión del proceso de amparo 08-014068-0007-CO, contenía un error muy importante, como lo es el haber referido una "profundidad" de "setenta y cinco metros bajo el nivel del suelo", cuando lo correcto, según él mismo lo reconoció, es que debía hablarse de "elevación" y debía aludirse a "metros sobre el nivel del mar", pues se trata de nociones completamente diferentes y que, confundidas, podría llevar a equívocos en cuanto a las condiciones técnicas impuestas por la geóloga Sofía Huapaya Rodríguez Parra para la extracción. Este tema fue posible conocerlo sólo mediante el contradictorio y es un ejemplo de cómo los informes rendidos bajo juramento, que son útiles para determinar en un sumario si se han vulnerado o no derechos fundamentales, no tienen iguales alcances a la hora de definir si una conducta administrativa se adecua o no al bloque de legalidad. Y esta distinción es, a su vez, importante para reiterar el diferente objeto entre un recurso de amparo y un proceso de conocimiento contencioso administrativo, lo cual ilustra perfectamente por qué la sentencia desestimatoria dictada con ocasión del primero no genera cosa juzgada respecto del segundo. Finalmente, debe indicarse que en sus conclusiones, el representante de Industrias Infinito mencionó otras sentencias de la Sala Constitucional que supuestamente generarían cosa juzgada en relación con el asunto que aquí se conoce. Mencionó, en concreto, las resoluciones: 1998-05315, 2002-07882, 2004-13414, 2007-07973 y 2009-17155. En relación con las primeras tres, debe indicarse que todas ellas fueron dictadas con anterioridad a la emisión de los actos que son objeto de este juicio, lo cual evidencia que jamás pueden constituir cosa juzgada sobre lo que aquí se conoce, pues los actos que se han impugnado en este proceso ni siquiera existían cuando se emitieron aquellas resoluciones. En cuanto a las decisión de 2007, debe indicarse que en la primera sólo se declara no ha lugar a una gestión de parte en el mismo proceso de amparo que culminó con el dictado de la sentencia 2004-13414, lo que evidencia que no genera el efecto de cosa juzgada sobre lo que ahora se conoce. Y en lo que respecta a la sentencia de 2009, debe indicarse que se trata de una acción de inconstitucionalidad (expediente número 08-014900-0007-CO) promovida por Freddy Pacheco León contra disposiciones del Código de Minería, lo cual evidencia que es un asunto que no guarda ni identidad de partes, ni tampoco en relación con el objeto discutido en este proceso de conocimiento y, consecuentemente, no produce cosa juzgada respecto de lo que aquí se conoce. Por todo lo anterior, se rechaza la defensa de cosa juzgada opuesta por los demandados y el coadyuvante pasivo.

 

VI- SOBRE LA DEFENSA DE CADUCIDAD.

Dicha defensa debe ser rechazada, pues debe observarse que la resolución 3638-2005-SETENA, fue dictada en el año 2005 y el transitorio III del CPCA, establece que el régimen de impugnación de los actos que quedaron firmes con anterioridad a la entrada en vigencia del Código, se regirán por la legislación vigente en ese momento. El artículo 175 de la LGAP establecía un plazo de caducidad de 4 años para impugnar los actos absolutamente nulos. Consecuentemente, no ha transcurrido el mencionado plazo desde la emisión de la resolución N°3638-2005-SETENA, ni mucho menos respecto de los demás actos impugnados, que fueron dictados en el año 2008. Corolario de lo expuesto, no existe la caducidad interpuesta.

 

VII- SOBRE LA DEFENSA DE ACTO CONSENTIDO.

Esta defensa debe rechazarse toda vez que al haberse eliminado el requisito del agotamiento preceptivo de la vía administrativa para conductas no municipales, el dejar de impugnar un acto en vía administrativa no constituye un impedimento para acudir a la vía contencioso administrativa para solicitar su nulidad, por lo que no procede esta defensa previa.

 

VIII- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN.

Se rechaza la prescripción, porque no existe plazo prescriptivo para impugnar conductas públicas, sino plazo de caducidad, regulado en el CPCA, tema que ya resuelto por parte de este Tribunal. En cuanto a la pretensión de daños y perjuicios, el plazo de prescripción es de 4 años según la LGAP y el mismo no ha transcurrido desde la emisión de todos los actos impugnados.

IX- SOBRE LA DEFENSA DE ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN.

Los demandados opusieron la defensa de actos no susceptibles de impugnación en relación con diversos actos, a saber: el oficio DST-773-2006, del INTA, el oficio ASA-013-2008-SETENA, las resoluciones 3638-2005 y 170-2008-SETENA, así como el decreto ejecutivo 34801-MINAET. Sobre el particular, debe indicarse que solamanente los oficios DST-773-2006 y ASA-013-2008-SETENA son, a juicio del Tribunal, conductas cuya impugnación en este proceso no era posible. Por lo anterior, se acoge la excepción de actos no susceptibles de impugnación en cuanto a los oficios DST-773-2006 y ASA-013-2008-SETENA. Los restantes actos impugnados son actos finales o con efecto propio, y por tanto, impugnables en sede contencioso administrativa. En particular en lo que concierne al oficio ASA-013-2008-SETENA del 14 de enero de 2008, este Tribunal ha advertido que el mismo constituye tan sólo una recomendación del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental a la Comisión Plenaria, ambos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, siendo que la decisión administrativa se plasma en lo que disponga la Comisión Plenaria, es evidente que la recomendación que haga el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental carece de efectos propios y por ello, debe acogerse la referida excepción en lo atinente a ese oficio, pues el mismo no es susceptible de impugnación. En lo que respecta al documento del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (el INTA), sea el oficio DST-773-06 del 4 de octubre de 2006, es necesario indicar que el mismo no es impugnable en este proceso. Sobre el particular, obsérvese que la Ley 7779 reformó el artículo 25 del Código de Minería e introdujo en éste la obligación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de emitir su visto bueno u oponerse al otorgamiento del permiso de exploración o a la concesión de una explotación minera. El INTA fue creado mediante ley número 8149, pero su objetivo es el de contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, lo cual debe hacer por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología. Como se ve, el INTA no fue creado para emitir criterio sobre si se opone a permisos o concesiones mineras, función que, según lo dispuesto la ley 7779 y el artículo 25 del Código de Minería, sigue correspondiendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y no al INTA, pues esa competencia nunca fue transferida mediante ley a este segundo. Por ello, el oficio DST-773-06 no es impugnable en esta sede, pues es un mero acto de trámite que carece de todo efecto en el asunto bajo examen. Cabe agregar que aún cuando mediante el decreto ejecutivo número 31857 (Reglamento a la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria), se dispuso, en el artículo 5, que las funciones que la Ley número 7779  asignaba al Departamento de Suelos de la Dirección Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pasarían a formar parte del INTA, es lo cierto que tal transferencia de funciones se hizo "según corresponda". Esto indica que lo que no correspondiera al INTA, no sería transferido. Así, dado que por ley (no por decreto) el INTA tiene un ámbito funcional mucho más reducido que el establecido en la Ley número 7779 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces, aquellas funciones que la Ley asigna al Ministerio que no están contempladas en la Ley número 8149, permanecen en aquel y no pueden ser transferidas al INTA por medio de un reglamento. Entre estas funciones que están asignadas por ley al Ministerio y que la ley no transfirió al INTA, está precisamente la de emitir pronunciamiento sobre suelos para efectos de concesiones mineras, de modo que no era dable conocer en este proceso un acto (el oficio del INTA) que no tiene ningún efecto. Ahora bien, en lo que respecta a las resoluciones 3638-2005 y 170-2008-SETENA, así como la resolución N° R-217-2008-MINAE, la resolución N° 244-2008-SCH, y el decreto ejecutivo N° 34801-MINAET, debe indicarse que todas esas conductas tienen efectos propios y, consecuentemente, son impugnables en esta sede. La viabilidad ambiental surte efectos por sí misma, de modo que si no se otorga, el proyecto no puede seguir adelante; lo mismo sucede con la aprobación de los cambios efectuados al proyecto. Por su parte, sin el decreto de conveniencia nacional no podía otorgarse el permiso de tala, lo cual revela el efecto que tiene esa disposición del Poder Ejecutivo.-  

 

 

X- SOBRE EL PRINCIPIO PRECAUTORIO Y LA CARGA DE LA PRUEBA

De todos es conocido que la Constitución Política en su numeral 50 el derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dicha norma le encarga al Estado el deber de garantizar, defender y preservar ese derecho fundamental. El desarrollo de esa disposición constitucional se encuentra ampliamente regulado en instrumentos internacionales y en sendas disposiciones de la legislación interna de nuestro país. La doctrina y el Derecho Internacional se han encargado de consagrar una serie de principios rectores en materia ambiental que son de carácter universal, y que le otorgan a este ámbito del ordenamiento una singularidad y un régimen propio, pudiendo enumerarse dentro de dichos principios los siguientes: principio de igualdad, principio de sustentabilidad, principio del que contamina paga, principio de legitimación procesal amplia, principio de restauración del daño, principio de participación ciudadana, principio preventivo y principio precautorio. De todos ellos interesa destacar para el caso concreto los principios preventivo, referido a aquellos casos en que exista oportunidad científica de medir los riesgos y recomendar medidas para el manejo de la actividad, y el principio precautorio o principio de la evitación prudente, éste último que se encuentra contenido y regulado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río (1992), cuyo Principio 15 literalmente dispone: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”  En nuestra legislación, encontramos recogido dicho principio en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, que al efecto dispone: “Criterios para aplicar a esta ley. Son criterios para aplicar a esta ley: 1.- Criterio precautorio o pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con éstos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.”  La Sala Constitucional ha descrito el principio precautorio de la siguiente manera: “bien entendido el principio precautorio, el mismo refiere a la adopción de medidas, no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente.” (resolución N° 3480-03, de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003), destacando la Sala que “en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente” (resolución N° 17618-08, de las 11:51 horas del 5 de diciembre del 2008). Es importante hacer ver que el principio precautorio constituye un parámetro de legalidad de las conductas administrativas, y sobre ese particular, el doctor Aldo Milano señala que “gran parte de las actividades riesgosas están sujetas a un régimen de policía administrativa, lo cual se manifiesta en el otorgamiento o la negativa de autorizaciones de ese mismo carácter. Esto hace que se planteen conflictos relacionados con tales decisiones, sea porque se estima que al otorgarse en un caso concreto la autorización, se quebranta el Principio Precautorio o bien, porque al ser denegada o condicionada con sustento en aquél, el afectado estima ilegítima la decisión.” Así, aludiendo a un caso concreto de la jurisprudencia francesa, indica que la decisión atacada en lo contencioso administrativo constituye el último paso en el largo procedimiento de evaluación de la inocuidad de la actividad de que se trate, y que la doctrina encuentra en el principio precautorio una fuente de derecho que impone una forma determinada de actuar de la Administración, de modo que –en caso de no respetarse esa forma de actuar- procedimiento- se estimará la nulidad del acto final que se adopte (ver Milano, Aldo. “El Principio Precautorio”, 2005, p. 55 a 58). Una consecuencia procesal que produce la aplicación del principio precautorio, es la inversión de la carga de la prueba, aspecto que está expresamente regulado en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, que dispone: “La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quién se le acuse de haber ocasionado daño ambiental”, norma que debe verse en estrecha relación el artículo 5 de la misma Ley, que señala que lo establecido en esa legislación servirá de marco de interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de dicha Ley. Esto quiere decir que en materia ambiental se rompe el clásico esquema de que “quién demanda debe probar”, y adquiere un papel preponderante la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual, “se traslada la carga a quién, a raíz de su situación personal, se halla en mejores condiciones para acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o el demandado” (sobre la carga dinámica de la prueba puede consultarse la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 212-2008 de las 8:15 horas del 25 de marzo del 2008). Esta posición es aceptada por la doctrina del derecho ambiental, que en ese sentido ha indicado lo siguiente: “En el proceso ambiental, especialmente en función del principio precautorio, se produce una modificación en la carga de la prueba de encuadre clásico (según la cual es principio “que todo el que alega un hecho como pretensión o defensa tiene la carga de probarlo”) y cobra vida, en función de la precaución, la doctrina de las cargas dinámicas probatorias como paliativo para aligerar la ímproba tarea de producir pruebas diabólicas que, en ciertos supuestos, se hacían recaer sin miramientos sobre las espaldas de alguna de las partes (actor o demandado), por malentender las sacrosantas reglas apriorísticas de distribución de la prueba. Finalmente, las modificaciones señaladas en el ámbito del proceso ambiental imponen hablar de un “verdadero derecho procesal ambiental”, sea considerado como una rama autónoma o no; y la complejidad científico-técnica de los casos ambientales, que demandan soluciones inéditas a problemas también inéditos, imponen como mecanismo superador de las estructuras tradicionales del derecho la conveniencia de contar con fueros especializados en la materia ambiental como garantes de la aplicación efectiva del principio de precaución.” (Martínez, María Paulina. “El principio precautorio”. En Protección Ambiental, Argentina, 2008, p. 122). En íntima relación con esta variante procesal, la doctrina resalta el rol activo del Juez de frente a un asunto de carácter ambiental, y al respecto señala lo siguiente: “Pero fue la Ley N° 25.675 (LGA) la que consagró innovaciones inéditas en materia de potestades judiciales (ordenatorias e instructorias), otorgándole al enjuiciador un rol completamente activo e inquisidor como garante de la aplicación del principio precautorio en aquellos procesos en los que se busca la preservación del equilibrio natural (ver artículo 32 LGA), sin que ello implique quiebre alguno del principio de congruencia. (...) se concluye que no existen áreas inmunes a la fuerza normativa de la Constitución y de las normas ambientales, particularmente la Ley General del Ambiente, que constituyen un orden público ambiental, que confieren amplias facultades, incluso de revisión de cuestiones hasta de índole técnica, que le permiten dar plena operatividad al principio precautorio en cada paso del iter procesal, en una tarea concreta y sin duda alguna macroscópica en pos del derecho a una efectiva tutela judicial efectiva.” (idem, Martínez, p. 117). Este papel que la doctrina le asigna al Juez de frente a asuntos de carácter ambiental, no está disociado del modelo que la Constitución Política y el Código Procesal Contencioso Administrativo le otorgaron al Juez Contencioso Administrativo. La Ley de Biodiversidad, cuyas normas son aplicables a resto del ordenamiento en materia ambiental, dispone expresamente en su artículo 108 que “en materia de biodiversidad y mientras no exista jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa”, excepto aquellos casos donde no medie un acto administrativo ni del dominio público. Fijada esta competencia, debemos recordar que la jurisdicción contencioso-administrativa goza de una amplia potestad de fiscalización, dada por el artículo 49 de la Constitución Política, que le permite ejercer un control tanto subjetivo, consistente en la tutela de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados (derechos subjetivos e intereses legítimos), como objetivo, consistente en garantizar la legalidad de la función administrativa de toda la Administración Pública (sean acciones u omisiones). El artículo 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo reproduce el contenido del artículo 49 constitucional y señala que la jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa (Jinesta, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 2008, p.29). La doctrina nacional reafirma el amplio carácter fiscalizador del Juez contencioso administrativo en nuestro ordenamiento, al indicar lo siguiente: “Cuando la norma permite el control de la “función administrativa”, adopta sin ambages una fórmula amplia de fiscalización, en la que el Juez queda facultado para el control de la totalidad de la conducta administrativa. En efecto, el precepto rompe de tajo con cualquier limitación construida alrededor del objeto contencioso administrativo, pues cuando inserta la generalidad de la “función” administrativa dentro del ojo supervisor del Juez, abre el abanico jurisdiccional respecto de cualquier función, comportamiento o conducta administrativa. Nótese que no se atribuye a la jurisdicción contenciosa el control de la “actividad” o “acción” administrativa, ni mucho menos del “acto administrativo”, sino de la “función”, que no por casualidad, resulta omnicomprensiva no sólo de todas ellas, sino también de todo el ámbito de la inactividad. Cuando el artículo asigna al Juez el control de la “función”, está permitiendo que éste analice jurídicamente cualquiera de las funciones que a ella le son propias, cualquiera de sus conductas en cualquiera de sus manifestaciones administrativas. Puede controlar el Tribunal, tanto la actuación activa como la omisiva. Siempre que la conducta sea administrativa y que el control se realice dentro del marco jurídico, no existe o no debe existir, esfera exenta de control jurisdiccional; su revisión puede y debe ser completa,  sin inmunidad alguna en el objeto. (...) En este aspecto el constituyente nos ofrece un nuevo broche de cierre, una puerta de seguridad adicional como garantía del control pleno y universal, pues además de sujetar la función administrativa al control jurisdiccional de legalidad, permite al Juez comprobar si aquella se encuentra o no ajustada a los fines que la justifican.” (González, Oscar. “Sentencia”. En: El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo, 2006, p.426). Sobre el papel protagónico y activo que ejercer el Juez en la dinámica del Código Procesal se señala: “Tal autonomía activa y organizacional para el restablecimiento del ordenamiento jurídico público (escrito y no escrito) y la protección efectiva de los intereses legítimos y los derechos subjetivos, confirma la trascendencia de esta jurisdicción como mecanismo reparador y protector de las situaciones jurídicas eventualmente afectadas, por la inmisión indebida del poder público a través de su multiplicado universo de órganos y entes con sus funcionarios generalmente de iure y excepcionalmente de hecho. (...) Incluso, se trastocó el principio clásico civilista que identifica el objeto del proceso con las pretensiones alegadas y deducidas por las partes, a fin de que la autoridad judicial, en calidad de sujeto activo en el proceso, dicte justicia no sólo con apego a lo pretendido sino, también, ajustando las pretensiones a la justicia pronta y cumplida, conforme a la nueva legislación, para satisfacer los valores insertos en el Estado de Derecho presentes en cada proceso para el restablecimiento de la legalidad o, mejor aún, del ordenamiento jurídico. Bajo el nuevo esquema, el juez antes de regirse por el principio dispositivo lo hará también por el inquisitivo, propio de los tribunales constitucionales como cuando, en nuestro caso, la Sala Constitucional condena en ambas costas y daños y perjuicios a las partes vencidas en las acciones de amparo, aunque los vencedores no lo hayan pedido.” (Jiménez, Manrique. “Bases constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa”. En: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, p. 18 y 19, 2006). Pues bien, el repaso por todos estos principios, normas e institutos jurídicos se ha querido establecer en este considerando, con el objeto de tener presente el marco jurídico dentro del cual serán analizados y resueltos los temas y argumentos esbozados por las partes en el proceso, así como la prueba que fue evacuada durante el debate, tal y como de seguido se expone.

 

XI- SOBRE LA DESAPLICACIÓN DEL DECRETO DE MORATORIA PARA EL CASO CONCRETO.

En el ordenamiento jurídico administrativo, encontramos un principio de fundamental importancia denominado principio de inderogabilidad singular del reglamento, también conocido como principio de inderogabilidad singular de la norma. De acuerdo con este principio, los actos administrativos de alcance concreto deben ajustarse a las disposiciones de carácter general dictadas por la propia Administración, no pudiendo desaplicarlas para un caso concreto. Dicho principio se encuentra previsto en nuestro ordenamiento en el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública, que al efecto dispone: “La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos o desaplicarlos para casos concretos. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.” Este criterio resulta de importancia, por cuanto forma parte del contenido esencial del principio de legalidad, que es el principio rector de toda la actividad administrativa, tanto en su vertiente negativa (lo que no se puede hacer) como en la positiva (lo que se debe hacer). Así, la consecuencia irrefutable que se deriva del principio de inderogabilidad singular de la norma, es que la autoridad pública no puede dictar resoluciones para un caso concreto cuyo contenido desconozca o desaplique lo que, en sentido contrario, la misma autoridad pública había dispuesto previamente por medio de un acto de carácter general (artículo 120.2 de la Ley General de la Administración Pública). En el caso concreto, encontramos que el 12 de junio del 2002, la autoridad máxima en materia ambiental, que es el Ministerio de Ambiente y Energía (ahora MINAET), dictó por la vía de la disposición general, concretamente el Decreto Ejecutivo N° 30477-MINAE, una moratoria por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. En el transitorio I° de esa disposición general el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía claramente establecieron que “todos aquellos trámites relacionados con la exploración y la explotación del mineral oro a cielo abierto que se encuentren pendientes ante la Dirección de Geología y Minas y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo, serán suspendidos. Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado.” Pues bien, es un hecho demostrado también, que en el año 2004, mediante resolución N° 2004-13414 de las 9:29 horas del 26 de noviembre de ese año, la Sala Constitucional anuló la resolución N°R-578-2001-MINAE, que era la resolución mediante la cual Geología y Minas le había otorgado la concesión de explotación a Industrias Infinito. De manera que con posterioridad a esta resolución de la Sala Constitucional, la lógica consecuencia de haberse anulado la resolución N° R-578-2001, es que desapareció el derecho de explotación de concesión que se había otorgado con esa resolución, con independencia de que posteriormente la Administración ordenara ilícitamente la conversión del acto, pues ello ocurrió hasta el mes de abril del año 2008, tema sobre el cual nos referiremos más adelante, debiendo recordarse en todo caso, que no fue sino hasta el 4 de junio del 2008 que el Poder Ejecutivo levantó la moratoria sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto. Entonces, tenemos que desde el mes de diciembre del año 2004 y hasta el mes de abril del año 2008, ni material ni formalmente existía un derecho de concesión de explotación declarado a favor de la empresa Industrias Infinito, y desde el mes de junio del año 2002 y hasta el mes de junio del año 2008, estuvo vigente una disposición de carácter general, emitida por el órgano jerárquico máximo del Poder Ejecutivo (Presidente de la República) y por el órgano jerárquico máximo en materia ambiental (Ministerio de Ambiente y Energía), que ordenaba la suspensión de los procedimientos pendientes ante Geología y Minas y ante SETENA, tendientes a obtener permisos de exploración o bien concesiones de explotación. Si nos percatamos bien, los actos aquí impugnados, con excepción del Decreto de Conveniencia Nacional y el permiso de corta, fueron actos emitidos por Geología y Minas y por SETENA durante el período de vigencia del Decreto Ejecutivo N° 30477, y ambos órganos pertenecen al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Ciertamente encuentra este Tribunal Contencioso Administrativo que el acto que otorgó la viabilidad ambiental, el acto que aprobó los cambios al proyecto y el acto mediante el cual se aplicó la conversión del acto de concesión de explotación a favor de Industrias Infinito, violentaron el principio de inderogabilidad singular de la norma, ya que la Administración dejó de aplicar para este caso concreto el Decreto N° 30477-MINAE, que ordenaba que se suspendieran los trámites de concesión de explotación pendientes, de manera que tanto SETENA al otorgar la viabilidad ambiental, como Geología y Minas al hacer la recomendación de la concesión, y el propio Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al convertir el acto de concesión, inobservaron aquella disposición general que era vinculante para esos órganos, y procedieron a emitir el acto final tanto de viabilidad ambiental como de otorgamiento de la concesión. Aquí debe hacerse un paréntesis para hacer ver que ambos actos (la viabilidad y la concesión) conforman lo que se denomina jurídicamente como un “acto complejo” (figura que esta regulada en el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública), es decir, que el acto de concesión requiere de la viabilidad ambiental previa para poder adquirir validez. Entonces, no podía la Administración dictar ninguno de los actos descritos, debido a que en ese momento existía una disposición de carácter general vigente y vinculante para los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía, que ordenaba la suspensión del procedimiento, y en este caso el procedimiento continuó en ambas oficinas hasta el dictado tanto del acto de viabilidad ambiental, como el de la aprobación de cambios y el de la conversión de la concesión, con lo cual el principio de legalidad resultó abiertamente irrespetado para este caso en particular.

En su defensa, la empresa desarrolladora, sobre este tema, ha planteado que de acuerdo con los artículos 23 y 26 del Código de Minería, el permiso de exploración le concede a su titular de por sí el derecho de la concesión de explotación, y aducen que mediante el voto N° 2010-14009 de la Sala Constitucional, el tema de la violación del Decreto N° 30477 ya fue resuelto. Sobre estos argumentos, el Tribunal encuentra que los mismos son absolutamente infundados y además no se ajustan a la realidad. En primer lugar, ciertamente el artículo 23 del Código de Minería, en su enunciado, indica que el titular de un permiso de exploración tiene derecho especialmente a la obtención de una o varias concesiones de explotación, y el artículo 26 de la misma Ley señala que durante la vigencia de un permiso de exploración y hasta los 60 días siguientes al vencimiento del plazo o de la prórroga, el titular tendrá el derecho de obtener una concesión de explotación. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que estas normas, en su correcta lectura, impiden entender que el permiso de exploración concede a su titular, automáticamente, el derecho de concesión de explotación. Esto es fácilmente constatable a partir de la lectura de otras normas contenidas en el propio Código de Minería, que diferencian claramente uno y otro derecho. Así, el artículo 2 de la citada Ley define ambos derechos de la siguiente forma: “Permiso: Autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, mediante la Dirección de Geología y Minas (DGM), con la cual se consolida un derecho en favor del peticionario que permite la exploración o búsqueda de materiales en general por un plazo de tres años, el cual puede ser prorrogado por una única vez. “Concesión: Autorización que otorga el Poder Ejecutivo mediante la DGM por determinado período, según el caso, el cual le otorga al peticionario un derecho real limitado para explotar o extraer los minerales de determinada zona, transformarlos, procesarlos y disponer de ellos con fines industriales y comerciales, o le otorga el derecho exclusivo de explorar las sustancias minerales específicamente autorizadas en ella.” Entonces, como podemos ver, existe una clara diferenciación entre uno y otro derecho, siendo que el primero lo que permite exclusivamente es la búsqueda de materiales, mientras que el segundo permite la extracción, la transformación y el procesamiento de los materiales autorizados.

Por otra parte, nótese que el mismo artículo 23 inciso b) condiciona la posibilidad de obtener un derecho de concesión, en tanto se justifique la existencia de uno o varios yacimientos explotables de sustancias minerales, situados en el interior del perímetro de su permiso de exploración. Es decir, el permiso de exploración no otorga per se el derecho de la concesión, debiendo demostrarse esta condición que exige la Ley, lo que evidentemente requiere de un pronunciamiento concreto de la Administración haciendo esa valoración. Ahora bien, también podemos notar que el artículo 26, de igual forma, condiciona el derecho a obtener una concesión de explotación, a que se cumplan las obligaciones y requerimientos de la ley y el reglamento, y si observamos el artículo 9 del Reglamento al Código de Minería (Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE), se puede constatar que para poder obtener un derecho de concesión, el interesado debe cumplir una serie de requisitos técnicos y jurídicos que allí se detallan, los cuales son independientes a los que exige el artículo 8 del Reglamento para poder obtener un permiso de exploración. Finalmente, es preciso destacar que el artículo 14 del Código de Minería claramente dispone que “el permiso, o la concesión, se entenderán adquiridos desde la fecha en que se inscriba la resolución de otorgamiento en el Registro Nacional Minero. Desde entonces, el titular originario o su sucesor, según el caso, será poseedor de su derecho de concesionario o de titular del permiso de exploración.” Tal y como se desprende de la norma citada, el derecho de exploración es independiente del derecho de explotación y se entiende adquirido uno u otro derecho, según el caso,  desde la fecha en que se inscribe en el Registro Minero. En el caso concreto, tal y como se indicó antes, la Sala Constitucional en el año 2004 había anulado la concesión de explotación, por lo que conforme a los artículos 62, 65 y 109 del Código de Minería, el derecho de la empresa se extinguió y en el Registro Minero no podía estar inscrito. Todas estas razones permiten descartar que el permiso de exploración le otorgaba per se el derecho de explotación a Industrias Infinito, con lo cual, podemos afirmar que dicha empresa no tenía un derecho adquirido de concesión de explotación en el Proyecto minero para el momento en que solicitó la convalidación del acto (30 de mayo del 2007), fecha en la cual se encontraba vigente el Decreto de moratoria, por lo que la Administración debió suspender los procedimientos pendientes ante SETENA y ante Geología y Minas para el caso del Proyecto Minero Crucitas. Sin embargo, en este caso es evidente que la Administración desaplicó su propia disposición vinculante.

Por último, en relación con la resolución de la Sala Constitucional N° 14009-2010, sirva indicar que este tema ya fue resuelto anteriormente cuando fueron expuestas las razones por las cuales en este asunto no existe cosa juzgada, sin embargo, no puede dejar de reiterarse que las manifestaciones de Industrias Infinito sobre este aspecto resultan totalmente desajustadas de la realidad, y ello claramente se desprende de la propia resolución de la Sala Constitucional, que en forma expresa indicó que el argumento sobre la violación al decreto de moratoria, y el argumento sobre la conversión de la concesión de explotación, son alegatos que debían llevar los recurrentes “a la vía contencioso administrativa, que es la competente para analizar la legalidad en el otorgamiento de la concesión en cuestión”. Es diáfano, entonces, que no es cierto que la Sala Constitucional ya se pronunció sobre este tema en particular, el cual es objeto de competencia de este Tribunal, fue planteado por los actores en la demanda y en las conclusiones y es uno de los temas esenciales que se analizan en este fallo. Consecuentemente, por todo lo expuesto, de acuerdo con los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, las resoluciones N° 3638-2005-SETENA, N°170-2008-SETENA y R-217-2008-MINAE, por violentar el principio de legalidad y ser disconformes con el ordenamiento jurídico, se encuentran viciadas de nulidad absoluta y así se declara.

 

XII- SOBRE LOS CAMBIOS PROPUESTOS Y LA OMISIÓN DE SOLICITAR UN NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Tal y como ya se indicó, en el año 2005, mediante resolución N°3638-2005-SETENA, la Administración otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas. Dos años después, el 6 de diciembre del año 2007, la empresa desarrolladora presentó ante SETENA una propuesta de cambios al proyecto minero. Esta solicitud fue resuelta por SETENA en dos meses, aprobando los cambios incorporados por Industrias Infinito, mediante resolución N°170-2008-SETENA, dictada el 4 de febrero del año 2008. Esta resolución administrativa, a juicio del Tribunal, se encuentra viciada de nulidad absoluta tanto en su motivo como en su procedimiento, en razón de que la Administración no solicitó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para evaluar los cambios que se pretendían incorporar.

Antes de entrar en el detalle de esa omisión, debe tenerse presente que el acto mediante el cual la Administración otorga viabilidad ambiental a un proyecto, es sin duda un acto administrativo reglado, en el tanto se encuentra previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849), como en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 32966). Sin embargo, la empresa Industrias Infinito defiende la tesis, según la cual, en aquellos casos en que se cumplan los presupuestos contenidos en el inciso 3 del artículo 46 del Decreto Ejecutivo N°31849, se hacía innecesario un nuevo estudio de impacto ambiental. No obstante, este Tribunal observa que el inciso 3° de ese artículo 46, si bien contiene una serie de criterios para realizar ajustes al diseño original (no para prescindir de un EIA), criterios que por cierto fueron invocados por los testigos de los codemandados en sus declaraciones, es también cierto y contundente que dicho inciso no estaba vigente en el Decreto Ejecutivo N° 31849 para la fecha en que Industrias Infinito presentó su propuesta de cambios, ni tampoco para la fecha en que SETENA aprobó tal propuesta modificativa, toda vez que el inciso 3° del artículo 46 fue adicionado al Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental mediante Decreto Ejecutivo N° 34688, el cual fue emitido hasta el 25 de febrero del 2008, sea, en fecha posterior a aquellos dos momentos del procedimiento administrativo. En el caso concreto, pudimos escuchar que los testigos Sandra Arredondo (regente ambiental), Eduardo Murillo (funcionario de SETENA) y Sonia Espinoza (funcionaria de SETENA en ese momento), señalaron que ante la propuesta de cambios por parte de la empresa Industrias Infinito, SETENA no consideró necesario requerir un nuevo estudio de impacto ambiental para analizar esos cambios, por varias razones: el proyecto no variaba en su esencia, se desarrollaba en el mismo sitio, no cambiaba de categoría de proyecto, la actividad seguía siendo la misma, y no variaba la zona industrial ni la zona de relaves, siendo que más bien se reducía el área de extracción. Manifestaron que de acuerdo con los criterios de SETENA, ante esas circunstancias no se requería solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental. Todo lo anterior refleja que en el supuesto de introducirse cambios al diseño original de un proyecto, existe un ámbito de discrecionalidad administrativa para valorar si se debe solicitar o no un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Este Tribunal ejerciendo como contralor de legalidad (artículo 49 de la Constitución Política), y propiamente el control de la discrecionalidad administrativa (artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública), encuentra que conforme a la lógica y la razonabilidad, los cambios que propuso la empresa Industrias Infinito en el año 2007 eran, sin duda alguna, modificaciones sustanciales al proyecto originalmente presentado ante SETENA, y siendo cambios sustanciales los aquí discutidos, la interpretación que hizo la SETENA no podía ser restrictiva en relación con el Estudio de Impacto Ambiental, entratándose de la valoración de los impactos que provocaría un proyecto clasificado como A y en materia sensible como la ambiental, por lo que no podía optar, como lo hizo en el caso concreto, por prescindir de ese instrumento de evaluación ambiental, ni mucho menos habría sido válido que prescindiera del estudio de impacto ambiental amparándose en una norma reglamentaria (nos referimos al inciso 3° del artículo 46 del Reglamento antes mencionado), por cuanto claramente debemos recordar que es la propia Ley la que exige el Estudio de Impacto Ambiental cuando las actividades humanas alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, tal y como lo ordena el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 3 del Código de Minería, para el caso concreto de las concesiones de explotación minera, normas que debían aplicarse a la luz del principio precautorio previsto en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, y por lo tanto imponían la obligación a la Administración de garantizar de mejor forma la protección del ambiente. (Sólo para efectos ilustrativos se remite en este tema a la resolución de la Sala Constitucional N°2003-6322 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003). Pues bien, el Tribunal llega a la conclusión de que los cambios propuestos eran sustanciales, por cuanto del documento denominado “Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos” y de los testimonios de Sandra Arredondo y Eduardo Murillo, se desprende que se varió la profundidad de extracción pasando de una propuesta original que preveía la extracción, únicamente, de la capa superficial del suelo denominada saprolita, cuya profundidad alcanza hasta un máximo de 20 metros, a extraer no sólo saprolita sino también roca dura, cuya profundidad de extracción alcanza hasta 67 metros de profundidad, con lo cual aumentaba el volumen del material a procesar (6700 toneladas diarias). Además, se pasó de prever originalmente la creación de una sola laguna (laguna de relaves), a crear una segunda laguna, denominada Fortuna, que nacía precisamente por el efecto de aumentar la profundidad de extracción en el cerro Fortuna, impactando el acuífero inferior o confinado que existe en la zona. No se omite referir que el plazo de la fase de operación se amplió a 9.25 años.  Estos cambios, desde el punto de vista del diseño conceptual eran sumamente relevantes para el desarrollo del proyecto, y en todo caso, resulta evidente que estas nuevas acciones que propuso la codemandada Infinito no eran nada inofensivas para el medio ambiente, pues tales modificaciones generaban un serio impacto en los recursos naturales de la zona, sobre todo en el recurso hídrico que goza de una importante protección en nuestro ordenamiento jurídico. Sobre este punto, baste decir, en relación con la Laguna Fortuna, que de acuerdo con el documento de Evaluación de Cambios Propuestos, el área de la base del tajo Fortuna se calculó en 19103.8 m2, y el área del espejo de agua una vez recuperado se calculó en 88096.6 m2 (folio 176), es decir, como puede verse por sus dimensiones se trata un impacto al recurso suelo y agua que implican una extensión bastante considerable. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente lógico, no es posible para este Tribunal concebir que la Administración haya solicitado un Estudio de Impacto Ambiental cuando la propuesta solamente preveía la extracción de saprolita, pero decide no solicitarlo cuando la empresa pretendía la extracción de roca dura, que aumentaba en forma importante el nivel de profundidad, permitiendo incluso el impacto de un acuífero inferior sin conocer sus zonas de recarga y su extensión. Recordemos que el Proyecto Minero Crucitas fue calificado por SETENA como un proyecto categoría A, es decir, de alta significancia de impacto ambiental, y en este sentido es relevante destacar que además de las normas legales anteriormente citadas, el artículo 27 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N°31849) y su Anexo 1, exigen que los proyectos de esta categoría, dentro de los se incluyen las concesiones de explotación minera, requieren la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Desde esa perspectiva, no parecen haber justificaciones válidas desde el punto de vista jurídico, ni aplicando la lógica y la razonabilidad humanas promedio, para que la Administración haya omitido solicitar el mencionado instrumento de evaluación ambiental. A mayor abundamiento, tómese en cuenta que los testigos expertos Allan Astorga (geólogo) y Yamileth Astorga (bióloga marina experta en recurso hídrico), quienes le merecen credibilidad a este Tribunal en razón de sus atestados, catalogaron los cambios introducidos como sustanciales, indicando que al haberse cambiado el proyecto de aquella forma, SETENA debió haber dado nuevos términos de referencia para evaluar esos cambios, a través del formulario D1. Ambos fueron claros en punto a que no fueron analizados los riesgos en relación con el brote de agua que se produciría por el impacto del acuífero inferior o confinado, el riesgo de contaminación de ese recurso hídrico y la omisión de analizar el costo ambiental de afectar ese acuífero, aunado al hecho de que los estudios presentados por la empresa no analizaron el tamaño del acuífero y su incidencia en los pozos de abastecimiento al público de la zona. Estos criterios vertidos por expertos en la materia, evidencian que los reproches apuntados por el Tribunal a nivel jurídico y lógico, encuentran respaldo también a nivel técnico, lo que permite concluir que la resolución N° 170-2008-SETENA se encuentra viciada de nulidad absoluta por haber prescindido del Estudio de Impacto Ambiental, lo cual afecta el motivo del acto al no haberse tomado en cuenta dicho instrumento para el dictado del acto final, y además genera un vicio en el procedimiento, puesto que, evidentemente, no se siguió el cauce procedimental establecido por los artículos 27 y siguientes del Decreto Ejecutivo N° 31849, omisión formal que se considera sustancial de acuerdo con el artículo 223 de la Ley General de la Administración, en virtud de haberse prescindido de todo el procedimiento preestablecido para esos efectos.

No se puede dejar de señalar que si bien el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad le otorga a la SETENA la discrecionalidad de determinar cuándo se debe realizar una audiencia pública, en este caso las mismas razones que conducen a este Tribunal a estimar que se debió solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental, son aplicables para la realización de una audiencia pública ante los cambios propuestos. Si bien es cierto la testigo Sonia Cervantes (Socióloga) explicó que las personas de la zona estaban informadas, por parte de la empresa, de las modificaciones que se pretendían introducir al proyecto y que no había oposición a ellas, la SETENA no podía obviar que la Ley Orgánica del Ambiente impone un deber al Estado de fomentar la participación de los habitantes de la República en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger el ambiente (principio de participación ciudadana regulado en el artículo 6), y el articulo 22 de esa ley dispone que toda persona física o jurídica tiene derecho a ser escuchada en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa. Así las cosas, se estima que, en aplicación del principio precautorio, en este caso resultaba imprescindible convocar a una audiencia pública para publicitar los cambios propuestos, puesto que se trataba de un megaproyecto que revestía interés nacional y por ser la audiencia pública el mecanismo que mejor garantizaba la participación de todos los habitantes del país en el procedimiento de evaluación.

Finalmente, y a mayor abundamiento, el Tribunal estima que la viabilidad ambiental que la SETENA había otorgado al Proyecto Minero Crucitas mediante la resolución N°3638-2005-SETENA, se encontraba caduca para el momento en que fue emitida la resolución N° 170-2008-SETENA, razón por la cual debió dictarse un nuevo acto precedido de una evaluación ambiental y no simplemente la aprobación de los cambios propuestos por la empresa. Véase que la resolución N° 3638-2005-SETENA, dictada el 12 de diciembre del 2005, disponía en el punto número 8 de su por tanto lo siguiente: “La vigencia de esta viabilidad será por un período de dos años para el inicio de la extracción. En caso de no iniciarse la extracción en el tiempo establecido, se procederá con lo establecido en la legislación vigente.” Por su parte, el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 31849, en la redacción de su artículo 46 para el momento de la presentación de los cambios, establecía lo siguiente: “La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la SETENA, conforme al procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA”. Como puede derivarse de los anteriores elementos, una vez que fue otorgada la viabilidad ambiental en el mes de diciembre del año 2005, Industrias Infinito debió iniciar las obras de extracción, o bien, solicitar una prórroga de la vigencia de la viabilidad con anterioridad al vencimiento del plazo, mismo que se cumplía en el mes de diciembre del año 2007. En este asunto no consta que la desarrolladora haya pedido una prórroga ante la SETENA, por consiguiente, para el dictado de la resolución N° 170-2008- SETENA, el plazo establecido en la norma y en la propia resolución 3638-2005-SETENA había transcurrido fatalmente, por lo que para ese momento la viabilidad se encontraba caduca. Recordemos que de acuerdo con la doctrina, la caducidad tiene por efecto la extinción del acto y su motivo nace del no ejercicio del derecho por un plazo determinado. En tal sentido, no puede afirmarse que la solicitud de modificación presentada por la empresa codemandada tenía la virtud de interrumpir el plazo de la viabilidad, ya que por principio básico el instituto de la caducidad se cumple por el simple transcurso del tiempo y no es susceptible de ser interrumpido como sucede con el caso de la prescripción. Tampoco puede afirmarse que la introducción de cambios tenga por efecto la prórroga tácita de la viabilidad ambiental, puesto que el inciso 3 del artículo 46 del Decreto N° 31849 no se encontraba vigente al momento de presentarse la solicitud, ni tampoco al momento de dictarse la resolución N° 170-2008-SETENA. En consecuencia, al haber caducado la viabilidad ambiental otorgada en el año 2005, se encuentra que ésta era una razón más que obligaba a SETENA a solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, a realizar un nuevo procedimiento de evaluación y a dictar un nuevo acto final, y no limitarse simplemente a aprobar la modificación presentada por la empresa codemandada, tal y como hizo.

Por tanto, por todas las razones expuestas, de acuerdo con los numerales 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, la resolución N° 170-2008-SETENA se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.

 

XIII- SOBRE LA OMISIÓN DE EVALUAR LOS CAMBIOS PROPUESTOS Y EL INCUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS POR PARTE DE SETENA.

Siempre en relación con el tema de los cambios propuestos, y sin dejar de lado que la Administración en este caso debió solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para evaluar dichos cambios, el Tribunal encuentra que SETENA, en su resolución N°170-2008-SETENA, incumplió sus funciones legalmente asignadas, reguladas en los artículos 84 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente y 2 del Código de Minería, que establecen, por su orden, que a ese órgano le corresponde “analizar las evaluaciones de impacto ambiental”, y que es su responsabilidad operativa y funcional el “análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos”. Al respecto, debe recordarse que el numeral 66 de la Ley General de la Administración Pública, establece que las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles, y en el caso concreto, se observa que la Administración omitió hacer un análisis técnico y científico respecto de la propuesta de cambios presentada por la empresa Industrias Infinito, especialmente, de los impactos que producirían las modificaciones y las medidas de mitigación y compensación sugeridas, limitándose SETENA a hacer un informe en el que básicamente se reproducen los aspectos mencionados por la propia empresa desarrolladora en su propuesta. Obsérvese que en el documento denominado Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos, la empresa hace una descripción de las actividades del proyecto en sus diferentes fases: construcción, operación y cierre, y hace una valoración propia de los impactos en cada una de las fases y en los recursos aire, agua y suelo, y finalmente enlista las que, en su criterio, serían las medidas de mitigación y compensación a implementar en las tres fases (folios 143 a 214). No obstante, SETENA a través de su Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, en el informe ASA-013-2008-SETENA, que sirvió de fundamento para el dictado de la resolución N° 170-2008-SETENA, únicamente se limitó a repetir la información que ya constaba en el documento presentado por la empresa, y omitió realizar el análisis técnico exigido por Ley. Así, a manera de recuento, el referido informe indica que se pretende reducir el área extractiva, extrayendo además de la saprolita también la roca dura, lo cual conlleva a trabajar a profundidades promedio de 67 metros. Que el área a intervenir corresponde a los cerros Botija y Fortuna. Que la extracción de roca implica la utilización de voladuras y que la empresa se compromete a contratar una empresa certificada en este tipo de intervención. Que el resto de las áreas permanecen casi inalteradas. Que se utiliza la tecnología CYPLUS para el proceso de destrucción del cianuro. Que los estudios de línea base muestran un potencial bajo de drenaje ácido. Copia el cuadro comparativo de cambios presentado por la empresa. Y termina señalando que se adjuntó un diagnóstico actualizado de condiciones ambientales, sociales y económicas del proyecto, que se presentó una identificación de impactos y su valoración en las fases del proyecto, que dentro de los planes de monitoreo se incorpora el seguimiento a datos de línea base en cuanto a varios elementos así como un protocolo de sustancias peligrosas, y que dentro del Plan de Gestión Ambiental se creará una Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Crucitas.

Con esta simple enunciación, sin un análisis de los estudios presentados por la empresa y la obligada valoración de los impactos ambientales, el equipo evaluador recomendó finalmente que la Comisión Plenaria de la SETENA procediera a acoger la propuesta de modificación. A partir de este laxo informe, la Comisión Plenaria dispuso aprobar los cambios sugeridos por Industrias Infinito, y dictó la resolución N° 170-2008-SETENA, la que, valga decir, tampoco incorporó mayor análisis respecto de la propuesta modificativa presentada. Aquí debemos recordar que en la etapa de juicio la testigo Marta Elena Chaves Quirós, de profesión Geóloga, quién para el momento de los hechos laboraba como funcionaria del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, manifestó claramente que ella no había participado en la evaluación de la solicitud de cambios al proyecto, a pesar de que en la certificación admitida como prueba para mejor proveer a folio 2204 del expediente judicial, se indica su nombre como parte del equipo evaluador, que estaba compuesto por el Ing. Forestal Eduardo Murillo Marchena y la Ing. Agrónoma Sonia Espinoza Valverde. La testigo también manifestó que, en su experiencia, se requerirían aproximadamente de 6 a 7 meses para evaluar las modificaciones al proyecto. Si confrontamos estas manifestaciones con el hecho de que la propuesta de Industrias Infinito fue aprobada en dos meses, y que en la supuesta evaluación no participó un geólogo, que seria el profesional más idóneo para evaluar los impactos que produciría el cambio de profundidad en la extracción y el impacto en el acuífero inferior, sumado al hecho, fácilmente constatable, de que el informe ASA-013-2008 y la resolución N° 170-2008-SETENA no hicieron un análisis de la documentación aportada por la empresa desarrolladora, podemos concluir, conforme a la sana crítica, que en este caso SETENA dejó de cumplir la competencia que legalmente le fue asignada a ese órgano público, omitiendo no sólo el haber solicitado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, vicio que ya fue explicado, sino también omitió analizar la documentación de cambios presentada por la codemandada Industrias Infinito, omisión que, por ende, también se produce respecto de cada uno de los temas técnicos discutidos en este proceso, según se explicará en considerandos posteriores. En consecuencia, a criterio de esta Cámara, la resolución N° 170-2008-SETENA violentó los artículos 19 y 84 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, y resultar disconforme con el ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, la citada resolución administrativa se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.

 

XIV- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA CONVERSIÓN DEL ACTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN.

En relación con este tema, el Tribunal encuentra que existen tres criterios por los cuales no era procedente jurídicamente aplicar el instituto de la conversión del acto administrativo, en relación con la concesión de explotación que había sido anulada por la Sala Constitucional en el año 2004.

En primer lugar, debemos tener presente que la convalidación, el saneamiento y la conversión, son mecanismos ideados para que la Administración pueda conservar actos administrativos que si bien padecen de algún vicio de nulidad relativa o absoluta, aún se encuentran vigentes en el ordenamiento. No obstante, ésta no era la situación de la resolución N° R-578-2001-MINAE, mediante la cual el Poder Ejecutivo había otorgado a favor de Industrias Infinito la concesión de explotación minera, y no era la misma situación porque este acto administrativo había sido anulado por la Sala Constitucional a través de una resolución firme y definitiva, y consecuentemente, a partir de ese momento el acto fue eliminado del ordenamiento jurídico; en otras palabras, ya no se encontraba vigente, con lo cual perdía interés la discusión de si era viable o no la conversión de ese acto. Aquí adquiere importancia la distinción, en alguna medida planteada por don Eduardo Ortiz, entre “vicio de nulidad absoluta” como condición que afecta el acto y “declaración de nulidad absoluta” como pronunciamiento que extingue el acto. En este último caso, el acto deja de tener vigencia en el ordenamiento y por ende la Administración estaría imposibilitada de “revivirlo”. De lo anterior se deriva una consecuencia muy importante, porque de admitirse la tesis de convertir un acto anulado por la Sala Constitucional, tesis que es defendida en este proceso por la representación de Industrias Infinito, implicaría aceptar que la Administración puede desconocer las decisiones firmes y definitivas que emitan los Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional (artículo 153 de la Constitución Política), pudiendo la Administración recurrir a la conversión del acto para revivir conductas públicas que ya habían sido eliminadas del ordenamiento jurídico, lo cual a todas luces resulta violatorio del principio de seguridad jurídica, y constituiría un precedente muy peligroso para la estabilidad de nuestro Estado de Derecho. Al respecto Eduardo Ortiz Ortiz es claro al referirse a los efectos de los fallos anulatorios, indicando lo siguiente: “Hay en la LGAP una diferencia clara entre la anulación y la declaración de nulidad jurisdiccionales. Esta última, como se dijo, aporta al ordenamiento una sola innovación jurídica, que es la creación de cosa juzgada sobre la existencia de esa nulidad como un hecho, que así se convierte en jurídicamente indiscutible y cierta para todo efecto legal y para todo sujeto y Tribunal, dado el carácter erga omnes que tiene el respectivo fallo” (Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo 2, p.574). En consecuencia, en criterio del Tribunal no era viable aplicar la conversión a un acto administrativo que había sido anulado por una resolución de un Tribunal de la República, independientemente que en el Por Tanto de su resolución la Sala haya insertado la frase: “todo sin perjuicio de lo que determine el estudio de impacto ambiental”, pues de ella no se desprende un permiso expreso para que la Administración aplicara la conversión del acto en un momento posterior, y ello queda confirmado a partir de la resolución N° 14009-2010, invocada por los demandados, donde la propia Sala claramente indica que la procedencia o no de la conversión de la concesión es un tema de legalidad que debe discutirse en esta vía, al igual que el tema de la nulidad del acto, al indicar que en su momento se interpretó que lo declarado por esa Sala se trataba de una nulidad relativa, de manera que al remitir la discusión de esos aspectos a esta sede, queda descartada la voluntad del Tribunal Constitucional de permitir que el acto de concesión anulado pudiera ser revivido con posterioridad y de que la nulidad declarada fuera una nulidad relativa, pues de haber sido así lo habría dicho expresamente en esa resolución. Estas razones, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, generan en el Tribunal la convicción de que la conversión utilizada por la Administración para revivir el acto de concesión, constituyó un mecanismo fraudulento para obviar la aplicación del decreto de moratoria, pues para el momento del dictado de la resolución N° R-217-2008-MINAE (abril del año 2008), dicho Decreto se encontraba aún vigente y era vinculante para el caso concreto.

Como segundo criterio para estimar improcedente la conversión del acto, encontramos que la implementación de esa figura jurídica resultaba contraria al principio precautorio en materia ambiental, por las siguientes razones. En una correcta aplicación de la teoría del acto complejo, consideramos que la Dirección de Geología y Minas estaba obligada a revisar y analizar con detalle el contenido y los alcances del acto de que otorgó viabilidad al Proyecto, al igual que el acto que aprobó los cambios propuestos, no pudiendo desconocer el contenido de esas conductas, tal y como lo reconoció en el juicio oral y público el Director de Geología y Minas, Francisco Castro Muñoz, quién indicó que la dependencia a su cargo no se introduce en la competencia de SETENA y que en sus resoluciones ellos sólo citan lo que dice SETENA, más no revisan esa información. Si Geología y Minas hubiere procedido de esa forma, ejerciendo sus competencias de forma debida y lícita como lo impone la ley, habría podido advertir que SETENA estaba aprobando un impacto que aquella dependencia había prohibido en la propia resolución que estaban intentado convertir. Nos referimos al límite máximo de extracción hasta la cota número 75 (metros sobre el nivel del mar), condición técnica que fue fijada en la resolución N°R-578-2001-MINAE, y que la resolución N° R-217-2008-MINAE dispuso mantener, al remitir expresamente al oficio N° DGM-DC-2085-2001, elaborado por la geóloga Sofía Huapaya, funcionaria de Geología y Minas (tema sobre el cual se profundizará más adelante). Esta condición no es caprichosa porque el numeral 6 del Código de Minería establece que las concesiones pueden condicionarse en razón del interés nacional, y sin duda alguna la protección del acuífero inferior es un asunto de interés público, por tratarse de fuentes potenciales de abastecimiento de agua a las comunidades. Entonces, ante estas circunstancias que revelan una incerteza respecto del tratamiento que se le daría al recurso hídrico subterráneo, en aplicación del principio precautorio, la Dirección de Geología y Minas debió, en el caso concreto, rechazar las solicitudes formuladas por la empresa Industrias Infinito para convalidar el acto anulado por la Sala Constitucional, y en su lugar, ordenar de inmediato la realización de un nuevo procedimiento administrativo conforme al Código de Minería y su reglamento, y dictar un nuevo acto final, en el que se definiera técnicamente si sería permitido o no impactar el acuífero inferior, y además garantizando la inocuidad de la actividad extractiva en ese acuífero, tal y como lo manda el principio precautorio.

Por último, y a mayor abundamiento, el Tribunal encuentra que desde el punto de vista de su naturaleza, resultaba improcedente aplicar el instituto de la conversión en este caso. Es esencial recordar que dicha figura supone la emisión de un acto distinto al acto absolutamente nulo (cosa que no sucede en este caso), y su finalidad no tiene por objeto subsanar la invalidez del acto sino atemperar sus efectos. En este sentido, Eduardo García de Enterría explica: “Finalmente, el artículo 65 de la ley regula el supuesto de la conversión de los actos nulos y anulables de forma que si dichos actos contienen los elementos constitutivos de otro distinto puedan producir los efectos de este. La ley se mueve aquí en el plano de la eficacia, no en el de la validez. El acto nulo o anulable no deja de ser tal, ni queda saneado o convalidado. Si así se solicita por los interesados, no habrá más remedio que declarar su nulidad. Sin embargo, las consecuencias de dicha nulidad se dulcifican, admitiéndose por la ley como legítimos aquellos efectos que puedan considerarse amparados o justificados por los elementos del acto no afectados por el vicio que determina su nulidad o anulabilidad (por ejemplo, un nombramiento irregular de funcionario en propiedad puede producir los efectos de un nombramiento interino)“ (Curso de Derecho Administrativo, 2008, Tomo I, p.630). En el mismo sentido se refirió don Eduardo Ortiz Ortiz, según consta en el acta N° 103 del expediente legislativo N° A23E5452, correspondiente a la Ley General de la Administración Pública, en el siguiente sentido: “Esto es un poco raro pero es simplemente lo siguiente, supóngase que se nombre indebidamente a un funcionario en el Servicio Civil sin observar los trámites que el Servicio contempla, la doctrina llama “conversión” el fenómeno consistente en que la Administración que realizó ese acto, incluso absolutamente nulo, por total prescindencia del trámite de selección del Servicio Civil, pueda convertir el nombramiento de un titular absolutamente nulo, en el nombramiento de un interino, porque para un interinato no hay necesidad de hacer concurso ni selección, entonces siempre que el acto absolutamente presente todos los elementos formales y materiales de otro que no requiere los elementos del acto que se quería realizar, se puede convertir este último en el primero, en el caso del nombramiento de un titular con el procedimiento de selección, en el nombramiento de un interino que no requiere procedimiento de selección, siempre y cuando se declare que el nombramiento absolutamente nulo de un titular se convierte en el nombramiento de ese mismo señor como empleado interino ...” (Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, 1996, p.286 y 287). Entonces, de conformidad con lo anterior, en la conversión se requiere que la ausencia del elemento que vició el primer acto (por ejemplo un procedimiento de selección), debe ser un elemento propio del segundo acto válido (por ejemplo, procedimiento de selección no se requiere en un nombramiento interino). En pocas palabras, el vicio que invalida el primer acto, lo debe contener el segundo, pero en forma válida. Entendemos, entonces, por qué el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública exige como condición para la conversión, que el acto inválido presente todos los requisitos formales y materiales del acto válido. Teniendo claros estos elementos, podemos deducir fácilmente que en el caso bajo examen tales presupuestos no se cumplían y no podían cumplirse, toda vez que la falta de un Estudio de Impacto Ambiental, que era el vicio que producía la invalidez absoluta del primer acto de concesión, no era un elemento propio del segundo acto de concesión que se dictó mediante la resolución N° R-217-2008-MINAE, pues la aparente existencia de un Estudio de Impacto Ambiental fue la razón que adujo la Administración para aplicar la conversión del primer acto. De manera tal que por estos motivos, la aplicación del artículo 189 resultaba absolutamente improcedente, como en efecto se declara.

No puede dejar de decirse en este fallo que extraña mucho a este Tribunal, que habiendo solicitado la empresa interesada la convalidación del acto de concesión, la Administración fuera tan solícita en este caso –lo que no es común- y, oficiosamente replanteara la gestión presentada, dejando de lado la consideración de cualquiera de los motivos que aquí se han echado de menos, pero encontrando la Administración sumamente viable lo pretendido en ese momento por la empresa Industrias Infinito, situación que a la luz de la sana crítica confirma aún más la convicción en estos juzgadores de la irregularidad e ilegitimidad de la resolución N° R-217-2008-MINAE.

Ahora bien, es necesario recordar que, durante sus conclusiones, la representación de Industrias Infinito insistió en el tema de que la Sala Constitucional, al dictar la sentencia 2004-13414, lo que hizo fue aplicar retroactivamente el principio de que los estudios de impacto ambiental deben haberse efectuado y la viabilidad ambiental debe haberse otorgado, de previo al inicio de la actividad que requiere de dicho tipo de estudio para poder ser realizada. Asimismo, hizo énfasis el representante de Industrias Infinito en el argumento de que el artículo 34 inciso ch) y el numeral 97 inciso g), ambos del Código de Minería, fueron declarados inconstitucionales apenas en el año 2009. Con dichas alegaciones, esa demandada ha pretendido hacer ver que pese a que en el año 2001 la ley no contemplaba el estudio de impacto ambiental como algo previo al otorgamiento de la concesión, la Sala Constitucional interpretó que eso era necesario y en el 2004 anuló dicha concesión, pese a que no fue sino en el 2009 cuando se declaró inconstitucional el marco legal que establecía dicho estudio como algo posterior al otorgamiento de una concesión minera. Sobre el punto debe indicarse que en este proceso no se discute el acto mediante el cual se otorgó la concesión minera en el año 2001, ni mucho menos la sentencia de la Sala Constitucional del año 2004 que declaró nula dicha concesión, ni tampoco se juzga la constitucionalidad de los numerales del Código de Minería que fueron anulados por la Sala Constitucional mediante la sentencia número 2009-17155 del 5 de noviembre de 2009. Sin embargo, dado que ese es un argumento esgrimido por la representación de Industrias Infinito durante el juicio oral y público llevado a cabo en este proceso, deviene procedente manifestar que este Tribunal aprecia que la Sala Constitucional nunca aplicó retroactivamente la regla de que los estudios de impacto ambiental y la correspondiente viabilidad ambiental son requisitos previos a la autorización de ciertas actividades. Esto porque para el año 2004, cuando la Sala Constitucional anuló la concesión minera dada a Industrias Infinito en el año 2001, ya había operado una derogación tácita del artículo 34 inciso ch) y del numeral 97 inciso g) del Código de Minería. Y es que mediante la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, del 4 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 215, del 13 de noviembre de 1995, se dispuso, en el artículo 17 de dicho cuerpo legal, que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente, deben contar con una evaluación de impacto ambiental como requisito previo para el inicio de actividades, obras o proyectos. En ese sentido, el proyecto minero Crucitas no podía siquiera iniciar, ni mucho menos ser concesionario, si antes no contaba con la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y es que debe observarse que el estudio de impacto ambiental es un requisito para el desarrollo de la actividad minera, según se dispone en los numerales 3 y 6 del Código de Minería, que es la Ley número 6797 del 4 de octubre de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 203 del 22 de octubre de 1982, el cual, como se aprecia, es anterior a la Ley Orgánica del Ambiente. Además, el artículo 3 del Código de Minería ya menciona la aprobación del estudio como algo previo al otorgamiento de la concesión de la explotación. Siendo evidente que por disposición de ley, específicamente el Código de Minería, la actividad minera requiere de estudio de impacto ambiental, entonces el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente viene a determinar que en esta materia, el estudio de impacto ambiental y la correspondiente viabilidad ambiental son condiciones previas al otorgamiento de una concesión minera. Esto, a su vez, implica la derogatoria tácita, desde la vigencia de la Ley Orgánica del Ambiente, es decir, desde el 13 de noviembre de 1995, de los numerales 34 inciso ch) y 97 inciso g) del Código de Minería, que, en contradicción con el mismo Código, permitían otorgar una concesión antes de contar con estudios de impacto ambiental aprobados. Así vistas las cosas, el pronunciamiento anulatorio efectuado por la Sala Constitucional en el año 2009 no hace más que resolver de manera expresa un problema normativo que había sido resuelto tácitamente desde el año 1995. En ese sentido, además, el pronunciamiento de la Sala Constitucional que en el año 2004 significó la nulidad absoluta de la concesión minera otorgada a Industrias Infinito en el año 2001, no aplicó retroactivamente norma alguna, sino que en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hizo fue ordenar que, como correspondía jurídicamente, en la actividad minera se aplicara la para entonces ya vigente (y lo era desde 1995, vale la pena reiterar) regla de que de previo a otorgar una concesión minera se requería de estudios de impacto ambiental debidamente aprobados (o lo que es lo mismo, se necesita una viabilidad ambiental otorgada previamente, para poder otorgar una concesión minera). Y es que no puede obviarse que en materia de estudios de impacto ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente contiene norma especial y posterior, del mismo rango que el Código de Minería, que obliga a realizar tales exámenes y a contar con su aprobación, como paso previo al desarrollo de cualquier proyecto, lo que implica que es una condición que debe cumplirse antes de que se otorgue una concesión minera.

Por otra parte, como parte de sus argumentaciones, la representación de Industrias Infinito invoca el transitorio I del Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE, que es el Reglamento al Código de Minería (vigente desde el 16 de marzo del 2001), que establece que “todas las solicitudes que se encuentren en trámite a la fecha de su publicación del presente reglamento, continuarán su trámite con la normativa reglamentaria vigente al momento de la presentación de ésta.” En relación con esta norma, no encuentra el Tribunal que la misma justifique la procedencia de la conversión del acto, pues debe reiterarse que, en este caso, la empresa codemandada, después del año 2004, no tenía ningún derecho de concesión declarado a su favor. Fue eliminado del ordenamiento jurídico por la Sala Constitucional. No obstante, fue revivido en forma antijurídica por la Administración siete años después, que es precisamente el vicio que en este proceso contencioso administrativo se está declarando. Entonces, el único derecho que Industrias Infinito ha tenido declarado a su favor y que no ha sido cuestionado, es el permiso de exploración, que como ya se indicó, jamás podría conceder automáticamente el derecho de concesión, pues tal interpretación lesiona la inteligencia de este Tribunal, violenta el ordenamiento jurídico y se traduce ni más ni menos en un grosero fraude de ley.

Por último, la codemandada cita los artículos 164, 168 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, los dos primeros recogen el principio de conservación de los actos administrativos y el segundo también lo hace en relación con el procedimiento administrativo. Estas disposiciones deben ser descartadas para sustentar la conversión tantas veces mencionada, ya que, como se explicó antes, no era jurídicamente posible revalidar o revivir un acto que ya había sido anulado por la Sala Constitucional, tampoco se cumplían los presupuestos que establece el numeral 189 de la Ley General de la Administración Pública, y en todo caso, el derecho de fondo aplicable al caso concreto (derecho ambiental), imponía que, en razón de las imprecisiones y contradicciones que existían entre la viabilidad ambiental, la aprobación de los cambios al proyecto y las condiciones técnicas fijadas por Geología y Minas, existía incertidumbre sobre la afectación del acuífero inferior, lo que necesariamente obligaba a la Administración a realizar un nuevo procedimiento administrativo.

Así las cosas, por todas estas razones, de conformidad con los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, la resolución N° R-217-2008-MINAE se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.

 

XV- SOBRE LA VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LA AUSENCIA DEL BALANCE ENTRE BENEFICIOS Y COSTOS Y LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL DECRETO N° 34801-MINAET.

En relación con el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, este Tribunal estima que el mismo presenta vicios en el procedimiento, en el motivo y en la fundamentación, tal y como de seguido se explica.

En relación con el procedimiento, es importante iniciar indicando que de conformidad con la clasificación de los actos administrativos establecida en la Ley General de la Administración Pública, los decretos son actos administrativos de alcance general, es decir, no van destinados a un sujeto identificado, sino a la generalidad de los administrados (artículo 121 de la citada Ley). En ese sentido, resulta de importancia recordar que la Ley General de la Administración Pública prevé un procedimiento especial para la elaboración de este tipo de disposiciones de alcance general. Así, el numeral 361 dispone lo siguiente: “1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposiciones generales que puedan afectarlas. 2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto. 3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o de Ministerio, la naturaleza de la disposición lo aconseje, el anteproyecto  será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada caso se señale.” Para el caso concreto, encuentra el Tribunal que el Presidente de la República y el Ministro del ramo inobservaron groseramente este procedimiento, pues de una revisión del expediente administrativo N° DAJ-077-2008, que sustenta el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, no se observa, ni por asomo, actos tendientes a dar cumplimiento al procedimiento estipulado por Ley para poder emitir lícitamente este Decreto, no encontrándose que existan razones de interés público o de urgencia que justifiquen el incumplimiento de este requisito necesario para la validez del Decreto aludido, ni mucho menos fueron expresadas en ese acto. Antes bien, estima el Tribunal que, por el contrario, al tratarse de una disposición que declaraba de “interés público y conveniencia nacional” un megaproyecto minero, resultaba absolutamente necesario conceder a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo, ya fueran éstas ambientalistas, sectores académicos o grupos empresariales, el plazo establecido en el artículo 361 citado, a efecto de que éstas organizaciones se pronunciaran sobre el proyecto, y a partir de esos pronunciamientos el Poder Ejecutivo realizara el balance que exige la Ley, para decidir si declaraba o no de conveniencia nacional e interés público la actividad, cosa que no sucedió como se puede constatar fácilmente. Incluso, el Tribunal considera que la enorme trascendencia de este proyecto minero a nivel nacional, hacía imperativo someter a la información pública el anteproyecto del Decreto, tal y como lo permite el inciso 3 del articulo 361, en relación con el numeral 6 de la Ley Orgánica del Ambiente (principio de participación ciudadana), aplicable al caso concreto por la especialidad de la materia, la cual dispone muy claramente así: “El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.” No obstante lo indicado, nunca se reflejó en el expediente administrativo, ni en el propio texto del documento la intención del Poder Ejecutivo de cumplir dichas disposiciones. En el expediente administrativo DAJ-077-2008, que sustenta el Decreto cuestionado, únicamente constan las siguientes piezas: (1) aproximadamente doce cartas suscritas por vecinos, el alcalde de la municipalidad, algunas asociaciones y otros dirigidas al Ministro Roberto Dobles; (2) un resumen ejecutivo sin firma que dice “octubre 2008”; (3) copias de unos votos de la Sala Constitucional; (4) un oficio SG-ASA-259-2008, del 10 de octubre del 2008, suscrito por Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de SETENA, dirigido al Director del Área de Conservación Huetar Norte, donde le hace ver que si se otorga la viabilidad ambiental a un proyecto, es porque el balance obtenido arroja que los beneficios son mayores que los costos del mismo; (5) el borrador del Decreto; (6) un oficio DAJ-1570-2008, del 13 de octubre del 2008, suscrito por la licenciada Marianela Montero Leitón, Asesora Legal del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, dirigido al Ministro, indicando así: “Con el visto bueno de este Departamento Legal, sírvase encontrar adjunto para su respectiva firma, el Decreto identificado con el DAJ-077-2008, correspondiente a “Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas.”; (7) un resumen ejecutivo de una página firmado también por la Asesora Legal del Ministerio, que en lo que interesa dice: “Asunto: Declarar el Proyecto Minero Crucitas como de interés público y conveniencia nacional, con las consecuencias que dicha declaratoria produce. (...) Resultados derivados: La empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles, inclusive de las especies vedadas y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección.”; (8) un oficio DAJ-1573-2008, del 14 de octubre del 2008, suscrito por la misma Asesora, dirigido a la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia, que dice así: “Con el fin de que sea firmado por el señor Presidente, sírvase encontrar adjunto, el Decreto identificado con el DAJ-077-2008, correspondiente a “Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas” (folios 4 a 102 del expediente referido). Como puede observarse, el expediente mediante el cual se tramitó el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, refleja que la preparación de ese acto no tuvo la más mínima rigurosidad, diligencia y respeto por analizar el fondo del asunto, ni dar publicidad ni participación a los ciudadanos u organizaciones sobre el alcance de esta declaratoria. Se encuentra que esta actuación es sumamente gravosa, en el tanto si bien no se cumplió con el procedimiento especial para la elaboración de disposiciones de carácter general regulado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, tampoco fue cumplido el mínimo requisito que exige nuestro ordenamiento jurídico para la emisión válida de un acto administrativo, cual es la realización de un procedimiento administrativo previo (ordinario o sumario), según lo ordenan los artículos 214, 308 y 320 de la citada Ley, en relación con los ordinales 5 y 106 de la Ley de Biodiversidad. Ante este panorama, lo que se percibe a la luz de las reglas de la sana crítica, es la más “inédita” premura de funcionarios públicos por emitir, a toda costa, este Decreto y permitir, como fin principal, que la empresa codemandada talara el bosque y los árboles en la zona en discusión, sin detenerse a analizar siquiera si existían allí especies vedadas, en peligro de extinción o endémicas, situación que a juicio de este Tribunal se traduce en una clara desviación de poder (artículo 131.3 de la Ley General de la Administración Pública), es decir, en la persecución de un fin distinto del fin principal que debe seguir una declaratoria de interés público y conveniencia nacional, vaciando de contenido la prohibición de corta establecida en la Ley Forestal y en el Decreto 25700-MINAE, y favoreciendo a la empresa desarrolladora en la ejecución del Proyecto Minero Crucitas. Con todo, es relevante señalar que la violación del procedimiento consagrado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública constituye una omisión a una formalidad sustancial, que conforme al artículo 223 de la referida legislación, acarrea la nulidad de todo lo actuado por la Administración, aspecto que este Tribunal puede declarar incluso de oficio, por disponerlo así expresamente el artículo 182.1 de la Ley General de la Administración Pública. Por todo lo expuesto, se rechazan las argumentaciones esgrimidas por los demandados en el sentido de que el Decreto cuestionado constituye un acto de ejecución, pues resulta clarísimo que se trata de un acto separado de carácter general, que goza de un procedimiento propio y que responde a un régimen y a unos fines independientes y distintos del acto de concesión de explotación y del acto de la viabilidad ambiental.

Ahora bien, en relación con el motivo del acto, encuentra el Tribunal que este elemento se encuentra viciado en el Decreto N° 34801-MINAET, dado que la Ley Forestal en su artículo 3 inciso m) dispone que las actividades de conveniencia nacional son aquellas cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales y señala la norma que el balance deberá hacerse mediante los “instrumentos apropiados”. Es claro entonces que, para poder determinar si el Proyecto Minero Crucitas era de conveniencia nacional, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debió instaurar un procedimiento administrativo ordinario, y proceder, mediante los instrumentos técnicos y científicos apropiados, y previo pronunciamiento de los sectores afectados, a realizar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. Una vez terminado el procedimiento, y habiendo tomado en cuenta los anteriores elementos, el Poder Ejecutivo podía dictar con arreglo a derecho el Decreto, declarando la conveniencia nacional, si la ponderación de aquellos elementos lo permitía. Sin embargo, como pudimos constatar en este caso, el Decreto 34801-MINAET se emitió en ausencia del balance y en ausencia de los criterios que las organizaciones de intereses generales o colectivos pudieron haber esgrimido, todo lo cual vicia en forma grave el motivo de la disposición general aquí impugnada. Aquí es importante agregar que el testimonio de Sonia Cervantes (Socióloga), no resulta de utilidad para demostrar ese balance, por cuanto dicha profesional hizo un análisis sesgado, que únicamente consideró variables sociales y económicas de la zona del Proyecto, más no de un análisis global de costos y beneficios en términos nacionales. La testigo claramente indicó que realizó dos estudios, uno en el año 2007 para presentar ante la SETENA y otro en este año, para ser presentado en este proceso. Evidentemente, ninguno de los dos corresponde al análisis que debió realizar el Poder Ejecutivo para declarar de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, sin que sea válido afirmar en este proceso que corresponde al mismo procedimiento de SETENA, por cuanto se trata de actos distintos, con fines legales distintos y con procedimientos reglados distintos. Según lo explicaron los testigos Sandra Arredondo, Eduardo Murillo y Sonia Espinoza, en el procedimiento de SETENA lo que se aplica es una matriz de importancia ambiental, que es una metodología que tiene por fin la evaluación de los impactos ambientales de un determinado proyecto o actividad, que se realiza en el marco de esa competencia específica encargada por la Ley Orgánica del Ambiente a la SETENA, no pudiendo equipararse con el Balance de costos y beneficios que establece la Ley Forestal con el fin de declarar de conveniencia nacional una determinada actividad, y cuya competencia corresponde al Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 34 de dicha Ley, recordando que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República y el Ministro del ramo (artículo 130 de la Constitución Política). Las mismas razones deben decirse respecto del documento denominado “Resumen Ejecutivo Balance Socio Económico” aportado por el Estado y que consta en legajo aparte, ya que este documento no indica la fecha en que fue preparado, los profesionales que participaron en su elaboración, si fue presentado o no ante determinada oficina pública, y en esas condiciones constituye una prueba que genera muchas dudas al Tribunal como para ser tomada en cuenta. Por estas razones esta Cámara concluye que el Decreto se encuentra viciado en forma grave en su motivo.

Por último, el Tribunal encuentra que el Decreto N° 34801-MINAET presenta un vicio en el elemento de la fundamentación o motivación, en el tanto la misma se considera no sólo escasa para la magnitud de lo que se declaraba en ese acto de alcance general, sino que además no hace ni la más mínima referencia a los documentos, estudios, dictámenes, u otros elementos de orden técnico y científico que respaldan y justifican la conveniencia nacional del proyecto, no pudiendo obtenerse mayor información más allá que las referencias que allí se hacen en forma muy general, de los supuestos beneficios que traerá la mina, que básicamente se resumen en potenciales empleos y pago de impuestos (obligación establecida por ley), aspectos que por sí mismos no implican ninguna diferencia sustancial con respecto a otras actividades comerciales que se desarrollan en el país día con día, y para lo cual no se ha requerido un Decreto de conveniencia nacional. La generalidad de la información que allí se plantea y la ausencia de la base técnica y científica que respalda dicha información, impiden al Tribunal ejercer un control de la corrección técnica de los denominados “instrumentos apropiados” previstos en la Ley Forestal, con base en los cuales el Poder Ejecutivo debió realizar el balance de costos y beneficios para luego emitir el decreto. En adición a esto, llama poderosamente la atención que el Decreto impugnado señala un número de áreas sobre las cuales se requiere la corta de árboles en las propiedades de Industrias Infinito, concretamente, 191 ha 7782,66 m2 de bosque, 66 ha 9474,53 m2 de uso agropecuario sin bosque y 4 ha 1751,38 m2 de plantaciones forestales (para un total aproximado de 262 ha), sin embargo, en ningún momento el Decreto indica de dónde proviene este dato, ni tampoco esa información se encuentra en el expediente N° DAJ-077-2008, con el agravante que la SETENA permitió la actividad de explotación en el Proyecto Minero Crucitas sobre un área total de 227.6 ha, con lo cual existe una diferencia de áreas entre uno y otro acto de aproximadamente 34 ha, situación que genera en este Tribunal un estado de absoluta incerteza, respecto de la correcta y seria determinación de las zonas objeto de la tala de árboles, lo cual, conforme al principio precautorio, obligaba al Poder Ejecutivo a abstenerse de dictar dicho Decreto, por contener tantas imprecisiones técnicas en detrimento de la conservación y protección de las áreas de bosque y en detrimento de la conservación de la vida silvestre. Todas estas ausencias e inconsistencias, a juicio del Tribunal, se traducen en una violación del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, que impone a la Administración el deber de motivar adecuadamente sus actos.

Resta por indicar que el hecho de que el artículo 6 del Código de Minería  declare de utilidad pública la actividad minera, no implica que el Proyecto Minero Crucitas tenía, de por sí, la condición de ser un proyecto de conveniencia nacional, pues para adquirir tal condición se requiere de una serie de valoraciones y procedimientos que se deben verificar en cada caso concreto, y estos vienen establecidos por la Ley Forestal, según se ha explicado anteriormente. En todo caso, no podría aceptarse que la utilidad pública prevista en el Código de Minería constituya per se la excepción a la prohibición de corta de árboles en zonas de bosque y en áreas protegidas, pues tal interpretación resultaría poco coherente y encima fraudulenta, toda vez que la Ley Forestal no sólo es ley especial en lo que atañe a tales aspectos, sino que además es ley posterior al Código de Minería.

En resumen, por todo lo expuesto, se concluye que el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, de conformidad con los artículos 131, 133, 136, 158, 166, 223 y 361 de la Ley General de la Administración Pública, se encuentra viciado de nulidad absoluta y así se declara.-

 

XVI- SOBRE LOS VICIOS DEL PERMISO DE CAMBIO DE USO DE SUELO.

En estrecha relación con el tema anteriormente desarrollado, el Tribunal encuentra que la resolución N° 244-2008-SCH, emitida por el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, presenta vicios en el motivo y además incurre en una desviación de poder.  En este debate testigos expertos reconocieron expresamente que la resolución cuestionada presentaba serios errores de identificación de las especies o individuos que existen en la zona del proyecto. Al respecto, el testigo Quírico Jiménez Madrigal (Ingeniero Forestal), fue contundente en señalar que la lista de árboles a cortar en áreas con cobertura boscosa, contenida en el cuadro N° 2 del Por Tanto de la resolución N° 244-2008-SCH, hecho demostrado en este proceso, incluyó especies que no crecen en el lugar y especies que no existen en Costa Rica, detectando además que habían especies amenazadas y especies en extinción. Como especies que no son del sector indicó entre algunas las siguientes: Copalillo, Corteza, Guabo, Lechoso, el Lorito, Mangle, Muñeco, Nance, Nancite, Nene, Panamá, Pellejo de Vieja, Poró, Ron Ron, Sangrillo, Targuá, entre otros. Dentro de las especies en extinción señaló Cipresillo, Cola de Pavo y Tostado, ésta última que también calificó como endémica (es decir, que sólo crece en esa región). Por su parte, el testigo Javier Baltodano Aragón (Biólogo especialista en Dendrología) también refirió que en la lista de especies contenida en la resolución N° 244-2008-SCH, se identificaron individuos que no son propios de la zona huetar norte. Manifestó que en la zona del proyecto solo hay 5 árboles Cola de Pavo en 161 hectáreas, y que el Tostado es una especie endémica en ese sector. Indicó que el Tostado, el Cola de Pavo y el Cipresillo son especies vedadas por Reglamento. Explicó adicionalmente que el almendro amarillo no está en peligro de extinción, pero esta vedada su corta por ser lugar de anidación de la lapa verde. Finalmente, el testigo Olman Murillo (Ingeniero Forestal) explicó que en la zona lo que existe es mayormente bosque secundario e intervenido. Manifestó que coincidía con Quírico Jiménez en el sentido de que, como científico, no está bien que haya errores de identificación de especies. Reconoció que el Ajillo, el Mangle y el Panamá no son propios de la zona, y que el Tostado y el Cola de Pavo son especies endémicas y amenazadas. Señaló que desde el punto de vista del cambio de uso que autorizó el Estado, carece de relevancia la identificación de las especies porque ahí lo que se va a aplicar es una tala rasa, sin embargo, adujo que como Ingeniero Forestal la identificación correcta de las especies sí es relevante para efectos de su conservación.  Pues bien, conforme las anteriores manifestaciones de los testigos expertos, las cuales son coincidentes, el Tribunal concluye que se producen tres vicios en el motivo del acto.  En primer lugar, la Administración omitió tomar en cuenta para el dictado de la resolución, el hecho de que en el sector objeto de la tala existen especies que se encuentran vedadas por el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE, vigente desde el 16 de enero de 1997 y a la fecha del dictado del acto, tales como el Cipresillo, el Cola de Pavo y el Tostado. Esta omisión se considera grave, en virtud de que el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte únicamente tomó en consideración que existía un Estudio de Impacto Ambiental y que el Decreto Ejecutivo N° 34801, publicado el mismo día en que fue dictada esta resolución, declaró de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. No obstante lo anterior, la veda de aprovechamiento establecida por el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE, se emitió conforme a un régimen jurídico diferente al regulado por la Ley Forestal, pues se hizo al amparo del Convenio Sobre Diversidad Biológica (Ley N° 7416) y al amparo de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N°7317), y tenía por objeto la conservación de determinados árboles en peligro de extinción, con fundamento en el derecho de las especies que componen la vida silvestre a su subsistencia. En las leyes antes citadas no se prevé la posibilidad de que el Estado desaplique una prohibición general para proteger especies en peligro de extinción o amenazadas, cuando se declare de conveniencia nacional un proyecto, como sí lo establece la Ley Forestal pero para dos casos concretos: áreas cubiertas de bosque (artículo 19) y áreas de protección (artículo 34), supuestos que no corresponden al regulado mediante el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE. Incluso es importante hacer ver que en el propio Plan de Manejo Forestal presentado por la empresa codemandada, se reconoce la presencia de especies amenazadas o vedadas, tales como las mencionadas antes que aparecen con muy poca representatividad, y al respecto el equipo consultor que preparó ese plan indicó claramente que “en estos casos la empresa tomará las acciones que señale el MINAE, Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, Subregional San Carlos-Los Chiles, Alajuela, como medidas de mitigación o compensación” (folio 665 del tomo 3 del expediente administrativo del Área de Conservación N° AH01-PM-03-08), lo que permite concluir que la empresa conocía previo a la gestión de autorización de la existencia de especies vedadas. En resumen, se estima que al no tomarse en cuenta este aspecto para el dictado de la resolución N° 244-2008-SCH y no haberse pronunciado sobre el particular, se produce un vicio en el motivo del acto por ser un tema esencial que afectaba su contenido.  En segundo lugar, se produce otro vicio en el motivo del acto, toda vez que es claro que el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte no identificó correctamente los individuos de la zona, situación que tenía una importante incidencia en este caso, porque no se trataba de una simple tala rasa en el área sobre la cual se otorgó el permiso de cambio de uso suelo, sino que la empresa se comprometió a reforestar 382 hectáreas de bosque con especies nativas, compromiso que fue planteado como medida de compensación tanto en el Plan de Manejo Forestal (folios 270, 288 y 289 del tomo II del expediente administrativo del Área de Conservación N° AH01-PM-03-08), como en el tantas veces mencionado documento de Cambios Propuestos al Proyecto (ver punto 6 del cuadro 1.3. a folio 199 del documento Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto). Evidentemente, al no tenerse certeza de las especies nativas que existen en la zona, producto de los múltiples errores que contiene la resolución N° 244-2008-SCH, tal situación hace nugatorio uno de los fines esenciales que debía cumplir ese acto administrativo, y que era precisamente la correcta ejecución del Plan de Manejo, mismo que debía contener respecto de las especies a cortar, la certeza necesaria a efecto de llevar a cabo la reforestación de forma técnicamente correcta.  Finalmente y en tercer lugar, la citada resolución se encuentra viciada en su motivo, por haber tomado en cuenta como elemento esencial para su dictado, el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, el cual era un acto absolutamente nulo, en los términos explicados en el considerando precedente.  A pesar de que la representación de Industrias Infinito así lo plantea, no es relevante aquí la discusión sobre si la tala cuestionada afectaba áreas de bosque primario o secundario, pues de acuerdo con lo declarado por los testigos Olman Murillo y Sandra Arredondo, en las propiedades de la empresa codemandada predominan bosques secundarios e intervenidos, de manera que sobre este aspecto no hay ninguna controversia. El vicio esencial es que la empresa se comprometió a reforestar la zona del proyecto con especies nativas de árboles allí existentes, de manera que su incorrecta identificación en el acto impugnado afecta el cumplimiento de ese compromiso, mismo que va de la mano con el fin que establece el artículo 1° de la Ley Forestal, que es precisamente la conservación y la protección de los bosques, con independencia de si éstos son intervenidos o no, pues así lo establece el inciso d) del artículo 3 de esa Ley. Entonces, el permiso de cambio de uso de suelo en este caso no puede verse como una simple tala rasa, pues ello implicaría obviar el fin esencial que persigue la Ley Forestal, e incluso el fin esencial del Convenio de Diversidad Biológica y de la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, en lo relativo a la conservación de determinadas especies, como en este caso las que tenían una prohibición de corta.

Por las mismas razones, tampoco resulta relevante discutir si el bosque intervenido podía o no ser objeto de aprovechamiento, pues lo esencial aquí, según se ha dicho muchas veces, es el cabal cumplimiento del fin del acto, tal y como fue formulado por la propia empresa, de manera que la indebida identificación de las especies nativas y la omisión de tomar en consideración las especies vedadas, afecta el motivo del acto y genera su nulidad absoluta. Estas omisiones son imputables también a la empresa Industrias Infinito, pues si habían asumido el compromiso de reforestar las áreas con especies nativas, debieron tener la debida diligencia e interés en asegurarse de que el acto contara con la suficiente corrección técnica, situación que aquí se descarta porque en ningún momento la empresa solicitó que se tomaran en cuenta las especies amenazadas, cuando por el contrario, fue muy diligente en iniciar sin demora la corta de árboles el mismo día que salió publicado el Decreto Ejecutivo N°34801, que por cierto era el mismo día en fue emitida la resolución N°244-2008-SCH, tal circunstancia se presume en razón de la relación de fechas que se hace tanto del dictado de las resoluciones como la notificación de la Sala de la suspensión de la tala. Lo anterior se infiere de la declaración de Sandra Arredondo, quién indicó que la corta inició un viernes y se detuvo un lunes por orden de la Sala Constitucional, lo cual es coincidente con la fecha de la resolución que autorizó la tala (viernes 17 de octubre del 2008) y los oficios emitidos por el Ministro de Ambiente y Energía, el lunes 20 de octubre del 2008, solicitando a la empresa que se abstuviera de continuar acciones en la zona del Proyecto, en razón de la interposición de un recurso de amparo. Todo lo anterior, revela que el permiso de cambio de uso de suelo y el Decreto 34801-MINAET publicado el mismo día 17 de octubre del 2008, constituyen un conjunto de conductas que perseguían un fin que no era el establecido por las leyes antes indicadas, por lo que ambas presentan el vicio de desviación de poder, y así se declara.

 

XVII- SOBRE EL CAMINO PÚBLICO.

Durante el debate oral y juicio, se formuló como hecho nuevo, debidamente admitido por este Tribunal, como se desprende del considerando primero, la existencia de un camino público,  sobre el cual pretende la empresa construir parte de la laguna de relaves. Se puso en conocimiento de este Tribunal, que mediante gestión presentada  por la empresa demandada Industrias Infinito S.A., ante la Dirección de Geología y Minas, en fecha 10 de marzo de 2009, solicita la constitución por parte de dicho órgano de una servidumbre minera de ocupación permanente sobre un terreno de propiedad Municipal, propiamente sobre un camino. Previo al análisis concreto, resulta de importancia, traer a cita alguna normativa indispensable para la resolución del punto en concreto.

Los caminos públicos se encuentran definidos y clasificados en la Ley General de caminos Públicos, en su artículo primero referente a la red vial cantonal, la estable como:

(..) RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará constituida por los caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: tales como los; a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales; unan caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia, b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional y por último c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. ( Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º). Por su parte el artículo dos establece que las  " Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción. ", el numeral 28  prohíbe la disposición de dichos caminos que no sea la de su naturaleza, indicando en lo que interesa "Queda terminantemente prohibido (...) a las Municipalidades otorgar permisos o derechos de ocupación, disfrute, uso o simple posesión del derecho de vía de los caminos públicos o ejercer actos que impliquen en cualquier forma tenencia de los mismos por parte de las personas. En resguardo de dichos caminos, el artículo 32 informa que " Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial dictada en expediente tramitado con intervención de representantes del Estado o de la municipalidad respectiva o por derechos adquiridos conforme a leyes anteriores a la presente o las disposiciones de esta ley.", al respecto la ley de construcciones, en su artículo 5, informa que: "Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho común." Sobre el punto la Sala Constitucional en sus reiterados fallos, entre estos el 2005-07053, del 7 de junio de 2005, desarrolla: " II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS. Los caminos públicos constituyen bienes demaniales. Así se desprende del artículo 5º de la Ley de Construcciones, No. 833 de 2 de noviembre de 1949 (...) Esta afectación al régimen demanial proviene de la potestad inserta en el artículo 121, inciso 14, de nuestra Constitución Política, donde se consagra como atribución de la Asamblea Legislativa la de "decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación". Sobre las características  (...) ha expresado lo siguiente:

"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación (Voto No. 2306-91 de 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991). En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que, invariablemente, es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Bajo esa tesitura, las carreteras, calles o caminos públicos, por su condición de bienes integrantes del demanio, no pueden ser enajenados sin antes haber sido desafectados del régimen de dominio público. Así pues, la naturaleza demanial de las vías públicas se presume y excluye cualquier otra posesión que se pretenda, siempre y cuando la titularidad sobre el inmueble esté respaldada en prueba fehaciente y sin perjuicio que en la vía ordinaria jurisdiccional se pueda discutir el mejor derecho que se pretenda".

De la reseña de los hechos tenidos por probados, en lo que respecta al camino público, se extrae que la empresa demanda Infinito S.A. en el mes de marzo de 2009, presenta solicitud expresa ante la El Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas, en fundamento al articulo 50 del Código de Minería, a fin de que se tramite servidumbre minera de ocupación permanente sobre un terreno municipal, sin informar directamente en su solicitud que se trata de un camino, para lo cual adjunta a su solicitud fotografías del  citado camino, así como un avalúo del mismo. En dicho órgano, por parte de la señora Cynthia Cavalllini jefa del Registro Minero, se le otorga trámite a la servidumbre, solicitando ante el Ministerio de Hacienda el avalúo correspondiente. De la prueba que se tiene en autos, certificación de la Municipalidad de San Carlos se tiene por acreditado la existencia de un camino público cantonal, concretamente el 2-10-104, el cual se encuentra inscrito desde 1962 en la Hoja Cartográfica ° 3348 IV del Instituto Geográfico Nacional. Este Tribunal en revisión de  marco fáctico y de las pruebas que constan en autos, sobre  tal hecho, encuentra no solo una actuación absolutamente irregular por la parte del Registro Minero, sino violatoria del ordenamiento jurídico, tanto de la administración como de la empresa demandada, quien  pese a tener conocimiento de la existencia del camino, desde su propuesta inicial del proyecto, diciembre de 1999, la solicitud de viabilidad ambiental, la de cambios propuestos, ante Setena, y de la convalidación del acto, no evidencio ante los órganos administrativos la existencia del camino público y su intención de construir parte de la laguna de relaves sobre dicho camino, evadiendo de  forma grosera  los procedimientos necesarios para poder tener acceso a dicho terreno. Resulta de interés resaltar que  tanto el ente Municipal, como los órganos administrativos tenían conocimiento pleno de que se pretendía construir un componente esencial del proyecto minero (laguna de relave o colas) sobre un camino público, pues de todos los informes rendidos desde el año 2000 hasta la última aprobación en el año 2008, tanto por la Setena como por la Dirección de Geología y Minas, se realizaron visitas de campo, lo cual les permitió comprobar la ubicación del proyecto  y de cada uno de sus componentes, no obstante, obviaron la existencia del camino público, pues tanto de los hechos como de la prueba que consta en autos, así como de las solicitudes de la empresa minera, se desprende que la ubicación de la laguna de relaves desde el inicio del proyecto no ha variado, ni su medida, lo cual se corrobora, en el cuadro de cambios propuestos analizado por la SETENA y no cuestionado por la Dirección de Geología y Minas, dentro de su obligación de analizar la decisión de la SETENA al otorgar la viabilidad ambiental, a mayor abundamiento, de la misma solicitud de servidumbre, la empresa informa que se realizaron estudios desde finales de los "años 90s", y " que a partir de los resultados encontrados los ingenieros de diseño de la empresa Industrias Infinito, decidieron localizar la laguna de relaves en el sitio que se propone actualmente, porque reúne las mejores condiciones desde el punto de vista técnico y ambiental", lo cual pone de manifiesto que la disposición del camino público que pretendía la empresa, era una circunstancia conocida desde su propuesta inicial -año 1999-, circunstancia que nunca fue mencionada y evaluada por los órganos administrativos encargados de otorgar tanto la viabilidad ambiental como la concesión de explotación. Situación que resultaba medular valorar, pues para aprobar la ubicación y construcción de uno de los competentes esenciales del proyecto, - la laguna de relaves- sobre un camino público cantonal, el cual desaparecería por completo, implicaba indispensablemente, por parte de la empresa gestionar ante la Municipalidad de San Carlos, la posibilidad de desafectar el camino público a fin de disponer del mismo, y por parte de los órganos administrativos, solicitar a la empresa el requisito indispensable, sobre si tenía disposición del citado terreno, que ocupa el camino público, condición esencial que fue inobservada. La empresa demandada en defensa de sus intereses ha dicho que el camino se encontraba en estado de abandono y desuso, elemento éste último indispensable de acuerdo a su criterio, que permitió que al habilitar un nuevo tramo del camino - ruta cantonal 2-10-104, aquel sector que era de su interés e indispensable para su proyecto, quedará desafectado, tanto por el desuso como por su compensación en un nuevo tramo, tesis que resulta inaceptable por parte de este Tribunal, por ser flagrantemente violatoria de nuestro ordenamiento jurídico, no puede perderse de vista que  la publicidad de camino, no se encuentra en discusión para entrar a valorar elementos de su constitución -tal como su uso-, pues se encuentra declarado como público al menos desde el año 1962 en la hoja cartográfica del instituto Geográfico Nacional. Aunado a lo anterior,  se ha dicho por parte de la empresa, que al haberse realineado el camino por parte de la Municipalidad, en forma inmediata queda desafectado parte del mismo, manifestación que atenta contra  todo el régimen de tutela los bienes de dominio público, pues lo contrario será permitir que los particulares de acuerdo a sus intereses, atribuyendo el desuso o abandono de los mismos, hagan libre disposición de bienes de dominio público, lo cual cual choca contra lo dispuesto por la norma constitucional- artículo 121, inciso 14-. La afectación de los bienes de dominio público, puede darse por acto formal, por la integración consecuencia de su destino, por ley y algunos otros por norma constitucional bajo los presupuestos de los acápites a, b y c del inciso 14 del numeral 121 de la nuestra Constitución Política, lo anterior se traduce en que los bienes de dominio público declarados como tal, solo podrán ser desafectados de su régimen especial o destino, mediante acto legislativo, no mediante actos discrecionales de la administración o extensivas interpretaciones de dichos órganos o sujetos privados a los cuales les resulte de su interés, en el caso concreto se pretende justificar inaceptablemente que un tramo de la ruta 2-10-104, camino público cantonal, fue desafectado por una realineación que realizó  el ente municipal, situación que el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes evidencia,  al indicar en la prueba aportada en autos, que tanto la administración como la disposición de las rutas cantonales corresponden a las Municipalidades, y que el caso concreto, aún cuando se comunicó por parte de la Municipalidad de San Carlos el realineamiento del camino, se conserva la inscripción en el departamento de la red vial cantonal, el trazado original del camino, así como la sección adicionada al mismo.  Se extrae de la prueba aportada al proceso - folios 2309 a 2374, 2379, 2380, 2408, 2409, 2412 a 2415 del expediente judicial- que si bien desde el año 2006, se donó por parte de Gerardo Fernández Salazar y María Ester Pérez Hidalgo a favor de la Municipalidad de San Carlos un terreno, en el cual se construyó un nuevo tramo del camino- ruta 2-10-104, el cual además se habilitó en sustitución de la sección del camino sobre la cual la empresa Infinito S.A. pretende construir parte de la laguna de relaves,  y que vecinos del lugar mostraron su conformidad con tal sustitución, tal trámite, no tiene la virtud pretendida por la demandada Infinito S.A. de desafectar  parte de un camino público cantonal que es de su interés, lo cual como se indicó supra, solo podrá darse por el trámite y la autorización legislativa correspondiente, lo cual se echa de menos en este proceso.

Sobre la inobservancia de tal requisito por parte de los órganos públicos, resulta totalmente violatorio del ordenamiento jurídico, el no haber solicitado a la empresa, si el terreno municipal sobre el cual pretendía disponer la construcción de parte de la laguna de relaves, se encontraba desafectado.

Resulta de especial importancia analizar la solicitud de servidumbre minera. Se presenta ante la Dirección de Geología y Minas, solicitud de servidumbre minera permanente sobre un terreno municipal, destinado desde el año de 1962 a camino público cantonal,  misma a la cual se da trámite personalmente por parte de la señora Cavallini. En el juicio oral y público el señor Francisco Castro, manifiesta que labora en esa dirección desde hace 35 años, y desde el año de 1984  se encuentra bajo su jefatura, declara que aún cuando él tramitó exclusiva y personalmente la solicitud de reconvención del acto, desconocía de la solicitud de servidumbre de la empresa, de la cual se enteró unos días antes de su declaración en el juicio y que el procedimiento técnico inicial a seguir en ese tipo de gestiones, es realizar una inspección de campo para determinar la viabilidad de la servidumbre, y luego se continua con el trámite legal, reconoce además que cuando se presenta una solicitud de concesión lo primero que debe hacerse es su localización en el padrón minero, que el topógrafo encargado hace un estudio de campo, con el plano catastrado de la propiedad que debe presentar el interesado, indicó además que ignora si quieren cerrar el camino, aún cuando reconoce que visitó el sitio de proyecto en varias ocasiones. Por su parte de forma contradictoria, la señora Cavallini declara en el juicio, que su Jefe don Francisco Castro conocía de la solicitud de servidumbre y que el trámite, lo es primeramente solicitar el avalúo, que fue lo que realizó, y no una visita de campo, no puede este tribunal, pasar por alto tal contradicción, y lo que es más grave aún, que la jefa del registro minero desde el año de 1993 quien es abogada, diera trámite a la solicitud de servidumbre minera permanente sobre un camino público cantonal, información que se desprende claramemente del avalúo aportado por la empresa, así como de las fotografías que acompañan dicho avalúo y la solicitud de la empresa, sin que tomara en cuenta la funcionaria que el terreno sobre el cual se pretendía la servidumbre permanente, es un camino público, ya que de los documentos que se presentaron no se desprendía que el mismo estuviera desafectado, en el juicio acepta que por su formación de abogada, sabe que es indispensable que el terreno debía estar desafectado para valorar la constitución de la servidumbre, y reconoce a viva voz que era su responsabilidad por tramitar personalmente la solicitud y en su carácter de jefa del registro Minero corroborar tal requisito pero no lo hizo, y envió para su valoración la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, además indica que no conoce el documento que se le mostró en juicio, (la respuesta de la Administración Tributaria de Alajuela, visible en el expediente administrativo rotulado hecho nuevo) en la cual se le informa que el terreno no puede ser valorado para su consecuente expropiación, en virtud de estar afectado al demanio público, por ser un camino público, y que ante tal circunstancia, en una situación general, no para el caso concreto, manifiesta la señora Cavallini, que una solicitud de servidumbre en esos términos debía ser rechazada, agregó además que de acuerdo a la solicitud presentada, si la laguna de relaves no podía ser construida en el lugar en que se indicó desde el inicio del proyecto, su reubicación y construcción en otra parte del proyecto, variaba sustancialmente el marco conceptual del mismo, lo que obligaba al concesionario a comunicarlo a Geología y Minas, para que se realizarán los estudios correspondientes. Así las cosas, queda de manifiesto en criterio de este tribunal que el órgano administrativo - Dirección de Geología y Minas- le correspondía por medio de sus funcionarios, tramitar la solicitud de servidumbre minera, no realizaron una labor apegada a las funciones que la ley les impone, y de esta forma aceptaron el trámite de una servidumbre minera permanente sobre un bien de dominio público, con la ausencia del requisito indispensable para su  curso, la desafectación del camino. Tómese en cuenta que conforme a la normativa citada al inicio de este considerando, artículo 28 de la Ley de caminos públicos, así como 5 de la ley de construcción, existe prohibición expresa en ambas leyes  sobre la disposición de los caminos públicos, y la constitución u otorgamiento en los mismos, de permisos, derechos de ocupación, disfrute, uso, posesión, usufructo, ni servidumbre para el uso común, normas que fueron inobservadas groseramente tanto por la empresa Infinito al pretender la constitución de la servidumbre permanente, así como por los órganos y funcionarios administrativos encargadas de acatar las anteriores disposiciones normativas.

La empresa demandada, en sus alegatos, sostienen que la servidumbre encuentra su fundamento en el numeral 50 a 52 del Código de Mineria, en revisión de los mismos, estos disponen lo relativo a la constitución de servidumbre minera, inclusive para la colocación de depósitos de relaves como en el caso concreto, sin embargo resulta evidente que la empresa conocía  que el terreno municipal sobre el cual pretendían la constitución de la servidumbre permanente, era un camino público, el cual debía de desaparecer para hacer viable la construcción de la laguna de relaves, depósito que como se tuvo por demostrado por las declaraciones rendidas en juicio, por los expertos, tanto de la parte actora como de los demandados,  su ubicación es permanente, sin que se pueda revertir su construcción, lo implicaría la desaparición permanente del camino. En consecuencia, la no desafectación y pretendida disposición del camino público constituye un vicio que afecta el motivo de las resoluciones N° 3638-2005-SETENA, 170-2008-SETENA y R-217-2008-MINAE, dictadas por SETENA y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y así se declara por la inobservancia del camino público.

 

XVIII- SOBRE LOS TEMAS TÉCNICOS INVOLUCRADOS.

Si bien el Tribunal no desconoce que en el expediente administrativo constan estudios elaborados por la empresa codemandada, en los cuales aparecen mencionados los temas técnicos cuestionados por los actores, lo cierto es que en este asunto la SETENA omitió solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y omitió analizar los cambios propuestos por la empresa al diseño original del proyecto, lo cual se tradujo, en criterio de este Tribunal, en una renuncia a las potestades encargadas por Ley a la SETENA y en última instancia, en una falta de fundamentación del acto que aprobó los cambios. Evidentemente, al no haber realizado un análisis técnico sobre los cambios al diseño y su impacto, la SETENA también omitió vertir el análisis concreto sobre cada uno de los temas técnicos involucrados, tales como el uso de cianuro, el riesgo de sismicidad y otros. Ante tal ausencia las partes demandadas pretendieron sustituir la función técnica que le correspondía a SETENA, trayendo al proceso judicial expertos que vertieran un criterio favorable sobre cada uno de los temas técnicos cuestionados por los actores. Lo anterior, no obstante, resulta inconducente para este caso, porque el Tribunal no podría ejercer un control de la corrección técnica de las actuaciones de la Administración, si el acto impugnado, ni su fundamento previo, contienen un análisis técnico a partir del cual se pueda ejercer aquel control, como ocurre en el caso de la resolución N° 170-2008-SETENA y el informe ASA-013-2008-SETENA. En tales condiciones el Tribunal tampoco podría proceder conforme al artículo 128 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permite ordenar el ejercicio de potestades con elementos discrecionales, pues los actos mencionados carecen de elementos técnicos que impiden ejercer dicho control. Distinto sería si SETENA hubiere realizado un análisis técnico exhaustivo sobre todos los estudios y documentos presentados por la desarrolladora, emitiendo su criterio sobre cada uno de los temas técnicos relevantes y sus cuestionamientos, de manera que en caso la prueba testimonial pericial tendría por objeto demostrar, más no suplir, la corrección técnica y científica de los análisis realizados por la Administración. De no ser así, como se pretende en este asunto, estaríamos permitiendo que la Administración deje de ejercer sus funciones legales y en aquellos casos en que se plantee un juicio contencioso administrativo, el demandado simplemente opta por traer un experto que sustituya la labor dejada de realizar por el órgano técnico competente. Este proceder se estima que es inconducente y no tiene por efecto subsanar la omisión de solicitar un estudio de impacto ambiental, así como de verificar el procedimiento establecido para realizar la evaluación de impactos correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal procederá a referirse a los aspectos más relevantes que surgieron de la prueba testimonial pericial en relación con los temas técnicos que han sido cuestionados, valorando los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Debe recordarse que en virtud del principio precautorio aplicable al caso, los actores no estaban obligados a demostrar indubitablemente cada uno de los cuestionamientos propuestos, siendo que la valoración de esos aspectos surge con la ponderación de los diversos criterios técnicos escuchados en juicio, tarea que corresponde a este Tribunal, y que de seguido se expone, haciendo la salvedad de que este pronunciamiento no tiene la virtud de subsanar la falta de análisis técnico por parte de la Administración, vicio que afecta con nulidad absoluta la resolución N° 170-2008-SETENA.

 

XIX- SOBRE LA PROFUNDIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y LA AFECTACIÓN AL ACUÍFERO INFERIOR.

La Administración Pública está sujeta, según lo dispone el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, a las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, de forma tal que en ningún caso pueden dictarse actos contrarios a ellas. Esto es importante recordarlo porque en el presente asunto se ha discutido un aspecto técnico de mucha relevancia, cual es el de la cota límite para la extracción que proyecta hacer Industrias Infinito. Cuando el proyecto minero Crucitas fue sometido inicialmente a la Dirección de Geología y Minas, en el mismo se contemplaba extraer saprolita y roca dura en tres cerros: Fortuna, Botija y Fuentes. Ese mismo proyecto original contemplaba, como parte del proceso de extracción, interceptar dos acuíferos: uno cercano a la superficie y otro ubicado varios metros por debajo de aquél. Al primero se hará referencia como el acuífero superior, mientras que al segundo, como el acuífero inferior. Al respecto, debe observarse que en la resolución R-217-2008-MINAE, el Poder Ejecutivo sujetó la concesión minera dada a Industrias Infinito, a la condición de que se respetaran las condiciones técnicas dadas por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra mediante los oficios DGM-DC-320-2001, del 14 de marzo de 2001, y DGM-DC-2085-2001, del 26 de noviembre de 2001. Este segundo oficio puede apreciarse de folio 202 bis a folio 199 en el tomo primero del expediente administrativo de la Dirección de Geología y Minas y cabe indicar que es un documento de mucha importancia para el presente asunto, pues en el mismo, la referida geóloga, al precisar las condiciones técnicas para la extracción, fue clara al indicar: "Según la metodología de extracción aprobada (tajos Fortuna, Botija y Fuentes) y los estudios hidrogeológicos realizados en el área a explotar y en donde se identifica dos acuíferos, siendo el superior el de carácter potable, las cotas máximas de extracción serán hasta los 75 msnm. Así mismo la empresa deberá garantizar el abastecimiento de agua potable al poblado Crucitas, especial atención merece el pozo de la Escuela de este mismo lugar. Para ello deberá de construir la infraestructura necesaria" (la negrilla y el subrayado no son del original). Como se puede apreciar la geóloga Huapaya Rodríguez-Parra fue precisa en el referido documento, al establecer como límite máximo de extracción para todo el proyecto, la cota de setenta y cinco (75) metros sobre el nivel del mar (msnm). Ese oficio fue emitido el 26 de noviembre del año 2001 y es claro en cuanto a la condición técnica de limitar la extracción de material hasta la cota setenta y cinco, lo que implica que no se puede excavar por debajo de los setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. La razón para esa limitante la expuso a viva voz la propia Huapaya Rodríguez-Parra, quien, declarando en juicio como funcionaria de la Dirección de Geología y Minas, expresó que dicha cota se fijó en consideración de que el acuífero inferior (al que también se hace denomina acuífero confinado) se encuentra aproximadamente a los cincuenta o cincuenta y cinco metros sobre el nivel del mar y que lo que se perseguía era no interceptar ese acuífero. Y aclaró la referida profesional que en esta materia lo correcto es hablar de metros sobre nivel del mar para tener un punto de partida uniforme, como lo es el nivel del mar y a partir de allí se efectúa, hacia lo alto, una medición de la elevación. Así, se ubican los puntos de conformidad con su elevación sobre el nivel del mar y ello permite garantizar una medición estandar de todas las excavaciones. Y explicó esa geóloga que lo anterior difiere mucho de hablar de profundidad, pues esta es relativa, no da seguridad de los alcances de las excavaciones, dado que se parte del nivel del suelo hacia abajo y como la altura de la superficie varía, el indicar la profundidad de una excavación en metros bajo el nivel del suelo igualmente siempre va a ser relativo al punto desde el cual comenzó a descender.  Retomando el oficio DGM-DC-2085-2001, lo que interesa destacar es que en el mismo se impuso la condición técnica de que la extracción tenía como límite la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Y aquí es necesario indicar que esta condición técnica fue siempre conocida por Industrias Infinito, pues fue recogida en la resolución R-578-2001 MINAE (visible de folio 240 a folio 227 en el tomo primero del expediente administrativo de la Dirección de Geología y Minas), mediante la cual se le otorgó la concesión que fue luego anulada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13414. Es necesario hacer ver que el geólogo José Francisco Castro Muñoz, Director de Geología y Minas, expresó durante su declaración en este juicio, que el límite de extracción se fijó en la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, precisamente para prevenir que se interceptara el acuífero inferior, lo cual coincide con lo expresado por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y resulta plenamente acorde con el contenido de la condición técnica contenida en el oficio DGM-DC-2085-2001, razones por las cuales este Tribunal considera que la finalidad de la condición técnica establecida por la Dirección de Geología y Minas era evitar que se interceptara el referido acuífero inferior, es decir, que lo que se perseguía era protegerlo. Esta condición técnica era, como se indicaba, conocida por Industrias Infinito, pues, tal como se indicó, estuvo contemplada en la concesión minera de 2001, que luego fue anulada. La importancia de esta condición, que no consta que Industrias Infinito haya objetado nunca, es que significaba una considerable reducción de la cantidad de material que podría eventualmente extraer. Si se observa el gráfico visible a folio 3340 del tomo XVII del expediente técnico de la Dirección de Geología y Minas, se ve que el mismo fue elaborado por el hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada (que es el mismo profesional que elaboró el documento visible de folio 3331 a folio 3350 en el tomo XVII del expediente técnico de la Dirección de Geología y Minas) en septiembre del año 2000. Siendo un documento del año 2000, es obvio que el mismo se utilizó durante la tramitación ante la Dirección de Geología y Minas, de previo a que se emitiera el oficio DGM-DC-2085-2001. Es decir, se trata de una de las piezas examinadas en dicha Dirección antes de otorgar la concesión del año 2001. Y esto es relevante, porque del gráfico se infiere que el referido profesional Rodríguez Estrada utilizó la unidad de metros sobre el nivel del mar (msnm) para establecer la elevación de las excavaciones. También se infiere del gráfico que el punto más bajo de la excavación prevista para extraer material del tajo Fortuna llegaría a una elevación aproximada de cuarenta (40) metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que implicaba interceptar el acuífero inferior. Esto es lo que se proyectaba por parte de Industrias Infinito en el año 2000 y es precisamente lo que rechazó la Dirección de Geología y Minas al fijar como límite de extracción los setenta y cinco (75) metros sobre el nivel del mar (msnm), decisión que implica un impedimento, basado en razones técnicas orientadas a la protección del recurso hídrico, para Industrias Infinito de interceptar el acuífero inferior. Vale la pena reiterar aquí que esa condición técnica establecida en el 2001, no consta que haya sido objetada por Industrias Infinito, pese a que la conocía y estaba al tanto de las consecuencias que la misma acarreaba a sus pretensiones de extracción. Ahora es necesario indicar que tanto Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra como José Francisco Castro Muñoz, fueron contestes al señalar que el proyecto que presentó Industrias Infinito ante la Dirección de Geología y Minas implicaba, en todo momento, la extracción de saprolita y roca dura, así como que estaba dividido en etapas de extracción. Es decir, la finalidad de la empresa demandada fue, desde el inicio, la de aprovechar roca dura, lo que contemplaba en sus planes la intercepción del acuífero inferior. Eso es lo que la propia empresa manifestó ante la Dirección de Geología y Minas. Pero eso es precisamente lo que Industrias Infinito no indicó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Si se observan los gráficos elaborados por el mismo hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada a folios 213 y 211 del estudio de impacto ambiental (los que constan en un solo volumen que dice reunir los dos tomos del estudio, señalando que el primero va del capítulo 1.0 al 5.0 y que el segundo va del capítulo 6.0 al capítulo 14.0) presentados por Industrias Infinito ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en marzo de 2002 (es decir, después de conocer la condición técnica de la Dirección de Geología y Minas que limitaba la extracción a los setenta y cinco metros sobre el nivel del mar), se puede advertir que en los mismos sólo describen el acuífero superior y que contemplan una medición de la elevación en metros sobre el nivel del mar. Aunque pareciera que esa es una conducta conforme con la limitación que impuso la Dirección de Geología y Minas, estima este Tribunal que ello no es así, pues luego de obtener la viabilidad ambiental en el año 2005, dos años después, en el 2007, Industrias Infinito solicitó diversas modificaciones a la viabilidad ambiental original, entre las cuales se cuenta la extracción de roca dura y la intercepción del acuífero inferior. Véase el gráfico del folio 175 en el expediente denominado "Evaluación ambiental de cambios propuestos al proyecto" y se podrá apreciar que el diseño es básicamente el mismo que en el año 2000 se había propuesto a la Dirección de Geología y Minas y que en el 2001 se había limitado técnicamente a una cota de extracción de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Lo que sucede es que en el 2007, Industrias Infinito, conocedora de aquella limitación técnica impuesta por la Dirección de Geología y Minas, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental una solicitud que perseguía excavar más abajo de la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Nuevamente, en el 2007, fue Industrias Infinito la que insistió en extraer material con excavaciones que llegarían, en su punto más bajo, a una elevación de entre treinta y cinco y cuarenta metros sobre el nivel del mar, lo cual, a todas luces, es violatorio de la condición impuesta en el oficio DGM-DC-2085-2001, el cual, cabe repetir, no consta que haya sido objetado por esa persona jurídica. Y esa es una conducta propia de Industrias Infinito, de nadie más. Mediante ese actuar, la empresa demandada llevó a error a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ese proceder malicioso de la referida empresa no se puede obviar, ni siquiera por el hecho de que los funcionarios de la indicada Secretaría también actuaron con total desapego a su deber de verificar las condiciones impuestas por la Dirección de Geología y Minas antes de aprobar lo requerido por Industrias Infinito. Y es que en materia de minería, en que la Dirección de Geología y Minas también tiene un papel activo en la protección del ambiente, los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no pueden desentenderse de lo dispuesto por aquella otra dependencia, al momento de valorar los estudios relacionados con la viabilidad ambiental de un proyecto. En este asunto, tanto Sonia Espinoza Valverde como Eduardo Murillo Marchena, expresaron que ellos, como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no tenían por qué examinar lo decidido por la Dirección de Geología y Minas. Se equivocan, pues requerían conocer plenamente las limitaciones técnicas fijadas por esta última, toda vez que ellas configuran el marco en que podría llegarse a desarrollar la actividad minera y, consecuentemente, sobre ese marco es que debía examinarse la viabilidad ambiental. Que los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se desentiendan de las limitantes técnicas que impone la Dirección de Geología y Minas para el desarrollo de una actividad minera, constituye, en criterio de este Tribunal, una desatención injustificada de las normas que procuran garantizar el desarrollo sostenible. Si se permitiese el examen sobre cualquier otro marco no prefigurado por la Dirección de Geología y Minas, ello implicaría una forma de obviar las limitaciones técnicas impuestas por esta, de igual manera que lo significaría el que la Dirección, a la hora de otorgar una concesión, no revisase los términos en que la Secretaría otorgó una viabilidad ambiental. En materia de la protección del ambiente en relación con la actividad minera, ninguno de esos dos órganos puede dejar de lado lo decidido por el otro. En el caso particular del acuífero inferior, la gestión hecha por Industrias Infinito en el 2007 y aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el 4 de febrero de 2008, mediante la resolución Nº 170-2008-SETENA, constituye una actuación ilegal, pues implica la vulneración de las condiciones técnicas establecidas en el oficio DGM-DC-2085-2001. Pero no sólo eso, sino que al procurarse la intercepción de un acuífero que expresamente se trataba de proteger por parte de la Dirección de Geología y Minas, esta actuación de Industrias Infinito, aunada a la ligereza de los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, constituye, ante los ojos de este Tribunal, un fraude de ley. Esta figura está contemplada en el artículo 5 de la Ley número 8422 del 14 de septiembre de 2004 (publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 212 del 29 de octubre de 2004) que es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El fraude de ley se configura cuando se realiza una conducta al amparo de un texto normativo, pero para perseguir un resultado que no se conforma con los fines públicos y el ordenamiento jurídico. En el presente asunto, está claro para este Tribunal que, aún cuando se invoquen razones como la variación del precio del oro, lo cierto es que desde el inicio se contempló la intercepción del acuífero inferior, pues ello era necesario para extraer todo el oro que planeaba explotar Industrias Infinito. Pero ese plan se encontró con el obstáculo de que en aras de proteger el recurso hídrico, la Dirección de Geología y Minas estableció como límite de extracción, la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, considerando que el acuífero inferior se encuentra aproximadamente entre los cincuenta y cincuenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Así, aunque no objetó esa limitación ante la Dirección indicada, Industrias Infinito optó, en el 2002, por presentar estudios de impacto ambiental y por pedir la viabilidad ambiental, anunciando a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que extraería oro sólo de la saprolita, lo que implicaba obviar el acuífero inferior. Pero habiendo obtenido la viabilidad ambiental en el 2005 para la extracción de saprolita, en el 2007 volvió al plan original, que sí contemplaba la intercepción del acuífero inferior. Este plan había sido anunciado ante la Dirección de Geología y Minas desde el 2000 y estaba estructurado en etapas, todas componentes de un solo proyecto, tal como lo indicaron en juicio Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y José Francisco Castro Muñoz. Pero a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Industrias Infinito presentó, como si fuera todo el proyecto, lo que en Geología y Minas era sólo la primera etapa: la extracción de saprolita. Y luego de asegurar esa viabilidad ambiental para extraer saprolita, presentaron la mal denominada modificación, que no era otra cosa que volver al plan presentado originalmente en el 2000. Con esto último, Industrias Infinito evidentemente lo que buscaba era superar el escollo que le significaba la limitación técnica impuesta en el oficio DGM-DC-2085-2001 para así poder interceptar el acuífero inferior y extraer todo el oro que deseaba. Y para poder burlar esa limitación, Industrias Infinito se valió de la posibilidad que normativamente tiene de pedir modificaciones a la viabilidad ambiental. Es decir, utilizó una disposición normativa para lograr un resultado no conforme a la satisfacción de los fines públicos ni del ordenamiento jurídico, lo que considera este Tribunal que constituye un fraude de ley. Y la determinación de esa actuación fraudulenta por parte de la empresa se ve reforzada por el hecho de que durante el debate, el hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada fue confrontado con los diagramas que él mismo confeccionó y que son visibles a folios 3338 y 3340 del tomo XVII del expediente técnico de la Dirección de Geología y Minas. Al tenerlos a la vista, el referido testigo perito fue claro al señalar que los mismos indican la elevación en metros sobre el nivel del mar, así como que los había confeccionado en el año 2000. Explicó también por qué es importante indicar la elevación en la medida dicha y también estableció que ello difiere del concepto de profundidad, expresando que elevación y profundidad no son nociones coincidentes. Lo importante es que luego de expresar todo lo anterior, se le mostró al testigo el documento identificado como Anexo 7 y que se observa de folio 130 a folio 137 del tomo correspondiente al oficio DM-249-2009, del 27 de febrero de 2009, mediante el cual el entonces Ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora, rindió un informe de ampliación de argumentos de descargo en relación con el proceso de amparo 08-014068-0007-CO, que culminó con el dictado de la sentencia 2010-06922 de la Sala Constitucional. Lo que interesa destacar es que ese Anexo 7, titulado "Resumen de las condiciones hidrogeológicas y de los efectos esperados en el proyecto minero Crucitas" fue elaborado por el testigo perito ya mencionado, es decir, por el propio Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, pero lo que llama la atención es que en el mismo (véase en particular el folio 132), ese profesional consigna que el acuífero inferior "se ubica a profundidades mayores a 50 m bajo el suelo en el área del proyecto" (negrilla y subrayado son suplidos) y luego afirma que el "agua afloraría al alcanzar la cota topográfica de 73 metros bajo el nivel del suelo (mbns)" (la negrilla y el subrayado no son del original). Al leer el documento durante la audiencia, el hidrogeólogo Rodríguez Estrada fue claro al indicar que el mismo contenía un error, pues se hablaba de profundidades y de metros bajo el nivel del suelo, cuando antes, él mismo había indicado que lo correcto era hablar de elevación y de metros sobre el nivel del mar. Cuestionado sobre el error y sus consecuencias, el propio declarante expresó que ambas medidas no son coincidentes y que confundirlas podría inducir a equívocos. Interrogado sobre si realizar la extracción tal como él la describe en el Anexo 7 (es decir, partiendo de la idea de profundidad y de metros bajo el nivel del suelo e interceptando el acuífero inferior) significaría rebasar el límite técnico fijado por la Dirección de Geología y Minas en setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, el deponente se limitó a responder que la extracción que él describe en ese documento sí implica alcanzar el nivel piezométrico del acuífero inferior, o lo que es lo mismo, que sí se interceptaría el referido acuífero. Como se ve, el ex Ministro Dobles Mora aportó, para ser presentado ante la Sala Constitucional (que fue inducida a error sobre el punto), un documento aparentemente científico en el que se expone como viable la intercepción del acuífero inferior, en el que se utiliza equivocadamente la noción de profundidad y una medida en metros bajo el nivel del suelo, cuando lo correcto científicamente, según lo narró el propio profesional que elaboró el documento (en lo cual coincide con el criterio expuesto por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y por el geólogo José Francisco Castro Muñoz), era indicar la elevación en metros sobre el nivel del mar. Y lo importante de este supuesto error por parte del hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada es que esa medida de profundidad indicada en el Anexo 7, es coincidente con la idea de profundidad que manejó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución número 170-2008-SETENA (visible de folio 4152 a 4157 el tomo X del expediente administrativo de la Secretaría indicada), en la que se mencionó en el Considerando segundo, la necesidad de excavar "a profundidades promedio de 67 m" (obsérvese en particular el folio 4155 en el tomo indicado del expediente referido). En ese sentido, es fácil apreciar cómo la confusión entre las nociones de profundidad y elevación fue uno de los factores que hicieron posible el otorgamiento de la viabilidad ambiental a los cambios propuestos al proyecto, obviando y desconociendo así la limitación técnica establecida por la Dirección de Geología y Minas desde el 2001 y que consiste en limitar la extracción hasta la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, lo que a su vez implica interceptar el acuífero inferior en contra de las disposiciones técnicas de la mencionada Dirección. Y la intención de Industrias Infinito de inducir a error a la Administración sobre el tema de comentario, se hace aún más evidente si se considera que la intercepción del acuífero inferior resulta algo esencial para el desarrollo del proyecto minero Crucitas, pues se contaba con el agua derivada de dicha intercepción, la cual sería bombeada a la laguna de relaves o de colas (que es un componente indispensable del proyecto) y, además, se previó que con la intercepción de ese acuífero inferior, una vez finalizada la extracción, el agua permitiría la creación de un lago (el denominado lago Fortuna), que ha sido presentado como uno de los legados positivos que dejaría el proyecto minero e incluso se ha anunciado que la comunidad podría explotar el nuevo lago. Es decir, siempre ha contado la empresa con la intercepción del acuífero inferior, lo cual evidencia que Industrias Infinito no ha procurado ajustarse a la condición técnica contenido en el oficio DGM-DC-2085-2001 y en ese sentido es que se aprecia el fraude de ley que se ha intentado al presentar en el 2007 ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental supuestos cambios al proyecto que en realidad, estaban contemplados en el plan original presentado desde el 2000 ante la Dirección de Geología y Minas. La importancia técnica del tema del acuífero inferior es, como se indicó, evidente, pues sin ello, el proyecto minero Crucitas no puede desarrollarse como la empresa lo ha previsto. Sobre esto, cabe decir, finalmente, que aún cuando en sus conclusiones la representación de Industrias Infinito argumentó que esa compañía simplemente se sujetaría a la cota límite para la extracción, lo cierto es que esa es una manifestación simplista y sin ningún sustento, pues no sólo la documentación evidencia que Industrias Infinito planea hacer justamente lo contrario a lo que aquí indicaron sus abogados, sino que también la propia profesional que fungió como regente ambiental del proyecto de 2007 hasta el 2010, la geóloga Sandra Arredondo Li, manifestó de viva voz cómo piensan utilizar el agua del acuífero inferior, resultando entonces completamente falso que Industrias Infinito pretenda respetar el límite de extracción que conoce desde el 2001, sea la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Por todo lo anterior, independientemente de otras razones que se exponen en la presente sentencia, considera este Tribunal que la resolución número 170-2008-SETENA es absolutamente nula, toda vez que carece de la adecuada fundamentación, así como de motivo lícito, en el tanto obvió la limitación técnica establecida en el oficio DGM-DC-2085-2001 de la Dirección de Geología y Minas y avaló los cambios propuestos al proyecto, los cuales era legalmente imposible siquiera examinar dada la condición técnica aludida. Y, a su vez, dado que la resolución 170-2008-SETENA era esencial para el dictado de la resolución R-217-2008-MINAE, al ser nula la primera, la segunda también deviene nula y así deben declararse ambas.

 

XX- SOBRE EL USO DE MAQUINARIA PESADA.

En cuanto a este punto, la testigo Sandra Arredondo Li (regente ambiental) manifestó que el uso de quebradores estaba previsto desde el diseño inicial del proyecto, y explicó que ello se debía a que si bien la capa de saprolita es mayormente suelo arcilloso, en esa capa también pueden haber bloques de piedra que sería necesario quebrar, y en el mismo sentido se refirió el testigo Eduardo Murillo Marchena (Ingeniero Forestal funcionario de SETENA). Sobre este particular el Tribunal encuentra que no existe mayor controversia, y por lo tanto, procede a desestimar los argumentos esbozados sobre este tema.

 

XXI- SOBRE EL USO DE EXPLOSIVOS.

En este tema los testigos expertos Sandra Arredondo Li (regente ambiental) y Eduardo Murillo Marchena (Ing. Forestal de SETENA) se refirieron indicando básicamente que los estudios  presentados por la empresa sí preveían el uso de explosivos para la actividad extractiva. El testigo experto Adrián Salazar Cyrman (Geólogo), quién declaró exclusivamente sobre esta temática, indicó que dos semanas antes de rendir su declaración había leído el Estudio de Impacto Ambiental, exclusivamente en lo que se refiere al uso de explosivos. Al testigo se le mostró el documento “Evaluación de Cambios Propuestos”, y luego de revisarlo en el tema de interés, dio su opinión favorable haciendo alusión a la corrección en aspectos tales como la zona de protección fijada, y los protocolos de transporte y seguridad. Sobre este particular, el Tribunal encuentra que si bien la declaración del testigo Adrián Salazar Cyrman fue contundente en establecer que los estudios de la empresa garantizan un adecuado manejo del uso de explosivos, su testimonio no tiene la virtud de sustituir el análisis técnico que omitió verter la Administración al momento de evaluar la propuesta de cambios. Como se desprende de la resolución N° 170-2008-SETENA, y del informe ASA-013-2008-SETENA, el tema de los explosivos no fue analizado por SETENA, y consecuentemente se reproducen los vicios apuntados anteriormente.

 

XXII- SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL CIANURO.

En relación con este tema, el testigo Eduardo Murillo Marchena, funcionario de SETENA, manifestó que los estudios de la empresa preveían una cantidad de cianuro de una parte por millón y que eso estaba por debajo de que lo que la norma establece. Aludió a que el estudio de la empresa estaba avalado por un Ingeniero Químico. También indicó que el proceso de destrucción de cianuro estaba previsto en el primer estudio utilizando una tecnología INCO, y que con la propuesta de cambio se pasó a una tecnología más eficiente (Cyplus). Por su parte, la testigo Sandra Arredondo Li, regente del proyecto, describió el proceso cianuración en el material molido para la obtención del oro, el proceso de destrucción del cianuro en una planta específica y que el material procesado como en el no procesado se sumerge en la laguna de relaves, a la que también se envía el agua con cianuro pero en bajos niveles. Finalmente, el testigo Orlando Bravo Trejos, Químico, manifestó que revisó únicamente la documentación que le suministró la empresa Industrias Infinito y que lo contactaron en el mes de agosto de este año. Describió el proceso de destrucción del cianuro, manifestó que con la tecnología nueva se destruye el cianuro y que los niveles de este componente en el agua luego del proceso eran muy bajos y no son peligrosos, los cuales se terminan de degradar naturalmente en la laguna de relaves. Indicó que con esta concentración de cianuro no se producirá “lluvia cianhídrica” ni habrá gases cáusticos. Pues bien, sobre este tema el Tribunal estima que si bien la declaración del testigo Orlando Bravo fue clara en punto a establecer que los estudios de la empresa garantizaban un manejo adecuado del cianuro en el procesamiento de material y que las concentraciones de esa sustancia no representarán peligro en la laguna de relaves, su testimonio no tiene la virtud de sustituir el análisis que sobre este particular debió emitir SETENA al momento de evaluar los cambios propuestos. En la resolución N° 170-2008-SETENA, y en el informe ASA-013-2008-SETENA, se omitió analizar rigurosamente los estudios presentados por la desarrolladora respecto de este tema técnico, así como sus impactos y medidas de mitigación, y simplemente se indica que habrá un proceso de lixiviado con cianuración, que la empresa se comprometió a utilizar la nueva tecnología CYPLUS (INCO mejorado), y que se prevé la degradación natural de ese componente en la laguna de relaves. Como se observa, la Administración omitió hacer un análisis técnico de este tema, y no es admisible que los codemandados, a través de un testigo experto, pretendan sustituir esa función propia de la competencia de SETENA en este proceso, vaciando de contenido el ejercicio de sus potestades legales. Consecuentemente, se reproducen los vicios apuntados en esta sentencia, tal y como se señaló antes.

 

XXIII- SOBRE LA LAGUNA DE RELAVES.

En punto a este tema, el testigo Allan Astorga Gatgens (Geólogo) manifestó que la laguna de relaves (también llamada represa de colas) tiene un área de 140 hectáreas, y que en ella se va a depositar la roca molida a la cual se le ha extraído el oro. Indicó que ese material es peligroso porque contiene cianuro, lo cual representa un peligro para las cuencas de la zona, como por ejemplo el Río San Juan. Señaló que podría haber una falla geológica debajo de esta represa, y que esto puede generar la ruptura del suelo de la laguna. Aludió que se requieren más estudios sobre la sismicidad en la zona. La testigo Yamileth Astorga Ezpeleta (Bióloga Marina) manifestó que no se contempla quién va a asumir el mantenimiento de los equipos para el control de esa laguna, después de la etapa de cierre. Adujo que en la represa van a depositarse materiales con metales pesados, y que esto podría afectar al Río San Juan, por riesgo de rompimiento del dique. El testigo Carlos Quesada Mateo (Ingeniero Civil) indicó que existe un riesgo en la estabilidad de la represa de relaves por las condiciones climáticas del país. Señala que se podría dar una ruptura por saturación de suelos producto de períodos de precipitación severos, o bien un desbordamiento de las aguas superficiales. El testigo Eduardo Murilllo Marchena (Ingeniero Forestal funcionario de SETENA) indicó que en el anexo al Estudio de Impacto Ambiental se analizaba el tema de la amenaza sísmica, y que en ese estudio se determinó que la zona es de baja sismicidad. Señaló que en los estudios se modelaron las posibles catástrofes, como por ejemplo el impacto por ruptura de la laguna y en caso de sismo, la medida de mitigación consistía en la recolección de sedimentos en la confluencia con la Quebrada Mina. Adujo que la laguna de relaves se llenaría con agua proveniente de la Quebrada Mina y luego por sistema de bombeo. La testigo Sandra Arredondo Li (regente ambiental) señaló que la empresa se comprometió a realizar un monitoreo permanente de la laguna de relaves, y contemplaba protocolos para el manejo de sustancias peligrosas, para el manejo de desechos peligrosos y para el manejo de aguas. Finalmente, el testigo Walter Montero Pohly (Geólogo experto en sismología y neotectónica) indicó que en la zona del proyecto no existe una falla activa que atraviese el lugar, descartó que existan lineamientos que sugieran la existencia de una falla en ese sector y señaló que Crucitas se ubica en la zona de menor amenaza sísmica de Costa Rica. Sobre este particular, el Tribunal encuentra que existen criterios técnicos y científicos que son contradictorios, en el tanto unos expertos descartan los riesgos que representa la laguna de relaves para el ambiente, mientras que otros expertos plantean riesgos respecto de este componente que requieren ser mejor analizados a través de mayores estudios. Esta situación refleja que en el tema de la laguna de relaves, existe contrariedad de criterios sobre la inocuidad de la actividad humana para el medio ambiente, y en tal caso, la decisión de la Administración no podía ir dirigida a aprobar la solicitud de cambios al proyecto presentada por la empresa, porque ello era violatorio del principio precautorio. Sin embargo, como ya se ha explicado reiteradamente, en este caso la SETENA omitió realizar un análisis técnico que tomara en cuenta todos los anteriores aspectos, y esta circunstancia vicia de nulidad absoluta la resolución N° 170-2008-SETENA en los términos ya expuestos en los anteriores considerandos.

 

XXIV- SOBRE EL DIQUE.

En relación con este punto no existió mayor discusión de acuerdo con las declaraciones vertidas por los testigos expertos en este debate. Consta que, únicamente la testigo Sandra Arredondo explicó la estructura del dique para la conformación de la laguna de relaves, refiriendo el tipo de materiales que se utilizarían. De los demás testimonios no se extraen elementos polémicos en cuanto a este componente específico del proyecto, por lo que se omite pronunciamiento sobre este particular.

 

XXV- SOBRE EL POTENCIAL DE DRENAJE ACIDO.

En punto a este tema, los testigos Allan Astorga Gatgens (Geólogo) y Yamileth Astorga Ezpeleta (Bióloga Marina), afirmaron que como consecuencia del incremento en la profundidad  de la extracción en la zona de los tajos, va a quedar expuesta la “pirita” y que ésta al entrar en contacto con el agua y el oxígeno genera ácido sulfúrico, lo cual representa un riesgo de contaminación porque ese componente puede drenar hacia los acuíferos. Por su parte, la testigo Sandra Arredondo Li (regente ambiental) manifestó que la saprolita no tiene potencial de drenaje ácido. En el caso de la roca dura mencionó que para poder determinar su potencial de drenaje ácido, se hicieron “perforaciones diamante” para obtener núcleos de la piedra y luego se analizaban. Señaló que los estudios de la empresa demostraron que el potencial de drenaje era bajo. Indicó que el mecanismo que se va a implementar para eliminar el drenaje ácido consiste en sumergir el material bajo el agua (2 metros). Recalcó que para el control de la acidez del agua de la laguna de relaves se tiene como medida de mitigación agregar cal. El testigo Orlando Bravo Trejos (Químico) explicó que el sulfuro que contienen las rocas al estar enterradas no están en contacto con el oxigeno, pero en el momento en que se esto ocurre se oxida y se produce el ácido sulfúrico, provocando lo que se conoce como drenaje ácido. Indicó que las medidas que se pretenden implementar para controlar el drenaje ácido, tales como colocar las rocas procesadas bajo el agua y utilizar cal para la evitar la acidez del agua, son adecuadas, pues se lograría un proceso de neutralización. Pues bien, respecto de este tema, el Tribunal encuentra que la posición de los testigos de los demandados fue contundente, haciendo ver que el riesgo de drenaje ácido es fácilmente controlable y no representa mayor dificultad. Sin embargo, aún cuando lo anterior implicaría desestimar los argumentos de los actores en cuanto a este reproche, tenemos que recordar que en este caso la SETENA omitió realizar un análisis técnico sobre este tema concreto, y por ende la resolución N° 170-2008-SETENA se encuentra viciada de nulidad en los términos expuestos reiteradamente. A mayor abundamiento, es necesario indicar que el estudio aportado por Industrias Infinito en relación con el tema del drenaje ácido, independientemente de que fue presentado en inglés (aspecto que no reviste mayor relevancia, pues luego se aportó la traducción libre del mismo al castellano), sí presenta un problema esencial y es que se trata de un borrador (o draft) que fue elaborado como algo preliminar y que incluso contiene oraciones incompletas en que la información faltante se suple con líneas de X. Así, aunque el representante de Industrias Infinito manifestó que fue DEPPAT la que utilizó esa información para elaborar el estudio de impacto ambiental, lo cierto es que fue la empresa demandada la que presentó ese estudio ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por lo que es Industrias Infinito la que debe asumir las consecuencias de su proceder, independientemente de cómo decida proceder en relación con DEPPAT.

 

XXVI- SOBRE EL ÁREA DE TAJOS.

En cuanto a este aspecto resulta claro que el diseño o propuesta original del proyecto preveía la extracción en los cerros Botija, Fortuna y Fuentes, lo cual se puede constatar en el Estudio de Factibilidad presentado ante Geología y Minas en el año 1999, y su Anexo, mismos que constan en los tomos 1 y 17 del expediente técnico de Geología y Minas. En el año 2007 la empresa codemandada presentó una propuesta de cambios ante SETENA, y en ella se redujo el área de extracción a dos cerros: Botija y Fortuna. Este tema por sí mismo no es polémico por lo que se omite pronunciamiento sobre el mismo.

 

XXVII- SOBRE EL CIERRE TÉCNICO.

En relación con este tema, no hubo mayor discusión a través de la prueba testimonial pericial, sin embargo, los demandados sustentaron la tesis de que esta fase se inicia antes de que comience el proyecto, y que la misma requiere de adaptación durante la fase de operación, debiendo ajustarse a las circunstancias que se van produciendo. Sostienen que la empresa tiene el compromiso de proponer soluciones que deberán ser valoradas por los órganos técnicos involucrados, y además que habrá un constante monitoreo de seguimiento de las variables ambientales. Argumentan que las garantías ambientales se mantienen hasta la fase de cierre técnico. Hacen ver que existe una diferencia entre el cierre técnico y el cierre de la fuente, regulado en el artículo 133 del Reglamento al Código de Minería. Pues bien, sobre este tema los actores no esbozaron mayor argumentación, por lo que procede desestimar los argumentos formulados en relación con este aspecto.

 

XXVIII- SOBRE EL ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO.

 En el presente caso, mediante resolución número 119-2005-SETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental había requerido a Industrias Infinito presentar como anexo diversas observaciones sobre el aspecto social del proyecto minero Crucitas, para así poder realizar el análisis costo-beneficio que permitiría determinar la viabilidad ambiental del mismo. Sin embargo, en la resolución número 3638-2005-SETENA, dicha dependencia, pese a mencionar que Industrias Infinito presentó el referido anexo, no realizó ni una sola valoración sobre la documentación presentada por la empresa. Lo único que se indicó, sobre todos los anexos en general, mas nunca sobre el particular relativo a lo social, es que se cumplía con los términos de referencia y los requerimientos técnicos. Pero esa afirmación está aislada, carece de toda fundamentación, pues no se expone un solo argumento que la sustente. Así, nunca se dice por qué se estima que se cumplieron todos los requisitos, ni en qué sentido se tienen por cumplidos. Además, no se expresa en ningún apartado de la resolución 3638-2005-SETENA de qué manera se estiman mayores los beneficios sociales que los costos ambientales. Luego, en la resolución número 170-2008-SETENA, lo único que se indica como beneficio social es la realización de cursos en asocio con el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero se obvia el hecho de que la realización en el sitio de ese tipo de actividades de capacitación no depende exclusivamente de la presencia de la compañía minera. También se menciona donaciones a la escuela de Crucitas, dejándose de lado que el mantenimiento de la misma tampoco está indosolublemente asociada al desarrollo del proyecto minero. En ese sentido, no se aprecia cómo esos beneficios sociales se pueden calificar como consecuencia necesaria de la actividad de Industrias Infinito, ni tampoco -y esto es más importante- se explica en qué sentido estos aspectos positivos -los cuales este Tribunal no desconoce- son más importantes que el impacto ambiental de la actividad minera. Además, aunque la testigo perito Sonia Lidia Cervantes Umaña declaró, en su condición de socióloga, que la zona es muy deprimida económicamente y que el proyecto constituiría una fuente de trabajo para aproximadamente ciento cincuenta o doscientos cincuenta personas (según se extraiga sólo saprolita o también roca dura), así como también refirió la expectativa de que el desarrollo de la actividad minera atraiga otras empresas a la zona, lo cierto es que no se refirió a la naturaleza transitoria del proyecto minero, de manera que no se puede asegurar que llevar a cabo el proyecto necesariamente genere los resultados que se esperan. Además, tampoco se ha explicado por qué se requiere -como condición indispensable- el desarrollo de la mina para que esas inversiones en lo social se den. Por ello, no hay seguridad alguna de que una vez concluido el proyecto minero, lo que hoy se presenta como grandes beneficios vaya a perdurar. E igualmente importante, no explicó la referida profesional de qué manera es que se puede tener ese resultado incierto como algo más valioso que el impacto ambiental que con seguridad produciría la actividad minera, si llegara a llevarse a cabo, lo cual evidencia la carencia de sustento de las decisiones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la materia (tema que es distinto al del fundamento del decreto mediante el cual se declara de conveniencia nacional al proyecto, el cual se aborda en otro apartado de esta sentencia). Así las cosas, las referidas resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental carecen de motivación y motivo en lo que respecta a la valoración del componente social, lo que incide en una inadecuada determinación del balance costo-beneficio del proyecto minero Crucitas y, por ello, devienen nulas, pues ese es un aspecto esencial que debe ser considerado en el otorgamiento de viabilidad ambiental. Esto último es lo que determina la improcedencia de las alegaciones de Asocrucitas, pues aún cuando las expectativas que tienen los trabajadores que integran esa asociación son comprensibles, lo cierto es que el desarrollo de la zona y la mejora de sus condiciones existenciales no depende necesariamente del desarrollo del Proyecto Minero Crucitas, sino que la atracción de otro tipo de empresas mediante la mejora de caminos, de servicios, y mediante la elevación de las capacidades laborales de los habitantes del área puede ser llevada a cabo por el Estado sin necesidad de la participación de Industrias Infinito.

 

XIX- SOBRE LA FALTA DE FIRMA DE UN INGENIERO QUÍMICO EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO.

Sobre este tema, de decirse que en este asunto ha quedado demostrado que los diagramas de flujo que describían el proceso químico del proyecto, carecían de la firma y el sello del Ingeniero Químico encargado del proceso. Tal circunstancia fue confirmada por el testigo Orlando Porras Mora (Ingeniero Químico) quién tuvo a la vista las láminas que constan en el tomo I del estudio de impacto ambiental. Los diagramas de flujo fueron confeccionados por la empresa en el año 2002, por lo tanto, debían cumplir el requisito que señalaban los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 6038, mismo que no fue desvirtuado por los demandados, aún y cuando se haya invocado un Decreto N° 35695-MINAET que fue publicado en el mes de enero del 2010, pues aquel requisito era exigido por la Ley vigente para el momento en que se elaboraron las láminas referidas. Los planos aportados por la representación de Industrias Infinito como prueba para mejor proveer no tienen la virtud de subsanar este defecto, pues en su momento fue omitido el requisito mencionado y así fue aprobado por la SETENA, violación que afectó la resolución N°3638-2005 y 170-2008-SETENA por omitir en su valoración el cumplimiento de la disposición legal del Colegio de Ingenieros Químicos, que tenía una incidencia de fondo en el tanto los diagramas de flujo contenían información sensible como los balances de masa y energía, aspecto que tampoco lograron desvirtuar los accionados en este proceso.

 

XXX- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Durante la etapa de recepción de prueba testimonial pericial, la representación de Industrias Infinito formuló preguntas sobre la atracción de inversión extranjera, tema que fue retomado en la etapa de conclusiones, cuando se hizo alusión al Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá (ley número 8286) y al Acuerdo con Canadá sobre promoción y protección recíproca de inversiones (ley número 7870). Sobre el tema, es necesario solamente indicar que dado el ámbito competencial diferenciado entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa, no puede generarse ninguna inseguridad por el hecho de que en una no se encuentren vulneraciones de derechos fundamentales y en otra se encuentren ilegalidades de las actuaciones administrativas. En ese sentido, lo resuelto en esta sede no contradice en nada lo establecido por la Sala Constitucional, toda vez que éste Tribunal y esa Sala emiten sus pronunciamientos en procesos con objetos diferentes, como ya se explicó. Además, todo empresario o inversionista, nacional o extranjero, tiene la certeza de que si cumple con los requisitos normativos, podrá llevar adelante su actividad, pero que, si no los cumple, no podrá desarrollarla. En ese sentido, esta sentencia sólo viene a reforzar la certeza de los empresarios e inversionistas sobre a qué deben atenerse. No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá.

 

 

XXXI- SOBRE LAS CONNOTACIONES POLÍTICAS O IDEOLÓGICAS DE ESTE PROCESO.

Industrias Infinito ha insistido en que el presente es un juicio de Derecho, que no puede ser decidido conforme a las posiciones ideológicas o políticas en conflicto. En relación con ese argumento, sólo puede decirse que lleva razón la empresa demandada y que es precisamente en estricta observancia del ordenamiento jurídico costarricense que se ha determinado la ilegalidad de diversas conductas administrativas.

 

XXXII- SOBRE EL PRINCIPIO DE VERDAD REAL Y EL DEBIDO PROCESO

Los demandados plantean que en el debate se incurrió en un abuso del principio de verdad real. Sobre el particular, no puede aplicarse rígidamente, ni mucho menos por encima del principio de verdad real, en razón de la naturaleza de los temas que se discuten en esta competencia, que tiene por objeto el control de legalidad de toda la función administrativa. Con todo, este Tribunal debe ser enfático en señalar que en todo momento se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. En ese sentido valga recordar que con el ánimo de evitar generar indefensión a las partes así como resolver cualquier aspecto que pudiera invalidar el proceso o afectar su continuidad, el Tribunal, al inicio del juicio oral y público, le concedió audiencia a todos los sujetos intervinientes, a efecto de que en ese momento procesal manifestaran lo que estimaran pertinente, no obstante, ninguna de las partes indicó la existencia de vicios o defectos capaces de producir nulidad o indefensión. Asimismo, se debe tener presente que en este proceso fueron resueltas las gestiones previas al juicio, se escuchó a las partes en su alegato de apertura, se concedió audiencia sobre los hechos nuevos formulados, se recibió prueba y contraprueba de esos hechos, se concedió audiencia cuando se proponía prueba para mejor proveer y se hizo pronunciamiento sobre esa prueba, se permitieron amplios interrogatorios durante el debate, se escucharon las objeciones a las preguntas, se resolvieron esas objeciones, se permitió incorporar la prueba documental a través de los testigos expertos, se resolvieron los recursos de revocatoria interpuestos durante el debate, se otorgó un tiempo razonable de un día para que las partes esbozaran sus conclusiones, se otorgaron los recesos necesarios durante los interrogatorios y las conclusiones, y en general, el Tribunal en todo momento procuró mantener el equilibrio procesal, la buena fe procesal y la transparencia de las actuaciones, todo ello en cumplimiento de los principios de la oralidad, la concentración de los actos y el contradictorio como instrumentos para la averiguación de la verdad real de los hechos, tal y como lo ordena el artículo 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

XXXIII- SOBRE EL MANEJO DE LOS HECHOS Y LAS CONCLUSIONES

En este asunto los demandados han cuestionado con inusitada insistencia los hechos y las conclusiones que han formulado sus contrapartes. Sobre ese particular no cabe más que indicar que no existe ninguna norma en nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo que obligue a las partes y al Juez a ajustar los interrogatorios de los testigos, testigos peritos y peritos, a la formulación fiel y exacta de los hechos tal cual fueron formulados en las respectivas demandas y contestaciones. Por la propia dinámica de las audiencias orales, resulta más que lógico y razonable que durante los interrogatorios las partes no se apeguen en estricto a la formulación de sus hechos, máxime en asuntos como el presente en que se debaten y discuten temas de carácter ambiental que requieren de amplia indagación para su correcta determinación. Y lo mismo debe decirse respecto de las conclusiones que pueden verter las partes al finalizar la etapa de juicio, siendo que el único control que debe ejercer el Juez lo es en función de no permitir que durante esa fase se realicen acciones  o se introduzcan elementos de carácter probatorio, por existir un momento específico para ello. Se insiste que no existe norma en el Código Procesal Contencioso Administrativo que obligue a las partes a concluir exclusivamente sobre la base de lo planteado en la etapa escrita del proceso, interpretación que no solo es absurda sino que atenta contra todo modelo de justicia basado en el principio de la oralidad, dejándolo sin efecto. El límite del proceso lo definen las pretensiones, de manera que una actuación, una pregunta o una conclusión que no varíe la pretensión, no puede generar ninguna nulidad o indefensión, pues finalmente los hechos y el derecho los define el Juez en la sentencia. En realidad, cuestionamientos como estos evidencian intentos de obstaculizar lo que realmente interesa en cualquier proceso contencioso administrativo, que es sin duda la averiguación de la verdad real, principio de máximo valor que permite al Juzgador hacer efectivo el sometimiento de todos al Imperio de la Ley.

 

XXXIV- SOBRE LOS TESTIGOS ESCUCHADOS EN EL DEBATE

Los demandados y su coadyuvante cuestionan la calidad de los testigos peritos de los actores, indicando su declaración no estaba fundamentada en un informe previo, que emitieron criterios sin sustento, alarmistas y que ninguno estuvo presente en la zona del proyecto, todo lo cual, en su criterio, afectó la credibilidad de los deponentes propuestos por los accionantes. Al respecto el Tribunal encuentra que tales cuestionamientos son infundados y los rechaza. La contundencia, credibilidad y la pertinencia de la prueba la valora el Juez conforme a las reglas de la sana crítica, y en este asunto todos los testigos expertos que rindieron su testimonio en este juicio oral y público, fueron debidamente acreditados por el propio Tribunal y por las partes, encontrándose que todos ellos, tanto los de los actores como los de los demandados, resultaron ser expertos calificados en sus correspondientes disciplinas, y expusieron con toda claridad sus criterios técnicos en cada una de las temáticas, razones que se estiman suficientes para tomar en cuenta sus manifestaciones en este proceso.

 

XXXV- SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país (...). Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidad  y sanciones correspondientes "

 

En nuestra Constitución Política, el artículo 50 contiene varios presupuestos,  que deben ser afrontados en el examen de legalidad que realiza este Tribunal respecto a las pretensiones de los actores, de daños y perjuicios causados con las conductas que se arguyeron de nulas en este proceso; La legitimación de quien acciona, y reclama el daño, que el Estado debe garantizar ese derecho, y que previo examen conforme a la ley se determine la existencia de responsabilidad y las consecuentes sanciones.

 

Sobre la legitimación que se ostenta para sustentar las pretensiones:

 

Sobre la actora Apreflofas, Asociación preservasionista de Flora y Fauna silvestre, aduce el sufrimiento de un daño moral, "debido a la frustración de ver la destrucción de crucitas",  y los liquida en la suma de doscientos mil colones.

 

En cuanto a los daños morales respecto a las personas jurídicas,  existen numerosas resoluciones tanto de Sala Primera como del Tribunal Contencioso que desarrollan el tema, y nos permitimos citar la número 36-2010, de la sección VIII se este Tribunal, en el que informa:

 

"II.3)- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL DAÑO MORAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS: El daño moral , se divide en daño moral subjetivo y daño moral objetivo. En cuanto al subjetivo se refiere al daño extrapatrimonial, incorporal, causado al individuo que afecta los bienes inmateriales de la personalidad, como la libertad, honestidad, buen nombre, la salud, el honor, la psiquis, la integridad física, la intimidad. Se refiere entonces a la tristeza, dolor, sufrimiento físico o psíquico, angustia, zozobra, inseguridad, aflicción, desánimo, pérdida de la satisfacción de vivir, desesperación, causado por el hecho dañoso. En lo tocante al daño moral objetivo , es aquél, que lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, generando consecuencias económicamente valuables (Ver en ese sentido la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992) y corresponde al gestionante probarlo, acreditando en autos que gastos o pérdidas sufrió producto de la afectación moral, y en cuanto al daño moral subjetivo, basta para demostrar el mismo una simple presunción de hombre y el juez como perito de peritos está en capacidad de determinar su monto."

 

Sobre el daño moral pretendido, conforme a las manifestaciones esbozadas en la demanda, refieren concretamente a un daño moral subjetivo , alegando una frustración al ver la destrucción de crucitas,  debe tenerse claro, que por tratarse de una persona jurídica, el daño moral que pudiera pretenderse es el objetivo, no el subjetivo.  El objetivo se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, cuando se genera consecuencias económicamente valuables -el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela-, lo que se traduce en que puede y debe ser cuantificado, y es dable distinguirlo del daño moral subjetivo o de afección. Esta conceptualización, tiene por objeto, deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Del análisis de las pretensiones alega  la parte actora un sufrimiento, - daño moral subjetivo-,  el cual no es admisible en personas jurídicas, ya que ese tipo de daño  refiere al fuero interno de la persona física, el dolor, la preocupación, el desanimo, la afectación emocional, todos estos producidos por un hecho, inherentes al ser humano, emociones que no puede sufrir una ficción jurídica. Estas no pueden verse afectadas en su ámbito subjetivo, pues no son titulares de emociones ni sufrimiento. Conforme a lo anterior, la actora Apreflofas como persona jurídica carece de  la legitimación necesaria para reclamar el daño moral subjetivo, tan solo puede reclamar el daño moral objetivo, pero no es éste el daño que se reclama en este caso,  por lo que la defensa  de falta de legitimación activa,  concretamente sobe los daños, debe ser acogida.

 

En  el caso de Jorge Lobo.

 

El primer elemento de análisis debe ser en torno a la legitimación que ostenta el actor Jorge Lobo, respecto de sus pretensiones indemnizatorias de daños y perjuicios  provocados con las conductas impugnadas.  Conforme a la supra citada norma constitucional, toda persona se encuentra legitimada para denunciar el daño ambiental y reclamar su reparación, la tutela del ambiente cuenta con una amplia legitimación procesal, al referirse a un derecho de la tercera generación, tratándose de intereses difusos o de acción popular, lo que permite en el primer presupuesto que el ciudadano pueda accionar tanto en su nombre, para requerir una indemnización individual,  así como de accionar en nombre de la colectividad, lo que constituye según la doctrina la reparación del daño ambiental en su estado puro. El daño ambiental colectivo,  puede ser requerido por cualquier persona, en nombre de la colectividad, a fin de lograr la reparación del daño ambiental. Aunado a lo anterior el numeral 10, inciso c) del Código Procesal Contencioso administrativo, establece la legitimación activa, para quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. La Sala Constitucional sobre el punto a dispuesto: 

" En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos. (...) Ese concepto de "intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz.

Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley - como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. (...) De manera que, en tratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular. "

 Voto 2237-96 de la Sala Constitucional, de las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis.

 

El actor Jorge Lobo, en sus pretensiones 3 y 5, solicita la reparación integral de todos los impactos o daños ambientales causados por la adopción de conductas violatorias del ordenamiento jurídico, y su consecuente ejecución,  bajo tal óptica, legitimándose activamente en criterio de este Tribunal bajo un interés colectivo para accionar válidamente en este proceso.

 

Respecto a la procedencia de los daños y perjuicios:

El daño ambiental, afecta la biodiversidad, los ecosistemas y hasta la salud, puede originarse de diferentes fuentes, sin embargo en lo que resulta de interés analizar en este proceso, lo es el generado por intervención del hombre.  Ese daño puede ser provocado individualmente o por una pluralidad, condición ésta última que consecuenta la responsabilidad de cada uno de los agentes que lo provocan o lo hacen posible, puede provenir tanto de conductas particulares o del Estado y sus instituciones, estos últimos por acción u omisión, lícita o ilícita, o bien producirse de una sola conducta o bien de una pluralidad de ellas, efectuadas simultáneamente o a través del tiempo. En nuestro país la flora y los recursos forestales  han sido declarados de interés público, conforme los numerales 1 y 3 de  Conservación de la Vida Silvestre y el numeral 1 de la ley Forestal, que establece como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales.

Para el caso concreto, conforme a los considerandos anteriores, se han declarado nulas las conductas administrativas; resolución número 3638-2005-SETENA, en la cual se otorga la viabilidad ambiental, la número 170-2008-SETENA, en la cual se aprueba la modificación de cambios propuestos en el proyecto, la R-217-2008-MINAE, en la que se otorga la concesión minera, la 244-2008-SCH, dictada por el Sistema Nacional de Áreas de conservación, en la que se aprueba el cambio de uso se suelo, autorizándose la corta y aprovechamiento de especies vedadas, la corta y aprovechamiento de árboles en zonas de protección, en punto la corta de 12391 árboles, en 262.88 hectáreas,  (según la resolución de viabilidad ambiental- cambios propuestos-, 227.6 hectáreas) y el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, en el que se declaró de interés público y conveniencia el Proyecto Minero Crucitas,  consecuencia de lo anterior, resulta indispensable determinar si tales conductas causaron los daños ambientales requeridos por el actor Jorge Lobo. Se tuvo por demostrado en este proceso, que la resolución 244-2008-SCH, autorizó la corta y aprovechamiento de árboles, resolución de la cual se inicio su ejecución en octubre de 2008, concretamente se ejecutó la tala rasa en las zonas a desarrollar el proyecto minero Crucitas, iniciando un viernes suspendiéndose el lunes de la semana siguiente, ( como así lo manifestó en su declaración durante el juicio oral y público, la testigo perito Sandra Arredondo, quien era  la regente ambiental del proyecto), lográndose la tala rasa de gran cantidad de árboles, actuación que se dio por parte de  personas contratadas por Industrias Infinito, y amparada a la resolución 244-2008. Aún cuando no fue posible determinar en el juicio, la cantidad exacta de árboles ni de terreno, ni tampoco la ubicación exacta en el campo, de cual sector del proyecto fue talado, la existencia de dicho daño fue probado durante el proceso, en el tanto la corta fue realizada al amparo de una conducta aquí declarada ilegal, daño que juicio de este Tribunal afectó tanto la flora, la fauna, el paisaje, el suelo, el aire, es decir alterando un ecosistema en sus funciones naturales.  Dicho lo anterior, resta por definir a cual o cuales sujetos procesales del corresponde asumir ese daño ambiental. En los considerandos anteriores, quedó demostrado la participación en los que hechos que aquí se denunciaron, tanto la empresa Industrias Infinito S.A., como el órgano administrativo que concedió la autorización, - 244-2008-, y el órgano que dictó el decreto de conveniencia nacional, que permitió la adopción de la citada resolución, son responsables solidarios por el daño ambiental provocado con la tala rasa llevada a cabo. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, resultan procedente condenar a los demandados; Industrias infinito S.A., el Sistema Nacional de áreas de Conservación y el Estado, a la reparación integral de las zonas afectadas en las propiedades de la empresa Industrias Infinito S.A., entendido como el daño ecológico o ambiental,  causado por la ejecución de la tala rasa, autorizada mediante resolución 244-2008-SCH, aquí declarada nula.  En razón de que no se determinó en el juicio,  cuanto se talo y en que sector, se ordena la remisión al proceso de ejecución de sentencia, para determinación de los daños, las medidas que deben tomarse a fin de reparar dicho daño, así como fijar la suma que sea necesaria para tal reparación.  Para cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente: el daño ambiental sufrido se determinará mediante prueba pericial, la cual deberá contener las recomendaciones necesarias para la reparación integral de la zona afectada; asimismo, pericialmente deberá cuantificarse la suma necesaria para la reparación integral de la zona impactada, y una vez fijada por el juez ejecutor, si bien el actor Jorge Lobo, se encuentra legitimado para accionar, no o está para la administración de la suma que se fijen para la atención y reparación, dicha suma deberá ser depositada en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, misma que deberá ser identificada con el objeto y destino para lo que fue creada y el titular de la cuenta será el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el que deberá destinar la suma fijada exclusivamente para ejecutar las obras de reparación y restauración de la zona afectada. Respecto a los codemandados: Estado y SINAC, deberá el Ministerio de Hacienda realizar la previsión presupuestaria de las sumas que se lleguen a establecer en ejecución de sentencia, a fin de garantizar la disposición presupuestaria para hacer efectiva la citada reparación. Además, deberá la empresa Infinito S.A. colaborar y permitir todas las actividades tendientes a la reparación aquí ordenada. Se ordena comunicar la presente sentencia al Ministerio de Hacienda, al Área de Servicios Públicos Generales y ambientales de la Contraloría General de la República, al Área de Derecho agrario-ambiental de la Procuraduría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, par que realicen la fiscalización, control  y seguimiento del proceso de reparación del daño,  de acuerdo a sus competencias.

 

XXXVI- En cuanto a las restantes pretensiones de Jorge Lobo Segura.

Se acoge la excepción de falta de derecho en relación con las demás pretensiones de la demanda de Jorge Lobo Segura (numeradas como 2 y 4), toda vez que no encontraron respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, debe señalarse que a dicho actor no le asiste el derecho para que en esta sede se fijen limitaciones y reglas al Poder Ejecutivo para decretar la conveniencia nacional de proyectos, pues dichas condiciones están ya establecidas normativamente. Lo mismo sucede con la solicitud de que se ordene al Estado abstenerse de dictar o ejecutar conductas potencialmente lesivas de los intereses difusos reclamados por los actores, pues la generalidad y abstracción de lo pedido hace inviable reconocer un derecho en el sentido reclamado.

 

XXXVII- SOBRE LAS EXCEPCIONES.

Sobre la falta de legitimación activa y pasiva en relación con la pretensión de nulidad de los actos impugnados.

Se rechaza esta excepción tanto en su perspectiva activa como pasiva, en virtud de que la doctrina y la legislación son pacíficas en punto a reconocer la legitimación de todo individuo para accionar en vía judicial, con el objeto de reclamar la defensa de intereses difusos, como resultar ser el caso de los derechos ambientales. Así lo establecen los artículos 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 105 de la Ley de la Biodiversidad, en estrecha relación con el artículo 50 de la Constitución Política. Asimismo, se rechaza en su vertiente pasiva por cuanto los actos que sí resultaron susceptibles de impugnación, fueron emitidos por órganos del Estado que están debidamente representados en este proceso. En el caso de Industrias Infinito, por ser la persona jurídica que tenía interés directo en los actos aquí impugnados, resultaba procedente ser demandada en este asunto.

Sobre la falta de legitimación activa de Apreflofas para solicitar daño moral subjetivo.

Esta excepción debe ser acogida, toda vez que, conforme se explicó en el análisis precedente, dicha asociación no gozaba de legitimación para solicitar daño moral subjetivo.

Sobre la falta de legitimación activa y pasiva en relación con la pretensión de daños y perjuicios solicitada por Jorge Lobo Segura.

Esta excepción tanto en su forma pasiva como activa, debe ser rechazada, en vista de que la legitimación para reclamar daños ambientales es amplia y difusa, y en este caso, la pretensión del actor resultaba procedente en los términos explicados anteriormente.

Sobre el interés actual.

La excepción de interés actual debe rechazarse, habida cuenta que los actos impugnados se mantienen a la fecha vigentes, y por ende el interés de los accionantes de solicitar su nulidad, así como los daños ambientales derivados de la ilicitud de esas conductas.

Sobre la falta de derecho.

Finalmente la falta de derecho debe denegarse en relación con las pretensiones anulatorias y la de resarcimiento de daños ambientales, según quedó expuesto en esta sentencia, y acogerse en relación con las demás pretensiones de la demanda de Jorge Lobo Segura (numeradas como 2 y 4), toda vez que no encontraron respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.

 

XXXVIII- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA EN ESTE PROCESO Y LA SOLICITUD DE SU LEVANTAMIENTO.

Se deberá mantener la medida cautelar ordenada en este proceso. La medida cautelar fue acogida en este proceso, suspendiendo la tala rasa, y tomando en cuenta que este órgano colegiado ha declarado nula la resolución 244-2008-SCH, dictada por el área de CONSERVACIÓN ARENAL-HUERTAR NORTE, que autorizó  el uso de cambio de suelo, y la corta de 12391 árboles,  distribuidas en 191.77 hectáreas cubiertas de bosque, 66.94 hectáreas en terreno de uso agropecuario y sin bosque y la corta de 4.17 hectáreas de áreas plantadas, para un total de 262 hectáreas y 57 metros cuadrados a talar y habiéndose condenado a los demandados a la reparación integral del daño causado, y ordenarse precisamente que en proceso de ejecución de sentencia, se determinen las áreas taladas, así como las medidas de reparación, resulta totalmente improcedente la solicitud de levantamiento de Medida Cautelar. Es importante citar que las medidas cautelares, tienen como finalidad la protección de objeto del proceso, así como evitar daños de difícil e imposible reparación que pueda provocar determinada actuación u omisión, en el caso concreto, la ejecución de la actuación formal de la administración, mediante la resolución 244-2008, del Sistema de Áreas de Conservación, misma que aún cuando se suspendió,   su ejecución inicial, permitió la tala rasa, y así provocó el daño ya citado en el considerando anterior, en la zona afectadas, situación que precisamente que fue vista y atendida desde 16 de abril de dos mil diez, cuando se dictó la medida provisionalísima por parte de este Tribunal, ordenando la suspensión de la tala autorizada, y en sentencia del 20 de abril de 2010, se  acogió en forma definitiva la suspensión de la tala rasa, a fin de proteger " el habitat y ecosistemas de muchos seres vivos, además de los árboles", medida cautelar, a que a su vez fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones,  resoluciones que este Tribunal no encuentra motivos para variar, aunado lo anterior, que para este órgano decisor durante el juicio oral y público pudo extraer de la prueba evacuada no solo el daño provocado con la tala efectuada, sino el potencial daño que sufriría el ecosistema de la zona, precisamente por la incerteza, sobre las especies existentes en la zona, cuales de ellas eran vedadas, y cuales no, elemento que se echa de menos, en la citada resolución 244-2008, lo cual incide de forma directa en el plan de recuperación forestal. 

 

XXXIX- SOBRE LA DECISIÓN DE INSCRIBIR ESTA SENTENCIA EN EL REGISTRO NACIONAL MINERO.

Al haberse anulado en este proceso la resolución que otorgó la concesión de explotación minera, deviene imprescindible ordenar comunicar esta decisión al Registro Nacional Minero, por disponerlo así expresamente el artículo 109 del Código Minero.

 

XL- SOBRE LAS COMUNICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE ESTA SENTENCIA.

En el presente caso se han detectado ilegalidades tan significativas, que este Tribunal estima pertinente comunicar la sentencia a otros órganos públicos, con el fin de que cada uno de ellos determine si, aparte de las nulidades declaradas por este cuerpo jurisdiccional, proceden algunas otras responsabilidades por parte de personas cuyas actuaciones han resultado de relevancia para la producción de las conductas administrativas aquí declaradas nulas. En primer término, se ordena comunicar esta sentencia al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con el fin de que a lo interno de esa cartera se inicien los procedimientos disciplinarios que correspondan contra Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla. Sobre el particular, es necesario indicar que para este Tribunal, la intervención de estas personas, en su calidad de funcionarios públicos, ya sea de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (el primero de ellos) o de la Dirección de Geología y Minas (el segundo y la tercera), en la producción de actos administrativos aquí declarados nulos por su abierta ilegalidad, constituye suficiente mérito como para llevar adelante los procedimientos necesarios para determinar si incurren en algún supuesto de responsabilidad personal por estos actos. Además, debe comunicarse esta sentencia al Ministerio Público. En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero. Por ello, dada su intervención en el desarrollo de las conductas aquí declaradas ilegales y anuladas, resulta pertinente comunicar lo resuelto al Ministerio Público para que allí se determine si es procedente o no seguir una causa penal en contra de alguna de las siguientes personas: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias. Es necesario recordar que el Presidente de la República y el respectivo Ministro tienen el deber, establecido en el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, de velar por el exacto cumplimiento de las leyes; así, dado que el decreto ejecutivo número 34801-MINAET resulta abiertamente ilegal y fue suscrito por Oscar Arias Sánchez y Roberto Dobles Mora, ello es lo que hace que surja la posibilidad de que pueda caberles alguna responsabilidad de índole penal. Asimismo, los señores Arias Sánchez y Dobles Mora son quienes suscribieron la resolución R-217-2008-MINAE, mediante la cual se otorgó la concesión minera a Industrias Infinito, acto también ilegal y declarado nulo en este fallo. Por su parte, Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena, actuando como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, participaron en la evaluación ambiental de los cambios propuestos al proyecto minero Crucitas y no observaron limitaciones que fueron fijadas por la Dirección de Geología y Minas, lo cual motiva la decisión de que su conducta sea examinada por el Ministerio Público. Además, en el caso de estas dos personas, debe recordarse su participación en la emisión del oficio ASA-013-2008-SETENA, el cual, si bien es cierto es un acto que finalmente no resultó susceptible de impugnación en este proceso, también lo es que sí fue objeto de discusión, durante la cual salió a la luz la manifestación de la testigo perito Marta Elena Chaves Quirós, quien merece plena credibilidad y dijo en juicio que ella no participó en la evaluación ambiental de los cambios propuestos al proyecto minero Crucitas, pese a lo cual Espinoza Valverde y Murillo Marchena expresaron que sí participó, situación que podría ser esclarecida en sede penal, de haber mérito para ello. En lo que respecta a Sonia Espinoza Valverde en particular, debe recordarse que resultó necesario en este proceso ordenar su captura y presentación, por cuanto, luego de conocer las manifestaciones de los abogados de las partes actoras y de la coadyuvante activa, así como tras valorar lo consignado por la Oficina de Localizaciones y Citaciones de Pavas, se consideró como razonablemente posible que ella se estuviera ocultando para evitar ser citada mediante cédula, situación que considera este cuerpo juzgador debe ser puesta en conocimiento del Ministerio Público. En relación con José Francisco Castro Muñoz y Cinthya Cavallini Chinchilla, debe recordarse cómo el primero dijo desconocer inicialmente lo relativo a la servidumbre minera que pretendía constituirse sobre un camino público, mientras que la segunda manifestó que el primero siempre conoció del tema, lo cual podría resultar de relevancia para el Ministerio Público. Además, el señor Castro Muñoz, en su calidad de Director de Geología y Minas, y la señora Cavallini Chinchilla, en calidad de Jefe del Registro Nacional Minero, tuvieron participación a la hora de recomendar la conversión de la concesión que se dio a Industrias Infinito, lo cual resultó ser algo carente de toda viabilidad legal, no sólo por la inaplicabilidad de la figura de la conversión, sino también, entre otras cosas, por no considerar la existencia de un camino público en el lugar donde se proyectaba construir la laguna de relaves y por no observar que la viabilidad ambiental dada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a los cambios propuestos al proyecto, contravenía las limitaciones técnicas impuestas por la propia Dirección de Geología y Minas, todo lo cual conviene que sea puesto en conocimiento del Ministerio Público, para lo de su cargo. Finalmente, en relación con Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, debe indicarse que ella fue la regente ambiental del proyecto desde el 2007 hasta mediados de 2010, mientras que él era el representante legal, de modo que participaban en la toma de decisiones por parte de la empresa, la cual, durante ese período, realizó gestiones induciendo a error a la Administración, como lo fue, por ejemplo, insistir en extraer material por debajo del límite técnico de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, como también en gestionar una servidumbre minera para ocupar permanentemente un camino público, todo lo cual es pertinente que sea examinado por el Ministerio Público. Sobre esta comunicación al Ministerio Público es necesario hacer ver que este Tribunal está obligado a realizarla, por lo dispuesto en el artículo 281 del Código Procesal Penal, pues se trata de conductas que, vistas individualmente, permitirían pensar en la posibilidad de actuaciones delictivas en relación con los deberes de la función pública, entre otros. Pero, además, tal como ya se indicó, tal cantidad de ilegalidades, todas concurrentes y  provenientes de funcionarios de diversos órganos y de los más variados niveles, incluyendo autoridades políticas superiores, aunados a las actuaciones de la misma empresa, hace también viable pensar en la posibilidad de alguna orquestación de voluntades para lograr la puesta en marcha del proyecto minero Crucitas de cualquier manera. Esta posibilidad se aprecia no sólo por las actuaciones ilegales en sí, sino por el contexto en que estas se dieron: la mayoría de los actos se emitieron estando vigente un decreto de moratoria de la actividad de minería metálica a cielo abierto; esta moratoria fue levantada durante la administración Arias Sánchez de 2006 a 2010; el decreto de declaratoria de conveniencia nacional fue emitido en esa misma administración; sin esa declaratoria no se podía realizar la tala; sin esa tala no se podía llevar adelante el proyecto; todo lo cual justifica que sea el Ministerio Público el que determine si hay mérito o no para realizar una investigación penal de este asunto. Por último, debe comunicarse esta sentencia a la Fiscalía del Colegio de Abogados, para que investigue el comportamiento del licenciado Sergio Artavia Barrantes, durante el juicio celebrado con ocasión de este proceso. El licenciado Artavia Barrantes, desde el inicio del juicio, atacó injustificadamente al Tribunal, calificándolo de parcializado en algunos momentos en que simplemente se cumplió con el mandato legal de averiguar la verdad real de los hechos. Además, fue claro al tachar al Tribunal de torturador por haber ordenado la captura de la testigo perito Sonia Espinoza Valverde, a quien procedió a defender pese a no ser su abogado, a tal punto que acuerpó un recurso de revocatoria promovido por el licenciado José Manuel Echandi Meza contra la decisión de capturar y presentar a dicha declarante, recurso que, por cierto, pese a ser suscrito por el licenciado Echandi Meza, presenta las señas "Artavia & Barrantes" en el encabezado del documento transmitido vía fax (véase la pieza de folio 2296 a folio 2299 en el tomo IV del expediente judicial). Esta defensa de los testigos realizada por el licenciado Artavia Barrantes, quien era representante de una parte en el juicio, llegó a tal punto que incluso, según él mismo lo manifestó, se tomó la libertad de atender inquietudes de la testigo Sonia Lidia Cervantes Umaña, pese a que con anterioridad había desistido de ella como su testigo y la misma había sido ordenada para mejor resolver por parte del Tribunal. Y alegando dudas de esa persona, cuestionó si el Tribunal le permitiría declarar libremente o si le daría un trato denigrante arrestándola y haciéndola pasar la noche en una celda, lo cual consideramos son manifestaciones tendenciosas e irrespetuosas que deben ser conocidas por la Fiscalía del Colegio de Abogados, pues tratan de hacer ver a este cuerpo jurisdiccional como autor de arbitrariedades en el trato a los testigos, lesiones a los derechos fundamentales que, por cierto, fueron descartadas por la Sala Constitucional  en el caso de Sonia Espinoza Valverde, según la sentencia 2010-18329, de las 16:14 horas del 2 de noviembre de 2010, mediante la cual se declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de dicha testigo. Así, todas las actuaciones del licenciado Artavia Barrantes deben ser puestas en conocimiento de la Fiscalía del Colegio Abogados, para que allí se determine si él ha incurrido o no en alguna violación del Código de Ética de dicha corporación.

 

XLI- SOBRE LA CONDUCTA DEL PROCURADOR MAURICIO CASTRO LIZANO EN ESTE PROCESO.

Aún cuando este Tribunal ha decidido no efectuar ninguna comunicación particular en relación con el Procurador Mauricio Castro Lizano, sí estima necesario hacer ver que ello se debe a que la representación del Estado cambió su proceder desde que se incorporó al juicio la Procuradora Susana Fallas Cubero. No obstante ello, es pertinente expresar que a este cuerpo jurisdiccional no pasó desapercibida la forma cómo, durante las audiencias, el Procurador Castro Lizano coordinó, a través de papeles, comunicaciones verbales o incluso mediante señas, con la representación de Industrias Infinito, los más diversos temas, incluidos el de si se objetaban preguntas o se formulaban revocatorias. En ese sentido, dio la impresión de que el Procurador Castro Lizano no estaba realizando únicamente la defensa técnica de los intereses públicos, sino que estaba dando cabida también a la defensa de los intereses privados de la empresa. Y cabe recordar aquí que la Procuraduría General de la República, dadas las funciones que tiene asignada, no puede dividirse y defender en juicio posiciones a ultranza que niegan lo dicho por ese órgano en sus dictámenes. Tal dualidad no es posible, pues la Procuraduría General de la República debe asumir en los procesos contencioso administrativos, posiciones objetivas, tales como las que asume en los procesos constitucionales. Retomando el caso concreto, conviene destacar que no fue sino después de la incorporación al juicio de la Procuradora Fallas Cubero, que el Procurador Castro Lizano objetó una pregunta de Industrias Infinito, lo cual llama mucho la atención. Finalmente, cabe indicar que durante la etapa de conclusiones se percibió lo que pareció ser una inadecuada identificación del Procurador Castro Lizano con los intereses particulares de Industrias Infinito, pues cuando el representante de la empresa pretendía hacer la exposición de diversos materiales, el referido representante estatal defendió la importancia de las muestras para la teoría del caso de la empresa incluso antes de que el abogado de ella la expusiera. Pese a ello, es criterio de este Tribunal que debido a la participación de la licenciada Fallas Cubero, no encuentra razones para comunicar esta sentencia a algún órgano en lo que respecta a la actuación del licenciado Castro Lizano, sin perjuicio de lo que las partes actoras estimen pertinente.”

 

 

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Otras Referencias: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río (1992), Principio 15

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

 

Al ser las diez horas cuarenta minutos del catorce de diciembre del dos mil diez, se procede al dictado integral de la sentencia N° 4399-2010, correspondiente al proceso de conocimiento bajo el expediente número 08-001282-1027-CA.

 

En este asunto los actores son la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (en adelante APREFLOFAS), cédula de persona jurídica número 3-002-071676, representada por los señores Angerline Marín Alfaro, cédula de identidad número 2-553-697, y Gino Biamonte Castro, cédula de identidad número 1-572-757, en su condición de presidente y vicepresidente, respectivamente, con carácter de apoderados generalísimos de la asociación y Jorge Arturo Lobo Segura, divorciado, biólogo, vecino de Barrio Francisco Peralta, cédula de identidad número 1-526-636. Coadyuva a los actores la Asociación Norte por la Vida (en adelante UNOVIDA), cédula de persona jurídica número 3-002-363408, representada por el señor Otto Méndez Vargas, cédula de identidad número 2-311-053, en su condición de presidente con carácter de apoderado generalísimo sin límite de suma de la asociación.  Figuran como apoderados especiales judiciales de APREFLOFAS, Jorge Lobo Segura,  y la Asociación Norte por la Vida, respectivamente, los abogados Bernal Gamboa Mora, Alvaro Sagot Rodríguez, cédula de identidad número 2-365-227, y Edgardo Vinicio Araya Sibaja, cédula de identidad número 2-483-663.

 

Son demandados en este proceso: El Estado, representado por los Procuradores José Joaquín Barahona Vargas, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 2-2987-1361, y Mauricio Castro Lizano, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número 1-767-302; Industrias Infinito Sociedad Anónima (en adelante Industrias Infinito), cédula de persona jurídica número 3-101-127121, representada por los señores Arnoldo Rudín Arias, cédula de identidad número 2-381-102, y John Thomas, ciudadano británico, pasaporte de su país número BD 124479, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma; y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), órgano desconcentrado del MINAET con personería jurídica propia, representado por la señora Guiselle Méndez Vega, soltera, Master en Administración de Empresas, vecina de Coronado, cédula de identidad número 1-737-508, en su condición de Directora Ejecutiva. Coadyuva a los demandados la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (en adelante ASOCRUCITAS), inscrita en el Ministerio de Trabajo al tomo 1, folio 285, asiento 256, número de expediente 2574-AS, representada por Gabriel Leiva Rodríguez, cédula número 3-357-319, en su condición de Presidente. Figuran como apoderados especiales judiciales de Industrias Infinito S.A., los abogados Sergio Artavia Barrantes, cédula de identidad número 6-186-213, Federico Sosto López, cédula de identidad número 1-606-338, y Juan Carlos Hernández Jiménez, cédula de identidad número 1-666-336, y como apoderados especiales judiciales del SINAC y ASOCRUCITAS, respectivamente, los abogados Oscar Eduardo Romero Aguilar, de cédula de identidad cuyo número no consta en autos y José Manuel Echandi Meza, cédula de identidad número 1-624-734.-

 

El fallo es dictado por la Sección Cuarta de este Tribunal, integrado por los Jueces David Fallas Redondo, Grace Loaiza Sánchez y Eduardo González Segura, a quién por turno correspondió presidir este asunto.-

 

RESULTANDO

 

Número uno.- Apreflofas interpone este proceso con el objeto que se declare la nulidad de las siguientes conductas administrativas: las resoluciones N°3638-2005-SETENA y 170-2008-SETENA, dictadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; la resolución N° R-217-2008-MINAE dictada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, emitido por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Solicita además el pago de 200.000 colones por concepto de daño moral (folios 39 a 64).

 

Número dos.- Jorge Lobo Segura solicita lo siguiente: “I. Se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico y consecuente total nulidad absoluta de los siguientes actos administrativos y demás actuaciones conexas: 1. La resolución N°3638-2005-SETENA de las 9 horas 25 minutos del 12 de diciembre del 2005, que otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas, y actos conexos. 2. El oficio del INTA N° DST-773-2006 del 4 de octubre del 2006, que afirmó que con el desarrollo del Proyecto Minero Crucitas los suelos no estarían perdiendo su capacidad productiva, y actos conexos. 3. El informe ASA-03-2008-SETENA del 14 de enero del 2008, del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, y actos conexos. 4. La resolución N° 170-2008-SETENA del 4 de febrero del 2008, que aprobó la modificación del Proyecto Minero Crucitas y actos conexos. 5. La resolución N° R-217-2008-MINAE de las 15 horas del 21 de abril del 2008, que otorgó la concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., y actos conexos. 6. El Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET del 13 de octubre del 2008, que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, y actos conexos. 7. La resolución N° 244-2008-SCH de las 9 horas 5 minutos del 17 de octubre del 2008 del Área de Conservación Arenal-Huetar Norte a través de la Subregión San Carlos-Los Chiles, que autorizó el cambio de uso de suelo en áreas de bosque, en áreas de uso agropecuario sin bosque, y en áreas de plantación, y actos conexos. II. Con base en los hechos expuestos y en los fundamentos de derecho que se expondrá, se solicita se fijen los límites y reglas impuestos por el ordenamiento jurídico y los hechos, para el ejercicio de parte del Poder Ejecutivo, de la potestad, establecida en los artículos 19, inciso b), 34, y 3 inciso m), de la Ley Forestal, de declarar la conveniencia nacional de un proyecto de infraestructura cuyos beneficios sociales sean mayores que sus costos socioambientales de acuerdo con el respectivo balance técnicamente justificado. III. Se condene a la Administración a ordenar a la codemandada, la reparación in integrum de todos los impactos o daños ambientales causados con la ejecución material de los actos administrativos de que ha derivado derechos subjetivos espúreos. IV. Se ordene al Estado que se abstenga de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que esté en capacidad de afectar los intereses difusos y bienes jurídicos cuyo amparo reclamamos los actores. V. Se condene en abstracto al Estado y solidariamente a la codemandada, al pago de los daños y perjuicios causados con la adopción de las conductas y su ejecución material. VI. Se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso.” (folios 1493 a 1546).

 

Número tres. Mediante resolución N°1377-2010 de las 18:25 horas del 16 de abril del 2010, este Despacho dictó una medida cautelar provisional ordenando lo siguiente, en lo que interesa: “Se ordena: (1) La suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAE; (2) A Jorge Rodríguez Quirós, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Guiselle Méndez Vega en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a Juan Carlos Hernández Jiménez, en su calidad de apoderado especial judicial de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, o a quiénes ocupen sus cargos, abstenerse inmediatamente de ejecutar o aplicar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAE, en particular el otorgamiento de permisos de corta de árboles a favor de Industrias Infinito Sociedad Anónima y el desarrollo de obras de infraestructura de Áreas de Protección, según lo dispuesto en el Proyecto Minero Crucitas aprobado mediante resolución N°3638-2005-SETENA de las 9:25 horas del día 12 de diciembre del 2005, (3) a Juan Carlos Hernández Jiménez, en su calidad de apoderado especial judicial de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, o a quién ocupe sus cargos, abstenerse de emprender cualquier acción u omisión tendiente a ignorar o incumplir lo ordenado en esta resolución, y (4) en el plazo de tres días hábiles, indicar y demostrar a este Tribunal a través de un medio idóneo, cuáles medidas concretas se han tomado para hacer cumplir lo ordenado cautelarmente por este Despacho.” Posteriormente, por resolución N°1476-2010, de las 16:07 horas del 23 de abril del 2010, el Juez Tramitador confirmó la medida cautelar que en forma provisional había emitido este Despacho mediante resolución N°1377-2010. Finalmente, conociendo en apelación dicho pronunciamiento el Tribunal de Apelaciones confirmó en todos sus extremos la medida cautelar (folios 609 a 610, 882 a 885 y 1391).

 

Numero cuatro. Mediante resolución de las 9:00 horas del 20 de julio del 2010, el Despacho ordenó la acumulación del proceso N°10-001721-1027-CA, que correspondía a la demanda presentada por Jorge Lobo Segura, al proceso N°08-001282-1027-CA, correspondiente a la demanda interpuesta por APREFLOFAS, y a partir de este momento la tramitación de ambos procesos continuó bajo esta última numeración (folios 1675 y 1676).-

 

Número cinco. El Estado contestó en forma negativa las demandas interpuestas por APREFLOFAS y por Jorge Lobo Segura. Opuso las defensas previas de caducidad, cosa juzgada y una que denominó como “inadmisibilidad de la acción”, y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa. Solicitó se declare sin lugar todas las pretensiones de las demandas (folios 572 a 586 y 1930 a 1932).

 

Número seis.- Industrias Infinito contestó en forma negativa las demandas presentadas por APREFLOFAS y por Jorge Lobo Segura. Opuso las defensas previas de falta de agotamiento de la vía administrativa, acto consentido, actos no susceptibles de impugnación, cosa juzgada, caducidad y prescripción. También interpuso las excepciones de fondo de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés. Solicitó que se declaré sin lugar en todos sus extremos las demandas y que se condene a las actoras al pago de las costas procesales y personales (folios 493 a 510 y 1793 a 1851).

 

Número siete.- El SINAC contestó en forma negativa las demandas presentadas por APREFLOFAS y por Jorge Lobo Segura. Opuso las defensas previas de caducidad y cosa juzgada. También interpuso las excepciones de fondo de falta de interés, falta de derecho y falta de legitimación. Solicitó que se declare sin lugar las demandas y se condene a las partes actoras al pago de ambas costas, así como los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago (folios 480 a 487 y 2025 a 2031).

 

Número ocho. Mediante escrito presentado el día 7 de octubre del 2009, la Asociación Norte por la Vida se apersonó como coadyuvante activo en este proceso (folio 435).

 

Número nueve.- Mediante escrito presentado el 20 de abril del 2010, la sociedad anónima Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y la Paz Social, se apersonó como coadyuvante pasivo del proceso (folios 629 a 635). Opuso las defensas previas de falta de competencia, cosa juzgada material, falta de agotamiento de la vía administrativa y las excepciones de fondo, sin precisar éstas últimas (folios 1712 a 1717).

 

Número diez.- Mediante resolución de las 16:21 horas del 25 de agosto del 2010, se resolvió la excepción de falta de competencia alegada (folios 1942 y 1943).

 

Número once.- La audiencia preliminar se celebró los días 17 de junio del 2010, 11 de agosto del 2010 y 14 de setiembre del 2010. En esta última fecha el Juez Tramitador, por resolución N° 3483-2010, resolvió las defensas previas planteadas por los demandados y en su parte dispositiva indicó lo siguiente: “Se rechazan las defensas previas de falta de agotamiento de la vía administrativa, actos no susceptibles de impugnación y la excepción de cosa juzgada material. En cuanto a las defensas previas de caducidad y prescripción se reservan para ser conocidas por el fondo.” (folios 1452 y 1453, 1722 y 1723 y 2088 a 2094). Las defensas de actos no susceptibles de impugnación y cosa juzgada fueron reiteradas en etapa de juicio.

 

Número doce.- El día 4 de octubre del 2010, fecha en que inició el Juicio oral y público en este proceso, este Tribunal anuló parcialmente lo resuelto por el Juez Tramitador en la audiencia celebrada el día 11 de agosto del 2010, únicamente, en cuanto admitió la coadyuvancia pasiva de la sociedad anónima Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social, y ordenó excluirla de este proceso. De igual forma, ese mismo día 4 de octubre del 2010, el Tribunal, luego de escuchar al representante de ASOCRUCITAS, aceptó tener a esa entidad como coadyuvante pasiva del proceso, quien interpuso las excepciones de falta de legitimación, falta de interés y falta de derecho (en ese sentido se remite a lo expresado oralmente y que consta en la respectiva grabación del juicio oral y público).

 

Número trece.- El mismo día 4 de octubre del 2010, el representante de la sociedad anónima Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y la Paz Social, presentó, por escrito, solicitud de aclaración y adición de la resolución dictada oralmente por el Tribunal, mediante la cual se rechazó su participación como coadyuvante pasiva en el proceso (folios 2217 a 2228). El Tribunal rechazó la gestión y lo hizo en forma oral ese mismo día durante el debate (se remite a lo expresado oralmente y que consta en la respectiva grabación del juicio oral y público).

 

Número catorce.- En la fase de juicio las partes desistieron de los siguientes testigos peritos: Oldemar Corrales Jiménez, Juan Diego Alfaro Fernández, Marcos Rojas, William Villegas, Luis Fernando González López, Eduardo Lezama Fernández, Guillermo Mena Aguilar, Alejandro Arauz Cavallini, Arnoldo Rudín Arias, Rafael Oreamuno, Diógenes Cubero y Juan Muñoz. Asimismo, todas las partes desistieron de la diligencia de reconocimiento judicial solicitada.

 

Número quince.- La representación de Apreflofas formuló un hecho nuevo mediante escrito presentado el día 15 de junio del 2010 (folios 1429 a 1433), y los actores, en conjunto con su coadyuvante, formularon oralmente un segundo hecho nuevo el día 22 de octubre del 2010, los cuales fueron sometidos a contradictorio durante el juicio oral y público.

 

Número dieciséis.- El debate se realizó durante los días del 4 de octubre del 2010 al 22 de noviembre del 2010.

 

Número diecisiete. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, no existen defectos capaces de producir nulidad y se dicta esta resolución, previa declaratoria como proceso complejo, dentro del término establecido en el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, previa deliberación de rigor y por unanimidad.-

 

CONSIDERANDO

 

I- SOBRE LOS HECHOS NUEVOS.

Durante el juicio, las partes actoras y su coadyuvante han promovido la admisión de dos hechos nuevos. El primero de ellos fue conocido al inicio del debate y consiste en el alegato de que los planos y los diagramas de flujo relativos al diseño de la planta de procesamiento de la roca pulverizada para extraer el oro, carecen del visado del Colegio de Ingenieros Químicos y no presentan la firma de un ingeniero químico responsable. Sostuvieron los promoventes de este hecho nuevo, que ello implica un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado, pues tales aprobación y rúbrica son requisito previo para la aprobación del proyecto. El segundo hecho nuevo que se ha promovido consiste en que se gestionó ante la Administración Tributaria de Alajuela un avalúo de un terreno, como parte del trámite de una servidumbre minera para poder construir la laguna de relaves (o laguna de colas) esta sobre un camino de naturaleza demanial, el cual desaparecería. Alegaron quienes promueven este hecho nuevo, que el camino no ha sido desafectado, por lo que no puede ser aprovechado por Industrias Infinito. En relación con ambos hechos, este Tribunal resuelve admitirlos, para pronunciarse sobre ellos en sentencia. Las dos situaciones presentadas por las partes actoras y su coadyuvante, resultan de importancia para determinar la nulidad o no, de las conductas aquí impugnadas. El primer hecho nuevo resulta de mucha trascendencia para determinar si Industrias Infinito y la Administración cumplieron con todos los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para lograr la concesión minera que interesa en el presente asunto. El segundo hecho reviste particular relevancia en el tema de la viabilidad jurídica de construir la laguna de relaves donde se tiene proyectado hacerlo y se relaciona con las consecuencias que ello acarrearía para el proyecto. Como se ve, se trata de extremos de relevancia para resolver la presente litis, de manera que deviene procedente su admisión. Sobre el particular, conviene tener presente que lo relativo a los planos y diagramas de flujo, fue discutido al iniciarse el juicio, durante la fase de saneamiento. Cabe recordar que el tema fue planteado durante la audiencia preliminar, pero durante la misma no se resolvió la inclusión de ese hecho, razón por la cual fue necesario tratarlo a la hora de sanear las actuaciones. Así las cosas, las partes tenían conocimiento de la problemática relativa al visado del Colegio de Ingenieros Químicos desde que se celebró la audiencia preliminar, por lo que no resultaba necesario otorgar, en juicio, la audiencia por tres días a la que hace referencia el inciso 3) del artículo 68 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y es necesario hacer ver que ello no ha causado ningún perjuicio a las partes, ni ha menoscabado su derecho a defensa, pues todos estuvieron en posibilidad de realizar y efectivamente realizaron, el interrogatorio respectivo al testigo-perito que compareció sobre este tema: el ingeniero químico Orlando Porras Mora. Además, el respeto del debido proceso en cuanto a este tema, se ve realzado por el hecho de que Industrias Infinito aportó un juego de planos firmados por un ingeniero químico, visados por el Colegio de Ingenieros Químicos y se refirió a ellos durante las conclusiones, lo cual pone de manifiesto no sólo la suficiente concreción del hecho nuevo, sino también el pleno ejercicio del derecho de defensa en cuanto al mismo. En lo que atañe al tema de la gestión ante la Administración Tributaria de Alajuela y lo relacionado al camino que se proyecta aprovechar para construir la laguna de relaves, debe decirse que el tema surgió durante el interrogatorio a la testigo Sandra Arredondo Li; fue ella quien señaló que la laguna de relaves se proyecta construir en terrenos que hoy son atravesados por un camino público. Tras esas manifestaciones fue que la coadyuvancia activa presentó, como hecho nuevo e invocando la existencia de nueva prueba para mejor resolver, el expediente levantado por la Administración Tributaria de Alajuela con ocasión del avalúo que requirió el Registro Nacional Minero, como parte del trámite de una solicitud de servidumbre minera que gestionó Industrias Infinito. Lo presentado en juicio por la coadyuvancia activa fue puesto en conocimiento de todas las partes durante la audiencia y fue hecho propio por las representaciones de Jorge Lobo Segura y APREFLOFAS, aquí actoras. En el ejercicio de las reglas de la oralidad, a todos los sujetos procesales se les otorgó la oportunidad de pronunciarse en ese momento sobre lo planteado y fue así como se definió que la problemática giraba en torno al aprovechamiento que Industrias Infinito desea hacer de un camino público que atraviesa los terrenos donde se construiría la laguna de relaves, para lo cual gestionó una servidumbre minera al Registro Nacional Minero y éste requirió un avalúo a la Administración Tributaria de Alajuela. Una vez establecido lo anterior, se dispuso la suspensión del debate del 26 al 28 de octubre inclusive y éste se reinició con una audiencia en la que se discutió únicamente este hecho nuevo y se conoció la prueba ofrecida por las partes en cuanto al mismo, oportunidad en que todos manifestaron sus alegaciones sobre el tema. Luego de valorar los argumentos de las partes y sus respectivos coadyuvantes, considera este Tribunal que no sólo se está ante una situación fáctica suficientemente delimitada conforme a las reglas de la oralidad (que en materia contencioso administrativa cuenta con su propia regulación, la cual, aunque se asemeja en algunos aspectos a la vigente para la materia penal, tiene signos distintivos, como lo evidencia el hecho de que en esta sede rige el principio de averiguación de la verdad real), sino también que se ha podido debatir abierta y profundamente sobre ella, favoreciéndose así el ejercicio del contradictorio plenamente respetuoso del derecho de defensa. Asimismo, se ha constatado que ciertamente se trata de un hecho nuevo, surgido luego de la presentación de la demanda de APREFLOFAS (que fue recibida en el Tribunal Contencioso Administrativo el 19 de noviembre de 2008), pues la solicitud del avalúo del camino público hecha por el Registro Nacional Minero, fue recibida en la Administración Tributaria de Alajuela el 1 de junio de 2009, según se aprecia en el folio 1 del expediente A-042-09 levantado por esa dependencia del Ministerio de Hacienda. Así, se está ante los supuestos previstos en el numeral 68 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que procede admitir estos hechos nuevos para emitir el pronunciamiento respectivo de sentencia. Finalmente, cabe indicar que el principio de averiguación de la verdad real guarda estrecha conexidad con la admisión de estos hechos, pues los mismos son evidentemente relevantes para determinar realmente si la Administración actuó conforme a Derecho en el asunto que aquí interesa.  

 

II- HECHOS PROBADOS.

De relevancia para el dictado de la sentencia, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

 

1) Que el 13 de diciembre de 1999, la empresa Industrias Infinito S.A. presentó ante la Dirección de Geología y Minas, solicitud de concesión de explotación minera sobre un área de 10 km cuadrados, localizada en las coordenadas cartográficas norte: 315.000 – 319.000, este: 499.000 – 502.000, ubicada en el distrito tercero de Cutris, cantón décimo San Carlos, provincia de Alajuela  y adjuntó el estudio de factibilidad (folios 50 a 55 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas y tomo 1 del expediente técnico en su totalidad).

 

2)  Que mediante resolución N° 842 de las 15:30 horas del 20 de julio del 2000, la Dirección de Geología y Minas solicitó a la empresa Industrias Infinito una serie de información mediante la presentación de un anexo al Estudio de Factibilidad del Proyecto Minero Crucitas (folios 75 bis a 80 del tomo 1 del expediente administrativo de Geología y Minas, N° 2594).

 

3) Que el 6 de octubre del año 2000 la empresa Industrias Infinito presentó ante la Dirección de Geología y Minas el anexo al Estudio de Factibilidad (tomo 17 del expediente técnico de Geología y Minas en su totalidad).

 

4) Que mediante oficio DGM-DC-320-2001, del 14 de marzo del 2001, dirigido a la Jefa del Registro Nacional Minero, la Geóloga Ana Sofía Huapaya, en ese momento Coordinadora minera del Área Tilarán y Arenal Huetar Norte de la Dirección de Geología y Minas, indicó, en lo que interesa, lo siguiente:

“Análisis y Estudio de la Factibilidad del Proyecto Crucitas.

Guías:

Estimación de reservas.

Resultados de estimación.

Diseño del sistema de extracción.

Diseño del sistema de beneficiamiento.

Comportamiento del precio del oro.

 

Estimación de reservas

Del estudio y análisis de la documentación presentada se llega a la conclusión que el yacimiento Crucitas ha sido suficientemente estudiado, igualmente el proyecto cuenta con suficiente (sic) elementos cuantitativos: registros, análisis, bases de datos, mapas y perfiles con los que se puede comprobar la existencia de volúmenes de reservas que indican la elaboración de estudios de factibilidad positivos en las condiciones presentes.

Los cálculos de reservas que sustentan el estudio de factibilidad se basan en reservas medidas, aún cuando también disponen para un área mayor de reservas indicadas e inferidas.

En el modelo de estimación empleado por Placer Dome arrojaron resultados que validan la factibilidad del proyecto. Industrias Infinito, por su parte, aplicó nuevos modelos de estimación y encontró que las diferencias en el volumen de reservas y leyes promedio del yacimiento obtenidos con respecto a los datos obtenidos por Placer Dome no eran significativas. En ambos casos, los cálculos indican la existencia de tres unidades mineralizadas (saprolita, roca saprolitizada y roca dura). Por otra parte, es importante destacar que una de las observaciones que se obtuvo de toda la información técnica analizada, es que el material saprolítico, representa una segunda opción ya que el volumen constituye una porción importante del volumen total del yacimiento (30% según este estudio). Por los datos aportados se observa que la ley promedio de este material es muy similar al de la roca dura. Por otra parte, si se considera las características físicas y químicas que la roca dura presenta, se puede inferir costos de extracción y beneficiamiento considerablemente más bajos, por lo que la sola explotación de de la saprolita pueda constituir sola, un proyecto.

Plan de Minado

El depósito de Oro presenta un modelo metalogenético tal que permite la realización de una extracción a cielo abierto, siguiendo con un diseño de minado propuesto (terrazas), el cual se justifica con los estudios geotécnicos  e hidrogeológicos correspondientes. La secuencia de extracción se realizarán en los tres frentes de explotación ya definidos, las mismas serán las zonas mineralizadas anteriormente descritas: Fortuna, Botija y Fuentes, las que representan las mismas características litológicas y diferencias no significativas de concentración de oro.

Beneficiamiento

Teniendo en cuenta la diferenciación que existe entre el material saprolítico y las rocas de naturaleza piroclásticas (roca dura), la empresa consideró las diferentes respuestas metalúrgicas, proponiendo finalmente una recuperación del Oro por medio de la concentración por gravedad, molienda, lixiviación y concentración por un circuito de carbón en pulpa. Instalándose de esta manera una planta con un sistema de circuito cerrado y el cual permitirá desarrollar cada una de las fases del proceso propuesto.

La metodología de extracción de la Mina (sic) y luego la concentración respectiva del Oro, metal de interés, fueron considerados tomando en cuenta todos los elementos necesarios para minimización de los posibles impactos ambientales a generarse por la actividad, de tal manera que permita llevar a cabo el proyecto dentro de los esquemas de un desarrollo sostenible.

El estudio de factibilidad financiero

La revisión del estudio de factibilidad financiero, estuvo a cargo de la subdirección quién fue asesorado por el economista M.Sc. Edwin Vega Araya de MIDEPLAN quién brindó este servicio a requerimiento de Geología y Minas, como una colaboración interinstitucional. El informe de este estudio fue rendido por este especialista el 3 de mayo del 2000 y foliado en el Expediente Administrativo N°2594, con los números 75 al 68. Basándose en este informe el peticionario decide replantear (aún cuando no hubo notificación del Registro Nacional Minero) algunos de los aspectos cuestionados por los economistas con fecha octubre del 2000, el cual esta pendiente de resolución.

Conclusiones

1. El modelo metalogenético de Crucitas esta asociado a una mineralización de bajo sulfuro, sin embargo, todo yacimiento necesita de una secuencia exploratoria, aún cuando el área evaluada tiene ya muchos datos, es apropiado que simultáneo a la explotación del depósito, se continúe con la exploración y así se obtenga más información minuciosa sobre esta.

2. Que las reservas del depósito han sido suficientemente probadas, demostrando la confiabilidad de un depósito de Au.

3. Es importante destacar que este proyecto podría ampliar el conocimiento del recurso mineral, de la zona.

4. De la información técnica analizada, es visible la existencia de una alternativa más de proyecto, la que estaría constituida por el material saprolítico, esta representa una segunda opción ya que el volumen constituye una porción importante del volumen total del yacimiento (30% según este estudio) con leyes muy similares. Por otro lado los costos que infieren la extracción y el procesamiento de material para la obtención del concentrado de oro son considerablemente más bajo (sic), que los costos inferidos por la roca dura.

5. Las propuestas de extracción y beneficiamiento, así como la infraestructura a instalarse en el área (planta de beneficiamiento, laguna de colas, patios de acopio de material, patios de relaves, plantas de tratamiento de agua, etc), han sido debidamente justificados con los estudios técnico-ambientales correspondientes.

6. La visita de comprobación de campo que se realizó en los días 7, 8 y 9 de marzo del año en curso, permitió verificar la existencia del depósito. Uno de los elementos para la confiabilidad de este, fue la revisión de diferentes núcleos de perforación representativos de cada una de las zonas mineralizadas: Fortuna, Botija y Fuentes.

7. Es importante aclarar que el estudio de factibilidad económica-financiera, actualmente se encuentran en la fase de revisión del anexo aportado por la empresa.

8. Basándose en las conclusiones arriba citadas y en vista que aún no se cuenta con el informe definitivo del estudio de factibilidad económica-financiera, se acepta el estudio técnico-geológico, cálculo de reservas y plan de explotación, del Expediente N°2594. Quedando pendiente la aprobación a los resultados de la revisión del estudio de factibilidad económico-financiero.” (folios 101 a 107 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas N°2594).

 

5) Que el 6 de abril del 2001 fue presentado el “Informe de aspectos económicos sobre la revisión de anexos al estudio de factibilidad del proyecto Crucitas (Expediente 2594 de Explotación) de Industrias Infinito S.A.”, preparado por el M.Sc. Edwin Vega Araya, por convenio de colaboración entre el consultor y la Dirección General de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía. Dicho informe indica, en lo que interesa, lo siguiente:

(...)

 Respecto a las condiciones del mercado del oro, cuya tendencia en los últimos 5 años ha sido de una caída progresiva, aún sobre pronósticos de expertos en el año 99 de que en el año 2000 se revertirá esta tendencia; y que dan el elemento de riesgo en el proyecto, se acepta la sugerencia de utilizar un plazo más largo para la determinación de un precio de referencia del oro. El precio promedio en un plazo de 10 años es de $338.39/oz, que de regir en todo el período de análisis arrojaría un VAN al 11% mayor que cero, esto es, el proyecto es rentable desde el punto de vista privado.

Sin embargo, dada la tendencia del precio del oro en los últimos 5 años, y la impredecibilidad del mismo demostrada en el no cumplimiento de las expectativas de los expertos, el proyecto mantiene su carácter riesgoso. En uno de los escenarios menos favorable, si el precio del oro se conservara en los valores vigentes a la fecha (aproximadamente $27/oz), el proyecto en promedio cubre sus costos de operación, aunque vería mermado su patrimonio pues no alcanza a cubrir anualidad de la inversión. Esto significa que se mantendría operando, asunto que interesa al Gobierno.

El Gobierno puede aprobar dicha concesión, pero estableciendo claramente las condiciones de un eventual abandono de la actividad por parte de la empresa (posible por el riesgo asociado a la evolución de los precios intencionales), de tal manera que el país no quede en inferior condición (ambiental y socialmente) que la alternativa situación de que no se explote la mina. Si bien no existe una valoración de los posibles impactos negativos en caso de abandono, algunos de ellos son cubiertos o parcialmente cubiertos por la legislación actual, como la ejecución de la garantía ambiental, el pago por cesantía en la liquidación de los trabajadores, o el pago de permisos e impuestos.  Requeriría un estudio más detallado la valoración exacta de los costos sociales y ambientales del abandono, fuera del alcance de este documento, si se pensara en establecer una garantía adicional. Hay beneficios sociales importantes, por ejemplo por cobro de impuestos, aún bajo una operación por debajo de los $325/oz de poco más de U$4 millones por año, siempre y cuando la empresa se mantenga en operación.” (folios 124 a 130 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas N°2594).

 

6) Que mediante oficio N° DGM-DC-2085-2001, del 26 de noviembre del 2001, dirigido al Director General de Geología y Minas, la Geóloga Ana Sofía Huapaya, en ese momento Coordinadora de la Zona Norte de la Dirección de Geología y Minas, indicó, en lo que interesa, lo siguiente:

“(...)

Términos y condiciones técnicas para el otorgamiento del título

Ubicación

El área a otorgarse en concesión minera deberá restringirse al polígono delimitado por las coordenadas cartográficas 314500-318500 Norte y 499000-502000 Este, de la hoja topográfica Pocosol, (escala 1:50 000 del Instituto Geográfico Nacional), misma que previo al inicio de las labores deberá debidamente amojonarse y aprobada por esta Dirección.

El área de extracción deberá restringirse al espacio delimitado a los bloques de reservas probadas.

2. Vigencia del proyecto

En base a los recursos medidos e indicados, a la tecnología de extracción y beneficiamiento, a los parámetros económicos de estas, el plazo de explotación recomendado por esta Dirección es de diez años (10 años).

3. Extracción y beneficio

Se deberá respetar la metodología de extracción y las respectivas tazas (sic) de explotación aprobadas por la DGM. Esta no podrá ser modificada, sin el aval de esta Dirección.

La concesión deberá mantenerse debidamente amojonada, para el respectivo reconocimiento y monitoreo del área, así mismo se requerirá el levantamiento topográfico de secciones transversales para el correspondiente control de avance. Según la metodología de extracción aprobada (tajos Fortuna, Botija y Fuentes) y los estudios hidrogeológicos realizados en el área a explotar y en donde se identifica dos acuíferos, siendo el superior el de carácter potable, las cotas máximas de extracción serán hasta los 75 msnm. Así mismo la empresa deberá garantizar el abastecimiento de agua potable al poblado Crucitas, especial atención merece el pozo de la Escuela de este mismo lugar. Para ello deberá construir la infraestructura necesaria.

En cuanto al uso de explosivos, esta Dirección velará por que (sic) se emplee la tecnología que cause el menor impacto al ambiente y en (sic) apego a la normativa existente.

Únicamente podrán utilizarse las sustancias químicas (lixiviados) propuestos por la empresa en el Estudio de Factibilidad. Esta no podrá ser sustituida, sin previa autorización de esta Dirección.

Se deberán acatar los diseños propuestos en dicho estudio, así como las medidas de mitigación de los impactos a producirse, con respecto a la Planta de Beneficio, la Laguna de Colas, Plantas de Tratamientos de Aguas y demás infraestructura a desarrollarse.

Cambios y modificaciones en la Tecnología (maquinaria y equipo de extracción y beneficiamiento), deberá de previo comunicarse a esta Dirección.

(...)

5. Recursos energéticos

Si bien el estudio de factibilidad financiero fue aprobado basado en la producción de energía mediante la utilización de “dissel” (sic), se recomienda a la empresa buscar fuentes alternativas de energía menos contaminante que el dissel (sic), que satisfagan los principios ambientales que rigen este país. Es recomendable, así mismo, que el futuro concesionario presente una propuesta al gobierno de Costa Rica orientado a compensar los costos ambientales en que se incurran.

6. Aspectos ambientales

Respetar las áreas de protección según lo establece el (sic) de la Ley Forestal (artículo 33).

La DGM y la SETENA velarán por el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la empresa.

(...)” (folios 199 a 202 bis del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas N°2594).

 

7) Mediante resolución N°R-578-2001-MINAE, dictada a las 9:00 horas del 17 de diciembre del 2001, el Poder Ejecutivo otorgó a la empresa Infinito S.A. la concesión de explotación en el Proyecto Minero Crucitas. Dicho acto administrativo se fundamentó técnicamente en el oficio N° DGM-DC-2085-2001, suscrito por la geóloga Ana Sofía Huapaya. En su parte dispositiva la mencionada resolución indicó  lo siguiente: “1.- Otorgar la concesión de explotación minera a Industrias Infinito Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-127121, representada por el Sr. Jesús Carvajal Jiménez para la explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados. 2.- El concesionario de previo al inicio de las actividades de explotación deberá contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, para lo cual se le otorgan seis meses para su presentación ante la Dirección de Geología y Minas. 3.- Aportar la aprobación del Departamento de Suelos  y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería.” (folios 227 a 240 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas y declaración en juicio oral y público de Ana Sofía Huapaya).

 

8) Que el 12 de marzo del 2002, la empresa Deppat S.A. presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Crucitas, así como una copia del resumen ejecutivo de ese estudio y en dicha solicitud la empresa Industrias Infinito no indicó la condición técnica establecida en el oficio DGM-DC-2085-2001 de la Dirección de Geología y Minas en relación con la cota máxima de extracción (los autos y folio 1111 del tomo III del expediente administrativo de SETENA).

 

9) Que en Decreto Ejecutivo N° 30477-MINAE, publicado en La Gaceta N°112 del 12 de junio del 2002, emitido por el Presidente de la República y por el Ministro de Ambiente y Energía, se declaró la moratoria nacional sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto. En su parte dispositiva dicho decreto indicaba lo siguiente: “Artículo 1°. Se declara la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional Transitorio I. Todos aquellos trámites relacionados con la exploración y explotación del mineral oro a cielo abierto que se encuentren pendientes ante la Dirección de Geología y Minas y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo, serán suspendidos. Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado.” (folios 1568 a 1569 del expediente judicial y consulta a SINALEVI).

 

10) Que con posterioridad al dictado y publicación del Decreto Ejecutivo N° 30477, ni el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ni la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ni la Dirección de Geología y Minas suspendieron los procedimientos de viabilidad ambiental, de concesión de explotación minera y demás trámites conexos, gestionados por la empresa Industrias Infinito S.A. (los autos).

 

11) Que por resolución N° 831-2004-SETENA, de las 10:55 horas del 2 de junio del 2004, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental programó la realización de la audiencia pública para el día 31 de julio de ese año, de las 8:00 am a las 4:00 pm, en el Salón Comunal Coopevega (folios 2554 y 2555 del tomo VI del expediente administrativo de SETENA N°129-02).

12) Que la audiencia pública se llevó a cabo el día 31 de julio del 2004, y de la asistencia se levantó un registro (folios 554 a 894 del Tomo III del expediente de Audiencia Pública del expediente administrativo N°129-02)

 

13) Que por resolución N° 2004-13414 de las 9:29 horas del 26 de noviembre del 2004, conociendo recurso de amparo, la Sala Constitucional anuló la resolución N°R-578-2001-MINAE, que otorgaba la concesión de explotación minera a la empresa Industrias Infinito S.A., por no haber contado con un estudio de impacto ambiental previo.  En su parte dispositiva el fallo indicó lo siguiente:

“Se declara con lugar el recurso por violación al artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, se anula la resolución R-578-2001-MINAE, de las nueve horas del diecisiete de diciembre de dos mil uno, el (sic) Presidente de la República y la Ministra del Ambiente y Energía, que otorga la concesión de explotación minera a Industrias Infinito Sociedad Anónima, todo sin perjuicio de lo que determine el estudio de impacto ambiental. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.” (folios 1550 a 1563 del expediente judicial y consulta a SINALEVI).

 

14) Que por resolución N°119-2005-SETENA, de las 8:30 horas del 17 de enero del 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental previno a la empresa desarrolladora la presentación de un Anexo al Estudio de Impacto Ambiental, aclarando o llenando una gran cantidad de información y requerimientos que habían sido omitidos o que eran poco claros en el estudio de Impacto Ambiental.  (folios 3041 a 3071 del tomo VII del expediente administrativo de SETENA, número 129-02)

 

15)  Que mediante resolución N° 2237-2005-SETENA, de las 14:15 horas del 30 de agosto del 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental determinó que el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo cumplían con lo solicitado por ese órgano y solicitó a la desarrolladora nombrar un regente ambiental, presentar una bitácora y una serie de documentos referidos a los compromisos ambientales. Dicha resolución dispuso, en su considerando sétimo, lo siguiente:

“Séptimo: Que con respecto al anexo presentado debe señalarse lo siguiente:

Aspectos legales

1. Se aportó la certificación actualizada de personería jurídica.

2. Se aportaron los planos catastrados certificados y las certificaciones de propiedad de los inmuebles en que se llevará a cabo el proyecto, asimismo, con respecto a las propiedades que no se encuentran a nombre de la desarrolladora, se ha presentado la documentación pertinente a efecto de determinar que tiene la facultad legal de llevar a cabo su proyecto en los inmuebles que al día de la presentación del anexo, no eran de su propiedad.

A pesar de que fue acogida su solicitud de revocatoria con respecto al punto 1.4 de las observaciones legales, cabe señalar que la desarrolladora cumple con lo solicitado en la resolución, en relación con la situación jurídica del proyecto con respecto a los convenios internacionales.

Aspectos técnicos

1. Se presentaron, con sus respectivas explicaciones técnicas, el diseño de la mina, la descripción técnica del proceso, el diseño topográfico del área de tajo, el análisis de la estabilidad de la presa de relaves y las consideraciones sobre los datos de precipitación utilizados para el diseño con los respectivos factores de seguridad.

2. Fueron incluidas las medidas de mitigación propuestas para la contención de sedimentos y el tratamiento de las aguas de escorrentía.

3. Se consideró el análisis sobre el potencial de drenaje ácido (DAR) contemplándose el riesgo de generación del mismo.

4. Se han establecido medidas para prevenir un eventual derrame en caso de ruptura de la tubería que transporta los lodos desde el área de explotación hasta el área de proceso.

5. Se realizó el análisis sísmico según los parámetros establecidos en el Código Sísmico (2002).

6. Se ha contemplado el tratamiento que se le dará a las sustancias peligrosas, tal como el cianuro, y se propone utilizar una planta INCO/SO2 para su destrucción.

7. Se han analizado ampliamente los ecosistemas existentes en el AP (Área del proyecto), AID (Área de influencia directa) y All (Área de influencia indirecta), tanto desde el punto de vista biológico como forestal. Se plantean las medidas de mitigación y compensación correspondientes. Se realiza un análisis integral del estado actual y futuro del área sin proyecto y su potencial recuperación y manejo con proyecto, con la implementación de las medidas planteadas. Con base en el análisis integral realizado se plantean medidas viables de compensación, restauración y se asumen compromisos específicos en torno a la generación futura de mano de obra local, tanto durante la ejecución del proyecto como posproyecto (programas de aprovechamiento forestal, agricultura orgánica y ganadería, restauración de ecosistemas y reforestación). Se asumen compromisos específicos y se plantean programas en torno al seguimiento ambiental y a la investigación científica enfocada a la restauración de ecosistemas en esa zona de vida.

8. Se han analizado los diferentes escenarios posibles de la situación social de las comunidades  en el área de influencia directa con o sin proyecto. Se proponen una serie de programas de capacitación en diferentes áreas,  para el beneficio de las comunidades aledañas al proyecto.

9. Se han establecido las medidas de mitigación y compensación para los impactos potenciales que se identificaron para las diferentes actividades del proyecto.

10. Se aportaron los objetivos principales y planteamientos generales de los planes para atención de emergencias, salud y seguridad ocupacional, protección ambiental, de impactos y beneficios comunales y de manejo de relaves.

11. Para la etapa de seguimiento ambiental se ha propuesto establecer una “Comisión de Seguimiento Ambiental”.

12. Se aportaron y analizaron las respuestas a las inquietudes manifestadas en la Audiencia Pública.” (folios 3455 1 bis a 3455 13 bis del tomo 8 del expediente administrativo de SETENA N°129-02).

 

16) Que mediante resolución N° 3638-2005-SETENA, de las 9:25 horas del 12 de diciembre del 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Minero Crucitas, y en su parte dispositiva indicó, en lo que interesa, lo siguiente:

 “Primero: Se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y su Anexo, sometido a evaluación por el desarrollador. (...) Sétimo: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características: Nombre Proyecto: Proyecto Minero Crucitas. Propietario: Industrias Infinito S.A. No. exp. 129-2002-SETENA. Ubicación: Provincia: Alajuela, Cantón: San Carlos, Distrito: Cutris, Hoja Cartográfica: Pocosol Esc: 1:50.000. Coordenadas: ubicación aproximada de los vértices de la concesión:

Coordenadas Norte

	

Coordenadas Este:




319.000

	

499.000




319.000

	

500.000




318.000

	

500.000




318.000

	

502.000




315.000

	

502.000




315.000

	

499.000

No. De finca y No. De plano Catastrado:

Partido

	

No. de finca

	

Plano Catastrado

	

Área en ha




Alajuela

	

173125

	

A-607115-00

	

58 ha 1529.80 m2




 

	

173127

	

A-606355-00

	

99 ha 2292.25 m2




 

	

175777

	

No se indica

	

29 ha 5695 m2




 

	

175419

	

A-57928-92

	

147 ha 6784.58 m2




 

	

175783

	

A-248969-95

	

143 ha 5049.15 m2




 

	

184445

	

A-248968-95

	

102 ha 0328.30 m2




 

	

175399

	

A-259044-95

	

62 ha 3332.33 m2




 

	

293866

	

A-238251-95

	

132 ha 7228.20 m2




Con opción de compra

	

 

	

 

	

 




 

	

394051-000

175767

 

 

 

 

 

175769

	

2-871962-03

2-plano IDA-Parcelas-22-99 proyecto de titulación Chambacú.

2-Plano IDA-Parcelas-22-30 proyecto de titulación Chambacú

	

412 ha 3774.69 m2

149 ha 3774.69 m2

 

 

 

 

 

21 ha 708.76 m2

 

Área total del proyecto: 305,90 ha. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en el minado y procesamiento de minerales de oro. Se propone la extracción de mineral en la capa superficial o saprolita, en parcelas de 21 ha cada año, hasta completar 6 parcelas. El proyecto se ha formulado para un período de 10 años, los cuales incluyen 18 meses de construcción, 6 años de operación y 18 meses para el período de cierre técnico del proyecto. El material será procesado inicialmente en un circuito gravitorio y posteriormente se pasa al proceso químico por medio de tanques de cianuración en circuito cerrado. Ambos procesos operan de forma independiente y permiten la recirculación del agua. La producción proyectada es de 4000 ton diarias, para lograr extraer 90000 oz de oro por año (aproximadamente 3000 kg de oro por año). Para el tratamiento del cianuro, se propone utilizar una planta INCO/SO2 para la destrucción del cianuro. Por lo que se otorga la viabilidad ambiental al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental  y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental, indicado en el Considerando Tercero anterior. Octavo: La vigencia de esta viabilidad será por un período de dos años para el inicio de la extracción. En caso de no iniciarse la extracción en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente. Noveno: Con respecto a la Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Minero Crucitas, se advierte a la desarrolladora que, será competencia de esta Secretaría la conformación y coordinación de todos los aspectos relacionados con la misma, en el momento oportuno, previo al inicio de cualquier obra.” (folios 3586 a 3591 del tomo IX del expediente administrativo de SETENA).

 

17) Que el proyecto Minero Crucitas fue categorizado por SETENA como un proyecto clase A: Alto Impacto Ambiental Potencial (declaraciones de Eduardo Murillo Marchena y Sandra Arredondo Li).

 

18) Que por oficio N° DST-773-06, del 4 de octubre del 2006, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria indicó, en lo que interesa, lo siguiente:

“Así las cosas, este criterio técnico se emite en virtud que, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental y a los compromisos ambientales adquiridos en las declaraciones juradas presentadas por Industrias Infinito S.A., a SETENA y al INTA, que revisten el carácter de de acatamiento obligatorio; no se estará perdiendo la capacidad productiva de estos suelos, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con todas las actividades técnicas de manejo detalladas en las mencionadas declaraciones.” (folios 148 a 150 del expediente administrativo del INTA).

 

19) Que el 30 de mayo del 2007, Industrias Infinito S.A. solicitó, ante la Dirección de Geología y Minas, la convalidación de la resolución N°R-578-2001-MINAE, que le otorgaba la concesión de explotación minera para el proyecto minero Crucitas y que había sido anulada por la Sala Constitucional, indicando que ya había sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental por parte de SETENA en la resolución 3638-2005-SETENA (folios 372 a 374 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas).

 

20) Que el 6 de diciembre del 2007, Industrias Infinito S.A. presentó ante SETENA el documento denominado: “Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto”, en el cual no se indicó la condición técnica establecida en el oficio DGM-DC-2085-2001 de la Dirección de Geología y Minas en relación con la cota máxima de extracción. En dicho documento se solicitó la aprobación de los siguientes cambios:

(...)

El tiempo de duración de la fase constructiva, no varía y se mantiene en 18 meses o 1,5 años, la fase operativa se amplía a 9.25 años y la fase de cierre se mantiene en 18 meses o 1,5 años para un total de 12,25 años. (...)

 

Cuadro 1.1 Comparación del área de los componentes del proyecto:

Componente del proyecto

	

Aprobado (has)

	

Cambio propuesto (has)




Extracción

	

126.4

	

50.0




Relaves

	

143.8

	

143.8




Planta de proceso, residencias, área de recuperación de suelos, oficinas, otros

	

33.9

	

33.8




TOTALES

	

304.1 has

	

227.6 has

 

Cuadro 1.2 Comparación de áreas totales en porcentajes con base en el área total de propiedades del proyecto

Área total de propiedades del proyecto

	

Aprobado en %

	

Cambio propuesto %




1474 has

	

20.6%

	

15.4%

 

Cuadro 1.3 Análisis comparativo de los cambios propuestos

Ítem

	

Descripción

	

Aprobado

	

Ahora




1

	

Extracción

	

Mayor área de extracción

	

Menor área de extracción




2

	

Litología del proceso y método de extracción

	

Saprolita, uso de maquinaria pesada

	

Saprolita y roca dura, uso de explosivos y maquinaria pesada.




3

	

Consumo eléctrico

	

Planta de generación eléctrica 5.4 MW

	

Energía eléctrica Coopelesca, no se utilizará planta de generación eléctrica, por lo que se eliminará la emisión a la atmósfera de 3.3 ton/hora de CO2.




4

	

Almacenamiento de combustible

	

1500 m3 diesel y 38 m3 de gasolina

	

50 m3 diesel y 3.7 m3 de gasolina




5

	

Planta de destrucción de cianuro

	

Proceso INCO, funcionando en forma constante durante producción

	

Proceso CYPLUS (INCO mejorado) funcionando de la misma forma constante




6

	

Aspecto forestal

	

Reforestación de 336 has donde 227 has serían de tipo comercial (melina o teca)

	

Reforestación de 382 has de bosque natural con especies nativas (se consideran 1600 árboles por ha por lo que se espera sembrar un aproximado de 611200 árboles)




7

	

Social

	

Compromisos sociales

	

Se mantienen los mismos compromisos sociales, sin embargo habrá más empleos y pagos de impuestos




8

	

Cierre

	

Se esperaba la conformación de una laguna de relaves, reforestación con especies nativas y comerciales.

	

Se espera la conformación de la laguna de relaves más lago Fortuna y reforestación total con especies nativas

 

 (folios 198 a 200 y 222 del legajo denominado Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos).

 

21) Que Industrias Infinito S.A. no solicitó prórroga o ampliación del plazo de la viabilidad ambiental para el inicio de las labores de extracción en el proyecto Minero Crucitas, ni tampoco dio inicio a dichas labores en el plazo establecido en la resolución N° 3638-2005-SETENA (los autos).

 

22) Que mediante resolución N°170-2008-SETENA, de las 12:50 horas del 4 de febrero del 2008, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó la modificación al proyecto Minero Crucitas, y dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“Considerando.

Primero: El día 30 de agosto funcionarios del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, realizan inspección al área del Proyecto Minero Crucitas con el fin de constatar las condiciones de campo del mismo y poder valorar de esta manera el entorno ambiental para el inicio de la fase constructiva y la modificación del área extractiva del proyecto. Al momento de la inspección se pudo evidenciar lo siguiente: a. La finca destinada al Proyecto Minero Crucitas mantiene su condición de finca ganadera con repastos y áreas de bosque intervenido. b. La empresa desarrolladora ha implementado un vivero, que permite la reproducción de especies presentes en el sotobosque de las áreas de extracción; esto con el fin de desarrollar áreas de bosque con las mismas especies nativas y distribución de biodiversidad. El vivero cuenta con una población de 45000 árboles, habiéndose reforestado 11 ha. c. Instalaciones adquiridas por Industrias Infinito S.A funcionan como Centro de Capacitación en la comunidad de Coopevega de Cutris, donde en asocio con el INA se desarrollan programas de corte y confección, agricultura orgánica, producción de queso, pintura sobre tela y cursos básicos de computación; también se pudo observar en el campo el desarrollo de proyectos ya iniciados de acuicultura y sistemas mixtos. d. Como parte del aporte social del proyecto se constataron las obras donadas a la Escuela Crucitas: comedor, baterías sanitarias, remodelación de aula y casa de maestro. Segundo: Una vez analizado el documento denominado “Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto Minero Crucitas”, presentado por la empresa, se tienen las siguientes consideraciones: a. El proyecto original contemplaba la extracción de la saprolita que correspondía a la capa superior del yacimiento, hasta una profundidad de 15m,  por implicar un menor costo de extracción; sin embargo, por los cambios de precio del oro en el mercado internacional y por no poder cumplir la empresa con la norma exigida por Canadá (mercado de destino del producto final) que no permite incluir los recursos mineros “inferidos o estimados” debido a los bajos niveles de confiabilidad; la desarrolladora solicita, como parte de los cambios, poder extraer, además de la saprolita, también la roca dura, donde aumenta la probabilidad de una mayor cantidad de oro; lo que conlleva a trabajar a profundidades promedio de 67 m y reducir el área extractiva de 126,4 ha a 50 ha. El área a intervenir corresponde a los sectores ya identificados, conocidos como “Cerro Botija” y “Cerro Fortuna”.

La extracción en roca dura implica la utilización de voladuras para el avance apropiado de bloques de extracción y una adecuada conformación de los taludes de las paredes de los tajos, por lo cual la empresa Industrias Infinito S.A. se compromete a contratar a una empresa certificada en este tipo de actividad, de tal forma que sea una práctica segura y efectiva.

El resto de las áreas que contemplaba el proyecto, permanecen inalteradas, como lo muestra el siguiente cuadro:

Comparación del área de los componentes del proyecto

Componente del proyecto

	

Aprobado (ha)

	

Cambio propuesto (ha)




Extracción

	

126.4

	

50.0




Relaves

	

143.8

	

143.8




Planta de proceso, residencias, área d recuperación de suelos, vivero, oficinas, otros.

	

33.9

	

33.8




Totales

	

304.1 ha

	

227.6 ha

 

b. Los materiales arcillosos y roca dura con minerales de interés económico, serán procesados mediante un lixiviado de cianuración, en circuito cerrado, lo que permite la recirculación de agua en el proceso. En cuanto a la degradación del cianuro, la tecnología propuesta originalmente denominada INCO, ha emigrado hacia procesos más seguros durante el tiempo transcurrido desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto. La empresa desarrolladora se compromete a utilizar esta nueva tecnología, denominada CYPLUS (INCO mejorado), con el fin de mejorar la gestión ambiental cumpliendo la normativa tanto nacional como internacional.

c. Dentro del proceso final de tratamiento de cianuro o pulimiento de los desechos se prevé la degradación natural del mismo en la laguna de relaves, con lo cual se estaría realizando la reducción completa del cianuro en las aguas residuales.

d. Los “Estudios de Línea Base” en material de cobertura, roca dura y los materiales de relaves o colas, muestra que existe un potencial bajo para la generación de drenaje ácido; no obstante, la empresa desarrolladora prevé un manejo adecuado que controle su eventual producción, sumergiendo bajo el agua el material proveniente de la roca estéril y las colas.

e. El resumen de los cambios propuestos para el Proyecto Minero Crucitas y su análisis comparativo, se expone a continuación:

Análisis comparativo de los cambios propuestos

Descripción

	

Proyecto Aprobado, con viabilidad ambiental

	

Modificación Propuesta




Extracción

	

Mayor área de extracción

	

Menor área de extracción




Litología del proceso y método de extracción

	

Saprolita, uso de maquinaria pesada

	

Saprolita y roca dura, uso de explosivos y maquinaria pesada.




Consumo eléctrico

	

Planta de generación eléctrica 5.4 MW

	

Energía eléctrica (Coopelesca), no se utilizará planta de generación eléctrica, se eliminará la emisión a la atmósfera de 3.3 ton/hora de CO2.




Almacenamiento de combustible

	

1500 m3 diesel y 38 m3 de gasolina

	

50 m3 diesel y 3.7 m3 de gasolina




Planta de destrucción de cianuro

	

Proceso INCO, funcionando en forma constante durante producción

	

Proceso CYPLUS (INCO mejorado) funcionando de la misma forma constante




Aspecto forestal

	

Reforestación de 336 ha donde 227 ha serían de tipo comercial (melina o teca)

	

Reforestación de 382 has de bosque natural con especies nativas (1600 árboles por ha para un aproximado de 611 200 árboles)




Social

	

Compromisos sociales

	

Se mantienen los mismos compromisos sociales




Cierre

	

Se esperaba la conformación de una laguna de relaves, reforestación con especies nativas y comerciales.

	

Conformación de la laguna de relaves más lago Fortuna y reforestación total con especies nativas

 

f. Se adjunta diagnóstico actualizado de condiciones ambientales, sociales y económicas del proyecto, validadas por profesionales afines para cada componente: medio físico, medio biológico, medio socioeconómico. Prevalecen los factores considerados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA.

g. Se presenta una identificación de impactos y su valoración dentro del proyecto incluyendo las actividades estipuladas como modificación, para las tres fases que conlleva la ejecución del proyecto: construcción, operación y cierre; con las medidas de mitigación y compensación correspondientes.

Tercero: Dentro de los planes de monitoreo propuestos por el desarrollador se incorpora el seguimiento a datos de línea base en cuanto a: suelos, aguas superficiales, ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos, anfibios y reptiles, avifauna, componente florístico, mamíferos, componente forestal y social; y se incorpora el protocolo de manejo de sustancias peligrosas.

Cuarto: Se mantiene en el Plan de Gestión Ambiental la Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Crucitas, la que debe funcionar dentro del marco que establezca esta Secretaría.

Por tanto

La Comisión Plenaria resuelve:

(...)

 “Primero: Aprobar la modificación del proyecto Minero Crucitas, (Minado y Procesamiento de Minerales de Oro), incluyendo el Plan de Gestión Ambiental actualizado y los planes de monitoreo propuestos. Segundo: Ordenar la conformación y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Crucitas, para lo cual se designa a la Secretaría General para que proceda a solicitar los nombres de los representantes de las diferentes entidades que la conforman. Tercero: Solicitar a la empresa desarrolladora la presentación del Plan de Atención de Emergencias y el Plan de Salud Ocupacional en los tiempos estipulados por el Ministerio de Salud. A la vez el Plan de Educación Ambiental y el Reglamento Interno de Trabajo, podrán remitirse a la Setena en el primer semestre después de iniciada la fase constructiva del proyecto.” (folios 4152 a 4157 del Tomo 10 del expediente administrativo de SETENA N°129-02).

 

 

23) Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no solicitó un nuevo estudio de impacto ambiental, ni ningún otro instrumento de evaluación ambiental, ni la empresa Industrias Infinito S.A. los aportó, ni tampoco se llevó a cabo una nueva audiencia pública, a efecto de analizar los impactos que podrían generar los cambios introducidos por la desarrolladora al Proyecto Minero Crucitas (los autos y declaraciones de Sandra Arredondo Li, Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena).

 

24) Que en el informe N° ASA-013-2008-SETENA, de fecha 14 de enero del 2008, emitido por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, que evaluó la propuesta de modificación de previo al dictado de la resolución N°170-2008-SETENA, la Geóloga Marta Elena Chaves Quirós, Coordinadora de ese Departamento, no participó como evaluadora (folios 4112 a 4119 del tomo X del expediente 129-02 de SETENA, certificación de folios 2204 a 2216 del expediente judicial admitido como prueba para mejor proveer y declaración de Marta Elena Chaves Quirós).

 

25) Que mediante resolución N° R-217-2008-MINAE, de las 15:00 horas del 21 de abril del 2008, el Poder Ejecutivo ordenó la conversión de la resolución N° 578-2001-MINAE, que había sido anulada por la Sala Constitucional, y aplicando esa figura jurídica, otorgó la concesión de explotación minera a la empresa Industrias Infinito S.A. En lo que interesa, dicha resolución indicó lo siguiente:

“(...)

Considerando:

Primero: Con vista en la resolución 2004-13414 de fecha 26 de noviembre  2004 de la Sala Constitucional, el único requisito que este Tribunal Constitucional consideró que no se ha cumplido durante el trámite de la solicitud de concesión de explotación, a nombre de la empresa Industrias Infinito S.A., es aprobación previa al otorgamiento de la concesión del Estudio de Impacto Ambiental, hecho que ocurre mediante resolución N° 3638-2005-SETENA, de fecha 12 de diciembre del 2005, en la que se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y su respectivo anexo, determinándose que cumple con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esa Secretaría, además de aprobar la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA); otorgándosele la Viabilidad Ambiental al Proyecto Minero Crucitas, quedando abierta la etapa de gestión ambiental. Por otra parte ya fue aportado al expediente el oficio DST-773-2006 de fecha 4 de octubre del 2006, del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), en el que se determina que con el proyecto no se estará perdiendo la capacidad productiva de estos suelos, siempre que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos.

Segundo: Si bien la empresa Industrias Infinito S.A. ha solicitado la convalidación de la resolución N° 578-2001-MINAE de las 9:00 horas del 17 de diciembre del 2001, mediante la que se otorgó la concesión de explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados, lo cierto es que de conformidad con el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública, lo procedente es aplicar la conversión del acto, debido a las siguientes circunstancias: a) Cuando se aprobó el programa de explotación para el otorgamiento de la concesión minera, el precio del oro, mineral principal de interés en explotar estaba muy abajo, del precio actual. b) Si bien se mantiene la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA, mediante resolución N° 3638-2005-SETENA, de fecha 12 de diciembre del 2005, lo cierto es que la modificación presentada en diciembre del 2007, aprobada por resolución 170-2008-SETENA, denota modificaciones al proyecto, que merecen que varíe en algunos aspectos, el otorgamiento de la concesión minera, sobre todo en cuanto control de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas de la actividad a desarrollar por parte de la empresa Industrias Infinito S.A. c) Que la empresa Industrias Infinito S.A., ha expresado su compromiso de constituir un fideicomiso para que las labores de fiscalización del proyecto por parte de la Dirección de Geología y Minas, sea más expedita de manera que exista la potestad de contratar a empresas consultoras para que brinden auditorias extraordinarias a las labores de control que por Código de Minería, le competen a la Dirección de Geología y Minas. Aplica al caso lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto al principio de conservación de los actos administrativos, principio que aplica, debido a que la Sala Constitucional al emitir el voto 2004-13414 de fecha 26 de noviembre 2004, se fundamenta en la ausencia de la aprobación del estudio de impacto ambiental, por lo que el procedimiento aplicado para el otorgamiento de la concesión, es válido y eficaz.

Tercero: La Dirección de Geología y Minas, por DGM/RNM 284-2008 de fecha 10 de abril del año en curso, ha recomendado la conversión del otorgamiento de la concesión minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A. cédula de persona jurídica # 3-101-127121.

Por tanto

El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía resuelven:

Primero: Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A. cédula de persona jurídica número 3-101-127121. 

Segundo: El plazo de vigencia de la concesión es por 10 años, DGM-DC-320-2001 de fecha 14 de marzo del 2001, suscrito por la Geóloga Ana Sofía Huapaya, así como DGM-DC-2085-2001 de fecha 26 de noviembre del 2001.

Tercero: El material a explotar es oro, plata, cobre y minerales asociados, a favor de la empresa Industrias Infinito S.A.

Cuarto: La concesión queda condicionada al cumplimiento al Plan de Trabajo y a las condiciones técnicas emitidas por la Geóloga Ana Sofía Huapaya, mediante oficio DGM-DC-320-2001 del 14 de marzo del 2001 y DGM-DC-2085-2001 del 26 de noviembre del 2001. Asimismo, deberá cumplir con las condiciones ambientales según lo aprobado por la SETENA y los compromisos adquiridos ante el INTA.

Quinto: La concesionaria deberá cumplir con las obligaciones que la legislación le impone, así como acatar las directrices que le gire la Dirección de Geología y Minas y la SETENA.

(...)” (folios 440 a 458 del tomo 1 del expediente administrativo de Geología y Minas N°2594).

 

26) Que mediante Decreto Ejecutivo N° 34492-MINAE, publicado en La Gaceta N°107 del 4 de junio del 2008, emitido por el Presidente de la República y por el Ministro de Ambiente y Energía, se derogó el Decreto Ejecutivo N° 30477-MINAE que declaraba la moratoria nacional sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto (consulta al SINALEVI).

 

27) Que mediante Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, publicado en La Gaceta N°201 del 17 de octubre del 2008, emitido por el Presidente de la República y por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. Dicho decreto dispuso en lo que interesa, lo siguiente:

“Considerando:

I.- Que los artículos 19, inciso b) y 34 de la Ley Forestal N° 7575 prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional.

II.- Que el artículo 3 inciso m) de la Ley Forestal N° 7575 declara como actividades de conveniencia nacional las realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, instituciones autónomas o empresas privadas, cuyos beneficios sociales sean mayores a los costos socio-ambientales.

III.- Que el Código de Minería en su artículo 6 establece: “Artículo 6.1. Se declara de utilidad pública toda la actividad minera, tanto en los trabajos de exploración, como en los de explotación. Tendrán el mismo carácter la concentración, beneficio, transformación, transporte de sustancias minerales y los terrenos propiedad particular o estatal necesarios para estos fines.” Con base en esta declaratoria de utilidad pública, este artículo dispone que las empresas mineras están autorizadas para efectuar su actividad en terrenos particulares o inclusive en terrenos estatales.

IV.- En el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE se indica como actividad de conveniencia nacional a aquellas relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad y entre ellas se encuentra la actividad minera. Con base en esta declaratoria, la empresa puede proceder a solicitar la autorización para la corta de árboles y la realización de obras en el área de protección de quebradas y ríos.

V.- Industrias Infinito S.A., es titular de la Concesión de Explotación Minera que corre en el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas bajo el expediente N° 2594. El Ministro de Ambiente y Energía mediante la resolución N° 217 de las 15:00 horas del día 21 del mes de abril del año en curso, procedió al otorgamiento de la concesión de explotación minera.

VI.- La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas, mediante resolución N°3638-2005-SETENA de las 9:25 horas del día 12 de diciembre del 2005. Posteriormente, SETENA aprobó modificaciones al Proyecto mediante resolución N° 170-2008-SETENA de las 12:50 horas del día 4 de febrero del 2008.

VII.- El Proyecto Minero Crucitas traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central. Entre estos beneficios están los siguientes: i) La mina tendrá una operación cercana a 11 años (incluye construcción, operación y cierre técnico). Esto significa que durante ese tiempo habrá desarrollo de las comunidades cercanas a Crucitas y necesidad de mano de obra.; ii) La inversión inicial para construir la Mina Crucitas es cercana a US$ 65,000,000. Se calcula que gran parte de ese monto se usará para compra de servicios profesionales, pago de contratistas, compra de materiales y maquinaria; mucho de estos adquiridos en la zona de San Carlos; iii) Se estima que se dará empleo a 253 personas directas. En minería se calcula que por cada empleo directo, se da trabajo a 5 empleados indirectos; por lo que tendremos 1,265 empleados indirectos; iv) Dentro de los compromisos sociales se procurará que al menos el 75% de los empleados sean de la zona cercana a Crucitas; v) Planilla: La planilla anual para pagar los empleados se estima en US$ 4,132,859; vi) Impuesto local. El Código de Minería establece que las empresas mineras deberán pagar el 2% de su utilidad bruta a la comunidad; por lo que la Municipalidad de San Carlos y la comunidad del área de influencia a Crucitas recibirá anualmente un aproximado de US$1,441,158 durante ocho años (para un total de US$ 11,529,263); vii) Se maneja un fideicomiso para desarrollar obras sociales y las acciones de la comisión de monitoreo del Proyecto Crucitas, que recibirá anualmente la suma de US$ 364,063 y viii) El proyecto Crucitas pagará impuestos al gobierno central, se tiene calculado un pago anual por impuesto de renta de US$ 8,790,289 para un total por la vida de la mina de US$ 70,322,309.

VIII.- Para la construcción y desarrollo del Proyecto Crucitas se requiere la corta de árboles en 191 Ha 7 782,66 m2 que poseen bosque, lo cual representa el 19.93% del bosque existente en todas las propiedades, la corta de árboles en 66 Ha 9474,53 m2 en áreas de uso agropecuario sin bosque existente en todas las propiedades, lo cual representa el 14.00% de las áreas de uso agropecuario sin bosque existente en todas la propiedades y la corta de árboles de 4 Ha 1751,38 m2 que poseen plantaciones forestales, lo cual representa el 12.33% de las plantaciones forestales existente en todas las propiedades. Dentro de las especies forestales de la zona, se presentan algunas vedadas, de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional N° 2486 de las 10 horas 54 minutos del 8 de marzo de 2002 y el Decreto Ejecutivo N° 25700 del 15 de noviembre de 1996.

IX.- Como compensación por el cambio de uso, Industrias Infinito, S.A. propuso las siguientes medidas de compensación: i) Apoyo para la compra de un terreno para conservación por un monto de doscientos cincuenta mil dólares; ii) La siembra de 49.8 árboles por cada árbol que se requiera cortar y iii) La creación y conservación de un corredor biológico dentro de sus propiedades.

Por tanto:

Decretan Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas.

Artículo 1°- Se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S.A.

Artículo 2°- En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que están vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto.

Artículo 3°- La empresa desarrolladora deberá cumplir con cada una de las medidas de compensación previstas en el Considerando IX. Para el seguimiento y control de lo anterior, la misma rendirá un informe a la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la que por su parte certificará el cumplimiento.” (folio 518 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas N° 2594 y consulta al SINALEVI).

 

28) Que mediante resolución N° 244-2008-SCH, de las 9:05 horas del 17 de octubre del 2008, el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, aprobó la solicitud de cambio de uso de suelo y la consecuente corta de árboles en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario sin bosque y áreas de plantaciones, en los terrenos propiedad de la empresa Industrias Infinito S.A. Dicho acto dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“Por tanto

Ing. William Vargas González, Director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte y el Ing. Oldemar Corrales Jiménez, Jefe de la Subregión San Carlos, resuelven:

Primero: Que de conformidad con la normativa citada, el mérito de los autos y en particular con fundamento en el contenido del Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET publicado en la Gaceta N° 201 del día 17 del mes de octubre del año 2008, por el que se declara al Proyecto Minero Crucitas como de Conveniencia Nacional, donde se le permite al Proyecto la corta y aprovechamiento de especies vedadas, la corta y aprovechamiento árboles en zonas de protección definidas en los artículos N° 33 y 34 de la Ley Forestal N° 7575, y al haberse concluido con los requisitos para optar por el permiso de cambio de uso del suelo en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario y sin bosque y áreas de plantación; y al existir un Estudio de Impacto Ambiental, el cual demuestra la viabilidad ambiental según la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se aprueba la solicitud para el cambio de uso del suelo en áreas de bosque, en áreas de uso agropecuario sin bosque y en áreas de plantación, en donde se aprovechará 12391 árboles, distribuidos en 191.77 hectáreas cubiertas de bosque, 66.94 hectáreas en áreas en terrenos de uso agropecuario y sin bosque y la corta de árboles en 4.17 hectáreas de áreas plantadas; presentada por el señor Arnoldo Rudín Arias, cédula de identidad N° 2-0381-0102, mayor, casado, vecino de Canoas de Alajuela, Urbanización el Rey, en su calidad de apoderado generalísimo de la Sociedad Anónima Industrias Infinito, cédula jurídica N° 3-101-127121, en los inmuebles debidamente inscritos ante el Registro de la Propiedad, partido de Alajuela, con las matrículas de los Folios Reales N° A-1101755-06 área 149 ha 3535.18 m2, A-1101246-06 área 21 ha. 708,76 m2, A-923995-90 área 85 ha 9276.82 m2, A-871962-03 área 412 ha 3774.69 m2, A-604690-00 área 29 ha 4912 m2, A-1070857-06 área 143 ha 8552.57 m2, A-1060665-06 área 60 ha 5997.91 m2, A-606355-00 área 94 ha 5770 m2, A-1075825-06 área 154 ha 3848.43 m2, A-1062873-06, área 103 ha 7736.05 m2, A-1061302-06 área 59 ha 6487.27 m2 y A-1072536-06 área 159 ha 4073.13 m2, se localizan en la provincia de Alajuela, cantón San Carlos, distrito Cutris, poblado Crucitas.

 

Segundo: Se autoriza el cambio de uso de suelo en áreas de bosque, en áreas de uso agropecuario sin bosque y en áreas de plantación, en donde se cortarán y aprovecharán 12391 árboles con un volumen  17218.78 m3, distribuidos en 191.77 hectáreas cubiertas de bosque, 66.94 hectáreas en áreas de terrenos de uso agropecuario y sin bosque y la corta de árboles en 4.17 hectáreas de áreas plantadas. Se autoriza la corta de 12391 árboles; de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas y de distribución por número de folio real:

 

Cuadro N 1. Resumen por número de folio reales correspondientes a las áreas a ser sometidas a cambio de uso del suelo en bosque y en terrenos de uso agropecuario y sin bosque y en plantaciones forestales.

  

Número Folio Real

	

Áreas de Bosque a sometidas a cambio de uso (ha)

	

Áreas de uso Agropecuario sin bosque

	

Área de Plantación

	

Número Árboles a cortar

	

Volumen total a extraer (m3)




2-175767-000

	

2 Ha 4250.69 m2

	

 

	

 

	

336

	

407.43




2-175769-000

	

 

	

14 Ha 8161.69 m2

	

 

	

101

	

148.86




2-175769-000

	

19 Ha 7527.19 m2

	

 

	

 

	

1688

	

2636.75




2-175769-000

	

 

	

3 Ha 1770.67 m2

	

 

	

20

	

40.74




2-303718-000

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2-394051-000

	

30 Ha 8319.43 m2

	

 

	

 

	

2027

	

2514.23




2-175777-002

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2-293866-003

	

45 Ha2475.80 m2

	

 

	

 

	

2468

	

3650.88




2-293866-003

	

 

	

37 Ha 6688.21 m2

	

 

	

212

	

258.69




2-173125-002

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2-173127-002

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2-175783-002

	

45 Ha 3327.14 m2

	

 

	

 

	

2189

	

2651.47




2-175783-002

	

 

	

11 Ha 2853.96 m2

	

 

	

626

	

659.69




2-175783-002

	

 

	

 

	

4 Ha 1751.38 m2

	

5

	

2..45




2-184445-002

	

9 Ha 4568.32 m2

	

 

	

 

	

97

	

567.45




2-175399-002

	

23 Ha 5144.34 m2

	

 

	

 

	

1632

	

2299.89




2-175419-001

	

15 Ha 2169.75 m2

	

 

	

 

	

990

	

1380.25




Total

	

191 Ha 7782.66

	

66 Ha 9474.53 m2

	

4 Ha 1751.38 m2

	

12391

	

17218.78

 

Cuadro N 2. Especificaciones técnicas de los árboles a cortar en áreas con cobertura boscosa, los cuales serán sometidos a cambio de uso del suelo, ubicados en los inmuebles con los folios reales Nº 2-175767-000, 2-175769-000, 2-175419-001, 2-293866-003, 2-175783-002, 2-184445-002, 2-175399-002, 2-394051-000.

 

	

 

	

Áreas con




 

	

 

	

Cobertura Boscosa




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Acacia – Cornizuelo

	

Acaccia corniguera

	

36

	

14,78




Aceituno

	

Simarouba amara

	

26

	

21,09




Aguacate

	

Persea americana

	

14

	

21,31




Aguacatillo

	

Cinnamomun cinnamomifolium

	

28

	

23,73




Aguacaton

	

Ocotea Ira

	

1

	

4,09




Ajillo

	

Caryocar costarricense

	

28

	

53,08




Alcanfor

	

Protium Copal

	

14

	

9,63




Almendrillo

	

Andira Inermis

	

8

	

23.62




Almendro

	

Dipteryx panamensis

	

168

	

551.33




Amargo Amarguillo

	

Aspidosperma megalocarpon

	

9

	

10,71




Amarguillo

	

Aspidosperma megalocarpon

	

15

	

14,95




Anonillo

	

Rollinia pittieri

	

70

	

60,15




Arenillo

	

Abaraema macradenia

	

45

	

38,99




Areno

	

Qualea paraensis

	

356

	

597,52




Balsa

	

Ochroma lagopus

	

44

	

38,75




Balsamo

	

Miroxylon Balsamun

	

3

	

3,28




Botarrama

	

Vochysia ferruginea

	

771

	

1376,44




Botija

	

Apeiba membranaceae

	

63

	

172,46




Burio

	

Apeiba tibourbou

	

967

	

652,83




Cafecillo

	

Casearia arborea

	

6

	

3,95




Caimito

	

Crisophylum cainito

	

17

	

24,53




Cajilla

	

Genipa caruto

	

45

	

36,25




Camibar

	

Copaifera aromatica

	

1

	

0,59




Campano

	

Sacoglottis trichogyna

	

15

	

24,34




Canelo

	

Nectandra salicifolia

	

5

	

4,89




Canfin

	

Protium panamensis

	

343

	

550,91




Caobilla

	

Carapa guianensis

	

385

	

807,04




Capulin

	

Trema micrantha

	

251

	

200,79




Carey

	

Elaeouma glabrescens

	

46

	

80,93




Cebo

	

Vochysia ferruginea

	

55

	

107,31




Cero Amargo

	

Cedrela odrota

	

16

	

21,71

  

 

	

 

	

Áreas con




 

	

 

	

Cobertura Boscosa




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Cedro Dulce

	

Cedrela tonduzii

	

1

	

0,76




Ceibo

	

Ceiba pentadra

	

9

	

113,95




Chancho

	

Vochysia ferruginea

	

2

	

3,42




Chaperno

	

Lonchocarpus costaricensis

	

288

	

329,76




Chilamate

	

Ficus werckleana

	

1

	

0,84




Ciprecillo

	

Podocarpus spp

	

5

	

6,47




Cipres

	

Cupressus lusitanica

	

1

	

0,9




Cocora

	

Guarea ropholocarpa

	

20

	

25,77




Cola de Pavo

	

Himenolobium mesoamericanum

	

6

	

14,94




Coloradito

	

Calucophyllum candidissimun

	

9

	

5,94




Colorado

	

Calucophyllum candidissimun

	

2

	

1,02




Colpachi

	

Croton niveus

	

2

	

0,25




Copalillo

	

Protium Copal

	

1

	

0,85




Corteza

	

Tabebuia ochraceae

	

2

	

22,63




Corteza Amarilla

	

Tabebuia chrysantha

	

12

	

7,5




Costilla de Danto

	

Roupala spp

	

2

	

73,11




Cucaracho

	

Billia colombiane

	

43

	

65,9




Cuero de Vieja

	

Lonchocarpus costaricensis

	

36

	

1,55




Cuerosapo

	

Miconia argentea

	

2

	

14,3




Danto

	

Sideroxylum capiri

	

14

	

17,89




Danto Amarillo

	

Roupala montana

	

10

	

45,54




Fosforillo

	

Protium panamensis

	

38

	

42,08




Frijolillo

	

Lonchocarpus rugosus

	

68

	

25,9




Frijolon

	

Lonchocarpus rugosus

	

31

	

191,52




Frota Dorada

	

Virola koschnyi

	

119

	

304,05




Gallinazo

	

Jacaranda copaia

	

1

	

5,31




Gavilan

	

Pentalaclethra macroloba

	

747

	

1049,58




Guabilla

	

Inga marginata

	

78

	

65,24




Guabo

	

Inga edulis

	

63

	

70,49




Guabo Colorado

	

Inga alba

	

25

	

43,3




Guacimo 

	

Luehea seemannii

	

3

	

1,87




Guacimo Blanco

	

Goethalsia meiantha

	

1

	

0,81




Guacimo Colorado

	

Luehea seemannii

	

2

	

1,59




Guaitil

	

Genipa americana

	

76

	

62,55




Guanacaste

	

Enterolobium ciclocarpum

	

34

	

58,92

  

 

	

 

	

Áreas con




 

	

 

	

Cobertura Boscosa




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Guarumo

	

Cecropia insignis

	

98

	

74,74




Guayabon

	

Terminalia oblonga

	

2

	

1,06




Higueron

	

Ficus yoponensis

	

4

	

3,33




Huevo de Caballo

	

Stemmadenia donnell-smith

	

10

	

12,54




Indio desnudo

	

Bursera simaraouba

	

1

	

0,63




Ira

	

Ocotea dentata

	

380

	

327,18




Ira Rosa

	

Ocotea austinii

	

16

	

15,79




Jicaro

	

Lecythis ampla

	

19

	

30,95




Jobo

	

Spondias mombin

	

21

	

13,51




Lagartillo

	

Zanthoxylon ekmanii

	

37

	

26,04




Lagarto

	

Zanthoxylon kellermanii

	

153

	

118,11




Laurel

	

Cordia alliodora

	

103

	

93,56




Leche de Vaca

	

Couma macrocarpa

	

29

	

37,66




Lechoso

	

Brosimun utile

	

167

	

242,5




Lengua de Vaca

	

Laetia procera

	

2

	

2,19




Lorito

	

Weinmannia pinnata

	

3

	

3,12




Manga Larga

	

Laetia procera

	

69

	

104,2




Mangle

	

Acvicennia germinans

	

1

	

1,33




Manteco

	

Trichilia tomentosa

	

148

	

243,54




Manu

	

Minquartia guianensis

	

98

	

143,11




Manu Negro

	

Minquartia guianensis

	

35

	

39,48




Manu Platano

	

Vitex cooperi

	

20

	

44




Maria

	

Caophyllum brasiliense

	

29

	

46,8




Mastate

	

Poulsenia armata

	

12

	

21,22




Melina

	

Gmelina arborera

	

 

	

 




Muñeco

	

Cordia collococca

	

89

	

74,71




Nance

	

Byrsonimia crassyfolia

	

4

	

3,03




Nancife

	

Byrsonimia crassyfolia

	

2

	

1,44




Naranjito

	

Swartzia simplex

	

3

	

2,73




Nene

	

Lonchocarpus rugosus

	

2

	

0,87




Nispero

	

Manilkara chicle

	

85

	

354,46




Nispero Zapotillo

	

Couepia poliandra

	

3

	

4,07




Ocora

	

Guarea rophalocarpa

	

15

	

13,55




Ojoche

	

Brosimun allicastrum

	

105

	

141,93




Ojochillo

	

Brosimun lactenscens

	

218

	

196,33

  

 

	

 

	

Áreas con




 

	

 

	

Cobertura Boscosa




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Paipute

	

Xilosma intermedia

	

15

	

10,07




Paleta

	

Dussia macroprophyllata

	

144

	

261,84




Panama

	

Sterculia apetala

	

216

	

199,88




Papa

	

Sterculia recordiana

	

23

	

22,75




Papaturro

	

Alchornea latifolia

	

 

	

 




Papayillo

	

Jacaratia dolichuala

	

41

	

49,39




Paponjoche

	

Pachira acuatica

	

6

	

6,49




Peine de Mico

	

Apeiba aspera

	

154

	

437,82




Pellejo de Vieja

	

Lonchocarpus costaricensis

	

5

	

8,24




Piedrilla

	

Licania hypoleuca

	

147

	

191,98




Pilon

	

Hieronyma alchorneoides

	

10

	

15,92




Plomillo

	

Sacoglottis trichogyna

	

9

	

15,48




Poro

	

Erythrina poepigianna

	

1

	

0,84




Quizarra

	

Ocotea mollifolia

	

91

	

103,04




Repollito

	

Eschweilera calyculata

	

13

	

12,53




Roble

	

Terminalia amazonia

	

120

	

186,66




Roble Charco

	

Terminalia amazonia

	

13

	

34,41




Roble Coral

	

Terminalia amazonia

	

100

	

148,81




Ron Ron

	

Astronium graveolens

	

18

	

22,84




Sangregao

	

Pterocarpus oficinalis

	

4

	

7,81




Sangrillo

	

Pterocarpus hayesii

	

20

	

16,34




Tabacon

	

Grias cauliflora

	

121

	

162,01




Tamarindo

	

Dialum guianenses

	

880

	

1941,09




Targua

	

Croton xalapense

	

428

	

295,02




Titor

	

Lonchocarpus rugosus

	

42

	

83,02




Tostado

	

Sclerobium costarricense

	

191

	

375,17




Vainilla

	

Stryphnodendron microstachyum

	

91

	

93,26




Yema de Huevo

	

Chimarris parviflora

	

292

	

311,22




Zapote

	

Pouteria viridis

	

123

	

169,34




Zapotillo

	

Couepia poliandra

	

305

	

269,14




Zopilote

	

Hernandia didymantha

	

13

	

27,35




Total

	

132 especies

	

11427

	

16108.35

 

Cuadro N 3. Especificaciones técnicas de los árboles a cortar en áreas de agropecuario y sin bosque, ubicados en los inmuebles con los folios reales Nº 2-175783-002, 2-175769-000, 2-293866-003 y 2-175767-000.

 

	

 

	

Áreas de uso




 

	

 

	

agropecuario sin bosque




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Aceituno

	

Simarouba amara

	

2

	

1,88




Aguacatillo

	

Cinnamomum cinnamomifolium

	

2

	

0,9




Ajillo

	

Caryocar costarricense

	

2

	

4,08




Alcanfor

	

Protium Copal

	

3

	

2,09




Almendro

	

Dipteryx panamensis

	

29

	

97,5




Amarguillo

	

Aspidosperma megalocarpon

	

1

	

0,47




Anonillo

	

Rollinia pittieri

	

1

	

0,3




Arenillo

	

Abaraema macradenia

	

4

	

7,81




Areno

	

Qualea paraensis

	

7

	

14,72




Balsa

	

Ochoroma lagopus

	

20

	

17,21




Botarrama

	

Vochysia ferruginea

	

27

	

49,41




Botija

	

Apeiba membranaceae

	

1

	

0,75




Burio

	

Apeiba tibourbou

	

56

	

30,16




Cajilla

	

Genipa caruto

	

5

	

2,46




Canfin

	

Protium panamensis

	

3

	

2,1




Caobilla

	

Carapa guianensis

	

20

	

44,82




Capullin

	

Trema micrantha

	

9

	

7,29




Cedro Amargo

	

Cedrela odorata

	

5

	

3,03




Ceibo

	

Ceiba pentadra

	

12

	

128,39




Cenizaro

	

Samanea saman

	

3

	

1,78




Cahperno

	

Lonchocarpus costaricensis

	

15

	

11,34




Chilamate

	

Ficus werckleana

	

4

	

2,68




Cipres

	

Cupressus lusitanica

	

1

	

0,55




Corteza

	

Tabebuia ochraceae

	

9

	

17,07




Corteza Amarilla

	

Tabebuia chrysantha

	

1

	

4,61




Frijolon

	

Lonchocarpus rugosus

	

8

	

8,73




Frota Dorada

	

Virola koschnyi

	

7

	

9,11




Gavilan

	

Pentaclethra macroloba

	

58

	

84,33




Guabilla

	

Inga marginata

	

1

	

0,44




Guabo

	

Inga edulis

	

3

	

2,02




Guabo Colorado

	

Inga alba

	

1

	

0,89




Guaitil

	

Genipa americana

	

11

	

7,25

  

 

	

 

	

Áreas de uso




 

	

 

	

agropecuario sin bosque




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Guarumo

	

Cecropia insignis

	

16

	

9,43




Higueron

	

Ficus yoponensis

	

1

	

0,83




Huevo de Caballo

	

Stemmadenia donnell-smith

	

3

	

1,8




Indio desnudo

	

Bursera simarouba

	

2

	

1,6




Ira

	

Ocotea dentata

	

1

	

2,92




Jicaro

	

Lecythis ampla

	

4

	

11,12




Jobo

	

Spondias mombin

	

3

	

1,63




Lagartillo

	

Zanthoxylon ekmanii

	

11

	

6,94




Lagarto

	

Zanthoxylon kellermanii

	

33

	

26,7




Laurel

	

Cordia alliodora

	

64

	

49,87




Lechoso

	

Brosimun utile

	

10

	

9,02




Manga Larga

	

Laetia procera

	

2

	

1,2




Manteco

	

Trichilia tomentosa

	

5

	

2,77




Manu

	

Minquartia guianensis

	

1

	

0,88




Manu Negro

	

Minquartia guianensis

	

1

	

0,77




Manu Platano

	

Vitex cooperi

	

2

	

3,93




Mastate

	

Poulsenia armata

	

1

	

0,14




Melina

	

Gmelina arborera

	

56

	

27,48




Muñeco

	

Cordia collococca

	

7

	

2,62




Nance

	

Byrsonimia crassyfolia

	

1

	

0,27




Ojoche

	

Brosimun allicastrum

	

3

	

1,65




Ojocjillo

	

Brosimun lactenscens

	

1

	

0,88




Paipute

	

Xilosma intermedia

	

1

	

0,51




Paleta

	

Dussia macroprophyllata

	

8

	

13,22




Panama

	

Sterculia apetala

	

12

	

5,9




Papaturro

	

Alchornea latifolia

	

2

	

0,76




Peine de Mico

	

Apeiba aspera

	

8

	

31,18




Pilon

	

Hieronyma alchorneoides

	

1

	

0,56




Plomillo

	

Sacoglottis trichogyna

	

1

	

1,51




Quizarra

	

Ocotea mollifolia

	

5

	

5,4




Roble

	

Terminalia amazonia

	

37

	

53,41




Roble Coral

	

Terminalia amazonia

	

222

	

129,7




Tabacon

	

Grias cauliflora

	

2

	

0,86




Tamarindo

	

Dialum guianenses

	

28

	

57,49




Targua

	

Croton xalapense

	

25

	

10,88

  

 

	

 

	

Áreas de uso




 

	

 

	

agropecuario sin bosque




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Tostado

	

Sclerobium costarricense

	

10

	

25,01




Vainilla

	

Stryphnodendron microstachyum

	

11

	

10,79




Yema de Huevo

	

Chimaris parviflora

	

15

	

16,9




Zapote

	

Pouteria viridis

	

2

	

2,22




Zapotillo

	

Couepia poliandra

	

6

	

7,32




Zopilote

	

Hernandia didymantha

	

4

	

2,96




Total

	

73 especies

	

959

	

1107,98

 

Cuadro 4. Especificaciones técnicas de los árboles a cortar en áres de plantaciones forestales ubicados en el inmueble con el folio real Nº 2-175783-002.

 

	

 

	

Áreas de




 

	

 

	

reforestacion




Nombre Vulgar

	

Nombre Científico

	

Número Árboles

	

Volúmen M3




Capullin

	

Trema micrantha

	

1

	

0,53




Guarumo

	

Cecropia insignis

	

1

	

0,63




Roble

	

Terminlaia amazonia

	

1

	

0,5




Targua

	

Croton xalapense

	

2

	

0,76




Total

	

4 especies

	

5

	

2,45

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CORTA DE ÁRBOLES:

A- Deben respetar y cumplir con lo establecido en la normativa legal forestal vigente.

B- Deberá aprovechar al máximo los residuos producto del aprovechamiento.

C- Se solicita para la supervisión de la Administración Forestal de Estado, de madera en patio, la misma se encuentre seleccionada y debidamente apilada.

D- Cumplir las disposiciones establecidas en cuanto a transporte de productos forestales, en el reglamento de la Ley Forestal Nº 7575. Las guías de transporte de madera en troza deben ser llenadas con la información solicitada, antes de salir del predio.

E- Para solicitar nuevas guías, se deberán entregar las guías utilizadas completamente llenas provenientes de la industria donde se transporto la madera, de lo contrario no se entregarán nuevas.

F- El permisionario o persona responsable del permiso será el responsable de entregar las últimas guías en troza provenientes de la industria, como así las guías de madera aserrada, en caso de ser solicitadas.

G- En el caso de madera aserrada se solicita presentar el número de serie, así como los documentos de propiedad de la motosierra, acompañándose lo anterior con la solicitud formal para su inscripción.

H- Se deberá presentar informes de regencia mensual, los cuales deberán incluir de ser necesario hojas certificadas anexas, donde mencione el avance periódico de las áreas donde se esté efectuando aprovechamiento forestal.

I- La solicitud de guías y placas, se hará a través de los diferentes informes regenciales, exclusivos para esta actividad.

J- Para el caso del último informe de regencia, este debe de ser presentado 20 días después del cierre del aprovechamiento, con tal de coordinar la visita de inspección o cierre por parte de la A.F.E. Además este informe debe de contener el inventario final de residuos.

K- Cualquier extensión correspondiente al período de corta debe solicitarse por escrito, de previo al vencimiento de esta resolución, la cual incluirá la justificación correspondiente para el caso en cuestión."  (folios 1686 a folios 1706 del expediente administrativo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación N° AH01-PM-03-08). 

 

29) Que la empresa Industrias Infinito reconoció la existencia de especies en extinción en la zona del Proyecto (folio 665 del tomo 3 del Plan de Manejo Forestal).

 

30) Que la empresa Industrias Infinito se comprometió a reforestar la zona del Proyecto con especies nativas (folio 199 del documento de Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto y folios 270 y 289 del tomo 2 del expediente administrativo del Área de Conservación Arenal Huetar Norte).

 

31) Que la resolución 244-2008-SCH contiene errores en cuanto a la identificación de varias especies de árboles y que en el mismo se incluyen especies endémicas, amenazadas o vedadas (los autos y declaraciones de Javier Baltodano Aragón, Quírico Jiménez Madrigal y Olman Murillo Gamboa)

 

32) Que el Poder Ejecutivo no otorgó audiencia a entidades representativas de intereses de carácter general, ni dio publicidad sobre la intención de declarar de conveniencia nacional e interés público el Proyecto Minero Crucitas (los autos).

 

33) Que en la zona del Proyecto Minero Crucitas existe un acuífero inferior confinado (los autos y declaración del testigo perito Hugo Virgilio Rodríguez Estrada)

 

34) Que los estudios presentados por la empresa Industrias Infinito no verificaron la extensión del acuífero inferior, no contemplaron si era transfronterizo, ni determinaron sus zonas de recarga (los autos y declaración del testigo perito Hugo Virgilio Rodríguez Estrada).

 

35) Que en el Proyecto presentado ante la Dirección de Geología y Minas en el año 2000, se previó por parte de Industrias Infinito interceptar el acuífero inferior y aprovechar sus aguas (los autos y declaraciones de Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, José Francisco Castro Muñoz, Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra).

 

36) Que al requerir en el año 2002 la viabilidad ambiental y al solicitar en el año 2007 la aprobación de los cambios propuestos al Proyecto Minero Crucitas, Industrias Infinito no informó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ni este órgano verificó la existencia de las limitaciones técnicas impuestas por la Dirección de Geología y Minas mediante el oficio N° DGM-DC-2085-2001, que implicaban limitar la extracción hasta la cota de 75 metros sobre el nivel del mar (los autos).

 

37) Que Industrias Infinito ha previsto en todo momento contar con la disposición del agua del acuífero inferior tanto para abastecer la laguna de relaves como para crear el denominado lago Fortuna (los autos y declaración de Sandra Arredondo Li).

 

38) Que el camino 2-10-104 del Cantón de San Carlos, se encuentra registrado en la red vial cantonal, como camino cantonal y definido como del entronque con la ruta nacional 227 Moravia Crucitas, y existe según la hoja cartográfica N° 3348 IV del Instituto Geográfico Nacional, edición 1 de 1962 y edición 2 de 1988. (folios 2379 y 2409  del tomo 4 del expediente principal)    

 

39) Que Industrias Infinito Sociedad Anónima, no informó en su solicitud de Concesión de Explotación Minera, presentada el 18 de diciembre de 1999, ante la Dirección de Geología y Minas, de la existencia de un camino público, en el área que se pretendía se le concesionaria, concretamente donde se construiría la laguna de relaves (ver folios 50 a 55 del tomo 1 del expediente administrativo de Geología y Minas, declaración testigo pericial de Sandra Arredondo Lí)

 

40) Que la en resolución N° R-578-2001 MINAE  no se hizo mención, ni análisis alguno sobre la existencia de un camino público en el área donde se construiría la laguna de relaves del proyecto, aún cuando en fechas 7, 8 y 9 de marzo de 2001, se realizó visita de comprobación de campo, por parte de la geóloga Ana Sofia Huapaya encargada para aquel momento de la valoración y análisis de la solicitud de concesión (ver oficio DGM-DC-320-2001 -folios 101 a 107, 199 a 202 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas n° 2594)

 

41) Que la demandada Industrias Infinito, para el 12 de marzo de 2002, fecha en que presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto Minero Crucitas, no informó de la existencia de un camino público en el área  destinada  para la construcción de laguna de relaves (ver folios 111 del tomo III del expediente administrativo de Setena).

 

42) Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no menciona ni analiza en su resolución 3638-2005 SETENA, mediante la cual otorga la viabilidad ambiental, la existencia de un camino público en el área a construir la laguna de relaves

(ver folios 3586 a 3591 del tomo IX del expediente administrativo de SETENA)

 

43) Que Industrias Infinito Sociedad Anónima, no informó en su solicitud de convalidación de la resolución N° R-578-2001 MINAE, ante la Dirección de Geología y Minas, de la existencia de un camino público, en el área que se pretendía se le concesionara, concretamente donde se construiría la laguna de relaves (ver folios 372 a 372 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas)

 

44) Que Industrias Infinito Sociedad Anónima, no informó a la SETENA, en el documento de evaluación ambiental de cambios propuestos al proyecto, presentado el 6 de diciembre de 2007, de la existencia de un camino público, en el área destinada para la construcción de la laguna de relaves  (ver folios 372 a 372 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas)

 

45) Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no menciona ni analiza en su resolución 170-2008-SETENA, mediante la cual aprobó la modificación al proyecto Minero Crucitas, la existencia de un camino público en el área a construir la laguna de relaves, aún cuando el 30 de agosto de 2008, funcionarios del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, realizaron inspección al área del Proyecto Minero Crucitas. (ver folios 4152 a 4157 del tomo X del expediente administrativo de SETENA)

 

46) Que en resolución N° R-217-2008 MINAE en la que se ordenó la conversión de la resolución 578-2001 MINAE,  y otorgó la concesión  de explotación minera a Industrias Infinito S.A. no se hizo mención, ni análisis alguno sobre la existencia de un camino público en el área donde se construiría la laguna de relaves del proyecto (ver  folios 440 a 458 del tomo I del expediente administrativo de Geología y Minas n° 2594)

 

47) Que mediante gestión fechada 10 de marzo de 2009, la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, solicita ante la Dirección de Geología y Minas, la constitución de una Servidumbre Minera de ocupación permanente con una medida de cuatro hectáreas 3.333 metros con 25 decímetros cuadrados, sobre un camino público municipal, a fin de construir y ubicar la laguna de relaves concretamente donde se encuentra ubicado el citado camino público, gestión ante la cual la administración Tributaria de Alajuela, mediante oficio número ATA-551-2009, del veintidós de setiembre de dos mil nueve, dispuso no tramitar el avalúo requerido por el Registro Nacional Minero. (folios 1 al 27 del expediente administrativo, rotulado hecho nuevo)

 

48) Que adjunto a la citada  gestión de servidumbre, se aportó por la empresa Industrias Infinito S.A. un Avalúo de la propiedad, en el cual se describe su naturaleza de camino público municipal, su ubicación exacta, características, topografía, así como fotografías de dicho camino y su valoración (ver folios 20 a 27 del expediente administrativo rotulado como hecho nuevo)

 

49) Que mediante acuerdo  S.M. 0002-2009, artículo 25, acta 60 del 27 de octubre de 2006, la Municipalidad de San Carlos, acepta donación de terreno, para ampliar el camino que va a CHAMORRO - CRUCITAS DE CUTRIS hecha por parte de los señores Gerardo Fernández Salazar y María Esther Pérez Hidalgo. (ver folios 2318 del tomo IV del expediente judicial)

 

50) Que el camino 2-10-104 del cantón de San Carlos, se encuentra en los registros de la Red Vial Cantonal del MOPT, como camino cantonal y fue modificado en su trazado original, consecuencia de la incorporación de un nuevo tramo al camino ya existente, por lo que en los Mapas de la red vial cantonal de San Carlos consta tanto el camino con su trazado original como la nueva sección, ambos como caminos cantonales 2-10-104 (ver oficio MT-2010-418 del Departamento de Planificación sectorial del MOPT, folios 2412 a 2413 del tomo IV del expediente judicial)

 

51) Que el camino público municipal, sobre el cual se pretende constituir la servidumbre, se encuentra ubicado en la localidad de Crucitas, y corresponde a la ruta Municipal 2-10-104 (ver folio 2 del expediente administrativo rotulado hecho nuevo)

 

52) Que la solicitud de servidumbre minera, fue tramitada personalmente por la Licenciada Cynthia Cavallini Chinchilla, Jefa del Registro Nacional Minero, quien remitió, la citada solicitud a la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, a fin de    que se practicara el avalúo del terreno (ver folios 1 del expediente administrativo rotulado como hecho nuevo, y declaración de la testigo funcionaria señora Cynthia Cavallini en juicio oral y público)

 

53) Que no se ha iniciado o tramitado gestión alguna, por parte de la Municipalidad de San Carlos o la Dirección de Geología Minas del MINAE, para desafectar el terreno municipal - camino público- 2-10-104

(los autos)

 

54) Que el camino público, parte de la ruta 2-10-104, desaparecerá permanentemente una vez que se construya sobre el la laguna de relaves  del proyecto Minero Crucitas (solicitud de servidumbre minera, ver expediente administrativo, rotulado hechos nuevos, y declaración de Sandra Arredondo Lí,  rendida el 8 de octubre en juicio oral y público)

 

55) Que los diagramas de flujo presentados ante Setena no contenían ni el sello, ni la firma de un ingeniero químico, ni el visto bueno del Colegio de Ingenieros Químicos (ver tomo 1 del estudio de impacto ambiental y declaratoria del testigo perito en juicio oral y pùpúblico Orlando Porras Mora).

 

56) Que el 19 de octubre de 2008, se interpuso por Edgardo Vinicio Araya Sibaja, recurso de amparo ante la Sala Constitucional  contra Industrias Infinito S.A., SETENA y el MINAET ( ver folio 1 del legajo separado de la resolución N° 2010-6922).

 

57) Que la ejecución de la resolución 244-2008-SCH, del Sistema Nacional de áreas de conservación,  respecto a la autorización de tala rasa en terrenos  en los que se desarrollo el proyecto Minero Crucitas, se inicio en el mes de octubre de 2008,  concretamente entre viernes y lunes, sin poder precisar fecha, actuación con la que se provocó el daño ambiental

(declaración en juicio oral y público de la testigo pericial de Sandra Arredondo Lí)

 

58) Mediante resolución de las catorce horas y nueve minutos del veintiocho de octubre de dos mil ocho,  la Sala Constitucional decreta como medida cautelar suspender toda tala e incluso la aplicación del decreto ejecutivo 34801.MINAET

(ver folio 3 del legajo separado de la resolución N° 2010-6922, resultado N° 7).

59) Que en voto 6922- 2010, de las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez,  la Sala Constitucional resuelve el recurso de amparo,  y en consecuencia queda sin efecto la medida cautelar decretada. (ver voto 2010-6922 de la Sala Constitucional en legajo separado).

 

60) Que en fecha 16 de abril de 2010, la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, solicita ante este Tribunal, medida cautelar a fin de que se ordene la inmediata suspensión de las actividades de la Empresa Infinito en el proyecto Minero Crucitas,  misma que es atendida mediante resolución 1377-2010, de las dieciocho horas y veinticinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez,  la que se acoge provisionalmente y ordena en lo que interesa:

 

" (1) LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34801-MINAE; (2) A JORGE RODRÍGUEZ QUIRÓS, EN SU CONDICIÓN DE MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, A GUISELLE MÉNDEZ VEGA EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Y A JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL JUDICIAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA, O A QUIENES OCUPEN SUS CARGOS, ABSTENERSE INMEDIATAMENTE DE EJECUTAR O APLICAR LO DISPUESTO EN EL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 34801-MINAE, EN PARTICULAR EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CORTA DE ÁRBOLES A FAVOR DE INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA Y EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS DE PROTECCIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PROYECTO MINERO CRUCITAS APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 3638-2005-SETENA DE LAS 09:25 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2005, (3) A JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL JUDICIAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA, O A QUIÉN OCUPE SUS CARGO, ABSTENERSE DE EMPRENDER CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN TENDIENTE A IGNORAR O A INCUMPLIR LO ORDENADO EN ESTA RESOLUCIÓN, Y (4) EN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, INDICAR Y DEMOSTRAR A ESTE TRIBUNAL A TRAVÉS DE UN MEDIO IDÓNEO, CUÁLES MEDIDAS CONCRETAS SE HAN TOMADO PARA HACER CUMPLIR LO ORDENADO CAUTELARMENTE POR ESTE DESPACHO" (ver folios 604 a 606, y 610 a 661 del expediente judicial, tomo II )

 

61) La anterior medida provisionalísima fue ratificada por el Juez tramitador, mediante  voto 1476-2010, de las dieciséis horas  con siete minutos del veintitrés de abril de dos mil diez. (ver folios 882 a 885 del tomo II del expediente judicial)

 

62) El voto 1476-2010, fue recurrido ante el Tribunal de Apelaciones, quien mediante fallo 281-2010 de la dieciséis horas del quince de junio de 2010, confirmó la medida cautelar acogida, y adicionó algunas otras.

(ver folios 1391 a 1392, del tomo III del expediente judicial)

 

III- ­HECHOS NO PROBADOS.

De relevancia para el dictado de esta sentencia, se tiene por no probado el siguiente hecho:

 

- NO consta que Industrias Infinito haya cuestionado en sede alguna las limitaciones técnicas impuestas por la Dirección de Geología  y Minas mediante el oficio DGM-DC-2085-2001 (los autos).

 

IV- OBJETO DEL PROCESO.

En este asunto las partes actoras solicitan que se declare la nulidad absoluta de varios actos administrativos que fueron emitidos con ocasión de la solicitud de concesión de explotación minera, formulada por la empresa Industrias Infinito S.A. A manera de recuento, los actos son los siguientes: 1) la resolución N°3638-2005-SETENA, mediante la cual se otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas. 2) La resolución N°170-2008-SETENA, mediante la cual la Administración aprobó la solicitud de modificación al Proyecto Minero Crucitas presentada por Industrias Infinito S.A. 3) El informe ASA-013-2008-SETENA, que constituyó el informe previo al dictado de la resolución antes citada. 4) La resolución N°R-217-2008-MINAE, mediante la cual la Administración convirtió la resolución N° R-578-2001-MINAE, y otorgó la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito. 5) La resolución N°244-2008-SCH, mediante la cual la Administración autorizó la corta de árboles en las propiedades de Industrias Infinito S.A. 6) El Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, por medio del cual se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. 7) El oficio N° DST-773-2006, mediante el cual el INTA no se opuso al cambio de uso de la tierra en los inmuebles de Industrias Infinito S.A. Asimismo, los actores han solicitado el pago de daño y perjuicios, la reparación integral de los daños ambientales y que se le fije a la Administración los límites dentro de los cuales debe ajustar sus conductas, así como la condena en costas a los demandados. En sustento de sus pretensiones, los accionantes argumentan que los actos administrativos indicados contienen una serie de vicios en sus elementos constitutivos, y reprochan que una serie de temas técnicos no fueron adecuadamente evaluados o bien fue omitida su consideración en los respectivos procedimientos administrativos. Los demandados, por su parte, estiman que las referidas conductas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, plantean que el Proyecto Minero Crucitas es jurídica y técnicamente viable, y en relación con las pretensiones de los accionantes oponen las defensas de actos no susceptibles de impugnación, caducidad, cosa juzgada, acto consentido, prescripción, así como las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y falta de derecho. En criterio del Tribunal, las demandas deben ser declaradas parcialmente con lugar, con base en los siguientes razonamientos.

 

V- SOBRE LA DEFENSA DE COSA JUZGADA.

En el presente asunto, todos los demandados, así como su coadyuvante, han opuesto la excepción de cosa juzgada. Al unísono, han sostenido -en esencia- que lo planteado por los actores y la coadyuvante activa, fue resuelto ya por la Sala Constitucional, cuyas decisiones -dicen- surte el efecto de cosa juzgada sobre este proceso contencioso administrativo. En respaldo de la defensa de cosa juzgada, argumentan quienes la invocan que la Sala Constitucional ha emitido las sentencias 2010-06922, de las 14:45 horas del 16 de abril de 2010, y 2010-14009, de las 13:59 horas del 24 de agosto de 2010, mediante las cuales se pronunció sobre los temas discutidos en el proceso que aquí nos ocupa. Manifiestan que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo fallado en sede constitucional es vinculante erga omnes y, en consecuencia, no puede ser desconocido por esta Cámara. Estima el Tribunal que esta excepción debe ser rechazada. En primer término, debe advertirse que no puede obviarse que las dos sentencias de la Sala Constitucional aludidas por los demandados y la coadyuvante pasiva, fueron desestimatorias. Es necesario dejar claro aquí de una vez, que aún cuando la sentencia N° 2010-6922 declara con lugar el recurso de amparo en cuanto a un único extremo (el requerimiento de pronunciamiento técnico por parte de SENARA), lo cierto es que en todo lo demás el fallo de comentario fue desestimatorio del recurso de amparo y dado que para el dictado de esta sentencia el tema de SENARA carece de importancia, por ese motivo se considera a la resolución 2010-6922 como desestimatoria en general. Asimismo, si ello se considera a la luz de que se trataba de procesos de amparo, queda claro a este Tribunal que lo que determinó la Sala Constitucional es que las conductas sometidas a su conocimiento en esos dos recursos, no implicaban la vulneración de derechos fundamentales de los recurrentes. Y en ese sentido, este Tribunal observa plenamente el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues el hecho de que no se haya constatado, en sede constitucional, la lesión de derechos fundamentales de los amparados, no significa que las conductas administrativas no contengan vicios de legalidad. Y es que de la no afectación de derechos fundamentales, no se sigue la no inobservancia de la legalidad. Uno y otro son análisis distintos, que se realizan desde diferentes parámetros y, en el ordenamiento costarricense, merced a un tema de competencias, por órganos separados. Así, en el presente caso, lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 2010-06922 y 2010-14009, ya citadas, no guarda identidad ni de objeto, ni de partes, ni de causa, con lo que se ha conocido en el proceso de conocimiento contencioso administrativo número 08-001282-1027-CA, razón por la cual debe descartarse que las manifestaciones hechas por la Sala Constitucional en las dos sentencias ya referidas, generen cosa juzgada respecto de lo que conoce este Tribunal. Obsérvese que el amparo 08-014068-0007-CO, que culminó con el dictado de la sentencia 2010-06922, fue promovido por Edgardo Vinicio Araya Sibaja a favor de la Asociación Norte por la Vida, pero no puede dejarse de lado que en el proceso contencioso administrativo que aquí interesa, esa organización ha sido coadyuvante, no parte, y don Edgardo ha sido sólo apoderado de la Asociación, no recurrente, como fue en sede constitucional. Por otro lado, el amparo tramitado como expediente 08-008647-0007-CO, que culminó con el dictado de la sentencia 2010-14009, fue promovido por Carlos Manuel Murillo Ulate y Douglas Dayan Murillo Murillo, quienes no han figurado ni como partes ni coadyuvantes en este proceso contencioso administrativo. De esa manera, no hay identidad de partes entre los procesos constitucionales y el llevado adelante en esta sede, lo cual, al tenor de lo dispuesto en el numeral 163 del Código Procesal Civil, es suficiente, por sí mismo, para descartar que lo resuelto por la Sala Constitucional en los dos amparos indicados, constituya cosa juzgada respecto de lo que aquí se decide. Pero además, tampoco se dan la identidad de objeto y causa entre aquellos procesos y el presente, lo cual se evidencia si se tiene en cuenta lo que se conoce a raíz de un recurso de amparo y lo que se resuelve en un proceso contencioso administrativo. Recuérdese que el recurso de amparo está contemplado en el numeral 48 de la Constitución Política, donde, luego de reservar el recurso de habeas corpus para garantizar la libertad e integridad de la persona, se le concibe como medio para mantener o restablecer el goce de otros derechos constitucionales o aquellos derechos de carácter fundamental contemplados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Como se ve, desde la propia Ley Fundamental se distinguen los derechos constitucionales y los fundamentales, de otros derechos, previéndose el recurso de amparo sólo para la tutela de aquellos dos. En el mismo sentido, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 2 inciso a) y en el artículo 29, es clara al disponer que el recurso de amparo está previsto para garantizar los derechos y libertades fundamentales no protegidos por el recurso de habeas corpus. Así, lo que se determina mediante un proceso de amparo es si se violaron o no dichos derechos fundamentales. Lo que sucede es que, cuando la Sala Constitucional desestima o declara sin lugar un recurso de amparo, deviene aplicable el numeral 55 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece lo siguiente: "El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes." Como se puede apreciar, la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé las consecuencias del rechazo de un amparo y sucede que ante tal evento, la decisión no prejuzga sobre otras responsabilidades por parte del autor del agravio, es decir, la desestimación del recurso no conlleva la inexistencia de un agravio para el interesado, quien puede ejercitar otras acciones para tratar de acreditarlo. Es aquí donde adquiere total relevancia lo contemplado en el artículo 49 de la Constitución Política, en el que se crea la jurisdicción contencioso administrativa. Al crearse esta jurisdicción dentro del capítulo de derechos y garantías individuales de la Carta Magna, está claro que el acceso a la misma constituye una garantía para los habitantes de la República que procuran que la Administración Pública se sujete a la legalidad en sus actuaciones. En ese sentido, estima este Tribunal que desde la Constitución Política se marca una importante diferencia entre las competencias asignadas a la jurisdicción constitucional y a la jurisdicción contencioso administrativa. En ambos casos se procura -entre otras cosas- la plena sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, pero la Sala Constitucional debe realizar ese control desde la óptica de los derechos fundamentales, sin que pueda descender a un examen de legalidad cuando ha descartado la violación de algún derecho fundamental, mientras que, en cambio, todos los órganos que componen la jurisdicción contencioso administrativa están obligados a realizar siempre distintos tipos de análisis, desde la Constitución Política hasta los menores niveles de la escala de fuentes normativas administrativas, aunque no medie ninguna vulneración de derechos fundamentales. Esta distinción en el ámbito competencial de cada uno de los órganos señalados, es lo que determina la inexistencia de identidad entre el objeto y la causa de lo conocido por la Sala Constitucional en los recursos de amparo ya indicados y lo examinado por el Tribunal Contencioso Administrativo en este proceso. Ante la jurisdicción constitucional se pretendió garantizar la tutela de derechos fundamentales, pero ante la jurisdicción contencioso administrativa, se ha procurado garantizar la legalidad de la función administrativa. Desde esa perspectiva está claro para esta Cámara que las pretensiones de los entonces recurrentes y las de los hoy actores difieren bastante en cuanto a su fundamento, pues lo peticionado en los recursos de amparo se hizo depender de la declaratoria de lesiones a derechos fundamentales (cosa que no sucedió), mientras que lo pretendido en este proceso se ha hecho depender de la violación de la legalidad (cosa que sí se ha tenido por cierta). Cabe aquí reiterar que este planteamiento encuentra su eje en el hecho de que la Sala Constitucional, al dictar las sentencias 2010-06922 y 2010-14009, declaró sin lugar los recursos de amparo, es decir, emitió fallos desestimatorios. Y esto es muy importante destacarlo a la luz de un precedente citado por la propia representación de Industrias Infinito durante sus conclusiones. Al abordar el tema de la cosa juzgada, la empresa demandada invocó a su favor, la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 339-F-2005, de las 14:45 horas del 25 de mayo de 2005, resolución de la cual, el mismísimo apoderado citó en debate el siguiente extracto: "De conformidad con el numeral 163 del Código Procesal Civil, las sentencias emitidas en proceso ordinario o abreviado, así como aquellas otras resoluciones señaladas en forma taxativa, producen la autoridad de la cosa juzgada material.  Dentro de este último supuesto se encuentran las sentencias estimatorias dictadas por la Sala Constitucional, las que a la luz de lo dispuesto por el precepto 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no son susceptibles de discusión en otras instancias en lo relativo a la infracción constitucional." Como se ve, lo que la Sala Primera estimó que puede producir cosa juzgada conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son las resoluciones estimatorias de la Sala Constitucional, no así las desestimatorias, siendo clara -además- la Sala Primera al entender que la vinculancia erga omnes está referida a la infracción constitucional. En otras palabras, la argumentación de la propia Industrias Infinito viene a afianzar la tesis de este Tribunal en cuanto a que, por haber desestimado los procesos de amparo ya mencionados, lo resuelto por la Sala Constitucional en esos dos casos, no surte el efecto de cosa juzgada en relación con el asunto que se está resolviendo en esta sentencia. Adicionalmente, es necesario hacer ver que la posición que asume la Sección Cuarta de este Tribunal al dictar la presente sentencia, no es aislada, sino que guarda consonancia plena con lo establecido por otras Secciones. Así, por ejemplo, cabe indicar que la Sección Sexta, en la sentencia número 730-2009, de las 14:30 horas del 21 de abril de 2009, ha indicado lo siguiente: "...Este Tribunal considera que la excepción de cosa juzgada material, debe rechazarse por los siguientes motivos: a) La Constitución Política define el ámbito competencial de ambas jurisdicciones, con base en el objeto que ambas persiguen. En cuanto a la Jurisdicción Constitucional (artículos 10 y 48) es garantizar la supremacía constitucional, a través -en este caso- del mantenimiento o restablecimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los Instrumentos Internacionales vigentes en la República, por medio del recurso de amparo, con excepción de los derechos que se tutelan por el recurso de habeas corpus (ver artículos 1, 2.a y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Respecto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 49), constituye el garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, dado que la ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados (ver artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo); b) Es cierto, que el Derecho de la Constitución es vinculante por sí mismo y que al ser el fundamento de todo el ordenamiento jurídico, debe ser aplicado por los operadores del derecho -ya sea de índole jurisdiccional o no-, porque al más alto nivel forma parte del “principio de legalidad” al que está sometido el ejercicio de la función administrativa, y de cuyo cumplimiento depende en última instancia, su efectivo control, la garantía de los derechos fundamentales de los administrados, la realización de los fines de interés público y la preservación del principio democrático que constituye la base esencial del Estado Social de Derecho; c) Desde esa perspectiva, si al juez contencioso administrativo le compete fungir como el contralor de legalidad en el ejercicio del la función administrativa, ello implica que por la naturaleza del objeto de su competencia, es uno de los operadores ordinarios del derecho, que mejor representa y ejerce la función de tutela de los derechos fundamentales en el marco de aquella. Ello por cuanto, el cumplimiento del principio de legalidad implica fiscalizar el ejercicio de las potestades de imperio de la administración frente a los derechos fundamentales de su principal destinatario -el administrado-, no sólo desde un punto negativo -que a consecuencia de conductas arbitrarias o de las que tienen apariencia de legalidad, se causen una vulneración a esos derechos-, sino positivo -que se procure la realización de los fines de interés público en forma eficiente-; d) No obstante lo anterior, debemos tener muy claro que todo ello se enmarca en el ámbito de la competencia otorgada por el propio texto constitucional, que en última instancia está determinada por el objeto que se pretende tutelar en cada jurisdicción, razón por la cual, aunque garantizar en vía contencioso administrativa el cumplimiento del principio de legalidad incluye necesariamente al Derecho de la Constitución; garantizar el principio de supremacía constitucional en la Jurisdicción prevista en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, no implica revisar si de acuerdo con el marco de legalidad aplicable a cada caso, corresponde reconocer, restablecer o declarar la existencia, inexistencia o contenido de una situación jurídica o de una relación sujeta al ordenamiento jurídico administrativo, a efecto de tutelar un derecho subjetivo o un interés legítimo; e) Que derivado de todo lo expuesto anterior, no podemos sostener que las competencias entre ambas jurisdicciones sean concurrentes, pues el hecho de que en algunos supuestos exista identidad material de las conductas objeto de los procesos que se tramitan en ambas jurisdicciones, no tiene la virtud de asimilar el objeto que se persigue en cada una de éstas  -que conforme al propio texto de la Constitución- es distinto, lo que su vez implica, que el ámbito de su competencia también es diferente. Recordemos que las competencias concurrentes implican que cada órgano tiene la plenitud de la competencia correspondiente y puede hacer lo mismo que hace el otro: si son iguales, lo hecho por uno puede ser dejado sin efecto por el otro -conforme al principio de que lo anterior deroga lo posterior-,  y sin son desiguales, el superior puede hacer o deshacer todo lo que hace el inferior antes o después de que resuelva el asunto sometido a su conocimiento; f) En síntesis, aunque el incumplimiento del principio de legalidad provoca de manera indirecta la violación de un derecho fundamental por inobservancia del ordenamiento jurídico, ello no implica que garantizar el principio de supremacía constitucional, en aquellos casos de violaciones o amenazas que lesionen de manera directa el contenido esencial de un derecho fundamental provocando con ello una situación apremiante, implique una competencia concurrente; la única concurrencia posible -y que no es de competencias-, es la existencia de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, aunque originadas en motivos distintos de lesión, que precisamente es lo que determina el ámbito de competencia de cada Jurisdicción, conforme a lo que establecen los artículos 10, 48 y 49 de la Constitución Política; g) Desde esa perspectiva, los alcances de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto al carácter vinculante erga omnes de la jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de su competencia, deben entenderse en dos sentidos: 1) Si ese Tribunal estima o declara con lugar un recurso de amparo, de hábeas corpus o una cuestión de constitucionalidad (acción y consulta judicial o legislativa), porque la conducta o las normas objeto del proceso resultan contrarias al Derecho de la Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, constituyen normas no escritas, cuya aplicación por parte de los operadores jurídicos resulta vinculante, a efecto de garantizar y hacer efectivo el principio de supremacía constitucional en vía ordinaria tanto a nivel administrativo como jurisdiccional; 2) Si por el contrario, la Sala Constitucional desestima o declara sin lugar un recurso de amparo o de habeas corpus, porque la conducta objeto del proceso no resulta contraria al Derecho de la Constitución, ello no obsta para que el recurrente pueda acudir a la vía jurisdiccional competente en resguardo de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, a efecto de que allí se determine si las conductas impugnadas resultan o no contrarias al Ordenamiento Jurídico, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política, en relación con el 1, 2 incisos a y b, y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el análisis realizado por dicho órgano jurisdiccional implica la confrontación del texto de la norma o conducta cuestionada, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales; h) Lo anterior no sólo responde a los límites competenciales establecidos para ambas jurisdicciones en los artículos 10, 48 y 49 del texto constitucional, sino también, a un principio general de justicia cuya aplicación efectiva constituye un derecho fundamental inherente a toda persona, que se extrae de lo dispuesto en los artículos 41 y 153 de la Constitución Política; i) Así las cosas, es criterio de este órgano colegiado, los pronunciamientos de los fallos emitidos en sede constitucional (mediante los recursos de amparo y hábeas corpus) tienen incidencia directa en los procesos contencioso administrativos, cuando en aquella sede se hubiere dispuesto la irregularidad de conducta pública por la lesión al régimen del Derecho de la Constitución y como consecuencia de ello, se dispusiere la supresión del funcionamiento administrativo objeto del estudio. En tales casos, carecería de interés actual ponderar la validez o no de una determinada conducta pública en un proceso contencioso administrativo, cuando ya el Tribunal Constitucional estableció su invalidez, por otras causas, pero cuyo efecto sería el mismo, sea, su anulación jurídica. No sucede los mismo con las decisiones desestimatorias dictadas por ese alto órgano jurisdiccional, por cuanto, en esa hipótesis, adquiere relevancia y utilidad el examen de legalidad del acto, aspecto que no se discute en sede constitucional, siendo que tal examen corresponde a esta jurisdicción (artículo 49 de la Constitución Política), según se ha dicho. Ergo, la determinación en fase constitucional de no transgresión del Derecho de la Constitución, no es óbice para un cotejo de legalidad, pudiendo generar incluso, la supresión del acto por infracción al Ordenamiento Jurídico infraconstitucional. Por ende, en esos casos, no puede existir cosa juzgada por el rechazo de un recurso de amparo, pues el objeto de análisis de este Tribunal, es muy distinto al que se aborda en los procesos constitucionales..." (los énfasis mediante negrilla o subrayado son del original). Como se puede apreciar, lo expuesto por la Sección Sexta en la sentencia recién citada, es esencialmente el mismo planteamiento que hoy se expone en la presente resolución. Y más importante aún es que lo que se expuso en la sentencia 730-2009, recién mencionada, ya fue confirmado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la sentencia número 107-F-S1-2010, de las 8:30 horas del 30 de abril de 2010. En este fallo, la Sala Primera indicó lo siguiente: "Respecto al segundo cargo sobre la contradicción alegada con fallos emitidos por la Sala Constitucional, tal planteamiento obliga a cuestionar si una conducta administrativa, cuya disconformidad con el derecho de la constitución ha sido descartada por el tribunal constitucional, puede ser a la vez ilegal. Sobre el punto, es el criterio de esta Cámara,  que a pesar de que ambas jurisdicciones son concurrentes, en cuanto a que son contralores de la conducta administrativa en sus diversas manifestaciones (formal, material y omisiva), el parámetro utilizado es diverso en ambas, la primera se basa en el Derecho de la Constitución, y la segunda, en el bloque de legalidad. En efecto, no podría afirmarse que incurra en un vicio de inconstitucionalidad, aquella entidad que procede conforme al marco posible de actuación que le brinda el bloque de juridicidad, toda vez que son precisamente las normas infraconstitucionales, las que alcanzan a materializar las aspiraciones generales estipuladas en los textos constitucionales. De ahí que, en materia contencioso administrativa, deba integrarse el análisis con todo el ordenamiento jurídico a efecto de determinar cualquier posible infracción al bloque de legalidad, tarea constitucionalmente atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa (art. 49 de la Constitución Política). Por ello, son revisables ante la jurisdicción contencioso administrativa, tanto los  supuestos donde el tribunal constitucional, haya desestimado o declarado sin lugar el recurso de amparo o habeas corpus planteado, por considerar que la conducta impugnada, no resulta contraria de manera directa al Derecho de la Constitución, pues en ese supuesto, no se alude a la legalidad del acto o conducta (de resorte exclusivo de los jueces contenciosos), como aquellos en los cuales, declarada la inconformidad con la Carta Magna, el justiciable estime oportuno, discutir la conformidad de las actuaciones, con el bloque de legalidad. En estos casos, el administrado puede acudir a la vía contencioso administrativa, para hacer valer sus eventuales derechos subjetivos o intereses legítimos y requerir se determine en esa instancia, si las conductas o actos impugnados resultan o no contrarios al ordenamiento jurídico. De ahí que no sea válida la interpretación hecha por el demandado, en el sentido de que producen cosa juzgada todos los fallos emitidos por la Sala Constitucional, en tanto el análisis que efectúa dicho órgano decisor, es distinto del que ha realizado el Tribunal Contencioso Administrativo. Más aún, en cuanto a la aplicación “erga omnes” de los fallos constitucionales, este Tribunal no discute ese precepto, contenido en el artículo 13 de la" [Ley de la Jurisdicción Constitucional] "pero se denota que tales pronunciamientos se hacen única y exclusivamente sobre el marco de la infracción al Derecho de la Constitución." Como se puede apreciar, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, también se ha manifestado en el sentido que se expresa este Tribunal en la presente sentencia, siendo entonces coincidente el criterio de ambos órganos jurisdiccionales en cuanto a que las sentencias de la Sala Constitucional mediante las cuales se desestime o declare sin lugar un recurso de amparo, no surten el efecto de cosa juzgada sobre procesos conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa. Aunado a lo anterior, pero en otro orden de ideas, es necesario hacer ver que, en todo caso, la propia Sala Constitucional, en sus sentencias 2010-06922 y 2010-14009, dejó abierta la vía para que fuera en sede de lo contencioso administrativo que se conocieran los temas sobre los cuales versa esta sentencia. Véase, por ejemplo, que en la sentencia 2010-06922, la Sala Constitucional, en el Considerando XLIII de dicho fallo retoma otras dos resoluciones de ese órgano (2004-09927 y 2005-06790) para indicar que en ellas "se ha definido de manera reiterada que escapa al ámbito de competencias de esta jurisdicción detenerse en valorar si los estudios han sido bien realizados o si cumplen con la información necesaria, aspectos que de suyo deben ser dirimidos por las instancias técnicas que corresponde" (la negrilla y el subrayado son suplidos). Lo anterior pone de manifiesto que la propia Sala Constitucional dejó claro que escapaba a su competencia examinar la corrección técnica de los estudios realizados sobre el proyecto minero Crucitas. Esa misma posición expresó esa Sala en el Considerando LX de la misma sentencia, en el que indicó: "Debe reiterarse que el conocimiento técnico de las solicitudes y pretensiones como las aquí indicadas, son del resorte de las entidades técnicas de la administración, por lo que si los órganos pertinentes han vertido su criterio científico sobre el particular, escapa al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional discutir si tal criterio se encuentra ajustado al carácter también técnico de los elementos tenidos en cuenta por la administración para la emisión de su pronunciamiento; en consecuencia, si los interesados consideran que existe alguna disconformidad al respecto, deberán interponer las acciones pertinentes ante los órganos que corresponda" (negrilla y subrayado no son del original). Salta a la vista cómo la misma Sala Constitucional descartó pronunciarse sobre la corrección de los informes técnicos ya aludidos, incluso sosteniendo (criterio que este Tribunal comparte) que ese aspecto escapa a su ámbito de competencias e indicando que para combatir la apreciación que de esos informes haya hecho la Administración, deben interponerse las "acciones pertinentes", que no son otras que las que se plantean ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y es que aquí debe recordarse que el artículo 49 constitucional asigna a esta última el control de la legalidad de la Administración, lo cual supone la fiscalización de que la misma se adecue en todo momento a las reglas de la ciencia y de la técnica, tal como lo dispone el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública. Esto último adquiere mayor importancia cuando se ha cuestionado a lo largo de este proceso si la Administración apreció correctamente distintos aspectos técnicos, como el de la máxima cota a la que podría llegar la extracción en el proyecto minero Crucitas. Es necesario indicar que en la misma sentencia 2010-06922, la propia Sala Constitucional refiriéndose al tema del camino público, señaló en el Considerando LXXXVII que las quejas planteadas sobre el cierre al que se sometería un camino público, debían ser conocidas primero por la Administración y que carecían de relación directa con el objeto del recurso de amparo que entonces se conocía, siendo entonces a todas luces evidente que la jurisdicción constitucional no se pronunció sobre el fondo del problema, resultando entonces viable conocerlo en este proceso contencioso administrativo. En esa misma sentencia 2010-06922, la Sala Constitucional valoró el decreto ejecutivo 34801, mediante el cual se declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, pero si se lee  lo expuesto en los Considerandos CIII y CIV de dicha resolución, salta a la vista que la Sala lo que hizo fue simplemente constatar que en el decreto exponía algunas razones para su emisión, por lo que lo estimó fundado desde la luz constitucional, mas nunca descendió la Sala Constitucional a efectuar un análisis de legalidad, pues al referirse a la realización del balance costo beneficio, ese órgano jurisdiccional indicó  que "tratándose de una determinación de carácter técnico se está ante un asunto de legalidad ordinaria ya definido por las entidades competentes en cada caso". Si la Sala Constitucional se satisfizo con la apreciación técnica hecha por la Administración para emitir dicho decreto, por lo que no procedió a analizar esa valoración técnica administrativa y además indicó que esa apreciación era materia de legalidad ordinaria, es entonces evidente y manifiesto que compete a la jurisdicción contencioso administrativa examinar que la Administración haya cumplido con la legalidad ordinaria a la hora de emitir ese decreto, cosa que aquí se hace y que encuentra sustento en las competencias que la Constitución Política asigna a esta jurisdicción en el artículo 49. Ahora bien, además de todo lo que la sentencia 2010-06922 reserva para que sea conocido por los jueces de lo contencioso administrativo, debe indicarse que otro tanto proviene de la sentencia 2010-14009. En el Considerando V de esta última, de forma unánime y con la participación de cuatro Magistrados que también habían votado la resolución 2010-06922 (a saber: Armijo, Jinesta, Cruz y Castillo), expresamente se indica, que "no es asunto de constitucionalidad sino de legalidad el examinar y valorar si una concesión minera viola un decreto ejecutivo", esto en relación con el decreto de moratoria de la actividad minera; se expresa también que "tampoco lo es analizar si viola la normativa del Colegio de Químicos"; se indica además que "no es asunto de constitucionalidad sino de legalidad el examinar y valorar si los recurridos procedieron de forma correcta o no al 'convertir' el otorgamiento de la concesión minera que había sido previamente anulada por" la Sala Constitucional, tras lo cual ese mismo órgano finaliza el referido Considerando V indicando que "dichos alegatos deben llevarlos a los recurrentes a la vía contencioso administrativa, que es la competente para analizar la legalidad en el otorgamiento de la concesión en cuestión, conforme los argumentos que exponen los recurrentes" (la negrilla y el subrayado son suplidos). Lo anterior evidencia que la propia Sala Constitucional estuvo siempre consciente de sus competencias constitucionales y nunca incursionó en el ámbito de la legalidad del mismo a la hora de valorar el proyecto minero Crucitas, sino que realizó su examen desde la perspectiva de la vulneración o no de derechos fundamentales, que es lo que procede tratándose de un recurso de amparo. Además, esa posición es consecuente con los temas que había dejado para que fueran conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa, desde el dictado de la sentencia 2010-06922. Retomando los alcances de la sentencia 2010-14009, ya mencionada, es necesario indicar que en el Considerando VI de la misma se indicó que el voto de mayoría de la sentencia 2010-06922 omitió considerar que las modificaciones al proyecto minero Crucitas requerían de una nueva audiencia pública, de manera que ese es un punto que, dado lo indicado al final de dicho Considerando VI, queda reservado también para su conocimiento en sede ordinaria, que no es otra que la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, deviene importante recordar que, por la naturaleza tan particular de los derechos que se busca proteger mediante el amparo, dicho proceso ha sido estructurado como sumario, en el que se resuelve con base en informes rendidos bajo juramento, lo cual difiere bastante de los juicios orales que se realizan en sede contencioso administrativa. Esta diferencia procesal ha adquirido particular relevancia en este asunto, pues basta considerar el ejemplo del testigo perito Hugo Virgilio Rodríguez Estrada para evidenciar por qué es imposible, mediante el recurso de amparo, que la Sala Constitucional hubiese podido descender al examen de todos los aspectos relevantes para determinar si el proyecto minero Crucitas se ajusta a la legalidad o no. Recuérdese que ese testigo perito admitió en plena sala de juicio que el documento que emitió y que fue presentado como Anexo 7 en el informe que rindió el entonces Ministro de Ambiente y Energía ante la Sala Constitucional con ocasión del proceso de amparo 08-014068-0007-CO, contenía un error muy importante, como lo es el haber referido una "profundidad" de "setenta y cinco metros bajo el nivel del suelo", cuando lo correcto, según él mismo lo reconoció, es que debía hablarse de "elevación" y debía aludirse a "metros sobre el nivel del mar", pues se trata de nociones completamente diferentes y que, confundidas, podría llevar a equívocos en cuanto a las condiciones técnicas impuestas por la geóloga Sofía Huapaya Rodríguez Parra para la extracción. Este tema fue posible conocerlo sólo mediante el contradictorio y es un ejemplo de cómo los informes rendidos bajo juramento, que son útiles para determinar en un sumario si se han vulnerado o no derechos fundamentales, no tienen iguales alcances a la hora de definir si una conducta administrativa se adecua o no al bloque de legalidad. Y esta distinción es, a su vez, importante para reiterar el diferente objeto entre un recurso de amparo y un proceso de conocimiento contencioso administrativo, lo cual ilustra perfectamente por qué la sentencia desestimatoria dictada con ocasión del primero no genera cosa juzgada respecto del segundo. Finalmente, debe indicarse que en sus conclusiones, el representante de Industrias Infinito mencionó otras sentencias de la Sala Constitucional que supuestamente generarían cosa juzgada en relación con el asunto que aquí se conoce. Mencionó, en concreto, las resoluciones: 1998-05315, 2002-07882, 2004-13414, 2007-07973 y 2009-17155. En relación con las primeras tres, debe indicarse que todas ellas fueron dictadas con anterioridad a la emisión de los actos que son objeto de este juicio, lo cual evidencia que jamás pueden constituir cosa juzgada sobre lo que aquí se conoce, pues los actos que se han impugnado en este proceso ni siquiera existían cuando se emitieron aquellas resoluciones. En cuanto a las decisión de 2007, debe indicarse que en la primera sólo se declara no ha lugar a una gestión de parte en el mismo proceso de amparo que culminó con el dictado de la sentencia 2004-13414, lo que evidencia que no genera el efecto de cosa juzgada sobre lo que ahora se conoce. Y en lo que respecta a la sentencia de 2009, debe indicarse que se trata de una acción de inconstitucionalidad (expediente número 08-014900-0007-CO) promovida por Freddy Pacheco León contra disposiciones del Código de Minería, lo cual evidencia que es un asunto que no guarda ni identidad de partes, ni tampoco en relación con el objeto discutido en este proceso de conocimiento y, consecuentemente, no produce cosa juzgada respecto de lo que aquí se conoce. Por todo lo anterior, se rechaza la defensa de cosa juzgada opuesta por los demandados y el coadyuvante pasivo.

 

VI- SOBRE LA DEFENSA DE CADUCIDAD.

Dicha defensa debe ser rechazada, pues debe observarse que la resolución 3638-2005-SETENA, fue dictada en el año 2005 y el transitorio III del CPCA, establece que el régimen de impugnación de los actos que quedaron firmes con anterioridad a la entrada en vigencia del Código, se regirán por la legislación vigente en ese momento. El artículo 175 de la LGAP establecía un plazo de caducidad de 4 años para impugnar los actos absolutamente nulos. Consecuentemente, no ha transcurrido el mencionado plazo desde la emisión de la resolución N°3638-2005-SETENA, ni mucho menos respecto de los demás actos impugnados, que fueron dictados en el año 2008. Corolario de lo expuesto, no existe la caducidad interpuesta.

 

VII- SOBRE LA DEFENSA DE ACTO CONSENTIDO.

Esta defensa debe rechazarse toda vez que al haberse eliminado el requisito del agotamiento preceptivo de la vía administrativa para conductas no municipales, el dejar de impugnar un acto en vía administrativa no constituye un impedimento para acudir a la vía contencioso administrativa para solicitar su nulidad, por lo que no procede esta defensa previa.

 

VIII- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN.

Se rechaza la prescripción, porque no existe plazo prescriptivo para impugnar conductas públicas, sino plazo de caducidad, regulado en el CPCA, tema que ya resuelto por parte de este Tribunal. En cuanto a la pretensión de daños y perjuicios, el plazo de prescripción es de 4 años según la LGAP y el mismo no ha transcurrido desde la emisión de todos los actos impugnados.

IX- SOBRE LA DEFENSA DE ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN.

Los demandados opusieron la defensa de actos no susceptibles de impugnación en relación con diversos actos, a saber: el oficio DST-773-2006, del INTA, el oficio ASA-013-2008-SETENA, las resoluciones 3638-2005 y 170-2008-SETENA, así como el decreto ejecutivo 34801-MINAET. Sobre el particular, debe indicarse que solamanente los oficios DST-773-2006 y ASA-013-2008-SETENA son, a juicio del Tribunal, conductas cuya impugnación en este proceso no era posible. Por lo anterior, se acoge la excepción de actos no susceptibles de impugnación en cuanto a los oficios DST-773-2006 y ASA-013-2008-SETENA. Los restantes actos impugnados son actos finales o con efecto propio, y por tanto, impugnables en sede contencioso administrativa. En particular en lo que concierne al oficio ASA-013-2008-SETENA del 14 de enero de 2008, este Tribunal ha advertido que el mismo constituye tan sólo una recomendación del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental a la Comisión Plenaria, ambos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, siendo que la decisión administrativa se plasma en lo que disponga la Comisión Plenaria, es evidente que la recomendación que haga el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental carece de efectos propios y por ello, debe acogerse la referida excepción en lo atinente a ese oficio, pues el mismo no es susceptible de impugnación. En lo que respecta al documento del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (el INTA), sea el oficio DST-773-06 del 4 de octubre de 2006, es necesario indicar que el mismo no es impugnable en este proceso. Sobre el particular, obsérvese que la Ley 7779 reformó el artículo 25 del Código de Minería e introdujo en éste la obligación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de emitir su visto bueno u oponerse al otorgamiento del permiso de exploración o a la concesión de una explotación minera. El INTA fue creado mediante ley número 8149, pero su objetivo es el de contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, lo cual debe hacer por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología. Como se ve, el INTA no fue creado para emitir criterio sobre si se opone a permisos o concesiones mineras, función que, según lo dispuesto la ley 7779 y el artículo 25 del Código de Minería, sigue correspondiendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y no al INTA, pues esa competencia nunca fue transferida mediante ley a este segundo. Por ello, el oficio DST-773-06 no es impugnable en esta sede, pues es un mero acto de trámite que carece de todo efecto en el asunto bajo examen. Cabe agregar que aún cuando mediante el decreto ejecutivo número 31857 (Reglamento a la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria), se dispuso, en el artículo 5, que las funciones que la Ley número 7779  asignaba al Departamento de Suelos de la Dirección Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pasarían a formar parte del INTA, es lo cierto que tal transferencia de funciones se hizo "según corresponda". Esto indica que lo que no correspondiera al INTA, no sería transferido. Así, dado que por ley (no por decreto) el INTA tiene un ámbito funcional mucho más reducido que el establecido en la Ley número 7779 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces, aquellas funciones que la Ley asigna al Ministerio que no están contempladas en la Ley número 8149, permanecen en aquel y no pueden ser transferidas al INTA por medio de un reglamento. Entre estas funciones que están asignadas por ley al Ministerio y que la ley no transfirió al INTA, está precisamente la de emitir pronunciamiento sobre suelos para efectos de concesiones mineras, de modo que no era dable conocer en este proceso un acto (el oficio del INTA) que no tiene ningún efecto. Ahora bien, en lo que respecta a las resoluciones 3638-2005 y 170-2008-SETENA, así como la resolución N° R-217-2008-MINAE, la resolución N° 244-2008-SCH, y el decreto ejecutivo N° 34801-MINAET, debe indicarse que todas esas conductas tienen efectos propios y, consecuentemente, son impugnables en esta sede. La viabilidad ambiental surte efectos por sí misma, de modo que si no se otorga, el proyecto no puede seguir adelante; lo mismo sucede con la aprobación de los cambios efectuados al proyecto. Por su parte, sin el decreto de conveniencia nacional no podía otorgarse el permiso de tala, lo cual revela el efecto que tiene esa disposición del Poder Ejecutivo.-  

 

 

X- SOBRE EL PRINCIPIO PRECAUTORIO Y LA CARGA DE LA PRUEBA

De todos es conocido que la Constitución Política en su numeral 50 el derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dicha norma le encarga al Estado el deber de garantizar, defender y preservar ese derecho fundamental. El desarrollo de esa disposición constitucional se encuentra ampliamente regulado en instrumentos internacionales y en sendas disposiciones de la legislación interna de nuestro país. La doctrina y el Derecho Internacional se han encargado de consagrar una serie de principios rectores en materia ambiental que son de carácter universal, y que le otorgan a este ámbito del ordenamiento una singularidad y un régimen propio, pudiendo enumerarse dentro de dichos principios los siguientes: principio de igualdad, principio de sustentabilidad, principio del que contamina paga, principio de legitimación procesal amplia, principio de restauración del daño, principio de participación ciudadana, principio preventivo y principio precautorio. De todos ellos interesa destacar para el caso concreto los principios preventivo, referido a aquellos casos en que exista oportunidad científica de medir los riesgos y recomendar medidas para el manejo de la actividad, y el principio precautorio o principio de la evitación prudente, éste último que se encuentra contenido y regulado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río (1992), cuyo Principio 15 literalmente dispone: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”  En nuestra legislación, encontramos recogido dicho principio en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, que al efecto dispone: “Criterios para aplicar a esta ley. Son criterios para aplicar a esta ley: 1.- Criterio precautorio o pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con éstos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.”  La Sala Constitucional ha descrito el principio precautorio de la siguiente manera: “bien entendido el principio precautorio, el mismo refiere a la adopción de medidas, no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente.” (resolución N° 3480-03, de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003), destacando la Sala que “en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente” (resolución N° 17618-08, de las 11:51 horas del 5 de diciembre del 2008). Es importante hacer ver que el principio precautorio constituye un parámetro de legalidad de las conductas administrativas, y sobre ese particular, el doctor Aldo Milano señala que “gran parte de las actividades riesgosas están sujetas a un régimen de policía administrativa, lo cual se manifiesta en el otorgamiento o la negativa de autorizaciones de ese mismo carácter. Esto hace que se planteen conflictos relacionados con tales decisiones, sea porque se estima que al otorgarse en un caso concreto la autorización, se quebranta el Principio Precautorio o bien, porque al ser denegada o condicionada con sustento en aquél, el afectado estima ilegítima la decisión.” Así, aludiendo a un caso concreto de la jurisprudencia francesa, indica que la decisión atacada en lo contencioso administrativo constituye el último paso en el largo procedimiento de evaluación de la inocuidad de la actividad de que se trate, y que la doctrina encuentra en el principio precautorio una fuente de derecho que impone una forma determinada de actuar de la Administración, de modo que –en caso de no respetarse esa forma de actuar- procedimiento- se estimará la nulidad del acto final que se adopte (ver Milano, Aldo. “El Principio Precautorio”, 2005, p. 55 a 58). Una consecuencia procesal que produce la aplicación del principio precautorio, es la inversión de la carga de la prueba, aspecto que está expresamente regulado en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, que dispone: “La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quién se le acuse de haber ocasionado daño ambiental”, norma que debe verse en estrecha relación el artículo 5 de la misma Ley, que señala que lo establecido en esa legislación servirá de marco de interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de dicha Ley. Esto quiere decir que en materia ambiental se rompe el clásico esquema de que “quién demanda debe probar”, y adquiere un papel preponderante la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual, “se traslada la carga a quién, a raíz de su situación personal, se halla en mejores condiciones para acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o el demandado” (sobre la carga dinámica de la prueba puede consultarse la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 212-2008 de las 8:15 horas del 25 de marzo del 2008). Esta posición es aceptada por la doctrina del derecho ambiental, que en ese sentido ha indicado lo siguiente: “En el proceso ambiental, especialmente en función del principio precautorio, se produce una modificación en la carga de la prueba de encuadre clásico (según la cual es principio “que todo el que alega un hecho como pretensión o defensa tiene la carga de probarlo”) y cobra vida, en función de la precaución, la doctrina de las cargas dinámicas probatorias como paliativo para aligerar la ímproba tarea de producir pruebas diabólicas que, en ciertos supuestos, se hacían recaer sin miramientos sobre las espaldas de alguna de las partes (actor o demandado), por malentender las sacrosantas reglas apriorísticas de distribución de la prueba. Finalmente, las modificaciones señaladas en el ámbito del proceso ambiental imponen hablar de un “verdadero derecho procesal ambiental”, sea considerado como una rama autónoma o no; y la complejidad científico-técnica de los casos ambientales, que demandan soluciones inéditas a problemas también inéditos, imponen como mecanismo superador de las estructuras tradicionales del derecho la conveniencia de contar con fueros especializados en la materia ambiental como garantes de la aplicación efectiva del principio de precaución.” (Martínez, María Paulina. “El principio precautorio”. En Protección Ambiental, Argentina, 2008, p. 122). En íntima relación con esta variante procesal, la doctrina resalta el rol activo del Juez de frente a un asunto de carácter ambiental, y al respecto señala lo siguiente: “Pero fue la Ley N° 25.675 (LGA) la que consagró innovaciones inéditas en materia de potestades judiciales (ordenatorias e instructorias), otorgándole al enjuiciador un rol completamente activo e inquisidor como garante de la aplicación del principio precautorio en aquellos procesos en los que se busca la preservación del equilibrio natural (ver artículo 32 LGA), sin que ello implique quiebre alguno del principio de congruencia. (...) se concluye que no existen áreas inmunes a la fuerza normativa de la Constitución y de las normas ambientales, particularmente la Ley General del Ambiente, que constituyen un orden público ambiental, que confieren amplias facultades, incluso de revisión de cuestiones hasta de índole técnica, que le permiten dar plena operatividad al principio precautorio en cada paso del iter procesal, en una tarea concreta y sin duda alguna macroscópica en pos del derecho a una efectiva tutela judicial efectiva.” (idem, Martínez, p. 117). Este papel que la doctrina le asigna al Juez de frente a asuntos de carácter ambiental, no está disociado del modelo que la Constitución Política y el Código Procesal Contencioso Administrativo le otorgaron al Juez Contencioso Administrativo. La Ley de Biodiversidad, cuyas normas son aplicables a resto del ordenamiento en materia ambiental, dispone expresamente en su artículo 108 que “en materia de biodiversidad y mientras no exista jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa”, excepto aquellos casos donde no medie un acto administrativo ni del dominio público. Fijada esta competencia, debemos recordar que la jurisdicción contencioso-administrativa goza de una amplia potestad de fiscalización, dada por el artículo 49 de la Constitución Política, que le permite ejercer un control tanto subjetivo, consistente en la tutela de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados (derechos subjetivos e intereses legítimos), como objetivo, consistente en garantizar la legalidad de la función administrativa de toda la Administración Pública (sean acciones u omisiones). El artículo 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo reproduce el contenido del artículo 49 constitucional y señala que la jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa (Jinesta, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 2008, p.29). La doctrina nacional reafirma el amplio carácter fiscalizador del Juez contencioso administrativo en nuestro ordenamiento, al indicar lo siguiente: “Cuando la norma permite el control de la “función administrativa”, adopta sin ambages una fórmula amplia de fiscalización, en la que el Juez queda facultado para el control de la totalidad de la conducta administrativa. En efecto, el precepto rompe de tajo con cualquier limitación construida alrededor del objeto contencioso administrativo, pues cuando inserta la generalidad de la “función” administrativa dentro del ojo supervisor del Juez, abre el abanico jurisdiccional respecto de cualquier función, comportamiento o conducta administrativa. Nótese que no se atribuye a la jurisdicción contenciosa el control de la “actividad” o “acción” administrativa, ni mucho menos del “acto administrativo”, sino de la “función”, que no por casualidad, resulta omnicomprensiva no sólo de todas ellas, sino también de todo el ámbito de la inactividad. Cuando el artículo asigna al Juez el control de la “función”, está permitiendo que éste analice jurídicamente cualquiera de las funciones que a ella le son propias, cualquiera de sus conductas en cualquiera de sus manifestaciones administrativas. Puede controlar el Tribunal, tanto la actuación activa como la omisiva. Siempre que la conducta sea administrativa y que el control se realice dentro del marco jurídico, no existe o no debe existir, esfera exenta de control jurisdiccional; su revisión puede y debe ser completa,  sin inmunidad alguna en el objeto. (...) En este aspecto el constituyente nos ofrece un nuevo broche de cierre, una puerta de seguridad adicional como garantía del control pleno y universal, pues además de sujetar la función administrativa al control jurisdiccional de legalidad, permite al Juez comprobar si aquella se encuentra o no ajustada a los fines que la justifican.” (González, Oscar. “Sentencia”. En: El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo, 2006, p.426). Sobre el papel protagónico y activo que ejercer el Juez en la dinámica del Código Procesal se señala: “Tal autonomía activa y organizacional para el restablecimiento del ordenamiento jurídico público (escrito y no escrito) y la protección efectiva de los intereses legítimos y los derechos subjetivos, confirma la trascendencia de esta jurisdicción como mecanismo reparador y protector de las situaciones jurídicas eventualmente afectadas, por la inmisión indebida del poder público a través de su multiplicado universo de órganos y entes con sus funcionarios generalmente de iure y excepcionalmente de hecho. (...) Incluso, se trastocó el principio clásico civilista que identifica el objeto del proceso con las pretensiones alegadas y deducidas por las partes, a fin de que la autoridad judicial, en calidad de sujeto activo en el proceso, dicte justicia no sólo con apego a lo pretendido sino, también, ajustando las pretensiones a la justicia pronta y cumplida, conforme a la nueva legislación, para satisfacer los valores insertos en el Estado de Derecho presentes en cada proceso para el restablecimiento de la legalidad o, mejor aún, del ordenamiento jurídico. Bajo el nuevo esquema, el juez antes de regirse por el principio dispositivo lo hará también por el inquisitivo, propio de los tribunales constitucionales como cuando, en nuestro caso, la Sala Constitucional condena en ambas costas y daños y perjuicios a las partes vencidas en las acciones de amparo, aunque los vencedores no lo hayan pedido.” (Jiménez, Manrique. “Bases constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa”. En: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, p. 18 y 19, 2006). Pues bien, el repaso por todos estos principios, normas e institutos jurídicos se ha querido establecer en este considerando, con el objeto de tener presente el marco jurídico dentro del cual serán analizados y resueltos los temas y argumentos esbozados por las partes en el proceso, así como la prueba que fue evacuada durante el debate, tal y como de seguido se expone.

 

XI- SOBRE LA DESAPLICACIÓN DEL DECRETO DE MORATORIA PARA EL CASO CONCRETO.

En el ordenamiento jurídico administrativo, encontramos un principio de fundamental importancia denominado principio de inderogabilidad singular del reglamento, también conocido como principio de inderogabilidad singular de la norma. De acuerdo con este principio, los actos administrativos de alcance concreto deben ajustarse a las disposiciones de carácter general dictadas por la propia Administración, no pudiendo desaplicarlas para un caso concreto. Dicho principio se encuentra previsto en nuestro ordenamiento en el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública, que al efecto dispone: “La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos o desaplicarlos para casos concretos. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.” Este criterio resulta de importancia, por cuanto forma parte del contenido esencial del principio de legalidad, que es el principio rector de toda la actividad administrativa, tanto en su vertiente negativa (lo que no se puede hacer) como en la positiva (lo que se debe hacer). Así, la consecuencia irrefutable que se deriva del principio de inderogabilidad singular de la norma, es que la autoridad pública no puede dictar resoluciones para un caso concreto cuyo contenido desconozca o desaplique lo que, en sentido contrario, la misma autoridad pública había dispuesto previamente por medio de un acto de carácter general (artículo 120.2 de la Ley General de la Administración Pública). En el caso concreto, encontramos que el 12 de junio del 2002, la autoridad máxima en materia ambiental, que es el Ministerio de Ambiente y Energía (ahora MINAET), dictó por la vía de la disposición general, concretamente el Decreto Ejecutivo N° 30477-MINAE, una moratoria por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. En el transitorio I° de esa disposición general el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía claramente establecieron que “todos aquellos trámites relacionados con la exploración y la explotación del mineral oro a cielo abierto que se encuentren pendientes ante la Dirección de Geología y Minas y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo, serán suspendidos. Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado.” Pues bien, es un hecho demostrado también, que en el año 2004, mediante resolución N° 2004-13414 de las 9:29 horas del 26 de noviembre de ese año, la Sala Constitucional anuló la resolución N°R-578-2001-MINAE, que era la resolución mediante la cual Geología y Minas le había otorgado la concesión de explotación a Industrias Infinito. De manera que con posterioridad a esta resolución de la Sala Constitucional, la lógica consecuencia de haberse anulado la resolución N° R-578-2001, es que desapareció el derecho de explotación de concesión que se había otorgado con esa resolución, con independencia de que posteriormente la Administración ordenara ilícitamente la conversión del acto, pues ello ocurrió hasta el mes de abril del año 2008, tema sobre el cual nos referiremos más adelante, debiendo recordarse en todo caso, que no fue sino hasta el 4 de junio del 2008 que el Poder Ejecutivo levantó la moratoria sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto. Entonces, tenemos que desde el mes de diciembre del año 2004 y hasta el mes de abril del año 2008, ni material ni formalmente existía un derecho de concesión de explotación declarado a favor de la empresa Industrias Infinito, y desde el mes de junio del año 2002 y hasta el mes de junio del año 2008, estuvo vigente una disposición de carácter general, emitida por el órgano jerárquico máximo del Poder Ejecutivo (Presidente de la República) y por el órgano jerárquico máximo en materia ambiental (Ministerio de Ambiente y Energía), que ordenaba la suspensión de los procedimientos pendientes ante Geología y Minas y ante SETENA, tendientes a obtener permisos de exploración o bien concesiones de explotación. Si nos percatamos bien, los actos aquí impugnados, con excepción del Decreto de Conveniencia Nacional y el permiso de corta, fueron actos emitidos por Geología y Minas y por SETENA durante el período de vigencia del Decreto Ejecutivo N° 30477, y ambos órganos pertenecen al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Ciertamente encuentra este Tribunal Contencioso Administrativo que el acto que otorgó la viabilidad ambiental, el acto que aprobó los cambios al proyecto y el acto mediante el cual se aplicó la conversión del acto de concesión de explotación a favor de Industrias Infinito, violentaron el principio de inderogabilidad singular de la norma, ya que la Administración dejó de aplicar para este caso concreto el Decreto N° 30477-MINAE, que ordenaba que se suspendieran los trámites de concesión de explotación pendientes, de manera que tanto SETENA al otorgar la viabilidad ambiental, como Geología y Minas al hacer la recomendación de la concesión, y el propio Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al convertir el acto de concesión, inobservaron aquella disposición general que era vinculante para esos órganos, y procedieron a emitir el acto final tanto de viabilidad ambiental como de otorgamiento de la concesión. Aquí debe hacerse un paréntesis para hacer ver que ambos actos (la viabilidad y la concesión) conforman lo que se denomina jurídicamente como un “acto complejo” (figura que esta regulada en el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública), es decir, que el acto de concesión requiere de la viabilidad ambiental previa para poder adquirir validez. Entonces, no podía la Administración dictar ninguno de los actos descritos, debido a que en ese momento existía una disposición de carácter general vigente y vinculante para los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía, que ordenaba la suspensión del procedimiento, y en este caso el procedimiento continuó en ambas oficinas hasta el dictado tanto del acto de viabilidad ambiental, como el de la aprobación de cambios y el de la conversión de la concesión, con lo cual el principio de legalidad resultó abiertamente irrespetado para este caso en particular.

En su defensa, la empresa desarrolladora, sobre este tema, ha planteado que de acuerdo con los artículos 23 y 26 del Código de Minería, el permiso de exploración le concede a su titular de por sí el derecho de la concesión de explotación, y aducen que mediante el voto N° 2010-14009 de la Sala Constitucional, el tema de la violación del Decreto N° 30477 ya fue resuelto. Sobre estos argumentos, el Tribunal encuentra que los mismos son absolutamente infundados y además no se ajustan a la realidad. En primer lugar, ciertamente el artículo 23 del Código de Minería, en su enunciado, indica que el titular de un permiso de exploración tiene derecho especialmente a la obtención de una o varias concesiones de explotación, y el artículo 26 de la misma Ley señala que durante la vigencia de un permiso de exploración y hasta los 60 días siguientes al vencimiento del plazo o de la prórroga, el titular tendrá el derecho de obtener una concesión de explotación. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que estas normas, en su correcta lectura, impiden entender que el permiso de exploración concede a su titular, automáticamente, el derecho de concesión de explotación. Esto es fácilmente constatable a partir de la lectura de otras normas contenidas en el propio Código de Minería, que diferencian claramente uno y otro derecho. Así, el artículo 2 de la citada Ley define ambos derechos de la siguiente forma: “Permiso: Autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, mediante la Dirección de Geología y Minas (DGM), con la cual se consolida un derecho en favor del peticionario que permite la exploración o búsqueda de materiales en general por un plazo de tres años, el cual puede ser prorrogado por una única vez. “Concesión: Autorización que otorga el Poder Ejecutivo mediante la DGM por determinado período, según el caso, el cual le otorga al peticionario un derecho real limitado para explotar o extraer los minerales de determinada zona, transformarlos, procesarlos y disponer de ellos con fines industriales y comerciales, o le otorga el derecho exclusivo de explorar las sustancias minerales específicamente autorizadas en ella.” Entonces, como podemos ver, existe una clara diferenciación entre uno y otro derecho, siendo que el primero lo que permite exclusivamente es la búsqueda de materiales, mientras que el segundo permite la extracción, la transformación y el procesamiento de los materiales autorizados.

Por otra parte, nótese que el mismo artículo 23 inciso b) condiciona la posibilidad de obtener un derecho de concesión, en tanto se justifique la existencia de uno o varios yacimientos explotables de sustancias minerales, situados en el interior del perímetro de su permiso de exploración. Es decir, el permiso de exploración no otorga per se el derecho de la concesión, debiendo demostrarse esta condición que exige la Ley, lo que evidentemente requiere de un pronunciamiento concreto de la Administración haciendo esa valoración. Ahora bien, también podemos notar que el artículo 26, de igual forma, condiciona el derecho a obtener una concesión de explotación, a que se cumplan las obligaciones y requerimientos de la ley y el reglamento, y si observamos el artículo 9 del Reglamento al Código de Minería (Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE), se puede constatar que para poder obtener un derecho de concesión, el interesado debe cumplir una serie de requisitos técnicos y jurídicos que allí se detallan, los cuales son independientes a los que exige el artículo 8 del Reglamento para poder obtener un permiso de exploración. Finalmente, es preciso destacar que el artículo 14 del Código de Minería claramente dispone que “el permiso, o la concesión, se entenderán adquiridos desde la fecha en que se inscriba la resolución de otorgamiento en el Registro Nacional Minero. Desde entonces, el titular originario o su sucesor, según el caso, será poseedor de su derecho de concesionario o de titular del permiso de exploración.” Tal y como se desprende de la norma citada, el derecho de exploración es independiente del derecho de explotación y se entiende adquirido uno u otro derecho, según el caso,  desde la fecha en que se inscribe en el Registro Minero. En el caso concreto, tal y como se indicó antes, la Sala Constitucional en el año 2004 había anulado la concesión de explotación, por lo que conforme a los artículos 62, 65 y 109 del Código de Minería, el derecho de la empresa se extinguió y en el Registro Minero no podía estar inscrito. Todas estas razones permiten descartar que el permiso de exploración le otorgaba per se el derecho de explotación a Industrias Infinito, con lo cual, podemos afirmar que dicha empresa no tenía un derecho adquirido de concesión de explotación en el Proyecto minero para el momento en que solicitó la convalidación del acto (30 de mayo del 2007), fecha en la cual se encontraba vigente el Decreto de moratoria, por lo que la Administración debió suspender los procedimientos pendientes ante SETENA y ante Geología y Minas para el caso del Proyecto Minero Crucitas. Sin embargo, en este caso es evidente que la Administración desaplicó su propia disposición vinculante.

Por último, en relación con la resolución de la Sala Constitucional N° 14009-2010, sirva indicar que este tema ya fue resuelto anteriormente cuando fueron expuestas las razones por las cuales en este asunto no existe cosa juzgada, sin embargo, no puede dejar de reiterarse que las manifestaciones de Industrias Infinito sobre este aspecto resultan totalmente desajustadas de la realidad, y ello claramente se desprende de la propia resolución de la Sala Constitucional, que en forma expresa indicó que el argumento sobre la violación al decreto de moratoria, y el argumento sobre la conversión de la concesión de explotación, son alegatos que debían llevar los recurrentes “a la vía contencioso administrativa, que es la competente para analizar la legalidad en el otorgamiento de la concesión en cuestión”. Es diáfano, entonces, que no es cierto que la Sala Constitucional ya se pronunció sobre este tema en particular, el cual es objeto de competencia de este Tribunal, fue planteado por los actores en la demanda y en las conclusiones y es uno de los temas esenciales que se analizan en este fallo. Consecuentemente, por todo lo expuesto, de acuerdo con los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, las resoluciones N° 3638-2005-SETENA, N°170-2008-SETENA y R-217-2008-MINAE, por violentar el principio de legalidad y ser disconformes con el ordenamiento jurídico, se encuentran viciadas de nulidad absoluta y así se declara.

 

XII- SOBRE LOS CAMBIOS PROPUESTOS Y LA OMISIÓN DE SOLICITAR UN NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Tal y como ya se indicó, en el año 2005, mediante resolución N°3638-2005-SETENA, la Administración otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas. Dos años después, el 6 de diciembre del año 2007, la empresa desarrolladora presentó ante SETENA una propuesta de cambios al proyecto minero. Esta solicitud fue resuelta por SETENA en dos meses, aprobando los cambios incorporados por Industrias Infinito, mediante resolución N°170-2008-SETENA, dictada el 4 de febrero del año 2008. Esta resolución administrativa, a juicio del Tribunal, se encuentra viciada de nulidad absoluta tanto en su motivo como en su procedimiento, en razón de que la Administración no solicitó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para evaluar los cambios que se pretendían incorporar.

Antes de entrar en el detalle de esa omisión, debe tenerse presente que el acto mediante el cual la Administración otorga viabilidad ambiental a un proyecto, es sin duda un acto administrativo reglado, en el tanto se encuentra previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y en el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849), como en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 32966). Sin embargo, la empresa Industrias Infinito defiende la tesis, según la cual, en aquellos casos en que se cumplan los presupuestos contenidos en el inciso 3 del artículo 46 del Decreto Ejecutivo N°31849, se hacía innecesario un nuevo estudio de impacto ambiental. No obstante, este Tribunal observa que el inciso 3° de ese artículo 46, si bien contiene una serie de criterios para realizar ajustes al diseño original (no para prescindir de un EIA), criterios que por cierto fueron invocados por los testigos de los codemandados en sus declaraciones, es también cierto y contundente que dicho inciso no estaba vigente en el Decreto Ejecutivo N° 31849 para la fecha en que Industrias Infinito presentó su propuesta de cambios, ni tampoco para la fecha en que SETENA aprobó tal propuesta modificativa, toda vez que el inciso 3° del artículo 46 fue adicionado al Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental mediante Decreto Ejecutivo N° 34688, el cual fue emitido hasta el 25 de febrero del 2008, sea, en fecha posterior a aquellos dos momentos del procedimiento administrativo. En el caso concreto, pudimos escuchar que los testigos Sandra Arredondo (regente ambiental), Eduardo Murillo (funcionario de SETENA) y Sonia Espinoza (funcionaria de SETENA en ese momento), señalaron que ante la propuesta de cambios por parte de la empresa Industrias Infinito, SETENA no consideró necesario requerir un nuevo estudio de impacto ambiental para analizar esos cambios, por varias razones: el proyecto no variaba en su esencia, se desarrollaba en el mismo sitio, no cambiaba de categoría de proyecto, la actividad seguía siendo la misma, y no variaba la zona industrial ni la zona de relaves, siendo que más bien se reducía el área de extracción. Manifestaron que de acuerdo con los criterios de SETENA, ante esas circunstancias no se requería solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental. Todo lo anterior refleja que en el supuesto de introducirse cambios al diseño original de un proyecto, existe un ámbito de discrecionalidad administrativa para valorar si se debe solicitar o no un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Este Tribunal ejerciendo como contralor de legalidad (artículo 49 de la Constitución Política), y propiamente el control de la discrecionalidad administrativa (artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública), encuentra que conforme a la lógica y la razonabilidad, los cambios que propuso la empresa Industrias Infinito en el año 2007 eran, sin duda alguna, modificaciones sustanciales al proyecto originalmente presentado ante SETENA, y siendo cambios sustanciales los aquí discutidos, la interpretación que hizo la SETENA no podía ser restrictiva en relación con el Estudio de Impacto Ambiental, entratándose de la valoración de los impactos que provocaría un proyecto clasificado como A y en materia sensible como la ambiental, por lo que no podía optar, como lo hizo en el caso concreto, por prescindir de ese instrumento de evaluación ambiental, ni mucho menos habría sido válido que prescindiera del estudio de impacto ambiental amparándose en una norma reglamentaria (nos referimos al inciso 3° del artículo 46 del Reglamento antes mencionado), por cuanto claramente debemos recordar que es la propia Ley la que exige el Estudio de Impacto Ambiental cuando las actividades humanas alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, tal y como lo ordena el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 3 del Código de Minería, para el caso concreto de las concesiones de explotación minera, normas que debían aplicarse a la luz del principio precautorio previsto en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, y por lo tanto imponían la obligación a la Administración de garantizar de mejor forma la protección del ambiente. (Sólo para efectos ilustrativos se remite en este tema a la resolución de la Sala Constitucional N°2003-6322 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003). Pues bien, el Tribunal llega a la conclusión de que los cambios propuestos eran sustanciales, por cuanto del documento denominado “Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos” y de los testimonios de Sandra Arredondo y Eduardo Murillo, se desprende que se varió la profundidad de extracción pasando de una propuesta original que preveía la extracción, únicamente, de la capa superficial del suelo denominada saprolita, cuya profundidad alcanza hasta un máximo de 20 metros, a extraer no sólo saprolita sino también roca dura, cuya profundidad de extracción alcanza hasta 67 metros de profundidad, con lo cual aumentaba el volumen del material a procesar (6700 toneladas diarias). Además, se pasó de prever originalmente la creación de una sola laguna (laguna de relaves), a crear una segunda laguna, denominada Fortuna, que nacía precisamente por el efecto de aumentar la profundidad de extracción en el cerro Fortuna, impactando el acuífero inferior o confinado que existe en la zona. No se omite referir que el plazo de la fase de operación se amplió a 9.25 años.  Estos cambios, desde el punto de vista del diseño conceptual eran sumamente relevantes para el desarrollo del proyecto, y en todo caso, resulta evidente que estas nuevas acciones que propuso la codemandada Infinito no eran nada inofensivas para el medio ambiente, pues tales modificaciones generaban un serio impacto en los recursos naturales de la zona, sobre todo en el recurso hídrico que goza de una importante protección en nuestro ordenamiento jurídico. Sobre este punto, baste decir, en relación con la Laguna Fortuna, que de acuerdo con el documento de Evaluación de Cambios Propuestos, el área de la base del tajo Fortuna se calculó en 19103.8 m2, y el área del espejo de agua una vez recuperado se calculó en 88096.6 m2 (folio 176), es decir, como puede verse por sus dimensiones se trata un impacto al recurso suelo y agua que implican una extensión bastante considerable. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente lógico, no es posible para este Tribunal concebir que la Administración haya solicitado un Estudio de Impacto Ambiental cuando la propuesta solamente preveía la extracción de saprolita, pero decide no solicitarlo cuando la empresa pretendía la extracción de roca dura, que aumentaba en forma importante el nivel de profundidad, permitiendo incluso el impacto de un acuífero inferior sin conocer sus zonas de recarga y su extensión. Recordemos que el Proyecto Minero Crucitas fue calificado por SETENA como un proyecto categoría A, es decir, de alta significancia de impacto ambiental, y en este sentido es relevante destacar que además de las normas legales anteriormente citadas, el artículo 27 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N°31849) y su Anexo 1, exigen que los proyectos de esta categoría, dentro de los se incluyen las concesiones de explotación minera, requieren la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Desde esa perspectiva, no parecen haber justificaciones válidas desde el punto de vista jurídico, ni aplicando la lógica y la razonabilidad humanas promedio, para que la Administración haya omitido solicitar el mencionado instrumento de evaluación ambiental. A mayor abundamiento, tómese en cuenta que los testigos expertos Allan Astorga (geólogo) y Yamileth Astorga (bióloga marina experta en recurso hídrico), quienes le merecen credibilidad a este Tribunal en razón de sus atestados, catalogaron los cambios introducidos como sustanciales, indicando que al haberse cambiado el proyecto de aquella forma, SETENA debió haber dado nuevos términos de referencia para evaluar esos cambios, a través del formulario D1. Ambos fueron claros en punto a que no fueron analizados los riesgos en relación con el brote de agua que se produciría por el impacto del acuífero inferior o confinado, el riesgo de contaminación de ese recurso hídrico y la omisión de analizar el costo ambiental de afectar ese acuífero, aunado al hecho de que los estudios presentados por la empresa no analizaron el tamaño del acuífero y su incidencia en los pozos de abastecimiento al público de la zona. Estos criterios vertidos por expertos en la materia, evidencian que los reproches apuntados por el Tribunal a nivel jurídico y lógico, encuentran respaldo también a nivel técnico, lo que permite concluir que la resolución N° 170-2008-SETENA se encuentra viciada de nulidad absoluta por haber prescindido del Estudio de Impacto Ambiental, lo cual afecta el motivo del acto al no haberse tomado en cuenta dicho instrumento para el dictado del acto final, y además genera un vicio en el procedimiento, puesto que, evidentemente, no se siguió el cauce procedimental establecido por los artículos 27 y siguientes del Decreto Ejecutivo N° 31849, omisión formal que se considera sustancial de acuerdo con el artículo 223 de la Ley General de la Administración, en virtud de haberse prescindido de todo el procedimiento preestablecido para esos efectos.

No se puede dejar de señalar que si bien el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad le otorga a la SETENA la discrecionalidad de determinar cuándo se debe realizar una audiencia pública, en este caso las mismas razones que conducen a este Tribunal a estimar que se debió solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental, son aplicables para la realización de una audiencia pública ante los cambios propuestos. Si bien es cierto la testigo Sonia Cervantes (Socióloga) explicó que las personas de la zona estaban informadas, por parte de la empresa, de las modificaciones que se pretendían introducir al proyecto y que no había oposición a ellas, la SETENA no podía obviar que la Ley Orgánica del Ambiente impone un deber al Estado de fomentar la participación de los habitantes de la República en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger el ambiente (principio de participación ciudadana regulado en el artículo 6), y el articulo 22 de esa ley dispone que toda persona física o jurídica tiene derecho a ser escuchada en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa. Así las cosas, se estima que, en aplicación del principio precautorio, en este caso resultaba imprescindible convocar a una audiencia pública para publicitar los cambios propuestos, puesto que se trataba de un megaproyecto que revestía interés nacional y por ser la audiencia pública el mecanismo que mejor garantizaba la participación de todos los habitantes del país en el procedimiento de evaluación.

Finalmente, y a mayor abundamiento, el Tribunal estima que la viabilidad ambiental que la SETENA había otorgado al Proyecto Minero Crucitas mediante la resolución N°3638-2005-SETENA, se encontraba caduca para el momento en que fue emitida la resolución N° 170-2008-SETENA, razón por la cual debió dictarse un nuevo acto precedido de una evaluación ambiental y no simplemente la aprobación de los cambios propuestos por la empresa. Véase que la resolución N° 3638-2005-SETENA, dictada el 12 de diciembre del 2005, disponía en el punto número 8 de su por tanto lo siguiente: “La vigencia de esta viabilidad será por un período de dos años para el inicio de la extracción. En caso de no iniciarse la extracción en el tiempo establecido, se procederá con lo establecido en la legislación vigente.” Por su parte, el Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 31849, en la redacción de su artículo 46 para el momento de la presentación de los cambios, establecía lo siguiente: “La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la SETENA, conforme al procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA”. Como puede derivarse de los anteriores elementos, una vez que fue otorgada la viabilidad ambiental en el mes de diciembre del año 2005, Industrias Infinito debió iniciar las obras de extracción, o bien, solicitar una prórroga de la vigencia de la viabilidad con anterioridad al vencimiento del plazo, mismo que se cumplía en el mes de diciembre del año 2007. En este asunto no consta que la desarrolladora haya pedido una prórroga ante la SETENA, por consiguiente, para el dictado de la resolución N° 170-2008- SETENA, el plazo establecido en la norma y en la propia resolución 3638-2005-SETENA había transcurrido fatalmente, por lo que para ese momento la viabilidad se encontraba caduca. Recordemos que de acuerdo con la doctrina, la caducidad tiene por efecto la extinción del acto y su motivo nace del no ejercicio del derecho por un plazo determinado. En tal sentido, no puede afirmarse que la solicitud de modificación presentada por la empresa codemandada tenía la virtud de interrumpir el plazo de la viabilidad, ya que por principio básico el instituto de la caducidad se cumple por el simple transcurso del tiempo y no es susceptible de ser interrumpido como sucede con el caso de la prescripción. Tampoco puede afirmarse que la introducción de cambios tenga por efecto la prórroga tácita de la viabilidad ambiental, puesto que el inciso 3 del artículo 46 del Decreto N° 31849 no se encontraba vigente al momento de presentarse la solicitud, ni tampoco al momento de dictarse la resolución N° 170-2008-SETENA. En consecuencia, al haber caducado la viabilidad ambiental otorgada en el año 2005, se encuentra que ésta era una razón más que obligaba a SETENA a solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, a realizar un nuevo procedimiento de evaluación y a dictar un nuevo acto final, y no limitarse simplemente a aprobar la modificación presentada por la empresa codemandada, tal y como hizo.

Por tanto, por todas las razones expuestas, de acuerdo con los numerales 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, la resolución N° 170-2008-SETENA se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.

 

XIII- SOBRE LA OMISIÓN DE EVALUAR LOS CAMBIOS PROPUESTOS Y EL INCUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS POR PARTE DE SETENA.

Siempre en relación con el tema de los cambios propuestos, y sin dejar de lado que la Administración en este caso debió solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para evaluar dichos cambios, el Tribunal encuentra que SETENA, en su resolución N°170-2008-SETENA, incumplió sus funciones legalmente asignadas, reguladas en los artículos 84 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente y 2 del Código de Minería, que establecen, por su orden, que a ese órgano le corresponde “analizar las evaluaciones de impacto ambiental”, y que es su responsabilidad operativa y funcional el “análisis comparativo, técnico, económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos”. Al respecto, debe recordarse que el numeral 66 de la Ley General de la Administración Pública, establece que las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles, y en el caso concreto, se observa que la Administración omitió hacer un análisis técnico y científico respecto de la propuesta de cambios presentada por la empresa Industrias Infinito, especialmente, de los impactos que producirían las modificaciones y las medidas de mitigación y compensación sugeridas, limitándose SETENA a hacer un informe en el que básicamente se reproducen los aspectos mencionados por la propia empresa desarrolladora en su propuesta. Obsérvese que en el documento denominado Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos, la empresa hace una descripción de las actividades del proyecto en sus diferentes fases: construcción, operación y cierre, y hace una valoración propia de los impactos en cada una de las fases y en los recursos aire, agua y suelo, y finalmente enlista las que, en su criterio, serían las medidas de mitigación y compensación a implementar en las tres fases (folios 143 a 214). No obstante, SETENA a través de su Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, en el informe ASA-013-2008-SETENA, que sirvió de fundamento para el dictado de la resolución N° 170-2008-SETENA, únicamente se limitó a repetir la información que ya constaba en el documento presentado por la empresa, y omitió realizar el análisis técnico exigido por Ley. Así, a manera de recuento, el referido informe indica que se pretende reducir el área extractiva, extrayendo además de la saprolita también la roca dura, lo cual conlleva a trabajar a profundidades promedio de 67 metros. Que el área a intervenir corresponde a los cerros Botija y Fortuna. Que la extracción de roca implica la utilización de voladuras y que la empresa se compromete a contratar una empresa certificada en este tipo de intervención. Que el resto de las áreas permanecen casi inalteradas. Que se utiliza la tecnología CYPLUS para el proceso de destrucción del cianuro. Que los estudios de línea base muestran un potencial bajo de drenaje ácido. Copia el cuadro comparativo de cambios presentado por la empresa. Y termina señalando que se adjuntó un diagnóstico actualizado de condiciones ambientales, sociales y económicas del proyecto, que se presentó una identificación de impactos y su valoración en las fases del proyecto, que dentro de los planes de monitoreo se incorpora el seguimiento a datos de línea base en cuanto a varios elementos así como un protocolo de sustancias peligrosas, y que dentro del Plan de Gestión Ambiental se creará una Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Crucitas.

Con esta simple enunciación, sin un análisis de los estudios presentados por la empresa y la obligada valoración de los impactos ambientales, el equipo evaluador recomendó finalmente que la Comisión Plenaria de la SETENA procediera a acoger la propuesta de modificación. A partir de este laxo informe, la Comisión Plenaria dispuso aprobar los cambios sugeridos por Industrias Infinito, y dictó la resolución N° 170-2008-SETENA, la que, valga decir, tampoco incorporó mayor análisis respecto de la propuesta modificativa presentada. Aquí debemos recordar que en la etapa de juicio la testigo Marta Elena Chaves Quirós, de profesión Geóloga, quién para el momento de los hechos laboraba como funcionaria del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, manifestó claramente que ella no había participado en la evaluación de la solicitud de cambios al proyecto, a pesar de que en la certificación admitida como prueba para mejor proveer a folio 2204 del expediente judicial, se indica su nombre como parte del equipo evaluador, que estaba compuesto por el Ing. Forestal Eduardo Murillo Marchena y la Ing. Agrónoma Sonia Espinoza Valverde. La testigo también manifestó que, en su experiencia, se requerirían aproximadamente de 6 a 7 meses para evaluar las modificaciones al proyecto. Si confrontamos estas manifestaciones con el hecho de que la propuesta de Industrias Infinito fue aprobada en dos meses, y que en la supuesta evaluación no participó un geólogo, que seria el profesional más idóneo para evaluar los impactos que produciría el cambio de profundidad en la extracción y el impacto en el acuífero inferior, sumado al hecho, fácilmente constatable, de que el informe ASA-013-2008 y la resolución N° 170-2008-SETENA no hicieron un análisis de la documentación aportada por la empresa desarrolladora, podemos concluir, conforme a la sana crítica, que en este caso SETENA dejó de cumplir la competencia que legalmente le fue asignada a ese órgano público, omitiendo no sólo el haber solicitado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, vicio que ya fue explicado, sino también omitió analizar la documentación de cambios presentada por la codemandada Industrias Infinito, omisión que, por ende, también se produce respecto de cada uno de los temas técnicos discutidos en este proceso, según se explicará en considerandos posteriores. En consecuencia, a criterio de esta Cámara, la resolución N° 170-2008-SETENA violentó los artículos 19 y 84 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, y resultar disconforme con el ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, la citada resolución administrativa se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.

 

XIV- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA CONVERSIÓN DEL ACTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN.

En relación con este tema, el Tribunal encuentra que existen tres criterios por los cuales no era procedente jurídicamente aplicar el instituto de la conversión del acto administrativo, en relación con la concesión de explotación que había sido anulada por la Sala Constitucional en el año 2004.

En primer lugar, debemos tener presente que la convalidación, el saneamiento y la conversión, son mecanismos ideados para que la Administración pueda conservar actos administrativos que si bien padecen de algún vicio de nulidad relativa o absoluta, aún se encuentran vigentes en el ordenamiento. No obstante, ésta no era la situación de la resolución N° R-578-2001-MINAE, mediante la cual el Poder Ejecutivo había otorgado a favor de Industrias Infinito la concesión de explotación minera, y no era la misma situación porque este acto administrativo había sido anulado por la Sala Constitucional a través de una resolución firme y definitiva, y consecuentemente, a partir de ese momento el acto fue eliminado del ordenamiento jurídico; en otras palabras, ya no se encontraba vigente, con lo cual perdía interés la discusión de si era viable o no la conversión de ese acto. Aquí adquiere importancia la distinción, en alguna medida planteada por don Eduardo Ortiz, entre “vicio de nulidad absoluta” como condición que afecta el acto y “declaración de nulidad absoluta” como pronunciamiento que extingue el acto. En este último caso, el acto deja de tener vigencia en el ordenamiento y por ende la Administración estaría imposibilitada de “revivirlo”. De lo anterior se deriva una consecuencia muy importante, porque de admitirse la tesis de convertir un acto anulado por la Sala Constitucional, tesis que es defendida en este proceso por la representación de Industrias Infinito, implicaría aceptar que la Administración puede desconocer las decisiones firmes y definitivas que emitan los Tribunales de Justicia y la Sala Constitucional (artículo 153 de la Constitución Política), pudiendo la Administración recurrir a la conversión del acto para revivir conductas públicas que ya habían sido eliminadas del ordenamiento jurídico, lo cual a todas luces resulta violatorio del principio de seguridad jurídica, y constituiría un precedente muy peligroso para la estabilidad de nuestro Estado de Derecho. Al respecto Eduardo Ortiz Ortiz es claro al referirse a los efectos de los fallos anulatorios, indicando lo siguiente: “Hay en la LGAP una diferencia clara entre la anulación y la declaración de nulidad jurisdiccionales. Esta última, como se dijo, aporta al ordenamiento una sola innovación jurídica, que es la creación de cosa juzgada sobre la existencia de esa nulidad como un hecho, que así se convierte en jurídicamente indiscutible y cierta para todo efecto legal y para todo sujeto y Tribunal, dado el carácter erga omnes que tiene el respectivo fallo” (Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo 2, p.574). En consecuencia, en criterio del Tribunal no era viable aplicar la conversión a un acto administrativo que había sido anulado por una resolución de un Tribunal de la República, independientemente que en el Por Tanto de su resolución la Sala haya insertado la frase: “todo sin perjuicio de lo que determine el estudio de impacto ambiental”, pues de ella no se desprende un permiso expreso para que la Administración aplicara la conversión del acto en un momento posterior, y ello queda confirmado a partir de la resolución N° 14009-2010, invocada por los demandados, donde la propia Sala claramente indica que la procedencia o no de la conversión de la concesión es un tema de legalidad que debe discutirse en esta vía, al igual que el tema de la nulidad del acto, al indicar que en su momento se interpretó que lo declarado por esa Sala se trataba de una nulidad relativa, de manera que al remitir la discusión de esos aspectos a esta sede, queda descartada la voluntad del Tribunal Constitucional de permitir que el acto de concesión anulado pudiera ser revivido con posterioridad y de que la nulidad declarada fuera una nulidad relativa, pues de haber sido así lo habría dicho expresamente en esa resolución. Estas razones, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, generan en el Tribunal la convicción de que la conversión utilizada por la Administración para revivir el acto de concesión, constituyó un mecanismo fraudulento para obviar la aplicación del decreto de moratoria, pues para el momento del dictado de la resolución N° R-217-2008-MINAE (abril del año 2008), dicho Decreto se encontraba aún vigente y era vinculante para el caso concreto.

Como segundo criterio para estimar improcedente la conversión del acto, encontramos que la implementación de esa figura jurídica resultaba contraria al principio precautorio en materia ambiental, por las siguientes razones. En una correcta aplicación de la teoría del acto complejo, consideramos que la Dirección de Geología y Minas estaba obligada a revisar y analizar con detalle el contenido y los alcances del acto de que otorgó viabilidad al Proyecto, al igual que el acto que aprobó los cambios propuestos, no pudiendo desconocer el contenido de esas conductas, tal y como lo reconoció en el juicio oral y público el Director de Geología y Minas, Francisco Castro Muñoz, quién indicó que la dependencia a su cargo no se introduce en la competencia de SETENA y que en sus resoluciones ellos sólo citan lo que dice SETENA, más no revisan esa información. Si Geología y Minas hubiere procedido de esa forma, ejerciendo sus competencias de forma debida y lícita como lo impone la ley, habría podido advertir que SETENA estaba aprobando un impacto que aquella dependencia había prohibido en la propia resolución que estaban intentado convertir. Nos referimos al límite máximo de extracción hasta la cota número 75 (metros sobre el nivel del mar), condición técnica que fue fijada en la resolución N°R-578-2001-MINAE, y que la resolución N° R-217-2008-MINAE dispuso mantener, al remitir expresamente al oficio N° DGM-DC-2085-2001, elaborado por la geóloga Sofía Huapaya, funcionaria de Geología y Minas (tema sobre el cual se profundizará más adelante). Esta condición no es caprichosa porque el numeral 6 del Código de Minería establece que las concesiones pueden condicionarse en razón del interés nacional, y sin duda alguna la protección del acuífero inferior es un asunto de interés público, por tratarse de fuentes potenciales de abastecimiento de agua a las comunidades. Entonces, ante estas circunstancias que revelan una incerteza respecto del tratamiento que se le daría al recurso hídrico subterráneo, en aplicación del principio precautorio, la Dirección de Geología y Minas debió, en el caso concreto, rechazar las solicitudes formuladas por la empresa Industrias Infinito para convalidar el acto anulado por la Sala Constitucional, y en su lugar, ordenar de inmediato la realización de un nuevo procedimiento administrativo conforme al Código de Minería y su reglamento, y dictar un nuevo acto final, en el que se definiera técnicamente si sería permitido o no impactar el acuífero inferior, y además garantizando la inocuidad de la actividad extractiva en ese acuífero, tal y como lo manda el principio precautorio.

Por último, y a mayor abundamiento, el Tribunal encuentra que desde el punto de vista de su naturaleza, resultaba improcedente aplicar el instituto de la conversión en este caso. Es esencial recordar que dicha figura supone la emisión de un acto distinto al acto absolutamente nulo (cosa que no sucede en este caso), y su finalidad no tiene por objeto subsanar la invalidez del acto sino atemperar sus efectos. En este sentido, Eduardo García de Enterría explica: “Finalmente, el artículo 65 de la ley regula el supuesto de la conversión de los actos nulos y anulables de forma que si dichos actos contienen los elementos constitutivos de otro distinto puedan producir los efectos de este. La ley se mueve aquí en el plano de la eficacia, no en el de la validez. El acto nulo o anulable no deja de ser tal, ni queda saneado o convalidado. Si así se solicita por los interesados, no habrá más remedio que declarar su nulidad. Sin embargo, las consecuencias de dicha nulidad se dulcifican, admitiéndose por la ley como legítimos aquellos efectos que puedan considerarse amparados o justificados por los elementos del acto no afectados por el vicio que determina su nulidad o anulabilidad (por ejemplo, un nombramiento irregular de funcionario en propiedad puede producir los efectos de un nombramiento interino)“ (Curso de Derecho Administrativo, 2008, Tomo I, p.630). En el mismo sentido se refirió don Eduardo Ortiz Ortiz, según consta en el acta N° 103 del expediente legislativo N° A23E5452, correspondiente a la Ley General de la Administración Pública, en el siguiente sentido: “Esto es un poco raro pero es simplemente lo siguiente, supóngase que se nombre indebidamente a un funcionario en el Servicio Civil sin observar los trámites que el Servicio contempla, la doctrina llama “conversión” el fenómeno consistente en que la Administración que realizó ese acto, incluso absolutamente nulo, por total prescindencia del trámite de selección del Servicio Civil, pueda convertir el nombramiento de un titular absolutamente nulo, en el nombramiento de un interino, porque para un interinato no hay necesidad de hacer concurso ni selección, entonces siempre que el acto absolutamente presente todos los elementos formales y materiales de otro que no requiere los elementos del acto que se quería realizar, se puede convertir este último en el primero, en el caso del nombramiento de un titular con el procedimiento de selección, en el nombramiento de un interino que no requiere procedimiento de selección, siempre y cuando se declare que el nombramiento absolutamente nulo de un titular se convierte en el nombramiento de ese mismo señor como empleado interino ...” (Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, 1996, p.286 y 287). Entonces, de conformidad con lo anterior, en la conversión se requiere que la ausencia del elemento que vició el primer acto (por ejemplo un procedimiento de selección), debe ser un elemento propio del segundo acto válido (por ejemplo, procedimiento de selección no se requiere en un nombramiento interino). En pocas palabras, el vicio que invalida el primer acto, lo debe contener el segundo, pero en forma válida. Entendemos, entonces, por qué el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública exige como condición para la conversión, que el acto inválido presente todos los requisitos formales y materiales del acto válido. Teniendo claros estos elementos, podemos deducir fácilmente que en el caso bajo examen tales presupuestos no se cumplían y no podían cumplirse, toda vez que la falta de un Estudio de Impacto Ambiental, que era el vicio que producía la invalidez absoluta del primer acto de concesión, no era un elemento propio del segundo acto de concesión que se dictó mediante la resolución N° R-217-2008-MINAE, pues la aparente existencia de un Estudio de Impacto Ambiental fue la razón que adujo la Administración para aplicar la conversión del primer acto. De manera tal que por estos motivos, la aplicación del artículo 189 resultaba absolutamente improcedente, como en efecto se declara.

No puede dejar de decirse en este fallo que extraña mucho a este Tribunal, que habiendo solicitado la empresa interesada la convalidación del acto de concesión, la Administración fuera tan solícita en este caso –lo que no es común- y, oficiosamente replanteara la gestión presentada, dejando de lado la consideración de cualquiera de los motivos que aquí se han echado de menos, pero encontrando la Administración sumamente viable lo pretendido en ese momento por la empresa Industrias Infinito, situación que a la luz de la sana crítica confirma aún más la convicción en estos juzgadores de la irregularidad e ilegitimidad de la resolución N° R-217-2008-MINAE.

Ahora bien, es necesario recordar que, durante sus conclusiones, la representación de Industrias Infinito insistió en el tema de que la Sala Constitucional, al dictar la sentencia 2004-13414, lo que hizo fue aplicar retroactivamente el principio de que los estudios de impacto ambiental deben haberse efectuado y la viabilidad ambiental debe haberse otorgado, de previo al inicio de la actividad que requiere de dicho tipo de estudio para poder ser realizada. Asimismo, hizo énfasis el representante de Industrias Infinito en el argumento de que el artículo 34 inciso ch) y el numeral 97 inciso g), ambos del Código de Minería, fueron declarados inconstitucionales apenas en el año 2009. Con dichas alegaciones, esa demandada ha pretendido hacer ver que pese a que en el año 2001 la ley no contemplaba el estudio de impacto ambiental como algo previo al otorgamiento de la concesión, la Sala Constitucional interpretó que eso era necesario y en el 2004 anuló dicha concesión, pese a que no fue sino en el 2009 cuando se declaró inconstitucional el marco legal que establecía dicho estudio como algo posterior al otorgamiento de una concesión minera. Sobre el punto debe indicarse que en este proceso no se discute el acto mediante el cual se otorgó la concesión minera en el año 2001, ni mucho menos la sentencia de la Sala Constitucional del año 2004 que declaró nula dicha concesión, ni tampoco se juzga la constitucionalidad de los numerales del Código de Minería que fueron anulados por la Sala Constitucional mediante la sentencia número 2009-17155 del 5 de noviembre de 2009. Sin embargo, dado que ese es un argumento esgrimido por la representación de Industrias Infinito durante el juicio oral y público llevado a cabo en este proceso, deviene procedente manifestar que este Tribunal aprecia que la Sala Constitucional nunca aplicó retroactivamente la regla de que los estudios de impacto ambiental y la correspondiente viabilidad ambiental son requisitos previos a la autorización de ciertas actividades. Esto porque para el año 2004, cuando la Sala Constitucional anuló la concesión minera dada a Industrias Infinito en el año 2001, ya había operado una derogación tácita del artículo 34 inciso ch) y del numeral 97 inciso g) del Código de Minería. Y es que mediante la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, del 4 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 215, del 13 de noviembre de 1995, se dispuso, en el artículo 17 de dicho cuerpo legal, que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente, deben contar con una evaluación de impacto ambiental como requisito previo para el inicio de actividades, obras o proyectos. En ese sentido, el proyecto minero Crucitas no podía siquiera iniciar, ni mucho menos ser concesionario, si antes no contaba con la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y es que debe observarse que el estudio de impacto ambiental es un requisito para el desarrollo de la actividad minera, según se dispone en los numerales 3 y 6 del Código de Minería, que es la Ley número 6797 del 4 de octubre de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 203 del 22 de octubre de 1982, el cual, como se aprecia, es anterior a la Ley Orgánica del Ambiente. Además, el artículo 3 del Código de Minería ya menciona la aprobación del estudio como algo previo al otorgamiento de la concesión de la explotación. Siendo evidente que por disposición de ley, específicamente el Código de Minería, la actividad minera requiere de estudio de impacto ambiental, entonces el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente viene a determinar que en esta materia, el estudio de impacto ambiental y la correspondiente viabilidad ambiental son condiciones previas al otorgamiento de una concesión minera. Esto, a su vez, implica la derogatoria tácita, desde la vigencia de la Ley Orgánica del Ambiente, es decir, desde el 13 de noviembre de 1995, de los numerales 34 inciso ch) y 97 inciso g) del Código de Minería, que, en contradicción con el mismo Código, permitían otorgar una concesión antes de contar con estudios de impacto ambiental aprobados. Así vistas las cosas, el pronunciamiento anulatorio efectuado por la Sala Constitucional en el año 2009 no hace más que resolver de manera expresa un problema normativo que había sido resuelto tácitamente desde el año 1995. En ese sentido, además, el pronunciamiento de la Sala Constitucional que en el año 2004 significó la nulidad absoluta de la concesión minera otorgada a Industrias Infinito en el año 2001, no aplicó retroactivamente norma alguna, sino que en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que hizo fue ordenar que, como correspondía jurídicamente, en la actividad minera se aplicara la para entonces ya vigente (y lo era desde 1995, vale la pena reiterar) regla de que de previo a otorgar una concesión minera se requería de estudios de impacto ambiental debidamente aprobados (o lo que es lo mismo, se necesita una viabilidad ambiental otorgada previamente, para poder otorgar una concesión minera). Y es que no puede obviarse que en materia de estudios de impacto ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente contiene norma especial y posterior, del mismo rango que el Código de Minería, que obliga a realizar tales exámenes y a contar con su aprobación, como paso previo al desarrollo de cualquier proyecto, lo que implica que es una condición que debe cumplirse antes de que se otorgue una concesión minera.

Por otra parte, como parte de sus argumentaciones, la representación de Industrias Infinito invoca el transitorio I del Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE, que es el Reglamento al Código de Minería (vigente desde el 16 de marzo del 2001), que establece que “todas las solicitudes que se encuentren en trámite a la fecha de su publicación del presente reglamento, continuarán su trámite con la normativa reglamentaria vigente al momento de la presentación de ésta.” En relación con esta norma, no encuentra el Tribunal que la misma justifique la procedencia de la conversión del acto, pues debe reiterarse que, en este caso, la empresa codemandada, después del año 2004, no tenía ningún derecho de concesión declarado a su favor. Fue eliminado del ordenamiento jurídico por la Sala Constitucional. No obstante, fue revivido en forma antijurídica por la Administración siete años después, que es precisamente el vicio que en este proceso contencioso administrativo se está declarando. Entonces, el único derecho que Industrias Infinito ha tenido declarado a su favor y que no ha sido cuestionado, es el permiso de exploración, que como ya se indicó, jamás podría conceder automáticamente el derecho de concesión, pues tal interpretación lesiona la inteligencia de este Tribunal, violenta el ordenamiento jurídico y se traduce ni más ni menos en un grosero fraude de ley.

Por último, la codemandada cita los artículos 164, 168 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, los dos primeros recogen el principio de conservación de los actos administrativos y el segundo también lo hace en relación con el procedimiento administrativo. Estas disposiciones deben ser descartadas para sustentar la conversión tantas veces mencionada, ya que, como se explicó antes, no era jurídicamente posible revalidar o revivir un acto que ya había sido anulado por la Sala Constitucional, tampoco se cumplían los presupuestos que establece el numeral 189 de la Ley General de la Administración Pública, y en todo caso, el derecho de fondo aplicable al caso concreto (derecho ambiental), imponía que, en razón de las imprecisiones y contradicciones que existían entre la viabilidad ambiental, la aprobación de los cambios al proyecto y las condiciones técnicas fijadas por Geología y Minas, existía incertidumbre sobre la afectación del acuífero inferior, lo que necesariamente obligaba a la Administración a realizar un nuevo procedimiento administrativo.

Así las cosas, por todas estas razones, de conformidad con los artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, la resolución N° R-217-2008-MINAE se encuentra viciada de nulidad absoluta y así se declara.

 

XV- SOBRE LA VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LA AUSENCIA DEL BALANCE ENTRE BENEFICIOS Y COSTOS Y LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL DECRETO N° 34801-MINAET.

En relación con el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, este Tribunal estima que el mismo presenta vicios en el procedimiento, en el motivo y en la fundamentación, tal y como de seguido se explica.

En relación con el procedimiento, es importante iniciar indicando que de conformidad con la clasificación de los actos administrativos establecida en la Ley General de la Administración Pública, los decretos son actos administrativos de alcance general, es decir, no van destinados a un sujeto identificado, sino a la generalidad de los administrados (artículo 121 de la citada Ley). En ese sentido, resulta de importancia recordar que la Ley General de la Administración Pública prevé un procedimiento especial para la elaboración de este tipo de disposiciones de alcance general. Así, el numeral 361 dispone lo siguiente: “1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposiciones generales que puedan afectarlas. 2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto. 3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o de Ministerio, la naturaleza de la disposición lo aconseje, el anteproyecto  será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada caso se señale.” Para el caso concreto, encuentra el Tribunal que el Presidente de la República y el Ministro del ramo inobservaron groseramente este procedimiento, pues de una revisión del expediente administrativo N° DAJ-077-2008, que sustenta el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, no se observa, ni por asomo, actos tendientes a dar cumplimiento al procedimiento estipulado por Ley para poder emitir lícitamente este Decreto, no encontrándose que existan razones de interés público o de urgencia que justifiquen el incumplimiento de este requisito necesario para la validez del Decreto aludido, ni mucho menos fueron expresadas en ese acto. Antes bien, estima el Tribunal que, por el contrario, al tratarse de una disposición que declaraba de “interés público y conveniencia nacional” un megaproyecto minero, resultaba absolutamente necesario conceder a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo, ya fueran éstas ambientalistas, sectores académicos o grupos empresariales, el plazo establecido en el artículo 361 citado, a efecto de que éstas organizaciones se pronunciaran sobre el proyecto, y a partir de esos pronunciamientos el Poder Ejecutivo realizara el balance que exige la Ley, para decidir si declaraba o no de conveniencia nacional e interés público la actividad, cosa que no sucedió como se puede constatar fácilmente. Incluso, el Tribunal considera que la enorme trascendencia de este proyecto minero a nivel nacional, hacía imperativo someter a la información pública el anteproyecto del Decreto, tal y como lo permite el inciso 3 del articulo 361, en relación con el numeral 6 de la Ley Orgánica del Ambiente (principio de participación ciudadana), aplicable al caso concreto por la especialidad de la materia, la cual dispone muy claramente así: “El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.” No obstante lo indicado, nunca se reflejó en el expediente administrativo, ni en el propio texto del documento la intención del Poder Ejecutivo de cumplir dichas disposiciones. En el expediente administrativo DAJ-077-2008, que sustenta el Decreto cuestionado, únicamente constan las siguientes piezas: (1) aproximadamente doce cartas suscritas por vecinos, el alcalde de la municipalidad, algunas asociaciones y otros dirigidas al Ministro Roberto Dobles; (2) un resumen ejecutivo sin firma que dice “octubre 2008”; (3) copias de unos votos de la Sala Constitucional; (4) un oficio SG-ASA-259-2008, del 10 de octubre del 2008, suscrito por Sonia Espinoza Valverde, Secretaria General de SETENA, dirigido al Director del Área de Conservación Huetar Norte, donde le hace ver que si se otorga la viabilidad ambiental a un proyecto, es porque el balance obtenido arroja que los beneficios son mayores que los costos del mismo; (5) el borrador del Decreto; (6) un oficio DAJ-1570-2008, del 13 de octubre del 2008, suscrito por la licenciada Marianela Montero Leitón, Asesora Legal del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, dirigido al Ministro, indicando así: “Con el visto bueno de este Departamento Legal, sírvase encontrar adjunto para su respectiva firma, el Decreto identificado con el DAJ-077-2008, correspondiente a “Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas.”; (7) un resumen ejecutivo de una página firmado también por la Asesora Legal del Ministerio, que en lo que interesa dice: “Asunto: Declarar el Proyecto Minero Crucitas como de interés público y conveniencia nacional, con las consecuencias que dicha declaratoria produce. (...) Resultados derivados: La empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles, inclusive de las especies vedadas y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección.”; (8) un oficio DAJ-1573-2008, del 14 de octubre del 2008, suscrito por la misma Asesora, dirigido a la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia, que dice así: “Con el fin de que sea firmado por el señor Presidente, sírvase encontrar adjunto, el Decreto identificado con el DAJ-077-2008, correspondiente a “Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas” (folios 4 a 102 del expediente referido). Como puede observarse, el expediente mediante el cual se tramitó el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, refleja que la preparación de ese acto no tuvo la más mínima rigurosidad, diligencia y respeto por analizar el fondo del asunto, ni dar publicidad ni participación a los ciudadanos u organizaciones sobre el alcance de esta declaratoria. Se encuentra que esta actuación es sumamente gravosa, en el tanto si bien no se cumplió con el procedimiento especial para la elaboración de disposiciones de carácter general regulado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, tampoco fue cumplido el mínimo requisito que exige nuestro ordenamiento jurídico para la emisión válida de un acto administrativo, cual es la realización de un procedimiento administrativo previo (ordinario o sumario), según lo ordenan los artículos 214, 308 y 320 de la citada Ley, en relación con los ordinales 5 y 106 de la Ley de Biodiversidad. Ante este panorama, lo que se percibe a la luz de las reglas de la sana crítica, es la más “inédita” premura de funcionarios públicos por emitir, a toda costa, este Decreto y permitir, como fin principal, que la empresa codemandada talara el bosque y los árboles en la zona en discusión, sin detenerse a analizar siquiera si existían allí especies vedadas, en peligro de extinción o endémicas, situación que a juicio de este Tribunal se traduce en una clara desviación de poder (artículo 131.3 de la Ley General de la Administración Pública), es decir, en la persecución de un fin distinto del fin principal que debe seguir una declaratoria de interés público y conveniencia nacional, vaciando de contenido la prohibición de corta establecida en la Ley Forestal y en el Decreto 25700-MINAE, y favoreciendo a la empresa desarrolladora en la ejecución del Proyecto Minero Crucitas. Con todo, es relevante señalar que la violación del procedimiento consagrado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública constituye una omisión a una formalidad sustancial, que conforme al artículo 223 de la referida legislación, acarrea la nulidad de todo lo actuado por la Administración, aspecto que este Tribunal puede declarar incluso de oficio, por disponerlo así expresamente el artículo 182.1 de la Ley General de la Administración Pública. Por todo lo expuesto, se rechazan las argumentaciones esgrimidas por los demandados en el sentido de que el Decreto cuestionado constituye un acto de ejecución, pues resulta clarísimo que se trata de un acto separado de carácter general, que goza de un procedimiento propio y que responde a un régimen y a unos fines independientes y distintos del acto de concesión de explotación y del acto de la viabilidad ambiental.

Ahora bien, en relación con el motivo del acto, encuentra el Tribunal que este elemento se encuentra viciado en el Decreto N° 34801-MINAET, dado que la Ley Forestal en su artículo 3 inciso m) dispone que las actividades de conveniencia nacional son aquellas cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales y señala la norma que el balance deberá hacerse mediante los “instrumentos apropiados”. Es claro entonces que, para poder determinar si el Proyecto Minero Crucitas era de conveniencia nacional, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debió instaurar un procedimiento administrativo ordinario, y proceder, mediante los instrumentos técnicos y científicos apropiados, y previo pronunciamiento de los sectores afectados, a realizar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. Una vez terminado el procedimiento, y habiendo tomado en cuenta los anteriores elementos, el Poder Ejecutivo podía dictar con arreglo a derecho el Decreto, declarando la conveniencia nacional, si la ponderación de aquellos elementos lo permitía. Sin embargo, como pudimos constatar en este caso, el Decreto 34801-MINAET se emitió en ausencia del balance y en ausencia de los criterios que las organizaciones de intereses generales o colectivos pudieron haber esgrimido, todo lo cual vicia en forma grave el motivo de la disposición general aquí impugnada. Aquí es importante agregar que el testimonio de Sonia Cervantes (Socióloga), no resulta de utilidad para demostrar ese balance, por cuanto dicha profesional hizo un análisis sesgado, que únicamente consideró variables sociales y económicas de la zona del Proyecto, más no de un análisis global de costos y beneficios en términos nacionales. La testigo claramente indicó que realizó dos estudios, uno en el año 2007 para presentar ante la SETENA y otro en este año, para ser presentado en este proceso. Evidentemente, ninguno de los dos corresponde al análisis que debió realizar el Poder Ejecutivo para declarar de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, sin que sea válido afirmar en este proceso que corresponde al mismo procedimiento de SETENA, por cuanto se trata de actos distintos, con fines legales distintos y con procedimientos reglados distintos. Según lo explicaron los testigos Sandra Arredondo, Eduardo Murillo y Sonia Espinoza, en el procedimiento de SETENA lo que se aplica es una matriz de importancia ambiental, que es una metodología que tiene por fin la evaluación de los impactos ambientales de un determinado proyecto o actividad, que se realiza en el marco de esa competencia específica encargada por la Ley Orgánica del Ambiente a la SETENA, no pudiendo equipararse con el Balance de costos y beneficios que establece la Ley Forestal con el fin de declarar de conveniencia nacional una determinada actividad, y cuya competencia corresponde al Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 34 de dicha Ley, recordando que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República y el Ministro del ramo (artículo 130 de la Constitución Política). Las mismas razones deben decirse respecto del documento denominado “Resumen Ejecutivo Balance Socio Económico” aportado por el Estado y que consta en legajo aparte, ya que este documento no indica la fecha en que fue preparado, los profesionales que participaron en su elaboración, si fue presentado o no ante determinada oficina pública, y en esas condiciones constituye una prueba que genera muchas dudas al Tribunal como para ser tomada en cuenta. Por estas razones esta Cámara concluye que el Decreto se encuentra viciado en forma grave en su motivo.

Por último, el Tribunal encuentra que el Decreto N° 34801-MINAET presenta un vicio en el elemento de la fundamentación o motivación, en el tanto la misma se considera no sólo escasa para la magnitud de lo que se declaraba en ese acto de alcance general, sino que además no hace ni la más mínima referencia a los documentos, estudios, dictámenes, u otros elementos de orden técnico y científico que respaldan y justifican la conveniencia nacional del proyecto, no pudiendo obtenerse mayor información más allá que las referencias que allí se hacen en forma muy general, de los supuestos beneficios que traerá la mina, que básicamente se resumen en potenciales empleos y pago de impuestos (obligación establecida por ley), aspectos que por sí mismos no implican ninguna diferencia sustancial con respecto a otras actividades comerciales que se desarrollan en el país día con día, y para lo cual no se ha requerido un Decreto de conveniencia nacional. La generalidad de la información que allí se plantea y la ausencia de la base técnica y científica que respalda dicha información, impiden al Tribunal ejercer un control de la corrección técnica de los denominados “instrumentos apropiados” previstos en la Ley Forestal, con base en los cuales el Poder Ejecutivo debió realizar el balance de costos y beneficios para luego emitir el decreto. En adición a esto, llama poderosamente la atención que el Decreto impugnado señala un número de áreas sobre las cuales se requiere la corta de árboles en las propiedades de Industrias Infinito, concretamente, 191 ha 7782,66 m2 de bosque, 66 ha 9474,53 m2 de uso agropecuario sin bosque y 4 ha 1751,38 m2 de plantaciones forestales (para un total aproximado de 262 ha), sin embargo, en ningún momento el Decreto indica de dónde proviene este dato, ni tampoco esa información se encuentra en el expediente N° DAJ-077-2008, con el agravante que la SETENA permitió la actividad de explotación en el Proyecto Minero Crucitas sobre un área total de 227.6 ha, con lo cual existe una diferencia de áreas entre uno y otro acto de aproximadamente 34 ha, situación que genera en este Tribunal un estado de absoluta incerteza, respecto de la correcta y seria determinación de las zonas objeto de la tala de árboles, lo cual, conforme al principio precautorio, obligaba al Poder Ejecutivo a abstenerse de dictar dicho Decreto, por contener tantas imprecisiones técnicas en detrimento de la conservación y protección de las áreas de bosque y en detrimento de la conservación de la vida silvestre. Todas estas ausencias e inconsistencias, a juicio del Tribunal, se traducen en una violación del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, que impone a la Administración el deber de motivar adecuadamente sus actos.

Resta por indicar que el hecho de que el artículo 6 del Código de Minería  declare de utilidad pública la actividad minera, no implica que el Proyecto Minero Crucitas tenía, de por sí, la condición de ser un proyecto de conveniencia nacional, pues para adquirir tal condición se requiere de una serie de valoraciones y procedimientos que se deben verificar en cada caso concreto, y estos vienen establecidos por la Ley Forestal, según se ha explicado anteriormente. En todo caso, no podría aceptarse que la utilidad pública prevista en el Código de Minería constituya per se la excepción a la prohibición de corta de árboles en zonas de bosque y en áreas protegidas, pues tal interpretación resultaría poco coherente y encima fraudulenta, toda vez que la Ley Forestal no sólo es ley especial en lo que atañe a tales aspectos, sino que además es ley posterior al Código de Minería.

En resumen, por todo lo expuesto, se concluye que el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, de conformidad con los artículos 131, 133, 136, 158, 166, 223 y 361 de la Ley General de la Administración Pública, se encuentra viciado de nulidad absoluta y así se declara.-

 

XVI- SOBRE LOS VICIOS DEL PERMISO DE CAMBIO DE USO DE SUELO.

En estrecha relación con el tema anteriormente desarrollado, el Tribunal encuentra que la resolución N° 244-2008-SCH, emitida por el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, presenta vicios en el motivo y además incurre en una desviación de poder.  En este debate testigos expertos reconocieron expresamente que la resolución cuestionada presentaba serios errores de identificación de las especies o individuos que existen en la zona del proyecto. Al respecto, el testigo Quírico Jiménez Madrigal (Ingeniero Forestal), fue contundente en señalar que la lista de árboles a cortar en áreas con cobertura boscosa, contenida en el cuadro N° 2 del Por Tanto de la resolución N° 244-2008-SCH, hecho demostrado en este proceso, incluyó especies que no crecen en el lugar y especies que no existen en Costa Rica, detectando además que habían especies amenazadas y especies en extinción. Como especies que no son del sector indicó entre algunas las siguientes: Copalillo, Corteza, Guabo, Lechoso, el Lorito, Mangle, Muñeco, Nance, Nancite, Nene, Panamá, Pellejo de Vieja, Poró, Ron Ron, Sangrillo, Targuá, entre otros. Dentro de las especies en extinción señaló Cipresillo, Cola de Pavo y Tostado, ésta última que también calificó como endémica (es decir, que sólo crece en esa región). Por su parte, el testigo Javier Baltodano Aragón (Biólogo especialista en Dendrología) también refirió que en la lista de especies contenida en la resolución N° 244-2008-SCH, se identificaron individuos que no son propios de la zona huetar norte. Manifestó que en la zona del proyecto solo hay 5 árboles Cola de Pavo en 161 hectáreas, y que el Tostado es una especie endémica en ese sector. Indicó que el Tostado, el Cola de Pavo y el Cipresillo son especies vedadas por Reglamento. Explicó adicionalmente que el almendro amarillo no está en peligro de extinción, pero esta vedada su corta por ser lugar de anidación de la lapa verde. Finalmente, el testigo Olman Murillo (Ingeniero Forestal) explicó que en la zona lo que existe es mayormente bosque secundario e intervenido. Manifestó que coincidía con Quírico Jiménez en el sentido de que, como científico, no está bien que haya errores de identificación de especies. Reconoció que el Ajillo, el Mangle y el Panamá no son propios de la zona, y que el Tostado y el Cola de Pavo son especies endémicas y amenazadas. Señaló que desde el punto de vista del cambio de uso que autorizó el Estado, carece de relevancia la identificación de las especies porque ahí lo que se va a aplicar es una tala rasa, sin embargo, adujo que como Ingeniero Forestal la identificación correcta de las especies sí es relevante para efectos de su conservación.  Pues bien, conforme las anteriores manifestaciones de los testigos expertos, las cuales son coincidentes, el Tribunal concluye que se producen tres vicios en el motivo del acto.  En primer lugar, la Administración omitió tomar en cuenta para el dictado de la resolución, el hecho de que en el sector objeto de la tala existen especies que se encuentran vedadas por el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE, vigente desde el 16 de enero de 1997 y a la fecha del dictado del acto, tales como el Cipresillo, el Cola de Pavo y el Tostado. Esta omisión se considera grave, en virtud de que el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte únicamente tomó en consideración que existía un Estudio de Impacto Ambiental y que el Decreto Ejecutivo N° 34801, publicado el mismo día en que fue dictada esta resolución, declaró de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas. No obstante lo anterior, la veda de aprovechamiento establecida por el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE, se emitió conforme a un régimen jurídico diferente al regulado por la Ley Forestal, pues se hizo al amparo del Convenio Sobre Diversidad Biológica (Ley N° 7416) y al amparo de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N°7317), y tenía por objeto la conservación de determinados árboles en peligro de extinción, con fundamento en el derecho de las especies que componen la vida silvestre a su subsistencia. En las leyes antes citadas no se prevé la posibilidad de que el Estado desaplique una prohibición general para proteger especies en peligro de extinción o amenazadas, cuando se declare de conveniencia nacional un proyecto, como sí lo establece la Ley Forestal pero para dos casos concretos: áreas cubiertas de bosque (artículo 19) y áreas de protección (artículo 34), supuestos que no corresponden al regulado mediante el Decreto Ejecutivo N° 25700-MINAE. Incluso es importante hacer ver que en el propio Plan de Manejo Forestal presentado por la empresa codemandada, se reconoce la presencia de especies amenazadas o vedadas, tales como las mencionadas antes que aparecen con muy poca representatividad, y al respecto el equipo consultor que preparó ese plan indicó claramente que “en estos casos la empresa tomará las acciones que señale el MINAE, Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, Subregional San Carlos-Los Chiles, Alajuela, como medidas de mitigación o compensación” (folio 665 del tomo 3 del expediente administrativo del Área de Conservación N° AH01-PM-03-08), lo que permite concluir que la empresa conocía previo a la gestión de autorización de la existencia de especies vedadas. En resumen, se estima que al no tomarse en cuenta este aspecto para el dictado de la resolución N° 244-2008-SCH y no haberse pronunciado sobre el particular, se produce un vicio en el motivo del acto por ser un tema esencial que afectaba su contenido.  En segundo lugar, se produce otro vicio en el motivo del acto, toda vez que es claro que el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte no identificó correctamente los individuos de la zona, situación que tenía una importante incidencia en este caso, porque no se trataba de una simple tala rasa en el área sobre la cual se otorgó el permiso de cambio de uso suelo, sino que la empresa se comprometió a reforestar 382 hectáreas de bosque con especies nativas, compromiso que fue planteado como medida de compensación tanto en el Plan de Manejo Forestal (folios 270, 288 y 289 del tomo II del expediente administrativo del Área de Conservación N° AH01-PM-03-08), como en el tantas veces mencionado documento de Cambios Propuestos al Proyecto (ver punto 6 del cuadro 1.3. a folio 199 del documento Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto). Evidentemente, al no tenerse certeza de las especies nativas que existen en la zona, producto de los múltiples errores que contiene la resolución N° 244-2008-SCH, tal situación hace nugatorio uno de los fines esenciales que debía cumplir ese acto administrativo, y que era precisamente la correcta ejecución del Plan de Manejo, mismo que debía contener respecto de las especies a cortar, la certeza necesaria a efecto de llevar a cabo la reforestación de forma técnicamente correcta.  Finalmente y en tercer lugar, la citada resolución se encuentra viciada en su motivo, por haber tomado en cuenta como elemento esencial para su dictado, el Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, el cual era un acto absolutamente nulo, en los términos explicados en el considerando precedente.  A pesar de que la representación de Industrias Infinito así lo plantea, no es relevante aquí la discusión sobre si la tala cuestionada afectaba áreas de bosque primario o secundario, pues de acuerdo con lo declarado por los testigos Olman Murillo y Sandra Arredondo, en las propiedades de la empresa codemandada predominan bosques secundarios e intervenidos, de manera que sobre este aspecto no hay ninguna controversia. El vicio esencial es que la empresa se comprometió a reforestar la zona del proyecto con especies nativas de árboles allí existentes, de manera que su incorrecta identificación en el acto impugnado afecta el cumplimiento de ese compromiso, mismo que va de la mano con el fin que establece el artículo 1° de la Ley Forestal, que es precisamente la conservación y la protección de los bosques, con independencia de si éstos son intervenidos o no, pues así lo establece el inciso d) del artículo 3 de esa Ley. Entonces, el permiso de cambio de uso de suelo en este caso no puede verse como una simple tala rasa, pues ello implicaría obviar el fin esencial que persigue la Ley Forestal, e incluso el fin esencial del Convenio de Diversidad Biológica y de la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre, en lo relativo a la conservación de determinadas especies, como en este caso las que tenían una prohibición de corta.

Por las mismas razones, tampoco resulta relevante discutir si el bosque intervenido podía o no ser objeto de aprovechamiento, pues lo esencial aquí, según se ha dicho muchas veces, es el cabal cumplimiento del fin del acto, tal y como fue formulado por la propia empresa, de manera que la indebida identificación de las especies nativas y la omisión de tomar en consideración las especies vedadas, afecta el motivo del acto y genera su nulidad absoluta. Estas omisiones son imputables también a la empresa Industrias Infinito, pues si habían asumido el compromiso de reforestar las áreas con especies nativas, debieron tener la debida diligencia e interés en asegurarse de que el acto contara con la suficiente corrección técnica, situación que aquí se descarta porque en ningún momento la empresa solicitó que se tomaran en cuenta las especies amenazadas, cuando por el contrario, fue muy diligente en iniciar sin demora la corta de árboles el mismo día que salió publicado el Decreto Ejecutivo N°34801, que por cierto era el mismo día en fue emitida la resolución N°244-2008-SCH, tal circunstancia se presume en razón de la relación de fechas que se hace tanto del dictado de las resoluciones como la notificación de la Sala de la suspensión de la tala. Lo anterior se infiere de la declaración de Sandra Arredondo, quién indicó que la corta inició un viernes y se detuvo un lunes por orden de la Sala Constitucional, lo cual es coincidente con la fecha de la resolución que autorizó la tala (viernes 17 de octubre del 2008) y los oficios emitidos por el Ministro de Ambiente y Energía, el lunes 20 de octubre del 2008, solicitando a la empresa que se abstuviera de continuar acciones en la zona del Proyecto, en razón de la interposición de un recurso de amparo. Todo lo anterior, revela que el permiso de cambio de uso de suelo y el Decreto 34801-MINAET publicado el mismo día 17 de octubre del 2008, constituyen un conjunto de conductas que perseguían un fin que no era el establecido por las leyes antes indicadas, por lo que ambas presentan el vicio de desviación de poder, y así se declara.

 

XVII- SOBRE EL CAMINO PÚBLICO.

Durante el debate oral y juicio, se formuló como hecho nuevo, debidamente admitido por este Tribunal, como se desprende del considerando primero, la existencia de un camino público,  sobre el cual pretende la empresa construir parte de la laguna de relaves. Se puso en conocimiento de este Tribunal, que mediante gestión presentada  por la empresa demandada Industrias Infinito S.A., ante la Dirección de Geología y Minas, en fecha 10 de marzo de 2009, solicita la constitución por parte de dicho órgano de una servidumbre minera de ocupación permanente sobre un terreno de propiedad Municipal, propiamente sobre un camino. Previo al análisis concreto, resulta de importancia, traer a cita alguna normativa indispensable para la resolución del punto en concreto.

Los caminos públicos se encuentran definidos y clasificados en la Ley General de caminos Públicos, en su artículo primero referente a la red vial cantonal, la estable como:

(..) RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará constituida por los caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: tales como los; a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales; unan caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia, b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional y por último c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. ( Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º). Por su parte el artículo dos establece que las  " Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción. ", el numeral 28  prohíbe la disposición de dichos caminos que no sea la de su naturaleza, indicando en lo que interesa "Queda terminantemente prohibido (...) a las Municipalidades otorgar permisos o derechos de ocupación, disfrute, uso o simple posesión del derecho de vía de los caminos públicos o ejercer actos que impliquen en cualquier forma tenencia de los mismos por parte de las personas. En resguardo de dichos caminos, el artículo 32 informa que " Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial dictada en expediente tramitado con intervención de representantes del Estado o de la municipalidad respectiva o por derechos adquiridos conforme a leyes anteriores a la presente o las disposiciones de esta ley.", al respecto la ley de construcciones, en su artículo 5, informa que: "Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho común." Sobre el punto la Sala Constitucional en sus reiterados fallos, entre estos el 2005-07053, del 7 de junio de 2005, desarrolla: " II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS. Los caminos públicos constituyen bienes demaniales. Así se desprende del artículo 5º de la Ley de Construcciones, No. 833 de 2 de noviembre de 1949 (...) Esta afectación al régimen demanial proviene de la potestad inserta en el artículo 121, inciso 14, de nuestra Constitución Política, donde se consagra como atribución de la Asamblea Legislativa la de "decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación". Sobre las características  (...) ha expresado lo siguiente:

"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación (Voto No. 2306-91 de 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991). En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que, invariablemente, es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Bajo esa tesitura, las carreteras, calles o caminos públicos, por su condición de bienes integrantes del demanio, no pueden ser enajenados sin antes haber sido desafectados del régimen de dominio público. Así pues, la naturaleza demanial de las vías públicas se presume y excluye cualquier otra posesión que se pretenda, siempre y cuando la titularidad sobre el inmueble esté respaldada en prueba fehaciente y sin perjuicio que en la vía ordinaria jurisdiccional se pueda discutir el mejor derecho que se pretenda".

De la reseña de los hechos tenidos por probados, en lo que respecta al camino público, se extrae que la empresa demanda Infinito S.A. en el mes de marzo de 2009, presenta solicitud expresa ante la El Registro Minero de la Dirección de Geología y Minas, en fundamento al articulo 50 del Código de Minería, a fin de que se tramite servidumbre minera de ocupación permanente sobre un terreno municipal, sin informar directamente en su solicitud que se trata de un camino, para lo cual adjunta a su solicitud fotografías del  citado camino, así como un avalúo del mismo. En dicho órgano, por parte de la señora Cynthia Cavalllini jefa del Registro Minero, se le otorga trámite a la servidumbre, solicitando ante el Ministerio de Hacienda el avalúo correspondiente. De la prueba que se tiene en autos, certificación de la Municipalidad de San Carlos se tiene por acreditado la existencia de un camino público cantonal, concretamente el 2-10-104, el cual se encuentra inscrito desde 1962 en la Hoja Cartográfica ° 3348 IV del Instituto Geográfico Nacional. Este Tribunal en revisión de  marco fáctico y de las pruebas que constan en autos, sobre  tal hecho, encuentra no solo una actuación absolutamente irregular por la parte del Registro Minero, sino violatoria del ordenamiento jurídico, tanto de la administración como de la empresa demandada, quien  pese a tener conocimiento de la existencia del camino, desde su propuesta inicial del proyecto, diciembre de 1999, la solicitud de viabilidad ambiental, la de cambios propuestos, ante Setena, y de la convalidación del acto, no evidencio ante los órganos administrativos la existencia del camino público y su intención de construir parte de la laguna de relaves sobre dicho camino, evadiendo de  forma grosera  los procedimientos necesarios para poder tener acceso a dicho terreno. Resulta de interés resaltar que  tanto el ente Municipal, como los órganos administrativos tenían conocimiento pleno de que se pretendía construir un componente esencial del proyecto minero (laguna de relave o colas) sobre un camino público, pues de todos los informes rendidos desde el año 2000 hasta la última aprobación en el año 2008, tanto por la Setena como por la Dirección de Geología y Minas, se realizaron visitas de campo, lo cual les permitió comprobar la ubicación del proyecto  y de cada uno de sus componentes, no obstante, obviaron la existencia del camino público, pues tanto de los hechos como de la prueba que consta en autos, así como de las solicitudes de la empresa minera, se desprende que la ubicación de la laguna de relaves desde el inicio del proyecto no ha variado, ni su medida, lo cual se corrobora, en el cuadro de cambios propuestos analizado por la SETENA y no cuestionado por la Dirección de Geología y Minas, dentro de su obligación de analizar la decisión de la SETENA al otorgar la viabilidad ambiental, a mayor abundamiento, de la misma solicitud de servidumbre, la empresa informa que se realizaron estudios desde finales de los "años 90s", y " que a partir de los resultados encontrados los ingenieros de diseño de la empresa Industrias Infinito, decidieron localizar la laguna de relaves en el sitio que se propone actualmente, porque reúne las mejores condiciones desde el punto de vista técnico y ambiental", lo cual pone de manifiesto que la disposición del camino público que pretendía la empresa, era una circunstancia conocida desde su propuesta inicial -año 1999-, circunstancia que nunca fue mencionada y evaluada por los órganos administrativos encargados de otorgar tanto la viabilidad ambiental como la concesión de explotación. Situación que resultaba medular valorar, pues para aprobar la ubicación y construcción de uno de los competentes esenciales del proyecto, - la laguna de relaves- sobre un camino público cantonal, el cual desaparecería por completo, implicaba indispensablemente, por parte de la empresa gestionar ante la Municipalidad de San Carlos, la posibilidad de desafectar el camino público a fin de disponer del mismo, y por parte de los órganos administrativos, solicitar a la empresa el requisito indispensable, sobre si tenía disposición del citado terreno, que ocupa el camino público, condición esencial que fue inobservada. La empresa demandada en defensa de sus intereses ha dicho que el camino se encontraba en estado de abandono y desuso, elemento éste último indispensable de acuerdo a su criterio, que permitió que al habilitar un nuevo tramo del camino - ruta cantonal 2-10-104, aquel sector que era de su interés e indispensable para su proyecto, quedará desafectado, tanto por el desuso como por su compensación en un nuevo tramo, tesis que resulta inaceptable por parte de este Tribunal, por ser flagrantemente violatoria de nuestro ordenamiento jurídico, no puede perderse de vista que  la publicidad de camino, no se encuentra en discusión para entrar a valorar elementos de su constitución -tal como su uso-, pues se encuentra declarado como público al menos desde el año 1962 en la hoja cartográfica del instituto Geográfico Nacional. Aunado a lo anterior,  se ha dicho por parte de la empresa, que al haberse realineado el camino por parte de la Municipalidad, en forma inmediata queda desafectado parte del mismo, manifestación que atenta contra  todo el régimen de tutela los bienes de dominio público, pues lo contrario será permitir que los particulares de acuerdo a sus intereses, atribuyendo el desuso o abandono de los mismos, hagan libre disposición de bienes de dominio público, lo cual cual choca contra lo dispuesto por la norma constitucional- artículo 121, inciso 14-. La afectación de los bienes de dominio público, puede darse por acto formal, por la integración consecuencia de su destino, por ley y algunos otros por norma constitucional bajo los presupuestos de los acápites a, b y c del inciso 14 del numeral 121 de la nuestra Constitución Política, lo anterior se traduce en que los bienes de dominio público declarados como tal, solo podrán ser desafectados de su régimen especial o destino, mediante acto legislativo, no mediante actos discrecionales de la administración o extensivas interpretaciones de dichos órganos o sujetos privados a los cuales les resulte de su interés, en el caso concreto se pretende justificar inaceptablemente que un tramo de la ruta 2-10-104, camino público cantonal, fue desafectado por una realineación que realizó  el ente municipal, situación que el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes evidencia,  al indicar en la prueba aportada en autos, que tanto la administración como la disposición de las rutas cantonales corresponden a las Municipalidades, y que el caso concreto, aún cuando se comunicó por parte de la Municipalidad de San Carlos el realineamiento del camino, se conserva la inscripción en el departamento de la red vial cantonal, el trazado original del camino, así como la sección adicionada al mismo.  Se extrae de la prueba aportada al proceso - folios 2309 a 2374, 2379, 2380, 2408, 2409, 2412 a 2415 del expediente judicial- que si bien desde el año 2006, se donó por parte de Gerardo Fernández Salazar y María Ester Pérez Hidalgo a favor de la Municipalidad de San Carlos un terreno, en el cual se construyó un nuevo tramo del camino- ruta 2-10-104, el cual además se habilitó en sustitución de la sección del camino sobre la cual la empresa Infinito S.A. pretende construir parte de la laguna de relaves,  y que vecinos del lugar mostraron su conformidad con tal sustitución, tal trámite, no tiene la virtud pretendida por la demandada Infinito S.A. de desafectar  parte de un camino público cantonal que es de su interés, lo cual como se indicó supra, solo podrá darse por el trámite y la autorización legislativa correspondiente, lo cual se echa de menos en este proceso.

Sobre la inobservancia de tal requisito por parte de los órganos públicos, resulta totalmente violatorio del ordenamiento jurídico, el no haber solicitado a la empresa, si el terreno municipal sobre el cual pretendía disponer la construcción de parte de la laguna de relaves, se encontraba desafectado.

Resulta de especial importancia analizar la solicitud de servidumbre minera. Se presenta ante la Dirección de Geología y Minas, solicitud de servidumbre minera permanente sobre un terreno municipal, destinado desde el año de 1962 a camino público cantonal,  misma a la cual se da trámite personalmente por parte de la señora Cavallini. En el juicio oral y público el señor Francisco Castro, manifiesta que labora en esa dirección desde hace 35 años, y desde el año de 1984  se encuentra bajo su jefatura, declara que aún cuando él tramitó exclusiva y personalmente la solicitud de reconvención del acto, desconocía de la solicitud de servidumbre de la empresa, de la cual se enteró unos días antes de su declaración en el juicio y que el procedimiento técnico inicial a seguir en ese tipo de gestiones, es realizar una inspección de campo para determinar la viabilidad de la servidumbre, y luego se continua con el trámite legal, reconoce además que cuando se presenta una solicitud de concesión lo primero que debe hacerse es su localización en el padrón minero, que el topógrafo encargado hace un estudio de campo, con el plano catastrado de la propiedad que debe presentar el interesado, indicó además que ignora si quieren cerrar el camino, aún cuando reconoce que visitó el sitio de proyecto en varias ocasiones. Por su parte de forma contradictoria, la señora Cavallini declara en el juicio, que su Jefe don Francisco Castro conocía de la solicitud de servidumbre y que el trámite, lo es primeramente solicitar el avalúo, que fue lo que realizó, y no una visita de campo, no puede este tribunal, pasar por alto tal contradicción, y lo que es más grave aún, que la jefa del registro minero desde el año de 1993 quien es abogada, diera trámite a la solicitud de servidumbre minera permanente sobre un camino público cantonal, información que se desprende claramemente del avalúo aportado por la empresa, así como de las fotografías que acompañan dicho avalúo y la solicitud de la empresa, sin que tomara en cuenta la funcionaria que el terreno sobre el cual se pretendía la servidumbre permanente, es un camino público, ya que de los documentos que se presentaron no se desprendía que el mismo estuviera desafectado, en el juicio acepta que por su formación de abogada, sabe que es indispensable que el terreno debía estar desafectado para valorar la constitución de la servidumbre, y reconoce a viva voz que era su responsabilidad por tramitar personalmente la solicitud y en su carácter de jefa del registro Minero corroborar tal requisito pero no lo hizo, y envió para su valoración la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, además indica que no conoce el documento que se le mostró en juicio, (la respuesta de la Administración Tributaria de Alajuela, visible en el expediente administrativo rotulado hecho nuevo) en la cual se le informa que el terreno no puede ser valorado para su consecuente expropiación, en virtud de estar afectado al demanio público, por ser un camino público, y que ante tal circunstancia, en una situación general, no para el caso concreto, manifiesta la señora Cavallini, que una solicitud de servidumbre en esos términos debía ser rechazada, agregó además que de acuerdo a la solicitud presentada, si la laguna de relaves no podía ser construida en el lugar en que se indicó desde el inicio del proyecto, su reubicación y construcción en otra parte del proyecto, variaba sustancialmente el marco conceptual del mismo, lo que obligaba al concesionario a comunicarlo a Geología y Minas, para que se realizarán los estudios correspondientes. Así las cosas, queda de manifiesto en criterio de este tribunal que el órgano administrativo - Dirección de Geología y Minas- le correspondía por medio de sus funcionarios, tramitar la solicitud de servidumbre minera, no realizaron una labor apegada a las funciones que la ley les impone, y de esta forma aceptaron el trámite de una servidumbre minera permanente sobre un bien de dominio público, con la ausencia del requisito indispensable para su  curso, la desafectación del camino. Tómese en cuenta que conforme a la normativa citada al inicio de este considerando, artículo 28 de la Ley de caminos públicos, así como 5 de la ley de construcción, existe prohibición expresa en ambas leyes  sobre la disposición de los caminos públicos, y la constitución u otorgamiento en los mismos, de permisos, derechos de ocupación, disfrute, uso, posesión, usufructo, ni servidumbre para el uso común, normas que fueron inobservadas groseramente tanto por la empresa Infinito al pretender la constitución de la servidumbre permanente, así como por los órganos y funcionarios administrativos encargadas de acatar las anteriores disposiciones normativas.

La empresa demandada, en sus alegatos, sostienen que la servidumbre encuentra su fundamento en el numeral 50 a 52 del Código de Mineria, en revisión de los mismos, estos disponen lo relativo a la constitución de servidumbre minera, inclusive para la colocación de depósitos de relaves como en el caso concreto, sin embargo resulta evidente que la empresa conocía  que el terreno municipal sobre el cual pretendían la constitución de la servidumbre permanente, era un camino público, el cual debía de desaparecer para hacer viable la construcción de la laguna de relaves, depósito que como se tuvo por demostrado por las declaraciones rendidas en juicio, por los expertos, tanto de la parte actora como de los demandados,  su ubicación es permanente, sin que se pueda revertir su construcción, lo implicaría la desaparición permanente del camino. En consecuencia, la no desafectación y pretendida disposición del camino público constituye un vicio que afecta el motivo de las resoluciones N° 3638-2005-SETENA, 170-2008-SETENA y R-217-2008-MINAE, dictadas por SETENA y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y así se declara por la inobservancia del camino público.

 

XVIII- SOBRE LOS TEMAS TÉCNICOS INVOLUCRADOS.

Si bien el Tribunal no desconoce que en el expediente administrativo constan estudios elaborados por la empresa codemandada, en los cuales aparecen mencionados los temas técnicos cuestionados por los actores, lo cierto es que en este asunto la SETENA omitió solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y omitió analizar los cambios propuestos por la empresa al diseño original del proyecto, lo cual se tradujo, en criterio de este Tribunal, en una renuncia a las potestades encargadas por Ley a la SETENA y en última instancia, en una falta de fundamentación del acto que aprobó los cambios. Evidentemente, al no haber realizado un análisis técnico sobre los cambios al diseño y su impacto, la SETENA también omitió vertir el análisis concreto sobre cada uno de los temas técnicos involucrados, tales como el uso de cianuro, el riesgo de sismicidad y otros. Ante tal ausencia las partes demandadas pretendieron sustituir la función técnica que le correspondía a SETENA, trayendo al proceso judicial expertos que vertieran un criterio favorable sobre cada uno de los temas técnicos cuestionados por los actores. Lo anterior, no obstante, resulta inconducente para este caso, porque el Tribunal no podría ejercer un control de la corrección técnica de las actuaciones de la Administración, si el acto impugnado, ni su fundamento previo, contienen un análisis técnico a partir del cual se pueda ejercer aquel control, como ocurre en el caso de la resolución N° 170-2008-SETENA y el informe ASA-013-2008-SETENA. En tales condiciones el Tribunal tampoco podría proceder conforme al artículo 128 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permite ordenar el ejercicio de potestades con elementos discrecionales, pues los actos mencionados carecen de elementos técnicos que impiden ejercer dicho control. Distinto sería si SETENA hubiere realizado un análisis técnico exhaustivo sobre todos los estudios y documentos presentados por la desarrolladora, emitiendo su criterio sobre cada uno de los temas técnicos relevantes y sus cuestionamientos, de manera que en caso la prueba testimonial pericial tendría por objeto demostrar, más no suplir, la corrección técnica y científica de los análisis realizados por la Administración. De no ser así, como se pretende en este asunto, estaríamos permitiendo que la Administración deje de ejercer sus funciones legales y en aquellos casos en que se plantee un juicio contencioso administrativo, el demandado simplemente opta por traer un experto que sustituya la labor dejada de realizar por el órgano técnico competente. Este proceder se estima que es inconducente y no tiene por efecto subsanar la omisión de solicitar un estudio de impacto ambiental, así como de verificar el procedimiento establecido para realizar la evaluación de impactos correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal procederá a referirse a los aspectos más relevantes que surgieron de la prueba testimonial pericial en relación con los temas técnicos que han sido cuestionados, valorando los mismos de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Debe recordarse que en virtud del principio precautorio aplicable al caso, los actores no estaban obligados a demostrar indubitablemente cada uno de los cuestionamientos propuestos, siendo que la valoración de esos aspectos surge con la ponderación de los diversos criterios técnicos escuchados en juicio, tarea que corresponde a este Tribunal, y que de seguido se expone, haciendo la salvedad de que este pronunciamiento no tiene la virtud de subsanar la falta de análisis técnico por parte de la Administración, vicio que afecta con nulidad absoluta la resolución N° 170-2008-SETENA.

 

XIX- SOBRE LA PROFUNDIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y LA AFECTACIÓN AL ACUÍFERO INFERIOR.

La Administración Pública está sujeta, según lo dispone el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, a las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, de forma tal que en ningún caso pueden dictarse actos contrarios a ellas. Esto es importante recordarlo porque en el presente asunto se ha discutido un aspecto técnico de mucha relevancia, cual es el de la cota límite para la extracción que proyecta hacer Industrias Infinito. Cuando el proyecto minero Crucitas fue sometido inicialmente a la Dirección de Geología y Minas, en el mismo se contemplaba extraer saprolita y roca dura en tres cerros: Fortuna, Botija y Fuentes. Ese mismo proyecto original contemplaba, como parte del proceso de extracción, interceptar dos acuíferos: uno cercano a la superficie y otro ubicado varios metros por debajo de aquél. Al primero se hará referencia como el acuífero superior, mientras que al segundo, como el acuífero inferior. Al respecto, debe observarse que en la resolución R-217-2008-MINAE, el Poder Ejecutivo sujetó la concesión minera dada a Industrias Infinito, a la condición de que se respetaran las condiciones técnicas dadas por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra mediante los oficios DGM-DC-320-2001, del 14 de marzo de 2001, y DGM-DC-2085-2001, del 26 de noviembre de 2001. Este segundo oficio puede apreciarse de folio 202 bis a folio 199 en el tomo primero del expediente administrativo de la Dirección de Geología y Minas y cabe indicar que es un documento de mucha importancia para el presente asunto, pues en el mismo, la referida geóloga, al precisar las condiciones técnicas para la extracción, fue clara al indicar: "Según la metodología de extracción aprobada (tajos Fortuna, Botija y Fuentes) y los estudios hidrogeológicos realizados en el área a explotar y en donde se identifica dos acuíferos, siendo el superior el de carácter potable, las cotas máximas de extracción serán hasta los 75 msnm. Así mismo la empresa deberá garantizar el abastecimiento de agua potable al poblado Crucitas, especial atención merece el pozo de la Escuela de este mismo lugar. Para ello deberá de construir la infraestructura necesaria" (la negrilla y el subrayado no son del original). Como se puede apreciar la geóloga Huapaya Rodríguez-Parra fue precisa en el referido documento, al establecer como límite máximo de extracción para todo el proyecto, la cota de setenta y cinco (75) metros sobre el nivel del mar (msnm). Ese oficio fue emitido el 26 de noviembre del año 2001 y es claro en cuanto a la condición técnica de limitar la extracción de material hasta la cota setenta y cinco, lo que implica que no se puede excavar por debajo de los setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. La razón para esa limitante la expuso a viva voz la propia Huapaya Rodríguez-Parra, quien, declarando en juicio como funcionaria de la Dirección de Geología y Minas, expresó que dicha cota se fijó en consideración de que el acuífero inferior (al que también se hace denomina acuífero confinado) se encuentra aproximadamente a los cincuenta o cincuenta y cinco metros sobre el nivel del mar y que lo que se perseguía era no interceptar ese acuífero. Y aclaró la referida profesional que en esta materia lo correcto es hablar de metros sobre nivel del mar para tener un punto de partida uniforme, como lo es el nivel del mar y a partir de allí se efectúa, hacia lo alto, una medición de la elevación. Así, se ubican los puntos de conformidad con su elevación sobre el nivel del mar y ello permite garantizar una medición estandar de todas las excavaciones. Y explicó esa geóloga que lo anterior difiere mucho de hablar de profundidad, pues esta es relativa, no da seguridad de los alcances de las excavaciones, dado que se parte del nivel del suelo hacia abajo y como la altura de la superficie varía, el indicar la profundidad de una excavación en metros bajo el nivel del suelo igualmente siempre va a ser relativo al punto desde el cual comenzó a descender.  Retomando el oficio DGM-DC-2085-2001, lo que interesa destacar es que en el mismo se impuso la condición técnica de que la extracción tenía como límite la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Y aquí es necesario indicar que esta condición técnica fue siempre conocida por Industrias Infinito, pues fue recogida en la resolución R-578-2001 MINAE (visible de folio 240 a folio 227 en el tomo primero del expediente administrativo de la Dirección de Geología y Minas), mediante la cual se le otorgó la concesión que fue luego anulada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13414. Es necesario hacer ver que el geólogo José Francisco Castro Muñoz, Director de Geología y Minas, expresó durante su declaración en este juicio, que el límite de extracción se fijó en la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, precisamente para prevenir que se interceptara el acuífero inferior, lo cual coincide con lo expresado por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y resulta plenamente acorde con el contenido de la condición técnica contenida en el oficio DGM-DC-2085-2001, razones por las cuales este Tribunal considera que la finalidad de la condición técnica establecida por la Dirección de Geología y Minas era evitar que se interceptara el referido acuífero inferior, es decir, que lo que se perseguía era protegerlo. Esta condición técnica era, como se indicaba, conocida por Industrias Infinito, pues, tal como se indicó, estuvo contemplada en la concesión minera de 2001, que luego fue anulada. La importancia de esta condición, que no consta que Industrias Infinito haya objetado nunca, es que significaba una considerable reducción de la cantidad de material que podría eventualmente extraer. Si se observa el gráfico visible a folio 3340 del tomo XVII del expediente técnico de la Dirección de Geología y Minas, se ve que el mismo fue elaborado por el hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada (que es el mismo profesional que elaboró el documento visible de folio 3331 a folio 3350 en el tomo XVII del expediente técnico de la Dirección de Geología y Minas) en septiembre del año 2000. Siendo un documento del año 2000, es obvio que el mismo se utilizó durante la tramitación ante la Dirección de Geología y Minas, de previo a que se emitiera el oficio DGM-DC-2085-2001. Es decir, se trata de una de las piezas examinadas en dicha Dirección antes de otorgar la concesión del año 2001. Y esto es relevante, porque del gráfico se infiere que el referido profesional Rodríguez Estrada utilizó la unidad de metros sobre el nivel del mar (msnm) para establecer la elevación de las excavaciones. También se infiere del gráfico que el punto más bajo de la excavación prevista para extraer material del tajo Fortuna llegaría a una elevación aproximada de cuarenta (40) metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que implicaba interceptar el acuífero inferior. Esto es lo que se proyectaba por parte de Industrias Infinito en el año 2000 y es precisamente lo que rechazó la Dirección de Geología y Minas al fijar como límite de extracción los setenta y cinco (75) metros sobre el nivel del mar (msnm), decisión que implica un impedimento, basado en razones técnicas orientadas a la protección del recurso hídrico, para Industrias Infinito de interceptar el acuífero inferior. Vale la pena reiterar aquí que esa condición técnica establecida en el 2001, no consta que haya sido objetada por Industrias Infinito, pese a que la conocía y estaba al tanto de las consecuencias que la misma acarreaba a sus pretensiones de extracción. Ahora es necesario indicar que tanto Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra como José Francisco Castro Muñoz, fueron contestes al señalar que el proyecto que presentó Industrias Infinito ante la Dirección de Geología y Minas implicaba, en todo momento, la extracción de saprolita y roca dura, así como que estaba dividido en etapas de extracción. Es decir, la finalidad de la empresa demandada fue, desde el inicio, la de aprovechar roca dura, lo que contemplaba en sus planes la intercepción del acuífero inferior. Eso es lo que la propia empresa manifestó ante la Dirección de Geología y Minas. Pero eso es precisamente lo que Industrias Infinito no indicó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Si se observan los gráficos elaborados por el mismo hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada a folios 213 y 211 del estudio de impacto ambiental (los que constan en un solo volumen que dice reunir los dos tomos del estudio, señalando que el primero va del capítulo 1.0 al 5.0 y que el segundo va del capítulo 6.0 al capítulo 14.0) presentados por Industrias Infinito ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en marzo de 2002 (es decir, después de conocer la condición técnica de la Dirección de Geología y Minas que limitaba la extracción a los setenta y cinco metros sobre el nivel del mar), se puede advertir que en los mismos sólo describen el acuífero superior y que contemplan una medición de la elevación en metros sobre el nivel del mar. Aunque pareciera que esa es una conducta conforme con la limitación que impuso la Dirección de Geología y Minas, estima este Tribunal que ello no es así, pues luego de obtener la viabilidad ambiental en el año 2005, dos años después, en el 2007, Industrias Infinito solicitó diversas modificaciones a la viabilidad ambiental original, entre las cuales se cuenta la extracción de roca dura y la intercepción del acuífero inferior. Véase el gráfico del folio 175 en el expediente denominado "Evaluación ambiental de cambios propuestos al proyecto" y se podrá apreciar que el diseño es básicamente el mismo que en el año 2000 se había propuesto a la Dirección de Geología y Minas y que en el 2001 se había limitado técnicamente a una cota de extracción de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Lo que sucede es que en el 2007, Industrias Infinito, conocedora de aquella limitación técnica impuesta por la Dirección de Geología y Minas, presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental una solicitud que perseguía excavar más abajo de la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Nuevamente, en el 2007, fue Industrias Infinito la que insistió en extraer material con excavaciones que llegarían, en su punto más bajo, a una elevación de entre treinta y cinco y cuarenta metros sobre el nivel del mar, lo cual, a todas luces, es violatorio de la condición impuesta en el oficio DGM-DC-2085-2001, el cual, cabe repetir, no consta que haya sido objetado por esa persona jurídica. Y esa es una conducta propia de Industrias Infinito, de nadie más. Mediante ese actuar, la empresa demandada llevó a error a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y ese proceder malicioso de la referida empresa no se puede obviar, ni siquiera por el hecho de que los funcionarios de la indicada Secretaría también actuaron con total desapego a su deber de verificar las condiciones impuestas por la Dirección de Geología y Minas antes de aprobar lo requerido por Industrias Infinito. Y es que en materia de minería, en que la Dirección de Geología y Minas también tiene un papel activo en la protección del ambiente, los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no pueden desentenderse de lo dispuesto por aquella otra dependencia, al momento de valorar los estudios relacionados con la viabilidad ambiental de un proyecto. En este asunto, tanto Sonia Espinoza Valverde como Eduardo Murillo Marchena, expresaron que ellos, como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no tenían por qué examinar lo decidido por la Dirección de Geología y Minas. Se equivocan, pues requerían conocer plenamente las limitaciones técnicas fijadas por esta última, toda vez que ellas configuran el marco en que podría llegarse a desarrollar la actividad minera y, consecuentemente, sobre ese marco es que debía examinarse la viabilidad ambiental. Que los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se desentiendan de las limitantes técnicas que impone la Dirección de Geología y Minas para el desarrollo de una actividad minera, constituye, en criterio de este Tribunal, una desatención injustificada de las normas que procuran garantizar el desarrollo sostenible. Si se permitiese el examen sobre cualquier otro marco no prefigurado por la Dirección de Geología y Minas, ello implicaría una forma de obviar las limitaciones técnicas impuestas por esta, de igual manera que lo significaría el que la Dirección, a la hora de otorgar una concesión, no revisase los términos en que la Secretaría otorgó una viabilidad ambiental. En materia de la protección del ambiente en relación con la actividad minera, ninguno de esos dos órganos puede dejar de lado lo decidido por el otro. En el caso particular del acuífero inferior, la gestión hecha por Industrias Infinito en el 2007 y aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el 4 de febrero de 2008, mediante la resolución Nº 170-2008-SETENA, constituye una actuación ilegal, pues implica la vulneración de las condiciones técnicas establecidas en el oficio DGM-DC-2085-2001. Pero no sólo eso, sino que al procurarse la intercepción de un acuífero que expresamente se trataba de proteger por parte de la Dirección de Geología y Minas, esta actuación de Industrias Infinito, aunada a la ligereza de los funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, constituye, ante los ojos de este Tribunal, un fraude de ley. Esta figura está contemplada en el artículo 5 de la Ley número 8422 del 14 de septiembre de 2004 (publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 212 del 29 de octubre de 2004) que es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El fraude de ley se configura cuando se realiza una conducta al amparo de un texto normativo, pero para perseguir un resultado que no se conforma con los fines públicos y el ordenamiento jurídico. En el presente asunto, está claro para este Tribunal que, aún cuando se invoquen razones como la variación del precio del oro, lo cierto es que desde el inicio se contempló la intercepción del acuífero inferior, pues ello era necesario para extraer todo el oro que planeaba explotar Industrias Infinito. Pero ese plan se encontró con el obstáculo de que en aras de proteger el recurso hídrico, la Dirección de Geología y Minas estableció como límite de extracción, la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, considerando que el acuífero inferior se encuentra aproximadamente entre los cincuenta y cincuenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Así, aunque no objetó esa limitación ante la Dirección indicada, Industrias Infinito optó, en el 2002, por presentar estudios de impacto ambiental y por pedir la viabilidad ambiental, anunciando a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que extraería oro sólo de la saprolita, lo que implicaba obviar el acuífero inferior. Pero habiendo obtenido la viabilidad ambiental en el 2005 para la extracción de saprolita, en el 2007 volvió al plan original, que sí contemplaba la intercepción del acuífero inferior. Este plan había sido anunciado ante la Dirección de Geología y Minas desde el 2000 y estaba estructurado en etapas, todas componentes de un solo proyecto, tal como lo indicaron en juicio Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y José Francisco Castro Muñoz. Pero a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Industrias Infinito presentó, como si fuera todo el proyecto, lo que en Geología y Minas era sólo la primera etapa: la extracción de saprolita. Y luego de asegurar esa viabilidad ambiental para extraer saprolita, presentaron la mal denominada modificación, que no era otra cosa que volver al plan presentado originalmente en el 2000. Con esto último, Industrias Infinito evidentemente lo que buscaba era superar el escollo que le significaba la limitación técnica impuesta en el oficio DGM-DC-2085-2001 para así poder interceptar el acuífero inferior y extraer todo el oro que deseaba. Y para poder burlar esa limitación, Industrias Infinito se valió de la posibilidad que normativamente tiene de pedir modificaciones a la viabilidad ambiental. Es decir, utilizó una disposición normativa para lograr un resultado no conforme a la satisfacción de los fines públicos ni del ordenamiento jurídico, lo que considera este Tribunal que constituye un fraude de ley. Y la determinación de esa actuación fraudulenta por parte de la empresa se ve reforzada por el hecho de que durante el debate, el hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada fue confrontado con los diagramas que él mismo confeccionó y que son visibles a folios 3338 y 3340 del tomo XVII del expediente técnico de la Dirección de Geología y Minas. Al tenerlos a la vista, el referido testigo perito fue claro al señalar que los mismos indican la elevación en metros sobre el nivel del mar, así como que los había confeccionado en el año 2000. Explicó también por qué es importante indicar la elevación en la medida dicha y también estableció que ello difiere del concepto de profundidad, expresando que elevación y profundidad no son nociones coincidentes. Lo importante es que luego de expresar todo lo anterior, se le mostró al testigo el documento identificado como Anexo 7 y que se observa de folio 130 a folio 137 del tomo correspondiente al oficio DM-249-2009, del 27 de febrero de 2009, mediante el cual el entonces Ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora, rindió un informe de ampliación de argumentos de descargo en relación con el proceso de amparo 08-014068-0007-CO, que culminó con el dictado de la sentencia 2010-06922 de la Sala Constitucional. Lo que interesa destacar es que ese Anexo 7, titulado "Resumen de las condiciones hidrogeológicas y de los efectos esperados en el proyecto minero Crucitas" fue elaborado por el testigo perito ya mencionado, es decir, por el propio Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, pero lo que llama la atención es que en el mismo (véase en particular el folio 132), ese profesional consigna que el acuífero inferior "se ubica a profundidades mayores a 50 m bajo el suelo en el área del proyecto" (negrilla y subrayado son suplidos) y luego afirma que el "agua afloraría al alcanzar la cota topográfica de 73 metros bajo el nivel del suelo (mbns)" (la negrilla y el subrayado no son del original). Al leer el documento durante la audiencia, el hidrogeólogo Rodríguez Estrada fue claro al indicar que el mismo contenía un error, pues se hablaba de profundidades y de metros bajo el nivel del suelo, cuando antes, él mismo había indicado que lo correcto era hablar de elevación y de metros sobre el nivel del mar. Cuestionado sobre el error y sus consecuencias, el propio declarante expresó que ambas medidas no son coincidentes y que confundirlas podría inducir a equívocos. Interrogado sobre si realizar la extracción tal como él la describe en el Anexo 7 (es decir, partiendo de la idea de profundidad y de metros bajo el nivel del suelo e interceptando el acuífero inferior) significaría rebasar el límite técnico fijado por la Dirección de Geología y Minas en setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, el deponente se limitó a responder que la extracción que él describe en ese documento sí implica alcanzar el nivel piezométrico del acuífero inferior, o lo que es lo mismo, que sí se interceptaría el referido acuífero. Como se ve, el ex Ministro Dobles Mora aportó, para ser presentado ante la Sala Constitucional (que fue inducida a error sobre el punto), un documento aparentemente científico en el que se expone como viable la intercepción del acuífero inferior, en el que se utiliza equivocadamente la noción de profundidad y una medida en metros bajo el nivel del suelo, cuando lo correcto científicamente, según lo narró el propio profesional que elaboró el documento (en lo cual coincide con el criterio expuesto por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y por el geólogo José Francisco Castro Muñoz), era indicar la elevación en metros sobre el nivel del mar. Y lo importante de este supuesto error por parte del hidrogeólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada es que esa medida de profundidad indicada en el Anexo 7, es coincidente con la idea de profundidad que manejó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución número 170-2008-SETENA (visible de folio 4152 a 4157 el tomo X del expediente administrativo de la Secretaría indicada), en la que se mencionó en el Considerando segundo, la necesidad de excavar "a profundidades promedio de 67 m" (obsérvese en particular el folio 4155 en el tomo indicado del expediente referido). En ese sentido, es fácil apreciar cómo la confusión entre las nociones de profundidad y elevación fue uno de los factores que hicieron posible el otorgamiento de la viabilidad ambiental a los cambios propuestos al proyecto, obviando y desconociendo así la limitación técnica establecida por la Dirección de Geología y Minas desde el 2001 y que consiste en limitar la extracción hasta la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, lo que a su vez implica interceptar el acuífero inferior en contra de las disposiciones técnicas de la mencionada Dirección. Y la intención de Industrias Infinito de inducir a error a la Administración sobre el tema de comentario, se hace aún más evidente si se considera que la intercepción del acuífero inferior resulta algo esencial para el desarrollo del proyecto minero Crucitas, pues se contaba con el agua derivada de dicha intercepción, la cual sería bombeada a la laguna de relaves o de colas (que es un componente indispensable del proyecto) y, además, se previó que con la intercepción de ese acuífero inferior, una vez finalizada la extracción, el agua permitiría la creación de un lago (el denominado lago Fortuna), que ha sido presentado como uno de los legados positivos que dejaría el proyecto minero e incluso se ha anunciado que la comunidad podría explotar el nuevo lago. Es decir, siempre ha contado la empresa con la intercepción del acuífero inferior, lo cual evidencia que Industrias Infinito no ha procurado ajustarse a la condición técnica contenido en el oficio DGM-DC-2085-2001 y en ese sentido es que se aprecia el fraude de ley que se ha intentado al presentar en el 2007 ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental supuestos cambios al proyecto que en realidad, estaban contemplados en el plan original presentado desde el 2000 ante la Dirección de Geología y Minas. La importancia técnica del tema del acuífero inferior es, como se indicó, evidente, pues sin ello, el proyecto minero Crucitas no puede desarrollarse como la empresa lo ha previsto. Sobre esto, cabe decir, finalmente, que aún cuando en sus conclusiones la representación de Industrias Infinito argumentó que esa compañía simplemente se sujetaría a la cota límite para la extracción, lo cierto es que esa es una manifestación simplista y sin ningún sustento, pues no sólo la documentación evidencia que Industrias Infinito planea hacer justamente lo contrario a lo que aquí indicaron sus abogados, sino que también la propia profesional que fungió como regente ambiental del proyecto de 2007 hasta el 2010, la geóloga Sandra Arredondo Li, manifestó de viva voz cómo piensan utilizar el agua del acuífero inferior, resultando entonces completamente falso que Industrias Infinito pretenda respetar el límite de extracción que conoce desde el 2001, sea la cota de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Por todo lo anterior, independientemente de otras razones que se exponen en la presente sentencia, considera este Tribunal que la resolución número 170-2008-SETENA es absolutamente nula, toda vez que carece de la adecuada fundamentación, así como de motivo lícito, en el tanto obvió la limitación técnica establecida en el oficio DGM-DC-2085-2001 de la Dirección de Geología y Minas y avaló los cambios propuestos al proyecto, los cuales era legalmente imposible siquiera examinar dada la condición técnica aludida. Y, a su vez, dado que la resolución 170-2008-SETENA era esencial para el dictado de la resolución R-217-2008-MINAE, al ser nula la primera, la segunda también deviene nula y así deben declararse ambas.

 

XX- SOBRE EL USO DE MAQUINARIA PESADA.

En cuanto a este punto, la testigo Sandra Arredondo Li (regente ambiental) manifestó que el uso de quebradores estaba previsto desde el diseño inicial del proyecto, y explicó que ello se debía a que si bien la capa de saprolita es mayormente suelo arcilloso, en esa capa también pueden haber bloques de piedra que sería necesario quebrar, y en el mismo sentido se refirió el testigo Eduardo Murillo Marchena (Ingeniero Forestal funcionario de SETENA). Sobre este particular el Tribunal encuentra que no existe mayor controversia, y por lo tanto, procede a desestimar los argumentos esbozados sobre este tema.

 

XXI- SOBRE EL USO DE EXPLOSIVOS.

En este tema los testigos expertos Sandra Arredondo Li (regente ambiental) y Eduardo Murillo Marchena (Ing. Forestal de SETENA) se refirieron indicando básicamente que los estudios  presentados por la empresa sí preveían el uso de explosivos para la actividad extractiva. El testigo experto Adrián Salazar Cyrman (Geólogo), quién declaró exclusivamente sobre esta temática, indicó que dos semanas antes de rendir su declaración había leído el Estudio de Impacto Ambiental, exclusivamente en lo que se refiere al uso de explosivos. Al testigo se le mostró el documento “Evaluación de Cambios Propuestos”, y luego de revisarlo en el tema de interés, dio su opinión favorable haciendo alusión a la corrección en aspectos tales como la zona de protección fijada, y los protocolos de transporte y seguridad. Sobre este particular, el Tribunal encuentra que si bien la declaración del testigo Adrián Salazar Cyrman fue contundente en establecer que los estudios de la empresa garantizan un adecuado manejo del uso de explosivos, su testimonio no tiene la virtud de sustituir el análisis técnico que omitió verter la Administración al momento de evaluar la propuesta de cambios. Como se desprende de la resolución N° 170-2008-SETENA, y del informe ASA-013-2008-SETENA, el tema de los explosivos no fue analizado por SETENA, y consecuentemente se reproducen los vicios apuntados anteriormente.

 

XXII- SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL CIANURO.

En relación con este tema, el testigo Eduardo Murillo Marchena, funcionario de SETENA, manifestó que los estudios de la empresa preveían una cantidad de cianuro de una parte por millón y que eso estaba por debajo de que lo que la norma establece. Aludió a que el estudio de la empresa estaba avalado por un Ingeniero Químico. También indicó que el proceso de destrucción de cianuro estaba previsto en el primer estudio utilizando una tecnología INCO, y que con la propuesta de cambio se pasó a una tecnología más eficiente (Cyplus). Por su parte, la testigo Sandra Arredondo Li, regente del proyecto, describió el proceso cianuración en el material molido para la obtención del oro, el proceso de destrucción del cianuro en una planta específica y que el material procesado como en el no procesado se sumerge en la laguna de relaves, a la que también se envía el agua con cianuro pero en bajos niveles. Finalmente, el testigo Orlando Bravo Trejos, Químico, manifestó que revisó únicamente la documentación que le suministró la empresa Industrias Infinito y que lo contactaron en el mes de agosto de este año. Describió el proceso de destrucción del cianuro, manifestó que con la tecnología nueva se destruye el cianuro y que los niveles de este componente en el agua luego del proceso eran muy bajos y no son peligrosos, los cuales se terminan de degradar naturalmente en la laguna de relaves. Indicó que con esta concentración de cianuro no se producirá “lluvia cianhídrica” ni habrá gases cáusticos. Pues bien, sobre este tema el Tribunal estima que si bien la declaración del testigo Orlando Bravo fue clara en punto a establecer que los estudios de la empresa garantizaban un manejo adecuado del cianuro en el procesamiento de material y que las concentraciones de esa sustancia no representarán peligro en la laguna de relaves, su testimonio no tiene la virtud de sustituir el análisis que sobre este particular debió emitir SETENA al momento de evaluar los cambios propuestos. En la resolución N° 170-2008-SETENA, y en el informe ASA-013-2008-SETENA, se omitió analizar rigurosamente los estudios presentados por la desarrolladora respecto de este tema técnico, así como sus impactos y medidas de mitigación, y simplemente se indica que habrá un proceso de lixiviado con cianuración, que la empresa se comprometió a utilizar la nueva tecnología CYPLUS (INCO mejorado), y que se prevé la degradación natural de ese componente en la laguna de relaves. Como se observa, la Administración omitió hacer un análisis técnico de este tema, y no es admisible que los codemandados, a través de un testigo experto, pretendan sustituir esa función propia de la competencia de SETENA en este proceso, vaciando de contenido el ejercicio de sus potestades legales. Consecuentemente, se reproducen los vicios apuntados en esta sentencia, tal y como se señaló antes.

 

XXIII- SOBRE LA LAGUNA DE RELAVES.

En punto a este tema, el testigo Allan Astorga Gatgens (Geólogo) manifestó que la laguna de relaves (también llamada represa de colas) tiene un área de 140 hectáreas, y que en ella se va a depositar la roca molida a la cual se le ha extraído el oro. Indicó que ese material es peligroso porque contiene cianuro, lo cual representa un peligro para las cuencas de la zona, como por ejemplo el Río San Juan. Señaló que podría haber una falla geológica debajo de esta represa, y que esto puede generar la ruptura del suelo de la laguna. Aludió que se requieren más estudios sobre la sismicidad en la zona. La testigo Yamileth Astorga Ezpeleta (Bióloga Marina) manifestó que no se contempla quién va a asumir el mantenimiento de los equipos para el control de esa laguna, después de la etapa de cierre. Adujo que en la represa van a depositarse materiales con metales pesados, y que esto podría afectar al Río San Juan, por riesgo de rompimiento del dique. El testigo Carlos Quesada Mateo (Ingeniero Civil) indicó que existe un riesgo en la estabilidad de la represa de relaves por las condiciones climáticas del país. Señala que se podría dar una ruptura por saturación de suelos producto de períodos de precipitación severos, o bien un desbordamiento de las aguas superficiales. El testigo Eduardo Murilllo Marchena (Ingeniero Forestal funcionario de SETENA) indicó que en el anexo al Estudio de Impacto Ambiental se analizaba el tema de la amenaza sísmica, y que en ese estudio se determinó que la zona es de baja sismicidad. Señaló que en los estudios se modelaron las posibles catástrofes, como por ejemplo el impacto por ruptura de la laguna y en caso de sismo, la medida de mitigación consistía en la recolección de sedimentos en la confluencia con la Quebrada Mina. Adujo que la laguna de relaves se llenaría con agua proveniente de la Quebrada Mina y luego por sistema de bombeo. La testigo Sandra Arredondo Li (regente ambiental) señaló que la empresa se comprometió a realizar un monitoreo permanente de la laguna de relaves, y contemplaba protocolos para el manejo de sustancias peligrosas, para el manejo de desechos peligrosos y para el manejo de aguas. Finalmente, el testigo Walter Montero Pohly (Geólogo experto en sismología y neotectónica) indicó que en la zona del proyecto no existe una falla activa que atraviese el lugar, descartó que existan lineamientos que sugieran la existencia de una falla en ese sector y señaló que Crucitas se ubica en la zona de menor amenaza sísmica de Costa Rica. Sobre este particular, el Tribunal encuentra que existen criterios técnicos y científicos que son contradictorios, en el tanto unos expertos descartan los riesgos que representa la laguna de relaves para el ambiente, mientras que otros expertos plantean riesgos respecto de este componente que requieren ser mejor analizados a través de mayores estudios. Esta situación refleja que en el tema de la laguna de relaves, existe contrariedad de criterios sobre la inocuidad de la actividad humana para el medio ambiente, y en tal caso, la decisión de la Administración no podía ir dirigida a aprobar la solicitud de cambios al proyecto presentada por la empresa, porque ello era violatorio del principio precautorio. Sin embargo, como ya se ha explicado reiteradamente, en este caso la SETENA omitió realizar un análisis técnico que tomara en cuenta todos los anteriores aspectos, y esta circunstancia vicia de nulidad absoluta la resolución N° 170-2008-SETENA en los términos ya expuestos en los anteriores considerandos.

 

XXIV- SOBRE EL DIQUE.

En relación con este punto no existió mayor discusión de acuerdo con las declaraciones vertidas por los testigos expertos en este debate. Consta que, únicamente la testigo Sandra Arredondo explicó la estructura del dique para la conformación de la laguna de relaves, refiriendo el tipo de materiales que se utilizarían. De los demás testimonios no se extraen elementos polémicos en cuanto a este componente específico del proyecto, por lo que se omite pronunciamiento sobre este particular.

 

XXV- SOBRE EL POTENCIAL DE DRENAJE ACIDO.

En punto a este tema, los testigos Allan Astorga Gatgens (Geólogo) y Yamileth Astorga Ezpeleta (Bióloga Marina), afirmaron que como consecuencia del incremento en la profundidad  de la extracción en la zona de los tajos, va a quedar expuesta la “pirita” y que ésta al entrar en contacto con el agua y el oxígeno genera ácido sulfúrico, lo cual representa un riesgo de contaminación porque ese componente puede drenar hacia los acuíferos. Por su parte, la testigo Sandra Arredondo Li (regente ambiental) manifestó que la saprolita no tiene potencial de drenaje ácido. En el caso de la roca dura mencionó que para poder determinar su potencial de drenaje ácido, se hicieron “perforaciones diamante” para obtener núcleos de la piedra y luego se analizaban. Señaló que los estudios de la empresa demostraron que el potencial de drenaje era bajo. Indicó que el mecanismo que se va a implementar para eliminar el drenaje ácido consiste en sumergir el material bajo el agua (2 metros). Recalcó que para el control de la acidez del agua de la laguna de relaves se tiene como medida de mitigación agregar cal. El testigo Orlando Bravo Trejos (Químico) explicó que el sulfuro que contienen las rocas al estar enterradas no están en contacto con el oxigeno, pero en el momento en que se esto ocurre se oxida y se produce el ácido sulfúrico, provocando lo que se conoce como drenaje ácido. Indicó que las medidas que se pretenden implementar para controlar el drenaje ácido, tales como colocar las rocas procesadas bajo el agua y utilizar cal para la evitar la acidez del agua, son adecuadas, pues se lograría un proceso de neutralización. Pues bien, respecto de este tema, el Tribunal encuentra que la posición de los testigos de los demandados fue contundente, haciendo ver que el riesgo de drenaje ácido es fácilmente controlable y no representa mayor dificultad. Sin embargo, aún cuando lo anterior implicaría desestimar los argumentos de los actores en cuanto a este reproche, tenemos que recordar que en este caso la SETENA omitió realizar un análisis técnico sobre este tema concreto, y por ende la resolución N° 170-2008-SETENA se encuentra viciada de nulidad en los términos expuestos reiteradamente. A mayor abundamiento, es necesario indicar que el estudio aportado por Industrias Infinito en relación con el tema del drenaje ácido, independientemente de que fue presentado en inglés (aspecto que no reviste mayor relevancia, pues luego se aportó la traducción libre del mismo al castellano), sí presenta un problema esencial y es que se trata de un borrador (o draft) que fue elaborado como algo preliminar y que incluso contiene oraciones incompletas en que la información faltante se suple con líneas de X. Así, aunque el representante de Industrias Infinito manifestó que fue DEPPAT la que utilizó esa información para elaborar el estudio de impacto ambiental, lo cierto es que fue la empresa demandada la que presentó ese estudio ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por lo que es Industrias Infinito la que debe asumir las consecuencias de su proceder, independientemente de cómo decida proceder en relación con DEPPAT.

 

XXVI- SOBRE EL ÁREA DE TAJOS.

En cuanto a este aspecto resulta claro que el diseño o propuesta original del proyecto preveía la extracción en los cerros Botija, Fortuna y Fuentes, lo cual se puede constatar en el Estudio de Factibilidad presentado ante Geología y Minas en el año 1999, y su Anexo, mismos que constan en los tomos 1 y 17 del expediente técnico de Geología y Minas. En el año 2007 la empresa codemandada presentó una propuesta de cambios ante SETENA, y en ella se redujo el área de extracción a dos cerros: Botija y Fortuna. Este tema por sí mismo no es polémico por lo que se omite pronunciamiento sobre el mismo.

 

XXVII- SOBRE EL CIERRE TÉCNICO.

En relación con este tema, no hubo mayor discusión a través de la prueba testimonial pericial, sin embargo, los demandados sustentaron la tesis de que esta fase se inicia antes de que comience el proyecto, y que la misma requiere de adaptación durante la fase de operación, debiendo ajustarse a las circunstancias que se van produciendo. Sostienen que la empresa tiene el compromiso de proponer soluciones que deberán ser valoradas por los órganos técnicos involucrados, y además que habrá un constante monitoreo de seguimiento de las variables ambientales. Argumentan que las garantías ambientales se mantienen hasta la fase de cierre técnico. Hacen ver que existe una diferencia entre el cierre técnico y el cierre de la fuente, regulado en el artículo 133 del Reglamento al Código de Minería. Pues bien, sobre este tema los actores no esbozaron mayor argumentación, por lo que procede desestimar los argumentos formulados en relación con este aspecto.

 

XXVIII- SOBRE EL ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO.

 En el presente caso, mediante resolución número 119-2005-SETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental había requerido a Industrias Infinito presentar como anexo diversas observaciones sobre el aspecto social del proyecto minero Crucitas, para así poder realizar el análisis costo-beneficio que permitiría determinar la viabilidad ambiental del mismo. Sin embargo, en la resolución número 3638-2005-SETENA, dicha dependencia, pese a mencionar que Industrias Infinito presentó el referido anexo, no realizó ni una sola valoración sobre la documentación presentada por la empresa. Lo único que se indicó, sobre todos los anexos en general, mas nunca sobre el particular relativo a lo social, es que se cumplía con los términos de referencia y los requerimientos técnicos. Pero esa afirmación está aislada, carece de toda fundamentación, pues no se expone un solo argumento que la sustente. Así, nunca se dice por qué se estima que se cumplieron todos los requisitos, ni en qué sentido se tienen por cumplidos. Además, no se expresa en ningún apartado de la resolución 3638-2005-SETENA de qué manera se estiman mayores los beneficios sociales que los costos ambientales. Luego, en la resolución número 170-2008-SETENA, lo único que se indica como beneficio social es la realización de cursos en asocio con el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero se obvia el hecho de que la realización en el sitio de ese tipo de actividades de capacitación no depende exclusivamente de la presencia de la compañía minera. También se menciona donaciones a la escuela de Crucitas, dejándose de lado que el mantenimiento de la misma tampoco está indosolublemente asociada al desarrollo del proyecto minero. En ese sentido, no se aprecia cómo esos beneficios sociales se pueden calificar como consecuencia necesaria de la actividad de Industrias Infinito, ni tampoco -y esto es más importante- se explica en qué sentido estos aspectos positivos -los cuales este Tribunal no desconoce- son más importantes que el impacto ambiental de la actividad minera. Además, aunque la testigo perito Sonia Lidia Cervantes Umaña declaró, en su condición de socióloga, que la zona es muy deprimida económicamente y que el proyecto constituiría una fuente de trabajo para aproximadamente ciento cincuenta o doscientos cincuenta personas (según se extraiga sólo saprolita o también roca dura), así como también refirió la expectativa de que el desarrollo de la actividad minera atraiga otras empresas a la zona, lo cierto es que no se refirió a la naturaleza transitoria del proyecto minero, de manera que no se puede asegurar que llevar a cabo el proyecto necesariamente genere los resultados que se esperan. Además, tampoco se ha explicado por qué se requiere -como condición indispensable- el desarrollo de la mina para que esas inversiones en lo social se den. Por ello, no hay seguridad alguna de que una vez concluido el proyecto minero, lo que hoy se presenta como grandes beneficios vaya a perdurar. E igualmente importante, no explicó la referida profesional de qué manera es que se puede tener ese resultado incierto como algo más valioso que el impacto ambiental que con seguridad produciría la actividad minera, si llegara a llevarse a cabo, lo cual evidencia la carencia de sustento de las decisiones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la materia (tema que es distinto al del fundamento del decreto mediante el cual se declara de conveniencia nacional al proyecto, el cual se aborda en otro apartado de esta sentencia). Así las cosas, las referidas resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental carecen de motivación y motivo en lo que respecta a la valoración del componente social, lo que incide en una inadecuada determinación del balance costo-beneficio del proyecto minero Crucitas y, por ello, devienen nulas, pues ese es un aspecto esencial que debe ser considerado en el otorgamiento de viabilidad ambiental. Esto último es lo que determina la improcedencia de las alegaciones de Asocrucitas, pues aún cuando las expectativas que tienen los trabajadores que integran esa asociación son comprensibles, lo cierto es que el desarrollo de la zona y la mejora de sus condiciones existenciales no depende necesariamente del desarrollo del Proyecto Minero Crucitas, sino que la atracción de otro tipo de empresas mediante la mejora de caminos, de servicios, y mediante la elevación de las capacidades laborales de los habitantes del área puede ser llevada a cabo por el Estado sin necesidad de la participación de Industrias Infinito.

 

XIX- SOBRE LA FALTA DE FIRMA DE UN INGENIERO QUÍMICO EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO.

Sobre este tema, de decirse que en este asunto ha quedado demostrado que los diagramas de flujo que describían el proceso químico del proyecto, carecían de la firma y el sello del Ingeniero Químico encargado del proceso. Tal circunstancia fue confirmada por el testigo Orlando Porras Mora (Ingeniero Químico) quién tuvo a la vista las láminas que constan en el tomo I del estudio de impacto ambiental. Los diagramas de flujo fueron confeccionados por la empresa en el año 2002, por lo tanto, debían cumplir el requisito que señalaban los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 6038, mismo que no fue desvirtuado por los demandados, aún y cuando se haya invocado un Decreto N° 35695-MINAET que fue publicado en el mes de enero del 2010, pues aquel requisito era exigido por la Ley vigente para el momento en que se elaboraron las láminas referidas. Los planos aportados por la representación de Industrias Infinito como prueba para mejor proveer no tienen la virtud de subsanar este defecto, pues en su momento fue omitido el requisito mencionado y así fue aprobado por la SETENA, violación que afectó la resolución N°3638-2005 y 170-2008-SETENA por omitir en su valoración el cumplimiento de la disposición legal del Colegio de Ingenieros Químicos, que tenía una incidencia de fondo en el tanto los diagramas de flujo contenían información sensible como los balances de masa y energía, aspecto que tampoco lograron desvirtuar los accionados en este proceso.

 

XXX- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Durante la etapa de recepción de prueba testimonial pericial, la representación de Industrias Infinito formuló preguntas sobre la atracción de inversión extranjera, tema que fue retomado en la etapa de conclusiones, cuando se hizo alusión al Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá (ley número 8286) y al Acuerdo con Canadá sobre promoción y protección recíproca de inversiones (ley número 7870). Sobre el tema, es necesario solamente indicar que dado el ámbito competencial diferenciado entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa, no puede generarse ninguna inseguridad por el hecho de que en una no se encuentren vulneraciones de derechos fundamentales y en otra se encuentren ilegalidades de las actuaciones administrativas. En ese sentido, lo resuelto en esta sede no contradice en nada lo establecido por la Sala Constitucional, toda vez que éste Tribunal y esa Sala emiten sus pronunciamientos en procesos con objetos diferentes, como ya se explicó. Además, todo empresario o inversionista, nacional o extranjero, tiene la certeza de que si cumple con los requisitos normativos, podrá llevar adelante su actividad, pero que, si no los cumple, no podrá desarrollarla. En ese sentido, esta sentencia sólo viene a reforzar la certeza de los empresarios e inversionistas sobre a qué deben atenerse. No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá.

 

 

XXXI- SOBRE LAS CONNOTACIONES POLÍTICAS O IDEOLÓGICAS DE ESTE PROCESO.

Industrias Infinito ha insistido en que el presente es un juicio de Derecho, que no puede ser decidido conforme a las posiciones ideológicas o políticas en conflicto. En relación con ese argumento, sólo puede decirse que lleva razón la empresa demandada y que es precisamente en estricta observancia del ordenamiento jurídico costarricense que se ha determinado la ilegalidad de diversas conductas administrativas.

 

XXXII- SOBRE EL PRINCIPIO DE VERDAD REAL Y EL DEBIDO PROCESO

Los demandados plantean que en el debate se incurrió en un abuso del principio de verdad real. Sobre el particular, no puede aplicarse rígidamente, ni mucho menos por encima del principio de verdad real, en razón de la naturaleza de los temas que se discuten en esta competencia, que tiene por objeto el control de legalidad de toda la función administrativa. Con todo, este Tribunal debe ser enfático en señalar que en todo momento se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. En ese sentido valga recordar que con el ánimo de evitar generar indefensión a las partes así como resolver cualquier aspecto que pudiera invalidar el proceso o afectar su continuidad, el Tribunal, al inicio del juicio oral y público, le concedió audiencia a todos los sujetos intervinientes, a efecto de que en ese momento procesal manifestaran lo que estimaran pertinente, no obstante, ninguna de las partes indicó la existencia de vicios o defectos capaces de producir nulidad o indefensión. Asimismo, se debe tener presente que en este proceso fueron resueltas las gestiones previas al juicio, se escuchó a las partes en su alegato de apertura, se concedió audiencia sobre los hechos nuevos formulados, se recibió prueba y contraprueba de esos hechos, se concedió audiencia cuando se proponía prueba para mejor proveer y se hizo pronunciamiento sobre esa prueba, se permitieron amplios interrogatorios durante el debate, se escucharon las objeciones a las preguntas, se resolvieron esas objeciones, se permitió incorporar la prueba documental a través de los testigos expertos, se resolvieron los recursos de revocatoria interpuestos durante el debate, se otorgó un tiempo razonable de un día para que las partes esbozaran sus conclusiones, se otorgaron los recesos necesarios durante los interrogatorios y las conclusiones, y en general, el Tribunal en todo momento procuró mantener el equilibrio procesal, la buena fe procesal y la transparencia de las actuaciones, todo ello en cumplimiento de los principios de la oralidad, la concentración de los actos y el contradictorio como instrumentos para la averiguación de la verdad real de los hechos, tal y como lo ordena el artículo 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

XXXIII- SOBRE EL MANEJO DE LOS HECHOS Y LAS CONCLUSIONES

En este asunto los demandados han cuestionado con inusitada insistencia los hechos y las conclusiones que han formulado sus contrapartes. Sobre ese particular no cabe más que indicar que no existe ninguna norma en nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo que obligue a las partes y al Juez a ajustar los interrogatorios de los testigos, testigos peritos y peritos, a la formulación fiel y exacta de los hechos tal cual fueron formulados en las respectivas demandas y contestaciones. Por la propia dinámica de las audiencias orales, resulta más que lógico y razonable que durante los interrogatorios las partes no se apeguen en estricto a la formulación de sus hechos, máxime en asuntos como el presente en que se debaten y discuten temas de carácter ambiental que requieren de amplia indagación para su correcta determinación. Y lo mismo debe decirse respecto de las conclusiones que pueden verter las partes al finalizar la etapa de juicio, siendo que el único control que debe ejercer el Juez lo es en función de no permitir que durante esa fase se realicen acciones  o se introduzcan elementos de carácter probatorio, por existir un momento específico para ello. Se insiste que no existe norma en el Código Procesal Contencioso Administrativo que obligue a las partes a concluir exclusivamente sobre la base de lo planteado en la etapa escrita del proceso, interpretación que no solo es absurda sino que atenta contra todo modelo de justicia basado en el principio de la oralidad, dejándolo sin efecto. El límite del proceso lo definen las pretensiones, de manera que una actuación, una pregunta o una conclusión que no varíe la pretensión, no puede generar ninguna nulidad o indefensión, pues finalmente los hechos y el derecho los define el Juez en la sentencia. En realidad, cuestionamientos como estos evidencian intentos de obstaculizar lo que realmente interesa en cualquier proceso contencioso administrativo, que es sin duda la averiguación de la verdad real, principio de máximo valor que permite al Juzgador hacer efectivo el sometimiento de todos al Imperio de la Ley.

 

XXXIV- SOBRE LOS TESTIGOS ESCUCHADOS EN EL DEBATE

Los demandados y su coadyuvante cuestionan la calidad de los testigos peritos de los actores, indicando su declaración no estaba fundamentada en un informe previo, que emitieron criterios sin sustento, alarmistas y que ninguno estuvo presente en la zona del proyecto, todo lo cual, en su criterio, afectó la credibilidad de los deponentes propuestos por los accionantes. Al respecto el Tribunal encuentra que tales cuestionamientos son infundados y los rechaza. La contundencia, credibilidad y la pertinencia de la prueba la valora el Juez conforme a las reglas de la sana crítica, y en este asunto todos los testigos expertos que rindieron su testimonio en este juicio oral y público, fueron debidamente acreditados por el propio Tribunal y por las partes, encontrándose que todos ellos, tanto los de los actores como los de los demandados, resultaron ser expertos calificados en sus correspondientes disciplinas, y expusieron con toda claridad sus criterios técnicos en cada una de las temáticas, razones que se estiman suficientes para tomar en cuenta sus manifestaciones en este proceso.

 

XXXV- SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país (...). Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidad  y sanciones correspondientes "

 

En nuestra Constitución Política, el artículo 50 contiene varios presupuestos,  que deben ser afrontados en el examen de legalidad que realiza este Tribunal respecto a las pretensiones de los actores, de daños y perjuicios causados con las conductas que se arguyeron de nulas en este proceso; La legitimación de quien acciona, y reclama el daño, que el Estado debe garantizar ese derecho, y que previo examen conforme a la ley se determine la existencia de responsabilidad y las consecuentes sanciones.

 

Sobre la legitimación que se ostenta para sustentar las pretensiones:

 

Sobre la actora Apreflofas, Asociación preservasionista de Flora y Fauna silvestre, aduce el sufrimiento de un daño moral, "debido a la frustración de ver la destrucción de crucitas",  y los liquida en la suma de doscientos mil colones.

 

En cuanto a los daños morales respecto a las personas jurídicas,  existen numerosas resoluciones tanto de Sala Primera como del Tribunal Contencioso que desarrollan el tema, y nos permitimos citar la número 36-2010, de la sección VIII se este Tribunal, en el que informa:

 

"II.3)- EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL DAÑO MORAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS: El daño moral , se divide en daño moral subjetivo y daño moral objetivo. En cuanto al subjetivo se refiere al daño extrapatrimonial, incorporal, causado al individuo que afecta los bienes inmateriales de la personalidad, como la libertad, honestidad, buen nombre, la salud, el honor, la psiquis, la integridad física, la intimidad. Se refiere entonces a la tristeza, dolor, sufrimiento físico o psíquico, angustia, zozobra, inseguridad, aflicción, desánimo, pérdida de la satisfacción de vivir, desesperación, causado por el hecho dañoso. En lo tocante al daño moral objetivo , es aquél, que lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, generando consecuencias económicamente valuables (Ver en ese sentido la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992) y corresponde al gestionante probarlo, acreditando en autos que gastos o pérdidas sufrió producto de la afectación moral, y en cuanto al daño moral subjetivo, basta para demostrar el mismo una simple presunción de hombre y el juez como perito de peritos está en capacidad de determinar su monto."

 

Sobre el daño moral pretendido, conforme a las manifestaciones esbozadas en la demanda, refieren concretamente a un daño moral subjetivo , alegando una frustración al ver la destrucción de crucitas,  debe tenerse claro, que por tratarse de una persona jurídica, el daño moral que pudiera pretenderse es el objetivo, no el subjetivo.  El objetivo se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, cuando se genera consecuencias económicamente valuables -el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela-, lo que se traduce en que puede y debe ser cuantificado, y es dable distinguirlo del daño moral subjetivo o de afección. Esta conceptualización, tiene por objeto, deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Del análisis de las pretensiones alega  la parte actora un sufrimiento, - daño moral subjetivo-,  el cual no es admisible en personas jurídicas, ya que ese tipo de daño  refiere al fuero interno de la persona física, el dolor, la preocupación, el desanimo, la afectación emocional, todos estos producidos por un hecho, inherentes al ser humano, emociones que no puede sufrir una ficción jurídica. Estas no pueden verse afectadas en su ámbito subjetivo, pues no son titulares de emociones ni sufrimiento. Conforme a lo anterior, la actora Apreflofas como persona jurídica carece de  la legitimación necesaria para reclamar el daño moral subjetivo, tan solo puede reclamar el daño moral objetivo, pero no es éste el daño que se reclama en este caso,  por lo que la defensa  de falta de legitimación activa,  concretamente sobe los daños, debe ser acogida.

 

En  el caso de Jorge Lobo.

 

El primer elemento de análisis debe ser en torno a la legitimación que ostenta el actor Jorge Lobo, respecto de sus pretensiones indemnizatorias de daños y perjuicios  provocados con las conductas impugnadas.  Conforme a la supra citada norma constitucional, toda persona se encuentra legitimada para denunciar el daño ambiental y reclamar su reparación, la tutela del ambiente cuenta con una amplia legitimación procesal, al referirse a un derecho de la tercera generación, tratándose de intereses difusos o de acción popular, lo que permite en el primer presupuesto que el ciudadano pueda accionar tanto en su nombre, para requerir una indemnización individual,  así como de accionar en nombre de la colectividad, lo que constituye según la doctrina la reparación del daño ambiental en su estado puro. El daño ambiental colectivo,  puede ser requerido por cualquier persona, en nombre de la colectividad, a fin de lograr la reparación del daño ambiental. Aunado a lo anterior el numeral 10, inciso c) del Código Procesal Contencioso administrativo, establece la legitimación activa, para quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. La Sala Constitucional sobre el punto a dispuesto: 

" En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos. (...) Ese concepto de "intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz.

Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley - como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. (...) De manera que, en tratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en particular. "

 Voto 2237-96 de la Sala Constitucional, de las catorce horas cincuenta y un minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis.

 

El actor Jorge Lobo, en sus pretensiones 3 y 5, solicita la reparación integral de todos los impactos o daños ambientales causados por la adopción de conductas violatorias del ordenamiento jurídico, y su consecuente ejecución,  bajo tal óptica, legitimándose activamente en criterio de este Tribunal bajo un interés colectivo para accionar válidamente en este proceso.

 

Respecto a la procedencia de los daños y perjuicios:

El daño ambiental, afecta la biodiversidad, los ecosistemas y hasta la salud, puede originarse de diferentes fuentes, sin embargo en lo que resulta de interés analizar en este proceso, lo es el generado por intervención del hombre.  Ese daño puede ser provocado individualmente o por una pluralidad, condición ésta última que consecuenta la responsabilidad de cada uno de los agentes que lo provocan o lo hacen posible, puede provenir tanto de conductas particulares o del Estado y sus instituciones, estos últimos por acción u omisión, lícita o ilícita, o bien producirse de una sola conducta o bien de una pluralidad de ellas, efectuadas simultáneamente o a través del tiempo. En nuestro país la flora y los recursos forestales  han sido declarados de interés público, conforme los numerales 1 y 3 de  Conservación de la Vida Silvestre y el numeral 1 de la ley Forestal, que establece como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales.

Para el caso concreto, conforme a los considerandos anteriores, se han declarado nulas las conductas administrativas; resolución número 3638-2005-SETENA, en la cual se otorga la viabilidad ambiental, la número 170-2008-SETENA, en la cual se aprueba la modificación de cambios propuestos en el proyecto, la R-217-2008-MINAE, en la que se otorga la concesión minera, la 244-2008-SCH, dictada por el Sistema Nacional de Áreas de conservación, en la que se aprueba el cambio de uso se suelo, autorizándose la corta y aprovechamiento de especies vedadas, la corta y aprovechamiento de árboles en zonas de protección, en punto la corta de 12391 árboles, en 262.88 hectáreas,  (según la resolución de viabilidad ambiental- cambios propuestos-, 227.6 hectáreas) y el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET, en el que se declaró de interés público y conveniencia el Proyecto Minero Crucitas,  consecuencia de lo anterior, resulta indispensable determinar si tales conductas causaron los daños ambientales requeridos por el actor Jorge Lobo. Se tuvo por demostrado en este proceso, que la resolución 244-2008-SCH, autorizó la corta y aprovechamiento de árboles, resolución de la cual se inicio su ejecución en octubre de 2008, concretamente se ejecutó la tala rasa en las zonas a desarrollar el proyecto minero Crucitas, iniciando un viernes suspendiéndose el lunes de la semana siguiente, ( como así lo manifestó en su declaración durante el juicio oral y público, la testigo perito Sandra Arredondo, quien era  la regente ambiental del proyecto), lográndose la tala rasa de gran cantidad de árboles, actuación que se dio por parte de  personas contratadas por Industrias Infinito, y amparada a la resolución 244-2008. Aún cuando no fue posible determinar en el juicio, la cantidad exacta de árboles ni de terreno, ni tampoco la ubicación exacta en el campo, de cual sector del proyecto fue talado, la existencia de dicho daño fue probado durante el proceso, en el tanto la corta fue realizada al amparo de una conducta aquí declarada ilegal, daño que juicio de este Tribunal afectó tanto la flora, la fauna, el paisaje, el suelo, el aire, es decir alterando un ecosistema en sus funciones naturales.  Dicho lo anterior, resta por definir a cual o cuales sujetos procesales del corresponde asumir ese daño ambiental. En los considerandos anteriores, quedó demostrado la participación en los que hechos que aquí se denunciaron, tanto la empresa Industrias Infinito S.A., como el órgano administrativo que concedió la autorización, - 244-2008-, y el órgano que dictó el decreto de conveniencia nacional, que permitió la adopción de la citada resolución, son responsables solidarios por el daño ambiental provocado con la tala rasa llevada a cabo. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, resultan procedente condenar a los demandados; Industrias infinito S.A., el Sistema Nacional de áreas de Conservación y el Estado, a la reparación integral de las zonas afectadas en las propiedades de la empresa Industrias Infinito S.A., entendido como el daño ecológico o ambiental,  causado por la ejecución de la tala rasa, autorizada mediante resolución 244-2008-SCH, aquí declarada nula.  En razón de que no se determinó en el juicio,  cuanto se talo y en que sector, se ordena la remisión al proceso de ejecución de sentencia, para determinación de los daños, las medidas que deben tomarse a fin de reparar dicho daño, así como fijar la suma que sea necesaria para tal reparación.  Para cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente: el daño ambiental sufrido se determinará mediante prueba pericial, la cual deberá contener las recomendaciones necesarias para la reparación integral de la zona afectada; asimismo, pericialmente deberá cuantificarse la suma necesaria para la reparación integral de la zona impactada, y una vez fijada por el juez ejecutor, si bien el actor Jorge Lobo, se encuentra legitimado para accionar, no o está para la administración de la suma que se fijen para la atención y reparación, dicha suma deberá ser depositada en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, misma que deberá ser identificada con el objeto y destino para lo que fue creada y el titular de la cuenta será el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el que deberá destinar la suma fijada exclusivamente para ejecutar las obras de reparación y restauración de la zona afectada. Respecto a los codemandados: Estado y SINAC, deberá el Ministerio de Hacienda realizar la previsión presupuestaria de las sumas que se lleguen a establecer en ejecución de sentencia, a fin de garantizar la disposición presupuestaria para hacer efectiva la citada reparación. Además, deberá la empresa Infinito S.A. colaborar y permitir todas las actividades tendientes a la reparación aquí ordenada. Se ordena comunicar la presente sentencia al Ministerio de Hacienda, al Área de Servicios Públicos Generales y ambientales de la Contraloría General de la República, al Área de Derecho agrario-ambiental de la Procuraduría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, par que realicen la fiscalización, control  y seguimiento del proceso de reparación del daño,  de acuerdo a sus competencias.

 

XXXVI- En cuanto a las restantes pretensiones de Jorge Lobo Segura.

Se acoge la excepción de falta de derecho en relación con las demás pretensiones de la demanda de Jorge Lobo Segura (numeradas como 2 y 4), toda vez que no encontraron respaldo en nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, debe señalarse que a dicho actor no le asiste el derecho para que en esta sede se fijen limitaciones y reglas al Poder Ejecutivo para decretar la conveniencia nacional de proyectos, pues dichas condiciones están ya establecidas normativamente. Lo mismo sucede con la solicitud de que se ordene al Estado abstenerse de dictar o ejecutar conductas potencialmente lesivas de los intereses difusos reclamados por los actores, pues la generalidad y abstracción de lo pedido hace inviable reconocer un derecho en el sentido reclamado.

 

XXXVII- SOBRE LAS EXCEPCIONES.

Sobre la falta de legitimación activa y pasiva en relación con la pretensión de nulidad de los actos impugnados.

Se rechaza esta excepción tanto en su perspectiva activa como pasiva, en virtud de que la doctrina y la legislación son pacíficas en punto a reconocer la legitimación de todo individuo para accionar en vía judicial, con el objeto de reclamar la defensa de intereses difusos, como resultar ser el caso de los derechos ambientales. Así lo establecen los artículos 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 105 de la Ley de la Biodiversidad, en estrecha relación con el artículo 50 de la Constitución Política. Asimismo, se rechaza en su vertiente pasiva por cuanto los actos que sí resultaron susceptibles de impugnación, fueron emitidos por órganos del Estado que están debidamente representados en este proceso. En el caso de Industrias Infinito, por ser la persona jurídica que tenía interés directo en los actos aquí impugnados, resultaba procedente ser demandada en este asunto.

Sobre la falta de legitimación activa de Apreflofas para solicitar daño moral subjetivo.

Esta excepción debe ser acogida, toda vez que, conforme se explicó en el análisis precedente, dicha asociación no gozaba de legitimación para solicitar daño moral subjetivo.

Sobre la falta de legitimación activa y pasiva en relación con la pretensión de daños y perjuicios solicitada por Jorge Lobo Segura.

Esta excepción tanto en su forma pasiva como activa, debe ser rechazada, en vista de que la legitimación para reclamar daños ambientales es amplia y difusa, y en este caso, la pretensión del actor resultaba procedente en los términos explicados anteriormente.

Sobre el interés actual.

La excepción de interés actual debe rechazarse, habida cuenta que los actos impugnados se mantienen a la fecha vigentes, y por ende el interés de los accionantes de solicitar su nulidad, así como los daños ambientales derivados de la ilicitud de esas conductas.

Sobre la falta de derecho.

Finalmente la falta de derecho debe denegarse en relación con las pretensiones anulatorias y la de resarcimiento de daños ambientales, según quedó expuesto en esta sentencia, y acogerse en relación con las demás pretensiones de la demanda de Jorge Lobo Segura (numeradas como 2 y 4), toda vez que no encontraron respaldo en nuestro ordenamiento jurídico.

 

XXXVIII- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA EN ESTE PROCESO Y LA SOLICITUD DE SU LEVANTAMIENTO.

Se deberá mantener la medida cautelar ordenada en este proceso. La medida cautelar fue acogida en este proceso, suspendiendo la tala rasa, y tomando en cuenta que este órgano colegiado ha declarado nula la resolución 244-2008-SCH, dictada por el área de CONSERVACIÓN ARENAL-HUERTAR NORTE, que autorizó  el uso de cambio de suelo, y la corta de 12391 árboles,  distribuidas en 191.77 hectáreas cubiertas de bosque, 66.94 hectáreas en terreno de uso agropecuario y sin bosque y la corta de 4.17 hectáreas de áreas plantadas, para un total de 262 hectáreas y 57 metros cuadrados a talar y habiéndose condenado a los demandados a la reparación integral del daño causado, y ordenarse precisamente que en proceso de ejecución de sentencia, se determinen las áreas taladas, así como las medidas de reparación, resulta totalmente improcedente la solicitud de levantamiento de Medida Cautelar. Es importante citar que las medidas cautelares, tienen como finalidad la protección de objeto del proceso, así como evitar daños de difícil e imposible reparación que pueda provocar determinada actuación u omisión, en el caso concreto, la ejecución de la actuación formal de la administración, mediante la resolución 244-2008, del Sistema de Áreas de Conservación, misma que aún cuando se suspendió,   su ejecución inicial, permitió la tala rasa, y así provocó el daño ya citado en el considerando anterior, en la zona afectadas, situación que precisamente que fue vista y atendida desde 16 de abril de dos mil diez, cuando se dictó la medida provisionalísima por parte de este Tribunal, ordenando la suspensión de la tala autorizada, y en sentencia del 20 de abril de 2010, se  acogió en forma definitiva la suspensión de la tala rasa, a fin de proteger " el habitat y ecosistemas de muchos seres vivos, además de los árboles", medida cautelar, a que a su vez fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones,  resoluciones que este Tribunal no encuentra motivos para variar, aunado lo anterior, que para este órgano decisor durante el juicio oral y público pudo extraer de la prueba evacuada no solo el daño provocado con la tala efectuada, sino el potencial daño que sufriría el ecosistema de la zona, precisamente por la incerteza, sobre las especies existentes en la zona, cuales de ellas eran vedadas, y cuales no, elemento que se echa de menos, en la citada resolución 244-2008, lo cual incide de forma directa en el plan de recuperación forestal. 

 

XXXIX- SOBRE LA DECISIÓN DE INSCRIBIR ESTA SENTENCIA EN EL REGISTRO NACIONAL MINERO.

Al haberse anulado en este proceso la resolución que otorgó la concesión de explotación minera, deviene imprescindible ordenar comunicar esta decisión al Registro Nacional Minero, por disponerlo así expresamente el artículo 109 del Código Minero.

 

XL- SOBRE LAS COMUNICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE ESTA SENTENCIA.

En el presente caso se han detectado ilegalidades tan significativas, que este Tribunal estima pertinente comunicar la sentencia a otros órganos públicos, con el fin de que cada uno de ellos determine si, aparte de las nulidades declaradas por este cuerpo jurisdiccional, proceden algunas otras responsabilidades por parte de personas cuyas actuaciones han resultado de relevancia para la producción de las conductas administrativas aquí declaradas nulas. En primer término, se ordena comunicar esta sentencia al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con el fin de que a lo interno de esa cartera se inicien los procedimientos disciplinarios que correspondan contra Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla. Sobre el particular, es necesario indicar que para este Tribunal, la intervención de estas personas, en su calidad de funcionarios públicos, ya sea de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (el primero de ellos) o de la Dirección de Geología y Minas (el segundo y la tercera), en la producción de actos administrativos aquí declarados nulos por su abierta ilegalidad, constituye suficiente mérito como para llevar adelante los procedimientos necesarios para determinar si incurren en algún supuesto de responsabilidad personal por estos actos. Además, debe comunicarse esta sentencia al Ministerio Público. En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero. Por ello, dada su intervención en el desarrollo de las conductas aquí declaradas ilegales y anuladas, resulta pertinente comunicar lo resuelto al Ministerio Público para que allí se determine si es procedente o no seguir una causa penal en contra de alguna de las siguientes personas: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias. Es necesario recordar que el Presidente de la República y el respectivo Ministro tienen el deber, establecido en el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, de velar por el exacto cumplimiento de las leyes; así, dado que el decreto ejecutivo número 34801-MINAET resulta abiertamente ilegal y fue suscrito por Oscar Arias Sánchez y Roberto Dobles Mora, ello es lo que hace que surja la posibilidad de que pueda caberles alguna responsabilidad de índole penal. Asimismo, los señores Arias Sánchez y Dobles Mora son quienes suscribieron la resolución R-217-2008-MINAE, mediante la cual se otorgó la concesión minera a Industrias Infinito, acto también ilegal y declarado nulo en este fallo. Por su parte, Sonia Espinoza Valverde y Eduardo Murillo Marchena, actuando como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, participaron en la evaluación ambiental de los cambios propuestos al proyecto minero Crucitas y no observaron limitaciones que fueron fijadas por la Dirección de Geología y Minas, lo cual motiva la decisión de que su conducta sea examinada por el Ministerio Público. Además, en el caso de estas dos personas, debe recordarse su participación en la emisión del oficio ASA-013-2008-SETENA, el cual, si bien es cierto es un acto que finalmente no resultó susceptible de impugnación en este proceso, también lo es que sí fue objeto de discusión, durante la cual salió a la luz la manifestación de la testigo perito Marta Elena Chaves Quirós, quien merece plena credibilidad y dijo en juicio que ella no participó en la evaluación ambiental de los cambios propuestos al proyecto minero Crucitas, pese a lo cual Espinoza Valverde y Murillo Marchena expresaron que sí participó, situación que podría ser esclarecida en sede penal, de haber mérito para ello. En lo que respecta a Sonia Espinoza Valverde en particular, debe recordarse que resultó necesario en este proceso ordenar su captura y presentación, por cuanto, luego de conocer las manifestaciones de los abogados de las partes actoras y de la coadyuvante activa, así como tras valorar lo consignado por la Oficina de Localizaciones y Citaciones de Pavas, se consideró como razonablemente posible que ella se estuviera ocultando para evitar ser citada mediante cédula, situación que considera este cuerpo juzgador debe ser puesta en conocimiento del Ministerio Público. En relación con José Francisco Castro Muñoz y Cinthya Cavallini Chinchilla, debe recordarse cómo el primero dijo desconocer inicialmente lo relativo a la servidumbre minera que pretendía constituirse sobre un camino público, mientras que la segunda manifestó que el primero siempre conoció del tema, lo cual podría resultar de relevancia para el Ministerio Público. Además, el señor Castro Muñoz, en su calidad de Director de Geología y Minas, y la señora Cavallini Chinchilla, en calidad de Jefe del Registro Nacional Minero, tuvieron participación a la hora de recomendar la conversión de la concesión que se dio a Industrias Infinito, lo cual resultó ser algo carente de toda viabilidad legal, no sólo por la inaplicabilidad de la figura de la conversión, sino también, entre otras cosas, por no considerar la existencia de un camino público en el lugar donde se proyectaba construir la laguna de relaves y por no observar que la viabilidad ambiental dada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a los cambios propuestos al proyecto, contravenía las limitaciones técnicas impuestas por la propia Dirección de Geología y Minas, todo lo cual conviene que sea puesto en conocimiento del Ministerio Público, para lo de su cargo. Finalmente, en relación con Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias, debe indicarse que ella fue la regente ambiental del proyecto desde el 2007 hasta mediados de 2010, mientras que él era el representante legal, de modo que participaban en la toma de decisiones por parte de la empresa, la cual, durante ese período, realizó gestiones induciendo a error a la Administración, como lo fue, por ejemplo, insistir en extraer material por debajo del límite técnico de setenta y cinco metros sobre el nivel del mar, como también en gestionar una servidumbre minera para ocupar permanentemente un camino público, todo lo cual es pertinente que sea examinado por el Ministerio Público. Sobre esta comunicación al Ministerio Público es necesario hacer ver que este Tribunal está obligado a realizarla, por lo dispuesto en el artículo 281 del Código Procesal Penal, pues se trata de conductas que, vistas individualmente, permitirían pensar en la posibilidad de actuaciones delictivas en relación con los deberes de la función pública, entre otros. Pero, además, tal como ya se indicó, tal cantidad de ilegalidades, todas concurrentes y  provenientes de funcionarios de diversos órganos y de los más variados niveles, incluyendo autoridades políticas superiores, aunados a las actuaciones de la misma empresa, hace también viable pensar en la posibilidad de alguna orquestación de voluntades para lograr la puesta en marcha del proyecto minero Crucitas de cualquier manera. Esta posibilidad se aprecia no sólo por las actuaciones ilegales en sí, sino por el contexto en que estas se dieron: la mayoría de los actos se emitieron estando vigente un decreto de moratoria de la actividad de minería metálica a cielo abierto; esta moratoria fue levantada durante la administración Arias Sánchez de 2006 a 2010; el decreto de declaratoria de conveniencia nacional fue emitido en esa misma administración; sin esa declaratoria no se podía realizar la tala; sin esa tala no se podía llevar adelante el proyecto; todo lo cual justifica que sea el Ministerio Público el que determine si hay mérito o no para realizar una investigación penal de este asunto. Por último, debe comunicarse esta sentencia a la Fiscalía del Colegio de Abogados, para que investigue el comportamiento del licenciado Sergio Artavia Barrantes, durante el juicio celebrado con ocasión de este proceso. El licenciado Artavia Barrantes, desde el inicio del juicio, atacó injustificadamente al Tribunal, calificándolo de parcializado en algunos momentos en que simplemente se cumplió con el mandato legal de averiguar la verdad real de los hechos. Además, fue claro al tachar al Tribunal de torturador por haber ordenado la captura de la testigo perito Sonia Espinoza Valverde, a quien procedió a defender pese a no ser su abogado, a tal punto que acuerpó un recurso de revocatoria promovido por el licenciado José Manuel Echandi Meza contra la decisión de capturar y presentar a dicha declarante, recurso que, por cierto, pese a ser suscrito por el licenciado Echandi Meza, presenta las señas "Artavia & Barrantes" en el encabezado del documento transmitido vía fax (véase la pieza de folio 2296 a folio 2299 en el tomo IV del expediente judicial). Esta defensa de los testigos realizada por el licenciado Artavia Barrantes, quien era representante de una parte en el juicio, llegó a tal punto que incluso, según él mismo lo manifestó, se tomó la libertad de atender inquietudes de la testigo Sonia Lidia Cervantes Umaña, pese a que con anterioridad había desistido de ella como su testigo y la misma había sido ordenada para mejor resolver por parte del Tribunal. Y alegando dudas de esa persona, cuestionó si el Tribunal le permitiría declarar libremente o si le daría un trato denigrante arrestándola y haciéndola pasar la noche en una celda, lo cual consideramos son manifestaciones tendenciosas e irrespetuosas que deben ser conocidas por la Fiscalía del Colegio de Abogados, pues tratan de hacer ver a este cuerpo jurisdiccional como autor de arbitrariedades en el trato a los testigos, lesiones a los derechos fundamentales que, por cierto, fueron descartadas por la Sala Constitucional  en el caso de Sonia Espinoza Valverde, según la sentencia 2010-18329, de las 16:14 horas del 2 de noviembre de 2010, mediante la cual se declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de dicha testigo. Así, todas las actuaciones del licenciado Artavia Barrantes deben ser puestas en conocimiento de la Fiscalía del Colegio Abogados, para que allí se determine si él ha incurrido o no en alguna violación del Código de Ética de dicha corporación.

 

XLI- SOBRE LA CONDUCTA DEL PROCURADOR MAURICIO CASTRO LIZANO EN ESTE PROCESO.

Aún cuando este Tribunal ha decidido no efectuar ninguna comunicación particular en relación con el Procurador Mauricio Castro Lizano, sí estima necesario hacer ver que ello se debe a que la representación del Estado cambió su proceder desde que se incorporó al juicio la Procuradora Susana Fallas Cubero. No obstante ello, es pertinente expresar que a este cuerpo jurisdiccional no pasó desapercibida la forma cómo, durante las audiencias, el Procurador Castro Lizano coordinó, a través de papeles, comunicaciones verbales o incluso mediante señas, con la representación de Industrias Infinito, los más diversos temas, incluidos el de si se objetaban preguntas o se formulaban revocatorias. En ese sentido, dio la impresión de que el Procurador Castro Lizano no estaba realizando únicamente la defensa técnica de los intereses públicos, sino que estaba dando cabida también a la defensa de los intereses privados de la empresa. Y cabe recordar aquí que la Procuraduría General de la República, dadas las funciones que tiene asignada, no puede dividirse y defender en juicio posiciones a ultranza que niegan lo dicho por ese órgano en sus dictámenes. Tal dualidad no es posible, pues la Procuraduría General de la República debe asumir en los procesos contencioso administrativos, posiciones objetivas, tales como las que asume en los procesos constitucionales. Retomando el caso concreto, conviene destacar que no fue sino después de la incorporación al juicio de la Procuradora Fallas Cubero, que el Procurador Castro Lizano objetó una pregunta de Industrias Infinito, lo cual llama mucho la atención. Finalmente, cabe indicar que durante la etapa de conclusiones se percibió lo que pareció ser una inadecuada identificación del Procurador Castro Lizano con los intereses particulares de Industrias Infinito, pues cuando el representante de la empresa pretendía hacer la exposición de diversos materiales, el referido representante estatal defendió la importancia de las muestras para la teoría del caso de la empresa incluso antes de que el abogado de ella la expusiera. Pese a ello, es criterio de este Tribunal que debido a la participación de la licenciada Fallas Cubero, no encuentra razones para comunicar esta sentencia a algún órgano en lo que respecta a la actuación del licenciado Castro Lizano, sin perjuicio de lo que las partes actoras estimen pertinente.

 

XLII- SOBRE LAS COSTAS.

Por expresa disposición legal, artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, al resultar vencidos en este proceso, procede condenar a los codemandados al pago de ambas costas de esta acción.

 

 

POR TANTO:

 

Se admite el hecho nuevo formulado por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre en relación con la falta de visado del Colegio de Ingenieros Químicos y la falta de firma de un Ingeniero Químico, en los planos y diagramas de flujo del Proyecto Minero Crucitas. Se admite el hecho nuevo formulado por los actores y su coadyuvante en relación con la existencia de un camino público en la zona del Proyecto Minero Crucitas, el cual la empresa demandada propone disponer para la construcción de la laguna de relaves. Se acoge la defensa de actos no susceptibles de impugnación formulada por Industrias Infinito Sociedad Anónima, únicamente en relación con los oficios número DST-773-2006, emitido por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria en fecha 4 de octubre de 2006, y número ASA-013-2008-SETENA, emitido por el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha 14 de enero de 2008. En consecuencia, se declara inadmisible la demanda de Jorge Lobo Segura únicamente en cuanto a sus pretensiones anulatorias contra los oficios DST-773-2006 y ASA-013-2008-SETENA, ya citados. Se rechazan las defensas previas de cosa juzgada, caducidad y la así denominada "inadmisibilidad de la acción" formuladas por el Estado. Se rechazan las defensas previas de cosa juzgada, caducidad, prescripción, acto consentido y, en lo que no fue acogida, la de actos no susceptibles de impugnación, formuladas por Industrias Infinito Sociedad Anónima. Se rechazan las defensas previas de cosa juzgada y caducidad formuladas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de interés opuestas por los demandados en relación con las pretensiones de nulidad de las resoluciones número 3638-2005-SETENA, número 170-2008-SETENA, número R-217-2008-MINAE, número 244-2008-SCH y el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET. Se acoge la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Estado en relación con la pretensión de daño moral formulada por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre. Respecto de las pretensiones numeradas como 2 y 4 del escrito de demanda de Jorge Lobo Segura visibles a 1517 tomo III del expediente judicial, se acoge la excepción de falta de derecho, y se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y falta de interés opuestas por los codemandados. Se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de interés, opuestas por los codemandados respecto de las pretensiones de reparación del daño formuladas por Jorge Lobo Segura, contenidas en las pretensiones numeradas como 3 y 5 de su escrito de demanda a folio 1517 del tomo III del expediente judicial. Corolario de lo anterior, se declaran parcialmente con lugar las demandas presentadas por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre y Jorge Lobo Segura y, en consecuencia, se resuelve así: Se anulan las resoluciones número 3638-2005-SETENA, número 170-2008-SETENA, número R-217-2008-MINAE, número 244-2008-SCH y el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET. Se condena a los demandados Industrias Infinito Sociedad Anónima, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de Industrias Infinito Sociedad Anónima, con posterioridad al dictado de la resolución N°244-2008-SCH, mismos que se determinarán en fase de ejecución de sentencia, tomando en cuenta para tales efectos lo siguiente: el daño ambiental sufrido se determinará mediante prueba pericial, la cual deberá contener las recomendaciones necesarias para la reparación integral de la zona afectada; asimismo, pericialmente deberá cuantificarse la suma necesaria para la reparación integral de la zona impactada, y una vez fijada por el juez ejecutor, dicha suma deberá ser depositada en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, misma que deberá ser identificada con el objeto y destino para lo que fue creada y el titular de la cuenta será el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el que deberá destinar la suma fijada exclusivamente para ejecutar las obras de reparación y restauración de la zona afectada. Respecto a los codemandados Estado y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, deberá el Ministerio de Hacienda realizar la previsión presupuestaria de las sumas que se lleguen a establecer en ejecución de sentencia, a fin de garantizar la disposición presupuestaria para hacer efectiva la citada reparación. Deberá Industrias Infinito Sociedad Anónima colaborar y permitir todas las actividades tendientes a la reparación aquí ordenada. Se ordena comunicar la presente sentencia al Ministerio de Hacienda, al Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales de la Contraloría General de la República, al Área de Derecho Agrario-Ambiental de la Procuraduría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República, para lo de sus cargos. Se mantiene la medida cautelar ordenada mediante resoluciones N°1377-2010 de las 18:25 horas del 16 de abril del 2010 y N°1476-2010, de las 16:07 horas del 23 de abril del 2010, hasta una vez que alcance firmeza esta sentencia. Se ordena al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito Sociedad Anónima que se tramitó como expediente minero N°2594. Se ordena comunicar esta sentencia al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a efecto de que se inicien los procedimiento administrativos que correspondan contra Eduardo Murillo Marchena, Jose Francisco Castro Muñoz y Cynthia Cavallini Chinchilla. Se ordena comunicar esta sentencia al Ministerio Público para que allí se determine si es procedente o no seguir una causa penal en contra de alguna de las siguientes personas: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias. Se ordena comunicar a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas para que se investigue el comportamiento del abogado Sergio Artavia Barrantes en este proceso. Se condena al Estado, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a Industrias Infinito Sociedad Anónima al pago de ambas costas.  De conformidad con el numeral 130 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se ordena publicar íntegramente la presente sentencia en el diario oficial La Gaceta, con cargo al Estado. Es Todo.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:01:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo, Section IV

Resolution No. 04399 - 2010

Date of Resolution: December 14, 2010 at 10:40 a.m.

Case File: 08-001282-1027-CA

Drafted by: No drafter indicated

Type of Matter: Ordinary administrative contentious proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Relevance Indicators

Relevant Judgment

Related Judgments

Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental

Type of Content: Majority vote

Branch of Law: Mining Law

Topic: Mining exploitation concession

Subtopics:

Nullity of administrative acts related to the Crucitas case.
Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the environmental damages caused.

Topic: Administrative act

Subtopics:

Nullity of resolutions and Decree related to the Crucitas case.
Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the environmental damages caused.

Topic: Nullity and ineffectiveness of the administrative act

Subtopics:

Crucitas case.
Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the environmental damages caused.

Topic: Defects of the administrative act

Subtopics:

Crucitas case.
Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the environmental damages caused.

Topic: Decree

Subtopics:

Defects in the declaration of public interest and national convenience of the Crucitas Mining Project.
Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the environmental damages caused.

Topic: Mining environmental protection

Subtopics:

Considerations regarding the depth of extraction and the impact on the interior aquifer in the Crucitas case.
Duty of the Dirección de Geología y Minas and SETENA to reciprocally assess their criteria.

Topic: Administrative contentious jurisdiction

Subtopics:

Competence to analyze the legality in the granting of a mining concession in the Crucitas case.
Distinction from the control exercised in the constitutional jurisdiction.

Topic: Res judicata in administrative contentious matters

Subtopics:

Dismissal or declaration without merit of an amparo appeal does not generate it.

Topic: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Subtopics:

Competence to issue approval or oppose the granting of the exploitation permit or the concession of a mining exploitation.

Topic: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria

Subtopics:

Non-appealability in the jurisdictional venue of the criterion issued regarding a mining concession.

Topic: Precautionary principle in environmental matters

Subtopics:

Concept, foundation, and scope as a parameter of legality for administrative conduct.
Analysis regarding the burden of proof and the oversight role of the administrative contentious judge.

Topic: Burden of proof in environmental matters

Subtopics:

Analysis regarding the precautionary principle and the oversight role of the judge.

Topic: Principle of legality in administrative contentious matters

Subtopics:

Violation due to the non-application of the moratorium decree on mining activity and conversion of the administrative act.

Topic: Principle of singular non-derogability of regulations

Subtopics:

Violation due to the non-application of the moratorium decree on mining activity and conversion of the administrative act.

Topic: Environmental impact study (estudio de impacto ambiental)

Subtopics:

Nullity of an administrative resolution that approves changes in a mining project without requesting the corresponding evaluation.

Topic: Mining environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental)

Subtopics:

Nullity of an administrative resolution that approves changes in a project without requesting the corresponding evaluation.

Topic: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Subtopics:

Nullity of a resolution that approves changes in a mining project without requesting the corresponding environmental study.
Favorable criteria brought to the judicial process do not substitute its technical function.
Impossibility of setting aside what was resolved by the Dirección de Geología y Minas regarding environmental protection in relation to mining activity.

Topic: Expert in the administrative contentious process

Subtopics:

Expert opinions do not remedy SETENA's omission to request an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and to analyze the changes to the Crucitas Mining Project.

Topic: Conversion of the administrative act

Subtopics:

Inapplicability of the institute in relation to the exploitation concession that had been annulled by the Sala Constitucional in the Crucitas case.

Topic: Declaration of public interest

Subtopics:

Violation of procedure, absence of a balance between benefits and costs, and lack of substantiation of the decree in the Crucitas Case.

Topic: Highways and public roads

Subtopics:

Nullity of the constitution of a mining easement (servidumbre minera) of permanent occupation over a Municipal-owned property due to the absence of declassification (desafectación).
Analysis of its public domain nature (naturaleza demanial).

Topic: Mining easement (servidumbre minera)

Subtopics:

Nullity of constitution over a cantonal public road due to absence of declassification (desafectación).

Topic: Public domain asset (bien demanial)

Subtopics:

Analysis regarding public streets and roads.

Topic: Dirección de Geología

Subtopics:

Impossibility of setting aside what was resolved by SETENA regarding environmental protection in relation to mining activity.

Topic: Interpretation of the norm in environmental matters

Subtopics:

Correct application does not undermine legal certainty nor negatively affect foreign investment.

Topic: Moral damages

Subtopics:

Analysis regarding the legal entity.

Topic: Environmental damage

Subtopics:

Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the damages caused in the Crucitas case.

Topic: Ecological damage

Subtopics:

Condemnation of Industrias Infinito, the State, and SINAC to the full remediation of the damages caused in the Crucitas case.

“IV- OBJECT OF THE PROCEEDING.

In this matter, the plaintiff parties request that the absolute nullity be declared of several administrative acts that were issued on the occasion of the application for a mining exploitation concession, filed by the company Industrias Infinito S.A. By way of recount, the acts are as follows: 1) resolution No. 3638-2005-SETENA, by which the environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the Crucitas Mining Project. 2) Resolution No. 170-2008-SETENA, by which the Administration approved the request for modification to the Crucitas Mining Project submitted by Industrias Infinito S.A. 3) The report ASA-013-2008-SETENA, which constituted the report prior to the issuance of the aforementioned resolution. 4) Resolution No. R-217-2008-MINAE, by which the Administration converted resolution No. R-578-2001-MINAE, and granted the mining exploitation concession in favor of the company Industrias Infinito. 5) Resolution No. 244-2008-SCH, by which the Administration authorized tree felling on the properties of Industrias Infinito S.A. 6) Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34801-MINAET, by which the Crucitas Mining Project was declared of public interest and national convenience. 7) Official letter No. DST-773-2006, by which INTA did not oppose the land-use change (cambio de uso de la tierra) on the properties of Industrias Infinito S.A. Likewise, the plaintiffs have requested payment for damages, full remediation of environmental damages, and that the limits within which the Administration must adjust its conduct be set, as well as the award of costs against the defendants. In support of their claims, the plaintiffs argue that the indicated administrative acts contain a series of defects in their constitutive elements, and they reproach that a series of technical topics were not adequately evaluated or their consideration was omitted in the respective administrative procedures. The defendants, for their part, consider that the referred conduct is in accordance with the legal system, argue that the Crucitas Mining Project is legally and technically viable, and in relation to the plaintiffs' claims, they raise the defenses of acts not subject to challenge, expiration (caducidad), res judicata (cosa juzgada), consented act (acto consentido), statute of limitations (prescripción), as well as the exceptions of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of current interest, and lack of right. In the Tribunal's opinion, the claims must be partially granted, based on the following reasoning.

 

V- ON THE DEFENSE OF RES JUDICATA (COSA JUZGADA).

In the present matter, all the defendants, as well as their co-adjuvant, have raised the exception of res judicata (cosa juzgada). In unison, they have maintained -in essence- that what was raised by the plaintiffs and the active co-adjuvant was already resolved by the Sala Constitucional, whose decisions -they say- produce the effect of res judicata (cosa juzgada) over this administrative contentious proceeding. In support of the defense of res judicata (cosa juzgada), those who invoke it argue that the Sala Constitucional has issued judgments 2010-06922, of 2:45 p.m. on April 16, 2010, and 2010-14009, of 1:59 p.m. on August 24, 2010, by which it ruled on the topics discussed in the proceeding that occupies us here. They state that by virtue of the provisions of Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, what was decided in the constitutional venue is binding erga omnes and, consequently, cannot be disregarded by this Chamber. The Tribunal considers that this exception must be rejected. In the first place, it must be noted that it cannot be ignored that the two judgments of the Sala Constitucional alluded to by the defendants and the passive co-adjuvant were dismissive. It is necessary to make clear here once and for all, that even though judgment No. 2010-6922 grants the amparo appeal with regard to a single point (the requirement of a technical pronouncement by SENARA), the truth is that in all other respects the ruling under comment was dismissive of the amparo appeal, and given that for the issuance of this judgment the SENARA matter is unimportant, for that reason resolution 2010-6922 is considered dismissive in general. Likewise, if this is considered in light of the fact that these were amparo proceedings, it is clear to this Tribunal that what the Sala Constitucional determined is that the conduct submitted to its knowledge in those two appeals did not imply the violation of the fundamental rights of the appellants. And in that sense, this Tribunal fully observes Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since the fact that the injury to the fundamental rights of the amparo petitioners was not verified in the constitutional venue does not mean that the administrative conduct does not contain defects of legality. And it is that from the non-affectation of fundamental rights, the non-observance of legality does not follow. One and the other are distinct analyses, which are carried out from different parameters and, in the Costa Rican legal system, thanks to a matter of competences, by separate bodies. Thus, in the present case, what was resolved by the Sala Constitucional in judgments 2010-06922 and 2010-14009, already cited, does not share identity of object, nor of parties, nor of cause, with what has been heard in the ordinary administrative contentious proceeding number 08-001282-1027-CA, for which reason it must be ruled out that the statements made by the Sala Constitucional in the two judgments already referred to, generate res judicata (cosa juzgada) with respect to what this Tribunal is hearing. It should be noted that amparo 08-014068-0007-CO, which culminated in the issuance of judgment 2010-06922, was promoted by Edgardo Vinicio Araya Sibaja on behalf of the Asociación Norte por la Vida, but it cannot be ignored that in the administrative contentious proceeding of interest here, that organization has been a co-adjuvant, not a party, and Mr. Edgardo has been only the legal representative of the Association, not an appellant, as he was in the constitutional venue. On the other hand, the amparo processed as case file 08-008647-0007-CO, which culminated in the issuance of judgment 2010-14009, was promoted by Carlos Manuel Murillo Ulate and Douglas Dayan Murillo Murillo, who have not appeared either as parties or co-adjuvants in this administrative contentious proceeding. In this way, there is no identity of parties between the constitutional proceedings and the one carried forward in this venue, which, according to the provisions of numeral 163 of the Code of Civil Procedure, is sufficient, by itself, to rule out that what was resolved by the Sala Constitucional in the two indicated amparo appeals constitutes res judicata (cosa juzgada) with respect to what is decided here. But furthermore, there is also no identity of object and cause between those proceedings and the present one, which is evident if one takes into account what is heard by reason of an amparo appeal and what is resolved in an administrative contentious proceeding. It should be remembered that the amparo appeal is contemplated in numeral 48 of the Political Constitution, where, after reserving the habeas corpus appeal to guarantee the liberty and integrity of the person, it is conceived as a means to maintain or restore the enjoyment of other constitutional rights or those rights of a fundamental nature contemplated in international instruments on human rights. As can be seen, from the Fundamental Law itself, constitutional and fundamental rights are distinguished from other rights, with the amparo appeal being provided only for the tutelage of those two. In the same sense, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in its Article 2, subsection a) and in Article 29, is clear in providing that the amparo appeal is intended to guarantee the fundamental rights and liberties not protected by the habeas corpus appeal. Thus, what is determined through an amparo proceeding is whether or not said fundamental rights were violated. What happens is that, when the Sala Constitucional dismisses or declares an amparo appeal without merit, numeral 55 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional becomes applicable, which establishes the following: "The rejection of the amparo appeal does not prejudge the responsibilities that the author of the grievance may have incurred. The offended party or the Administration, as the case may be, may promote or exercise the corresponding actions, or apply the pertinent measures." As can be appreciated, the Ley de la Jurisdicción Constitucional itself foresees the consequences of the rejection of an amparo, and it so happens that in such an event, the decision does not prejudge other responsibilities on the part of the author of the grievance, that is, the dismissal of the appeal does not entail the non-existence of a grievance for the interested party, who may exercise other actions to try to prove it. It is here that what is contemplated in Article 49 of the Political Constitution, which creates the administrative contentious jurisdiction, acquires total relevance. By creating this jurisdiction within the chapter on individual rights and guarantees of the Magna Carta, it is clear that access to it constitutes a guarantee for the inhabitants of the Republic who seek that the Public Administration be subject to legality in its actions. In that sense, this Tribunal considers that the Political Constitution marks an important difference between the competences assigned to the constitutional jurisdiction and the administrative contentious jurisdiction. In both cases, the full subjection of the public powers to the legal system is sought -among other things-, but the Sala Constitucional must carry out that control from the perspective of fundamental rights, without being able to descend to an examination of legality when it has ruled out the violation of a fundamental right, while, in contrast, all the bodies that make up the administrative contentious jurisdiction are obliged to always carry out different types of analysis, from the Political Constitution down to the lowest levels of the hierarchy of administrative normative sources, even if no violation of fundamental rights is involved. This distinction in the jurisdictional scope of competence of each of the indicated bodies is what determines the inexistence of identity between the object and the cause of what was heard by the Sala Constitucional in the amparo appeals already indicated and what was examined by the Tribunal Contencioso Administrativo in this proceeding. Before the constitutional jurisdiction, the aim was to guarantee the tutelage of fundamental rights, but before the administrative contentious jurisdiction, the aim has been to guarantee the legality of the administrative function. From that perspective, it is clear to this Chamber that the claims of the then appellants and those of today's plaintiffs differ considerably in terms of their foundation, since what was petitioned in the amparo appeals was made to depend on the declaration of injuries to fundamental rights (which did not happen), while what was claimed in this proceeding was made to depend on the violation of legality (which has been held to be true). It is worth reiterating here that this approach finds its axis in the fact that the Sala Constitucional, upon issuing judgments 2010-06922 and 2010-14009, declared the amparo appeals without merit, that is, it issued dismissive rulings. And this is very important to highlight in light of a precedent cited by Industrias Infinito's own representation during its closing arguments. In addressing the topic of res judicata (cosa juzgada), the defendant company invoked in its favor the judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 339-F-2005, of 2:45 p.m. on May 25, 2005, a resolution from which the very legal representative cited the following excerpt in the debate: "In accordance with numeral 163 of the Code of Civil Procedure, judgments issued in ordinary or abbreviated proceedings, as well as those other resolutions indicated in an exhaustive manner, produce the authority of material res judicata (cosa juzgada). Within this latter case are the estimatory judgments issued by the Sala Constitucional, which, in light of the provisions of precept 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, are not susceptible to discussion in other instances regarding the constitutional infraction." As can be seen, what the First Chamber considered capable of producing res judicata (cosa juzgada) in accordance with Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional are the estimatory resolutions of the Sala Constitucional, not the dismissive ones, the First Chamber also being clear in understanding that the erga omnes binding force refers to the constitutional infraction. In other words, Industrias Infinito's own argumentation comes to reinforce this Tribunal's thesis to the effect that, having dismissed the amparo proceedings already mentioned, what was resolved by the Sala Constitucional in those two cases does not produce the effect of res judicata (cosa juzgada) in relation to the matter being resolved in this judgment. Additionally, it is necessary to show that the position assumed by the Fourth Section of this Tribunal in issuing the present judgment is not isolated, but rather is in full consonance with what has been established by other Sections. Thus, for example, it is worth indicating that the Sixth Section, in judgment number 730-2009, of 2:30 p.m. on April 21, 2009, has indicated the following: "...This Tribunal considers that the exception of material res judicata (cosa juzgada) must be rejected for the following reasons: a) The Political Constitution defines the jurisdictional scope of competence of both jurisdictions, based on the object that both pursue. Regarding the Constitutional Jurisdiction (Articles 10 and 48), it is to guarantee constitutional supremacy, through -in this case- the maintenance or restoration of the fundamental rights enshrined in the Political Constitution and in the International Instruments in force in the Republic, by means of the amparo appeal, with the exception of the rights that are protected by the habeas corpus appeal (see Articles 1, 2.a and 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Regarding the Administrative Contentious Jurisdiction (Article 49), it constitutes guaranteeing the legality of the administrative function of the State, its institutions, and of any other public law entity, given that the law will protect, at least, the subjective rights and the legitimate interests of the administered parties (see Article 1 of the Code of Administrative Contentious Procedure); b) It is true that the Law of the Constitution is binding by itself and that, being the foundation of the entire legal system, it must be applied by legal operators -whether of a jurisdictional nature or not-, because at the highest level it forms part of the 'principle of legality' to which the exercise of the administrative function is subject, and on whose compliance ultimately depends its effective control, the guarantee of the fundamental rights of the administered parties, the realization of the purposes of public interest, and the preservation of the democratic principle that constitutes the essential basis of the Social State of Law; c) From that perspective, if the administrative contentious judge is responsible for acting as the controller of legality in the exercise of the administrative function, this implies that, due to the nature of the object of his competence, he is one of the ordinary legal operators who best represents and exercises the function of protecting fundamental rights within that framework. This is because compliance with the principle of legality implies overseeing the exercise of the administration's powers of command against the fundamental rights of its main recipient -the administered party-, not only from a negative standpoint -that arbitrary conduct or conduct having the appearance of legality cause a violation of those rights-, but positive -that the realization of the purposes of public interest be pursued efficiently-; d) Notwithstanding the foregoing, we must be very clear that all of this falls within the scope of the competence granted by the constitutional text itself, which is ultimately determined by the object that is intended to be protected in each jurisdiction, which is why, although guaranteeing compliance with the principle of legality in the administrative contentious venue necessarily includes the Law of the Constitution; guaranteeing the principle of constitutional supremacy in the Jurisdiction provided for in Articles 10 and 48 of the Political Constitution does not imply reviewing whether, in accordance with the legal framework applicable to each case, it is appropriate to recognize, restore, or declare the existence, non-existence, or content of a legal situation or a relationship subject to the administrative legal system, in order to protect a subjective right or a legitimate interest; e) That derived from all of the above, we cannot maintain that the competences between both jurisdictions are concurrent, since the fact that in some cases there is material identity of the conduct subject to the proceedings processed in both jurisdictions does not have the virtue of assimilating the object pursued in each of these -which, according to the Constitution's own text, is distinct-, which in turn implies that the scope of their competence is also different. Let us remember that concurrent competences imply that each body has the fullness of the corresponding competence and can do the same as the other: if they are equal, what is done by one can be set aside by the other -in accordance with the principle that the later derogates the earlier-, and if they are unequal, the superior can do or undo everything that the inferior does before or after it resolves the matter submitted to its knowledge; f) In summary, even though the breach of the principle of legality indirectly causes the violation of a fundamental right due to non-observance of the legal system, this does not imply that guaranteeing the principle of constitutional supremacy, in those cases of violations or threats that directly injure the essential content of a fundamental right, thereby causing an urgent situation, implies a concurrent competence; the only possible concurrence -and which is not of competences- is the existence of alleged violations of fundamental rights, although originating from different grounds for injury, which is precisely what determines the scope of competence of each Jurisdiction, in accordance with the provisions of Articles 10, 48, and 49 of the Political Constitution; g) From that perspective, the scope of the provisions of Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, regarding the binding erga omnes nature of the jurisprudence issued by the Sala Constitucional of the Supreme Court of Justice, within the scope of its competence, must be understood in two senses: 1) If that Tribunal grants or declares with merit an amparo appeal, a habeas corpus appeal, or a constitutionality issue (action and judicial or legislative consultation), because the conduct or norms subject to the proceeding are contrary to the Law of the Constitution, in accordance with the provisions of Article 7 of the General Law of Public Administration, they constitute unwritten norms, whose application by legal operators is binding, in order to guarantee and make effective the principle of constitutional supremacy in the ordinary venue, both at the administrative and jurisdictional level; 2) If, on the contrary, the Sala Constitucional dismisses or declares without merit an amparo appeal or a habeas corpus appeal, because the conduct subject to the proceeding is not contrary to the Law of the Constitution, this does not prevent the appellant from resorting to the competent jurisdictional venue to protect his subjective rights or legitimate interests, so that there it can be determined whether or not the challenged conduct is contrary to the Legal System, since in accordance with the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution, in relation to 1, 2 subsections a and b, and 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the analysis carried out by said jurisdictional body implies the confrontation of the text of the questioned norm or conduct, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with constitutional norms and principles; h) The foregoing not only responds to the jurisdictional limits established for both jurisdictions in Articles 10, 48, and 49 of the constitutional text, but also to a general principle of justice whose effective application constitutes a fundamental right inherent to every person, which is extracted from the provisions of Articles 41 and 153 of the Political Constitution; i) Thus, it is the criterion of this collegiate body that the pronouncements of rulings issued in the constitutional venue (through amparo and habeas corpus appeals) have a direct impact on administrative contentious proceedings when, in that venue, the irregularity of public conduct due to injury to the regime of the Law of the Constitution has been ordered, and as a consequence thereof, the suppression of the administrative functioning under study has been ordered. In such cases, there would be no current interest in weighing the validity or not of a given public conduct in an administrative contentious proceeding, when the Constitutional Tribunal has already established its invalidity, for other causes, but whose effect would be the same, that is, its legal annulment. The same does not happen with dismissive decisions issued by that high jurisdictional body, since, in that hypothesis, the examination of the legality of the act acquires relevance and utility, an aspect that is not discussed in the constitutional venue, and this examination corresponds to this jurisdiction (Article 49 of the Political Constitution), as has been said. Ergo, the determination in the constitutional phase of no transgression of the Law of the Constitution is not an obstacle to a legality check, and may even generate the suppression of the act due to an infraction of the infra-constitutional Legal System. Therefore, in those cases, res judicata (cosa juzgada) cannot exist due to the rejection of an amparo appeal, since the object of analysis of this Tribunal is very different from that addressed in constitutional proceedings..." (the emphasis by bold or underlining is from the original). As can be appreciated, what was stated by the Sixth Section in the recently cited judgment is essentially the same approach that is exposed today in the present resolution. And even more important is that what was stated in judgment 730-2009, lately mentioned, was already confirmed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Cassation Tribunal for Administrative Contentious and Civil Treasury matters, in judgment number 107-F-S1-2010, of 8:30 a.m. on April 30, 2010. In this ruling, the First Chamber indicated the following: "Regarding the second accusation concerning the alleged contradiction with rulings issued by the Sala Constitucional, such an approach forces one to question whether an administrative conduct, whose non-conformity with the law of the constitution has been ruled out by the constitutional tribunal, can at the same time be illegal.

On this point, it is the opinion of this Chamber that, although both jurisdictions are concurrent, in that they are both controllers of administrative conduct in its various manifestations (formal, material, and omissive), the parameter used is different in each; the former is based on Constitutional Law (Derecho de la Constitución), and the latter, on the legality block (bloque de legalidad). Indeed, it could not be asserted that an entity that proceeds in accordance with the possible scope of action provided by the juridicity block (bloque de juridicidad) incurs a defect of unconstitutionality, since it is precisely the infra-constitutional norms that manage to materialize the general aspirations stipulated in the constitutional texts. Hence, in contentious-administrative matters, the analysis must be integrated with the entire legal system in order to determine any possible infringement of the legality block, a task constitutionally assigned to the contentious-administrative jurisdiction (Art. 49 of the Political Constitution). Therefore, reviewable before the contentious-administrative jurisdiction are both those cases where the constitutional court has dismissed or declared without merit the amparo or habeas corpus appeal filed, considering that the challenged conduct is not directly contrary to Constitutional Law, since in that case, the legality of the act or conduct is not addressed (which is the exclusive purview of contentious judges), as well as those in which, once the non-conformity with the Magna Carta has been declared, the litigant deems it appropriate to discuss the conformity of the actions with the legality block. In these cases, the administered party may resort to the contentious-administrative route to assert their potential subjective rights or legitimate interests and request that it be determined in that instance whether the challenged conducts or acts are contrary to the legal system or not. Thus, the interpretation made by the defendant, that all rulings issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) produce res judicata (cosa juzgada), is not valid, insofar as the analysis conducted by said decision-making body is different from that which the Contentious-Administrative Tribunal has carried out. Furthermore, regarding the "erga omnes" application of constitutional rulings, this Tribunal does not dispute that precept, contained in Article 13 of the [Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional)], but it is evident that such pronouncements are made solely and exclusively on the framework of the infringement of Constitutional Law. As can be seen, the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), acting as the Court of Cassation for Contentious-Administrative Matters, has also expressed itself in the sense expressed by this Tribunal in this judgment, the criteria of both jurisdictional bodies being coincident in that the judgments of the Constitutional Chamber dismissing or declaring an amparo appeal without merit do not produce the effect of res judicata over proceedings heard in the contentious-administrative jurisdiction. In addition to the foregoing, but in another order of ideas, it is necessary to point out that, in any case, the Constitutional Chamber itself, in its judgments 2010-06922 and 2010-14009, left the route open for the issues on which this judgment deals to be heard in the contentious-administrative venue. See, for example, that in judgment 2010-06922, the Constitutional Chamber, in Considerando XLIII of said ruling, takes up two other resolutions of that body (2004-09927 and 2005-06790) to indicate that in them "it has been repeatedly defined that it falls outside the scope of competence of this jurisdiction to dwell on assessing whether the studies have been well carried out or whether they comply with the necessary information, aspects that in themselves must be resolved by the corresponding technical instances" (emphasis and underlining supplied). The foregoing reveals that the Constitutional Chamber itself made it clear that it fell outside its competence to examine the technical correctness of the studies carried out on the Crucitas mining project. That same position was expressed by said Chamber in Considerando LX of the same judgment, in which it indicated: "It must be reiterated that the technical knowledge of the requests and pretensions such as those indicated here are the purview of the technical entities of the administration, so if the pertinent bodies have rendered their scientific criterion on the matter, it falls outside the scope of competence of the constitutional jurisdiction to discuss whether such criterion is in accordance with the equally technical nature of the elements taken into account by the administration for the issuance of its pronouncement; consequently, if the interested parties consider that there is any disagreement in this regard, they must file the pertinent actions before the corresponding bodies" (bolding and underlining are not from the original). It is clear how the Constitutional Chamber itself refrained from ruling on the correctness of the aforementioned technical reports, even maintaining (a criterion this Tribunal shares) that this aspect escapes its scope of competence and indicating that to challenge the appreciation that the Administration made of those reports, the "pertinent actions" must be filed, which are none other than those raised before the contentious-administrative jurisdiction. And here it must be remembered that constitutional Article 49 assigns to the latter the control of the legality of the Administration, which entails the oversight that it conforms at all times to the rules of science and technique, as provided by numeral 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). This latter point becomes more important when it has been questioned throughout this process whether the Administration correctly appreciated various technical aspects, such as that of the maximum elevation to which extraction could reach in the Crucitas mining project. It is necessary to indicate that in the same judgment 2010-06922, the Constitutional Chamber itself, referring to the issue of the public road, pointed out in Considerando LXXXVII that the complaints raised about the closure to which a public road would be subjected had to be heard first by the Administration and that they lacked a direct relationship with the object of the amparo appeal then being heard, it being therefore clearly evident that the constitutional jurisdiction did not rule on the merits of the problem, thus making it viable to hear it in this contentious-administrative process. In that same judgment 2010-06922, the Constitutional Chamber assessed executive decree 34801, through which the Crucitas mining project was declared of public interest and national convenience, but if one reads what is set forth in Considerandos CIII and CIV of said resolution, it is clear that what the Chamber did was simply to verify that the decree set forth some reasons for its issuance, for which reason it deemed it founded from a constitutional perspective, but the Constitutional Chamber never descended into carrying out an analysis of legality, as upon referring to the performance of the cost-benefit analysis, that jurisdictional body indicated that "as it involves a technical determination, it is a matter of ordinary legality already defined by the competent entities in each case." If the Constitutional Chamber was satisfied with the technical appreciation made by the Administration to issue said decree, and therefore did not proceed to analyze that administrative technical assessment and also indicated that this appreciation was a matter of ordinary legality, it is then evident and manifest that it is the responsibility of the contentious-administrative jurisdiction to examine that the Administration complied with ordinary legality when issuing that decree, something that is done here and which finds support in the powers that the Political Constitution assigns to this jurisdiction in Article 49. Now, in addition to everything that judgment 2010-06922 reserves to be heard by the contentious-administrative judges, it must be indicated that the same comes from judgment 2010-14009. In Considerando V of the latter, unanimously and with the participation of four Magistrates who had also voted on resolution 2010-06922 (namely: Armijo, Jinesta, Cruz, and Castillo), it is expressly indicated "that it is not a matter of constitutionality but of legality to examine and assess whether a mining concession violates an executive decree," this in relation to the decree establishing a moratorium on mining activity; it is also expressed that "nor is it one to analyze if it violates the regulations of the Chemists' Association (Colegio de Químicos)"; it is further indicated that "it is not a matter of constitutionality but of legality to examine and assess whether the respondents proceeded correctly or not in 'converting' the granting of the mining concession that had been previously annulled by" the Constitutional Chamber, after which that same body ends the aforementioned Considerando V indicating that "said allegations must be brought by the appellants to the contentious-administrative route, which is the competent one to analyze the legality in the granting of the concession in question, in accordance with the arguments put forth by the appellants" (bolding and underlining supplied). The foregoing shows that the Constitutional Chamber itself was always aware of its constitutional powers and never ventured into the realm of legality thereof when assessing the Crucitas mining project; rather, it conducted its examination from the perspective of whether or not fundamental rights were violated, which is what is appropriate in the case of an amparo appeal. Moreover, this position is consistent with the issues it had left to be heard in the contentious-administrative jurisdiction since the issuance of judgment 2010-06922. Returning to the scope of judgment 2010-14009, already mentioned, it is necessary to indicate that in Considerando VI thereof, it was indicated that the majority vote of judgment 2010-06922 omitted to consider that the modifications to the Crucitas mining project required a new public hearing, such that this is a point which, given what was indicated at the end of said Considerando VI, is also reserved for hearing in the ordinary venue, which is none other than the contentious-administrative jurisdiction. Likewise, it is important to remember that, due to the very particular nature of the rights sought to be protected through the amparo appeal, said process has been structured as a summary proceeding, in which decisions are made based on reports rendered under oath, which differs considerably from the oral trials conducted in the contentious-administrative venue. This procedural difference has acquired particular relevance in this matter, as it suffices to consider the example of the expert witness Hugo Virgilio Rodríguez Estrada to demonstrate why it is impossible, through the amparo appeal, for the Constitutional Chamber to have been able to descend to the examination of all the relevant aspects to determine whether the Crucitas mining project conforms to legality or not. Recall that said expert witness admitted in the full trial chamber that the document he issued and which was presented as Anexo 7 in the report rendered by the then Minister of Environment and Energy before the Constitutional Chamber on the occasion of the amparo proceeding 08-014068-0007-CO, contained a very important error, namely having referred to a "depth" of "seventy-five meters below ground level," when the correct statement, as he himself acknowledged, is that it should have spoken of "elevation" and should have alluded to "meters above sea level," as these are completely different notions and, if confused, could lead to misunderstandings regarding the technical conditions imposed by geologist Sofía Huapaya Rodríguez Parra for the extraction. This issue was possible to learn only through the adversarial process and is an example of how reports rendered under oath, which are useful for determining in a summary proceeding whether fundamental rights have been violated or not, do not have the same scope when it comes to defining whether an administrative conduct conforms to the legality block or not. And this distinction is, in turn, important to reiterate the different purpose between an amparo appeal and a contentious-administrative plenary proceeding, which perfectly illustrates why the dismissal judgment issued on the occasion of the former does not generate res judicata with respect to the latter. Finally, it must be indicated that in his conclusions, the representative of Industrias Infinito mentioned other judgments of the Constitutional Chamber that supposedly would generate res judicata in relation to the matter heard here. He mentioned, specifically, resolutions: 1998-05315, 2002-07882, 2004-13414, 2007-07973, and 2009-17155. In relation to the first three, it must be indicated that all of them were issued prior to the issuance of the acts that are the object of this trial, which shows that they can never constitute res judicata over what is heard here, as the acts challenged in this process did not even exist when those resolutions were issued. As for the 2007 decisions, it must be indicated that the first one only declares a party's motion without merit in the same amparo proceeding that culminated with the issuance of judgment 2004-13414, which shows that it does not generate the effect of res judicata over what is now heard. And with respect to the 2009 judgment, it must be indicated that it involves an unconstitutionality action (file number 08-014900-0007-CO) filed by Freddy Pacheco León against provisions of the Mining Code (Código de Minería), which shows that it is a matter that presents neither identity of parties nor identity with respect to the object discussed in this plenary proceeding and, consequently, does not produce res judicata regarding what is heard here. For all the foregoing reasons, the defense of res judicata raised by the defendants and the passive coadjuvant is rejected.

VI- ON THE DEFENSE OF EXPIRATION (CADUCIDAD).

This defense must be rejected, as it must be observed that resolution 3638-2005-SETENA was issued in the year 2005 and Transitory Provision III of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA, Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that the challenge regime for acts that became final prior to the entry into force of the Code shall be governed by the legislation in force at that time. Article 175 of the General Law of Public Administration (LGAP, Ley General de la Administración Pública) established an expiration period of 4 years for challenging absolutely null acts. Consequently, the aforementioned period has not elapsed since the issuance of resolution No. 3638-2005-SETENA, much less with respect to the other challenged acts, which were issued in the year 2008. As a corollary of the foregoing, the argued expiration does not exist.

VII- ON THE DEFENSE OF TACIT CONSENT (ACTO CONSENTIDO).

This defense must be rejected since, the requirement of mandatory exhaustion of administrative remedies for non-municipal conduct having been eliminated, failing to challenge an act in the administrative venue does not constitute an impediment to resorting to the contentious-administrative route to request its annulment, so this preliminary defense is not applicable.

VIII- ON THE STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCIÓN).

The statute of limitations is rejected because there is no prescriptive period for challenging public conduct, but rather an expiration period, regulated in the CPCA, a matter already resolved by this Tribunal. As for the claim for damages and losses (daños y perjuicios), the prescription period is 4 years according to the LGAP and the same has not elapsed since the issuance of all the challenged acts.

IX- ON THE DEFENSE OF ACTS NOT SUBJECT TO CHALLENGE.

The defendants raised the defense of acts not subject to challenge in relation to various acts, namely: official communication DST-773-2006, from INTA; official communication ASA-013-2008-SETENA; resolutions 3638-2005 and 170-2008-SETENA; as well as executive decree 34801-MINAET. On this point, it must be indicated that only official communications DST-773-2006 and ASA-013-2008-SETENA are, in the Tribunal's opinion, conducts whose challenge in this process was not possible. Therefore, the exception of acts not subject to challenge is upheld with respect to official communications DST-773-2006 and ASA-013-2008-SETENA. The remaining challenged acts are final acts or acts with their own effect, and therefore, challengeable in the contentious-administrative venue. Particularly regarding official communication ASA-013-2008-SETENA of January 14, 2008, this Tribunal has noted that it constitutes merely a recommendation from the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental) to the Plenary Commission (Comisión Plenaria), both of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). In that sense, given that the administrative decision is embodied in what the Plenary Commission decides, it is evident that the recommendation made by the Department of Environmental Auditing and Monitoring lacks its own effects, and for this reason, the referred exception must be upheld with respect to that official communication, as the same is not subject to challenge. Regarding the document from the National Institute for Innovation and Transfer of Agricultural Technology (INTA, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria), namely official communication DST-773-06 of October 4, 2006, it is necessary to indicate that the same is not challengeable in this process. On this point, it should be noted that Law 7779 amended Article 25 of the Mining Code and introduced into it the obligation of the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) to issue its approval or oppose the granting of an exploration permit or the concession of a mining exploitation. INTA was created by Law No. 8149, but its objective is to contribute to the improvement and sustainability of the agricultural sector, which it must accomplish through the generation, innovation, validation, research, and dissemination of technology. As can be seen, INTA was not created to issue a criterion on whether it opposes mining permits or concessions, a function that, as provided by Law 7779 and Article 25 of the Mining Code, continues to correspond to the Ministry of Agriculture and Livestock and not to INTA, as that power was never transferred by law to the latter. Therefore, official communication DST-773-06 is not challengeable in this venue, as it is a mere procedural act that lacks any effect in the matter under examination. It is worth adding that even though through Executive Decree No. 31857 (Regulation to the Law of the National Institute for Innovation and Transfer of Agricultural Technology) it was provided, in Article 5, that the functions that Law No. 7779 assigned to the Soils Department of the National Directorate of Agricultural Research of the Ministry of Agriculture and Livestock would become part of INTA, it is true that such transfer of functions was made "as applicable." This indicates that what did not correspond to INTA would not be transferred. Thus, given that by law (not by decree) INTA has a much more reduced functional scope than that established in Law No. 7779 for the Ministry of Agriculture and Livestock, then those functions that the Law assigns to the Ministry that are not contemplated in Law No. 8149 remain with the former and cannot be transferred to INTA through a regulation. Among these functions that are assigned by law to the Ministry and that the law did not transfer to INTA is precisely that of issuing a pronouncement on soils for the purposes of mining concessions, so it was not feasible to hear in this process an act (the INTA official communication) that has no effect whatsoever. Now, with respect to resolutions 3638-2005 and 170-2008-SETENA, as well as resolution No. R-217-2008-MINAE, resolution No. 244-2008-SCH, and executive decree No. 34801-MINAET, it must be indicated that all these conducts have their own effects and, consequently, are challengeable in this venue. Environmental viability (viabilidad ambiental) produces effects by itself, such that if it is not granted, the project cannot proceed; the same happens with the approval of changes made to the project. For its part, without the decree of national convenience, the logging permit could not be granted, which reveals the effect that this provision of the Executive Branch has.

X- ON THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE AND THE BURDEN OF PROOF

It is well known that the Political Constitution establishes in its numeral 50 the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. This norm entrusts the State with the duty to guarantee, defend, and preserve that fundamental right. The development of that constitutional provision is widely regulated in international instruments and in numerous provisions of our country's domestic legislation. Doctrine and International Law have undertaken to enshrine a series of guiding principles in environmental matters that are universal in nature, and which grant this area of the legal system a singularity and a regime of its own, the following principles being enumerable among them: the principle of equality, the principle of sustainability, the polluter-pays principle, the principle of broad procedural standing (principio de legitimación procesal amplia), the principle of damage restoration, the principle of citizen participation, the preventive principle, and the precautionary principle. Of all of these, it is of interest to highlight for the specific case the preventive principle, referring to those cases where there is a scientific opportunity to measure risks and recommend measures for the management of the activity, and the precautionary principle or principle of prudent avoidance, the latter being contained and regulated in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration (1992), whose Principle 15 literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In our legislation, we find said principle embodied in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788, which for this purpose provides: "Criteria to apply this law. The criteria to apply this law are: 1.- Precautionary or pro-natura criterion: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures." The Constitutional Chamber has described the precautionary principle as follows: "properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures, not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment." (resolution No. 3480-03, at 14:02 on May 2, 2003), the Chamber emphasizing that "in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, because if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment" (resolution No. 17618-08, at 11:51 on December 5, 2008). It is important to note that the precautionary principle constitutes a legality parameter for administrative conducts, and on this point, Dr. Aldo Milano indicates that "a large part of risky activities are subject to an administrative police regime, which is manifested in the granting or denial of authorizations of that same nature. This gives rise to conflicts related to such decisions, either because it is considered that by granting the authorization in a specific case, the Precautionary Principle is breached, or because, by being denied or conditioned based on it, the affected party deems the decision illegitimate." Thus, alluding to a specific case in French jurisprudence, he indicates that the decision challenged in the contentious-administrative sphere constitutes the last step in the long procedure of evaluating the innocuousness of the activity in question, and that the doctrine finds in the precautionary principle a source of law that imposes a specific way of acting for the Administration, so that – in the event of not respecting that way of acting - procedure - the nullity of the final act adopted will be deemed (see Milano, Aldo. "El Principio Precautorio", 2005, p. 55 to 58). One procedural consequence produced by the application of the precautionary principle is the reversal of the burden of proof, an aspect that is expressly regulated in Article 109 of the Biodiversity Law, which provides: "The burden of proof of the absence of unauthorized contamination, degradation, or affectation shall correspond to whoever requests the approval, permit, or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage," a norm that must be viewed in close relation with Article 5 of the same Law, which indicates that the provisions of that legislation shall serve as an interpretive framework for the rest of the norms regulating the subject matter of said Law. This means that in environmental matters, the classic scheme that "he who sues must prove" is broken, and the theory of the dynamic burden of proof acquires a preponderant role, according to which, "the burden is transferred to whoever, due to their personal situation, is in a better position to bring proof to the process, regardless of whether it is the plaintiff or the defendant" (on the dynamic burden of proof, one may consult judgment No. 212-2008 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, at 8:15 on March 25, 2008). This position is accepted by the doctrine of environmental law, which in that sense has indicated the following: "In the environmental process, especially due to the precautionary principle, a modification occurs in the classic framing of the burden of proof (according to which the principle is 'that everyone who alleges a fact as a claim or defense has the burden of proving it'), and the doctrine of dynamic probative burdens comes to life, based on precaution, as a palliative to lighten the arduous task of producing diabolical proofs which, in certain cases, were placed without consideration upon the shoulders of one of the parties (plaintiff or defendant), due to a misunderstanding of the sacrosanct a priori rules of proof distribution. Finally, the modifications indicated in the environmental process sphere compel us to speak of a 'true environmental procedural law,' whether considered as an autonomous branch or not; and the scientific-technical complexity of environmental cases, which demand unprecedented solutions to also unprecedented problems, impose as a mechanism to overcome the traditional structures of law the convenience of having specialized courts in environmental matters as guarantors of the effective application of the precautionary principle." (Martínez, María Paulina. "El principio precautorio". In Protección Ambiental, Argentina, 2008, p. 122). In close relation to this procedural variant, the doctrine highlights the active role of the Judge when faced with an environmental matter, and in this regard points out the following: "But it was Law No. 25,675 (LGA) that enshrined unprecedented innovations in matters of judicial powers (ordering and investigatory powers), granting the judge a completely active and inquisitional role as guarantor of the application of the precautionary principle in those processes where the preservation of the natural balance is sought (see Article 32 LGA), without this implying any breach of the principle of congruence. (...) it is concluded that there are no areas immune to the normative force of the Constitution and environmental norms, particularly the General Environmental Law, which constitute an environmental public order, conferring broad powers, including the review of issues even of a technical nature, that allow full operability of the precautionary principle at every step of the procedural path, in a concrete task and undoubtedly macroscopic one in pursuit of the right to effective judicial protection." (idem, Martínez, p. 117). This role that doctrine assigns to the Judge when faced with environmental matters is not dissociated from the model that the Political Constitution and the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) granted to the Contentious-Administrative Judge. The Biodiversity Law, whose norms are applicable to the rest of the legal system in environmental matters, expressly provides in its Article 108 that "in matters of biodiversity, and as long as an environmental jurisdiction does not exist, all disputes shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction," except for those cases where there is no administrative act nor public domain involved. Having established this competence, we must remember that the contentious-administrative jurisdiction enjoys a broad oversight power, given by Article 49 of the Political Constitution, which allows it to exercise both subjective control, consisting of the protection of the substantial legal situations of the administered parties (subjective rights and legitimate interests), and objective control, consisting of guaranteeing the legality of the administrative function of the entire Public Administration (whether actions or omissions).

Article 1 of the Contentious-Administrative Procedural Code reproduces the content of Article 49 of the Constitution and indicates that the purpose of the contentious-administrative jurisdiction is to protect the legal situations of all persons, to guarantee or restore the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative Law, as well as to hear and resolve the various aspects of the legal-administrative relationship (Jinesta, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 2008, p.29). National doctrine reaffirms the broad oversight role of the Contentious-Administrative Judge in our legal system, stating the following: “When the law allows control over the ‘administrative function,’ it unambiguously adopts a broad formula of oversight, in which the Judge is empowered to control the entirety of administrative conduct. Indeed, the precept sharply breaks with any limitation built around the contentious-administrative object, because when it places the generality of the administrative ‘function’ within the supervisory eye of the Judge, it opens the jurisdictional range with respect to any administrative function, behavior, or conduct. Note that the contentious jurisdiction is not assigned control over administrative ‘activity’ or ‘action,’ much less over the ‘administrative act,’ but rather over the ‘function,’ which, not by chance, is all-encompassing not only of all of these, but also of the entire sphere of inactivity. When the article assigns the Judge control over the ‘function,’ it is allowing the Judge to legally analyze any of the functions proper to it, any of its conducts in any of its administrative manifestations. The Court can control both active conduct and omission. Whenever the conduct is administrative and the control is carried out within the legal framework, there is not, or there should not be, any sphere exempt from jurisdictional control; its review can and should be complete, without any immunity in the object. (...) In this aspect, the constituent offers us a new closing clasp, an additional safety door as a guarantee of full and universal control, since in addition to subjecting the administrative function to jurisdictional control of legality, it allows the Judge to verify whether or not it is adjusted to the purposes that justify it.” (González, Oscar. “Sentencia”. En: El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo, 2006, p.426). Regarding the leading and active role that the Judge exercises in the dynamics of the Procedural Code, it is noted: “Such active and organizational autonomy for the restoration of the public legal order (written and unwritten) and the effective protection of legitimate interests and subjective rights confirms the transcendence of this jurisdiction as a mechanism for repairing and protecting legal situations eventually affected by the undue interference of public power through its multiplied universe of organs and entities with their officials, generally de jure and exceptionally de facto. (...) Even the classic civil law principle that identifies the object of the process with the claims alleged and deduced by the parties was overturned, so that the judicial authority, as an active subject in the process, dispenses justice not only in accordance with what is claimed but also by adjusting the claims to swift and complete justice, according to the new legislation, to satisfy the values embedded in the Rule of Law present in each process for the restoration of legality or, better yet, of the legal order. Under the new scheme, the judge, before being governed by the dispositive principle, will also be governed by the inquisitorial principle, typical of constitutional courts, as when, in our case, the Constitutional Chamber condemns the losing parties in amparo actions to pay both costs and damages, even if the winning parties did not request it.” (Jiménez, Manrique. “Bases constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa”. En: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, p. 18 y 19, 2006). Thus, the review of all these principles, norms, and legal institutes has been established in this recital, with the purpose of keeping in mind the legal framework within which the issues and arguments outlined by the parties in the process, as well as the evidence that was produced during the proceedings, will be analyzed and resolved, as set forth below.


XI- REGARDING THE DISAPPLICATION OF THE MORATORIUM DECREE FOR THE SPECIFIC CASE.

Within the administrative legal order, we find a fundamentally important principle called the principle of singular non-derogability of regulations, also known as the principle of the singular non-derogability of the norm. According to this principle, administrative acts of a specific scope must conform to the general provisions issued by the Administration itself, and these provisions cannot be disapplied for a specific case. This principle is provided for in our legal system in Article 13 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which provides: “The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative order, and to the private law supplementary thereto, without being able to derogate them or disapply them for specific cases. The foregoing rule shall also apply in relation to regulations, whether they originate from the same authority or from another competent superior or inferior authority.” This criterion is of importance, as it forms part of the essential content of the principle of legality, which is the guiding principle of all administrative activity, both in its negative aspect (what cannot be done) and in its positive aspect (what must be done). Thus, the irrefutable consequence derived from the principle of singular non-derogability of the norm is that the public authority cannot issue resolutions for a specific case whose content disregards or disapplies what, conversely, the same public authority had previously provided through an act of a general nature (Article 120.2 of the General Law of Public Administration). In the specific case, we find that on June 12, 2002, the highest authority on environmental matters, which is the Ministry of Environment and Energy (now MINAET), issued by way of a general provision, specifically Executive Decree No. 30477-MINAE, a moratorium for an indefinite period on open-pit metallic gold mining activity within the national territory. In Transitory Provision I of that general provision, the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy clearly established that “all proceedings related to the exploration and exploitation of open-pit gold ore that are pending before the Directorate of Geology and Mines and before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) as of the date of publication of this executive decree shall be suspended. Any right acquired prior to the publication of this decree shall be respected.” Now, it is also a proven fact that in 2004, through Resolution No. 2004-13414 at 9:29 a.m. on November 26 of that year, the Constitutional Chamber annulled Resolution No. R-578-2001-MINAE, which was the resolution through which Geology and Mines had granted the exploitation concession (concesión de explotación) to Industrias Infinito. Consequently, following this resolution of the Constitutional Chamber, the logical consequence of the annulment of Resolution No. R-578-2001 was the disappearance of the exploitation concession right that had been granted with that resolution, regardless of the fact that the Administration later illegally ordered the conversion of the act, since that occurred only in April 2008, a topic on which we will comment later, it being necessary to recall in any case that it was not until June 4, 2008, that the Executive Branch lifted the moratorium on open-pit metallic gold mining activity. Therefore, we have that from December 2004 until April 2008, neither materially nor formally did a right of exploitation concession declared in favor of the company Industrias Infinito exist, and from June 2002 until June 2008, a general provision issued by the highest hierarchical body of the Executive Branch (President of the Republic) and by the highest hierarchical body on environmental matters (Ministry of Environment and Energy) was in effect, which ordered the suspension of procedures pending before Geology and Mines and before SETENA aimed at obtaining exploration permits or exploitation concessions. If we take proper notice, the acts challenged here, with the exception of the National Convenience Decree and the logging permit, were acts issued by Geology and Mines and by SETENA during the period Executive Decree No. 30477 was in effect, and both bodies belong to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. This Contentious-Administrative Court certainly finds that the act that granted environmental viability (viabilidad ambiental), the act that approved the changes to the project, and the act through which the conversion of the exploitation concession act in favor of Industrias Infinito was applied, violated the principle of singular non-derogability of the norm, since the Administration failed to apply Executive Decree No. 30477-MINAE in this specific case, which ordered the suspension of pending exploitation concession proceedings. Thus, SETENA, in granting environmental viability, as well as Geology and Mines in making the concession recommendation, and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications itself in converting the concession act, all disregarded that binding general provision for those bodies and proceeded to issue the final act for both environmental viability and the granting of the concession. A parenthesis must be made here to point out that both acts (the viability and the concession) constitute what is legally called a “complex act” (a figure regulated in Article 145 of the General Law of Public Administration), that is, the concession act requires prior environmental viability to be valid. Therefore, the Administration could not issue any of the described acts because at that time a general provision was in effect and binding on the bodies of the Ministry of Environment and Energy, which ordered the suspension of the procedure, and in this case, the procedure continued in both offices until the issuance of the environmental viability act, as well as the approval of changes, and the conversion of the concession, thereby making the principle of legality openly disrespected in this particular case.

In its defense, the development company, regarding this issue, has argued that according to Articles 23 and 26 of the Mining Code (Código de Minería), the exploration permit grants its holder the right to the exploitation concession in itself, and they allege that through vote No. 2010-14009 of the Constitutional Chamber, the issue of the violation of Decree No. 30477 has already been resolved. Regarding these arguments, the Court finds them to be absolutely unfounded and also not adjusted to reality. First, it is true that Article 23 of the Mining Code in its wording indicates that the holder of an exploration permit has the right especially to obtain one or several exploitation concessions, and Article 26 of the same Law indicates that during the validity of an exploration permit and up to 60 days after the expiration of the term or its extension, the holder shall have the right to obtain an exploitation concession. Notwithstanding the foregoing, it must be borne in mind that these norms, correctly read, prevent an understanding that the exploration permit automatically grants its holder the right to an exploitation concession. This is easily verifiable from a reading of other norms contained in the Mining Code itself, which clearly differentiate one right from the other. Thus, Article 2 of the cited Law defines both rights as follows: “Permit: Authorization granted by the Executive Branch, through the Directorate of Geology and Mines (DGM), which consolidates a right in favor of the petitioner that allows for the exploration or search for materials in general for a period of three years, which can be extended only once. “Concession: Authorization granted by the Executive Branch through the DGM for a determined period, as the case may be, which grants the petitioner a limited real right to exploit or extract minerals from a determined zone, to transform them, process them, and dispose of them for industrial and commercial purposes, or grants the exclusive right to explore the mineral substances specifically authorized therein.” So, as we can see, there is a clear differentiation between one right and the other, the former exclusively allowing for the search for materials, while the latter allows for the extraction, transformation, and processing of the authorized materials.

Moreover, note that Article 23, subsection b) conditions the possibility of obtaining a concession right on the justification of the existence of one or several exploitable deposits of mineral substances located within the perimeter of its exploration permit. That is, the exploration permit does not per se grant the concession right; this condition required by the Law must be demonstrated, which evidently requires a specific pronouncement from the Administration making that assessment. Now, we can also note that Article 26 similarly conditions the right to obtain an exploitation concession on the fulfillment of the obligations and requirements of the law and its regulations, and if we look at Article 9 of the Regulation to the Mining Code (Executive Decree No. 29300-MINAE), it can be verified that to obtain a concession right, the interested party must meet a series of technical and legal requirements detailed therein, which are independent from those required by Article 8 of the Regulation to obtain an exploration permit. Finally, it is necessary to highlight that Article 14 of the Mining Code clearly states that “the permit, or the concession, shall be understood as acquired from the date on which the granting resolution is registered in the National Mining Registry. From then on, the original holder or their successor, as the case may be, shall be the possessor of their right as concessionaire or as holder of the exploration permit.” As is clear from the cited rule, the exploration right is independent of the exploitation right, and one or the other right is understood as acquired, as the case may be, from the date it is registered in the Mining Registry. In the specific case, as indicated before, the Constitutional Chamber in 2004 had annulled the exploitation concession, so in accordance with Articles 62, 65, and 109 of the Mining Code, the company's right was extinguished and could not be registered in the Mining Registry. All these reasons allow us to rule out that the exploration permit per se granted the exploitation right to Industrias Infinito, whereby we can affirm that said company did not have an acquired right to an exploitation concession for the Mining Project at the moment it requested the convalidation of the act (May 30, 2007), a date on which the moratorium Decree was in effect, meaning the Administration should have suspended the procedures pending before SETENA and before Geology and Mines for the case of the Crucitas Mining Project. However, in this case, it is evident that the Administration disapplied its own binding provision.

Finally, regarding Constitutional Chamber Resolution No. 14009-2010, it is worth reiterating that this issue was already resolved earlier when the reasons why res judicata does not exist in this matter were set forth; however, it must be reiterated that Industrias Infinito's statements on this aspect are completely out of step with reality, and this clearly emerges from the Constitutional Chamber's own resolution, which expressly indicated that the argument regarding the violation of the moratorium decree, and the argument regarding the conversion of the exploitation concession, are allegations that the claimants should bring “to the contentious-administrative jurisdiction, which is competent to analyze the legality in the granting of the concession in question.” It is clear, then, that it is not true that the Constitutional Chamber has already ruled on this particular issue, a matter that falls under the jurisdiction of this Court, was raised by the plaintiffs in the complaint and in their conclusions, and is one of the essential issues analyzed in this judgment. Consequently, for all the reasons set forth, in accordance with Articles 158 and 166 of the General Law of Public Administration, Resolutions No. 3638-2005-SETENA, No. 170-2008-SETENA, and R-217-2008-MINAE, for violating the principle of legality and being inconsistent with the legal order, are vitiated by absolute nullity and are so declared.


XII- REGARDING THE PROPOSED CHANGES AND THE OMISSION TO REQUEST A NEW ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT.

As already indicated, in 2005, through Resolution No. 3638-2005-SETENA, the Administration granted environmental viability to the Crucitas Mining Project. Two years later, on December 6, 2007, the development company presented to SETENA a proposal for changes to the mining project. This request was resolved by SETENA within two months, approving the changes incorporated by Industrias Infinito, through Resolution No. 170-2008-SETENA, issued on February 4, 2008. This administrative resolution, in the Court's judgment, is vitiated by absolute nullity both in its grounds and in its procedure, because the Administration did not request a new environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) to evaluate the changes intended to be incorporated.

Before detailing that omission, it must be borne in mind that the act through which the Administration grants environmental viability to a project is undoubtedly a regulated administrative act, as it is provided for in Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and in the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Executive Decree No. 31849), as well as in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Decreto Ejecutivo N° 32966). However, the company Industrias Infinito defends the thesis according to which, in cases where the conditions contained in subsection 3 of Article 46 of Executive Decree No. 31849 are met, a new environmental impact assessment was unnecessary. Nevertheless, this Court notes that subsection 3 of that Article 46, while containing a series of criteria for making adjustments to the original design (not for dispensing with an EIA), criteria which were incidentally invoked by the witnesses of the co-defendants in their testimonies, is also true and conclusive that said subsection was not in effect in Executive Decree No. 31849 on the date Industrias Infinito submitted its proposal for changes, nor on the date SETENA approved such modifying proposal, since subsection 3 of Article 46 was added to the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures through Executive Decree No. 34688, which was issued only on February 25, 2008, that is, after both of those moments in the administrative procedure. In the specific case, we were able to hear witnesses Sandra Arredondo (environmental manager), Eduardo Murillo (SETENA official), and Sonia Espinoza (SETENA official at that time) indicate that, faced with the proposal for changes by the company Industrias Infinito, SETENA did not consider it necessary to require a new environmental impact assessment to analyze these changes for several reasons: the project did not vary in its essence, it was developed on the same site, it did not change its project category, the activity remained the same, and neither the industrial zone nor the tailings pond area varied, with the extraction area actually being reduced. They stated that according to SETENA's criteria, under those circumstances, requesting a new environmental impact assessment was not required. All of the foregoing reflects that when changes to the original design of a project are introduced, there exists a scope of administrative discretion to assess whether or not a new environmental impact assessment should be requested. This Court, acting as a controller of legality (Article 49 of the Political Constitution), and specifically exercising control over administrative discretion (Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration), finds that, in accordance with logic and reasonableness, the changes proposed by the company Industrias Infinito in 2007 were, without a doubt, substantial modifications to the project originally submitted to SETENA. Given that these changes are substantial, the interpretation made by SETENA could not have been restrictive regarding the environmental impact assessment, as this concerns the evaluation of the impacts a project classified as category A and in a sensitive area such as the environment would cause. Consequently, it could not have chosen, as it did in the specific case, to dispense with that environmental evaluation instrument, much less would it have been valid to dispense with the environmental impact assessment by relying on a regulatory norm (we refer to subsection 3 of Article 46 of the aforementioned Regulation), because we must clearly remember that it is the Law itself that requires the environmental impact assessment when human activities alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials, as ordered by Article 17 of the Organic Law of the Environment, and Article 3 of the Mining Code, for the specific case of mining exploitation concessions, norms that should have been applied in light of the precautionary principle provided in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and therefore imposed the obligation on the Administration to better guarantee the protection of the environment. (Solely for illustrative purposes, reference is made on this point to Constitutional Chamber Resolution No. 2003-6322 at 2:14 p.m. on July 3, 2003). Thus, the Court reaches the conclusion that the proposed changes were substantial, given that from the document called “Environmental Evaluation of Proposed Changes” and from the testimonies of Sandra Arredondo and Eduardo Murillo, it emerges that the extraction depth was changed, going from an original proposal that envisioned the extraction only of the superficial layer of soil called saprolite, whose depth reaches a maximum of 20 meters, to extracting not only saprolite but also hard rock, whose extraction depth reaches up to 67 meters deep, thereby increasing the volume of material to be processed (6700 tons per day). Furthermore, it went from originally planning the creation of a single pond (tailings pond) to creating a second pond, called Fortuna, which was created precisely due to the effect of increasing the extraction depth in the Fortuna hill, impacting the lower or confined aquifer that exists in the area. It is not omitted that the duration of the operation phase was extended to 9.25 years. These changes, from the point of view of the conceptual design, were extremely relevant for the development of the project, and in any case, it is evident that these new actions proposed by the co-defendant Infinito were not at all harmless to the environment, as such modifications generated a serious impact on the natural resources of the area, above all on the water resource which enjoys significant protection in our legal system. On this point, it suffices to say, regarding the Fortuna Pond, that according to the document for the Evaluation of Proposed Changes, the base area of the Fortuna pit was calculated at 19,103.8 m2, and the water surface area once recovered was calculated at 88,096.6 m2 (folio 176); that is, as can be seen from its dimensions, it involves an impact on soil and water resources covering a quite considerable extension. Now, from a strictly logical point of view, it is not possible for this Court to conceive that the Administration requested an environmental impact assessment when the proposal only planned for the extraction of saprolite, but decided not to request it when the company intended to extract hard rock, which significantly increased the depth level, even allowing the impact on a lower aquifer without knowing its recharge zones and its extension. Let us remember that the Crucitas Mining Project was classified by SETENA as a Category A project, meaning of high environmental impact significance, and in this sense, it is relevant to highlight that in addition to the legal norms cited above, Article 27 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Executive Decree No. 31849) and its Annex 1 (Anexo 1) require that projects of this category, which include mining exploitation concessions, must submit an environmental impact assessment. From that perspective, there do not appear to be valid justifications from a legal point of view, nor applying average human logic and reasonableness, for the Administration to have omitted to request the aforementioned environmental evaluation instrument. Furthermore, consider that the expert witnesses Allan Astorga (geologist) and Yamileth Astorga (marine biologist expert in water resources), who are credible to this Court based on their testimonies, classified the introduced changes as substantial, indicating that having changed the project in that manner, SETENA should have given new terms of reference to evaluate those changes through Form D1. Both were clear on the point that the risks related to the water emergence that would be produced by the impact on the lower or confined aquifer, the risk of contamination of that water resource, and the omission to analyze the environmental cost of affecting that aquifer were not analyzed, in addition to the fact that the studies presented by the company did not analyze the size of the aquifer and its impact on the public supply wells in the area. These criteria provided by experts in the field show that the criticisms pointed out by the Court at a legal and logical level also find support at a technical level, which allows the conclusion that Resolution No. 170-2008-SETENA is vitiated by absolute nullity for having dispensed with the environmental impact assessment. This affects the grounds of the act since this instrument was not taken into account for the issuance of the final act, and further generates a defect in the procedure, given that the procedural channel established by Articles 27 and following of Executive Decree No. 31849 was evidently not followed, a formal omission that is considered substantial in accordance with Article 223 of the General Law of Public Administration, by virtue of having dispensed with the entire pre-established procedure for those purposes.

It must also be pointed out that although Article 95 of the Biodiversity Law grants SETENA the discretion to determine when a public hearing should be held, in this case the same reasons that lead this Court to consider that a new environmental impact assessment should have been requested are applicable for holding a public hearing given the proposed changes. While it is true that witness Sonia Cervantes (Sociologist) explained that the people in the area were informed by the company of the modifications intended to be introduced to the project and that there was no opposition to them, SETENA could not ignore that the Organic Law of the Environment imposes a duty on the State to encourage the participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting the environment (principle of citizen participation regulated in Article 6), and Article 22 of that law provides that every natural or legal person has the right to be heard at any stage of the evaluation process and in the operational phase.

Given the circumstances, it is estimated that, in application of the precautionary principle (principio precautorio), in this case it was essential to convene a public hearing (audiencia pública) to publicize the proposed changes, since it was a megaproject of national interest and because the public hearing is the mechanism that best guaranteed the participation of all the country's inhabitants in the evaluation procedure.

Finally, and for greater abundance, the Court finds that the environmental viability (viabilidad ambiental) that SETENA had granted to the Crucitas Mining Project through resolution No. 3638-2005-SETENA was expired (caduca) at the time resolution No. 170-2008-SETENA was issued, which is why a new act preceded by an environmental evaluation should have been issued and not simply the approval of the changes proposed by the company. Note that resolution No. 3638-2005-SETENA, issued on December 12, 2005, provided in point number 8 of its Por tanto as follows: "The validity of this viability shall be for a period of two years for the start of extraction. If extraction does not begin within the established time, the provisions of current legislation shall apply." For its part, the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), Executive Decree No. 31849, in the wording of its article 46 at the time the changes were submitted, established the following: "Environmental viability (license) (viabilidad (licencia) ambiental), once granted, shall have a maximum validity of two years prior to the start of activities of the activity, work, or project. In the event that activities do not begin within that period, the developer must request, prior to expiration, an extension of its validity before SETENA, in accordance with the procedure established in the EIA Manual." As can be derived from the foregoing elements, once the environmental viability was granted in December 2005, Industrias Infinito should have begun the extraction works, or requested an extension of the viability's validity prior to the expiration of the term, which was due in December 2007. In this matter, there is no record that the developer requested an extension before SETENA; therefore, by the time resolution No. 170-2008-SETENA was issued, the term established in the regulation and in resolution 3638-2005-SETENA itself had fatally elapsed, meaning the viability was expired at that time. Let us recall that according to doctrine, expiration (caducidad) results in the extinction of the act, and its cause arises from the non-exercise of the right within a specified period. In this regard, it cannot be asserted that the modification request submitted by the co-defendant company had the effect of interrupting the viability's term, since as a basic principle, the institution of expiration is fulfilled by the mere passage of time and is not susceptible to interruption as occurs with the case of prescription (prescripción). Nor can it be asserted that the introduction of changes has the effect of tacitly extending the environmental viability, since subsection 3 of article 46 of Decree No. 31849 was not in effect at the time the request was submitted, nor at the time resolution No. 170-2008-SETENA was issued. Consequently, since the environmental viability granted in 2005 had expired, this was yet another reason that obligated SETENA to request a new Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), to conduct a new evaluation procedure, and to issue a new final act, and not simply to limit itself to approving the modification submitted by the co-defendant company, as it did.

Therefore, for all the reasons set forth, in accordance with articles 158 and 166 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), resolution No. 170-2008-SETENA is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta) and is hereby declared so.

XIII- ON THE OMISSION TO EVALUATE THE PROPOSED CHANGES AND THE FAILURE TO FULFILL COMPETENCIES BY SETENA.

Still in relation to the issue of the proposed changes, and without overlooking that the Administration in this case should have requested a new Environmental Impact Study to evaluate said changes, the Court finds that SETENA, in its resolution No. 170-2008-SETENA, failed to fulfill its legally assigned functions, regulated in articles 84 subsection a) of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and 2 of the Mining Code (Código de Minería), which establish, in order, that this body is responsible for "analyzing environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental)," and that its operational and functional responsibility is the "comparative, technical, economic, social, cultural, financial, legal, and multidisciplinary analysis of a project's effects on the environmental surroundings, as well as the proposal of measures and actions to prevent, correct, or minimize such effects." In this regard, it must be remembered that article 66 of the General Law of Public Administration establishes that the powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, are inalienable, non-transferable, and imprescriptible, and in the specific case, it is observed that the Administration omitted to conduct a technical and scientific analysis of the change proposal submitted by the company Industrias Infinito, especially of the impacts that the modifications would produce and the mitigation and compensation measures suggested, with SETENA limiting itself to producing a report that basically reproduces the aspects mentioned by the developer company itself in its proposal. Observe that in the document called Environmental Assessment of Proposed Changes (Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos), the company provides a description of the project's activities in its different phases: construction, operation, and closure, and provides its own assessment of impacts in each phase and on the resources air, water, and soil, and finally lists what, in its view, would be the mitigation and compensation measures to implement in the three phases (folios 143 to 214). However, SETENA, through its Department of Environmental Audit and Follow-up (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental), in report ASA-013-2008-SETENA, which served as the basis for issuing resolution No. 170-2008-SETENA, merely limited itself to repeating the information already contained in the document submitted by the company, and omitted to conduct the technical analysis required by law. Thus, as a summary, the referenced report indicates that the intention is to reduce the extraction area, extracting not only saprolite but also hard rock, which entails working at average depths of 67 meters. That the area to be intervened corresponds to the Botija and Fortuna hills. That rock extraction involves the use of blasting and that the company undertakes to hire a certified company for this type of intervention. That the remaining areas remain almost unaltered. That CYPLUS technology is used for the cyanide destruction process. That baseline studies show a low potential for acid drainage. It copies the comparative table of changes presented by the company. And it ends by noting that an updated diagnosis of the project's environmental, social, and economic conditions was attached, that an identification of impacts and their assessment in the project phases was presented, that within the monitoring plans, follow-up on baseline data regarding various elements as well as a hazardous substances protocol are incorporated, and that within the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), a Crucitas Project Oversight and Monitoring Commission (Comisión de Fiscalización y Monitoreo del Proyecto Crucitas) will be created.

With this simple enumeration, without an analysis of the studies presented by the company and the obligatory assessment of environmental impacts, the evaluating team finally recommended that SETENA's Plenary Commission (Comisión Plenaria) proceed to accept the modification proposal. Based on this lax report, the Plenary Commission decided to approve the changes suggested by Industrias Infinito, and issued resolution No. 170-2008-SETENA, which, it is worth saying, also did not incorporate greater analysis regarding the modification proposal submitted. Here we must recall that during the trial stage, the witness Marta Elena Chaves Quirós, a professional Geologist, who at the time of the events worked as an official of the Department of Environmental Audit and Follow-up, clearly stated that she had not participated in the evaluation of the request for changes to the project, despite the fact that in the certification admitted as evidence for better provision at folio 2204 of the judicial file, her name is indicated as part of the evaluating team, which was composed of Forestry Engineer Eduardo Murillo Marchena and Agronomist Engineer Sonia Espinoza Valverde. The witness also stated that, in her experience, it would take approximately 6 to 7 months to evaluate the modifications to the project. If we compare these statements with the fact that the Industrias Infinito proposal was approved in two months, and that a geologist, who would be the most suitable professional to evaluate the impacts that the change in extraction depth and the impact on the lower aquifer would produce, did not participate in the supposed evaluation, added to the easily verifiable fact that report ASA-013-2008 and resolution No. 170-2008-SETENA did not analyze the documentation provided by the developer company, we can conclude, according to sound criticism (sana crítica), that in this case SETENA failed to fulfill the competency legally assigned to that public body, omitting not only having requested a new Environmental Impact Study, a defect already explained, but also omitting to analyze the documentation of changes presented by the co-defendant Industrias Infinito, an omission that, therefore, also occurs with respect to each of the technical topics discussed in this proceeding, as will be explained in subsequent considerandos. Consequently, in the opinion of this Chamber, resolution No. 170-2008-SETENA violated articles 19 and 84 subsection a) of the Organic Law of the Environment, and article 66 of the General Law of Public Administration, and being inconsistent with the legal system, in accordance with articles 158 and 166 of the General Law of Public Administration, the cited administrative resolution is vitiated by absolute nullity and is hereby declared so.

XIV- ON THE IMPROPRIETY OF THE CONVERSION (CONVERSIÓN) OF THE EXPLOITATION CONCESSION ACT.

In relation to this topic, the Court finds that there are three criteria by which it was not legally appropriate to apply the institution of conversion of the administrative act, in relation to the exploitation concession that had been annulled by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in 2004.

In the first place, we must bear in mind that convalidation (convalidación), correction (saneamiento), and conversion (conversión) are mechanisms designed so that the Administration can preserve administrative acts that, although suffering from some defect of relative or absolute nullity, are still in force in the legal system. However, this was not the situation of resolution No. R-578-2001-MINAE, through which the Executive Branch had granted the mining exploitation concession in favor of Industrias Infinito, and it was not the same situation because this administrative act had been annulled by the Constitutional Chamber through a firm and final resolution, and consequently, from that moment the act was eliminated from the legal system; in other words, it was no longer in force, rendering the discussion of whether or not the conversion of that act was viable irrelevant. Here, the distinction, to some extent raised by Mr. Eduardo Ortiz, between "defect of absolute nullity" as a condition affecting the act and "declaration of absolute nullity" as a pronouncement extinguishing the act, becomes important. In this latter case, the act ceases to be in force in the legal system, and therefore the Administration would be unable to "revive" it. From the foregoing, a very important consequence derives, because admitting the thesis of converting an act annulled by the Constitutional Chamber, a thesis defended in this proceeding by the representation of Industrias Infinito, would imply accepting that the Administration can disregard the firm and final decisions issued by the Courts of Justice and the Constitutional Chamber (article 153 of the Political Constitution), with the Administration being able to resort to the conversion of the act to revive public conducts that had already been eliminated from the legal system, which clearly violates the principle of legal certainty (principio de seguridad jurídica), and would constitute a very dangerous precedent for the stability of our Rule of Law (Estado de Derecho). In this regard, Eduardo Ortiz Ortiz is clear when referring to the effects of annulment judgments, stating the following: "In the LGAP there is a clear difference between jurisdictional annulment and declaration of nullity. The latter, as stated, provides the legal system with a single legal innovation, which is the creation of res judicata (cosa juzgada) regarding the existence of that nullity as a fact, which thus becomes legally indisputable and certain for all legal purposes and for all subjects and Courts, given the erga omnes character of the respective ruling" (Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo 2, p.574). Consequently, in the Court's opinion, it was not viable to apply conversion to an administrative act that had been annulled by a resolution of a Court of the Republic, regardless of whether in the Por Tanto of its resolution the Chamber inserted the phrase: "all without prejudice to what the environmental impact study determines," since this does not imply an express permission for the Administration to apply the conversion of the act at a later time, and this is confirmed by resolution No. 14009-2010, invoked by the defendants, where the Chamber itself clearly indicates that the appropriateness or not of the conversion of the concession is a matter of legality that must be discussed in this venue, as is the issue of the act's nullity, indicating that at the time it was interpreted that what was declared by that Chamber was a relative nullity (nulidad relativa), so that by remitting the discussion of those aspects to this venue, the Constitutional Court's intention to allow the annulled concession act to be revived later and that the declared nullity was a relative nullity is ruled out, since if that had been the case, it would have stated so expressly in that resolution. These reasons, assessed according to the rules of sound criticism, generate in the Court the conviction that the conversion used by the Administration to revive the concession act constituted a fraudulent mechanism to circumvent the application of the moratorium decree (decreto de moratoria), since at the time resolution No. R-217-2008-MINAE was issued (April 2008), said Decree was still in force and was binding for the specific case.

As a second criterion for considering the conversion of the act improper, we find that the implementation of that legal figure was contrary to the precautionary principle in environmental matters, for the following reasons. In a correct application of the complex act theory, we consider that the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) was obligated to review and analyze in detail the content and scope of the act that granted viability to the Project, as well as the act that approved the proposed changes, and could not disregard the content of those conducts, as acknowledged in the oral and public trial by the Director of Geology and Mines, Francisco Castro Muñoz, who indicated that the unit under his charge does not intrude upon SETENA's competency and that in their resolutions they only cite what SETENA says, but do not review that information. If Geology and Mines had proceeded in that manner, exercising its competencies in a due and lawful manner as the law imposes, it would have been able to notice that SETENA was approving an impact that that unit had prohibited in the very resolution they were attempting to convert. We refer to the maximum extraction limit up to elevation 75 (meters above sea level), a technical condition that was set in resolution No. R-578-2001-MINAE, and which resolution No. R-217-2008-MINAE ordered maintained, by expressly referring to official communication No. DGM-DC-2085-2001, prepared by geologist Sofía Huapaya, an official of Geology and Mines (a topic that will be elaborated upon later). This condition is not capricious because article 6 of the Mining Code establishes that concessions may be conditioned for reasons of national interest, and without a doubt, the protection of the lower aquifer (acuífero inferior) is a matter of public interest, as it involves potential sources of water supply for the communities. Therefore, given these circumstances that reveal uncertainty regarding the treatment of the subterranean water resource, in application of the precautionary principle, the Directorate of Geology and Mines should have, in the specific case, rejected the requests made by the company Industrias Infinito to convalidate the act annulled by the Constitutional Chamber, and instead, immediately ordered the initiation of a new administrative procedure in accordance with the Mining Code and its regulations, and issued a new final act, in which it would be technically defined whether impacting the lower aquifer would be permitted or not, and also guaranteeing the harmlessness of the extractive activity on that aquifer, as mandated by the precautionary principle.

Finally, and for greater abundance, the Court finds that from the point of view of its nature, it was improper to apply the institution of conversion in this case. It is essential to remember that this figure presupposes the issuance of an act distinct from the absolutely null act (which is not the case here), and its purpose is not to remedy the invalidity of the act but to moderate its effects. In this sense, Eduardo García de Enterría explains: "Finally, article 65 of the law regulates the case of conversion of null and voidable acts so that if said acts contain the constitutive elements of another distinct act they may produce the effects of the latter. The law operates here on the plane of efficacy, not of validity. The null or voidable act does not cease to be such, nor is it cured or convalidated. If so requested by the interested parties, there will be no other remedy but to declare its nullity. However, the consequences of said nullity are sweetened, admitting by law as legitimate those effects that may be considered protected or justified by the elements of the act not affected by the defect that determines its nullity or voidability (for example, an irregular permanent appointment of an official can produce the effects of a temporary appointment)" (Curso de Derecho Administrativo, 2008, Tomo I, p.630). In the same vein, Mr. Eduardo Ortiz Ortiz stated, as recorded in minutes No. 103 of legislative file No. A23E5452, corresponding to the General Law of Public Administration, as follows: "This is a bit strange but it is simply the following: suppose that an official is improperly appointed in the Civil Service without observing the procedures that the Service contemplates, doctrine calls 'conversion' the phenomenon consisting in that the Administration that carried out that act, even if absolutely null, due to total disregard of the Civil Service selection procedure, can convert the absolutely null permanent appointment into a temporary appointment, because for a temporary position there is no need for a competitive examination or selection, so provided that the absolutely null act presents all the formal and material elements of another act that does not require the elements of the act that was intended to be carried out, this latter act can be converted into the former, in the case of a permanent appointment with the selection procedure, into a temporary appointment that does not require a selection procedure, provided that it is declared that the absolutely null permanent appointment is converted into the appointment of that same person as a temporary employee ..." (Ley General de la Administración Pública, concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, 1996, p.286 and 287). Therefore, in accordance with the foregoing, conversion requires that the absence of the element that vitiated the first act (for example, a selection procedure) must be an element proper to the second valid act (for example, a selection procedure is not required for a temporary appointment). In short, the defect that invalidates the first act must be contained in the second act, but in a valid form. We understand, then, why article 189 of the General Law of Public Administration requires as a condition for conversion that the invalid act presents all the formal and material requirements of the valid act. Having clarified these elements, we can easily deduce that in the case under examination such conditions were not met and could not be met, since the lack of an Environmental Impact Study, which was the defect producing the absolute invalidity of the first concession act, was not an element proper to the second concession act issued through resolution No. R-217-2008-MINAE, because the apparent existence of an Environmental Impact Study was the reason the Administration adduced to apply the conversion of the first act. Therefore, for these reasons, the application of article 189 was absolutely improper, as is hereby declared.

It cannot be left unsaid in this judgment that this Court is greatly surprised that, having requested the interested company the convalidation of the concession act, the Administration was so solicitous in this case - which is not common - and, officially, reframed the submitted request, disregarding consideration of any of the grounds that have been found missing here, but finding the Administration highly viable what was sought at that time by the company Industrias Infinito, a situation that in light of sound criticism further confirms the conviction of these judges of the irregularity and illegitimacy of resolution No. R-217-2008-MINAE.

Now, it is necessary to recall that, during its final arguments, the representation of Industrias Infinito insisted on the point that the Constitutional Chamber, when issuing judgment 2004-13414, applied retroactively the principle that environmental impact studies must have been conducted and the environmental viability must have been granted prior to the start of the activity that requires such study in order to be carried out. Likewise, the representative of Industrias Infinito emphasized the argument that article 34 subsection ch) and article 97 subsection g), both of the Mining Code, were declared unconstitutional only in 2009. With these allegations, that defendant has sought to suggest that despite the fact that in 2001 the law did not contemplate the environmental impact study as something prior to the granting of the concession, the Constitutional Chamber interpreted that this was necessary and in 2004 annulled said concession, despite the fact that it was not until 2009 that the legal framework establishing said study as something subsequent to the granting of a mining concession was declared unconstitutional. On this point, it must be stated that this proceeding does not discuss the act through which the mining concession was granted in 2001, much less the Constitutional Chamber's judgment of 2004 that declared said concession null, nor does it judge the constitutionality of the articles of the Mining Code that were annulled by the Constitutional Chamber through judgment number 2009-17155 of November 5, 2009. However, given that this is an argument put forward by the representation of Industrias Infinito during the oral and public trial held in this proceeding, it becomes appropriate to state that this Court appreciates that the Constitutional Chamber never retroactively applied the rule that environmental impact studies and the corresponding environmental viability are prerequisites for the authorization of certain activities. This is because by 2004, when the Constitutional Chamber annulled the mining concession granted to Industrias Infinito in 2001, a tacit repeal (derogación tácita) of article 34 subsection ch) and article 97 subsection g) of the Mining Code had already taken place. Through the Organic Law of the Environment, number 7554, of October 4, 1995, published in the Official Gazette La Gaceta number 215, of November 13, 1995, it was provided, in article 17 of that legal body, that human activities that alter or destroy elements of the environment must have an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) as a prerequisite for the start of activities, works, or projects. In that sense, the Crucitas mining project could not even begin, much less be a concessionaire, if it did not first have the approval of the environmental impact studies. And it must be observed that the environmental impact study is a requirement for the development of mining activity, as provided in articles 3 and 6 of the Mining Code, which is Law number 6797 of October 4, 1982, published in the Official Gazette La Gaceta number 203 of October 22, 1982, which, as can be seen, predates the Organic Law of the Environment. Furthermore, article 3 of the Mining Code already mentions the approval of the study as something prior to the granting of the exploitation concession. It being evident that by legal provision, specifically the Mining Code, mining activity requires an environmental impact study, then article 17 of the Organic Law of the Environment determines that in this matter, the environmental impact study and the corresponding environmental viability are preconditions for the granting of a mining concession. This, in turn, implies the tacit repeal, since the effectiveness of the Organic Law of the Environment, that is, since November 13, 1995, of articles 34 subsection ch) and 97 subsection g) of the Mining Code, which, in contradiction with the same Code, allowed granting a concession before having approved environmental impact studies. Seen in this light, the annulment pronouncement made by the Constitutional Chamber in 2009 does nothing more than expressly resolve a normative problem that had been tacitly resolved since 1995. In that sense, moreover, the Constitutional Chamber's pronouncement that in 2004 meant the absolute nullity of the mining concession granted to Industrias Infinito in 2001 did not retroactively apply any rule, but rather, in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, what it did was order that, as legally corresponded, the then already effective (and had been since 1995, it is worth reiterating) rule that prior to granting a mining concession, duly approved environmental impact studies were required (or what is the same, a previously granted environmental viability is needed in order to grant a mining concession) be applied in the mining activity. And it cannot be ignored that in matters of environmental impact studies, the Organic Law of the Environment contains a special and later rule, of the same rank as the Mining Code, that requires conducting such examinations and having their approval as a step prior to the development of any project, which implies that it is a condition that must be fulfilled before a mining concession is granted.

On the other hand, as part of its arguments, the representation of Industrias Infinito invokes Transitory Provision I of Executive Decree No. 29300-MINAE, which is the Regulation to the Mining Code (Reglamento al Código de Minería) (effective since March 16, 2001), which establishes that "all applications that are in process as of the date of publication of this regulation shall continue their process under the regulatory rules in force at the time of their submission." In relation to this rule, the Court does not find that it justifies the appropriateness of the conversion of the act, since it must be reiterated that, in this case, the co-defendant company, after 2004, had no concession right declared in its favor. It was eliminated from the legal system by the Constitutional Chamber. However, it was revived in an unlawful manner by the Administration seven years later, which is precisely the defect being declared in this administrative contentious proceeding. Therefore, the only right that Industrias Infinito has had declared in its favor and that has not been questioned is the exploration permit, which, as already indicated, could never automatically grant the concession right, since such an interpretation injures the intelligence of this Court, violates the legal system, and translates into nothing more and nothing less than a gross fraud of law (fraude de ley).

Finally, the co-defendant cites articles 164, 168, and 223 of the General Law of Public Administration, the first two embody the principle of conservation of administrative acts and the latter also does so in relation to the administrative procedure.

These provisions must be set aside to support the conversion so often mentioned, since, as explained before, it was not legally possible to revalidate or revive an act that had already been annulled by the Constitutional Chamber, nor were the prerequisites established by Article 189 of the General Public Administration Law met, and in any case, the substantive law applicable to the specific case (environmental law) required that, due to the imprecisions and contradictions existing between the environmental feasibility, the approval of the changes to the project, and the technical conditions set by Geología y Minas, there was uncertainty regarding the impact on the lower aquifer, which necessarily obliged the Administration to conduct a new administrative procedure.

That being the case, for all these reasons, pursuant to Articles 158 and 166 of the General Public Administration Law, for being inconsistent with the legal order, resolution N° R-217-2008-MINAE is vitiated by absolute nullity and is so declared.

 

XV- REGARDING THE VIOLATION OF THE PROCEDURE, THE ABSENCE OF THE BALANCE BETWEEN BENEFITS AND COSTS, AND THE LACK OF REASONING OF DECREE N° 34801-MINAET.

With respect to the decree that declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, Executive Decree N° 34801-MINAET, this Tribunal considers that it presents defects in the procedure, in the grounds, and in the reasoning, as explained below.

Regarding the procedure, it is important to begin by indicating that according to the classification of administrative acts established in the General Public Administration Law, decrees are administrative acts of general scope, that is, they are not directed at an identified subject but at the generality of those administered (Article 121 of the cited Law). In that regard, it is important to recall that the General Public Administration Law provides a special procedure for the preparation of this type of provisions of general scope. Thus, Article 361 provides as follows: “1. Decentralized entities shall be given a hearing on draft general provisions that may affect them. 2. Entities representing interests of a general or corporate nature affected by the provision shall be given the opportunity to express their views, within a period of ten days, unless reasons of public interest or urgency duly recorded in the preliminary draft oppose this. 3. When, in the judgment of the Executive Branch or the Ministry, the nature of the provision so advises, the preliminary draft shall be submitted to public information, during the period indicated in each case.” For the specific case, the Tribunal finds that the President of the Republic and the Minister of the relevant branch grossly disregarded this procedure, since from a review of administrative file N° DAJ-077-2008, which supports Executive Decree N° 34801-MINAET, there is not even a hint of acts aimed at complying with the procedure stipulated by Law to lawfully issue this Decree, nor is it found that there exist reasons of public interest or urgency justifying the non-compliance with this requirement necessary for the validity of the aforementioned Decree, much less were they expressed in that act. Rather, the Tribunal considers that, on the contrary, as it involved a provision declaring a mega-mining project of “public interest and national convenience,” it was absolutely necessary to grant entities representing interests of a general or corporate nature, whether environmental, academic sectors, or business groups, the period established in the cited Article 361, so that these organizations could pronounce on the project, and based on those pronouncements the Executive Branch could carry out the balance required by Law to decide whether or not to declare the activity of national convenience and public interest, something that did not happen, as can easily be verified. Moreover, the Tribunal considers that the enormous national significance of this mining project made it imperative to submit the preliminary draft of the Decree to public information, as permitted by subsection 3 of Article 361, in relation to Article 6 of the Organic Environmental Law (principle of citizen participation), applicable to the specific case due to the specialty of the matter, which very clearly provides as follows: “The State and municipalities shall promote the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.” Notwithstanding the foregoing, the intention of the Executive Branch to comply with said provisions was never reflected in the administrative file or in the text of the document itself. In administrative file DAJ-077-2008, which supports the questioned Decree, only the following pieces are recorded: (1) approximately twelve letters signed by neighbors, the mayor of the municipality, some associations, and others addressed to Minister Roberto Dobles; (2) an unsigned executive summary stating “October 2008”; (3) copies of certain rulings of the Constitutional Chamber; (4) official communication SG-ASA-259-2008, of October 10, 2008, signed by Sonia Espinoza Valverde, General Secretary of SETENA, addressed to the Director of the Área de Conservación Huetar Norte, pointing out that if environmental feasibility is granted to a project, it is because the balance obtained shows that the benefits outweigh its costs; (5) the draft of the Decree; (6) official communication DAJ-1570-2008, of October 13, 2008, signed by licensed Marianela Montero Leitón, Legal Advisor of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, addressed to the Minister, indicating as follows: “With the approval of this Legal Department, please find attached for your respective signature, the Decree identified with DAJ-077-2008, corresponding to the ‘Declaration of Public Interest and National Convenience of the Crucitas Mining Project.’”; (7) a one-page executive summary also signed by the Legal Advisor of the Ministry, which in relevant part states: “Subject: To declare the Crucitas Mining Project as of public interest and national convenience, with the consequences that said declaration produces. (...) Derived results: The developing company, subject to prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas, may proceed with the cutting of trees, including prohibited species, and the development of infrastructure works in protection areas.”; (8) official communication DAJ-1573-2008, of October 14, 2008, signed by the same Advisor, addressed to the Directorate of Laws and Decrees of the Ministry of the Presidency, which states as follows: “For the purpose of being signed by the President, please find attached the Decree identified with DAJ-077-2008, corresponding to the ‘Declaration of Public Interest and National Convenience of the Crucitas Mining Project’ (folios 4 to 102 of the referenced file). As can be observed, the file through which Executive Decree N° 34801-MINAET was processed reflects that the preparation of that act lacked the slightest rigor, diligence, and respect for analyzing the substance of the matter, nor did it provide publicity or participation to citizens or organizations regarding the scope of this declaration. It is found that this action is extremely burdensome, insofar as not only was the special procedure for the preparation of provisions of a general nature regulated in Article 361 of the General Public Administration Law not complied with, but also the minimum requirement that our legal order demands for the valid issuance of an administrative act was not fulfilled, which is the completion of a prior administrative procedure (ordinary or summary), as ordered by Articles 214, 308, and 320 of the cited Law, in relation to Articles 5 and 106 of the Biodiversity Law. Faced with this panorama, what is perceived in light of the rules of sound criticism is the most ‘unprecedented’ haste of public officials to issue this Decree at all costs and to allow, as the main purpose, the co-defendant company to fell the forest and trees in the area under discussion, without even stopping to analyze whether there existed prohibited, endangered, or endemic species there, a situation that in the judgment of this Tribunal translates into a clear deviation of power (Article 131.3 of the General Public Administration Law), that is, the pursuit of a purpose different from the main purpose that a declaration of public interest and national convenience must follow, emptying the cutting prohibition established in the Forestry Law and in Decree 25700-MINAE of its content, and favoring the developing company in the execution of the Crucitas Mining Project. With all this, it is relevant to note that the violation of the procedure enshrined in Article 361 of the General Public Administration Law constitutes an omission of a substantial formality, which pursuant to Article 223 of the referenced legislation, entails the nullity of all actions taken by the Administration, an aspect that this Tribunal can declare even ex officio, as expressly provided by Article 182.1 of the General Public Administration Law. For all the foregoing, the arguments put forward by the defendants to the effect that the questioned Decree constitutes an act of execution are rejected, as it is abundantly clear that it is a separate act of a general nature, which has its own procedure and responds to a regime and purposes independent and distinct from the act of the exploitation concession and the act of environmental feasibility.

Now then, regarding the grounds of the act, the Tribunal finds that this element is vitiated in Decree N° 34801-MINAET, given that the Forestry Law in its Article 3 subsection m) provides that activities of national convenience are those whose social benefits are greater than the socio-environmental costs, and the norm indicates that the balance shall be made through “appropriate instruments.” It is clear, then, that in order to determine whether the Crucitas Mining Project was of national convenience, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications should have instituted an ordinary administrative procedure and proceeded, through appropriate technical and scientific instruments, and after receiving the pronouncements of the affected sectors, to carry out the balance between social benefits and socio-environmental costs. Once the procedure was completed and the foregoing elements had been taken into account, the Executive Branch could lawfully issue the Decree declaring national convenience if the weighing of those elements allowed it. However, as we were able to verify in this case, Decree 34801-MINAET was issued in the absence of the balance and in the absence of the criteria that general or collective interest organizations could have put forward, all of which seriously vitiates the grounds of the general provision challenged here. Here it is important to add that the testimony of Sonia Cervantes (Sociologist) is not useful to demonstrate that balance, as said professional conducted a biased analysis that only considered social and economic variables of the Project area, but not a global analysis of costs and benefits in national terms. The witness clearly indicated that she carried out two studies, one in 2007 to present before SETENA and another this year to be presented in this proceeding. Evidently, neither of the two corresponds to the analysis that the Executive Branch should have conducted to declare the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, and it is not valid to affirm in this proceeding that it corresponds to the same procedure of SETENA, because these are distinct acts, with distinct legal purposes, and with distinct regulated procedures. As explained by witnesses Sandra Arredondo, Eduardo Murillo, and Sonia Espinoza, in the SETENA procedure what is applied is an environmental importance matrix, which is a methodology aimed at evaluating the environmental impacts of a certain project or activity, carried out within the framework of that specific competence entrusted by the Organic Environmental Law to SETENA, and it cannot be equated with the balance of costs and benefits established by the Forestry Law for the purpose of declaring a certain activity of national convenience, competence that corresponds to the Executive Branch, as provided in Article 34 of said Law, recalling that the Executive Branch is exercised by the President of the Republic and the Minister of the relevant branch (Article 130 of the Political Constitution). The same reasons must be stated regarding the document called “Executive Summary Socio-Economic Balance” provided by the State and contained in a separate file, since this document does not indicate the date on which it was prepared, the professionals who participated in its preparation, or whether it was presented before a specific public office, and under those conditions it constitutes evidence that raises many doubts for the Tribunal to be taken into account. For these reasons, this Chamber concludes that the Decree is seriously vitiated in its grounds.

Finally, the Tribunal finds that Decree N° 34801-MINAET presents a defect in the element of reasoning or motivation, insofar as it is considered not only scarce for the magnitude of what was being declared in that act of general scope, but also does not make even the slightest reference to documents, studies, opinions, or other technical and scientific elements that support and justify the national convenience of the project, and no further information can be obtained beyond the very general references made therein to the supposed benefits the mine will bring, which basically boil down to potential jobs and tax payments (obligation established by law), aspects which in themselves do not imply any substantial difference with respect to other commercial activities of daily national occurrence, for which a decree of national convenience has not been required. The generality of the information presented there and the absence of the technical and scientific basis that supports said information prevent the Tribunal from exercising control over the technical correctness of the so-called “appropriate instruments” provided in the Forestry Law, based on which the Executive Branch had to carry out the balance of costs and benefits before issuing the decree. In addition to this, it powerfully calls attention that the challenged Decree points out a number of areas on which the cutting of trees is required on the properties of Industrias Infinito, specifically, 191 ha 7782.66 m2 of forest, 66 ha 9474.53 m2 of agricultural/ranching use without forest, and 4 ha 1751.38 m2 of forestry plantations (for an approximate total of 262 ha); however, at no time does the Decree indicate the source of this data, nor is this information found in file N° DAJ-077-2008, with the aggravating factor that SETENA permitted the exploitation activity in the Crucitas Mining Project on a total area of 227.6 ha, resulting in a difference in area between the two acts of approximately 34 ha, a situation that generates in this Tribunal a state of absolute uncertainty regarding the correct and serious determination of the zones subject to tree felling, which, in accordance with the precautionary principle, obliged the Executive Branch to refrain from issuing said Decree, as it contained so many technical imprecisions to the detriment of the conservation and protection of forest areas and to the detriment of the conservation of wildlife. All these absences and inconsistencies, in the Tribunal's judgment, translate into a violation of Article 136 of the General Public Administration Law, which imposes on the Administration the duty to adequately state the reasons for its acts.

It remains to be indicated that the fact that Article 6 of the Mining Code declares mining activity to be of public utility does not imply that the Crucitas Mining Project had, in and of itself, the status of being a project of national convenience, because to acquire such status a series of assessments and procedures are required that must be verified in each specific case, and these are established by the Forestry Law, as has been explained previously. In any case, it could not be accepted that the public utility provided in the Mining Code constitutes per se the exception to the prohibition of tree cutting in forest areas and protected areas, as such an interpretation would be inconsistent and, moreover, fraudulent, given that the Forestry Law is not only a special law regarding such aspects but is also a law subsequent to the Mining Code.

In summary, for all the foregoing, it is concluded that Executive Decree N° 34801-MINAET, pursuant to Articles 131, 133, 136, 158, 166, 223, and 361 of the General Public Administration Law, is vitiated by absolute nullity and is so declared.-

 

XVI- REGARDING THE DEFECTS OF THE LAND-USE CHANGE PERMIT.

In close relation to the previously discussed matter, the Tribunal finds that resolution N° 244-2008-SCH, issued by the Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, presents defects in its grounds and also incurs a deviation of power. In this debate, expert witnesses expressly acknowledged that the questioned resolution presented serious errors in the identification of the species or individuals existing in the project area. In this regard, witness Quírico Jiménez Madrigal (Forestry Engineer) was emphatic in pointing out that the list of trees to be cut in areas with forest cover (cobertura boscosa), contained in Table N° 2 of the "Por Tanto" section of resolution N° 244-2008-SCH, a fact demonstrated in this proceeding, included species that do not grow in the area and species that do not exist in Costa Rica, also detecting that there were threatened species and species in extinction. As species not from the sector, he indicated among others the following: Copalillo, Corteza, Guabo, Lechoso, Lorito, Mangle, Muñeco, Nance, Nancite, Nene, Panamá, Pellejo de Vieja, Poró, Ron Ron, Sangrillo, Targuá, among others. Among the species in extinction, he pointed out Cipresillo, Cola de Pavo, and Tostado, the latter which he also qualified as endemic (that is, it only grows in that region). For his part, witness Javier Baltodano Aragón (Biologist specialized in Dendrology) also referred that in the list of species contained in resolution N° 244-2008-SCH, individuals were identified that are not typical of the northern Huetar area. He stated that in the project area there are only 5 Cola de Pavo trees in 161 hectares, and that the Tostado is an endemic species in that sector. He indicated that the Tostado, the Cola de Pavo, and the Cipresillo are species prohibited by Regulation. He additionally explained that the yellow almond tree is not in danger of extinction, but its cutting is prohibited because it is a nesting site for the green macaw. Finally, witness Olman Murillo (Forestry Engineer) explained that what exists in the area is mostly secondary and intervened forest. He stated that he agreed with Quírico Jiménez in the sense that, as a scientist, it is not good to have species identification errors. He acknowledged that the Ajillo, the Mangle, and the Panamá are not typical of the area, and that the Tostado and the Cola de Pavo are endemic and threatened species. He pointed out that from the standpoint of the land-use change (cambio de uso del suelo) that the State authorized, the identification of the species lacks relevance because what will be applied there is a clear-cutting (tala rasa); however, he argued that as a Forestry Engineer, the correct identification of species is relevant for conservation purposes. Well then, according to the foregoing statements of the expert witnesses, which are coincident, the Tribunal concludes that three defects occurred in the grounds of the act. In the first place, the Administration omitted to take into account for the issuance of the resolution the fact that in the sector subject to felling there exist species that are prohibited by Executive Decree N° 25700-MINAE, in force since January 16, 1997, and on the date of issuance of the act, such as the Cipresillo, the Cola de Pavo, and the Tostado. This omission is considered serious, by virtue of the fact that the Área de Conservación Arenal-Huetar Norte only took into consideration that an Environmental Impact Study existed and that Executive Decree N° 34801, published the same day this resolution was issued, declared the Crucitas Mining Project of national convenience. Notwithstanding the foregoing, the harvesting ban established by Executive Decree N° 25700-MINAE was issued under a different legal regime than that regulated by the Forestry Law, as it was made under the Convention on Biological Diversity (Law N° 7416) and under the Wildlife Conservation Law (Law N° 7317), and its object was the conservation of certain trees in danger of extinction, based on the right of the species that make up wildlife to their subsistence. The aforementioned laws do not provide for the possibility for the State to disapply a general prohibition to protect endangered or threatened species when a project is declared of national convenience, as the Forestry Law does, but for two specific cases: areas covered by forest (Article 19) and protection areas (Article 34), scenarios that do not correspond to the one regulated by Executive Decree N° 25700-MINAE. It is even important to note that in the Forest Management Plan itself presented by the co-defendant company, the presence of threatened or prohibited species is acknowledged, such as those mentioned before which appear with very low representation, and in this regard, the consulting team that prepared that plan clearly indicated that “in these cases, the company will take the actions indicated by MINAE, Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, Subregional San Carlos-Los Chiles, Alajuela, as mitigation or compensation measures” (folio 665 of volume 3 of the administrative file of the Conservation Area N° AH01-PM-03-08), which allows the conclusion that the company was aware, prior to seeking authorization, of the existence of prohibited species. In summary, it is considered that by failing to take this aspect into account for the issuance of resolution N° 244-2008-SCH and not having ruled on the matter, a defect in the grounds of the act arises, as it is an essential issue that affected its content. In the second place, another defect in the grounds of the act arises, since it is clear that the Área de Conservación Arenal-Huetar Norte did not correctly identify the individuals in the area, a situation that had significant incidence in this case, because it was not a simple clear-cutting in the area for which the land-use change permit was granted, but rather the company committed to reforest 382 hectares of forest with native species, a commitment that was proposed as a compensation measure both in the Forest Management Plan (folios 270, 288, and 289 of volume II of the administrative file of the Conservation Area N° AH01-PM-03-08) and in the so often mentioned document of Proposed Changes to the Project (see point 6 of table 1.3. at folio 199 of the document Environmental Assessment of Proposed Changes to the Project). Evidently, when there is no certainty of the native species existing in the area, product of the multiple errors contained in resolution N° 244-2008-SCH, such a situation renders nugatory one of the essential purposes that that administrative act was supposed to fulfill, which was precisely the correct execution of the Management Plan, which itself should have contained, regarding the species to be cut, the necessary certainty in order to carry out reforestation in a technically correct manner. Finally and in the third place, the cited resolution is vitiated in its grounds for having taken into account as an essential element for its issuance Executive Decree N° 34801-MINAET, which was an absolutely null act, in the terms explained in the preceding recital. Despite the representation of Industrias Infinito arguing so, the discussion of whether the questioned felling affected primary or secondary forest areas is not relevant here, since according to what was declared by witnesses Olman Murillo and Sandra Arredondo, secondary and intervened forests predominate on the co-defendant company's properties, so there is no controversy on this aspect. The essential defect is that the company committed to reforest the project area with native tree species existing there, such that their incorrect identification in the challenged act affects the fulfillment of that commitment, which goes hand in hand with the purpose established by Article 1 of the Forestry Law, which is precisely the conservation and protection of forests, regardless of whether they are intervened or not, as established by subsection d) of Article 3 of that Law. Therefore, the land-use change permit in this case cannot be seen as a simple clear-cutting, as that would imply ignoring the essential purpose pursued by the Forestry Law, and even the essential purpose of the Convention on Biological Diversity and the Wildlife Conservation Law, regarding the conservation of certain species, as in this case those that had a cutting prohibition.

For the same reasons, it is also not relevant to discuss whether the intervened forest could or could not be subject to harvesting, since the essential thing here, as has been stated many times, is the full compliance with the purpose of the act, as it was formulated by the company itself, so that the improper identification of native species and the omission to take into account prohibited species affects the grounds of the act and generates its absolute nullity. These omissions are also imputable to the company Industrias Infinito, since if they had assumed the commitment to reforest the areas with native species, they should have exercised due diligence and interest in ensuring that the act possessed sufficient technical correctness, a situation which is ruled out here because at no time did the company request that the threatened species be taken into account, while on the contrary, it was very diligent in commencing without delay the cutting of trees on the same day that Executive Decree N° 34801 was published, which incidentally was the same day that resolution N° 244-2008-SCH was issued. This circumstance is presumed by reason of the relationship of dates both of the issuance of the resolutions and the notification from the Chamber of the suspension of the felling. The foregoing is inferred from the declaration of Sandra Arredondo, who indicated that the cutting began on a Friday and was stopped on a Monday by order of the Constitutional Chamber, which is coincident with the date of the resolution that authorized the felling (Friday, October 17, 2008) and the official communications issued by the Minister of Environment and Energy on Monday, October 20, 2008, requesting the company to refrain from continuing actions in the Project area due to the filing of an amparo appeal. All the foregoing reveals that the land-use change permit and Decree 34801-MINAET, published the same day, October 17, 2008, constitute a set of conducts that pursued a purpose that was not that established by the laws previously indicated, and therefore both present the defect of deviation of power, and it is so declared.

 

XVII- REGARDING THE PUBLIC ROAD.

During the oral debate and trial, the existence of a public road, over which the company intends to build part of the tailings pond (laguna de relaves), was raised as a new fact, duly admitted by this Tribunal, as can be deduced from the first recital. This Tribunal was made aware that through a request submitted by the defendant company Industrias Infinito S.A. before the Dirección de Geología y Minas on March 10, 2009, it requested the constitution by said body of a mining easement (servidumbre minera) of permanent occupation over land owned by the Municipality, specifically over a road. Prior to the concrete analysis, it is important to bring forth certain indispensable regulations for the resolution of the specific point.

Public roads are defined and classified in the General Law of Public Roads, in its first article referring to the cantonal road network, which establishes it as:

(..) CANTONAL ROAD NETWORK: Its administration corresponds to the municipalities.

It will be made up of roads not included by the Ministry of Public Works and Transport within the National Road Network: such as; a) Neighborhood roads (Caminos vecinales): Public roads that provide direct access to farms and other economically rural activities; link hamlets and towns with the National Road Network, and are characterized by having low traffic volumes and high proportions of short-distance local trips, b) Local streets (Calles locales): Public roads included within the quadrant of an urban area, not classified as urban crossings of the National Road Network and finally c) Unclassified roads (Caminos no clasificados): Public roads not classified within the categories described above, such as bridle paths, footpaths, trails, that provide access to very few users, who will defray the maintenance and improvement costs. (Thus amended by Law No. 6676 of September 18, 1981, article 1). For its part, article two establishes that "Municipalities have ownership of the streets within their jurisdiction.", numeral 28 prohibits the disposal of said roads other than that of their nature, indicating in what is relevant "It is strictly prohibited (...) for Municipalities to grant permits or rights of occupation, enjoyment, use or simple possession of the right-of-way of public roads or to exercise acts that imply in any form tenure of the same by persons. In protection of said roads, article 32 states that "No one shall have the right to close partially or totally or to narrow, by fencing or building, roads or streets delivered by law or de facto to the public service or to that of an owner or neighbors of a locality, unless proceeding by virtue of a judicial resolution issued in a proceeding processed with the intervention of representatives of the State or the respective municipality or by rights acquired under laws prior to this one or the provisions of this law.", in this regard the Construction Law (ley de construcciones), in its article 5, states that: "Public roads are inalienable and imprescriptible and therefore, no mortgage, seizure, use, usufruct or easement (servidumbre) may be constituted upon them for the benefit of a specific person, under the terms of common law." On this point, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its repeated rulings, among them 2005-07053, of June 7, 2005, develops: "II.- LEGAL NATURE OF PUBLIC ROADS. Public roads constitute demanial assets. This is derived from article 5 of the Construction Law, No. 833 of November 2, 1949 (...) This affectation to the demanial regime comes from the power inserted in article 121, subsection 14, of our Political Constitution, where it is enshrined as an attribution of the Legislative Assembly to "decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own assets." Regarding the characteristics (...) it has expressed the following:

"The public domain is composed of assets that manifest, by express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are the so-called dominical assets, demanial assets, public assets or things, which do not belong individually to private parties and which are destined for a public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, affected by their own nature and vocation (Voto No. 2306-91 of 14:45 hrs. of November 6, 1991). Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which, invariably, is essential by virtue of an express norm. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law and the administrative action substitutes interdicts to recover ownership. Under this understanding, highways, streets or public roads, by their condition of assets comprising the demanio, cannot be alienated without first having been disaffected from the public domain regime. Thus, the demanial nature of public roads is presumed and excludes any other possession that is claimed, as long as the ownership of the property is backed by reliable proof and without prejudice that in the ordinary jurisdictional route the better right claimed may be discussed."

From the review of the facts held as proven, with respect to the public road, it is extracted that the defendant company Infinito S.A. in the month of March 2009, submits an express request before the Mining Registry (Registro Minero) of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), based on article 50 of the Mining Code (Código de Minería), so that a mining easement (servidumbre minera) of permanent occupation is processed over a municipal land, without directly informing in its request that it is a road, for which it attaches to its request photographs of said road, as well as an appraisal of the same. In said body, Ms. Cynthia Cavalllini, head of the Mining Registry, grants procedure to the easement (servidumbre), requesting the corresponding appraisal from the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda). From the evidence in the record, certification from the Municipality of San Carlos, the existence of a cantonal public road is accredited, specifically 2-10-104, which has been registered since 1962 on Cartographic Sheet ° 3348 IV of the National Geographic Institute (IGN). This Tribunal, in review of the factual framework and the evidence in the record, on such fact, finds not only an absolutely irregular action on the part of the Mining Registry, but one violating the legal system, both of the administration and of the defendant company, who despite having knowledge of the existence of the road, from its initial project proposal, December 1999, the request for environmental viability (viabilidad ambiental), that of the proposed changes, before SETENA, and the validation of the act, did not evidence before the administrative bodies the existence of the public road and its intention to build part of the tailings lagoon on said road, grossly evading the procedures necessary to be able to access said land. It is of interest to highlight that both the Municipal entity and the administrative bodies had full knowledge that it was intended to build an essential component of the mining project (tailings lagoon or tailings) on a public road, since from all the reports rendered from the year 2000 until the last approval in the year 2008, both by SETENA and by the Directorate of Geology and Mines, field visits were made, which allowed them to verify the location of the project and each of its components, nevertheless, they ignored the existence of the public road, since from both the facts and the evidence in the record, as well as from the requests of the mining company, it is clear that the location of the tailings lagoon from the start of the project has not varied, nor its measurement, which is corroborated in the table of proposed changes analyzed by SETENA and not questioned by the Directorate of Geology and Mines, within its obligation to analyze SETENA's decision when granting environmental viability, furthermore, from the easement (servidumbre) request itself, the company informs that studies have been conducted since the late "1990s", "and that based on the results found, the design engineers of the company Industrias Infinito, decided to locate the tailings lagoon in the site currently proposed, because it meets the best conditions from the technical and environmental point of view," which reveals that the disposition of the public road that the company intended was a circumstance known since its initial proposal - year 1999 -, a circumstance that was never mentioned and evaluated by the administrative bodies responsible for granting both the environmental viability and the exploitation concession. A situation that was essential to assess, because to approve the location and construction of one of the essential components of the project, - the tailings lagoon - on a cantonal public road, which would completely disappear, indispensably implied, on the part of the company, managing before the Municipality of San Carlos the possibility of disaffecting the public road in order to dispose of it, and on the part of the administrative bodies, requesting from the company the indispensable requirement as to whether it had disposition of the cited land occupied by the public road, an essential condition that was ignored. The defendant company in defense of its interests has said that the road was in a state of abandonment and disuse, this last element being indispensable according to its criteria, which allowed that by enabling a new stretch of the road - cantonal route 2-10-104, that sector that was of its interest and indispensable for its project would become disaffected, both by disuse and by its compensation in a new stretch, a thesis that is unacceptable on the part of this Tribunal, being flagrantly violative of our legal system, it cannot be lost sight of that the publicity of road is not under discussion to assess elements of its constitution - such as its use -, as it has been declared public at least since 1962 on the cartographic sheet of the National Geographic Institute (IGN). In addition to the above, it has been said by the company that upon the road having been realigned by the Municipality, part of it is immediately disaffected, a statement that violates the entire regime of public domain asset protection, since the contrary would be to allow private parties, according to their interests, attributing disuse or abandonment thereof, to make free disposition of public domain assets, which clashes against what is established by the constitutional norm - article 121, subsection 14 -. The affectation of public domain assets may occur by formal act, by integration resulting from their destiny, by law and some others by constitutional norm under the premises of sections a, b and c of subsection 14 of numeral 121 of our Political Constitution. The foregoing means that public domain assets declared as such may only be disaffected from their special regime or destiny through a legislative act, not through discretionary acts of the administration or extensive interpretations of said bodies or private subjects for whom it may be of interest. In the specific case, it is unacceptably sought to justify that a stretch of route 2-10-104, a cantonal public road, was disaffected by a realignment carried out by the municipal entity, a situation that the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) itself evidences by indicating in the evidence provided in the record that both the administration and the disposition of cantonal routes correspond to the Municipalities, and that in the specific case, even though the Municipality of San Carlos communicated the realignment of the road, the inscription in the cantonal road network department retains the original layout of the road, as well as the section added to it. It is extracted from the evidence provided to the process - folios 2309 to 2374, 2379, 2380, 2408, 2409, 2412 to 2415 of the judicial file - that although since 2006, a land was donated by Gerardo Fernández Salazar and María Ester Pérez Hidalgo in favor of the Municipality of San Carlos, on which a new stretch of the road - route 2-10-104 was built, which was also enabled in substitution of the section of the road on which the company Infinito S.A. intends to build part of the tailings lagoon, and that neighbors of the place showed their conformity with such substitution, such process does not have the virtue intended by the defendant Infinito S.A. of disaffecting part of a cantonal public road that is of its interest, which, as indicated supra, can only occur through the corresponding legislative process and authorization, which is lacking in this process.

Regarding the non-observance of such requirement by the public bodies, it is totally violative of the legal system not to have requested from the company whether the municipal land over which it intended to dispose the construction of part of the tailings lagoon was disaffected.

It is especially important to analyze the mining easement (servidumbre minera) request. A permanent mining easement (servidumbre minera) request is presented before the Directorate of Geology and Mines, over a municipal land, destined since 1962 as a cantonal public road, which was personally processed by Ms. Cavallini. In the oral and public trial, Mr. Francisco Castro states that he has worked in that directorate for 35 years, and since 1984 has been under his headship. He declares that even though he exclusively and personally processed the reconvention request of the act, he was unaware of the company's easement (servidumbre) request, of which he learned a few days before his statement in the trial, and that the initial technical procedure to follow in that type of process is to carry out a field inspection to determine the viability of the easement (servidumbre), and then continue with the legal process. He also recognizes that when a concession request is submitted, the first thing to be done is its location in the mining registry, that the surveyor in charge makes a field study with the cadastral plan of the property that the interested party must present. He also indicated that he is unaware if they want to close the road, even though he acknowledges that he visited the project site on several occasions. On the other hand, contradictorily, Ms. Cavallini declares at trial that her boss, Mr. Francisco Castro, knew about the easement (servidumbre) request and that the process is first to request the appraisal, which is what she did, and not a field visit. This tribunal cannot overlook such contradiction, and what is more serious still, that the head of the mining registry since 1993, who is a lawyer, processed the permanent mining easement (servidumbre minera) request over a cantonal public road, information that is clearly evident from the appraisal provided by the company, as well as from the photographs that accompany said appraisal and the company's request, without the official taking into account that the land over which the permanent easement (servidumbre) was sought is a public road, since from the documents submitted it was not clear that it was disaffected. At trial, she accepts that due to her training as a lawyer, she knows it is indispensable that the land must be disaffected to assess the constitution of the easement (servidumbre), and she acknowledges out loud that it was her responsibility for personally processing the request and in her capacity as head of the Mining Registry to corroborate such requirement but she did not do it, and sent the request to the Ministry of Finance for assessment. She also indicates that she does not know the document shown to her at trial (the response from the Tax Administration of Alajuela, visible in the administrative file labeled new fact) in which she is informed that the land cannot be valued for its consequent expropriation, by virtue of being affected to the public domain, because it is a public road, and that given such circumstance, in a general situation, not for the specific case, Ms. Cavallini states that an easement (servidumbre) request in those terms should be rejected. She added furthermore that according to the request submitted, if the tailings lagoon could not be built in the place indicated since the beginning of the project, its relocation and construction in another part of the project would substantially alter the conceptual framework thereof, which obliged the concessionaire to communicate it to Geology and Mines, so that the corresponding studies could be carried out. Thus, it is evident in the opinion of this tribunal that the administrative body - Directorate of Geology and Mines - was responsible, through its officials, for processing the mining easement (servidumbre minera) request. They did not perform work adhering to the functions that the law imposes on them, and in this way accepted the processing of a permanent mining easement (servidumbre minera) over a public domain asset, lacking the indispensable requirement for its course, the disaffectation of the road. It should be taken into account that according to the regulations cited at the beginning of this recital (Considerando), article 28 of the Public Roads Law (Ley de caminos públicos), as well as article 5 of the Construction Law (ley de construcción), there is an express prohibition in both laws regarding the disposal of public roads, and the constitution or granting in them of permits, rights of occupation, enjoyment, use, possession, usufruct, nor easement (servidumbre) for common use, norms that were grossly ignored both by the company Infinito in seeking the constitution of the permanent easement (servidumbre), as well as by the administrative bodies and officials responsible for complying with the preceding normative provisions.

The defendant company, in its arguments, maintains that the easement (servidumbre) finds its basis in numerals 50 to 52 of the Mining Code (Código de Mineria). Upon review of these, they provide provisions relating to the constitution of mining easements (servidumbre minera), including for the placement of tailings deposits as in the specific case. However, it is evident that the company knew that the municipal land on which they sought the constitution of the permanent easement (servidumbre) was a public road, which had to disappear to make viable the construction of the tailings lagoon, a deposit that, as was proven by the statements made at trial by the experts of both the plaintiff and the defendants, has a permanent location, without its construction being reversible, which would imply the permanent disappearance of the road. Consequently, the non-disaffectation and intended disposal of the public road constitutes a defect that affects the basis of Resolutions No. 3638-2005-SETENA, 170-2008-SETENA and R-217-2008-MINAE, issued by SETENA and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, and it is so declared due to the non-observance of the public road.


XVIII- ON THE TECHNICAL ISSUES INVOLVED.

While the Tribunal is not unaware that the administrative file contains studies prepared by the co-defendant company, in which the technical issues questioned by the plaintiffs appear mentioned, the truth is that in this matter SETENA omitted requesting a new Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) and omitted analyzing the changes proposed by the company to the original project design, which resulted, in the opinion of this Tribunal, in a waiver of the powers entrusted by Law to SETENA and ultimately, in a lack of substantiation of the act that approved the changes. Evidently, by not having conducted a technical analysis of the changes to the design and their impact, SETENA also omitted conducting a concrete analysis of each of the technical issues involved, such as the use of cyanide, the seismicity risk, and others. Given such an absence, the defendant parties attempted to substitute the technical function that corresponded to SETENA, bringing to the judicial process experts who rendered a favorable opinion on each of the technical issues questioned by the plaintiffs. The foregoing, however, is inconclusive for this case, because the Tribunal could not exercise control over the technical correctness of the Administration's actions if the contested act, nor its prior basis, contains a technical analysis from which that control can be exercised, as occurs in the case of Resolution No. 170-2008-SETENA and report ASA-013-2008-SETENA. Under such conditions, the Tribunal could not proceed according to article 128 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) either, which allows ordering the exercise of powers with discretionary elements, since the mentioned acts lack technical elements that prevent exercising said control. It would be different if SETENA had conducted an exhaustive technical analysis of all the studies and documents submitted by the developer, issuing its opinion on each of the relevant technical themes and their questionings, so that in such case the expert witness testimony would have as its purpose demonstrating, but not supplanting, the technical and scientific correctness of the analyses carried out by the Administration. If not, as is sought in this matter, we would be allowing the Administration to cease exercising its legal functions and in those cases where a contentious administrative trial is filed, the defendant simply opts to bring an expert to substitute the work left undone by the competent technical body. This proceeding is considered inconclusive and does not have the effect of correcting the omission of requesting an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), as well as verifying the procedure established to carry out the corresponding impact evaluation. Notwithstanding the foregoing, the tribunal will proceed to refer to the most relevant aspects that arose from the expert witness testimony in relation to the technical issues that have been questioned, evaluating them in accordance with the rules of sound judgment. It must be remembered that by virtue of the precautionary principle applicable to the case, the plaintiffs were not obliged to demonstrate each of the proposed questionings beyond doubt, as the evaluation of those aspects arises with the weighting of the various technical opinions heard at trial, a task that corresponds to this Tribunal, and which is set forth below, with the caveat that this pronouncement does not have the virtue of correcting the lack of technical analysis by the Administration, a defect that affects Resolution No. 170-2008-SETENA with absolute nullity.


XIX- ON THE DEPTH OF EXTRACTION AND THE AFFECTATION OF THE LOWER AQUIFER.

The Public Administration is subject, according to the provisions of article 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), to the univocal rules of science and technique, so that in no case may acts contrary to them be issued. This is important to remember because in the present matter a technical aspect of much relevance has been discussed, which is the limit elevation for the extraction that Industrias Infinito plans to carry out. When the Crucitas mining project was initially submitted to the Directorate of Geology and Mines, it contemplated extracting saprolite and hard rock in three hills: Fortuna, Botija and Fuentes. That same original project contemplated, as part of the extraction process, intercepting two aquifers: one close to the surface and another located several meters below that one. The first will be referred to as the upper aquifer, while the second will be referred to as the lower aquifer. In this regard, it must be noted that in Resolution R-217-2008-MINAE, the Executive Branch subjected the mining concession given to Industrias Infinito to the condition that the technical conditions given by geologist Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra through official communications DGM-DC-320-2001, of March 14, 2001, and DGM-DC-2085-2001, of November 26, 2001, be respected. This second official communication can be viewed from folio 202 bis to folio 199 in volume one of the administrative file of the Directorate of Geology and Mines and it should be noted that it is a very important document for the present matter, because in it, the aforementioned geologist, when specifying the technical conditions for extraction, was clear in stating: "According to the approved extraction methodology (Fortuna, Botija and Fuentes pits) and the hydrogeological studies carried out in the area to be exploited and in which two aquifers are identified, the upper one being of potable character, the maximum extraction elevations will be up to 75 meters above sea level (msnm). Likewise, the company must guarantee the supply of potable water to the town of Crucitas, special attention deserves the well of the School of this same place. To do so, it must build the necessary infrastructure" (the bold and underline are not from the original). As can be seen, geologist Huapaya Rodríguez-Parra was precise in the referenced document, establishing as the maximum extraction limit for the entire project, the elevation of seventy-five (75) meters above sea level (msnm). That official communication was issued on November 26, 2001, and is clear regarding the technical condition of limiting the extraction of material to elevation seventy-five, which implies that excavation cannot be done below seventy-five meters above sea level. The reason for this limitation was stated out loud by Huapaya Rodríguez-Parra herself, who, testifying at trial as an official of the Directorate of Geology and Mines, expressed that said elevation was set in consideration that the lower aquifer (also referred to as confined aquifer) is located approximately at fifty or fifty-five meters above sea level and that what was sought was not to intercept that aquifer. And the referenced professional clarified that in this matter the correct approach is to speak of meters above sea level to have a uniform starting point, such as sea level, and from there a measurement of the elevation is made upwards. Thus, points are located in accordance with their elevation above sea level, and this guarantees a standardized measurement of all excavations. And that geologist explained that the foregoing differs greatly from speaking of depth, as this is relative, does not give security of the reaches of the excavations, given that it starts from the ground level downwards and as the height of the surface varies, indicating the depth of an excavation in meters below ground level will always be relative to the point from which it began to descend. Returning to official communication DGM-DC-2085-2001, what is important to highlight is that it imposed the technical condition that the extraction shall have as a limit the elevation of seventy-five meters above sea level. And here it is necessary to indicate that this technical condition was always known by Industrias Infinito, as it was included in Resolution R-578-2001 MINAE (visible from folio 240 to folio 227 in volume one of the administrative file of the Directorate of Geology and Mines), by which the concession that was later annulled by the Sala Constitucional in ruling 2004-13414 was granted. It is necessary to point out that geologist José Francisco Castro Muñoz, Director of Geology and Mines, stated during his testimony in this trial, that the extraction limit was set at elevation seventy-five meters above sea level, precisely to prevent the lower aquifer from being intercepted, which coincides with what was stated by geologist Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and is fully consistent with the content of the technical condition contained in official communication DGM-DC-2085-2001, reasons for which this Tribunal considers that the purpose of the technical condition established by the Directorate of Geology and Mines was to avoid intercepting the referenced lower aquifer, that is, that what was sought was to protect it. This technical condition was, as indicated, known by Industrias Infinito, since, as noted, it was contemplated in the mining concession of 2001, which was later annulled. The importance of this condition, which there is no record that Industrias Infinito ever objected to, is that it meant a considerable reduction of the amount of material it could eventually extract. If one observes the graphic visible at folio 3340 of volume XVII of the technical file of the Directorate of Geology and Mines, it is seen that it was prepared by hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada (who is the same professional who prepared the document visible from folio 3331 to folio 3350 in volume XVII of the technical file of the Directorate of Geology and Mines) in September 2000. Being a document from the year 2000, it is obvious that it was used during the proceedings before the Directorate of Geology and Mines, prior to the issuance of official communication DGM-DC-2085-2001. That is, it is one of the pieces examined in said Directorate before granting the 2001 concession. And this is relevant, because from the graphic it is inferred that the referenced professional Rodríguez Estrada used the unit of meters above sea level (msnm) to establish the elevation of the excavations. It is also inferred from the graphic that the lowest point of the excavation planned to extract material from the Fortuna pit would reach an approximate elevation of forty (40) meters above sea level (msnm), which implied intercepting the lower aquifer. This is what was projected by Industrias Infinito in the year 2000 and is precisely what the Directorate of Geology and Mines rejected by setting the extraction limit at seventy-five (75) meters above sea level (msnm), a decision that implies an impediment, based on technical reasons oriented towards the protection of the water resource, for Industrias Infinito to intercept the lower aquifer. It is worth reiterating here that there is no record that this technical condition established in 2001 was ever objected to by Industrias Infinito, despite the fact that it knew it and was aware of the consequences it entailed for its extraction ambitions.

Now it is necessary to indicate that both Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and José Francisco Castro Muñoz were consistent in stating that the project presented by Industrias Infinito before the Dirección de Geología y Minas entailed, at all times, the extraction of saprolite and hard rock, and that it was divided into extraction stages. That is, the purpose of the defendant company was, from the outset, to exploit hard rock, which included in its plans the interception of the lower aquifer. That is what the company itself stated before the Dirección de Geología y Minas. But that is precisely what Industrias Infinito did not indicate before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. If one observes the graphics prepared by the same hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada at folios 213 and 211 of the environmental impact assessment (those contained in a single volume that states it combines the two volumes of the study, noting that the first goes from chapter 1.0 to 5.0 and the second goes from chapter 6.0 to chapter 14.0) submitted by Industrias Infinito before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental in March 2002 (that is, after knowing the technical condition of the Dirección de Geología y Minas that limited extraction to seventy-five meters above sea level), one can observe that they only describe the upper aquifer and include a measurement of elevation in meters above sea level. Although it might appear that this is conduct consistent with the limitation imposed by the Dirección de Geología y Minas, this Tribunal considers that this is not the case, because after obtaining environmental viability in 2005, two years later, in 2007, Industrias Infinito requested various modifications to the original environmental viability, among which are the extraction of hard rock and the interception of the lower aquifer. See the graphic at folio 175 in the file called "Environmental evaluation of proposed changes to the project" and one can appreciate that the design is basically the same as that which in 2000 had been proposed to the Dirección de Geología y Minas and which in 2001 had been technically limited to an extraction elevation of seventy-five meters above sea level. What happens is that in 2007, Industrias Infinito, aware of that technical limitation imposed by the Dirección de Geología y Minas, submitted before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental a request that sought to excavate below the elevation of seventy-five meters above sea level. Again, in 2007, it was Industrias Infinito that insisted on extracting material with excavations that would reach, at their lowest point, an elevation of between thirty-five and forty meters above sea level, which, by all appearances, is a violation of the condition imposed in official communication DGM-DC-2085-2001, which, it bears repeating, there is no record was objected to by that legal entity. And that is conduct attributable to Industrias Infinito, and to no one else. Through that action, the defendant company misled the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and that malicious conduct of the referred company cannot be overlooked, not even by the fact that the officials of the indicated Secretaría also acted with total disregard for their duty to verify the conditions imposed by the Dirección de Geología y Minas before approving what was requested by Industrias Infinito. And it is that in mining matters, in which the Dirección de Geología y Minas also plays an active role in environmental protection, the officials of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental cannot disregard the provisions of that other agency when evaluating the studies related to the environmental viability of a project. In this matter, both Sonia Espinoza Valverde and Eduardo Murillo Marchena expressed that they, as officials of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, had no reason to examine what was decided by the Dirección de Geología y Minas. They are mistaken, because they needed to be fully aware of the technical limitations established by the latter, since those constitute the framework within which the mining activity could be developed and, consequently, it was within that framework that the environmental viability had to be examined. For the officials of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to disregard the technical limitations that the Dirección de Geología y Minas imposes for the development of a mining activity constitutes, in the opinion of this Tribunal, an unjustified neglect of the norms that seek to guarantee sustainable development. If examination were permitted within any other framework not prefigured by the Dirección de Geología y Minas, that would imply a way of obviating the technical limitations imposed by it, just as it would mean that the Dirección, when granting a concession, did not review the terms in which the Secretaría granted environmental viability. In matters of environmental protection related to mining activity, neither of those two bodies can disregard what was decided by the other. In the particular case of the lower aquifer, the action taken by Industrias Infinito in 2007 and approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental on February 4, 2008, by resolution No. 170-2008-SETENA, constitutes an illegal act, because it entails the violation of the technical conditions established in official communication DGM-DC-2085-2001. But not only that, because in seeking the interception of an aquifer that was expressly intended to be protected by the Dirección de Geología y Minas, this action by Industrias Infinito, combined with the carelessness of the officials of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, constitutes, in the eyes of this Tribunal, a fraud of law. This concept is contemplated in article 5 of Law No. 8422 of September 14, 2004 (published in the Official Gazette La Gaceta No. 212 of October 29, 2004), which is the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service. A fraud of law occurs when conduct is carried out under the protection of a normative text, but to pursue a result that does not conform to public purposes and the legal order. In the present matter, it is clear to this Tribunal that, even when reasons such as the variation in the price of gold are invoked, the truth is that from the outset the interception of the lower aquifer was contemplated, because that was necessary to extract all the gold that Industrias Infinito planned to exploit. But that plan encountered the obstacle that in order to protect the water resource, the Dirección de Geología y Minas established as an extraction limit the elevation of seventy-five meters above sea level, considering that the lower aquifer is located approximately between fifty and fifty-five meters above sea level. Thus, although it did not object to that limitation before the indicated Dirección, Industrias Infinito opted, in 2002, to submit environmental impact assessments and to request environmental viability, announcing to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental that it would extract gold only from the saprolite, which implied obviating the lower aquifer. But having obtained environmental viability in 2005 for the extraction of saprolite, in 2007 it returned to the original plan, which did contemplate the interception of the lower aquifer. This plan had been announced before the Dirección de Geología y Minas since 2000 and was structured in stages, all components of a single project, as indicated at trial by Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and José Francisco Castro Muñoz. But to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Industrias Infinito presented, as if it were the entire project, what before Geología y Minas was only the first stage: the extraction of saprolite. And after securing that environmental viability for extracting saprolite, it submitted the misnamed modification, which was nothing other than returning to the plan originally presented in 2000. With this last action, Industrias Infinito was evidently seeking to overcome the hurdle posed by the technical limitation imposed in official communication DGM-DC-2085-2001 in order to intercept the lower aquifer and extract all the gold it desired. And to circumvent that limitation, Industrias Infinito made use of the normative possibility of requesting modifications to the environmental viability. That is, it used a normative provision to achieve a result that does not conform to the satisfaction of public purposes and the legal order, which this Tribunal considers constitutes a fraud of law. And the determination of that fraudulent action by the company is reinforced by the fact that during the proceedings, the hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada was confronted with the diagrams that he himself prepared and which are visible at folios 3338 and 3340 of volume XVII of the technical file of the Dirección de Geología y Minas. Having them in view, the referred expert witness was clear in stating that they indicate the elevation in meters above sea level, and that he had prepared them in the year 2000. He also explained why it is important to indicate the elevation in that measure and also established that this differs from the concept of depth, stating that elevation and depth are not coincident notions. What is important is that after expressing all the above, the witness was shown the document identified as Anexo 7 and which can be observed from folio 130 to folio 137 of the volume corresponding to official communication DM-249-2009, of February 27, 2009, through which the then Minister of Environment and Energy, Roberto Dobles Mora, submitted a report expanding on his arguments of discharge in relation to the amparo proceeding 08-014068-0007-CO, which concluded with the issuance of judgment 2010-06922 by the Sala Constitucional. What is of interest to highlight is that that Anexo 7, titled "Summary of the hydrogeological conditions and the expected effects in the Crucitas mining project" was prepared by the expert witness already mentioned, that is, by Hugo Virgilio Rodríguez Estrada himself, but what draws attention is that in it (see particularly folio 132), that professional states that the lower aquifer "is located at depths greater than 50 m below the ground in the project area" (bold and underline are supplied) and then affirms that the "water would emerge upon reaching the topographic elevation of 73 meters below ground level (mbgl)" (bold and underline are not from the original). Upon reading the document during the hearing, the hydrogeologist Rodríguez Estrada was clear in indicating that it contained an error, because it spoke of depths and meters below ground level, when previously, he himself had indicated that the correct terminology was to speak of elevation and meters above sea level. Questioned about the error and its consequences, the deponent himself expressed that the two measures are not coincident and that confusing them could lead to mistakes. Asked whether carrying out the extraction as he describes it in Anexo 7 (that is, starting from the idea of depth and meters below ground level and intercepting the lower aquifer) would mean exceeding the technical limit set by the Dirección de Geología y Minas at seventy-five meters above sea level, the deponent limited himself to answering that the extraction he describes in that document does entail reaching the piezometric level of the lower aquifer, or what is the same, that the referred aquifer would indeed be intercepted. As can be seen, former Minister Dobles Mora provided, to be presented before the Sala Constitucional (which was misled on the point), an apparently scientific document in which the interception of the lower aquifer is presented as viable, in which the notion of depth and a measure in meters below ground level are incorrectly used, when what was scientifically correct, according to the narrative of the very professional who prepared the document (in which he coincides with the opinion expressed by geologist Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and geologist José Francisco Castro Muñoz), was to indicate the elevation in meters above sea level. And what is important about this supposed error by hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada is that that measure of depth indicated in Anexo 7 is coincident with the idea of depth that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental handled in resolution number 170-2008-SETENA (visible from folio 4152 to 4157 in volume X of the administrative file of the indicated Secretaría), in which the need to excavate "at average depths of 67 m" was mentioned in the Second Considerando (observe particularly folio 4155 in the indicated volume of the referred file). In that sense, it is easy to appreciate how the confusion between the notions of depth and elevation was one of the factors that made possible the granting of environmental viability to the proposed changes to the project, thus obviating and disregarding the technical limitation established by the Dirección de Geología y Minas since 2001, consisting of limiting extraction up to the elevation of seventy-five meters above sea level, which in turn implies intercepting the lower aquifer contrary to the technical provisions of the mentioned Dirección. And Industrias Infinito's intent to mislead the Administration on the topic under discussion becomes even more evident if it is considered that the interception of the lower aquifer is something essential for the development of the Crucitas mining project, since it relied on the water derived from said interception, which would be pumped to the tailings pond or reservoir (which is an indispensable component of the project) and, moreover, it was anticipated that with the interception of that lower aquifer, once extraction was completed, the water would allow the creation of a lake (the so-called Lake Fortuna), which has been presented as one of the positive legacies that the mining project would leave and it has even been announced that the community could exploit the new lake. That is, the company has always counted on the interception of the lower aquifer, which demonstrates that Industrias Infinito has not sought to comply with the technical condition contained in official communication DGM-DC-2085-2001, and it is in that sense that the fraud of law attempted when presenting in 2007 before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental supposed changes to the project that in reality were contemplated in the original plan presented since 2000 before the Dirección de Geología y Minas is appreciated. The technical importance of the lower aquifer issue is, as indicated, evident, because without it, the Crucitas mining project cannot be developed as the company has planned. On this point, it must be said, finally, that even though in its conclusions the representation of Industrias Infinito argued that that company would simply abide by the limit elevation for extraction, the truth is that that is a simplistic and unfounded statement, since not only does the documentation show that Industrias Infinito plans to do exactly the opposite of what its lawyers indicated here, but also the professional who served as the environmental regent of the project from 2007 to 2010, geologist Sandra Arredondo Li, stated aloud how they intend to use the water from the lower aquifer, thus it being completely false that Industrias Infinito intends to respect the extraction limit it has known since 2001, namely the elevation of seventy-five meters above sea level. For all of the foregoing, independently of other reasons set forth in this judgment, this Tribunal considers that resolution number 170-2008-SETENA is absolutely null and void, inasmuch as it lacks adequate justification and lawful purpose, as it obviated the technical limitation established in official communication DGM-DC-2085-2001 of the Dirección de Geología y Minas and endorsed the proposed changes to the project, which were legally impossible to even examine given the referred technical condition. And, in turn, given that resolution 170-2008-SETENA was essential for the issuance of resolution R-217-2008-MINAE, since the former is null and void, the latter is also null and void, and both must be so declared.

 

XX- ON THE USE OF HEAVY MACHINERY.

Regarding this point, witness Sandra Arredondo Li (environmental regent) stated that the use of crushers was planned from the initial design of the project, and explained that this was because although the saprolite layer is mostly clayey soil, in that layer there may also be stone blocks that would need to be crushed, and witness Eduardo Murillo Marchena (Forest Engineer, official of SETENA) testified to the same effect. On this particular the Tribunal finds that there is no major controversy, and therefore, proceeds to dismiss the arguments outlined on this topic.

 

XXI- ON THE USE OF EXPLOSIVES.

On this topic the expert witnesses Sandra Arredondo Li (environmental regent) and Eduardo Murillo Marchena (Forest Engineer of SETENA) testified indicating basically that the studies submitted by the company did provide for the use of explosives for the extractive activity. Expert witness Adrián Salazar Cyrman (Geologist), who testified exclusively on this subject, indicated that two weeks before giving his testimony he had read the Environmental Impact Assessment, exclusively regarding the use of explosives. The witness was shown the document "Evaluation of Proposed Changes", and after reviewing it on the topic of interest, he gave his favorable opinion alluding to the correctness in aspects such as the established protection zone and the transport and safety protocols. On this particular, the Tribunal finds that although the testimony of witness Adrián Salazar Cyrman was forceful in establishing that the company's studies guarantee adequate management of the use of explosives, his testimony does not have the virtue of substituting the technical analysis that the Administration omitted to render at the time of evaluating the proposed changes. As follows from resolution No. 170-2008-SETENA, and from report ASA-013-2008-SETENA, the issue of explosives was not analyzed by SETENA, and consequently the defects noted previously are reproduced.

 

XXII- ON THE DESTRUCTION OF CYANIDE.

In relation to this topic, witness Eduardo Murillo Marchena, an official of SETENA, stated that the company's studies provided for a cyanide quantity of one part per million and that this was below what the norm establishes. He alluded to the fact that the company's study was endorsed by a Chemical Engineer. He also indicated that the cyanide destruction process was provided for in the first study using INCO technology, and that with the proposed change it switched to a more efficient technology (Cyplus). For her part, witness Sandra Arredondo Li, regent of the project, described the cyanidation process in the ground material for obtaining gold, the cyanide destruction process in a specific plant, and that both the processed and unprocessed material is submerged in the tailings pond, to which the water with cyanide is also sent but at low levels. Finally, witness Orlando Bravo Trejos, Chemist, stated that he reviewed only the documentation provided to him by the company Industrias Infinito and that they contacted him in August of this year. He described the cyanide destruction process, stated that with the new technology the cyanide is destroyed and that the levels of this component in the water after the process were very low and are not dangerous, and they finish degrading naturally in the tailings pond. He indicated that with this concentration of cyanide no "hydrocyanic rain" will be produced nor will there be caustic gases. Well then, on this topic the Tribunal considers that although the testimony of witness Orlando Bravo was clear in establishing that the company's studies guaranteed adequate management of cyanide in the processing of material and that the concentrations of that substance will not represent a danger in the tailings pond, his testimony does not have the virtue of substituting the analysis that SETENA should have issued on this particular when evaluating the proposed changes. In resolution No. 170-2008-SETENA, and in report ASA-013-2008-SETENA, a rigorous analysis of the studies submitted by the developer regarding this technical topic was omitted, as were its impacts and mitigation measures, and it is simply indicated that there will be a leaching process with cyanidation, that the company committed to using the new CYPLUS technology (improved INCO), and that the natural degradation of that component in the tailings pond is anticipated. As observed, the Administration omitted to make a technical analysis of this topic, and it is not admissible that the co-defendants, through an expert witness, intend to substitute that function which is the competence of SETENA in this process, voiding of content the exercise of its legal powers. Consequently, the defects noted in this judgment are reproduced, as previously stated.

 

XXIII- ON THE TAILINGS POND.

On this topic, witness Allan Astorga Gatgens (Geologist) stated that the tailings pond (also called tailings dam) has an area of 140 hectares, and that the ground rock from which gold has been extracted will be deposited in it. He indicated that this material is dangerous because it contains cyanide, which represents a danger to the watersheds of the area, such as the Río San Juan. He noted that there could be a geological fault underneath this dam, and that this could cause the rupture of the pond floor. He alluded to the fact that more studies on seismicity in the area are required. Witness Yamileth Astorga Ezpeleta (Marine Biologist) stated that no consideration is given to who will assume the maintenance of the equipment for the control of that pond after the closure stage. She argued that materials with heavy metals will be deposited in the dam, and that this could affect the Río San Juan, due to the risk of dike breakage. Witness Carlos Quesada Mateo (Civil Engineer) indicated that there is a risk to the stability of the tailings dam due to the country's climatic conditions. He notes that a rupture could occur from soil saturation as a result of severe precipitation periods, or an overflow of surface waters. Witness Eduardo Murillo Marchena (Forest Engineer, official of SETENA) indicated that in the annex to the Environmental Impact Assessment the issue of seismic hazard was analyzed, and that in that study it was determined that the area is of low seismicity. He noted that in the studies possible catastrophes were modeled, such as the impact from rupture of the pond and, in case of an earthquake, the mitigation measure consisted of collecting sediments at the confluence with Quebrada Mina. He argued that the tailings pond would be filled with water coming from Quebrada Mina and then by a pumping system. Witness Sandra Arredondo Li (environmental regent) stated that the company committed to carrying out permanent monitoring of the tailings pond, and contemplated protocols for the management of hazardous substances, for the management of hazardous waste, and for the management of waters. Finally, witness Walter Montero Pohly (Geologist expert in seismology and neotectonics) indicated that in the project area there is no active fault that crosses the site, he ruled out the existence of lineaments suggesting a fault in that sector, and noted that Crucitas is located in the zone of lowest seismic hazard in Costa Rica. On this particular, the Tribunal finds that there are technical and scientific criteria that are contradictory, inasmuch as some experts rule out the risks that the tailings pond represents for the environment, while other experts raise risks regarding this component that require further analysis through additional studies. This situation reflects that on the topic of the tailings pond, there is a conflict of criteria regarding the innocuousness of human activity for the environment, and in that case, the Administration's decision could not be directed at approving the application for changes to the project submitted by the company, because that would violate the precautionary principle. However, as has already been repeatedly explained, in this case SETENA omitted to perform a technical analysis that took into account all the above aspects, and this circumstance renders resolution No. 170-2008-SETENA absolutely null and void in the terms already set forth in the preceding considerandos.

 

XXIV- ON THE DIKE.

In relation to this point there was little discussion according to the statements given by the expert witnesses in this proceeding. It is on record that only witness Sandra Arredondo explained the structure of the dike for the formation of the tailings pond, referring to the type of materials that would be used. From the other testimony no controversial elements are drawn regarding this specific component of the project, and therefore a ruling on this particular is omitted.

 

XXV- ON THE POTENTIAL OF ACID DRAINAGE.

On this topic, witnesses Allan Astorga Gatgens (Geologist) and Yamileth Astorga Ezpeleta (Marine Biologist) affirmed that as a consequence of the increase in the depth of extraction in the pit area, "pyrite" will be exposed and that this, upon coming into contact with water and oxygen, generates sulfuric acid, which represents a contamination risk because that component could drain into the aquifers. For her part, witness Sandra Arredondo Li (environmental regent) stated that saprolite does not have acid drainage potential. In the case of hard rock, she mentioned that to determine its acid drainage potential, "diamond drillings" were done to obtain stone cores and then they were analyzed. She noted that the company's studies demonstrated that the drainage potential was low. She indicated that the mechanism to be implemented to eliminate acid drainage consists of submerging the material under water (2 meters). She emphasized that to control the acidity of the water in the tailings pond, adding lime is a mitigation measure. Witness Orlando Bravo Trejos (Chemist) explained that the sulfide contained in rocks, when buried, is not in contact with oxygen, but at the moment this occurs it oxidizes and produces sulfuric acid, causing what is known as acid drainage. He indicated that the measures intended to be implemented to control acid drainage, such as placing the processed rocks under water and using lime to avoid water acidity, are adequate, because a neutralization process would be achieved. Well then, regarding this topic, the Tribunal finds that the position of the defendants' witnesses was forceful, suggesting that the risk of acid drainage is easily controllable and does not represent a major difficulty. However, even though the foregoing would imply dismissing the plaintiffs' arguments as to this reproach, we must recall that in this case SETENA omitted to carry out a technical analysis on this specific topic, and therefore resolution No. 170-2008-SETENA is vitiated by nullity in the terms repeatedly set forth. Furthermore, it is necessary to indicate that the study provided by Industrias Infinito in relation to the topic of acid drainage, independently of whether it was submitted in English (an aspect that is not of major relevance, since a free translation of it into Spanish was later provided), does present an essential problem, which is that it is a draft that was prepared as something preliminary and that even contains incomplete sentences in which the missing information is filled with lines of Xs. Thus, although the representative of Industrias Infinito stated that it was DEPPAT that used that information to prepare the environmental impact assessment, the truth is that it was the defendant company that submitted that study before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and therefore it is Industrias Infinito that must assume the consequences of its conduct, independently of how it decides to proceed in relation to DEPPAT.

 

XXVI- ON THE PIT AREA.

Regarding this aspect it is clear that the original design or proposal of the project provided for extraction in the Botija, Fortuna, and Fuentes hills, which can be verified in the Feasibility Study submitted before Geología y Minas in 1999, and its Annex, which are contained in volumes 1 and 17 of the technical file of Geología y Minas. In 2007 the co-defendant company submitted a proposal for changes before SETENA, and in it the extraction area was reduced to two hills: Botija and Fortuna. This topic in itself is not controversial and therefore a ruling on it is omitted.

 

XXVII- ON THE TECHNICAL CLOSURE PLAN.

In relation to this topic, there was little discussion through the expert witness testimony; however, the defendants supported the thesis that this phase begins before the project commences, and that it requires adaptation during the operation phase, having to adjust to the circumstances as they arise.

They maintain that the company is committed to proposing solutions that must be assessed by the technical bodies involved, and also that there will be constant follow-up monitoring of environmental variables. They argue that the environmental guarantees are maintained until the technical closure phase. They point out that there is a difference between technical closure and closure of the source, regulated in Article 133 of the Regulations to the Mining Code. On this topic, the plaintiffs did not outline further argumentation, so the arguments made in relation to this aspect must be dismissed.

 

XXVIII- ON THE SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS.

 In the present case, through resolution number 119-2005-SETENA, the National Environmental Technical Secretariat had required Industrias Infinito to submit as an annex various observations on the social aspect of the Crucitas mining project, in order to carry out the cost-benefit analysis that would determine its environmental viability. However, in resolution number 3638-2005-SETENA, that agency, despite mentioning that Industrias Infinito submitted the referred annex, did not make a single assessment of the documentation presented by the company. The only thing indicated, regarding all the annexes in general, but never regarding the social aspect specifically, was that the terms of reference and technical requirements were met. But that statement is isolated, lacking any substantiation, since not a single supporting argument is set forth. Thus, it is never stated why it is considered that all requirements were met, nor in what sense they are deemed fulfilled. Furthermore, no section of resolution 3638-2005-SETENA expresses how the social benefits are deemed greater than the environmental costs. Then, in resolution number 170-2008-SETENA, the only thing indicated as a social benefit is the offering of courses in association with the National Learning Institute, but it overlooks the fact that conducting that type of training activity on-site does not depend exclusively on the presence of the mining company. Donations to the Crucitas school are also mentioned, leaving aside that the maintenance of the school is not inextricably linked to the development of the mining project either. In that sense, it is not apparent how those social benefits can be qualified as a necessary consequence of the activity of Industrias Infinito, nor—and this is more important—is it explained in what sense these positive aspects—which this Tribunal does not deny—are more important than the environmental impact of the mining activity. Moreover, although the expert witness Sonia Lidia Cervantes Umaña declared, in her capacity as a sociologist, that the area is very economically depressed and that the project would constitute a source of employment for approximately one hundred fifty to two hundred fifty people (depending on whether only saprolite is extracted or also hard rock), as well as referred to the expectation that the development of the mining activity would attract other companies to the area, the truth is that she did not refer to the transitory nature of the mining project, so it cannot be assured that carrying out the project will necessarily generate the expected results. Furthermore, it has also not been explained why the development of the mine is required—as an indispensable condition—for those social investments to occur. Therefore, there is no certainty whatsoever that once the mining project is concluded, what is presented today as great benefits will endure. And equally important, the referred professional did not explain how that uncertain result can be considered more valuable than the environmental impact that the mining activity would surely produce, if it were carried out, which shows the lack of support for the decisions of the National Environmental Technical Secretariat on the matter (a topic distinct from the basis of the decree declaring the project of national convenience, which is addressed in another section of this judgment). Thus, the referred resolutions of the National Environmental Technical Secretariat lack motivation and grounds with respect to the assessment of the social component, which results in an inadequate determination of the cost-benefit balance of the Crucitas mining project and, therefore, they become null, since that is an essential aspect that must be considered in granting environmental viability. The latter determines the inadmissibility of the allegations of Asocrucitas, because even though the expectations held by the workers who make up that association are understandable, the truth is that the development of the area and the improvement of their living conditions do not necessarily depend on the development of the Crucitas Mining Project, but rather the attraction of other types of companies through improvements to roads, services, and the enhancement of the labor skills of the inhabitants of the area can be carried out by the State without the need for participation by Industrias Infinito.

 

XIX- ON THE LACK OF A CHEMICAL ENGINEER’S SIGNATURE ON THE FLOW DIAGRAMS.

On this topic, it must be stated that in this matter it has been demonstrated that the flow diagrams describing the chemical process of the project lacked the signature and seal of the Chemical Engineer in charge of the process. This circumstance was confirmed by the witness Orlando Porras Mora (Chemical Engineer) who had before him the sheets contained in volume I of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental). The flow diagrams were prepared by the company in the year 2002, therefore, they had to comply with the requirement set forth in Articles 18, 19, and 20 of Law 6038, which was not rebutted by the defendants, even though Decree No. 35695-MINAET published in January 2010 was invoked, since that requirement was demanded by the Law in force at the time the referred sheets were prepared. The plans provided by the representation of Industrias Infinito as evidence for better provision do not have the virtue of remedying this defect, since at the time the mentioned requirement was omitted and was approved as such by SETENA, a violation that affected resolutions No. 3638-2005 and 170-2008-SETENA by omitting in their assessment compliance with the legal provision of the College of Chemical Engineers, which had a substantive incidence insofar as the flow diagrams contained sensitive information such as mass and energy balances, an aspect that the defendants also failed to rebut in this proceeding.

 

XXX- ON THE PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENT AND LEGAL CERTAINTY.

During the stage of receiving expert witness testimony, the representation of Industrias Infinito asked questions about the attraction of foreign investment, a topic that was taken up again in the conclusions stage, when reference was made to the Environmental Cooperation Agreement between the Government of Costa Rica and the Government of Canada (Law number 8286) and the Agreement with Canada on Reciprocal Promotion and Protection of Investments (Law number 7870). On the matter, it is only necessary to indicate that given the differentiated jurisdictional scope between the constitutional jurisdiction and the contentious-administrative jurisdiction, no uncertainty can be generated by the fact that violations of fundamental rights are not found in one while illegalities of administrative actions are found in the other. In that sense, what is decided in this venue does not contradict in any way what was established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), since this Tribunal and that Chamber issue their rulings in proceedings with different objects, as already explained. Furthermore, every entrepreneur or investor, national or foreign, has the certainty that if they comply with the regulatory requirements, they may carry out their activity, but that, if they do not comply, they will not be able to develop it. In that sense, this judgment only reinforces the certainty of entrepreneurs and investors as to what they must abide by. Legal certainty or foreign investment cannot be invoked to attempt to maintain completely illegal administrative conduct. The latter also derives from Laws 7870 and 8286, already cited. The first provides that between Costa Rica and Canada, investments must conform to the Law, which is not the case with what is sought by Industrias Infinito. Furthermore, Law 8286 establishes that environmental regulations cannot be attenuated in order to promote trade, which demonstrates the preponderance that environmental protection holds for Costa Rica and Canada. In that sense, what is decided here, insofar as it entails the nullity of illegal actions and insofar as the conduct subject to the proceeding is subjected to the regulations related to environmental protection, in no way impairs legal certainty nor negatively affects foreign investment, particularly that which comes from Canada.

 

 

XXXI- ON THE POLITICAL OR IDEOLOGICAL CONNOTATIONS OF THIS PROCEEDING.

Industrias Infinito has insisted that this is a trial of Law, which cannot be decided according to conflicting ideological or political positions. In relation to that argument, it can only be said that the defendant company is correct and that it is precisely in strict observance of the Costa Rican legal system that the illegality of various administrative conducts has been determined.

 

XXXII- ON THE PRINCIPLE OF MATERIAL TRUTH AND DUE PROCESS

The defendants argue that during the debate an abuse of the principle of material truth was incurred. On this point, it cannot be applied rigidly, much less above the principle of material truth, due to the nature of the matters discussed in this jurisdictional venue, whose purpose is the legality review of the entire administrative function. Nonetheless, this Tribunal must be emphatic in pointing out that at all times due process and the right of defense of the parties were guaranteed. In that sense, it is worth recalling that, with the aim of avoiding leaving the parties defenseless and resolving any aspect that could invalidate the proceeding or affect its continuity, the Tribunal, at the beginning of the oral and public trial, granted an audience to all intervening subjects, so that at that procedural moment they could express what they deemed pertinent; however, none of the parties indicated the existence of vices or defects capable of producing nullity or defenselessness. Likewise, it must be kept in mind that in this proceeding, pre-trial motions were resolved, the parties were heard in their opening arguments, an audience was granted regarding new facts asserted, evidence and counter-evidence on those facts were received, an audience was granted when evidence for better provision was proposed and a ruling was made on that evidence, extensive questioning during the debate was permitted, objections to questions were heard and those objections resolved, the introduction of documentary evidence through expert witnesses was permitted, the motions for revocation filed during the debate were resolved, a reasonable time of one day was granted for the parties to outline their conclusions, necessary recesses were granted during questioning and conclusions, and in general, the Tribunal at all times sought to maintain procedural balance, procedural good faith, and the transparency of actions, all in compliance with the principles of orality, concentration of acts, and the adversarial process as instruments for ascertaining the material truth of the facts, as ordered by Article 85 of the Contentious-Administrative Procedure Code.

 

XXXIII- ON THE HANDLING OF FACTS AND CONCLUSIONS

In this matter, the defendants have questioned with unusual insistence the facts and conclusions formulated by their counterparts. On this point, it only remains to indicate that there is no rule in our Contentious-Administrative Procedure Code that obliges the parties and the Judge to adjust the questioning of witnesses, expert witnesses, and experts to the faithful and exact formulation of the facts as they were formulated in the respective complaints and answers. By the very dynamics of oral hearings, it is more than logical and reasonable that during questioning the parties do not adhere strictly to the formulation of their facts, especially in matters such as this one where environmental issues are debated and discussed that require extensive inquiry for their correct determination. And the same must be said regarding the conclusions that the parties may present at the end of the trial stage, the only control the Judge must exercise being not to permit during that phase actions or the introduction of probative elements, since there is a specific time for that. It is reiterated that there is no rule in the Contentious-Administrative Procedure Code that obliges the parties to conclude exclusively on the basis of what was raised in the written stage of the proceeding, an interpretation that is not only absurd but also violates any model of justice based on the principle of orality, rendering it ineffective. The limits of the proceeding are defined by the claims, so that an action, a question, or a conclusion that does not vary the claim cannot generate any nullity or defenselessness, since ultimately the facts and the law are defined by the Judge in the judgment. In reality, objections such as these show attempts to obstruct what really matters in any contentious-administrative proceeding, which is undoubtedly the ascertainment of material truth, a principle of utmost value that allows the Judge to make effective the submission of all to the Empire of the Law.

 

XXXIV- ON THE WITNESSES HEARD IN THE DEBATE

The defendants and their supporting party question the quality of the plaintiffs’ expert witnesses, indicating that their testimony was not based on a prior report, that they issued unsupported, alarmist criteria, and that none were present in the project area, all of which, in their view, affected the credibility of the deponents proposed by the plaintiffs. In this regard, the Tribunal finds such objections unfounded and rejects them. The forcefulness, credibility, and pertinence of the evidence are assessed by the Judge according to the rules of sound criticism, and in this matter, all the expert witnesses who gave their testimony in this oral and public trial were duly accredited by the Tribunal itself and by the parties, and it is found that all of them, both those of the plaintiffs and those of the defendants, turned out to be qualified experts in their respective disciplines, and clearly set forth their technical criteria on each of the topics, reasons deemed sufficient to take their statements into account in this proceeding.

 

XXXV- ON DAMAGES.

"The State shall seek the greatest well-being of all the inhabitants of the country (...). Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions."

 

In our Political Constitution, Article 50 contains several premises that must be addressed in the legality review conducted by this Tribunal regarding the plaintiffs’ claims for damages caused by the conduct argued as null in this proceeding: the standing of the person who brings the action and claims the damage, that the State must guarantee that right, and that, after examination according to the law, the existence of responsibility and the consequent sanctions be determined.

 

On the standing held to support the claims:

 

Regarding the plaintiff Apreflofas, Wild Flora and Fauna Preservationist Association, it alleges the suffering of moral damage, "due to the frustration of seeing the destruction of Crucitas," and quantifies it in the sum of two hundred thousand colones.

 

Regarding moral damages with respect to legal persons, there are numerous rulings from both the First Chamber (Sala Primera) and the Contentious-Administrative Tribunal that develop the topic, and we allow ourselves to cite number 36-2010, from Section VIII of this Tribunal, which states:

 

"II.3)- REGARDING THE APPLICABILITY OF MORAL DAMAGE TO LEGAL PERSONS: Moral damage is divided into subjective moral damage and objective moral damage. The subjective refers to non-economic, incorporeal damage caused to the individual that affects the immaterial assets of personality, such as freedom, honesty, good name, health, honor, psyche, physical integrity, intimacy. It refers then to sadness, pain, physical or psychological suffering, anguish, anxiety, insecurity, affliction, discouragement, loss of the satisfaction of living, despair, caused by the harmful act. As for objective moral damage, it is that which injures a non-economic right with repercussions on the patrimony, generating economically valuable consequences (See in this sense the judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, number 112 at 14:15 on July 15, 1992) and the claimant must prove it, accrediting in the record what expenses or losses were suffered as a result of the moral affectation, and as for subjective moral damage, a simple presumption of man is sufficient to demonstrate it and the judge as expert of experts is capable of determining its amount."

 

Regarding the moral damage claimed, according to the statements outlined in the complaint, they refer specifically to a subjective moral damage, alleging frustration at seeing the destruction of Crucitas; it must be clear that, since it involves a legal person, the moral damage that could be claimed is the objective, not the subjective. The objective is verified when the sphere of non-economic interest of the individual is injured, when economically valuable consequences are generated—the case of the professional who, due to the attributed act, loses their clientele—which means that it can and must be quantified, and it is feasible to distinguish it from subjective or emotional moral damage. This conceptualization is intended to distinguish the damage suffered by the individual in their social consideration (good name, honor, honesty, etc.) from that suffered in the individual sphere (affliction due to the death of a relative); thus one refers to the social part and the other to the affective part of the patrimony. From the analysis of the claims, the plaintiff party alleges suffering—subjective moral damage—which is not admissible in legal persons, since that type of damage refers to the internal forum of a natural person, the pain, worry, discouragement, emotional affectation, all of these caused by an act, inherent to the human being, emotions that a legal fiction cannot suffer. These cannot be affected in their subjective sphere, since they are not holders of emotions or suffering. In accordance with the foregoing, the plaintiff Apreflofas as a legal person lacks the necessary standing to claim subjective moral damage; it can only claim objective moral damage, but this is not the damage claimed in this case, so the defense of lack of active standing, specifically regarding damages, must be upheld.

 

In the case of Jorge Lobo.

 

The first element of analysis must be concerning the standing held by the plaintiff Jorge Lobo with respect to his claims for indemnification for damages caused by the contested conduct. In accordance with the above-cited constitutional norm, every person is entitled to denounce environmental damage and claim its reparation; environmental protection carries broad procedural standing, since it refers to a third-generation right, involving diffuse interests or popular action, which allows, in the first premise, the citizen to bring an action both in their own name, to seek individual indemnification, and to bring an action on behalf of the community, which constitutes according to doctrine the reparation of environmental damage in its pure state. Collective environmental damage may be claimed by any person, on behalf of the community, in order to achieve the reparation of environmental damage. In addition to the foregoing, Article 10, subsection c) of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes active standing for those who invoke the defense of diffuse and collective interests. The Constitutional Chamber on this point has ruled:

" In environmental law, the procedural requirement of standing tends to be extended and broadened to such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that in general terms, any person may be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions that they might exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call diffuse interest, through which the original standing of the legitimate interested party or even of the simple interested party is diffused among all the members of a certain category of people who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. Regarding environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring an action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, becoming a true 'reactional right,' which, as its name indicates, empowers its holder to 'react' against the violation originating from illegal acts or omissions. (...) This concept of 'diffuse interests' aims to develop a form of standing that has recently constituted one of the traditional principles of standing and that has been making its way, especially in the field of administrative law, as the latest novel but necessary widening, so that oversight becomes increasingly more effective and efficient.

Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be under our Law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that facing them, determined persons are identified or easily identifiable, or personalized groups, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate ones or those concerning a community as a whole. It is thus a matter of individual interests, but at the same time diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or a harm, actual or potential, more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of groups of people found in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests share a dual nature, since they are both collective—for being common to a generality—and individual, so they can be claimed in such a character. (...) Thus, in matters of the Right to the Environment, standing corresponds to the human being as such, since the injury to that fundamental right is suffered by both the community and the individual in particular."

 Ruling 2237-96 of the Constitutional Chamber, at fourteen hours and fifty-one minutes on the fourteenth of May, nineteen ninety-six.

 

The plaintiff Jorge Lobo, in his claims 3 and 5, requests the full reparation of all environmental impacts or damages caused by the adoption of conduct violating the legal system and its consequent execution; under such a perspective, he is actively legitimized in the opinion of this Tribunal under a collective interest to validly bring an action in this proceeding.

 

Regarding the applicability of damages:

Environmental damage affects biodiversity, ecosystems, and even health; it can originate from different sources; however, what is of analytical interest in this proceeding is that generated by human intervention. Such damage may be caused individually or by a plurality, the latter condition entailing the responsibility of each of the agents who cause it or make it possible; it may come from both private conduct and the State and its institutions, the latter by action or omission, lawful or unlawful, or it may be produced from a single conduct or from a plurality of them, carried out simultaneously or over time. In our country, wild flora and forest resources have been declared of public interest, in accordance with Articles 1 and 3 of the Wildlife Conservation Law and Article 1 of the Forestry Law (Ley Forestal), which establishes as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection, and management of natural forests.

In this specific case, in accordance with the foregoing considerandos, the following administrative conduct has been declared null: resolution number 3638-2005-SETENA, which grants environmental viability; number 170-2008-SETENA, which approves the modification of changes proposed in the project; R-217-2008-MINAE, which grants the mining concession; 244-2008-SCH, issued by the National System of Conservation Areas, which approves the land-use change (cambio de uso del suelo), authorizing the cutting and exploitation of prohibited species, the cutting and exploitation of trees in protection zones, specifically the cutting of 12,391 trees on 262.88 hectares (according to the resolution on environmental viability—changes proposed—227.6 hectares); and Executive Decree number 34801-MINAET, which declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience. As a consequence of the foregoing, it is essential to determine whether such conduct caused the environmental damages claimed by the plaintiff Jorge Lobo. It was proven in this proceeding that resolution 244-2008-SCH authorized the cutting and exploitation of trees, a resolution whose execution began in October 2008, specifically clear-cutting (tala rasa) was carried out in the areas to develop the Crucitas mining project, beginning on a Friday and being suspended on the Monday of the following week (as stated in her declaration during the oral and public trial by the expert witness Sandra Arredondo, who was the environmental regent of the project), achieving the clear-cutting of a large number of trees, an action carried out by persons hired by Industrias Infinito and covered by resolution 244-2008. Even though it was not possible to determine in the trial the exact number of trees or area, nor the exact location in the field of which sector of the project was cut, the existence of said damage was proven during the proceeding, insofar as the cutting was carried out under the cover of conduct declared illegal here, damage that in the judgment of this Tribunal affected the flora, fauna, landscape, soil, air, thereby altering an ecosystem in its natural functions. That said, it remains to be defined which procedural subject or subjects must bear that environmental damage. In the foregoing considerandos, the participation in the acts denounced here was demonstrated for both the company Industrias Infinito S.A. and the administrative body that granted the authorization—244-2008—and the body that issued the decree of national convenience, which enabled the adoption of the cited resolution; they are jointly and severally liable for the environmental damage caused by the clear-cutting carried out. As a consequence of the foregoing, it is appropriate to order the defendants: Industrias Infinito S.A., the National System of Conservation Areas, and the State to fully repair the affected areas on the properties of the company Industrias Infinito S.A., understood as the ecological or environmental damage caused by the execution of the clear-cutting authorized by resolution 244-2008-SCH, here declared null. Given that it was not determined in the trial how much was cut and in which sector, referral to the judgment enforcement proceeding is ordered for the determination of the damages, the measures that must be taken to repair said damage, and to set the sum necessary for such reparation.

For which the following must be taken into account: the environmental damage (daño ambiental) suffered shall be determined by expert evidence (prueba pericial), which must contain the necessary recommendations for the full restoration (reparación integral) of the affected area; likewise, the sum necessary for the full restoration of the impacted area must be quantified by expert evidence, and once set by the executing judge, although the plaintiff Jorge Lobo is entitled to bring the action, he is not entitled to administer the sum set for attention and restoration; said sum must be deposited in the single treasury account (caja única del Estado), in a client account created specifically for that purpose, which must be identified with the object and purpose for which it was created, and the account holder shall be the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), which must allocate the sum set exclusively to carry out the restoration and remediation works in the affected area. Regarding the co-defendants: the State and SINAC, the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) must make the budgetary provision for the sums that may be established in the execution of the judgment, in order to guarantee the budgetary availability to make said restoration effective. Additionally, the company Infinito S.A. must cooperate with and permit all activities aimed at the restoration ordered herein. It is ordered that this judgment be communicated to the Ministry of Finance, the General Public and Environmental Services Area (Área de Servicios Públicos Generales y ambientales) of the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the Agrarian-Environmental Law Area (Área de Derecho agrario-ambiental) of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), and the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), so that they carry out the oversight, control, and monitoring of the damage restoration process, in accordance with their powers.

XXXVI- Regarding the remaining claims of Jorge Lobo Segura.

The objection (excepción) of lack of right (falta de derecho) is upheld in relation to the other claims in the lawsuit of Jorge Lobo Segura (numbered 2 and 4), since they found no support in our legal system. In this regard, it must be noted that said plaintiff has no right for this court to set limitations and rules on the Executive Branch regarding the declaration of national convenience (conveniencia nacional) of projects, since those conditions are already established in regulations. The same applies to the request that the State be ordered to refrain from issuing or executing conduct potentially harmful to the diffuse interests (intereses difusos) claimed by the plaintiffs, since the generality and abstract nature of what is requested makes it unfeasible to recognize a right in the sense claimed.

XXXVII- ON THE OBJECTIONS.

On the lack of standing (falta de legitimación) active and passive in relation to the claim for nullity of the challenged acts.

This objection is rejected both in its active and passive aspects, given that doctrine and legislation are unanimous in recognizing the standing of any individual to bring an action in court to seek the defense of diffuse interests, as is the case with environmental rights. This is established by Articles 10 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in relation to numeral 105 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad), in close connection with Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política). Likewise, it is rejected in its passive aspect because the acts that were indeed subject to challenge were issued by State bodies that are duly represented in this proceeding. In the case of Industrias Infinito, as it was the legal entity with a direct interest in the acts challenged here, it was proper for it to be sued in this matter.

On the lack of active standing of Apreflofas to claim subjective moral damages (daño moral subjetivo).

This objection must be upheld, since, as explained in the preceding analysis, said association did not have standing to claim subjective moral damages.

On the lack of active and passive standing in relation to the claim for damages (daños y perjuicios) requested by Jorge Lobo Segura.

This objection, both in its passive and active form, must be rejected, given that standing to claim environmental damages is broad and diffuse, and in this case, the plaintiff's claim was proper under the terms explained previously.

On the current interest (interés actual).

The objection of current interest must be rejected, given that the challenged acts remain in force to date, and therefore the interest of the plaintiffs in seeking their nullity, as well as the environmental damages arising from the unlawfulness of those conducts, persists.

On the lack of right.

Finally, the lack of right must be denied in relation to the annulment claims and the claim for compensation for environmental damages, as set out in this judgment, and upheld in relation to the other claims in the lawsuit of Jorge Lobo Segura (numbered 2 and 4), since they found no support in our legal system.

XXXVIII- ON THE PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) ORDERED IN THIS PROCEEDING AND THE REQUEST FOR ITS LIFTING.

The precautionary measure ordered in this proceeding must be maintained. The precautionary measure was granted in this proceeding, suspending the clear-cutting (tala rasa), and taking into account that this collegiate body has declared null Resolution 244-2008-SCH, issued by the ARENAL-HUERTAR NORTE CONSERVATION AREA (ÁREA DE CONSERVACIÓN ARENAL-HUERTAR NORTE), which authorized the land-use change (uso de cambio de suelo) and the felling of 12,391 trees, distributed over 191.77 forest-covered hectares, 66.94 hectares of agricultural land without forest, and the felling of 4.17 hectares of planted areas, for a total of 262 hectares and 57 square meters to be cut, and having ordered the defendants to carry out the full restoration of the damage caused, and precisely ordering that in the judgment execution proceeding, the cleared areas be determined, as well as the restoration measures, the request for the lifting of the Precautionary Measure is entirely improper. It is important to note that precautionary measures aim to protect the object of the proceeding, as well as to prevent damage of difficult or impossible repair that a specific action or omission might cause; in the specific case, the execution of the formal administrative action, through Resolution 244-2008 of the National System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación), which, even though it was suspended, its initial execution allowed clear-cutting and thus caused the damage already cited in the preceding recital (considerando) in the affected area, a situation that was precisely seen and addressed since April 16, two thousand ten, when the preliminary provisional measure (medida provisionalísima) was issued by this Tribunal, ordering the suspension of the authorized felling, and in the judgment of April 20, 2010, the suspension of clear-cutting was definitively granted in order to protect "the habitat and ecosystems of many living beings, in addition to the trees," a precautionary measure that was in turn confirmed by the Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones), rulings for which this Tribunal finds no reasons to vary, in addition to the fact that during the oral and public trial, this deciding body was able to extract from the evidence produced not only the damage caused by the felling carried out, but also the potential damage that the ecosystem of the area would suffer, precisely due to the uncertainty about the species existing in the area, which of them were protected (vedadas) and which were not, an element that is missing in the aforementioned Resolution 244-2008, which directly affects the forest recovery plan (plan de recuperación forestal).

XXXIX- ON THE DECISION TO REGISTER THIS JUDGMENT IN THE NATIONAL MINING REGISTRY (REGISTRO NACIONAL MINERO).

Since the resolution that granted the mining exploitation concession (concesión de explotación minera) has been annulled in this proceeding, it becomes essential to order that this decision be communicated to the National Mining Registry, as expressly provided by Article 109 of the Mining Code (Código Minero).

XL- ON THE NOTIFICATIONS THAT MUST BE MADE OF THIS JUDGMENT.

In the present case, such significant illegalities have been detected that this Tribunal deems it pertinent to communicate the judgment to other public bodies, so that each of them may determine whether, apart from the nullities declared by this jurisdictional body, some other responsibilities are applicable on the part of persons whose actions have been relevant to the production of the administrative conduct declared null herein. Firstly, it is ordered that this judgment be communicated to the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, so that within that ministry the corresponding disciplinary proceedings (procedimientos disciplinarios) be initiated against Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, and Cynthia Cavallini Chinchilla. On this point, it must be stated that for this Tribunal, the intervention of these persons, in their capacity as public officials, whether from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) (the first of them) or from the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) (the second and third), in the production of administrative acts declared null herein due to their open illegality, constitutes sufficient merit to carry out the necessary procedures to determine whether they incur any situation of personal liability for these acts. Furthermore, this judgment must be communicated to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). In relation to this point, it must be stated that something exceptional occurs in the present case: the various illegalities detected and the nullities declared all coincide in that they tended toward the approval of the Crucitas mining project, and several of them were issued while an executive decree (decreto ejecutivo) establishing a moratorium on open-pit gold metal mining was in force, all of which makes it feasible to consider the possible concurrence or orchestration of wills to carry forward this mining project by any means. Therefore, given their intervention in the development of the conduct declared illegal and annulled herein, it is pertinent to communicate what has been decided to the Public Prosecutor's Office so that it may determine whether or not it is proper to pursue a criminal case against any of the following persons: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li, and Arnoldo Rudín Arias. It is necessary to recall that the President of the Republic and the respective Minister have the duty, established in Article 140, subsection 3) of the Political Constitution, to ensure the exact compliance with the laws; thus, given that Executive Decree Number 34801-MINAET is openly illegal and was signed by Oscar Arias Sánchez and Roberto Dobles Mora, this gives rise to the possibility that some criminal liability could apply to them. Likewise, Messrs. Arias Sánchez and Dobles Mora are the ones who signed Resolution R-217-2008-MINAE, through which the mining concession was granted to Industrias Infinito, an act also illegal and declared null in this ruling. For their part, Sonia Espinoza Valverde and Eduardo Murillo Marchena, acting as officials of the National Environmental Technical Secretariat, participated in the environmental assessment (evaluación ambiental) of the changes proposed to the Crucitas mining project and did not observe limitations that were set by the Directorate of Geology and Mines, which motivates the decision that their conduct be examined by the Public Prosecutor's Office. Additionally, in the case of these two persons, their participation in the issuance of official note ASA-013-2008-SETENA must be recalled, which, although it is true is an act that ultimately was not subject to challenge in this proceeding, it is also true that it was the subject of discussion, during which the statement of the expert witness (testigo perito) Marta Elena Chaves Quirós came to light, who deserves full credibility and stated at trial that she did not participate in the environmental assessment of the changes proposed to the Crucitas mining project, despite which Espinoza Valverde and Murillo Marchena stated that she did participate, a situation that could be clarified in criminal proceedings, if there is merit for it. With respect to Sonia Espinoza Valverde in particular, it must be recalled that it became necessary in this proceeding to order her arrest and presentation, since, after learning the statements of the attorneys for the plaintiff parties and the active intervening party, as well as after evaluating what was recorded by the Pavas Office of Locating and Serving Summons (Oficina de Localizaciones y Citaciones de Pavas), it was considered reasonably possible that she was hiding to avoid being served by summons (cédula), a situation that this judging body considers must be brought to the attention of the Public Prosecutor's Office. In relation to José Francisco Castro Muñoz and Cinthya Cavallini Chinchilla, it must be recalled how the former initially said he was unaware of matters related to the mining easement (servidumbre minera) that was intended to be constituted over a public road, while the latter stated that the former was always aware of the matter, which could be relevant for the Public Prosecutor's Office. Furthermore, Mr. Castro Muñoz, in his capacity as Director of Geology and Mines, and Ms. Cavallini Chinchilla, in her capacity as Head of the National Mining Registry, participated in recommending the conversion of the concession granted to Industrias Infinito, which turned out to be entirely lacking legal viability, not only because of the inapplicability of the conversion mechanism, but also, among other things, because of failing to consider the existence of a public road at the site where the tailings pond (laguna de relaves) was planned to be built, and for not observing that the environmental viability given by the National Environmental Technical Secretariat to the proposed changes to the project contravened the technical limitations imposed by the Directorate of Geology and Mines itself, all of which should be brought to the attention of the Public Prosecutor's Office, for its consideration. Finally, in relation to Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias, it must be stated that she was the environmental regent (regente ambiental) of the project from 2007 to mid-2010, while he was the legal representative, so they participated in the company's decision-making, which, during that period, carried out actions inducing the Administration into error, such as, for example, insisting on extracting material below the technical limit of seventy-five meters above sea level, as well as managing a mining easement to permanently occupy a public road, all of which is pertinent to be examined by the Public Prosecutor's Office. Regarding this communication to the Public Prosecutor's Office, it is necessary to point out that this Tribunal is obligated to make it, pursuant to the provisions of Article 281 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), since these are conducts that, viewed individually, would allow one to think of the possibility of criminal actions in relation to the duties of public office, among others. But, in addition, as already indicated, such a quantity of illegalities, all concurrent and coming from officials of various bodies and at the most varied levels, including higher political authorities, coupled with the actions of the company itself, also makes it feasible to think of the possibility of some orchestration of wills to achieve the start-up of the Crucitas mining project by any means. This possibility is appreciated not only because of the illegal actions themselves, but also because of the context in which they occurred: most of the acts were issued while a moratorium decree on open-pit metal mining activity was in force; this moratorium was lifted during the Arias Sánchez administration from 2006 to 2010; the decree declaring national convenience was issued in that same administration; without that declaration, the felling could not be carried out; without that felling, the project could not proceed; all of which justifies that it be the Public Prosecutor's Office that determines whether there is merit or not to conduct a criminal investigation into this matter. Finally, this judgment must be communicated to the Disciplinary Office (Fiscalía) of the Bar Association (Colegio de Abogados), so that it may investigate the behavior of licensed attorney Sergio Artavia Barrantes during the trial held on the occasion of this proceeding. Licensed attorney Artavia Barrantes, from the beginning of the trial, unjustifiably attacked the Tribunal, labeling it as biased at times when it simply complied with the legal mandate to ascertain the real truth of the facts. Furthermore, he was clear in branding the Tribunal as a torturer for having ordered the arrest of expert witness Sonia Espinoza Valverde, whom he proceeded to defend despite not being her attorney, to such an extent that he supported a revocation motion (recurso de revocatoria) filed by licensed attorney José Manuel Echandi Meza against the decision to arrest and present said witness, a motion that, incidentally, despite being signed by licensed attorney Echandi Meza, bears the mark "Artavia & Barrantes" in the header of the document transmitted via fax (see the piece from folio 2296 to folio 2299 in volume IV of the judicial file). This defense of witnesses carried out by licensed attorney Artavia Barrantes, who was the representative of a party in the trial, reached such a point that even, as he himself stated, he took the liberty of addressing concerns of witness Sonia Lidia Cervantes Umaña, despite having previously withdrawn her as his witness and her testimony having been ordered by the Tribunal as a measure for better resolution (para mejor resolver). And alleging doubts from that person, he questioned whether the Tribunal would allow her to testify freely or would give her degrading treatment by arresting her and making her spend the night in a cell, which we consider to be tendentious and disrespectful statements that must be known by the Disciplinary Office of the Bar Association, as they attempt to portray this jurisdictional body as the perpetrator of arbitrary acts in the treatment of witnesses, violations of fundamental rights that, incidentally, were dismissed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the case of Sonia Espinoza Valverde, according to judgment 2010-18329, at 4:14 p.m. on November 2, 2010, by which a habeas corpus petition filed on behalf of said witness was dismissed. Thus, all the actions of licensed attorney Artavia Barrantes must be brought to the attention of the Disciplinary Office of the Bar Association, so that it may determine whether or not he has incurred any violation of the Code of Ethics (Código de Ética) of that corporation.

XLI- ON THE CONDUCT OF ATTORNEY MAURICIO CASTRO LIZANO IN THIS PROCEEDING.

Although this Tribunal has decided not to make any particular communication regarding Attorney Mauricio Castro Lizano, it does deem it necessary to point out that this is because the State's representation changed its conduct once Attorney Susana Fallas Cubero joined the trial. Notwithstanding this, it is pertinent to state that this jurisdictional body did not overlook the manner in which, during the hearings, Attorney Castro Lizano coordinated, through papers, verbal communications, or even signals, with the representation of Industrias Infinito on the most diverse topics, including whether to object to questions or file revocation motions. In that sense, the impression was given that Attorney Castro Lizano was not only carrying out the technical defense of public interests but was also accommodating the defense of the private interests of the company. And it is worth recalling here that the Office of the Attorney General of the Republic, given the functions assigned to it, cannot divide itself and defend in trial extreme positions that deny what that body has stated in its opinions. Such duality is not possible, as the Office of the Attorney General of the Republic must assume, in administrative contentious proceedings, objective positions, such as those it assumes in constitutional proceedings. Returning to the specific case, it is worth noting that it was not until after Attorney Fallas Cubero joined the trial that Attorney Castro Lizano objected to a question by Industrias Infinito, which is quite striking. Finally, it should be noted that during the closing arguments stage, what appeared to be an inadequate identification by Attorney Castro Lizano with the private interests of Industrias Infinito was perceived, for when the company's representative sought to present various materials, the aforementioned state representative defended the importance of the samples for the company's theory of the case even before the company's attorney presented it. Despite this, it is the judgment of this Tribunal that, due to the participation of licensed attorney Fallas Cubero, it finds no reasons to communicate this judgment to any body with respect to the actions of licensed attorney Castro Lizano, without prejudice to what the plaintiff parties deem pertinent."

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Other References: United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration (1992), Principle 15

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution

At ten hours forty minutes on the fourteenth of December two thousand ten, the integral delivery of judgment No. 4399-2010 is proceeded with, corresponding to the trial proceeding under file number 08-001282-1027-CA.

In this matter, the plaintiffs are Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (hereinafter APREFLOFAS), legal identification number 3-002-071676, represented by Messrs. Angerline Marín Alfaro, identity card number 2-553-697, and Gino Biamonte Castro, identity card number 1-572-757, in their capacities as president and vice-president, respectively, acting as general unlimited powers-of-attorney-holders (apoderados generalísimos) of the association, and Jorge Arturo Lobo Segura, divorced, biologist, resident of Barrio Francisco Peralta, identity card number 1-526-636. Intervening on behalf of the plaintiffs is Asociación Norte por la Vida (hereinafter UNOVIDA), legal identification number 3-002-363408, represented by Mr. Otto Méndez Vargas, identity card number 2-311-053, in his capacity as president acting as general unlimited powers-of-attorney-holder of the association. Appearing as special judicial representatives (apoderados especiales judiciales) of APREFLOFAS, Jorge Lobo Segura, and Asociación Norte por la Vida, respectively, are attorneys Bernal Gamboa Mora, Alvaro Sagot Rodríguez, identity card number 2-365-227, and Edgardo Vinicio Araya Sibaja, identity card number 2-483-663.

Defendants in this proceeding are: The State, represented by Attorneys José Joaquín Barahona Vargas, attorney, resident of San José, identity card number 2-2987-1361, and Mauricio Castro Lizano, attorney, resident of Heredia, identity card number 1-767-302; Industrias Infinito Sociedad Anónima (hereinafter Industrias Infinito), legal identification number 3-101-127121, represented by Messrs. Arnoldo Rudín Arias, identity card number 2-381-102, and John Thomas, British citizen, passport of his country number BD 124479, in their capacity as general unlimited powers-of-attorney-holders; and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC), a deconcentrated body of MINAET with its own legal personality, represented by Ms. Guiselle Méndez Vega, single, Master in Business Administration, resident of Coronado, identity card number 1-737-508, in her capacity as Executive Director. Intervening on behalf of the defendants is Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (hereinafter ASOCRUCITAS), registered with the Ministry of Labor (Ministerio de Trabajo) in volume 1, folio 285, entry 256, file number 2574-AS, represented by Gabriel Leiva Rodríguez, identity card number 3-357-319, in his capacity as President. Appearing as special judicial representatives of Industrias Infinito S.A. are attorneys Sergio Artavia Barrantes, identity card number 6-186-213, Federico Sosto López, identity card number 1-606-338, and Juan Carlos Hernández Jiménez, identity card number 1-666-336, and as special judicial representatives of SINAC and ASOCRUCITAS, respectively, are attorneys Oscar Eduardo Romero Aguilar, whose identity card number does not appear in the record, and José Manuel Echandi Meza, identity card number 1-624-734.-

The ruling is issued by Section Four of this Tribunal, composed of Judges David Fallas Redondo, Grace Loaiza Sánchez, and Eduardo González Segura, who by rotation was assigned to preside over this matter.-

WHEREAS

Number one.- Apreflofas files this proceeding with the object that the nullity of the following administrative conduct be declared: Resolutions No. 3638-2005-SETENA and 170-2008-SETENA, issued by the National Environmental Technical Secretariat; Resolution No. R-217-2008-MINAE, issued by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications; and Executive Decree No. 34801-MINAET, issued by the President of the Republic and the Minister of Environment, Energy and Telecommunications. It also requests the payment of 200,000 colones for moral damages (folios 39 to 64).

Number two.- Jorge Lobo Segura requests the following: “I. That the non-conformity with the legal system and consequent total absolute nullity of the following administrative acts and related actions be declared: 1. Resolution No. 3638-2005-SETENA at 9 hours 25 minutes of December 12, 2005, which granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the Crucitas Mining Project, and related acts. 2. INTA official note No. DST-773-2006 of October 4, 2006, which stated that with the development of the Crucitas Mining Project the soils would not be losing their productive capacity, and related acts. 3. Report ASA-03-2008-SETENA of January 14, 2008, from the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental) of SETENA, and related acts. 4. Resolution No. 170-2008-SETENA of February 4, 2008, which approved the modification of the Crucitas Mining Project and related acts. 5. Resolution No. R-217-2008-MINAE at 3:00 p.m. on April 21, 2008, which granted the mining exploitation concession to Industrias Infinito S.A., and related acts. 6. Executive Decree No. 34801-MINAET of October 13, 2008, which declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, and related acts. 7. Resolution No. 244-2008-SCH at 9 hours 5 minutes of October 17, 2008, from the Arenal-Huetar Norte Conservation Area through the San Carlos-Los Chiles Subregion, which authorized the land-use change in forest areas, in agricultural-use areas without forest, and in plantation areas, and related acts. II. Based on the facts set out and the legal grounds to be presented, it is requested that the limits and rules imposed by the legal system and the facts be set for the exercise by the Executive Branch of the power, established in Articles 19, subsection b), 34, and 3, subsection m), of the Forestry Law (Ley Forestal), to declare the national convenience of an infrastructure project whose social benefits are greater than its socio-environmental costs according to the respective technically justified balance. III. That the Administration be ordered to order the co-defendant to carry out the full in integrum restoration of all environmental impacts or damages caused by the material execution of the administrative acts from which spurious subjective rights have derived. IV. That the State be ordered to refrain from adopting or executing any administrative conduct capable of affecting the diffuse interests and legal rights whose protection we plaintiffs claim. V. That the State and jointly and severally the co-defendant be ordered to pay in the abstract the damages caused by the adoption of the conduct and its material execution. VI. That the defendants be ordered to pay the costs of both parties of this proceeding.” (folios 1493 to 1546).

Number three. By Resolution No. 1377-2010 at 6:25 p.m. on April 16, 2010, this Court issued a provisional precautionary measure (medida cautelar provisional) ordering the following, insofar as relevant: “It is ordered: (1) The suspension of the effects of Executive Decree Number 34801-MINAE; (2) Jorge Rodríguez Quirós, in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications, Guiselle Méndez Vega in her capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas, and Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special judicial representative of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, or whomever holds their positions, to immediately refrain from executing or applying the provisions of Executive Decree Number 34801-MINAE, in particular the granting of tree felling permits in favor of Industrias Infinito Sociedad Anónima and the development of infrastructure works in Protection Areas (Áreas de Protección), as provided in the Crucitas Mining Project approved by Resolution No. 3638-2005-SETENA at 9:25 hours on December 12, 2005, (3) Juan Carlos Hernández Jiménez, in his capacity as special judicial representative of the company Industrias Infinito Sociedad Anónima, or whomever holds his position, to refrain from undertaking any action or omission aimed at ignoring or failing to comply with what is ordered in this resolution, and (4) within three business days, to indicate and demonstrate to this Tribunal through a suitable means what concrete measures have been taken to enforce what was precautionarily ordered by this Court.” Subsequently, by Resolution No. 1476-2010, at 4:07 p.m. on April 23, 2010, the Case Management Judge confirmed the precautionary measure that this Court had provisionally issued through Resolution No. 1377-2010.

Finally, upon hearing the appeal of that ruling, the Court of Appeals confirmed the interim measure (medida cautelar) in all its aspects (folios 609 to 610, 882 to 885, and 1391).

 

Number four. By resolution issued at 9:00 a.m. on July 20, 2010, the Court ordered the joinder of case No. 10-001721-1027-CA, corresponding to the complaint filed by Jorge Lobo Segura, with case No. 08-001282-1027-CA, corresponding to the complaint filed by APREFLOFAS, and from that point forward, the processing of both cases continued under the latter case number (folios 1675 and 1676).-

 

Number five. The State answered the complaints filed by APREFLOFAS and by Jorge Lobo Segura in the negative. It raised the preliminary defenses of expiration (caducidad), res judicata (cosa juzgada), and one it termed “inadmissibility of the action,” and raised the exceptions of lack of right (falta de derecho) and lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa). It requested that all the claims of the complaints be dismissed (folios 572 to 586 and 1930 to 1932).

 

Number six.- Industrias Infinito answered the complaints filed by APREFLOFAS and by Jorge Lobo Segura in the negative. It raised the preliminary defenses of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa), consented act (acto consentido), acts not subject to challenge (actos no susceptibles de impugnación), res judicata (cosa juzgada), expiration (caducidad), and statute of limitations (prescripción). It also raised the substantive exceptions of lack of right (falta de derecho), lack of standing (falta de legitimación), and lack of interest (falta de interés). It requested that the complaints be dismissed in all their aspects and that the plaintiffs be ordered to pay the procedural and personal costs (folios 493 to 510 and 1793 to 1851).

 

Number seven.- SINAC answered the complaints filed by APREFLOFAS and by Jorge Lobo Segura in the negative. It raised the preliminary defenses of expiration (caducidad) and res judicata (cosa juzgada). It also raised the substantive exceptions of lack of interest (falta de interés), lack of right (falta de derecho), and lack of standing (falta de legitimación). It requested that the complaints be dismissed and that the plaintiff parties be ordered to pay both sets of costs, as well as the interest they generate until their effective payment (folios 480 to 487 and 2025 to 2031).

 

Number eight. By a brief filed on October 7, 2009, Asociación Norte por la Vida appeared as an active coadjuvant in this proceeding (folio 435).

 

Number nine.- By a brief filed on April 20, 2010, the corporation Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y la Paz Social appeared as a passive coadjuvant in the proceeding (folios 629 to 635). It raised the preliminary defenses of lack of jurisdiction, substantive res judicata (cosa juzgada material), failure to exhaust administrative remedies, and the substantive exceptions, without specifying the latter (folios 1712 to 1717).

 

Number ten.- By resolution issued at 4:21 p.m. on August 25, 2010, the alleged exception of lack of jurisdiction was decided (folios 1942 and 1943).

 

Number eleven.- The preliminary hearing was held on June 17, 2010, August 11, 2010, and September 14, 2010. On this last date, the Procedural Judge, by resolution No. 3483-2010, decided the preliminary defenses raised by the defendants, and its operative part stated the following: “The preliminary defenses of failure to exhaust administrative remedies, acts not subject to challenge, and the exception of substantive res judicata are rejected. As for the preliminary defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción), they are reserved to be decided on the merits.” (folios 1452 and 1453, 1722 and 1723, and 2088 to 2094). The defenses of acts not subject to challenge and res judicata (cosa juzgada) were reiterated at the trial stage.

 

Number twelve.- On October 4, 2010, the date on which the oral and public trial in this proceeding began, this Court partially annulled the decision of the Procedural Judge in the hearing held on August 11, 2010, solely insofar as it admitted the passive coadjuvancy of the corporation Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos y la Paz Social, and ordered it excluded from this proceeding. Likewise, on that same day, October 4, 2010, the Court, after hearing the representative of ASOCRUCITAS, agreed to accept that entity as a passive coadjuvant in the proceeding, which raised the exceptions of lack of standing (falta de legitimación), lack of interest (falta de interés), and lack of right (falta de derecho) (in that regard, reference is made to what was stated orally and is recorded in the respective recording of the oral and public trial).

 

Number thirteen.- On that same day, October 4, 2010, the representative of the corporation Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y la Paz Social filed a written request for clarification and supplementation of the resolution issued orally by the Court, by which its participation as a passive coadjuvant in the proceeding was rejected (folios 2217 to 2228). The Court rejected the request and did so orally that same day during the debate (reference is made to what was stated orally and is recorded in the respective recording of the oral and public trial).

 

Number fourteen.- During the trial phase, the parties withdrew the following expert witnesses: Oldemar Corrales Jiménez, Juan Diego Alfaro Fernández, Marcos Rojas, William Villegas, Luis Fernando González López, Eduardo Lezama Fernández, Guillermo Mena Aguilar, Alejandro Arauz Cavallini, Arnoldo Rudín Arias, Rafael Oreamuno, Diógenes Cubero, and Juan Muñoz. Additionally, all parties withdrew the requested judicial inspection (reconocimiento judicial) proceeding.

 

Number fifteen.- The representation of Apreflofas formulated a new fact (hecho nuevo) by a brief filed on June 15, 2010 (folios 1429 to 1433), and the plaintiffs, together with their coadjuvant, orally formulated a second new fact on October 22, 2010, which were subjected to adversarial proceedings during the oral and public trial.

 

Number sixteen.- The debate was held on the days from October 4, 2010, to November 22, 2010.

 

Number seventeen. In the proceedings, the prescriptions of law have been observed; there are no defects capable of producing nullity; and this resolution is issued, after prior declaration as a complex proceeding, within the term established in Article 111.1 of the Code of Contentious Administrative Procedure, following rigorous deliberation and unanimously.-

 

WHEREAS:

 

I- REGARDING THE NEW FACTS (HECHOS NUEVOS).

During the trial, the plaintiff parties and their coadjuvant have promoted the admission of two new facts. The first of them was made known at the beginning of the debate and consists of the allegation that the plans and flow diagrams relating to the design of the processing plant for pulverized rock to extract gold lack the approval (visado) of the Colegio de Ingenieros Químicos and do not bear the signature of a responsible chemical engineer. The proponents of this new fact maintained that this implies a defect that carries the nullity of all that has been done, since such approval and signature are a prerequisite for the approval of the project. The second new fact that has been promoted consists of the fact that an appraisal of a piece of land was processed before the Tax Administration of Alajuela, as part of the procedure for a mining easement (servidumbre minera) to be able to build the tailings pond (laguna de relaves) (or tailings pond (laguna de colas)) on a road of public domain nature, which would disappear. Those promoting this new fact alleged that the road has not been decommissioned (desafectado), and therefore cannot be used by Industrias Infinito. In relation to both facts, this Court decides to admit them, in order to rule on them in the judgment. The two situations presented by the plaintiff parties and their coadjuvant are of importance in determining the nullity or otherwise of the conduct challenged here. The first new fact is highly significant in determining whether Industrias Infinito and the Administration complied with all the requirements demanded by the legal system to achieve the mining concession at issue in this matter. The second fact is particularly relevant to the issue of the legal viability of building the tailings pond where it is projected to be done and relates to the consequences this would entail for the project. As can be seen, these are matters of relevance for resolving this dispute, so their admission becomes appropriate. In this regard, it is worth keeping in mind that the matter concerning the plans and flow diagrams was discussed at the beginning of the trial, during the cleansing (saneamiento) phase. It should be recalled that the issue was raised during the preliminary hearing, but during that hearing the inclusion of that fact was not decided, which is why it was necessary to address it at the time of cleansing the proceedings. Thus, the parties were aware of the issue relating to the approval of the Colegio de Ingenieros Químicos since the preliminary hearing was held, and therefore it was not necessary to grant, at trial, the three-day hearing referred to in subsection 3) of Article 68 of the Code of Contentious Administrative Procedure. And it must be noted that this has caused no harm to the parties, nor has it diminished their right to defense, since everyone was able to conduct—and did indeed conduct—the respective examination of the witness-expert who appeared on this topic: the chemical engineer Orlando Porras Mora. Moreover, respect for due process regarding this topic is reinforced by the fact that Industrias Infinito provided a set of plans signed by a chemical engineer, approved by the Colegio de Ingenieros Químicos, and referred to them during closing arguments, which demonstrates not only the sufficient concreteness of the new fact, but also the full exercise of the right to defense in relation to it. Regarding the issue of the proceeding before the Tax Administration of Alajuela and matters related to the road projected to be used to build the tailings pond, it must be said that the issue arose during the examination of the witness Sandra Arredondo Li; it was she who indicated that the tailings pond is projected to be built on land currently crossed by a public road. Following those statements, the active coadjuvancy presented, as a new fact and invoking the existence of new evidence for better resolution, the file created by the Tax Administration of Alajuela on the occasion of the appraisal requested by the Registro Nacional Minero, as part of the procedure for a mining easement (servidumbre minera) request processed by Industrias Infinito. What was presented at trial by the active coadjuvancy was made known to all parties during the hearing and was adopted by the representatives of Jorge Lobo Segura and APREFLOFAS, the plaintiffs here. In the exercise of the rules of orality, all procedural subjects were given the opportunity to rule at that time on what was raised, and it was thus determined that the issue revolved around the use that Industrias Infinito wishes to make of a public road that crosses the land where the tailings pond would be built, for which purpose it processed a mining easement before the Registro Nacional Minero, and the latter requested an appraisal from the Tax Administration of Alajuela. Once the foregoing was established, the debate was suspended from October 26 to 28 inclusive, and it recommenced with a hearing in which only this new fact was discussed and the evidence offered by the parties regarding it was examined, an opportunity at which everyone presented their allegations on the issue. After assessing the arguments of the parties and their respective coadjuvants, this Court considers that we are not only faced with a factual situation sufficiently delimited in accordance with the rules of orality (which in contentious administrative matters has its own regulation, which, although similar in some respects to that in force for criminal matters, has distinctive features, as evidenced by the fact that the principle of ascertainment of the real truth governs in this venue), but also that it has been possible to debate it openly and thoroughly, thus favoring the exercise of adversarial proceedings fully respectful of the right to defense. Furthermore, it has been verified that this is indeed a new fact, arising after the filing of the complaint by APREFLOFAS (which was received by the Contentious Administrative Court on November 19, 2008), since the request for the appraisal of the public road made by the Registro Nacional Minero was received by the Tax Administration of Alajuela on June 1, 2009, as can be seen on folio 1 of file A-042-09 created by that dependency of the Ministry of Finance. Thus, we are faced with the circumstances provided for in Article 68, subsection 2) of the Code of Contentious Administrative Procedure, and therefore it is appropriate to admit these new facts to issue the respective ruling in the judgment. Finally, it is worth noting that the principle of ascertainment of the real truth is closely connected with the admission of these facts, since they are evidently relevant to truly determine whether the Administration acted in accordance with the law in the matter at issue here.

 

II- PROVEN FACTS.

Of relevance for the issuance of the judgment, the following facts are deemed accredited:

 

1) That on December 13, 1999, the company Industrias Infinito S.A. filed with the Dirección de Geología y Minas an application for a mining exploitation concession over an area of 10 square km, located at map coordinates north: 315,000 – 319,000, east: 499,000 – 502,000, located in the third district of Cutris, tenth canton of San Carlos, province of Alajuela, and attached the feasibility study (folios 50 to 55 of volume I of the administrative file of Geología y Minas and volume 1 of the technical file in its entirety).

 

2) That by resolution No. 842 issued at 3:30 p.m. on July 20, 2000, the Dirección de Geología y Minas requested from the company Industrias Infinito a series of information through the submission of an annex to the Feasibility Study for the Crucitas Mining Project (folios 75 bis to 80 of volume 1 of the administrative file of Geología y Minas, No. 2594).

 

3) That on October 6, 2000, the company Industrias Infinito filed with the Dirección de Geología y Minas the annex to the Feasibility Study (volume 17 of the technical file of Geología y Minas in its entirety).

 

4) That by official letter DGM-DC-320-2001, dated March 14, 2001, addressed to the Chief of the Registro Nacional Minero, Geologist Ana Sofía Huapaya, at that time Mining Coordinator for the Tilarán and Arenal Huetar Norte Area of the Dirección de Geología y Minas, stated, as relevant, the following:

“Analysis and Study of the Feasibility of the Crucitas Project.

Guidelines:

Estimation of reserves.

Estimation results.

Design of the extraction system.

Design of the beneficiation system.

Gold price behavior.

 

Estimation of reserves

From the study and analysis of the documentation presented, it is concluded that the Crucitas deposit has been sufficiently studied; likewise, the project has sufficient quantitative elements: records, analyses, databases, maps, and profiles with which the existence of reserve volumes can be verified, indicating the preparation of positive feasibility studies under present conditions.

The reserve calculations supporting the feasibility study are based on measured reserves, although they also have indicated and inferred reserves for a larger area.

In the estimation model used by Placer Dome, results were obtained that validate the feasibility of the project. Industrias Infinito, for its part, applied new estimation models and found that the differences in the volume of reserves and average grades of the deposit obtained with respect to the data obtained by Placer Dome were not significant. In both cases, the calculations indicate the existence of three mineralized units (saprolite, saprolitized rock, and hard rock). On the other hand, it is important to highlight that one of the observations obtained from all the technical information analyzed is that the saprolitic material represents a second option since the volume constitutes an important portion of the total volume of the deposit (30% according to this study). From the data provided, it is observed that the average grade of this material is very similar to that of the hard rock. On the other hand, if the physical and chemical characteristics that the hard rock presents are considered, considerably lower extraction and beneficiation costs can be inferred, so that the exploitation of the saprolite alone could constitute a project on its own.

Mining Plan

The gold deposit presents a metallogenetic model such that it allows open-pit extraction, following a proposed mining design (terraces), which is justified by the corresponding geotechnical and hydrogeological studies. The extraction sequence will be carried out on the three already defined exploitation fronts, which will be the mineralized zones previously described: Fortuna, Botija, and Fuentes, which represent the same lithological characteristics and non-significant differences in gold concentration.

Beneficiation

Taking into account the differentiation that exists between the saprolitic material and the rocks of pyroclastic nature (hard rock), the company considered the different metallurgical responses, finally proposing gold recovery by means of gravity concentration, grinding, leaching, and concentration through a carbon-in-pulp circuit. Thus, a plant with a closed-circuit system will be installed, which will allow the development of each of the phases of the proposed process.

The methodology for extraction from the Mine (sic) and then the respective concentration of the Gold, the metal of interest, were considered taking into account all the necessary elements for minimizing the possible environmental impacts to be generated by the activity, in such a way as to allow the project to be carried out within the frameworks of sustainable development.

The financial feasibility study

The review of the financial feasibility study was in charge of the deputy director, who was advised by economist M.Sc. Edwin Vega Araya of MIDEPLAN, who provided this service at the request of Geología y Minas, as an inter-institutional collaboration. The report on this study was rendered by this specialist on May 3, 2000, and foliated in Administrative File No. 2594, with numbers 75 to 68. Based on this report, the petitioner decided to reconsider (even though there was no notification from the Registro Nacional Minero) some of the aspects questioned by the economists, dated October 2000, which is pending resolution.

Conclusions

1. The metallogenetic model of Crucitas is associated with low-sulfide mineralization; however, every deposit requires an exploratory sequence, even though the evaluated area already has a great deal of data, it is appropriate that simultaneously with the exploitation of the deposit, exploration continue, and thus more detailed information about it be obtained.

2. That the reserves of the deposit have been sufficiently proven, demonstrating the reliability of a gold (Au) deposit.

3. It is important to highlight that this project could expand knowledge of the mineral resource of the zone.

4. From the technical information analyzed, the existence of an additional project alternative is visible, which would be constituted by the saprolitic material; this represents a second option since the volume constitutes an important portion of the total volume of the deposit (30% according to this study) with very similar grades. On the other hand, the costs inferred for the extraction and processing of material to obtain gold concentrate are considerably lower (sic) than the costs inferred for the hard rock.

5. The proposals for extraction and beneficiation, as well as the infrastructure to be installed in the area (beneficiation plant, tailings pond (laguna de colas), material stockpile yards, tailings yards, water treatment plants, etc.), have been duly justified with the corresponding technical-environmental studies.

6. The field verification visit carried out on March 7, 8, and 9 of this year allowed the existence of the deposit to be verified. One of the elements for its reliability was the review of different drill cores representative of each of the mineralized zones: Fortuna, Botija, and Fuentes.

7. It is important to clarify that the economic-financial feasibility study is currently in the review phase of the annex provided by the company.

8. Based on the conclusions cited above and in view of the fact that the final report of the economic-financial feasibility study is not yet available, the technical-geological study, reserve calculation, and exploitation plan are accepted for File No. 2594. Approval of the results of the review of the economic-financial feasibility study remains pending.” (folios 101 to 107 of volume I of the administrative file of Geología y Minas No. 2594).

 

5) That on April 6, 2001, the “Report on economic aspects regarding the review of annexes to the feasibility study of the Crucitas project (Exploitation File 2594) of Industrias Infinito S.A.” was presented, prepared by M.Sc. Edwin Vega Araya, through a collaboration agreement between the consultant and the Dirección General de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy. Said report states, as relevant, the following:

(...)

 Regarding the conditions of the gold market, whose trend over the last 5 years has been a progressive decline, even despite expert forecasts in ’99 that this trend would reverse in 2000, and which provide the element of risk in the project, the suggestion to use a longer period for determining a reference price of gold is accepted. The average price over a 10-year period is $338.39/oz, which, if prevailing throughout the analysis period, would yield a Net Present Value (VAN) at 11% greater than zero, that is, the project is profitable from a private perspective.

However, given the trend of the gold price over the last 5 years, and its unpredictability demonstrated by the non-fulfillment of expert expectations, the project maintains its risky nature. In one of the less favorable scenarios, if the gold price were to remain at the values current at the date (approximately $27/oz), the project on average covers its operating costs, although its equity would be diminished since it does not cover the annualized investment. This means it would continue operating, a matter that is of interest to the Government.

The Government may approve said concession, but clearly establishing the conditions for a possible abandonment of the activity by the company (possible due to the risk associated with the evolution of international prices), in such a way that the country is not left in an inferior condition (environmentally and socially) than the alternative situation of the mine not being exploited. While no valuation of possible negative impacts in the event of abandonment exists, some of them are covered or partially covered by current legislation, such as the execution of the environmental guarantee, the payment of severance in the settlement of workers, or the payment of permits and taxes. An exact valuation of the social and environmental costs of abandonment, beyond the scope of this document, would require a more detailed study, if one were to consider establishing an additional guarantee. There are important social benefits, for example through tax collection, even under an operation below $325/oz, of just over U$4 million per year, provided the company remains in operation.” (folios 124 to 130 of volume I of the administrative file of Geología y Minas No. 2594).

 

6) That by official letter No. DGM-DC-2085-2001, dated November 26, 2001, addressed to the Director General of Geología y Minas, Geologist Ana Sofía Huapaya, at that time Coordinator of the Northern Zone of the Dirección de Geología y Minas, stated, as relevant, the following:

“(...)

Terms and technical conditions for the granting of the title

Location

The area to be granted in mining concession must be restricted to the polygon delimited by the map coordinates 314500-318500 North and 499000-502000 East, of the Pocosol topographic sheet, (scale 1:50,000 of the Instituto Geográfico Nacional), which prior to the start of work must be duly staked and approved by this Directorate.

The extraction area must be restricted to the space delimited to the blocks of proven reserves.

2. Duration of the project

Based on the measured and indicated resources, the extraction and beneficiation technology, and the economic parameters thereof, the exploitation period recommended by this Directorate is ten years (10 years).

3. Extraction and beneficiation

The extraction methodology and the respective exploitation rates approved by the DGM must be respected. This may not be modified without the approval of this Directorate.

The concession must remain duly staked, for the respective recognition and monitoring of the area; likewise, a topographic survey of cross-sections will be required for the corresponding progress control. According to the approved extraction methodology (pits Fortuna, Botija, and Fuentes) and the hydrogeological studies carried out in the area to be exploited and where two aquifers are identified, the upper one being of potable nature, the maximum extraction elevations shall be up to 75 meters above sea level. Likewise, the company must guarantee the supply of drinking water to the town of Crucitas; the well of the School of this same place deserves special attention. For this purpose, it must build the necessary infrastructure.

Regarding the use of explosives, this Directorate shall ensure that (sic) the technology causing the least impact to the environment is used and in (sic) compliance with existing regulations.

Only the chemical substances (leaching agents) proposed by the company in the Feasibility Study may be used. These may not be substituted without prior authorization from this Directorate.

The designs proposed in said study must be complied with, as well as the mitigation measures for the impacts to be produced, with respect to the Beneficiation Plant, the Tailings Pond (Laguna de Colas), Water Treatment Plants, and other infrastructure to be developed.

Changes and modifications in Technology (extraction and beneficiation machinery and equipment) must be previously communicated to this Directorate.

(...)

5. Energy resources

Although the financial feasibility study was approved based on energy production through the use of “diesel” (sic) fuel, the company is recommended to seek alternative, less polluting energy sources than diesel (sic), which satisfy the environmental principles governing this country. It is also recommendable that the future concessionaire present a proposal to the government of Costa Rica aimed at compensating the environmental costs incurred.

6. Environmental aspects

Respect the protection areas as established by the (sic) Forest Law (Ley Forestal) (Article 33).

The DGM and SETENA shall ensure the faithful compliance with the environmental commitments assumed by the company.

(...)” (folios 199 to 202 bis of volume I of the administrative file of Geología y Minas No. 2594).

 

7) By resolution No. R-578-2001-MINAE, issued at 9:00 a.m. on December 17, 2001, the Executive Branch granted the company Infinito S.A. the exploitation concession for the Crucitas Mining Project. Said administrative act was technically based on official letter No. DGM-DC-2085-2001, signed by geologist Ana Sofía Huapaya. In its operative part, the mentioned resolution stated the following: “1.- Grant the mining exploitation concession to Industrias Infinito Sociedad Anónima, legal ID 3-101-127121, represented by Mr. Jesús Carvajal Jiménez for the exploitation of gold, silver, copper, and associated minerals. 2.- The concessionaire, prior to the start of exploitation activities, must have the approval of the Environmental Impact Study duly approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, for which purpose six months are granted for its submission to the Dirección de Geología y Minas. 3.- Provide the approval of the Department of Soils and Land Evaluation of the Ministry of Agriculture and Livestock.” (folios 227 to 240 of volume I of the administrative file of Geología y Minas and testimony in the oral and public trial of Ana Sofía Huapaya).

 

8) That on March 12, 2002, the company Deppat S.A.

presented to the National Environmental Technical Secretariat the environmental impact study for the Crucitas mining project, as well as a copy of the executive summary of that study, and in said application the company Industrias Infinito did not indicate the technical condition established in official letter DGM-DC-2085-2001 of the Directorate of Geology and Mines in relation to the maximum extraction elevation (the case file and folio 1111 of volume III of the administrative file of SETENA).

9) That in Executive Decree No. 30477-MINAE, published in La Gaceta No. 112 of June 12, 2002, issued by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, a national moratorium on open-pit metallic gold mining activity was declared. In its operative part, said decree stated the following: "Article 1. A national moratorium is declared for an indefinite period on open-pit metallic gold mining activity in the national territory. Transitory I. All proceedings related to the exploration and exploitation of open-pit gold mineral that are pending before the Directorate of Geology and Mines and before the National Environmental Technical Secretariat as of the date of publication of this executive decree shall be suspended. Any right acquired before the publication of this decree shall be respected." (folios 1568 to 1569 of the judicial file and consultation with SINALEVI).

10) That subsequent to the issuance and publication of Executive Decree No. 30477, neither the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, nor the National Environmental Technical Secretariat, nor the Directorate of Geology and Mines suspended the environmental viability (viabilidad ambiental) procedures, the mining exploitation concession, and other related procedures, managed by the company Industrias Infinito S.A. (the case file).

11) That by resolution No. 831-2004-SETENA, at 10:55 a.m. on June 2, 2004, the National Environmental Technical Secretariat scheduled the holding of the public hearing for July 31 of that year, from 8:00 a.m. to 4:00 p.m., at the Coopevega Community Hall (folios 2554 and 2555 of volume VI of the administrative file of SETENA No. 129-02).

12) That the public hearing was held on July 31, 2004, and a record of attendance was drawn up (folios 554 to 894 of Volume III of the Public Hearing file of administrative file No. 129-02).

13) That by resolution No. 2004-13414 at 9:29 a.m. on November 26, 2004, hearing an amparo (recurso de amparo) action, the Constitutional Chamber annulled resolution No. R-578-2001-MINAE, which granted the mining exploitation concession to the company Industrias Infinito S.A., for not having had a prior environmental impact study (estudio de impacto ambiental). In its operative part, the ruling stated the following:

"The appeal is granted for violation of Article 50 of the Political Constitution. Consequently, resolution R-578-2001-MINAE, at nine o'clock on December seventeenth, two thousand one, by the (sic) President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, which grants the mining exploitation concession to Industrias Infinito Sociedad Anónima, is annulled, all without prejudice to what the environmental impact study determines. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment." (folios 1550 to 1563 of the judicial file and consultation with SINALEVI).

14) That by resolution No. 119-2005-SETENA, at 8:30 a.m. on January 17, 2005, the National Environmental Technical Secretariat required the developer company to present an Annex to the Environmental Impact Study, clarifying or completing a large amount of information and requirements that had been omitted or were unclear in the Environmental Impact Study. (folios 3041 to 3071 of volume VII of the administrative file of SETENA, number 129-02)

15) That by resolution No. 2237-2005-SETENA, at 2:15 p.m. on August 30, 2005, the National Environmental Technical Secretariat determined that the Environmental Impact Study and its annex complied with what was requested by that body and requested the developer to appoint an environmental regent (regente ambiental), submit a logbook (bitácora), and a series of documents referring to the environmental commitments. Said resolution provided, in its seventh whereas clause (considerando), the following:

"Seventh: That with respect to the annex presented, the following must be noted:

Legal aspects

1. The updated certification of legal status was provided.

2. The certified cadastral plans and the property certifications of the real estate on which the project will be carried out were provided; likewise, with respect to the properties that are not in the developer's name, the pertinent documentation has been presented in order to determine that it has the legal authority to carry out its project on the real estate that, as of the date of presentation of the annex, were not its property.

Even though its request for revocation regarding point 1.4 of the legal observations was granted, it should be noted that the developer complies with what was requested in the resolution, in relation to the legal situation of the project regarding international conventions.

Technical aspects

1. The mine design, the technical description of the process, the topographic design of the pit area (área de tajo), the analysis of the stability of the tailings dam (presa de relaves), and the considerations on the precipitation data used for the design with the respective safety factors were presented, with their respective technical explanations.

2. The proposed mitigation measures for sediment containment and the treatment of runoff waters were included.

3. The analysis of the acid drainage potential (DAR) was considered, contemplating the risk of its generation.

4. Measures have been established to prevent a potential spill in the event of rupture of the pipeline transporting the slurry from the exploitation area to the process area.

5. The seismic analysis was carried out according to the parameters established in the Seismic Code (2002).

6. The treatment to be given to hazardous substances, such as cyanide, has been contemplated, and it is proposed to use an INCO/SO2 plant for its destruction.

7. The existing ecosystems in the AP (Project Area), AID (Direct Influence Area), and All (Indirect Influence Area) have been extensively analyzed, both from a biological and forestry perspective. The corresponding mitigation and compensation measures are proposed. A comprehensive analysis is carried out of the current and future state of the area without the project and its potential recovery and management with the project, with the implementation of the proposed measures. Based on the comprehensive analysis carried out, viable compensation and restoration measures are proposed, and specific commitments are assumed regarding the future generation of local labor, both during project execution and post-project (forest harvesting, organic agriculture and livestock, ecosystem restoration, and reforestation programs). Specific commitments are assumed, and programs are proposed regarding environmental monitoring and scientific research focused on ecosystem restoration in that life zone.

8. The different possible scenarios of the social situation of the communities in the direct influence area with or without the project have been analyzed. A series of training programs in different areas are proposed for the benefit of the communities surrounding the project.

9. Mitigation and compensation measures have been established for the potential impacts identified for the different project activities.

10. The main objectives and general approaches for the emergency response, occupational health and safety, environmental protection, community impacts and benefits, and tailings management plans were provided.

11. For the environmental monitoring stage, it has been proposed to establish an 'Environmental Monitoring Commission' (Comisión de Seguimiento Ambiental).

12. The responses to the concerns expressed at the Public Hearing were provided and analyzed." (folios 3455 1 bis to 3455 13 bis of volume 8 of the administrative file of SETENA No. 129-02).

16) That by resolution No. 3638-2005-SETENA, at 9:25 a.m. on December 12, 2005, the National Environmental Technical Secretariat granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the Crucitas Mining Project, and in its operative part indicated, in relevant part, the following:

"First: The Environmental Impact Study (EsIA) and its Annex, submitted for evaluation by the developer, are approved. (...) Seventh: The interested party is informed that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Environmental Law, the environmental evaluation procedure has been completed for the project with the following characteristics: Project Name: Crucitas Mining Project. Owner: Industrias Infinito S.A. File No. 129-2002-SETENA. Location: Province: Alajuela, Canton: San Carlos, District: Cutris, Cartographic Sheet: Pocosol Scale: 1:50,000. Coordinates: approximate location of the concession vertices:

North Coordinates

East Coordinates:

319,000

499,000

319,000

500,000

318,000

500,000

318,000

502,000

315,000

502,000

315,000

499,000

Farm No. and Cadastral Plan No.:

District

Farm No.

Cadastral Plan

Area in ha

Alajuela

173125

A-607115-00

58 ha 1529.80 m2

173127

A-606355-00

99 ha 2292.25 m2

175777

Not indicated

29 ha 5695 m2

175419

A-57928-92

147 ha 6784.58 m2

175783

A-248969-95

143 ha 5049.15 m2

184445

A-248968-95

102 ha 0328.30 m2

175399

A-259044-95

62 ha 3332.33 m2

293866

A-238251-95

132 ha 7228.20 m2

Purchase option

394051-000

175767

175769

2-871962-03

2-plano IDA-Parcelas-22-99 Chambacú land titling project.

2-Plano IDA-Parcelas-22-30 Chambacú land titling project

412 ha 3774.69 m2

149 ha 3774.69 m2

21 ha 708.76 m2

Total project area: 305.90 ha. Project Description: The project consists of the mining and processing of gold minerals. The extraction of mineral from the surface layer or saprolite is proposed, in plots of 21 ha each year, up to a total of 6 plots. The project has been formulated for a period of 10 years, which includes 18 months of construction, 6 years of operation, and 18 months for the technical closure period of the project. The material will be processed initially in a gravity circuit and subsequently passes to the chemical process by means of cyanidation tanks in a closed circuit. Both processes operate independently and allow water recirculation. The projected production is 4000 tons daily, to achieve the extraction of 90,000 oz of gold per year (approximately 3000 kg of gold per year). For cyanide treatment, it is proposed to use an INCO/SO2 plant for cyanide destruction. Therefore, environmental viability is granted to the project, with the Environmental Management stage remaining open and on the understanding of complying with the fundamental Environmental Commitment Clause, indicated in Considering Clause Third above. Eighth: The validity of this viability shall be for a period of two years for the start of extraction. In the event that extraction does not begin within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. Ninth: With respect to the Oversight and Monitoring Commission for the Crucitas Mining Project, the developer is warned that this Secretariat shall be responsible for the formation and coordination of all aspects related to it, at the appropriate time, prior to the start of any worksite." (folios 3586 to 3591 of volume IX of the administrative file of SETENA).

17) That the Crucitas Mining Project was categorized by SETENA as a Class A project: High Potential Environmental Impact (statements of Eduardo Murillo Marchena and Sandra Arredondo Li).

18) That by official letter No. DST-773-06, of October 4, 2006, the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA) indicated, in relevant part, the following:

"Therefore, this technical criterion is issued by virtue of the fact that, according to the Environmental Impact Study and the environmental commitments acquired in the sworn statements (declaraciones juradas) presented by Industrias Infinito S.A. to SETENA and to INTA, which are of a mandatory compliance nature; the productive capacity of these soils will not be lost, provided that all the technical management activities detailed in the aforementioned statements are fully complied with." (folios 148 to 150 of the administrative file of INTA).

19) That on May 30, 2007, Industrias Infinito S.A. requested, before the Directorate of Geology and Mines, the convalidation (convalidación) of resolution No. R-578-2001-MINAE, which granted it the mining exploitation concession for the Crucitas mining project and which had been annulled by the Constitutional Chamber, indicating that the Environmental Impact Study had already been approved by SETENA in resolution 3638-2005-SETENA (folios 372 to 374 of volume I of the administrative file of Geology and Mines).

20) That on December 6, 2007, Industrias Infinito S.A. submitted to SETENA the document called: "Environmental Evaluation of Proposed Changes to the Project" (Evaluación Ambiental de Cambios Propuestos al Proyecto), in which the technical condition established in official letter DGM-DC-2085-2001 of the Directorate of Geology and Mines regarding the maximum extraction elevation was not indicated. In said document, approval of the following changes was requested:

(...)

The duration of the construction phase does not vary and remains at 18 months or 1.5 years, the operational phase is extended to 9.25 years, and the closure phase remains at 18 months or 1.5 years for a total of 12.25 years. (...)

Table 1.1 Comparison of the area of project components:

Project Component

Approved (ha)

Proposed Change (ha)

Extraction

126.4

50.0

Tailings (Relaves)

143.8

143.8

Process plant, residences, soil recovery area, offices, others

33.9

33.8

TOTALS

304.1 ha

227.6 ha

Table 1.2 Comparison of total areas in percentages based on the total area of project properties

Total area of project properties

Approved in %

Proposed Change %

1474 ha

20.6%

15.4%

Table 1.3 Comparative analysis of proposed changes

Item

Description

Approved

Now

1

Extraction

Larger extraction area

Smaller extraction area

2

Lithology of the process and extraction method

Saprolite, use of heavy machinery

Saprolite and hard rock, use of explosives and heavy machinery.

3

Electric consumption

Electric generation plant 5.4 MW

Coopelesca electricity, no electric generation plant will be used, therefore the emission of 3.3 tons/hour of CO2 into the atmosphere will be eliminated.

4

Fuel storage

1500 m3 diesel and 38 m3 gasoline

50 m3 diesel and 3.7 m3 gasoline

5

Cyanide destruction plant

INCO process, operating constantly during production

CYPLUS process (improved INCO) operating in the same constant manner

6

Forestry aspect

Reforestation of 336 ha where 227 ha would be commercial type (melina or teak)

Reforestation of 382 ha of natural forest with native species (1600 trees per ha are considered, so an approximate 611,200 trees are expected to be planted)

7

Social

Social commitments

The same social commitments are maintained, however there will be more jobs and tax payments

8

Closure

The formation of a tailings lagoon (laguna de relaves) was expected, reforestation with native and commercial species.

The formation of the tailings lagoon plus Lake Fortuna and total reforestation with native species is expected.

(folios 198 to 200 and 222 of the dossier called Environmental Evaluation of Proposed Changes).

21) That Industrias Infinito S.A. did not request an extension or enlargement of the environmental viability period for the start of extraction work on the Crucitas Mining Project, nor did it begin said work within the period established in resolution No. 3638-2005-SETENA (the case file).

22) That by resolution No. 170-2008-SETENA, at 12:50 p.m. on February 4, 2008, the National Environmental Technical Secretariat approved the modification to the Crucitas Mining Project, and provided, in relevant part, the following:

"Considering.

First: On August 30, officials from the Environmental Audit and Monitoring Department carried out an inspection of the Crucitas Mining Project area in order to verify its field conditions and thus be able to assess the environmental setting for the start of the construction phase and the modification of the project's extractive area. At the time of the inspection, the following could be evidenced: a. The farm destined for the Crucitas Mining Project maintains its condition as a cattle farm with pastures and areas of intervened forest. b. The developer company has implemented a nursery, which allows the reproduction of species present in the understory of the extraction areas; this is for the purpose of developing forest areas with the same native species and biodiversity distribution. The nursery has a population of 45,000 trees, having reforested 11 ha. c. Facilities acquired by Industrias Infinito S.A. operate as a Training Center in the community of Coopevega de Cutris, where, in partnership with INA, programs in cutting and sewing, organic agriculture, cheese production, fabric painting, and basic computer courses are developed; the development of already initiated aquaculture and mixed systems projects was also observed in the field. d. As part of the project's social contribution, works donated to the Crucitas School were verified: dining room, sanitary facilities, classroom remodeling, and teacher's house. Second: After analyzing the document called 'Environmental Evaluation of Proposed Changes to the Crucitas Mining Project,' submitted by the company, the following considerations are held: a. The original project contemplated the extraction of the saprolite corresponding to the upper layer of the deposit, up to a depth of 15m, as it involved a lower extraction cost; however, due to changes in the international market price of gold and because the company cannot comply with the standard required by Canada (destination market for the final product) which does not allow the inclusion of 'inferred or estimated' mineral resources due to low reliability levels; the developer requests, as part of the changes, to be able to extract, in addition to the saprolite, also the hard rock, where the probability of a greater quantity of gold increases; which entails working at average depths of 67 m and reducing the extractive area from 126.4 ha to 50 ha. The area to be intervened corresponds to the already identified sectors, known as 'Cerro Botija' and 'Cerro Fortuna'.

Hard rock extraction involves the use of blasting for the appropriate advancement of extraction blocks and adequate shaping of the pit wall slopes, for which the company Industrias Infinito S.A. commits to hiring a company certified in this type of activity, so that it is a safe and effective practice.

The rest of the areas contemplated by the project remain unaltered, as shown in the following table:

Comparison of the area of project components

Project Component

Approved (ha)

Proposed Change (ha)

Extraction

126.4

50.0

Tailings (Relaves)

143.8

143.8

Process plant, residences, soil recovery area, nursery, offices, others.

33.9

33.8

Totals

304.1 ha

227.6 ha

b. The clayey materials and hard rock with minerals of economic interest will be processed by cyanidation leaching, in a closed circuit, which allows water recirculation in the process. Regarding cyanide degradation, the technology originally proposed, called INCO, has migrated towards safer processes during the time elapsed since the approval of the Environmental Impact Study for this project. The developer company commits to using this new technology, called CYPLUS (improved INCO), in order to improve environmental management complying with both national and international regulations.

c. Within the final process of cyanide treatment or waste polishing, its natural degradation in the tailings lagoon is foreseen, which would accomplish the complete reduction of cyanide in the wastewater.

d. The 'Baseline Studies' regarding cover material, hard rock, and tailings materials show that there is a low potential for acid drainage generation; however, the developer company foresees adequate management to control its eventual production, submerging the material from the waste rock and tailings underwater.

e. The summary of the proposed changes for the Crucitas Mining Project and its comparative analysis is set out below:

Comparative analysis of proposed changes

Description

Approved Project, with environmental viability

Proposed Modification

Extraction

Larger extraction area

Smaller extraction area

Lithology of the process and extraction method

Saprolite, use of heavy machinery

Saprolite and hard rock, use of explosives and heavy machinery.

Electric consumption

Electric generation plant 5.4 MW

Electric power (Coopelesca), no electric generation plant will be used, the emission of 3.3 tons/hour of CO2 into the atmosphere will be eliminated.

Fuel storage

1500 m3 diesel and 38 m3 gasoline

50 m3 diesel and 3.7 m3 gasoline

Cyanide destruction plant

INCO process, operating constantly during production

CYPLUS process (improved INCO) operating in the same constant manner

Forestry aspect

Reforestation of 336 ha where 227 ha would be commercial type (melina or teak)

Reforestation of 382 ha of natural forest with native species (1600 trees per ha for an approximate 611,200 trees)

Social

Social commitments

The same social commitments are maintained

Closure

The formation of a tailings lagoon was expected, reforestation with native and commercial species.

Formation of the tailings lagoon plus Lake Fortuna and total reforestation with native species

f. An updated diagnosis of the environmental, social, and economic conditions of the project is attached, validated by professionals related to each component: physical environment, biological environment, socioeconomic environment. The factors considered in the Environmental Impact Study approved by SETENA prevail.

g. An identification of impacts and their assessment is presented within the project, including the activities stipulated as modification, for the three phases involved in the project execution: construction, operation, and closure; with the corresponding mitigation and compensation measures.

Third: Within the monitoring plans proposed by the developer, the monitoring of baseline data regarding: soils, surface waters, ichthyofauna, aquatic macroinvertebrates, amphibians and reptiles, avifauna, floristic component, mammals, forestry and social components is incorporated; and the protocol for hazardous substance management is incorporated.

Fourth: The Crucitas Project Oversight and Monitoring Commission is maintained in the Environmental Management Plan, which must operate within the framework established by this Secretariat.

Therefore

The Plenary Commission resolves:

(...)

"First: To approve the modification of the Crucitas Mining Project, (Mining and Processing of Gold Minerals), including the updated Environmental Management Plan and the proposed monitoring plans. Second: To order the formation and operation of the Crucitas Project Oversight and Monitoring Commission, for which the General Secretariat is designated to proceed to request the names of the representatives of the different entities that comprise it. Third: To request the developer company to submit the Emergency Response Plan and the Occupational Health Plan within the times stipulated by the Ministry of Health. Additionally, the Environmental Education Plan and the Internal Work Regulations may be submitted to SETENA in the first semester after the start of the project's construction phase." (folios 4152 to 4157 of Volume 10 of the administrative file of SETENA No. 129-02).

23) That the National Environmental Technical Secretariat did not request a new environmental impact study (estudio de impacto ambiental), nor any other environmental assessment instrument, nor did the company Industrias Infinito S.A. provide them, nor was a new public hearing held, in order to analyze the impacts that the changes introduced by the developer to the Crucitas Mining Project could generate (the case file and statements of Sandra Arredondo Li, Sonia Espinoza Valverde, and Eduardo Murillo Marchena).

24) That in report No. ASA-013-2008-SETENA, dated January 14, 2008, issued by the Environmental Audit and Monitoring Department of SETENA, which evaluated the modification proposal prior to the issuance of resolution No. 170-2008-SETENA, Geologist Marta Elena Chaves Quirós, Coordinator of that Department, did not participate as an evaluator (folios 4112 to 4119 of volume X of file 129-02 of SETENA, certification of folios 2204 to 2216 of the judicial file admitted as evidence for better provision and statement of Marta Elena Chaves Quirós).

25) That by resolution No. R-217-2008-MINAE, at 3:00 p.m. on April 21, 2008, the Executive Branch ordered the conversion (conversión) of resolution No. 578-2001-MINAE, which had been annulled by the Constitutional Chamber, and applying that legal figure, granted the mining exploitation concession to the company Industrias Infinito S.A. In relevant part, said resolution indicated the following:

"(...)

Considering:

First: In view of resolution 2004-13414 dated November 26, 2004, from the Constitutional Chamber, the only requirement that this Constitutional Court considered was not met during the processing of the exploitation concession application, in the name of the company Industrias Infinito S.A., is prior approval before the granting of the concession of the Environmental Impact Study, a fact that occurs through resolution No. 3638-2005-SETENA, dated December 12, 2005, in which the Environmental Impact Study and its respective annex are approved, determining that it complies with the terms of reference and technical requirements issued by that Secretariat, in addition to approving the Sworn Statement of Environmental Commitments (DJCA); granting Environmental Viability to the Crucitas Mining Project, with the environmental management stage remaining open. Moreover, official letter DST-773-2006 dated October 4, 2006, from the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), has already been provided to the file, which determines that the productive capacity of these soils will not be lost with the project, as long as the company complies with the commitments acquired.

Second: Although the company Industrias Infinito S.A. has requested the convalidation of resolution No. 578-2001-MINAE at 9:00 a.m. on December 17, 2001, through which the exploitation concession for gold, silver, copper, and associated minerals was granted, the fact is that in accordance with Article 189 of the General Law of Public Administration, the appropriate course is to apply the conversion of the act, due to the following circumstances: a) When the exploitation program was approved for the granting of the mining concession, the price of gold, the main mineral of interest to exploit, was far below the current price.

b) Although the environmental viability granted by SETENA through resolution No. 3638-2005-SETENA of December 12, 2005 remains in effect, the modification submitted in December 2007 and approved by resolution 170-2008-SETENA reflects changes to the project that warrant varying, in some respects, the granting of the mining concession, especially regarding SETENA’s and the Dirección de Geología y Minas’s oversight of the activity to be undertaken by the company Industrias Infinito S.A. c) That the company Industrias Infinito S.A. has expressed its commitment to establish a trust (fideicomiso) so that the supervision of the project by the Dirección de Geología y Minas may be more expeditious, allowing for the authority to contract consulting firms to provide extraordinary audits of the control activities that, under the Mining Code (Código de Minería), are the responsibility of the Dirección de Geología y Minas. The provisions of Article 164 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) apply to this case, regarding the principle of preservation of administrative acts, a principle that applies because the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when issuing ruling 2004-13414 of November 26, 2004, based its decision on the absence of approval of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental); therefore, the procedure followed for granting the concession is valid and effective.

Third: The Dirección de Geología y Minas, through DGM/RNM 284-2008 of April 10 of the current year, has recommended the conversion of the granting of the mining concession in favor of the company Industrias Infinito S.A., legal identification number 3-101-127121.

Therefore

The President of the Republic and the Minister of Environment and Energy resolve:

First: To grant the mining exploitation concession in favor of the company Industrias Infinito S.A., legal identification number 3-101-127121.

Second: The term of the concession is for 10 years, DGM-DC-320-2001 of March 14, 2001, signed by Geologist Ana Sofía Huapaya, as well as DGM-DC-2085-2001 of November 26, 2001.

Third: The material to be exploited is gold, silver, copper, and associated minerals, in favor of the company Industrias Infinito S.A.

Fourth: The concession is conditioned upon compliance with the Work Plan and the technical conditions issued by Geologist Ana Sofía Huapaya, through official communication DGM-DC-320-2001 of March 14, 2001, and DGM-DC-2085-2001 of November 26, 2001. Likewise, it must comply with the environmental conditions as approved by SETENA and the commitments made before INTA.

Fifth: The concessionaire must comply with the obligations imposed by law, as well as abide by the directives issued by the Dirección de Geología y Minas and SETENA.

(...)” (pages 440 to 458 of volume 1 of the administrative file of Geología y Minas No. 2594).

 

26) That through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34492-MINAE, published in La Gaceta No. 107 of June 4, 2008, issued by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, Executive Decree No. 30477-MINAE, which declared the national moratorium on open-pit metallic gold mining activity, was repealed (consultation of SINALEVI).

 

27) That through Executive Decree No. 34801-MINAET, published in La Gaceta No. 201 of October 17, 2008, issued by the President of the Republic and the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas) was declared of public interest and national convenience (conveniencia nacional). Said decree provided, in relevant part, as follows:

“Whereas:

I.- That Articles 19, subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 prohibit land-use change (cambio de uso de suelo) and the felling of trees on lands covered by forest and in protection areas, excepting those state or private projects that the Executive Branch declares of National Convenience.

II.- That Article 3, subsection m) of the Forestry Law No. 7575 declares as activities of national convenience those carried out by centralized state agencies, autonomous institutions, or private companies, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs.

III.- That the Mining Code in its Article 6 establishes: “Article 6.1. All mining activity is declared of public utility, both in exploration and exploitation works. Concentration, beneficiation, transformation, and transportation of mineral substances, and the private or state-owned lands necessary for these purposes, shall have the same character.” Based on this declaration of public utility, this article provides that mining companies are authorized to carry out their activity on private lands or even on state lands.

IV.- Article 2 of the Regulations to the Forestry Law, Executive Decree No. 25721-MINAE, indicates as activities of national convenience those related to the study and execution of projects or activities of public interest carried out by centralized state agencies, autonomous institutions, or private enterprise, that provide benefits to all or a large part of society, among which is mining activity. Based on this declaration, the company may proceed to request authorization for tree felling and the execution of works in the protection area of streams and rivers.

V.- Industrias Infinito S.A. is the holder of the Mining Exploitation Concession recorded in the National Mining Registry of the Dirección de Geología y Minas under file No. 2594. The Minister of Environment and Energy, through resolution No. 217 of 3:00 p.m. on April 21 of the current year, proceeded to grant the mining exploitation concession.

VI.- The National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) granted environmental viability to the Crucitas Mining Project through resolution No. 3638-2005-SETENA at 9:25 a.m. on December 12, 2005. Subsequently, SETENA approved modifications to the Project through resolution No. 170-2008-SETENA at 12:50 p.m. on February 4, 2008.

VII.- The Crucitas Mining Project will bring several economic benefits to the community of San Carlos and the central government. Among these benefits are the following: i) The mine will have an operation of approximately 11 years (including construction, operation, and technical closure). This means that during that time there will be development of the communities near Crucitas and a need for labor; ii) The initial investment to build the Crucitas Mine is approximately US$ 65,000,000. It is estimated that a large part of that amount will be used for the purchase of professional services, payment of contractors, and purchase of materials and machinery; much of these acquired in the San Carlos area; iii) It is estimated that 253 direct jobs will be created. In mining, it is calculated that for every direct job, 5 indirect jobs are created; thus, we will have 1,265 indirect jobs; iv) Among the social commitments, it will be sought that at least 75% of the employees be from the area near Crucitas; v) Payroll: The annual payroll to pay employees is estimated at US$ 4,132,859; vi) Local tax. The Mining Code establishes that mining companies must pay 2% of their gross profit to the community; therefore, the Municipality of San Carlos and the community in the area of influence of Crucitas will receive annually approximately US$ 1,441,158 for eight years (for a total of US$ 11,529,263); vii) A trust (fideicomiso) is being managed to develop social works and the actions of the monitoring commission of the Crucitas Project, which will annually receive the sum of US$ 364,063; and viii) The Crucitas project will pay taxes to the central government, with an estimated annual income tax payment of US$ 8,790,289, for a total over the life of the mine of US$ 70,322,309.

VIII.- For the construction and development of the Crucitas Project, the felling of trees is required on 191 Ha 7,782.66 m2 that possess forest, which represents 19.93% of the existing forest on all the properties; the felling of trees on 66 Ha 9,474.53 m2 in areas of agricultural and livestock use without existing forest on all the properties, which represents 14.00% of the areas of agricultural and livestock use without existing forest on all the properties; and the felling of trees on 4 Ha 1,751.38 m2 that possess forest plantations, which represents 12.33% of the forest plantations existing on all the properties. Among the forest species in the area, some are protected (vedadas), in accordance with Constitutional Chamber ruling No. 2486 of 10:54 a.m. on March 8, 2002, and Executive Decree No. 25700 of November 15, 1996.

IX.- As compensation for the land-use change, Industrias Infinito, S.A. proposed the following compensation measures: i) Support for the purchase of land for conservation in the amount of two hundred fifty thousand dollars; ii) The planting of 49.8 trees for each tree that needs to be felled; and iii) The creation and conservation of a biological corridor within its properties.

Therefore:

They Decree the Declaration of Public Interest and National Convenience of the Crucitas Mining Project.

Article 1°- The Crucitas Mining Project developed by the company Industrias Infinito, S.A. is declared of public interest and national convenience.

Article 2°- By virtue of this declaration, the developing company, upon prior authorization from the corresponding office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), may proceed with the felling of trees (including protected species) and the development of infrastructure works in protection areas, as indicated in the project.

Article 3°- The developing company must comply with each of the compensation measures provided for in Whereas Clause IX. For the monitoring and control of the foregoing, it shall submit a report to the corresponding office of the National System of Conservation Areas, which in turn shall certify compliance.” (page 518 of volume I of the administrative file of Geología y Minas No. 2594 and consultation of SINALEVI).

 

28) That through resolution No. 244-2008-SCH, at 9:05 a.m. on October 17, 2008, the Arenal-Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal-Huetar Norte), of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, approved the application for land-use change and the consequent felling of trees in forested areas, areas of agricultural and livestock use without forest, and plantation areas, on the lands owned by the company Industrias Infinito S.A. Said act provided, in relevant part, as follows:

“Therefore

Engineer William Vargas González, Director of the Arenal Huetar Norte Conservation Area, and Engineer Oldemar Corrales Jiménez, Head of the San Carlos Subregion, resolve:

First: That in accordance with the cited regulations, the merits of the proceedings, and particularly based on the content of Executive Decree No. 34801-MINAET published in La Gaceta No. 201 on October 17, 2008, by which the Crucitas Mining Project is declared of National Convenience, allowing the Project the felling and use of protected species, the felling and use of trees in protection zones defined in Articles 33 and 34 of the Forestry Law No. 7575, and having concluded the requirements to apply for the land-use change permit in forested areas, areas of agricultural and livestock use without forest, and plantation areas; and there being an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) which demonstrates environmental viability according to the National Environmental Technical Secretariat, the application is approved for land-use change in forest areas, in areas of agricultural and livestock use without forest, and in plantation areas, where 12,391 trees will be utilized, distributed across 191.77 hectares covered by forest, 66.94 hectares in areas of agricultural and livestock use without forest, and the felling of trees on 4.17 hectares of planted areas; submitted by Mr. Arnoldo Rudín Arias, identification number 2-0381-0102, of legal age, married, resident of Canoas de Alajuela, Urbanización el Rey, in his capacity as general attorney-in-fact of the corporation Industrias Infinito, legal identification number 3-101-127121, on the properties duly registered before the Property Registry (Registro de la Propiedad), district of Alajuela, with the registration numbers of Real Folios No. A-1101755-06 area 149 ha 3535.18 m2, A-1101246-06 area 21 ha. 708.76 m2, A-923995-90 area 85 ha 9276.82 m2, A-871962-03 area 412 ha 3774.69 m2, A-604690-00 area 29 ha 4912 m2, A-1070857-06 area 143 ha 8552.57 m2, A-1060665-06 area 60 ha 5997.91 m2, A-606355-00 area 94 ha 5770 m2, A-1075825-06 area 154 ha 3848.43 m2, A-1062873-06, area 103 ha 7736.05 m2, A-1061302-06 area 59 ha 6487.27 m2, and A-1072536-06 area 159 ha 4073.13 m2, located in the province of Alajuela, canton San Carlos, district Cutris, town of Crucitas.

 

Second: The land-use change is authorized in forest areas, in areas of agricultural and livestock use without forest, and in plantation areas, where 12,391 trees will be felled and utilized with a volume of 17,218.78 m3, distributed across 191.77 hectares covered by forest, 66.94 hectares in areas of agricultural and livestock use without forest, and the felling of trees on 4.17 hectares of planted areas. The felling of 12,391 trees is authorized, in accordance with the following technical specifications and distribution by real folio number:

 

Table No. 1. Summary by real folio numbers corresponding to the areas to be subjected to land-use change in forest and in areas of agricultural and livestock use without forest and in forest plantations.

  

Real Folio Number

  

Forest Areas subject to land-use change (ha)

  

Areas of Agricultural and Livestock use without forest

  

Plantation Area

  

Number of Trees to be felled

  

Total volume to be extracted (m3)




2-175767-000

  

2 Ha 4250.69 m2

  

 

  

 

  

336

  

407.43




2-175769-000

  

 

  

14 Ha 8161.69 m2

  

 

  

101

  

148.86




2-175769-000

  

19 Ha 7527.19 m2

  

 

  

 

  

1688

  

2636.75




2-175769-000

  

 

  

3 Ha 1770.67 m2

  

 

  

20

  

40.74




2-303718-000

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 




2-394051-000

  

30 Ha 8319.43 m2

  

 

  

 

  

2027

  

2514.23




2-175777-002

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 




2-293866-003

  

45 Ha 2475.80 m2

  

 

  

 

  

2468

  

3650.88




2-293866-003

  

 

  

37 Ha 6688.21 m2

  

 

  

212

  

258.69




2-173125-002

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 




2-173127-002

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 




2-175783-002

  

45 Ha 3327.14 m2

  

 

  

 

  

2189

  

2651.47




2-175783-002

  

 

  

11 Ha 2853.96 m2

  

 

  

626

  

659.69




2-175783-002

  

 

  

 

  

4 Ha 1751.38 m2

  

5

  

2.45




2-184445-002

  

9 Ha 4568.32 m2

  

 

  

 

  

97

  

567.45




2-175399-002

  

23 Ha 5144.34 m2

  

 

  

 

  

1632

  

2299.89




2-175419-001

  

15 Ha 2169.75 m2

  

 

  

 

  

990

  

1380.25




Total

  

191 Ha 7782.66

  

66 Ha 9474.53 m2

  

4 Ha 1751.38 m2

  

12391

  

17218.78

Table No. 2. Technical specifications of the trees to be felled in areas with forest cover (cobertura boscosa), which will be subject to land-use change, located on the properties with real folios No. 2-175767-000, 2-175769-000, 2-175419-001, 2-293866-003, 2-175783-002, 2-184445-002, 2-175399-002, 2-394051-000.

 

  

 

  

Areas with




 

  

 

  

Forest Cover




Common Name

  

Scientific Name

  

Number of Trees

  

Volume M3




Acacia – Cornizuelo

  

Acaccia corniguera

  

36

  

14.78




Aceituno

  

Simarouba amara

  

26

  

21.09




Aguacate

  

Persea americana

  

14

  

21.31




Aguacatillo

  

Cinnamomun cinnamomifolium

  

28

  

23.73




Aguacaton

  

Ocotea Ira

  

1

  

4.09




Ajillo

  

Caryocar costarricense

  

28

  

53.08




Alcanfor

  

Protium Copal

  

14

  

9.63




Almendrillo

  

Andira Inermis

  

8

  

23.62




Almendro

  

Dipteryx panamensis

  

168

  

551.33




Amargo Amarguillo

  

Aspidosperma megalocarpon

  

9

  

10.71




Amarguillo

  

Aspidosperma megalocarpon

  

15

  

14.95




Anonillo

  

Rollinia pittieri

  

70

  

60.15




Arenillo

  

Abaraema macradenia

  

45

  

38.99




Areno

  

Qualea paraensis

  

356

  

597.52




Balsa

  

Ochroma lagopus

  

44

  

38.75




Balsamo

  

Miroxylon Balsamun

  

3

  

3.28




Botarrama

  

Vochysia ferruginea

  

771

  

1376.44




Botija

  

Apeiba membranaceae

  

63

  

172.46




Burio

  

Apeiba tibourbou

  

967

  

652.83




Cafecillo

  

Casearia arborea

  

6

  

3.95




Caimito

  

Crisophylum cainito

  

17

  

24.53




Cajilla

  

Genipa caruto

  

45

  

36.25




Camibar

  

Copaifera aromatica

  

1

  

0.59




Campano

  

Sacoglottis trichogyna

  

15

  

24.34




Canelo

  

Nectandra salicifolia

  

5

  

4.89




Canfin

  

Protium panamensis

  

343

  

550.91




Caobilla

  

Carapa guianensis

  

385

  

807.04




Capulin

  

Trema micrantha

  

251

  

200.79




Carey

  

Elaeouma glabrescens

  

46

  

80.93




Cebo

  

Vochysia ferruginea

  

55

  

107.31




Cero Amargo

  

Cedrela odrota

  

16

  

21.71

  

 

  

 

  

Areas with




 

  

 

  

Forest Cover




Common Name

  

Scientific Name

  

Number of Trees

  

Volume M3




Cedro Dulce

  

Cedrela tonduzii

  

1

  

0.76




Ceibo

  

Ceiba pentadra

  

9

  

113.95




Chancho

  

Vochysia ferruginea

  

2

  

3.42




Chaperno

  

Lonchocarpus costaricensis

  

288

  

329.76




Chilamate

  

Ficus werckleana

  

1

  

0.84




Ciprecillo

  

Podocarpus spp

  

5

  

6.47




Cipres

  

Cupressus lusitanica

  

1

  

0.9




Cocora

  

Guarea ropholocarpa

  

20

  

25.77




Cola de Pavo

  

Himenolobium mesoamericanum

  

6

  

14.94




Coloradito

  

Calucophyllum candidissimun

  

9

  

5.94




Colorado

  

Calucophyllum candidissimun

  

2

  

1.02




Colpachi

  

Croton niveus

  

2

  

0.25




Copalillo

  

Protium Copal

  

1

  

0.85




Corteza

  

Tabebuia ochraceae

  

2

  

22.63




Corteza Amarilla

  

Tabebuia chrysantha

  

12

  

7.5




Costilla de Danto

  

Roupala spp

  

2

  

73.11




Cucaracho

  

Billia colombiane

  

43

  

65.9




Cuero de Vieja

  

Lonchocarpus costaricensis

  

36

  

1.55




Cuerosapo

  

Miconia argentea

  

2

  

14.3




Danto

  

Sideroxylum capiri

  

14

  

17.89




Danto Amarillo

  

Roupala montana

  

10

  

45.54




Fosforillo

  

Protium panamensis

  

38

  

42.08




Frijolillo

  

Lonchocarpus rugosus

  

68

  

25.9




Frijolon

  

Lonchocarpus rugosus

  

31

  

191.52




Frota Dorada

  

Virola koschnyi

  

119

  

304.05




Gallinazo

  

Jacaranda copaia

  

1

  

5.31




Gavilan

  

Pentalaclethra macroloba

  

747

  

1049.58




Guabilla

  

Inga marginata

  

78

  

65.24




Guabo

  

Inga edulis

  

63

  

70.49




Guabo Colorado

  

Inga alba

  

25

  

43.3




Guacimo 

  

Luehea seemannii

  

3

  

1.87




Guacimo Blanco

  

Goethalsia meiantha

  

1

  

0.81




Guacimo Colorado

  

Luehea seemannii

  

2

  

1.59




Guaitil

  

Genipa americana

  

76

  

62.55




Guanacaste

  

Enterolobium ciclocarpum

  

34

  

58.92

  

 

  

 

  

Areas with




 

  

 

  

Forest Cover




Common Name

  

Scientific Name

  

Number of Trees

  

Volume M3




Guarumo

  

Cecropia insignis

  

98

  

74.74




Guayabon

  

Terminalia oblonga

  

2

  

1.06




Higueron

  

Ficus yoponensis

  

4

  

3.33




Huevo de Caballo

  

Stemmadenia donnell-smith

  

10

  

12.54




Indio desnudo

  

Bursera simaraouba

  

1

  

0.63




Ira

  

Ocotea dentata

  

380

  

327.18




Ira Rosa

  

Ocotea austinii

  

16

  

15.79




Jicaro

  

Lecythis ampla

  

19

  

30.95




Jobo

  

Spondias mombin

  

21

  

13.51




Lagartillo

  

Zanthoxylon ekmanii

  

37

  

26.04




Lagarto

  

Zanthoxylon kellermanii

  

153

  

118.11




Laurel

  

Cordia alliodora

  

103

  

93.56




Leche de Vaca

  

Couma macrocarpa

  

29

  

37.66




Lechoso

  

Brosimun utile

  

167

  

242.5




Lengua de Vaca

  

Laetia procera

  

2

  

2.19




Lorito

  

Weinmannia pinnata

  

3

  

3.12




Manga Larga

  

Laetia procera

  

69

  

104.2




Mangle

  

Acvicennia germinans

  

1

  

1.33




Manteco

  

Trichilia tomentosa

  

148

  

243.54




Manu

  

Minquartia guianensis

  

98

  

143.11




Manu Negro

  

Minquartia guianensis

  

35

  

39.48




Manu Platano

  

Vitex cooperi

  

20

  

44




Maria

  

Caophyllum brasiliense

  

29

  

46.8




Mastate

  

Poulsenia armata

  

12

  

21.22




Melina

  

Gmelina arborera

  

 

  

 




Muñeco

  

Cordia collococca

  

89

  

74.71




Nance

  

Byrsonimia crassyfolia

  

4

  

3.03




Nancife

  

Byrsonimia crassyfolia

  

2

  

1.44




Naranjito

  

Swartzia simplex

  

3

  

2.73




Nene

  

Lonchocarpus rugosus

  

2

  

0.87




Nispero

  

Manilkara chicle

  

85

  

354.46




Nispero Zapotillo

  

Couepia poliandra

  

3

  

4.07




Ocora

  

Guarea rophalocarpa

  

15

  

13.55




Ojoche

  

Brosimun allicastrum

  

105

  

141.93




Ojochillo

  

Brosimun lactenscens

  

218

  

196.33

  

 

  

 

  

Areas with




 

  

 

  

Forest Cover




Common Name

  

Scientific Name

  

Number of Trees

  

Volume M3




Paipute

  

Xilosma intermedia

  

15

  

10.07




Paleta

  

Dussia macroprophyllata

  

144

  

261.84




Panama

  

Sterculia apetala

  

216

  

199.88




Papa

  

Sterculia recordiana

  

23

  

22.75




Papaturro

  

Alchornea latifolia

  

 

  

 




Papayillo

  

Jacaratia dolichuala

  

41

  

49.39




Paponjoche

  

Pachira acuatica

  

6

  

6.49




Peine de Mico

  

Apeiba aspera

  

154

  

437.82




Pellejo de Vieja

  

Lonchocarpus costaricensis

  

5

  

8.24




Piedrilla

  

Licania hypoleuca

  

147

  

191.98




Pilon

  

Hieronyma alchorneoides

  

10

  

15.92




Plomillo

  

Sacoglottis trichogyna

  

9

  

15.48




Poro

  

Erythrina poepigianna

  

1

  

0.84




Quizarra

  

Ocotea mollifolia

  

91

  

103.04




Repollito

  

Eschweilera calyculata

  

13

  

12.53




Roble

  

Terminalia amazonia

  

120

  

186.66




Roble Charco

  

Terminalia amazonia

  

13

  

34.41




Roble Coral

  

Terminalia amazonia

  

100

  

148.81




Ron Ron

  

Astronium graveolens

  

18

  

22.84




Sangregao

  

Pterocarpus oficinalis

  

4

  

7.81




Sangrillo

  

Pterocarpus hayesii

  

20

  

16.34




Tabacon

  

Grias cauliflora

  

121

  

162.01




Tamarindo

  

Dialum guianenses

  

880

  

1941.09




Targua

  

Croton xalapense

  

428

  

295.02




Titor

  

Lonchocarpus rugosus

  

42

  

83.02




Tostado

  

Sclerobium costarricense

  

191

  

375.17




Vainilla

  

Stryphnodendron microstachyum

  

91

  

93.26




Yema de Huevo

  

Chimarris parviflora

  

292

  

311.22




Zapote

  

Pouteria viridis

  

123

  

169.34




Zapotillo

  

Couepia poliandra

  

305

  

269.14




Zopilote

  

Hernandia didymantha

  

13

  

27.35




Total

  

132 species

  

11427

  

16108.35

Table No. 3.

Technical specifications for trees to be cut in agricultural and non-forest areas, located on the properties with real folio numbers Nº 2-175783-002, 2-175769-000, 2-293866-003 and 2-175767-000.

Land-use areas

agricultural without forest

Common Name

Scientific Name

Number of Trees

Volume M3

Aceituno

Simarouba amara

2

1.88

Aguacatillo

Cinnamomum cinnamomifolium

2

0.9

Ajillo

Caryocar costarricense

2

4.08

Alcanfor

Protium Copal

3

2.09

Almendro

Dipteryx panamensis

29

97.5

Amarguillo

Aspidosperma megalocarpon

1

0.47

Anonillo

Rollinia pittieri

1

0.3

Arenillo

Abaraema macradenia

4

7.81

Areno

Qualea paraensis

7

14.72

Balsa

Ochoroma lagopus

20

17.21

Botarrama

Vochysia ferruginea

27

49.41

Botija

Apeiba membranaceae

1

0.75

Burio

Apeiba tibourbou

56

30.16

Cajilla

Genipa caruto

5

2.46

Canfin

Protium panamensis

3

2.1

Caobilla

Carapa guianensis

20

44.82

Capullin

Trema micrantha

9

7.29

Cedro Amargo

Cedrela odorata

5

3.03

Ceibo

Ceiba pentadra

12

128.39

Cenizaro

Samanea saman

3

1.78

Cahperno

Lonchocarpus costaricensis

15

11.34

Chilamate

Ficus werckleana

4

2.68

Cipres

Cupressus lusitanica

1

0.55

Corteza

Tabebuia ochraceae

9

17.07

Corteza Amarilla

Tabebuia chrysantha

1

4.61

Frijolon

Lonchocarpus rugosus

8

8.73

Frota Dorada

Virola koschnyi

7

9.11

Gavilan

Pentaclethra macroloba

58

84.33

Guabilla

Inga marginata

1

0.44

Guabo

Inga edulis

3

2.02

Guabo Colorado

Inga alba

1

0.89

Guaitil

Genipa americana

11

7.25

Land-use areas

agricultural without forest

Common Name

Scientific Name

Number of Trees

Volume M3

Guarumo

Cecropia insignis

16

9.43

Higueron

Ficus yoponensis

1

0.83

Huevo de Caballo

Stemmadenia donnell-smith

3

1.8

Indio desnudo

Bursera simarouba

2

1.6

Ira

Ocotea dentata

1

2.92

Jicaro

Lecythis ampla

4

11.12

Jobo

Spondias mombin

3

1.63

Lagartillo

Zanthoxylon ekmanii

11

6.94

Lagarto

Zanthoxylon kellermanii

33

26.7

Laurel

Cordia alliodora

64

49.87

Lechoso

Brosimun utile

10

9.02

Manga Larga

Laetia procera

2

1.2

Manteco

Trichilia tomentosa

5

2.77

Manu

Minquartia guianensis

1

0.88

Manu Negro

Minquartia guianensis

1

0.77

Manu Platano

Vitex cooperi

2

3.93

Mastate

Poulsenia armata

1

0.14

Melina

Gmelina arborera

56

27.48

Muñeco

Cordia collococca

7

2.62

Nance

Byrsonimia crassyfolia

1

0.27

Ojoche

Brosimun allicastrum

3

1.65

Ojocjillo

Brosimun lactenscens

1

0.88

Paipute

Xilosma intermedia

1

0.51

Paleta

Dussia macroprophyllata

8

13.22

Panama

Sterculia apetala

12

5.9

Papaturro

Alchornea latifolia

2

0.76

Peine de Mico

Apeiba aspera

8

31.18

Pilon

Hieronyma alchorneoides

1

0.56

Plomillo

Sacoglottis trichogyna

1

1.51

Quizarra

Ocotea mollifolia

5

5.4

Roble

Terminalia amazonia

37

53.41

Roble Coral

Terminalia amazonia

222

129.7

Tabacon

Grias cauliflora

2

0.86

Tamarindo

Dialum guianenses

28

57.49

Targua

Croton xalapense

25

10.88

Land-use areas

agricultural without forest

Common Name

Scientific Name

Number of Trees

Volume M3

Tostado

Sclerobium costarricense

10

25.01

Vainilla

Stryphnodendron microstachyum

11

10.79

Yema de Huevo

Chimaris parviflora

15

16.9

Zapote

Pouteria viridis

2

2.22

Zapotillo

Couepia poliandra

6

7.32

Zopilote

Hernandia didymantha

4

2.96

Total

73 species

959

1107.98

Table 4. Technical specifications of trees to be cut in forest plantation areas located on the property with real folio number Nº 2-175783-002.

Areas of

reforestation

Common Name

Scientific Name

Number of Trees

Volume M3

Capullin

Trema micrantha

1

0.53

Guarumo

Cecropia insignis

1

0.63

Roble

Terminlaia amazonia

1

0.5

Targua

Croton xalapense

2

0.76

Total

4 species

5

2.45

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR TREE CUTTING:

A- Must respect and comply with the provisions of current forest legislation.

B- Must make maximum use of the residues resulting from harvesting (aprovechamiento).

C- For the supervision of the State Forest Administration, timber in the yard must be selected and properly stacked.

D- Comply with the provisions established regarding the transport of forest products, in the regulations of the Ley Forestal Nº 7575. Timber transport permits for logs must be completed with the requested information before leaving the property.

E- To request new permits, the completely filled-out used permits from the industry where the timber was transported must be submitted; otherwise, new ones will not be issued.

F- The permit holder or person responsible for the permit shall be responsible for delivering the final log permits from the industry, as well as the sawn timber permits, if requested.

G- In the case of sawn timber, the serial number must be presented, as well as the proof of ownership documents for the chainsaw, accompanied by the formal application for its registration.

H- Monthly regency reports must be submitted, which must include, if necessary, certified attached sheets mentioning the periodic progress of the areas where forest harvesting is being carried out.

I- The request for permits and tags shall be made through the various regency reports, exclusively for this activity.

J- In the case of the final regency report, it must be submitted 20 days after the closure of harvesting, in order to coordinate the inspection visit or closure by the A.F.E. Additionally, this report must contain the final inventory of residues.

K- Any extension corresponding to the cutting period must be requested in writing, prior to the expiration of this resolution, which shall include the corresponding justification for the case in question." (folios 1686 to folios 1706 of the administrative file of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación N° AH01-PM-03-08).

29) That the company Industrias Infinito acknowledged the existence of endangered species in the Project area (folio 665 of volume 3 of the Forest Management Plan).

30) That the company Industrias Infinito committed to reforesting the Project area with native species (folio 199 of the document Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto and folios 270 and 289 of volume 2 of the administrative file of the Área de Conservación Arenal Huetar Norte).

31) That resolution 244-2008-SCH contains errors regarding the identification of several tree species and that endemic, threatened, or banned species are included therein (the records and statements of Javier Baltodano Aragón, Quírico Jiménez Madrigal and Olman Murillo Gamboa)

32) That the Executive Branch did not grant a hearing to representative entities of general interests, nor did it publicize the intention to declare the Proyecto Minero Crucitas of national convenience and public interest (the records).

33) That in the area of the Proyecto Minero Crucitas there exists a confined lower aquifer (the records and statement of expert witness Hugo Virgilio Rodríguez Estrada)

34) That the studies presented by the company Industrias Infinito did not verify the extent of the lower aquifer, did not consider whether it was transboundary, nor determined its recharge zones (the records and statement of expert witness Hugo Virgilio Rodríguez Estrada).

35) That in the Project presented to the Dirección de Geología y Minas in the year 2000, Industrias Infinito planned to intercept the lower aquifer and utilize its waters (the records and statements of Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, José Francisco Castro Muñoz, Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra).

36) That when requesting environmental viability (viabilidad ambiental) in the year 2002 and when requesting in the year 2007 the approval of the changes proposed to the Proyecto Minero Crucitas, Industrias Infinito did not inform the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, nor did this body verify, the existence of the technical limitations imposed by the Dirección de Geología y Minas through official communication N° DGM-DC-2085-2001, which implied limiting extraction to the elevation of 75 meters above sea level (the records).

37) That Industrias Infinito has planned at all times to have the disposal of water from the lower aquifer both to supply the tailings pond (laguna de relaves) and to create the so-called Lago Fortuna (the records and statement of Sandra Arredondo Li).

38) That road 2-10-104 of the Cantón de San Carlos is registered in the cantonal road network as a cantonal road and defined as from the junction with national route 227 Moravia Crucitas, and exists according to cartographic sheet N° 3348 IV of the Instituto Geográfico Nacional, edition 1 of 1962 and edition 2 of 1988. (folios 2379 and 2409 of volume 4 of the main file)

39) That Industrias Infinito Sociedad Anónima did not inform in its application for a Mining Exploitation Concession, filed on December 18, 1999, before the Dirección de Geología y Minas, of the existence of a public road in the area intended to be concessioned, specifically where the tailings pond would be built (see folios 50 to 55 of volume 1 of the administrative file of Geología y Minas, statement of expert witness Sandra Arredondo Lí)

40) That resolution N° R-578-2001 MINAE made no mention or analysis whatsoever of the existence of a public road in the area where the project's tailings pond would be built, even though on March 7, 8, and 9, 2001, a field verification visit was conducted by geologist Ana Sofia Huapaya, who was at that time in charge of the assessment and analysis of the concession application (see official communication DGM-DC-320-2001 -folios 101 to 107, 199 to 202 of volume I of the administrative file of Geología y Minas n° 2594)

41) That the defendant Industrias Infinito, as of March 12, 2002, the date on which it submitted the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) for the Proyecto Minero Crucitas, did not inform of the existence of a public road in the area designated for the construction of the tailings pond (see folios 111 of volume III of the administrative file of SETENA).

42) That the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not mention or analyze in its resolution 3638-2005 SETENA, through which it grants environmental viability, the existence of a public road in the area where the tailings pond is to be built

(see folios 3586 to 3591 of volume IX of the administrative file of SETENA)

43) That Industrias Infinito Sociedad Anónima did not inform in its application for convalidation of resolution N° R-578-2001 MINAE, before the Dirección de Geología y Minas, of the existence of a public road in the area intended to be concessioned, specifically where the tailings pond would be built (see folios 372 to 372 of volume I of the administrative file of Geología y Minas)

44) That Industrias Infinito Sociedad Anónima did not inform SETENA, in the environmental assessment document for changes proposed to the project, filed on December 6, 2007, of the existence of a public road in the area designated for the construction of the tailings pond (see folios 372 to 372 of volume I of the administrative file of Geología y Minas)

45) That the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not mention or analyze in its resolution 170-2008-SETENA, through which it approved the modification to the Proyecto Minero Crucitas, the existence of a public road in the area where the tailings pond is to be built, even though on August 30, 2008, officials from the Department of Environmental Auditing and Monitoring conducted an inspection of the Proyecto Minero Crucitas area. (see folios 4152 to 4157 of volume X of the administrative file of SETENA)

46) That in resolution N° R-217-2008 MINAE, which ordered the conversion of resolution 578-2001 MINAE and granted the mining exploitation concession to Industrias Infinito S.A., no mention or analysis whatsoever was made of the existence of a public road in the area where the project's tailings pond would be built (see folios 440 to 458 of volume I of the administrative file of Geología y Minas n° 2594)

47) That through a filing dated March 10, 2009, the company Industrias Infinito Sociedad Anónima requested before the Dirección de Geología y Minas the constitution of a Mining Easement (Servidumbre Minera) of permanent occupation measuring four hectares, 3,333 meters and 25 square decimeters, over a municipal public road, in order to build and locate the tailings pond specifically where said public road is located, a proceeding before which the Tax Administration of Alajuela, through official communication number ATA-551-2009 of September twenty-second, two thousand nine, ordered that the appraisal required by the Registro Nacional Minero not be processed. (folios 1 to 27 of the administrative file, labeled new fact)

48) That attached to said easement proceeding, an Appraisal of the property was provided by the company Industrias Infinito S.A., which describes its nature as a municipal public road, its exact location, characteristics, topography, as well as photographs of said road and its valuation (see folios 20 to 27 of the administrative file labeled as new fact)

49) That through agreement S.M. 0002-2009, article 25, minute 60 of October 27, 2006, the Municipalidad de San Carlos accepted a donation of land to widen the road going to CHAMORRO - CRUCITAS DE CUTRIS made by Mr. Gerardo Fernández Salazar and Mrs. María Esther Pérez Hidalgo. (see folios 2318 of volume IV of the judicial file)

50) That road 2-10-104 of the cantón de San Carlos is found in the records of the Cantonal Road Network of the MOPT as a cantonal road and was modified in its original layout as a consequence of the incorporation of a new section to the already existing road, such that both the road with its original layout and the new section appear on the Maps of the cantonal road network of San Carlos as cantonal roads 2-10-104 (see official communication MT-2010-418 of the Department of Sectoral Planning of the MOPT, folios 2412 to 2413 of volume IV of the judicial file)

51) That the municipal public road over which the easement is intended to be constituted is located in the locality of Crucitas and corresponds to Municipal route 2-10-104 (see folio 2 of the administrative file labeled new fact)

52) That the mining easement application was processed personally by Licenciada Cynthia Cavallini Chinchilla, Head of the Registro Nacional Minero, who referred said application to the Dirección General de Tributación Directa of the Ministerio de Hacienda so that the appraisal of the land could be carried out (see folios 1 of the administrative file labeled as new fact, and statement of the official witness Mrs. Cynthia Cavallini in oral and public trial)

53) That no proceeding has been initiated or processed by the Municipalidad de San Carlos or the Dirección de Geología Minas of MINAE to disaffect the municipal land - public road - 2-10-104

(the records)

54) That the public road, part of route 2-10-104, will permanently disappear once the tailings pond of the Proyecto Minero Crucitas is built over it (mining easement application, see administrative file labeled new facts, and statement of Sandra Arredondo Lí, given on October 8 in oral and public trial)

55) That the flow diagrams submitted to SETENA did not contain the seal, the signature of a chemical engineer, or the approval of the Colegio de Ingenieros Químicos (see volume 1 of the environmental impact study and declaration of expert witness in oral and public trial Orlando Porras Mora).

56) That on October 19, 2008, an amparo appeal was filed by Edgardo Vinicio Araya Sibaja before the Sala Constitucional against Industrias Infinito S.A., SETENA and MINAET (see folio 1 of the separate legajo of resolution N° 2010-6922).

57) That the execution of resolution 244-2008-SCH of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, regarding the authorization for clearcutting (tala rasa) on lands where the Proyecto Minero Crucitas was developed, began in the month of October 2008, specifically between Friday and Monday, without being able to specify a date, an action which caused environmental damage

(statement in oral and public trial of expert witness Sandra Arredondo Lí)

58) By resolution at fourteen hours and nine minutes on October twenty-eighth, two thousand eight, the Sala Constitucional decreed as a precautionary measure to suspend all cutting and even the application of Decreto Ejecutivo 34801.MINAET

(see folio 3 of the separate legajo for resolution N° 2010-6922, result N° 7).

59) That in voto 6922-2010, at fourteen hours and thirty-five minutes on April sixteenth, two thousand ten, the Sala Constitucional resolved the amparo appeal, and consequently the decreed precautionary measure was vacated. (see voto 2010-6922 of the Sala Constitucional in separate legajo).

60) That on April 16, 2010, the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre requested from this Tribunal a precautionary measure to order the immediate suspension of the activities of the Empresa Infinito in the Proyecto Minero Crucitas, which was addressed through resolution 1377-2010, at eighteen hours and twenty-five minutes on April sixteenth, two thousand ten, which is provisionally granted and orders as relevant:

" (1) THE SUSPENSION OF THE EFFECTS OF DECRETO EJECUTIVO NUMBER 34801-MINAE; (2) JORGE RODRÍGUEZ QUIRÓS, IN HIS CAPACITY AS MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS, GUISELLE MÉNDEZ VEGA IN HER CAPACITY AS EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, AND JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, IN HIS CAPACITY AS SPECIAL JUDICIAL ATTORNEY OF THE COMPANY INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA, OR WHOEVER HOLDS THEIR POSITIONS, TO IMMEDIATELY REFRAIN FROM EXECUTING OR APPLYING THE PROVISIONS OF DECRETO EJECUTIVO NUMBER 34801-MINAE, IN PARTICULAR THE GRANTING OF TREE CUTTING PERMITS IN FAVOR OF INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA AND THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE WORKS IN PROTECTED AREAS, AS PROVIDED IN THE PROYECTO MINERO CRUCITAS APPROVED THROUGH RESOLUTION Nº 3638-2005-SETENA AT 09:25 HOURS ON DECEMBER 12, 2005, (3) JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, IN HIS CAPACITY AS SPECIAL JUDICIAL ATTORNEY OF THE COMPANY INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA, OR WHOEVER HOLDS HIS POSITION, TO REFRAIN FROM UNDERTAKING ANY ACTION OR OMISSION TENDING TO IGNORE OR FAIL TO COMPLY WITH WHAT IS ORDERED IN THIS RESOLUTION, AND (4) WITHIN THREE BUSINESS DAYS, TO INDICATE AND DEMONSTRATE TO THIS TRIBUNAL THROUGH A SUITABLE MEANS WHAT SPECIFIC MEASURES HAVE BEEN TAKEN TO ENFORCE WHAT WAS CAUTIOUSLY ORDERED BY THIS OFFICE" (see folios 604 to 606, and 610 to 661 of the judicial file, volume II)

61) The above provisional measure was ratified by the Processing Judge through voto 1476-2010, at sixteen hours and seven minutes on April twenty-third, two thousand ten. (see folios 882 to 885 of volume II of the judicial file)

62) Voto 1476-2010 was appealed before the Tribunal de Apelaciones, which through ruling 281-2010 at sixteen hours on June fifteenth, 2010, confirmed the granted precautionary measure and added several others.

(see folios 1391 to 1392 of volume III of the judicial file)

III- UNPROVEN FACTS.

Of relevance for the issuance of this judgment, the following fact is deemed not proven:

- It is NOT shown that Industrias Infinito has challenged in any forum the technical limitations imposed by the Dirección de Geología y Minas through official communication DGM-DC-2085-2001 (the records).

IV- SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING.

In this matter, the plaintiff parties request that the absolute nullity be declared of several administrative acts that were issued on the occasion of the application for a mining exploitation concession filed by the company Industrias Infinito S.A. By way of recount, the acts are as follows: 1) resolution N°3638-2005-SETENA, through which environmental viability was granted to the Proyecto Minero Crucitas. 2) Resolution N°170-2008-SETENA, through which the Administration approved the modification request for the Proyecto Minero Crucitas submitted by Industrias Infinito S.A. 3) Report ASA-013-2008-SETENA, which constituted the report prior to the issuance of the aforementioned resolution. 4) Resolution N°R-217-2008-MINAE, through which the Administration converted resolution N° R-578-2001-MINAE, and granted the mining exploitation concession in favor of the company Industrias Infinito. 5) Resolution N°244-2008-SCH, through which the Administration authorized the cutting of trees on the properties of Industrias Infinito S.A. 6) Decreto Ejecutivo number 34801-MINAET, by means of which the Proyecto Minero Crucitas was declared of public interest and national convenience. 7) Official communication N° DST-773-2006, through which the INTA did not oppose the land-use change (cambio de uso de la tierra) on the properties of Industrias Infinito S.A. Likewise, the plaintiffs have requested payment for damages and losses, the integral repair of environmental damages, and that the Administration be set the limits within which it must adjust its conduct, as well as the award of costs against the defendants. In support of their claims, the plaintiffs argue that the indicated administrative acts contain a series of defects in their constituent elements, and they reproach that a series of technical issues were not adequately evaluated or their consideration was omitted in the respective administrative procedures. The defendants, for their part, consider that the referenced conduct is in accordance with the legal system, argue that the Proyecto Minero Crucitas is legally and technically viable, and in relation to the plaintiffs' claims, they raise the defenses of acts not subject to challenge, expiration (caducidad), res judicata (cosa juzgada), act consented to (acto consentido), statute of limitations (prescripción), as well as the exceptions of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of current interest, and lack of right. In the Tribunal's opinion, the claims must be partially granted, based on the following reasoning.

V- REGARDING THE DEFENSE OF RES JUDICATA.

In the present matter, all the defendants, as well as their intervening party, have raised the exception of res judicata. In unison, they have maintained—in essence—that what was raised by the plaintiffs and the active intervening party was already resolved by the Sala Constitucional, whose decisions—they say—have the effect of res judicata on this contentious-administrative proceeding. In support of the defense of res judicata, those who invoke it argue that the Sala Constitucional has issued judgments 2010-06922, at 14:45 hours on April 16, 2010, and 2010-14009, at 13:59 hours on August 24, 2010, through which it ruled on the issues discussed in the proceeding before us here. They state that by virtue of the provisions of article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the ruling in the constitutional forum is binding erga omnes and, consequently, cannot be disregarded by this Chamber. The Tribunal considers that this exception must be rejected. In the first place, it must be noted that it cannot be ignored that the two judgments of the Sala Constitucional alluded to by the defendants and the passive intervening party were dismissive. It is necessary to make clear here once and for all that, even though judgment N° 2010-6922 grants the amparo appeal with respect to a single point (the requirement for a technical pronouncement by SENARA), the fact is that in all other respects the ruling in question was dismissive of the amparo appeal, and given that for the issuance of this judgment the SENARA issue lacks importance, for that reason resolution 2010-6922 is considered dismissive in general. Likewise, if this is considered in light of the fact that these were amparo proceedings, it is clear to this Tribunal that what the Sala Constitucional determined is that the conduct submitted to its knowledge in those two appeals did not imply a violation of fundamental rights of the appellants. And in that sense, this Tribunal fully observes article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because the fact that a violation of fundamental rights of the amparo petitioners was not verified in the constitutional forum does not mean that the administrative conduct does not contain defects of legality. And it is that from the non-affectation of fundamental rights, non-observance of legality does not follow. One and the other are distinct analyses, carried out from different parameters and, in the Costa Rican legal system, by virtue of a matter of jurisdiction, by separate bodies. Thus, in the present case, what was resolved by the Sala Constitucional in judgments 2010-06922 and 2010-14009, already cited, shares identity neither of object, nor of parties, nor of cause with what has been heard in contentious-administrative proceeding number 08-001282-1027-CA, which is why it must be ruled out that the statements made by the Sala Constitucional in the two aforementioned judgments produce res judicata with respect to what this Tribunal hears. It should be noted that amparo 08-014068-0007-CO, which culminated in the issuance of judgment 2010-06922, was brought by Edgardo Vinicio Araya Sibaja on behalf of Asociación Norte por la Vida, but it cannot be overlooked that in the contentious-administrative proceeding of interest here, that organization was an intervening party, not a party, and Mr. Edgardo was only the attorney for the Association, not an appellant, as he was in the constitutional forum. On the other hand, the amparo processed as file 08-008647-0007-CO, which culminated in the issuance of judgment 2010-14009, was brought by Carlos Manuel Murillo Ulate and Douglas Dayan Murillo Murillo, who have not appeared as either parties or intervening parties in this contentious-administrative proceeding. In this way, there is no identity of parties between the constitutional proceedings and the one conducted in this venue, which, according to the provisions of article 163 of the Code of Civil Procedure, is sufficient in itself to rule out that what was resolved by the Sala Constitucional in the two indicated amparo cases constitutes res judicata with respect to what is decided here.

But furthermore, the identity of object and cause between those proceedings and the present one is also absent, which is evident when considering what is decided in an amparo action and what is resolved in a contentious-administrative proceeding. It should be recalled that the amparo action is provided for in Article 48 of the Political Constitution, where, after reserving the habeas corpus action to guarantee the liberty and integrity of the person, it is conceived as a means to maintain or restore the enjoyment of other constitutional rights or those fundamental rights set forth in international human rights instruments. As can be seen, the Fundamental Law itself distinguishes constitutional and fundamental rights from other rights, providing the amparo action only for the protection of those two. In the same vein, the Law of Constitutional Jurisdiction, in its Article 2, subsection a) and in Article 29, is clear in providing that the amparo action is intended to guarantee the fundamental rights and freedoms not protected by the habeas corpus action. Thus, what is determined through an amparo proceeding is whether or not said fundamental rights were violated. What happens is that, when the Constitutional Chamber dismisses or declares without merit an amparo action, Article 55 of the Law of Constitutional Jurisdiction becomes applicable, which establishes the following: "The rejection of the amparo action does not prejudge the liabilities that the author of the grievance may have incurred. The offended party or the Administration, as the case may be, may bring or exercise the corresponding actions, or apply the pertinent measures." As can be appreciated, the Law of Constitutional Jurisdiction itself provides for the consequences of the rejection of an amparo action, and it happens that in such an event, the decision does not prejudge other liabilities on the part of the author of the grievance, that is, the dismissal of the action does not entail the nonexistence of a grievance for the interested party, who may exercise other actions to try to prove it. It is here that what is contemplated in Article 49 of the Political Constitution acquires total relevance, in which the contentious-administrative jurisdiction is created. By creating this jurisdiction within the chapter of individual rights and guarantees of the Magna Carta, it is clear that access to it constitutes a guarantee for the inhabitants of the Republic who seek to ensure that the Public Administration subjects itself to legality in its actions. In that sense, this Tribunal considers that the Political Constitution marks an important difference between the powers assigned to the constitutional jurisdiction and the contentious-administrative jurisdiction. In both cases, the aim is—among other things—the full subjection of public authorities to the legal order, but the Constitutional Chamber must carry out that control from the perspective of fundamental rights, without being able to descend to an examination of legality when it has ruled out the violation of any fundamental right, whereas, in contrast, all the bodies that make up the contentious-administrative jurisdiction are obligated to always carry out different types of analysis, from the Political Constitution to the lowest levels of the hierarchy of administrative normative sources, even if no violation of fundamental rights is involved. This distinction in the jurisdictional scope of each of the indicated bodies is what determines the nonexistence of identity between the object and the cause of what was decided by the Constitutional Chamber in the amparo actions already indicated and what was examined by the Contentious-Administrative Tribunal in this proceeding. Before the constitutional jurisdiction, the aim was to guarantee the protection of fundamental rights, but before the contentious-administrative jurisdiction, the aim has been to guarantee the legality of the administrative function. From that perspective, it is clear to this Chamber that the claims of the then-petitioners and those of the current plaintiffs differ considerably as to their basis, since what was requested in the amparo actions was made dependent on the declaration of injuries to fundamental rights (which did not occur), while what was sought in this proceeding has been made dependent on the violation of legality (which has been taken as true). It is worth reiterating here that this approach finds its axis in the fact that the Constitutional Chamber, in issuing judgments 2010-06922 and 2010-14009, declared the amparo actions without merit, that is, it issued dismissive rulings. And this is very important to highlight in light of a precedent cited by Industrias Infinito’s own representation during its closing arguments. When addressing the issue of res judicata (cosa juzgada), the defendant company invoked in its favor judgment number 339-F-2005 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, issued at 14:45 hours on May 25, 2005, a ruling from which the very attorney cited the following excerpt in debate: "Pursuant to Article 163 of the Civil Procedure Code, judgments issued in ordinary or abbreviated proceedings, as well as those other resolutions exhaustively listed, produce the authority of material res judicata (cosa juzgada material). Within this latter scenario are the favorable judgments issued by the Constitutional Chamber, which, in light of what is provided by precept 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, are not susceptible to discussion in other instances regarding the constitutional infringement." As can be seen, what the First Chamber considered capable of producing res judicata (cosa juzgada) pursuant to Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction are the favorable rulings of the Constitutional Chamber, not the dismissive ones, and the First Chamber is also clear in understanding that the erga omnes binding effect is referred to the constitutional infringement. In other words, Industrias Infinito’s own argument comes to reinforce this Tribunal’s thesis that, because the amparo proceedings already mentioned were dismissed, what was resolved by the Constitutional Chamber in those two cases does not produce the effect of res judicata (cosa juzgada) in relation to the matter being resolved in this judgment. Additionally, it is necessary to note that the position taken by the Fourth Section of this Tribunal in issuing this judgment is not isolated, but rather is in full consonance with what has been established by other Sections. Thus, for example, it is worth indicating that the Sixth Section, in judgment number 730-2009, issued at 14:30 hours on April 21, 2009, has stated the following: "...This Tribunal considers that the exception of material res judicata (cosa juzgada material) must be rejected for the following reasons: a) The Political Constitution defines the jurisdictional scope of both jurisdictions, based on the object that both pursue. Regarding the Constitutional Jurisdiction (Articles 10 and 48), it is to guarantee constitutional supremacy, through—in this case—the maintenance or reestablishment of the fundamental rights enshrined in the Political Constitution and in the international instruments in force in the Republic, by means of the amparo action, with the exception of the rights protected by the habeas corpus action (see Articles 1, 2.a and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Regarding the Contentious-Administrative Jurisdiction (Article 49), it constitutes guaranteeing the legality of the administrative function of the State, its institutions, and any other public law entity, given that the law shall protect, at least, the subjective rights and legitimate interests of those administered (see Article 1 of the Contentious-Administrative Procedure Code); b) It is true that Constitutional Law is binding by itself and that, being the foundation of the entire legal order, it must be applied by legal operators—whether jurisdictional or not—because at the highest level it forms part of the "principle of legality" to which the exercise of the administrative function is subjected, and upon whose fulfillment ultimately depends its effective control, the guarantee of the fundamental rights of those administered, the realization of public interest purposes, and the preservation of the democratic principle that constitutes the essential basis of the Social State of Law; c) From that perspective, if the contentious-administrative judge is responsible for acting as the controller of legality in the exercise of the administrative function, that implies that, by the nature of the object of his jurisdiction, he is one of the ordinary legal operators who best represents and exercises the function of protecting fundamental rights within the framework of that jurisdiction. This is because compliance with the principle of legality implies overseeing the exercise of the Administration’s sovereign powers against the fundamental rights of its principal recipient—the administered person—not only from a negative point of view—that, as a consequence of arbitrary conduct or conduct having the appearance of legality, a violation of those rights is caused—but also positively—that the realization of public interest purposes is sought efficiently; d) Notwithstanding the foregoing, we must be very clear that all of this is framed within the scope of authority granted by the constitutional text itself, which is ultimately determined by the object sought to be protected in each jurisdiction, which is why, although guaranteeing compliance with the principle of legality in the contentious-administrative forum necessarily includes Constitutional Law; guaranteeing the principle of constitutional supremacy in the Jurisdiction provided for in Articles 10 and 48 of the Political Constitution does not imply reviewing whether, in accordance with the legality framework applicable to each case, it is appropriate to recognize, restore, or declare the existence, nonexistence, or content of a legal situation or a relationship subject to the administrative legal order, in order to protect a subjective right or a legitimate interest; e) That, derived from all of the above, we cannot maintain that the powers of both jurisdictions are concurrent, since the fact that in some cases there is material identity of the conduct subject to the proceedings processed in both jurisdictions does not have the virtue of assimilating the object pursued in each of them—which, according to the constitutional text itself, is distinct—which in turn implies that the scope of their jurisdiction is also different. Let us recall that concurrent powers imply that each body has the fullness of the corresponding authority and can do the same as the other: if they are equal, what is done by one can be set aside by the other—pursuant to the principle that the later act repeals the earlier one—and if they are unequal, the superior can do or undo everything that the inferior does before or after it resolves the matter submitted to its knowledge; f) In summary, although noncompliance with the principle of legality indirectly causes the violation of a fundamental right due to nonobservance of the legal order, that does not imply that guaranteeing the principle of constitutional supremacy, in those cases of violations or threats that directly injure the essential content of a fundamental right, thereby causing an urgent situation, implies a concurrent authority; the only possible concurrence—and one that is not of powers—is the existence of alleged violations of fundamental rights, although originating from different grounds of injury, which is precisely what determines the scope of authority of each Jurisdiction, pursuant to what is established by Articles 10, 48, and 49 of the Political Constitution; g) From that perspective, the reach of what is provided in Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, regarding the erga omnes binding nature of the jurisprudence issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, within the scope of its authority, must be understood in two senses: 1) If that Tribunal upholds or declares with merit an amparo action, a habeas corpus action, or a constitutional question (acción and judicial or legislative consultation), because the conduct or the norms subject to the proceeding are contrary to Constitutional Law, pursuant to what is provided in Article 7 of the General Law of Public Administration, they constitute unwritten norms, whose application by legal operators is binding, in order to guarantee and make effective the principle of constitutional supremacy in the ordinary forum, both at the administrative and jurisdictional levels; 2) If, on the contrary, the Constitutional Chamber dismisses or declares without merit an amparo or habeas corpus action, because the conduct subject to the proceeding is not contrary to Constitutional Law, that does not prevent the petitioner from resorting to the competent jurisdictional forum in defense of his subjective rights or legitimate interests, so that it may be determined there whether the challenged conduct is contrary to the Legal Order or not, since, in accordance with the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution, in relation to Articles 1, 2 subsections a and b, and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the analysis carried out by said jurisdictional body implies the comparison of the text of the questioned norm or conduct, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles; h) The foregoing not only responds to the jurisdictional limits established for both jurisdictions in Articles 10, 48, and 49 of the constitutional text, but also to a general principle of justice whose effective application constitutes a fundamental right inherent to every person, which is extracted from the provisions of Articles 41 and 153 of the Political Constitution; i) Thus, it is the criterion of this collegiate body that the pronouncements of the rulings issued in the constitutional forum (through amparo and habeas corpus actions) have a direct incidence on contentious-administrative proceedings, when in that forum the irregularity of public conduct due to injury to the system of Constitutional Law has been ordered and, as a consequence thereof, the suppression of the administrative functioning under study has been ordered. In such cases, it would lack current interest to weigh the validity or not of a determined public conduct in a contentious-administrative proceeding, when the Constitutional Tribunal has already established its invalidity, for other causes, but whose effect would be the same, namely, its legal annulment. The same does not happen with the dismissive decisions issued by that high jurisdictional body, since, in that hypothesis, the examination of the legality of the act acquires relevance and utility, an aspect that is not discussed in the constitutional forum, and such examination corresponds to this jurisdiction (Article 49 of the Political Constitution), as has been said. Ergo, the determination in the constitutional phase of no transgression of Constitutional Law is not an obstacle to a legality comparison, and may even lead to the suppression of the act due to infringement of the infraconstitutional Legal Order. Therefore, in such cases, res judicata (cosa juzgada) cannot exist due to the rejection of an amparo action, since the object of analysis of this Tribunal is very different from that addressed in constitutional proceedings..." (the emphasis in bold or underline are from the original). As can be appreciated, what was set forth by the Sixth Section in the just-cited judgment is essentially the same argument that is set forth today in this resolution. And even more important is that what was set forth in judgment 730-2009, just mentioned, has already been confirmed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Court of Cassation for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters, in judgment number 107-F-S1-2010, issued at 8:30 hours on April 30, 2010. In this ruling, the First Chamber stated the following: "Regarding the second charge concerning the alleged contradiction with rulings issued by the Constitutional Chamber, such an argument compels one to question whether administrative conduct, whose nonconformity with constitutional law has been ruled out by the constitutional tribunal, can at the same time be illegal. On this point, it is the criterion of this Chamber, that even though both jurisdictions are concurrent, in the sense that they are controllers of administrative conduct in its various manifestations (formal, material, and omissive), the parameter used is different in both; the first is based on Constitutional Law, and the second, on the body of legality. Indeed, it could not be affirmed that an entity that proceeds in accordance with the possible framework of action provided by the body of juridicity incurs a vice of unconstitutionality, since it is precisely the infraconstitutional norms that succeed in materializing the general aspirations stipulated in constitutional texts. Hence, in contentious-administrative matters, the analysis must be integrated with the entire legal order in order to determine any possible infringement of the body of legality, a task constitutionally assigned to the contentious-administrative jurisdiction (Art. 49 of the Political Constitution). Therefore, reviewable before the contentious-administrative jurisdiction are both the cases where the constitutional tribunal has dismissed or declared without merit the amparo or habeas corpus action filed, considering that the challenged conduct is not directly contrary to Constitutional Law, since in that scenario, the legality of the act or conduct is not alluded to (which is the exclusive province of contentious judges), and those in which, once the nonconformity with the Magna Carta has been declared, the litigant deems it appropriate to discuss the conformity of the actions with the body of legality. In these cases, the administered person may resort to the contentious-administrative forum, to assert his eventual subjective rights or legitimate interests and request that it be determined in that instance whether the challenged conduct or acts are contrary to the legal order or not. Hence, the interpretation made by the defendant, to the effect that all rulings issued by the Constitutional Chamber produce res judicata (cosa juzgada), is not valid, insofar as the analysis carried out by said deciding body is different from that which has been carried out by the Contentious-Administrative Tribunal. Moreover, regarding the 'erga omnes' application of constitutional rulings, this Tribunal does not dispute that precept, contained in Article 13 of the" [Law of Constitutional Jurisdiction] "but it is noted that such pronouncements are made solely and exclusively on the framework of the infringement of Constitutional Law." As can be appreciated, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Court of Cassation for Contentious-Administrative Matters, has also expressed itself in the sense expressed by this Tribunal in this judgment, the criterion of both jurisdictional bodies thus being coincident that judgments of the Constitutional Chamber by which an amparo action is dismissed or declared without merit do not produce the effect of res judicata (cosa juzgada) over proceedings heard in the contentious-administrative jurisdiction. In addition to the foregoing, but in another order of ideas, it is necessary to note that, in any case, the Constitutional Chamber itself, in its judgments 2010-06922 and 2010-14009, left open the avenue for the issues addressed in this judgment to be heard in the contentious-administrative forum. See, for example, that in judgment 2010-06922, the Constitutional Chamber, in Considerando XLIII of said ruling, returns to two other resolutions of that body (2004-09927 and 2005-06790) to indicate that in them "it has been repeatedly defined that it is beyond the scope of this jurisdiction's authority to dwell on assessing whether the studies have been well conducted or whether they comply with the necessary information, aspects that must necessarily be resolved by the technical bodies that correspond" (the bold and underline are supplied). The foregoing reveals that the Constitutional Chamber itself made it clear that it was beyond its authority to examine the technical correctness of the studies carried out regarding the Crucitas mining project. That same position was expressed by that Chamber in Considerando LX of the same judgment, in which it stated: "It must be reiterated that the technical knowledge of the requests and claims such as those indicated here fall within the province of the technical entities of the administration, so that if the pertinent bodies have rendered their scientific opinion on the matter, it is beyond the scope of the constitutional jurisdiction's authority to discuss whether such opinion is in accordance with the also technical nature of the elements taken into account by the administration for the issuance of its pronouncement; consequently, if the interested parties consider that there is any discrepancy in this regard, they must file the pertinent actions before the corresponding bodies" (bold and underline are not in the original). It is obvious how the Constitutional Chamber itself declined to rule on the correctness of the technical reports already alluded to, even maintaining (a criterion this Tribunal shares) that this aspect is beyond its scope of authority and indicating that, to challenge the assessment that the Administration may have made of those reports, the "pertinent actions" must be filed, which are none other than those brought before the contentious-administrative jurisdiction. And it must be remembered here that Article 49 of the Constitution assigns to the latter the control of the legality of the Administration, which entails the oversight that it conforms at all times to the rules of science and technique, as provided in Article 16 of the General Law of Public Administration. The latter acquires greater importance when it has been questioned throughout this proceeding whether the Administration correctly assessed various technical aspects, such as the maximum elevation to which extraction in the Crucitas mining project could reach. It is necessary to indicate that in the same judgment 2010-06922, the Constitutional Chamber itself, referring to the issue of the public road, pointed out in Considerando LXXXVII that the complaints raised about the closure to which a public road would be subjected had to be heard first by the Administration and that they lacked a direct relationship with the object of the amparo action then under consideration, it being therefore clearly evident that the constitutional jurisdiction did not rule on the merits of the problem, it thus being viable to hear it in this contentious-administrative proceeding. In that same judgment 2010-06922, the Constitutional Chamber assessed Executive Decree 34801, by which the Crucitas mining project was declared of public interest and national convenience, but if one reads what is set forth in Considerandos CIII and CIV of said resolution, it is obvious that what the Chamber did was simply verify that the decree set forth some reasons for its issuance, for which reason it deemed it founded from the constitutional perspective, but the Constitutional Chamber never descended to carry out an analysis of legality, since, when referring to the carrying out of the cost-benefit balance, that jurisdictional body indicated that "since it is a determination of a technical nature, it is a matter of ordinary legality already defined by the competent entities in each case." If the Constitutional Chamber was satisfied with the technical assessment made by the Administration to issue said decree, for which reason it did not proceed to analyze that administrative technical assessment and also indicated that said assessment was a matter of ordinary legality, it is then evident and manifest that it falls to the contentious-administrative jurisdiction to examine whether the Administration complied with ordinary legality at the time of issuing that decree, something that is done here and that finds support in the powers that the Political Constitution assigns to this jurisdiction in Article 49. Now then, in addition to everything that judgment 2010-06922 reserves to be heard by the contentious-administrative judges, it must be indicated that another portion comes from judgment 2010-14009. In Considerando V of the latter, unanimously and with the participation of four Magistrates who had also voted on resolution 2010-06922 (namely: Armijo, Jinesta, Cruz, and Castillo), it is expressly stated that "it is not a matter of constitutionality but of legality to examine and assess whether a mining concession violates an executive decree," this in relation to the decree of moratorium on mining activity; it is also stated that "neither is it a matter of constitutionality to analyze whether it violates the regulations of the College of Chemists"; it is also indicated that "it is not a matter of constitutionality but of legality to examine and assess whether the respondents proceeded correctly or not in 'converting' the granting of the mining concession that had been previously annulled by" the Constitutional Chamber, after which that same body finishes the referred Considerando V by stating that "said allegations must be brought by the petitioners to the contentious-administrative forum, which is the competent one to analyze the legality of the granting of the concession in question, according to the arguments set forth by the petitioners" (the bold and underline are supplied). The foregoing demonstrates that the Constitutional Chamber itself was always aware of its constitutional powers and never ventured into the realm of legality when assessing the Crucitas mining project, but rather carried out its examination from the perspective of the violation or not of fundamental rights, which is what is appropriate in an amparo action. Furthermore, that position is consistent with the issues it had left to be heard in the contentious-administrative jurisdiction, since the issuance of judgment 2010-06922. Returning to the scope of judgment 2010-14009, already mentioned, it is necessary to indicate that in Considerando VI thereof, it was stated that the majority vote of judgment 2010-06922 omitted to consider that the modifications to the Crucitas mining project required a new public hearing, so that this is a point that, given what was indicated at the end of said Considerando VI, is also reserved for its consideration in the ordinary forum, which is none other than the contentious-administrative jurisdiction. Likewise, it becomes important to recall that, due to the highly particular nature of the rights sought to be protected through the amparo action, said proceeding has been structured as summary, in which it is resolved based on reports rendered under oath, which differs considerably from the oral trials held in the contentious-administrative forum. This procedural difference has acquired particular relevance in this matter, since it suffices to consider the example of the expert witness Hugo Virgilio Rodríguez Estrada to demonstrate why it is impossible, through the amparo action, for the Constitutional Chamber to have been able to descend to the examination of all the relevant aspects to determine whether the Crucitas mining project conforms to legality or not. Recall that said expert witness admitted in open court that the document he issued and that was presented as Anexo 7 in the report rendered by the then Minister of Environment and Energy before the Constitutional Chamber on the occasion of amparo proceeding 08-014068-0007-CO, contained a very important error, such as having referred to a "depth" of "seventy-five meters below ground level," when what is correct, as he himself acknowledged, is that it should have spoken of "elevation" and should have alluded to "meters above sea level," since these are completely different notions and, if confused, could lead to misunderstandings regarding the technical conditions imposed by geologist Sofía Huapaya Rodríguez Parra for extraction. This issue could only be known through the adversarial process and is an example of how reports rendered under oath, which are useful for determining in a summary proceeding whether fundamental rights have been violated or not, do not have the same scope when defining whether administrative conduct conforms to the body of legality or not. And this distinction is, in turn, important for reiterating the different object between an amparo action and a contentious-administrative plenary proceeding, which perfectly illustrates why a dismissive judgment issued on the occasion of the former does not produce res judicata (cosa juzgada) with respect to the latter. Finally, it must be indicated that in its closing arguments, the representative of Industrias Infinito mentioned other judgments of the Constitutional Chamber that supposedly would produce res judicata (cosa juzgada) in relation to the matter being heard here. He mentioned, specifically, the resolutions: 1998-05315, 2002-07882, 2004-13414, 2007-07973, and 2009-17155.

Regarding the first three, it should be noted that all of them were issued prior to the issuance of the acts that are the subject of this proceeding, which shows that they can never constitute res judicata (cosa juzgada) over what is being heard here, since the acts challenged in this proceeding did not even exist when those resolutions were issued. As for the 2007 decision, it should be noted that the first one merely declares that a party's motion in the same amparo proceeding that concluded with the issuance of judgment 2004-13414 is dismissed, which shows that it does not produce the effect of res judicata (cosa juzgada) over what is now being heard. And with respect to the 2009 judgment, it should be noted that it concerns an acción de inconstitucionalidad (case file number 08-014900-0007-CO) brought by Freddy Pacheco León against provisions of the Código de Minería, which shows that it is a matter that shares neither identity of parties nor identity of the object discussed in this plenary proceeding and, consequently, does not produce res judicata (cosa juzgada) regarding what is being heard here. For all the foregoing, the defense of res judicata (cosa juzgada) raised by the defendants and the passive coadjuvant is rejected.

 

VI- REGARDING THE DEFENSE OF EXPIRATION (CADUCIDAD).

Said defense must be rejected, since it must be observed that resolution 3638-2005-SETENA was issued in 2005 and Transitory Provision III of the CPCA establishes that the regime for challenging acts that became final prior to the Code's entry into force shall be governed by the legislation in force at that time. Article 175 of the LGAP established an expiration (caducidad) period of 4 years for challenging absolutely void acts. Consequently, the aforementioned period has not elapsed since the issuance of resolution No. 3638-2005-SETENA, much less with respect to the other challenged acts, which were issued in 2008. As a corollary of the foregoing, the invoked expiration (caducidad) does not exist.

 

VII- REGARDING THE DEFENSE OF ACTO CONSENTIDO.

This defense must be rejected since, the requirement of mandatory exhaustion of administrative remedies for non-municipal conduct having been eliminated, the failure to challenge an act through administrative channels does not constitute an impediment to resorting to the contentious-administrative jurisdiction to seek its annulment; therefore, this preliminary defense is not applicable.

 

VIII- REGARDING THE PRESCRIPTION (PRESCRIPCIÓN).

The prescription (prescripción) is rejected because there is no prescriptive period for challenging public conduct, but rather an expiration (caducidad) period, regulated in the CPCA, an issue already resolved by this Tribunal. Regarding the claim for damages, the prescription (prescripción) period is 4 years according to the LGAP and said period has not elapsed since the issuance of all the challenged acts.

IX- REGARDING THE DEFENSE OF ACTS NOT SUSCEPTIBLE TO CHALLENGE.

The defendants raised the defense of acts not susceptible to challenge in relation to several acts, namely: official letter DST-773-2006, from INTA, official letter ASA-013-2008-SETENA, resolutions 3638-2005 and 170-2008-SETENA, as well as Decreto Ejecutivo 34801-MINAET. Regarding this matter, it should be noted that only official letters DST-773-2006 and ASA-013-2008-SETENA are, in the Tribunal's judgment, conduct whose challenge in this proceeding was not possible. Therefore, the exception of acts not susceptible to challenge is upheld with respect to official letters DST-773-2006 and ASA-013-2008-SETENA. The remaining challenged acts are final acts or acts with their own legal effect, and therefore, challengeable in the contentious-administrative venue. Particularly regarding official letter ASA-013-2008-SETENA of January 14, 2008, this Tribunal has noted that it constitutes merely a recommendation from the Department of Environmental Audit and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental) to the Plenary Commission (Comisión Plenaria), both of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. In that sense, since the administrative decision is embodied in what the Plenary Commission (Comisión Plenaria) resolves, it is evident that the recommendation made by the Department of Environmental Audit and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental) lacks its own legal effects, and therefore, the referenced exception must be upheld regarding that official letter, as it is not susceptible to challenge. With respect to the document from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), namely official letter DST-773-06 of October 4, 2006, it is necessary to indicate that it is not challengeable in this proceeding. On this matter, it should be noted that Ley 7779 amended Article 25 of the Código de Minería and introduced into it the obligation of the Ministerio de Agricultura y Ganadería to issue its approval or oppose the granting of an exploration permit or the concession of mining exploitation. The INTA was created by Law No. 8149, but its purpose is to contribute to the improvement and sustainability of the agricultural sector, which it must accomplish through the generation, innovation, validation, research, and dissemination of technology. As can be seen, the INTA was not created to issue an opinion on whether to oppose mining permits or concessions, a function that, according to the provisions of Ley 7779 and Article 25 of the Código de Minería, continues to belong to the Ministerio de Agricultura y Ganadería and not to INTA, since that competence was never transferred by law to the latter. Therefore, official letter DST-773-06 is not challengeable in this venue, as it is a mere procedural act that lacks any effect on the matter under examination. It should be added that even though, through Decreto Ejecutivo No. 31857 (Regulations to the Law of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology), Article 5 provided that the functions that Ley No. 7779 assigned to the Department of Soils of the National Directorate of Agricultural Research (Departamento de Suelos de la Dirección Nacional de Investigaciones Agropecuarias) of the Ministerio de Agricultura y Ganadería would become part of INTA, the truth is that such transfer of functions was made "as appropriate." This indicates that whatever did not pertain to INTA would not be transferred. Thus, given that by law (not by decree) INTA has a much narrower functional scope than that established in Ley No. 7779 for the Ministerio de Agricultura y Ganadería, then those functions that the Law assigns to the Ministry that are not contemplated in Ley No. 8149 remain with the former and cannot be transferred to INTA through a regulation. Among these functions that are assigned by law to the Ministry and that the law did not transfer to INTA is precisely that of issuing a pronouncement on soils for the purposes of mining concessions, so it was not permissible to hear in this proceeding an act (the INTA official letter) that has no legal effect whatsoever. Now then, with respect to resolutions 3638-2005 and 170-2008-SETENA, as well as resolution No. R-217-2008-MINAE, resolution No. 244-2008-SCH, and Decreto Ejecutivo No. 34801-MINAET, it must be noted that all these conducts have their own legal effects and, consequently, are challengeable in this venue. The environmental feasibility (viabilidad ambiental) produces effects by itself, such that if it is not granted, the project cannot proceed; the same occurs with the approval of changes made to the project. In turn, without the decree of national convenience (decreto de conveniencia nacional), the logging permit could not be granted, which reveals the effect that that provision of the Poder Ejecutivo has.

 

 

X- REGARDING THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE (PRINCIPIO PRECAUTORIO) AND THE BURDEN OF PROOF.

It is well known to all that Article 50 of the Constitución Política establishes the fundamental right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Said provision entrusts the State with the duty to guarantee, defend, and preserve that fundamental right. The development of that constitutional provision is widely regulated in international instruments and in numerous provisions of our country's domestic legislation. Legal doctrine and International Law have been responsible for enshrining a series of guiding principles in environmental matters that are universal in nature, and which grant this area of the legal system its own uniqueness and regime, among which the following principles can be listed: principle of equality, principle of sustainability, polluter-pays principle (principio del que contamina paga), principle of broad procedural standing (principio de legitimación procesal amplia), principle of restoration of damage, principle of citizen participation, principle of prevention (principio preventivo), and precautionary principle (principio precautorio). Of all of them, it is important to highlight for the specific case the principle of prevention (principio preventivo), referring to those cases where there is a scientific opportunity to measure the risks and recommend measures for the management of the activity, and the precautionary principle (principio precautorio) or principle of prudent avoidance, the latter being contained and regulated in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration (1992), whose Principle 15 literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In our legislation, we find this principle enshrined in Article 11 of the Ley de Biodiversidad No. 7788, which provides for such purpose: "Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are: 1.- Precautionary or pro natura criterion: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures." The Sala Constitucional has described the precautionary principle (principio precautorio) as follows: "properly understood, the precautionary principle (principio precautorio) refers to the adoption of measures, not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment." (resolution No. 3480-03, of 2:02 p.m. on May 2, 2003), emphasizing that "in environmental matters, subsequent coercion is ineffective, because once the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damages caused to the environment" (resolution No. 17618-08, of 11:51 a.m. on December 5, 2008). It is important to note that the precautionary principle (principio precautorio) constitutes a parameter of legality for administrative conduct, and on this matter, Dr. Aldo Milano points out that "a large part of risky activities are subject to an administrative police regime, which is manifested in the granting or denial of authorizations of that same nature. This gives rise to conflicts related to such decisions, either because it is considered that by granting the authorization in a specific case, the Precautionary Principle (Principio Precautorio) is violated, or because, when it is denied or conditioned based on said principle, the affected party considers the decision illegitimate." Thus, referring to a specific case in French jurisprudence, he indicates that the decision challenged in the contentious-administrative jurisdiction constitutes the last step in the long evaluation procedure of the safety of the activity in question, and that doctrine finds in the precautionary principle (principio precautorio) a source of law that imposes a specific way for the Administration to act, so that—if that way of acting—procedure—is not respected, the nullity of the final act adopted will be found (see Milano, Aldo. “El Principio Precautorio”, 2005, pp. 55 to 58). A procedural consequence produced by the application of the precautionary principle (principio precautorio) is the reversal of the burden of proof, an aspect that is expressly regulated in Article 109 of the Ley de Biodiversidad, which provides: "The burden of proof regarding the absence of unauthorized contamination, degradation, or affectation shall correspond to the person requesting the approval, permit, or access to biodiversity, or to the person accused of having caused environmental damage," a provision that must be seen in close relation to Article 5 of the same Law, which notes that what is established in that legislation shall serve as a framework for interpreting the rest of the norms regulating the subject matter of said Law. This means that in environmental matters, the classic scheme that "whoever demands must prove" is broken, and the theory of the dynamic burden of proof acquires a preponderant role, according to which "the burden is shifted to the party who, due to their personal situation, is in a better position to bring the evidence to the proceeding, regardless of whether they are the plaintiff or the defendant" (on the dynamic burden of proof, see the judgment of the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia No. 212-2008 of 8:15 a.m. on March 25, 2008). This position is accepted by environmental law doctrine, which has indicated the following in that regard: "In the environmental process, especially in light of the precautionary principle (principio precautorio), there is a modification of the burden of proof from the classic framework (according to which the principle is that 'everyone who alleges a fact as a claim or defense has the burden of proving it'), and the doctrine of dynamic evidentiary burdens comes to life, in light of precaution, as a palliative to lighten the arduous task of producing diabolical proof that, in certain cases, was placed without consideration on the shoulders of one of the parties (plaintiff or defendant), due to a misunderstanding of the sacrosanct a priori rules of evidence distribution. Finally, the modifications noted in the field of the environmental process necessitate speaking of a 'true procedural environmental law,' whether considered an autonomous branch or not; and the scientific-technical complexity of environmental cases, which demand unprecedented solutions to also unprecedented problems, impose, as a mechanism overcoming the traditional structures of law, the convenience of having specialized courts in environmental matters as guarantors of the effective application of the principle of precaution." (Martínez, María Paulina. "El principio precautorio". In Protección Ambiental, Argentina, 2008, p. 122). In close relation to this procedural variant, doctrine highlights the active role of the Judge regarding an environmental matter, and in that respect, notes the following: "But it was Law No. 25.675 (LGA) that enshrined unprecedented innovations in terms of judicial powers (ordering and investigative), granting the adjudicator a completely active and inquisitorial role as guarantor of the application of the precautionary principle (principio precautorio) in those processes seeking the preservation of the natural balance (see Article 32 LGA), without this implying any breach of the principle of congruence. (...) it is concluded that there are no areas immune to the normative force of the Constitution and environmental norms, particularly the General Environmental Law, which constitute an environmental public order, conferring broad powers, including the review of even technical matters, allowing the full operability of the precautionary principle (principio precautorio) at every step of the procedural path, in a concrete and undoubtedly macroscopic task in pursuit of the right to effective judicial protection." (idem, Martínez, p. 117). This role that doctrine assigns to the Judge regarding environmental matters is not dissociated from the model that the Constitución Política and the Código Procesal Contencioso Administrativo conferred upon the Contentious-Administrative Judge. The Ley de Biodiversidad, whose norms are applicable to the rest of the legal system in environmental matters, expressly provides in its Article 108 that "in matters of biodiversity, and as long as there is no environmental jurisdiction, all disputes shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction," except for those cases where there is no administrative act or public domain involved. Having established this competence, we must remember that the contentious-administrative jurisdiction enjoys a broad supervisory power, granted by Article 49 of the Constitución Política, which allows it to exercise both subjective control, consisting of the protection of the substantial legal situations of the administered parties (subjective rights and legitimate interests), and objective control, consisting of guaranteeing the legality of the administrative function of the entire Public Administration (whether actions or omissions). Article 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo reproduces the content of Article 49 of the Constitution and states that the purpose of the contentious-administrative jurisdiction is to protect the legal situations of all persons, to guarantee or restore the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative Law, as well as to hear and resolve the various aspects of the administrative-legal relationship (Jinesta, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso Administrativo”, 2008, p. 29). National doctrine reaffirms the broad supervisory character of the Contentious-Administrative Judge in our legal system, stating the following: "When the norm allows the control of the 'administrative function,' it unequivocally adopts a broad formula for oversight, in which the Judge is empowered to control the totality of administrative conduct. Indeed, the precept sharply breaks with any limitation built around the contentious-administrative object, for when it inserts the generality of the administrative 'function' within the supervisory eye of the Judge, it opens the jurisdictional range with respect to any administrative function, behavior, or conduct. Note that the contentious jurisdiction is not attributed the control of administrative 'activity' or 'action,' much less of the 'administrative act,' but of the 'function,' which, not by chance, is all-encompassing not only of all of these but also of the entire realm of inactivity. When the article assigns the Judge the control of the 'function,' it is allowing the Judge to legally analyze any of the functions inherent to it, any of its conduct in any of its administrative manifestations. The Tribunal can control both active and omissive conduct. Provided that the conduct is administrative and that the control is exercised within the legal framework, there is not, or there should not be, a sphere exempt from jurisdictional control; its review can and should be complete, without any immunity in the object. (...) In this aspect, the constituent offers us a new closing clasp, an additional safety door as a guarantee of full and universal control, for besides subjecting the administrative function to jurisdictional legality control, it allows the Judge to verify whether it is adjusted or not to the purposes that justify it." (González, Oscar. “Sentencia”. In: El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo, 2006, p. 426). Regarding the protagonist and active role that the Judge plays in the dynamics of the Procedural Code, it is noted: "Such active and organizational autonomy for the restoration of the public legal order (written and unwritten) and the effective protection of legitimate interests and subjective rights confirms the transcendence of this jurisdiction as a mechanism for redressing and protecting legal situations eventually affected by the undue interference of public power through its multiplied universe of organs and entities with their officials generally de jure and exceptionally de facto. (...) Even the classic civil law principle that identifies the object of the process with the claims alleged and raised by the parties was overturned, so that the judicial authority, in its capacity as an active subject in the process, may deliver justice not only in accordance with what is claimed but also by adjusting the claims to prompt and complete justice, in accordance with the new legislation, to satisfy the values embedded in the Rule of Law present in each process for the restoration of legality or, better yet, of the legal order. Under the new scheme, before being governed by the principle of party disposition, the judge will also be governed by the inquisitorial principle, characteristic of constitutional courts, as when, in our case, the Sala Constitucional orders costs and damages against the losing parties in amparo actions, even if the winning parties did not request it." (Jiménez, Manrique. “Bases constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa”. In: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, pp. 18 and 19, 2006). Now then, the review of all these principles, norms, and legal institutes has been intended to be established in this recital with the purpose of keeping in mind the legal framework within which the issues and arguments outlined by the parties in the proceeding shall be analyzed and resolved, as well as the evidence that was produced during the hearing, as set forth immediately below.

 

XI- REGARDING THE NON-APPLICATION OF THE MORATORIUM DECREE TO THE SPECIFIC CASE.

In the administrative legal system, we find a fundamentally important principle called the principle of singular non-derogability of regulations (principio de inderogabilidad singular del reglamento), also known as the principle of singular non-derogability of the norm. According to this principle, administrative acts of specific application must conform to the general provisions issued by the Administration itself, and cannot disapply them for a specific case. This principle is established in our legal system in Article 13 of the Ley General de la Administración Pública, which provides for that purpose: "The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative legal order, and to the private law supplementary thereto, and may not derogate or disapply them for specific cases. The preceding rule shall also apply in relation to regulations, whether they originate from the same authority or from a higher or lower competent authority." This criterion is important, as it forms part of the essential content of the principle of legality, which is the guiding principle of all administrative activity, both in its negative aspect (what cannot be done) and in its positive aspect (what must be done). Thus, the irrefutable consequence derived from the principle of singular non-derogability of the norm is that the public authority cannot issue resolutions for a specific case whose content disregards or disapplies what, conversely, the same public authority had previously provided through an act of a general nature (Article 120.2 of the Ley General de la Administración Pública). In the specific case, we find that on June 12, 2002, the highest authority in environmental matters, which is the Ministerio de Ambiente y Energía (now MINAET), issued through a general provision, specifically Decreto Ejecutivo No. 30477-MINAE, a moratorium for an indefinite period on the activity of open-pit metallic gold mining in the national territory. In Transitory Provision I of that general provision, the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy clearly established that "all procedures related to the exploration and exploitation of open-pit gold mineral that are pending before the Dirección de Geología y Minas and before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental as of the publication date of this executive decree shall be suspended. Any right acquired before the publication of this decree shall be respected." Now then, it is also a proven fact that in 2004, through resolution No. 2004-13414 of 9:29 a.m. on November 26 of that year, the Sala Constitucional annulled resolution No. R-578-2001-MINAE, which was the resolution through which Geología y Minas had granted the exploitation concession to Industrias Infinito. So, after this resolution of the Sala Constitucional, the logical consequence of resolution No. R-578-2001 having been annulled is that the exploitation concession right that had been granted through that resolution disappeared, regardless of the fact that the Administration subsequently ordered the conversion of the act illicitly, since that did not occur until April 2008, a topic we will address later, it being necessary to recall in any event that it was not until June 4, 2008, that the Poder Ejecutivo lifted the moratorium on the activity of open-pit metallic gold mining. Therefore, we have that from December 2004 until April 2008, neither materially nor formally did a declared exploitation concession right exist in favor of the company Industrias Infinito, and from June 2002 until June 2008, a general provision was in force, issued by the highest hierarchical body of the Poder Ejecutivo (Presidente de la República) and by the highest hierarchical body in environmental matters (Ministerio de Ambiente y Energía), which ordered the suspension of procedures pending before Geología y Minas and before SETENA aimed at obtaining exploration permits or exploitation concessions. If we look carefully, the acts challenged here, with the exception of the Decree of National Convenience and the logging permit, were acts issued by Geología y Minas and by SETENA during the period in which Decreto Ejecutivo No. 30477 was in force, and both bodies belong to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. This Tribunal Contencioso Administrativo indeed finds that the act that granted the environmental feasibility (viabilidad ambiental), the act that approved the changes to the project, and the act through which the conversion of the exploitation concession act in favor of Industrias Infinito was applied, violated the principle of singular non-derogability of the norm (principio de inderogabilidad singular de la norma), since the Administration failed to apply, for this specific case, Decreto No. 30477-MINAE, which ordered that pending exploitation concession procedures be suspended; thus, both SETENA in granting the environmental feasibility (viabilidad ambiental), and Geología y Minas in making the recommendation for the concession, and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones itself, in converting the concession act, disregarded that general provision which was binding on those bodies, and proceeded to issue the final act of both the environmental feasibility (viabilidad ambiental) and the granting of the concession. A parenthesis must be made here to note that both acts (the feasibility and the concession) constitute what is legally termed an "acto complejo" (a figure regulated in Article 145 of the Ley General de la Administración Pública), meaning that the concession act requires prior environmental feasibility (viabilidad ambiental) to acquire validity. Therefore, the Administration could not issue any of the described acts, because at that time there was a general provision in force and binding on the bodies of the Ministerio de Ambiente y Energía that ordered the suspension of the procedure, and in this case, the procedure continued in both offices until the issuance of both the act of environmental feasibility (viabilidad ambiental), the approval of changes, and the conversion of the concession, whereby the principle of legality was openly disrespected in this particular case.

In its defense, the developer company, on this issue, has argued that according to Articles 23 and 26 of the Código de Minería, the exploration permit grants its holder the right to the exploitation concession per se, and they argue that through vote No. 2010-14009 of the Sala Constitucional, the issue of the violation of Decreto No. 30477 has already been resolved. Regarding these arguments, the Tribunal finds that they are absolutely unfounded and furthermore do not conform to reality. In the first place, Article 23 of the Código de Minería, in its wording, indeed indicates that the holder of an exploration permit has the right especially to obtain one or more exploitation concessions, and Article 26 of the same Law states that during the validity of an exploration permit and up to 60 days following the expiration of the term or its extension, the holder shall have the right to obtain an exploitation concession. Notwithstanding the foregoing, it must be kept in mind that these rules, in their correct reading, preclude understanding that the exploration permit automatically grants its holder the right to an exploitation concession. This is easily verifiable from reading other provisions contained in the Código de Minería itself, which clearly differentiate one right from the other. Thus, Article 2 of the cited Law defines both rights as follows: "Permit: Authorization granted by the Poder Ejecutivo, through the Dirección de Geología y Minas (DGM), by which a right is consolidated in favor of the petitioner allowing the exploration or search for materials in general for a term of three years, which may be extended once.

"Concession: Authorization granted by the Executive Branch through the Directorate of Geology and Mines (DGM) for a determined period, as the case may be, which grants the petitioner a limited real right to exploit or extract the minerals from a determined zone, transform them, process them, and dispose of them for industrial and commercial purposes, or grants the exclusive right to explore the mineral substances specifically authorized therein." Thus, as we can see, there exists a clear differentiation between one right and the other, given that the first exclusively permits the search for materials, while the second permits the extraction, transformation, and processing of the authorized materials.

On the other hand, it should be noted that Article 23(b) itself conditions the possibility of obtaining a concession right, insofar as the existence of one or more exploitable deposits of mineral substances located within the perimeter of its exploration permit is justified. That is, the exploration permit does not per se grant the concession right, this condition required by the Law must be demonstrated, which evidently requires a specific pronouncement by the Administration making that assessment. Now, we can also note that Article 26 likewise conditions the right to obtain an exploitation concession on compliance with the obligations and requirements of the law and the regulation, and if we examine Article 9 of the Regulation to the Mining Code (Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE), it can be verified that in order to obtain a concession right, the interested party must fulfill a series of technical and legal requirements detailed therein, which are independent of those required by Article 8 of the Regulation to obtain an exploration permit. Finally, it is necessary to emphasize that Article 14 of the Mining Code clearly provides that "the permit, or the concession, shall be understood as acquired from the date on which the granting resolution is recorded in the National Mining Registry (Registro Nacional Minero). From that point forward, the original holder or its successor, as the case may be, shall be the possessor of its concessionaire right or of the exploration permit holder right." As is clear from the cited provision, the exploration right is independent of the exploitation right, and one right or the other is understood as acquired, as the case may be, from the date on which it is recorded in the Mining Registry. In the specific case, as indicated previously, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in 2004 had annulled the exploitation concession, so that in accordance with Articles 62, 65, and 109 of the Mining Code, the company's right was extinguished and could not have been recorded in the Mining Registry. All these reasons allow us to discard the idea that the exploration permit per se granted the exploitation right to Industrias Infinito, and with this, we can affirm that said company did not have a vested right to an exploitation concession in the mining Project at the time it requested the validation (convalidación) of the act (May 30, 2007), a date on which the moratorium Decree was in effect, and therefore the Administration should have suspended the proceedings pending before SETENA and before the Geology and Mines Directorate for the case of the Crucitas Mining Project. However, in this case it is evident that the Administration disregarded its own binding provision.

Lastly, in relation to Constitutional Chamber resolution N° 14009-2010, it serves to indicate that this issue was already resolved previously when the reasons were set forth for why in this matter there is no res judicata (cosa juzgada); nevertheless, it cannot be reiterated enough that Industrias Infinito's statements on this aspect are completely out of step with reality, and this is clearly evident from the Constitutional Chamber's own resolution, which expressly indicated that the argument regarding the violation of the moratorium decree, and the argument regarding the conversion of the exploitation concession, are allegations that the petitioners should bring "to the administrative litigation court, which is the competent body to analyze the legality of the granting of the concession in question." It is clear, then, that it is not true that the Constitutional Chamber already ruled on this particular issue, which is a subject matter within the competence of this Court, was raised by the plaintiffs in the complaint and in the conclusions, and is one of the essential issues analyzed in this judgment. Consequently, for all the foregoing reasons, in accordance with Articles 158 and 166 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), resolutions N° 3638-2005-SETENA, N° 170-2008-SETENA, and R-217-2008-MINAE, for violating the principle of legality and being non-conforming with the legal order, are vitiated by absolute nullity and are so declared.


XII- ON THE PROPOSED CHANGES AND THE OMISSION TO REQUEST A NEW ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT.

As already indicated, in 2005, by resolution N° 3638-2005-SETENA, the Administration granted environmental viability to the Crucitas Mining Project. Two years later, on December 6, 2007, the developer company submitted to SETENA a proposal for changes to the mining project. This request was resolved by SETENA in two months, approving the changes introduced by Industrias Infinito, by resolution N° 170-2008-SETENA, issued on February 4, 2008. This administrative resolution, in the Court's judgment, is vitiated by absolute nullity both in its reasoning and in its procedure, due to the fact that the Administration did not request a new environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) to evaluate the changes that were intended to be introduced.

Before going into the detail of that omission, it must be kept in mind that the act through which the Administration grants environmental viability to a project is undoubtedly a regulated administrative act, insofar as it is provided for in Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and in the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 31849), as well as in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Decreto Ejecutivo N° 32966). However, the company Industrias Infinito defends the thesis that, in those cases where the conditions contained in paragraph 3 of Article 46 of Decreto Ejecutivo N° 31849 are met, a new environmental impact assessment was unnecessary. Nevertheless, this Court observes that paragraph 3 of that Article 46, while it contains a series of criteria for making adjustments to the original design (not for dispensing with an EIA), criteria which were incidentally invoked by the co-defendants' witnesses in their statements, it is also true and conclusive that said paragraph was not in force in Decreto Ejecutivo N° 31849 on the date when Industrias Infinito presented its proposed changes, nor on the date when SETENA approved such modifying proposal, since paragraph 3 of Article 46 was added to the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures through Decreto Ejecutivo N° 34688, which was issued only on February 25, 2008, that is, on a date subsequent to those two moments of the administrative procedure. In the specific case, we were able to hear the witnesses Sandra Arredondo (environmental regent), Eduardo Murillo (SETENA official), and Sonia Espinoza (SETENA official at that time), indicate that, faced with the proposed changes by the company Industrias Infinito, SETENA did not consider it necessary to require a new environmental impact assessment to analyze those changes, for various reasons: the project did not vary in its essence, it would be developed on the same site, it did not change project category, the activity remained the same, and neither the industrial zone nor the tailings zone varied, given that the extraction area was rather reduced. They stated that, in accordance with SETENA's criteria, under those circumstances it was not necessary to request a new environmental impact assessment. All the above reflects that, in the event of introducing changes to the original design of a project, there exists an area of administrative discretion to assess whether or not a new environmental impact assessment should be requested. This Court, acting as controller of legality (Article 49 of the Political Constitution), and properly speaking the control of administrative discretion (Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública), finds that, according to logic and reasonableness, the changes proposed by the company Industrias Infinito in 2007 were, without a doubt, substantial modifications to the project originally presented before SETENA, and these being substantial changes discussed here, the interpretation made by SETENA could not have been restrictive in relation to the environmental impact assessment, dealing with the assessment of the impacts that a project classified as A and in a sensitive area such as environmental matters would cause, so it could not opt, as it did in the specific case, to dispense with that environmental evaluation instrument, nor would it at all have been valid for it to dispense with the environmental impact assessment by relying on a regulatory provision (we refer to paragraph 3 of Article 46 of the aforementioned Regulation), since we must clearly remember that it is the Law itself that requires the environmental impact assessment when human activities alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials, as ordered by Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 3 of the Mining Code, for the specific case of mining exploitation concessions, provisions that had to be applied in light of the precautionary principle provided for in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and therefore imposed on the Administration the obligation to best guarantee the protection of the environment. (For illustrative purposes only, reference is made on this topic to Constitutional Chamber resolution N° 2003-6322 of 2:14 p.m. on July 3, 2003). Well then, the Court reaches the conclusion that the proposed changes were substantial, given that from the document titled "Environmental Assessment of Proposed Changes" and from the testimonies of Sandra Arredondo and Eduardo Murillo, it is clear that the extraction depth was changed, going from an original proposal that only contemplated the extraction of the superficial layer of subsoil called saprolite, whose depth reaches a maximum of 20 meters, to extracting not only saprolite but also hard rock, whose extraction depth reaches up to 67 meters deep, thereby increasing the volume of material to be processed (6,700 tons per day). Furthermore, the plan went from originally contemplating the creation of a single lagoon (tailings lagoon) to creating a second lagoon, named Fortuna, which arose precisely from the effect of increasing the extraction depth in the Fortuna hill, impacting the lower or confined aquifer that exists in the area. We do not omit to mention that the duration of the operation phase was extended to 9.25 years. These changes, from the conceptual design point of view, were extremely relevant to the development of the project, and in any case, it is evident that these new actions proposed by the co-defendant Infinito were not at all harmless to the environment, since such modifications generated a serious impact on the natural resources of the area, especially on the water resource, which enjoys significant protection in our legal order. On this point, suffice it to say, in relation to Laguna Fortuna, that according to the Assessment of Proposed Changes document, the base area of the Fortuna pit was calculated at 19,103.8 m2, and the water surface area once recovered was calculated at 88,096.6 m2 (folio 176), that is, as can be seen by its dimensions, it involves an impact on the soil and water resources covering a quite considerable extension. Now then, from a strictly logical point of view, it is not possible for this Court to conceive that the Administration requested an environmental impact assessment when the proposal only contemplated the extraction of saprolite, but decides not to request it when the company sought the extraction of hard rock, which significantly increased the depth level, even allowing the impact on a lower aquifer without knowing its recharge zones and extension. Let us remember that the Crucitas Mining Project was classified by SETENA as a category A project, that is, of high environmental impact significance, and in this sense, it is relevant to highlight that in addition to the previously cited legal provisions, Article 27 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Decreto Ejecutivo N° 31849) and its Anexo 1 require that projects of this category, which include mining exploitation concessions, require the submission of an environmental impact assessment. From that perspective, there do not appear to be valid justifications from a legal standpoint, nor applying average human logic and reasonableness, for the Administration to have omitted requesting the aforementioned environmental evaluation instrument. Moreover, it should be taken into account that the expert witnesses Allan Astorga (geologist) and Yamileth Astorga (marine biologist and expert in water resources), who are credible to this Court by reason of their testimonies, classified the introduced changes as substantial, indicating that since the project had been changed in that way, SETENA should have provided new terms of reference to evaluate those changes, through form D1. Both were clear on the point that the risks in relation to the water upwelling that would occur from the impact on the lower or confined aquifer, the risk of contamination of that water resource, and the omission to analyze the environmental cost of affecting that aquifer were not analyzed, coupled with the fact that the studies submitted by the company did not analyze the size of the aquifer and its impact on the public supply wells in the area. These criteria expressed by experts in the field evidence that the criticisms pointed out by the Court on a legal and logical level also find support on a technical level, which allows us to conclude that resolution N° 170-2008-SETENA is vitiated by absolute nullity for having dispensed with the environmental impact assessment, which affects the reasoning of the act by not having taken said instrument into account for the issuance of the final act, and furthermore generates a procedural defect, since evidently the procedural channel established by Articles 27 and following of Decreto Ejecutivo N° 31849 was not followed, a formal omission that is considered substantial in accordance with Article 223 of the Ley General de la Administración Pública, by virtue of having dispensed with all of the pre-established procedure for those purposes.

It cannot be left unmentioned that although Article 95 of the Biodiversity Law grants SETENA the discretion to determine when a public hearing must be held, in this case the same reasons that lead this Court to consider that a new environmental impact assessment should have been requested are applicable to the holding of a public hearing in light of the proposed changes. While it is true that witness Sonia Cervantes (Sociologist) explained that the people of the area were informed, on the part of the company, of the modifications that were intended to be introduced to the project and that there was no opposition to them, SETENA could not ignore that the Ley Orgánica del Ambiente imposes a duty on the State to promote the participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting the environment (principle of citizen participation regulated in Article 6), and Article 22 of that law provides that every individual or legal entity has the right to be heard at any stage of the evaluation process and in the operational phase. As such, it is considered that, in application of the precautionary principle (principio precautorio), in this case it was essential to convene a public hearing to publicize the proposed changes, since it was a mega-project of national interest and because the public hearing is the mechanism that best guaranteed the participation of all the country's inhabitants in the evaluation procedure.

Finally, and further reinforcing, the Court considers that the environmental viability that SETENA had granted to the Crucitas Mining Project through resolution N° 3638-2005-SETENA was expired by the time resolution N° 170-2008-SETENA was issued, which is why a new act preceded by an environmental assessment should have been issued and not simply the approval of the changes proposed by the company. Observe that resolution N° 3638-2005-SETENA, issued on December 12, 2005, provided in point number 8 of its operative part the following: "The validity of this viability shall be for a period of two years for the commencement of extraction. In the event that extraction is not commenced within the established time, the provisions of current legislation shall be applied." For its part, the Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Decreto Ejecutivo N° 31849, in the wording of its Article 46 at the time of the presentation of the changes, established the following: "The environmental viability (license), once granted, shall have a maximum validity of two years prior to the start of activities of the activity, work, or project. If, within that term, the activities are not started, the developer must request, prior to expiration, an extension of its validity from SETENA, in accordance with the procedure to be established in the EIA Manual." As can be derived from the foregoing elements, once the environmental viability was granted in the month of December 2005, Industrias Infinito should have started the extraction works, or else request an extension of the validity of the viability prior to the expiration of the term, which would be met in the month of December 2007. In this matter, there is no record that the developer requested an extension from SETENA; consequently, at the time resolution N° 170-2008-SETENA was issued, the term established in the provision and in resolution N° 3638-2005-SETENA itself had fatally elapsed, so that by that time the viability had expired. Let us recall that according to legal doctrine, expiration (caducidad) has the effect of extinguishing the act and its reason arises from the non-exercise of the right for a determined period. In that sense, it cannot be affirmed that the modification request presented by the co-defendant company had the virtue of interrupting the viability period, since as a basic principle the legal concept of expiration is fulfilled by the simple passage of time and is not susceptible to being interrupted as occurs with the case of statute of limitations (prescripción). Nor can it be affirmed that the introduction of changes has the effect of tacitly extending the environmental viability, since paragraph 3 of Article 46 of Decreto N° 31849 was not in force at the time the request was filed, nor at the time resolution N° 170-2008-SETENA was issued. Consequently, the environmental viability granted in 2005 having expired, it is found that this was one more reason obligating SETENA to request a new environmental impact assessment, to conduct a new evaluation procedure, and to issue a new final act, and not simply to limit itself to approving the modification presented by the co-defendant company, as it did.

Therefore, for all the reasons set forth, in accordance with Articles 158 and 166 of the Ley General de la Administración Pública, resolution N° 170-2008-SETENA is vitiated by absolute nullity and is so declared.


XIII- ON THE OMISSION TO EVALUATE THE PROPOSED CHANGES AND THE FAILURE TO FULFILL COMPETENCIES BY SETENA.

Still in relation to the issue of the proposed changes, and without ignoring that the Administration in this case should have requested a new environmental impact assessment to evaluate said changes, the Court finds that SETENA, in its resolution N° 170-2008-SETENA, failed to fulfill its legally assigned functions, regulated in Articles 84(a) of the Ley Orgánica del Ambiente and 2 of the Mining Code, which establish, in order, that this body is responsible for "analyzing environmental impact assessments," and that its operational and functional responsibility is the "comparative, technical, economic, social, cultural, financial, legal, and multidisciplinary analysis of the effects of a project on the environmental surroundings, as well as the proposal of measures and actions to prevent, correct, or minimize such effects." In this regard, it must be remembered that Article 66 of the Ley General de la Administración Pública establishes that public powers and their exercise, and public duties and their fulfillment, are non-waivable, non-transferable, and imprescriptible, and in the specific case, it is observed that the Administration omitted to conduct a technical and scientific analysis regarding the proposed changes submitted by the company Industrias Infinito, especially concerning the impacts that the modifications would produce and the suggested mitigation and compensation measures, with SETENA limiting itself to producing a report in which the aspects mentioned by the developer company itself in its proposal are basically reproduced. Observe that in the document called Environmental Assessment of Proposed Changes, the company describes the project activities in its different phases: construction, operation, and closure, and makes its own assessment of the impacts in each of the phases and on the air, water, and soil resources, and finally lists what, in its judgment, would be the mitigation and compensation measures to be implemented in the three phases (folios 143 to 214). Nevertheless, SETENA, through its Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental), in report ASA-013-2008-SETENA, which served as the basis for issuing resolution N° 170-2008-SETENA, merely limited itself to repeating the information already contained in the document submitted by the company, and omitted to perform the technical analysis required by Law. Thus, by way of summary, the referenced report indicates that it is intended to reduce the extractive area, extracting in addition to saprolite also hard rock, which entails working at average depths of 67 meters. That the area to be intervened corresponds to the Botija and Fortuna hills. That the extraction of rock implies the use of blasting and that the company commits to contracting a certified company for this type of intervention. That the remaining areas remain almost unchanged. That CYPLUS technology is used for the cyanide destruction process. That the baseline studies show a low potential for acid drainage. It copies the comparative table of changes submitted by the company. And it ends by noting that an updated diagnosis of environmental, social, and economic conditions of the project was attached, that an identification of impacts and their assessment in the project phases was presented, that within the monitoring plans the tracking of baseline data regarding various elements is incorporated as well as a protocol for hazardous substances, and that within the Environmental Management Plan a Commission for Oversight and Monitoring of the Crucitas Project will be created.

With this simple statement, without an analysis of the studies submitted by the company and the required assessment of environmental impacts, the evaluation team ultimately recommended that the Plenary Commission of SETENA proceed to accept the modification proposal. Based on this lax report, the Plenary Commission resolved to approve the changes suggested by Industrias Infinito, and issued resolution N° 170-2008-SETENA, which, it is worth saying, likewise did not incorporate further analysis regarding the modification proposal submitted. Here we must recall that at the trial stage, the witness Marta Elena Chaves Quirós, a Geologist by profession, who at the time of the events worked as an official of the Department of Environmental Auditing and Monitoring, clearly stated that she had not participated in the evaluation of the request for changes to the project, even though in the certification admitted as evidence for better provision at folio 2204 of the judicial file, her name is indicated as part of the evaluation team, which was composed of Forestry Engineer Eduardo Murillo Marchena and Agricultural Engineer Sonia Espinoza Valverde. The witness also stated that, in her experience, approximately 6 to 7 months would be required to evaluate the modifications to the project. If we contrast these statements with the fact that the proposal by Industrias Infinito was approved in two months, and that a geologist, who would be the most qualified professional to evaluate the impacts that the change in extraction depth would produce and the impact on the lower aquifer, did not participate in the purported evaluation, added to the easily verifiable fact that report ASA-013-2008 and resolution N° 170-2008-SETENA did not analyze the documentation provided by the developer company, we can conclude, according to sound criticism, that in this case SETENA failed to fulfill the competency legally assigned to that public body, omitting not only to have requested a new environmental impact assessment, a defect already explained, but also omitting to analyze the change documentation submitted by the co-defendant Industrias Infinito, an omission that, consequently, also occurs regarding each of the technical issues discussed in this process, as will be explained in subsequent recitals. Consequently, in the judgment of this Chamber, resolution N° 170-2008-SETENA violated Articles 19 and 84(a) of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 66 of the Ley General de la Administración Pública, and being non-conforming with the legal order, in accordance with Articles 158 and 166 of the Ley General de la Administración Pública, the cited administrative resolution is vitiated by absolute nullity and is so declared.


XIV- ON THE IMPROPRIETY OF THE CONVERSION OF THE ACT OF EXPLOITATION CONCESSION.

In relation to this issue, the Court finds that there are three criteria for which it was not legally proper to apply the institute of conversion of the administrative act, in relation to the exploitation concession that had been annulled by the Constitutional Chamber in 2004.

In the first place, we must keep in mind that validation (convalidación), curing (saneamiento), and conversion (conversión) are mechanisms devised so that the Administration can preserve administrative acts that, while suffering from some defect of relative or absolute nullity, are still in force in the legal order. However, this was not the situation of resolution N° R-578-2001-MINAE, through which the Executive Branch had granted the mining exploitation concession in favor of Industrias Infinito, and it was not the same situation because this administrative act had been annulled by the Constitutional Chamber through a final and definitive resolution, and consequently, from that moment the act was eliminated from the legal order; in other words, it was no longer in force, and thus the discussion of whether or not the conversion of that act was viable lost relevance. Here the distinction, to some extent raised by Mr. Eduardo Ortiz, between "defect of absolute nullity" as a condition affecting the act and "declaration of absolute nullity" as a pronouncement that extinguishes the act becomes important. In this latter case, the act ceases to be in force in the legal order and therefore the Administration would be unable to "revive" it. From the foregoing, a very important consequence arises, because if the thesis of converting an act annulled by the Constitutional Chamber were to be admitted, a thesis defended in this process by the representation of Industrias Infinito, it would entail accepting that the Administration may disregard the final and definitive decisions issued by the Courts of Justice and the Constitutional Chamber (Article 153 of the Political Constitution), with the Administration being able to resort to the conversion of the act to revive public actions that had already been eliminated from the legal order, which clearly is violative of the principle of legal certainty (principio de seguridad jurídica), and would constitute a very dangerous precedent for the stability of our Rule of Law. In this regard, Eduardo Ortiz Ortiz is clear when referring to the effects of annulment judgments, indicating the following: "There is in the LGAP a clear difference between annulment and jurisdictional declaration of nullity. This latter, as stated, brings to the legal order a single juridical innovation, which is the creation of res judicata on the existence of that nullity as a fact, which thus becomes legally indisputable and certain for all legal effects and for all subjects and Court, given the erga omnes character of the respective judgment" (Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo 2, p.574).

Consequently, in the Court's opinion, it was not viable to apply conversion to an administrative act that had been annulled by a ruling of a Court of the Republic, regardless of the fact that in the Por Tanto of its resolution the Chamber inserted the phrase: “all without prejudice to what the environmental impact study may determine,” since from this it does not follow that there was express permission for the Administration to apply the conversion of the act at a later time, and this is confirmed by resolution No. 14009-2010, invoked by the defendants, where the Chamber itself clearly indicates that the propriety or not of the conversion of the concession is a matter of legality that must be discussed in this venue, as well as the issue of the nullity of the act, indicating that at the time it was interpreted that what was declared by that Chamber was a relative nullity, so that by referring the discussion of those aspects to this venue, the will of the Constitutional Court to allow the annulled concession act to be revived later and for the declared nullity to be a relative nullity is discarded, because had it been so it would have said so expressly in that resolution. These reasons, evaluated in accordance with the rules of sound criticism, generate in the Court the conviction that the conversion used by the Administration to revive the concession act constituted a fraudulent mechanism to circumvent the application of the moratorium decree, since at the time of the issuance of resolution No. R-217-2008-MINAE (April 2008), said Decree was still in force and was binding for the specific case.

As a second criterion for deeming the conversion of the act improper, we find that the implementation of that legal figure was contrary to the precautionary principle in environmental matters, for the following reasons. In a correct application of the theory of the complex act, we consider that the Dirección de Geología y Minas was obligated to review and analyze in detail the content and scope of the act that granted viability to the Project, as well as the act that approved the proposed changes, and could not ignore the content of those actions, as acknowledged in the oral and public trial by the Director of Geología y Minas, Francisco Castro Muñoz, who indicated that the office under his charge does not intrude into the competence of SETENA and that in its resolutions they only cite what SETENA says, but do not review that information. Had Geología y Minas proceeded in that manner, exercising its competences in a due and lawful manner as required by law, it could have noticed that SETENA was approving an impact that that office had prohibited in the very resolution they were attempting to convert. We refer to the maximum extraction limit down to elevation 75 (meters above sea level), a technical condition that was set in resolution No. R-578-2001-MINAE, and that resolution No. R-217-2008-MINAE ordered maintained, by expressly referring to official letter No. DGM-DC-2085-2001, prepared by geologist Sofía Huapaya, an official of Geología y Minas (a subject that will be further developed later). This condition is not arbitrary because section 6 of the Código de Minería establishes that concessions may be conditioned for reasons of national interest, and without a doubt the protection of the lower aquifer is a matter of public interest, as it involves potential sources of water supply for the communities. Therefore, in light of these circumstances that reveal uncertainty regarding the treatment that would be given to the subterranean water resource, in application of the precautionary principle, the Dirección de Geología y Minas ought, in the specific case, to have rejected the requests made by the company Industrias Infinito to validate the act annulled by the Sala Constitucional, and instead, immediately order the carrying out of a new administrative procedure in accordance with the Código de Minería and its regulations, and issue a new final act, in which it would be technically defined whether or not it would be permitted to impact the lower aquifer, and also guaranteeing the harmlessness of the extractive activity in that aquifer, as mandated by the precautionary principle.

Lastly, and for greater abundance, the Court finds that from the point of view of its nature, it was improper to apply the institution of conversion in this case. It is essential to remember that said figure presupposes the issuance of an act different from the absolutely null act (which is not the case here), and its purpose is not to cure the invalidity of the act but to temper its effects. In this sense, Eduardo García de Enterría explains: “Finally, article 65 of the law regulates the case of the conversion of null and voidable acts such that if said acts contain the constitutive elements of another distinct act they may produce the effects of the latter. The law operates here on the plane of efficacy, not on that of validity. The null or voidable act does not cease to be such, nor is it cured or validated. If so requested by the interested parties, there will be no remedy but to declare its nullity. However, the consequences of said nullity are softened, the law admitting as legitimate those effects that may be considered covered or justified by the elements of the act not affected by the defect that determines its nullity or voidability (for example, an irregular appointment of a permanent official may produce the effects of an interim appointment)” (Curso de Derecho Administrativo, 2008, Tomo I, p.630). In the same sense, don Eduardo Ortiz Ortiz expressed himself, as recorded in record No. 103 of legislative file No. A23E5452, corresponding to the Ley General de la Administración Pública, in the following sense: “This is a bit odd but it is simply the following: suppose an official is improperly appointed in the Civil Service without observing the procedures that the Service contemplates, the doctrine calls ‘conversion’ the phenomenon consisting in the fact that the Administration that performed that act, even if absolutely null, for total disregard of the selection procedure of the Civil Service, may convert the appointment of an absolutely null permanent official into the appointment of an interim one, because for an interim appointment there is no need to hold a competitive examination or selection, so provided that the absolutely null act presents all the formal and material elements of another act that does not require the elements of the act that was intended to be performed, the latter can be converted into the former, in the case of the appointment of a permanent official with the selection procedure, into the appointment of an interim one that does not require a selection procedure, provided it is declared that the absolutely null appointment of a permanent official is converted into the appointment of that same gentleman as an interim employee ...” (Ley General de la Administración Pública, concorded and annotated with the legislative debate and constitutional jurisprudence, 1996, p.286 and 287). Then, in accordance with the foregoing, conversion requires that the absence of the element that vitiated the first act (for example a selection procedure), must be an element proper to the second valid act (for example, a selection procedure is not required in an interim appointment). In short, the defect that invalidates the first act must be contained in the second, but in a valid form. We understand, then, why article 189 of the Ley General de la Administración Pública demands as a condition for conversion that the invalid act present all the formal and material requirements of the valid act. Having clarified these elements, we can easily deduce that in the case under examination such assumptions were not and could not be met, since the lack of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), which was the defect that produced the absolute invalidity of the first concession act, was not an element proper to the second concession act issued through resolution No. R-217-2008-MINAE, for the apparent existence of an environmental impact assessment was the reason given by the Administration to apply the conversion of the first act. Therefore, for these reasons, the application of article 189 was absolutely improper, as is hereby declared.

It cannot go unsaid in this judgment that this Court finds it very strange that, having the interested company requested the validation of the concession act, the Administration was so solicitous in this case – which is not common – and, on its own motion, reframed the request submitted, setting aside the consideration of any of the reasons that have been found lacking here, but the Administration finding extremely viable what was sought at that time by the company Industrias Infinito, a situation that in light of sound criticism further confirms the conviction in these judges of the irregularity and illegitimacy of resolution No. R-217-2008-MINAE.

Now, it is necessary to recall that, during its closing arguments, the representation of Industrias Infinito insisted on the point that the Sala Constitucional, when issuing judgment 2004-13414, did so by retroactively applying the principle that environmental impact assessments must have been carried out and environmental viability must have been granted prior to the start of the activity that requires such a study in order to be performed. Likewise, the representative of Industrias Infinito emphasized the argument that article 34 subsection ch) and section 97 subsection g), both of the Código de Minería, were declared unconstitutional only in the year 2009. With these allegations, that defendant has sought to suggest that even though in 2001 the law did not contemplate the environmental impact assessment as something prior to the granting of the concession, the Sala Constitucional interpreted that it was necessary and in 2004 annulled said concession, even though it was not until 2009 that the legal framework that established said study as something subsequent to the granting of a mining concession was declared unconstitutional. On this point, it must be indicated that in this proceeding the act by which the mining concession was granted in 2001 is not being discussed, much less the judgment of the Sala Constitucional of 2004 that declared said concession null, nor is the constitutionality of the provisions of the Código de Minería that were annulled by the Sala Constitucional through judgment number 2009-17155 of November 5, 2009, being judged. However, given that this is an argument put forward by the representation of Industrias Infinito during the oral and public trial conducted in this proceeding, it becomes appropriate to state that this Court appreciates that the Sala Constitucional never retroactively applied the rule that environmental impact assessments and the corresponding environmental viability are prerequisites for the authorization of certain activities. This is because by the year 2004, when the Sala Constitucional annulled the mining concession granted to Industrias Infinito in 2001, a tacit repeal of article 34 subsection ch) and of section 97 subsection g) of the Código de Minería had already taken effect. And it is that through the Ley Orgánica del Ambiente, number 7554, of October 4, 1995, published in the Diario Oficial La Gaceta number 215, of November 13, 1995, it was provided, in article 17 of that legal body, that human activities that alter or destroy elements of the environment must have an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) as a prerequisite for the start of activities, works, or projects. In this sense, the Crucitas mining project could not even begin, much less be granted a concession, if it did not first have the approval of the environmental impact assessments. And it must be observed that the environmental impact assessment is a requirement for the development of mining activity, as provided in sections 3 and 6 of the Código de Minería, which is Law number 6797 of October 4, 1982, published in the Diario Oficial La Gaceta number 203 of October 22, 1982, which, as can be seen, predates the Ley Orgánica del Ambiente. Furthermore, article 3 of the Código de Minería already mentions the approval of the study as something prior to the granting of the exploitation concession. Since it is evident that by legal provision, specifically the Código de Minería, mining activity requires an environmental impact assessment, then section 17 of the Ley Orgánica del Ambiente comes to determine that in this matter, the environmental impact assessment and the corresponding environmental viability are prerequisites for the granting of a mining concession. This, in turn, implies the tacit repeal, from the entry into force of the Ley Orgánica del Ambiente, that is, from November 13, 1995, of sections 34 subsection ch) and 97 subsection g) of the Código de Minería, which, in contradiction with the same Code, allowed a concession to be granted before having approved environmental impact assessments. Seen in this light, the annulment pronouncement made by the Sala Constitucional in 2009 does nothing more than expressly resolve a normative problem that had been tacitly resolved since 1995. In this sense, moreover, the pronouncement of the Sala Constitucional that in 2004 meant the absolute nullity of the mining concession granted to Industrias Infinito in 2001 did not retroactively apply any norm, but rather, in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, what it did was to order that, as legally corresponded, in mining activity the rule that prior to granting a mining concession approved environmental impact assessments were required (or what is the same, previously granted environmental viability is needed in order to grant a mining concession) – a rule that was already in force (and had been since 1995, it is worth reiterating) – be applied. And it cannot be overlooked that in matters of environmental impact assessments, the Ley Orgánica del Ambiente contains a special and later norm, of the same rank as the Código de Minería, that requires such examinations to be carried out and their approval obtained as a prior step to the development of any project, which implies that it is a condition that must be met before a mining concession is granted.

On the other hand, as part of its arguments, the representation of Industrias Infinito invokes Transitory Provision I of Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE, which is the Reglamento al Código de Minería (in force since March 16, 2001), which establishes that “all applications that are in process as of the date of publication of this regulation shall continue their processing under the regulatory norms in force at the time of their submission.” In relation to this norm, the Court does not find that it justifies the propriety of the conversion of the act, because it must be reiterated that, in this case, the co-defendant company, after the year 2004, did not have any right of concession declared in its favor. It was eliminated from the legal order by the Sala Constitucional. Nevertheless, it was revived in an unlawful manner by the Administration seven years later, which is precisely the defect that is being declared in this administrative contentious proceeding. Thus, the only right that Industrias Infinito has had declared in its favor and that has not been questioned is the exploration permit, which, as already indicated, could never automatically grant the right of concession, since such an interpretation injures the intelligence of this Court, violates the legal order, and translates into nothing less than a gross fraud of law.

Finally, the co-defendant cites articles 164, 168 and 223 of the Ley General de la Administración Pública, the first two embodying the principle of conservation of administrative acts and the third also doing so in relation to the administrative procedure. These provisions must be discarded to support the conversion so often mentioned, since, as explained before, it was not legally possible to revalidate or revive an act that had already been annulled by the Sala Constitucional, nor were the assumptions established by section 189 of the Ley General de la Administración Pública met, and in any case, the substantive law applicable to the specific case (environmental law) required that, due to the imprecisions and contradictions that existed between the environmental viability, the approval of changes to the project, and the technical conditions set by Geología y Minas, there was uncertainty about the impact on the lower aquifer, which necessarily obligated the Administration to carry out a new administrative procedure.

Thus, for all these reasons, in accordance with articles 158 and 166 of the Ley General de la Administración Pública, as it is inconsistent with the legal order, resolution No. R-217-2008-MINAE is vitiated by absolute nullity and so it is declared.

XV- ON THE VIOLATION OF THE PROCEDURE, THE ABSENCE OF THE BALANCE BETWEEN BENEFITS AND COSTS, AND THE LACK OF GROUNDING OF DECREE No. 34801-MINAET.

In relation to the decree that declared the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, this Court considers that the same presents defects in the procedure, in the grounds, and in the reasoning, as will be explained below.

In relation to the procedure, it is important to begin by indicating that in accordance with the classification of administrative acts established in the Ley General de la Administración Pública, decrees are administrative acts of general scope, that is, they are not directed at an identified subject, but at the generality of those governed by law (article 121 of the cited Law). In this sense, it is important to recall that the Ley General de la Administración Pública provides for a special procedure for the drafting of this type of provisions of general scope. Thus, section 361 provides the following: “1. Decentralized entities shall be heard on drafts of general provisions that may affect them. 2. Entities representative of interests of a general or corporate nature affected by the provision shall be given the opportunity to express their opinion, within a period of ten days, except when opposed by reasons of public interest or urgency duly recorded in the preliminary draft. 3. When, in the judgment of the Executive Branch or the Ministry, the nature of the provision so advises, the preliminary draft shall be submitted to public information, during the period indicated in each case.” For the specific case, the Court finds that the President of the Republic and the relevant Minister grossly failed to observe this procedure, since from a review of administrative file No. DAJ-077-2008, which supports Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET, there is not the slightest indication of acts aimed at fulfilling the procedure stipulated by Law in order to lawfully issue this Decree, nor is it found that there exist reasons of public interest or urgency that justify non-compliance with this requirement necessary for the validity of the aforementioned Decree, much less were they expressed in that act. Rather, the Court considers that, on the contrary, as it was a provision that declared a mega mining project of “public interest and national convenience,” it was absolutely necessary to grant the entities representative of interests of a general or corporate nature, whether environmentalists, academic sectors, or business groups, the period established in cited article 361, so that these organizations could express their views on the project, and from those pronouncements the Executive Branch could carry out the balance required by Law to decide whether or not to declare the activity of national convenience and public interest, something that did not happen as can be easily verified. Even more, the Court considers that the enormous significance of this mining project at the national level made it imperative to submit the preliminary draft of the Decree to public information, as permitted by subsection 3 of article 361, in relation to section 6 of the Ley Orgánica del Ambiente (principle of citizen participation), applicable to the specific case due to the specialty of the matter, which very clearly provides as follows: “The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.” Despite the foregoing, there was never reflected in the administrative file, nor in the text of the document itself, the intention of the Executive Branch to comply with said provisions. In administrative file DAJ-077-2008, which supports the questioned Decree, only the following items appear: (1) approximately twelve letters signed by neighbors, the mayor of the municipality, some associations, and others addressed to Minister Roberto Dobles; (2) an unsigned executive summary stating “October 2008”; (3) copies of certain votes of the Sala Constitucional; (4) official letter SG-ASA-259-2008, of October 10, 2008, signed by Sonia Espinoza Valverde, Secretary General of SETENA, addressed to the Director of the Área de Conservación Huetar Norte, in which she points out that if environmental viability is granted to a project, it is because the balance obtained shows that the benefits are greater than its costs; (5) the draft of the Decree; (6) official letter DAJ-1570-2008, of October 13, 2008, signed by attorney Marianela Montero Leitón, Legal Advisor of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, addressed to the Minister, indicating as follows: “With the approval of this Legal Department, please find attached for your respective signature, the Decree identified as DAJ-077-2008, corresponding to ‘Declaration of Public Interest and National Convenience of the Crucitas Mining Project.’”; (7) a one-page executive summary also signed by the Legal Advisor of the Ministry, which, as relevant, states: “Subject: Declare the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, with the consequences that said declaration produces. (...) Derived results: The developing company, with prior authorization from the corresponding office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, may proceed with tree felling, including prohibited species, and with the development of infrastructure works in protection areas.”; (8) official letter DAJ-1573-2008, of October 14, 2008, signed by the same Advisor, addressed to the Dirección de Leyes y Decretos of the Ministerio de la Presidencia, stating as follows: “In order for it to be signed by the President, please find attached, the Decree identified as DAJ-077-2008, corresponding to ‘Declaration of Public Interest and National Convenience of the Crucitas Mining Project’” (folios 4 to 102 of the referenced file). As can be observed, the file through which Decreto Ejecutivo N° 34801-MINAET was processed reflects that the preparation of that act lacked the slightest rigor, diligence, and respect for analyzing the substance of the matter, nor did it provide publicity or participation to citizens or organizations regarding the scope of this declaration. The Court finds this action to be extremely burdensome, insofar as not only was the special procedure for the drafting of provisions of general scope regulated in article 361 of the Ley General de la Administración Pública not complied with, but neither was the minimum requirement demanded by our legal order for the valid issuance of an administrative act met, which is the carrying out of a prior administrative procedure (ordinary or summary), as ordered by articles 214, 308 and 320 of the cited Law, in relation to sections 5 and 106 of the Ley de Biodiversidad. Faced with this panorama, what is perceived in light of the rules of sound criticism is the most “unprecedented” haste on the part of public officials to issue, at all costs, this Decree and to allow, as its main purpose, the co-defendant company to clear-cut the forest and the trees in the area in dispute, without even stopping to analyze whether there existed prohibited, endangered, or endemic species, a situation that, in the judgment of this Court, translates into a clear misuse of power (artículo 131.3 of the Ley General de la Administración Pública), that is, into the pursuit of a purpose different from the main purpose that a declaration of public interest and national convenience should follow, emptying of content the prohibition on tree felling established in the Ley Forestal and in Decree 25700-MINAE, and favoring the developing company in the execution of the Crucitas Mining Project. All told, it is relevant to note that the violation of the procedure enshrined in article 361 of the Ley General de la Administración Pública constitutes an omission of a substantial formality, which, in accordance with article 223 of the referenced legislation, entails the nullity of all actions taken by the Administration, an aspect that this Court may declare even ex officio, as expressly provided by article 182.1 of the Ley General de la Administración Pública. For all the foregoing, the arguments put forward by the defendants to the effect that the questioned Decree constitutes an act of execution are rejected, since it is crystal clear that it is a separate act of a general nature, which has its own procedure and which responds to a regime and to purposes independent of and distinct from the exploitation concession act and the act of environmental viability.

Now, in relation to the grounds of the act, the Court finds that this element is vitiated in Decree No. 34801-MINAET, given that the Ley Forestal in its article 3 subsection m) provides that activities of national convenience are those whose social benefits are greater than the socio-environmental costs and the norm indicates that the balance shall be made through the “appropriate instruments.” It is clear then that, in order to determine whether the Crucitas Mining Project was of national convenience, the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones should have instituted an ordinary administrative procedure, and proceed, through the appropriate technical and scientific instruments, and following input from the affected sectors, to carry out the balance between social benefits and socio-environmental costs. Once the procedure was concluded, and having taken the foregoing elements into account, the Executive Branch could dictate the Decree in accordance with the law, declaring national convenience, if the weighing of those elements permitted it. However, as we could verify in this case, Decree 34801-MINAET was issued in the absence of the balance and in the absence of the criteria that organizations of general or collective interests could have put forward, all of which gravely vitiates the grounds of the general provision challenged here. It is important to add that the testimony of Sonia Cervantes (Sociologist) is not useful to demonstrate that balance, since said professional made a biased analysis that only considered social and economic variables of the Project area, but not a global analysis of costs and benefits in national terms. The witness clearly indicated that she conducted two studies, one in 2007 to present before SETENA and another in this year, to be presented in this proceeding. Evidently, neither of the two corresponds to the analysis that the Executive Branch should have performed to declare the Crucitas Mining Project of public interest and national convenience, nor is it valid to affirm in this proceeding that it corresponds to the same SETENA procedure, since these are distinct acts, with distinct legal purposes and distinct regulated procedures. As explained by witnesses Sandra Arredondo, Eduardo Murillo and Sonia Espinoza, in the SETENA procedure what is applied is an environmental importance matrix, which is a methodology aimed at evaluating the environmental impacts of a given project or activity, carried out within the framework of that specific competence entrusted by the Ley Orgánica del Ambiente to SETENA, and cannot be equated with the Balance of costs and benefits established by the Ley Forestal for the purpose of declaring a given activity of national convenience, the competence for which corresponds to the Executive Branch, as provided by article 34 of said Law, recalling that the Executive Branch is exercised by the President of the Republic and the relevant Minister (article 130 of the Constitución Política). The same reasons must be stated with respect to the document called “Resumen Ejecutivo Balance Socio Económico” contributed by the State and contained in a separate file, since this document does not indicate the date on which it was prepared, the professionals that participated in its drafting, or whether it was presented or not before a particular public office, and under these conditions it constitutes evidence that generates many doubts for the Court to be taken into account.

For these reasons, this Chamber concludes that the Decree is seriously flawed in its grounds (motivo).

Finally, the Court finds that Decree No. 34801-MINAET presents a flaw in the element of reasoning or motivation (fundamentación o motivación), inasmuch as it is considered not only insufficient for the magnitude of what was being declared in that act of general scope, but also because it makes not even the slightest reference to the documents, studies, expert reports, or other technical and scientific elements that support and justify the national convenience (conveniencia nacional) of the project, with no further information obtainable beyond the very general references made therein to the supposed benefits the mine will bring, which are basically summarized as potential jobs and tax payments (an obligation established by law), aspects that in themselves do not imply any substantial difference with respect to other commercial activities carried out in the country day after day, and for which a national convenience decree has not been required. The generality of the information set forth therein and the absence of the technical and scientific basis supporting that information prevent the Court from exercising control over the technical correctness of the so-called "appropriate instruments" (instrumentos apropiados) provided for in the Forest Law (Ley Forestal), based on which the Executive Branch was to carry out the cost-benefit analysis before issuing the decree. In addition to this, it is strikingly noteworthy that the challenged Decree specifies a number of areas on which tree felling is required on the properties of Industrias Infinito, specifically, 191 ha 7782.66 m2 of forest, 66 ha 9474.53 m2 of agricultural/livestock use without forest, and 4 ha 1751.38 m2 of forest plantations (for an approximate total of 262 ha); however, at no point does the Decree indicate the source of this data, nor is that information found in case file No. DAJ-077-2008, with the aggravating factor that SETENA permitted the exploitation activity in the Crucitas Mining Project (Proyecto Minero Crucitas) over a total area of 227.6 ha, resulting in a difference in areas between the two acts of approximately 34 ha, a situation that creates for this Court a state of absolute uncertainty regarding the correct and serious determination of the areas subject to tree felling, which, in accordance with the precautionary principle (principio precautorio), obliged the Executive Branch to refrain from issuing said Decree, for containing so many technical inaccuracies to the detriment of the conservation and protection of forest areas and to the detriment of wildlife conservation. All these absences and inconsistencies, in the Court's judgment, translate into a violation of Article 136 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which imposes on the Administration the duty to adequately motivate its acts.

It remains to be noted that the fact that Article 6 of the Mining Code (Código de Minería) declares mining activity to be of public utility does not imply that the Crucitas Mining Project inherently had the status of being a project of national convenience (proyecto de conveniencia nacional), since acquiring such status requires a series of assessments and procedures that must be verified in each specific case, and these are established by the Forest Law, as explained previously. In any case, it could not be accepted that the public utility provided for in the Mining Code constitutes per se the exception to the prohibition on tree felling in forest areas and protected areas, since such an interpretation would be inconsistent and, moreover, fraudulent, given that the Forest Law is not only a special law regarding such aspects, but is also a law enacted after the Mining Code.

In summary, for all the foregoing, it is concluded that Executive Decree No. 34801-MINAET, in accordance with Articles 131, 133, 136, 158, 166, 223, and 361 of the General Law of Public Administration, is tainted by absolute nullity (nulidad absoluta) and is so declared.-

XVI- REGARDING THE FLAWS IN THE LAND-USE CHANGE PERMIT (PERMISO DE CAMBIO DE USO DE SUELO).

In close relation to the previously developed topic, the Court finds that Resolution No. 244-2008-SCH, issued by the Arenal-Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal-Huetar Norte), presents flaws in its grounds (motivo) and further incurs a deviation of power (desviación de poder). In this debate, expert witnesses expressly acknowledged that the questioned resolution contained serious errors in identifying the species or individuals existing in the project area. In this regard, witness Quírico Jiménez Madrigal (Forest Engineer) was emphatic in pointing out that the list of trees to be felled in areas with forest cover (cobertura boscosa), contained in Table No. 2 of the operative part (Por Tanto) of Resolution No. 244-2008-SCH, a fact proven in this proceeding, included species that do not grow in the area and species that do not exist in Costa Rica, further detecting that there were threatened species and endangered species. As species that are not from the sector, he indicated among others the following: Copalillo, Corteza, Guabo, Lechoso, Lorito, Mangle, Muñeco, Nance, Nancite, Nene, Panamá, Pellejo de Vieja, Poró, Ron Ron, Sangrillo, Targuá, among others. Among the endangered species, he indicated Cipresillo, Cola de Pavo, and Tostado, the latter also classified as endemic (endémica) (that is, it only grows in that region). For his part, witness Javier Baltodano Aragón (Biologist specialized in Dendrology) also reported that in the list of species contained in Resolution No. 244-2008-SCH, individuals that are not native to the northern Huetar zone were identified. He stated that in the project area there are only 5 Cola de Pavo trees in 161 hectares, and that the Tostado is an endemic species in that sector. He indicated that the Tostado, the Cola de Pavo, and the Cipresillo are species prohibited by Regulation. He additionally explained that the yellow almond tree is not in danger of extinction, but its felling is prohibited because it is a nesting site for the great green macaw. Finally, witness Olman Murillo (Forest Engineer) explained that in the area what mostly exists is secondary and intervened forest. He stated that he agreed with Quírico Jiménez in the sense that, as a scientist, it is not acceptable to have species identification errors. He acknowledged that Ajillo, Mangle, and Panamá are not native to the area, and that Tostado and Cola de Pavo are endemic and threatened species. He noted that from the point of view of the land-use change authorized by the State, the identification of species is irrelevant because what will be applied there is a clear-cutting (tala rasa); however, he argued that as a Forest Engineer, the correct identification of species is relevant for conservation purposes. Well then, according to the foregoing statements of the expert witnesses, which are coincident, the Court concludes that three flaws occurred in the grounds (motivo) of the act. Firstly, the Administration omitted to consider, for the issuance of the resolution, the fact that in the sector subject to felling there are species prohibited by Executive Decree No. 25700-MINAE, in force since January 16, 1997, and as of the date the act was issued, such as Cipresillo, Cola de Pavo, and Tostado. This omission is considered serious, given that the Arenal-Huetar Norte Conservation Area only took into consideration that an Environmental Impact Study existed and that Executive Decree No. 34801, published the same day this resolution was issued, declared the Crucitas Mining Project of national convenience. Notwithstanding the above, the harvesting prohibition established by Executive Decree No. 25700-MINAE was issued under a different legal regime than that regulated by the Forest Law, as it was made under the protection of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416) and under the protection of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317), and its purpose was the conservation of certain trees in danger of extinction, based on the right of the species that make up wildlife to their subsistence. In the aforementioned laws, no provision is made for the possibility of the State setting aside a general prohibition to protect endangered or threatened species when a project is declared of national convenience, as the Forest Law does establish but for two specific cases: areas covered by forest (Article 19) and protection areas (Article 34), scenarios that do not correspond to what is regulated by Executive Decree No. 25700-MINAE. It is even important to note that in the Forest Management Plan (Plan de Manejo Forestal) presented by the co-defendant company, the presence of threatened or prohibited species is acknowledged, such as those mentioned above that appear with very low representativity, and in this regard the consulting team that prepared that plan clearly indicated that "in these cases the company will take the actions indicated by MINAE, Arenal-Huetar Norte Conservation Area, San Carlos-Los Chiles Subregional Office, Alajuela, as mitigation or compensation measures" (folio 665 of volume 3 of the administrative file of Conservation Area No. AH01-PM-03-08), which allows concluding that the company was aware, prior to the authorization request, of the existence of prohibited species. In summary, it is considered that by not taking this aspect into account for the issuance of Resolution No. 244-2008-SCH and not having ruled on the matter, a flaw is produced in the grounds (motivo) of the act because it is an essential matter that affected its content. Secondly, another flaw in the grounds (motivo) of the act occurs, since it is clear that the Arenal-Huetar Norte Conservation Area did not correctly identify the individuals in the area, a situation that had significant implications in this case, because it was not a simple clear-cutting in the area for which the land-use change permit was granted, but rather the company committed to reforesting 382 hectares of forest with native species, a commitment that was proposed as a compensation measure both in the Forest Management Plan (folios 270, 288, and 289 of volume II of the administrative file of Conservation Area No. AH01-PM-03-08), and in the oft-mentioned document of Proposed Changes to the Project (see point 6 of table 1.3 at folio 199 of the document Environmental Assessment of Proposed Changes to the Project). Evidently, by not having certainty about the native species existing in the area, as a result of the multiple errors contained in Resolution No. 244-2008-SCH, such situation renders nugatory one of the essential purposes that this administrative act was to fulfill, which was precisely the correct execution of the Management Plan, which itself had to contain, regarding the species to be felled, the necessary certainty for the purpose of carrying out reforestation in a technically correct manner. Finally and thirdly, the cited resolution is flawed in its grounds (motivo), for having taken into account as an essential element for its issuance, Executive Decree No. 34801-MINAET, which was an absolutely null act, under the terms explained in the preceding recital. Although the representation of Industrias Infinito argues otherwise, the discussion here regarding whether the questioned felling affected primary or secondary forest areas is not relevant, since according to what was declared by witnesses Olman Murillo and Sandra Arredondo, secondary and intervened forests predominate on the properties of the co-defendant company, so there is no controversy regarding this aspect. The essential flaw is that the company committed to reforesting the project area with native tree species existing there, so that their incorrect identification in the challenged act affects the fulfillment of that commitment, which goes hand in hand with the purpose established by Article 1 of the Forest Law, which is precisely the conservation and protection of forests, regardless of whether they are intervened or not, as established by subsection d) of Article 3 of that Law. Therefore, the land-use change permit in this case cannot be seen as a simple clear-cutting, as that would imply ignoring the essential purpose pursued by the Forest Law, and even the essential purpose of the Convention on Biological Diversity and the Wildlife Conservation Law, regarding the conservation of certain species, as in this case those that had a prohibition on felling.

For the same reasons, it is also not relevant to discuss whether the intervened forest could or could not be subject to harvesting, since the essential point here, as has been stated many times, is the full compliance with the purpose of the act, as formulated by the company itself, so that the improper identification of native species and the omission to take prohibited species into consideration affects the grounds (motivo) of the act and generates its absolute nullity. These omissions are also attributable to the company Industrias Infinito, since if they had assumed the commitment to reforest the areas with native species, they should have exercised due diligence and interest in ensuring that the act possessed sufficient technical correctness, a situation that is ruled out here because at no time did the company request that threatened species be taken into account, whereas, on the contrary, it was very diligent in starting tree felling without delay on the same day that Executive Decree No. 34801 was published, which incidentally was the same day that Resolution No. 244-2008-SCH was issued; such circumstance is presumed based on the relationship of dates regarding both the issuance of the resolutions and the notification to the Chamber of the suspension of the felling. The foregoing is inferred from the statement of Sandra Arredondo, who indicated that felling began on a Friday and was stopped on a Monday by order of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), which coincides with the date of the resolution authorizing the felling (Friday, October 17, 2008) and the official letters issued by the Minister of Environment and Energy on Monday, October 20, 2008, requesting the company to refrain from continuing actions in the Project area, due to the filing of an amparo appeal (recurso de amparo). All the foregoing reveals that the land-use change permit and Decree 34801-MINAET published on the same day, October 17, 2008, constitute a set of behaviors that pursued a purpose that was not the one established by the aforementioned laws, so both present the flaw of deviation of power (desviación de poder), and it is so declared.

XVII- REGARDING THE PUBLIC ROAD.

During the oral debate and trial, it was presented as a new fact, duly admitted by this Court as evident from the first recital, the existence of a public road, on which the company intends to build part of the tailings lagoon. This Court was made aware that through a request submitted by the defendant company Industrias Infinito S.A. before the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), on March 10, 2009, it requested the constitution by said agency of a mining easement (servidumbre minera) of permanent occupation over a municipally owned property, specifically over a road. Prior to the specific analysis, it is important to cite certain indispensable regulations for resolving this specific point.

Public roads are defined and classified in the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), in its first article referring to the cantonal road network, which establishes:

(..) CANTONAL ROAD NETWORK: Its administration corresponds to the municipalities. It will be constituted by roads not included by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) within the National Road Network; such as: a) Neighborhood roads: Public roads that provide direct access to farms and other economically rural activities; they connect hamlets and towns with the National Road Network, and are characterized by having low traffic volumes and high proportions of short-distance local trips. b) Local streets: Public roads included within the quadrant of an urban area, not classified as urban crossings of the National Road Network. and lastly c) Unclassified roads: Public roads not classified within the categories described above, such as bridle paths, footpaths, trails, which provide access to very few users, who will bear the maintenance and improvement costs. (As amended by Law No. 6676 of September 18, 1981, Article 1). For its part, Article two establishes that "The municipalities have ownership of the streets within their jurisdiction." Section 28 prohibits the disposition of said roads for any purpose other than their nature, indicating in relevant part: "It is strictly prohibited (...) for Municipalities to grant permits or rights of occupation, enjoyment, use, or simple possession of the right-of-way of public roads or to perform acts that in any way imply tenure of the same by private persons." In safeguarding said roads, Article 32 states that "No one shall have the right to close partially or totally, or to narrow, by fencing or building, roads or streets delivered by law or de facto to the public service or to the owner or residents of a locality, unless proceeding by virtue of a judicial resolution issued in proceedings processed with the intervention of representatives of the State or the respective municipality or by rights acquired pursuant to laws prior to this one or the provisions of this law." In this regard, the Construction Law, in its Article 5, states that: "Public roads are inalienable and imprescriptible and, therefore, no mortgage, seizure, use, usufruct, or easement (servidumbre) for the benefit of a specific person may be constituted over them, under the terms of common law." On this point, the Constitutional Chamber, in its reiterated rulings, among them Ruling 2005-07053, of June 7, 2005, develops: "II.- LEGAL NATURE OF PUBLIC ROADS. Public roads constitute public domain assets (bienes demaniales). This is evident from Article 5 of the Construction Law, No. 833 of November 2, 1949 (...) This assignment to the public domain regime (régimen demanial) stems from the power inserted in Article 121, subsection 14, of our Political Constitution, where it is established as a power of the Legislative Assembly to 'decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own assets.' Regarding the characteristics (...) [it] has expressed the following:

"The public domain is composed of assets that manifest, by express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are the so-called dominical assets, demanial assets, public assets or public things, which do not belong individually to private parties and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, assigned by their own nature and vocation (Ruling No. 2306-91 of 2:45 p.m. on November 6, 1991). Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are assigned to the service they provide and which, invariably, is essential by virtue of express provision. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action substitutes interdicts to recover ownership. Under this approach, highways, streets, or public roads, due to their condition as assets that are part of the public domain (demanio), cannot be alienated without first having been released (desafectados) from the public domain regime. Thus, the public domain nature of public roads is presumed and excludes any other possession claimed, provided that the title to the property is supported by reliable proof and without prejudice that in the ordinary jurisdictional venue the better right claimed may be discussed."

From the summary of the facts held as proven, regarding the public road, it is extracted that the defendant company Infinito S.A., in March 2009, submitted an express request before the Mining Registry (Registro Minero) of the Directorate of Geology and Mines, based on Article 50 of the Mining Code, so that a mining easement (servidumbre minera) of permanent occupation over a municipal property would be processed, without directly informing in its request that it involved a road, for which it attached photographs of said road to its request, as well as an appraisal thereof. In said agency, Ms. Cynthia Cavallini, head of the Mining Registry, gave processing to the easement (servidumbre), requesting the corresponding appraisal from the Ministry of Finance. From the evidence in the case file, certification from the Municipality of San Carlos, the existence of a cantonal public road is accredited, specifically road 2-10-104, which has been registered since 1962 on Cartographic Sheet No. 3348 IV of the National Geographic Institute (IGN). This Court, in reviewing the factual framework and the evidence in the case file regarding such fact, finds not only an absolutely irregular action on the part of the Mining Registry, but one that violates the legal system, both by the administration and by the defendant company, which, despite having knowledge of the road's existence since its initial project proposal in December 1999, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) request, the proposed changes request before SETENA, and the validation of the act, did not disclose to the administrative bodies the existence of the public road and its intention to build part of the tailings lagoon on said road, grossly evading the necessary procedures to be able to access said property. It is of interest to highlight that both the Municipal entity and the administrative bodies had full knowledge that it was intended to build an essential component of the mining project (tailings or tails lagoon) on a public road, since from all the reports rendered from the year 2000 until the last approval in 2008, both by SETENA and by the Directorate of Geology and Mines, field visits were made, which allowed them to verify the location of the project and each of its components; nonetheless, they disregarded the existence of the public road, since both from the facts and the evidence in the case file, as well as from the mining company's requests, it is evident that the location of the tailings lagoon from the beginning of the project has not varied, nor its size, which is corroborated in the table of proposed changes analyzed by SETENA and not questioned by the Directorate of Geology and Mines, within its obligation to analyze SETENA's decision when granting environmental feasibility (viabilidad ambiental). Furthermore, from the easement (servidumbre) request itself, the company reports that studies were carried out since the late "90s," and "that based on the results found, the design engineers of the company Industrias Infinito decided to locate the tailings lagoon in the currently proposed site, because it meets the best conditions from the technical and environmental point of view," which reveals that the disposition of the public road intended by the company was a circumstance known since its initial proposal - year 1999 - a circumstance that was never mentioned or evaluated by the administrative bodies responsible for granting both the environmental feasibility and the exploitation concession. This situation was essential to assess, because approving the location and construction of one of the essential components of the project - the tailings lagoon - on a cantonal public road, which would disappear completely, indispensably implied, on the part of the company, managing before the Municipality of San Carlos the possibility of releasing (desafectar) the public road in order to dispose of it, and on the part of the administrative bodies, requesting from the company the indispensable requirement as to whether it had disposition over said property occupied by the public road, an essential condition that was ignored. The defendant company, in defense of its interests, has stated that the road was in a state of abandonment and disuse, this latter element being indispensable according to its criteria, which supposedly allowed that by enabling a new stretch of the road - cantonal route 2-10-104 - that sector which was of interest and indispensable for its project, would become released (desafectado), both due to disuse and due to its compensation in a new stretch; a thesis that is unacceptable to this Court for being flagrantly violative of our legal system. It cannot be overlooked that the public nature of the road is not under discussion to assess elements of its constitution - such as its use - since it has been declared public since at least 1962 on the cartographic sheet of the National Geographic Institute (IGN). In addition to the foregoing, the company has stated that by the Municipality having realigned the road, a part of it is immediately released (desafectado), a statement that undermines the entire regime for the protection of public domain assets, since the contrary would be to allow private parties, according to their interests and claiming disuse or abandonment thereof, to freely dispose of public domain assets, which clashes with the constitutional provision - Article 121, subsection 14. The assignment (afectación) of public domain assets can occur by formal act, by integration consequent to their purpose, by law, and some others by constitutional provision under the assumptions of subsections a, b, and c of subsection 14 of Article 121 of our Political Constitution. The foregoing means that public domain assets declared as such may only be released (desafectados) from their special regime or purpose through a legislative act, not through discretionary acts of the administration or extensive interpretations by such bodies or private parties to whom it is of interest. In the specific case, it is unacceptably sought to justify that a stretch of route 2-10-104, a cantonal public road, was released (desafectado) by a realignment carried out by the municipal entity, a situation that the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) itself demonstrates by indicating in the evidence provided in the case file that both the administration and the disposition of cantonal routes correspond to the Municipalities, and that in the specific case, even though the Municipality of San Carlos communicated the realignment of the road, the original layout of the road is preserved in the registration in the department of the cantonal road network, as well as the section added to it. It is extracted from the evidence provided to the proceeding - folios 2309 to 2374, 2379, 2380, 2408, 2409, 2412 to 2415 of the judicial file - that although in 2006, Gerardo Fernández Salazar and María Ester Pérez Hidalgo donated a property to the Municipality of San Carlos, on which a new stretch of the road - route 2-10-104 - was built, which was also enabled in substitution of the section of the road on which the company Infinito S.A. intends to build part of the tailings lagoon, and that neighbors of the area expressed their agreement with such substitution, such procedure does not have the virtue intended by the defendant Infinito S.A. of releasing (desafectar) part of a cantonal public road that is of its interest, which, as indicated supra, can only occur through the corresponding legislative procedure and authorization, which is lacking in this proceeding.

Regarding the failure to observe such requirement by the public bodies, it is utterly violative of the legal system not to have requested from the company whether the municipal property on which it intended to arrange the construction of part of the tailings lagoon had been released (desafectado).

It is of special importance to analyze the mining easement (servidumbre minera) request. A request for a permanent mining easement (servidumbre minera) over a municipal property, destined since 1962 as a cantonal public road, was submitted to the Directorate of Geology and Mines, and processing was personally given to it by Ms. Cavallini. In the oral and public trial, Mr. Francisco Castro stated that he has worked in that directorate for 35 years, and since 1984 it has been under his leadership; he declared that even though he exclusively and personally processed the request for reconsideration of the act, he was unaware of the company's easement (servidumbre) request, which he learned of a few days before his testimony at trial, and that the initial technical procedure to follow in this type of matters is to conduct a field inspection to determine the feasibility of the easement (servidumbre), and then continue with the legal procedure. He also acknowledges that when a concession request is submitted, the first thing to do is locate it on the mining cadaster, that the topographer in charge conducts a field study with the cadastral map of the property that the interested party must present; he further indicated that he is unaware if they intend to close the road, even though he acknowledges having visited the project site on several occasions.

For her part, contradictorily, Mrs. Cavallini declares at trial that her boss, Mr. Francisco Castro, knew about the easement (servidumbre) application and that the procedure is first to request the appraisal (avalúo), which is what she did, and not a field visit. This court cannot overlook such a contradiction, and what is even more serious, that the head of the mining registry since 1993, who is a lawyer, processed the application for a permanent mining easement (servidumbre minera permanente) over a cantonal public road, information that clearly emerges from the appraisal (avalúo) provided by the company, as well as from the photographs accompanying said appraisal (avalúo) and the company's application, without the official taking into account that the land over which the permanent easement (servidumbre permanente) was sought is a public road, since the documents submitted did not show that it had been disaffected (desafectado). At trial, she accepts that due to her training as a lawyer, she knows that it is essential that the land be disaffected (desafectado) in order to assess the constitution of the easement (servidumbre), and she explicitly acknowledges that it was her responsibility to personally process the application and, in her capacity as head of the Mining Registry, to corroborate such a requirement, but she did not do so, and she sent the application to the Ministry of Finance for its assessment. Furthermore, she indicates that she does not know the document shown to her at trial (the response from the Tax Administration of Alajuela, visible in the administrative file labeled new fact) in which she is informed that the land cannot be appraised for its subsequent expropriation, by virtue of being affected by the public domain, for being a public road, and that under such circumstances, in a general situation, not for the specific case, Mrs. Cavallini states that an easement (servidumbre) application in those terms should have been rejected. She further added that according to the application submitted, if the tailings pond could not be built in the place indicated from the beginning of the project, its relocation and construction in another part of the project substantially altered its conceptual framework, which obligated the concessionaire to notify Geology and Mines so that the corresponding studies could be carried out. Thus, it is clear in the opinion of this court that the administrative body—the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas)—was responsible, through its officials, for processing the mining easement (servidumbre minera) application; they did not perform a task in accordance with the functions that the law imposes on them, and in this way, they accepted the processing of a permanent mining easement (servidumbre minera permanente) over a public domain asset, with the absence of the indispensable requirement for its course, the disaffectation (desafectación) of the road. Consider that in accordance with the regulations cited at the beginning of this recital (considerando), Article 28 of the Public Roads Law (Ley de caminos públicos), as well as Article 5 of the Construction Law (ley de construcción), there is an express prohibition in both laws regarding the disposal of public roads, and the constitution or granting upon them of permits, rights of occupation, enjoyment, use, possession, usufruct, nor easements (servidumbre) for common use. These rules were grossly disregarded both by the company Infinito when seeking the constitution of the permanent easement (servidumbre permanente), and by the administrative bodies and officials responsible for complying with the preceding regulatory provisions.

The defendant company, in its arguments, maintains that the easement (servidumbre) finds its basis in Articles 50 to 52 of the Mining Code (Código de Mineria). Upon reviewing them, these provide for the constitution of a mining easement (servidumbre minera), including for the placement of tailings deposits as in the specific case; however, it is evident that the company knew that the municipal land over which they sought the constitution of the permanent easement (servidumbre permanente) was a public road, which had to disappear to make the construction of the tailings pond viable, a deposit which, as demonstrated by the statements given at trial by the experts from both the plaintiff and the defendants, has a permanent location, its construction being irreversible, which would imply the permanent disappearance of the road. Consequently, the failure to disaffect (desafectación) and the intended disposal of the public road constitutes a defect that affects the grounds of Resolutions No. 3638-2005-SETENA, 170-2008-SETENA, and R-217-2008-MINAE, issued by SETENA and the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), and it is so declared for the disregard of the public road.


XVIII- REGARDING THE TECHNICAL ISSUES INVOLVED.

Although the Court does not ignore that the administrative file contains studies prepared by the co-defendant company, in which the technical issues questioned by the plaintiffs are mentioned, the truth is that in this matter, SETENA omitted to request a new Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) and omitted to analyze the changes proposed by the company to the original design of the project, which translated, in this Court's opinion, into a waiver of the powers entrusted by Law to SETENA and, ultimately, into a lack of substantiation for the act that approved the changes. Evidently, by not having performed a technical analysis of the design changes and their impact, SETENA also omitted to provide a concrete analysis on each of the technical issues involved, such as the use of cyanide, the risk of seismicity, and others. In the face of such absence, the defendant parties sought to substitute the technical function that belonged to SETENA by bringing to the judicial process experts who provided a favorable opinion on each of the technical issues questioned by the plaintiffs. The foregoing, however, is inconsequential for this case, because the Court could not exercise control over the technical correctness of the Administration's actions if the challenged act, nor its prior basis, contains a technical analysis from which such control could be exercised, as occurs in the case of Resolution No. 170-2008-SETENA and report ASA-013-2008-SETENA. Under such conditions, the Court could also not proceed in accordance with Article 128 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), which allows ordering the exercise of powers with discretionary elements, since the mentioned acts lack technical elements that prevent exercising such control. It would be different if SETENA had carried out an exhaustive technical analysis of all the studies and documents presented by the developer, issuing its opinion on each of the relevant technical issues and their questioning, so that in such a case, the expert witness evidence would aim to demonstrate, but not supply, the technical and scientific correctness of the analyses carried out by the Administration. If not, as is intended in this matter, we would be allowing the Administration to cease exercising its legal functions, and in those cases where an administrative contentious trial is brought, the defendant simply chooses to bring an expert to substitute the work left unperformed by the competent technical body. This course of action is deemed inconsequential and does not have the effect of correcting the omission to request an environmental impact study (estudio de impacto ambiental), nor to verify the procedure established to perform the corresponding impact assessment (evaluación de impactos). Notwithstanding the foregoing, the court will proceed to refer to the most relevant aspects that emerged from the expert witness evidence in relation to the technical issues that have been questioned, evaluating them in accordance with the rules of sound criticism. It must be remembered that by virtue of the precautionary principle applicable to the case, the plaintiffs were not obligated to indubitably demonstrate each of the proposed questions, as the assessment of those aspects arises from the weighing of the various technical opinions heard at trial, a task that corresponds to this Court, and which is set forth below, with the caveat that this pronouncement does not have the virtue of correcting the lack of technical analysis by the Administration, a defect that renders Resolution No. 170-2008-SETENA absolutely null.


XIX- REGARDING THE DEPTH OF EXTRACTION AND THE AFFECTATION OF THE LOWER AQUIFER.

The Public Administration is subject, as provided in Article 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), to the unequivocal rules of science and technique, in such a way that acts contrary to them may in no case be issued. This is important to remember because in the present matter, a highly relevant technical aspect has been discussed, which is the limit elevation (cota límite) for the extraction that Industrias Infinito plans to undertake. When the Crucitas mining project was initially submitted to the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), it contemplated extracting saprolite and hard rock from three hills: Fortuna, Botija, and Fuentes. That same original project contemplated, as part of the extraction process, intercepting two aquifers (acuíferos): one near the surface and another located several meters below the former. The first will be referred to as the upper aquifer (acuífero superior), while the second as the lower aquifer (acuífero inferior). In this regard, it should be noted that in Resolution R-217-2008-MINAE, the Executive Branch subjected the mining concession given to Industrias Infinito to the condition that the technical conditions given by geologist Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra through official letters DGM-DC-320-2001, of March 14, 2001, and DGM-DC-2085-2001, of November 26, 2001, be respected. This second official letter can be seen from folio 202 bis to folio 199 in volume one of the administrative file of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), and it is worth noting that it is a document of much importance for the present matter, because in it, the aforementioned geologist, when specifying the technical conditions for extraction, was clear in stating: "According to the approved extraction methodology (Fortuna, Botija, and Fuentes pits) and the hydrogeological studies carried out in the area to be exploited and where two aquifers (acuíferos) are identified, the upper one being of a potable nature, the maximum extraction elevations (cotas) will be up to 75 masl. Likewise, the company must guarantee the supply of potable water to the town of Crucitas, special attention deserves the well of the School of this same place. For this, it must build the necessary infrastructure" (bold and underline are not from the original). As can be seen, geologist Huapaya Rodríguez-Parra was precise in the referred document, establishing as the maximum extraction limit for the entire project, the elevation (cota) of seventy-five (75) meters above sea level (masl). That official letter was issued on November 26, 2001, and is clear regarding the technical condition of limiting the extraction of material to elevation (cota) seventy-five, which implies that excavation cannot go below seventy-five meters above sea level. The reason for that limitation was stated aloud by Huapaya Rodríguez-Parra herself, who, testifying at trial as an official of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), stated that said elevation (cota) was set considering that the lower aquifer (acuífero inferior) (also called the confined aquifer (acuífero confinado)) is located at approximately fifty or fifty-five meters above sea level and that what was sought was not to intercept that aquifer (acuífero). And the referred professional clarified that in this matter, the correct thing is to speak of meters above sea level to have a uniform starting point, such as sea level, and from there, an elevation measurement is made upwards. Thus, points are located according to their elevation above sea level, and this guarantees a standard measurement of all excavations. And that geologist explained that the foregoing differs greatly from speaking of depth, since this is relative, does not provide certainty of the scope of the excavations, given that one starts from the ground level downwards, and as the surface height varies, indicating the depth of an excavation in meters below ground level will always also be relative to the point from which it began descending. Returning to official letter DGM-DC-2085-2001, what is important to highlight is that it imposed the technical condition that extraction had as a limit the elevation (cota) of seventy-five meters above sea level. And here it is necessary to indicate that this technical condition was always known by Industrias Infinito, as it was set forth in Resolution R-578-2001 MINAE (visible from folio 240 to folio 227 in volume one of the administrative file of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas)), through which the concession was granted that was later annulled by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in judgment 2004-13414. It is necessary to point out that geologist José Francisco Castro Muñoz, Director of Geology and Mines (Director de Geología y Minas), stated during his testimony at this trial that the extraction limit was set at the elevation (cota) of seventy-five meters above sea level, precisely to prevent the lower aquifer (acuífero inferior) from being intercepted, which coincides with what was expressed by geologist Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and is fully consistent with the content of the technical condition contained in official letter DGM-DC-2085-2001, reasons for which this Court considers that the purpose of the technical condition established by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) was to prevent the referred lower aquifer (acuífero inferior) from being intercepted, that is, what was sought was to protect it. This technical condition was, as indicated, known by Industrias Infinito, since, as stated, it was contemplated in the 2001 mining concession, which was later annulled. The importance of this condition, which there is no record that Industrias Infinito ever challenged, is that it meant a considerable reduction in the amount of material it could eventually extract. If one observes the graphic visible at folio 3340 of volume XVII of the technical file of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), it is seen that it was prepared by hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada (who is the same professional who prepared the document visible from folio 3331 to folio 3350 in volume XVII of the technical file of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas)) in September 2000. Being a document from the year 2000, it is obvious that it was used during the proceedings before the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), prior to the issuance of official letter DGM-DC-2085-2001. That is, it is one of the pieces examined in said Directorate before granting the 2001 concession. And this is relevant, because from the graphic it is inferred that the referred professional Rodríguez Estrada used the unit of meters above sea level (masl) to establish the elevation of the excavations. It is also inferred from the graphic that the lowest point of the excavation planned to extract material from the Fortuna pit would reach an approximate elevation of forty (40) meters above sea level (masl), which implied intercepting the lower aquifer (acuífero inferior). This is what was projected by Industrias Infinito in the year 2000 and is precisely what the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) rejected by setting the extraction limit at seventy-five (75) meters above sea level (masl), a decision that implies an impediment, based on technical reasons oriented to the protection of water resources, for Industrias Infinito to intercept the lower aquifer (acuífero inferior). It is worth reiterating here that this technical condition established in 2001 is not on record as having been challenged by Industrias Infinito, despite the fact that it knew it and was aware of the consequences that it entailed for its extraction goals. Now it is necessary to indicate that both Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and José Francisco Castro Muñoz agreed in pointing out that the project that Industrias Infinito presented to the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) implied, at all times, the extraction of saprolite and hard rock, as well as that it was divided into extraction stages. That is, the purpose of the defendant company was, from the beginning, to exploit hard rock, which contemplated in its plans the interception of the lower aquifer (acuífero inferior). That is what the company itself stated before the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). But that is precisely what Industrias Infinito did not state before the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). If one observes the graphics prepared by the same hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada at folios 213 and 211 of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) (which are found in a single volume that says it brings together the two volumes of the study, noting that the first goes from chapter 1.0 to 5.0 and that the second goes from chapter 6.0 to chapter 14.0) presented by Industrias Infinito to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in March 2002 (that is, after knowing the technical condition of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) that limited extraction to seventy-five meters above sea level), one can notice that they only describe the upper aquifer (acuífero superior) and that they contemplate a measurement of elevation in meters above sea level. Although it might seem that this is conduct in accordance with the limitation imposed by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), this Court considers that this is not so, because after obtaining the environmental viability (viabilidad ambiental) in 2005, two years later, in 2007, Industrias Infinito requested various modifications to the original environmental viability (viabilidad ambiental), among which is the extraction of hard rock and the interception of the lower aquifer (acuífero inferior). See the graphic at folio 175 in the file called "Environmental Assessment of Proposed Changes to the Project" ("Evaluación ambiental de cambios propuestos al proyecto") and one can appreciate that the design is basically the same as what had been proposed to the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) in the year 2000 and that in 2001 had been technically limited to an extraction elevation (cota) of seventy-five meters above sea level. What happens is that in 2007, Industrias Infinito, knowing of that technical limitation imposed by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), presented to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) an application that sought to excavate below the elevation (cota) of seventy-five meters above sea level. Again, in 2007, it was Industrias Infinito that insisted on extracting material with excavations that would reach, at their lowest point, an elevation of between thirty-five and forty meters above sea level, which, in all lights, is violating the condition imposed in official letter DGM-DC-2085-2001, which, it is worth repeating, is not on record as having been challenged by that legal entity. And that is conduct characteristic of Industrias Infinito, of no one else. Through that action, the defendant company misled the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), and that malicious conduct by the referred company cannot be overlooked, not even by the fact that the officials of the indicated Secretariat also acted with total disregard for their duty to verify the conditions imposed by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) before approving what was required by Industrias Infinito. And it is that in mining matters, in which the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) also has an active role in the protection of the environment, the officials of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) cannot ignore what is ordered by that other agency when evaluating the studies related to the environmental viability (viabilidad ambiental) of a project. In this matter, both Sonia Espinoza Valverde and Eduardo Murillo Marchena stated that they, as officials of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), had no reason to examine what was decided by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). They are mistaken, as they needed to fully know the technical limitations set by the latter, since they configure the framework in which the mining activity could eventually be developed and, consequently, it is upon that framework that the environmental viability (viabilidad ambiental) should have been examined. That the officials of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) disregard the technical limitations that the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) imposes for the development of a mining activity constitutes, in the opinion of this Court, an unjustified neglect of the rules that seek to guarantee sustainable development. If the examination were permitted on any other framework not prefigured by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), this would imply a way of circumventing the technical limitations imposed by it, just as it would mean if the Directorate, when granting a concession, did not review the terms under which the Secretariat granted an environmental viability (viabilidad ambiental). In matters of environmental protection related to mining activity, neither of those two bodies can disregard what was decided by the other. In the particular case of the lower aquifer (acuífero inferior), the action taken by Industrias Infinito in 2007 and approved by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) on February 4, 2008, through Resolution No. 170-2008-SETENA, constitutes an illegal act, since it entails the violation of the technical conditions established in official letter DGM-DC-2085-2001. But not only that, but in seeking the interception of an aquifer (acuífero) that was expressly intended to be protected by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), this action by Industrias Infinito, coupled with the recklessness of the officials of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), constitutes, in the eyes of this Court, a fraud of law (fraude de ley). This concept is contemplated in Article 5 of Law No. 8422 of September 14, 2004 (published in the Official Gazette La Gaceta No. 212 of October 29, 2004), which is the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública). Fraud of law (fraude de ley) is configured when an action is carried out under the protection of a legal text but to pursue a result that does not conform to public purposes and the legal order. In the present matter, it is clear to this Court that, even if reasons such as the variation in the price of gold are invoked, the truth is that from the beginning the interception of the lower aquifer (acuífero inferior) was contemplated, as this was necessary to extract all the gold that Industrias Infinito planned to exploit. But that plan met with the obstacle that, in the interest of protecting the water resource, the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) established as the extraction limit the elevation (cota) of seventy-five meters above sea level, considering that the lower aquifer (acuífero inferior) is located approximately between fifty and fifty-five meters above sea level. Thus, although it did not challenge that limitation before the indicated Directorate, Industrias Infinito opted, in 2002, to present environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) and to request the environmental viability (viabilidad ambiental), announcing to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) that it would extract gold only from the saprolite, which implied bypassing the lower aquifer (acuífero inferior). But having obtained the environmental viability (viabilidad ambiental) in 2005 for the extraction of saprolite, in 2007 it returned to the original plan, which did contemplate the interception of the lower aquifer (acuífero inferior). This plan had been announced to the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) since 2000 and was structured in stages, all components of a single project, as indicated at trial by Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and José Francisco Castro Muñoz. But to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), Industrias Infinito presented, as if it were the entire project, what in Geology and Mines (Geología y Minas) was only the first stage: the extraction of saprolite. And after securing that environmental viability (viabilidad ambiental) to extract saprolite, they presented the so-called modification, which was nothing other than returning to the plan originally presented in 2000. With this last action, Industrias Infinito was evidently seeking to overcome the obstacle posed by the technical limitation imposed in official letter DGM-DC-2085-2001 in order to be able to intercept the lower aquifer (acuífero inferior) and extract all the gold it desired. And to be able to circumvent that limitation, Industrias Infinito used the normative possibility it has to request modifications to the environmental viability (viabilidad ambiental). That is, it used a legal provision to achieve a result not in accordance with the satisfaction of public purposes or the legal order, which this Court considers constitutes a fraud of law (fraude de ley). And the determination of that fraudulent action by the company is reinforced by the fact that during the debate, hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada was confronted with the diagrams that he himself created and which are visible at folios 3338 and 3340 of volume XVII of the technical file of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). Having them in view, the referred expert witness was clear in pointing out that they indicate the elevation in meters above sea level, as well as that he had created them in the year 2000. He also explained why it is important to indicate elevation in that measure and also established that it differs from the concept of depth, stating that elevation and depth are not coincident notions. The important thing is that after expressing all the foregoing, the witness was shown the document identified as Annex 7 (Anexo 7) and which can be seen from folio 130 to folio 137 of the volume corresponding to official letter DM-249-2009, of February 27, 2009, through which the then Minister of Environment and Energy, Roberto Dobles Mora, submitted an expanded statement of defense arguments in relation to injunction process 08-014068-0007-CO, which culminated in the issuance of judgment 2010-06922 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). What is important to highlight is that this Annex 7 (Anexo 7), titled "Summary of the hydrogeological conditions and expected effects at the Crucitas mining project" ("Resumen de las condiciones hidrogeológicas y de los efectos esperados en el proyecto minero Crucitas") was prepared by the already mentioned expert witness, that is, by Hugo Virgilio Rodríguez Estrada himself, but what draws attention is that in it (see in particular folio 132), that professional records that the lower aquifer (acuífero inferior) "is located at depths greater than 50 m below the ground in the project area" (bold and underline are supplied) and then states that the "water would emerge upon reaching the topographic elevation (cota) of 73 meters below ground level (mbgl)" (bold and underline are not from the original). Upon reading the document during the hearing, hydrogeologist Rodríguez Estrada was clear in indicating that it contained an error, because it spoke of depths and meters below ground level, when previously, he himself had indicated that the correct thing was to speak of elevation and meters above sea level. Questioned about the error and its consequences, the declarant himself stated that both measures are not coincident and that confusing them could lead to misunderstandings. Asked whether performing the extraction as he describes it in Annex 7 (Anexo 7) (that is, starting from the idea of depth and meters below ground level and intercepting the lower aquifer (acuífero inferior)) would mean exceeding the technical limit set by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) at seventy-five meters above sea level, the deponent limited himself to responding that the extraction he describes in that document does imply reaching the piezometric level of the lower aquifer (acuífero inferior), or what is the same, that the referred aquifer (acuífero) would indeed be intercepted. As can be seen, former Minister Dobles Mora provided, to be presented before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) (which was misled on the point), an apparently scientific document in which the interception of the lower aquifer (acuífero inferior) is presented as viable, in which the notion of depth and a measurement in meters below ground level are incorrectly used, when scientifically correct, according to what was narrated by the very professional who prepared the document (which coincides with the opinion expressed by geologist Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra and by geologist José Francisco Castro Muñoz), was to indicate the elevation in meters above sea level. And the important thing about this supposed error by hydrogeologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada is that this depth measurement indicated in Annex 7 (Anexo 7) is coincident with the idea of depth handled by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in Resolution No. 170-2008-SETENA (visible from folio 4152 to 4157 of volume X of the administrative file of the indicated Secretariat), in which it was mentioned in Recital (Considerando) two, the need to excavate "at average depths of 67 m" (observe in particular folio 4155 in the indicated volume of the referred file). In that sense, it is easy to appreciate how the confusion between the notions of depth and elevation was one of the factors that made possible the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) to the changes proposed to the project, thus bypassing and disregarding the technical limitation established by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) since 2001 and which consists of limiting extraction to the elevation (cota) of seventy-five meters above sea level, which in turn implies intercepting the lower aquifer (acuífero inferior) against the technical provisions of the mentioned Directorate.

And Industrias Infinito's intention to mislead the Administration regarding the subject under comment becomes even more evident if one considers that the interception of the lower aquifer is essential for the development of the Crucitas mining project, since it relied on the water derived from said interception, which would be pumped to the tailings pond or dam (which is an indispensable component of the project) and, furthermore, it was foreseen that with the interception of that lower aquifer, once extraction was completed, the water would allow the creation of a lake (the so-called Fortuna Lake), which has been presented as one of the positive legacies that the mining project would leave, and it has even been announced that the community could exploit the new lake. That is to say, the company has always relied on the interception of the lower aquifer, which demonstrates that Industrias Infinito has not sought to conform to the technical condition contained in official communication DGM-DC-2085-2001, and it is in this sense that the fraud of law is appreciated which was attempted by presenting, in 2007, before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), supposed changes to the project that were, in reality, contemplated in the original plan presented as early as 2000 before the Dirección de Geología y Minas. The technical importance of the lower aquifer issue is, as stated, evident, because without it, the Crucitas mining project cannot be developed as the company has foreseen. In this regard, it must finally be said that even though, in its conclusions, Industrias Infinito's representation argued that this company would simply adhere to the limit elevation for extraction, the truth is that this is a simplistic and completely unsubstantiated statement, since not only does the documentation show that Industrias Infinito plans to do exactly the opposite of what its lawyers stated here, but also the professional who served as the project's environmental regent from 2007 to 2010, geologist Sandra Arredondo Li, stated firsthand how they plan to use the water from the lower aquifer, making it completely false, therefore, that Industrias Infinito intends to respect the extraction limit it has known since 2001, that is, the elevation of seventy-five meters above sea level. For all the foregoing, independently of other reasons set forth in this judgment, this Court considers that resolution number 170-2008-SETENA is absolutely null and void, given that it lacks adequate reasoning, as well as a lawful purpose, insofar as it ignored the technical limitation established in official communication DGM-DC-2085-2001 of the Dirección de Geología y Minas and endorsed the changes proposed to the project, which were legally impossible to even examine given the aforementioned technical condition. And, in turn, given that resolution 170-2008-SETENA was essential for the issuance of resolution R-217-2008-MINAE, as the former is null and void, the latter also becomes null and void, and both must be so declared.

 

XX- REGARDING THE USE OF HEAVY MACHINERY.

Regarding this point, witness Sandra Arredondo Li (environmental regent) stated that the use of rock breakers was foreseen from the initial design of the project, and explained that this was because although the saprolite layer is mostly clayey soil, there can also be stone blocks in that layer that would need to be broken, and witness Eduardo Murillo Marchena (Forest Engineer and SETENA official) referred to the same point. On this particular issue, the Court finds that there is no major controversy, and therefore, proceeds to dismiss the arguments outlined on this matter.

 

XXI- REGARDING THE USE OF EXPLOSIVES.

On this matter, expert witnesses Sandra Arredondo Li (environmental regent) and Eduardo Murillo Marchena (SETENA Forest Engineer) testified, indicating basically that the studies presented by the company did foresee the use of explosives for the extraction activity. Expert witness Adrián Salazar Cyrman (Geologist), who declared exclusively on this subject, indicated that two weeks before giving his statement he had read the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental), exclusively regarding the use of explosives. The witness was shown the document "Evaluación de Cambios Propuestos", and after reviewing it on the topic of interest, he gave his favorable opinion, alluding to the correctness of aspects such as the established protection zone and the transport and safety protocols. On this particular issue, the Court finds that although the statement of witness Adrián Salazar Cyrman was forceful in establishing that the company's studies guarantee adequate management of explosives use, his testimony does not have the virtue of replacing the technical analysis that the Administration omitted to render when evaluating the proposed changes. As is evident from resolution N° 170-2008-SETENA, and from report ASA-013-2008-SETENA, the explosives issue was not analyzed by SETENA, and consequently, the defects noted previously are reproduced.

 

XXII- REGARDING CYANIDE DESTRUCTION.

In relation to this matter, witness Eduardo Murillo Marchena, a SETENA official, stated that the company's studies foresaw a cyanide quantity of one part per million and that this was below what the regulation establishes. He alluded to the fact that the company's study was endorsed by a Chemical Engineer. He also indicated that the cyanide destruction process was foreseen in the first study using INCO technology, and that with the proposed change, a more efficient technology (Cyplus) was adopted. For her part, witness Sandra Arredondo Li, the project's regent, described the cyanidation process for the ground material to obtain gold, the cyanide destruction process in a specific plant, and that both the processed and unprocessed material is submerged in the tailings pond, to which the water with cyanide is also sent but at low levels. Finally, witness Orlando Bravo Trejos, a Chemist, stated that he only reviewed the documentation provided to him by the company Industrias Infinito and that they contacted him in August of this year. He described the cyanide destruction process, stated that with the new technology the cyanide is destroyed and that the levels of this component in the water after the process were very low and are not dangerous, and that they finish degrading naturally in the tailings pond. He indicated that with this cyanide concentration, no "hydrocyanic rain" will occur, nor will there be caustic gases. Well, on this matter, the Court considers that although the statement of witness Orlando Bravo was clear in establishing that the company's studies guaranteed adequate management of cyanide in material processing and that the concentrations of that substance will not represent a danger in the tailings pond, his testimony does not have the virtue of replacing the analysis that SETENA should have issued on this particular point when evaluating the proposed changes. In resolution N° 170-2008-SETENA, and in report ASA-013-2008-SETENA, a rigorous analysis of the studies presented by the developer regarding this technical topic was omitted, as well as its impacts and mitigation measures, and it is simply indicated that there will be a leaching process with cyanidation, that the company committed to using the new CYPLUS technology (improved INCO), and that the natural degradation of that component in the tailings pond is foreseen. As can be observed, the Administration omitted to carry out a technical analysis of this topic, and it is not admissible that the co-defendants, through an expert witness, attempt to substitute that function that is SETENA's own competence in this process, thereby emptying the exercise of its legal powers of content. Consequently, the defects pointed out in this judgment are reproduced, just as was noted before.

 

XXIII- REGARDING THE TAILINGS POND.

On this topic, witness Allan Astorga Gatgens (Geologist) stated that the tailings pond (also called tailings dam) has an area of 140 hectares, and that the ground rock from which gold has been extracted will be deposited there. He indicated that this material is dangerous because it contains cyanide, which represents a danger to the watersheds in the area, such as the Río San Juan. He pointed out that there could be a geological fault beneath this dam, and that this could cause the pond floor to rupture. He alluded to the need for more studies on seismicity in the area. Witness Yamileth Astorga Ezpeleta (Marine Biologist) stated that it is not contemplated who will assume the maintenance of the equipment for controlling that pond after the closure phase. She argued that materials with heavy metals will be deposited in the dam, and that this could affect the Río San Juan due to the risk of the dike breaking. Witness Carlos Quesada Mateo (Civil Engineer) indicated that there is a risk to the stability of the tailings dam due to the country's climatic conditions. He points out that a rupture could occur due to soil saturation as a result of severe precipitation periods, or an overflow of surface waters. Witness Eduardo Murillo Marchena (Forest Engineer and SETENA official) indicated that the annex to the Environmental Impact Assessment analyzed the seismic threat issue, and that this study determined the area has low seismicity. He pointed out that the studies modeled possible catastrophes, such as, for example, the impact of the pond rupturing, and in the event of an earthquake, the mitigation measure consisted of collecting sediments at the confluence with Quebrada Mina. He argued that the tailings pond would be filled with water from Quebrada Mina and then by a pumping system. Witness Sandra Arredondo Li (environmental regent) pointed out that the company committed to permanent monitoring of the tailings pond, and contemplated protocols for handling hazardous substances, for managing hazardous waste, and for water management. Finally, witness Walter Montero Pohly (Geologist, expert in seismology and neotectonics) indicated that in the project area there is no active fault that crosses the site, ruled out the existence of lineaments suggesting a fault in that sector, and pointed out that Crucitas is located in the area of lowest seismic threat in Costa Rica. On this particular point, the Court finds that there are technical and scientific criteria that are contradictory, insofar as some experts rule out the risks that the tailings pond represents for the environment, while other experts raise risks regarding this component that require better analysis through further studies. This situation reflects that on the subject of the tailings pond, there is a conflict of criteria regarding the harmlessness of human activity to the environment, and in such a case, the Administration's decision could not be directed at approving the request for changes to the project presented by the company, because that would violate the precautionary principle (principio precautorio). However, as has already been repeatedly explained, in this case SETENA omitted to carry out a technical analysis that took into account all the preceding aspects, and this circumstance renders resolution N° 170-2008-SETENA absolutely null and void in the terms already set forth in the preceding considerandos.

 

XXIV- REGARDING THE DIKE.

In relation to this point, there was no major discussion according to the statements given by the expert witnesses in this debate. The record shows that only witness Sandra Arredondo explained the structure of the dike for forming the tailings pond, referring to the type of materials that would be used. No controversial elements are extracted from the other testimonies regarding this specific component of the project, so a ruling on this particular point is omitted.

 

XXV- REGARDING ACID DRAINAGE POTENTIAL.

On this topic, witnesses Allan Astorga Gatgens (Geologist) and Yamileth Astorga Ezpeleta (Marine Biologist) affirmed that as a consequence of the increase in the depth of extraction in the pit area, "pyrite" will be exposed and that when it comes into contact with water and oxygen it generates sulfuric acid, which represents a contamination risk because that component can drain toward the aquifers. For her part, witness Sandra Arredondo Li (environmental regent) stated that saprolite has no acid drainage potential. In the case of hard rock, she mentioned that to determine its acid drainage potential, "diamond drilling" was carried out to obtain rock cores, which were then analyzed. She pointed out that the company's studies demonstrated that the drainage potential was low. She indicated that the mechanism to be implemented to eliminate acid drainage consists of submerging the material under water (2 meters). She emphasized that to control the acidity of the water in the tailings pond, the mitigation measure is to add lime. Witness Orlando Bravo Trejos (Chemist) explained that the sulfide contained in rocks is not in contact with oxygen when buried, but when this occurs it oxidizes and produces sulfuric acid, causing what is known as acid drainage. He indicated that the measures intended to be implemented to control acid drainage, such as placing the processed rocks underwater and using lime to prevent water acidity, are adequate, as a neutralization process would be achieved. Well, regarding this topic, the Court finds that the position of the defendants' witnesses was forceful, suggesting that the risk of acid drainage is easily controllable and does not represent a major difficulty. However, even though the foregoing would imply dismissing the plaintiffs' arguments regarding this reproach, we must remember that in this case SETENA omitted to carry out a technical analysis on this specific topic, and therefore resolution N° 170-2008-SETENA is vitiated by nullity in the terms repeatedly set forth. To be more thorough, it is necessary to indicate that the study provided by Industrias Infinito in relation to the acid drainage topic, independently of the fact that it was presented in English (an aspect that is not of major relevance, since a free translation into Spanish was later provided), does present an essential problem, which is that it is a draft (or draft) that was prepared as something preliminary and that even contains incomplete sentences where the missing information is filled in with lines of X. Thus, although the representative of Industrias Infinito stated that it was DEPPAT that used this information to prepare the environmental impact assessment, the truth is that it was the defendant company that presented this study before the National Environmental Technical Secretariat, so it is Industrias Infinito that must assume the consequences of its actions, regardless of how it decides to proceed in relation to DEPPAT.

 

XXVI- REGARDING THE PIT AREA.

Regarding this aspect, it is clear that the original design or proposal for the project foresaw extraction in the Botija, Fortuna, and Fuentes hills, which can be verified in the Feasibility Study presented before Geología y Minas in 1999, and its Annex, which are contained in volumes 1 and 17 of the technical file of Geología y Minas. In 2007, the co-defendant company presented a proposal for changes before SETENA, and in it, the extraction area was reduced to two hills: Botija and Fortuna. This topic in itself is not controversial, so a ruling on it is omitted.

 

XXVII- REGARDING TECHNICAL CLOSURE.

In relation to this topic, there was no major discussion through the expert witness evidence; however, the defendants supported the thesis that this phase begins before the project starts, and that it requires adaptation during the operation phase, having to adjust to the circumstances that arise. They maintain that the company has the commitment to propose solutions that must be assessed by the involved technical bodies, and also that there will be constant follow-up monitoring of environmental variables. They argue that the environmental guarantees are maintained until the technical closure phase. They point out that there is a difference between technical closure and source closure, regulated in article 133 of the Reglamento al Código de Minería. Well, on this topic, the plaintiffs did not outline major arguments, so it is appropriate to dismiss the arguments formulated in relation to this aspect.

 

XXVIII- REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS.

 In the present case, through resolution number 119-2005-SETENA, the National Environmental Technical Secretariat had required Industrias Infinito to present as an annex various observations on the social aspect of the Crucitas mining project, in order to carry out the cost-benefit analysis that would determine its environmental viability. However, in resolution number 3638-2005-SETENA, said agency, despite mentioning that Industrias Infinito presented the aforementioned annex, did not carry out a single assessment of the documentation presented by the company. The only thing indicated, regarding all the annexes in general, but never on the specifics related to the social aspect, was that the terms of reference and technical requirements were met. But that statement is isolated, it lacks any reasoning, since not a single argument is set forth to support it. Thus, it is never stated why it is considered that all the requirements were met, nor in what sense they are deemed fulfilled. Furthermore, nowhere in resolution 3638-2005-SETENA is it expressed how the social benefits are considered greater than the environmental costs. Then, in resolution number 170-2008-SETENA, the only thing indicated as a social benefit is the holding of courses in association with the Instituto Nacional de Aprendizaje, but the fact is overlooked that holding this type of training activities on-site does not depend exclusively on the presence of the mining company. Donations to the Crucitas school are also mentioned, leaving aside that its maintenance is also not inextricably linked to the development of the mining project. In that sense, it is not discernible how these social benefits can be qualified as a necessary consequence of Industrias Infinito's activity, nor—and this is more important—is it explained in what sense these positive aspects—which this Court does not deny—are more important than the environmental impact of the mining activity. Furthermore, although expert witness Sonia Lidia Cervantes Umaña declared, in her capacity as a sociologist, that the area is very economically depressed and that the project would constitute a source of work for approximately one hundred fifty to two hundred fifty people (depending on whether only saprolite or also hard rock is extracted), as well as referring to the expectation that the development of the mining activity would attract other companies to the area, the truth is that she did not refer to the transitory nature of the mining project, such that it cannot be assured that carrying out the project will necessarily generate the expected results. Moreover, it has also not been explained why the development of the mine is required—as an indispensable condition—for those social investments to take place. Therefore, there is no certainty whatsoever that, once the mining project is concluded, what today is presented as great benefits will last. And equally importantly, the aforementioned professional did not explain how this uncertain result can be considered more valuable than the environmental impact that the mining activity would surely produce, if it were to be carried out, which demonstrates the lack of support for the decisions of the National Environmental Technical Secretariat on the matter (a topic that is different from the basis of the decree by which the project is declared of national convenience, which is addressed in another section of this judgment). Thus, the aforementioned resolutions of the National Environmental Technical Secretariat lack motivation and purpose with respect to the assessment of the social component, which affects an inadequate determination of the cost-benefit balance of the Crucitas mining project and, therefore, they become null and void, as this is an essential aspect that must be considered in granting environmental viability. This latter point determines the impropriety of Asocrucitas' allegations, for even though the expectations held by the workers who make up that association are understandable, the truth is that the development of the area and the improvement of their existential conditions do not necessarily depend on the development of the Crucitas Mining Project, but rather the attraction of other types of companies through the improvement of roads, services, and by raising the labor skills of the area's inhabitants can be carried out by the State without the need for Industrias Infinito's participation.

 

XIX- REGARDING THE LACK OF A CHEMICAL ENGINEER'S SIGNATURE ON THE FLOW DIAGRAMS.

On this matter, it must be said that in this case it has been demonstrated that the flow diagrams describing the project's chemical process lacked the signature and seal of the Chemical Engineer in charge of the process. This circumstance was confirmed by witness Orlando Porras Mora (Chemical Engineer), who had before him the plates contained in volume I of the environmental impact assessment. The flow diagrams were prepared by the company in 2002, therefore, they had to meet the requirement indicated in articles 18, 19, and 20 of Ley 6038, a fact that was not rebutted by the defendants, even though a Decreto N° 35695-MINAET published in January 2010 was invoked, since that requirement was mandated by the Law in force at the time the referred plates were prepared. The plans provided by the representation of Industrias Infinito as evidence for a better ruling do not have the virtue of correcting this defect, because at the time said requirement was omitted and was thus approved by SETENA, a violation that affected resolutions N°3638-2005 and 170-2008-SETENA by omitting in their assessment compliance with the legal provision of the Colegio de Ingenieros Químicos, which had a substantive impact insofar as the flow diagrams contained sensitive information such as mass and energy balances, an aspect that the defendants also failed to rebut in this process.

 

XXX- REGARDING THE PROTECTION OF FOREIGN INVESTMENT AND LEGAL CERTAINTY.

During the expert witness testimony phase, the representation of Industrias Infinito asked questions about the attraction of foreign investment, a topic that was taken up again in the closing arguments phase, when reference was made to the Environmental Cooperation Agreement between the Government of Costa Rica and the Government of Canada (Ley 8286) and the Agreement with Canada on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (Ley 7870). On this topic, it is only necessary to indicate that given the differentiated jurisdictional scope between the constitutional jurisdiction and the administrative litigation jurisdiction, no legal uncertainty can be generated by the fact that in one, no violations of fundamental rights are found, while in another, illegalities in administrative actions are found. In that sense, what is resolved in this venue in no way contradicts what was established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), given that this Court and that Chamber issue their pronouncements in proceedings with different objects, as already explained. Furthermore, any businessman or investor, national or foreign, has the certainty that if they comply with regulatory requirements, they can carry out their activity, but that, if they do not comply, they cannot develop it. In that sense, this judgment only reinforces the certainty for businessmen and investors about what they must adhere to. Legal certainty or foreign investment cannot be invoked to attempt to maintain completely illegal administrative conduct in force. This latter point derives, as well, from the already cited Leyes 7870 and 8286. The former provides that between Costa Rica and Canada, investments must conform to the Law, something that does not happen with what is sought by Industrias Infinito. Furthermore, Ley 8286 establishes that environmental regulations cannot be relaxed in order to promote trade, which demonstrates the preponderance that environmental protection has for Costa Rica and Canada. In that sense, what is decided here, insofar as it implies the nullity of illegal actions and to the extent that the conduct subject to the proceeding is subjected to the regulations related to environmental protection, in no way undermines legal certainty nor negatively affects foreign investment, particularly that coming from Canada.

 

 

XXXI- REGARDING THE POLITICAL OR IDEOLOGICAL CONNOTATIONS OF THIS PROCEEDING.

Industrias Infinito has insisted that this is a trial of Law, which cannot be decided according to conflicting ideological or political positions. In relation to this argument, it can only be said that the defendant company is correct and that it is precisely in strict observance of the Costa Rican legal system that the illegality of various administrative conducts has been determined.

 

XXXII- REGARDING THE PRINCIPLE OF MATERIAL TRUTH AND DUE PROCESS

The defendants argue that in the debate, an abuse of the principle of material truth (principio de verdad real) occurred. On this particular point, in this jurisdiction, which has as its object the legality control of the entire administrative function, an excessively rigid application of the principle of material truth cannot be applied, much less above it, due to the nature of the matters discussed. Nevertheless, this Court must be emphatic in pointing out that at all times due process and the right of defense of the parties were guaranteed. In that sense, it is worth recalling that with the aim of avoiding leaving the parties defenseless as well as resolving any aspect that could invalidate the proceeding or affect its continuity, the Court, at the beginning of the oral and public trial, granted an audience to all intervening subjects, so that at that procedural moment they could state whatever they deemed pertinent; however, none of the parties indicated the existence of defects or flaws capable of producing nullity or defenselessness. Likewise, it must be kept in mind that in this proceeding, pre-trial motions were resolved, the parties were heard in their opening statements, an audience was granted regarding the new facts presented, evidence and counter-evidence on those facts were admitted, an audience was granted when evidence for a better ruling was proposed and a ruling was made on that evidence, extensive questioning was permitted during the debate, objections to questions were heard, those objections were resolved, the incorporation of documentary evidence through expert witnesses was permitted, appeals for reconsideration filed during the debate were resolved, a reasonable time of one day was granted for the parties to outline their conclusions, the necessary recesses were granted during the questioning and conclusions, and in general, the Court at all times sought to maintain procedural balance, procedural good faith, and transparency of actions, all in compliance with the principles of orality, the concentration of acts, and the adversarial system as instruments for ascertaining the material truth of the facts, just as ordered by article 85 of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

XXXIII- REGARDING THE HANDLING OF FACTS AND CONCLUSIONS

In this matter, the defendants have questioned with unusual insistence the facts and conclusions formulated by their counterparts. On this particular point, there is nothing more to indicate than that there is no rule in our Código Procesal Contencioso Administrativo that obliges the parties and the Judge to adjust the questioning of witnesses, expert witnesses, and experts to the faithful and exact formulation of the facts just as they were formulated in the respective complaints and answers. By the very dynamic of oral hearings, it is more than logical and reasonable that during questioning the parties do not strictly adhere to the formulation of their facts, especially in matters like the present one where environmental topics are debated and discussed, which require extensive inquiry for their correct determination. And the same must be said regarding the conclusions that the parties may render at the end of the trial phase, the only control the Judge must exercise being that of not permitting, during that phase, the performance of actions or the introduction of elements of an evidentiary nature, since there is a specific time for that. We reiterate that there is no rule in the Código Procesal Contencioso Administrativo that obliges the parties to conclude exclusively on the basis of what was raised in the written phase of the proceeding, an interpretation that is not only absurd but also undermines any model of justice based on the principle of orality, rendering it without effect.

The scope of the proceeding is defined by the claims, such that an act, a question, or a conclusion that does not alter the claim cannot give rise to any nullity or defenselessness, since ultimately the facts and the law are defined by the Judge in the judgment. In reality, objections such as these reveal attempts to obstruct what truly matters in any administrative contentious proceeding, which is undoubtedly the ascertainment of the real truth, a principle of the highest value that enables the Adjudicator to enforce the submission of all to the Rule of Law.

XXXIV- REGARDING THE WITNESSES HEARD AT THE HEARING

The defendants and their supporting intervener challenge the qualification of the plaintiffs' expert witnesses, indicating that their testimony was not based on a prior report, that they issued unsupported, alarmist criteria, and that none of them were present in the project area, all of which, in their view, affected the credibility of the deponents proposed by the claimants. In this regard, the Court finds such objections to be unfounded and rejects them. The forcefulness, credibility, and relevance of the evidence are assessed by the Judge in accordance with the rules of sound criticism, and in this matter, all expert witnesses who gave their testimony in this oral and public trial were duly accredited by the Court itself and by the parties, and it is found that all of them, both those of the plaintiffs and those of the defendants, proved to be qualified experts in their respective disciplines, and they set forth their technical criteria with complete clarity on each of the topics, reasons deemed sufficient to take their statements into account in this proceeding.

XXXV- REGARDING DAMAGES.

"The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country (...). Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions."

In our Political Constitution, Article 50 contains several premises that must be addressed in the legality review conducted by this Court with respect to the plaintiffs' claims for damages caused by the conduct challenged as null in this proceeding; the standing of the person who brings the action and claims the damage, the State's duty to guarantee that right, and the requirement that, following an examination in accordance with the law, the existence of liability and the consequent sanctions be determined.

Regarding the standing held to support the claims:

As for the plaintiff Apreflofas, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, it alleges suffering moral damage (daño moral), "due to the frustration of seeing the destruction of Crucitas," and liquidates it in the sum of two hundred thousand colones.

With regard to moral damages (daños morales) concerning legal persons, there are numerous decisions by both the First Chamber and the Contentious Court that develop the subject, and we permit ourselves to cite decision number 36-2010, from Section VIII of this Court, which states:

"II.3)- REGARDING THE AVAILABILITY OF MORAL DAMAGE TO LEGAL PERSONS: Moral damage (daño moral) is divided into subjective moral damage (daño moral subjetivo) and objective moral damage (daño moral objetivo). The subjective one refers to non-pecuniary, incorporeal damage caused to the individual that affects the immaterial assets of personality, such as freedom, honesty, good name, health, honor, psyche, physical integrity, and privacy. It thus refers to sadness, pain, physical or psychological suffering, anguish, anxiety, insecurity, affliction, discouragement, loss of satisfaction in living, and despair caused by the harmful event. With respect to objective moral damage (daño moral objetivo), it is that which injures a non-pecuniary right with repercussions on property, generating economically assessable consequences (See in that sense the judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, number 112 of 14:15 hours on July 15, 1992), and it is the claimant’s burden to prove it, demonstrating in the record what expenses or losses were suffered as a result of the moral injury; as for subjective moral damage (daño moral subjetivo), a simple presumption of man is sufficient to demonstrate it, and the judge as expert of experts is capable of determining its amount."

Regarding the moral damage (daño moral) claimed, in accordance with the statements outlined in the complaint, they specifically refer to a subjective moral damage (daño moral subjetivo), alleging frustration at seeing the destruction of Crucitas. It must be clear that, since this is a legal person, the moral damage (daño moral) that may be claimed is the objective (objetivo), not the subjective. The objective is verified when the sphere of the individual's non-pecuniary interest is injured, when economically assessable consequences are generated—the case of the professional who, due to the attributed act, loses their clientele—which means that it can and must be quantified, and it is possible to distinguish it from subjective or emotional moral damage (daño moral subjetivo). This conceptualization aims to separate the damage suffered by the individual in their social standing (good name, honor, honesty, etc.) from that suffered in the individual sphere (grief over the death of a relative); thus, one refers to the social and the other to the emotional aspect of one's estate. From the analysis of the claims, the plaintiff alleges suffering—subjective moral damage (daño moral subjetivo)—which is not admissible for legal persons, since that type of damage refers to the inner life of the natural person, the pain, worry, discouragement, emotional injury, all of these caused by an event, inherent to the human being, emotions that a legal fiction cannot suffer. These cannot be affected in their subjective sphere, since they are not bearers of emotions or suffering. In accordance with the foregoing, the plaintiff Apreflofas, as a legal person, lacks the necessary standing to claim subjective moral damage (daño moral subjetivo); it can only claim objective moral damage (daño moral objetivo), but that is not the damage claimed in this case. Therefore, the defense of lack of active standing, specifically regarding damages, must be upheld.

In the case of Jorge Lobo.

The first element of analysis must concern the standing held by the plaintiff Jorge Lobo with respect to his claims for compensatory damages caused by the challenged conduct. In accordance with the aforementioned constitutional norm, every person has standing to denounce environmental damage and claim its reparation. Environmental protection enjoys broad procedural standing, as it concerns a third-generation right, involving diffuse interests or actio popularis, which allows, as a first premise, that a citizen may bring an action in their own name to seek individual compensation, as well as bring an action in the name of the community, what constitutes, according to the doctrine, reparation for pure environmental damage. Collective environmental damage may be sought by any person, in the name of the community, in order to achieve reparation for the environmental damage. Added to the foregoing, Article 10, subsection c) of the Administrative Contentious Procedure Code establishes active standing for those who invoke the defense of diffuse and collective interests. The Constitutional Chamber, on this point, has held:

"In environmental law, the procedural premise of standing tends to expand and broaden to such an extent that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being understood that, in general terms, any person may be a party and that their right does not arise from property titles, specific rights, or concrete actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call the diffuse interest, whereby the original standing of the legitimate interested party or even the merely interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that confers standing on the individual to bring an action is transformed, by virtue of its incorporation into the body of human rights, into a true 'reactional right,' which, as its name indicates, empowers its holder to 'react' against the violation caused by illegitimate acts or omissions. (...) That concept of 'diffuse interests' aims to develop a form of standing that has in recent times put into question one of the traditional principles of standing and that has been making its way, especially in the field of administrative law, as a final, novel but necessary, broadening so that this oversight becomes ever more effective and efficient.

Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be, in our Law—as this Chamber has already stated—merely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that, vis-à-vis them, specific or easily identifiable individuals, or personalized groups, are identified, whose standing would derive not from diffuse interests, but from corporate interests or those concerning a community as a whole. It involves, then, individual interests, but at the same time, dissolved into more or less broad and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or suffer a harm, actual or potential, more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of the groups of people who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are simultaneously collective—being common to a generality—and individual, and therefore may be claimed in such character. (...) Thus, with regard to the Right to the Environment, standing belongs to the human being as such, since the injury to that fundamental right is suffered by both the community and the individual in particular."

Decision 2237-96 of the Constitutional Chamber, at fourteen hours fifty-one minutes on May fourteenth, nineteen ninety-six.

The plaintiff Jorge Lobo, in his claims 3 and 5, seeks the integral reparation of all environmental impacts or damages caused by the adoption of conduct violating the legal order, and its consequent execution. Under such perspective, he has active standing, in this Court's view, under a collective interest to validly bring an action in this proceeding.

Regarding the availability of damages:

Environmental damage affects biodiversity, ecosystems, and even health, and may originate from different sources; however, what is of interest to analyze in this proceeding is that generated by human intervention. That damage may be caused individually or by a plurality, the latter condition resulting in the liability of each of the agents who cause it or make it possible, and may arise from private conduct or from the State and its institutions, the latter by action or omission, lawful or unlawful, or be produced by a single act or by a plurality of them, carried out simultaneously or over time. In our country, flora and forest resources have been declared of public interest, in accordance with Articles 1 and 3 of the Wildlife Conservation Law and Article 1 of the Forest Law (Ley Forestal), which establishes as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection, and management of natural forests.

For the specific case, in accordance with the preceding recitals, the following administrative acts have been declared null: resolution 3638-2005-SETENA, which granted environmental viability (viabilidad ambiental); resolution 170-2008-SETENA, which approved the modification of changes proposed in the project; R-217-2008-MINAE, which granted the mining concession; 244-2008-SCH, issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), which approved the land-use change (cambio de uso del suelo), authorizing the cutting and utilization of protected species, the cutting and utilization of trees in protection zones, specifically the cutting of 12,391 trees on 262.88 hectares (according to the environmental viability resolution—changes proposed—, 227.6 hectares); and Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34801-MINAET, which declared the Crucitas Mining Project to be of public interest and convenience. As a consequence of the foregoing, it is essential to determine whether such conduct caused the environmental damages claimed by the plaintiff Jorge Lobo. It was proven in this proceeding that resolution 244-2008-SCH authorized the cutting and utilization of trees, a resolution whose execution began in October 2008; specifically, clear-cutting (tala rasa) was carried out in the areas to develop the Crucitas mining project, beginning on a Friday and suspended on the Monday of the following week (as stated in her testimony during the oral and public trial by the expert witness Sandra Arredondo, who was the environmental regent of the project), and the clear-cutting (tala rasa) of a large number of trees was accomplished, an action carried out by persons hired by Industrias Infinito, and protected by resolution 244-2008. Although it was not possible to determine at trial the exact number of trees or the extent of land, nor the exact location in the field of which sector of the project was cut, the existence of said damage was proven during the proceeding, insofar as the cutting was carried out under the protection of conduct declared illegal here, damage that in this Court's judgment affected flora, fauna, the landscape, the soil, the air, that is, altering an ecosystem in its natural functions. That said, it remains to define which procedural party or parties must bear that environmental damage. In the preceding recitals, the participation in the events denounced herein was demonstrated, both by Industrias Infinito S.A. and by the administrative body that granted the authorization—244-2008—as well as the body that issued the national convenience decree, which enabled the adoption of the cited resolution; they are jointly and severally liable for the environmental damage caused by the clear-cutting (tala rasa) carried out. As a result of the foregoing, it is appropriate to order the defendants—Industrias Infinito S.A., the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), and the State—to undertake the integral reparation of the affected areas on the properties of Industrias Infinito S.A., understood as the ecological or environmental damage caused by the execution of the clear-cutting (tala rasa) authorized by resolution 244-2008-SCH, declared null here. Since it was not determined at trial how much was cut and in which sector, the matter is referred to the judgment enforcement proceeding to determine the damages, the measures to be taken to repair said damage, and to set the sum necessary for such reparation. For this purpose, the following must be taken into account: the environmental damage suffered shall be determined through expert evidence, which must contain the necessary recommendations for the integral reparation of the affected area; likewise, the sum necessary for the integral reparation of the impacted area must be quantified through expert evidence, and once set by the enforcement judge, although the plaintiff Jorge Lobo has standing to bring suit, he does not have standing to administer the sum set for the care and reparation; said sum must be deposited in the single treasury of the State, in a client account created specifically for that purpose, which must be identified with the object and purpose for which it was created, and the account holder shall be the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAE), which must allocate the set sum exclusively to execute the works of reparation and restoration of the affected area. Regarding the co-defendants, the State and SINAC, the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) must make the budgetary provision for the sums eventually established in the enforcement of judgment, in order to guarantee the budgetary availability to make the cited reparation effective. In addition, Infinito S.A. must cooperate with and permit all activities aimed at the reparation ordered herein. It is ordered that this judgment be communicated to the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda), to the General Public and Environmental Services Area of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), to the Agrarian-Environmental Law Area of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), and to the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), so that they may carry out the oversight, control, and follow-up of the damage reparation process, in accordance with their powers.

XXXVI- As for the remaining claims of Jorge Lobo Segura.

The defense of lack of right is upheld with respect to the other claims in Jorge Lobo Segura’s complaint (numbered 2 and 4), since they found no support in our legal order. In this regard, it must be noted that the said plaintiff does not have the right for this court to set limitations and rules for the Executive Branch regarding the declaration of national convenience of projects, since such conditions are already established by statute. The same applies to the request that the State be ordered to refrain from issuing or executing conduct potentially harmful to the diffuse interests claimed by the plaintiffs, since the generality and abstraction of what is requested render it unfeasible to recognize a right in the claimed sense.

XXXVII- REGARDING THE DEFENSES.

Regarding the lack of active and passive standing in relation to the claim for nullity of the challenged acts.

This defense is rejected in both its active and passive aspects, given that doctrine and legislation are unanimous in recognizing the standing of any individual to bring suit in court, for the purpose of claiming the defense of diffuse interests, as environmental rights prove to be. This is established by Article 10 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in relation to Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad), in close connection with Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política). Likewise, it is rejected in its passive aspect since the acts that were indeed subject to challenge were issued by State entities that are duly represented in this proceeding. In the case of Industrias Infinito, being the legal person with a direct interest in the acts challenged here, it was proper for it to be sued in this matter.

Regarding the lack of active standing of Apreflofas to seek subjective moral damage (daño moral subjetivo).

This defense must be upheld, since, as explained in the preceding analysis, said association lacked standing to seek subjective moral damage (daño moral subjetivo).

Regarding the lack of active and passive standing in relation to the claim for damages sought by Jorge Lobo Segura.

This defense, in both its passive and active forms, must be rejected, given that the standing to claim environmental damages is broad and diffuse, and in this case, the plaintiff's claim was proper in the terms explained above.

Regarding the present interest.

The defense of present interest must be rejected, given that the challenged acts remain in force to date, and therefore, the standing of the claimants to seek their nullity persists, as does the standing regarding the environmental damages derived from the unlawfulness of that conduct.

Regarding the lack of right.

Finally, the defense of lack of right must be denied in relation to the annulment claims and that of compensation for environmental damages, as set forth in this judgment, and upheld in relation to the other claims in Jorge Lobo Segura’s complaint (numbered 2 and 4), since they found no support in our legal order.

XXXVIII- REGARDING THE PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) ORDERED IN THIS PROCEEDING AND THE REQUEST FOR ITS LIFTING.

The precautionary measure (medida cautelar) ordered in this proceeding must be maintained. The precautionary measure (medida cautelar) was granted in this proceeding, suspending the clear-cutting (tala rasa), and taking into account that this collegiate body has declared null resolution 244-2008-SCH, issued by the Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, which authorized the land-use change (uso de cambio de suelo) and the cutting of 12,391 trees, distributed over 191.77 forest-covered hectares, 66.94 hectares of agricultural land without forest, and the cutting of 4.17 hectares of planted areas, for a total of 262 hectares and 57 square meters to be cut, and having ordered the defendants to undertake the integral reparation of the damage caused, and precisely ordering that, in the judgment enforcement proceeding, the cut areas and the reparation measures be determined, the request for the lifting of the Precautionary Measure (Medida Cautelar) is completely improper. It is important to note that precautionary measures (medidas cautelares) are intended to protect the object of the proceeding, as well as to prevent damages that are difficult or impossible to repair that may be caused by certain acts or omissions. In this specific case, the execution of the administration's formal act, through resolution 244-2008 of the Sistema de Áreas de Conservación, which, even though suspended, its initial execution permitted the clear-cutting (tala rasa) and thus caused the damage already cited in the preceding recital, in the affected area, a situation that was precisely observed and addressed since April 16, two thousand ten, when the interim measure (medida provisionalísima) was issued by this Court, ordering the suspension of the authorized cutting, and in a judgment of April 20, 2010, the suspension of the clear-cutting (tala rasa) was definitively granted, in order to protect "the habitat and ecosystems of many living beings, in addition to the trees," a precautionary measure (medida cautelar) that was in turn confirmed by the Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones), decisions that this Court finds no grounds to vary, in addition to the fact that, for this decision-making body, during the oral and public trial, it was possible to extract from the evidence produced not only the damage caused by the cutting carried out, but also the potential damage that the ecosystem of the area would suffer, precisely due to the uncertainty about the existing species in the area, which of them were protected and which were not, an element that is missing in the cited resolution 244-2008, which directly affects the forest recovery plan.

XXXIX- REGARDING THE DECISION TO REGISTER THIS JUDGMENT IN THE REGISTRO NACIONAL MINERO.

Since the resolution that granted the mining exploitation concession has been annulled in this proceeding, it becomes essential to order that this decision be communicated to the Registro Nacional Minero, as expressly provided by Article 109 of the Mining Code (Código Minero).

XL- REGARDING THE NOTIFICATIONS THAT MUST BE MADE OF THIS JUDGMENT.

In the present case, such significant illegalities have been detected that this Court deems it pertinent to communicate the judgment to other public entities, so that each of them may determine whether, apart from the nullities declared by this judicial body, certain other liabilities lie on the part of persons whose actions have been relevant to the production of the administrative conduct declared null here. In the first place, it is ordered that this judgment be communicated to the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), so that, internally within that ministry, the corresponding disciplinary proceedings be initiated against Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, and Cynthia Cavallini Chinchilla. On this point, it is necessary to indicate that, for this Court, the intervention of these persons, in their capacity as public officials, whether in the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) (the first of them) or in the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) (the second and third), in the production of administrative acts declared null here due to their manifest illegality, constitutes sufficient merit to proceed with the necessary proceedings to determine whether they incur any grounds for personal liability for these acts. Furthermore, this judgment must be communicated to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). In relation to this point, it is necessary to indicate that, in the present case, something exceptional occurred: the different illegalities detected and nullities declared are all coincident in the sense that they were aimed at the approval of the Crucitas mining project, and several of them were issued while an executive decree (decreto ejecutivo) establishing a moratorium on open-pit metallic gold mining was in force, all of which makes it viable to consider as possible an eventual concurrence or orchestration of wills to carry out this mining project in any way. Therefore, given their intervention in the development of the conduct declared illegal and annulled here, it is pertinent to communicate the decision to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) so that it may determine whether or not it is proper to pursue a criminal case against any of the following persons: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li, and Arnoldo Rudín Arias. It must be recalled that the President of the Republic and the respective Minister have the duty, established in Article 140, subsection 3) of the Political Constitution (Constitución Política), to ensure the exact compliance with the laws; thus, given that executive decree (decreto ejecutivo) number 34801-MINAET is manifestly illegal and was signed by Oscar Arias Sánchez and Roberto Dobles Mora, this is what gives rise to the possibility that some criminal liability may apply to them. Likewise, Messrs. Arias Sánchez and Dobles Mora are the ones who signed resolution R-217-2008-MINAE, by which the mining concession was granted to Industrias Infinito, an act also illegal and declared null in this ruling. In turn, Sonia Espinoza Valverde and Eduardo Murillo Marchena, acting as officials of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), participated in the environmental assessment of the changes proposed to the Crucitas mining project and did not observe limitations that were set by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), which motivates the decision that their conduct be examined by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Furthermore, in the case of these two persons, their participation in the issuance of memorandum ASA-013-2008-SETENA must be recalled, which, while it is true is an act that ultimately was not subject to challenge in this proceeding, it is also true that it was the subject of discussion, during which the testimony of expert witness Marta Elena Chaves Quirós came to light, who merits full credibility and stated at trial that she did not participate in the environmental assessment of the changes proposed to the Crucitas mining project, even though Espinoza Valverde and Murillo Marchena stated that she did participate, a situation that could be clarified in criminal proceedings, should there be merit for it. With respect to Sonia Espinoza Valverde in particular, it must be recalled that it became necessary in this proceeding to order her arrest and presentation because, after taking cognizance of the statements of the attorneys for the plaintiff parties and the active supporting intervener, as well as after evaluating what was recorded by the Office of Locating and Serving Process of Pavas (Oficina de Localizaciones y Citaciones de Pavas), it was considered reasonably possible that she was hiding to avoid being served by summons, a situation that this judging body believes must be brought to the attention of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). In relation to José Francisco Castro Muñoz and Cinthya Cavallini Chinchilla, it must be recalled how the former initially said he was unaware of the matter concerning the mining easement (servidumbre minera) that was intended to be established over a public road, while the latter stated that the former was always aware of the matter, which could be relevant for the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Moreover, Mr. Castro Muñoz, in his capacity as Director of Geology and Mines (Director de Geología y Minas), and Mrs. Cavallini Chinchilla, in her capacity as Head of the Registro Nacional Minero, participated when it came to recommending the conversion of the concession granted to Industrias Infinito, something that turned out to be entirely lacking in legal viability, not only due to the inapplicability of the conversion figure, but also, among other things, because they did not consider the existence of a public road in the place where the tailings pond was planned to be built and because they failed to observe that the environmental viability (viabilidad ambiental) given by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) to the changes proposed to the project contravened the technical limitations imposed by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) itself, all of which it is appropriate to bring to the attention of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), for its consideration.

Finally, in relation to Sandra Arredondo Li and Arnoldo Rudín Arias, it must be noted that she was the environmental regent (regente ambiental) of the project from 2007 until mid-2010, while he was the legal representative, so they participated in the decision-making by the company, which, during that period, carried out actions inducing the Administration into error, such as, for example, insisting on extracting material below the technical limit of seventy-five meters above sea level, as well as managing a mining easement (servidumbre minera) to permanently occupy a public road, all of which it is pertinent to be examined by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Regarding this communication to the Public Prosecutor's Office, it is necessary to point out that this Court is obliged to make it, pursuant to the provisions of article 281 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), since these are conducts that, viewed individually, would allow one to think of the possibility of criminal actions in relation to the duties of public office, among others. But, in addition, as already indicated, such a quantity of illegalities, all concurrent and coming from officials of various bodies and at the most varied levels, including senior political authorities, combined with the actions of the company itself, also makes it viable to think of the possibility of some orchestration of wills to achieve the start-up of the Crucitas mining project by any means. This possibility is seen not only by the illegal acts themselves, but by the context in which they occurred: the majority of the acts were issued while a moratorium decree on open-pit metal mining activity was in force; this moratorium was lifted during the Arias Sánchez administration from 2006 to 2010; the decree declaring national convenience was issued in that same administration; without that declaration, the tree felling (tala) could not be carried out; without that tree felling, the project could not go forward; all of which justifies that it be the Public Prosecutor's Office that determines whether or not there is merit to conduct a criminal investigation of this matter. Finally, this judgment must be communicated to the Prosecutor's Office of the Bar Association (Fiscalía del Colegio de Abogados), so that it investigates the conduct of licensed attorney Sergio Artavia Barrantes during the trial held on the occasion of this process. Licensed attorney Artavia Barrantes, from the beginning of the trial, unjustifiably attacked the Court, calling it biased at some moments when it simply fulfilled the legal mandate to ascertain the real truth of the facts. Moreover, he was clear in branding the Court as a torturer for having ordered the capture of the expert witness Sonia Espinoza Valverde, whom he proceeded to defend despite not being her lawyer, to such an extent that he supported a revocation motion filed by licensed attorney José Manuel Echandi Meza against the decision to capture and present said witness, a motion which, incidentally, despite being signed by licensed attorney Echandi Meza, bears the markings "Artavia & Barrantes" on the header of the document transmitted via fax (see the piece from folio 2296 to folio 2299 in volume IV of the judicial file). This defense of witnesses carried out by licensed attorney Artavia Barrantes, who was the representative of a party in the trial, reached such a point that even, as he himself stated, he took the liberty of addressing concerns of the witness Sonia Lidia Cervantes Umaña, despite having previously withdrawn her as his witness and the same having been ordered for better resolution by the Court. And alleging doubts of that person, he questioned whether the Court would allow her to testify freely or would give her degrading treatment by arresting her and making her spend the night in a cell, which we consider are tendentious and disrespectful statements that must be known by the Prosecutor's Office of the Bar Association, for they try to make this jurisdictional body appear as the perpetrator of arbitrary acts in the treatment of witnesses, violations of fundamental rights which, incidentally, were dismissed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the case of Sonia Espinoza Valverde, according to judgment 2010-18329, of 4:14 p.m. on November 2, 2010, by which a habeas corpus petition filed on behalf of said witness was declared without merit. Thus, all the actions of licensed attorney Artavia Barrantes must be brought to the attention of the Prosecutor's Office of the Bar Association, so that it may be determined there whether or not he has incurred in any violation of the Code of Ethics of said corporation.

 

XLI- ON THE CONDUCT OF PROCURADOR MAURICIO CASTRO LIZANO IN THIS PROCESS.

Even though this Court has decided not to make any particular communication in relation to Procurador Mauricio Castro Lizano, it does deem it necessary to point out that this is because the State's representation changed its conduct since Procuradora Susana Fallas Cubero joined the trial. Notwithstanding that, it is pertinent to express that this jurisdictional body did not miss the way in which, during the hearings, Procurador Castro Lizano coordinated, through papers, verbal communications, or even through signs, with the representation of Industrias Infinito, the most diverse topics, including whether questions were objected to or revocations were formulated. In that sense, it gave the impression that Procurador Castro Lizano was not solely carrying out the technical defense of public interests, but was also accommodating the defense of the private interests of the company. And it is worth recalling here that the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), given the functions assigned to it, cannot divide itself and defend in trial extreme positions that deny what that body has stated in its opinions. Such duality is not possible, for the Office of the Attorney General of the Republic must assume objective positions in contentious-administrative proceedings, such as those it assumes in constitutional proceedings. Returning to the specific case, it is worth noting that it was not until after the incorporation into the trial of Procuradora Fallas Cubero that Procurador Castro Lizano objected to a question from Industrias Infinito, which draws considerable attention. Finally, it should be noted that during the closing arguments stage, what appeared to be an inadequate identification of Procurador Castro Lizano with the private interests of Industrias Infinito was perceived, for when the representative of the company sought to present various materials, the aforementioned state representative defended the importance of the samples for the company's theory of the case even before the company's lawyer presented it. Despite this, it is the opinion of this Court that, due to the participation of licensed attorney Fallas Cubero, it finds no reasons to communicate this judgment to any body with regard to the actions of licensed attorney Castro Lizano, without prejudice to what the plaintiff parties deem pertinent.

 

XLII- ON COSTS.

By express legal provision, article 193 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), as the respondents have been defeated in this proceeding, it is appropriate to order the co-respondents to pay both costs of this action.

 

 

THEREFORE:

 

The new fact alleged by the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre in relation to the lack of endorsement by the College of Chemical Engineers (Colegio de Ingenieros Químicos) and the lack of signature by a Chemical Engineer on the plans and flow diagrams of the Crucitas Mining Project is admitted. The new fact alleged by the plaintiffs and their co-adjuvant in relation to the existence of a public road in the area of the Crucitas Mining Project, which the defendant company proposes to use for the construction of the tailings pond (laguna de relaves), is admitted. The defense of acts not subject to challenge filed by Industrias Infinito Sociedad Anónima is upheld, solely in relation to official letters number DST-773-2006, issued by the National Institute of Agricultural Innovation and Transfer (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria) on October 4, 2006, and number ASA-013-2008-SETENA, issued by the Department of Environmental Audit and Monitoring of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) on January 14, 2008. Consequently, the complaint of Jorge Lobo Segura is declared inadmissible solely with respect to his annulment claims against official letters DST-773-2006 and ASA-013-2008-SETENA, already cited. The preliminary defenses of res judicata, expiration, and the so-called "inadmissibility of the action" filed by the State are rejected. The preliminary defenses of res judicata, expiration, prescription, act consented to, and, to the extent not upheld, that of acts not subject to challenge, filed by Industrias Infinito Sociedad Anónima are rejected. The preliminary defenses of res judicata and expiration filed by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) are rejected. The exceptions of lack of right, lack of active standing, and lack of interest raised by the respondents in relation to the nullity claims against resolutions number 3638-2005-SETENA, number 170-2008-SETENA, number R-217-2008-MINAE, number 244-2008-SCH, and Executive Decree number 34801-MINAET are rejected. The exception of lack of active standing raised by the State in relation to the claim for non-material damages filed by the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre is upheld. With respect to the claims numbered 2 and 4 in the complaint of Jorge Lobo Segura visible at folio 1517 volume III of the judicial file, the exception of lack of right is upheld, and the exceptions of lack of active standing and lack of interest raised by the co-respondents are rejected. The exceptions of lack of right, lack of active standing, and lack of interest raised by the co-respondents with respect to the claims for reparation of damages filed by Jorge Lobo Segura, contained in the claims numbered 3 and 5 of his complaint at folio 1517 of volume III of the judicial file, are rejected. As a corollary of the foregoing, the complaints filed by the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre and Jorge Lobo Segura are declared partially with merit and, consequently, it is resolved as follows: Resolutions number 3638-2005-SETENA, number 170-2008-SETENA, number R-217-2008-MINAE, number 244-2008-SCH, and Executive Decree number 34801-MINAET are annulled. The respondents Industrias Infinito Sociedad Anónima, the State, and the National System of Conservation Areas are ordered to the full reparation (reparación integral) of the environmental damages caused by the clear-cutting (tala rasa) carried out on the properties of Industrias Infinito Sociedad Anónima after the issuance of Resolution N°244-2008-SCH, which shall be determined in the judgment execution phase, taking into account for such purposes the following: the environmental damage suffered shall be determined by expert evidence, which must contain the necessary recommendations for the full reparation of the affected area; likewise, the sum necessary for the full reparation of the impacted area shall be quantified by expert evidence, and once set by the executing judge, said sum must be deposited in the single treasury account (caja única del Estado), in a client account created specifically for that purpose, which must be identified with the object and destination for which it was created, and the account holder shall be the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), which must allocate the sum set exclusively to execute the reparation and restoration works in the affected area. With respect to the co-respondents State and National System of Conservation Areas, the Ministry of Finance must make the budgetary provision for the sums that may be established in the execution of judgment, in order to guarantee the budgetary availability to make the cited reparation effective. Industrias Infinito Sociedad Anónima must collaborate with and permit all activities tending to the reparation ordered here. It is ordered to communicate this judgment to the Ministry of Finance, to the Area of General Public and Environmental Services of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), to the Area of Agrarian-Environmental Law of the Office of the Attorney General of the Republic, and to the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes de la República), for their respective duties. The precautionary measure ordered through resolutions N°1377-2010 of 6:25 p.m. on April 16, 2010, and N°1476-2010 of 4:07 p.m. on April 23, 2010, is maintained until this judgment becomes final. The National Mining Registry (Registro Nacional Minero) is ordered to cancel the concession in favor of Industrias Infinito Sociedad Anónima processed as mining file N°2594. It is ordered to communicate this judgment to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, so that the corresponding administrative procedures may be initiated against Eduardo Murillo Marchena, Jose Francisco Castro Muñoz, and Cynthia Cavallini Chinchilla. It is ordered to communicate this judgment to the Public Prosecutor's Office so that it may be determined there whether or not it is appropriate to pursue a criminal case against any of the following persons: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li, and Arnoldo Rudín Arias. It is ordered to communicate to the Prosecutor's Office of the Bar Association so that the conduct of attorney Sergio Artavia Barrantes in this proceeding may be investigated. The State, the National System of Conservation Areas, and Industrias Infinito Sociedad Anónima are ordered to pay both costs. In accordance with numeral 130 subsection 3) of the Code of Contentious-Administrative Procedure, it is ordered to publish this judgment in its entirety in the official gazette La Gaceta, at the expense of the State. That is All.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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