Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Por razones diversas a las planteadas por el impugnante, y concediendo que el señor Fiscal de Impugnaciones lleva razón en sus apreciaciones y solicitud expresa, la mayoría de esta Cámara considera que, en efecto, se ha causado una grave afectación a los derechos y garantías del justiciable al no imputar concretamente una acción delictiva al encartado, donde quedaran claramente establecidas las condiciones, elementos objetivos y subjetivos del hecho punible que le eran atribuidos al encartado. Tal y como lo expone el señor Fiscal de Impugnaciones, en el caso bajo examen, se deja a la imaginación de quien escucha o lee la acusación derivar cuál es el delito acusado y en qué condiciones fue cometido.
Al encartado se le vincula por la posesión de un bambador, de algunos objetos que fueron recuperados, y el propio animal que estaba listo para su consumo. Sin embargo, el juez de mérito imputa, de oficio, el hecho, sin hacer ninguna consideración de las condiciones de comisión del hecho, y de la forma en que se tienen por probados los elementos del tipo objetivo, todo ello sin ninguna concreta imputación por parte del Ministerio Público.
English (translation)For reasons different from those raised by the appellant, and acknowledging that the Appeals Prosecutor is correct in his assessments and express request, the majority of this Chamber considers that, indeed, a serious violation of the defendant's rights and guarantees has been caused by failing to specifically charge the accused with a criminal act, where the conditions, objective and subjective elements of the punishable act attributed to him were clearly established. As the Appeals Prosecutor states, in the case under review, it is left to the imagination of anyone hearing or reading the indictment to infer what crime is alleged and under what circumstances it was committed.
The accused is linked by the possession of a backpack, some objects that were recovered, and the animal itself that was ready for consumption. However, the trial judge charges, on his own motion, the act, without making any consideration of the circumstances in which the act was committed, and of the way in which the elements of the objective offense are considered proven, all without any specific charge from the Public Prosecutor's Office.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 02418 - 2012 Fecha de la Resolución: 05 de Diciembre del 2012 a las 10:55 Expediente: 12-002093-0485-PE Redactado por: Alfredo Chirino Sánchez Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL Resolución: [Telf1] Expediente: 12-002093-0485-PE (9) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil doce. RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, soltero, costarricense, CED1 por el delito de VIOLACIÓN A LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Alfredo Chirino Sánchez, Jorge Luis Arce Víquez y Joe Campos Bonilla. Se apersonaron en esta sede: el licenciado [Nombre2] , en calidad de defensor del encartado; y el licenciado [Nombre3] , en calidad de representante del Ministerio Público. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 254-G-2012, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil doce, el Tribunal Penal de Flagrancia del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 3 y 41 de la Constitución Política,1, 6, 9, 142, 184, 236, 267, 360 a 365, 367, 422 a 436 del Código Procesal Penal; y 1, 24, 30, 31, 45, 50, 69, 71 a 74 del Código Penal 93 inc a) de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, se resuelve declarar a [Nombre1], autor responsable de haber cometido el delito de Violación a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en perjuicio del AMBIENTE y en tal carácter se le impone la pena de OCHO MESES DE PRISIÓN. Por reunir los requisitos de ley se le otorga al acusado, el beneficio de ejecución condicional de la pena, fijándose un período de prueba de TRES AÑOS, con la advertencia de que si comete un delito doloso sancionado con pena de prisión mayor de seis meses O INGRESA POR CUALQUIER MOTIVO AL ÁREA DE CONSERVACIÓN TORTUGUERO, tal gracia le será inmediatamente revocada. Se ordena la destrucción de todas las pruebas materiales incorporadas al proceso. Son a cargo del Estado las costas del proceso. Comuníquese lo resuelto al Juzgado de Ejecución de la Pena, al Instituto Nacional de Criminología y al Registro Judicial para lo de sus cargos, una vez que adquiera firmeza la presente sentencia." (sic.). II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el licenciado [Nombre2] , en calidad de defensor del encartado. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Penal [Nombre4] ; y, CONSIDERANDO: I.- Recurso de Apelación del licenciado [Nombre2] .- El licenciado [Nombre2] abogado defensor del encartado [Nombre1], presenta recurso de apelación en contra de la sentencia emitida en procedimiento abreviado tramitado ante el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del 18 de julio de 2012, que lo condenó a ocho meses de prisión por el delito de Violación a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. En el primer motivo del recurso, plantea una queja por presunta falta de competencia del Tribunal de Flagrancia para conocer del presente asunto. Considera que este defecto es absoluto, pues existían aspectos del hecho que debieron ser investigados, ya que su cliente no se encontraba realizando la actividad delictiva, no estaba en posesión de elementos relacionados con el delito, y tampoco se determinó si el cadáver decomisado pertenecía al Parque Nacional. Afirma que “flagrante” es aquella actividad donde el perpetrador ha sido visto por los testigos al tiempo en que el hecho se consumaba, por su acepción, de “arder”, “resplandecer como fuego o llama”, hace alusión a la circunstancia de un crimen que se descubre en su perpetración. Cuestiona que no se indagó en la especie de qué manera se le dio muerte al animal encontrado en la bolsa, tampoco se pudo encontrar el arma, o si los objetos encontrados en el bambador eran propiedad de su representado o no o si había allí otros especímenes de especies protegidas capturadas de forma ilegal, aspectos todos que califica de esenciales para determinar la posible participación el encartado en los hechos que se le imputan. Es por todo ello que existen razones para exigir en el presente asunto el trámite ordinario y no el de flagrancia, para que después de una investigación adecuada y objetiva, donde se valoren los elementos de prueba, sea en la etapa intermedia, mediante la audiencia preliminar, que se determine si se debe juzgar al acusado. Considera que este defecto es absoluto y de conformidad con los artículos 175 y 178 del Código Procesal Penal, en concordancia con el 422, solicita se anule la sentencia recurrida y se ordene regresar los autos al Ministerio Público a efecto de someter la causa al trámite del procedimiento ordinario. II.- Segundo Motivo: Falta de Fundamentación de la sentencia, de conformidad con el artículo 142 del Código Procesal Penal.- Según el recurrente, la simple relación de los hechos es insuficiente para fundamentar el fallo, no hay en el presente asunto un análisis de los elementos probatorios, tan solo se citan los hechos acusados por el Ministerio Público y la prueba ofrecida para fundamentar la pena impuesta. Insiste que la sola confesión del acusado no puede ser prueba suficiente para fundamentar la condena, siendo en este caso que hay elementos importantes que no fueron investigados adecuadamente, a los que ya hizo alusión en el primer motivo de su recurso. Además, considera que hubo una insuficiente representación del encartado [Nombre1], pues se ha solicitado el procedimiento abreviado y él lo admitió pero como una forma en la que sería puesto en libertad de inmediato, después de casi 48 hrs. de estar detenido. Alega que su consentimiento fue obtenido con base en un error lo que violenta su estado de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, pues dicho consentimiento no se manifiesta de manera libre, clara, inequívoca e indubitable, como lo exigen las prescripciones procesales, por lo que solicita que se anule la sentencia recurrida en todos sus extremos y se ordene el juicio de reenvío, dentro del procedimiento ordinario que corresponda. III.- Posición del Ministerio Público. Durante la vista oral solicitada en la presente causa, para conocer de las razones de la apelación de viva voz por parte de los intervinientes, se tuvo una expresión del licenciado [Nombre5] en el sentido de solicitar la anulación del fallo y la absolutoria del encartado en virtud de una inadecuada imputación del hecho. En cuanto a los motivos de la impugnación, sostuvo el licenciado [Nombre6] lo siguiente: “…I.- MOTIVO: No lleva razón el recurrente: Conforme al art. 236 del CPP no solo existe flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en plena ejecución del hecho, sino también cuando, poco después del mismo el reo es hallado en poder de objetos o rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar del hecho delictivo. En esa tónica, ciertamente la sentencia tiene por cierta la existencia de indicios varios graves, precisos y concordantes que, en tesis de principio- y sin perjuicio de lo que se dirá luego, en relación al tema de la falta de una adecuada imputación- resultan relacionables de modo racional a la comisión de un hecho sancionado en el art. 93 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre:1.- Indicio antecedente de información del delito: Poco antes de ser sorprendido en el interior del Parque Nacional Tortuguero, propiamente en el sector de Caño Negro, los oficiales del Minaet reciben información de la presencia de cazadores furtivos en el área de detención del acusado.2.-Indicio concomitante de oportunidad personal para delinquir: El imputado es localizado en coordenadas de tiempo y espacio próximas al hábitat natural del animal que fue cazado: el Parque Nacional Tortuguero. No hay en el sitio de captura ninguna granja de tepezcuintles o centro de comercio donde se pueda haber comprado la pieza. Adicionalmente el animal cazado se halla sin congelar, fresco, sin signos de descomposición y con signos de haber sido recientemente limpiado de pelos y tripas, listo para ser consumido.3.-Indicio concomitante de tenencia de corpus delicti : El imputado al momento de ser capturado porta la pieza de caza en su mano.4.-Indicio concomitante de tenencia de equipo idóneo para acosar animales silvestres dentro del Parque y para aprovechar su carne: El imputado al momento de ser capturado porta un bambador con equipo e implementos para permanecer varios días en la montaña, incluso implementos para consumir carne de caza: manteca, ajos, cebolla, tres cucharas ( coincidentes con el número de personas que junto con el acusado son sorprendidos en el sitio) ollas sartenes y cuchillos. Sin embargo solo le encuentran una lata de atún.5.-Indicios posteriores de conciencia culpable:a.- Al ver a la policia, el imputado y sus compinches huyen; incluso el reo opta por tirarse a un río.b.-Ante la imposibilidad de huir, el acusado trata de destruir los indicios que lo ligan a la caza del tepezcuintle: se deshace del bambador y de la bolsa en la que lleva la pieza de caza. II.- MOTIVO: No lleva razón el recurrente. La sentencia no se basó en la mera aceptación pura y simple de los hechos por parte del acusado, sino en los referidos indicios convergentes. No hay pruebas de que el acusado fue inducido en error para aceptar el proceso abreviado: Se le informó de la naturaleza, requisitos e implicaciones del mismo, del delito que se acusaba, la prueba que había en su contra, y de la pena que se le negoció. No existe prueba de que el defensor haya dado información incorrecta al acusado sobre el tipo de procedimiento. El hecho de que el acusado haya aceptado el procedimiento para recuperar su libertad, aparte de que es una circunstancia de la que no obra ninguna prueba, no vendría a comprometer la correcta comprensión del procedimiento abreviado, la pena pactada y sus implicaciones. Ahora bien, empero lo expuesto con anterioridad, y conforme al principio de objetividad del Ministerio Público ( art. 63 del CPP) el suscrito estima que, por razones estrictamente técnicas, y distintas a las referidas por el recurrente, la sentencia debe ser revocada y en su lugar, debe disponerse la absolutoria del acusado: La relación de hechos probados, de manera francamente contraria al principio del debido proceso y del subprincipio de imputación, descritos en la sentencia 1739-92 de la Sala Constitucional, no formula una imputación concreta en relación a un acto penalmente típico, como lo sería un acto de cacería ilegal en área protegida, sino que, más bien señala al sentenciado como simple centro referencial de una serie de indicios y actos de investigación de los que, a su vez, el lector de la acusación debe deducir el supuesto delito que se pretendió atribuir al encausado. De acuerdo a precedentes claros constantes y reiterados de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que esta representación comparte, esta práctica es un vicio que viola indefectible e insubsanablemente el derecho de defensa y causa, consecuentemente, una lesión al debido proceso del imputado ( ver votos N° 0141-2002 del 22 de febrero de 2002, 0046-1999 de las 9:40 hrs del 15 de enero de 1999, 0965-2004 del 13 de agosto de 2004, 0592-2002 del 18 de julio de 2002 y 0925-2002 del 20 de junio 2002 ). En efecto, en ninguna parte de la sentencia se atribuyó específicamente al encausado la acción específica de perseguir, acosar , matar a un animal silvestre, o bien la acción de recolectar sus subproductos o productos de su hábitat, sino que se le señaló como autor de una serie de actos atípicos diversos, como portar un bambador y un animal silvestre muerto en un parque nacional, y huir ante la presencia de las autoridades, tras ser sorprendido a raíz de una alerta de cacería furtiva contra sujetos indeterminados, situación que como se analizó anteriormente, si bien es cierto configura un inventario de indicios de un acto de cacería ilegal, que podría en la fundamentación intelectiva del fallo justificar, de manera argumentada, la demostración de una acción de cacería ilegal, no constituyen ni pueden constituir propiamente, por sí mismos, la imputación del acto penalmente típico, ni pueden, válidamente , sustituir la relación clara precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal A Quo pretendió tener por demostrado…” IV.- Se resuelve: En cuanto al primer motivo de apelación planteado por el recurrente, se estima que no le asiste razón. El trámite del presente asunto como flagrancia se halla adecuadamente fundado en la forma de comisión del hecho y en las comprobaciones que fueron tenidas en cuenta por las autoridades jurisdiccionales que acordaron el trámite de la causa como de flagrancia. En primer lugar, y conforme al informe ACTO-GASP-PNT-4e-D09-2012 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación de Tortuguero, Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, del MINAET, visible a folio 1, se tiene que se recibió llamada anónima que informaba de la presencia de cazadores furtivos en el área de Caño Negro. Funcionarios del Parque Nacional, […], se enrumban en la embarcación “B”, al sitio ubicado entre el cruce de Caño Negro y el [Dirección1] Sierpe, y logran divisar una embarcación de madera, tipo cayuco. Al acercarse al cayuco, observan en tierra a tres personas que salen corriendo dentro del bosque, pudiendo identificarse por su contextura al sujeto conocido como “[Nombre1]”, conocido en el área como cazador de vida silvestre, de tortugas y “huevero” y que siempre ingresa al parque por dicho sector. Los oficiales le dan persecución al grupo, y les siguen los rastros. Decidieron darle prioridad a la persecución al sujeto más grueso, quien llevaba un bambador en la espalda y una bolsa plástica en la mano. En un momento dado, el sujeto decide tirar el bambador y la bolsa plástica para poder correr más fácilmente. En el transcurso de la persecución se pierde el rastro y se revisa en los alrededores, cuando los funcionarios comprenden que el sujeto en fuga se había lanzado al río. En virtud de ello, el funcionario [Nombre7] continúo la busca por tierra, mientras [Nombre8] se lanzó al río. Logran detectar al sujeto que está sumergido en el agua, y que sale a respirar cuando los funcionarios se le acercan, se le da la voz de alto, a lo que hizo caso omiso, por lo que se realizó un disparo de advertencia. Se identifica al sujeto como [Nombre1] quien es conocido en la zona como “[Nombre1]”, se le detiene y se le leen sus derechos. Mientras tanto, en el sitio de la huida se localiza el bambador y la bolsa plástica que contenía un tepezcuintle de 6 kg. Muerto, arreglado y adobado, listo para cocinarse y el bambador, donde había ropa y artículos personales. Luego se localizan otros bambadores con pertenencias correspondientes todos a tres personas, por lo que se presume que tres cazadores habían ingresado al parque y planeaban quedarse algún tiempo. En el cayuco se encontró munición calibre 22, pero no se logró encontrar el arma, perdida probablemente en la persecución (folio 2 del informe citado). Como puede observarse, la detención del encartado no lo fue en la ejecución de la caza ilegal de especies protegidas, sino en posesión del tepezcuintle que ya había sido preparado para su consumo, y con pertenencias y objetos compatibles con la actividad de caza ilícita, y en un acto de persecución que respondía, según las reglas de la experiencia a un intento de ponerse a buen recaudo de las autoridades del parque que ya lo conocían como un cazador de vida silvestre reincidente, que suele ingresar al parque nacional por dicho sector. Según el informe, “[Nombre1]” es conocido en la zona por dedicarse a la caza ilegal y a la recolección ilícita de huevos de tortuga, y hay varias causas pendientes contra él por ilícitos de este tipo. Es por ello que la detención del justiciable cuando escapaba de la acción de los funcionarios, y se desprendía de los elementos que lo incriminaban, concretamente del animal preparado para consumir, que había sido cazado previamente, no deja duda de la participación criminal del encartado, así como de que la condición de flagrancia del hecho. Como bien lo apunta el señor Fiscal [Nombre9] , todos los elementos apuntados constituyen indicios de modo, tiempo, lugar y voluntad criminosa de la realización de un hecho penal de relevancia, y aun cuando no fue capturado en la caza misma del animal, dichos indicios analizados en forma global, permiten valorar que el encartado había participado, junto a otros sujetos, en un parque nacional, en la actividad de caza ilícita, y si aprestaba a aprovechar el producto de dicha actividad. Los indicios son graves y concordantes de la presencia del encartado y de su participación en el hecho, y llevan concluyentemente a involucrarlo. Por la naturaleza del delito bajo investigación, es claro que el aprovechamiento de la pieza de caza silvestre es parte de la acción criminal prohibida por la norma, y en estas condiciones el encartado aun estaba en plena ejecución del hecho y por ello el conocimiento de la causa bajo el procedimiento de flagrancia resulta plenamente válido. En cuanto a lo alegado de las investigaciones que la causa requería, como las averiguaciones sobre a quién pertenecían diversos objetos encontrados, el arma con la que se realizó la caza o qué había sucedido con los otros sujetos implicados, no son aspectos que interesen al tipo penal bajo estudio, que en el numeral 93, inciso a) de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, claramente incrimina la acción de caza recaiga sobre animales silvestres declarados en peligro de extinción o con poblaciones reducidas. Ya el licenciado [Nombre9] , de la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público apuntó hacia la idea que en el lugar no había ninguna granja de crianza de tepezcuintles, ni ninguna otra forma de capturar un animal de esta especie que no estuviere en el hábitat de donde fue cazado y muerto. En virtud de la concordancia y gravedad de los indicios, no puede más que concluirse que la calificación de flagrante al delito cometido era la conclusión correcta y el procedimiento incoado resulta válidamente promovido por el Ministerio Público, por lo que el motivo debe ser declarado sin lugar. V.- En cuanto al segundo motivo de la impugnación. Esta Cámara no avala la tesis de la defensa de sostener la existencia de un error en la aceptación del procedimiento abreviado. No hay prueba, ni se puede derivar de las actuaciones judiciales, que el encartado haya sido obligado o engañado para que aceptara un procedimiento abreviado: estuvo acompañado en todo momento de su abogado defensor, se le explicó la acusación, y se le hizo entender las consecuencias de aceptar los hechos que se le atribuían. No hay tampoco comprobación que la defensa haya fallado en su tarea de acompañar el proceso de formación de voluntad del encartado, con información incorrecta o errónea que haya podido provocar la aceptación prematura del abreviado, con el objetivo de obtener su libertad. Si esta fue su voluntad, y actuó aceptando los hechos para obtener de nuevo su libertad ambulatoria, es un elemento del que no hay prueba, y que tampoco afecta el contenido y los efectos del procedimiento abreviado acordado, en el cual, además, se negoció con la defensa del encartado una pena específica. Por lo expuesto, debe declararse sin lugar el segundo motivo de la impugnación. VI.- Se Anula la sentencia y se absuelve al justiciable del ilícito que se le endilga. Por razones diversas a las planteadas por el impugnante, y concediendo que el señor Fiscal de Impugnaciones lleva razón en sus apreciaciones y solicitud expresa, la mayoría de esta Cámara considera que, en efecto, se ha causado una grave afectación a los derechos y garantías del justiciable al no imputar concretamente una acción delictiva al encartado, donde quedaran claramente establecidas las condiciones, elementos objetivos y subjetivos del hecho punible que le eran atribuidos al encartado. Tal y como lo expone el señor Fiscal de Impugnaciones, en el caso bajo examen, se deja a la imaginación de quien escucha o lee la acusación derivar cuál es el delito acusado y en qué condiciones fue cometido. El propio juez que resuelve el abreviado, se contenta con indicar los hechos acusados, teniéndolos por probados, pero sin determinar ninguna valoración probatoria que impute la atribución de los indicios existentes de la participación criminal del encartado en la actividad en contra de los bienes jurídicos del ambiente que están a la base de la tutela penal de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. No se imputa al encartado una acción concreta de caza o de aprovechamiento de los productos de esa caza ilícita, sino tan solo, y como parece derivar de la acusación, de hechos nebulosos vinculados a transportar una serie de pertenencias que lo vinculaban a una actividad ilícita, la permanencia en un lugar de absoluta protección y donde no se permitía la visita de personas no autorizadas, y donde había indicios de algunas otras acciones que podrían tener incidencia en los bienes jurídicos penalmente protegidos. La ausencia de una imputación concreta afecta el derecho de defensa del encartado, pues no sabe a ciencia cierta de qué se defiende y por qué, salvo por la referencia general a circunstancias de su detención y de los objetos que fueron recogidos en el lugar de los hechos. El propio juez sentenciador no logra derivar una imputación concreta de la acusación y de los hechos probados, cuando ni siquiera se cuenta con alguna valoración de los indicios que fueron colectados en los considerandos previos, y que podrían haber conducido a la referencia de las circunstancias típicas del artículo 93, inciso a) de la Ley de Protección de la Vida Silvestre. Dejar a la imaginación del público que escucha el juicio oral, del encartado que recibe una acusación genérica, o de su defensor que debe atender su estrategia técnica a partir de una nebulosa atribución de circunstancias indiciarias, crea una grave afrenta al derecho de defensa y al debido proceso, y afecta el derecho a una efectiva intervención en el proceso del encartado y su representación legal. En este caso concreto, en realidad no cabría hablar de acusación defectuosa, porque lo que sucede es que los hechos genéricamente lo vinculan a una visita no autorizada a un Parque Nacional, donde hay especies protegidas, y que el justiciable se hallaba allí con algunos objetos y bienes que dan la impresión de una voluntad de permanecer en el lugar por algún tiempo, en compañía de otras personas. Pero la acusación no tiene al justiciable como autor responsable de un delito en contra de la Ley de Vida Silvestre, aun cuando ello pueda derivar de los indicios a los que conducen las averiguaciones de los oficiales del MINAET, tal y como se hizo ver al resolver el primer reclamo del apelante. Al encartado se le vincula por la posesión de un bambador, de algunos objetos que fueron recuperados, y el propio animal que estaba listo para su consumo. Sin embargo, el juez de mérito imputa, de oficio, el hecho, sin hacer ninguna consideración de las condiciones de comisión del hecho, y de la forma en que se tienen por probados los elementos del tipo objetivo, todo ello sin ninguna concreta imputación por parte del Ministerio Público. Esta Cámara considera que no procede ordenar el reenvío para que se integre y corrija la acusación –suponiendo, entonces, que el encartado fue quien cazó el animal protegido en la legislación, y se disponía a aprovechar su carne, afectando el ecosistema y el hábitat en el que dicho animal vivía, pues eso acarrearía un perjuicio al imputado, porque permitiría –en el eventual caso de que el Ministerio Público construya la imputación en su contra, pues ahora no existe- delimitar claramente una acción criminal que en el estado actual de la causa no es verificable. Este es, sin duda, un elemento esencial del juicio que no puede ser integrado posteriormente en el reenvío, concediendo una segunda oportunidad de obtener una sentencia condenatoria por parte del órgano fiscal, quien en el primer intento logró pasar todos los tamices procesales hasta llegar a la negociación de un procedimiento abreviado que carecía de base para ser negociado de la forma en que lo fue. El proceso penal, y las condiciones de intervención de las partes, no pueden ser interpretadas, en una lógica acusatoria, como un medio para que el Ministerio Público, efectivamente, alcance una condena. Es como si el reenvío tuviera como sentido jurídico-procesal proveerle al órgano fiscal una segunda oportunidad para enmendar errores de la imputación y acusación y así garantizar el objetivo de alcanzar la condena del justiciable. La lógica del proceso penal en un Estado de Derecho es habilitar las condiciones de un juzgamiento, con pleno respeto a las garantías de derecho e intervención de todas las partes, cierto es que del Ministerio Público, pero también de la defensa, entre otras, y dicha intervención, en este caso específico fue afectada por defectos atribuibles a la intervención del Ministerio Público. Mal haría esta Cámara, habilitando un segundo juzgamiento, para que el Ministerio Público enmiende sus errores y logre una condena que en un primer momento no fue posible. Debe tomarse en cuenta que el reenvío sería totalmente perjudicial al imputado, sobre todo en este caso en que el recurso fue formulado por la defensa y en interés de las posiciones jurídicas del justiciable, pues el Ministerio Público formularía correctamente la imputación siguiendo los lineamientos establecidos en este fallo, realizaría la concatenación de pruebas e indicios para imputar los hechos al encartado, logrando, de esa manera una acusación exitosa con el resultado, plenamente pronosticable, de su condena en el nuevo juicio. El acusado llegó a este proceso sin saber qué se le imputaba, y de cuáles condiciones típicas debía defenderse, lo que trae evidentes perjuicios a su intervención efectiva. La aceptación del abreviado se produjo en condiciones procesales deplorables para un efectivo ejercicio del derecho de defensa, y resulta sorprendente que haya sido admitido el abreviado por el Juez de Mérito en tales circunstancias. Como lo hace ver el señor Fiscal de Impugnaciones, en ninguna parte del fallo se atribuyó específicamente al encausado la acción específica de perseguir, acosar, matar a un animal silvestre, o bien la acción de recolectar sus subproductos o productos de su hábitat, sino que se le señaló como autor de una serie de actos atípicos diversos, como portar un bambador y un animal silvestre muerto en un parque nacional, y huir ante la presencia de las autoridades, tras ser sorprendido a raíz de una alerta de cacería furtiva contra sujetos indeterminados, situación que como se analizó anteriormente, contribuye a construir indicios pero que no fueron nunca derivados en una imputación formal del ilícito. Es por lo expuesto, y conforme a las consecuencias del razonamiento, que corresponde anular la sentencia del abreviado y en su lugar absolver al justiciable de los hechos que le fueron atribuidos por el Ministerio Público. VII.- Voto salvado del juez [Nombre10] .- Disiento parcialmente de la decisión que ha sido adoptada por la mayoría, únicamente en cuanto declara la nulidad de la sentencia porque no se imputó concretamente una acción delictiva al encartado, donde quedaran claramente establecidas las condiciones, elementos objetivos y subjetivos del hecho punible que le eran atribuidos al encartado. Según el artículo 177 del Código Procesal Penal, los vicios quedarán convalidados -entre otros casos- "Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los intervinientes". En el presente caso resulta claro que aunque la acusación no tiene toda la precisión que hubiera sido posible para describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho punible, lo cierto es que al menos consiguió su fin respecto a los interesados, tanto así que ni siquiera el imputado o su defensor técnico hicieron reclamo alguno al respecto, lo que confirma que ambos entendieron que se imputaba al primero una infracción al artículo 93 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley Nº 7317 del 30 de octubre de 1992) y en ese entendimiento pudieron ejercer adecuadamente su derecho de defensa material y técnica -repito- sin haber hecho ningún reparo o cuestionamiento a la descripción circunstanciada del hecho acusado y acreditado, que el propio acusado admitió a efecto de que se aplicara el procedimiento abreviado. Por ese motivo considero que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia. POR TANTO: Por razones diversas a las postuladas en el recurso de apelación formulado por la defensa, por mayoría se anula la sentencia en el procedimiento abreviado bajo examen, y en su lugar, se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1]. El juez [Nombre10] salva el voto. Notifíquese.- Alfredo Chirino Sánchez Jorge Luis Arce Víquez Joe Campos Bonilla Jueces de Apelación de Sentencia Penal Exp: 12-002093-0485-PE (9) Imputado: [Nombre1] Ofendido: Los Recursos Naturales Delito: Infracción a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre KJIMENEZO Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 06:47:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Judicial Branch Court of Appeals of Criminal Sentences, Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at ten hours fifty-five minutes on December fifth, two thousand twelve. APPEAL filed in the present case against [Name1], of legal age, unmarried, Costa Rican, ID CED1, for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Alfredo Chirino Sánchez, Jorge Luis Arce Víquez, and Joe Campos Bonilla participate in the decision on the appeal. Appearing before this court: Attorney [Name2], in his capacity as defense counsel for the accused; and Attorney [Name3], in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office. WHEREAS: I.- That by judgment number 254-G-2012, rendered at ten hours forty-five minutes on July eighteenth, two thousand twelve, the Flagrante Delicto Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, and Articles 3 and 41 of the Political Constitution; 1, 6, 9, 142, 184, 236, 267, 360 to 365, 367, 422 to 436 of the Code of Criminal Procedure; and 1, 24, 30, 31, 45, 50, 69, 71 to 74 of the Criminal Code; 93 (a) of the Wildlife Conservation Law, it is resolved to declare [Name1] responsible as the perpetrator of the crime of Violation of the Wildlife Conservation Law, to the detriment of the ENVIRONMENT, and in that capacity, the penalty of EIGHT MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed. As the legal requirements are met, the accused is granted the benefit of conditional execution of the sentence, setting a probation period of THREE YEARS, with the warning that if he commits an intentional crime punishable by imprisonment of more than six months OR ENTERS THE TORTUGUERO CONSERVATION AREA FOR ANY REASON, such grace shall be immediately revoked. The destruction of all material evidence incorporated into the process is ordered. The costs of the proceedings are borne by the State. Once this judgment becomes final, notify the Sentence Enforcement Court, the National Institute of Criminology, and the Judicial Registry for their respective duties." (sic.). II.- That Attorney [Name2], in his capacity as defense counsel for the accused, filed an appeal against the preceding ruling. III.- That after verifying the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal. IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. Drafted by Judge of the Court of Appeals of Criminal Sentences [Name4]; and, WHEREAS: I.- Appeal by Attorney [Name2].- Attorney [Name2], defense lawyer for the accused [Name1], files an appeal against the judgment rendered in an expedited procedure (procedimiento abreviado) processed before the Flagrante Delicto Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, at ten hours forty-five minutes on July 18, 2012, which sentenced him to eight months of imprisonment for the crime of Violation of the Wildlife Conservation Law. In the first ground of the appeal, he raises a complaint for an alleged lack of jurisdiction of the Flagrante Delicto Criminal Court to hear this matter. He considers this a fundamental defect, because there were aspects of the event that should have been investigated, since his client was not engaged in criminal activity, was not in possession of elements related to the crime, and it was also not determined whether the seized corpse belonged to the National Park. He affirms that "flagrant" is that activity where the perpetrator has been seen by witnesses at the time the act was being committed; by its meaning of "to burn," "to blaze like fire or flame," it alludes to the circumstance of a crime discovered during its perpetration. He questions that no inquiry was made into how the animal found in the bag was killed, nor could the weapon be found, or whether the objects found in the backpack (bambador) belonged to his client or not, or if there were other specimens of protected species illegally captured there, all aspects he considers essential for determining the possible participation of the accused in the acts attributed to him. For all these reasons, he claims there are grounds to require the ordinary procedure (trámite ordinario) in this matter and not the flagrancy procedure, so that after an adequate and objective investigation, where the items of evidence are evaluated, it is in the intermediate stage, through the preliminary hearing, that a determination is made as to whether the accused should be tried. He considers this a fundamental defect and, in accordance with Articles 175 and 178 of the Code of Criminal Procedure, in conjunction with 422, requests that the appealed judgment be annulled and the proceedings be returned to the Public Prosecutor's Office for the purpose of submitting the case to the ordinary procedure. II.- Second Ground: Lack of Reasoning of the judgment, in accordance with Article 142 of the Code of Criminal Procedure.- According to the appellant, the simple recitation of the facts is insufficient to support the ruling; there is no analysis of the evidentiary elements in this matter; only the facts alleged by the Public Prosecutor's Office and the evidence offered to support the imposed penalty are cited. He insists that the mere confession of the accused cannot be sufficient evidence to support the conviction, and in this case, there are important elements that were not adequately investigated, to which he already alluded in the first ground of his appeal. Furthermore, he considers that there was an insufficient representation of the accused [Name1], because the expedited procedure (procedimiento abreviado) was requested and he admitted it, but as a way to be immediately released after almost 48 hours of being detained. He alleges that his consent was obtained based on an error, which violates his presumption of innocence, due process, and the right to defense, because said consent was not manifested freely, clearly, unequivocally, and unmistakably, as required by procedural rules; therefore, he requests that the appealed judgment be annulled in its entirety and a retrial (reenvío) be ordered, within the corresponding ordinary procedure. III.- Position of the Public Prosecutor's Office. During the oral hearing requested in the present case to hear the reasons for the appeal directly from the participants, Attorney [Name5] expressed the opinion of requesting the annulment of the ruling and the acquittal of the accused due to an inadequate accusation of the act. Regarding the grounds for the challenge, Attorney [Name6] stated the following: "...I.- FIRST GROUND: The appellant is not correct: Pursuant to Article 236 of the CPP, flagrancy exists not only when the perpetrator of the act is caught in the act, but also when, shortly after the act, the offender is found in possession of objects or traces that strongly suggest he has just participated in the criminal act. In this vein, the judgment certainly holds as true the existence of several serious, precise, and concordant circumstantial evidence (indicios), which, as a matter of principle—and without prejudice to what will be said later regarding the lack of an adequate accusation—are rationally relatable to the commission of an act punishable under Article 93 of the Wildlife Conservation Law: 1.- Antecedent indication of the crime report: Shortly before being caught inside Tortuguero National Park, specifically in the Caño Negro sector, MINAET officers received information about the presence of poachers in the area where the accused was detained. 2.- Concomitant indication of personal opportunity to commit the crime: The accused was located at time and space coordinates close to the natural habitat of the animal that was hunted: Tortuguero National Park. There is no tepezcuintle farm or commercial center at the capture site where the specimen could have been purchased. Additionally, the hunted animal was found unfrozen, fresh, without signs of decomposition, and with signs of having been recently cleaned of hair and entrails, ready for consumption. 3.- Concomitant indication of possession of the corpus delicti: At the time of his capture, the accused was carrying the hunted specimen in his hand. 4.- Concomitant indication of possession of suitable equipment for harassing wild animals within the Park and for utilizing their meat: At the time of his capture, the accused was carrying a backpack (bambador) with equipment and supplies to stay several days in the mountains, including supplies for consuming game meat: lard, garlic, onion, three spoons (coinciding with the number of people caught at the site along with the accused), pots, pans, and knives. However, only one can of tuna was found on him. 5.- Subsequent indications of guilty conscience: a.- Upon seeing the police, the accused and his accomplices fled; the offender even chose to throw himself into a river. b.- Faced with the impossibility of escaping, the accused tried to destroy the traces linking him to the hunting of the tepezcuintle: he got rid of the backpack (bambador) and the bag containing the hunted specimen. II.- SECOND GROUND: The appellant is not correct. The judgment was not based on the mere pure and simple acceptance of the facts by the accused, but on the aforementioned convergent circumstantial evidence. There is no evidence that the accused was induced into error to accept the expedited procedure: He was informed of its nature, requirements, and implications, the crime charged, the evidence against him, and the penalty that was negotiated. There is no evidence that the defense counsel gave incorrect information to the accused about the type of procedure. The fact that the accused accepted the procedure to regain his freedom, apart from being a circumstance for which no evidence exists, would not compromise the correct understanding of the expedited procedure, the agreed penalty, and its implications. However, notwithstanding the foregoing, and in accordance with the principle of objectivity of the Public Prosecutor's Office (Art. 63 of the CPP), the undersigned believes that, for strictly technical reasons, distinct from those raised by the appellant, the judgment must be reversed and, instead, the acquittal of the accused must be ordered: The statement of proven facts, frankly contrary to the principle of due process and the sub-principle of accusation, described in judgment 1739-92 of the Constitutional Chamber, does not formulate a specific accusation in relation to a typically criminal act, such as an act of illegal hunting in a protected area, but rather points to the sentenced person as a mere referential center for a series of circumstantial evidence and investigative acts from which, in turn, the reader of the accusation must deduce the alleged crime intended to be attributed to the accused. According to clear, constant, and reiterated precedents of the THIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, which this representation shares, this practice is a defect that unavoidably and irreparably violates the right to defense and consequently causes harm to the due process of the accused (see rulings N° 0141-2002 of February 22, 2002, 0046-1999 at 9:40 hrs of January 15, 1999, 0965-2004 of August 13, 2004, 0592-2002 of July 18, 2002, and 0925-2002 of June 20, 2002). Indeed, nowhere in the judgment was the accused specifically attributed with the specific action of pursuing, harassing, or killing a wild animal, or the action of collecting its byproducts or products from its habitat, but rather he was pointed out as the perpetrator of a series of diverse atypical acts, such as carrying a backpack (bambador) and a dead wild animal in a national park, and fleeing from the authorities, after being caught following an alert about poaching involving undetermined subjects, a situation which, as previously analyzed, while it does constitute an inventory of circumstantial evidence of an act of illegal hunting, which could in the intellectual reasoning of the ruling justify, in an argued manner, the demonstration of an act of illegal hunting, does not and cannot properly constitute, in itself, the accusation of the typically criminal act, nor can it validly substitute the clear, precise, and circumstantiated account of the fact that the trial court intended to have held as proven..." IV.- It is resolved: Regarding the first ground of appeal raised by the appellant, it is found that he is not correct. The process of this matter as a flagrancy case is adequately based on the manner in which the act was committed and the verifications that were taken into account by the jurisdictional authorities who ordered the proceeding as a flagrancy case. First, according to report ACTO-GASP-PNT-4e-D09-2012 from the National System of Conservation Areas, Tortuguero Conservation Area, Management of Protected Wild Areas, MINAET, visible on folio 1, it is recorded that an anonymous call was received reporting the presence of poachers in the Caño Negro area. Officials of the National Park, [...], headed in vessel "B" to the site located between the Caño Negro crossing and the [Address1] Sierpe, and managed to spot a wooden boat, a dugout canoe type. Upon approaching the canoe, they observed three people on land running into the forest, and were able to identify by his build the subject known as "[Name1]," known in the area as a wildlife, turtle, and "egg" hunter/harvester (huevero), and who always enters the park through that sector. The officers pursued the group, following their tracks. They decided to prioritize pursuing the heaviest subject, who was carrying a backpack (bambador) on his back and a plastic bag in his hand. At one point, the subject decided to throw away the backpack (bambador) and the plastic bag to run more easily. During the chase, the trail was lost, and they searched the surrounding area, when the officers realized the fleeing subject had jumped into the river. As a result, officer [Name7] continued the search on land, while [Name8] jumped into the river. They located the subject submerged in the water, who came up for air when the officers approached; they ordered him to stop, which he ignored, so a warning shot was fired. The subject was identified as [Name1], known in the area as "[Name1]"; he was detained and read his rights. Meanwhile, at the escape site, the backpack (bambador) and the plastic bag containing a 6 kg dead tepezcuintle, dressed and seasoned, ready to be cooked, were located, along with the backpack (bambador) containing clothes and personal items. Subsequently, other backpacks (bambadores) were found with belongings, all corresponding to three people, leading to the presumption that three hunters had entered the park and planned to stay for some time. In the canoe, .22 caliber ammunition was found, but the weapon could not be located, probably lost during the chase (folio 2 of the cited report). As can be observed, the detention of the accused was not during the act of illegal hunting of protected species, but rather in possession of the tepezcuintle, which had already been prepared for consumption, and with belongings and objects compatible with the activity of illegal hunting, and during a chase that responded, according to rules of experience, to an attempt to evade the park authorities who already knew him as a repeat wildlife hunter who frequently enters the national park through that sector. According to the report, "[Name1]" is known in the area for engaging in illegal hunting and the illegal collection of turtle eggs, and there are several pending cases against him for illicit acts of this type. For this reason, the detention of the defendant while escaping from the officers' action and dispossessing himself of the incriminating elements, specifically the animal prepared for consumption that had been previously hunted, leaves no doubt about the criminal participation of the accused, nor about the flagrancy condition of the act. As Prosecutor [Name9] rightly points out, all the elements noted constitute circumstantial evidence (indicios) of manner, time, place, and criminal intent for the realization of a criminally relevant act, and even though he was not caught in the act of hunting the animal itself, these pieces of circumstantial evidence, analyzed globally, allow for the assessment that the accused had participated, together with other subjects, in illegal hunting activity within a national park, and was preparing to take advantage of the product of that activity. The circumstantial evidence is serious and concordant regarding the presence of the accused and his participation in the act, and conclusively implicates him. Due to the nature of the crime under investigation, it is clear that the utilization of the hunted wild animal is part of the criminal action prohibited by the norm, and under these conditions, the accused was still in the act of committing the offense, and therefore, hearing the case under the flagrancy procedure is fully valid. Regarding the claims about investigations that the case required, such as inquiries into who owned various objects found, the weapon used for the hunting, or what had happened to the other implicated subjects, these are not aspects that concern the criminal offense under study, which in numeral 93, subsection a) of the Wildlife Conservation Law, clearly criminalizes the action of hunting wild animals declared in danger of extinction or with reduced populations. Attorney [Name9] of the Appeals Unit of the Public Prosecutor's Office already pointed out the idea that there was no tepezcuintle breeding farm in the place, nor any other way to capture an animal of this species that was not in the habitat where it was hunted and killed. Due to the concordance and seriousness of the circumstantial evidence, one can only conclude that the qualification of the committed crime as flagrant was the correct conclusion, and the initiated procedure is validly promoted by the Public Prosecutor's Office; therefore, this ground must be dismissed. V.- Regarding the second ground of the challenge. This Chamber does not endorse the defense's thesis of sustaining the existence of an error in the acceptance of the expedited procedure. There is no evidence, nor can it be derived from the judicial proceedings, that the accused was forced or deceived into accepting an expedited procedure: he was accompanied at all times by his defense attorney, the accusation was explained to him, and the consequences of accepting the facts attributed to him were made known to him. There is also no verification that the defense failed in its task of accompanying the process of forming the accused's will with incorrect or erroneous information that could have caused the premature acceptance of the expedited procedure, with the objective of obtaining his freedom. If this was his will, and he acted by accepting the facts to regain his freedom of movement, this is an element for which no evidence exists, and which also does not affect the content and effects of the agreed-upon expedited procedure, in which, furthermore, a specific penalty was negotiated with the defense counsel of the accused. Based on the foregoing, the second ground of the challenge must be declared without merit. VI.- The judgment is annulled, and the defendant is acquitted of the illicit act charged against him. For reasons different from those raised by the appellant, and conceding that the Appeals Prosecutor is correct in his assessments and express request, the majority of this Chamber considers that, indeed, a serious violation of the rights and guarantees of the defendant was caused by not specifically charging the accused with a criminal action, where the conditions, objective and subjective elements of the punishable act attributed to the accused were clearly established. As stated by the Appeals Prosecutor, in the case under review, the accusation leaves it to the imagination of whoever hears or reads it to derive what the charged crime is and under what conditions it was committed. The judge who resolves the expedited procedure simply indicates the facts charged, holding them as proven, but without making any evidentiary assessment that concretely attributes the existing circumstantial evidence of the accused's criminal participation in the activity against the environmental legal interests that form the basis of the criminal protection of the Wildlife Conservation Law. The accused is not charged with a specific action of hunting or exploiting the products of that illegal hunting, but only, and as seems to derive from the accusation, with nebulous facts related to transporting a series of belongings that linked him to an illicit activity, remaining in a place of absolute protection where unauthorized visits were not permitted, and where there were indications of some other actions that could affect the legally protected environmental interests. The absence of a specific accusation affects the defendant's right to defense, as he does not know exactly what he is defending against and why, except for the general reference to the circumstances of his detention and the objects collected at the scene. The sentencing judge himself fails to derive a specific accusation from the charge and the proven facts, when there is not even any assessment of the circumstantial evidence that was collected in the preceding considering clauses, and which could have led to the reference to the typical circumstances of Article 93, subsection a) of the Wildlife Protection Law. Leaving to the imagination of the public listening to the oral trial, the accused who receives a generic accusation, or his defender who must focus his technical strategy based on a nebulous attribution of circumstantial evidence, creates a serious affront to the right to defense and due process, and affects the right to effective intervention in the process by the accused and his legal representation. In this specific case, one could not actually speak of a defective accusation, because what happens is that the facts generically link him to an unauthorized visit to a National Park, where there are protected species, and that the defendant was there with some objects and goods that give the impression of an intention to remain in the place for some time, in the company of other people. But the accusation does not hold the defendant as the responsible perpetrator of a crime against the Wildlife Law, even though that may derive from the circumstantial evidence resulting from the inquiries of MINAET officials, as was noted when resolving the first claim of the appellant. The accused is linked by the possession of a backpack (bambador), some objects that were recovered, and the animal itself that was ready for consumption. However, the trial judge charged the act on his own motion, without making any consideration of the conditions under which the act was committed, and the way in which the elements of the objective offense are held as proven, all without any specific accusation by the Public Prosecutor's Office. This Chamber considers that it is not appropriate to order a retrial (reenvío) so that the accusation can be completed and corrected—supposing, then, that the accused was the one who hunted the animal protected under the legislation, and was preparing to utilize its meat, affecting the ecosystem and the habitat where said animal lived—because that would cause harm to the accused, since it would allow—in the eventual case that the Public Prosecutor's Office constructs the accusation against him, since none currently exists—the clear delimitation of a criminal action that, in the current state of the case, is not verifiable. This is, without a doubt, an essential element of the trial that cannot be integrated later through a retrial, granting a second opportunity to obtain a conviction by the prosecutorial body, which in the first attempt managed to pass all the procedural filters until negotiating an expedited procedure that lacked a basis to be negotiated in the way it was. The criminal process, and the conditions of intervention of the parties, cannot be interpreted, in an accusatorial logic, as a means for the Public Prosecutor's Office to actually achieve a conviction. It is as if the retrial's juridical-procedural purpose were to provide the prosecutorial body with a second opportunity to amend errors in the framing of charges and accusation, and thus guarantee the objective of achieving the conviction of the defendant. The logic of the criminal process in a State governed by the Rule of Law is to enable the conditions for a trial, with full respect for the legal guarantees and intervention of all parties, certainly including the Public Prosecutor's Office, but also the defense, among others, and such intervention, in this specific case, was affected by defects attributable to the intervention of the Public Prosecutor's Office. This Chamber would be wrong to authorize a second trial so that the Public Prosecutor's Office can correct its errors and achieve a conviction that was not possible in the first instance. It must be considered that the retrial would be totally harmful to the accused, especially in this case where the appeal was filed by the defense and in the interest of the legal positions of the defendant, because the Public Prosecutor's Office would correctly formulate the accusation following the guidelines established in this ruling, would perform the concatenation of evidence and circumstantial evidence to charge the facts to the accused, thus achieving a successful accusation with the fully predictable result of his conviction in the new trial. The accused arrived at this process without knowing what he was being accused of, and what typical conditions he had to defend against, which brings clear harm to his effective intervention. The acceptance of the expedited procedure occurred under deplorable procedural conditions for an effective exercise of the right to defense, and it is surprising that the expedited procedure was admitted by the trial judge under such circumstances. As the Appeals Prosecutor points out, nowhere in the ruling was the accused specifically attributed with the specific action of pursuing, harassing, killing a wild animal, or the action of collecting its byproducts or products from its habitat, but rather he was indicated as the perpetrator of a series of diverse atypical acts, such as carrying a backpack (bambador) and a dead wild animal in a national park, and fleeing from the authorities, after being caught following an alert about poaching involving undetermined subjects, a situation which, as previously analyzed, contributes to constructing circumstantial evidence but was never derived into a formal accusation of the illicit act. For the reasons stated, and in accordance with the consequences of this reasoning, it is appropriate to annul the judgment from the expedited procedure and, instead, to acquit the defendant of the acts attributed to him by the Public Prosecutor's Office. VII.- Dissenting opinion of Judge [Name10].- I partially dissent from the decision adopted by the majority, only insofar as it declares the nullity of the judgment because the accused was not specifically charged with a criminal action, where the conditions, objective and subjective elements of the punishable act attributed to the accused were clearly established. According to Article 177 of the Code of Criminal Procedure, defects shall be deemed cured—among other cases—"If, despite its irregularity, the act has achieved its purpose with respect to the interested parties, or if the defect has not affected the rights and faculties of the participants." In the present case it is clear that although the accusation does not have all the precision that would have been possible in describing the circumstances of manner, time, and place of the punishable act, the truth is that it at least achieved its purpose with respect to the interested parties, so much so that neither the accused nor his technical defender made any claim in that regard, which confirms that both understood that the former was being accused of an infraction of Article 93 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley Nº 7317 of October 30, 1992) and, with that understanding, they were able to adequately exercise their right to material and technical defense—I repeat—without having made any objection or questioning to the detailed description of the accused and proven act, which the accused himself admitted so that the abbreviated procedure could be applied. For that reason, I consider that the appeal filed by the defense against the judgment must be dismissed. POR TANTO: For reasons different from those postulated in the appeal formulated by the defense, by majority the judgment in the abbreviated procedure under review is annulled, and in its place, [Nombre1] is acquitted of all penalty and responsibility. Judge [Nombre10] dissents. Notifíquese.- Alfredo Chirino Sánchez Jorge Luis Arce Víquez Joe Campos Bonilla Judges of Criminal Sentence Appeals Exp: 12-002093-0485-PE (9) Accused: [Nombre1] Victim: Natural Resources Crime: Infracción a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre KJIMENEZO Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 06-02-2026 06:47:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República