Res. 00368-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III — Annulment of municipal agreement for lack of reasoning in requiring environmental impact studyNulidad de acuerdo municipal por falta de motivación en exigencia de estudio de impacto ambiental

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III

Resolución Nº 00368 - 2011

Fecha de la Resolución: 30 de Setiembre del 2011 a las 09:45

Expediente: 10-000011-1027-CA

Redactado por: Silvia Consuelo Fernández Brenes

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Municipal

Tema: Nulidad de acuerdo municipal

Subtemas:

Falta de fundamentación ante omisión de solicitar estudio de impacto ambiental en proyecto de urbanismo.
Aplicación de los principios de objetivación de la tutela del ambiente y del precautorio.

Tema: Acuerdo municipal

Subtemas:

Falta de fundamentación ante omisión de solicitar estudio de impacto ambiental en proyecto de urbanismo provoca nulidad.
Aplicación de los principios de objetivación de la tutela del ambiente y del precautorio.

Tema: Municipalidad

Subtemas:

Nulidad de acuerdo ante omisión de solicitar estudio de impacto ambiental en proyecto de urbanismo.
Alcances de la competencia urbanística y tutela del medio ambiente con respecto al poder de policía.

Tema: Concejo municipal

Subtemas:

Órgano competente para analizar viabilidad de proyecto de urbanismo con alto grado de impacto para el ambiente.

Tema: Poder de policía

Subtemas:

Competencia municipal en la verificación del cumplimiento de la regulación urbanística.

Tema: Fraccionamiento y urbanización

Subtemas:

Distinción entre ambos procesos.

Tema: Medio ambiente

Subtemas:

Fundamento de su tutela en relación a la competencia urbanística y el poder de policía municipal.
Aplicación en los acuerdos municipales de los principios de objetivación de la tutela del ambiente y del principio precautorio.

Tema: Principio precautorio en materia ambiental

Subtemas:

Aplicación para evitar efecto negativo en la gestión sostenible del desarrollo urbano y sobre el recurso hídrico de la zona.

Tema: Protección de los recursos naturales

Subtemas:

Aplicación del principio precautorio para evitar efecto negativo en la gestión sostenible del desarrollo urbano y sobre el recurso hídrico de la zona.

Tema: Motivación del acto administrativo

Subtemas:

Nulidad de acuerdo por falta de fundamentación para solicitar presentación de estudio de impacto ambiental a proyecto de urbanismo.
Concepto y alcances.

“V.- DECISIÓN PRECEDENTE DE ESTE TRIBUNAL.- De manera reciente, en resolución número 312-2011, de las quince horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, este Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio municipal, anula la resolución del Alcalde de Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, del veintiuno de enero del dos mil diez, impugnado en apelación municipal tramitada en expediente número 10-000533-1027-CA; y, por conexidad y consecuencia el oficio CTS-MN-CER-245-09, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, dictado por el Departamento de Construcciones de esa corporación local y el acuerdo SE-969-2009, adoptado por el cuerpo edil en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por estimar su ilegalidad por falta de fundamentación de los mismos (resolución de referencia, a folios 394 a 399). No obstante lo anterior, estima este Tribunal que por tratarse de una nulidad declarada por “conexidad y consecuencia”, y por el contenido de la actuación e implicaciones que esta nulidad conlleva, resulta necesario y pertinente hacer unas consideraciones adicionales a las indicadas en la decisión de referencia.

VI.- ANÁLISIS DEL ACUERDO IMPUGNADO.- El apelante sustenta su impugnación en cuatro motivos: a.) la falta de competencia del órgano colegiado para conocer de la solicitud de los cincuenta y dos planos catastrados relativos al proyecto de lotificación agrario propuesto por su representada y la emisión de los certificados de uso de suelo para construcción en dichos lotes; b.) la ausencia del motivo señalado en acto impugnado; c.) el haberle requerido requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico para el trámite de certificado de uso de suelo; y d.) la suspensión indefinida de sus gestiones su proyecto, dejándole en una situación de incertidumbre e indefensión, además del daño económico irreparable causado. Analizado el acuerdo impugnado y revisados los agravios deben hacerse las siguientes precisiones:

Primero: De la naturaleza jurídica del acuerdo impugnado: Debe tenerse en consideración que por el contenido del acuerdo impugnado, el mismo no resolvía de manera definitiva las gestiones promovidas por la empresa Feruga Limitada, en esta ocasión, de visado de planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de ellos (en total, cincuenta y dos), sino que más bien se trata del dictado de un acto de trámite, en tanto previno al interesado el cumplimiento de un requisito, la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto de lotificación (parcelas agrícolas), pero que, por la forma en que se hace este requerimiento, al ordenarle al Alcalde la suspensión de los trámites de ese proyecto, tiene efecto propio, y por lo tanto, es apelable, en los términos previstos en el numeral 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, éste último en cuanto faculta la formulación de los recursos ordinarios respecto del "acto de tramitación que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento", en relación con el inciso b) del 154 y artículo 156 del Código Municipal.

Segundo: De la competencia del Concejo en la adopción del acto impugnado: Como bien se consideró este Tribunal en la resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto anterior,  el Concejo tenía competencia para la adopción del acuerdo impugnado, por tratarse de materia de urbanismo, en los términos previstos en el inciso p) del artículo 13 del Código Municipal. En efecto, no cabe la menor duda de que esta decisión nace del informe rendido por el ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (a folios 9 y 10), en el que remite al Concejo el proyecto de fraccionamiento en cuestión, por cuanto debe tratársele "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto", por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el mismo, "se determinó que existen al menos 5 más afectan directamente el proyecto". Así, existiendo un acto formal previo que traspasa la competencia, del Departamento de Ingeniería al Concejo, por la categorización oficiosa que hizo el gobierno local del proyecto, no resulta aceptable la tesis del apelante de considerar dicha actuación en la avocación que hace el cuerpo de ediles de las competencias que son propias al Departamento de Construcciones del gobierno local; y muchos menos de que se trate de la denegación de las gestiones planteadas, ni tampoco de una conducta omisiva, por retardo “injustificado” de la resolución de sus gestiones. Así, en la resolución de referencia de esta Cámara se indicó:

"V.- Sobre la competencia del Concejo Municipal. El recurso viene impugnando la competencia del Concejo Municipal a efectos de pronunciarse respecto del visado de los planos para el proyecto denominado "aparcelamiento agrícola";  sin embargo, este motivo de agravio debe ser rechazado. Conforme al artículo 13 inciso p) del Código Municipal -anteriormente inciso o), corrida la numeración por Ley 8822 del 29 de abril del 2010-,  el Concejo Municipal es el órgano competente en  materia de urbanismo, por lo que debe respetar toda la normativa  aplicable y  lo que resuelva al respecto, en su condición de jerarca local, lo hace en el ejercicio de sus poderes de imperio. De manera tal que, aún y cuando exista un Departamento de Construcciones con un cuerpo ingenieril (sic) encargado de revisar los proyectos que se someten a su conocimiento, en razón de la técnica y ciencia que domina,  para los efectos  de la aprobación de proyectos urbanísticos de mayor envergadura,  como es el presente caso, en razón del impacto sobre el medio ambiente que ello genera,  su revisión  y aprobación responsable debe recaer en el Concejo Municipal,  como cuerpo deliberante de mayor jerarquía local, a efectos de que analice de manera integral la propuesta del desarrollador, a la luz de la norma precitada, por lo que este agravio debe ser de rechazo."

Tercero: De la exigencia de requisitos previos a la aprobación de un proyecto de fraccionamiento o urbanización. Por la trascendencia derivada de las implicaciones jurídicas que conllevan los procesos de fraccionamiento y urbanizaciones, resulta necesario clarificar el significado de ambos conceptos. Así,

"El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. Es por este motivo que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone:

“(…)Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” (el destacado no es del original).

Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción. Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo conducente, dispone:

“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. (…)

La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamintos y Urbanizaciones, a falta, -en este ultimo caso- de disposiciones concretas en las normas locales. Ninguno de los órganos municipales tiene competencia para autorizar un proyecto en el que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, "servidumbres agrícolas" o “simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras propias del Derecho Privado y no del régimen urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del Derecho Público." (Resolución número 175-2009 de la Sección Tercera de este Tribunal. En igual sentido, la número  y 176-2009 de este mismo Tribunal.)

Al tenor de lo cual, reviste de especial interés el control que corresponde verificar al gobierno local, en este caso a cargo del órgano deliberativo (Concejo), tratándose de la aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, ya que debe corroborar que cumple a cabalidad con los requerimientos de ley, a saber dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, así como la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per ser-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad, que sujeta a todo el aparato estatal, del que forman parte las municipalidades. En el acuerdo impugnado no se hacen las previsiones de las acreditaciones de los servicios de disponibilidad de agua y electricidad para el proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes propuesto por la sociedad Feruga, Limitada, ya que según se indicó, únicamente requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión. No obstante lo anterior, el apelante entiende que se le hacen tales requerimientos, los que estima que no están establecidos en el ordenamiento jurídico. Contrario a lo argüido por el quejoso, advierte este Tribunal que  la acreditación de los servicios y disponibilidad de agua y electricidad en relación con el trámite de certificado de uso de suelo, son necesarios y exigibles, tratándose del trámite de visado de planos, al tenor de lo dispuesto en los artículos III.3.11 y III.13 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como en la Ley de Acueductos y Alcantarillados, exigencia impuesta al desarrollador (Feruga, Limitada) expresamente para su proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes, en la resolución número 1455-2009-SETENA, en que además condicionó su puesta en ejecución al cumplimiento de este requisito, bajo advertencia de nulidad de la viabilidad ambiental otorgada (folios 2 a 7) .

Cuarto: De la ausencia de motivo del acto impugnado: Alega el apelante que el acuerdo impugnado carece de motivo, por cuanto consta en los autos que ya cumplió con la exigencia requerida, al contar con la viabilidad ambiental aprobada por el órgano competente para la realización del proyecto de fraccionamiento agrícola, según resolución 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve. Al respecto procede hacer las siguientes consideraciones: A.) Para conocer de este quebranto, se estima necesario advertir que para la existencia y validez de todo acto administrativo depende de la concurrencia de varios elementos esenciales, impuestos por el ordenamiento jurídico, que para una mayor comprensión, pueden clasificarse en materiales, relativos a los elementos subjetivos (competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, contenido y  motivo -artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública y 49 de la Constitución Política) y formales, comprensivos de la forma en que se adopta el acto, sea, el medio de expresión o manifestación (instrumentación), la motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada Ley General) y el procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la Ley General de la Administración Pública y 39 y 41 de la Constitución). Concretamente, respecto del elemento que se estima ayuno el acto impugnado (el motivo) se debe de indicar lo siguiente. Es un elemento esencial del acto administrativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, constituido por "los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (de derecho) y fácticas, que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Así, son las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que inducen a la Administración a la adopción del acto concreto; y que denota la conformidad que debe existir entre éste y el propósito que el ordenamiento jurídico le asigna, ya sea, la satisfacción de un interés público a satisfacer en cada caso. Por ello, el citado numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, como corolario del principio de legalidad que rige la actuación Administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública); y además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, y que precisamente, sustentan la decisión adoptada, lo que denota su íntima relación con el otro elemento comentado (la motivación del acto), de donde, el contenido debe ser correspondiente con el motivo. B.) En tanto por el contenido del acuerdo impugnado, se hace una prevención al desarrollador; después de una revisión minuciosa del expediente, contrario a lo alegado, este cuerpo colegiado considera que el Concejo de la Municipalidad de Naranjo bien pudo haber sustentado su exigencia en los siguientes hechos, que inciden directamente en cualquier decisión que deba adoptar la corporación local con ocasión de este proyecto:

1.- Existen serias dudas sobre la naturaleza del proyecto que se pretende realizar, en tanto, según informe CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal somete a conocimiento del órgano deliberativo la solicitud del citado proyecto, que colinda con la Zona Protectora El Chayote, en el que estima que debe tratársele, "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con un alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto". De manera que no obstante haberse tramitado ante la Setena como un simple fraccionamiento agrícola, pareciera que existe un cambio de la vocación del uso de suelo, tal y como se indicó en la resolución 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto anterior,

"... ante  un desarrollo como el que pretende hacer la sociedad apelante, es deber de las autoridades locales  identificar también  su verdadera naturaleza.  Si la parte apelante alega que estamos en presencia de  un fraccionamiento agrícola, su destino debe estar dirigido única y exclusivamente a fomentar la explotación de la tierra con fines productivos, circunstancia que debe demostrar la sociedad con elementos técnicos certeros.  No puede aspirar  la recurrente, a establecer un tipo de desarrollo "agrícola" solamente sobre parámetros de medición de superficies y  accesos, pues ello no es suficiente para darle tal condición.  Es por ello que si la verdadera finalidad de la empresa es realizar la venta de terrenos con fines habitacionales -sin importar las dimensiones de los lotes-,  estamos en presencia de un desarrollo urbanístico, el cual tiende a transformar una porción de terreno a efectos de dotar una porción de los servicios propios de las urbes o ciudades, como vías públicas, agua, teléfono, parques, etc., lo cual es un proceso complejo de alteración ambiental de gran efecto sobre los ecosistemas naturales y artificiales, ya que la mayoría de este tipo de obras compacta los terrenos y cubre una parte importante de la  superficie de una capa  impermeabilizante, con lo que se pueden llegar a afectar  las reservas de acuíferos, se aumenta la escorrentía, se alteran los desagues naturales y se aumenta el caudal de los ríos y otros cursos del agua,  además de eliminar el paisaje original.  Dado que en autos no se aprecia la existencia de un anteproyecto por parte del desarrollador, donde se prevean todos los servicios que necesita acondicionar en el lugar a efectos de facilitar la habitación humana, es lógico y comprensible que el ingeniero municipal haya elevado el asunto a conocimiento del cuerpo edil, pues en caso de que en realidad el proyecto no se constituya como parcelamiento agrícola, estaríamos eventualmente ante artificios tendientes a evadir todas las exigencias de índole legal para su desarrollo e implementación.   Esta situación debe ser analizada con detenimiento por las autoridades municipales, mas con los elementos de juicio existentes- por lo menos ante esta  instancia-  no es posible arribar a una conclusión certera."

  La calificación oficiosa que hace el ingeniero municipal, bien pudo justificar la exigencia que se le hace, toda vez que, como bien lo indica el propio apelante, la Secretaría Técnico Nacional Ambiental valoró el proyecto pero como fraccionamiento agrícola, no así como proyecto urbanístico, lo que cambia tanto las exigencias como el impacto en el ambiente; y,

2.- También existe duda razonable sobre la posible afectación del recurso hídrico de la zona, de importancia, por cuanto, según informe CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal somete a conocimiento del órgano deliberativo la solicitud del citado proyecto, que colinda con la Zona Protectora El Chayote, por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el proyecto, "se determinó que existen al menos 5 más que afectan directamente el proyecto" (folios 9 y 10), localizadas en el inmueble en el que Feruga Limitada pretende realizar el fraccionamiento "agrícola". Es así como, mediante oficio CTS-MN-CER-261-09, del siete de diciembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal de Naranjo requiere al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones información sobre el carácter de esas nacientes (en la propiedad de Emilce Cardona), conociendo que la Asada de Cirrí de Naranjo se abastece de una de ellas, que otra corresponde al nacimiento del río Colorado; y las ubica en las siguientes coordenadas: Naciente No. 1: Latitud 498.440.1903 Longitud 238.739; Naciente No. 2: Latitud 497.364 Longitud 238.706; Naciente No. 3: Latitud 497.382 Longitud 238.663; Naciente No. 4 Latitud 497.230 Longitud 238.566;  Naciente 5: Latitud 496.737 Longitud 238.498 (folio 197). Es de consideración que, por la posible amenaza del recurso hídrico del cantón con la implementación de este proyecto, motivó que posterior a la adopción del acto impugnado, las asadas de Naranjo se apersonaron al municipio en respaldo de las actuaciones adoptadas en este caso.

En este sentido, no puede pasar desapercibido que la acción preventiva adoptada por la Municipalidad de Naranjo mereció el reconocimiento de la Sala Constitucional en sentencia 2010-014773, de las catorce horas treinta y seis minutos del primero de setiembre del dos mil diez, en que señaló respecto de la actuación de la entidad local recurrida, que

"... lejos de tener una actitud negligente con respecto a la tutela de los recursos hídricos de su jurisdicción, dicha corporación ha realizado una serie de acciones con el fin de protegerlos, llegando incluso el Concejo a emitir el acuerdo número SE-25-969-2009, por el que dispuso suspender los trámites de la solicitud de visados y obtención de usos de suelo presentados por la sociedad Feruga Limitada, ante la duda existente con respecto a la posible afectación del agua en la Zona. Ante dicho panorama, el Tribunal comprueba que la Municipalidad de Naranjo no ha lesionado lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, por lo que el recurso también debe ser desestimado en cuanto a esta autoridad." Asimismo advirtió que en este caso, se requieren estudios técnicos (hidrogeológico) para determinar la posible afectación del recurso hídrico, "que evalúe las condiciones propias de sitio a desarrollar y del entorno y valore, a partir de los datos técnicos, las zonas de captura de los manantiales, el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y el riesgo de afectación hacia las condiciones de recarga, documento que debe ser elaborado por el desarrollador y presentado ante SENARA para su evaluación"; motivo por el que concluye indicándole a las autoridades recurridas que "no deberán otorgar ningún tipo de permiso de construcción en la finca 2-00153575-000, hasta tanto la sociedad Feruga Limitada no efectúe el estudio hidrogeológico al que hace referencia SENARA en su informe, con el fin de tener certeza con respecto al tipo de construcciones que pueden efectuarse en la zona en cuestión" (sentencia de referencia, en sistema de gestión, folio 387 frente a 393 vuelto). El resaltado no es del original).

Quinto: De la suspensión indefinida del trámite del proyecto de "fraccionamiento": Acusa la sociedad Feruga Limitada, la paralización indefinida de los trámites de las gestiones formuladas -visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo conforme para construcción en cada uno de esos lotes-, lo que además de daños irreparables, le causa una situación de incertidumbre e indefensión. Al respecto, deben hacerse las siguientes consideraciones respecto de la justicia administrativa y la tutela del ambiente a cargo de las municipalidades. A.) Debe recordarse que ante una gestión planteada en instancias administrativas, se impone la obligación a la entidad pública requerida, de dar una respuesta, como derivado del derecho fundamental del derecho de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, cuyo contenido esencial es el reconocimiento a los administrados, de realizar peticiones ante las autoridades públicas sobre asuntos de su interés particular o general, siempre que el objeto de la petición sea legalmente posible; en virtud de lo cual, se genera la obligación -para el funcionario o entidad requerida-, de contestar, y en un plazo razonable, sin que sea exigido que se resuelva de manera favorable a lo pretendido; es decir, que lo tutelado es la obtención de una respuesta a la gestión planteada, en un plazo posible. B.) No se trata de dar cualquier respuesta, sino  la que está ligada a la gestión formulada, para lo cual, la decisión debe ser precisa, clara y debidamente motivada; lo cual también es expresión del principio de seguridad jurídica, en tanto ello permite al administrado, primero imponerse de su contenido, y en caso de ser necesario, le posibilite el ejercicio de su derecho de defensa, de no estar de acuerdo con la decisión. C.) Sí conviene precisar que para la adopción de una decisión final (acto final o definitivo), la Administración se ve compelida a realizar todas las gestiones necesarias para impartir justicia, en este caso, administrativa, que obliga a investigar la situación, siendo los antecedentes "legítimos y reales" (motivo) en los que sustenta la decisión final (contenido) los que le confieren legitimidad y condicionan a su vez, la finalidad legítima y permitida por el ordenamiento jurídico (fin). Por ello, la Administración, no sólo está facultada sino que en algunos supuestos deben requerir probanzas o trámites previos, a fin de sustentar la decisión final o definitiva a un criterio objetivo y no antojadizo o arbitrario, cabalmente en aplicación de los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto la ciencia y la técnica se constituyen en parámetros de la discrecionalidad administrativa. En este sentido, en materia ambiental, cobran especial significación estas consideraciones, por implicar la aplicación, de manera conjunta de dos principios constitucionales ambientales, de gran trascendencia, a saber la objetivación de la tutela del ambiente y el principio precautorio. El primero (la objetivación de la tutela del ambiente), tiene como contenido que en esta materia (la ambiental) sea exigida la necesaria  motivación en criterios objetivos –consistentes en estudios técnicos y científicos– de las decisiones y actuaciones administrativas en el marco de las diversas funciones públicas que realiza el Estado en atención a efectivizar la tutela ambiental; y es así como resulta de aplicación tanto en el ámbito del ejercicio de la función materialmente administrativa, como también en el de la función legislativa y, por supuesto, de la función jurisdiccional. En atención a lo anterior, es posible concluir que en tales supuestos –al momento de promulgar una ley, adoptarse una norma reglamentaria, al emitirse un fallo jurisdiccional, o realizarse una actuación materialmente administrativa, la decisión del legislador, jerarca administrativo, el juez o del funcionario–, la discrecionalidad de los Poderes Públicos se ve reducida a cero. Este principio encuentra su sustento y desarrollo en los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública de manera genérica, y más concretamente, como derivado del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige como requisito previo a la aprobación y realización de cualquier proyecto que pueda tener alguna incidencia en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, su control, que por interpretación podemos extenderlo a la exigencia de probanza técnica y científica que sustente toda decisión de la Administración Pública en la materia ambiental en sus diversas manifestaciones de la función pública. Y el segundo, el principio precautorio o "principio de la evitación prudente", cuya denominación se origina en el latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, se aplica a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. Así, la acción de prevenir pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Este principio es corolario del principio de responsabilidad, ya que surge de la consideración de los nuevos riesgos y daños que la conducta humana provoca en la naturaleza,  en atención al tipo de lesiones que se pueden causar sobre el ambiente y la salud de las personas, que se califican de irreversibles, no sólo por su dimensión, sino también por su acumulación. Por tal motivo es que  es posible concluir que  la realización de los estudios técnicos actúa como condicionante necesario para la correcta aplicación del principio precautorio en materia ambiental; como se ha establecido en el Estudio Kourilisky-Viney del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (KOURILSKY, Phillipe, VINEY, Geneviève. Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Traducción libre y citado por MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 y 177); en el Pronunciamiento o Comunicación de la Unión Europea de febrero del año dos mil –COM–; en la Resolución  de Niza, de diciembre del año dos mil y en la propuesta de la Science and Enviromental Health Network (SEHN), que establecen pautas para la operatividad de este principio, al exigir como sustento de cualquier decisión de la Administración, la definición, graduación y evaluación del riesgo, para lo cual se requieren de los necesarios estudios objetivos previos. Así, el contenido del principio precautorio se refiere a la actitud cautelosa que se debe tomar cuando surja alguna duda razonable -no comprobable mediante métodos objetivos y/o científicos- en relación con la peligrosidad de cualquier actividad, por las posibles repercusiones ambientales, sea, para impedir daños graves e irreparables, ya sea para imponer medidas cautelares en la tramitación de los procedimientos o en la fase de ejecución del derecho otorgado, prohibirla (decisión final o de fondo) o para imponer las medidas correctivas o de mitigación necesarias (decisión final o de fondo) condicionantes de la actividad autorizada a fin de evitar el daño ambiental y en la salud de las personas. Se trata de determinar las situaciones de riesgo para el ambiente (concepto entendido de manera amplia e integral, que comprende tanto los elementos de la biodiversidad natural, como los elementos del urbanismo, según interpretación dada por la propia Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres) y que tienen o pueden tener repercusiones negativas en la salud de la población; y con ello, se condiciona la actuación de la Administración, donde se presentan las siguientes situaciones: 1.) la aplicación de manera tajante el principio de la prevención, que se traduce, en la imposibilidad de la autorización y realización del proyecto sometido a evaluación, cuando se está ante un criterio técnico y científico certero de que una actividad humana (de cualquier índole, sea pública o privada, empresarial, industrial, comercial, agrícola, etc.) provocará un daño al ambiente y a sus elementos, por cuanto se parte del deber de evitarlos con anticipación. Asimismo, este principio se traduce en la la adopción de acciones anticipativas positivas para la evitación del daño (a modo de ejemplo, decretos de protección de especies, vedas, definición de anillos de contención del área urbana, determinación de áreas especiales protegidas, etc.); 2.) la adopción de medidas de mitigación del daño ambiental y de los riesgos en la ejecución de los proyectos técnicamente establecidas, como elemento condicionante de los permisos y autorizaciones de proyectos, cuando como producto de las evaluaciones técnicas, científicas y objetivas previos sobre los posibles impactos en el ambiente, se concluya que la misma tiene niveles de contaminación previamente determinados como aceptables con criterio científico y técnico. Lo anterior resulta de trascedencia por cuanto de comprobarse el incumplimiento de tales medidas, resulta obligada la cancelación del derecho conferido, previo procedimiento ordinario al efecto; y 3.) cuando técnica, objetiva y científicamente existe duda razonable del impacto en el ambiente y salud de las personas con la implementación y ejecuciòn de un determinado proyecto, resulta obligada para la Administración la aplicación del principio precautorio o pro natura, que exige la denegación del permiso o autorización requerida,  o lo que es lo mismo, su denegación. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible o una duda al respecto, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en la materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto, de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Una de las características esenciales del Derecho Ambiental es que aún cuando en última instancia se apoya en un dispositivo sancionador; su objetivo es fundamentalmente preventivo, en tanto lo que se pretende es precisamente evitar que se produzcan daños al ambiente. Por ello son necesarias acciones que se anticipen a cualquier acción contaminante –degradación del ambiente–, en lugar de limitarse a verificar e intentar a posteriori reparar los daños, que en muchos casos, son irreversibles. El reconocimiento jurídico del principio precautorio es una realidad, de manera que no sólo lo tenemos como tal (principio o valor), sino, en nuestro caso, como una verdadera norma jurídica, tanto a nivel internacional, como en el interno. Así, en el primero, encontramos expreso reconocimiento en las siguientes convenciones: el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa del ozono, de mil novecientos ochenta y siete; el Principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; la Declaración de Río de mil novecientos noventa y dos; la Convención marco sobre el cambio climático de mil novecientos noventa y dos; el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de las biotecnologías del Convenio sobre biodiversidad, aprobado en enero del año dos mil; y, el Convenio de Estocolmo para la eliminación  de contaminantes orgánicos persistentes, firmado en mayo del dos mil uno. En el orden interno nacional también se recoge en forma expresa este principio, a modo de parámetro o criterio para aplicar la normativa ambiental, en el artículo  11 incisos 1) y 2) de la Ley de la Biodiversidad, número 7788, del treinta de abril de mil novecientos ochenta, que en lo que interesa dispone:

"Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley:

1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia, anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

2.- Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección."

Por ello, si ese basamento técnico-científico-objetivo no existe, obliga a las Administraciones, a procurarse ese elemento para poder adoptar una decisión seria y responsable ante la situación planteada, cabalmente para conformar el motivo del acto administrativo que finalmente se adopte. D.) Este Tribunal ha señalado en ocasiones anteriores (por ejemplo en la resolución número 125-2011, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de abril del dos mil once), y reitera en esta ocasión, que las autoridades municipales -tanto su órgano deliberativo (Concejo), como su "funcionario ejecutivo" (Alcalde)-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, en tanto la tutela del ambiente se instituye en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal, del que forman parte las Municipalidades (dentro de la estructura constitucional del Estado costarricense); que como tal, se traduce en obligaciones concretas para las administraciones públicas, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual, pueden y deben actuar de manera coordinada con otras dependencias públicas -caso de los Ministerios de Salud y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA)-. En atención a lo anterior, no resulta posible negar el ejercicio de tal potestad pública, máxime que por mandato constitucional, tienen encomendada una tarea esencial, "la administración de los intereses y servicios locales", como lo define el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de "lo local" (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, 5445-99 y 2001-9677); siendo materia trascendental, la ambiental. Así, corresponde a los gobiernos locales ejercer, dentro de la función urbana delegada por mandato legal -artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana y 13 inciso o), 79, 81 y 81 bis del Código Municipal, 15 del Decreto-Ley 833, de Construcciones y demás disposiciones conexas- ejercer su competencia, que no se circunscribe únicamente a la promulgación de las respectivas regulaciones del territorio -planes reguladores y regulaciones conexas-, sino que se extiende también al control que ejerce respecto del cumplimiento de la normativa urbanística-ambiental local, manifestada, cabalmente a través de los trámites de aprobación de visados de planos catastrados, certificados de uso de suelo, proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones, licencias constructivas y licencias comerciales. En este sentido, como lo ha señalado este Tribunal en diversos pronunciamientos (entre ellos, los número 175-2009, de las quince horas cuarenta minutos 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta de enero del dos mil nueve),  "los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el ejercicio del poder de policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado para alcanzar sus cometidos" (el subrayado no es del original); conforme a las competencias otorgadas a los gobiernos locales en el artículo 1 del Decreto-Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente:

"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materia a otros órganos administrativos."

Recuérdese al respecto que el "poder de policía" es la competencia que se le reconoce a la Administración, para que, con fundamento en una ley, ésta regule y reglamente una actividad, a fin de asegurar el orden público, la salubridad, la tranquilidad, la seguridad de las personas, así como la organización moral, política y económica de la sociedad; atribución, en virtud de la cual, la imposición de restricciones al goce de los derechos fundamentales, resulta razonable, en tanto su justificación se encuentra precisamente en la consideración de que los derechos fundamentales se encuentran limitados por los de las demás personas, toda vez que deben coexistir con todos y cada uno de los otros derechos fundamentales. Con lo cual, las medidas que el Estado –en sentido genérico- adopte con la finalidad de proteger la seguridad, la salubridad y tranquilidad, son de interés público social, que se manifiestan por medio del poder de policía, entendida como la facultad reguladora del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales. (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número  401-91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, de la Sala Constitucional.) En consecuencia, no sólo puede, sino que debe revisar el funcionamiento de las empresas e industrias, sino de verificar, como en este caso, la no afectación de los recursos naturales –en especial el hídrico- del cantón, con ocasión de los proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones que se le presenten para su aprobación, a fin de verificar que se hacen conforme lo dicta la normativa, en este caso, urbano y ambiental; todo lo anterior de manera preventiva, y en su defecto, pudiendo en todo caso, utilizar todos los recursos y acciones necesarias para su constatación. E.) Conforme al mandato constitucional enunciado en el artículo 50 de la Carta Fundamental, no resulta resulta legítima ni posible una actitud o posición pasiva ni omisiva frente a la tutela del ambiente. Al contrario, el Estado en su conjunto –del que obviamente forman parte las Municipalidades-, “… se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando –a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación”, afirma de manera categórica la Sala Constitucional en la sentencia número 2002-4830, de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil dos. Téngase en consideración que en aplicación del principio de legalidad, en lo que respecta a su versión positiva, lo establecido en el ordenamiento jurídico se constituye en verdaderos mandatos o normas habilitadoras de competencias y potestades públicas, de obligado acatamiento para las instancias públicas. Así, para la manifestación de cualquiera de sus conductas ­–activa u omisiva–, la Administración debe sujetarse a la norma superior (constitucional o legal), de la cual dimana su competencia, autorización, y en algunos casos, la obligación de actuar en determinado sentido. Así, la Administración debe asumir respecto del mandato legal, una función complementadora, en búsqueda de los objetivos impuestos por el ordenamiento. F.) Se estima necesario advertir a las autoridades municipales de Naranjo que, en el ejercicio del poder de policía en el ámbito del urbanismo y del cumplimiento de la normativa ambiental (para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de la tutela del ambiente), deben actuar con sumo cuidado en las decisiones que adopten, por cuanto los trámites de visados de planos y certificados de uso de suelo no son actuaciones de mero trámite, sino decisiones fundamentales o de fondo, en tanto nacen, de la primera, derechos subjetivos; y de la segunda, el condicionamiento de actuaciones futuras de la corporación (licencias constructivas); trámites en las que resultan de plena aplicación los principios y normativa ambiental previamente indicada, así como los principios precautorio, el preventivo y de la objetivación de la tutela del ambiente. G.) Finalmente, en cuanto a los efectos suspensivos del acuerdo impugnado, se debe razonar que por lógica consecuencia, cualquier prevención tiene el efecto de suspender la adopción de la decisión final de la gestión o trámite, cabalmente en espera del cumplimiento del requisito que se ha pedido que se estima omiso o a las resultas de las probanzas solicitadas (por ejemplo, cuando se requiere alguna prueba técnica); pero en modo alguno puede implicar la paralización absoluta en la tramitación del asunto, como se dispuso en el caso en estudio, en que expresamente se ordenó al Alcalde detenerlos por completo. En este sentido, si el Concejo de la Municipalidad de Naranjo recalificó de manera oficiosa el tipo de fraccionamiento que pretendía hacer la empresa Feruga Limitada, para tenerlo, ya no como uno de naturaleza agrario, sino urbanístico, podía compeler al desarrollador al cumplimiento de los requerimientos que el ordenamiento urbano-ambiental establece para tales fines; suspendiendo únicamente, la adopción del acto final. Esta situación, aunque no se constituye en la decisión final de las gestiones formuladas, son de trámite con efecto propio, que por no estar fundamentada -lo que se detallará a continuación- en el caso concreto, provoca un serio quebranto al debido proceso e indefensión a la empresa desarrolladora, con afectación de sus intereses económicos.

VII.- DEL VICIO ESENCIAL (AUSENCIA TOTAL) EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO.- En concordancia y desarrollo de lo dicho y en el punto quinto G.) del Considerando anterior, este Tribunal estima que el acuerdo impugnado es disconforme con el ordenamiento jurídico, por vicio esencial (ausencia total) en la fundamentación del mismo; elemento formal de todo acto administrativo, declarable de oficio conforme a las previsiones de los numerales 181 y 182 de la Ley General de la Administración Pública. La motivación o fundamentación de un acto administrativo consiste

"... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)

De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta, que liga los hechos con el sustento normativo, de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado. Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso y derecho de defensa, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional

"(...) a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada ..." (El resaltado no es del original.)

Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente el acto, viciándolo de nulidad absoluta.

VIII.- La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola. Nótese además que tampoco se acompañó con la notificación de esta decisión, el oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (visible a folios 9 y 10), del ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en el que remite al Concejo de la corporación el indicado proyecto, en el que estima que no se trata de un fraccionamiento agrícola, sino de uno de orden urbanístico, así como la posible afectación de las cinco nacientes que se localizaron en el inmueble donde se pretende realizar el proyecto. Nada de lo anterior constaba en el expediente a ese momento ni en los archivos municipales le fue comunicado ni explicado al desarrollador, lo que evidencia la falta de fundamentación de este acuerdo, en contravención abierta de los citados numerales 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, de ahí, su nulidad absoluta.

IX.- DE LA NULIDAD POR CONEXIDAD Y CONSECUENCIA.- El punto 4. del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil, reitera la orden de suspensión del proyecto de lotificación presentado por la empresa Feruga Limitada; lo que configura el mismo vicio de nulidad absoluta, y por los mismos motivos del acuerdo anterior, a saber, se dicta ayuno de toda fundamentación, y ordena una suspensión de los trámites solicitados por la empresa Feruga Limitada (visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de los lotes resultantes del fraccionamiento pretendido), no así de la adopción de la decisión final. En este sentido, advierte esta Cámara que a la fecha de su adopción, las autoridades municipales tenían más elementos para sustentar las dudas que tenían para el otorgamiento de los trámites requeridos. Así, adicional a las razones ya dadas, debe considerarse que de la inspección que se realizó en el sitio, el diez de diciembre del dos mil nueve, con la presencia de las siguientes personas: Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, Eugenio Bonilla; diputado José Joaquín Salazar; Director del Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ingeniero Rafael Gutiérrez; Jefe Regional del ACCV-SINAC-MINAET, ingeniero Carlos Zúñiga; asesor parlamentario, Licenciado Guillermo Corrales Montero; asesor municipal, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; ingeniero municipal del Departamento de Construcciones, Daniel Santamaría G.; ingeniero del Departamento de Acueductos, ingeniero Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretario de la Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; regidor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez del Departamento Ambiental y Alfonso Fernández Brenes; se evidenció lo siguiente: a.) que no existe claridad en la determinación exacta del área comprendida de la Zona Protectora El Chayote, creado por ley número 6975, del treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro; afectada por los decretos ejecutivos número 21.835-MIRENEM, del siete de diciembre del dos mil dos y número 35151, del año dos mil nueve, por lo que se recomienda un amojonamiento a cargo del MINAET; b.) que "de acuerdo a la determinación de la capacidad de uso de suelo, esa zona estaría bajo la clasificación de protección, ya que se ha determinado que el principal recurso a proteger en la zona es el hídrico, y que en la finca hay nacientes definidas, comportándose como una zona de infiltración para la descarga en forma de nacientes de agua potable en las partes más bajas"; siendo prohibido el cambio de uso en zonas protegidas, al igual que la eliminación de cobertura boscosa; c.) que resulta esencial la tutela del recurso hídrico de la zona para la salvaguarda de los acueductos de la zona, por lo que se requieren los respectivos estudios hidrogeológicos de la finca; así como la ubicación de las nacientes del cantón, tarea en la que ya colabora el SINAC; y d.) que para los trabajos enunciados, se trabajará de manera responsable y coordinada (folios 203 a 206). Y adicionalmente, conviene traer también a colación que a la fecha de este acuerdo de abril del dos mil diez -que por conexidad y consecuencia ahora se anula-, también tenían conocimiento las autoridades de Naranjo del oficio D.052, del trece de enero del dos mil diez, Rafael Gutiérrez Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, en el que le informa al diputado Joaquín Salazar Rojas, en el que indicó: "... luego de nuestra visita a la zona, se consideró oportuno realizar estudios técnicos sobre las áreas de recarga acuífera tal y como se establecen en el artículo 33 de la Ley Forestal, para lo cual estamos en la mejor disposición de colaborar con su despacho y el Municipio de Naranjo” (folios 239 y 240). Se insiste, nada de lo denotado en tales actuaciones se desprende en el indicado acuerdo, lo que evidencia, a simple vista su falta de motivación o fundamentación.”

 

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Texto de la resolución

 

Exp. No. 10-000011-1027-CA

No. 368-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre del dos mil once.

     Conoce este Tribunal, como jerarca impropio municipal, del recurso de apelación per saltum interpuesto por FERUGA LIMITADA, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Alfonso Fernández Brenes, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, con cédula de identidad número CED78290, vecino de Grecia; contra el acuerdo SE-25-969-2009, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve.

Redacta la Juez Fernández Brenes, y:

CONSIDERANDO:

    I.- DE LOS HECHOS PROBADOS.-  De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado el siguiente elenco de hechos probados: 1.) Que con autorización de la apoderada generalísima sin límite de suma de Nombre102727  propietaria del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el sistema de Folio Real, con la matrícula número Placa16911, situado en el distrito 4 Cirrí, cantón  de Naranjo de la Provincia de Alajuela, con un área de 328.713,75 metros cuadrados, con plano catastrado número A-34725-1977, la sociedad Feruga Limitada ha venido gestionando ante las distintas instancias administrativas, las respectivas diligencias  a fin de  realizar lo que ha denominado "Proyecto de Parcelas Agrícolas", de cincuenta y nueve lotes sobre esa finca  (poder a folio 216; manifestaciones de Nombre102728  , apoderada generalísima sin límite de suma de la propietaria, a folios 252 a 254); 2.) Que en informe INF-G-205-07-08, del ingeniero civil geotecnista, Licenciado Alexander Molina Villalobos, detalla las conclusiones de seis sondeos exploratorios para determinar los parámetros estáticos de resistencia del suelo del sitio correspondientes al plano catastrado A-34725-77, "para la determinación con un aceptable grado de confianza el posible comportamiento de las diferentes estructuras proyectadas en este lugar", con el siguiente resultado: "Según se pudo observar ..., el suelo detectado durante los sondeos para efectos de garantizar una capacidad de soporte adecuada, para estructuras de hasta dos niveles, se recomienda la utilización de sustituciones de materiales por debajo del nivel de fundación hasta alcanzar una profundidad de al menos medio metro, donde se localiza el estrato de mayor rigidez. Esta sustitución debe estar constituida por una mezcla de lastre o material granular tal como piedra base o polvo de piedra, compactada hasta un 95% del proctor estándar. El nivel de fundación recomendado sería el orden de 50 cm con el fin de eliminar la zona de suelo de menor resistencia. Sobre este nivel se recomienda realizar la sustitución de materiales hasta la profundidad indicada. Ambas profundidades son medidas del nivel actual de suelo en las excavaciones ya realizadas. Para efectos de fundación se considera factible la utilización de placas corridas, cuya estructuración debe cumplir con lo establecido en el apartado 4.3 del Código de Cimentaciones de Costa Rica. Para efectos estructurales, las placas corridas de las estructuras, por otra parte, deben cumplir con lo establecido en el apartado XVII del Código Sísmico 2002, para estructuras hasta dos niveles como máximo. Conviene recordar que el Código de Cimentaciones de Costa Rica establece la necesidad de no cimentar en suelos con posibilidades de alta deformidad por lo tanto en caso de estructuras de más de dos niveles sería importante la estimación de los asentamientos máximos esperados calculados tomando en cuenta los parámetros de resistencia indicados en la tabla de perforación, así como la estimación de parámetros de formalidad, para lo cual se pueden utilizar teorías tales como la de la Consolidación de Nombre102729, con el fin de prevenir la concurrencia de deformaciones excesivas que dañen la estructura a construir en el lugar. Para establecer las dimensiones para otros tipos de cimentaciones superficiales, tal como lo establece el Código de Cimentaciones de Costa Rica, se deben utilizar los parámetros de resistencia cuyos valores fueron obtenidos durante los sondeos, cuantificados mediante correlaciones empíricas. De este modo, el valor asociado a la cohesión última inconfinada (Cu), sería del orden de 14.3 Ton/m2 y por lo tanto de 28,5 Ton/m2 para la capacidad última inconfinada (qu). Debido a lo anterior la capacidad de carga admisible ronda 9,5 Ton/m2 luego de aplicar un factor de seguridad de tres, según recomendaciones del Código de Cimentaciones de Costa Rica para cargas estáticas. Es importante recordar el carácter total de los parámetros de resistencia sugeridos, pues el valor de cohesión es comparable con el valor obtenido mediante la realización de un ensayo de compresión total triaxial sin consolidación y sin drenaje (tipo UU) o bien en una prueba de compresión inconfinada" (folios 38 a 51); 3.) Que mediante oficio IMN-DA-1313-09, del treinta de abril del dos mil nueve, el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones indica que dentro de la finca con plano catastrado número A-34725-1977, existen tres nacientes intermitentes, que brotan en un radio de 20 metros de la georeferencia latitud inicial Placa17007, longitud "iniciala" (sic) 497373, clasificado como "nacimiento del dominio público de caudal intermitente" (folio 1); 4.) Que ante solicitud de visado de cincuenta y siete planos catastrados derivados de la finca número 2-153575-000, que presentara el veintidós de mayo del dos mil nueve, la sociedad Feruga Limitada; mediante oficio CST-MN-CER-096-2009, del veinte de mayo del dos mil nueve, el Departamento de Construcciones de la Municipalidad de Naranjo requiere a Nombre102727  el visado de los planos por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como la viabilidad ambiental de parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, avalando la lotificación propuesta (hecho no controvertido; derivado de las manifestaciones de las partes y de la sentencia de amparo número 2010-014773, de las catorce horas treinta y seis minutos del primero de setiembre del dos mil diez, de la Sala Constitucional); 5.) Que en estudio detallado del suelo y capacidad de uso de las tierras de la propiedad de referencia, preparado por el ingeniero agrónomo Gerardo Calvo Fonseca, hace una clasificación de los suelos de la siguiente manera: "Clase I, II, III: tierras aptas para actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Clase IV: para cultivos semiperennes y perennes. Clase V: para pastoreo y manejo forestal. Clase VI: para forestales y cultivos perennes. Clase VII: para manejo forestal. Clase VIII: tierras para protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre y recreación." Advierte que la finca presenta una vocación agrícola en un 87% del total y recomienda "programas de fertilización y enmiendas, que corrijan las deficiencias nutricionales de estos suelos; así como las prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas, especialmente en aquellas áreas en que el relieve sea restrictivo para las labores hortícolas intensivas", así como "no cambiar el uso en las áreas clase VII y los sectores de clase VI, actualmente con cobertura boscosa" Este informe fue base y presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para el respectivo estudio de viabilidad del proyecto denominado "parcelamiento agrícola"; avalado por el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) (folios 69 a 94); 6.) Que mediante resolución número 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorga la viabilidad ambiental al proyecto, consistente en el fraccionamiento de cincuenta y nueve parcelas con fines agrícolas; "en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no sólo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto de los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente." Asimismo, hace las siguientes advertencias: que de previo al inicio de las obras, el desarrollador "... que antes del inicio de las obras debe contar con los servicios de agua para todo el proyecto, de lo contrario se declararía nula la Viabilidad"; y el deber de "acatar las recomendaciones del Estudio detallado de Suelos y Capacidad de Uso de las Tierras de la finca en estudio ... , dentro de las cuales recomienda dicho estudio NO cambiar el uso en las áreas clase VII y los sectores actualmente con cobertura boscosa" (folios 2 a 7); 7.) Que el tres de agosto del dos mil nueve, el desarrollador aporta  a la Municipalidad de Naranjo, copia de cincuenta y cuatro planos  para sellar y la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnico Nacional Ambiental  (folio 160); 8.) Que el dos de octubre del dos mil nueve, boleta 2133, el desarrollador solicita visado para fraccionamiento de cincuenta y dos planos  y el certificado de uso de suelo para construcción en esos lotes   (folio 162); 9.) Que en escrito del veintidós de octubre del dos mil nueve, el personero de Feruga Limitada presenta gestión ante el Departamento de Construcciones, insistiendo en su gestión anterior, advirtiendo que de las cincuenta y nueve parcelas, solamente nueve de ellas se encuentran afectadas por la Zona Protectora El Chayote, y de esas sólo cuatro están ubicadas completamente dentro de esa área protegida y las cinco restantes, sólo parcialmente, por lo que "les queda área suficiente para poder construir fuera de la zona protectora" (folios 165 a 168); 10.) Que el veintidós de octubre del dos mil nueve, la Federación de Acueductos de Naranjo requiere al Departamento de Construcciones de esa corporación local, los documentos relativos del proyecto de lotificación de la finca 2-153575, con plano catastrado A-34725-77; lo anterior a efecto de determinar si cuenta con los estudios respectivos, hidrogeológicos y de impacto ambiental, para determinar la no afectación de los mantos acuíferos de la zona alta del cantón (folio 164); 11.) Que en informe preparado por la hidróloga Alicia Gómez Cruz, concluye informando que en la finca en cuestión "se determina la presencia de dos niveles acuíferos, uno superficial en depósitos piroclásicos y un acuífero a más de 50 m. de profundidad, desarrollado en tobas. Aplicando el método G.O.D., según las características anteriores se determina una vulnerabilidad alta. El tiempo de tránsito no se puede calcular debido a que el acuífero superior es superficial, por lo que no se recomienda la instalación de tanques sépticos ya que este método no sería eficaz" (folios 52 a 70); 12.) Que por acuerdo SO-45-914-2009, de la sesión ordinaria número 45, del nueve de noviembre del dos mil nueve, el Concejo de Naranjo solicita al Departamento de Construcciones un informe sobre el proyecto de parcelas agrícolas sobre la finca 2-153575-000 (hecho no controvertido); 13.) Que por oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal Daniel Santamaría González, del Departamento de Construcciones somete a conocimiento del Concejo Municipal la solicitud del citado proyecto, que colinda con la Zona Protectora El Chayote, por cuanto estima que debe tratársele, "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con un alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto"; por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el proyecto, "se determinó que existen al menos 5 más que afectan directamente el proyecto" (folios 9 y 10); 14.) Que en acuerdo SE-25-969-2009, tomado en la sesión extraordinaria  número 25, del dieciocho de noviembre siguiente, el Concejo Municipal dispuso: "Se instruye al alcalde para que proceda por medio  del Departamento de Construcciones  que se detenga los trámites  del Proyecto de Lotificación (parcelas agrícolas), hasta que se presente  el impacto ambiental  de esa actividad,  considerando que en el lugar existen nacientes captadas y permanentes, que pueden afectar  y por no contar con los permisos de agua y electricidad" (folio 8); 15.) Que por oficio CTS-MN-CER-245-09, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, notificado vía fax el día siguiente, el ingeniero municipal del Departamento de Construcciones -Daniel Santamaría González- comunica a la sociedad desarrolladora que las gestiones del proyecto de parcelamiento  han sido paralizadas por orden del Concejo Municipal, adjuntándole el acuerdo respectivo; por lo que le indica que la gestión se está estudiando (resolución a folio 175; notificación a folio 176); 16.) Que el veintitrés de noviembre del dos mil nueve, el agrimensor José Fabio Hidalgo Castillo presenta memorial oponiéndose a la paralización de los trámites de visado de planos y certificación de uso de suelo para construcción, por estimar que no resulta legítima la actuación, al no contar el cantón con el respectivo plan regulador (folio 179); 17.) Que el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, el señor Fernández Brenes formula recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Concejo Municipal contra el acuerdo SE-25-2009 (folios 11 a 23); 18.) Que en memoriales presentados el veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete de noviembre; primero y dos de diciembre del dos mil nueve, las Asociaciones Administradores de Acueductos Comunales (Asadas) de Cirrí de Naranjo, San Antonio de Barranca de Naranjo, de Dulce Nombre de Naranjo, de Palmira de Alfaro Ruíz, de Pueblo Nuevo de Alfaro Ruíz, de Tapezco de Alfaro Ruíz, de Laguna de Alfaro Ruíz, de Palmita de Naranjo, de San Antonio de Naranjo, de los Ángeles Norte-Alto Villegas de San Ramón, la Sociedad de Usuarios de Santa Rosa de Alfaro Ruíz y Asociación Fuente Administradora de los Mantos Acuíferos de Alfaro Ruíz, brindan su apoyo a la corporación local en la lucha por impedir el cambio de uso del suelo en la Zona Protectora El Chayote (folios 181, 182, 184 a 186, 196 y 201); 20.) Que contra el oficio CTS-MN-CER-245-09, del 19 de noviembre del 2009, el primero de diciembre del dos mil nueve, la sociedad Feruga Limitada formula recursos de revocatoria y apelación en subsidio ante el Departamento de Construcciones (folios 187 a 194); 21.) Que el primero de diciembre del dos mil nueve, el señor Fernández Brenes solicita al Departamento de Construcciones de Naranjo la ubicación geográfica (coordenadas) de las nacientes que afectan la Dirección11695  (folio 195); 22.) Que mediante oficio CTS-MN-CER-261-09, del siete de diciembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal de Naranjo requiere al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones información de si las cinco nacientes ubicadas en la propiedad de Nombre102727  en inspección realizada en el mes de setiembre de ese año (dos mil nueve), por cuanto conforme a inspección realizada en el mes de setiembre anterior (correspondiendo a las siguientes coordenadas: Naciente No. 1: Latitud 498.440.1903 Longitud 238.739; Naciente No. 2: Latitud 497.364 Longitud 238.706; Naciente No. 3: Latitud 497.382 Longitud 238.663; Naciente No. 4 Latitud 497.230 Longitud 238.566;  Naciente 5: Latitud 496.737 Longitud 238.498), de las que de una de ellas se abastece la Asada de Cirrí de Naranjo y otra corresponde al nacimiento del río Colorado, para que se pronuncie respecto de su carácter y si están captadas o denunciadas (folio 197); 23.) Que el diez de diciembre del dos mil diez, el Acueducto Comunal de Concepción de Naranjo requiere a la Municipalidad de Naranjo un estudio hidrológico para determinar el efecto sobre las nacientes captadas por los acueductos cercanos con la perforación de pozos en las áreas aledañas en la zona protectora El Chayote (folio 183); 24.)  Que a las nueve horas del diez de diciembre del dos mil nueve, se realiza audiencia e inspección en el sitio, con la presencia de las siguientes personas: Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, Eugenio Bonilla; diputado José Joaquín Salazar; Director del Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ingeniero Rafael Gutiérrez; Jefe Regional del ACCV-SINAC-MINAET, ingeniero Carlos Zúñiga; asesor parlamentario, Licenciado Guillermo Corrales Montero; asesor municipal, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; ingeniero municipal del Departamento de Construcciones, Daniel Santamaría G.; ingeniero del Departamento de Acueductos, ingeniero Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretario de la Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; regidor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez del Departamento Ambiental y Alfonso Fernández Brenes (folios 203 a 206); 25.) Que de esa audiencia e inspección se evidenció lo siguiente: a.) no existe claridad en la determinación exacta del área comprendida de la Zona Protectora El Chayote, creado por ley número 6975, del treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro; afectada por decretos ejecutivos número 21.835-MIRENEM, del siete de diciembre del dos mil dos y número 35151, del año dos mil nueve, por lo que se recomienda un amojonamiento a cargo del MINAET; b.) que "de acuerdo a la determinación de la capacidad de uso de suelo, esa zona estaría bajo la clasificación de protección, ya que se ha determinado que el principal recurso a proteger en la zona es el hídrico, y que en la finca hay nacientes definidas, comportándose como una zona de infiltración para la descarga en forma de nacientes de agua potable en las partes más bajas"; siendo prohibido el cambio de uso en zonas protegidas, al igual que la eliminación de cobertura boscosa; c.) que resulta esencial la protección del recurso hídrico de la zona para la protección de los acueductos, por lo que se requieren los respectivos estudios hidrogeológicos de la finca; así como la la ubicación de las nacientes del cantón, tarea en la que ya colabora el SINAC; y d.) que para las tareas evidenciadas, se trabajará de manera responsable y coordinada  (folios 203 a 206); 26.) Que el cinco de enero del dos mil diez, el personero de Feruga Limitada presenta recurso de apelación per saltum ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el acuerdo SE-25-2009 del Concejo (folio 27); 27.) Que por oficio CTS-MN-CER-012-10, del once de enero del dos mil diez, el ingeniero Daniel Santamaría González del Departamento de Construcciones rechaza el recurso de revocatoria formulado contra el oficio CTS-MN-CER-245-09, por estimar que, al considerar que se trata de un proyecto de urbanización y no de parcelamiento agrícola, la competencia es del cuerpo de ediles; siendo la medida adoptada pertinente, por requerirse criterio técnico, debido la cantidad de nacientes captadas y permanentes en el sitio, lo que resulta conforme con la competencia constitucional reconocida en el numeral 50 de la Constitución Política. Dicha decisión fue notificada al interesado el mismo día de su emisión, vía fax (folios 220 y 221);  28.) Que por oficio CTS-MN-015-10, del doce de enero del dos mil diez, el Departamento de Construcciones, vuelve a reiterar la gestión ante el Departamento de Aguas, de la información de las nacientes en la finca de la señora Nombre102727 ; poniendo de lo anterior, en conocimiento de la sociedad interesada, mediante oficio CTS-MN-CER-019-10, del trece de enero siguiente (folios 222 y 223); 29.) Que por oficio D.052, del trece de enero del dos mil diez, Rafael Gutiérrez Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, informa al diputado Joaquín Salazar Rojas que "... luego de nuestra visita a la zona, se consideró oportuno realizar estudios técnicos sobre las áreas de recarga acuífera tal y como se establecen en el artículo 33 de la Ley Forestal, para lo cual estamos en la mejor disposición de colaborar con su despacho y el Municipio de Naranjo.” De este informe se envió copia a la Municipalidad de Naranjo (folios 239 y 240); 30.) Que el quince de enero siguiente, el personero de Feruga Limitada requiere al Departamento de Construcciones información sobre las nacientes que se dice hay en el inmueble donde pretende desarrollar su proyecto (folios 226 y 227); 31.) Que mediante resolución del Alcalde de Naranjo ALC-MN-EPB-0136-210, del veintiuno de enero del dos mil diez, el Alcalde rechaza el recurso de apelación formulado contra el oficio CTS-MN-CER-245-09, por estar conforme su actuación en el numeral 50 de la Constitución Política, ya que no pueden resolver las gestiones formuladas hasta no contar con los criterios técnicos requeridos. Dicha resolución fue notificada a la interesada el veinticinco de enero siguiente (folios 234 a 238); 32.) Que contra la anterior decisión, el primero de febrero del dos mil diez, el representante de la sociedad interpone formal recurso de apelación en contra de la resolución del Alcalde, el cual es elevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo mediante resolución ALC-MN-0177-2010, del Alcalde, de las nueve horas del tres de febrero del dos mil diez (memorial de impugnación, conforme a hecho 10 de la resolución 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto último de este Tribunal, a folios 394 a 399; elevación a folio 244); 33.) Que contra lo resuelto por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo (acuerdo SE-969-2009, de la sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve), la sociedad desarrolladora interpuso proceso jurisdiccional, tramitado en expediente número 10-000192-1027-CA, el cual, mediante resolución número 239-2010, de las diez horas del veintisiete de enero del dos mil diez, en el cual, fue denegado el trámite preferente, por estimarse que no se trataba del denominado "amparo de legalidad"; de manera que se reenvió al Juez Tramitador, quien, mediante resolución de las once horas treinta y cinco minutos del once de febrero del dos mil diez, suspendió la tramitación del asunto, hasta comprobar el agotamiento de la vía administrativa, ante la Sección Tercera de este Tribunal (resolución número 239-2010, a folios 241 y 242; y resolución de suspensión a folio 88, del expediente 10-000192-1027-CA que se tuvo a la vista); 34.) Que en acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, el Concejo de la Municipalidad de Naranjo adopta el siguiente acuerdo: "... que de acuerdo a lo que hasta hoy ha actuado por éste mismo órgano y en concordancia con la Normativa Internacional y Nacional vigente en materia de Derechos Humanos y Protección del recurso hídrico y en aras de la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y del recurso hídrico, no sólo como bien público, sino que considerándolo además de un Derecho Humano y por lo tanto universal, inalienable, imprescriptible, intransferible, irrenunciable e inviolable; y amparado en el Principio Precautorio de In dubio Pro natura, acuerda: 1.- Acoger el documento presentado por la FEDAPRO y el grupo de Rescate de la Zona Protectora el Chayote, y a su vez agradecerles su colaboración, esfuerzo e interés en la Protección del recurso hídrico del cantón y de esta Zona de importancia superior en nuestra comunidad. 2.- Solicitar a la Administración Municipal, en la figura del Alcalde Eugenio Padilla Bonilla y de quienes ostenten en los próximos años este cargo, que se tomen de inmediato y se mantengan permanentemente las acciones dirigidas a obtener el apoyo, los recursos y la ejecución de las medidas que le corresponden a: MINAET (Dirección de Aguas, ACCVC, SETENA), Acueductos y Alcantarillados (Gerencia Hídrica y Recursos Naturales, Dirección de Acueductos de Administrados, Departamento de Urbanizaciones), INVU (Departamento de Alineamiento de Ríos), Nombre2449 y demás instituciones competentes, hasta lograr en el menor tiempo posible: a) inventariar el total de nacientes permanentes captadas y no captadas del cantón y para georeferenciar un mapa de protección de nacientes; b) Delimitar las áreas de recarga y descarga de los mantos acuíferos de Naranjo; c) Delimitar las áreas de construcciones, instalaciones y agentes en general que degraden los recursos naturales. d) Levantar la cartografía de vulnerabilidad y preparar los mapas hidrogeológicos de los mantos acuíferos de Naranjo. e) Establecer los alineamientos para proteger los recursos hídricos y elaborar y promulgar un reglamento sobre las restricciones en el uso de suelo, que tenga especial énfasis en la protección del recurso hídrico. f) Preparar un plan de zonificación, el cual pase a formar parte integral del próximo Plan Regulador, que deberá necesariamente proteger el recurso hídrico. 3- Solicitar a la Administración Municipal que el Departamento de Planificación Urbana se abstenga de otorgar permisos de construcción en áreas de protección y amortiguamiento del recurso hídrico. 4- Reiterar los acuerdos tomados por este Concejo Municipal, sobre la solicitud de suspensión de toda obra constructiva en el proyecto tramitado en el Departamento de Planificación Urbana de este Municipio, bajo en expediente número 30-2009. 5- Solicitar y autorizar al señor Alcalde mantener la orden de suspensión de cualquier proyecto que se encuentre cerca de las áreas de protección de acuíferos en tanto no se encuentre listo los estudios contemplados en el punto 2 anterior. 6- Solicitar y autorizar al señor Alcalde para que de inmediato inicie las gestiones necesarias ante la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica para la ejecución de un estudio hidrogeológico de todo el cantón. 7- Solicitar al señor Alcalde que en nombre del Concejo Municipal y de la Administración Municipal, se envíe nota al Tribunal Agrario de San Ramón, solicitando de forma razonada, la pronta resolución en el caso de Nombre102730  , por invasión en la Finca La Chiripa. 8. Enviar nota a todas las fuerzas vivas del cantón en especial a la FEDAPRO, instándoles a nombrar representantes para que participen activa y permanentemente en el proceso del Plan Regulador que iniciará pronto" (por referencia, en contestación del Presidente del Concejo y Alcalde a audiencia concedida, folios 364 y 365); 35.) Que nuevamente interpuesto proceso preferente de amparo de legalidad por la sociedad Feruga Limitada, contra la actuación de la Municipalidad de Naranjo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tramitado en expediente 10-000665-1027-CA, mediante sentencia número 2375-2010, de las siete horas cuarenta minutos del veintitrés de junio del dos mil diez, de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, se ordenó al ingeniero del Departamento de Construcciones de la Municipalidad de Naranjo, o en su defecto, a la autoridad de esa corporación que resulte competente, dictar acto final en relación con las gestiones formuladas por la sociedad Feruga Limitada, en el plazo de diez días contados a partir de la notificación de esa resolución (sistema de gestión, folios 377 a 386); 36.) Que en acatamiento de la anterior decisión, por  oficio No. DPU-MN-DSG-445-10, del doce de julio del dos mil diez, el ingeniero municipal rechaza el visado de planos  así como el certificado del uso del suelo para construcción, por no aportar los documentos solicitados y hasta que no se resolviera un recurso de amparo interpuesto (hecho probado 13 de la resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto último de este Tribunal); 37.) Que por sentencia número 2010-014773, de las catorce horas treinta y seis minutos del primero de setiembre del dos mil diez, la Sala Constitucional desestima el recurso de amparo interpuesto por Nombre102731   contra la Asociación del Acueducto de Dulce Nombre de Naranjo, la Federación de Acueductos de la Zona Protectora el Chayote (FEDAPRO), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Municipalidad de Naranjo y la sociedad Feruga Limitada; por estimar que tales entidades no han sido negligentes y omisas en lo que respecta a la tutela del recurso hídrico del cantón de Naranjo, al permitir el desarrollo de un proyecto de parcelamiento que podría contaminar el agua subterránea y el ambiente en una zona de recarga tan importante como lo es la reserva o Zona Protectora El Chayote, que abastece a todos los acueductos del cantón de Naranjo y algunos vecinos como de Zarcero, San Ramón y Esparza (sentencia de referencia, en sistema de gestión, folio 387 frente a 393 vuelto); 38.) Que en dicha resolución el Tribunal Constitucional, respecto de la actuación de la entidad local recurrida indica: "... lejos de tener una actitud negligente con respecto a la tutela de los recursos hídricos de su jurisdicción, dicha corporación ha realizado una serie de acciones con el fin de protegerlos, llegando incluso el Concejo a emitir el acuerdo número SE-25-969-2009, por el que dispuso suspender los trámites de la solicitud de visados y obtención de usos de suelo presentados por la sociedad Feruga Limitada, ante la duda existente con respecto a la posible afectación del agua en la Zona. Ante dicho panorama, el Tribunal comprueba que la Municipalidad de Naranjo no ha lesionado lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, por lo que el recurso también debe ser desestimado en cuanto a esta autoridad." Asimismo advierte que por requerirse estudios técnicos (hidrogeológico) para determinar la posible afectación del recurso hídrico, "que evalúe las condiciones propias de sitio a desarrollar y del entorno y valore, a partir de los datos técnicos, las zonas de captura de los manantiales, el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y el riesgo de afectación hacia las condiciones de recarga, documento que debe ser elaborado por el desarrollador y presentado ante Nombre2449 para su evaluación." Por tal motivo, concluye indicándole a las autoridades recurridas que "no deberán otorgar ningún tipo de permiso de construcción en la finca 2-00153575-000, hasta tanto la sociedad Feruga Limitada no efectúe el estudio hidrogeológico al que hace referencia Nombre2449 en su informe, con el fin de tener certeza con respecto al tipo de construcciones que pueden efectuarse en la zona en cuestión" (sentencia de referencia, en sistema de gestión, folio 387 frente a 393 vuelto. El resaltado no es del original); y; 38.) Que mediante resolución número 312-2011, de las quince horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio municipal, anula la resolución del Alcalde de Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, del veintiuno de enero del dos mil diez, impugnado en apelación municipal tramitada en expediente número 10-000533-1027-CA; y, por conexidad y consecuencia el oficio CTS-MN-CER-245-09, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, dictado por el Departamento de Construcciones de esa corporación local y el acuerdo SE-969-2009, adoptado por el cuerpo edil en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por estimar su ilegalidad por falta de fundamentación de los mismos (resolución de referencia, a folios 394 a 399).

II.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- También de importancia para la resolución de este asunto, se tiene por no acreditado lo siguiente: 1.) Que el Concejo de Naranjo haya conocido de los recursos ordinarios formulados por el personero de Feruga Limitada contra el acuerdo SE-25-969-2009; 2.) No ha demostrado la sociedad Feruga Limitada, que el desarrollo que se pretende implementar sea un parcelamiento agrícola; 2.) Que el proyecto de parcelamiento cuente con disponibilidad de agua, aprobado por el acueducto municipal, Instituto de Acueductos y Alcantarillados o alguna de las asadas de la zona; 3.) Que el proyecto cuente con la disponibilidad de los servicios de recolección de desechos sólidos y de tendido eléctrico; 4.) Si el área en que se pretende realizar el proyecto, es zona de recarga acuífera y la posible afectación de las nacientes ubicados en el cantón; 5.) Los límites exactos de la cobertura o extensión del Zona Protectora El Chayote. No hay prueba al respecto en los autos.

III.- DE LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.- En su libelo de impugnación presentado ante el Concejo el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, el personero de la sociedad Feruga Limitada alega la nulidad del acuerdo SE-25-969-2009, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por los siguientes motivos: a.) La falta de competencia del órgano colegiado para conocer de la solicitud de visados de los cincuenta y dos planos catastrados relativos al proyecto de lotificación agrario propuesto por su representada y la emisión de los certificados de uso de suelo para construcción en dichos lotes, por corresponderle esa tarea al Departamento de Construcciones, por tener personal capacitado para resolver tales gestiones; y por cuanto conforme al régimen recursivo, el Concejo no conoce de las actuaciones de tal Dependencia, sino únicamente el Alcalde, y en caso de requerirse el agotamiento de la vía administrativa, el Tribunal Contencioso Administrativo. Por ello estima que lo que de manera ilegítima, el Concejo se avocó una competencia propia y exclusiva de un funcionario municipal, que no depende de su cargo, requiriéndose para ello, de una norma legal que así lo autorice, lo que no se da en el caso; b.) La ausencia del motivo señalado en acto impugnado, por cuanto consta en los autos, la viabilidad ambiental aprobada por el órgano respectivo, en este caso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, para la realización del proyecto de fraccionamiento con fines agrarios, según consta en resolución número 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve, que consiste en cincuenta y nueve lotes de un área mínima de cinco mil metros cuadrados, con una servidumbre  agrícola de de siete metros de ancho; y, por encontrarse nueve de en zona protegida, se realizó el estudio de impacto ambiental en toda el área de la finca a fraccionar; y que en los lotes donde se ubicó una naciente, se dotó de mayor área de la exigida en la normativa. Así, concluye que por tratarse de proyecto de parcelas agrícolas, no hay peligro o riesgo de afectación del ecosistema, lo que está debidamente acreditado por los estudios que constan en autos; c.) La solicitud de requisitos que no están previamente establecidos en el ordenamiento jurídico para el trámite de certificado de uso de suelo, como lo son los permisos o disponibilidad para los permisos de agua y electricidad, propios de un proyecto urbanístico más no así de un parcelamiento agrícola, en los términos de los numerales II.2.1.6 y VI.3.11 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, disposiciones que alega cumple a cabalidad. En este sentido, alega que el certificado de uso de suelo es un acto reglado, donde no proceden apreciaciones subjetivas; y d.) Que con ocasión del acuerdo adoptado, se paraliza de manera indefinida su proyecto, dejándole en una situación de incertidumbre y provocándole un gravamen irreparable; siendo que tiene derecho a que se le resuelva su gestión en un plazo razonable. Por ello pide la revocatoria del acuerdo a fin de que se le resuelvan sus gestiones. (Folios 11 a 23 y 338 a 354).

IV.- DE LA PERTINENCIA DE LA APELACIÓN PER SALTUM.- Podemos considerar como una expresión del principio de justicia pronta y cumplida que deriva del numeral 41 de la Constitución Política, el instituto procesal de la apelación “per saltum”, previsto en el párrafo final del artículo 156 de Código Municipal y 191 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto prevé que, en casos de omisión del Concejo de tramitar como en derecho corresponde, sea, en la sesión siguiente a la presentación de la impugnación que se formula, el administrado acuda directamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando en calidad de jerarca impropio bifásico del ámbito municipal –conforme al mandato que deriva del artículo 173 constitucional- para que éste conozca de la apelación planteada. En el caso en estudio, es claro que estamos frente a tal situación, en tanto, de la impugnación formulada por el personero de Feruga Limitada el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, contra el acuerdo SE-25-969-2009, adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Naranjo en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil nueve (folios 11 a 23), es lo cierto que no se conoce actuación de parte del cuerpo de ediles tendiente a resolverla; lo que faculta a la sociedad interesada a promover la apelación per saltum directamente ante este Tribunal, lo que hace el cinco de enero siguiente (folio 27). Por ello se pasa a resolver el fondo del asunto.

V.- DECISIÓN PRECEDENTE DE ESTE TRIBUNAL.- De manera reciente, en resolución número 312-2011, de las quince horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil once, este Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio municipal, anula la resolución del Alcalde de Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, del veintiuno de enero del dos mil diez, impugnado en apelación municipal tramitada en expediente número 10-000533-1027-CA; y, por conexidad y consecuencia el oficio CTS-MN-CER-245-09, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve, dictado por el Departamento de Construcciones de esa corporación local y el acuerdo SE-969-2009, adoptado por el cuerpo edil en sesión extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por estimar su ilegalidad por falta de fundamentación de los mismos (resolución de referencia, a folios 394 a 399). No obstante lo anterior, estima este Tribunal que por tratarse de una nulidad declarada por “conexidad y consecuencia”, y por el contenido de la actuación e implicaciones que esta nulidad conlleva, resulta necesario y pertinente hacer unas consideraciones adicionales a las indicadas en la decisión de referencia.

VI.- ANÁLISIS DEL ACUERDO IMPUGNADO.- El apelante sustenta su impugnación en cuatro motivos: a.) la falta de competencia del órgano colegiado para conocer de la solicitud de los cincuenta y dos planos catastrados relativos al proyecto de lotificación agrario propuesto por su representada y la emisión de los certificados de uso de suelo para construcción en dichos lotes; b.) la ausencia del motivo señalado en acto impugnado; c.) el haberle requerido requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico para el trámite de certificado de uso de suelo; y d.) la suspensión indefinida de sus gestiones su proyecto, dejándole en una situación de incertidumbre e indefensión, además del daño económico irreparable causado. Analizado el acuerdo impugnado y revisados los agravios deben hacerse las siguientes precisiones:

Primero: De la naturaleza jurídica del acuerdo impugnado: Debe tenerse en consideración que por el contenido del acuerdo impugnado, el mismo no resolvía de manera definitiva las gestiones promovidas por la empresa Feruga Limitada, en esta ocasión, de visado de planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de ellos (en total, cincuenta y dos), sino que más bien se trata del dictado de un acto de trámite, en tanto previno al interesado el cumplimiento de un requisito, la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto de lotificación (parcelas agrícolas), pero que, por la forma en que se hace este requerimiento, al ordenarle al Alcalde la suspensión de los trámites de ese proyecto, tiene efecto propio, y por lo tanto, es apelable, en los términos previstos en el numeral 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, éste último en cuanto faculta la formulación de los recursos ordinarios respecto del "acto de tramitación que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento", en relación con el inciso b) del 154 y artículo 156 del Código Municipal.

Segundo: De la competencia del Concejo en la adopción del acto impugnado: Como bien se consideró este Tribunal en la resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto anterior,  el Concejo tenía competencia para la adopción del acuerdo impugnado, por tratarse de materia de urbanismo, en los términos previstos en el inciso p) del artículo 13 del Código Municipal. En efecto, no cabe la menor duda de que esta decisión nace del informe rendido por el ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (a folios 9 y 10), en el que remite al Concejo el proyecto de fraccionamiento en cuestión, por cuanto debe tratársele "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto", por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el mismo, "se determinó que existen al menos 5 más afectan directamente el proyecto". Así, existiendo un acto formal previo que traspasa la competencia, del Departamento de Ingeniería al Concejo, por la categorización oficiosa que hizo el gobierno local del proyecto, no resulta aceptable la tesis del apelante de considerar dicha actuación en la avocación que hace el cuerpo de ediles de las competencias que son propias al Departamento de Construcciones del gobierno local; y muchos menos de que se trate de la denegación de las gestiones planteadas, ni tampoco de una conducta omisiva, por retardo “injustificado” de la resolución de sus gestiones. Así, en la resolución de referencia de esta Cámara se indicó:

"V.- Sobre la competencia del Concejo Municipal. El recurso viene impugnando la competencia del Concejo Municipal a efectos de pronunciarse respecto del visado de los planos para el proyecto denominado "aparcelamiento agrícola";  sin embargo, este motivo de agravio debe ser rechazado. Conforme al artículo 13 inciso p) del Código Municipal -anteriormente inciso o), corrida la numeración por Ley 8822 del 29 de abril del 2010-,  el Concejo Municipal es el órgano competente en  materia de urbanismo, por lo que debe respetar toda la normativa  aplicable y  lo que resuelva al respecto, en su condición de jerarca local, lo hace en el ejercicio de sus poderes de imperio. De manera tal que, aún y cuando exista un Departamento de Construcciones con un cuerpo ingenieril (sic) encargado de revisar los proyectos que se someten a su conocimiento, en razón de la técnica y ciencia que domina,  para los efectos  de la aprobación de proyectos urbanísticos de mayor envergadura,  como es el presente caso, en razón del impacto sobre el medio ambiente que ello genera,  su revisión  y aprobación responsable debe recaer en el Concejo Municipal,  como cuerpo deliberante de mayor jerarquía local, a efectos de que analice de manera integral la propuesta del desarrollador, a la luz de la norma precitada, por lo que este agravio debe ser de rechazo."

Tercero: De la exigencia de requisitos previos a la aprobación de un proyecto de fraccionamiento o urbanización. Por la trascendencia derivada de las implicaciones jurídicas que conllevan los procesos de fraccionamiento y urbanizaciones, resulta necesario clarificar el significado de ambos conceptos. Así,

"El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. Es por este motivo que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone:

“(…)Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” (el destacado no es del original).

Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción. Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo conducente, dispone:

“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. (…)

La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamintos y Urbanizaciones, a falta, -en este ultimo caso- de disposiciones concretas en las normas locales. Ninguno de los órganos municipales tiene competencia para autorizar un proyecto en el que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, "servidumbres agrícolas" o “simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras propias del Derecho Privado y no del régimen urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del Derecho Público." (Resolución número 175-2009 de la Sección Tercera de este Tribunal. En igual sentido, la número  y 176-2009 de este mismo Tribunal.)

Al tenor de lo cual, reviste de especial interés el control que corresponde verificar al gobierno local, en este caso a cargo del órgano deliberativo (Concejo), tratándose de la aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, ya que debe corroborar que cumple a cabalidad con los requerimientos de ley, a saber dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, así como la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per ser-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad, que sujeta a todo el aparato estatal, del que forman parte las municipalidades. En el acuerdo impugnado no se hacen las previsiones de las acreditaciones de los servicios de disponibilidad de agua y electricidad para el proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes propuesto por la sociedad Feruga, Limitada, ya que según se indicó, únicamente requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión. No obstante lo anterior, el apelante entiende que se le hacen tales requerimientos, los que estima que no están establecidos en el ordenamiento jurídico. Contrario a lo argüido por el quejoso, advierte este Tribunal que  la acreditación de los servicios y disponibilidad de agua y electricidad en relación con el trámite de certificado de uso de suelo, son necesarios y exigibles, tratándose del trámite de visado de planos, al tenor de lo dispuesto en los artículos III.3.11 y III.13 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como en la Ley de Acueductos y Alcantarillados, exigencia impuesta al desarrollador (Feruga, Limitada) expresamente para su proyecto de "fraccionamiento" de cincuenta y dos lotes, en la resolución número 1455-2009-SETENA, en que además condicionó su puesta en ejecución al cumplimiento de este requisito, bajo advertencia de nulidad de la viabilidad ambiental otorgada (folios 2 a 7) .

Cuarto: De la ausencia de motivo del acto impugnado: Alega el apelante que el acuerdo impugnado carece de motivo, por cuanto consta en los autos que ya cumplió con la exigencia requerida, al contar con la viabilidad ambiental aprobada por el órgano competente para la realización del proyecto de fraccionamiento agrícola, según resolución 1455-2009-SETENA, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil nueve. Al respecto procede hacer las siguientes consideraciones: A.) Para conocer de este quebranto, se estima necesario advertir que para la existencia y validez de todo acto administrativo depende de la concurrencia de varios elementos esenciales, impuestos por el ordenamiento jurídico, que para una mayor comprensión, pueden clasificarse en materiales, relativos a los elementos subjetivos (competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, contenido y  motivo -artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública y 49 de la Constitución Política) y formales, comprensivos de la forma en que se adopta el acto, sea, el medio de expresión o manifestación (instrumentación), la motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada Ley General) y el procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la Ley General de la Administración Pública y 39 y 41 de la Constitución). Concretamente, respecto del elemento que se estima ayuno el acto impugnado (el motivo) se debe de indicar lo siguiente. Es un elemento esencial del acto administrativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, constituido por "los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (de derecho) y fácticas, que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Así, son las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que inducen a la Administración a la adopción del acto concreto; y que denota la conformidad que debe existir entre éste y el propósito que el ordenamiento jurídico le asigna, ya sea, la satisfacción de un interés público a satisfacer en cada caso. Por ello, el citado numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, como corolario del principio de legalidad que rige la actuación Administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública); y además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, y que precisamente, sustentan la decisión adoptada, lo que denota su íntima relación con el otro elemento comentado (la motivación del acto), de donde, el contenido debe ser correspondiente con el motivo. B.) En tanto por el contenido del acuerdo impugnado, se hace una prevención al desarrollador; después de una revisión minuciosa del expediente, contrario a lo alegado, este cuerpo colegiado considera que el Concejo de la Municipalidad de Naranjo bien pudo haber sustentado su exigencia en los siguientes hechos, que inciden directamente en cualquier decisión que deba adoptar la corporación local con ocasión de este proyecto:

1.- Existen serias dudas sobre la naturaleza del proyecto que se pretende realizar, en tanto, según informe CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal somete a conocimiento del órgano deliberativo la solicitud del citado proyecto, que colinda con la Zona Protectora El Chayote, en el que estima que debe tratársele, "ya no como fraccionamiento de parcelas agrícolas, sino más bien como un proyecto de urbanismo con un alto grado de impacto para el ambiente, y que se investigue desde su posición jerárquica todo lo referente a este proyecto". De manera que no obstante haberse tramitado ante la Setena como un simple fraccionamiento agrícola, pareciera que existe un cambio de la vocación del uso de suelo, tal y como se indicó en la resolución 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto anterior,

"... ante  un desarrollo como el que pretende hacer la sociedad apelante, es deber de las autoridades locales  identificar también  su verdadera naturaleza.  Si la parte apelante alega que estamos en presencia de  un fraccionamiento agrícola, su destino debe estar dirigido única y exclusivamente a fomentar la explotación de la tierra con fines productivos, circunstancia que debe demostrar la sociedad con elementos técnicos certeros.  No puede aspirar  la recurrente, a establecer un tipo de desarrollo "agrícola" solamente sobre parámetros de medición de superficies y  accesos, pues ello no es suficiente para darle tal condición.  Es por ello que si la verdadera finalidad de la empresa es realizar la venta de terrenos con fines habitacionales -sin importar las dimensiones de los lotes-,  estamos en presencia de un desarrollo urbanístico, el cual tiende a transformar una porción de terreno a efectos de dotar una porción de los servicios propios de las urbes o ciudades, como vías públicas, agua, teléfono, parques, etc., lo cual es un proceso complejo de alteración ambiental de gran efecto sobre los ecosistemas naturales y artificiales, ya que la mayoría de este tipo de obras compacta los terrenos y cubre una parte importante de la  superficie de una capa  impermeabilizante, con lo que se pueden llegar a afectar  las reservas de acuíferos, se aumenta la escorrentía, se alteran los desagues naturales y se aumenta el caudal de los ríos y otros cursos del agua,  además de eliminar el paisaje original.  Dado que en autos no se aprecia la existencia de un anteproyecto por parte del desarrollador, donde se prevean todos los servicios que necesita acondicionar en el lugar a efectos de facilitar la habitación humana, es lógico y comprensible que el ingeniero municipal haya elevado el asunto a conocimiento del cuerpo edil, pues en caso de que en realidad el proyecto no se constituya como parcelamiento agrícola, estaríamos eventualmente ante artificios tendientes a evadir todas las exigencias de índole legal para su desarrollo e implementación.   Esta situación debe ser analizada con detenimiento por las autoridades municipales, mas con los elementos de juicio existentes- por lo menos ante esta  instancia-  no es posible arribar a una conclusión certera."

  La calificación oficiosa que hace el ingeniero municipal, bien pudo justificar la exigencia que se le hace, toda vez que, como bien lo indica el propio apelante, la Secretaría Técnico Nacional Ambiental valoró el proyecto pero como fraccionamiento agrícola, no así como proyecto urbanístico, lo que cambia tanto las exigencias como el impacto en el ambiente; y,

2.- También existe duda razonable sobre la posible afectación del recurso hídrico de la zona, de importancia, por cuanto, según informe CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal somete a conocimiento del órgano deliberativo la solicitud del citado proyecto, que colinda con la Zona Protectora El Chayote, por cuanto, haciendo el montaje de nacientes de la base de datos sobre el proyecto, "se determinó que existen al menos 5 más que afectan directamente el proyecto" (folios 9 y 10), localizadas en el inmueble en el que Feruga Limitada pretende realizar el fraccionamiento "agrícola". Es así como, mediante oficio CTS-MN-CER-261-09, del siete de diciembre del dos mil nueve, el ingeniero municipal de Naranjo requiere al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones información sobre el carácter de esas nacientes (en la propiedad de Nombre102727 ), conociendo que la Asada de Cirrí de Naranjo se abastece de una de ellas, que otra corresponde al nacimiento del río Colorado; y las ubica en las siguientes coordenadas: Naciente No. 1: Latitud 498.440.1903 Longitud 238.739; Naciente No. 2: Latitud 497.364 Longitud 238.706; Naciente No. 3: Latitud 497.382 Longitud 238.663; Naciente No. 4 Latitud 497.230 Longitud 238.566;  Naciente 5: Latitud 496.737 Longitud 238.498 (folio 197). Es de consideración que, por la posible amenaza del recurso hídrico del cantón con la implementación de este proyecto, motivó que posterior a la adopción del acto impugnado, las asadas de Naranjo se apersonaron al municipio en respaldo de las actuaciones adoptadas en este caso.

En este sentido, no puede pasar desapercibido que la acción preventiva adoptada por la Municipalidad de Naranjo mereció el reconocimiento de la Sala Constitucional en sentencia 2010-014773, de las catorce horas treinta y seis minutos del primero de setiembre del dos mil diez, en que señaló respecto de la actuación de la entidad local recurrida, que

"... lejos de tener una actitud negligente con respecto a la tutela de los recursos hídricos de su jurisdicción, dicha corporación ha realizado una serie de acciones con el fin de protegerlos, llegando incluso el Concejo a emitir el acuerdo número SE-25-969-2009, por el que dispuso suspender los trámites de la solicitud de visados y obtención de usos de suelo presentados por la sociedad Feruga Limitada, ante la duda existente con respecto a la posible afectación del agua en la Zona. Ante dicho panorama, el Tribunal comprueba que la Municipalidad de Naranjo no ha lesionado lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, por lo que el recurso también debe ser desestimado en cuanto a esta autoridad." Asimismo advirtió que en este caso, se requieren estudios técnicos (hidrogeológico) para determinar la posible afectación del recurso hídrico, "que evalúe las condiciones propias de sitio a desarrollar y del entorno y valore, a partir de los datos técnicos, las zonas de captura de los manantiales, el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y el riesgo de afectación hacia las condiciones de recarga, documento que debe ser elaborado por el desarrollador y presentado ante Nombre2449 para su evaluación"; motivo por el que concluye indicándole a las autoridades recurridas que "no deberán otorgar ningún tipo de permiso de construcción en la finca 2-00153575-000, hasta tanto la sociedad Feruga Limitada no efectúe el estudio hidrogeológico al que hace referencia Nombre2449 en su informe, con el fin de tener certeza con respecto al tipo de construcciones que pueden efectuarse en la zona en cuestión" (sentencia de referencia, en sistema de gestión, folio 387 frente a 393 vuelto). El resaltado no es del original).

Quinto: De la suspensión indefinida del trámite del proyecto de "fraccionamiento": Acusa la sociedad Feruga Limitada, la paralización indefinida de los trámites de las gestiones formuladas -visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo conforme para construcción en cada uno de esos lotes-, lo que además de daños irreparables, le causa una situación de incertidumbre e indefensión. Al respecto, deben hacerse las siguientes consideraciones respecto de la justicia administrativa y la tutela del ambiente a cargo de las municipalidades. A.) Debe recordarse que ante una gestión planteada en instancias administrativas, se impone la obligación a la entidad pública requerida, de dar una respuesta, como derivado del derecho fundamental del derecho de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, cuyo contenido esencial es el reconocimiento a los administrados, de realizar peticiones ante las autoridades públicas sobre asuntos de su interés particular o general, siempre que el objeto de la petición sea legalmente posible; en virtud de lo cual, se genera la obligación -para el funcionario o entidad requerida-, de contestar, y en un plazo razonable, sin que sea exigido que se resuelva de manera favorable a lo pretendido; es decir, que lo tutelado es la obtención de una respuesta a la gestión planteada, en un plazo posible. B.) No se trata de dar cualquier respuesta, sino  la que está ligada a la gestión formulada, para lo cual, la decisión debe ser precisa, clara y debidamente motivada; lo cual también es expresión del principio de seguridad jurídica, en tanto ello permite al administrado, primero imponerse de su contenido, y en caso de ser necesario, le posibilite el ejercicio de su derecho de defensa, de no estar de acuerdo con la decisión. Nombre147.) Sí conviene precisar que para la adopción de una decisión final (acto final o definitivo), la Administración se ve compelida a realizar todas las gestiones necesarias para impartir justicia, en este caso, administrativa, que obliga a investigar la situación, siendo los antecedentes "legítimos y reales" (motivo) en los que sustenta la decisión final (contenido) los que le confieren legitimidad y condicionan a su vez, la finalidad legítima y permitida por el ordenamiento jurídico (fin). Por ello, la Administración, no sólo está facultada sino que en algunos supuestos deben requerir probanzas o trámites previos, a fin de sustentar la decisión final o definitiva a un criterio objetivo y no antojadizo o arbitrario, cabalmente en aplicación de los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto la ciencia y la técnica se constituyen en parámetros de la discrecionalidad administrativa. En este sentido, en materia ambiental, cobran especial significación estas consideraciones, por implicar la aplicación, de manera conjunta de dos principios constitucionales ambientales, de gran trascendencia, a saber la objetivación de la tutela del ambiente y el principio precautorio. El primero (la objetivación de la tutela del ambiente), tiene como contenido que en esta materia (la ambiental) sea exigida la necesaria  motivación en criterios objetivos –consistentes en estudios técnicos y científicos– de las decisiones y actuaciones administrativas en el marco de las diversas funciones públicas que realiza el Estado en atención a efectivizar la tutela ambiental; y es así como resulta de aplicación tanto en el ámbito del ejercicio de la función materialmente administrativa, como también en el de la función legislativa y, por supuesto, de la función jurisdiccional. En atención a lo anterior, es posible concluir que en tales supuestos –al momento de promulgar una ley, adoptarse una norma reglamentaria, al emitirse un fallo jurisdiccional, o realizarse una actuación materialmente administrativa, la decisión del legislador, jerarca administrativo, el juez o del funcionario–, la discrecionalidad de los Poderes Públicos se ve reducida a cero. Este principio encuentra su sustento y desarrollo en los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública de manera genérica, y más concretamente, como derivado del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige como requisito previo a la aprobación y realización de cualquier proyecto que pueda tener alguna incidencia en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, su control, que por interpretación podemos extenderlo a la exigencia de probanza técnica y científica que sustente toda decisión de la Administración Pública en la materia ambiental en sus diversas manifestaciones de la función pública. Y el segundo, el principio precautorio o "principio de la evitación prudente", cuya denominación se origina en el latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, se aplica a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. Así, la acción de prevenir pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Este principio es corolario del principio de responsabilidad, ya que surge de la consideración de los nuevos riesgos y daños que la conducta humana provoca en la naturaleza,  en atención al tipo de lesiones que se pueden causar sobre el ambiente y la salud de las personas, que se califican de irreversibles, no sólo por su dimensión, sino también por su acumulación. Por tal motivo es que  es posible concluir que  la realización de los estudios técnicos actúa como condicionante necesario para la correcta aplicación del principio precautorio en materia ambiental; como se ha establecido en el Estudio Nombre102732 del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (Nombre102733, Phillipe, Nombre102732, Nombre102734. Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Traducción libre y citado por MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 y 177); en el Pronunciamiento o Comunicación de la Unión Europea de febrero del año dos mil –COM–; en la Resolución  de Nombre99621, de diciembre del año dos mil y en la propuesta de la Science and Enviromental Health Network (SEHN), que establecen pautas para la operatividad de este principio, al exigir como sustento de cualquier decisión de la Administración, la definición, graduación y evaluación del riesgo, para lo cual se requieren de los necesarios estudios objetivos previos. Así, el contenido del principio precautorio se refiere a la actitud cautelosa que se debe tomar cuando surja alguna duda razonable -no comprobable mediante métodos objetivos y/o científicos- en relación con la peligrosidad de cualquier actividad, por las posibles repercusiones ambientales, sea, para impedir daños graves e irreparables, ya sea para imponer medidas cautelares en la tramitación de los procedimientos o en la fase de ejecución del derecho otorgado, prohibirla (decisión final o de fondo) o para imponer las medidas correctivas o de mitigación necesarias (decisión final o de fondo) condicionantes de la actividad autorizada a fin de evitar el daño ambiental y en la salud de las personas. Se trata de determinar las situaciones de riesgo para el ambiente (concepto entendido de manera amplia e integral, que comprende tanto los elementos de la biodiversidad natural, como los elementos del urbanismo, según interpretación dada por la propia Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres) y que tienen o pueden tener repercusiones negativas en la salud de la población; y con ello, se condiciona la actuación de la Administración, donde se presentan las siguientes situaciones: 1.) la aplicación de manera tajante el principio de la prevención, que se traduce, en la imposibilidad de la autorización y realización del proyecto sometido a evaluación, cuando se está ante un criterio técnico y científico certero de que una actividad humana (de cualquier índole, sea pública o privada, empresarial, industrial, comercial, agrícola, etc.) provocará un daño al ambiente y a sus elementos, por cuanto se parte del deber de evitarlos con anticipación. Asimismo, este principio se traduce en la la adopción de acciones anticipativas positivas para la evitación del daño (a modo de ejemplo, decretos de protección de especies, vedas, definición de anillos de contención del área urbana, determinación de áreas especiales protegidas, etc.); 2.) la adopción de medidas de mitigación del daño ambiental y de los riesgos en la ejecución de los proyectos técnicamente establecidas, como elemento condicionante de los permisos y autorizaciones de proyectos, cuando como producto de las evaluaciones técnicas, científicas y objetivas previos sobre los posibles impactos en el ambiente, se concluya que la misma tiene niveles de contaminación previamente determinados como aceptables con criterio científico y técnico. Lo anterior resulta de trascedencia por cuanto de comprobarse el incumplimiento de tales medidas, resulta obligada la cancelación del derecho conferido, previo procedimiento ordinario al efecto; y 3.) cuando técnica, objetiva y científicamente existe duda razonable del impacto en el ambiente y salud de las personas con la implementación y ejecuciòn de un determinado proyecto, resulta obligada para la Administración la aplicación del principio precautorio o pro natura, que exige la denegación del permiso o autorización requerida,  o lo que es lo mismo, su denegación. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible o una duda al respecto, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en la materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto, de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Una de las características esenciales del Derecho Ambiental es que aún cuando en última instancia se apoya en un dispositivo sancionador; su objetivo es fundamentalmente preventivo, en tanto lo que se pretende es precisamente evitar que se produzcan daños al ambiente. Por ello son necesarias acciones que se anticipen a cualquier acción contaminante –degradación del ambiente–, en lugar de limitarse a verificar e intentar a posteriori reparar los daños, que en muchos casos, son irreversibles. El reconocimiento jurídico del principio precautorio es una realidad, de manera que no sólo lo tenemos como tal (principio o valor), sino, en nuestro caso, como una verdadera norma jurídica, tanto a nivel internacional, como en el interno. Así, en el primero, encontramos expreso reconocimiento en las siguientes convenciones: el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa del ozono, de mil novecientos ochenta y siete; el Principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; la Declaración de Río de mil novecientos noventa y dos; la Convención marco sobre el cambio climático de mil novecientos noventa y dos; el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de las biotecnologías del Convenio sobre biodiversidad, aprobado en enero del año dos mil; y, el Convenio de Estocolmo para la eliminación  de contaminantes orgánicos persistentes, firmado en mayo del dos mil uno. En el orden interno nacional también se recoge en forma expresa este principio, a modo de parámetro o criterio para aplicar la normativa ambiental, en el artículo  11 incisos 1) y 2) de la Ley de la Biodiversidad, número 7788, del treinta de abril de mil novecientos ochenta, que en lo que interesa dispone:

"Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley:

1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia, anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

2.- Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección."

Por ello, si ese basamento técnico-científico-objetivo no existe, obliga a las Administraciones, a procurarse ese elemento para poder adoptar una decisión seria y responsable ante la situación planteada, cabalmente para conformar el motivo del acto administrativo que finalmente se adopte. D.) Este Tribunal ha señalado en ocasiones anteriores (por ejemplo en la resolución número 125-2011, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de abril del dos mil once), y reitera en esta ocasión, que las autoridades municipales -tanto su órgano deliberativo (Concejo), como su "funcionario ejecutivo" (Alcalde)-, tienen la obligación de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo 50, en tanto la tutela del ambiente se instituye en una verdadera función o potestad pública para todo el aparato estatal, del que forman parte las Municipalidades (dentro de la estructura constitucional del Estado costarricense); que como tal, se traduce en obligaciones concretas para las administraciones públicas, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual, pueden y deben actuar de manera coordinada con otras dependencias públicas -caso de los Ministerios de Salud y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA)-. En atención a lo anterior, no resulta posible negar el ejercicio de tal potestad pública, máxime que por mandato constitucional, tienen encomendada una tarea esencial, "la administración de los intereses y servicios locales", como lo define el artículo 169 constitucional; y que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado como la competencia del ámbito municipal, dentro del concepto de "lo local" (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 6469-97, 5445-99 y 2001-9677); siendo materia trascendental, la ambiental. Así, corresponde a los gobiernos locales ejercer, dentro de la función urbana delegada por mandato legal -artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana y 13 inciso o), 79, 81 y 81 bis del Código Municipal, 15 del Decreto-Ley 833, de Construcciones y demás disposiciones conexas- ejercer su competencia, que no se circunscribe únicamente a la promulgación de las respectivas regulaciones del territorio -planes reguladores y regulaciones conexas-, sino que se extiende también al control que ejerce respecto del cumplimiento de la normativa urbanística-ambiental local, manifestada, cabalmente a través de los trámites de aprobación de visados de planos catastrados, certificados de uso de suelo, proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones, licencias constructivas y licencias comerciales. En este sentido, como lo ha señalado este Tribunal en diversos pronunciamientos (entre ellos, los número 175-2009, de las quince horas cuarenta minutos 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta de enero del dos mil nueve),  "los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el ejercicio del poder de policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado para alcanzar sus cometidos" (el subrayado no es del original); conforme a las competencias otorgadas a los gobiernos locales en el artículo 1 del Decreto-Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente:

"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materia a otros órganos administrativos."

Recuérdese al respecto que el "poder de policía" es la competencia que se le reconoce a la Administración, para que, con fundamento en una ley, ésta regule y reglamente una actividad, a fin de asegurar el orden público, la salubridad, la tranquilidad, la seguridad de las personas, así como la organización moral, política y económica de la sociedad; atribución, en virtud de la cual, la imposición de restricciones al goce de los derechos fundamentales, resulta razonable, en tanto su justificación se encuentra precisamente en la consideración de que los derechos fundamentales se encuentran limitados por los de las demás personas, toda vez que deben coexistir con todos y cada uno de los otros derechos fundamentales. Con lo cual, las medidas que el Estado –en sentido genérico- adopte con la finalidad de proteger la seguridad, la salubridad y tranquilidad, son de interés público social, que se manifiestan por medio del poder de policía, entendida como la facultad reguladora del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales. (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número  401-91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, de la Sala Constitucional.) En consecuencia, no sólo puede, sino que debe revisar el funcionamiento de las empresas e industrias, sino de verificar, como en este caso, la no afectación de los recursos naturales –en especial el hídrico- del cantón, con ocasión de los proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones que se le presenten para su aprobación, a fin de verificar que se hacen conforme lo dicta la normativa, en este caso, urbano y ambiental; todo lo anterior de manera preventiva, y en su defecto, pudiendo en todo caso, utilizar todos los recursos y acciones necesarias para su constatación. E.) Conforme al mandato constitucional enunciado en el artículo 50 de la Carta Fundamental, no resulta resulta legítima ni posible una actitud o posición pasiva ni omisiva frente a la tutela del ambiente. Al contrario, el Estado en su conjunto –del que obviamente forman parte las Municipalidades-, “… se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando –a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación”, afirma de manera categórica la Sala Constitucional en la sentencia número 2002-4830, de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil dos. Téngase en consideración que en aplicación del principio de legalidad, en lo que respecta a su versión positiva, lo establecido en el ordenamiento jurídico se constituye en verdaderos mandatos o normas habilitadoras de competencias y potestades públicas, de obligado acatamiento para las instancias públicas. Así, para la manifestación de cualquiera de sus conductas ­–activa u omisiva–, la Administración debe sujetarse a la norma superior (constitucional o legal), de la cual dimana su competencia, autorización, y en algunos casos, la obligación de actuar en determinado sentido. Así, la Administración debe asumir respecto del mandato legal, una función complementadora, en búsqueda de los objetivos impuestos por el ordenamiento. F.) Se estima necesario advertir a las autoridades municipales de Naranjo que, en el ejercicio del poder de policía en el ámbito del urbanismo y del cumplimiento de la normativa ambiental (para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de la tutela del ambiente), deben actuar con sumo cuidado en las decisiones que adopten, por cuanto los trámites de visados de planos y certificados de uso de suelo no son actuaciones de mero trámite, sino decisiones fundamentales o de fondo, en tanto nacen, de la primera, derechos subjetivos; y de la segunda, el condicionamiento de actuaciones futuras de la corporación (licencias constructivas); trámites en las que resultan de plena aplicación los principios y normativa ambiental previamente indicada, así como los principios precautorio, el preventivo y de la objetivación de la tutela del ambiente. Nombre594.) Finalmente, en cuanto a los efectos suspensivos del acuerdo impugnado, se debe razonar que por lógica consecuencia, cualquier prevención tiene el efecto de suspender la adopción de la decisión final de la gestión o trámite, cabalmente en espera del cumplimiento del requisito que se ha pedido que se estima omiso o a las resultas de las probanzas solicitadas (por ejemplo, cuando se requiere alguna prueba técnica); pero en modo alguno puede implicar la paralización absoluta en la tramitación del asunto, como se dispuso en el caso en estudio, en que expresamente se ordenó al Alcalde detenerlos por completo. En este sentido, si el Concejo de la Municipalidad de Naranjo recalificó de manera oficiosa el tipo de fraccionamiento que pretendía hacer la empresa Feruga Limitada, para tenerlo, ya no como uno de naturaleza agrario, sino urbanístico, podía compeler al desarrollador al cumplimiento de los requerimientos que el ordenamiento urbano-ambiental establece para tales fines; suspendiendo únicamente, la adopción del acto final. Esta situación, aunque no se constituye en la decisión final de las gestiones formuladas, son de trámite con efecto propio, que por no estar fundamentada -lo que se detallará a continuación- en el caso concreto, provoca un serio quebranto al debido proceso e indefensión a la empresa desarrolladora, con afectación de sus intereses económicos.

VII.- DEL VICIO ESENCIAL (AUSENCIA TOTAL) EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO.- En concordancia y desarrollo de lo dicho y en el punto quinto G.) del Considerando anterior, este Tribunal estima que el acuerdo impugnado es disconforme con el ordenamiento jurídico, por vicio esencial (ausencia total) en la fundamentación del mismo; elemento formal de todo acto administrativo, declarable de oficio conforme a las previsiones de los numerales 181 y 182 de la Ley General de la Administración Pública. La motivación o fundamentación de un acto administrativo consiste

"... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)

De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta, que liga los hechos con el sustento normativo, de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado. Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso y derecho de defensa, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional

"(...) a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada ..." (El resaltado no es del original.)

Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente el acto, viciándolo de nulidad absoluta.

VIII.- La anterior transgresión está dada por cuanto no se le explica al administrado interesado -Feruga Limitada-, con la claridad y precisión requerida para el caso, la decisión adoptada; esto es, explicándole el motivo por el cual se le está requiriendo -de nuevo- un estudio de impacto ambiental, cuando en los autos consta la existencia de uno, para el desarrollo de un fraccionamiento agrícola. Nótese además que tampoco se acompañó con la notificación de esta decisión, el oficio CTS-MN-CER-243-09, del diecisiete de noviembre del dos mil nueve (visible a folios 9 y 10), del ingeniero municipal -Daniel Santamaría González-, en el que remite al Concejo de la corporación el indicado proyecto, en el que estima que no se trata de un fraccionamiento agrícola, sino de uno de orden urbanístico, así como la posible afectación de las cinco nacientes que se localizaron en el inmueble donde se pretende realizar el proyecto. Nada de lo anterior constaba en el expediente a ese momento ni en los archivos municipales le fue comunicado ni explicado al desarrollador, lo que evidencia la falta de fundamentación de este acuerdo, en contravención abierta de los citados numerales 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, de ahí, su nulidad absoluta.

IX.- DE LA NULIDAD POR CONEXIDAD Y CONSECUENCIA.- El punto 4. del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil, reitera la orden de suspensión del proyecto de lotificación presentado por la empresa Feruga Limitada; lo que configura el mismo vicio de nulidad absoluta, y por los mismos motivos del acuerdo anterior, a saber, se dicta ayuno de toda fundamentación, y ordena una suspensión de los trámites solicitados por la empresa Feruga Limitada (visado de ciento cincuenta y dos planos catastrados y certificación de uso de suelo para la construcción en cada uno de los lotes resultantes del fraccionamiento pretendido), no así de la adopción de la decisión final. En este sentido, advierte esta Cámara que a la fecha de su adopción, las autoridades municipales tenían más elementos para sustentar las dudas que tenían para el otorgamiento de los trámites requeridos. Así, adicional a las razones ya dadas, debe considerarse que de la inspección que se realizó en el sitio, el diez de diciembre del dos mil nueve, con la presencia de las siguientes personas: Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, Eugenio Bonilla; diputado José Joaquín Salazar; Director del Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ingeniero Rafael Gutiérrez; Jefe Regional del ACCV-SINAC-MINAET, ingeniero Carlos Zúñiga; asesor parlamentario, Licenciado Guillermo Corrales Montero; asesor municipal, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; ingeniero municipal del Departamento de Construcciones, Daniel Santamaría G.; ingeniero del Departamento de Acueductos, ingeniero Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretario de la Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; regidor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez del Departamento Ambiental y Alfonso Fernández Brenes; se evidenció lo siguiente: a.) que no existe claridad en la determinación exacta del área comprendida de la Zona Protectora El Chayote, creado por ley número 6975, del treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro; afectada por los decretos ejecutivos número 21.835-MIRENEM, del siete de diciembre del dos mil dos y número 35151, del año dos mil nueve, por lo que se recomienda un amojonamiento a cargo del MINAET; b.) que "de acuerdo a la determinación de la capacidad de uso de suelo, esa zona estaría bajo la clasificación de protección, ya que se ha determinado que el principal recurso a proteger en la zona es el hídrico, y que en la finca hay nacientes definidas, comportándose como una zona de infiltración para la descarga en forma de nacientes de agua potable en las partes más bajas"; siendo prohibido el cambio de uso en zonas protegidas, al igual que la eliminación de cobertura boscosa; c.) que resulta esencial la tutela del recurso hídrico de la zona para la salvaguarda de los acueductos de la zona, por lo que se requieren los respectivos estudios hidrogeológicos de la finca; así como la ubicación de las nacientes del cantón, tarea en la que ya colabora el SINAC; y d.) que para los trabajos enunciados, se trabajará de manera responsable y coordinada (folios 203 a 206). Y adicionalmente, conviene traer también a colación que a la fecha de este acuerdo de abril del dos mil diez -que por conexidad y consecuencia ahora se anula-, también tenían conocimiento las autoridades de Naranjo del oficio D.052, del trece de enero del dos mil diez, Rafael Gutiérrez Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, en el que le informa al diputado Joaquín Salazar Rojas, en el que indicó: "... luego de nuestra visita a la zona, se consideró oportuno realizar estudios técnicos sobre las áreas de recarga acuífera tal y como se establecen en el artículo 33 de la Ley Forestal, para lo cual estamos en la mejor disposición de colaborar con su despacho y el Municipio de Naranjo” (folios 239 y 240). Se insiste, nada de lo denotado en tales actuaciones se desprende en el indicado acuerdo, lo que evidencia, a simple vista su falta de motivación o fundamentación.

POR TANTO:

En cuanto a la impugnación del acuerdo SE-969-2009 del Concejo Municipal de Naranjo, tomado en la sesión  extraordinaria número 25, del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, estése a lo resuelto en resolución número 312-2011, de las quince horas del treinta y uno de agosto último de esa Sección del Tribunal Contencioso Administrativo. Por conexidad y consecuencia, se anula el punto 4 del acuerdo SE-7-197-2010, del veintiuno de abril del dos mil diez, adoptado por el mismo cuerpo edil. Tome nota la Municipalidad recurrida de las consideraciones dadas en esta decisión.

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

 

 

 

Evelyn Solano Ulloa                                                                Eduardo González Segura

 

 

 

 

  

 

Exp:  10-000011-1027-CA

Apelación per saltum

Feruga Limitada c/ Municipalidad de Naranjo

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-04-2026 10:07:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

V.- PRIOR DECISION OF THIS TRIBUNAL.- Recently, in resolution number 312-2011, issued at three thirty in the afternoon of August thirty-first, two thousand eleven, this Contentious-Administrative Tribunal, acting as improper municipal superior, annulled the resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, of January twenty-first, two thousand ten, challenged in the municipal appeal processed under case file number 10-000533-1027-CA; and, by connection and consequence, official letter CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, issued by the Department of Construction of that local corporation and agreement SE-969-2009, adopted by the municipal council in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, deeming them illegal due to lack of reasoning (referenced resolution, at folios 394 to 399). Notwithstanding the foregoing, this Tribunal deems that because it is a nullity declared by "connection and consequence," and due to the content of the action and the implications this nullity entails, it is necessary and pertinent to make some additional considerations to those indicated in the referenced decision.

VI.- ANALYSIS OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- The appellant bases his challenge on four grounds: a.) the lack of competence of the collegiate body to hear the request for the fifty-two cadastral maps related to the agricultural subdivision (lotificación) project proposed by its represented party and the issuance of the land-use certificates for construction on said plots; b.) the absence of the reason stated in the challenged act; c.) having required requirements not provided for in the legal system for the processing of the land-use certificate; and d.) the indefinite suspension of its project procedures, leaving it in a situation of uncertainty and defenselessness, in addition to the irreparable economic damage caused. After analyzing the challenged agreement and reviewing the grievances, the following clarifications must be made:

First: On the legal nature of the challenged agreement: It must be taken into consideration that, due to the content of the challenged agreement, it did not definitively resolve the procedures promoted by the company Feruga Limitada, on this occasion, for the approval of cadastral maps and certification of land use for construction on each of them (in total, fifty-two), but rather it concerns the issuance of a procedural act, insofar as it warned the interested party to fulfill a requirement, the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) of the subdivision (lotificación) project (agricultural parcels), but which, due to the manner in which this requirement is made, by ordering the Mayor to suspend the procedures for this project, has its own effect, and therefore, is appealable, under the terms provided in numerals 163.2 and 345.3 of the General Law of Public Administration, the latter insofar as it authorizes the filing of ordinary remedies regarding the "procedural act that indefinitely suspends or makes impossible the continuation of the proceeding," in relation to subsection b) of article 154 and article 156 of the Municipal Code.

Second: On the competence of the Council in adopting the challenged act: As this Tribunal well considered in resolution number 312-2011, of three o'clock in the afternoon of August thirty-first last, the Council had the competence to adopt the challenged agreement, as it concerns matters of urbanism, under the terms provided in subsection p) of article 13 of the Municipal Code. Indeed, there is no doubt whatsoever that this decision arises from the report issued by the municipal engineer -Daniel Santamaría González-, in official letter CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine (at folios 9 and 10), in which he refers to the Council the subdivision (fraccionamiento) project in question, because it must be treated "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urbanism project with a high degree of impact on the environment, and that everything concerning this project be investigated from its hierarchical position," because, overlaying the database of springs (nacientes) onto the project, "it was determined that there exist at least 5 more that directly affect the project." Thus, there being a prior formal act that transfers competence from the Department of Engineering to the Council, due to the ex officio categorization of the project made by the local government, the appellant's thesis of considering said action as an avocation by the municipal council of the competencies belonging to the Department of Construction of the local government is not acceptable; much less that it concerns the denial of the procedures raised, nor an omission, due to "unjustified" delay in the resolution of his procedures. Thus, in the referenced resolution of this Chamber it was stated:

"V.- On the competence of the Municipal Council. The appeal challenges the competence of the Municipal Council to rule on the approval of the maps for the project called 'agricultural parcelling'; however, this ground of grievance must be rejected. Pursuant to article 13 subsection p) of the Municipal Code -formerly subsection o), the numbering shifted by Law 8822 of April 29, 2010-, the Municipal Council is the competent body in matters of urbanism, and therefore must respect all applicable regulations and what it resolves in this regard, in its capacity as local superior, it does so in the exercise of its powers of authority. In such a way that, even though there is a Department of Construction with an engineering body (sic) tasked with reviewing the projects submitted for its consideration, by reason of the technique and science it masters, for the purposes of approving larger-scale urbanistic projects, as is the present case, by reason of the impact on the environment this generates, their review and responsible approval must fall upon the Municipal Council, as the deliberative body of highest local hierarchy, so that it can comprehensively analyze the developer's proposal, in light of the aforementioned norm, therefore this grievance must be rejected."

Third: On the requirement of prerequisites for the approval of a subdivision or urbanization project. Due to the significance derived from the legal implications that subdivision and urbanization processes entail, it is necessary to clarify the meaning of both concepts. Thus,

"Subdivision (Fraccionamiento), is the division of a property for the purpose of introducing it into commerce, which presupposes, as each local government must verify when granting the corresponding approval, that it conforms, in terms of size and characteristics, to the urbanistic provisions in force, especially, to the local land-use Regulating Plan – if one exists – as well as to the development regulations and other special laws of public order. The subdivision that the law calls 'simple,' does not include a process of urban habilitation for the use and enjoyment of the parcels resulting from that subdivision, and this is so because the legislator assumes that in these cases, the lands already have access roads and green areas resulting from a previous urban development. It is for this reason that article 40 of the Urban Planning Law provides:

'(…) Likewise, the obligation to cede areas for parks and community facilities is excepted for simple subdivisions of parcels in previously urbanized areas…' (emphasis added).

When a certain area has been previously urbanized, the acquirers of the subdivided parcels have access to the lands, parks, and community facilities, and it must not be lost sight of that this is part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Constitution). For this reason – it is reiterated – the legislator has not deemed it necessary to demand, in the case of a 'simple' subdivision with prior urban development, further land endowments for reasons of social interest. Approval for simple subdivisions, given their low significance, is usually granted by an official (e.g. Municipal Engineer) different from the one entrusted with 'complex' approvals (e.g. Municipal Council, urbanism commissions, etc.), the former lacking the competence to authorize a different type of approval; this in the event that urbanistic regulations make such a distinction. Now then, a subdivision that is part of an urbanization process and entails a habilitation of the lands, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas and parks, as well as the services necessary for their use and enjoyment. In this second scenario, we are facing a complex subdivision and urbanization process that introduces limitations on private property for reasons of urbanism (article 22 of the Urban Planning Law), which the Constitutional Court has indicated are fully in accordance with the Law of the Constitution (Voto N° 5097-93 of 10:24 hrs of October 15, 1993). The residential or subdivision project that we will call 'complex,' is provided for in numeral 40 of the Urban Planning Law which, as relevant, states:

'Every subdivider of land (…) and every urbanizer shall cede gratuitously for public use both the areas destined for roadways and those corresponding to parks and community facilities; the amount to be set for the latter two concepts shall be determined in the respective regulation, by setting percentages of the total area to be subdivided or urbanized, which may fluctuate between five percent and twenty percent, according to the average size of the lots, the intended use of the land and the applicable norms. Notwithstanding the foregoing, the sum of the land that must be ceded for public roadways, parks and community facilities shall not exceed forty-five percent of the total surface area of the land to be subdivided or urbanized. (…)

The urbanizer's obligation to provide subdivided parcels with access roads, green zones, parks, and public roadways obliges it to comply with urban provisions that establish minimum standards regarding space, quality, quantity, and other requirements demanded by law and development regulations for those areas. The local government must exercise its police power in a timely manner, guaranteeing to the residents of the canton that the works will be carried out in the manner urbanistic norms indicate and with the conditions those norms stipulate. It is sufficient that a parcelling requires works to enable access and provide diverse services to some of those lands, to assert that a 'simple subdivision' does not exist, but rather a residential project that must, consequently, comply with all the indicated requirements. Urban residential projects can only enable access to the lands through public roadways that must have the dimensions and requirements of the General Law of Public Roads and, the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations, in the absence -in this last case- of specific provisions in local norms. No municipal body has the competence to authorize a project in which the habilitations to the lands are done through 'paved agricultural easements (servidumbres agrícolas adoquinadas)', 'agricultural easements,' or 'simple easements,' since these are figures proper to Private Law and not to the residential urbanistic regime governed by the norms and principles of Public Law." (Resolution number 175-2009 of the Third Section of this Tribunal. In the same sense, number 176-2009 of this same Tribunal.)

In light of which, the control that the local government is responsible for verifying is of special interest, in this case under the charge of the deliberative body (Council), when dealing with the approval of construction permits for urbanizations, since it must corroborate that it fully complies with legal requirements, namely the provision of public roadways, green and community areas, as well as the habilitation and implementation, at the urbanizer's expense, of public services, such as electricity, telephone, potable water and aqueducts and sewers, the latter, in the event the infrastructure for it exists. Therefore, the failure of urbanistic projects to conform to the requirements established in urban law obliges –per se– the rejection of the initiated procedures, in application of the principle of legality, which binds the entire state apparatus, of which the municipalities form a part. In the challenged agreement, the verifications of the water and electricity availability services for the 'subdivision' (fraccionamiento) project of fifty-two lots proposed by the company Feruga, Limitada, are not foreseen, since as indicated, it solely requires the presentation of an environmental impact assessment of the project in question. Notwithstanding the foregoing, the appellant understands that such requirements are being made of him, requirements that he esteems are not established in the legal system. Contrary to what the complainant argues, this Tribunal notes that the accreditation of services and availability of water and electricity in relation to the land-use certificate procedure are necessary and demandable, in the case of the map approval procedure, in light of the provisions of articles III.3.11 and III.13 of the National Regulation of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones), as well as the Law of Aqueducts and Sewers, a requirement expressly imposed on the developer (Feruga, Limitada) for its 'subdivision' project of fifty-two lots, in resolution number 1455-2009-SETENA, which also conditioned its execution on the fulfillment of this requirement, under warning of nullity of the environmental feasibility granted (folios 2 to 7).

Fourth: On the absence of reason for the challenged act: The appellant alleges that the challenged agreement lacks a reason, insofar as the case file shows that it already fulfilled the required demand, by having obtained the environmental feasibility approved by the competent body for the execution of the agricultural subdivision project, according to resolution 1455-2009-SETENA, of ten fifty-five in the morning of June twenty-third, two thousand nine. In this regard, the following considerations must be made: A.) To address this violation, it is deemed necessary to note that the existence and validity of every administrative act depends on the concurrence of several essential elements, imposed by the legal system, which, for better understanding, can be classified into material elements, relating to subjective elements (competence, standing, and investiture), objective elements (purpose, content, and reason – articles 131, 132, and 133 of the General Law of Public Administration and 49 of the Political Constitution) and formal elements, comprising the form in which the act is adopted, that is, the means of expression or manifestation (instrumentation), the reasoning or justification (article 136 of the cited General Law) and the procedure followed for its adoption (articles 214 and 308 of the General Law of Public Administration and 39 and 41 of the Constitution). Specifically, regarding the element the challenged act is deemed to lack (the reason), the following must be indicated. It is an essential element of the administrative act in light of the provisions of article 133 of the General Law of Public Administration, constituted by "the antecedents, presuppositions or legal (de jure) and factual reasons, that make possible or necessary the issuance of the administrative act, and upon which the Public Administration intends to sustain the legitimacy, timeliness or convenience thereof." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Thus, they are the causes or presuppositions, legal and factual antecedents that induce the Administration to adopt the specific act; and which denote the conformity that must exist between the act and the purpose that the legal system assigns to it, that is, the satisfaction of a public interest to be fulfilled in each case. Therefore, the cited numeral 133 requires it to be legitimate, insofar as it is subject to the legal system, as a corollary of the principle of legality that governs Administrative action (articles 11 of the Political Constitution and the General Law of Public Administration); and furthermore, it must exist exactly as the Administration invokes it, and precisely support the adopted decision, which denotes its intimate relationship with the other commented element (the reasoning of the act), hence, the content must correspond to the reason. B.) Whereas, through the content of the challenged agreement, a warning is made to the developer; after a thorough review of the case file, contrary to what is alleged, this collegiate body considers that the Council of the Municipality of Naranjo could well have justified its demand based on the following facts, which directly affect any decision the local corporation must adopt on the occasion of this project:

1.- There are serious doubts about the nature of the project intended to be carried out, inasmuch as, according to report CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine, the municipal engineer submits to the consideration of the deliberative body the request for the cited project, which borders the Zona Protectora El Chayote, in which he estimates it must be treated, "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urbanism project with a high degree of impact on the environment, and that everything concerning this project be investigated from its hierarchical position." So that despite having been processed before SETENA as a simple agricultural subdivision, it seems there is a change in the land-use vocation, as indicated in resolution 312-2011, of three o'clock in the afternoon of August thirty-first last,

"... given a development such as the one the appellant company intends to carry out, it is the duty of the local authorities to also identify its true nature. If the appellant party alleges we are in the presence of an agricultural subdivision, its purpose must be directed solely and exclusively at promoting the exploitation of the land for productive ends, a circumstance the company must demonstrate with accurate technical elements. The appellant cannot aspire to establish a type of 'agricultural' development solely based on parameters of surface area measurements and access roads, for this is not sufficient to grant it such a condition. That is why if the true purpose of the company is to sell land for residential use –regardless of the dimensions of the lots–, we are in the presence of an urbanistic development, which tends to transform a portion of land in order to provide it with services typical of metropolises or cities, such as public roadways, water, telephone, parks, etc., which is a complex process of environmental alteration with a great effect on natural and artificial ecosystems, since the majority of this type of works compact the land and cover an important part of the surface with an impermeable layer, which could potentially affect aquifer reserves, increase runoff, alter natural drainage and increase the flow of rivers and other watercourses, in addition to eliminating the original landscape. Given that the case file does not show the existence of a preliminary project by the developer, foreseeing all the services that need to be conditioned in the place to facilitate human habitation, it is logical and understandable that the municipal engineer elevated the matter to the knowledge of the municipal council, because in the event that the project does not truly constitute an agricultural parcelling, we would potentially be facing artifices aimed at evading all legal requirements for its development and implementation. This situation must be analyzed carefully by the municipal authorities, but with the existing elements of judgment – at least before this instance – it is not possible to reach a certain conclusion."

The ex officio qualification made by the municipal engineer could well have justified the requirement being imposed, given that, as the appellant himself well indicates, the Secretaría Técnico Nacional Ambiental valued the project but as an agricultural subdivision, not as an urbanistic project, which changes both the requirements and the impact on the environment; and,

2.- There is also reasonable doubt about the possible impact on the water resources of the area, of importance, because, according to report CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine, the municipal engineer submits to the consideration of the deliberative body the request for the cited project, which borders the Zona Protectora El Chayote, because, overlaying the database of springs (nacientes) onto the project, "it was determined that there exist at least 5 more that directly affect the project" (folios 9 and 10), located on the property on which Feruga Limitada intends to carry out the "agricultural" subdivision. Thus, through official letter CTS-MN-CER-261-09, of December seventh, two thousand nine, the municipal engineer of Naranjo requests from the Department of Waters of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications information on the character of those springs (on the property of Emilce Cardona), learning that the ASADA of Cirrí de Naranjo is supplied by one of them, that another corresponds to the headwaters of the Colorado River; and locates them at the following coordinates: Spring No. 1: Latitude 498.440.1903 Longitude 238.739; Spring No. 2: Latitude 497.364 Longitude 238.706; Spring No. 3: Latitude 497.382 Longitude 238.663; Spring No. 4 Latitude 497.230 Longitude 238.566; Spring 5: Latitude 496.737 Longitude 238.498 (folio 197). It is noteworthy that, due to the potential threat to the water resources of the canton from the implementation of this project, after the adoption of the challenged act, the ASADAs of Naranjo appeared before the municipality in support of the actions adopted in this case.

In this sense, it cannot go unnoticed that the preventive action adopted by the Municipality of Naranjo deserved the recognition of the Constitutional Chamber in judgment 2010-014773, of two thirty-six in the afternoon of September first, two thousand ten, in which it stated regarding the action of the appealed local entity, that

"... far from having a negligent attitude regarding the protection of the water resources of its jurisdiction, said corporation has carried out a series of actions in order to protect them, with the Council even issuing agreement number SE-25-969-2009, by which it ordered the suspension of the procedures for the request for approvals and obtaining of land-use rights submitted by the company Feruga Limitada, given the existing doubt regarding the possible water impact in the Zone. Given this panorama, the Tribunal verifies that the Municipality of Naranjo has not violated the provisions of articles 21 and 50 of the Constitution, therefore the appeal must also be dismissed regarding this authority." It also warned that in this case, technical studies (hydrogeological) are required to determine the potential impact on the water resources, "that evaluate the specific conditions of the site to be developed and the surrounding area and assess, based on technical data, the capture zones of the springs, the risk of contamination to groundwater and the risk of impact on recharge conditions, a document that must be prepared by the developer and submitted to SENARA for its evaluation"; reason for which it concludes by indicating to the appealed authorities that "they shall not grant any type of construction permit on property 2-00153575-000, until the company Feruga Limitada conducts the hydrogeological study referred to by SENARA in its report, in order to be certain regarding the type of constructions that may be carried out in the zone in question" (referenced judgment, in the management system, folio 387 front to 393 back). (The highlight is not from the original).

Fifth: On the indefinite suspension of the "subdivision" project procedure: The company Feruga Limitada accuses the indefinite paralysis of the procedures for the formulated petitions –approval of one hundred fifty-two cadastral maps and certification of appropriate land use for construction on each of those plots–, which, besides irreparable damages, causes it a situation of uncertainty and defenselessness. In this regard, the following considerations must be made regarding administrative justice and the protection of the environment under the charge of municipalities. A.) It must be remembered that before a petition filed in administrative instances, the obligation is imposed on the requested public entity to provide a response, as derived from the fundamental right of petition, enshrined in article 27 of the Political Constitution, whose essential content is the recognition to the administered parties to make petitions before public authorities on matters of their particular or general interest, provided that the object of the petition is legally possible; by virtue of which, the obligation is generated –for the requested official or entity–, to answer, and within a reasonable time, without it being required that it resolves favorably to what was sought; that is, what is protected is obtaining a response to the filed petition, within a feasible timeframe. B.) It is not a matter of providing just any response, but the one linked to the filed petition, for which the decision must be precise, clear and duly reasoned; which is also an expression of the principle of legal certainty, insofar as it allows the administered party, first, to apprise himself of its content, and should it be necessary, enables the exercise of his right of defense, should he disagree with the decision. C.) It is indeed convenient to specify that for the adoption of a final decision (final or definitive act), the Administration is compelled to carry out all the necessary steps to impart justice, in this case, administrative justice, which obliges it to investigate the situation, it being the "legitimate and real" antecedents (reason) on which it bases the final decision (content) that confer legitimacy upon it and simultaneously condition the legitimate purpose permitted by the legal system (purpose).

For this reason, the Administration is not only empowered but in certain cases must require evidentiary elements or prior procedures, in order to support the final or definitive decision on an objective and not whimsical or arbitrary criterion, precisely in application of numerals 15 and 16 of the Ley General de la Administración Pública, insofar as science and technique constitute parameters of administrative discretion. In this regard, in environmental matters, these considerations take on special significance, as they involve the joint application of two constitutional environmental principles of great importance, namely the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela del ambiente) and the precautionary principle (principio precautorio). The first (the objectification of environmental protection) has as its content that in this matter (environmental) the necessary motivation based on objective criteria—consisting of technical and scientific studies—is required for administrative decisions and actions within the framework of the various public functions carried out by the State to make environmental protection effective; and thus it is applicable both in the sphere of the exercise of the materially administrative function, as well as in the legislative function and, of course, the jurisdictional function. In light of the foregoing, it is possible to conclude that in such cases—when promulgating a law, adopting a regulatory norm, issuing a jurisdictional ruling, or carrying out a materially administrative action, the decision of the legislator, administrative head, judge, or official—the discretion of the Public Powers is reduced to zero. This principle finds its support and development generically in numerals 15 and 16 of the Ley General de la Administración Pública, and more specifically, as derived from Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, which requires as a prerequisite for the approval and execution of any project that may have some impact on the environment, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), its control, which by interpretation we can extend to the requirement of technical and scientific evidence supporting every decision of the Public Administration in environmental matters in its various manifestations of public function. And the second, the precautionary principle or "principle of prudent avoidance" (principio de la evitación prudente), whose name originates from the Latin "praeventio," which alludes to the action and effect of preventing, is applied to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute something. Thus, the action of preventing seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. This principle is a corollary of the principle of responsibility, since it arises from the consideration of the new risks and damages that human conduct causes in nature, in view of the type of injuries that can be caused to the environment and human health, which are classified as irreversible, not only because of their scale but also because of their accumulation. For this reason, it is possible to conclude that the carrying out of technical studies acts as a necessary condition for the correct application of the precautionary principle in environmental matters; as has been established in the Kourilisky-Viney Study of November 29, 1999 (KOURILSKY, Phillipe; VINEY, Geneviève. Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Free translation and cited by MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 and 177); in the Pronouncement or Communication of the European Union of February 2000 –COM–; in the Nice Resolution of December 2000; and in the proposal of the Science and Environmental Health Network (SEHN), which establish guidelines for the operability of this principle, by requiring as support for any decision of the Administration, the definition, grading, and evaluation of risk, for which the necessary prior objective studies are required. Thus, the content of the precautionary principle refers to the cautious attitude that must be taken when any reasonable doubt arises—not verifiable through objective and/or scientific methods—regarding the dangerousness of any activity, due to possible environmental repercussions, whether to prevent serious and irreparable damages, whether to impose precautionary measures in the processing of procedures or in the execution phase of the granted right, to prohibit it (final or substantive decision) or to impose the necessary corrective or mitigation measures (final or substantive decision) as conditions of the authorized activity in order to avoid environmental damage and damage to human health. It is a matter of determining risk situations for the environment (a concept understood broadly and integrally, which includes both elements of natural biodiversity and elements of urban planning, according to the interpretation given by the Constitutional Chamber itself in judgment number 2003-3656, at fourteen hours forty-three minutes on May 7, 2003) and that have or may have negative repercussions on the health of the population; and thereby, the action of the Administration is conditioned, where the following situations arise: 1.) the strict application of the principle of prevention, which translates into the impossibility of authorizing and carrying out the project submitted for evaluation, when there is a certain technical and scientific criterion that a human activity (of any kind, whether public or private, business, industrial, commercial, agricultural, etc.) will cause damage to the environment and its elements, given the duty to avoid them in advance. Likewise, this principle translates into the adoption of positive anticipatory actions to avoid damage (for example, decrees for the protection of species, bans, definition of containment rings for urban areas, determination of special protected areas, etc.); 2.) the adoption of mitigation measures for environmental damage and risks in the execution of projects, technically established, as a conditioning element of project permits and authorizations, when as a result of prior technical, scientific, and objective evaluations of possible impacts on the environment, it is concluded that the activity has contamination levels previously determined as acceptable with scientific and technical criteria. The foregoing is important because if non-compliance with such measures is proven, the cancellation of the conferred right is mandatory, following the ordinary procedure for this purpose; and 3.) when technically, objectively, and scientifically there is reasonable doubt about the impact on the environment and human health from the implementation and execution of a particular project, it is mandatory for the Administration to apply the precautionary or pro natura principle, which requires the denial of the requested permit or authorization, or what is the same, its denial. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or human health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage or doubt about it, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, ex post coercion is ineffective, since, if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. One of the essential characteristics of Environmental Law is that although it ultimately relies on a sanctioning apparatus, its objective is fundamentally preventive, insofar as what is intended is precisely to prevent damage to the environment. Therefore, actions that anticipate any polluting action—environmental degradation—are necessary, instead of merely verifying and attempting to repair damages ex post, which in many cases are irreversible. The legal recognition of the precautionary principle is a reality, so that we have it not only as such (a principle or value), but, in our case, as a true legal norm, both internationally and domestically. Thus, at the international level, we find express recognition in the following conventions: the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, of 1987; Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development; the Rio Declaration of 1992; the Framework Convention on Climate Change of 1992; the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biodiversity, approved in January 2000; and the Stockholm Convention for the Elimination of Persistent Organic Pollutants, signed in May 2001. In the domestic national order, this principle is also expressly included as a parameter or criterion for applying environmental regulations, in Article 11, subsections 1) and 2) of the Ley de la Biodiversidad, number 7788, of April 30, 1998, which provides as relevant:

"Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are:

1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats.

2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures."

Therefore, if that technical-scientific-objective basis does not exist, it obliges the Administrations to procure that element in order to adopt a serious and responsible decision in the face of the situation presented, precisely to form the grounds for the administrative act finally adopted. D.) This Court has indicated on previous occasions (for example, in resolution number 125-2011, at nine hours fifty-five minutes on April 15, 2011), and reiterates on this occasion, that municipal authorities—both their deliberative body (Council (Concejo)) and their "executive official" (Mayor (Alcalde))—have the obligation to give effective compliance with the constitutional mandate established in its Article 50, insofar as environmental protection is instituted as a true public function or power for the entire state apparatus, of which the Municipalities form part (within the constitutional structure of the Costa Rican State); which, as such, translates into concrete obligations for public administrations, thus conditioning political objectives, and consequently, the action of public powers in general, to fully comply with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, for which purpose they may and must act in coordination with other public entities—such as the Ministries of Health and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET), as well as the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). In light of the foregoing, it is not possible to deny the exercise of such public power, especially since by constitutional mandate, they have been entrusted with an essential task, "the administration of local interests and services," as defined by constitutional Article 169; and which constitutional jurisprudence has developed as the competence of the municipal sphere, within the concept of "the local" (in this regard, judgments number 6469-97, 5445-99, and 2001-9677 may be consulted); environmental matters being of transcendental importance. Thus, it falls to local governments to exercise, within the urban function delegated by legal mandate—Articles 15 and 19 of the Ley de Planificación Urbana and 13 subsection o), 79, 81, and 81 bis of the Código Municipal, 15 of the Decreto-Ley 833, de Construcciones, and other related provisions—their competence, which is not limited solely to the promulgation of the respective territorial regulations—regulatory plans and related regulations—but also extends to the control exercised over compliance with local urban-environmental regulations, manifested precisely through the approval procedures for cadastral plan approvals (visados de planos catastrados), land use certificates (certificados de uso de suelo), subdivision (fraccionamiento) and development projects, construction licenses, and commercial licenses. In this sense, as this Court has indicated in various pronouncements (among them, numbers 175-2009, at fifteen hours forty minutes, and 176-2009, at fifteen hours fifty minutes, both of January 30, 2009), "local governments must act in a timely manner in the exercise of police power, using the powers that the legal system has granted them to achieve their objectives" (underlining not in original); in accordance with the powers granted to local governments in Article 1 of the Decreto-Ley de Construcciones, as it literally provides:

"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public thoroughfares, in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies."

Recall in this regard that "police power" is the competence recognized to the Administration so that, based on a law, it may regulate and control an activity, in order to ensure public order, health, tranquility, the safety of persons, as well as the moral, political, and economic organization of society; an attribution by virtue of which the imposition of restrictions on the enjoyment of fundamental rights is reasonable, insofar as its justification lies precisely in the consideration that fundamental rights are limited by those of other persons, since they must coexist with each and every other fundamental right. Therefore, the measures that the State—in a generic sense—adopts for the purpose of protecting safety, health, and tranquility are of public social interest, manifested through the police power, understood as the regulatory power over the enjoyment of rights and the fulfillment of constitutional duties. (In this regard, judgments number 401-91, at fourteen hours on February 20, and 619-91, at fourteen hours forty-five minutes on March 22, both resolutions of 1991, and 2003-2864, at fifteen hours twenty minutes on April 9, 2003, of the Constitutional Chamber, may be consulted.) Consequently, it not only may but must review the operation of businesses and industries, and verify, as in this case, the non-impact on the natural resources—especially water resources—of the canton, on the occasion of subdivision and development projects submitted to it for approval, in order to verify that they are done in accordance with the dictates of the regulations, in this case, urban and environmental; all of the foregoing preventively, and failing that, being able in any case to use all necessary resources and actions for its verification. E.) In accordance with the constitutional mandate set forth in Article 50 of the Constitution, a passive or omissive attitude or position regarding environmental protection is neither legitimate nor possible. On the contrary, the State as a whole—of which the Municipalities obviously form part—"... is obligated to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the performance of acts that harm the environment and has the correlative and equally unavoidable prohibition of fostering its degradation," categorically affirms the Constitutional Chamber in judgment number 2002-4830, at sixteen hours on May 21, 2002. It must be taken into consideration that in application of the principle of legality, as regards its positive version, what is established in the legal system constitutes true mandates or enabling norms of public competencies and powers, of mandatory compliance for public entities. Thus, for the manifestation of any of its conduct—active or omissive—the Administration must adhere to the superior norm (constitutional or legal) from which its competence, authorization, and in some cases, the obligation to act in a certain manner, derive. Thus, the Administration must assume, with respect to the legal mandate, a complementary function, in pursuit of the objectives imposed by the legal system. F.) It is deemed necessary to warn the municipal authorities of Naranjo that, in the exercise of police power in the field of urban planning and compliance with environmental regulations (to fully comply with the constitutional mandate of environmental protection), they must act with extreme care in the decisions they adopt, given that the procedures for plan approvals and land use certificates are not mere formalities, but rather fundamental or substantive decisions, insofar as the first gives rise to subjective rights, and the second conditions the future actions of the corporation (construction licenses); procedures in which the previously indicated environmental principles and regulations, as well as the precautionary, preventive, and objectification of environmental protection principles, are fully applicable. G.) Finally, regarding the suspensive effects of the challenged agreement, it must be reasoned that as a logical consequence, any prevention has the effect of suspending the adoption of the final decision on the proceeding or procedure, precisely pending fulfillment of the requirement that has been requested and deemed omitted, or pending the results of the evidentiary elements requested (for example, when some technical proof is required); but in no way can it imply the absolute paralysis of the processing of the matter, as was ordered in the case under study, in which the Mayor was expressly ordered to stop them completely. In this sense, if the Council of the Municipality of Naranjo reclassified ex officio the type of subdivision that the company Feruga Limitada intended to carry out, to consider it no longer as one of an agricultural nature, but rather urban, it could compel the developer to comply with the requirements that the urban-environmental system establishes for such purposes; suspending only the adoption of the final act. This situation, although it does not constitute the final decision on the proceedings filed, is an interlocutory act with its own effect, which, by not being reasoned—as will be detailed below—in the specific case, causes a serious violation of due process and defenselessness to the developing company, with an impact on its economic interests.

VII.- OF THE ESSENTIAL DEFECT (TOTAL ABSENCE) IN THE REASONING OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- In accordance with and expanding upon what has been said in point five G.) of the preceding Considerando, this Court finds that the challenged agreement is inconsistent with the legal system, due to an essential defect (total absence) in its reasoning; a formal element of every administrative act, voidable ex officio in accordance with the provisions of numerals 181 and 182 of the Ley General de la Administración Pública. The motivation or reasoning of an administrative act consists of

"... a declaration of what the factual and legal circumstances are that have led the respective public administration to the issuance or emanation of the administrative act. The motivation is the formal expression of the motive and, normally, in any administrative resolution, it is contained in what are called 'considerandos' - the operative part. The motivation, consisting of an enunciation of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proof of its intentionality and an indispensable guideline for interpreting and applying the respective administrative act." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. First edition. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)

Thus, the motivation must determine the application of a concept to the specific factual circumstances in question (according to the development of Spanish jurisprudence, specifically in the judgment of May 18, 1991, RA 4120, accepting a considerando of the appealed decision, which cites SSTS of September 23, 1969, RA 6078, and October 7, 1970, RA 4251, cited by the author Marcos M. Fernando Pablo, in his work La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, page 190)); that is, it is a concrete decision that links the facts with the normative support, such that when there is a brief allusion to general norms and unspecific facts, it can be concluded that there is an insufficient contribution of justification, to the extent that from them it is not possible to deduce the elements assessed by the governmental authority in making the decision, which acquires the greatest importance when it concerns acts that limit or restrict subjective rights or in which a sanction is imposed on the administered party. By its content, it constitutes a determining factor of due process and the right of defense, which is fully applicable in the administrative sphere, as indicated by the Constitutional Chamber starting with judgment 15-90, at sixteen hours forty-five minutes on January 5, 1990, when setting forth the minimum elements of this constitutional principle:

"(...) a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) the right to be heard, and the interested party's opportunity to present arguments and produce the evidence they deem pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare their allegations, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; d) the administered party's right to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; e) adequate notification of the decision issued by the administration and the grounds on which it is based; and f) the interested party's right to appeal the decision issued ..." (Highlighting not in original.)

It is for this reason that, pursuant to Article 136 of the Ley General de la Administración Pública, the Administration is required to state reasons for acts that impose obligations; limit, suppress, or deny subjective rights; resolve appeals; those issued in departure from the criterion followed in prior actions or from the opinion of advisory bodies; those that maintain the execution of one that is challenged; general acts of a normative nature (regulations); and discretionary acts of a general nature. Thus, if there is no statement of reasons, a defect of form is incurred that seriously affects the act, rendering it absolutely null and void.

VIII.- The above transgression exists because the interested administered party—Feruga Limitada—is not explained, with the clarity and precision required for the case, the decision adopted; that is, explaining the reason why it is being required—again—to provide an environmental impact study, when the record shows the existence of one, for the development of an agricultural subdivision. Note also that the notification of this decision was not accompanied by official letter CTS-MN-CER-243-09, of November 17, 2009 (visible at folios 9 and 10), from the municipal engineer—Daniel Santamaría González—in which he referred to the Council the indicated project, in which he opined that it is not an agricultural subdivision, but rather one of an urban nature, as well as the possible affectation of the five springs (nacientes) located on the property where the project is intended to be carried out. None of the foregoing was contained in the record at that time, nor was it communicated or explained to the developer in the municipal archives, which demonstrates the lack of reasoning of this agreement, in open contravention of the cited numerals 133 and 136 of the Ley General de la Administración Pública, hence its absolute nullity.

IX.- OF NULLITY BY CONNECTION AND CONSEQUENCE.- Point 4 of agreement SE-7-197-2010, of April 21, 2010, adopted by the same council body, reiterates the order to suspend the lotification project presented by the company Feruga Limitada; which constitutes the same defect of absolute nullity, and for the same reasons as the previous agreement, namely, it is issued devoid of any reasoning, and orders a suspension of the procedures requested by the company Feruga Limitada (approval of one hundred fifty-two cadastral plans and land use certification for construction on each of the lots resulting from the intended subdivision), not of the adoption of the final decision. In this regard, this Chamber notes that as of the date of its adoption, the municipal authorities had more elements to support the doubts they had regarding the granting of the required procedures. Thus, in addition to the reasons already given, it must be considered that from the inspection carried out at the site, on December 10, 2009, with the presence of the following persons: Mayor of the Municipality of Naranjo, Eugenio Bonilla; Deputy José Joaquín Salazar; Director of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, engineer Rafael Gutiérrez; Regional Head of ACCV-SINAC-MINAET, engineer Carlos Zúñiga; parliamentary advisor, Licenciado Guillermo Corrales Montero; municipal advisor, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; municipal engineer of the Department of Constructions, Daniel Santamaría G.; engineer of the Department of Aqueducts, engineer Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretary of the Federation of Aqueducts, Guillermo Vega Zamora; councilor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez of the Environmental Department, and Alfonso Fernández Brenes; the following was demonstrated: a.) that there is no clarity in the exact determination of the area comprised by the El Chayote Protective Zone, created by law number 6975, of November 30, 1984; affected by executive decrees number 21.835-MIRENEM, of December 7, 2002, and number 35151, of the year 2009, so a demarcation (amojonamiento) by MINAET is recommended; b.) that "according to the determination of land use capacity, that area would be under the classification of protection, since it has been determined that the main resource to protect in the area is water, and that on the farm there are defined springs, behaving as an infiltration zone for the discharge in the form of drinking water springs in the lower parts"; land-use change (cambio de uso) being prohibited in protected areas, as is the elimination of forest cover (cobertura boscosa); c.) that the protection of the water resource of the area is essential for the safeguarding of the aqueducts of the area, so the respective hydrogeological studies of the farm are required; as well as the location of the springs of the canton, a task in which SINAC is already collaborating; and d.) that for the stated tasks, work will be done responsibly and in a coordinated manner (folios 203 to 206). And additionally, it is also pertinent to bring up that as of the date of this April 2010 agreement—which by connection and consequence is now annulled—the authorities of Naranjo also had knowledge of official letter D.052, of January 13, 2010, from Rafael Gutiérrez, Director of the National System of Conservation Areas, Central Volcanic Mountain Range Area, in which he informed Deputy Joaquín Salazar Rojas, stating: "... after our visit to the area, it was considered appropriate to carry out technical studies on the aquifer recharge areas as established in Article 33 of the Ley Forestal, for which we are in the best disposition to collaborate with your office and the Municipality of Naranjo” (folios 239 and 240). It is reiterated, nothing of what is denoted in such actions appears in the indicated agreement, which plainly demonstrates its lack of motivation or reasoning."

Goicoechea, at nine hours forty-five minutes on September thirtieth, two thousand eleven.

     This Court, acting as improper municipal hierarchical authority, hears the appeal per saltum filed by FERUGA LIMITADA, represented by its absolute general agent without limit of sum, Alfonso Fernández Brenes, of legal age, married once, industrial engineer, with identity card number CED78290, resident of Grecia; against agreement SE-25-969-2009, adopted by the Council of the Municipality of Naranjo in extraordinary session number 25, on November eighteenth, two thousand nine.

Judge Fernández Brenes writes, and:

CONSIDERING:

    I.- PROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of this matter, the following list of proven facts is deemed duly accredited: 1.) That with the authorization of the absolute general agent without limit of sum of Nombre102727, owner of the property registered in the Public Property Registry under the Real Folio system, with registration number Placa16911, located in district 4 Cirrí, canton of Naranjo, Province of Alajuela, with an area of 328,713.75 square meters, with cadastral map number A-34725-1977, the company Feruga Limitada has been processing before various administrative bodies, the respective proceedings in order to carry out what it has called "Agricultural Parcels Project," for fifty-nine lots on that farm (power of attorney at folio 216; statements of Nombre102728, absolute general agent without limit of sum of the owner, at folios 252 to 254); 2.) That in report INF-G-205-07-08, by the civil geotechnical engineer, Licenciado Alexander Molina Villalobos, he details the conclusions of six exploratory boreholes to determine the static soil resistance parameters of the site corresponding to cadastral map A-34725-77, "for the determination with an acceptable degree of confidence of the possible behavior of the different structures planned at this location," with the following result: "As could be observed..., the soil detected during the boreholes for the purpose of guaranteeing adequate bearing capacity, for structures of up to two levels, the use of material substitutions below the foundation level until reaching a depth of at least half a meter, where the stratum of greater rigidity is located, is recommended. This substitution must consist of a mixture of ballast or granular material such as base stone or stone dust, compacted to 95% of standard proctor. The recommended foundation level would be on the order of 50 cm in order to eliminate the zone of lower resistance soil. Above this level, it is recommended to carry out the material substitution to the indicated depth. Both depths are measured from the current ground level in the excavations already made. For foundation purposes, the use of strip footings (placas corridas) is considered feasible, whose structuring must comply with the provisions of section 4.3 of the Código de Cimentaciones de Costa Rica. For structural purposes, the strip footings (placas corridas) of the structures, on the other hand, must comply with the provisions of section XVII of the Código Sísmico 2002, for structures of up to two levels maximum. It should be remembered that the Código de Cimentaciones de Costa Rica establishes the need not to build foundations in soils with possibilities of high deformability; therefore, in the case of structures of more than two levels, the estimation of the maximum expected settlements calculated taking into account the resistance parameters indicated in the drilling table, as well as the estimation of formal parameters, for which theories such as the Consolidation theory of Nombre102729 can be used, would be important in order to prevent the occurrence of excessive deformations that damage the structure to be built at the site. To establish the dimensions for other types of shallow foundations, as established by the Código de Cimentaciones de Costa Rica, the resistance parameters whose values were obtained during the boreholes, quantified by empirical correlations, must be used. Thus, the value associated with the unconfined ultimate cohesion (Cu), would be on the order of 14.3 Ton/m2 and therefore 28.5 Ton/m2 for the unconfined ultimate bearing capacity (qu). Due to the above, the allowable bearing capacity is around 9.5 Ton/m2 after applying a safety factor of three, according to recommendations of the Código de Cimentaciones de Costa Rica for static loads. It is important to remember the total nature of the suggested resistance parameters, since the cohesion value is comparable to the value obtained by performing an unconsolidated, undrained triaxial compression test (UU type) or in an unconfined compression test" (folios 38 to 51); 3.) That by official communication IMN-DA-1313-09, of April thirtieth, two thousand nine, the Department of Waters of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications indicates that within the farm with cadastral map number A-34725-1977, there are three intermittent springs (nacientes intermitentes), which emerge within a radius of 20 meters of the georeference initial latitude Placa17007, "initial" (sic) longitude 497373, classified as a "public domain spring (nacimiento) of intermittent flow" (folio 1); 4.) That upon the application for approval (visado) of fifty-seven cadastral maps derived from farm number 2-153575-000, filed on May twenty-second, two thousand nine, by the company Feruga Limitada; by official communication CST-MN-CER-096-2009, of May twentieth, two thousand nine, the Department of Constructions of the Municipality of Naranjo requires Nombre102727 for the approval (visado) of the maps by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, as well as the environmental feasibility from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), endorsing the proposed subdivision (lotificación) (uncontroverted fact; derived from the statements of the parties and from the amparo judgment number 2010-014773, of fourteen hours thirty-six minutes on September first, two thousand ten, of the Sala Constitucional); 5.) That in a detailed study of the soil and land-use capacity of the referenced property, prepared by the agricultural engineer Gerardo Calvo Fonseca, he classifies the soils in the following manner: "Class I, II, III: lands suitable for agricultural, livestock, and forestry activities. Class IV: for semi-perennial and perennial crops. Class V: for grazing and forest management. Class VI: for forestry and perennial crops. Class VII: for forest management. Class VIII: lands for protection of hydrographic basins, wildlife, and recreation." He warns that the farm presents an agricultural vocation in 87% of the total and recommends "fertilization and amendment programs, that correct the nutritional deficiencies of these soils; as well as soil and water management and conservation practices, especially in those areas where the topography is restrictive for intensive horticultural work," as well as "not changing the use in the Class VII areas and the Class VI sectors, currently with forest cover (cobertura boscosa)." This report was the basis and was presented before SETENA for the respective feasibility study of the project called "agricultural parceling (parcelamiento agrícola)"; endorsed by the National Institute of Agricultural Technology (INTA) (folios 69 to 94); 6.) That by resolution number 1455-2009-SETENA, of ten hours fifty-five minutes on June twenty-third, two thousand nine, SETENA grants environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the project, consisting of the subdivision (fraccionamiento) of fifty-nine parcels for agricultural purposes; "on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and completely comply with all the technical, legal, and environmental regulations and standards in force in the country and to be executed before other authorities of the Costa Rican State. The breach of this clause by the developer will not only make them liable for the sanctions implied by the non-compliance with said regulation, but also, as it constitutes a fundamental part of the basis on which the Environmental Viability (VLA) is sustained, it will cause said VLA to be automatically annulled with the technical, administrative, and legal consequences that this has for the activity, work, or project and for its developer, particularly with respect to the scope of the application of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente." Likewise, it makes the following warnings: that prior to the start of the works, the developer "... that before the start of the works must have water services for the entire project, otherwise the Viability would be declared null"; and the duty to "comply with the recommendations of the Detailed Study of Soils and Land-Use Capacity of the farm under study ..., within which said study recommends NOT changing the use in the Class VII areas and the sectors currently with forest cover (cobertura boscosa)" (folios 2 to 7); 7.) That on August third, two thousand nine, the developer provides to the Municipality of Naranjo, a copy of fifty-four maps to seal and the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA (folio 160); 8.) That on October second, two thousand nine, with form 2133, the developer requests approval (visado) for subdivision (fraccionamiento) of fifty-two maps and the certificate of land use (uso de suelo) for construction on those lots (folio 162); 9.) That in a writing of October twenty-second, two thousand nine, the representative of Feruga Limitada files a petition before the Department of Constructions, insisting on his previous petition, warning that of the fifty-nine parcels, only nine of them are affected by the Zona Protectora El Chayote, and of those, only four are located completely within that protected area and the remaining five, only partially, so "they have sufficient remaining area to be able to build outside the Zona Protectora" (folios 165 to 168); 10.) That on October twenty-second, two thousand nine, the Federación de Acueductos de Naranjo requires from the Department of Constructions of that local corporation, the related documents of the subdivision project (proyecto de lotificación) for farm 2-153575, with cadastral map A-34725-77; the foregoing in order to determine if it has the respective hydrogeological and environmental impact studies, to determine the non-affectation of the aquifers of the upper zone of the canton (folio 164); 11.) That in a report prepared by the hydrologist Alicia Gómez Cruz, she concludes by reporting that on the farm in question "the presence of two aquifer levels is determined, one superficial in pyroclastic deposits and an aquifer at more than 50 m deep, developed in tuffs. Applying the G.O.D. method, according to the previous characteristics, a high vulnerability is determined. The transit time cannot be calculated because the upper aquifer is superficial, therefore the installation of septic tanks is not recommended since this method would not be effective" (folios 52 to 70); 12.) That by agreement SO-45-914-2009, of ordinary session number 45, on November ninth, two thousand nine, the Council of Naranjo requests a report from the Department of Constructions on the agricultural parcels project on farm 2-153575-000 (uncontroverted fact); 13.) That by official communication CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine, the municipal engineer Daniel Santamaría González, of the Department of Constructions, submits for the knowledge of the Municipal Council the application for the cited project, which borders the Zona Protectora El Chayote, as he considers that it must be treated, "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urban development project with a high degree of impact on the environment, and that everything regarding this project be investigated from its hierarchical position"; because, by overlaying the springs (nacientes) database onto the project, "it was determined that there are at least 5 more that directly affect the project" (folios 9 and 10); 14.) That in agreement SE-25-969-2009, adopted in extraordinary session number 25, on the following November eighteenth, the Municipal Council ordered: "The mayor is instructed to proceed through the Department of Constructions to stop the processing of the Subdivision Project (agricultural parcels), until the environmental impact of that activity is presented, considering that there are captured and permanent springs (nacientes) at the site, which may affect [it], and for not having water and electricity permits" (folio 8); 15.) That by official communication CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, notified via fax the following day, the municipal engineer of the Department of Constructions –Daniel Santamaría González– communicates to the developing company that the processing of the parceling project has been paralyzed by order of the Municipal Council, attaching the respective agreement; therefore, he indicates that the petition is under study (resolution at folio 175; notification at folio 176); 16.) That on November twenty-third, two thousand nine, the surveyor José Fabio Hidalgo Castillo files a memorandum opposing the paralysis of the processing of map approvals (visado) and certification of land use (uso de suelo) for construction, considering that the action is not legitimate, as the canton does not have the respective regulatory plan (plan regulador) (folio 179); 17.) That on November twenty-seventh, two thousand nine, Mr. Fernández Brenes files a motion for revocation (recursso de revocatoria) with subsidiary appeal (apelación en subsidio) before the Municipal Council against agreement SE-25-2009 (folios 11 to 23); 18.) That in memorandums filed on the twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh of November; first and second of December, two thousand nine, the Associations of Administrators of Community Aqueducts (Asadas) of Cirrí de Naranjo, San Antonio de Barranca de Naranjo, Dulce Nombre de Naranjo, Palmira de Alfaro Ruíz, Pueblo Nuevo de Alfaro Ruíz, Tapezco de Alfaro Ruíz, Laguna de Alfaro Ruíz, Palmita de Naranjo, San Antonio de Naranjo, Los Ángeles Norte-Alto Villegas de San Ramón, the Sociedad de Usuarios de Santa Rosa de Alfaro Ruíz, and the Asociación Fuente Administradora de los Mantos Acuíferos de Alfaro Ruíz, give their support to the local corporation in the fight to prevent the land-use change (cambio de uso del suelo) in the Zona Protectora El Chayote (folios 181, 182, 184 to 186, 196 and 201); 20.) That against official communication CTS-MN-CER-245-09, of November 19, 2009, on December first, two thousand nine, the company Feruga Limitada files motions for revocation (revocatoria) and subsidiary appeal (apelación en subsidio) before the Department of Constructions (folios 187 to 194); 21.) That on December first, two thousand nine, Mr. Fernández Brenes requests from the Department of Constructions of Naranjo the geographical location (coordinates) of the springs (nacientes) that affect Dirección11695 (folio 195); 22.) That by official communication CTS-MN-CER-261-09, of December seventh, two thousand nine, the municipal engineer of Naranjo requires from the Department of Waters of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications information on whether the five springs (nacientes) located on the property of Nombre102727 during an inspection carried out in the month of September of that year (two thousand nine), because according to an inspection carried out in the previous month of September (corresponding to the following coordinates: Spring No. 1: Latitude 498.440.1903 Longitude 238.739; Spring No. 2: Latitude 497.364 Longitude 238.706; Spring No. 3: Latitude 497.382 Longitude 238.663; Spring No. 4 Latitude 497.230 Longitude 238.566; Spring 5: Latitude 496.737 Longitude 238.498), from one of which the Asada of Cirrí de Naranjo is supplied and another corresponds to the source of the Colorado River, so that it can rule on their nature and whether they are captured or denounced (folio 197); 23.) That on December tenth, two thousand ten, the Acueducto Comunal de Concepción de Naranjo requires the Municipality of Naranjo for a hydrological study to determine the effect on the springs (nacientes) captured by nearby aqueducts from the drilling of wells in the surrounding areas in the Zona Protectora El Chayote (folio 183); 24.) That at nine hours on December tenth, two thousand nine, a hearing and on-site inspection were held, with the presence of the following persons: Mayor of the Municipality of Naranjo, Eugenio Bonilla; Deputy José Joaquín Salazar; Director of the Área de Conservación - Cordillera Volcánica Central of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, engineer Rafael Gutiérrez; Regional Head of ACCV-SINAC-MINAET, engineer Carlos Zúñiga; parliamentary advisor, Licenciado Guillermo Corrales Montero; municipal advisor, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; municipal engineer of the Department of Constructions, Daniel Santamaría G.; engineer of the Department of Aqueducts, engineer Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretary of the Federación de Acueductos Guillermo Vega Zamora; councilor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez of the Environmental Department, and Alfonso Fernández Brenes (folios 203 to 206); 25.) That from this hearing and inspection, the following was evidenced: a.) there is no clarity in the exact determination of the area encompassed by the Zona Protectora El Chayote, created by law number 6975, of November thirtieth, nineteen hundred eighty-four; affected by Decreto Ejecutivo number 21.835-MIRENEM, of December seventh, two thousand two, and number 35151, of the year two thousand nine, for which a boundary marking (amojonamiento) under the responsibility of MINAET is recommended; b.) that "according to the determination of the land-use capacity (capacidad de uso de suelo), that zone would be under the protection classification, since it has been determined that the main resource to protect in the area is water, and that there are defined springs (nacientes) on the farm, behaving as an infiltration zone for discharge in the form of potable water springs in the lower parts"; with land-use change (cambio de uso) being prohibited in protected zones, as well as the elimination of forest cover (cobertura boscosa); c.) that the protection of the water resource of the area is essential for the protection of the aqueducts, for which the respective hydrogeological studies of the farm are required; as well as the location of the canton's springs (nacientes), a task in which SINAC is already collaborating; and d.) that for the evidenced tasks, work will be done in a responsible and coordinated manner (folios 203 to 206); 26.) That on January fifth, two thousand ten, the representative of Feruga Limitada files an appeal per saltum before the Tribunal Contencioso Administrativo against agreement SE-25-2009 of the Council (folio 27); 27.) That by official communication CTS-MN-CER-012-10, of January eleventh, two thousand ten, engineer Daniel Santamaría González of the Department of Constructions rejects the motion for revocation filed against official communication CTS-MN-CER-245-09, considering that, given it is an urbanization project and not agricultural parceling, the competence lies with the body of councilors; the adopted measure being pertinent, as technical criteria are required due to the number of captured and permanent springs (nacientes) at the site, which is in accordance with the constitutional competence recognized in numeral 50 of the Constitución Política. This decision was notified to the interested party on the same day of its issuance, via fax (folios 220 and 221); 28.) That by official communication CTS-MN-015-10, of January twelfth, two thousand ten, the Department of Constructions again reiterates the petition before the Department of Waters for the information on the springs (nacientes) on the farm of Mrs. Nombre102727, making the interested company aware of the foregoing by official communication CTS-MN-CER-019-10, of the following January thirteenth (folios 222 and 223); 29.) That by official communication D.052, of January thirteenth, two thousand ten, Rafael Gutiérrez, Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área Cordillera Volcánica Central, informs Deputy Joaquín Salazar Rojas that "... after our visit to the area, it was considered opportune to carry out technical studies on the aquifer recharge areas as established in Article 33 of the Ley Forestal, for which we are in the best disposition to collaborate with your office and the Municipality of Naranjo.” A copy of this report was sent to the Municipality of Naranjo (folios 239 and 240); 30.) That on the following January fifteenth, the representative of Feruga Limitada requires from the Department of Constructions information on the springs (nacientes) said to be on the property where it intends to develop its project (folios 226 and 227); 31.) That by resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-210, of January twenty-first, two thousand ten, the Mayor rejects the appeal filed against official communication CTS-MN-CER-245-09, as its action is in accordance with numeral 50 of the Constitución Política, since it cannot resolve the formulated petitions until it has the required technical criteria. This resolution was notified to the interested party on the following January twenty-fifth (folios 234 to 238); 32.) That against the previous decision, on February first, two thousand ten, the company's representative files a formal appeal against the Mayor's resolution, which is elevated to the Tribunal Contencioso Administrativo by resolution ALC-MN-0177-2010, of the Mayor, at nine hours on February third, two thousand ten (memorandum of challenge, in accordance with fact 10 of resolution 312-2011, of fifteen hours on August thirty-first of the current year of this Court, at folios 394 to 399; elevation at folio 244); 33.) That against what was resolved by the Council of the Municipality of Naranjo (agreement SE-969-2009, of extraordinary session number 25, on November eighteenth, two thousand nine), the developing company filed a jurisdictional process, processed in file number 10-000192-1027-CA, which, by resolution number 239-2010, of ten hours on January twenty-seventh, two thousand ten, had the preferential procedure denied, as it was deemed not to be the so-called "amparo de legalidad"; thus it was remanded to the Processing Judge, who, by resolution of eleven hours thirty-five minutes on February eleventh, two thousand ten, suspended the processing of the matter, until verifying the exhaustion of the administrative channel, before the Tercera Sección of this Court (resolution number 239-2010, at folios 241 and 242; and suspension resolution at folio 88, of file 10-000192-1027-CA which was examined); 34.) That in agreement SE-7-197-2010, of April twenty-first, two thousand ten, the Council of the Municipality of Naranjo adopts the following agreement: "... that in accordance with what this same body has acted upon until today and in accordance with the International and National regulations in force regarding Human Rights and Protection of water resources, and in pursuit of the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and of the water resource, not only as a public good, but also considering it a Human Right and therefore universal, inalienable, imprescriptible, non-transferable, irrevocable, and inviolable; and protected by the Precautionary Principle of In dubio Pro natura, it agrees: 1.- To accept the document presented by FEDAPRO and the Rescue Group of the Zona Protectora el Chayote, and in turn to thank them for their collaboration, effort, and interest in the Protection of the canton's water resource and of this Zone of superior importance to our community. 2.- To request the Municipal Administration, in the person of Mayor Eugenio Padilla Bonilla and those who hold this position in the coming years, to immediately take and permanently maintain actions directed at obtaining the support, resources, and execution of the corresponding measures from: MINAET (Dirección de Aguas, ACCVC, SETENA), Acueductos y Alcantarillados (Gerencia Hídrica y Recursos Naturales, Dirección de Acueductos de Administrados, Departamento de Urbanizaciones), INVU (Departamento de Alineamiento de Ríos), Nombre2449, and other competent institutions, until achieving in the shortest possible time: a) to inventory the total of permanent captured and uncaptured springs of the canton and to georeference a spring protection map; b) To delimit the recharge and discharge areas of the aquifers of Naranjo; c) To delimit the areas of constructions, installations, and agents in general that degrade natural resources. d) To produce the vulnerability cartography and prepare the hydrogeological maps of the aquifers of Naranjo. e) To establish the alignments to protect water resources and to prepare and enact a regulation on land-use restrictions, with special emphasis on the protection of the water resource. f) To prepare a zoning plan, which will become an integral part of the next Plan Regulador, which must necessarily protect the water resource. 3- To request the Municipal Administration that the Departamento de Planificación Urbana refrain from granting construction permits in areas of protection and buffering of the water resource. 4- To reiterate the agreements adopted by this Municipal Council, regarding the request for suspension of all construction work in the project being processed in the Departamento de Planificación Urbana of this Municipality, under file number 30-2009. 5- To request and authorize the Mayor to maintain the suspension order for any project that is near the aquifer protection areas as long as the studies contemplated in point 2 above are not ready. 6- To request and authorize the Mayor to immediately begin the necessary procedures before the Escuela Centroamericana de Geología of the Universidad de Costa Rica for the execution of a hydrogeological study of the entire canton. 7- To request the Mayor that in the name of the Municipal Council and the Municipal Administration, a note be sent to the Tribunal Agrario de San Ramón, reasonably requesting the prompt resolution in the case of Nombre102730, for invasion of the Finca La Chiripa. 8. To send a note to all active community groups of the canton, especially to FEDAPRO, urging them to appoint representatives to participate actively and permanently in the Plan Regulador process that will begin soon" (by reference, in the response of the Council President and Mayor to the granted hearing, folios 364 and 365); 35.) That a preferential process of amparo de legalidad was once again filed by the company Feruga Limitada against the action of the Municipality of Naranjo before the Tribunal Contencioso Administrativo, processed in file 10-000665-1027-CA, by judgment number 2375-2010, of seven hours forty minutes on June twenty-third, two thousand ten, of the Sexta Sección of the Tribunal Contencioso Administrativo, the engineer of the Department of Constructions of the Municipality of Naranjo, or failing that, the authority of that corporation that is competent, was ordered to issue a final act in relation to the petitions formulated by the company Feruga Limitada, within a term of ten days counted from the notification of that resolution (case management system, folios 377 to 386); 36.) That in compliance with the previous decision, by official communication No. DPU-MN-DSG-445-10, of July twelfth, two thousand ten, the municipal engineer rejects the approval (visado) of maps as well as the certificate of land use (uso del suelo) for construction, for not providing the requested documents and until an amparo appeal filed is resolved (proven fact 13 of resolution number 312-2011, of fifteen hours on August thirty-first of the current year of this Court); 37.) That by judgment number 2010-014773, of fourteen hours thirty-six minutes on September first, two thousand ten, the Sala Constitucional dismisses the amparo appeal filed by Nombre102731 against the Asociación del Acueducto de Dulce Nombre de Naranjo, the Federación de Acueductos de la Zona Protectora el Chayote (FEDAPRO), the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, SETENA, the Municipality of Naranjo, and the company Feruga Limitada; considering that such entities have not been negligent or remiss regarding the protection of the water resource of the canton of Naranjo, by allowing the development of a parceling project that could contaminate the groundwater and the environment in a recharge area as important as the reserve or Zona Protectora El Chayote, which supplies all the aqueducts of the canton of Naranjo and some neighboring ones such as Zarcero, San Ramón, and Esparza (referenced judgment, in the case management system, folio 387 front to 393 back); 38.) That in said resolution, the Constitutional Court, regarding the action of the appellant local entity, indicates: "... far from having a negligent attitude with respect to the protection of the water resources of its jurisdiction, said corporation has carried out a series of actions in order to protect them, even going so far as the Council issuing agreement number SE-25-969-2009, by which it ordered the suspension of the processing of the application for approvals (visados) and obtaining land uses (usos de suelo) presented by the company Feruga Limitada, given the existing doubt regarding the possible affectation of the water in the Zone.

Faced with this scenario, the Court verifies that the Municipality of Naranjo has not harmed the provisions of Articles 21 and 50 of the Constitution, and therefore the appeal must also be dismissed with respect to this authority." It also warns that because technical studies (hydrogeological) are required to determine the potential impact on water resources, "which evaluate the specific conditions of the site to be developed and the surrounding area and assess, based on technical data, the capture zones of the springs, the risk of contamination of groundwater, and the risk of impact on recharge conditions, a document that must be prepared by the developer and submitted to Nombre2449 for its evaluation." For this reason, it concludes by instructing the respondent authorities that "they shall not grant any type of construction permit on property 2-00153575-000, until the company Feruga Limitada carries out the hydrogeological study to which Nombre2449 refers in its report, in order to have certainty regarding the type of constructions that can be carried out in the area in question" (referenced judgment, in the case management system, folio 387 front to 393 back. The highlighting is not from the original); and; 38.) That by means of resolution number 312-2011, at three thirty p.m. on August thirty-first, two thousand eleven, the Third Section of the Contentious Administrative Court, acting as improper municipal superior, annuls the resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, of January twenty-first, two thousand ten, challenged in a municipal appeal processed in case file number 10-000533-1027-CA; and, by connection and consequence, official letter CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, issued by the Construction Department of that local corporation and agreement SE-969-2009, adopted by the municipal council in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, deeming them illegal for lack of reasoning (referenced resolution, at folios 394 to 399).

II.- UNPROVEN FACTS.- Also of importance for the resolution of this matter, the following is deemed not proven: 1.) That the Council of Naranjo heard the ordinary appeals filed by the representative of Feruga Limitada against agreement SE-25-969-2009; 2.) The company Feruga Limitada has not demonstrated that the development it intends to implement is an agricultural parceling (parcelamiento agrícola); 2.) That the parceling project has water availability, approved by the municipal water utility, the Water and Sewer Institute (Instituto de Acueductos y Alcantarillados) or any of the ASADAS in the area; 3.) That the project has the availability of solid waste collection and electrical grid services; 4.) Whether the area where the project is intended to be carried out is an aquifer recharge zone and the possible impact on springs (nacientes) located in the canton; 5.) The exact limits of the coverage or extent of the El Chayote Protected Zone (Zona Protectora El Chayote). There is no evidence in this regard in the case file.

III.- GRIEVANCES OF THE APPEAL.- In its challenge brief filed before the Council on November twenty-seventh, two thousand nine, the representative of the company Feruga Limitada alleges the nullity of agreement SE-25-969-2009, adopted by the Council of the Municipality of Naranjo in an extraordinary session held on November eighteenth, two thousand nine, for the following reasons: a.) The lack of jurisdiction (competencia) of the collegiate body to hear the request for approval (visados) of the fifty-two cadastral maps related to the agricultural subdivision (lotificación) project proposed by its represented party and the issuance of land-use certificates (certificados de uso de suelo) for construction on said lots, because that task corresponds to the Construction Department, as it has personnel trained to resolve such procedures; and because according to the appeals regime, the Council does not hear the actions of said Department, but only the Mayor does, and in the event that exhaustion of administrative remedies is required, the Contentious Administrative Court does. Therefore, it argues that the Council illegitimately arrogated (se avocó) a jurisdiction (competencia) specific and exclusive to a municipal official, who does not report to it, which requires a legal norm that authorizes it, which is not the case here; b.) The absence of the grounds (motivo) stated in the challenged act, given that the case file contains the environmental feasibility (viabilidad ambiental) approved by the respective body, in this case, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), for the execution of the subdivision (fraccionamiento) project for agricultural purposes, as recorded in resolution number 1455-2009-SETENA, at ten fifty-five a.m. on June twenty-third, two thousand nine, which consists of fifty-nine lots with a minimum area of five thousand square meters, with an agricultural easement (servidumbre agrícola) seven meters wide; and, because nine are located in a protected zone, an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA) was carried out for the entire area of the property to be subdivided; and that on the lots where a spring (naciente) was located, a larger area was provided than that required by the regulations. Thus, it concludes that since it is an agricultural parcel project, there is no danger or risk of impact on the ecosystem, which is duly accredited by the studies contained in the case file; c.) The request for requirements that are not previously established in the legal system for the processing of a land-use certificate (certificado de uso de suelo), such as permits or availability for water and electricity services, which are characteristic of an urban development project but not of an agricultural parceling (parcelamiento agrícola), under the terms of sections II.2.1.6 and VI.3.11 of the National Regulations for Subdivisions and Urbanizations (Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones), provisions that it alleges it fully complies with. In this sense, it alleges that the land-use certificate is a regulated act, where subjective assessments are not admissible; and d.) That as a result of the adopted agreement, its project is indefinitely paralyzed, leaving it in a situation of uncertainty and causing it irreparable harm; and that it has the right to have its procedure resolved within a reasonable time. Therefore, it requests the revocation of the agreement so that its procedures may be resolved. (Folios 11 to 23 and 338 to 354).

IV.- ON THE APPROPRIATENESS OF THE PER SALTUM APPEAL.- We can consider the procedural mechanism of the "per saltum" appeal, provided for in the final paragraph of Article 156 of the Municipal Code and 191 of the Contentious Administrative Procedure Code, as an expression of the principle of swift and complete justice derived from Article 41 of the Political Constitution, insofar as it provides that, in cases where the Council fails to process the matter as legally required, that is, in the session following the filing of the challenge, the citizen may apply directly to the Contentious Administrative Court, acting as a two-phase improper superior within the municipal sphere –pursuant to the mandate derived from Article 173 of the Constitution– so that it may hear the filed appeal. In the case under study, it is clear that we are facing such a situation, given that, regarding the challenge filed by the representative of Feruga Limitada on November twenty-seventh, two thousand nine, against agreement SE-25-969-2009, adopted by the Council of the Municipality of Naranjo in an extraordinary session held on November eighteenth, two thousand nine (folios 11 to 23), the truth is that no action by the municipal council aimed at resolving it is known; which empowers the interested company to promote the per saltum appeal directly before this Court, which it does on the following January fifth (folio 27). Therefore, the merits of the matter are addressed.

V.- PRECEDENT DECISION OF THIS COURT.- Recently, in resolution number 312-2011, at three thirty p.m. on August thirty-first, two thousand eleven, this Contentious Administrative Court, acting as improper municipal superior, annulled the resolution of the Mayor of Naranjo ALC-MN-EPB-0136-2010, of January twenty-first, two thousand ten, challenged in a municipal appeal processed in case file number 10-000533-1027-CA; and, by connection and consequence, official letter CTS-MN-CER-245-09, of November nineteenth, two thousand nine, issued by the Construction Department of that local corporation and agreement SE-969-2009, adopted by the municipal council in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, deeming them illegal for lack of reasoning (referenced resolution, at folios 394 to 399). Notwithstanding the foregoing, this Court considers that because it is a nullity declared by "connection and consequence," and due to the content of the action and the implications that this nullity entails, it is necessary and pertinent to make some additional considerations to those indicated in the referenced decision.

VI.- ANALYSIS OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- The appellant bases its challenge on four grounds: a.) the lack of jurisdiction (competencia) of the collegiate body to hear the request for the fifty-two cadastral maps related to the agricultural subdivision (lotificación) project proposed by its represented party and the issuance of land-use certificates (certificados de uso de suelo) for construction on said lots; b.) the absence of grounds (motivo) stated in the challenged act; c.) having been required to meet requirements not foreseen in the legal system for the processing of a land-use certificate; and d.) the indefinite suspension of its project procedures, leaving it in a situation of uncertainty and defenselessness, in addition to the irreparable economic harm caused. Having analyzed the challenged agreement and reviewed the grievances, the following clarifications must be made:

First: Regarding the legal nature of the challenged agreement: It must be taken into consideration that due to the content of the challenged agreement, it did not definitively resolve the procedures promoted by the company Feruga Limitada, on this occasion, the approval (visado) of cadastral maps and certification of land use for construction on each of them (fifty-two in total), but rather involves the issuance of a procedural act (acto de trámite), insofar as it warned the interested party to comply with a requirement: the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA) for the subdivision (parcelas agrícolas) project; but that, due to the manner in which this requirement is made, by ordering the Mayor to suspend the processing of that project, it has its own effect, and therefore, is appealable, under the terms provided for in Articles 163.2 and 345.3 of the General Law of Public Administration, the latter insofar as it empowers the filing of ordinary appeals regarding a "procedural act that indefinitely suspends or makes impossible the continuation of the proceeding," in relation to subsection b) of 154 and Article 156 of the Municipal Code.

Second: Regarding the jurisdiction (competencia) of the Council in adopting the challenged act: As this Court well considered in resolution number 312-2011, at three p.m. on August thirty-first of the previous year, the Council had jurisdiction (competencia) to adopt the challenged agreement, as it deals with urbanism matters, under the terms provided for in subsection p) of Article 13 of the Municipal Code. Indeed, there is no doubt that this decision stems from the report rendered by the municipal engineer -Daniel Santamaría González-, in official letter CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine (at folios 9 and 10), in which he refers the subdivision (fraccionamiento) project in question to the Council, because it must be treated "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urban development project with a high degree of environmental impact, and that everything related to this project be investigated from its hierarchical position," because, by overlaying the springs (nacientes) from the database onto it, "it was determined that there are at least 5 more that directly affect the project." Thus, as there is a prior formal act that transfers jurisdiction (competencia), from the Engineering Department to the Council, due to the ex officio re-categorization of the project made by the local government, the appellant's thesis of considering said action as the arrogation (avocación) by the municipal council of the powers specific to the local government's Construction Department is not acceptable; much less that it constitutes a denial of the procedures filed, nor an omission, due to "unjustified" delay in resolving its procedures. Thus, in the referenced resolution of this Chamber, it was stated:

"V.- On the jurisdiction (competencia) of the Municipal Council. The appeal challenges the jurisdiction (competencia) of the Municipal Council to rule on the approval (visado) of the maps for the project called 'agricultural parceling (aparcelamiento agrícola)'; however, this ground of grievance must be rejected. Pursuant to Article 13, subsection p) of the Municipal Code -formerly subsection o), the numbering changed by Law 8822 of April 29, 2010-, the Municipal Council is the competent body in urbanism matters, and must therefore respect all applicable regulations, and what it resolves in this regard, in its capacity as local superior, it does in the exercise of its powers of authority (poderes de imperio). Therefore, even though there is a Construction Department with an engineering team entrusted with reviewing the projects submitted to it, due to the technique and science it masters, for the purposes of approving larger-scale urban development projects, as is the present case, due to the environmental impact this generates, its responsible review and approval must fall to the Municipal Council, as the highest local deliberative body, so that it may comprehensively analyze the developer's proposal in light of the aforementioned norm, and therefore this grievance must be rejected."

Third: Regarding the requirement of prerequisites for the approval of a subdivision (fraccionamiento) or urbanization project. Due to the significance derived from the legal implications involved in subdivision and urbanization processes, it is necessary to clarify the meaning of both concepts. Thus,

"Subdivision (fraccionamiento) is the division of a property with the aim of introducing it into commerce, which presupposes, as each local government must verify when granting the corresponding approval (visado), that it conforms, in terms of size and characteristics, to the current urban planning provisions, especially the local land-use master plan (Plan Regulador) –if one exists– as well as development regulations and other special public order laws. The subdivision that the law calls 'simple,' does not include a process of urban habilitation for the use and enjoyment of the parcels resulting from that subdivision, and this is so because the legislator assumes that in these cases, the parcels already have access and green areas resulting from prior urban development. It is for this reason that Article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) provides:

"(…)Likewise, simple subdivisions of parcels in previously urbanized areas are exempted from the obligation to cede areas for parks and community facilities…" (emphasis not in original).

When a specific area is previously urbanized, the purchasers of the subdivided parcels have access to the parcels, parks, and community facilities, and it must not be overlooked that this is part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution). For this reason –it is reiterated– the legislator has not deemed it necessary to require, in the case of a 'simple' subdivision with prior urban development, greater land endowments for reasons of social interest. Approval (visado) for simple subdivisions, given their minor significance, is usually granted to an official (e.g., a Municipal Engineer) different from the one entrusted with 'complex' approvals (e.g., Municipal Council, urbanism commissions, etc.), and the former lacks jurisdiction (competencia) to authorize a different type of approval; this, in the event that urban planning norms make such a distinction. Now, a subdivision that forms part of the urbanization process and entails habilitation of the parcels, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas, and parks, as well as the services necessary for their use and enjoyment. In this second scenario, we are dealing with a complex subdivision and urbanization process that introduces limitations on private property for reasons of urbanism (Article 22 of the Urban Planning Law), which the Constitutional Court has indicated are fully consistent with the Law of the Constitution (Decision N° 5097-93 at 10:24 a.m. on October 15, 1993). The residential or subdivision project that we shall call 'complex' is provided for in Article 40 of the Urban Planning Law, which, where pertinent, provides:

'Every land subdivider (…) and every urbanizer shall cede free of charge for public use both the areas destined for roads and those corresponding to parks and community facilities; what is established for the latter two concepts shall be determined in the respective regulation, by setting percentages of the total area to be subdivided or urbanized, which may range from five percent to twenty percent, depending on the average size of the lots, the intended use of the land, and the relevant norms. Notwithstanding the foregoing, the sum of the land that must be ceded for public roads, parks, and community facilities shall not exceed forty-five percent of the total surface area of the land to be subdivided or urbanized. (…)

The obligation of the urbanizer to provide the subdivided parcels with access, green zones, parks, and public roads obligates them to comply with the urban provisions that establish minimum standards regarding space, quality, quantity, and other requirements demanded by law and development regulations for those areas. The local government must exercise its police power (poder de policía) in a timely manner, guaranteeing to the residents of the canton that the works will be carried out as the urban planning rules indicate and under the conditions they stipulate. The mere fact that a parceling requires works to enable access and provide various services to some of those parcels is sufficient to assert that this is not a 'simple subdivision,' but a residential project that must, consequently, comply with all the indicated requirements. Urban residential projects can only enable access to the parcels through public roads that must have the dimensions and requirements of the General Law of Public Roads and, failing specific provisions in local norms, the National Regulations for the Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones). None of the municipal bodies has the jurisdiction (competencia) to authorize a project in which access to the parcels is provided through 'paved agricultural easements (servidumbres agrícolas adoquinadas),' 'agricultural easements (servidumbres agrícolas),' or 'simple easements (simples servidumbres),' since these are figures characteristic of Private Law and not of the residential urban development regime governed by the rules and principles of Public Law." (Resolution number 175-2009 of the Third Section of this Court. In the same vein, number 176-2009 of this same Court.)

In light of the foregoing, the control that the local government must verify, in this case entrusted to the deliberative body (Council), regarding the approval of construction permits for urbanizations, is of special interest, as it must confirm that it fully complies with legal requirements, namely the provision of public roads, green and community areas, as well as the habilitation and implementation, at the urbanizer's expense, of public services, such as electricity, telephone, potable water, and water and sewer systems, the latter, if the infrastructure exists for it. Therefore, the failure of urban development projects to comply with the requirements established in the urban planning system obliges -per se- the rejection of the filed procedures, in application of the principle of legality, which binds the entire state apparatus, of which the municipalities form a part. In the challenged agreement, no provisions are made regarding the accreditations of water and electricity availability services for the "subdivision" project of fifty-two lots proposed by the company Feruga, Limitada, since, as was indicated, it only requires the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA) for the project in question. Notwithstanding the foregoing, the appellant understands that such requirements are being made of it, and it considers that they are not established in the legal system. Contrary to what the complainant argues, this Court warns that the accreditation of water and electricity services and availability in relation to the processing of a land-use certificate (certificado de uso de suelo) are necessary and enforceable, in the context of the map approval (visado de planos) procedure, pursuant to the provisions of Articles III.3.11 and III.13 of the National Regulations for Subdivisions and Urbanizations (Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones), as well as the Water and Sewer Law (Ley de Acueductos y Alcantarillados), a requirement expressly imposed on the developer (Feruga, Limitada) for its "subdivision" project of fifty-two lots, in resolution number 1455-2009-SETENA, which also conditioned its execution upon the fulfillment of this requirement, under warning of nullity of the granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) (folios 2 to 7).

Fourth: Regarding the absence of grounds (motivo) for the challenged act: The appellant alleges that the challenged agreement lacks grounds (motivo), because the case file shows that it has already met the required demand, having obtained the environmental feasibility (viabilidad ambiental) approved by the competent body for the execution of the agricultural subdivision (fraccionamiento) project, according to resolution 1455-2009-SETENA, at ten fifty-five a.m. on June twenty-third, two thousand nine. In this regard, the following considerations must be made: A.) To address this grievance, it is deemed necessary to note that the existence and validity of every administrative act depends on the concurrence of several essential elements, imposed by the legal system, which, for better understanding, can be classified as material, relating to subjective elements (jurisdiction (competencia), standing (legitimación), and authority (investidura)), objective elements (purpose (fin), content (contenido), and grounds (motivo) –Articles 131, 132, and 133 of the General Law of Public Administration and 49 of the Political Constitution), and formal elements, encompassing the form in which the act is adopted, that is, the means of expression or manifestation (instrumentation), the reasoning (motivación) or justification (fundamentación) (Article 136 of the cited General Law), and the procedure followed for its adoption (Articles 214 and 308 of the General Law of Public Administration and 39 and 41 of the Constitution). Specifically, regarding the element that the challenged act is alleged to lack (the grounds (motivo)), the following must be stated: It is an essential element of the administrative act pursuant to the provisions of Article 133 of the General Law of Public Administration, constituted by "the antecedents, assumptions, or legal (de derecho) and factual reasons, that make the issuance of the administrative act possible or necessary, and upon which the Public Administration intends to sustain the legitimacy, timeliness, or advisability thereof." (JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. p. 370). Thus, they are the causes or assumptions, legal and factual antecedents that induce the Administration to adopt the specific act; and which denote the conformity that must exist between it and the purpose assigned to it by the legal system, that is, the satisfaction of a public interest to be met in each case. Therefore, the cited Article 133 requires that it be legitimate, as it is subject to the legal system, as a corollary of the principle of legality that governs Administrative action (Articles 11 of the Political Constitution and of the General Law of Public Administration); and furthermore, it must exist just as the Administration invokes it, and precisely, support the adopted decision, which denotes its close relationship with the other commented element (the reasoning (motivación) of the act), whereby the content must correspond to the grounds (motivo). B.) Given that the content of the challenged agreement issues a warning to the developer; after a thorough review of the case file, contrary to what was alleged, this collegiate body considers that the Council of the Municipality of Naranjo could well have based its requirement on the following facts, which directly affect any decision that the local corporation must adopt on the occasion of this project:

1.- There are serious doubts about the nature of the project to be carried out, given that, according to report CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine, the municipal engineer submits the application for the cited project, which borders the El Chayote Protected Zone (Zona Protectora El Chayote), to the knowledge of the deliberative body, in which he considers that it must be treated, "no longer as a subdivision of agricultural parcels, but rather as an urban development project with a high degree of environmental impact, and that everything related to this project be investigated from its hierarchical position." Therefore, despite having been processed before SETENA as a simple agricultural subdivision (fraccionamiento agrícola), it seems that there is a change in the intended land use, as was indicated in resolution 312-2011, at three p.m. on August thirty-first of the previous year,

"... in the face of a development such as the one the appellant company intends to carry out, it is the duty of the local authorities also to identify its true nature. If the appellant party alleges that we are in the presence of an agricultural subdivision (fraccionamiento agrícola), its purpose must be aimed solely and exclusively at promoting the exploitation of the land for productive purposes, a circumstance that the company must demonstrate with accurate technical elements. The appellant cannot aspire to establish a type of 'agricultural' development based solely on parameters of surface area measurement and accesses, as this is not sufficient to give it such a condition. That is why if the true purpose of the company is to sell land for residential purposes -regardless of the dimensions of the lots-, we are in the presence of an urban development, which tends to transform a portion of land in order to provide a portion of the services typical of large cities or towns, such as public roads, water, telephone, parks, etc., which is a complex process of environmental alteration with great effect on natural and artificial ecosystems, since the majority of this type of work compacts the land and covers a significant part of the surface with an impermeable layer, which can potentially affect aquifer reserves, increase runoff, alter natural drainage, and increase the flow of rivers and other water courses, in addition to eliminating the original landscape. Given that the case file does not show the existence of a preliminary project by the developer, where all the services needed to be conditioned in the place for the purpose of facilitating human habitation are foreseen, it is logical and understandable that the municipal engineer raised the matter to the municipal council, because if in reality the project does not constitute an agricultural parceling (parcelamiento agrícola), we would potentially be dealing with artifices aimed at evading all legal requirements for its development and implementation. This situation must be analyzed carefully by the municipal authorities, but with the existing evidence –at least before this instance– it is not possible to reach a certain conclusion."

The ex officio qualification made by the municipal engineer could well have justified the requirement imposed, since, as the appellant himself rightly points out, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) assessed the project as an agricultural subdivision, not as an urban development project, which changes both the requirements and the environmental impact; and,

2.- There is also reasonable doubt about the possible impact on the area's water resources, which are important, given that, according to report CTS-MN-CER-243-09, of November seventeenth, two thousand nine, the municipal engineer submits the application for the cited project, which borders the El Chayote Protected Zone (Zona Protectora El Chayote), to the knowledge of the deliberative body, because, by overlaying the springs (nacientes) from the database onto the project, "it was determined that there are at least 5 more that directly affect the project" (folios 9 and 10), located on the property where Feruga Limitada intends to carry out the "agricultural" subdivision (fraccionamiento). Thus, through official letter CTS-MN-CER-261-09, of December seventh, two thousand nine, the municipal engineer of Naranjo requests information from the Water Department of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications regarding the nature of those springs (on the property of Nombre102727), learning that the ASADA of Cirrí de Naranjo is supplied by one of them, that another corresponds to the source of the Colorado River; and locates them at the following coordinates: Spring No. 1: Latitude 498.440.1903 Longitude 238.739; Spring No. 2: Latitude 497.364 Longitude 238.706; Spring No. 3: Latitude 497.382 Longitude 238.663; Spring No.

Spring 4: Latitude 497.230 Longitude 238.566; Spring 5 (Naciente 5): Latitude 496.737 Longitude 238.498 (folio 197). It is worth considering that the potential threat to the canton's water resources (recurso hídrico) posed by the implementation of this project prompted, after the adoption of the challenged act, the ASADAS of Naranjo to appear before the municipality in support of the actions taken in this case.

In this regard, it cannot go unnoticed that the preventive action adopted by the Municipality of Naranjo earned the recognition of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in judgment 2010-014773, of fourteen hours thirty-six minutes of September first, two thousand ten, in which it stated regarding the actions of the appealed local entity that

"... far from having a negligent attitude regarding the protection of the water resources of its jurisdiction, said corporation has carried out a series of actions in order to protect them, with the Council even issuing agreement number SE-25-969-2009, by which it ordered the suspension of the processing of the application for approvals (visados) and obtaining of land-use (usos de suelo) permits submitted by the company Feruga Limitada, given the existing doubt regarding the possible impact on the water in the Zone. In view of this scenario, the Court verifies that the Municipality of Naranjo has not violated the provisions of constitutional articles 21 and 50, and therefore the appeal must also be dismissed with respect to this authority." It also warned that in this case, technical studies (hydrogeological) are required to determine the possible impact on the water resource, "that evaluates the specific conditions of the site to be developed and its surroundings and assesses, based on technical data, the capture zones of the springs (manantiales), the risk of contamination of underground waters, and the risk of impact on recharge conditions, a document that must be prepared by the developer and submitted to [Nombre2449] for its evaluation"; for which reason it concludes by instructing the appealed authorities that "they shall not grant any type of construction permit on property 2-00153575-000, until the company Feruga Limitada carries out the hydrogeological study referred to by [Nombre2449] in its report, in order to have certainty regarding the type of constructions that can be carried out in the zone in question" (reference judgment, in management system, folio 387 front to 393 back). The highlighting is not from the original).

Fifth: Regarding the indefinite suspension of the processing of the "subdivision (fraccionamiento)" project: The company Feruga Limitada accuses the indefinite paralysis of the processing of the filed procedures -approval of one hundred fifty-two cadastral plans and certification of compliant land-use for construction on each of those lots-, which, in addition to irreparable damages, causes a situation of uncertainty and defenselessness. In this regard, the following considerations must be made regarding administrative justice and environmental protection (tutela del ambiente) by municipalities. A.) It must be remembered that when a procedure is filed before administrative instances, the obligation is imposed on the required public entity to provide a response, as derived from the fundamental right of petition, enshrined in Article 27 of the Political Constitution, the essential content of which is the recognition of the administered to make petitions before public authorities on matters of their particular or general interest, provided that the object of the petition is legally possible; by virtue of which, the obligation is generated -for the required official or entity- to respond, and within a reasonable time, without it being required that it be resolved favorably to what is sought; that is, what is protected is obtaining a response to the filed procedure, within a feasible timeframe. B.) It is not about giving just any response, but rather the one that is linked to the filed procedure, for which the decision must be precise, clear, and duly reasoned; which is also an expression of the principle of legal certainty, insofar as it allows the administered, first, to become aware of its content, and if necessary, enables the exercise of their right of defense, should they disagree with the decision. [Nombre147.] ) It is worth clarifying that for the adoption of a final decision (final or definitive act), the Administration is compelled to carry out all necessary procedures to impart justice, in this case, administrative, which obliges it to investigate the situation, with the "legitimate and real" background (motive) on which the final decision (content) is based being what confers legitimacy and, in turn, conditions the legitimate purpose permitted by the legal system (end). Therefore, the Administration is not only empowered but, in some cases, must require evidence or prior procedures, in order to support the final or definitive decision on an objective criterion and not on a whimsical or arbitrary one, precisely in application of numerals 15 and 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), insofar as science and technique constitute parameters of administrative discretion. In this sense, in environmental matters, these considerations take on special significance, as they imply the application, jointly, of two constitutional environmental principles of great importance, namely the objectification of environmental protection and the precautionary principle. The first (the objectification of environmental protection), has as its content that in this matter (environmental) the necessary reasoning in objective criteria –consisting of technical and scientific studies– is required for administrative decisions and actions within the framework of the various public functions performed by the State to make environmental protection effective; and thus it is applicable both in the sphere of the exercise of the materially administrative function, as well as in the legislative function and, of course, in the jurisdictional function. In view of the foregoing, it is possible to conclude that in such cases –at the moment of enacting a law, adopting a regulatory norm, issuing a jurisdictional ruling, or carrying out a materially administrative action, the decision of the legislator, administrative head, judge, or official–, the discretion of the Public Powers is reduced to zero. This principle finds its support and development in numerals 15 and 16 of the General Law of Public Administration generically, and more concretely, as derived from Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), which requires as a prerequisite for the approval and execution of any project that may have any impact on the environment, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and its control, which by interpretation we can extend to the requirement of technical and scientific evidence supporting every decision of the Public Administration in environmental matters in its various manifestations of public function. And the second, the precautionary principle or "principle of prudent avoidance," whose designation originates from the Latin "praeventio," referring to the action and effect of preventing, applies to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute something. Thus, the action of preventing seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. This principle is a corollary of the principle of responsibility, as it arises from the consideration of the new risks and damages that human conduct causes to nature, in view of the type of injuries that can be caused to the environment and people's health, which are classified as irreversible, not only because of their magnitude but also because of their accumulation. For this reason, it is possible to conclude that carrying out technical studies acts as a necessary condition for the correct application of the precautionary principle in environmental matters; as established in Study [Nombre102732] of November twenty-nine, nineteen ninety-nine ([Nombre102733], Phillipe, [Nombre102732], [Nombre102734]. Le principe de Précaution. Rapport au Premier Ministre. Editions Odile Jacob. La Documentation Française, 2000. p. 56. Free translation and cited by MILANO SÁNCHEZ, Aldo. El principio precautorio. pp. 74, 75 and 177); in the Pronouncement or Communication of the European Union of February two thousand –COM–; in Resolution of [Nombre99621], of December two thousand; and in the proposal of the Science and Environmental Health Network (SEHN), which establish guidelines for the operability of this principle, requiring as support for any decision of the Administration, the definition, grading, and evaluation of risk, for which the necessary prior objective studies are required. Thus, the content of the precautionary principle refers to the cautious attitude that must be taken when any reasonable doubt arises -not verifiable through objective and/or scientific methods- regarding the dangerousness of any activity, due to the possible environmental repercussions, be it to prevent serious and irreversible damage, either to impose precautionary measures in the processing of procedures or in the execution phase of the granted right, prohibit it (final or substantive decision) or to impose the necessary corrective or mitigation measures (final or substantive decision) conditioning the authorized activity in order to avoid environmental damage and harm to people's health. It involves determining risk situations for the environment (a concept understood broadly and integrally, comprising both elements of natural biodiversity and urban planning elements, according to the interpretation given by the Constitutional Chamber itself in judgment number 2003-3656, of fourteen hours forty-three minutes of May seven, two thousand three) that have or may have negative repercussions on the population's health; and with this, the Administration's actions are conditioned, where the following situations arise: 1.) the strict application of the principle of prevention, which translates into the impossibility of authorizing and carrying out the project submitted for evaluation, when faced with a certain technical and scientific criterion that a human activity (of any kind, whether public or private, business, industrial, commercial, agricultural, etc.) will cause damage to the environment and its elements, as it is based on the duty to avoid them in advance. Likewise, this principle translates into the adoption of positive anticipatory actions for the avoidance of damage (for example, decrees for the protection of species, bans (vedas), definition of containment rings for the urban area, determination of special protected areas, etc.); 2.) the adoption of technically established measures for the mitigation of environmental damage and risks in the execution of projects, as a conditioning element of permits and project authorizations, when as a result of prior technical, scientific, and objective evaluations of the possible impacts on the environment, it is concluded that the activity has contamination levels previously determined as acceptable by scientific and technical criteria. The foregoing is of importance because if non-compliance with such measures is verified, the cancellation of the conferred right is mandatory, following the ordinary procedure for this purpose; and 3.) when technically, objectively, and scientifically, there is reasonable doubt about the impact on the environment and people's health from the implementation and execution of a given project, the Administration is obliged to apply the precautionary or in dubio pro natura principle, which requires the denial of the requested permit or authorization, or what is the same, its denial. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage or doubt regarding it, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since, if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. One of the essential characteristics of Environmental Law is that even though it ultimately relies on a sanctioning mechanism; its objective is fundamentally preventive, as what is intended is precisely to avoid damage to the environment. Therefore, actions that anticipate any polluting action –environmental degradation– are necessary, rather than merely verifying and attempting ex post facto to repair the damages, which in many cases are irreversible. The legal recognition of the precautionary principle is a reality, so we have it not only as such (a principle or value), but, in our case, as a true legal norm, both internationally and domestically. Thus, in the former, we find express recognition in the following conventions: the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, of nineteen eighty-seven; Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development; the Rio Declaration of nineteen ninety-two; the Framework Convention on Climate Change of nineteen ninety-two; the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biodiversity, approved in January two thousand; and the Stockholm Convention for the elimination of persistent organic pollutants, signed in May two thousand one. In the domestic internal sphere, this principle is also expressly included as a parameter or criterion for applying environmental regulations, in Article 11, subsections 1) and 2) of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad), number 7788, of April thirty, nineteen eighty, which, in what is relevant, provides:

"Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are:

1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats.

2.- Precautionary or in dubio pro natura criterion: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures."

Therefore, if that technical-scientific-objective basis does not exist, it obliges Administrations to procure that element in order to adopt a serious and responsible decision in the face of the situation raised, precisely to form the motive of the administrative act that is finally adopted. D.) This Court has indicated on previous occasions (for example in resolution number 125-2011, of nine hours fifty-five minutes of April fifteen, two thousand eleven), and reiterates on this occasion, that municipal authorities -both their deliberative body (Council) and its "executive official" (Mayor)-, have the obligation to effectively comply with the constitutional mandate established in its Article 50, insofar as environmental protection is instituted as a true public function or power for the entire state apparatus, of which the Municipalities form a part (within the constitutional structure of the Costa Rican State); which as such, translates into concrete obligations for public administrations, thus conditioning political objectives, and consequently, the action of public powers in general, to fully comply with the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, for which they can and must act in a coordinated manner with other public dependencies -case of the Ministries of Health and Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET), as well as the National Environmental Technical Secretariat (SETENA)-. In view of the foregoing, it is not possible to deny the exercise of such public power, especially since by constitutional mandate, they are entrusted with an essential task, "the administration of local interests and services," as defined by constitutional Article 169; and that constitutional jurisprudence has developed as the competence of the municipal sphere, within the concept of "the local" (in this sense, judgments number 6469-97, 5445-99, and 2001-9677 can be consulted); with environmental matters being transcendental. Thus, it corresponds to local governments to exercise, within the urban function delegated by legal mandate -Articles 15 and 19 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and 13 subsection o), 79, 81 and 81 bis of the Municipal Code (Código Municipal), 15 of Decree-Law 833, of Constructions, and other related provisions- to exercise their competence, which is not limited solely to the promulgation of the respective territorial regulations -regulatory plans and related regulations-, but also extends to the control they exercise regarding compliance with local urban-environmental regulations, manifested precisely through the approval procedures for approvals of cadastral plans, land-use certificates, subdivision and urbanization projects, construction licenses, and commercial licenses. In this sense, as this Court has pointed out in various pronouncements (among them, numbers 175-2009, of fifteen hours forty minutes, and 176-2009, of fifteen hours fifty minutes, both of January thirty, two thousand nine), "local governments must act opportunely in the exercise of police power, using the powers that the legal system has granted them to achieve their purposes" (the underline is not from the original); in accordance with the powers granted to local governments in Article 1 of the Decree-Law of Constructions, which literally provides:

"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads, and in the buildings and constructions erected on lands thereof, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies."

Recall in this regard that "police power" is the competence recognized to the Administration so that, based on a law, it regulates and governs an activity, in order to ensure public order, public health, tranquility, the safety of persons, as well as the moral, political, and economic organization of society; an attribution by virtue of which the imposition of restrictions on the enjoyment of fundamental rights is reasonable, insofar as its justification lies precisely in the consideration that fundamental rights are limited by those of other persons, since they must coexist with all and each of the other fundamental rights. Consequently, the measures that the State –in a generic sense– adopts for the purpose of protecting safety, health, and tranquility are of social public interest, manifested through police power, understood as the regulatory faculty of the enjoyment of rights and the fulfillment of constitutional duties. (In this sense, judgments number 401-91, of fourteen hours of February twenty, and 619-91, of fourteen hours forty-five minutes of March twenty-two, both resolutions of nineteen ninety-one, and 2003-2864, of fifteen hours twenty minutes of April nine, two thousand three, of the Constitutional Chamber can be consulted.) Consequently, it not only can but must review the operation of companies and industries, and verify, as in this case, the non-impact of natural resources –especially water resources– of the canton, on the occasion of subdivision and urbanization projects submitted for its approval, in order to verify that they are carried out in accordance with the dictates of the regulations, in this case, urban and environmental; all of the foregoing preventively, and failing that, being able in any case to use all necessary resources and actions for its verification. E.) In accordance with the constitutional mandate enunciated in Article 50 of the Fundamental Charter, a passive or omissive attitude or position regarding environmental protection is neither legitimate nor possible. On the contrary, the State as a whole –of which the Municipalities obviously form a part–, "... is under the obligation to act preventively, avoiding –through supervision and direct intervention– the performance of acts that harm the environment and the correlative and equally inescapable prohibition of fostering its degradation," states the Constitutional Chamber categorically in judgment number 2002-4830, of sixteen hours of May twenty-one, two thousand two. Bear in mind that in application of the principle of legality, regarding its positive version, what is established in the legal system constitutes true mandates or enabling norms of public powers and duties, of obligatory compliance for public instances. Thus, for the manifestation of any of its conducts –active or omissive–, the Administration must subject itself to the superior norm (constitutional or legal), from which its competence, authorization, and, in some cases, the obligation to act in a certain sense, emanate. Thus, the Administration must assume, regarding the legal mandate, a complementing function, in pursuit of the objectives imposed by the legal system. F.) It is deemed necessary to warn the municipal authorities of Naranjo that, in the exercise of police power in the field of urban planning and compliance with environmental regulations (to fully comply with the constitutional mandate of environmental protection), they must act with extreme care in the decisions they adopt, since the procedures for plan approvals and land-use certificates are not mere processing actions, but fundamental or substantive decisions, insofar as subjective rights arise from the former, and the conditioning of future actions of the corporation (construction licenses) from the latter; procedures in which the environmental principles and regulations previously indicated, as well as the precautionary, preventive, and objectification of environmental protection principles, are fully applicable. [Nombre594.] ) Finally, regarding the suspensive effects of the challenged agreement, it must be reasoned that by logical consequence, any prevention has the effect of suspending the adoption of the final decision of the procedure or process, precisely awaiting the fulfillment of the requirement that has been requested, believed to be omitted, or the results of the requested evidence (for example, when some technical proof is required); but in no way can it imply the absolute paralysis in the processing of the matter, as was ordered in the case under study, in which the Mayor was expressly ordered to stop them completely. In this sense, if the Council of the Municipality of Naranjo reclassified, on its own initiative, the type of subdivision that the company Feruga Limitada intended to carry out, to consider it no longer as one of an agricultural nature, but rather urban, it could compel the developer to comply with the requirements that the urban-environmental system establishes for such purposes; only suspending the adoption of the final act. This situation, although it does not constitute the final decision on the filed procedures, is an intermediate step with its own effect, which, by not being reasoned -as will be detailed below- in the specific case, causes a serious breach of due process and defenselessness to the developing company, affecting its economic interests.

VII.- REGARDING THE ESSENTIAL DEFECT (TOTAL ABSENCE) IN THE REASONING OF THE CHALLENGED AGREEMENT.- In concordance with and development of what was said and in point five G.) of the preceding Considerando, this Court considers that the challenged agreement is inconsistent with the legal system, due to an essential defect (total absence) in its reasoning; a formal element of every administrative act, subject to being declared void on its own initiative in accordance with the provisions of numerals 181 and 182 of the General Law of Public Administration. The motivation or reasoning of an administrative act consists of

"... a declaration of what the circumstances of fact and law are that have led the respective public administration to the issuance or emanation of the administrative act. The reasoning is the formal expression of the motive and, normally, in any administrative resolution, it is contained in the so-called 'considerandos' -operative part-. The reasoning, as it consists of a statement of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proof of its intentionality and an indispensable guideline for interpreting and applying the respective administrative act." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. First Edition. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)

Thus, the reasoning must determine the application of a concept to the specific factual circumstances in question (according to the development of Spanish jurisprudence, precisely in the judgment of May 18, 1991, RA 4120, accepting a considerando of the appealed decision, citing SSTS of September 23, 1969, RA 6078, and October 7, 1970, RA 4251, cited by author Marcos M. Fernando Pablo, in his work La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, page 190); that is, it is a concrete decision that links the facts with the normative basis, so that when there is a brief allusion to general norms and unspecific facts, it can be concluded that there is no sufficient contribution of justification, to the extent that it is impossible to deduce from them the elements assessed by the governmental authority to make the decision, which acquires the greatest importance when it involves acts that limit or restrict subjective rights or those in which a sanction is imposed on the administered party. By its content, it constitutes a determining factor of due process and the right of defense, which has full application in the administrative sphere, as pointed out by the Constitutional Chamber starting from judgment 15-90, of sixteen hours forty-five minutes of January five, nineteen ninety, by enunciating the minimum elements of this constitutional principle

"(...) a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce evidence it deems pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare its pleading, which necessarily includes access to information and administrative records related to the matter in question; ch) right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; d) adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons on which it is based; and e) right of the interested party to appeal the decision issued ..." (The highlighting is not from the original.)

That is why, pursuant to Article 136 of the General Law of Public Administration, the Administration is required to motivate acts that impose obligations; limit, suppress, or deny subjective rights; resolve remedies; those issued departing from the criteria followed in preceding actions or from the opinion of advisory bodies; those maintaining the execution of the challenged act; those of a general normative nature (regulations); and those of a general discretionary nature. Thus, if there is no motivation, a formal defect is incurred that seriously affects the act, rendering it absolutely null and void.

VIII.- The previous transgression is given because the interested administered party -Feruga Limitada- is not explained, with the clarity and precision required for the case, the decision adopted; that is, explaining the reason why it is being required -again- to provide an environmental impact assessment, when the record shows the existence of one for the development of an agricultural subdivision. Note also that this decision was not accompanied by the notification of official communication CTS-MN-CER-243-09, of November seventeen, two thousand nine (visible on folios 9 and 10), from the municipal engineer -Daniel Santamaría González-, in which he refers the indicated project to the Council of the corporation, in which he considers that it is not an agricultural subdivision, but rather one of an urban nature, as well as the possible impact on the five springs located on the property where the project is intended to be carried out.

None of the foregoing was in the case file at that time, nor in the municipal archives was it communicated or explained to the developer, which demonstrates the lack of substantiation of this agreement, in open contravention of the cited numerals 133 and 136 of the Ley General de la Administración Pública, hence, its absolute nullity.

IX.- ON NULLITY BY CONNECTION AND CONSEQUENCE.- Point 4 of agreement SE-7-197-2010, of April twenty-first, two thousand ten, adopted by the same municipal council, reiterates the order to suspend the subdivision (lotificación) project submitted by the company Feruga Limitada; which constitutes the same defect of absolute nullity, and for the same reasons as the previous agreement, namely, it is issued devoid of any substantiation, and orders a suspension of the procedures requested by the company Feruga Limitada (approval (visado) of one hundred fifty-two cadastral plans and certification of land use (uso de suelo) for construction on each of the lots resulting from the intended subdivision (fraccionamiento)), but not of the adoption of the final decision. In this regard, this Chamber notes that by the date of its adoption, the municipal authorities had more elements to support the doubts they had regarding the granting of the required procedures. Thus, in addition to the reasons already given, it must be considered that from the on-site inspection carried out on December tenth, two thousand nine, in the presence of the following persons: Mayor of the Municipality of Naranjo, Eugenio Bonilla; deputy José Joaquín Salazar; Director of the Conservation Area - Cordillera Volcánica Central of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, engineer Rafael Gutiérrez; Regional Chief of ACCV-SINAC-MINAET, engineer Carlos Zúñiga; parliamentary advisor, Licenciado Guillermo Corrales Montero; municipal advisor, Licenciado Alexander Cabezas Alvarado; municipal engineer from the Department of Constructions, Daniel Santamaría G.; engineer from the Department of Aqueducts, engineer Jonnathan (sic) Cubero Rojas; Secretary of the Federation of Aqueducts Guillermo Vega Zamora; councilor Rafael Vargas González, Elio Vargas Rodríguez from the Environmental Department and Alfonso Fernández Brenes; the following was evidenced: a.) that there is no clarity in the exact determination of the area comprised by the El Chayote Protective Zone (Zona Protectora El Chayote), created by law number 6975, of November thirty, nineteen eighty-four; affected by executive decrees number 21,835-MIRENEM, of December seventh, two thousand two and number 35151, of two thousand nine, for which demarcation (amojonamiento) by MINAET is recommended; b.) that "according to the determination of land-use capacity, that zone would be under the classification of protection, since it has been determined that the main resource to protect in the area is water, and that on the property there are defined springs (nacientes), behaving as an infiltration zone for discharge in the form of potable water springs (nacientes) in the lower parts"; land-use change (cambio de uso) being prohibited in protected zones, as is the elimination of forest cover (cobertura boscosa); c.) that the safeguarding of the area's water resources is essential for the protection of the area's aqueducts, therefore the respective hydrogeological studies of the property are required; as well as the location of the canton's springs (nacientes), a task in which SINAC is already collaborating; and d.) that for the stated works, work will be carried out responsibly and in a coordinated manner (folios 203 to 206). And additionally, it is also pertinent to bring up that by the date of this agreement of April two thousand ten -which by connection and consequence is now annulled-, the authorities of Naranjo also had knowledge of official communication D.052, of January thirteenth, two thousand ten, from Rafael Gutiérrez, Director of the National System of Conservation Areas, Central Volcanic Mountain Range Area, in which he informed deputy Joaquín Salazar Rojas, stating: "... following our visit to the area, it was considered opportune to conduct technical studies on the aquifer recharge areas as established in article 33 of the Ley Forestal, for which we are in the best disposition to collaborate with your office and the Municipality of Naranjo” (folios 239 and 240). It is insisted, nothing denoted in such actions is inferred in the indicated agreement, which demonstrates, at a glance, its lack of reasoning or substantiation.

POR TANTO:

Regarding the challenge of agreement SE-969-2009 of the Municipal Council of Naranjo, taken in extraordinary session number 25, of November eighteenth, two thousand nine, abide by what was decided in resolution number 312-2011, at fifteen hours on August thirty-first last of that Section of the Tribunal Contencioso Administrativo. By connection and consequence, point 4 of agreement SE-7-197-2010, of April twenty-first, two thousand ten, adopted by the same municipal council, is annulled. Let the respondent Municipality take note of the considerations given in this decision.









Silvia Consuelo Fernández Brenes



 

Evelyn Solano Ulloa                                                Eduardo González Segura



 

  

 

Exp:  10-000011-1027-CA

Apelación per saltum

Feruga Limitada c/ Municipalidad de Naranjo

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 04-18-2026 10:07:22.

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