Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De esta manera, ha de entenderse la inactividad material administrativa como aquella derivada de la omisión en el cumplimiento de una obligación jurídica preestablecida, que se produce cuando, fuera de un procedimiento administrativo, la Administración incumple, por omisión, una obligación impuesta por el Ordenamiento Jurídico … En el caso de marras la conducta de vigilancia fue generada, sin embargo, claramente del peritaje, del reconocimiento y de los mismos informes del SINAC se evidencia, ese ejercicio de acciones no fue suficiente para la tutela debida del patrimonio aludido, dadas las acreditaciones de prácticas intrusivas en el terreno objeto de controversia. … al haberse establecido la indebida fiscalización y tutela de la administración del Patrimonio Natural del estado en la zona objeto de conflicto y la ocurrencia de daños en el ecosistema allí presente, esa inercia se constituye en puente causal de las conductas lesivas, surgiendo de ese modo un nexo causal que implica … la responsabilidad de la Administración Pública que con su inactividad, ha potenciado la lesión antijurídica.
English (translation)Thus, material administrative inactivity must be understood as that arising from the omission to fulfill a pre-established legal obligation, which occurs when, outside of an administrative procedure, the Administration fails, by omission, to meet an obligation imposed by the legal framework … In the case at hand, surveillance was conducted, however, it is clearly evident from the expert report, the judicial inspection, and SINAC’s own reports, that such action was insufficient for the due protection of the heritage in question, given the evidence of intrusive practices on the land under dispute. … having established the improper oversight and guardianship of the State Natural Heritage in the disputed area and the occurrence of damage to the ecosystem present there, such inertia becomes the causal bridge for the harmful conduct, thus giving rise to a causal link that entails … the liability of the Public Administration which, through its inactivity, has exacerbated the unlawful injury.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Resolución Nº 00046 - 2013 Fecha de la Resolución: 06 de Marzo del 2013 a las 13:15 Expediente: 10-001331-1027-CA Redactado por: Alinne Ma. Solano Ramirez Clase de asunto: Proceso de conocimiento preferente Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Ambiental Tema: Patrimonio natural Subtemas: Concepto y bienes que lo integran según la normativa. Deber de fiscalización y protección de actividades que se desarrollen por parte del SINAC. Posibilidad de configurarse responsabilidad civil de la administración mediante conducta omisiva. Tema: Responsabilidad civil de la Administración Subtemas: Posibilidad de configurarse mediante conducta omisiva. Derivada de acciones insuficientes del SINAC en la protección de zona marítimo bajo el sistema de patrimonio natural. Tema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración Subtemas: Indemnización ante modificación de condiciones naturales por conducta omisiva del SINAC en la protección de zona patrimonio natural. Tema: Medio ambiente Subtemas: Responsabilidad derivada de acciones insuficientes del SINAC en la protección de zona marítimo bajo el sistema de patrimonio natural. Tema: Bien demanial Subtemas: Régimen jurídico aplicable a la zona marítimo terrestre. Deber de fiscalización y protección de actividades que se desarrollen por parte del SINAC. Tema: Zona marítimo terrestre Subtemas: Análisis sobre el carácter demanial y régimen jurídico. Deber de fiscalización y protección de actividades que se desarrollen por parte del SINAC. Tema: Sistema Nacional de Áreas de Conservación Subtemas: Deber de fiscalización y protección de las actividades que se desarrollen en la zona de Patrimonio Natural del Estado. “VII- SOBRE EL FONDO Y EXCEPCIONES Pretende la parte actora que se declare a su favor una serie de pretensiones relacionadas con el ejercicio de la protección por parte de las demandadas sobre un sector de playa Sámara donde la franja de terreno, que se identifica como la situada entre meridianos 367.5 y 368 y entre paralelos 206.5 y 207, es parte de la zona marítimo terrestre y corresponde al Patrimonio Natural del Estado. Bajo esa apreciación de la parte actora, para valorar las pretensiones, debe en primer término definirse con claridad según el ordenamiento que son Patrimonio Natural del Estado y Zona Marítimo terrestre, `para tal determinación esta Cámara hace suyos los criterios emitidos por reiteradas jurisprudencias al respecto: Se expone entonces " (…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública." (ver RES: 000853-F-S1-2011 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictada a las diez horas quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once.). En cuanto a la Zona Marítimo Terrestre debe indicarse: " (...) esa franja de terreno se encuentra regulada por la Ley No. 6043 de 2 de marzo de 1977, publicada en Alcance No. 36 a La Gaceta No. 52 de 16 de marzo de 1977, titulada "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre". Dicho conjunto legal establece una serie de competencias para diversas unidades administrativas, con el objeto de fijar las pautas para el despliegue de una efectiva administración, control, fiscalización y vigilancia de esa zona demanial. En ese sentido, el numeral primero de la citada legislación establece con claridad la demanialidad de esos terrenos en cuanto indica: "La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley." (ver voto 24-2013-VI del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, de 16 horas 15 minutos del 07 de febrero del 2013. ) "La zona marítimo terrestre está dividida en dos zonas: la pública, que comprende la faja de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta por la litoral, orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes , hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas definidas (artículo 2 inciso h) del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo número 7841-P); y la restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta metros. En virtud de lo anterior, son parte de la zona pública de la zona marítimo-terrestre: la ría, definida como la parte del río próxima a su entrada en el mar, y hasta donde llegan las mareas (inciso f) del artículo 2 del citado Decreto Ejecutivo número 7841-P); de manera que en relación con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley que rige esta materia, también es zona marítimo terrestre, la franja de los doscientos metros contigua a las rías; "los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar" (párrafo final del artículo 10 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); (...) tratándose del recurso natural contenido en la zona pública, se advierte que tampoco se puede explotar la flora y la fauna, cortar árboles o extraer productos de la costa, si no es con la debida autorización -permiso o concesión-, en este caso, de la Dirección de Vida Silvestre, del Ministerio de Ambiente y Energía, previo estudio de impacto ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (...) Esta labor de fiscalización también concierne al desalojo de los invasores, e incluso, de destruir o demoler las construcciones, instalaciones u obras realizadas, ya sea que se trate de simples cercas, tugurios, puestos de venta, o casas de habitación, sin responsabilidad alguna (como lo consideró el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera en resolución número 7900-98). Conforme al artículo 39 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, sólo es posible otorgarse concesiones en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, a cargo de las municipalidades (artículo 40 de la citada Ley); salvo en los supuestos en que exista un área silvestre protegida -reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales- que conforme a los artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, están bajo la administración del Ministerio " (voto 54-2012 dictada el 17 de febrero del 2012 por la Sección Tercera Tribunal Contencioso Administrativo). A la luz de estas valoraciones jurisprudenciales sobre la normativa vigente, debe analizarse el planteamiento de la parte actora. Expone el señor Álvarez que en la zona marítimo terrestre del sector de Sámara, se encuentra una franja de terreno ubicada exactamente entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, determinada como Patrimonio Natural del Estado. De acuerdo con lo expuesto líneas atrás, valorados pericialmente los datos otorgados por la parte actora en su demanda y por los demandados en su contestación, se debe tener como cierta la existencia de tal franja de terreno. De la prueba aportada y reconocimientos efectuados se descubre con certeza que geográficamente esa franja de tierra sí pertenece a la zona marítimo terrestre. Ahora bien, pretende la parte actora que se reconozca en este proceso que tal franja de terreno constitutiva de zona boscosa -según su dicho-, ha sido afectada por la incursión de terceros, con el fin de sustraer elementos propios de la biodiversidad del lugar, generadores de una modificación perjudicial en el área. Reclama una serie de pretensiones protectoras para dicha zona, determinando en forma expresa su pedido a fin de que se aplique la protección pretendida a esa zona protegida y evitar la pérdida total de ese ecosistema. Es procedente ante tales pedimentos establecer el análisis de cada uno de ellos a la luz del ordenamiento jurídico que ha emitido normas expresas en materia de Medio Ambiente, protección Forestal, y Biodiversidad, y que permiten una protección o cobertura jurídica de los bienes del Estado ubicados sobre la zona marítimo terrestre que pertenecen a zona boscosa y Patrimonio Natural del Estado, de forma tal se procede de la forma que en los apartes venideros se realiza. VIII.- En cuanto a que se declare que en playa Sámara sector Cangrejal entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, el terreno ubicado ENTRE MOJONES 5 A 19 es integrante de la zona marítimo terrestre y corresponde a Patrimonio Natural del Estado. Determinada por ley la zona marítimo terrestre y los terrenos calificados como Patrimonio Natural del Estado, la zona descrita por la parte actora en su demanda, como área física a proteger mediante esta acción, de acuerdo a la prueba recabada, efectivamente, cumple los requerimientos para pertenecer a ambas condiciones legales e incluso, este hecho, ha sido reconocido por parte de los demandados, a través de las documentales aportadas al efecto de responder al ajuste de pretensiones del actor. A través de la pericial rendida y de los propios reconocimientos efectuados por este Tribunal, queda clara la pertenencia de la franja de terreno de interés, a la zona marítimo terrestre. Resulta igualmente claro para esta Cámara, el hecho de que ese terreno es zona que califica como Patrimonio Natural del Estado. Lo anterior ya que se ha determinado, luego del análisis de fondo de los autos, sobre la misma se dan dos condiciones particulares que determinan tal condición. Por un lado, existe declaración administrativamente de la condición dicha (véase respuesta del Estado al ajuste de pretensiones) y la segunda, que el sitio presenta condición de cobertura boscosa, elemento validable para constituirse en patrimonio natural. Ese terreno al contener ambas condiciones, disfruta de la protección especial del Estado otorgada por el artículo 4 del Decreto 36786-MINAET de 12/08/2011 denominado Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica que enuncia: "(...) el Patrimonio Natural del Estado es de dominio público; su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El Patrimonio lo integran dos importantes componentes:a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la Zona Marítimo Terrestre, la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley Nº 6043 en su artículo 73 excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujetas a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales están también bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y se rigen por su normativa específica, artículo 13 de la Ley Forestal Nº 7575 y concordantes, y el Voto de la Sala Constitucional 4587-97."(ver normativa expuesta) Dada esta condición jurídica del Patrimonio natural del Estado, tanto el MINAET como el SINAC en consecuencia, son los encargados de la labor de fiscalización y protección de las actividades que se desarrollen sobre el terreno cuya protección se pretende en este proceso judicial. A lo largo de este proceso las manifestaciones expuestas por los personeros del SINAC, tanto en la contestación de la demanda como en los informes rendidos durante la vigencia de la medida cautelar otorgada en autos, permiten concluir la existencia por parte de esa entidad, de una duda o inseguridad en cuanto a la pertenencia de esa franja de terreno a la Zona Patrimonio Natural del Estado, sin embargo a través de la documental aportada por el mismo Estado y gracias a las valoraciones realizadas en el peritaje rendido en autos, es posible esclarecer la condición real del bien citado. La zona territorial existente en Sámara, entre meridianos 367.5 y 368 y paralelos 206.5 y 207, sí pertenece a la zona constitutiva de Patrimonio Natural del Estado, y procede declararla en esa condición en autos tal y como se pretende. IX.- En cuanto a que se determine que la zona de terreno comprendida entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, debe ser administrado por MINAET a través de SINAC. Establece el ordenamiento jurídico, la distribución de competencias de los órganos estatales, otorgando al MINAET y al SINAC competencias específicas. En cuanto a las competencias relacionadas con los bienes constitutivos de Patrimonio Natural del Estado y Zona marítimo terrestre ya se ha transcrito lo expuesto por el Manual para la Inscripción de este tipo de bienes, adicionada tal distribución de competencias por la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 8 y 9 de la Ley de Biodiversidad, donde corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como persona jurídica propia, ser la encargada de ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica y ejercer esa Administración. (véase su artículo 22 de la ley citada). A la luz de esos imperativos, el SINAC tiene la obligación legal de realizar las actividades para las que fue creado ese órgano que surjan o afecten las condiciones sobre el terreno existente en Sámara, entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207. Pese a tal imperativo, ha quedado demostrado en autos que no existe claridad institucional sobre su competencia en esa franja de terreno, así lo manifestaron personeros de ambos demandados. Dada la duda hasta ahora existente por parte de los demandados en cuanto a la pertenencia o no de la franja de terreno a la zona de interés de sus potestades, es posible acceder a la declaratoria pedida, en aras de que se dé un efectivo cumplimiento a los fines proteccionistas que tiene esa declaratoria de Patrimonio Natural del Estado sobre el bien descrito por el actor. Desde ese plano, procede entonces establecer que de conformidad con las atribuciones dadas por la Ley de Biodiversidad, el SINAC es la instancia administrativa competente para administrar esa franja de terreno, siendo una potestad que se constituye en un poder-deber, que ha de ser emprendida y ejecutada por dicha instancia pública para lograr la satisfacción de los intereses públicos que son inherentes y consustanciales al marco de competencias que le han sido conferidas, siendo claro que son atribuciones impostergables, indeclinables, imprescriptibles e intransferibles (doctrina de los ordinales 4, 11, 12, 59 y 66, todos de la Ley General de la Administración Pública.) X.- En cuanto a que se ordene a la Procuraduría General de la República por medio de la Notaria del Estado que confeccione una escritura con el objetivo que el terreno objeto de este proceso se inscriba en el Registro de Bienes Inmuebles a favor del Estado todo de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Forestal": Conforme se pretende resulta improcedente una declaratoria en la forma pedida. A la vista del Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, (Decreto 36786-MINAET de 12/08/2011, desde ahora Manual) existe para las tierras protegidas por esta clasificación, un procedimiento general que debe seguirse. Para la clasificación de unidades -terrenos-; y otorgamiento de la categoría protegida, en el Manual se expresa en lo conducente la necesidad tanto del levantamiento de información geográfica, como "monumentación de mojones", ello de previo a la inscripción registral de los inmuebles. A través de la remisión de una certificación de condición del inmueble de interés se procederá a la matriculación del inmueble; según se describe de la prueba existente en autos, y condiciones propias de la franja de terreno que nos ocupa. No es procedente escriturar estas franjas de terreno, por cuanto terminado el procedimiento establecido, cumplidos los requerimientos descritos en sus numerales, el Manual expone la inscripción registral de los terrenos como un efecto directo. Lo anterior ya que en el contexto del detalle de este procedimiento especial, el registro o inscripción del bien a favor del Estado se realiza luego de satisfacer las etapas aludidas, sin necesidad de suscribir escritura pública alguna. De ahí que la necesaria matriculación que como efecto último pretende la parte promovente, se ve satisfecha mediante el cumplimiento del procedimiento señalado, mismo que según se ha explicitado, se encuentra en curso, siendo lo debido disponer su culminación al menor plazo posible, dada la determinación de este Tribunal en el sentido de la pertenencia del citado terreno al patrimonio natural del Estado. En ese sentido, a través de la contestación dada al ajuste de pretensiones, se tiene como cierto que ya existe el levantamiento de información y la monumentación de mojones, por lo que puede afirmarse que solo falta la emisión de la certificación, misma que una vez emitida, debe remitirse para ante el Registro -Registro Nacional de Bienes Inmuebles-, con el fin de efectuar la Inscripción descrita por el Manual antedicho. Ergo, o es necesario formalizar a través de notario del Estado como lo pretende el actor. Sin embargo, sí estima esta Cámara que resulta importante ordenar la culminación del procedimiento, mismo que a lo largo de este proceso se ha indicado en reiteradas ocasiones que ya se efectuó, pero del cual no consta a la fecha, inscripción alguna. De la pericia rendida se conoce que la zona marítimo terrestre en la cual se encuentra la franja de terreno que está siendo amparada por este reclamo judicial, no cuenta con planos inscritos que permitan determinar la existencia de una estructuración definitiva de la misma, ello pese a que las partes han sido acordes en autos en que sí constituye Patrimonio Natural del Estado. Por ello, pese a que el actor solicita una notarización, se estima que lo procedente es, conforme al referido Manual, se concluya el procedimiento iniciado y se expida la certificación que permita establecer certeza en cuanto a la condición del inmueble; por ello ante el hecho de que solicita el actor se confeccione una escritura con el objetivo que el terreno objeto de este proceso se inscriba en el Registro de Bienes Inmuebles a favor del Estado de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Forestal, procede ordenar que el Director de Área de Conservación, remita en el plazo de siete días la certificación requerida por el Manual de Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de Recursos Naturales en Zona Marítimo Terrestre para la inscripción ante el Registro Nacional de la existencia y determinación de la franja de terreno contemplada en la zona de Sámara entre los meridianos 367.5 y 368 y entre paralelos 206.5 y 207, quedando debidamente inscrita y protegida por la Legislación vigente ante la publicidad registral y proteger la zona que se ha pretendido localizar o determinar geográficamente como la protegida por esta acción judicial. Así se ordena remitir los oficios correspondientes para el cumplimiento debido. XI.- "Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico la omisión de ejercicio de potestades de fiscalización y tutela administrativa no actuadas por el Área de Conservación Tempisque del MINAET". Para resolver tal pretensión debe tenerse presente, que la normativa vigente establece que el MINAET Y EL SINAC, son los encargados de realizar las acciones de protección, delimitación y desarrollo de las áreas destinadas a bosque, reserva natural y demás ecosistemas, sin embargo, los textos legales no indican las formas de ejercicio de tales acciones, dejando esta aplicación a la normativa general. Para determinar cómo debe proceder la Administración en el ejercicio de estas potestades debe tenerse en cuenta que conforme a la ley, la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que éste autorice, siendo que en ese actuar, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. (Véase artículos 11 y 196 de la Ley General de la Administración Pública). En este caso particular se reclama que los personeros del SINAC, como se ha tenido por probado en autos, han realizado inspecciones al lugar, para proteger la zona pero que pese a esas acciones, se ha presentado extracción y destrucción de los recursos naturales, ante tales hechos tenidos por ciertos, es prudente según esta Cámara, estimar que la conducta de los funcionarios ha resultado omisiva, porque su actuación debe realizarse de forma que se produzca el fin pretendido por la Administración, a saber en este caso, la protección de la zona Patrimonio Natural del Estado. Dicha actividad que realiza la Administración debe cumplir los fines trazados por la ley, y consecuentemente deben tomarse las medidas pertinentes para esa obtención de fines; en ese sentido ha sido clara la Sala Primera que indica:" En la actualidad es pacíficamente aceptado que la conducta administrativa abarca no solo el comportamiento activo de la Administración (y dentro de él, el acto administrativo) sino además, la conducta omisiva, ese “ no hacer ” que se ha dado en llamar inactividad de la Administración, tanto en su vertiente formal (en la medida en que se revierte en un acto presunto por silencio administrativo) como material (referida básicamente al ámbito prestacional de la organización administrativa). De esta manera, ha de entenderse la inactividad material administrativa como aquella derivada de la omisión en el cumplimiento de una obligación jurídica preestablecida, que se produce cuando, fuera de un procedimiento administrativo, la Administración incumple, por omisión, una obligación impuesta por el Ordenamiento Jurídico o por cualquier otro mecanismo de autovinculación, como es el caso de un acto propio o de los instrumentos consensuales, con lesión directa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, ya sea que altere o no una relación jurídico-administrativa preexistente. Más simple, hay inactividad de este tipo cuando existiendo para el ente u órgano público una obligación de dar o hacer impuesta por el ordenamiento jurídico o por una previa decisión suya, fuera o dentro de un procedimiento administrativo, no se despliega la debida actividad fáctica o jurídica que lleve a buen término la función otorgada, con detrimento de los derechos o intereses de uno o varios sujetos pasivos, ya sean privados o públicos, individuales o colectivos. Se trata de esa “ culpa in ommittendo ” en la que se incumple por inacción el deber funcional de actuar. De más está decir, que la indolencia administrativa puede producir (y de hecho produce) más graves lesiones que la propia actuación limitativa del órgano o ente público. De ahí que, ha de afirmarse de manera contundente (con fundamento y de acuerdo con lo dicho en considerandos anteriores) que la Administración Pública también es responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su inactividad administrativa. Esa pasividad frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se enmarca, para efectos de la responsabilidad civil extracontractual, como funcionamiento anormal de la Administración (en tanto se corresponda con una actividad material debida) y con una conducta ilegítima , que para este caso puede ser concurrente, en la medida en que el incumplimiento de lo debido no sólo atenta contra las reglas de buena administración, sino que infringe la juricidad (sic) en tanto incumple las potestades administrativas funcionales que dimanan del propio Ordenamiento Jurídico." (Voto 584-F-2005 de SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de diez horas cuarenta minutos del once de agosto del año dos mil cinco.) En el caso de marras la conducta de vigilancia fue generada, sin embargo, claramente del peritaje, del reconocimiento y de los mismos informes del SINAC se evidencia, ese ejercicio de acciones no fue suficiente para la tutela debida del patrimonio aludido, dadas las acreditaciones de prácticas intrusivas en el terreno objeto de controversia. La operatividad de la Administración para las necesidades propias de la zona no ha permitido una eliminación de la problemática y en autos, no consta, que se realizara alguna gestión para la búsqueda de otras formas de protección o de otras acciones que impidieran el acceso de terceros que hicieran uso indebido de la misma. Los informes que se han rendido en autos muestran que los personeros del Área Tempisque, asignados por el Director Ejecutivo del SINAC (ver artículo 26 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, desde ahora Ley 7788) en el ejercicio de sus funciones, se han limitado a la labor de vigilancia, misma que fue ocasional, no permanente. Ello, lejos de impedir la destrucción y deterioro de la zona, a criterio de quienes resuelven, hizo permisivo el comportamiento de terceros en el área, contraviniendo el deber de protección que la ley atribuye a la institución demandada -SINAC-. Incluso en algunos de los informes se indica que los terceros exponen posiciones sobre los hechos verificados y que se indica que se encuentran fuera del área de la medida cautelar, siendo incomprensible para quienes resuelven que si el informe se hace a efecto de cumplir la orden judicial de protección, y se realice en el área geográficamente determinada por la orden judicial esa inspección, no se tomen acciones inmediatas sobre esos terceros. Por esas acciones, reclama la parte actora una disconformidad con el ordenamiento de la conducta del Área de Conservación Tempisque MINAET, y siendo que el órgano denominado "Área de Conservación" es el que se encarga de aplicar la legislación vigente y que su Director, según el artículo 31 de la Ley 7788 será el encargado de aplicarla, e implementar las políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de Conservación o las del Ministro del Ambiente y Energía, resulta en consecuencia, que el comportamiento de la Administración que es tachado como disconforme y que corresponde al SINAC como órgano propio de acuerdo con la Ley, debe ser declarado disconforme con el ordenamiento correspondiendo por imperio legal tal disconformidad contra el SINAC y no propiamente contra el MINAET por las características del órgano que desarrolla la actividad de fiscalización. XII.- Que se ordene al Área de Conservación Tempisque del MINAET Área de Conservación Tempisque del SINAC [sic] el ejercicio eficiente y efectivo de sus potestades de fiscalización y tutela en la zona que corresponde a Patrimonio natural del Estado en zona Sámara sector Cangrejal Buena Vista de la provincia de Guanacaste particularmente en la zona comprendida entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 frente a los mojones cinco a diecinueve de la zona pública; todo con el fin de evitar que se sigan dando las arremetidas constantes configuradoras de explotación irracional, ilegal e insostenible del bosque primario que constituye patrimonio natural del Estado. Se ha expuesto en esta sentencia que la Administración se encuentra obligada a la reparación de los efectos negativos de sus acciones u omisiones, generadas por funcionamiento normal y anormal. En el caso que nos ocupa, se ha estimado por esta Cámara que la actividad del SINAC ha sido anormal por cuanto no se ha realizado en el ejercicio adecuado de sus deberes, otorgados por Ley. El SINAC, siendo el órgano obligado a dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica conforme lo ordena la Ley de Biodiversidad en su artículo 22, se ha limitado a ejercer en la zona una labor ocasional de vigilancia, sin aplicación en el sitio de interés de actos o procesos dirigidos a la sostenibilidad de los recursos naturales de esa zona, motivo por el cual, a la luz de la prueba existente en autos, en la cual se ha determinado claramente que ha sido objeto de intervención antropogénica (humana) constante en el tiempo, y que adicional a los informes de existencia de incursiones que corren en autos, tal circunstancia se deduce pericialmente por la presencia de especies tales como: pipa (...), banano cuadrado (...), marañón (...) y Teca (...), de diferentes edades, plantas rastreras (enredaderas) así como de gramíneas y arbustos calificados de ecológicamente como especies heliófitas totales, altamente demandantes de luz, muy agresivas en su crecimiento y muy oportunistas para invadir claros o zonas donde fue eliminado el bosque permiten acoger lo peticionado, ordenar a la Dirección ejecutiva del SINAC el cumplimiento de su deber de efectuar una fiscalización y acción adecuada por parte de dicho órgano con el fin de que se eviten nuevas incursiones en la zona de interés de esta demanda y se proceda a la rehabilitación de la misma hasta reestablecer su condición natural. Es procedente entonces ordenar al Director Ejecutivo del SINAC, que proceda al efectivo cumplimiento de sus funciones, conforme a los ordinales 4, 11, 12, 59, 66 de la Ley General de la Administración Pública y numerales 122 incisos f y g del Código Procesal Contencioso Administrativo. XIII.- Que se ordene al SINAC demarcar y rotular el inmueble objeto de este proceso como propiedad del Estado. Esta Cámara ante la declaratoria de disconformidad de las acciones del SINAC estima prudente y adecuado, en aras de proteger el derecho a un ambiente sano (estando involucrado patrimonio natural del Estado), la acción directa de rotulación en la zona solicitada, ello procede como medio de cumplimiento de los deberes existentes a cargo de esa demandada. Tal rotulación deberá hacerse en el perímetro de la zona patrimonio natural del Estado, y se requiere entonces, previo a la misma el cumplimiento de la certificación de Patrimonio natural del Estado ya ordenada a fin de que con vista en la descripción catastral del bien se proceda a la rotulación en el perímetro de la zona. En aras de que las acciones se tomen en forma inmediata se otorga al SINAC el plazo de quince días para que proceda a tal rotulación a partir de la firmeza de esta sentencia XIV.- Que en caso de encontrar invasores, en la zona demanial se inicien los procedimientos administrativos o jurisdiccionales tendentes al desalojo de los invasores del patrimonio natural del Estado en un plazo máximo de ocho días hábiles luego de quedar firme con carácter de cosa juzgada material la sentencia del presente proceso. Acorde con las responsabilidades de los funcionarios a cargo del ejercicio de la potestad administrativa la normativa vigente no ha especificado las actividades a realizar la administración a fin de dar efectivo cumplimiento a la potestad protectora otorgada al SINAC. Consta en autos que los funcionarios encargados por el SINAC han iniciado denuncias contra personas que han ingresado sin autorización a la franja de terreno objeto de discusión en este proceso y afectado, a través de extracción de elementos propios de la zona el inmueble, ello conforme al procedimiento normal. Los poseedores de los objetos sustraídos de la zona, responderán en consecuencia por los actos denunciados y el deber de denuncia existente desde la creación del SINAC permanece, por ello estima este Tribunal, que establecer un margen temporal para denunciar, resulta ajeno a los deberes propios de la institución que debe velar por la atención inmediata de la protección a la zona, deber que no puede contar con plazos para ese ejercicio debido por ser "inmediato" y urgente. Sí se considera oportuno recordar a las Administraciones Públicas accionadas el deber de que tales denuncias sean efectivamente realizadas y que en atención a ello se brinde la totalidad de la información que la institución posea para que se dé el seguimiento judicial inmediato contra los terceros que hasta la fecha han arremetido contra los recursos naturales de esta zona. XV.- Que se ordene al Área de Conservación Tempisque del MINAET cumplir con una obligación de hacer consistente en el dictado de políticas públicas uniformes tendientes a planificar, dirigir y unificar y fiscalizar procesos dirigidos a lograr sostenibilidad mediante la restauración recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y servicios ambientales que han sido dañados por el proceder irreflexivo de los sujetos privados ante la complicidad omisiva del Área de Conservación Tempisque en la zona objeto del proceso constitutiva de patrimonio nacional del Estado. Se expuso líneas atrás, que es deber institucional el cumplimiento de las políticas nacionales de protección a la zona Marítimo terrestre y patrimonio natural del Estado, por ende, los funcionarios del Área de Conservación Tempisque del MINAET tienen un deber de cumplimiento, ordenar específicamente lo aquí peticionado es redundar en un deber ya declarado, sin embargo es importante y resulta necesario destacar, que la existencia de las políticas que tienen como propósito el ejercicio de las potestades proteccionistas del Estado sobre los recursos naturales en el área afectada por los hechos que aquí se conocen, ha quedado clara, por el aporte de la documental correspondiente que permite estimarlo así. Sin embargo, la puesta en práctica de esas políticas y de la propia ley protectora, no ha sido demostrada en autos, y la descrita durante todo este proceso no responde a las necesidades de la zona, por lo que en atención de los artículos 131 de la Ley General de Administración Pública y 50 de la Constitución Política, bajo las potestades otorgadas por el Código Procesal Contencioso administrativo en su artículo 122 incisos c) y f) resulta indispensable que los demandados ante tal situación procedan como se ha ordenado a efectuar la activación de procedimientos a fin de que la fiscalización se dé en forma adecuada sobre el ejercicio de tales políticas públicas. Por ende es necesario notificar personalmente al Director Ejecutivo del SINAC para que en ejercicio de su cargo sea quien rinda los informes de cumplimiento tanto de las medidas cautelares como de la ejecución de lo ordenado en esta sentencia, bajo fe de juramento, en afán de determinar su responsabilidad personal como funcionario público, jerarca institucional de las actuaciones omisivas del órgano que dirige, y ordenarle que deberá proceder de conformidad con la normativa vigente en la búsqueda del efectivo cumplimiento de la protección y restauración de la zona Patrimonio Natural del Estado, que ha sido objeto de esta discusión. Dichos informes deberán ser remitidos a la instancia de ejecución de este Tribunal, hasta que sea determinado pericialmente el cumplimiento de lo ordenado por el presente fallo en cuanto a la restauración y rehabilitación efectiva de la zona que constituye el Patrimonio Natural del Estado objeto de interés en esta causa. XVI.- Que se ordene la Creación del Consejo Regional Ambiental para el análisis discusión , denuncia y control de las actividades, programas y proyectos en materia ambiental todo de conformidad con el artículo seis de la Ley Orgánica del Ambiente." En cuanto a la Creación del Consejo Regional Ambiental, debe tenerse presente que por Ley, existe el Consejo Regional del Área de Conservación (lo crea el artículo 29 de la Ley 7788); asimismo, existe legalmente una Comisión Nacional para la Gestión Ambiental, ambos órganos, contemplan en sus atribuciones las actividades que se pretenden asignar al Consejo Regional que el actor pretende sea creado mediante esta sentencia; la demanda en ese aspecto debe rechazarse por existir de acuerdo con el art 14 de la ley 7788 un órgano encargado de cumplir esas acciones. Sí estima esta Cámara necesario que en un afán de dar adecuado cumplimiento por parte de los entes aquí demandados, ante la ausencia de pruebas de la conformación de ambos órganos precitados, ordenar que en el plazo de QUINCE DIAS se aporte documental en la cual se indiquen los nombres y plazo de nombramiento de los miembros de ambos órganos, con el fin de que si están conformados esos órganos (lo que se ha logrado acreditar en este proceso), quede a disposición de la comunidad la identidad de los miembros, y en caso contrario que dentro del plazo dicho se proceda a la asignación de los representantes de los correspondientes sectores que los conforman. Asimismo con el fin de que la zona objeto de protección a través de este proceso encuentre una rehabilitación y recuperación adecuadas, se ordena destinar un funcionario a efecto de que proceda a efectuar los estudios pertinentes para la adecuada rehabilitación y recuperación de la zona de marras, y hasta tanto no rinda tal informe no se le destinen otras funciones con el debido seguimiento de las autoridades institucionales siendo que para ello se ordena remitir copia de la presente sentencia a los órganos contralores del cumplimiento en cuanto a protección de bienes del Estado, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, y demás entidades relacionadas con la protección ambiental a fin de que brinden el seguimiento de ley correspondiente al cumplimiento de deberes instituido por ley. XVII.- Que se condene en abstracto a los demandados al pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 122.m.ii del CPCA . En atención a la declaratoria de disconformidad de las actuaciones de la Administración en este caso, y al haberse determinado la existencia de prácticas y acciones intrusivas del ambiente en el sector cuestionado, tales como tala de árboles, quemas, introducción de especies no autóctonas, este Tribunal ha tenido por establecido la existencia de un funcionamiento anormal de parte de las autoridades públicas, que se han constituido como causa adecuada de la generación de esas lesiones ambientales, derivadas, en este caso, por la inercia e indolencia pública que llevaron a propiciar esos daños. En efecto, al haberse establecido la indebida fiscalización y tutela de la administración del Patrimonio Natural del estado en la zona objeto de conflicto y la ocurrencia de daños en el ecosistema allí presente, esa inercia se constituye en puente causal de las conductas lesivas, surgiendo de ese modo un nexo causal que implica, a tono con lo estatuido con el ordinal 190 de la Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad de la Administración Pública que con su inactividad, ha potenciado la lesión antijurídica. Estima este Tribunal, el deber de tutela de los bienes demaniales lleva implícita la responsabilidad pública por la desatención de esos deberes, en la medida en que se haya constituido en causa jurídicamente relevante para ocasionar el daño. Con el fin de restituir las condiciones naturales de los bienes del Estado, la figura de los daños y perjuicios debe aplicarse en condiciones especiales; así ha expuesto la jurisprudencia en forma reiterada cuando sobre este extremo ha resuelto: " por la especialidad de la materia, los recursos técnicos y profesionales con que cuenta el Ministerio de Ambiente y Energía, para el caso en concreto, según sus particularidades y características propias, resulta el idóneo para llevar a cabo esa tarea. Del mismo modo, manteniendo como premisa la ejecución efectiva del fallo constitucional, es de rigor crear un mecanismo de naturaleza presupuestario que beneficie y potencie al máximo los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y economía, por lo que, la suma dispuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo que condenó solidariamente a la Cooperativa y al Estado, se deberá depositar en la Caja Única de este último (numerales 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 83 y 84 de su Reglamento), en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, cuyo titular será el Ministerio de Ambiente y Energía, quien deberá destinarlo para ejecutar obras de reparación y restauración, en forma exclusiva, a proyectos sobre el río Siquiares.(sic) Al haberse concluido que ese pago es fondo público, en aras de garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas, es pertinente la utilización de esta herramienta financiera, la que ayudará a alcanzar los objetivos y metas ambientales en una forma efectiva, y para esto se requiere el apoyo del órgano rector del Sistema de Administración Financiera. De este modo, se insiste, para agilizar el recibo y administración de la condena, deberá depositarse en esa cuenta separada, con la identificación del origen y del destino al cual esta afecto. Por tal razón, en lo concerniente al Estado, deberá el Ministerio de Hacienda, a quien se comunicará esta resolución, tomar las previsiones financieras en el título presupuestario correspondiente. XVI.- (ver Sentencia de Sala Primera 675 de 10 horas del 21-9-2007) Queda así establecido, que es deber del Estado, satisfacer aquel daño producido por la acción normal o anormal de sus funcionarios y dado que en el presente caso, la omisión de un ejercicio adecuado de la actividad administrativa para la protección de la zona ha sido probada, y demostrada también en autos, la modificación de las condiciones naturales del inmueble que nos interesa, procede conceder este extremo, para que en ejecución de sentencia sea estimado el daño producido y valorado el contenido económico necesario para la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados dentro de la zona de terreno ubicada en Sámara que ha sido objeto de la presente litis. XVIII.- Que en virtud de la incapacidad material manifiesta de la Administración para la toma de acciones adecuadas con motivo de la protección del medio ambiente de la zona ambientalmente frágil declarada como patrimonio natural del Estado ubicada en Cangrejal de Playa Sámara se ordene a la Administración la suscripción de un convenio o contrato con alguna institución de Educación Superior Pública o Privada, Empresas o instituciones científicas nacionales o internacionales para que le sean girados los montos relativos a la indemnización con motivo que se realicen de forma eficiente las acciones tendentes a la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad. La presente pretensión debe rechazarse. Las condenas que se impongan por daños al ambiente, son constitutivas de fondos públicos, dado que esas sumas condenadas, han de direccionarse indefectiblemente a la regeneración del ambiente lesionado, o en su defecto, caso de la imposibilidad de regeneración, a financiar acciones de tutela ambiental. Desde esta óptica, esas sumas condenadas, a efectos de que se direccionen de manera debida para el fin señalado, puede ser administrado por varios actores, dentro de los cuales podría ponderarse la participación de entes locales, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Sin embargo, esta Cámara participa del criterio forjado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el precitado fallo No. 675-2007, que establece, esos fondos han de ser administrados por el MINAET, mediante su incorporación dentro del presupuesto nacional, dentro de una partida presupuestaria específica, direccionada a la regeneración ambiental del sector afectado (Cangrejal de Sámara, en el espacio físico ya identificado), con la debida orden de control en cuanto a la ejecución presupuestaria de parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el mismo MINAET. De ese modo, estima esta Cámara que al amparo del deber de protección de los bienes, y fiscalización adecuada de las actividades de la Administración, debe ser la misma Administración la que ejecute los actos de reparación que se generen; en tal apreciación debe evitarse por supuesto, la posibilidad de una nueva omisión institucional de cumplimiento de deberes, por lo que con esa claridad se estima prudente, establecer que los montos fijados por concepto de daños y perjuicios otorgados en esta sentencia, deben ingresar a una partida presupuestaria dentro del MINAET, destinada en forma exclusiva a la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados dentro de la zona de terreno ubicada en Sámara entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 por ser la zona contenida en el rango que se pretende proteger en este proceso judicial. Asimismo ejecutarse con esos fondos la reparación al Medio Ambiente, de conformidad con los parámetros que pericialmente se establezcan en etapa de ejecución de sentencia como los necesarios para el restablecimiento de las condiciones naturales originarias de la zona. XIX.- COROLARIO. ANÁLISIS DE DEFENSAS OPUESTAS. En cuanto al eventual debate sobre la legitimación activa del accionante para reclamar la reparación del daño ambiental, ha de indicarse lo que de seguido se expone. Es claro que el actor no pretende una indemnización en cabeza propia, en su propio beneficio individual. Lo peticionado es la declaratoria del deber indemnizatorio del Estado de restituir mediante compensación económica, el daño ambiental producido por su indolencia en el sector objeto de conflicto. Desde este plano, no se peticiona la reparación por una daño directo al accionante producido a través del ambiente, sino una reparación genérica, a favor del ambiente, por esa lesión, como derivación de la tutela que impone el ordinal 50 de la Carta Magna. Lo ejercido por el accionante entonces encaja dentro del presupuesto legitimante de acción popular (artículo 10 inciso primero, numeral d) del CPCA), así habilitado por la normativa ambiental, en concreto, canon 106 de la Ley de Biodiversidad. De ese modo, a la luz de los análisis elaborados en este acto, esta Cámara estima que la parte actora, como ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos, y en aseguramiento del ejercicio de los derechos otorgados por la Constitución Política en el artículo 50 de la misma, ejerce en forma adecuada el derecho de defensa del medio ambiente contra las entidades que por decreto legal, eran las encargadas de proteger y asegurar la zona geográfica que se estima afectada en esta demanda; en consecuencia este Colegio, lo encuentra asistido por el interés legítimo y legitimación activa contra los aquí demandados, y al ser legalmente, estos últimos -Estado y SINAC-, los obligados directos para ejercer la protección de tales derechos, conforme lo ordenan los artículos 13 de la Ley Forestal y 131 y 59 de la Ley General de Administración Pública, se determina también, que los demandados se encuentran legitimados pasivamente en este proceso y por ende ambas excepciones deben rechazarse. En cuanto a la excepción de Falta de Derecho que invocan los demandados, procede declarar la misma parcialmente con lugar, pues como ya se expuso no se estima procedente por quienes resuelven, que la declaratoria de daños y perjuicios contra los demandados permita la asignación de los montos estimados por ese concepto para ser administrados por ente u órgano distinto del MINAET, ni es procedente la creación de órgano alguno a través de este proceso judicial. En cuanto a las restantes pretensiones debe rechazarse tal excepción. XX.- SOBRE LA PERVIVENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS. De conformidad con lo expuesto en el resultando número 6 de esta sentencia, existe en autos una medida cautelar en la cual se ordena al SINAC por resolución de las quince horas diez minutos del ocho de julio del año dos mil diez, se le obliga a la presentación de informes. Esta Cámara estima que ante el acogimiento de las pretensiones relacionadas con la disconformidad de las actividades desarrolladas por tal demandada, es prudente mantener las medidas otorgadas, y ampliarlas a fin de que se rindan conforme se ordenó en la resolución antedicha, informes detallados, en los mismos a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta que conste pericialmente el cumplimiento de lo aquí ordenado en cuanto a la efectiva rehabilitación y restauración de la zona Patrimonio Natural del Estado, deberán indicarse por parte del Director del SINAC, bajo fe de juramento, las acciones realizadas para cumplir lo ordenado en esta sentencia y con ello, dar una debida protección a la zona afectada, garantizando con esta obligación legal, el ejercicio de las acciones de protección, bajo la vigilancia y estudio del propio jerarca institucional.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01 __________________________________________________________________________________________________________ EXPEDIENTE 10-001331-1027-CA PROCESO PREFERENTE ACTOR: Nombre142575 DEMANDADOS: ESTADO Y SINAC No.46-2013-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las trece horas quince minutos del Dirección17263 Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente establecido por Nombre142575 , mayor, soltero, empresario, vecino de San Rafael de Alajuela, cédula de identidad CED78141- - , contra el Estado representado por GLORIA SOLANO MARTÍNEZ procuradora adjunta y contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACION TEMPISQUE (desde ahora SINAC) representado por Nombre142576 . Inicialmente dirigido además contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO y MUNICIPALIDAD DE NICOYA. RESULTANDO 1.-La parte actora interpone el presente proceso indicando que su pretensión final es solamente contra el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Tempisque, - a partir de ahora SINAC-, formulando sus pretensiones en demanda inicial y ajustando las mismas en juicio oral y público de manera que han quedado ajustadas en la siguiente forma: 1- Que se declare que en Dirección17264 entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 , el terreno ubicado Dirección17265 que es integrante de la zona marítimo terrestre y corresponde a Patrimonio del Estado y por lo tanto debe ser administrado por MINAET a través de SINAC. Para lo anterior que se ordene a la Procuraduría General de la República por medio de la Notaria del Estado que confeccione una escritura con el objetivo que el terreno objeto de este proceso se inscriba en el Registro de Bienes Inmuebles a favor del Estado todo de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Forestal. 2- Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico la omisión de ejercicio de potestades de fiscalización y tutela administrativa no actuadas por el Área de Conservación Tempisque del MINAET; 3- Que se ordene al Área de Conservación Tempisque del MINAET el ejercicio eficiente y efectivo de sus potestades de fiscalización y tutela en la zona que corresponde a Patrimonio natural del Estado en zona Nombre41685 sector Cangrejal Buena Vista de la provincia de Guanacaste particularmente en la zona comprendida entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 frente a los mojones cinco a diecinueve de la zona pública; todo con el fin de evitar que se sigan dando las arremetidas constantes configuradoras de explotación irracional, ilegal e insostenible del bosque primario que constituye patrimonio natural del Estado. Con motivo de lo anterior se ordene al SINAC demarcar y rotular el inmueble objeto de este proceso como propiedad del Estado, asimismo en caso de encontrar invasores, en la zona demanial se inicien los procedimientos administrativos o jurisdiccionales tendentes al desalojo de los invasores del patrimonio natural del Estado en un plazo máximo de ocho días hábiles luego de quedar firme con carácter de cosa juzgada material la sentencia del presente proceso; 4- Que se ordene al Área de Conservación Tempisque del MINAET cumplir con una obligación de hacer consistente en el dictado de políticas públicas uniformes tendientes a planificar, dirigir y unificar y fiscalizar procesos dirigidos a lograr sostenibilidad mediante la restauración recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y servicios ambientales que han sido dañados por el proceder irreflexivo de los sujetos privados ante la complicidad omisiva del Área de Conservación Tempisque en la zona objeto del proceso constitutiva de patrimonio nacional del Estado, con ese fin se ordene la Creación del Consejo Regional Ambiental para el análisis discusión , denuncia y control de las actividades, programas y proyectos en materia ambiental todo de conformidad con el artículo seis de la Ley Orgánica del Ambiente. 5- Se condene en abstracto a los demandados al pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 122.m.ii del CPCA y en virtud de la incapacidad material manifiesta de la Administración para la toma de acciones adecuadas con motivo de la protección del medio ambiente de la zona ambientalmente frágil declarada como patrimonio natural del Estado ubicada en Cangrejal de Playa Nombre41685 se ordene a la Administración la suscripción de un convenio o contrato con alguna institución de Educación Superior Pública o Privada, Empresas o instituciones científicas nacionales o internacionales para que le sean girados los montos relativos a la indemnización con motivo que se realicen de forma eficiente las acciones tendentes a la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad. 6- En caso de oposición de los codemandados se condene a los mismos al pago de ambas costas de este proceso y los intereses correspondientes. 2.-La representación del Estado sobre las pretensiones iniciales interpuso excepción de falta de derecho, y en cuanto al ajuste de pretensiones adiciona las excepciones de falta de legitimación activa, falta de derecho y falta de interés actual en relación a los ajustes aplicados por el actor en audiencia oral y pública. 3.-La representación del SINAC sobre la demanda y ajuste de pretensiones interpuso excepciones de litis consorcio pasiva necesaria incompleta resuelta interlocutoriamente, Falta de Interés y Falta de derecho. 4.- Mediante resolución de catorce horas treinta y siete minutos del diecisiete de mayo del año dos mil diez se propone que el presente asunto se declare como de trámite preferente o urgente (ver folio 88). 5.- El expediente respectivo fue remitido a la Sección Sexta siendo que por resolución de diez horas del veinticinco de mayo del año dos mil diez acepta la forma de tramitación e inicia la instrucción procesal como de "trámite preferente" .(folio 89) 6.- Que durante la tramitación de este proceso por resolución de las quince horas diez minutos del ocho de julio del año dos mil diez se dictaron las siguientes medidas cautelares: 1) Se ordene al SINAC-ACT, que adopte las medidas adecuadas y necesarias que garanticen la protección de la biodiversidad de la zona objeto de este proceso, lo que incluye fiscalizar que cualquier persona que se encuentre en la propiedad, se abstenga de cortar árboles, raíces, ramas o vegetación menor, quemar el sotobosque, abrir trochas o caminos, chapear, contaminar, eliminar o intervenir las zonas boscosas introducir animales a dicha zona, sembrar especies exógenas o ajenas a la flora propia de la zona, realizar cualquier tipo de edificación. 2) Se ordena al SINAC-ACT (SINAC), informar en períodos quincenales a partir de la notificación de la presente resolución, tanto a la jueza ejecutora del Tribunal como a esta Sección acerca del cumplimiento de la tutela cautelar impuesta y rendir un informe quincenal ante su autoridad. Dicha resolución no fue impugnada por las partes. (Folio 198 y los autos). 7.- El juicio oral y público dentro del presente proceso fue llevado a cabo a partir del catorce de enero del año dos mil trece, fue suspendido para continuación en fecha veintinueve de enero del año dos mil trece, señalamiento realizado en el terreno cuya protección se reclama lugar donde se efectuó reconocimiento por parte del Tribunal y se inició la exposición del peritaje ordenado en autos; suspendida dicha audiencia, el juicio oral y público continuó en fecha catorce de febrero del año en curso, siendo que al finalizar el mismo, de conformidad con el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo fue declarado el presente asunto de trámite complejo. 8.- Dentro del juicio oral y público celebrado se tuvo como ajenos al proceso a los hasta entonces demandados INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO y MUNICIPALIDAD DE NICOYA ante el ajuste de pretensiones sin afectación en su contra, y se tuvo por terminada su participación procesal en el acto. 9.- No se determinó existencia de defensas previas pendientes de solución. 10.- Dentro del presente asunto no se aprecian errores, ni omisiones procesales que generen nulidades y la presente sentencia se dicta dentro del plazo legal. Redacta la jueza Solano Ramírez con voto unánime de los señores jueces Garita Navarro y Hess Araya. CONSIDERANDO: I.- SOBRE LA PRUEBA OFRECIDA PARA MEJOR RESOLVER. Aporta la parte actora en audiencia como prueba para mejor resolver unas fotografías y una documental consistente en el informe DFOE-SAF-IF-01-2013 de fecha 28 de enero del año 2013, ofreciéndolas como elemento para demostrar las condiciones actuales en el inmueble. Esta prueba debe ser rechazada. Por un lado, en cuanto al ofrecimiento de fotografías, cabe señalar, no observa este Tribunal justificación de parte del proponente en cuanto a su relevancia y utilidad para el análisis de fondo que se formula en esta causa judicial. Esas imágenes corresponden a áreas aledañas a la zona cuya protección se reclama; lo que se puede colegir del análisis de la prueba pericial aportada a los autos y que se será referida infra. La compresión de ese elemento técnico permite establecer que las fotografías aportadas no describen condiciones actuales de la zona comprendida entre los meridianos 367.5 y 368 y paralelos 206.5 y 207. Lo anterior dado que la pericial describe que el contenedor que se descubrió en la respectiva visita, se ubica en una zona distinta a la que propiamente corresponde a la propiedad. Si bien se trata de una zona aledaña a ese sector, en definitiva no evidencia condiciones que se produzcan dentro del inmueble objeto de controversia, por lo que resultan inconducentes para el abordaje de las diversas pretensiones y objetos que han sido planteados en esta contienda. En cuanto al Informe de la Contraloría General de la República aportado, ese documento se direcciona a describir las situaciones financieras nacionales de la áreas de conservación de manera genérica, sin hacer un énfasis o enfoque especial que pueda llevar a establecer una incidencia directa de lo allí descrito en las implicaciones del objeto debatido. En rigor, el contenido de ese documento no acredita ni demuestra la existencia de los hechos omisivos que se pretenden tener por demostrados, ni la existencia de la afectación argumentada sobre la franja de terreno que pretende ser protegida, resultando por ello inconducente por lo que se estima improcedente su recibo. Desde esa arista de examen, a la luz de lo establecido en el ordinal 110 del CPCA, en relación al 331 del Código Procesal Civil (aplicable por la remisión genérica del canon 220 CPCA), se rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver. II.- HECHOS PROBADOS: Se tienen de importancia para la solución de este proceso como probados los siguientes hechos: a- Que en playa Nombre41685 sector Cangrejal entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 existe un terreno destinado a reserva natural del Estado (ver peritaje a folios 894 a 930 y 1045 y siguientes, ); b- Que el terreno ubicado entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 en Playa Nombre41685 es colindante con las fincas 5-50113, de plano G498365-83, 69902-000 de plano G433081-81 y finca 36219-000 de plano G-41510-92 (véase peritaje a folio 897); c- Que ese terreno se constituye en una zona ambientalmente frágil por ser Zona Marítimo terrestre y contener bosque primario (aclaración pericial juicio oral y público diez horas veintiocho minutos, folios 238 a 240 expediente); d- Que al ser esa zona parte del patrimonio natural del Estado, su conservación y administración fue confiada al Ministerio de Ambiente (desde ahora MINAET) por medio del SINAC (ver folio 126); e- Que el Área de Conservación Tempisque está a cargo de la verificación, fiscalización y deslinde de la zona de interés (misma cita); f- Que se ha dado en la zona entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, sin autorización legal, tala rasa del bosque, explotación de flora y fauna y extracción de productos (ver reconocimiento y adendum de peritaje a folio 1044); g- Que se pusieron en conocimiento del SINAC los actos de tala ilegal y explotación de flora y fauna en la zona de interés (ver folios 138, 144, 154, 277 del expediente principal); h- Que en marzo y abril del 2010 se hicieron incursiones por terceros, en la zona entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, consistentes en ingreso de maquinaria pesada (ver reconocimiento efectuado en mayo del 2010 y reconocimiento efectuado al efecto en el presente año); i- Que en la zona entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, se efectuaron trabajos que delimitaron una trocha de acceso y varias terrazas, en las cuales hubo quema de áreas y destrucción de zona de bosque (ver peritaje de cita y escucha de peritaje oral a diez horas veintiocho minutos); j- Que durante la vigencia de las medidas cautelares otorgadas en autos se descubrió que esa zona antes citada, fue objeto de chapia, tala de árboles, quema de vegetación ( folios 453, 517, 669, 675, 693, 732, 843, 847, reconocimiento efectuado en el presente año); k- Que la zona comprendida entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, ha perdido su condición de bosque y se ha transformado en zona de cobertura boscosa (ver peritaje a folio 913 y escucha de audiencia a diez horas treinta y ocho minutos); l- Que dentro de la zona ubicada entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 no se encuentra la zona de trocha identificada como punto de inicio en el reconocimiento (ver adendum pericial sobre punto 793); m- Que pericialmente se indica que " la zona ubicada entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 ha sido objeto de intervención antropogénica (humana) que ha sido constante en el tiempo, debido a la presencia de especies tales como: pipa (...), banano cuadrado (...), marañón (...) y Teca (...), de diferentes edades, así mismo la presencia de plantas rastreras (enredaderas) así como de gramíneas y arbustos calificados de ecológicamente como especies heliófitas totales, especies altamente demandantes de luz, muy agresivas en su crecimiento y muy oportunistas para invadir claros (aperturas en el bosque) es considerado un indicador de que el sitio ha recibido alteraciones" (folio 908 informe pericial y grabación donde consta la ampliación rendida en juicio oral y público); n- Que se encuentra efectuado el levantamiento catastral de todo el cantón de Nicoya incluyendo Nombre41685. (folio 1000 del expediente judicial); o- Que los funcionarios del SINAC han interpuesto denuncias por las incursiones en la zona ubicada entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 (ver folio 750, 769, 816, 818 del expediente principal); p- Que en la zona ubicada entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, la tala rasa del bosque, explotación de flora y fauna y extracción de productos se produce con el objeto de cambiar el uso de suelo (escuchar grabación de reconocimiento en juicio oral y público); q- Que fue emitido el Plan Nacional de Desarrollo Forestal de Costa Rica 2011-2020 por el MINAET en el mes de agosto del año Placa7398 (ver documental en soporte electrónico aportada por el Estado); r- Que el SINAC emitió y publicitó las Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas (ver misma cita) III- HECHOS NO PROBADOS. De importancia se tienen como no probados los siguientes hechos: a- Que no existe concesión o permiso de uso habilitante que permita el uso disfrute y ocupación otorgados por ente alguno sobre la zona ubicada entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 (no se aporta prueba que determine con claridad ese aspecto); b-Que en la zona ubicada entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 la tala rasa del bosque, explotación de flora y fauna y extracción de productos se produzcan con autorización legal ( no hay prueba de ello); c- Que se encuentre conformado y funcionando el Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque (no se aporta documental alguna en ese aspecto) IV. ALEGATOS DE LA ACCIONANTE. Expone la parte actora sus pretensiones al amparo de los elementos que narra como justificantes de su actuar. Reclama que en la zona de Sámara, exactamente en la franja ubicada comprendida entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, se han presentado una serie de actuaciones de terceros tendentes a la modificación y destrucción de la zona que en su criterio constituye Patrimonio Natural del Estado, por constar en ella bosque; narra que las entidades encargadas, han permitido la explotación ilegal de los recursos naturales de esa área geográfica siendo que se está dando una variación de la flora la fauna y dada la extracción de productos, y variación del uso de suelo; siendo denunciadas esas incursiones ante las autoridades administrativas -según indica- la actividad institucional ha sido "absolutamente infructuosa"; expresa que la omisión en el ejercicio de las potestades de fiscalización dadas por ley al SINAC constituyen una ilegalidad manifiesta y esa inactividad es una omisión disconforme con el ordenamiento jurídico que debe ser enmendada mediante la condena a realizar la conducta mandada por el ordenamiento jurídico. V.- ALEGATOS DEL ESTADO: La representación del Estado sobre las pretensiones iniciales se opone al proceso, aduce falta de derecho, asimismo sobre la deducción y ajuste de pretensiones en audiencia oral y pública, adiciona las excepciones de falta de legitimación activa, falta de derecho sobre lo ajustado y falta de interés actual, indicando que no existió ampliación alguna de hechos que justifique el ajuste en la forma efectuada por el actor. Indica que existe un procedimiento específico creado para fines de inscripción de terrenos como el que nos ocupa, y que se encuentran trabajando en ese proceso como consta en el levantamiento catastral del cantón de Nicoya aportado al efecto como prueba por la señora Procuradora al contestar sobre el ajuste antedicho; considera esa representación que no es necesario confeccionar escritura alguna, que los mojones 5 al 19 que se incluyen como referencia en el sector en discusión, son ajenos a la zona propiedad del Estado, y que no es necesario demarcar catastralmente el inmueble pues de conformidad con la demarcación cartográfica utilizada conforme el artículo Ii) del Manual de Clasificación de Tierras dedicadas a la Conservación de Recursos Naturales en zona marítimo terrestre, no es procedente esa actuación. Indica que en materia de Patrimonio Natural del Estado prevalece la Ley forestal en su artículo 1 sobre la Ley Orgánica del Ambiente por lo que no procede acoger la petición relacionada con la aplicación de la Ley General del Ambiente, además se cuenta ya con otros instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020, donde se contempla el plan estratégico interinstitucional de protección, Manejo y Gestión de los Bosques y terrenos forestales en patrimonio natural, y existe el Consejo Regional de Área en el Área de Conservación Tempisque conforme el artículo 30 de la Ley de Biodiversidad. En cuanto al giro a entidades ajenas al proceso de la indemnización de daños y perjuicios, expone la improcedencia de lo pedido indicando que ha sido reiterada la Jurisprudencia en que debe ser girado a favor del Estado lo concedido en cuanto a ese rubro por lo que siendo el SINAC el encargado por ley del cumplimiento de las políticas relacionadas con esas áreas, se le impondría a su favor un rubro a pagar lo que no considera esa representación legalmente posible. VI.- ALEGATOS DEL SINAC. La representación del SINAC sobre la demanda y ajuste de pretensiones, interpuso excepciones de litis consorcio pasiva necesaria incompleta resuelta interlocutoriamente, Falta de Interés y Falta de derecho, para ello indica esa representación que se ha cumplido con el deber de fiscalización y tutela en forma oportuna, responsable y seria; que la zona delimitada entre los mojones cinco a diecinueve se encuentra en otra área distinta a la establecida por el actor como área de discusión, según se desprende de los planos aportados y constantes en autos y que el área que efectivamente pertenece a patrimonio natural del Estado está siendo supervisada e inspeccionada en forma constante por personeros de su entidad, dándose como resultado de tal labor, la puesta en conocimiento de las autoridades penales correspondientes de las acciones de sustracción ilegítimas de recursos naturales. Indica que en los informes o reportes generados por la medida cautelar se ha puesto en conocimiento lo descubierto en cada seguimiento efectuado en la zona a raíz de esa medida cautelar. VII- SOBRE EL FONDO Y EXCEPCIONES Pretende la parte actora que se declare a su favor una serie de pretensiones relacionadas con el ejercicio de la protección por parte de las demandadas sobre un sector de playa Nombre41685 donde la franja de terreno, que se identifica como la situada entre meridianos 367.5 y 368 y entre paralelos 206.5 y 207, es parte de la zona marítimo terrestre y corresponde al Patrimonio Natural del Estado. Bajo esa apreciación de la parte actora, para valorar las pretensiones, debe en primer término definirse con claridad según el ordenamiento que son Patrimonio Natural del Estado y Zona Marítimo terrestre, `para tal determinación esta Cámara hace suyos los criterios emitidos por reiteradas jurisprudencias al respecto: Se expone entonces " (…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública." (ver RES: 000853-F-S1-2011 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictada a las diez horas quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once.). En cuanto a la Zona Marítimo Terrestre debe indicarse: " (...) esa franja de terreno se encuentra regulada por la Ley No. 6043 de 2 de marzo de 1977, publicada en Alcance No. 36 a La Gaceta No. 52 de 16 de marzo de 1977, titulada "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre". Dicho conjunto legal establece una serie de competencias para diversas unidades administrativas, con el objeto de fijar las pautas para el despliegue de una efectiva administración, control, fiscalización y vigilancia de esa zona demanial. En ese sentido, el numeral primero de la citada legislación establece con claridad la demanialidad de esos terrenos en cuanto indica: "La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley." (ver voto 24-2013-VI del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, de 16 horas 15 minutos del 07 de febrero del 2013. ) "La zona marítimo terrestre está dividida en dos zonas: la pública, que comprende la faja de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta por la litoral, orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes , hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas definidas (artículo 2 inciso h) del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo número 7841-P); y la restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta metros. En virtud de lo anterior, son parte de la zona pública de la zona marítimo-terrestre: la ría, definida como la parte del río próxima a su entrada en el mar, y hasta donde llegan las mareas (inciso f) del artículo 2 del citado Decreto Ejecutivo número 7841-P); de manera que en relación con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley que rige esta materia, también es zona marítimo terrestre, la franja de los doscientos metros contigua a las rías; "los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar" (párrafo final del artículo 10 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); (...) tratándose del recurso natural contenido en la zona pública, se advierte que tampoco se puede explotar la flora y la fauna, cortar árboles o extraer productos de la costa, si no es con la debida autorización -permiso o concesión-, en este caso, de la Dirección de Vida Silvestre, del Ministerio de Ambiente y Energía, previo estudio de impacto ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. (...) Esta labor de fiscalización también concierne al desalojo de los invasores, e incluso, de destruir o demoler las construcciones, instalaciones u obras realizadas, ya sea que se trate de simples cercas, tugurios, puestos de venta, o casas de habitación, sin responsabilidad alguna (como lo consideró el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera en resolución número 7900-98). Conforme al artículo 39 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, sólo es posible otorgarse concesiones en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, a cargo de las municipalidades (artículo 40 de la citada Ley); salvo en los supuestos en que exista un área silvestre protegida -reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales- que conforme a los artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, están bajo la administración del Ministerio " (voto 54-2012 dictada el 17 de febrero del 2012 por la Sección Tercera Tribunal Contencioso Administrativo). A la luz de estas valoraciones jurisprudenciales sobre la normativa vigente, debe analizarse el planteamiento de la parte actora. Expone el señor Nombre142575 que en la zona marítimo terrestre del sector de Sámara, se encuentra una franja de terreno ubicada exactamente entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, determinada como Patrimonio Natural del Estado. De acuerdo con lo expuesto líneas atrás, valorados pericialmente los datos otorgados por la parte actora en su demanda y por los demandados en su contestación, se debe tener como cierta la existencia de tal franja de terreno. De la prueba aportada y reconocimientos efectuados se descubre con certeza que geográficamente esa franja de tierra sí pertenece a la zona marítimo terrestre. Ahora bien, pretende la parte actora que se reconozca en este proceso que tal franja de terreno constitutiva de zona boscosa -según su dicho-, ha sido afectada por la incursión de terceros, con el fin de sustraer elementos propios de la biodiversidad del lugar, generadores de una modificación perjudicial en el área. Reclama una serie de pretensiones protectoras para dicha zona, determinando en forma expresa su pedido a fin de que se aplique la protección pretendida a esa zona protegida y evitar la pérdida total de ese ecosistema. Es procedente ante tales pedimentos establecer el análisis de cada uno de ellos a la luz del ordenamiento jurídico que ha emitido normas expresas en materia de Medio Ambiente, protección Forestal, y Biodiversidad, y que permiten una protección o cobertura jurídica de los bienes del Estado ubicados sobre la zona marítimo terrestre que pertenecen a zona boscosa y Patrimonio Natural del Estado, de forma tal se procede de la forma que en los apartes venideros se realiza. VIII.- En cuanto a que se declare que en Dirección17264 entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, el terreno ubicado Dirección17265 es integrante de la zona marítimo terrestre y corresponde a Patrimonio Natural del Estado. Determinada por ley la zona marítimo terrestre y los terrenos calificados como Patrimonio Natural del Estado, la zona descrita por la parte actora en su demanda, como área física a proteger mediante esta acción, de acuerdo a la prueba recabada, efectivamente, cumple los requerimientos para pertenecer a ambas condiciones legales e incluso, este hecho, ha sido reconocido por parte de los demandados, a través de las documentales aportadas al efecto de responder al ajuste de pretensiones del actor. A través de la pericial rendida y de los propios reconocimientos efectuados por este Tribunal, queda clara la pertenencia de la franja de terreno de interés, a la zona marítimo terrestre. Resulta igualmente claro para esta Cámara, el hecho de que ese terreno es zona que califica como Patrimonio Natural del Estado. Lo anterior ya que se ha determinado, luego del análisis de fondo de los autos, sobre la misma se dan dos condiciones particulares que determinan tal condición. Por un lado, existe declaración administrativamente de la condición dicha (véase respuesta del Estado al ajuste de pretensiones) y la segunda, que el sitio presenta condición de cobertura boscosa, elemento validable para constituirse en patrimonio natural. Ese terreno al contener ambas condiciones, disfruta de la protección especial del Estado otorgada por el artículo 4 del Decreto 36786-MINAET de 12/08/2011 denominado Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica que enuncia: "(...) el Patrimonio Natural del Estado es de dominio público; su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El Patrimonio lo integran dos importantes componentes:a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la Zona Marítimo Terrestre, la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley Nº 6043 en su artículo 73 excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujetas a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales están también bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y se rigen por su normativa específica, artículo 13 de la Ley Forestal Nº 7575 y concordantes, y el Voto de la Sala Constitucional 4587-97."(ver normativa expuesta) Dada esta condición jurídica del Patrimonio natural del Estado, tanto el MINAET como el SINAC en consecuencia, son los encargados de la labor de fiscalización y protección de las actividades que se desarrollen sobre el terreno cuya protección se pretende en este proceso judicial. A lo largo de este proceso las manifestaciones expuestas por los personeros del SINAC, tanto en la contestación de la demanda como en los informes rendidos durante la vigencia de la medida cautelar otorgada en autos, permiten concluir la existencia por parte de esa entidad, de una duda o inseguridad en cuanto a la pertenencia de esa franja de terreno a la Zona Patrimonio Natural del Estado, sin embargo a través de la documental aportada por el mismo Estado y gracias a las valoraciones realizadas en el peritaje rendido en autos, es posible esclarecer la condición real del bien citado. La zona territorial existente en Sámara, entre meridianos 367.5 y 368 y paralelos 206.5 y 207, sí pertenece a la zona constitutiva de Patrimonio Natural del Estado, y procede declararla en esa condición en autos tal y como se pretende. IX.- En cuanto a que se determine que la zona de terreno comprendida entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, debe ser administrado por MINAET a través de SINAC. Establece el ordenamiento jurídico, la distribución de competencias de los órganos estatales, otorgando al MINAET y al SINAC competencias específicas. En cuanto a las competencias relacionadas con los bienes constitutivos de Patrimonio Natural del Estado y Zona marítimo terrestre ya se ha transcrito lo expuesto por el Manual para la Inscripción de este tipo de bienes, adicionada tal distribución de competencias por la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 8 y 9 de la Ley de Biodiversidad, donde corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como persona jurídica propia, ser la encargada de ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica y ejercer esa Administración. (véase su artículo 22 de la ley citada). A la luz de esos imperativos, el SINAC tiene la obligación legal de realizar las actividades para las que fue creado ese órgano que surjan o afecten las condiciones sobre el terreno existente en Sámara, entre meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207. Pese a tal imperativo, ha quedado demostrado en autos que no existe claridad institucional sobre su competencia en esa franja de terreno, así lo manifestaron personeros de ambos demandados. Dada la duda hasta ahora existente por parte de los demandados en cuanto a la pertenencia o no de la franja de terreno a la zona de interés de sus potestades, es posible acceder a la declaratoria pedida, en aras de que se dé un efectivo cumplimiento a los fines proteccionistas que tiene esa declaratoria de Patrimonio Natural del Estado sobre el bien descrito por el actor. Desde ese plano, procede entonces establecer que de conformidad con las atribuciones dadas por la Ley de Biodiversidad, el SINAC es la instancia administrativa competente para administrar esa franja de terreno, siendo una potestad que se constituye en un poder-deber, que ha de ser emprendida y ejecutada por dicha instancia pública para lograr la satisfacción de los intereses públicos que son inherentes y consustanciales al marco de competencias que le han sido conferidas, siendo claro que son atribuciones impostergables, indeclinables, imprescriptibles e intransferibles (doctrina de los ordinales 4, 11, 12, 59 y 66, todos de la Ley General de la Administración Pública.) X.- En cuanto a que se ordene a la Procuraduría General de la República por medio de la Notaria del Estado que confeccione una escritura con el objetivo que el terreno objeto de este proceso se inscriba en el Registro de Bienes Inmuebles a favor del Estado todo de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Forestal": Conforme se pretende resulta improcedente una declaratoria en la forma pedida. A la vista del Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, (Decreto 36786-MINAET de 12/08/2011, desde ahora Manual) existe para las tierras protegidas por esta clasificación, un procedimiento general que debe seguirse. Para la clasificación de unidades -terrenos-; y otorgamiento de la categoría protegida, en el Manual se expresa en lo conducente la necesidad tanto del levantamiento de información geográfica, como "monumentación de mojones", ello de previo a la inscripción registral de los inmuebles. A través de la remisión de una certificación de condición del inmueble de interés se procederá a la matriculación del inmueble; según se describe de la prueba existente en autos, y condiciones propias de la franja de terreno que nos ocupa. No es procedente escriturar estas franjas de terreno, por cuanto terminado el procedimiento establecido, cumplidos los requerimientos descritos en sus numerales, el Manual expone la inscripción registral de los terrenos como un efecto directo. Lo anterior ya que en el contexto del detalle de este procedimiento especial, el registro o inscripción del bien a favor del Estado se realiza luego de satisfacer las etapas aludidas, sin necesidad de suscribir escritura pública alguna. De ahí que la necesaria matriculación que como efecto último pretende la parte promovente, se ve satisfecha mediante el cumplimiento del procedimiento señalado, mismo que según se ha explicitado, se encuentra en curso, siendo lo debido disponer su culminación al menor plazo posible, dada la determinación de este Tribunal en el sentido de la pertenencia del citado terreno al patrimonio natural del Estado. En ese sentido, a través de la contestación dada al ajuste de pretensiones, se tiene como cierto que ya existe el levantamiento de información y la monumentación de mojones, por lo que puede afirmarse que solo falta la emisión de la certificación, misma que una vez emitida, debe remitirse para ante el Registro -Registro Nacional de Bienes Inmuebles-, con el fin de efectuar la Inscripción descrita por el Manual antedicho. Ergo, o es necesario formalizar a través de notario del Estado como lo pretende el actor. Sin embargo, sí estima esta Cámara que resulta importante ordenar la culminación del procedimiento, mismo que a lo largo de este proceso se ha indicado en reiteradas ocasiones que ya se efectuó, pero del cual no consta a la fecha, inscripción alguna. De la pericia rendida se conoce que la zona marítimo terrestre en la cual se encuentra la franja de terreno que está siendo amparada por este reclamo judicial, no cuenta con planos inscritos que permitan determinar la existencia de una estructuración definitiva de la misma, ello pese a que las partes han sido acordes en autos en que sí constituye Patrimonio Natural del Estado. Por ello, pese a que el actor solicita una notarización, se estima que lo procedente es, conforme al referido Manual, se concluya el procedimiento iniciado y se expida la certificación que permita establecer certeza en cuanto a la condición del inmueble; por ello ante el hecho de que solicita el actor se confeccione una escritura con el objetivo que el terreno objeto de este proceso se inscriba en el Registro de Bienes Inmuebles a favor del Estado de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Forestal, procede ordenar que el Director de Área de Conservación, remita en el plazo de siete días la certificación requerida por el Manual de Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de Recursos Naturales en Zona Marítimo Terrestre para la inscripción ante el Registro Nacional de la existencia y determinación de la franja de terreno contemplada en la zona de Nombre41685 entre los meridianos 367.5 y 368 y entre paralelos 206.5 y 207, quedando debidamente inscrita y protegida por la Legislación vigente ante la publicidad registral y proteger la zona que se ha pretendido localizar o determinar geográficamente como la protegida por esta acción judicial. Así se ordena remitir los oficios correspondientes para el cumplimiento debido. XI.- "Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico la omisión de ejercicio de potestades de fiscalización y tutela administrativa no actuadas por el Área de Conservación Tempisque del MINAET". Para resolver tal pretensión debe tenerse presente, que la normativa vigente establece que el MINAET Y EL SINAC, son los encargados de realizar las acciones de protección, delimitación y desarrollo de las áreas destinadas a bosque, reserva natural y demás ecosistemas, sin embargo, los textos legales no indican las formas de ejercicio de tales acciones, dejando esta aplicación a la normativa general. Para determinar cómo debe proceder la Administración en el ejercicio de estas potestades debe tenerse en cuenta que conforme a la ley, la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que éste autorice, siendo que en ese actuar, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. (Véase artículos 11 y 196 de la Ley General de la Administración Pública). En este caso particular se reclama que los personeros del SINAC, como se ha tenido por probado en autos, han realizado inspecciones al lugar, para proteger la zona pero que pese a esas acciones, se ha presentado extracción y destrucción de los recursos naturales, ante tales hechos tenidos por ciertos, es prudente según esta Cámara, estimar que la conducta de los funcionarios ha resultado omisiva, porque su actuación debe realizarse de forma que se produzca el fin pretendido por la Administración, a saber en este caso, la protección de la zona Patrimonio Natural del Estado. Dicha actividad que realiza la Administración debe cumplir los fines trazados por la ley, y consecuentemente deben tomarse las medidas pertinentes para esa obtención de fines; en ese sentido ha sido clara la Sala Primera que indica:" En la actualidad es pacíficamente aceptado que la conducta administrativa abarca no solo el comportamiento activo de la Administración (y dentro de él, el acto administrativo) sino además, la conducta omisiva, ese “ no hacer ” que se ha dado en llamar inactividad de la Administración, tanto en su vertiente formal (en la medida en que se revierte en un acto presunto por silencio administrativo) como material (referida básicamente al ámbito prestacional de la organización administrativa). De esta manera, ha de entenderse la inactividad material administrativa como aquella derivada de la omisión en el cumplimiento de una obligación jurídica preestablecida, que se produce cuando, fuera de un procedimiento administrativo, la Administración incumple, por omisión, una obligación impuesta por el Ordenamiento Jurídico o por cualquier otro mecanismo de autovinculación, como es el caso de un acto propio o de los instrumentos consensuales, con lesión directa de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, ya sea que altere o no una relación jurídico-administrativa preexistente. Más simple, hay inactividad de este tipo cuando existiendo para el ente u órgano público una obligación de dar o hacer impuesta por el ordenamiento jurídico o por una previa decisión suya, fuera o dentro de un procedimiento administrativo, no se despliega la debida actividad fáctica o jurídica que lleve a buen término la función otorgada, con detrimento de los derechos o intereses de uno o varios sujetos pasivos, ya sean privados o públicos, individuales o colectivos. Se trata de esa “ culpa in ommittendo ” en la que se incumple por inacción el deber funcional de actuar. De más está decir, que la indolencia administrativa puede producir (y de hecho produce) más graves lesiones que la propia actuación limitativa del órgano o ente público. De ahí que, ha de afirmarse de manera contundente (con fundamento y de acuerdo con lo dicho en considerandos anteriores) que la Administración Pública también es responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su inactividad administrativa. Esa pasividad frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se enmarca, para efectos de la responsabilidad civil extracontractual, como funcionamiento anormal de la Administración (en tanto se corresponda con una actividad material debida) y con una conducta ilegítima , que para este caso puede ser concurrente, en la medida en que el incumplimiento de lo debido no sólo atenta contra las reglas de buena administración, sino que infringe la juricidad (sic) en tanto incumple las potestades administrativas funcionales que dimanan del propio Ordenamiento Jurídico." (Voto 584-F-2005 de SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de diez horas cuarenta minutos del once de agosto del año dos mil cinco.) En el caso de marras la conducta de vigilancia fue generada, sin embargo, claramente del peritaje, del reconocimiento y de los mismos informes del SINAC se evidencia, ese ejercicio de acciones no fue suficiente para la tutela debida del patrimonio aludido, dadas las acreditaciones de prácticas intrusivas en el terreno objeto de controversia. La operatividad de la Administración para las necesidades propias de la zona no ha permitido una eliminación de la problemática y en autos, no consta, que se realizara alguna gestión para la búsqueda de otras formas de protección o de otras acciones que impidieran el acceso de terceros que hicieran uso indebido de la misma. Los informes que se han rendido en autos muestran que los personeros del Área Tempisque, asignados por el Director Ejecutivo del SINAC (ver artículo 26 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, desde ahora Ley 7788) en el ejercicio de sus funciones, se han limitado a la labor de vigilancia, misma que fue ocasional, no permanente. Ello, lejos de impedir la destrucción y deterioro de la zona, a criterio de quienes resuelven, hizo permisivo el comportamiento de terceros en el área, contraviniendo el deber de protección que la ley atribuye a la institución demandada -SINAC-. Incluso en algunos de los informes se indica que los terceros exponen posiciones sobre los hechos verificados y que se indica que se encuentran fuera del área de la medida cautelar, siendo incomprensible para quienes resuelven que si el informe se hace a efecto de cumplir la orden judicial de protección, y se realice en el área geográficamente determinada por la orden judicial esa inspección, no se tomen acciones inmediatas sobre esos terceros. Por esas acciones, reclama la parte actora una disconformidad con el ordenamiento de la conducta del Área de Conservación Tempisque MINAET, y siendo que el órgano denominado "Área de Conservación" es el que se encarga de aplicar la legislación vigente y que su Director, según el artículo 31 de la Ley 7788 será el encargado de aplicarla, e implementar las políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de Conservación o las del Ministro del Ambiente y Energía, resulta en consecuencia, que el comportamiento de la Administración que es tachado como disconforme y que corresponde al SINAC como órgano propio de acuerdo con la Ley, debe ser declarado disconforme con el ordenamiento correspondiendo por imperio legal tal disconformidad contra el SINAC y no propiamente contra el MINAET por las características del órgano que desarrolla la actividad de fiscalización. XII.- Que se ordene al Área de Conservación Tempisque del MINAET Área de Conservación Tempisque del SINAC [sic] el ejercicio eficiente y efectivo de sus potestades de fiscalización y tutela en la zona que corresponde a Patrimonio natural del Estado en zona Nombre41685 sector Cangrejal Buena Vista de la provincia de Guanacaste particularmente en la zona comprendida entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 frente a los mojones cinco a diecinueve de la zona pública; todo con el fin de evitar que se sigan dando las arremetidas constantes configuradoras de explotación irracional, ilegal e insostenible del bosque primario que constituye patrimonio natural del Estado. Se ha expuesto en esta sentencia que la Administración se encuentra obligada a la reparación de los efectos negativos de sus acciones u omisiones, generadas por funcionamiento normal y anormal. En el caso que nos ocupa, se ha estimado por esta Cámara que la actividad del SINAC ha sido anormal por cuanto no se ha realizado en el ejercicio adecuado de sus deberes, otorgados por Ley. El SINAC, siendo el órgano obligado a dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica conforme lo ordena la Ley de Biodiversidad en su artículo 22, se ha limitado a ejercer en la zona una labor ocasional de vigilancia, sin aplicación en el sitio de interés de actos o procesos dirigidos a la sostenibilidad de los recursos naturales de esa zona, motivo por el cual, a la luz de la prueba existente en autos, en la cual se ha determinado claramente que ha sido objeto de intervención antropogénica (humana) constante en el tiempo, y que adicional a los informes de existencia de incursiones que corren en autos, tal circunstancia se deduce pericialmente por la presencia de especies tales como: pipa (...), banano cuadrado (...), marañón (...) y Teca (...), de diferentes edades, plantas rastreras (enredaderas) así como de gramíneas y arbustos calificados de ecológicamente como especies heliófitas totales, altamente demandantes de luz, muy agresivas en su crecimiento y muy oportunistas para invadir claros o zonas donde fue eliminado el bosque permiten acoger lo peticionado, ordenar a la Dirección ejecutiva del SINAC el cumplimiento de su deber de efectuar una fiscalización y acción adecuada por parte de dicho órgano con el fin de que se eviten nuevas incursiones en la zona de interés de esta demanda y se proceda a la rehabilitación de la misma hasta reestablecer su condición natural. Es procedente entonces ordenar al Director Ejecutivo del SINAC, que proceda al efectivo cumplimiento de sus funciones, conforme a los ordinales 4, 11, 12, 59, 66 de la Ley General de la Administración Pública y numerales 122 incisos f y g del Código Procesal Contencioso Administrativo. XIII.- Que se ordene al SINAC demarcar y rotular el inmueble objeto de este proceso como propiedad del Estado. Esta Cámara ante la declaratoria de disconformidad de las acciones del SINAC estima prudente y adecuado, en aras de proteger el derecho a un ambiente sano (estando involucrado patrimonio natural del Estado), la acción directa de rotulación en la zona solicitada, ello procede como medio de cumplimiento de los deberes existentes a cargo de esa demandada. Tal rotulación deberá hacerse en el perímetro de la zona patrimonio natural del Estado, y se requiere entonces, previo a la misma el cumplimiento de la certificación de Patrimonio natural del Estado ya ordenada a fin de que con vista en la descripción catastral del bien se proceda a la rotulación en el perímetro de la zona. En aras de que las acciones se tomen en forma inmediata se otorga al SINAC el plazo de quince días para que proceda a tal rotulación a partir de la firmeza de esta sentencia XIV.- Que en caso de encontrar invasores, en la zona demanial se inicien los procedimientos administrativos o jurisdiccionales tendentes al desalojo de los invasores del patrimonio natural del Estado en un plazo máximo de ocho días hábiles luego de quedar firme con carácter de cosa juzgada material la sentencia del presente proceso. Acorde con las responsabilidades de los funcionarios a cargo del ejercicio de la potestad administrativa la normativa vigente no ha especificado las actividades a realizar la administración a fin de dar efectivo cumplimiento a la potestad protectora otorgada al SINAC. Consta en autos que los funcionarios encargados por el SINAC han iniciado denuncias contra personas que han ingresado sin autorización a la franja de terreno objeto de discusión en este proceso y afectado, a través de extracción de elementos propios de la zona el inmueble, ello conforme al procedimiento normal. Los poseedores de los objetos sustraídos de la zona, responderán en consecuencia por los actos denunciados y el deber de denuncia existente desde la creación del SINAC permanece, por ello estima este Tribunal, que establecer un margen temporal para denunciar, resulta ajeno a los deberes propios de la institución que debe velar por la atención inmediata de la protección a la zona, deber que no puede contar con plazos para ese ejercicio debido por ser "inmediato" y urgente. Sí se considera oportuno recordar a las Administraciones Públicas accionadas el deber de que tales denuncias sean efectivamente realizadas y que en atención a ello se brinde la totalidad de la información que la institución posea para que se dé el seguimiento judicial inmediato contra los terceros que hasta la fecha han arremetido contra los recursos naturales de esta zona. XV.- Que se ordene al Área de Conservación Tempisque del MINAET cumplir con una obligación de hacer consistente en el dictado de políticas públicas uniformes tendientes a planificar, dirigir y unificar y fiscalizar procesos dirigidos a lograr sostenibilidad mediante la restauración recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y servicios ambientales que han sido dañados por el proceder irreflexivo de los sujetos privados ante la complicidad omisiva del Área de Conservación Tempisque en la zona objeto del proceso constitutiva de patrimonio nacional del Estado. Se expuso líneas atrás, que es deber institucional el cumplimiento de las políticas nacionales de protección a la zona Marítimo terrestre y patrimonio natural del Estado, por ende, los funcionarios del Área de Conservación Tempisque del MINAET tienen un deber de cumplimiento, ordenar específicamente lo aquí peticionado es redundar en un deber ya declarado, sin embargo es importante y resulta necesario destacar, que la existencia de las políticas que tienen como propósito el ejercicio de las potestades proteccionistas del Estado sobre los recursos naturales en el área afectada por los hechos que aquí se conocen, ha quedado clara, por el aporte de la documental correspondiente que permite estimarlo así. Sin embargo, la puesta en práctica de esas políticas y de la propia ley protectora, no ha sido demostrada en autos, y la descrita durante todo este proceso no responde a las necesidades de la zona, por lo que en atención de los artículos 131 de la Ley General de Administración Pública y 50 de la Constitución Política, bajo las potestades otorgadas por el Código Procesal Contencioso administrativo en su artículo 122 incisos c) y f) resulta indispensable que los demandados ante tal situación procedan como se ha ordenado a efectuar la activación de procedimientos a fin de que la fiscalización se dé en forma adecuada sobre el ejercicio de tales políticas públicas. Por ende es necesario notificar personalmente al Director Ejecutivo del SINAC para que en ejercicio de su cargo sea quien rinda los informes de cumplimiento tanto de las medidas cautelares como de la ejecución de lo ordenado en esta sentencia, bajo fe de juramento, en afán de determinar su responsabilidad personal como funcionario público, jerarca institucional de las actuaciones omisivas del órgano que dirige, y ordenarle que deberá proceder de conformidad con la normativa vigente en la búsqueda del efectivo cumplimiento de la protección y restauración de la zona Patrimonio Natural del Estado, que ha sido objeto de esta discusión. Dichos informes deberán ser remitidos a la instancia de ejecución de este Tribunal, hasta que sea determinado pericialmente el cumplimiento de lo ordenado por el presente fallo en cuanto a la restauración y rehabilitación efectiva de la zona que constituye el Patrimonio Natural del Estado objeto de interés en esta causa. XVI.- Que se ordene la Creación del Consejo Regional Ambiental para el análisis discusión , denuncia y control de las actividades, programas y proyectos en materia ambiental todo de conformidad con el artículo seis de la Ley Orgánica del Ambiente." En cuanto a la Creación del Consejo Regional Ambiental, debe tenerse presente que por Ley, existe el Consejo Regional del Área de Conservación (lo crea el artículo 29 de la Ley 7788); asimismo, existe legalmente una Comisión Nacional para la Gestión Ambiental, ambos órganos, contemplan en sus atribuciones las actividades que se pretenden asignar al Consejo Regional que el actor pretende sea creado mediante esta sentencia; la demanda en ese aspecto debe rechazarse por existir de acuerdo con el art 14 de la ley 7788 un órgano encargado de cumplir esas acciones. Sí estima esta Cámara necesario que en un afán de dar adecuado cumplimiento por parte de los entes aquí demandados, ante la ausencia de pruebas de la conformación de ambos órganos precitados, ordenar que en el plazo de QUINCE DIAS se aporte documental en la cual se indiquen los nombres y plazo de nombramiento de los miembros de ambos órganos, con el fin de que si están conformados esos órganos (lo que se ha logrado acreditar en este proceso), quede a disposición de la comunidad la identidad de los miembros, y en caso contrario que dentro del plazo dicho se proceda a la asignación de los representantes de los correspondientes sectores que los conforman. Asimismo con el fin de que la zona objeto de protección a través de este proceso encuentre una rehabilitación y recuperación adecuadas, se ordena destinar un funcionario a efecto de que proceda a efectuar los estudios pertinentes para la adecuada rehabilitación y recuperación de la zona de marras, y hasta tanto no rinda tal informe no se le destinen otras funciones con el debido seguimiento de las autoridades institucionales siendo que para ello se ordena remitir copia de la presente sentencia a los órganos contralores del cumplimiento en cuanto a protección de bienes del Estado, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, y demás entidades relacionadas con la protección ambiental a fin de que brinden el seguimiento de ley correspondiente al cumplimiento de deberes instituido por ley. XVII.- Que se condene en abstracto a los demandados al pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 122.m.ii del CPCA . En atención a la declaratoria de disconformidad de las actuaciones de la Administración en este caso, y al haberse determinado la existencia de prácticas y acciones intrusivas del ambiente en el sector cuestionado, tales como tala de árboles, quemas, introducción de especies no autóctonas, este Tribunal ha tenido por establecido la existencia de un funcionamiento anormal de parte de las autoridades públicas, que se han constituido como causa adecuada de la generación de esas lesiones ambientales, derivadas, en este caso, por la inercia e indolencia pública que llevaron a propiciar esos daños. En efecto, al haberse establecido la indebida fiscalización y tutela de la administración del Patrimonio Natural del estado en la zona objeto de conflicto y la ocurrencia de daños en el ecosistema allí presente, esa inercia se constituye en puente causal de las conductas lesivas, surgiendo de ese modo un nexo causal que implica, a tono con lo estatuido con el ordinal 190 de la Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad de la Administración Pública que con su inactividad, ha potenciado la lesión antijurídica. Estima este Tribunal, el deber de tutela de los bienes demaniales lleva implícita la responsabilidad pública por la desatención de esos deberes, en la medida en que se haya constituido en causa jurídicamente relevante para ocasionar el daño. Con el fin de restituir las condiciones naturales de los bienes del Estado, la figura de los daños y perjuicios debe aplicarse en condiciones especiales; así ha expuesto la jurisprudencia en forma reiterada cuando sobre este extremo ha resuelto: " por la especialidad de la materia, los recursos técnicos y profesionales con que cuenta el Ministerio de Ambiente y Energía, para el caso en concreto, según sus particularidades y características propias, resulta el idóneo para llevar a cabo esa tarea. Del mismo modo, manteniendo como premisa la ejecución efectiva del fallo constitucional, es de rigor crear un mecanismo de naturaleza presupuestario que beneficie y potencie al máximo los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y economía, por lo que, la suma dispuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo que condenó solidariamente a la Cooperativa y al Estado, se deberá depositar en la Caja Única de este último (numerales 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 83 y 84 de su Reglamento), en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin, cuyo titular será el Ministerio de Ambiente y Energía, quien deberá destinarlo para ejecutar obras de reparación y restauración, en forma exclusiva, a proyectos sobre el río Siquiares.(sic) Al haberse concluido que ese pago es fondo público, en aras de garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas, es pertinente la utilización de esta herramienta financiera, la que ayudará a alcanzar los objetivos y metas ambientales en una forma efectiva, y para esto se requiere el apoyo del órgano rector del Sistema de Administración Financiera. De este modo, se insiste, para agilizar el recibo y administración de la condena, deberá depositarse en esa cuenta separada, con la identificación del origen y del destino al cual esta afecto. Por tal razón, en lo concerniente al Estado, deberá el Ministerio de Hacienda, a quien se comunicará esta resolución, tomar las previsiones financieras en el título presupuestario correspondiente. XVI.- (ver Sentencia de Sala Primera 675 de 10 horas del 21-9-2007) Queda así establecido, que es deber del Estado, satisfacer aquel daño producido por la acción normal o anormal de sus funcionarios y dado que en el presente caso, la omisión de un ejercicio adecuado de la actividad administrativa para la protección de la zona ha sido probada, y demostrada también en autos, la modificación de las condiciones naturales del inmueble que nos interesa, procede conceder este extremo, para que en ejecución de sentencia sea estimado el daño producido y valorado el contenido económico necesario para la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados dentro de la zona de terreno ubicada en Nombre41685 que ha sido objeto de la presente litis. XVIII.- Que en virtud de la incapacidad material manifiesta de la Administración para la toma de acciones adecuadas con motivo de la protección del medio ambiente de la zona ambientalmente frágil declarada como patrimonio natural del Estado ubicada en Cangrejal de Playa Nombre41685 se ordene a la Administración la suscripción de un convenio o contrato con alguna institución de Educación Superior Pública o Privada, Empresas o instituciones científicas nacionales o internacionales para que le sean girados los montos relativos a la indemnización con motivo que se realicen de forma eficiente las acciones tendentes a la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad. La presente pretensión debe rechazarse. Las condenas que se impongan por daños al ambiente, son constitutivas de fondos públicos, dado que esas sumas condenadas, han de direccionarse indefectiblemente a la regeneración del ambiente lesionado, o en su defecto, caso de la imposibilidad de regeneración, a financiar acciones de tutela ambiental. Desde esta óptica, esas sumas condenadas, a efectos de que se direccionen de manera debida para el fin señalado, puede ser administrado por varios actores, dentro de los cuales podría ponderarse la participación de entes locales, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Sin embargo, esta Cámara participa del criterio forjado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el precitado fallo No. 675-2007, que establece, esos fondos han de ser administrados por el MINAET, mediante su incorporación dentro del presupuesto nacional, dentro de una partida presupuestaria específica, direccionada a la regeneración ambiental del sector afectado (Cangrejal de Sámara, en el espacio físico ya identificado), con la debida orden de control en cuanto a la ejecución presupuestaria de parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el mismo MINAET. De ese modo, estima esta Cámara que al amparo del deber de protección de los bienes, y fiscalización adecuada de las actividades de la Administración, debe ser la misma Administración la que ejecute los actos de reparación que se generen; en tal apreciación debe evitarse por supuesto, la posibilidad de una nueva omisión institucional de cumplimiento de deberes, por lo que con esa claridad se estima prudente, establecer que los montos fijados por concepto de daños y perjuicios otorgados en esta sentencia, deben ingresar a una partida presupuestaria dentro del MINAET, destinada en forma exclusiva a la restauración, recuperación y rehabilitación de los elementos de la biodiversidad dañados dentro de la zona de terreno ubicada en Nombre41685 entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207 por ser la zona contenida en el rango que se pretende proteger en este proceso judicial. Asimismo ejecutarse con esos fondos la reparación al Medio Ambiente, de conformidad con los parámetros que pericialmente se establezcan en etapa de ejecución de sentencia como los necesarios para el restablecimiento de las condiciones naturales originarias de la zona. XIX.- COROLARIO. ANÁLISIS DE DEFENSAS OPUESTAS. En cuanto al eventual debate sobre la legitimación activa del accionante para reclamar la reparación del daño ambiental, ha de indicarse lo que de seguido se expone. Es claro que el actor no pretende una indemnización en cabeza propia, en su propio beneficio individual. Lo peticionado es la declaratoria del deber indemnizatorio del Estado de restituir mediante compensación económica, el daño ambiental producido por su indolencia en el sector objeto de conflicto. Desde este plano, no se peticiona la reparación por una daño directo al accionante producido a través del ambiente, sino una reparación genérica, a favor del ambiente, por esa lesión, como derivación de la tutela que impone el ordinal 50 de la Carta Magna. Lo ejercido por el accionante entonces encaja dentro del presupuesto legitimante de acción popular (artículo 10 inciso primero, numeral d) del CPCA), así habilitado por la normativa ambiental, en concreto, canon 106 de la Ley de Biodiversidad. De ese modo, a la luz de los análisis elaborados en este acto, esta Cámara estima que la parte actora, como ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos, y en aseguramiento del ejercicio de los derechos otorgados por la Constitución Política en el artículo 50 de la misma, ejerce en forma adecuada el derecho de defensa del medio ambiente contra las entidades que por decreto legal, eran las encargadas de proteger y asegurar la zona geográfica que se estima afectada en esta demanda; en consecuencia este Colegio, lo encuentra asistido por el interés legítimo y legitimación activa contra los aquí demandados, y al ser legalmente, estos últimos -Estado y SINAC-, los obligados directos para ejercer la protección de tales derechos, conforme lo ordenan los artículos 13 de la Ley Forestal y 131 y 59 de la Ley General de Administración Pública, se determina también, que los demandados se encuentran legitimados pasivamente en este proceso y por ende ambas excepciones deben rechazarse. En cuanto a la excepción de Falta de Derecho que invocan los demandados, procede declarar la misma parcialmente con lugar, pues como ya se expuso no se estima procedente por quienes resuelven, que la declaratoria de daños y perjuicios contra los demandados permita la asignación de los montos estimados por ese concepto para ser administrados por ente u órgano distinto del MINAET, ni es procedente la creación de órgano alguno a través de este proceso judicial. En cuanto a las restantes pretensiones debe rechazarse tal excepción. XX.- SOBRE LA PERVIVENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS. De conformidad con lo expuesto en el resultando número 6 de esta sentencia, existe en autos una medida cautelar en la cual se ordena al SINAC por resolución de las quince horas diez minutos del ocho de julio del año dos mil diez, se le obliga a la presentación de informes. Esta Cámara estima que ante el acogimiento de las pretensiones relacionadas con la disconformidad de las actividades desarrolladas por tal demandada, es prudente mantener las medidas otorgadas, y ampliarlas a fin de que se rindan conforme se ordenó en la resolución antedicha, informes detallados, en los mismos a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta que conste pericialmente el cumplimiento de lo aquí ordenado en cuanto a la efectiva rehabilitación y restauración de la zona Patrimonio Natural del Estado, deberán indicarse por parte del Director del SINAC, bajo fe de juramento, las acciones realizadas para cumplir lo ordenado en esta sentencia y con ello, dar una debida protección a la zona afectada, garantizando con esta obligación legal, el ejercicio de las acciones de protección, bajo la vigilancia y estudio del propio jerarca institucional. XXI.- SOBRE COSTAS: En cuanto a la condena al pago de ambas costas de este proceso y los intereses correspondientes, siendo que se ha declarado parcialmente con lugar este asunto, y se han acogido la mayoría de pretensiones, de conformidad con la normativa vigente, al estimarse la actividad de los demandados disconforme con el ordenamiento, procede imponer a cargo de ambos demandados el pago de ambas costas de este proceso, a tono con lo estatuido con el numeral 191 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin que considere este colegio la concurrencia de causal alguna que permita aplicar los supuestos de excepción de la máxima de condena al vencido que se impone en esta temática. En cuanto a los intereses sobre las mismas, por haberlos peticionado expresamente la parte promovente, han de ser concedidos a partir de la determinación de su cuantía en la etapa de ejecución de sentencia y hasta su efectivo pago. POR TANTO: Se declaran sin lugar las excepciones de Falta de legitimación activa y pasiva, así como la defensa de falta de interés actual, interpuestas por los demandados. Se declara parcialmente con lugar la falta de derecho interpuesta por los demandados, únicamente en cuanto a la Creación del Consejo Regional Ambiental para el análisis discusión , denuncia y control de las actividades, programas y proyectos en materia ambiental y en cuanto a que se ordene a la Administración la suscripción de un convenio o contrato con alguna institución de Educación Superior Pública o Privada, Empresas o instituciones científicas nacionales o internacionales para que le sean girados los montos relativos a la indemnización que aquí se conceda. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la presente demanda incoada por Nombre142575 contra el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en los siguientes términos, entendiéndose rechazada en lo no expresamente concedido: 1) Se declara que el terreno ubicado en el sector de playa Sámara, Cangrejal ubicado entre meridianos 367.5 y 368 y entre paralelos 206.5 y 207, es integrante de la zona marítimo terrestre y corresponde a Patrimonio del Estado. 2) Se declara disconforme con el ordenamiento jurídico la omisión de ejercicio de potestades de fiscalización y tutela administrativa no actuadas por el Área de Conservación Tempisque del MINAET sobre esa franja de terreno y se obliga al SINAC al pago de los daños y perjuicios ocasionados sobre la misma. 3) Se ordena al SINAC, proceder dentro del plazo de QUINCE DIAS, a emitir la certificación de la zona comprendida entre los meridianos 367.5 y 368 entre paralelos 206.5 y 207, y remitir dicha certificación al Registro Nacional de Bienes Inmuebles para la debida inscripción de este inmueble como Patrimonio Natural del Estado; 4) Se ordena al SINAC demarcar y rotular el inmueble objeto de este proceso como propiedad del Estado dentro del plazo de QUINCE DIAS NATURALES a partir de la firmeza de esta sentencia. Asimismo en el plazo de QUINCE DIAS aporten los demandados documental en la cual se indiquen los nombres y plazo de nombramiento de los miembros de Consejo Regional del Área de Conservación y la Comisión Nacional para la Gestión Ambiental, y en caso de no estar conformados estos órganos, dentro del plazo dicho proceda a la asignación de los representantes de los correspondientes sectores que le conforman. 5) Se condena al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de manera solidaria, al pago de los daños ambientales que se han producido en el sector de Cangrejal, Nombre41685 de Guanacaste, dentro del terreno ubicado dentro de las coordenadas meridianos 367.5 y 368, paralelos 206.5 y 207. La estimación y concreción de tales daños han de ser determinado en fase de ejecución de sentencia, a efectos de lo cual, debe ordenarse la realización de un dictamen pericial que posibilite establecer los daños concretos y la cuantía de los mismos. Fijada esa suma, la condena que sea establecida en fase de ejecución deberá ser incluida dentro del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Energía, en una partida presupuestaria específicamente direccionada a la ejecución de acciones de reparación y rehabilitación de la zona aludida, partida que deberá ser administrada por el citado Ministerio o bien por la respectiva Área de Conservación. Se ordena comunicar el presente fallo a la Contraloría General de la República, a efectos que, de conformidad con la Ley No. 8131, disponga las acciones de ejecución presupuestaria que sea de mérito, respecto de esas partidas. Igual comunicación se dispone en cuanto a la Procuraduría General de la República, a efecto de que el Ministerio de Hacienda tome las previsiones financieras en el título presupuestario correspondiente. 6) Son ambas costas del proceso a cargo de los demandados, más sus respectivos intereses, de manera solidaria, aspecto a establecer en fase de ejecución del presente fallo. 7) Se amplía la medida ordenada por este Tribunal en resolución de las quince horas diez minutos del ocho de julio del año dos mil diez ordenándose al Director Ejecutivo del SINAC, que a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta que conste pericialmente el cumplimiento de lo aquí ordenado en cuanto a la efectiva rehabilitación y restauración de la zona Patrimonio Natural del Estado; en los informes rendidos, deberán indicarse las actuaciones efectuadas a fin de dar efectivo cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia en cuanto a la rehabilitación y restauración de la zona Patrimonio Natural del Estado y bajo fe de juramento deberán rendirse dichos informes. 8) Notifíquese personalmente esta sentencia al Director Ejecutivo del SINAC para los fines del cumplimiento administrativo de lo aquí ordenado. Alinne Solano Ramírez Christian Hess Araya Roberto Garita Navarro EXPEDIENTE 10-001331-1027-CA Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-02-2026 16:35:19. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VII- ON THE MERITS AND DEFENSES. The plaintiff seeks a declaration in his favor on a series of claims related to the exercise of protection by the defendants over a sector of Sámara beach where the strip of land, identified as that situated between meridians 367.5 and 368 and between parallels 206.5 and 207, is part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and corresponds to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). According to this appreciation by the plaintiff, in order to assess the claims, it must first be clearly defined according to the law what are Natural Heritage of the State and Maritime-Terrestrial Zone; for such determination, this Chamber adopts the criteria issued by reiterated case law on the matter: It is then stated: " (...) Pursuant to numeral 13 of the Ley Forestal, 'The natural heritage of the state shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and enters to form part of its heritage...' Thus, there are three possibilities provided by the norm regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration." (see RES: 000853-F-S1-2011 of the SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, issued at ten hours fifteen minutes on the twenty-first of July, two thousand eleven.). Regarding the Maritime-Terrestrial Zone, it must be indicated: " (...) that strip of land is regulated by Law No. 6043 of March 2, 1977, published in Alcance No. 36 to La Gaceta No. 52 of March 16, 1977, titled 'Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre'. Said legal body establishes a series of competencies for various administrative units, with the purpose of setting guidelines for the deployment of effective administration, control, oversight, and surveillance of that public domain zone. In that sense, numeral one of the cited legislation clearly establishes the public domain character of those lands by stating: 'The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national heritage, belongs to the State and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.'" (see vote 24-2013-VI of the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, at 16 hours 15 minutes on February 7, 2013.) "The maritime-terrestrial zone is divided into two zones: the public zone, which comprises the strip fifty meters wide, measured from the ordinary high-water mark, composed of the shoreline, shore or coast of the sea that extends through the rías and permanent estuaries, up to where these are sensibly affected by the tides, and present defined marine characteristics (article 2 subsection h) of the Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo number 7841-P); and the restricted zone, constituted by the remaining one hundred fifty meters. By virtue of the foregoing, they are part of the public zone of the maritime-terrestrial zone: the ría, defined as the part of the river near its entrance into the sea, and up to where the tides reach (subsection f) of article 2 of the cited Decreto Ejecutivo number 7841-P); so that in relation to the provisions of article 9 of the Law governing this matter, it is also maritime-terrestrial zone, the strip of two hundred meters adjacent to the rías; 'the islets, large rocks and other small areas and natural formations that protrude from the sea' (final paragraph of article 10 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre); (...) in the case of the natural resource contained in the public zone, it is warned that neither can the flora and fauna be exploited, trees cut or products extracted from the coast, except with due authorization -permit or concession-, in this case, from the Dirección de Vida Silvestre, of the Ministerio de Ambiente y Energía, prior environmental impact assessment, pursuant to the provisions of article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. (...) This oversight duty also concerns the eviction of invaders, and even destroying or demolishing the constructions, installations or works carried out, whether they are mere fences, shacks, sales stands, or dwelling houses, without any liability (as considered by the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera in resolution number 7900-98). Pursuant to article 39 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, concessions may only be granted in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, under the charge of the municipalities (article 40 of the cited Law); except in cases where there exists a protected wild area -forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, natural monuments- which pursuant to article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, are under the administration of the Ministry " (vote 54-2012 issued on February 17, 2012, by the Sección Tercera Tribunal Contencioso Administrativo). In light of these jurisprudential assessments on current regulations, the plaintiff's approach must be analyzed. Mr. Álvarez states that in the maritime-terrestrial zone of the Sámara sector, there is a strip of land located exactly between meridians 367.5 and 368 between parallels 206.5 and 207, determined as Natural Heritage of the State. In accordance with the foregoing, after expert assessment of the data provided by the plaintiff in his lawsuit and by the defendants in their answer, the existence of such a strip of land must be taken as true. From the evidence provided and inspections carried out, it is discovered with certainty that geographically that strip of land does belong to the maritime-terrestrial zone. Now, the plaintiff seeks to have it recognized in this proceeding that such strip of land constituting a forested area -according to his statement-, has been affected by the incursion of third parties, with the aim of extracting elements proper to the biodiversity of the place, generating harmful modifications in the area. He claims a series of protective claims for said zone, expressly determining his request so that the intended protection is applied to that protected zone and to prevent the total loss of that ecosystem. In light of such petitions, it is appropriate to establish the analysis of each one of them in light of the legal system that has issued express norms in matters of Environment, Forest Protection, and Biodiversity, and that allow protection or legal coverage of the State assets located on the maritime-terrestrial zone that belong to a forested area and Natural Heritage of the State, in such a way it proceeds in the manner that is carried out in the upcoming sections. VIII.- Regarding the declaration that on Sámara beach, Cangrejal sector, between meridians 367.5 and 368 between parallels 206.5 and 207, the land located BETWEEN LANDMARKS 5 TO 19 is part of the maritime-terrestrial zone and corresponds to Natural Heritage of the State. After determining by law the maritime-terrestrial zone and the lands classified as Natural Heritage of the State, the zone described by the plaintiff in his lawsuit, as the physical area to be protected through this action, according to the evidence gathered, indeed meets the requirements to belong to both legal conditions, and even this fact has been recognized by the defendants, through the documentary evidence provided to respond to the plaintiff's refinement of claims. Through the expert report rendered and the inspections carried out by this Tribunal, the belonging of the strip of land of interest to the maritime-terrestrial zone is clear. It is equally clear to this Chamber the fact that this land is a zone that qualifies as Natural Heritage of the State. The foregoing because it has been determined, after the substantive analysis of the case file, that two particular conditions exist upon it that determine such condition. On one hand, there is an administrative declaration of said condition (see the State's response to the refinement of claims) and the second, that the site presents a condition of forest cover (cobertura boscosa), a validable element to be constituted as natural heritage. That land, by containing both conditions, enjoys the special protection of the State granted by article 4 of Decreto 36786-MINAET of 12/08/2011 titled Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, which states: "(...) the Natural Heritage of the State is of public domain; its conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. The Heritage is composed of two important components: a) Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands and natural monuments. b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal affectation. For the Maritime-Terrestrial Zone, the Ley de Zona Marítimo Terrestre, Law No. 6043 in its article 73 excludes from its scope the Protected Wild Areas and those subject to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude of the coastlines are also under the administration of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones and are governed by their specific regulations, article 13 of the Ley Forestal No. 7575 and concordant, and the Voto of the Sala Constitucional 4587-97." (see regulations cited) Given this legal condition of the Natural Heritage of the State, both MINAET and SINAC consequently are the entities charged with the oversight and protection duty over the activities carried out on the land whose protection is sought in this judicial proceeding. Throughout this proceeding, the statements made by SINAC officials, both in the answer to the lawsuit and in the reports rendered during the validity of the precautionary measure granted in the case file, allow concluding the existence on the part of that entity of a doubt or insecurity regarding the belonging of that strip of land to the Natural Heritage Zone of the State; however, through the documentary evidence provided by the State itself and thanks to the assessments carried out in the expert report rendered in the case file, it is possible to clarify the real condition of the cited asset. The territorial zone existing in Sámara, between meridians 367.5 and 368 and parallels 206.5 and 207, does belong to the constitutive zone of Natural Heritage of the State, and it is appropriate to declare it in that condition in the case file as claimed. IX.- Regarding the determination that the land zone comprised between meridians 367.5 and 368 between parallels 206.5 and 207 must be administered by MINAET through SINAC. The legal system establishes the distribution of competencies of state bodies, granting MINAET and SINAC specific competencies. Regarding the competencies related to assets constitutive of Natural Heritage of the State and Maritime-Terrestrial Zone, what has been transcribed above from the Manual for the Registration of this type of assets has already been set out, added to this distribution of competencies by the Ley Orgánica del Ambiente in its article 8 and 9 of the Ley de Biodiversidad, where the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as its own legal entity, is charged with executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources and exercising that Administration (see its article 22 of the cited law). In light of these imperatives, SINAC has the legal obligation to carry out the activities for which that body was created that arise or affect the conditions on the land existing in Sámara, between meridians 367.5 and 368 between parallels 206.5 and 207. Despite such imperative, it has been demonstrated in the case file that there is no institutional clarity about its competence over that strip of land, as stated by officials of both defendants. Given the doubt that has existed until now on the part of the defendants regarding the belonging or not of the strip of land to the zone of interest for their powers, it is possible to grant the requested declaration, for the sake of ensuring effective compliance with the protectionist purposes that this declaration of Natural Heritage of the State has over the asset described by the plaintiff. From that standpoint, it is appropriate then to establish that, in accordance with the attributions given by the Ley de Biodiversidad, SINAC is the competent administrative body to administer that strip of land, being a power that constitutes a power-duty, which must be undertaken and executed by said public body to achieve the satisfaction of the public interests that are inherent and consubstantial to the framework of competencies that have been conferred upon it, it being clear that these are non-postponable, undeclinable, imprescriptible and non-transferable attributions (doctrine of numbers 4, 11, 12, 59 and 66, all of the Ley General de la Administración Pública.) X.- Regarding the order to the Procuraduría General de la República through the Notaria del Estado to prepare a deed with the objective that the land object of this proceeding be registered in the Registro de Bienes Inmuebles in favor of the State, all in accordance with article 13 of the Ley Forestal": As sought, a declaration in the form requested is inadmissible. In view of the Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, (Decreto 36786-MINAET of 12/08/2011, from now on the Manual) there exists for lands protected by this classification a general procedure that must be followed. For the classification of units -lands-; and the granting of the protected category, the Manual expresses in the relevant part the need for both the gathering of geographic information, and “landmark monumentation” (monumentación de mojones), this prior to the registry inscription of the real estate. Through the remission of a certification of the condition of the real estate of interest, the registration of the real estate will proceed; as described from the evidence existing in the case file, and the conditions proper to the strip of land at hand. It is not appropriate to execute deeds for these strips of land, because once the established procedure is completed, the requirements described in its articles fulfilled, the Manual sets forth the registry inscription of the lands as a direct effect. The foregoing because in the context of the detail of this special procedure, the registration or inscription of the asset in favor of the State is carried out after satisfying the mentioned stages, without the need to sign any public deed. Hence, the necessary registration that the moving party ultimately seeks is satisfied through compliance with the indicated procedure, which, as has been explained, is in progress, it being appropriate to order its culmination in the shortest possible time, given this Tribunal's determination regarding the belonging of the cited land to the natural heritage of the State. In that sense, through the response given to the refinement of claims, it is accepted as true that the gathering of information and landmark monumentation already exist, so it can be affirmed that only the issuance of the certification is lacking, which once issued, must be remitted to the Registry -Registro Nacional de Bienes Inmuebles-, for the purpose of effecting the Inscription described by the aforementioned Manual. Ergo, it is not necessary to formalize through a State notary as the plaintiff intends. However, this Chamber does consider it important to order the culmination of the procedure, which throughout this proceeding has been indicated on repeated occasions as having already been done, but for which there is no record of any inscription to date. From the expert report rendered, it is known that the maritime-terrestrial zone in which the strip of land being protected by this judicial claim is located does not have registered plans that allow determining the existence of a definitive structuring of the same, this despite the fact that the parties have been in agreement in the case file that it does constitute Natural Heritage of the State. Therefore, even though the plaintiff requests notarization, it is considered that what is appropriate is, in accordance with the referred Manual, to conclude the initiated procedure and issue the certification that allows establishing certainty regarding the condition of the real estate; therefore, in light of the fact that the plaintiff requests a deed be prepared with the objective that the land object of this proceeding be registered in the Registro de Bienes Inmuebles in favor of the State in accordance with article 13 of the Ley Forestal, it is appropriate to order the Director of the Área de Conservación to remit within seven days the certification required by the Manual de Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de Recursos Naturales en Zona Marítimo Terrestre for the inscription before the Registro Nacional of the existence and determination of the strip of land contemplated in the Sámara zone between meridians 367.5 and 368 and between parallels 206.5 and 207, remaining duly inscribed and protected by current Legislation before the registry publicity and protecting the zone that has been intended to be located or determined geographically as the one protected by this judicial action. Thus, the corresponding official communications are ordered to be remitted for due compliance. XI.- "To declare non-conforming with the legal system the omission to exercise oversight and administrative tutelage powers not performed by the Área de Conservación Tempisque of MINAET." To resolve such claim, it must be kept in mind that the current regulations establish that MINAET and SINAC are the entities charged with carrying out the protection, delimitation and development actions of the areas destined for forest, natural reserve and other ecosystems; however, the legal texts do not indicate the forms of exercising such actions, leaving this application to general regulations. To determine how the Administration must proceed in the exercise of these powers, it must be taken into account that according to the law, the Public Administration shall act subject to the legal system and may only perform those acts or provide those public services that it authorizes, and in that acting, the Administration shall respond for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party (See articles 11 and 196 of the Ley General de la Administración Pública). In this particular case, it is claimed that SINAC officials, as has been proven in the case file, have conducted inspections at the site to protect the zone, but that despite these actions, extraction and destruction of natural resources have occurred; given such facts accepted as true, it is prudent according to this Chamber to consider that the conduct of the officials has been omissive, because their performance must be carried out in such a way that the purpose intended by the Administration is produced, namely in this case, the protection of the Natural Heritage of the State zone. Said activity carried out by the Administration must fulfill the purposes set out by law, and consequently the pertinent measures must be taken for that attainment of purposes; in that sense, the Sala Primera has been clear in stating: " At present, it is peacefully accepted that administrative conduct encompasses not only the active behavior of the Administration (and within it, the administrative act) but also omissive conduct, that 'not doing' that has come to be called inactivity of the Administration, both in its formal aspect (to the extent it results in a presumed act due to administrative silence) and material (basically referring to the service-provision realm of the administrative organization). In this way, material administrative inactivity must be understood as that derived from the omission in complying with a pre-established legal obligation, which occurs when, outside an administrative procedure, the Administration fails, through omission, to fulfill an obligation imposed by the Legal System or by any other self-binding mechanism, as is the case of its own act or consensual instruments, with direct injury to a legitimate interest or a subjective right, whether or not it alters a pre-existing legal-administrative relationship. More simply, there is inactivity of this type when, existing for the public entity or body an obligation to give or do imposed by the legal system or by a prior decision of its own, outside or within an administrative procedure, the due factual or legal activity is not deployed to bring the granted function to fruition, to the detriment of the rights or interests of one or several passive subjects, whether private or public, individual or collective. This is about that 'culpa in ommittendo' in which the functional duty to act is breached through inaction. It goes without saying that administrative indolence can produce (and in fact produces) more serious injuries than the limiting action itself of the public body or entity. Hence, it must be stated emphatically (with foundation and in accordance with what is said in preceding 'considerandos') that the Public Administration is also responsible for the damages caused by its administrative inactivity. That passivity in the face of compliance with pre-existing obligations falls, for purposes of extracontractual civil liability, as abnormal functioning of the Administration (insofar as it corresponds to a material duty owed) and as illegitimate conduct, which in this case can be concurrent, to the extent that the non-compliance with what is due not only violates the rules of good administration, but also infringes legality in that it breaches the functional administrative powers emanating from the Legal System itself." (Voto 584-F-2005 of SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA at ten hours forty minutes on the eleventh of August of the year two thousand five.) In the instant case, the surveillance conduct was generated; however, clearly from the expert report, the inspection, and SINAC's own reports, it is evident that this exercise of actions was not sufficient for the due tutelage of the aforementioned heritage, given the accreditations of intrusive practices on the land under controversy. The Administration's operations for the zone's own needs have not permitted an elimination of the problem, and in the case file, there is no record that any management was carried out to seek other forms of protection or other actions that would prevent the access of third parties who made improper use of it. The reports rendered in the case file show that the officials of the Área Tempisque, assigned by the Executive Director of SINAC (see article 26 of the Ley de Biodiversidad, No. 7788, from now on Ley 7788) in the exercise of their functions, have been limited to surveillance work, which was occasional, not permanent. This, far from preventing the destruction and deterioration of the zone, in the opinion of those deciding, made permissive the behavior of third parties in the area, contravening the protection duty that the law attributes to the defendant institution -SINAC-. Even in some of the reports, it is indicated that third parties set forth positions on the verified facts and it is indicated that they are found outside the area of the precautionary measure, it being incomprehensible for those deciding that if the report is made to comply with the judicial order of protection, and that inspection is carried out in the area geographically determined by the judicial order, immediate actions are not taken against those third parties. Due to these actions, the plaintiff claims a non-conformity with the legal system of the conduct of the Área de Conservación Tempisque MINAET, and since the body called "Área de Conservación" is the one charged with applying current legislation and its Director, according to article 31 of Ley 7788, shall be the one charged with applying it, and implementing national policies and executing the guidelines of the Consejo Regional of its Área de Conservación or those of the Ministro del Ambiente y Energía, it consequently follows that the Administration's behavior that is labeled as non-conforming and that corresponds to SINAC as its own body under the Law, must be declared non-conforming with the legal system, such declaration of non-conformity corresponding by legal imperative against SINAC and not properly against MINAET due to the characteristics of the body that carries out the oversight activity. XII.- To order the Área de Conservación Tempisque of MINAET Área de Conservación Tempisque of SINAC [sic] the efficient and effective exercise of its oversight and tutelage powers in the zone corresponding to Natural Heritage of the State in the Sámara zone, Cangrejal Buena Vista sector, of the province of Guanacaste, particularly in the zone comprised between meridians 367.5 and 368 between parallels 206.5 and 207 in front of landmarks five to nineteen of the public zone; all for the purpose of preventing the constant onslaughts causing irrational, illegal and unsustainable exploitation of the primary forest that constitutes natural heritage of the State from continuing. It has been set forth in this judgment that the Administration is obligated to repair the negative effects of its actions or omissions, generated by normal and abnormal functioning. In the case at hand, this Chamber has considered that SINAC's activity has been abnormal insofar as it has not been carried out in the proper exercise of its duties, granted by law. SINAC, being the body obligated to issue policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources as ordered by the Biodiversity Law in its article 22, has limited itself to exercising occasional surveillance work in the area, without applying, at the site of interest, any acts or processes directed at the sustainability of the natural resources of that area. For this reason, in light of the evidence existing in the case file—in which it has been clearly determined that the area has been the subject of constant anthropogenic (human) intervention over time, and that, in addition to the reports of incursions existing in the case file, such circumstance is deduced by expert examination from the presence of species such as: pipa (...), square banana (...), cashew (...) and Teak (...), of different ages, creeping plants (vines) as well as grasses and shrubs qualified ecologically as total heliophyte species, highly demanding of light, very aggressive in their growth, and very opportunistic in invading clearings or zones where the forest was eliminated—the requested action may be granted, ordering the Executive Directorate of SINAC to fulfill its duty to carry out proper supervision and appropriate action by said body in order to prevent new incursions in the zone of interest of this lawsuit and to proceed with the rehabilitation thereof until its natural condition is reestablished. It is appropriate, then, to order the Executive Director of SINAC to proceed with the effective fulfillment of his functions, in accordance with articles 4, 11, 12, 59, 66 of the General Public Administration Law and numerals 122, subsections f and g, of the Contentious Administrative Procedure Code. XIII.- That SINAC be ordered to demarcate and post signs on the property subject to this process as property of the State. This Chamber, given the declaration of non-conformity of SINAC's actions, considers it prudent and appropriate, in order to protect the right to a healthy environment (the natural heritage of the State being involved), to order the direct action of posting signs in the requested area; this proceeds as a means of fulfilling the existing duties of said defendant. Such posting of signs must be carried out on the perimeter of the State natural heritage area, and it is required, then, prior to it, the fulfillment of the certification of State Natural Heritage already ordered, so that, in view of the cadastral description of the property, the posting of signs on the perimeter of the area may proceed. In order for actions to be taken immediately, SINAC is granted a period of fifteen days to proceed with such posting of signs, starting from the finality of this judgment. XIV.- That in the event of finding invaders in the public domain area, the administrative or jurisdictional procedures aimed at evicting the invaders from the natural heritage of the State be initiated within a maximum period of eight business days after the judgment in this proceeding becomes final with the character of material res judicata. In accordance with the responsibilities of the officials in charge of exercising administrative authority, the current regulations have not specified the activities to be performed by the administration in order to give effective fulfillment to the protective authority granted to SINAC. It is recorded in the case file that the officials assigned by SINAC have initiated complaints against persons who have entered without authorization the strip of land subject to discussion in this process and affected the property by extracting elements belonging to the area, all in accordance with the normal procedure. The possessors of the objects removed from the zone will answer consequently for the reported acts, and the duty to report existing since the creation of SINAC remains. For this reason, this Court considers that establishing a temporal margin for reporting is alien to the duties of the institution, which must ensure the immediate attention to the protection of the area; a duty that cannot have deadlines for its proper exercise because it is "immediate" and urgent. It is considered appropriate to remind the sued Public Administrations of the duty that such complaints be effectively made and that, in attention to this, all the information the institution possesses be provided so that immediate judicial follow-up may be given against the third parties who have, to date, attacked the natural resources of this area. XV.- That the Tempisque Conservation Area of MINAET be ordered to fulfill an obligation to act, consisting of issuing uniform public policies aimed at planning, directing, unifying, and supervising processes directed at achieving sustainability through the restoration, recovery, and rehabilitation of the ecosystems, species, and environmental services that have been damaged by the reckless conduct of private actors, with the tacit complicity of the Tempisque Conservation Area in the area subject to the process, which constitutes national heritage of the State. It was set forth earlier that it is the institutional duty to comply with the national policies for protecting the Maritime Terrestrial Zone and the natural heritage of the State; therefore, the officials of the Tempisque Conservation Area of MINAET have a duty to comply. Specifically ordering that which is petitioned here is redundant with an already declared duty; however, it is important and necessary to highlight that the existence of policies whose purpose is the exercise of the State's protective authorities over natural resources in the area affected by the facts known here, has been made clear through the contribution of the corresponding documentary evidence that allows it to be so considered. However, the implementation of those policies and of the protective law itself has not been demonstrated in the case file, and that described throughout this entire process does not respond to the needs of the area. Therefore, in attention to articles 131 of the General Public Administration Law and 50 of the Political Constitution, under the powers granted by the Contentious Administrative Procedure Code in its article 122, subsections c) and f), it is essential that the defendants, faced with such a situation, proceed as ordered to activate procedures so that supervision over the exercise of such public policies is carried out adequately. Consequently, it is necessary to personally notify the Executive Director of SINAC so that, in the exercise of his position, he is the one who renders reports on compliance, both with the precautionary measures and with the execution of what is ordered in this judgment, under oath, in an effort to determine his personal responsibility as a public official—institutional head—for the omission-based actions of the body he directs, and to order him to proceed in accordance with current regulations in pursuit of the effective fulfillment of the protection and restoration of the State Natural Heritage area that has been the subject of this discussion. Said reports must be sent to the execution court of this Tribunal, until compliance with what is ordered by this ruling regarding the effective restoration and rehabilitation of the area constituting the State Natural Heritage that is the subject of interest in this case is determined by expert examination. XVI.- "That the creation of the Regional Environmental Council be ordered for the analysis, discussion, reporting, and control of activities, programs, and projects in environmental matters, all in accordance with article six of the Organic Environmental Law." Regarding the creation of the Regional Environmental Council, it must be kept in mind that, by Law, the Regional Council of the Conservation Area exists (created by article 29 of Law 7788); likewise, a National Commission for Environmental Management legally exists. Both bodies include within their duties the activities intended to be assigned to the Regional Council that the plaintiff seeks to have created by this judgment. The claim in that respect must be rejected because, according to article 14 of Law 7788, a body charged with carrying out those actions exists. This Chamber does consider it necessary, in an effort to ensure adequate compliance by the entities sued here—given the absence of proof of the formation of both aforementioned bodies—to order that within a period of FIFTEEN DAYS, documentary evidence be provided indicating the names and the term of appointment of the members of both bodies. This is so that, if those bodies are formed (as has been possible to prove in this process), the identity of the members is available to the community, and otherwise, that within said period, the representatives of the corresponding sectors that comprise them are appointed. Also, so that the area subject to protection through this process may find adequate rehabilitation and recovery, it is ordered that an official be assigned to carry out the pertinent studies for the adequate rehabilitation and recovery of the zone in question. Until such a report is rendered, no other functions shall be assigned to him, with due follow-up by institutional authorities. To that end, it is ordered that a copy of this judgment be sent to the oversight bodies regarding compliance with the protection of State property: the Comptroller General of the Republic, the Ombudsman's Office, and other entities related to environmental protection, so that they may provide the corresponding legal follow-up to the fulfillment of duties established by law. XVII.- That the defendants be ordered in the abstract to pay damages and losses, in accordance with article 122.m.ii of the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA). In response to the declaration of non-conformity of the Administration’s actions in this case, and having determined the existence of intrusive environmental practices and actions in the questioned sector—such as tree felling, burning, and introduction of non-native species—this Tribunal has deemed established the existence of abnormal functioning on the part of the public authorities, which has constituted an adequate cause for the generation of those environmental injuries, derived, in this case, from the public inertia and indolence that led to facilitating those damages. In effect, having established the improper supervision and guardianship of the administration of the State Natural Heritage in the area subject to conflict, and the occurrence of damages to the ecosystem present there, that inertia constitutes a causal link for the harmful conduct, thus giving rise to a causal nexus that implies, in line with the provisions of article 190 of the General Public Administration Law, the liability of the Public Administration, which, through its inactivity, has fostered the unlawful injury. This Tribunal considers that the duty of guardianship over public domain assets implicitly carries public liability for the neglect of those duties, to the extent that such neglect has constituted a legally relevant cause for causing the damage. In order to restore the natural conditions of State property, the figure of damages and losses must be applied under special conditions; thus, case law has repeatedly stated, when resolving on this point: "given the specialty of the matter, the technical and professional resources available to the Ministry of Environment and Energy, for the specific case, according to its particularities and own characteristics, it is the ideal entity to carry out that task. In the same way, maintaining as a premise the effective execution of the constitutional ruling, it is rigorous to create a budgetary mechanism that benefits and maximizes, to the fullest extent, the principles of efficiency, effectiveness, speed, and economy, so that the sum ordered by the Contentious Administrative Court, which jointly and severally ordered the Cooperative and the State to pay, must be deposited in the Single Fund of the latter (numerals 66 of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets, and 83 and 84 of its Regulations), in a client account created specifically for this purpose, the holder of which will be the Ministry of Environment and Energy, who must allocate it to execute, exclusively, repair and restoration works for projects on the Siquiares River. (sic). Having concluded that this payment constitutes public funds, in order to guarantee responsible management of public finances, the use of this financial tool is pertinent, which will help to achieve the environmental goals and objectives in an effective manner, and for this, the support of the governing body of the Financial Administration System is required. In this way, it is reiterated, to expedite the receipt and administration of the award, it must be deposited in that separate account, identifying the origin and the destination to which it is allocated. For this reason, regarding the State, the Ministry of Finance, which will be notified of this resolution, must make the financial provisions in the corresponding budgetary heading. XVI.- (see Cassation Court Judgment 675 of 10 hours on 9-21-2007) It is thus established that it is the duty of the State to compensate for that damage caused by the normal or abnormal action of its officials, and given that in the present case, the omission of an adequate exercise of administrative activity for the protection of the area has been proven, and also demonstrated in the case file is the modification of the natural conditions of the property in question, it is appropriate to grant this point, so that in the execution of the judgment, the damage caused may be assessed, and the economic value necessary for the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements within the zone of land located in Sámara that has been the subject of this litigation may be valued. XVIII.- That by virtue of the manifest material incapacity of the Administration to take adequate actions for the protection of the environment in the environmentally fragile area declared as natural heritage of the State, located in Cangrejal de Playa Sámara, the Administration be ordered to enter into an agreement or contract with some Public or Private Higher Education institution, national or international scientific companies or institutions, so that the amounts relating to the compensation may be transferred to them for the efficient execution of actions aimed at the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements, in accordance with article 54 of the Biodiversity Law. This claim must be rejected. Awards imposed for environmental damages constitute public funds, given that those awarded sums must be directed without fail to the regeneration of the injured environment, or in its absence—if regeneration is impossible—to financing environmental protection actions. From this perspective, those awarded sums, in order for them to be properly directed to the stated purpose, may be administered by various actors, among which the participation of local entities, non-governmental organizations, among others, could be considered. However, this Chamber agrees with the criteria forged by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the aforementioned ruling No. 675-2007, which establishes that those funds must be administered by MINAET through their incorporation into the national budget, within a specific budget item, directed to the environmental regeneration of the affected sector (Cangrejal de Sámara, in the already identified physical space), with the proper control order regarding budget execution by the Comptroller General of the Republic, the Attorney General's Office of the Republic, and MINAET itself. Thus, this Chamber considers that, under the duty of protecting assets and adequately supervising the Administration's activities, the Administration itself must execute the resulting repair actions; in such assessment, the possibility of a new institutional omission of duties must, of course, be avoided. Therefore, with that clarity, it is deemed prudent to establish that the amounts set for damages and losses granted in this judgment must enter a budget item within MINAET, exclusively destined for the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements within the zone of land located in Sámara, between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, as this is the area contained within the range intended to be protected in this judicial process. Likewise, these funds shall be used to execute the environmental repair, in accordance with the parameters that are established by expert examination in the judgment execution phase as necessary for the reestablishment of the original natural conditions of the area. XIX.- COROLLARY. ANALYSIS OF OPPOSED DEFENSES. Regarding the potential debate on the plaintiff's active standing to claim reparation for environmental damage, the following must be stated. It is clear that the plaintiff does not seek compensation for himself, for his own individual benefit. What is petitioned is the declaration of the State's indemnification duty to restore, through economic compensation, the environmental damage caused by its indolence in the sector subject to conflict. From this standpoint, what is sought is not reparation for direct damage to the plaintiff caused through the environment, but a generic reparation, in favor of the environment, for that injury, as a derivation of the protection imposed by article 50 of the Magna Carta. What is exercised by the plaintiff, then, fits within the legitimizing premise of a popular action (article 10, first subsection, literal d) of the CPCA), thus enabled by environmental regulations, specifically canon 106 of the Biodiversity Law. In this way, in light of the analyses elaborated in this act, this Chamber considers that the plaintiff, as a citizen in full exercise of his rights, and in ensuring the exercise of the rights granted by the Political Constitution in its article 50, adequately exercises the right to defend the environment against the entities that were, by legal decree, responsible for protecting and securing the geographical area deemed affected in this lawsuit. Consequently, this Court finds that he is assisted by the legitimate interest and active standing against the defendants herein, and since the latter—the State and SINAC—are legally the direct obligors to exercise the protection of such rights, as ordered by articles 13 of the Forest Law and 131 and 59 of the General Public Administration Law, it is also determined that the defendants have passive standing in this process, and therefore both exceptions must be rejected. Regarding the exception of Lack of Right invoked by the defendants, it is appropriate to partially grant it, since, as already stated, those resolving this matter do not consider it appropriate for the declaration of damages and losses against the defendants to allow the assignment of the amounts estimated under that concept to be administered by any entity or body other than MINAET, nor is the creation of any body through this judicial process appropriate. Regarding the remaining claims, that exception must be rejected. XX.- ON THE CONTINUATION OF THE GRANTED PRECAUTIONARY MEASURES. In accordance with what is stated in result number 6 of this judgment, there exists in the case file a precautionary measure, in which SINAC was ordered, by resolution at fifteen hours ten minutes on July eighth, two thousand ten, to submit reports. This Chamber considers that, given the granting of the claims related to the non-conformity of the activities carried out by said defendant, it is prudent to maintain the granted measures and extend them so that, starting from the finality of this judgment and until compliance with what is ordered herein regarding the effective rehabilitation and restoration of the State Natural Heritage area is established by expert examination, detailed reports must be rendered as ordered in the aforementioned resolution. These must be submitted by the Director of SINAC, under oath, indicating the actions taken to comply with what is ordered in this judgment and, thereby, provide due protection to the affected area, guaranteeing, with this legal obligation, the exercise of protective actions under the supervision and study of the institutional head himself.” ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Text of the resolution Goicoechea, Dirección01 , 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01 __________________________________________________________________________________________________________ CASE FILE 10-001331-1027-CA PREFERRED PROCEEDING PLAINTIFF: Nombre142575 DEFENDANTS: STATE AND SINAC No.46-2013-VI CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT. SIXTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at thirteen hours fifteen minutes on Dirección17263 Ordinary proceeding declared of preferred handling, brought by Nombre142575 , of legal age, single, businessman, resident of San Rafael de Alajuela, identity card CED78141- - , against the State, represented by GLORIA SOLANO MARTÍNEZ, assistant attorney, and against the TEMPISQUE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (hereinafter SINAC), represented by Nombre142576 . Initially also brought against the COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE and the MUNICIPALITY OF NICOYA. WHEREAS: 1.- The plaintiff files this proceeding, indicating that his final claim is only against the State and the Tempisque National System of Conservation Areas, - hereinafter SINAC -, formulating his claims in the initial complaint and adjusting them during the oral and public trial, so that they have been adjusted in the following manner: 1- That it be declared that at Dirección17264 between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, the land located at Dirección17265, which is part of the maritime-terrestrial zone and corresponds to the Heritage of the State, and must therefore be administered by MINAET through SINAC. For the foregoing, that the Attorney General's Office be ordered, through the State Notary, to draft a deed for the purpose of registering the land subject to this proceeding in the Real Property Registry in favor of the State, all in accordance with article 13 of the Forest Law. 2- That the omission to exercise the powers of supervision and administrative guardianship not performed by the Tempisque Conservation Area of MINAET be declared non-conforming with the legal system; 3- That the Tempisque Conservation Area of MINAET be ordered to exercise its powers of supervision and guardianship efficiently and effectively in the area corresponding to the State Natural Heritage in the Nombre41685 area, Cangrejal Buena Vista sector, Guanacaste province, particularly in the area between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, in front of boundary posts five to nineteen of the public zone; all in order to prevent continued constant onslaughts constituting irrational, illegal, and unsustainable exploitation of the primary forest that constitutes natural heritage of the State. By reason of the foregoing, SINAC be ordered to demarcate and post signs on the property subject to this proceeding as property of the State. Likewise, in the event of finding invaders in the public domain area, the administrative or jurisdictional procedures aimed at evicting the invaders from the natural heritage of the State be initiated within a maximum period of eight business days after the judgment in this proceeding becomes final with the character of material res judicata; 4- That the Tempisque Conservation Area of MINAET be ordered to fulfill an obligation to act, consisting of issuing uniform public policies aimed at planning, directing, unifying, and supervising processes directed at achieving sustainability through the restoration, recovery, and rehabilitation of the ecosystems, species, and environmental services that have been damaged by the reckless conduct of private actors, with the tacit complicity of the Tempisque Conservation Area in the area subject to the proceeding, which constitutes national heritage of the State. To that end, the creation of the Regional Environmental Council be ordered for the analysis, discussion, reporting, and control of activities, programs, and projects in environmental matters, all in accordance with article six of the Organic Environmental Law. 5- That the defendants be ordered in the abstract to pay damages and losses, in accordance with article 122.m.ii of the CPCA, and by virtue of the manifest material incapacity of the Administration to take adequate actions for the protection of the environment in the environmentally fragile area declared as natural heritage of the State, located in Cangrejal de Playa Nombre41685, the Administration be ordered to enter into an agreement or contract with some Public or Private Higher Education institution, national or international scientific companies or institutions, so that the amounts relating to the compensation may be transferred to them for the efficient execution of actions aimed at the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements, in accordance with article 54 of the Biodiversity Law. 6- In the event of opposition by the co-defendants, they be ordered to pay both sides' costs of this proceeding and the corresponding interest. 2.- The representation of the State, regarding the initial claims, filed the exception of lack of right, and with respect to the adjustment of claims, it adds the exceptions of lack of active standing, lack of right, and lack of current interest in relation to the adjustments made by the plaintiff during the oral and public hearing. 3.- The representation of SINAC, regarding the complaint and adjustment of claims, filed the exceptions of incomplete necessary passive joinder —resolved interlocutorily— Lack of Interest, and Lack of Right. 4.- By resolution at fourteen hours thirty-seven minutes on May seventeenth, two thousand ten, it was proposed that this matter be declared as a preferred or urgent proceeding (see folio 88). 5.- The respective case file was sent to the Sixth Section, and by resolution at ten hours on May twenty-fifth, two thousand ten, it accepted the processing method and began the procedural instruction as a "preferred proceeding" (folio 89). 6.- During the processing of this proceeding, by resolution at fifteen hours ten minutes on July eighth, two thousand ten, the following precautionary measures were issued: 1) SINAC-ACT is ordered to adopt the adequate and necessary measures to guarantee the protection of the biodiversity in the area subject to this proceeding, which includes supervising that any person on the property refrains from cutting trees, roots, branches, or smaller vegetation; burning the undergrowth; opening trails or paths; clearing; contaminating; eliminating or intervening in the forested areas; introducing animals to said area; planting exogenous species or species alien to the native flora of the area; and carrying out any type of building. 2) SINAC-ACT (SINAC) is ordered to report bi-weekly, starting from the notification of this resolution, both to the executing judge of the Tribunal and to this Section, on compliance with the imposed precautionary guardianship and to render a bi-weekly report to its authority. Said resolution was not challenged by the parties. (Folio 198 and the case record). 7.- The oral and public trial within this proceeding was held starting on January fourteenth, two thousand thirteen, suspended for continuation on January twenty-ninth, two thousand thirteen —a hearing set at the land whose protection is claimed, where an on-site inspection was conducted by the Court and the presentation of the expert examination ordered in the case file began—; that hearing suspended, the oral and public trial continued on February fourteenth of the current year. Upon its conclusion, in accordance with article 111 of the Contentious Administrative Procedure Code, this matter was declared as a complex proceeding. 8.- Within the oral and public trial held, the previously sued COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE and MUNICIPALITY OF NICOYA were dismissed as parties from the proceeding, given the adjustment of claims without affecting them, and their procedural participation was concluded in that act. 9.- The existence of preliminary defenses pending resolution was not determined. 10.- Within this matter, no errors or procedural omissions generating nullities are observed, and this judgment is rendered within the legal term. Drafted by Judge Solano Ramírez, with the unanimous vote of Judges Garita Navarro and Hess Araya. WHEREAS: I.- ON THE EVIDENCE OFFERED FOR BETTER DECISION-MAKING. The plaintiff provides in the hearing, as evidence for a better resolution, some photographs and a documentary consisting of report DFOE-SAF-IF-01-2013 dated January 28, 2013, offering them as an element to demonstrate the current conditions on the property. This evidence must be rejected. On the one hand, regarding the offering of photographs, it should be noted that this Court does not observe any justification from the proponent as to their relevance and usefulness for the substantive analysis formulated in this judicial case. These images correspond to areas adjacent to the zone whose protection is being sought; this can be inferred from the analysis of the expert evidence provided in the case file and which will be referred to below. An understanding of this technical element allows one to establish that the photographs provided do not describe the current conditions of the area located between meridians 367.5 and 368 and parallels 206.5 and 207. This is because the expert report describes that the container discovered during the respective inspection is located in an area different from that which properly corresponds to the property. Although it is an area adjacent to that sector, it ultimately does not demonstrate conditions that occur within the property under dispute, and therefore they are irrelevant for addressing the various claims and objects that have been raised in this litigation. As for the report from the Contraloría General de la República that was provided, that document is aimed at describing the national financial situations of the conservation areas (áreas de conservación) in a generic manner, without making any special emphasis or focus that could lead to establishing a direct impact of what is described therein on the implications of the matter under debate. Strictly speaking, the content of that document neither accredits nor demonstrates the existence of the omitted acts sought to be proven, nor the existence of the argued impact on the strip of land intended to be protected, and it is therefore irrelevant, for which reason its admission is deemed improper. From this examination standpoint, in light of the provisions of Article 110 of the CPCA [Contentious-Administrative Procedure Code], in relation to Article 331 of the Code of Civil Procedure (applicable by the generic referral of canon 220 of the CPCA), the evidence offered for a better resolution is rejected. II.- PROVEN FACTS: The following facts are considered important for the resolution of this process and are deemed proven: a- That at Playa Nombre41685 , Cangrejal sector, between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, there exists a piece of land designated as a State natural reserve (ver peritaje a folios 894 a 930 y 1045 y siguientes, ); b- That the land located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207 at Playa Nombre41685 is adjacent to properties 5-50113, of map G498365-83, 69902-000 of map G433081-81, and property 36219-000 of map G-41510-92 (see expert report at folio 897); c- That this land constitutes an environmentally fragile zone because it is part of the Zona Marítimo Terrestre [Maritime-Terrestrial Zone] and contains primary forest (expert clarification in oral and public hearing, ten hours twenty-eight minutes, folios 238 to 240 of the case file); d- That as this zone is part of the State's natural heritage, its conservation and administration was entrusted to the Ministerio de Ambiente (hereinafter MINAET) through SINAC (see folio 126); e- That the Área de Conservación Tempisque [Tempisque Conservation Area] is in charge of the verification, oversight, and demarcation of the zone of interest (same citation); f- That in the zone between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, there has occurred, without legal authorization, clear-cutting of the forest, exploitation of flora and fauna, and extraction of products (see inspection and addendum to the expert report at folio 1044); g- That SINAC was made aware of the acts of illegal logging and exploitation of flora and fauna in the zone of interest (see folios 138, 144, 154, 277 of the main case file); h- That in March and April 2010, incursions were made by third parties in the zone between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, consisting of the entry of heavy machinery (see inspection carried out in May 2010 and inspection carried out for this purpose this year); i- That in the zone between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, works were carried out that delineated an access trail and several terraces, on which there was burning of areas and destruction of forest zone (see cited expert report and listening to oral expert testimony at ten hours twenty-eight minutes); j- That during the validity of the precautionary measures granted in the proceedings, it was discovered that the aforementioned zone was subjected to clearing, tree felling, and burning of vegetation (folios 453, 517, 669, 675, 693, 732, 843, 847, inspection carried out this year); k- That the zone between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, has lost its condition as forest and has been transformed into an area of forest cover (cobertura boscosa) (see expert report at folio 913 and listening to hearing at ten hours thirty-eight minutes); l- That within the zone located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, the trail area identified as the starting point in the inspection is not found (see expert addendum on point 793); m- That the expert report indicates that "the zone located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207 has been subject to anthropogenic (human) intervention that has been constant over time, due to the presence of species such as: pipa (...), square banana (...), cashew (...) and Teak (...), of different ages, as well as the presence of creeping plants (vines) as well as grasses and shrubs ecologically classified as total heliophyte species, species that are highly demanding of light, very aggressive in their growth, and very opportunistic for invading clearings (openings in the forest), which is considered an indicator that the site has received alterations" (folio 908 expert report and recording containing the amplification rendered in oral and public trial); n- That the cadastral survey of the entire canton of Nicoya, including Nombre41685 , has been carried out. (folio 1000 of the judicial file); o- That SINAC officials have filed complaints for the incursions in the zone located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207 (see folio 750, 769, 816, 818 of the main case file); p- That in the zone located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, the clear-cutting of the forest, exploitation of flora and fauna, and extraction of products occurs for the purpose of land-use change (cambio de uso del suelo) (listen to recording of inspection in oral and public trial); q- That the Plan Nacional de Desarrollo Forestal de Costa Rica 2011-2020 [National Forest Development Plan of Costa Rica 2011-2020] was issued by MINAET in the month of August of the year Placa7398 (see documentary on electronic support provided by the State); r- That SINAC issued and publicized the Policies for Protected Wild Areas (see same citation) III- UNPROVEN FACTS. The following facts are considered important and have not been proven: a- That there is no concession or enabling use permit allowing the use, enjoyment, and occupation granted by any entity over the zone located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207 (no evidence is provided that clearly determines this aspect); b- That in the zone located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, the clear-cutting of the forest, exploitation of flora and fauna, and extraction of products occur with legal authorization (there is no proof of this); c- That the Regional Council of the Área de Conservación Tempisque is formed and functioning (no documentary evidence is provided on this aspect) IV. ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. The plaintiff sets out their claims under the protection of the elements they narrate as justifications for their action. They claim that in the Sámara area, exactly on the strip located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, a series of actions by third parties has occurred aimed at the modification and destruction of the zone which, in their opinion, constitutes State Natural Heritage, due to the presence of forest there; they narrate that the responsible entities have permitted the illegal exploitation of natural resources in that geographic area, resulting in a variation of the flora and fauna due to the extraction of products and variation in land use; those incursions having been reported to the administrative authorities, the institutional activity has been—as they indicate—"absolutely fruitless"; they express that the omission in the exercise of the oversight powers given by law to SINAC constitutes a manifest illegality and that this inactivity is an omission inconsistent with the legal system that must be corrected through an order to perform the conduct mandated by the legal system. V.- ARGUMENTS OF THE STATE: The State's representation, regarding the initial claims, opposes the process, alleges lack of right, and regarding the deduction and adjustment of claims in oral and public hearing, adds the exceptions of lack of active standing, lack of right concerning the adjusted matter, and lack of current interest, indicating that there was no expansion of facts whatsoever that would justify the adjustment in the manner carried out by the plaintiff. It indicates that there is a specific procedure created for the purpose of registering lands such as the one at hand, and that they are working on that process as evidenced by the cadastral survey of the canton of Nicoya provided as evidence by the Señora Procuradora when responding to the aforementioned adjustment; that representation considers that it is not necessary to prepare any deed, that boundary markers 5 through 19, which are included as a reference in the sector under discussion, are unrelated to the area belonging to the State, and that it is not necessary to cadastrally demarcate the property because, in accordance with the cartographic demarcation used pursuant to article Ii) of the Manual for the Classification of Lands Dedicated to the Conservation of Natural Resources in the Zona Marítimo Terrestre [Manual de Clasificación de Tierras dedicadas a la Conservación de Recursos Naturales en zona marítimo terrestre], that action is not applicable. It indicates that in matters of State Natural Heritage, the Ley Forestal prevails in its article 1 over the Ley Orgánica del Ambiente, therefore it is not appropriate to grant the request related to the application of the Ley General del Ambiente; furthermore, there are already other instruments such as the Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020, which includes the inter-institutional strategic plan for the protection, management, and administration of forests and forest lands in the natural heritage, and the Regional Area Council exists in the Área de Conservación Tempisque pursuant to article 30 of the Ley de Biodiversidad. Regarding the payment of compensation for damages and losses to entities unrelated to the process, it argues the impropriety of what is requested, indicating that it has been reiterated in jurisprudence that what is granted regarding this item must be paid in favor of the State, so that since SINAC is legally responsible for compliance with the policies related to these areas, an item to be paid in its favor would be imposed, which that representation does not consider legally possible. VI.- ARGUMENTS OF SINAC. SINAC's representation, regarding the complaint and adjustment of claims, interposed exceptions of incomplete necessary passive joinder (resolved interlocutorily), Lack of Interest, and Lack of Right, for which purpose that representation indicates that the oversight and guardianship duty has been fulfilled in a timely, responsible, and serious manner; that the zone delimited between boundary markers five through nineteen is located in a different area from the one established by the plaintiff as the area of discussion, as is evident from the plans provided and contained in the case file, and that the area that actually belongs to the State's natural heritage is being constantly supervised and inspected by personnel of its entity, resulting from such work the matter being brought to the attention of the corresponding criminal authorities for the illegitimate extraction of natural resources. It indicates that in the reports generated by the precautionary measure, what was discovered in each follow-up carried out in the zone as a result of that precautionary measure has been made known. VII- ON THE MERITS AND EXCEPTIONS The plaintiff seeks to have a series of claims declared in their favor related to the exercise of protection by the defendants over a sector of Playa Nombre41685 where the strip of land, identified as that located between meridians 367.5 and 368 and parallels 206.5 and 207, is part of the Zona Marítimo Terrestre and corresponds to the State Natural Heritage. Under this appreciation by the plaintiff, in order to assess the claims, it must first be clearly defined, according to the legal system, what constitutes State Natural Heritage and the Zona Marítimo Terrestre; for this determination, this Chamber adopts the criteria issued by reiterated jurisprudence on the matter: It is stated, then, "(...) Pursuant to numeral 13 of the Ley Forestal, 'The State's natural heritage shall be composed of the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage...' Thus, the norm provides three possibilities regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration." (see RES: 000853-F-S1-2011 of the SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA [First Chamber of the Supreme Court of Justice], issued at ten hours fifteen minutes on July twenty-first, two thousand eleven.). Regarding the Zona Marítimo Terrestre, it must be indicated: "(...) that strip of land is regulated by Law No. 6043 of March 2, 1977, published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 52 of March 16, 1977, entitled 'Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre' [Law on the Maritime-Terrestrial Zone]. Said legal body establishes a series of competencies for various administrative units, with the objective of setting the guidelines for the deployment of effective administration, control, oversight, and surveillance of that public domain zone. In that sense, the first numeral of the cited legislation clearly establishes the public domain nature of those lands by stating: 'The Zona Marítimo Terrestre constitutes part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is the obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.'" (see ruling 24-2013-VI of the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA [Contentious-Administrative Tribunal, Section Six], of 16 hours 15 minutes on February 07, 2013.) "The Zona Marítimo Terrestre is divided into two zones: the public zone, which comprises the strip fifty meters wide, measured from the ordinary high tide, composed of the littoral, shore, or coast of the sea that extends through the rías [estuaries] and permanent esteros [tidal inlets], up to where these are perceptibly affected by the tides and present defined marine characteristics (article 2, subsection h) of the Regulation to the Law on the Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo [Executive Decree] number 7841-P); and the restricted zone, constituted by the remaining one hundred fifty meters. By virtue of the above, the following are part of the public zone of the Zona Marítimo Terrestre: the ría, defined as the part of the river near its entrance into the sea and up to where the tides reach (subsection f) of article 2 of the cited Decreto Ejecutivo number 7841-P); so that, in relation to the provisions of article 9 of the Law governing this matter, the strip of two hundred meters contiguous to the rías is also the Zona Marítimo Terrestre; "the islets, crags, and other small areas and natural formations that protrude from the sea" (final paragraph of article 10 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre); (...) when dealing with the natural resource contained in the public zone, it is noted that flora and fauna cannot be exploited, nor trees cut, nor products extracted from the coast, except with the due authorization -permit or concession-, in this case, from the Dirección de Vida Silvestre [Wildlife Directorate] of the Ministerio de Ambiente y Energía, following a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), in accordance with the provisions of article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. (...) This oversight work also concerns the eviction of invaders, and even the destruction or demolition of constructions, installations, or works carried out, whether they are mere fences, shanties, sales stands, or dwelling houses, without any liability (as considered by the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera in resolution number 7900-98). Pursuant to article 39 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, concessions can only be granted in the restricted zone of the Zona Marítimo Terrestre, under the responsibility of the municipalities (article 40 of the cited Law); except in cases where there exists a protected wild area -forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, natural monuments- which, pursuant to articles 32 of the Ley Orgánica del Ambiente and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, are under the administration of the Ministry" (ruling 54-2012 issued on February 17, 2012, by Sección Tercera, Tribunal Contencioso Administrativo). In light of these jurisprudential assessments of the current regulations, the plaintiff's approach must be analyzed. Mr. Nombre142575 states that in the Zona Marítimo Terrestre of the Sámara sector, there is a strip of land located exactly between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, determined to be State Natural Heritage. In accordance with what was stated above, once the data provided by the plaintiff in their complaint and by the defendants in their response has been expertly assessed, the existence of such a strip of land must be taken as true. From the evidence provided and inspections carried out, it is discovered with certainty that geographically this strip of land does belong to the Zona Marítimo Terrestre. Now, the plaintiff seeks to have it recognized in this process that this strip of land, which constitutes a forested area—according to their statement—has been affected by the incursion of third parties, with the aim of extracting elements belonging to the area's biodiversity, generating a harmful modification to the area. They seek a series of protective claims for said zone, expressly determining their request so that the intended protection is applied to this protected area and to prevent the total loss of that ecosystem. In view of such petitions, it is appropriate to establish an analysis of each of them in light of the legal system, which has issued express norms regarding the Environment, Forest protection, and Biodiversity, and which allow for protection or legal coverage of State assets located on the Zona Marítimo Terrestre that belong to forested zones and the State Natural Heritage, in such a way that we proceed as set forth in the following sections. VIII.- Regarding the declaration that in Dirección17264 between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, the land located at Dirección17265 is an integral part of the Zona Marítimo Terrestre and corresponds to State Natural Heritage. Having determined by law the Zona Marítimo Terrestre and the lands classified as State Natural Heritage, the zone described by the plaintiff in their complaint as the physical area to be protected through this action, according to the gathered evidence, effectively meets the requirements to belong to both legal conditions, and this fact has even been acknowledged by the defendants through the documentary evidence provided in response to the plaintiff's adjustment of claims. Through the expert report rendered and this Court's own inspections, the belonging of the strip of land of interest to the Zona Marítimo Terrestre is clear. It is equally clear to this Chamber that this land is an area that qualifies as State Natural Heritage. This is so because it has been determined, after substantive analysis of the case file, that two particular conditions exist on it that determine such status. On the one hand, there is an administrative declaration of said condition (see the State's response to the adjustment of claims) and, secondly, the site presents a condition of forest cover, a valid element for constituting natural heritage. That land, by containing both conditions, enjoys the special protection of the State granted by Article 4 of Decreto 36786-MINAET of 12/08/2011, called Manual para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica [Manual for the Classification of Lands Dedicated to the Conservation of Natural Resources within the Maritime-Terrestrial Zone in Costa Rica], which states: "(...) the State Natural Heritage is of public domain; its conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. The Heritage is composed of two important components: a) Protected Wild Areas, whatever their management category, declared by Law or Decreto Ejecutivo: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments. b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude belonging to the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal affectation. For the Zona Marítimo Terrestre, the Ley de Zona Marítimo Terrestre, Law No. 6043 in its Article 73 excludes from its scope the Protected Wild Areas and those subject to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude on the coastlines are also under the administration of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones and are governed by their specific regulations, Article 13 of Ley Forestal No. 7575 and concordant provisions, and the Voto de la Sala Constitucional 4587-97." (see stated regulation). Given this legal condition of the State Natural Heritage, both MINAET and SINAC are, consequently, responsible for the oversight and protection work concerning the activities developed on the land whose protection is sought in this judicial process. Throughout this process, the statements made by SINAC personnel, both in the response to the complaint and in the reports rendered during the validity of the precautionary measure granted in the proceedings, allow one to conclude the existence on the part of that entity of doubt or uncertainty regarding the belonging of that strip of land to the State Natural Heritage Zone; however, through the documentary evidence provided by the State itself and thanks to the assessments made in the expert report rendered in the case file, it is possible to clarify the true condition of the cited asset. The territorial zone existing in Sámara, between meridians 367.5 and 368 and parallels 206.5 and 207, does belong to the zone constituting State Natural Heritage, and it is appropriate to declare it in that condition in the proceedings, as is sought. IX.- Regarding the determination that the zone of land located between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, must be administered by MINAET through SINAC. The legal system establishes the distribution of competencies among state bodies, granting MINAET and SINAC specific competencies. Regarding the competencies related to assets constituting the State Natural Heritage and the Zona Marítimo Terrestre, the provisions of the Manual for the Registration of this type of assets have already been transcribed, with this distribution of competencies supplemented by the Ley Orgánica del Ambiente in its Articles 8 and 9 of the Ley de Biodiversidad, where it corresponds to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as a legal entity, to be responsible for executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources and exercising that Administration. (see Article 22 of the cited law). In light of these imperatives, SINAC has the legal obligation to carry out the activities for which that body was created that may arise from or affect the conditions on the land existing in Sámara, between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207. Despite this imperative, it has been demonstrated in the proceedings that there is no institutional clarity regarding its competence over that strip of land; personnel from both defendants stated this. Given the doubt existing until now on the part of the defendants regarding whether or not the strip of land belongs to the zone of interest of their powers, it is possible to grant the requested declaration, in order to ensure effective compliance with the protectionist purposes that this declaration of State Natural Heritage has regarding the asset described by the plaintiff. From that standpoint, it is then appropriate to establish that, in accordance with the powers given by the Ley de Biodiversidad, SINAC is the competent administrative body to administer that strip of land, being a power that constitutes a power-duty, which must be undertaken and executed by said public body to achieve the satisfaction of the public interests that are inherent and consubstantial to the framework of competencies that have been conferred upon it, it being clear that these are powers that are non-deferrable, indeclinable, imprescriptible, and non-transferable (doctrine of Articles 4, 11, 12, 59, and 66, all of the Ley General de la Administración Pública.) X.- Regarding the order that the Procuraduría General de la República, through the Notaria del Estado, prepare a deed for the purpose of registering the land subject to this process in the Registro de Bienes Inmuebles in favor of the State, all in accordance with Article 13 of the Ley Forestal": As sought, a declaration in the form requested is improper. In view of the Manual for the Classification of Lands Dedicated to the Conservation of Natural Resources within the Zona Marítimo Terrestre in Costa Rica, (Decreto 36786-MINAET of 12/08/2011, hereinafter Manual), there exists a general procedure that must be followed for lands protected by this classification. For the classification of units -lands- and the granting of protected category, the Manual expresses where relevant the need for both the collection of geographic information and the "placement of boundary markers (monumentación de mojones)", prior to the registration of the properties. Through the submission of a certification of the condition of the property of interest, the registration of the property will proceed; as described from the evidence in the case file, and the specific conditions of the strip of land at hand. It is not appropriate to deed these strips of land, because once the established procedure is completed and the requirements described in its articles are fulfilled, the Manual provides for the registration of the lands as a direct effect. This is so because, in the context of the details of this special procedure, the registration or inscription of the asset in favor of the State is carried out after satisfying the aforementioned stages, without the need to sign any public deed. Hence, the necessary registration that the plaintiff ultimately seeks is satisfied through the fulfillment of the indicated procedure, which, as has been explained, is underway, it being proper to order its completion in the shortest possible time, given this Court's determination regarding the belonging of the cited land to the State's natural heritage. In that sense, through the response given to the adjustment of claims, it is taken as true that the collection of information and the placement of boundary markers already exists, so it can be stated that only the issuance of the certification is pending, which, once issued, must be sent to the Registry—Registro Nacional de Bienes Inmuebles—in order to carry out the Registration described by the aforementioned Manual. Ergo, it is not necessary to formalize it through a State notary as the plaintiff intends. However, this Chamber does believe it is important to order the completion of the procedure, which throughout this process has been indicated on repeated occasions to have already been carried out, but for which there is, to date, no record of registration. From the expert report rendered, it is known that the Zona Marítimo Terrestre in which the strip of land being protected by this judicial claim is located does not have registered maps that would allow determining the existence of a definitive structuring of the same, despite the fact that the parties have been in agreement in the proceedings that it does constitute State Natural Heritage. Therefore, despite the fact that the plaintiff requests a notarization, it is considered that the proper course of action is, in accordance with the aforementioned Manual, to conclude the initiated procedure and issue the certification that allows for establishing certainty regarding the condition of the property; therefore, given the fact that the plaintiff requests that a deed be drawn up with the objective that the land subject to this proceeding be registered in the Real Property Registry in favor of the State in accordance with Article 13 of the Forest Law (Ley Forestal), it is appropriate to order that the Director of the Conservation Area (Área de Conservación), within seven days, remit the certification required by the Manual for the Classification of Lands Dedicated to the Conservation of Natural Resources in the Maritime-Terrestrial Zone (Manual de Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de Recursos Naturales en Zona Marítimo Terrestre) for registration before the National Registry of the existence and determination of the strip of land contemplated in the zone of Nombre41685 between meridians 367.5 and 368 and between parallels 206.5 and 207, thus being duly registered and protected by the current Legislation before registry publicity and protecting the zone that has been sought to be located or geographically determined as the one protected by this judicial action. It is thus ordered to remit the corresponding official communications for due compliance. XI.- "That it be declared non-conforming with the legal system the omission of exercise of powers of inspection and administrative tutelage not carried out by the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of MINAET". To resolve such a claim, it must be kept in mind that the current regulations establish that MINAET and SINAC are in charge of carrying out the actions of protection, delimitation, and development of the areas destined for forest, natural reserve, and other ecosystems; however, the legal texts do not indicate the forms of exercising such actions, leaving this application to the general regulations. To determine how the Administration must proceed in the exercise of these powers, it must be taken into account that according to the law, the Public Administration will act subject to the legal system and may only carry out those acts or provide those public services that it authorizes, it being the case that in that action, the Administration will be responsible for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. (See Articles 11 and 196 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)). In this particular case, it is claimed that the agents of SINAC, as has been held as proven in the case file, have carried out inspections at the site, to protect the zone, but that despite those actions, extraction and destruction of natural resources have occurred; in view of such facts held as true, it is prudent according to this Chamber, to consider that the conduct of the officials has been neglectful, because their action must be carried out in such a way that the purpose intended by the Administration is produced, namely in this case, the protection of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) zone. Said activity carried out by the Administration must fulfill the purposes established by law, and consequently, the pertinent measures for that achievement of purposes must be taken; in that sense, the First Chamber has been clear in stating: "At present, it is peacefully accepted that administrative conduct encompasses not only the active behavior of the Administration (and within it, the administrative act) but also, neglectful conduct, that 'not doing' that has come to be called inactivity of the Administration, both in its formal aspect (to the extent that it results in a presumed act by administrative silence) and in its material aspect (referring basically to the service-provision scope of the administrative organization). In this way, material administrative inactivity must be understood as that derived from the omission in the fulfillment of a pre-established legal obligation, which occurs when, outside of an administrative procedure, the Administration breaches, by omission, an obligation imposed by the Legal System or by any other self-binding mechanism, such as the case of an act of its own or consensual instruments, with direct injury to a legitimate interest or a subjective right, whether or not it alters a pre-existing legal-administrative relationship. More simply, there is inactivity of this type when, an obligation to give or do imposed by the legal system or by a prior decision of its own, outside or inside an administrative procedure, existing for the entity or public body, it does not deploy the due factual or legal activity that brings to a successful conclusion the granted function, to the detriment of the rights or interests of one or several passive subjects, whether private or public, individual or collective. This is that 'culpa in ommittendo' in which the functional duty to act is breached by inaction. Needless to say, administrative indolence can produce (and in fact produces) more serious injuries than the restrictive action itself of the public body or entity. Hence, it must be affirmed forcefully (with foundation and in accordance with what is stated in previous recitals) that the Public Administration is also responsible for the damages caused by its administrative inactivity. That passivity in the face of the fulfillment of pre-existing obligations is framed, for the purposes of non-contractual civil liability, as abnormal functioning of the Administration (inasmuch as it corresponds to a due material activity) and as illegitimate conduct, which in this case can be concurrent, to the extent that the non-fulfillment of what is due not only violates the rules of good administration, but also infringes juridicity (sic) inasmuch as it breaches the functional administrative powers emanating from the Legal System itself." (Voto 584-F-2005 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA) of ten hours forty minutes of the eleventh of August of the year two thousand five.) In the instant case, the vigilance conduct was generated; however, clearly from the expert report, from the judicial inspection, and from the reports of SINAC themselves, it is evident that this exercise of actions was not sufficient for the due tutelage of the aforementioned heritage, given the accreditations of intrusive practices on the land subject to controversy. The operability of the Administration for the needs specific to the zone has not permitted an elimination of the problem, and in the case file, it is not recorded that any action was taken to search for other forms of protection or other actions that would prevent the access of third parties who made improper use of the same. The reports that have been rendered in the case file show that the agents of the Tempisque Area (Área Tempisque), assigned by the Executive Director of SINAC (see Article 26 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), No. 7788, henceforth Law 7788), in the exercise of their functions, have limited themselves to vigilance work, which was occasional, not permanent. This, far from preventing the destruction and deterioration of the zone, in the judgment of those deciding, made the behavior of third parties in the area permissive, contravening the duty of protection that the law attributes to the defendant institution -SINAC-. Even in some of the reports, it is indicated that the third parties expound positions on the verified facts and are indicated to be outside the area of the precautionary measure, it being incomprehensible to those deciding that if the report is made in order to comply with the judicial order of protection, and that inspection is carried out in the area geographically determined by the judicial order, no immediate actions are taken regarding those third parties. For these actions, the plaintiff claims a non-conformity with the legal system of the conduct of the Tempisque Conservation Area MINAET, and since the body called "Conservation Area" is the one in charge of applying the current legislation and its Director, according to Article 31 of Law 7788, will be in charge of applying it, and implementing national policies and executing the guidelines of the Regional Council of its Conservation Area or those of the Minister of Environment and Energy, it results, consequently, that the behavior of the Administration that is censured as non-conforming and that corresponds to SINAC as its own body according to the Law, must be declared non-conforming with the legal system, such non-conformity corresponding by legal imperative against SINAC and not properly against MINAET due to the characteristics of the body that performs the inspection activity. XII.- That the Tempisque Conservation Area of MINAET Tempisque Conservation Area of SINAC [sic] be ordered to exercise efficiently and effectively its powers of inspection and tutelage in the zone that corresponds to State Natural Heritage in the Nombre41685 zone, Cangrejal Buena Vista sector of the province of Guanacaste, particularly in the zone comprised between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, in front of survey markers five to nineteen of the public zone; all with the purpose of preventing the recurrence of the constant onslaughts constituting irrational, illegal, and unsustainable exploitation of the primary forest that constitutes State Natural Heritage. It has been set forth in this judgment that the Administration is obligated to repair the negative effects of its actions or omissions, generated by normal and abnormal functioning. In the case at hand, it has been estimated by this Chamber that the activity of SINAC has been abnormal in that it has not been carried out in the adequate exercise of its duties, granted by Law. SINAC, being the body obligated to dictate policies, plan, and execute processes directed at achieving sustainability in the management of the natural resources of Costa Rica as ordered by the Biodiversity Law in its Article 22, has limited itself to carrying out occasional vigilance work in the zone, without application at the site of interest of acts or processes directed at the sustainability of the natural resources of that zone, reason for which, in light of the existing evidence in the case file, in which it has been clearly determined that it has been the object of anthropogenic (human) intervention constant over time, and that in addition to the reports of the existence of incursions that are in the case file, such circumstance is deduced expertly by the presence of species such as: pipa (...), square banana (...), cashew (...) and Teak (...), of different ages, creeping plants (vines) as well as grasses and shrubs classified ecologically as total heliophyte species, highly demanding of light, very aggressive in their growth, and very opportunistic to invade clearings or zones where the forest was eliminated, allow granting what is requested, ordering the Executive Directorate of SINAC the fulfillment of its duty to carry out adequate inspection and action by said body so that new incursions into the zone of interest of this lawsuit are prevented and proceed with its rehabilitation until its natural condition is reestablished. It is therefore appropriate to order the Executive Director of SINAC to proceed with the effective fulfillment of his functions, in accordance with Articles 4, 11, 12, 59, 66 of the General Law of Public Administration and Articles 122(f) and (g) of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). XIII.- That SINAC be ordered to demarcate and signpost the property subject to this proceeding as property of the State. This Chamber, in view of the declaration of non-conformity of the actions of SINAC, considers it prudent and adequate, in order to protect the right to a healthy environment (State Natural Heritage being involved), the direct action of signposting in the requested zone; this is appropriate as a means of fulfilling the existing duties charged to that defendant. Such signposting must be done along the perimeter of the State Natural Heritage zone, and it is required, then, prior to the same, the fulfillment of the State Natural Heritage certification already ordered, so that in view of the cadastral description of the asset, the signposting is carried out on the perimeter of the zone. In order for the actions to be taken immediately, SINAC is granted a period of fifteen days to proceed with such signposting as of the finality of this judgment. XIV.- That in the event of finding invaders in the demanial zone, the administrative or jurisdictional procedures aimed at the eviction of the invaders of the State Natural Heritage be initiated within a maximum period of eight business days after the judgment in this proceeding becomes final with the character of material res judicata. In accordance with the responsibilities of the officials in charge of exercising administrative power, the current regulations have not specified the activities to be carried out by the administration in order to give effective compliance to the protective power granted to SINAC. It is recorded in the case file that the officials assigned by SINAC have initiated complaints against persons who have entered without authorization the strip of land object of discussion in this proceeding and have affected, through extraction of elements specific to the zone, the property, this in accordance with normal procedure. The possessors of the objects removed from the zone will consequently be liable for the acts denounced, and the duty to report existing since the creation of SINAC remains; therefore, this Tribunal considers that establishing a temporal margin for reporting is alien to the proper duties of the institution, which must ensure the immediate attention of the protection of the zone, a duty that cannot have time limits for that due exercise because it is "immediate" and urgent. It is considered opportune to remind the sued Public Administrations of the duty that such complaints be effectively made and that, in attention to this, all information that the institution possesses be provided so that immediate judicial follow-up is given against the third parties who to date have attacked the natural resources of this zone. XV.- That the Tempisque Conservation Area of MINAET be ordered to comply with an obligation to do consisting in the issuance of uniform public policies aimed at planning, directing, and unifying, and inspecting processes directed at achieving sustainability through the restoration, recovery, and rehabilitation of the ecosystems, species, and environmental services that have been damaged by the thoughtless behavior of private subjects with the neglectful complicity of the Tempisque Conservation Area in the zone subject to the proceeding constituting national heritage of the State. It was set forth above that it is an institutional duty to comply with the national policies for the protection of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) and State Natural Heritage; therefore, the officials of the Tempisque Conservation Area of MINAET have a duty to comply. Ordering specifically what is requested here is redundant to a duty already declared; however, it is important and necessary to highlight that the existence of the policies that have as their purpose the exercise of the State's protectionist powers over the natural resources in the area affected by the facts that are known here has been made clear, by the contribution of the corresponding documentary evidence that allows it to be so considered. However, the implementation of those policies and of the protective law itself has not been demonstrated in the case file, and the one described throughout this entire proceeding does not respond to the needs of the zone, so that in attention to Articles 131 of the General Law of Public Administration and 50 of the Political Constitution (Constitución Política), under the powers granted by the Contentious-Administrative Procedure Code in its Article 122(c) and (f), it is indispensable that the defendants, in view of such a situation, proceed as ordered to effect the activation of procedures so that the inspection occurs adequately regarding the exercise of such public policies. It is therefore necessary to personally notify the Executive Director of SINAC so that, in the exercise of his position, it is he who renders the reports of compliance, both of the precautionary measures and of the execution of what is ordered in this judgment, under oath, in an effort to determine his personal responsibility as a public official, institutional head, for the neglectful actions of the body he directs, and to order him that he must proceed in accordance with the current regulations in the pursuit of the effective compliance with the protection and restoration of the State Natural Heritage zone, which has been the subject of this discussion. Said reports must be remitted to the execution instance of this Tribunal, until expert determination is made of compliance with what is ordered by this ruling regarding the effective restoration and rehabilitation of the zone that constitutes the State Natural Heritage object of interest in this case. XVI.- "That the Creation of the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental) be ordered for the analysis, discussion, reporting, and control of activities, programs, and projects in environmental matters, all in accordance with Article six of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente)." Regarding the Creation of the Regional Environmental Council, it must be kept in mind that by Law, there exists the Regional Council of the Conservation Area (created by Article 29 of Law 7788); likewise, there legally exists a National Commission for Environmental Management, both bodies contemplating in their attributions the activities sought to be assigned to the Regional Council that the plaintiff intends to be created through this judgment; the claim in that aspect must be rejected because, in accordance with Article 14 of Law 7788, there exists a body charged with fulfilling those actions. This Chamber does consider it necessary, in an effort to ensure adequate compliance by the entities sued here, given the absence of proof of the formation of both aforementioned bodies, to order that within the period of FIFTEEN DAYS, documentary evidence be provided indicating the names and the term of appointment of the members of both bodies, so that, if those bodies are formed (which has been accredited in this proceeding), the identity of the members be made available to the community, and if not, that within said period, the assignment of the representatives of the corresponding sectors that comprise them be carried out. Likewise, so that the zone subject to protection through this proceeding finds adequate rehabilitation and recovery, it is ordered that an official be assigned for the purpose of carrying out the pertinent studies for the adequate rehabilitation and recovery of the zone in question, and until such report is rendered, no other functions be assigned to him, with due follow-up by institutional authorities; for this purpose, it is ordered to remit a copy of this judgment to the controlling bodies of compliance regarding protection of State assets, the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), and other entities related to environmental protection so that they provide the corresponding legal follow-up to the fulfillment of duties instituted by law. XVII.- That the defendants be abstractly condemned to the payment of damages and losses in accordance with Article 122.m.ii of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA). In attention to the declaration of non-conformity of the actions of the Administration in this case, and having determined the existence of intrusive practices and actions on the environment in the sector in question, such as tree felling, burning, and introduction of non-native species, this Tribunal has held as established the existence of abnormal functioning on the part of the public authorities, which have constituted adequate cause for the generation of those environmental injuries, derived, in this case, from the public inertia and indolence that led to propitiate those damages. Indeed, having established the improper inspection and tutelage by the administration of the State Natural Heritage in the zone subject to conflict and the occurrence of damages to the ecosystem present there, that inertia constitutes a causal bridge for the harmful conduct, a causal nexus thus arising which implies, in accordance with what is established by Article 190 of the General Law of Public Administration, the responsibility of the Public Administration that, with its inactivity, has potentiated the anti-juridical injury. This Tribunal considers that the duty of tutelage of demanial assets carries with it implicit public responsibility for the neglect of those duties, to the extent that it has constituted a legally relevant cause for causing the harm. In order to restore the natural conditions of the State's assets, the concept of damages and losses must be applied under special conditions; thus, the case law has repeatedly set forth when it has resolved on this matter: "due to the specialty of the subject, the technical and professional resources available to the Ministry of Environment and Energy, for the specific case, according to its particularities and specific characteristics, is the ideal one to carry out that task. In the same way, maintaining as a premise the effective execution of the constitutional ruling, it is essential to create a mechanism of a budgetary nature that benefits and maximizes the principles of efficiency, effectiveness, speed, and economy, so that the sum ordered by the Contentious-Administrative Court which jointly and severally condemned the Cooperative and the State, must be deposited in the Single Fund (Caja Única) of the latter (Articles 66 of the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets, 83 and 84 of its Regulations), in a client account created specifically for that purpose, whose holder will be the Ministry of Environment and Energy, which must allocate it to execute repair and restoration works, exclusively, for projects on the Siquiares river. (sic) Having concluded that such payment is public funds, in order to guarantee responsible management of public finances, the use of this financial tool is pertinent, which will help to achieve the environmental objectives and goals in an effective manner, and for this, the support of the governing body of the Financial Administration System is required. In this way, it is insisted, to streamline the receipt and administration of the award, it must be deposited in that separate account, with identification of the origin and the destination to which it is allocated. For this reason, regarding the State, the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda), which will be notified of this resolution, must take the financial provisions in the corresponding budget title. XVI.- (see judgment of the First Chamber (Sala Primera) 675 of 10 hours of September 21, 2007). It is thus established that it is the duty of the State to make good that damage produced by the normal or abnormal action of its officials, and given that in the present case, the omission of an adequate exercise of administrative activity for the protection of the zone has been proven, and also demonstrated in the case file, the modification of the natural conditions of the property of interest to us, it is appropriate to grant this claim, so that in the execution of judgment stage, the damage produced is estimated and the economic content necessary for the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements within the zone of land located in Nombre41685 that has been the subject of this litigation is valued. XVIII.- That by virtue of the manifest material incapacity of the Administration to take adequate actions for the protection of the environment of the environmentally fragile zone declared as State Natural Heritage located in Cangrejal of Playa Nombre41685, the Administration be ordered to enter into an agreement or contract with some Higher Education Institution, Public or Private, national or international companies, or scientific institutions so that the amounts related to compensation are transferred to them so that the actions aimed at the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements are carried out efficiently, in accordance with Article 54 of the Biodiversity Law. This claim must be rejected. Awards imposed for environmental damages constitute public funds, given that those awarded sums must be directed unfailingly to the regeneration of the harmed environment, or failing that, in the case of the impossibility of regeneration, to finance environmental tutelage actions. From this perspective, so that those awarded sums are directed properly for the stated purpose, they can be administered by various actors, among which the participation of local entities, non-governmental organizations, among others, could be pondered. However, this Chamber shares the criterion forged by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the aforementioned ruling No. 675-2007, which establishes that those funds must be administered by MINAET, through their incorporation within the national budget, within a specific budget line, directed to the environmental regeneration of the affected sector (Cangrejal of Sámara, in the physical space already identified), with the due control order regarding budget execution by the Comptroller General of the Republic, the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República), and MINAET itself. In this way, this Chamber considers that under the protection of the duty of protection of assets and adequate inspection of the Administration's activities, it must be the Administration itself that executes the remedial actions generated; in such appreciation, the possibility of a new institutional omission of the fulfillment of duties must be avoided, of course, so that with that clarity it is considered prudent to establish that the amounts determined for damages and losses granted in this judgment must enter a budget line within MINAET, destined exclusively for the restoration, recovery, and rehabilitation of the damaged biodiversity elements within the zone of land located in Nombre41685 between meridians 367.5 and 368, between parallels 206.5 and 207, it being the zone contained in the range sought to be protected in this judicial proceeding. Likewise, the reparation to the Environment must be executed with these funds, in accordance with the parameters that are expertly established in the judgment execution stage as necessary for the reestablishment of the original natural conditions of the zone. XIX.- COROLLARY. ANALYSIS OF OPPOSING DEFENSES. Regarding the eventual debate on the active standing (legitimación activa) of the plaintiff to claim reparation for the environmental damage, what follows must be indicated. It is clear that the plaintiff does not seek compensation in his own name, for his own individual benefit. What is requested is the declaration of the State's duty to indemnify by restoring through economic compensation the environmental damage produced by its indolence in the sector subject to conflict. From this plane, reparation is not requested for direct damage to the plaintiff produced through the environment, but rather generic reparation, in favor of the environment, for that injury, as a derivation of the tutelage imposed by Article 50 of the Magna Carta. What is exercised by the plaintiff, then, fits within the legitimizing presupposition of popular action (Article 10(1)(d) of the CPCA), thus enabled by environmental regulations, specifically, Article 106 of the Biodiversity Law. In this way, in light of the analyses elaborated in this act, this Chamber considers that the plaintiff, as a citizen in full exercise of his rights, and in assurance of the exercise of the rights granted by the Political Constitution in its Article 50, exercises appropriately the right of defense of the environment against the entities that by legal decree were in charge of protecting and ensuring the geographical zone that is deemed affected in this lawsuit; consequently, this Collegiate Body finds him assisted by the legitimate interest and active standing (legitimación activa) against the defendants here, and since legally, the latter -the State and SINAC- are the directly obligated parties to exercise the protection of such rights, as ordered by Articles 13 of the Forest Law and 131 and 59 of the General Law of Public Administration, it is also determined that the defendants have passive standing (legitimados pasivamente) in this proceeding, and therefore, both exceptions must be rejected. Regarding the exception of Lack of Right (Falta de Derecho) invoked by the defendants, it is appropriate to declare it partially with merit, because as already stated, those deciding do not consider it appropriate that the declaration of damages and losses against the defendants allows the assignment of the amounts estimated for that concept to be administered by an entity or body other than MINAET, nor is the creation of any body through this judicial proceeding appropriate. Regarding the remaining claims, said exception must be rejected. XX.- ON THE SURVIVAL OF THE GRANTED PRECAUTIONARY MEASURES. In accordance with what is set forth in result number 6 of this judgment, there exists in the case file a precautionary measure in which SINAC is ordered by resolution of fifteen hours ten minutes of the eighth of July of the year two thousand ten to present reports. This Chamber considers that, given the acceptance of the claims related to the non-conformity of the activities carried out by said defendant, it is prudent to maintain the measures granted, and to expand them so that, as ordered in the aforementioned resolution, detailed reports are rendered, in which, from the finality of this judgment and until expert evidence confirms compliance with what is ordered herein regarding the effective rehabilitation and restoration of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) zone, the Director of SINAC must indicate, under oath (bajo fe de juramento), the actions taken to comply with what is ordered in this judgment and thereby provide due protection to the affected zone, guaranteeing with this legal obligation the exercise of protective actions, under the oversight and study of the institutional head himself. XXI.- ON COSTS: Regarding the order to pay both costs of this proceeding and the corresponding interest, given that this matter has been partially granted and the majority of the claims have been accepted, in accordance with current regulations, since the activity of the defendants is deemed non-conforming with the legal system, it is appropriate to impose on both defendants the payment of both costs of this proceeding, in line with the provisions of numeral 191 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), without this panel considering the existence of any cause that would allow applying the exceptional scenarios to the principle of ordering the losing party to pay costs that is imposed in this matter. As for the interest on the same, since the promoting party expressly requested them, they must be granted from the determination of their amount in the judgment execution stage until their effective payment. THEREFORE (POR TANTO): The defenses of Lack of active and passive standing (Falta de legitimación activa y pasiva), as well as the defense of lack of current interest (falta de interés actual), filed by the defendants, are declared without merit. The defense of lack of right (falta de derecho) filed by the defendants is partially granted, only regarding the Creation of the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental) for the analysis, discussion, reporting, and control of environmental activities, programs, and projects, and regarding ordering the Administration to enter into an agreement or contract with a Public or Private Higher Education institution, or national or international scientific companies or institutions so that the amounts related to the compensation awarded herein are transferred to them. Consequently, the present lawsuit filed by Nombre142575 against the State and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is partially granted, in the following terms, being understood as dismissed in what is not expressly granted: 1) It is declared that the land located in the Sámara beach sector, Cangrejal, located between meridians 367.5 and 368 and between parallels 206.5 and 207, is part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and belongs to the State Heritage (Patrimonio del Estado). 2) The omission to exercise administrative oversight and tutelage powers not acted upon by the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of MINAET over that strip of land is declared non-conforming with the legal system, and SINAC is obligated to pay for the damages caused thereon. 3) SINAC is ordered to, within the period of FIFTEEN DAYS, issue the certification of the zone comprised between meridians 367.5 and 368 and between parallels 206.5 and 207, and to send said certification to the National Registry of Real Property (Registro Nacional de Bienes Inmuebles) for the proper registration of this property as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado); 4) SINAC is ordered to demarcate and post signage on the property subject to this proceeding as State property within the period of FIFTEEN CALENDAR DAYS from the finality of this judgment. Likewise, within the period of FIFTEEN DAYS, the defendants shall provide documentation indicating the names and appointment terms of the members of the Regional Council of the Conservation Area (Consejo Regional del Área de Conservación) and the National Commission for Environmental Management (Comisión Nacional para la Gestión Ambiental), and if these bodies are not yet formed, within said period, proceed to the assignment of representatives from the corresponding sectors that comprise them. 5) The State and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) are jointly and severally ordered to pay for the environmental damages that have occurred in the Cangrejal sector, Nombre41685 of Guanacaste, within the land located within the coordinates meridians 367.5 and 368, parallels 206.5 and 207. The estimation and concretization of such damages must be determined in the judgment execution stage, for which purpose, an expert report must be ordered to enable establishing the concrete damages and their amount. Once that sum is fixed, the award established in the execution stage must be included within the budget of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), in a budget line specifically directed to the execution of repair and rehabilitation actions for the aforementioned zone, a line that must be administered by the cited Ministry or by the respective Conservation Area (Área de Conservación). It is ordered that this ruling be communicated to the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), so that, in accordance with Law No. 8131, it orders the budget execution actions that are merited regarding those budget lines. The same communication is ordered regarding the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República), so that the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) makes the financial provisions in the corresponding budget title. 6) Both costs of the proceeding are borne by the defendants, plus their respective interest, on a joint and several basis, an aspect to be established in the execution stage of this ruling. 7) The measure ordered by this Court in the resolution of fifteen hours ten minutes on July eighth, two thousand ten, is expanded, ordering the Executive Director of SINAC that, from the finality of this judgment and until expert evidence confirms compliance with what is ordered herein regarding the effective rehabilitation and restoration of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) zone; in the reports rendered, the actions taken to effectively comply with what is ordered in this judgment regarding the rehabilitation and restoration of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) zone must be indicated, and said reports must be rendered under oath (bajo fe de juramento). 8) This judgment shall be personally notified to the Executive Director of SINAC for the purposes of administrative compliance with what is ordered herein. Alinne Solano Ramírez Christian Hess Araya Roberto Garita Navarro FILE 10-001331-1027-CA Classification prepared by the Legal Information Center (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 18-02-2026 16:35:19. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República