Res. 00385-2013 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Art. 61(a) Forestry Law — Forest harvesting does not require forestArt. 61(a) Ley Forestal — Aprovechamiento forestal no exige bosque

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00385 - 2013

Fecha de la Resolución: 26 de Junio del 2013 a las 14:45

Expediente: 08-000118-0706-PE

Redactado por: Yadira Godínez Segura

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Infracción a la ley forestal

Subtemas:

Análisis en relación con la tala ilegal de árboles en zona no boscosa.
Consideraciones normativas, alcances y distinción entre los términos forestal y bosque.

Tema: Tala ilegal de árboles

Subtemas:

Corta y aserramiento sin permiso en zona no boscosa.
Consideraciones normativas respecto a la infracción de la Ley Forestal, alcances y distinción entre los términos forestal y bosque.

“II. En el segundo motivo alega errónea aplicación de la ley sustantiva por inobservancia del artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal. La recurrente transcribe el mencionado artículo sobre el cual se queja de errónea interpretación. Según el fallo, no hay duda de que los hechos fueron realizados en área de potrero, en propiedad privada y por eso la acción es atípica, porque para que exista el delito la tala debe darse en área de bosque y además la sentencia fundamenta su posición en votos 359-04 del Tribunal de Casación Penal y 663-98 del Tribunal de Casación Penal del II Circuito (sic). La quejosa considera errónea esa interpretación, porque la Ley Forestal prevé delitos tanto por aprovechamiento en terrenos estatales como privados, no necesariamente en bosques, como afirma el Tribunal.  En apoyo a su posición cita el Manual de Delitos Ambientales de [Nombre1]   y la resolución 1505-2010 del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Solicita se acoja el reclamo y se ordene el reenvío del caso. Con lugar el reclamo. Según se aprecia en el archivo audiovisual que contiene la sentencia oral emitida en el presente asunto, la juzgadora además de concluir en un juicio de duda sobre la participación del imputado en los hechos que se le atribuyeron, -lo que será objeto de examen en otro considerando- también sostuvo que los hechos resultan atípicos. Así, a partir del contador 16:57:54 horas, la jueza señaló lo siguiente: "Evidentemente que ese aprovechamiento maderable se ha entendido que la acción de corta y eliminación de árboles debe darse en zona boscosa y no en terrenos de potreros y en ese tanto considera el Tribunal que resulta atípico… considera este Tribunal que la acción resultaría atípica, porque tal y como ha establecido nuestra jurisprudencia, hago uso de los votos 359-2004 Tribunal Casación Penal II Circuito Judicial de San José... que hace referencia al Voto 663-1998".  El voto 359-2004 -al que alude la a quo- se apoya íntegramente en el voto 682-F-97, mismos que junto al voto 663-98, todos del Tribunal de Casación del II Circuito Judicial de San José, adoptaron en un todo el contenido que expone el mencionado voto 682-F-97 y en el que, en resumen, se determinó que el término “forestal” incluido en el artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal, debe restringirse –según la definición del término en el Diccionario Vox General Ilustrado de la Lengua Española- a la definición de “relativo a los bosques y su aprovechamiento”. Se consideró además en dicho fallo que si bien el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, también define “forestal” como “relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc.”, según expusieron los redactores de tal sentencia: “el término “bosque” debe estimarse como el fundamental y lo concerniente a los “aprovechamientos de leñas, pastos, etc.”, hace mención al aprovechamiento del bosque”. Como consecuencia de tal interpretación, en los terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario, no hay prohibición legal para cortar árboles. Dicha tesis de interpretación descriptiva de los elementos objetivos del tipo contenidos en el artículo 161 de la Ley Forestal, no es compartida por este Tribunal de Apelación de Sentencia. Considerar que forestal es sinónimo de bosque no encuentra sustento en la normativa costarricense. Las diferencias en la definición o conceptualización del término “forestal” contenidas en distintos diccionarios de la lengua española, evidencia que no hay una noción única de dicho vocablo y que tampoco puede reducirse el mismo a tal punto que se le asocie solamente con la idea de bosque, sino que más bien apunta hacia una interpretación del término en relación con varios conceptos relacionados, entre ellos “bosque”, “leñas”, “pastos” , sin que tales definiciones –a través de la palabra “etc.”- lleven a una definición estricta de dicho concepto, que más bien es amplia, pues abarca desde pastos hasta bosques. Lo anterior -cabe reiterarlo- hace imposible asociar la palabra forestal únicamente al concepto de bosque. Así, l a definición que histórica y culturalmente se ha brindado al término forestal, involucra un concepto amplio que abarca múltiples posibilidades, como el aprovechamiento de árboles, maderas, hierbas medicinales, plantas ornamentales, semillas, entre otros, así como también, por ejemplo, otro producto forestal resulta ser el mantenimiento del ciclo hidrológico y el ecoturismo. Hasta aquí vemos la polisemia que presenta la palabra forestal en el lenguaje común.  Pero además, debe tenerse claro que lo que interesa en este caso es la noción normativa de "productos forestales".  Si se considera lo expuesto en relación con el lenguaje común de la palabra "forestal", entonces la idea de “productos forestales” contenida en el tipo penal del artículo 61 de la Ley Forestal, no podría encasillarse en relación únicamente con el concepto de bosque, no solo porque la propia definición del diccionario español no lo hace, sino porque del contenido de la Ley Forestal de referencia, se derivan múltiples elementos que apuntan a que dicho elemento típico es de carácter normativo, encargándose la misma ley, a través de los diferentes artículos, de exponer claramente que el término forestal –con el que además se denominó la ley- no está referido de maner a exclusiva al tema de los bosques, sino que, como se ha indicado, aborda lo forestal en un sentido amplio y concerniente a los recursos naturales que en materia maderable, sus productos y demás elementos que actúan en dicho ecosistema, son regulados a través de esta Ley. En ese sentido se comparte el voto [Telf1] de las 11:15 horas del 23 de diciembre de 2010, del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el que precisamente asumió una posición contraria a la jurisprudencia que invoca la juzgadora en el presente asunto y que la llevara a considerar atípica la conducta del imputado. En este punto, conviene recordar que la determinación del contenido típico del artículo 61 de la Ley Forestal (Nº 7575) exige que se determine qué se entiende por productos forestales. Y tal determinación se debe realizar a la luz de lo que dispone esa ley. Cabe entonces advertir que ello se puede lograr interpretando dicha normativa legal a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, el cual dispone: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas". Obsérvese que no se aboga por realizar interpretación analógica alguna (que está descrita en el artículo 12 del Código Civil y que está vedada en el artículo 2 del Código Penal para establecer conductas penalmente típicas), sino por una interpretación sistemática de la Ley Forestal para establecer lo que en dicha normativa (de orden legal, es pertinente recordar) se entiende por productos forestales, concepto que es determinante de la conducta típica contenida en el artículo 61 de la ley tantas veces mencionada. Ahora bien, para realizar tal ejercicio interpretativo -el sistemático-, es válido acudir a otras disposiciones de la misma legislación (Nº 7575), para entender el alcance del concepto de comentario. Al proceder de esta manera, se aprecia que el legislador entiende por productos forestales objetos que no son bosque, es decir, aquel concepto no está limitado al segundo. Sobre el particular, cabe advertir que el artículo 1 de la Ley Forestal señala que esta tiene el siguiente objetivo: " La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales. En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado" (destacado suplido). Dicho artículo, entre otros, respalda la interpretación sistemática y normativa que aquí se sostiene en relación con el artículo 61 de la Ley Forestal, puesto que el mismo contiene una separación y distinción clara entre los términos “bosques” y “recursos forestales”, e incluso se refiere a la protección de bosques en reservas forestales. Además , del contenido de la Ley Forestal debe considerarse lo siguiente:  i) el artículo 3 de la misma Ley se encarga de exponer una definición del término " bosque" –cuya inconstitucionalidad por omisión relativa ya ha sido declarada por la Sala Constitucional, mediante voto 3923-2007- definición con la cual se restringió el ámbito de protección del medio ambiente. Si bien no existe dentro de la misma Ley Forestal una definición del término “recurso forestal”, es a través de las normas que la misma ley contiene –sin necesidad de acudir a reglamentos u otras normas de rango infralegal- que es posible determinar que dicho término no solo va más allá del concepto de “bosque” - porque así la ley lo distinguió-, sino que al referirse la misma a “recurso forestal”, éste trasciende el concepto de bosque e involucra, además de éste, otros productos no necesariamente derivados de un bosque.  ii) El propio artículo 3 inicia con la definición de “aprovechamiento maderable”, en el que se hace alusión específica de que tal aprovechamiento –corta, eliminación de árboles en pie o utilización de árboles caídos- se realice en “terrenos privados” no incluidos en el artículo 1 de dicha Ley,  ya que el artículo 1 prohíbe la corta o aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado (es decir, en terrenos de dominio público). Tal definición legal del concepto de "aprovechamiento maderable" carecería de sentido si no se estuviera expresamente regulando el control estatal de corta o eliminación de árboles en terrenos privados -dentro de los cuales no es requisito que exista un bosque-, porque de haberlo dispuesto así la ley, habría recurrido a la misma descripción específica de "bosque" en terrenos privados, tal y como fuera redactado el artículo 1 supra citado, en el que expresamente se señala la prohibición de cortar o aprovechar "bosques" en terrenos estatales.  iii) Otra definición que otorga el artículo 3 es la de “Terrenos de aptitud forestal”, que incluye los terrenos contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras. De haberse considerado por el legislador que "forestal" es "bosque", debería entonces entenderse que son terrenos de aptitud para bosque, sin permitir otra clasificación. El mismo ejercicio podría derivar de las definiciones de “manejo forestal” , “plantación forestal”, “régimen forestal” y demás que involucran dicho término y que están allí contenidas, de las cuales se brindan múltiples factores para conocer que se habla en términos generales de elementos relacionados con el concepto de forestal y no en exclusiva de los bosques.  iv) Apartándonos incluso de dichas definiciones, tenemos que la propia Ley Forestal distingue claramente cuándo utiliza el concepto forestal –en el sentido normativo ya expuesto- y cuándo hace referencia específica al concepto de bosque. Así puede observarse que el artículo 6 otorga a la Administración Forestal del Estado varias competencias de control y manejo relacionadas con los bosques y recursos forestales, tanto en áreas estatales como privadas, lo cual evidencia que los segundos son algo más amplio que lo primero.  v) Otra distinción que expone la ley en materia de bosque y forestal lo contiene el artículo 13, el que precisamente determina que el patrimonio natural del Estado costarricense lo constituyen "los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública..." con lo cual válidamente se colige que además de los bosques -definidos expresamente por el artículo 3 de la misma ley- existen otros recursos forestales que -lógicamente- forman parte del patrimonio natural del Estado y que regula la Ley Forestal. La protección de dichos recursos está contenida en los artículos 33 a 35, que prohíben la  corta o eliminación de árboles en áreas diferentes a los bosques -tales como nacientes permanentes, riberas de ríos, quebradas o arroyos, riberas de lagos, embalses naturales o artificiales estatales, áreas de recarga y acuíferos de manantiales- y además declaran de interés público las acciones para prevenir y extinguir incendios forestales -sin determinar áreas específicas para proteger, como serían los bosques-, normativa con la cual en definitiva, pretende la ley regular todo lo relativo a lo forestal, no particularmente los bosques. De igual forma la Ley Forestal regula lo relacionado con los bosques y productos forestales de patrimonio privado. Al respecto, lo relativo al plan de manejo de los bosques privados y los incentivos para la conservación de los mismos, se desarrollan a partir de los artículos 19 a 26 de la Ley de cita. El artículo 27 por su parte establece una limitación de corta de árboles en "terrenos de uso agropecuario y sin bosque" en donde claramente establece dicha normativa, que para cortar más de 10 árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. Es importante detenerse aquí en el análisis de la tipicidad de la conducta bajo estudio, puesto que no existe siquiera necesidad de interpretar la voluntad del legislador al establecer límites cuantitativos en la corta de árboles en terrenos "sin bosque", que a contrario sensu del artículo 3 apartado d) están constituidos por todos aquellos terrenos que no cumplan la definición legal que allí se establece -o sea, un "Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho".  De manera que puede decirse que el terreno en el cual se investiga la tala de árboles en el presente asunto y que es un área de potrero, no se encuentra contenido en dicha definición. La restricción que contiene dicho numeral 27 de la Ley Forestal, encuentra su respectiva sanción en el artículo 61 de la misma Ley, el cual establece: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma" (el subrayado es suplido). De la lectura de la norma se deriva que con excepción del inciso c) que remite al artículo 19  -en el que expresamente se regula lo concerniente a los bosques- en todos los demás incisos el legislador hizo alusión a "productos forestales" , distinción que carecería de todo sentido si producto forestal se hubiera regulado legalmente como sinónimo de bosque. En realidad todo el cuerpo legal que conforma la Ley Forestal resulta conteste con el análisis hasta ahora realizado y señala inequívocamente, que el concepto de forestal que abraza la ley y que forma parte de los elementos descriptivos de los tipos penales mediante los cuales se sancionan las conductas contrarias a los fines de dicha ley, es un concepto que no debe confundirse con el de bosque. Así, según se ha analizado a partir de la literalidad de la ley, el término forestal que ésta establece, involucra también a los árboles, cuya existencia no necesariamente depende de que también exista un bosque, por lo cual resulta imposible invisibilizarlos, no solo porque la ley no lo hace, sino porque -con las deficiencias ya señaladas por la Sala Constitucional en relación con la aplicación del principio precautorio- la Ley Forestal otorga herramientas legales para juzgar y sancionar aquellas acciones que le resulten contrarias. Ahora bien, no puede obviarse que con la Ley Forestal actual, ciertamente el legislador restringió en forma grave el concepto de bosque, perjudicando la protección de la cual deben ser objeto todos los recursos naturales que proveen un ambiente sano para las personas y que cobija el artículo 50 de la Constitución Política como un derecho humano. Así lo expuso la Sala Constitucional en el voto [Telf2] ya citado, en el cual mencionó lo siguiente: "Los bosques . Independientemente del concepto señalado en la Ley Forestal actual, es posible concebir doctrinariamente conceptos más amplios de bosque. Por ejemplo, bosque es un sitio poblado de árboles y matas, generalmente en espesura. Ampliando el concepto, también puede señalarse que "bosque es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo asociaciones vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir madera u otros productos; influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre.". La Procuraduría General nos ilustra en su informe también con algunas definiciones: "los bosques son ecosistemas dinámicos, con procesos continuos de cambio (crecimiento y deterioro) con árboles representativos y dominantes". Se relacionan con otras plantas, animales y microorganismos, así como con su medio físico, geográfico, produciendo una serie de interacciones complejas de elementos bióticos y abióticos denominadas funciones ecológicas, tales como: regulación hidrológica, ciclaje de nutrientes, flujo de energía y regulación climática. Otros distinguen entre bosque primario y bosque secundario. Los primeros, considerados bosques vírgenes o climáticos, se caracterizan por una abundancia de árboles maduros, que no han sido alterados por las actividades humanas, los cuales según datos aportados por la Procuraduría, un 78% de estos bosques a nivel mundial han sido ya destruidos. Los secundarios, por su parte, contienen ecosistemas que se regeneran naturalmente en un plazo medio de 15 años aproximadamente, a partir de una alteración sustancial: inundación, quemas agrícolas, incendios forestales, limpia de terreno o aprovechamiento extensivo. Se caracterizan por la poca cantidad de árboles maduros, con una abundancia de especies de rápido crecimiento y un espeso sotobosque de plántulas y plantas herbáceas. Se caracterizan además por surgir, en algunas ocasiones, a partir de charrales o tacotales. De hecho, es de suma importancia recalcar, que la Ley Forestal previo a su reforma mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996, tenía una concepción de bosque amplísima en el artículo 6: "Son bosques todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa". No se hacía distinción alguna en aquella definición ni en las citadas, el hecho de que para ser considerado bosque, deba estar formado únicamente por árboles nativos y no por exóticos, que incluso pudieron haberse regenerado naturalmente y que deba ser mayor a 2 hectáreas. Otro aspecto importante a considerar son los servicios que prestan los bosques, los cuales son de suma importancia para las personas y para el desarrollo de la misma sociedad, entre ellos podemos citar: servicios maderables (uso de la madera, leña, postes), no maderables (hierbas medicinales, tintes, plantas ornamentales, semillas, bejucos, palmas y materiales de construcción, material para artesanía), mantenimiento del ciclo hidrológico (agua para el consumo humano, labores industriales, comerciales y domésticas; protección de la agricultura, energía hidroeléctrica), regulación del microclima, control de inundaciones, de la erosión, de sedimentos, de vientos y ruidos; paisaje (fotografía, pintura, videos, pesca y turismo), recreación y ecoturismo, mantenimiento de la resistencia, preservación del ecosistema y la biodiversidad (material de investigación, turismo científico), y cambio climático (fijación de dióxido de carbono). De ahí que la afectación de los mismos, acarree graves problemas para el mismo ser humano, toda vez que la deforestación provoca inundaciones, derrumbes, escasez del agua, sedimentación de ríos, riachuelos y represas, pérdidas de cosechas, etc. Visto lo anterior, resulta claro para la Sala, que lleva razón la Procuraduría al señalar, que la definición de bosque contenida en la actual Ley Forestal, es insuficiente y tutela en forma deficitaria los bosques de nuestro país, con el agravante, de que es a partir de ésta, que se producen las demás definiciones de los tipos de terrenos que son objeto de la corta de los mismos, en algunos casos reguladamente y en otras, hasta en forma irrestricta. Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996, tuvo como fin el promover e incentivar la reforestación en nuestro país, para lo cual intentó librar de trámites innecesarios la corta de determinado tipo de árboles. No obstante lo anterior, considera este Tribunal que al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, con mayor cobertura de protección, a una tan restringida en cuanto a especies y superficie, hace que la protección dada con anterioridad al ambiente, haya sido disminuida sin una justificación razonable, que vaya más allá de la necesidad de reforestar y eliminar las trabas administrativas, como un incentivo de esta actividad, pero sin asegurar previamente, que ésta en su ejecución, no pusiera en peligro el ambiente. Debemos recordar que nuestro país ha suscrito compromisos internacionales de protección al ambiente y uno de los principios que debe resguardar es el principio precautorio ya citado, según el cual, la prevención debe anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, este principio rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una posición preventiva, activa y alerta por parte de la administración, pues una conducta posterior y únicamente sancionatoria, haría nugatoria cualquier acción efectiva que se pretenda a favor del ambiente, donde una vez producido el daño, difícilmente puede ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar no sólo a nivel nacional, sino mundial. Y es que este, es uno de los principios rectores en materia ambiental, la prevención. Con ello no se trata tampoco de evitar el desarrollo y detener el progreso y la economía, sin embargo se debe procurar un equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen derecho no sólo las generaciones actuales, sino también las venideras. La Sala ha indicado: "Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano...pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión" ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales : por un lado, los iguales derechos de los demás, y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo". (véanse sentencias 1993-3705 de las quince horas del 30 de julio de 1993 y 1783-94 de las nueve horas cincuenta y siete minutos del 15 de abril de 1994). Este desarrollo no pretende igualar el trato que deben recibir los bosques y las plantaciones forestales indiscriminadamente, toda vez que a partir de estudios ecológicos y socioeconómicos se puede determinar por ejemplo, que un área debe ser forestal protectora, por la necesidad de recuperar el suelo, el agua o proteger especies de flora y fauna, así como en algunos casos lo recomendable puede ser la recuperación del recurso, permitiendo su aprovechamiento forestal o la renovación del bosque. De modo que, lo relevante no es establecer una prohibición total e irrazonada que impida el aprovechamiento de los recursos, pero sí debidamente regulada y que cuente previamente, al menos, con inspecciones que garanticen que no sean talados árboles nativos o exóticos sin importar el área, que estén cumpliendo una función esencial ambiental en el sector donde fueron sembrados o generados naturalmente." Consideramos que la restricción del concepto de "bosque" dentro de la Ley Forestal, que ya de por sí, -como señala el fallo constitucional de referencia- produjo un debilitamiento en la protección de los recursos naturales, no podría conducirnos a interpretar que el concepto forestal se restringe o ajusta al de bosque y se funden en una misma definición.  Primero porque tal y como ya fue expuesto, la propia ley distingue entre ambos conceptos -el primero mediante una definición legal y el segundo mediante una concepción normativa amplia- y además porque nos encontramos frente a una conducta que está típicamente definida y sancionada en la misma ley, mediante los artículos 27 y 61 inciso a). Es importante señalar que en el voto citado, la Sala Constitucional también se pronunció sobre el numeral 27 de la Ley Forestal, de la siguiente forma:  "Según el artículo 27 cuestionado, sólo podrán cortarse hasta un máximo de 3 árboles por hectárea anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta sobrepasare los 10 árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. De modo, que esta norma autoriza la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, los cuales según el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, son aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, ó aquellos árboles ubicados en áreas urbanas. Este Tribunal no estima de lo anterior, que se esté lesionando el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto el mismo señala, que para la corta respectiva, se requiere de la autorización previa de los órganos competentes y se trata de terrenos de uso agropecuario que no tienen bosque, con las limitaciones que además establecen los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal... Nótese que en ambos artículos, la tala no es irrestricta, sino que está sujeta a las condiciones del terreno y a los permisos correspondientes". Dicha norma resulta ser una de las escasas limitaciones legales a la corta de árboles en zonas de terrenos privados que no constituyen bosques, por lo que su vigencia legal obliga en cada caso en particular a determinar si existe una conducta delictiva que deba ser sancionada, conforme dicho ordenamiento legal. De regreso al caso bajo examen, tenemos que contra el imputado se acusó una Infracción al artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal en la modalidad de tala ilegal y un delito de Hurto Agravado. Conforme con el archivo audiovisual en el que consta la sentencia, a partir del contador 15:53:44 horas, como resultando I, se expuso que el Ministerio Público acusó los siguientes hechos: "1.  El 27 de mayo de 2008, a eso de las 12:32 horas, los oficiales de la Fuerza Pública de Los Chiles, sorprenden in fraganti al encartado [Nombre2]   , cortando y aserrando madera en área de potrero dentro de la finca del señor [Nombre3]  , ubicada en Gallo Pinto de San Jorge de Los Chiles, sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, razón por la cual proceden en decomisar la madera que se encontraba talada y aserrada en dicha finca, de seguido la engregan (sic) en depósito provisial (sic) a [Nombre4]   , quedando dicha madera dentro de la citada finca.  2. Es así que el 20 de junio de 2008, a eso de las 13:00 horas, el funcionario del Minaet, [Nombre5]   , conjuntamente con oficiales de la Fuerza Pública e Los Chiles, realiza inspección en la propiedad del señor [Nombre3]  , corroborando que el aquí encartado [Nombre6]  había talado y aserrado treinta y cinco árboles maderables de las especies laurel, cedro y lagarto, todos en área de potrero, sin contar con el permiso de la Dirección Forestal del Estado.  3.  Según certificación emitida por la oficina del Minae de Los Chiles, el aquí imputado [Nombre7]  [Nombre6]  no cuenta con permiso de la Dirección Forestal del Estado para aprovechar árboles en la finca propiedad del señor [Nombre3]  .  4.  Sin precisar fecha, pero a finales del mes de mayo de 2008, el imputado [Nombre2]    ingresó con un camión a la finca del señor [Nombre3]  , sita en Gallo Pinto de San Jorge de Los Chiles, y con la ayuda de los señores [Nombre8]   y [Nombre9]   , cargó la citada madera en dicho camión, apoderándose de manera ilegítima de la madera que había quedado en custodia del aquí denunciante [Nombre4]   ."  Según dicha descripción de hechos, en principio estamos frente a la investigación de un delito por la corta sin permiso de la Dirección Forestal del Estado, de 35 árboles de las especies laurel, cedro y lagarto, en zona no boscosa,  así como ante un delito por sustracción de madera.  De manera que conforme con lo expuesto en relación con la tipicidad de la conducta investigada, la cual por las razones también expuestas se considera que no transgrede el principio de legalidad, no existe obstáculo legal para juzgar al imputado por los hechos acusados y mediante el debido proceso determinar en definitiva si tiene o no responsabilidad penal en los mismos. Según lo dicho, lleva razón el reclamo en el tanto en sentencia se estimó erróneamente que los hechos resultan atípicos, por lo que se ordena la nulidad de la fundamentación del fallo en ese sentido, por ser contraria a Derecho. Establecida la inexistencia de conflicto entre la conducta acusada y el principio de legalidad, de inmediato se procede a valorar el siguiente reclamo por la forma.”

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Texto de la resolución

                    PODER JUDICIAL                                                           

           TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                                               Tel: 2456-9069                   tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr                         Fax: 2445-5193       

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Exp: 08-000118-706-PE

Res: 2013-00385

            TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de junio de dos mil trece.

             RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]., […], por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL Y OTRO en perjuicio de LO RECURSOS NATURALES Y [Nombre2]. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Yadira Godínez Segura, Alberto Alpízar Chaves y David Fallas Redondo. Se apersonan en apelación de sentencia, las representantes del Ministerio Público, las licenciadas [Nombre3]   y [Nombre4]   y el licenciado [Nombre5]   , en condición de defensor particular del encartado [Nombre1].                     

                                                        RESULTANDO:

             1.- Que mediante sentencia número 47-2012 de las quince horas cincuenta y dos minutos del siete de febrero de dos mil doce, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y artículos 39 de la Constitución Política; 1, 30, 31, 45, 61 inciso  a) y e) de la Ley  Forestal,    209 del Código Penal; 1, 6, 9,  360, 361, 363, 364 y 366 del Código Procesal Penal, este Tribunal resuelve: ABSOLVER DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD al imputado [Nombre1]. de haber cometido los delitos de HURTO AGRAVADO E INFRACCION A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES Y O. Se resuelve el presente asunto sin especial condenatoria en costas. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se ordena la inmediata libertad del imputado, si otra causa legal no lo impide. Se informa a las partes que la presente sentencia fue emanada en forma oral dejando en el expediente únicamente los hechos probados si fuera necesario y   la parte dispositiva en forma escrita, pudiendo las partes  obtener una copia si aportan el dispositivo correspondiente. Msc. [Nombre6]  . JUEZA".

            2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la representante del Ministerio Público, la licenciada [Nombre3]  , interpuso recurso de apelación.

            3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

            4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

            Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia [Nombre7] ; y,

CONSIDERANDO:

I. Por escrito presentado el 28 de febrero de 2012, la licenciada [Nombre3]  , fiscal de San Carlos, presentó recurso de apelación contra la sentencia oral número 47-2012 de las 15:30 horas del 7 de febrero de 2012, emitida por el Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela y mediante la cual se absolvió al imputado [Nombre1]. de los delitos de Infracción a la Ley Forestal y Hurto Agravado. La apelante invoca un motivo de forma y otro de aplicación de la ley sustantiva, por lo que para un mejor abordaje de dichos motivos se inicia por el análisis del segundo de ellos.

             II. En el segundo motivo alega errónea aplicación de la ley sustantiva por inobservancia del artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal. La recurrente transcribe el mencionado artículo sobre el cual se queja de errónea interpretación. Según el fallo, no hay duda de que los hechos fueron realizados en área de potrero, en propiedad privada y por eso la acción es atípica, porque para que exista el delito la tala debe darse en área de bosque y además la sentencia fundamenta su posición en votos 359-04 del Tribunal de Casación Penal y 663-98 del Tribunal de Casación Penal del II Circuito (sic). La quejosa considera errónea esa interpretación, porque la Ley Forestal prevé delitos tanto por aprovechamiento en terrenos estatales como privados, no necesariamente en bosques, como afirma el Tribunal.  En apoyo a su posición cita el Manual de Delitos Ambientales de [Nombre8]. y la resolución 1505-2010 del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Solicita se acoja el reclamo y se ordene el reenvío del caso. Con lugar el reclamo. Según se aprecia en el archivo audiovisual que contiene la sentencia oral emitida en el presente asunto, la juzgadora además de concluir en un juicio de duda sobre la participación del imputado en los hechos que se le atribuyeron, -lo que será objeto de examen en otro considerando- también sostuvo que los hechos resultan atípicos. Así, a partir del contador 16:57:54 horas, la jueza señaló lo siguiente: "Evidentemente que ese aprovechamiento maderable se ha entendido que la acción de corta y eliminación de árboles debe darse en zona boscosa y no en terrenos de potreros y en ese tanto considera el Tribunal que resulta atípico… considera este Tribunal que la acción resultaría atípica, porque tal y como ha establecido nuestra jurisprudencia, hago uso de los votos 359-2004 Tribunal Casación Penal II Circuito Judicial de San José... que hace referencia al Voto 663-1998".  El voto 359-2004 -al que alude la a quo- se apoya íntegramente en el voto 682-F-97, mismos que junto al voto 663-98, todos del Tribunal de Casación del II Circuito Judicial de San José, adoptaron en un todo el contenido que expone el mencionado voto 682-F-97 y en el que, en resumen, se determinó que el término “forestal” incluido en el artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal, debe restringirse –según la definición del término en el Diccionario Vox General Ilustrado de la Lengua Española- a la definición de “relativo a los bosques y su aprovechamiento”. Se consideró además en dicho fallo que si bien el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, también define “forestal” como “relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc.”, según expusieron los redactores de tal sentencia: “el término “bosque” debe estimarse como el fundamental y lo concerniente a los “aprovechamientos de leñas, pastos, etc.”, hace mención al aprovechamiento del bosque”. Como consecuencia de tal interpretación, en los terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario, no hay prohibición legal para cortar árboles. Dicha tesis de interpretación descriptiva de los elementos objetivos del tipo contenid os en el artículo 161 de la Ley Forestal, no es compartida por este Tribunal de Apelación de Sentencia. Considerar que forestal es sinónimo de bosque no encuentra sustento en la normativa costarricense. Las diferencias en la definición o conceptualización del término “forestal” contenidas en distintos diccionarios de la lengua española, evidencia que no hay una noción única de dicho vocablo y que tampoco puede reducirse el mismo a tal punto que se le asocie solamente con la idea de bosque, sino que más bien apunta hacia una interpretación del término en relación con varios conceptos relacionados, entre ellos “bosque”, “leñas”, “pastos” , sin que tales definiciones –a través de la palabra “etc.”- lleven a una definición estricta de dicho concepto, que más bien es amplia, pues abarca desde pastos hasta bosques. Lo anterior -cabe reiterarlo- hace imposible asociar la palabra forestal únicamente al concepto de bosque. Así, l a definición que histórica y culturalmente se ha brindado al término forestal, involucra un concepto amplio que abarca múltiples posibilidades, como el aprovechamiento de árboles, maderas, hierbas medicinales, plantas ornamentales, semillas, entre otros, así como también, por ejemplo, otro producto forestal resulta ser el mantenimiento del ciclo hidrológico y el ecoturismo. Hasta aquí vemos la polisemia que presenta la palabra forestal en el lenguaje común.  Pero además, debe tenerse claro que lo que interesa en este caso es la noción normativa de "productos forestales".  Si se considera lo expuesto en relación con el lenguaje común de la palabra "forestal", entonces la idea de “productos forestales” contenida en el tipo penal del artículo 61 de la Ley Forestal, no podría encasillarse en relación únicamente con el concepto de bosque, no solo porque la propia definición del diccionario español no lo hace, sino porque del contenido de la Ley Forestal de referencia, se derivan múltiples elementos que apuntan a que dicho elemento típico es de carácter normativo, encargándose la misma ley, a través de los diferentes artículos, de exponer claramente que el término forestal –con el que además se denominó la ley- no está referido de maner a exclusiva al tema de los bosques, sino que, como se ha indicado, aborda lo forestal en un sentido amplio y concerniente a los recursos naturales que en materia maderable, sus productos y demás elementos que actúan en dicho ecosistema, son regulados a través de esta Ley. En ese sentido se comparte el voto [Telf1] de las 11:15 horas del 23 de diciembre de 2010, del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, el que precisamente asumió una posición contraria a la jurisprudencia que invoca la juzgadora en el presente asunto y que la llevara a considerar atípica la conducta del imputado. En este punto, conviene recordar que la determinación del contenido típico del artículo 61 de la Ley Forestal (Nº 7575) exige que se determine qué se entiende por productos forestales. Y tal determinación se debe realizar a la luz de lo que dispone esa ley. Cabe entonces advertir que ello se puede lograr interpretando dicha normativa legal a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, el cual dispone: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas". Obsérvese que no se aboga por realizar interpretación analógica alguna (que está descrita en el artículo 12 del Código Civil y que está vedada en el artículo 2 del Código Penal para establecer conductas penalmente típicas), sino por una interpretación sistemática de la Ley Forestal para establecer lo que en dicha normativa (de orden legal, es pertinente recordar) se entiende por productos forestales, concepto que es determinante de la conducta típica contenida en el artículo 61 de la ley tantas veces mencionada. Ahora bien, para realizar tal ejercicio interpretativo -el sistemático-, es válido acudir a otras disposiciones de la misma legislación (Nº 7575), para entender el alcance del concepto de comentario. Al proceder de esta manera, se aprecia que el legislador entiende por productos forestales objetos que no son bosque, es decir, aquel concepto no está limitado al segundo. Sobre el particular, cabe advertir que el artículo 1 de la Ley Forestal señala que esta tiene el siguiente objetivo: " La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales. En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado" (destacado suplido). Dicho artículo, entre otros, respalda la interpretación sistemática y normativa que aquí se sostiene en relación con el artículo 61 de la Ley Forestal, puesto que el mismo contiene una separación y distinción clara entre los términos “bosques” y “recursos forestales”, e incluso se refiere a la protección de bosques en reservas forestales. Además , del contenido de la Ley Forestal debe considerarse lo siguiente:  i) el artículo 3 de la misma Ley se encarga de exponer una definición del término " bosque" –cuya inconstitucionalidad por omisión relativa ya ha sido declarada por la Sala Constitucional, mediante voto 3923-2007- definición con la cual se restringió el ámbito de protección del medio ambiente. Si bien no existe dentro de la misma Ley Forestal una definición del término “recurso forestal”, es a través de las normas que la misma ley contiene –sin necesidad de acudir a reglamentos u otras normas de rango infralegal- que es posible determinar que dicho término no solo va más allá del concepto de “bosque” - porque así la ley lo distinguió-, sino que al referirse la misma a “recurso forestal”, éste trasciende el concepto de bosque e involucra, además de éste, otros productos no necesariamente derivados de un bosque.  ii) El propio artículo 3 inicia con la definición de “aprovechamiento maderable”, en el que se hace alusión específica de que tal aprovechamiento –corta, eliminación de árboles en pie o utilización de árboles caídos- se realice en “terrenos privados” no incluidos en el artículo 1 de dicha Ley,  ya que el artículo 1 prohíbe la corta o aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado (es decir, en terrenos de dominio público). Tal definición legal del concepto de "aprovechamiento maderable" carecería de sentido si no se estuviera expresamente regulando el control estatal de corta o eliminación de árboles en terrenos privados -dentro de los cuales no es requisito que exista un bosque-, porque de haberlo dispuesto así la ley, habría recurrido a la misma descripción específica de "bosque" en terrenos privados, tal y como fuera redactado el artículo 1 supra citado, en el que expresamente se señala la prohibición de cortar o aprovechar "bosques" en terrenos estatales.  iii) Otra definición que otorga el artículo 3 es la de “Terrenos de aptitud forestal”, que incluye los terrenos contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras. De haberse considerado por el legislador que "forestal" es "bosque", debería entonces entenderse que son terrenos de aptitud para bosque, sin permitir otra clasificación. El mismo ejercicio podría derivar de las definiciones de “manejo forestal” , “plantación forestal”, “régimen forestal” y demás que involucran dicho término y que están allí contenidas, de las cuales se brindan múltiples factores para conocer que se habla en términos generales de elementos relacionados con el concepto de forestal y no en exclusiva de los bosques.  iv) Apartándonos incluso de dichas definiciones, tenemos que la propia Ley Forestal distingue claramente cuándo utiliza el concepto forestal –en el sentido normativo ya expuesto- y cuándo hace referencia específica al concepto de bosque. Así puede observarse que el artículo 6 otorga a la Administración Forestal del Estado varias competencias de control y manejo relacionadas con los bosques y recursos forestales, tanto en áreas estatales como privadas, lo cual evidencia que los segundos son algo más amplio que lo primero.  v) Otra distinción que expone la ley en materia de bosque y forestal lo contiene el artículo 13, el que precisamente determina que el patrimonio natural del Estado costarricense lo constituyen "los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública..." con lo cual válidamente se colige que además de los bosques -definidos expresamente por el artículo 3 de la misma ley- existen otros recursos forestales que -lógicamente- forman parte del patrimonio natural del Estado y que regula la Ley Forestal. La protección de dichos recursos está contenida en los artículos 33 a 35, que prohíben la  corta o eliminación de árboles en áreas diferentes a los bosques -tales como nacientes permanentes, riberas de ríos, quebradas o arroyos, riberas de lagos, embalses naturales o artificiales estatales, áreas de recarga y acuíferos de manantiales- y además declaran de interés público las acciones para prevenir y extinguir incendios forestales -sin determinar áreas específicas para proteger, como serían los bosques-, normativa con la cual en definitiva, pretende la ley regular todo lo relativo a lo forestal, no particularmente los bosques. De igual forma la Ley Forestal regula lo relacionado con los bosques y productos forestales de patrimonio privado. Al respecto, lo relativo al plan de manejo de los bosques privados y los incentivos para la conservación de los mismos, se desarrollan a partir de los artículos 19 a 26 de la Ley de cita. El artículo 27 por su parte establece una limitación de corta de árboles en "terrenos de uso agropecuario y sin bosque" en donde claramente establece dicha normativa, que para cortar más de 10 árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. Es importante detenerse aquí en el análisis de la tipicidad de la conducta bajo estudio, puesto que no existe siquiera necesidad de interpretar la voluntad del legislador al establecer límites cuantitativos en la corta de árboles en terrenos "sin bosque", que a contrario sensu del artículo 3 apartado d) están constituidos por todos aquellos terrenos que no cumplan la definición legal que allí se establece -o sea, un "Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho".  De manera que puede decirse que el terreno en el cual se investiga la tala de árboles en el presente asunto y que es un área de potrero, no se encuentra contenido en dicha definición. La restricción que contiene dicho numeral 27 de la Ley Forestal, encuentra su respectiva sanción en el artículo 61 de la misma Ley, el cual establece: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma" (el subrayado es suplido). De la lectura de la norma se deriva que con excepción del inciso c) que remite al artículo 19  -en el que expresamente se regula lo concerniente a los bosques- en todos los demás incisos el legislador hizo alusión a "productos forestales" , distinción que carecería de todo sentido si producto forestal se hubiera regulado legalmente como sinónimo de bosque. En realidad todo el cuerpo legal que conforma la Ley Forestal resulta conteste con el análisis hasta ahora realizado y señala inequívocamente, que el concepto de forestal que abraza la ley y que forma parte de los elementos descriptivos de los tipos penales mediante los cuales se sancionan las conductas contrarias a los fines de dicha ley, es un concepto que no debe confundirse con el de bosque. Así, según se ha analizado a partir de la literalidad de la ley, el término forestal que ésta establece, involucra también a los árboles, cuya existencia no necesariamente depende de que también exista un bosque, por lo cual resulta imposible invisibilizarlos, no solo porque la ley no lo hace, sino porque -con las deficiencias ya señaladas por la Sala Constitucional en relación con la aplicación del principio precautorio- la Ley Forestal otorga herramientas legales para juzgar y sancionar aquellas acciones que le resulten contrarias. Ahora bien, no puede obviarse que con la Ley Forestal actual, ciertamente el legislador restringió en forma grave el concepto de bosque, perjudicando la protección de la cual deben ser objeto todos los recursos naturales que proveen un ambiente sano para las personas y que cobija el artículo 50 de la Constitución Política como un derecho humano. Así lo expuso la Sala Constitucional en el voto [Telf2] ya citado, en el cual mencionó lo siguiente: "Los bosques . Independientemente del concepto señalado en la Ley Forestal actual, es posible concebir doctrinariamente conceptos más amplios de bosque. Por ejemplo, bosque es un sitio poblado de árboles y matas, generalmente en espesura. Ampliando el concepto, también puede señalarse que "bosque es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo asociaciones vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir madera u otros productos; influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre.". La Procuraduría General nos ilustra en su informe también con algunas definiciones: "los bosques son ecosistemas dinámicos, con procesos continuos de cambio (crecimiento y deterioro) con árboles representativos y dominantes". Se relacionan con otras plantas, animales y microorganismos, así como con su medio físico, geográfico, produciendo una serie de interacciones complejas de elementos bióticos y abióticos denominadas funciones ecológicas, tales como: regulación hidrológica, ciclaje de nutrientes, flujo de energía y regulación climática. Otros distinguen entre bosque primario y bosque secundario. Los primeros, considerados bosques vírgenes o climáticos, se caracterizan por una abundancia de árboles maduros, que no han sido alterados por las actividades humanas, los cuales según datos aportados por la Procuraduría, un 78% de estos bosques a nivel mundial han sido ya destruidos. Los secundarios, por su parte, contienen ecosistemas que se regeneran naturalmente en un plazo medio de 15 años aproximadamente, a partir de una alteración sustancial: inundación, quemas agrícolas, incendios forestales, limpia de terreno o aprovechamiento extensivo. Se caracterizan por la poca cantidad de árboles maduros, con una abundancia de especies de rápido crecimiento y un espeso sotobosque de plántulas y plantas herbáceas. Se caracterizan además por surgir, en algunas ocasiones, a partir de charrales o tacotales. De hecho, es de suma importancia recalcar, que la Ley Forestal previo a su reforma mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996, tenía una concepción de bosque amplísima en el artículo 6: "Son bosques todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa". No se hacía distinción alguna en aquella definición ni en las citadas, el hecho de que para ser considerado bosque, deba estar formado únicamente por árboles nativos y no por exóticos, que incluso pudieron haberse regenerado naturalmente y que deba ser mayor a 2 hectáreas. Otro aspecto importante a considerar son los servicios que prestan los bosques, los cuales son de suma importancia para las personas y para el desarrollo de la misma sociedad, entre ellos podemos citar: servicios maderables (uso de la madera, leña, postes), no maderables (hierbas medicinales, tintes, plantas ornamentales, semillas, bejucos, palmas y materiales de construcción, material para artesanía), mantenimiento del ciclo hidrológico (agua para el consumo humano, labores industriales, comerciales y domésticas; protección de la agricultura, energía hidroeléctrica), regulación del microclima, control de inundaciones, de la erosión, de sedimentos, de vientos y ruidos; paisaje (fotografía, pintura, videos, pesca y turismo), recreación y ecoturismo, mantenimiento de la resistencia, preservación del ecosistema y la biodiversidad (material de investigación, turismo científico), y cambio climático (fijación de dióxido de carbono). De ahí que la afectación de los mismos, acarree graves problemas para el mismo ser humano, toda vez que la deforestación provoca inundaciones, derrumbes, escasez del agua, sedimentación de ríos, riachuelos y represas, pérdidas de cosechas, etc. Visto lo anterior, resulta claro para la Sala, que lleva razón la Procuraduría al señalar, que la definición de bosque contenida en la actual Ley Forestal, es insuficiente y tutela en forma deficitaria los bosques de nuestro país, con el agravante, de que es a partir de ésta, que se producen las demás definiciones de los tipos de terrenos que son objeto de la corta de los mismos, en algunos casos reguladamente y en otras, hasta en forma irrestricta. Ciertamente la reforma a esta ley, que se produjo mediante ley No. 7575 de 5 de febrero de 1996, tuvo como fin el promover e incentivar la reforestación en nuestro país, para lo cual intentó librar de trámites innecesarios la corta de determinado tipo de árboles. No obstante lo anterior, considera este Tribunal que al haber pasado la ley de una definición amplia de bosque, con mayor cobertura de protección, a una tan restringida en cuanto a especies y superficie, hace que la protección dada con anterioridad al ambiente, haya sido disminuida sin una justificación razonable, que vaya más allá de la necesidad de reforestar y eliminar las trabas administrativas, como un incentivo de esta actividad, pero sin asegurar previamente, que ésta en su ejecución, no pusiera en peligro el ambiente. Debemos recordar que nuestro país ha suscrito compromisos internacionales de protección al ambiente y uno de los principios que debe resguardar es el principio precautorio ya citado, según el cual, la prevención debe anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, este principio rector de prevención, se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Sin duda alguna, para ello se requiere de una posición preventiva, activa y alerta por parte de la administración, pues una conducta posterior y únicamente sancionatoria, haría nugatoria cualquier acción efectiva que se pretenda a favor del ambiente, donde una vez producido el daño, difícilmente puede ser restaurado y sus efectos nocivos pueden afectar no sólo a nivel nacional, sino mundial. Y es que este, es uno de los principios rectores en materia ambiental, la prevención. Con ello no se trata tampoco de evitar el desarrollo y detener el progreso y la economía, sin embargo se debe procurar un equilibrio que le permita al ser humano desarrollarse, pero también vivir y disfrutar ese desarrollo, al cual tienen derecho no sólo las generaciones actuales, sino también las venideras. La Sala ha indicado: "Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano...pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión" ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales : por un lado, los iguales derechos de los demás, y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo". (véanse sentencias 1993-3705 de las quince horas del 30 de julio de 1993 y 1783-94 de las nueve horas cincuenta y siete minutos del 15 de abril de 1994). Este desarrollo no pretende igualar el trato que deben recibir los bosques y las plantaciones forestales indiscriminadamente, toda vez que a partir de estudios ecológicos y socioeconómicos se puede determinar por ejemplo, que un área debe ser forestal protectora, por la necesidad de recuperar el suelo, el agua o proteger especies de flora y fauna, así como en algunos casos lo recomendable puede ser la recuperación del recurso, permitiendo su aprovechamiento forestal o la renovación del bosque. De modo que, lo relevante no es establecer una prohibición total e irrazonada que impida el aprovechamiento de los recursos, pero sí debidamente regulada y que cuente previamente, al menos, con inspecciones que garanticen que no sean talados árboles nativos o exóticos sin importar el área, que estén cumpliendo una función esencial ambiental en el sector donde fueron sembrados o generados naturalmente." Consideramos que la restricción del concepto de "bosque" dentro de la Ley Forestal, que ya de por sí, -como señala el fallo constitucional de referencia- produjo un debilitamiento en la protección de los recursos naturales, no podría conducirnos a interpretar que el concepto forestal se restringe o ajusta al de bosque y se funden en una misma definición.  Primero porque tal y como ya fue expuesto, la propia ley distingue entre ambos conceptos -el primero mediante una definición legal y el segundo mediante una concepción normativa amplia- y además porque nos encontramos frente a una conducta que está típicamente definida y sancionada en la misma ley, mediante los artículos 27 y 61 inciso a). Es importante señalar que en el voto citado, la Sala Constitucional también se pronunció sobre el numeral 27 de la Ley Forestal, de la siguiente forma:  "Según el artículo 27 cuestionado, sólo podrán cortarse hasta un máximo de 3 árboles por hectárea anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta sobrepasare los 10 árboles por inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado. De modo, que esta norma autoriza la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, los cuales según el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, son aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, ó aquellos árboles ubicados en áreas urbanas. Este Tribunal no estima de lo anterior, que se esté lesionando el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto el mismo señala, que para la corta respectiva, se requiere de la autorización previa de los órganos competentes y se trata de terrenos de uso agropecuario que no tienen bosque, con las limitaciones que además establecen los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal... Nótese que en ambos artículos, la tala no es irrestricta, sino que está sujeta a las condiciones del terreno y a los permisos correspondientes". Dicha norma resulta ser una de las escasas limitaciones legales a la corta de árboles en zonas de terrenos privados que no constituyen bosques, por lo que su vigencia legal obliga en cada caso en particular a determinar si existe una conducta delictiva que deba ser sancionada, conforme dicho ordenamiento legal. De regreso al caso bajo examen, tenemos que contra el imputado se acusó una Infracción al artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal en la modalidad de tala ilegal y un delito de Hurto Agravado. Conforme con el archivo audiovisual en el que consta la sentencia, a partir del contador 15:53:44 horas, como resultando I, se expuso que el Ministerio Público acusó los siguientes hechos: "1.  El 27 de mayo de 2008, a eso de las 12:32 horas, los oficiales de la Fuerza Pública de Los Chiles, sorprenden in fraganti al encartado [Nombre1]., cortando y aserrando madera en área de potrero dentro de la finca del señor [Nombre9]., ubicada en Gallo Pinto de San Jorge de Los Chiles, sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, razón por la cual proceden en decomisar la madera que se encontraba talada y aserrada en dicha finca, de seguido la engregan en depósito provisial a [Nombre2]., quedando dicha madera dentro de la citada finca.  2. Es así que el 20 de junio de 2008, a eso de las 13:00 horas, el funcionario del Minaet, [Nombre10]., conjuntamente con oficiales de la Fuerza Pública e Los Chiles, realiza inspección en la propiedad del señor [Nombre9]., corroborando que el aquí encartado [Nombre1]. había talado y aserrado treinta y cinco árboles maderables de las especies laurel, cedro y lagarto, todos en área de potrero, sin contar con el permiso de la Dirección Forestal del Estado.  3.  Según certificación emitida por la oficina del Minae de Los Chiles, el aquí imputado [Nombre1]. no cuenta con permiso de la Dirección Forestal del Estado para aprovechar árboles en la finca propiedad del señor [Nombre9].  4.  Sin precisar fecha, pero a finales del mes de mayo de 2008, el imputado [Nombre1]. ingresó con un camión a la finca del señor [Nombre9]., sita en Gallo Pinto de San Jorge de Los Chiles, y con la ayuda de los señores [Nombre11]. y [Nombre12]., cargó la citada madera en dicho camión, apoderándose de manera ilegítima de la madera que había quedado en custodia del aquí denunciante [Nombre2].."  Según dicha descripción de hechos, en principio estamos frente a la investigación de un delito por la corta sin permiso de la Dirección Forestal del Estado, de 35 árboles de las especies laurel, cedro y lagarto, en zona no boscosa,  así como ante un delito por sustracción de madera.  De manera que conforme con lo expuesto en relación con la tipicidad de la conducta investigada, la cual por las razones también expuestas se considera que no transgrede el principio de legalidad, no existe obstáculo legal para juzgar al imputado por los hechos acusados y mediante el debido proceso determinar en definitiva si tiene o no responsabilidad penal en los mismos. Según lo dicho, lleva razón el reclamo en el tanto en sentencia se estimó erróneamente que los hechos resultan atípicos, por lo que se ordena la nulidad de la fundamentación del fallo en ese sentido, por ser contraria a Derecho. Establecida la inexistencia de conflicto entre la conducta acusada y el principio de legalidad, de inmediato se procede a valorar el siguiente reclamo por la forma.

             III. Como primer motivo señala falta de fundamentación jurídica por insuficiente, contradictoria y errónea valoración de la prueba. Indica que en el fallo se omite indicar las razones por las que se absolvió al imputado, sin valorar a fondo la totalidad de la prueba aportada por el Ministerio Público. Agrega que el Tribunal se contradice al valorar parcialmente la prueba. Según criterio de la quejosa sí se comprobó la tala y aprovechamiento de productos forestales, mientras el imputado fue absuelto por falta de certeza de que fuera el responsable de los hechos acusados. Indica los elementos de juicio de los cuales el fallo derivó la duda y según dice, se dejaron de valorar otras versiones, como la del testigo [Nombre13]. y la prueba documental, la que a su juicio acredita que fue el imputado el responsable de los hechos. No está de acuerdo en la "contracción" (sic folios 297 y 298) que encontró el Tribunal de Juicio entre los testimonios de [Nombre14]. y [Nombre13]., porque a su juicio se hizo una errónea interpretación de lo dicho por el primero, "quien en realidad lo que indica es que el hijo del dueño de la propiedad manifestó que se iba a hacer responsable de lo que estaba pasado ahí y que si había permiso" (copia textual folio 298).  De seguido hace un análisis del resto de la versión de este testigo y de cómo considera que debió valorarla el Tribunal, junto con el resto de los testigos. Agrega que el Tribunal no explica en forma detallada por qué la prueba le merece o no credibilidad. De igual forma señala que el Tribunal yerra por falta de fundamentación y errónea interpretación de la prueba al absolver al imputado por la sustracción de la madera, por no determinarse que dicha madera que el acusado cargó en el camión, sea la que estaba en depósito provisional de [Nombre2]., para lo cual se dejó de analizar las versiones de [Nombre15]., [Nombre11]. y [Nombre12].  Acusa que el fallo adolece de argumentaciones "infundadas y desproporcionadas" (folio 300).  Como agravio indica que la sentencia es ilegítima y arbitraria.  Con lugar el reclamo. Considera esta Cámara que en realidad el fallo adolece de fundamentación legal que lo valide y el escaso que se agregó resulta confuso, contradictorio e insuficiente. A partir del minuto 15:53:44 y hasta el minuto 16:32:00, la jueza realiza una amplia descripción de lo declarado por todos los testigos y el imputado [Nombre1].  No se incluyó en sentencia un apartado de hechos probados o no probados, por lo que es a partir del minuto 16:32:00 horas, en que la juzgadora empieza la exposición de lo que pareciera ser un análisis probatorio, sin embargo incurre en una serie de innecesarias reiteraciones en las que le informa al imputado sobre lo que se le acusó y así indica el fallo: "Esa es la primera parte que don [Nombre1]. a usted se le acusa... Posteriormente usted también enfrenta este juicio y se indica que una vez que ha realizado la Fuerza Pública esta inspección en conjunto con oficiales del MINAE  donde se constata que se ha dado efectivamente una tala de árboles maderables en esta finca de potrero...",  y dirigiéndose siempre al imputado le manifiesta que también lo acusan de que sustrajo madera de custodia de [Nombre2].. Y agrega: "con base en esta acusación es que una vez iniciada la investigación por parte de la fiscalía se realiza la misma" (16:34:00 horas).  De seguido la jueza informa que va a valorar la prueba conforme con la sana crítica y el principio de inocencia y señala: "El Tribunal una vez realizada la deliberación correspondiente, analizada todos los testigos, que dicho sea de paso fueron bastantes los que se trajeron a este contradictorio, a fin de demostrar estos hechos en su contra, se determina que no existe la certeza absoluta para esta juzgadora para emanar una sentencia condenatoria en su contra y se indica esta situación por las siguientes consideraciones: Con base en esta acusación se debe tener claro por su persona, que a usted se le está acusando...." continúa con una exposición del  lugar, circunstancias y normativa que invoca la fiscalía para la acusación y concluye que no hay duda de que la corta de árboles se dio en zona de potrero "porque así lo dice la pieza acusatoria" . La reseña antes referida sobre el contenido de la fundamentación del fallo, revelan las falencias que sobre el análisis probatorio se detectan en el resto de la exposición de la sentencia. En ésta, constantemente -y puede decirse en forma tediosa- se reitera la declaración dada por los testigos, sin agregar ningún análisis de tales declaraciones.  Sobre lo dicho por el imputado, -versión que se reitera constantemente en este apartado de la sentencia- indica la a quo lo siguiente: "A pesar de esas consideraciones, no por eventualmente haber tenido el Tribunal acá testigos, que si bien es cierto ninguno ha sido claro en cuanto a que estos hechos fueron en mayo del año 2008, específicamente, algunos hacen referencia a que fue hace tres años, hace menos de dos años, hace aproximadamente cuatro años, hace cinco aproximadamente, sin embargo se debe de tomar en cuenta que aquí se está en presencia de una corta y un aserrío de madera, en un área de potrero tal y como lo corrigió la fiscalía en su momento... Siguiendo con el análisis de la declaración, y eh, empezando con la declaración de los testigos [Nombre13].". La jueza se entretiene en referirse vagamente al dicho de testigos y omite así analizar la versión dada por el imputado, declaración en la cual admitió haber ordenado a otros ir a realizar la corta de árboles en el terreno investigado y brindó otras consideraciones que simplemente fueron ignoradas por el Tribunal, sin otorgarle ningún tipo de valor, como era exigible.  La dinámica con la que continúa la exposición del fallo es resumir otra vez lo que dijo el testigo [Nombre14]. e indica que básicamente son coincidentes con las labores realizadas por otro testigo –M.-, y que se contradice con lo dicho por [Nombre2]. y agrega: "Pese a ello considera este Tribunal que a estos testigos no se les nota ninguna particularidad para venir a perjudicarlo a usted... siguiendo con la valoración de esta prueba (vuelve a decir lo que dijeron los testigos) tenemos que con base en esa prueba se identifica que los hechos se dan en zona de potrero (insiste en lo que dijeron textualmente los testigos) estima el Tribunal... que se puede aclarar la situación en el tanto también don [Nombre14]. fue coincidente en que la persona que estaba trayendo el permiso, lo hizo, había mencionado que estaba dentro de un vehículo y que estaba estacionado en vía pública... (vuelve a referir ampliamente lo que dijo [Nombre2].) posteriormente en cuanto a la otra situación el señor testigo menciona que la Fuerza Púbica en virtud de esta situación y por no coincidir el permiso que el señor [Nombre1]. tenía que lo deja en depósito provisional de esta madera...".  De seguido insiste en reiterar lo que dijo [Nombre2]. y agrega: "En cuanto a los primeros hechos... uno, dos y tres acusados... también este testigo es muy conteste de que esta madera y árboles estaban en potrero y ha sido enfático en que el señor encartado fue el que sustrajo la madera posteriormente. Otro de los testigos que han sido claros en cuanto a esta situación es don [Nombre15].".  Conforme se desprende de lo anterior, esa dinámica de informar el fallo, además de confusa y carente de una verdadera confrontación de versiones, impide conocer en forma clara cuál es la información dada por los testigos y cuál es la valoración y conclusión otorgada por la jueza. De esa forma se fueron sumando minutos a una exposición que, no solo resulta ser una multireiteración de los testimonios recabados, sino que sobre los mismos no existe un análisis que sirva de fundamento para la duda que, según señala el fallo, surgió con dicha prueba. Realizando un escaso análisis de la prueba, indica la sentencia lo siguiente:  "De acuerdo a la valoración de todos los testimonios se tiene en cuenta de que es un área de potrero, se ubica al señor encartado , a pesar de que él mismo indicó que no había estado cuando se había dado esta tala. Para el Tribunal no es consistente la declaración del señor encartado en cuanto a este punto y por ello no se le da credibilidad.  No se le da credibilidad a pesar de la decisión que se está tomando en el tanto fue ubicado por uno de los oficiales de la fuerza pública... además de eso es claro y enfático en señalar que se estaba dándose el sonido de una motosierra, que se estaba trabajando en ese lugar". De lo anterior pareciera desprenderse que para la a quo se demostró la presencia del imputado en el lugar en donde se daba la corta de árboles pero posteriormente expone que sobre el punto surgió duda.  Asimismo, sobre los hechos constitutivos del delito de hurto, señala el fallo que no le cree la versión del imputado de que estuviera en el sitio porque estaba transportando muebles, porque la prueba no señala tal cosa. No obstante concluye contradictoriamente que los testimonios no son suficientes para condenar, sin indicar por qué. También refiere el fallo consideraciones sobre lo que debe considerarse "aprovechamiento" de la madera, e indica: "¿Qué se debe determinar para verificar el aprovechamiento?  Ha existido... una duda en el tanto el señor encartado refiere en primera instancia que fue el señor [Nombre2]. el que lo buscó para hacer esa corta, sin embargo a uno de los oficiales... de apellido [Nombre13].... le dice el señor encartado que él es el responsable de la madera y por otro lado, también existe esta denuncia del oficial que depuso y aquí también don [Nombre16]. lo manifestó en este contradictorio que el que se había identificado como responsable de esta madera era un hijo del señor de la propiedad, incluso al final de su deposición dijo que era otro hermano... un hermano de [Nombre2]., el que le había informado que estaba aprovechando la madera en convenio con este señor, refiriéndose al acusado que le había comprado la madera... ha existido duda... en virtud de que... el señor [Nombre2]. fue enfático en indicar que él solamente le vendió la madera al imputado y que éste le indicó que se encargaría de los permisos... a pesar de estas consideraciones estima este Tribunal que aunado a que la declaración del señor [Nombre10]. ha mencionado que se necesita permiso para realizar corta en potrero y en propiedad privada, estima este Tribunal que esta acción es atípica porque...".  A partir de este momento del fallo oral, la juzgadora se aboca a justificar en la jurisprudencia ya analizada en el Considerando II de esta sentencia, su posición de que los hechos son atípicos y afirma que la finalidad de la ley forestal es la protección de zonas boscosas , lo cual como se indicó líneas atrás, es algo totalmente errado. La misma situación de errónea fundamentación se dio en relación con el delito de hurto de madera, sobre el cual indica el fallo que la fiscal solicitó seis meses de prisión en reproche de dos conductas y no desligó algunas de las acciones, y por ende "es más dudoso en cuanto a la petición de la señora fiscal", aseveración que no contiene ningún fundamento y el escaso que fue dado contiene incongruencias y contradicciones que le restan validez. Así indica el fallo: "No ha existido ninguna duda de que la madera decomisada... quedó en manos del señor [Nombre2].... es claro para este Tribunal que el señor encartado sí montó en su camión cierta madera... (también dice que hay duda sobre este aspecto porque el testigo [Nombre11]. no fue enfático en acreditar esta versión) sin embargo es importante conocer mayores características de la especie, por ejemplo o de la cantidad de esta madera que supuestamente montó en su vehículo...". De manera que aun cuando la jueza refiere tener prueba de que el imputado cargó la madera, por otro lado dice que no le es suficiente para la condena -sin indicar por qué- y pese a hacer alusión de múltiple prueba en contrario, concluye contradictoriamente que surge una duda, que no justifica ni se infiere del fallo.  Sobre tal aspecto indica la sentencia:  "No se puede arribar a eso fehacientemente a pesar de que [Nombre11]. dijo que usted cargó esa madera que estaba en la finca de don [Nombre9]. y otro testigo llamado [Nombre12]. también dijo que esa madera que lo había ayudado al imputado a trasladar estaba en ese lugar.   Este testigo menciona que creía que era cedro ...esos testigos si bien es cierto refieren a su persona que carga una madera, para el Tribunal no queda fehacientemente determinado que esa madera fuera la misma que ese día se le entregara en depósito provisional a don [Nombre2].... el hermano de don [Nombre2]. también lo menciona a usted... y un testigo refiere que la madera que usted se llevó era la decomisada... usted era el conductor del vehículo... dejando de lado esta situación por parte de este Tribunal, a efectos de darle credibilidad o no a este testigo [Nombre15]., sin embargo de lo que él refiere no se puede llegar a tener prueba directa, como testigo presencial o por lo menos a derivar de él un indicio que no lleve a más de una conclusión, por qué? porque él lo ve ingresar a usted a esa propiedad a dejar unas pacas que después de eso menciona ve salir a su persona, quien manejaba incluso, y que con la madera y que sabe que esa madera era la que estaba decomisada, sin embargo ¿cómo hace para indicarnos que sabe que era la que estaba decomisada? este señor dice que es hasta el otro día que él va a ver si estaba la madera o no y que le dijo a su tata y a su mama y hermanillo que no estaba, véase que aquí la fiscalía lo acusó a usted que esto fue a finales de mayo del 2008... sería como cinco días después del depósito... a pesar de que el testigo don [Nombre2]. dijo que era quince días después... efectivamente se puede llegar a concluir lógicamente de que usted pasó con el camión por ahí de que usted pudo subir en su camión cierta madera, sin embargo conforme se ha venido indicando no queda claro que esta madera fuera la decomisada". Pareciera que aún cuando la jueza a quo menciona haber recibido múltiple prueba testimonial que señala al imputado como la persona que cargó en un vehículo la madera que le fuera entregada en depósito a [Nombre2]. y que éste denunció como sustraída, concluye en una duda sobre la que no aporta razones. También expone el fallo dudas sobre la cantidad de la madera sustraída y especula -sin fundamento probatorio alguno- que después de que el testigo [Nombre15]., e n horas de la noche vio salir al imputado con madera, pudo haber entrado otra persona a sustraer más madera y por eso se absolvió al imputado de toda pena y responsabilidad. Por otra parte la prueba documental solo fue mencionada, sin valoración alguna. Según lo dicho, puede concluirse que el fallo incumple con el artículo 363 inciso b) del Código Procesal Penal, al adolecer de un fundamento legal que apoye la decisión adoptada por la jueza, impidiendo en definitiva -debido al escaso y contradictorio análisis- conocer las razones derivadas de la prueba que llevaron a absolver al imputado.  Según lo expuesto, la sentencia no contiene un fundamento legal de análisis probatorio, fáctico y jurídico que justifique la conclusión absolutoria emitida, por lo que se acoge el reclamo y se anula la totalidad del fallo, ordenándose el reenvío para una nueva sustanciación.

POR TANTO:

            Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por la representación fiscal. Se anula totalmente la sentencia impugnada y se ordena el reenvío para una nueva sustanciación conforme a Derecho. NOTIFÍQUESE.

 

 

            

 

Yadira Godínez Segura

 

 

 

 

 

 

     

Alberto Alpízar Chaves                                    David Fallas Redondo                               

Jueza y Jueces de Apelación de Sentencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. 08-000118-706-PE

C/ E.

D/ INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL Y OTRO

OF/ O. Y OTRO

angie

  

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:41:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Segunda Sala de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón

**Ruling No. 00385 - 2013**

**Date of Ruling:** June 26, 2013, at 2:45 p.m.

**Case File:** 08-000118-0706-PE

**Drafted by:** Yadira Godínez Segura

**Type of matter:** Appeal

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Related Rulings**

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Environmental

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** Criminal Law

**Topic:** Infraction of the Ley Forestal

**Subtopics:**

Analysis regarding illegal logging of trees in a non-forested area.
Normative considerations, scope, and distinction between the terms forestal and bosque.

**Topic:** Illegal logging of trees

**Subtopics:**

Cutting and sawing without a permit in a non-forested area.
Normative considerations regarding the infraction of the Ley Forestal, scope, and distinction between the terms forestal and bosque.

“II. In the second ground, the appellant alleges erroneous application of the substantive law due to disregard of Article 61, subsection a) of the Ley Forestal. The appellant transcribes the mentioned article regarding which she complains of erroneous interpretation. According to the judgment, there is no doubt that the acts were carried out in a pasture area, on private property, and for that reason, the action is atypical, because for the crime to exist, the logging must take place in a bosque (bosque) area, and furthermore, the judgment bases its position on votes 359-04 of the Tribunal de Casación Penal and 663-98 of the Tribunal de Casación Penal of the Second Circuit (sic). The complainant considers this interpretation to be erroneous, because the Ley Forestal provides for crimes for both use on state and private lands, not necessarily in bosques, as the Court affirms. In support of her position, she cites the Manual de Delitos Ambientales by [Name1] and resolution 1505-2010 of the Tribunal de Casación Penal of the Segundo Circuito Judicial de San José. She requests that the claim be upheld and that the case be remanded. The claim is granted. As can be seen in the audiovisual file containing the oral ruling issued in the present matter, the judge, in addition to concluding on a finding of doubt regarding the defendant's participation in the acts attributed to him—which will be examined in another considerando—also held that the acts are atypical. Thus, starting at the 16:57:54 hour counter, the judge stated the following: 'Evidently, this timber use (aprovechamiento maderable) has been understood to mean that the action of cutting and eliminating trees must occur in a bosque (zona boscosa) and not on pasture lands, and in that regard, the Court considers it to be atypical... this Court considers that the action would be atypical, because as our case law has established, I refer to votes 359-2004 of the Tribunal de Casación Penal of the Segundo Circuito Judicial de San José... which refers to Vote 663-1998.' Vote 359-2004—to which the a quo refers—is entirely based on vote 682-F-97, which, together with vote 663-98, all from the Tribunal de Casación of the Segundo Circuito Judicial de San José, adopted in full the content set forth in the mentioned vote 682-F-97, and in which, in summary, it was determined that the term 'forestal' included in Article 61, subsection a) of the Ley Forestal, must be restricted—according to the definition of the term in the Diccionario Vox General Ilustrado de la Lengua Española—to the definition of 'relating to bosques and their use.' It was also considered in said ruling that although the Diccionario de la Lengua Española of the Real Academia Española also defines 'forestal' as 'relating to bosques and the uses of firewood, pastures, etc.,' according to what the drafters of that ruling stated: 'the term "bosque" must be considered the fundamental one and that concerning the "uses of firewood, pastures, etc." refers to the use of the bosque.' As a consequence of such interpretation, on lands without bosque and that are not for agricultural use, there is no legal prohibition against cutting trees. This thesis of descriptive interpretation of the objective elements of the offense contained in Article 161 of the Ley Forestal is not shared by this Tribunal de Apelación de Sentencia. Considering that forestal is synonymous with bosque finds no support in Costa Rican regulations. The differences in the definition or conceptualization of the term 'forestal' contained in different dictionaries of the Spanish language evidence that there is no single notion of said word and that it cannot be reduced to such a point that it is associated only with the idea of bosque, but rather points toward an interpretation of the term in relation to several related concepts, among them 'bosque,' 'firewood,' 'pastures,' without such definitions—through the word 'etc.'—leading to a strict definition of said concept, which is instead broad, as it encompasses everything from pastures to bosques. The foregoing—it bears repeating—makes it impossible to associate the word forestal solely with the concept of bosque. Thus, the definition that has historically and culturally been given to the term forestal involves a broad concept encompassing multiple possibilities, such as the use of trees, timber, medicinal herbs, ornamental plants, seeds, among others, as well as, for example, another forest product being the maintenance of the hydrological cycle and ecotourism. Up to this point, we see the polysemy that the word forestal presents in common language. But furthermore, it must be clear that what matters in this case is the normative notion of 'forest products (productos forestales).' If one considers what has been stated in relation to the common language of the word 'forestal,' then the idea of 'forest products (productos forestales)' contained in the criminal offense of Article 61 of the Ley Forestal could not be pigeonholed in relation solely to the concept of bosque, not only because the Spanish dictionary definition itself does not do so, but because from the content of the referenced Ley Forestal, multiple elements are derived that point to said typical element being of a normative character, with the same law, through its different articles, taking charge of clearly stating that the term forestal—with which the law was also named—is not exclusively related to the issue of bosques, but rather, as has been indicated, addresses the forestal in a broad sense and concerning the natural resources that, in terms of timber, its products, and other elements that act in said ecosystem, are regulated through this Law. In that sense, we share the vote [Telf1] of 11:15 a.m. on December 23, 2010, of the Tribunal de Casación Penal of the Segundo Circuito Judicial de San José, which precisely assumed a position contrary to the case law invoked by the judge in the present matter and which led her to consider the defendant's conduct atypical. At this point, it is worth remembering that determining the typical content of Article 61 of the Ley Forestal (No. 7575) requires determining what is understood by forest products. And such determination must be made in light of what that law provides. It is therefore appropriate to note that this can be achieved by interpreting said legal regulation in light of the provisions of Article 10 of the Código Civil, which states: 'Norms shall be interpreted according to the proper meaning of their words, in relation to the context, the historical and legislative background, and the social reality of the time in which they are to be applied, attending fundamentally to their spirit and purpose.' It should be noted that we are not advocating for any analogical interpretation (which is described in Article 12 of the Código Civil and which is prohibited in Article 2 of the Código Penal for establishing criminally typical conduct), but rather for a systematic interpretation of the Ley Forestal to establish what in said regulation (of legal order, it is pertinent to remember) is understood by forest products, a concept that is determinative of the typical conduct contained in Article 61 of the law so many times mentioned. Now, to carry out such an interpretative exercise—the systematic one—it is valid to turn to other provisions of the same legislation (No. 7575) to understand the scope of the concept under discussion. By proceeding in this manner, it is observed that the legislator understands forest products to be objects that are not bosque, that is, that concept is not limited to the latter. On this matter, it is worth noting that Article 1 of the Ley Forestal indicates that it has the following objective: 'This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection, and administration of native bosques and the production, use, industrialization, and promotion of the nation's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources. Furthermore, it will ensure the generation of employment and the increase in the standard of living of the rural population, through their effective incorporation into silvicultural activities. By virtue of the public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or use of bosques in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges, and forest reserves owned by the State is prohibited' (emphasis added). Said article, among others, supports the systematic and normative interpretation that is held here in relation to Article 61 of the Ley Forestal, since it contains a clear separation and distinction between the terms 'bosques' and 'forest resources (recursos forestales),' and even refers to the protection of bosques in forest reserves. Furthermore, from the content of the Ley Forestal, the following must be considered: i) Article 3 of the same Law is responsible for setting forth a definition of the term 'bosque'—the unconstitutionality of which due to relative omission has already been declared by the Sala Constitucional, through vote 3923-2007—a definition with which the scope of environmental protection was restricted. Although there is no definition of the term 'recurso forestal' within the same Ley Forestal, it is through the norms that the same law contains—without needing to resort to regulations or other infra-legal norms—that it is possible to determine that said term not only goes beyond the concept of 'bosque'—because the law distinguished it as such—but that, by referring to 'recurso forestal,' it transcends the concept of bosque and involves, in addition to it, other products not necessarily derived from a bosque. ii) Article 3 itself begins with the definition of 'aprovechamiento maderable,' in which specific reference is made that such use—cutting, elimination of standing trees, or utilization of fallen trees—is carried out on 'private lands' not included in Article 1 of said Law, since Article 1 prohibits the cutting or use of bosques in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges, and forest reserves owned by the State (that is, on public domain lands). Such a legal definition of the concept of 'timber use' would be meaningless if it were not expressly regulating the state control of cutting or eliminating trees on private lands—within which it is not a requirement that a bosque exists—because if the law had so provided, it would have resorted to the same specific description of 'bosque' on private lands, just as Article 1 cited above was drafted, in which the prohibition on cutting or using 'bosques' on state lands is expressly indicated. iii) Another definition provided by Article 3 is that of 'Terrenos de aptitud forestal,' which includes the lands contemplated in the classes established by the official methodology for determining land use capacity. Had the legislator considered that 'forestal' is 'bosque,' it should then be understood that they are lands of aptitude for bosque, without allowing another classification. The same exercise could derive from the definitions of 'manejo forestal,' 'plantación forestal,' 'régimen forestal,' and others that involve said term and are contained therein, from which multiple factors are provided to show that one is speaking in general terms of elements related to the concept of forestal and not exclusively of bosques. iv) Even apart from these definitions, the Ley Forestal itself clearly distinguishes when it uses the concept of forestal—in the normative sense already set forth—and when it makes specific reference to the concept of bosque. Thus, it can be observed that Article 6 grants the Administración Forestal del Estado several control and management powers related to bosques and forest resources, both in state and private areas, which demonstrates that the latter are something broader than the former. v) Another distinction the law makes regarding bosque and forestal is contained in Article 13, which precisely determines that the natural heritage of the Costa Rican State is constituted by 'the bosques and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration...' from which it is validly inferred that in addition to bosques—expressly defined by Article 3 of the same law—there are other forest resources that—logically—form part of the natural heritage of the State and that the Ley Forestal regulates. The protection of said resources is contained in Articles 33 to 35, which prohibit the cutting or elimination of trees in areas other than bosques—such as permanent springs (nacientes permanentes), banks of rivers, streams, or creeks, banks of lakes, natural or artificial state reservoirs, recharge areas, and aquifers of springs—and also declare actions to prevent and extinguish forest fires to be of public interest—without determining specific areas to protect, such as bosques—regulation with which, definitively, the law aims to regulate everything related to the forestal, not particularly the bosques. Similarly, the Ley Forestal regulates what is related to bosques and forest products of private heritage. In this regard, matters relating to the management plan for private bosques and incentives for their conservation are developed from Articles 19 to 26 of the cited Law. Article 27, for its part, establishes a limitation on cutting trees on 'lands for agricultural use and without bosque (terrenos de uso agropecuario y sin bosque),' where said regulation clearly establishes that to cut more than 10 trees per property, authorization from the Administración Forestal del Estado will be required. It is important to pause here in the analysis of the typicality of the conduct under study, since there is not even a need to interpret the legislator's will when establishing quantitative limits on the cutting of trees on lands 'without bosque,' which, a contrario sensu of Article 3, paragraph d), are constituted by all those lands that do not meet the legal definition established therein—that is, a 'Native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, which occupies an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies covering more than seventy percent of that area and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height.' Thus, it can be said that the land on which the logging in the present matter is being investigated, and which is a pasture area, is not contained in said definition. The restriction contained in Article 27 of the Ley Forestal finds its respective sanction in Article 61 of the same Law, which establishes: 'Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Uses one or several forest products on private property, without permission from the Administración Forestal del Estado, or on anyone who, even with the permit, does not comply with what was authorized. b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established in this law. c) Carries out activities that imply land-use change (cambio en el uso de la tierra), contrary to what is stipulated in Article 19 of this law. In the previous cases, the products shall be seized and placed at the disposal of the competent judicial authority. d) Removes forest products from private or State property or transports forest products obtained in the same manner' (underline added). From a reading of the norm, it is derived that, with the exception of subsection c), which refers to Article 19—which expressly regulates matters concerning bosques—in all other subsections, the legislator referred to 'forest products,' a distinction that would be completely meaningless if forest product had been legally regulated as a synonym for bosque. In reality, the entire legal body that makes up the Ley Forestal is consistent with the analysis carried out so far and unequivocally indicates that the concept of forestal that the law embraces and that forms part of the descriptive elements of the criminal offenses through which conduct contrary to the purposes of said law is sanctioned is a concept that should not be confused with that of bosque. Thus, as has been analyzed based on the literal wording of the law, the term forestal that it establishes also involves trees, whose existence does not necessarily depend on the existence of a bosque, for which reason it is impossible to make them invisible, not only because the law does not do so, but because—with the deficiencies already pointed out by the Sala Constitucional in relation to the application of the precautionary principle—the Ley Forestal provides legal tools to judge and sanction those actions that are contrary to it. Now, it cannot be ignored that with the current Ley Forestal, the legislator certainly severely restricted the concept of bosque, harming the protection that all natural resources must be afforded, which provide a healthy environment for people and which Article 50 of the Constitución Política covers as a human right. This was stated by the Sala Constitucional in the already cited vote [Telf2], in which it mentioned the following: 'Bosques. Regardless of the concept indicated in the current Ley Forestal, it is possible to doctrinally conceive broader concepts of bosque. For example, a bosque is a site populated with trees and bushes, generally densely. Expanding the concept, it can also be stated that "a bosque is any land surface where plant associations are growing, predominantly trees of different sizes that have been exploited or not, capable of producing wood or other products; they influence the climate and the hydrological regime, and also provide protection to wildlife." The Procuraduría General, in its report, also illustrates us with some definitions: "bosques are dynamic ecosystems, with continuous processes of change (growth and deterioration) with representative and dominant trees." They relate to other plants, animals, and microorganisms, as well as to their physical and geographic environment, producing a series of complex interactions of biotic and abiotic elements called ecological functions, such as: hydrological regulation, nutrient cycling, energy flow, and climate regulation. Others distinguish between primary and secondary bosque. The first, considered virgin or climax bosques, are characterized by an abundance of mature trees, which have not been altered by human activities, of which, according to data provided by the Procuraduría, 78% of these bosques worldwide have already been destroyed. Secondary bosques, for their part, contain ecosystems that regenerate naturally in an average period of approximately 15 years, following a substantial alteration: flooding, agricultural burning, forest fires, land clearing, or extensive use. They are characterized by the small number of mature trees, an abundance of fast-growing species, and a dense understory of seedlings and herbaceous plants. They are also characterized by arising, on some occasions, from scrubland or thickets. In fact, it is of utmost importance to emphasize that the Ley Forestal, prior to its reform through Law No. 7575 of February 5, 1996, had a very broad conception of bosque in Article 6: "Bosques are all predominantly tree and other woody vegetation plant associations." No distinction was made in that definition, nor in those cited, regarding the fact that to be considered a bosque, it must be formed only by native trees and not exotic ones, which could even have regenerated naturally, or that it must be larger than 2 hectares. Another important aspect to consider is the services provided by bosques, which are of utmost importance for people and for the development of society itself; among them, we can cite: timber services (use of wood, firewood, posts), non-timber services (medicinal herbs, dyes, ornamental plants, seeds, vines, palms and construction materials, material for crafts), maintenance of the hydrological cycle (water for human consumption, industrial, commercial, and domestic tasks; protection of agriculture, hydroelectric energy), microclimate regulation, flood control, erosion control, sediment control, wind and noise control; landscape (photography, painting, videos, fishing and tourism), recreation and ecotourism, maintenance of resilience, preservation of the ecosystem and biodiversity (research material, scientific tourism), and climate change (carbon dioxide fixation). Hence, the affectation of these bosques entails serious problems for human beings themselves, since deforestation causes floods, landslides, water scarcity, sedimentation of rivers, streams, and dams, loss of crops, etc. In view of the foregoing, it is clear to the Chamber that the Procuraduría is correct in pointing out that the definition of bosque contained in the current Ley Forestal is insufficient and protects the bosques of our country in a deficient manner, with the aggravating factor that it is from this definition that the other definitions of the types of land subject to the cutting of trees are produced, in some cases in a regulated manner and in others, even unrestrictedly. Certainly, the reform of this law, which was produced through Law No. 7575 of February 5, 1996, had the purpose of promoting and incentivizing reforestation in our country, for which it attempted to free the cutting of certain types of trees from unnecessary procedures. Notwithstanding the foregoing, this Court considers that, by moving from a broad definition of bosque, with greater coverage of protection, to one so restricted in terms of species and surface area, the protection previously given to the environment has been diminished without reasonable justification, going beyond the need to reforest and eliminate administrative obstacles as an incentive for this activity, but without first ensuring that its execution would not endanger the environment. We must remember that our country has signed international commitments for environmental protection, and one of the principles it must safeguard is the aforementioned precautionary principle, according to which prevention must anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, this guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible affectation of the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt about it—a precautionary measure must be adopted and even postpone the activity in question. Without a doubt, this requires a preventive, active, and alert position by the administration, since a subsequent and merely punitive conduct would nullify any effective action intended to benefit the environment, where once the damage is done, it can hardly be restored, and its harmful effects can affect not only at the national level but worldwide. And indeed, this is one of the guiding principles in environmental matters: prevention. This is also not about preventing development and stopping progress and the economy; however, a balance must be sought that allows human beings to develop but also to live and enjoy that development, to which not only current generations but also future ones have a right. The Chamber has indicated: "The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of natural resource exploitation lead to ecosystem degradation exceeding its regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; because precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve favorable development and evolution for human beings... but more important than that is to understand that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel because it is nothing more than the translation, to this matter, of the principle of 'lesión' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself." (See rulings 1993-3705 of three o'clock p.m. on July 30, 1993, and 1783-94 of nine o'clock fifty-seven minutes a.m. on April 15, 1994). This development does not aim to equalize the treatment that bosques and forest plantations should receive indiscriminately, since based on ecological and socioeconomic studies, it can be determined, for example, that an area should be a protective forest due to the need to recover the soil, water, or protect species of flora and fauna, as well as in some cases, what may be advisable is the recovery of the resource, allowing its forestal use or the renewal of the bosque. Thus, what is relevant is not to establish a total and unreasonable prohibition that prevents the use of resources, but rather a duly regulated one that includes, at least, prior inspections to guarantee that native or exotic trees are not felled, regardless of the area, that are fulfilling an essential environmental function in the sector where they were planted or naturally generated.' We consider that the restriction of the concept of 'bosque' within the Ley Forestal, which in itself—as the referenced constitutional ruling indicates—produced a weakening in the protection of natural resources, could not lead us to interpret that the forestal concept is restricted or adjusted to that of bosque and that they merge into a single definition. First, because as has already been set forth, the law itself distinguishes between both concepts—the first through a legal definition and the second through a broad normative conception—and also because we are faced with conduct that is typically defined and sanctioned in the same law, through Articles 27 and 61, subsection a). It is important to note that in the cited vote, the Sala Constitucional also ruled on Article 27 of the Ley Forestal, in the following manner: 'According to the challenged Article 27, only a maximum of 3 trees per hectare may be cut annually on lands for agricultural use and without bosque, after obtaining authorization from the Consejo Regional Ambiental. If the cutting exceeds 10 trees per property, authorization from the Administración Forestal del Estado will be required. Thus, this norm authorizes the felling of trees on lands for agricultural use and without bosque, which, according to Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal, are those private farms with the presence of trees not established under an agroforestry system or farms that have areas with forest cover (cobertura boscosa) smaller than two hectares, or those trees located in urban areas.'

This Court does not consider from the foregoing that Article 50 of the Political Constitution is being infringed, inasmuch as it states that the respective felling requires prior authorization from the competent bodies and involves land used for agricultural and livestock purposes that has no forest, with the limitations also established by Articles 33 and 34 of the Forest Law (Ley Forestal)... Note that in both articles, felling is not unrestricted, but is subject to the conditions of the land and the corresponding permits." This rule turns out to be one of the few legal limitations on the felling of trees in areas of private land that do not constitute forests, so its legal force requires determining in each particular case whether there is criminal conduct that must be punished, in accordance with said legal framework. Returning to the case under review, we have that the defendant was accused of an Infraction of Article 61, subsection a) of the Forest Law in the form of illegal felling and a crime of Aggravated Theft. According to the audiovisual record in which the judgment is recorded, starting at counter 15:53:44, as finding of fact (resultando) I, it was stated that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) accused the following facts: "1. On May 27, 2008, at about 12:32 p.m., officers of the Public Force (Fuerza Pública) of Los Chiles caught the accused [Name2] in flagrante delicto, cutting and sawing wood in a pasture area within the farm of Mr. [Name3], located in Gallo Pinto de San Jorge de Los Chiles, without the permits from the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), reason for which they proceeded to seize the wood that was felled and sawn on said farm, subsequently delivering it in provisional deposit to [Name4], said wood remaining within the cited farm. 2. So it was that on June 20, 2008, at about 1:00 p.m., the official of Minaet, [Name5], together with officers of the Public Force of Los Chiles, carried out an inspection on the property of Mr. [Name3], corroborating that the accused here, [Name6], had felled and sawn thirty-five timber trees of the laurel, cedar, and lagarto species, all in a pasture area, without the permit from the State Forestry Directorate (Dirección Forestal del Estado). 3. According to a certification issued by the Minae office of Los Chiles, the defendant here, [Name7] [Name6], does not have a permit from the State Forestry Directorate to harvest trees on the farm owned by Mr. [Name3]. 4. Without specifying a date, but at the end of May 2008, the defendant [Name2] entered with a truck onto the farm of Mr. [Name3], located in Gallo Pinto de San Jorge de Los Chiles, and with the help of Messrs. [Name8] and [Name9], loaded the cited wood onto said truck, illegitimately taking possession of the wood that had remained in custody of the complainant here, [Name4]." According to said description of facts, in principle we are faced with the investigation of a crime for felling without a permit from the State Forestry Directorate, of 35 trees of the laurel, cedar, and lagarto species, in a non-forested zone, as well as a crime for the removal of wood. Consequently, in accordance with what has been stated regarding the typicality of the investigated conduct, which for the reasons also stated is considered not to violate the principle of legality, there is no legal obstacle to trying the defendant for the accused facts and, through due process, definitively determining whether or not he bears criminal liability for them. Based on the foregoing, the complaint is well-founded insofar as the judgment erroneously considered the facts to be atypical, for which reason the nullity of the reasoning of the ruling in that sense is ordered, as it is contrary to Law. Having established the nonexistence of a conflict between the accused conduct and the principle of legality, we immediately proceed to evaluate the next complaint as to form."



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Texto de la resolución

                    JUDICIAL BRANCH (PODER JUDICIAL)

           SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN
                                                      Tel: 2456-9069              tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr
                                                      Fax: 2445-5193

_______________________________________________________________________________________________________

Exp: 08-000118-706-PE

Res: 2013-00385

            SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, [Address1] SECTION. San Ramón, at two forty-five p.m. on June twenty-six, two thousand thirteen.

             APPEAL filed in the present case brought against [Name1]., […], for the crime of INFRACTION OF THE FOREST LAW AND ANOTHER to the detriment of NATURAL RESOURCES AND [Name2]. The judges Yadira Godínez Segura, Alberto Alpízar Chaves, and David Fallas Redondo participate in the decision of the appeal. Appearing in the appeal of the judgment are the representatives of the Public Prosecutor's Office, attorneys [Name3] and [Name4] and attorney [Name5], in the capacity of private defense counsel for the accused [Name1].

                                                        FINDINGS OF FACT (RESULTANDO):

             1.- That by judgment number 47-2012 of three fifty-two p.m. on February seven, two thousand twelve, the Trial Court (Tribunal de Juicio) of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Ciudad Quesada, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, cited laws and Articles 39 of the Political Constitution; 1, 30, 31, 45, 61 subsection a) and e) of the Forest Law, 209 of the Penal Code; 1, 6, 9, 360, 361, 363, 364 and 366 of the Code of Criminal Procedure, this Court resolves: TO ACQUIT OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY the defendant [Name1]. of having committed the crimes of AGGRAVATED THEFT AND INFRACTION OF THE FOREST LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES AND ANOTHER. The present matter is resolved without special ruling on costs. The costs of the proceedings are borne by the State. The immediate release of the defendant is ordered, if no other legal cause prevents it. The parties are informed that the present judgment was issued orally, leaving in the case file only the proven facts if necessary and the operative part in written form, the parties being able to obtain a copy if they provide the corresponding device. Msc. [Name6]. JUDGE".

             2.- That against the foregoing pronouncement, the representative of the Public Prosecutor's Office, attorney [Name3], filed an appeal.

             3.- That upon verifying the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court proceeded to hear the appeal.

             4.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.

            Drafted by the Sentence Appeals Judge [Name7]; and,

WHEREAS (CONSIDERANDO):

I. By brief filed on February 28, 2012, attorney [Name3], prosecutor of San Carlos, filed an appeal against oral judgment number 47-2012 of 3:30 p.m. on February 7, 2012, issued by the Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela and by which the defendant [Name1]. was acquitted of the crimes of Infraction of the Forest Law and Aggravated Theft. The appellant invokes one ground as to form and another regarding the application of substantive law, so for a better approach to said grounds, we begin with the analysis of the second of them.

             II. In the second ground, she alleges erroneous application of substantive law due to non-observance of Article 61, subsection a) of the Forest Law. The appellant transcribes the mentioned article regarding which she complains of erroneous interpretation. According to the ruling, there is no doubt that the facts were carried out in a pasture area, on private property, and therefore the action is atypical, because for the crime to exist the felling must occur in a forest area (área de bosque), and furthermore the judgment bases its position on rulings 359-04 of the Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal) and 663-98 of the Criminal Cassation Court of the Second Circuit (sic). The complainant considers that interpretation to be erroneous, because the Forest Law provides for crimes both for harvesting (aprovechamiento) on state lands and on private lands, not necessarily in forests, as the Court asserts. In support of her position, she cites the Manual of Environmental Crimes by [Name8]. and resolution 1505-2010 of the Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José. She requests that the complaint be upheld and the case be remanded. The complaint is upheld. As observed in the audiovisual record containing the oral judgment issued in the present matter, the judge, in addition to concluding in a judgment of doubt regarding the defendant's participation in the facts attributed to him—which will be the subject of examination in another whereas clause (considerando)—also held that the facts are atypical. Thus, starting at counter 16:57:54, the judge stated the following: "Evidently, this timber harvesting (aprovechamiento maderable) has been understood to mean that the action of felling and removing trees must occur in a forested zone (zona boscosa) and not on pasture lands, and to that extent the Court considers it atypical… this Court considers that the action would be atypical, because as our jurisprudence has established, I make use of rulings 359-2004 Criminal Cassation Court Second Judicial Circuit of San José... which refers to Ruling 663-1998." Ruling 359-2004—to which the trial judge (a quo) refers—is entirely based on Ruling 682-F-97, the same which, together with Ruling 663-98, all from the Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, adopted in its entirety the content set forth by the mentioned Ruling 682-F-97 and in which, in summary, it was determined that the term "forestal" included in Article 61, subsection a) of the Forest Law, must be restricted—according to the definition of the term in the Diccionario Vox General Ilustrado de la Lengua Española—to the definition of "relating to forests and their harvesting." It was also considered in said ruling that although the Diccionario de la Lengua Española of the Real Academia Española also defines "forestal" as "relating to forests and to the harvesting of firewood, pasture, etc.," according to the drafters of that judgment: "the term 'forest' must be considered as the fundamental one and what concerns the 'harvesting of firewood, pasture, etc.,' refers to the harvesting of the forest." As a consequence of such interpretation, on lands without forest and that are not for agricultural/livestock use, there is no legal prohibition on cutting down trees. Said thesis of descriptive interpretation of the objective elements of the offense contained in Article 161 of the Forest Law is not shared by this Sentence Appeals Court. Considering "forestal" as synonymous with forest (bosque) finds no support in Costa Rican regulations. The differences in the definition or conceptualization of the term "forestal" contained in different dictionaries of the Spanish language evidence that there is no single notion of said word and that it cannot be reduced to such a point that it is associated only with the idea of forest, but rather points toward an interpretation of the term in relation to various related concepts, among them "forest," "firewood," "pasture," without such definitions—through the word "etc."—leading to a strict definition of said concept, which is instead broad, since it encompasses from pasture to forests. The foregoing—it bears reiterating—makes it impossible to associate the word "forestal" only with the concept of forest. Thus, the definition that has historically and culturally been given to the term "forestal" involves a broad concept encompassing multiple possibilities, such as the harvesting of trees, woods, medicinal herbs, ornamental plants, seeds, among others, as well as, for example, another forest product being the maintenance of the hydrological cycle and ecotourism. Up to this point, we see the polysemy presented by the word "forestal" in common language. But additionally, it must be clear that what matters in this case is the normative notion of "forest products (productos forestales)." If what has been stated regarding the common language of the word "forestal" is considered, then the idea of "forest products" contained in the criminal offense of Article 61 of the Forest Law could not be pigeonholed in relation only to the concept of forest, not only because the Spanish dictionary definition itself does not do so, but because from the content of the referenced Forest Law, multiple elements are derived that point to said typical element being of a normative nature, the law itself being responsible, through the different articles, for clearly stating that the term "forestal"—with which the law was also named—is not referred exclusively to the topic of forests, but rather, as has been indicated, addresses "forestal" in a broad sense and concerning the natural resources that in timber matters, their products, and other elements that act in said ecosystem, are regulated through this Law. In that sense, we share Ruling [Telf1] of 11:15 a.m. on December 23, 2010, of the Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, which precisely assumed a position contrary to the jurisprudence invoked by the trial judge in the present matter and that led her to consider the defendant's conduct atypical. At this point, it is worth recalling that determining the typical content of Article 61 of the Forest Law (No. 7575) requires determining what is understood by forest products. And such determination must be made in light of what that law provides. It is therefore worth noting that this can be achieved by interpreting said legal regulation in light of Article 10 of the Civil Code, which provides: "Rules shall be interpreted according to the proper meaning of their words, in relation to the context, historical and legislative antecedents, and the social reality of the time in which they are to be applied, attending fundamentally to their spirit and purpose." Observe that no analogical interpretation is advocated (which is described in Article 12 of the Civil Code and is prohibited in Article 2 of the Penal Code for establishing conduct that is criminally typical), but rather a systematic interpretation of the Forest Law to establish what in said regulation (of legal order, it is pertinent to recall) is understood by forest products, a concept that is determinative of the typical conduct contained in Article 61 of the law so many times mentioned. Now then, to carry out such an interpretive exercise—the systematic one—it is valid to resort to other provisions of the same legislation (No. 7575), to understand the scope of the concept under discussion. Proceeding in this manner, it is observed that the legislator understands by forest products objects that are not forest, that is, that concept is not limited to the latter. On this matter, it should be noted that Article 1 of the Forest Law indicates that it has the following objective: "This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection and administration of natural forests and the production, harvesting, industrialization, and promotion of the country's forest resources (recursos forestales) destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources. Additionally, it shall ensure the generation of employment and the increase in the standard of living of the rural population, through their effective incorporation into silvicultural activities. In virtue of the public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the felling or harvesting of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones (zonas protectoras), wildlife refuges, and forest reserves owned by the State is prohibited." Said article, among others, supports the systematic and normative interpretation that is maintained here in relation to Article 61 of the Forest Law, since it contains a clear separation and distinction between the terms "forests" and "forest resources," and even refers to the protection of forests in forest reserves. Furthermore, from the content of the Forest Law, the following must be considered: i) Article 3 of the same Law is responsible for setting forth a definition of the term "forest (bosque)"—whose unconstitutionality by relative omission has already been declared by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through ruling 3923-2007—a definition with which the scope of environmental protection was restricted. Although there does not exist within the Forest Law itself a definition of the term "forest resource (recurso forestal)," it is through the rules that the same law contains—without the need to resort to regulations or other norms of infralegal rank—that it is possible to determine that said term not only goes beyond the concept of "forest"—because the law so distinguished it—but that when referring to "forest resource," it transcends the concept of forest and involves, in addition to it, other products not necessarily derived from a forest. ii) Article 3 itself begins with the definition of "timber harvesting (aprovechamiento maderable)," in which specific allusion is made that such harvesting—felling, removal of standing trees or utilization of fallen trees—is carried out on "private lands" not included in Article 1 of said Law, since Article 1 prohibits the felling or harvesting of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones, wildlife refuges, and forest reserves owned by the State (that is, on public domain lands). Such legal definition of the concept of "timber harvesting" would be meaningless if it were not expressly regulating state control of felling or removal of trees on private lands—within which it is not a requirement that a forest exists—, because if the law had so provided, it would have resorted to the same specific description of "forest" on private lands, just as Article 1 cited above was drafted, in which the prohibition of felling or harvesting "forests" on state lands is expressly indicated. iii) Another definition provided by Article 3 is that of "Lands of forestal aptitude (Terrenos de aptitud forestal)," which includes the lands contemplated in the classes established by the official methodology for determining land use capacity. If the legislator had considered "forestal" to be "forest," it would then have to be understood that they are lands of aptitude for forest, without allowing another classification. The same exercise could be derived from the definitions of "forest management (manejo forestal)," "forest plantation (plantación forestal)," "forestal regime (régimen forestal)," and others that involve said term and are contained therein, from which multiple factors are provided to understand that the reference is in general terms to elements related to the concept of "forestal" and not exclusively to forests. iv) Even setting aside those definitions, we have that the Forest Law itself clearly distinguishes when it uses the concept "forestal"—in the normative sense already set forth—and when it makes specific reference to the concept of forest. Thus it can be observed that Article 6 grants the State Forestry Administration several powers of control and management related to forests and forest resources, both in state and private areas, which evidences that the latter are something broader than the former. v) Another distinction that the law sets forth in matters of forest and "forestal" is contained in Article 13, which precisely determines that the natural patrimony of the Costa Rican State is constituted by "the forests and forestal lands (terrenos forestales) of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration..." from which it is validly inferred that in addition to forests—expressly defined by Article 3 of the same law—there exist other forest resources that—logically—form part of the natural patrimony of the State and that are regulated by the Forest Law. The protection of said resources is contained in Articles 33 to 35, which prohibit the felling or elimination of trees in areas different from forests—such as permanent springs (nacientes permanentes), riverbanks, streams or brooks, shores of lakes, state natural or artificial reservoirs, recharge areas and spring aquifers—and furthermore declare of public interest actions to prevent and extinguish forest fires—without determining specific areas to protect, such as forests—, regulations with which definitively, the law aims to regulate everything relating to "forestal," not particularly forests. Likewise, the Forest Law regulates matters related to forests and forest products of private patrimony. In this regard, matters relating to the management plan for private forests and incentives for their conservation are developed starting from Articles 19 to 26 of the cited Law. Article 27, for its part, establishes a limitation on the felling of trees on "land of agricultural/livestock use and without forest (terrenos de uso agropecuario y sin bosque)" wherein said regulation clearly establishes that to cut more than 10 trees per real property, authorization from the State Forestry Administration will be required. It is important to pause here in the analysis of the typicality of the conduct under study, since there is not even a need to interpret the legislator's will when establishing quantitative limits on the felling of trees on land "without forest," which a contrario sensu of Article 3, subsection d) are constituted by all those lands that do not meet the legal definition established there—that is, a "Native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other forest techniques, that occupies an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species and varied size, with one or more canopies that cover more than seventy percent of that surface area and where there exist more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height." Consequently, it can be said that the land on which the tree felling is being investigated in the present matter and which is a pasture area, is not contained within said definition. The restriction contained in said numeral 27 of the Forest Law finds its respective sanction in Article 61 of the same Law, which establishes: "Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Harvests (Aproveche) one or several forest products on private property, without the permit from the State Forestry Administration, or on anyone who, even with a permit, does not conform to what was authorized. b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established in this law. c) Carries out activities that imply land-use change (cambio en el uso de la tierra), contrary to what is stipulated in Article 19 of this law. In the foregoing cases, the products shall be seized and placed at the order of the competent judicial authority. d) Removes (Sustraiga) forest products from private property or from the State or transports forest products obtained in the same manner." From a reading of the rule, it follows that with the exception of subsection c) which refers to Article 19—in which matters concerning forests are expressly regulated—in all the other subsections the legislator alluded to "forest products," a distinction that would be entirely meaningless if forest product had been legally regulated as synonymous with forest. In reality, the entire body of law that makes up the Forest Law is consistent with the analysis carried out thus far and unequivocally indicates that the concept of "forestal" embraced by the law and that forms part of the descriptive elements of the criminal offenses through which conduct contrary to the purposes of said law is sanctioned, is a concept that should not be confused with that of forest. Thus, as has been analyzed from the literal wording of the law, the term "forestal" that it establishes also involves trees, the existence of which does not necessarily depend on a forest also existing, for which reason it is impossible to render them invisible, not only because the law does not do so, but because—with the deficiencies already pointed out by the Constitutional Chamber in relation to the application of the precautionary principle—the Forest Law provides legal tools to judge and punish those actions that are contrary to it. Now then, it cannot be overlooked that with the current Forest Law, the legislator certainly severely restricted the concept of forest, prejudicing the protection that must be afforded to all the natural resources that provide a healthy environment for people and that Article 50 of the Political Constitution shelters as a human right. The Constitutional Chamber so stated in ruling [Telf2] already cited, in which it mentioned the following: "Forests. Independently of the concept indicated in the current Forest Law, it is possible to doctrinally conceive broader concepts of forest. For example, a forest is a site populated with trees and bushes, generally densely. Broadening the concept, it can also be stated that 'a forest is all that land surface where plant associations are found growing, predominantly trees of different sizes that have been exploited or not, capable of producing wood or other products; they influence the climate and the hydrological regime and also provide shelter to wildlife.' The Attorney General's Office (Procuraduría General) illustrates us in its report also with some definitions: 'forests are dynamic ecosystems, with continuous processes of change (growth and deterioration) with representative and dominant trees.' They relate to other plants, animals, and microorganisms, as well as to their physical, geographical environment, producing a series of complex interactions of biotic and abiotic elements called ecological functions, such as: hydrological regulation, nutrient cycling, energy flow, and climate regulation. Others distinguish between primary forest and secondary forest. The former, considered virgin or climax forests, are characterized by an abundance of mature trees, which have not been altered by human activities, of which according to data provided by the Attorney General's Office, 78% of these forests worldwide have already been destroyed. The secondary ones, for their part, contain ecosystems that regenerate naturally over an average period of approximately 15 years, from a substantial alteration: flooding, agricultural burning, forest fires, land clearing, or extensive harvesting. They are characterized by a low number of mature trees, with an abundance of fast-growing species and a dense undergrowth of seedlings and herbaceous plants. They are also characterized by arising, on some occasions, from fallow land or thickets. In fact, it is of utmost importance to emphasize that the Forest Law prior to its reform through Law No. 7575 of February 5, 1996, had a very broad concept of forest in Article 6: 'Forests are all plant associations composed predominantly of trees and other woody vegetation.' No distinction was made in that definition nor in those cited, the fact that to be considered a forest, it must be formed solely by native trees and not by exotic ones, which could even have regenerated naturally, and that it must be greater than 2 hectares. Another important aspect to consider are the services provided by forests, which are of utmost importance for people and for the development of society itself, among them we can cite: timber services (use of wood, firewood, posts), non-timber services (medicinal herbs, dyes, ornamental plants, seeds, vines, palms and construction materials, material for crafts), maintenance of the hydrological cycle (water for human consumption, industrial, commercial, and domestic tasks; protection of agriculture, hydroelectric energy), regulation of the microclimate, control of floods, erosion, sediments, winds, and noise; landscape (photography, painting, videos, fishing, and tourism), recreation and ecotourism, maintenance of resilience, preservation of the ecosystem and biodiversity (research material, scientific tourism), and climate change (carbon dioxide fixation). Hence, the affectation of the same entails serious problems for the human being himself, since deforestation causes floods, landslides, water scarcity, sedimentation of rivers, streams, and dams, crop losses, etc. In view of the foregoing, it is clear to the Chamber that the Attorney General's Office is correct in pointing out that the definition of forest contained in the current Forest Law is insufficient and protects the forests of our country in a deficient manner, with the aggravating factor that it is from this definition that the other definitions of the types of land that are the object of felling are produced, in some cases regulated and in others, even unrestrictedly. Certainly the reform to this law, which was produced through Law No.

Law 7575 of February 5, 1996, had the purpose of promoting and incentivizing reforestation in our country, for which it attempted to free the cutting of certain types of trees from unnecessary procedures. Notwithstanding the foregoing, this Court considers that because the law went from a broad definition of forest, with greater protection coverage, to one so restricted in terms of species and area, it caused the protection previously given to the environment to be diminished without reasonable justification, going beyond the need to reforest and eliminate administrative obstacles, as an incentive for this activity, but without first ensuring that its execution would not endanger the environment. We must remember that our country has signed international commitments to protect the environment and one of the principles it must safeguard is the precautionary principle already cited, according to which prevention must anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, this guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. Undoubtedly, this requires a preventive, active, and alert stance on the part of the administration, because a subsequent and purely punitive approach would render nugatory any effective action intended for the environment, where once the damage is done, it can hardly be restored and its harmful effects can affect not only the national level but also the global level. And indeed, this is one of the guiding principles in environmental matters: prevention. This does not mean preventing development and halting progress and the economy; however, a balance must be sought that allows human beings to develop, but also to live and enjoy that development, to which not only present generations but also future ones have a right. The Chamber has stated: "The origins of environmental problems are complex and correspond to a combination of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems arise when the modes of exploitation of natural resources give rise to a degradation of ecosystems that exceeds their regenerative capacity, leading to broad sectors of the population being harmed and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration of the quality of life; for precisely the primary objective of using and protecting the environment is to achieve development and favorable evolution for human beings... but more important than that is to understand that although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation into this matter of the principle of 'injury' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself." (see rulings 1993-3705 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, and 1783-94 of 9:57 a.m. on April 15, 1994). This development does not seek to equalize the treatment that forests and forest plantations should receive indiscriminately, given that from ecological and socioeconomic studies it can be determined, for example, that an area should be a protective forest (forestal protectora), due to the need to recover the soil, water, or protect flora and fauna species, just as in some cases the advisable course may be the recovery of the resource, allowing its forest use or the renewal of the forest. So, what is relevant is not establishing a total, unreasoned prohibition that prevents the use of resources, but rather one that is duly regulated and that previously includes, at least, inspections that guarantee that native or exotic trees are not felled regardless of the area, which are fulfilling an essential environmental function in the sector where they were planted or naturally generated." We consider that the restriction of the concept of "forest" within the Ley Forestal, which in itself—as the referenced constitutional ruling indicates—produced a weakening in the protection of natural resources, could not lead us to interpret that the forestry concept is restricted or adjusted to that of forest and that they merge into a single definition. First, because as already stated, the law itself distinguishes between both concepts—the first through a legal definition and the second through a broad normative concept—and also because we are faced with conduct that is typically defined and sanctioned in the same law, through Articles 27 and 61, subsection a). It is important to note that in the cited vote, the Constitutional Chamber also ruled on Article 27 of the Ley Forestal, as follows: "According to the questioned Article 27, only up to a maximum of 3 trees per hectare may be cut annually on land of agricultural and livestock use and without forest, after obtaining authorization from the Regional Environmental Council. If the cutting exceeds 10 trees per property, authorization from the State Forestry Administration will be required. Thus, this rule authorizes the felling of trees on land of agricultural and livestock use and without forest, which according to Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal, are those private properties with the presence of trees not established under an agroforestry system or properties that have areas with forest cover (cobertura boscosa) of less than two hectares, or those trees located in urban areas. This Court does not consider from the above that Article 50 of the Political Constitution is being harmed, since it indicates that the respective cutting requires prior authorization from the competent bodies and involves land of agricultural and livestock use that does not have forest, with the limitations that Articles 33 and 34 of the Ley Forestal also establish... Note that in both articles, the felling is not unrestricted, but rather is subject to the terrain conditions and corresponding permits." Said norm turns out to be one of the few legal limitations on the cutting of trees in areas of private land that do not constitute forests, so its legal validity obliges in each particular case to determine whether there is criminal conduct that should be sanctioned, in accordance with said legal ordinance. Returning to the case under review, we have that the accused was charged with a violation of Article 61, subsection a) of the Ley Forestal in the form of illegal logging and a crime of aggravated theft. According to the audiovisual recording in which the judgment is recorded, starting at counter 15:53:44, as finding I, it was stated that the Public Prosecutor's Office accused the following facts: "1. On May 27, 2008, at around 12:32, officers of the Public Force of Los Chiles caught the defendant [Name1] in flagrante delicto, cutting and sawing wood in a pasture area within the property of Mr. [Name9], located in Gallo Pinto of San Jorge de Los Chiles, without having the permits of the State Forestry Administration, which is why they proceeded to seize the wood that was felled and sawn on said property, and immediately placed it in provisional deposit with [Name2], leaving said wood within the cited property. 2. Thus, on June 20, 2008, at around 1:00 p.m., the official of Minaet, [Name10], together with officers of the Public Force of Los Chiles, conducted an inspection of the property of Mr. [Name9], corroborating that the defendant [Name1] here had felled and sawn thirty-five timber trees of the laurel, cedar, and lagarto species, all in a pasture area, without having the permit of the State Forestry Directorate. 3. According to a certification issued by the Minae office of Los Chiles, the accused [Name1] here does not have a permit from the State Forestry Directorate to harvest trees on the property owned by Mr. [Name9]. 4. Without specifying a date, but at the end of May 2008, the accused [Name1] entered with a truck onto the property of Mr. [Name9], located in Gallo Pinto of San Jorge de Los Chiles, and with the help of Messrs. [Name11] and [Name12], loaded the cited wood into said truck, illegally taking possession of the wood that had remained in the custody of the complainant [Name2] here." According to said description of facts, we are in principle faced with the investigation of a crime for cutting without a permit from the State Forestry Directorate, 35 trees of the laurel, cedar, and lagarto species, in a non-forested area, as well as a crime for the removal of wood. So, in accordance with what has been stated regarding the typical nature of the investigated conduct, which for the reasons also stated is considered not to violate the principle of legality, there is no legal obstacle to trying the accused for the accused facts and, through due process, definitively determining whether or not he has criminal liability for them. Based on the foregoing, the complaint is correct insofar as the judgment erroneously considered that the facts are atypical, and therefore the nullity of the reasoning of the ruling in that sense is ordered, as it is contrary to law. Having established the nonexistence of conflict between the accused conduct and the principle of legality, we immediately proceed to assess the following complaint regarding form.

             III. As the first ground, it indicates a lack of legal reasoning due to insufficient, contradictory, and erroneous assessment of the evidence. It indicates that the ruling omits indicating the reasons why the accused was acquitted, without thoroughly assessing the entirety of the evidence provided by the Public Prosecutor's Office. It adds that the Court contradicts itself by partially assessing the evidence. According to the complainant's view, the felling and use of forest products were proven, while the accused was acquitted due to a lack of certainty that he was responsible for the accused facts. It indicates the evidentiary elements from which the ruling derived the doubt and, according to what is stated, other versions were left unassessed, such as that of the witness [Name13] and the documentary evidence, which in its view proves that the accused was responsible for the facts. It does not agree with the "contraction" (sic folios 297 and 298) that the Trial Court found between the testimonies of [Name14] and [Name13], because in its view an erroneous interpretation was made of what the former said, "who in reality indicates that the son of the property owner stated that he was going to take responsibility for what was happening there and if there was a permit" (verbatim copy folio 298). It then analyzes the rest of this witness's account and how it considers the Court should have assessed it, together with the rest of the witnesses. It adds that the Court does not explain in detail why it finds the evidence credible or not. Likewise, it points out that the Court errs due to lack of reasoning and erroneous interpretation of the evidence by acquitting the accused for the removal of the wood, because it was not determined that the wood that the accused loaded onto the truck was the same wood that was in the provisional deposit of [Name2], for which the accounts of [Name15], [Name11], and [Name12] were left unanalyzed. It accuses the ruling of suffering from "unfounded and disproportionate" arguments (folio 300). As a grievance, it indicates that the judgment is illegitimate and arbitrary. The complaint is upheld. This Chamber considers that in reality the ruling suffers from a deficiency of legal reasoning to validate it, and the scant reasoning that was added is confusing, contradictory, and insufficient. From minute 15:53:44 to minute 16:32:00, the judge provides an extensive description of the testimony of all the witnesses and the accused [Name1]. A section of proven or unproven facts was not included in the judgment, so it is from minute 16:32:00 that the judge begins the presentation of what appears to be an evidentiary analysis; however, she incurs in a series of unnecessary reiterations in which she informs the accused of what he was charged with and thus the ruling indicates: "That is the first part that Mr. [Name1], you are accused of... Subsequently, you also face this trial and it is indicated that once the Public Force carried out this inspection together with officials of MINAE, where it is verified that a felling of timber trees on this pasture property has indeed occurred...", and always addressing the accused, she states that he is also accused of having removed wood from the custody of [Name2]. And she adds: "based on this accusation, once the investigation by the prosecutor's office is initiated, it is carried out" (16:34:00). Immediately, the judge informs that she will assess the evidence according to sound criticism and the principle of innocence and states: "The Court, once the corresponding deliberation has been carried out, having analyzed all the witnesses, which by the way were quite a few who were brought to this adversarial proceeding, in order to demonstrate these facts against you, determines that there is no absolute certainty for this judge to issue a conviction against you, and this situation is indicated for the following considerations: Based on this accusation, you must be clear that you are being accused...." She continues with a presentation of the place, circumstances, and regulations invoked by the prosecutor's office for the accusation and concludes that there is no doubt that the cutting of trees occurred in a pasture area "because that is what the accusatory document says." The aforementioned account of the content of the ruling's reasoning reveals the deficiencies that are detected in the evidentiary analysis in the rest of the judgment's presentation. In it, constantly—and one might say tediously—the testimony given by the witnesses is reiterated, without adding any analysis of such statements. Regarding what the accused said—a version that is constantly reiterated in this section of the judgment—the a quo states the following: "Despite these considerations, not because the Court may have eventually had witnesses here, who although it is true none have been clear as to whether these facts occurred in May 2008, specifically, some refer to it being three years ago, less than two years ago, approximately four years ago, approximately five years ago, however, it must be taken into account that we are in the presence of a cutting and sawing of wood, in a pasture area just as the prosecutor's office corrected it at the time... Continuing with the analysis of the testimony, and uh, starting with the testimony of the witnesses [Name13]." The judge entertains herself by vaguely referring to what the witnesses said and thus omits analyzing the account given by the accused, a statement in which he admitted having ordered others to go and carry out the tree felling on the investigated land and provided other considerations that were simply ignored by the Court, without granting it any type of value, as was required. The dynamic with which the presentation of the ruling continues is to summarize again what witness [Name14] said and indicates that they are basically coincident with the work performed by another witness –M.–, and that he contradicts what was said by [Name2] and adds: "Despite this, this Court considers that these witnesses do not show any particularity to come and harm you... continuing with the assessment of this evidence (she repeats what the witnesses said) we have that based on this evidence it is identified that the facts occur in a pasture area (she insists on what the witnesses said verbatim) the Court considers... that the situation can be clarified insofar as Mr. [Name14] was also coincident that the person who was bringing the permit, did so, had mentioned that he was inside a vehicle and that he was parked on a public road... (she again broadly refers to what [Name2] said) subsequently regarding the other situation, the witness mentions that the Public Force, by virtue of this situation and because the permit that Mr. [Name1] had did not match, left it in provisional deposit of this wood...". Immediately, she insists on reiterating what [Name2] said and adds: "Regarding the first facts... one, two, and three accused... this witness is also very consistent that this wood and trees were in a pasture and he has been emphatic that the defendant was the one who subsequently removed the wood. Another of the witnesses who have been clear regarding this situation is Mr. [Name15]." As can be inferred from the above, that dynamic of reporting the ruling, in addition to being confusing and lacking a true confrontation of accounts, prevents clearly knowing what information was given by the witnesses and what is the assessment and conclusion given by the judge. In that way, minutes were added to a presentation that not only proves to be a multi-reiteration of the gathered testimonies, but also upon which there is no analysis that serves as a basis for the doubt that, as the ruling indicates, arose from said evidence. Conducting a scant analysis of the evidence, the judgment states the following: "According to the assessment of all the testimonies, it is taken into account that it is a pasture area, the defendant is located, despite the fact that he himself indicated that he had not been there when this felling had occurred. For the Court, the defendant's statement on this point is not consistent and therefore no credibility is given to it. No credibility is given to it despite the decision that is being made insofar as he was located by one of the public force officers... in addition to that, he is clear and emphatic in indicating that the sound of a chainsaw was being heard, that work was being done there." From the above, it would seem to be inferred that for the a quo the presence of the accused at the place where the tree felling was taking place was proven, but subsequently she states that doubt arose on the point. Likewise, regarding the facts constituting the crime of theft, the ruling indicates that it does not believe the accused's version that he was at the site because he was transporting furniture, because the evidence does not indicate such a thing. However, she concludes contradictorily that the testimonies are not sufficient to convict, without indicating why. The ruling also refers to considerations on what should be considered "harvesting" of the wood, and indicates: "What must be determined to verify harvesting? There has existed... a doubt insofar as the defendant states in the first instance that it was Mr. [Name2] who sought him out to do that cutting, however, to one of the officers... surnamed [Name13]... the defendant tells him that he is the person responsible for the wood and on the other hand, there is also this report from the officer who testified and here Mr. [Name16] also stated in this adversarial proceeding that the person who had identified himself as responsible for this wood was a son of the property owner, even at the end of his testimony he said it was another brother... a brother of [Name2], who had informed him that he was harvesting the wood by agreement with this man, referring to the accused who had bought the wood... there has existed doubt... by virtue of the fact that... Mr. [Name2] was emphatic in indicating that he only sold the wood to the accused and that the accused told him he would handle the permits... despite these considerations, this Court considers that coupled with the fact that the statement of Mr. [Name10] has mentioned that a permit is needed to cut in a pasture and on private property, this Court considers that this action is atypical because...". From this point of the oral ruling onward, the judge proceeds to justify, using the jurisprudence already analyzed in Considerando II of this judgment, her position that the facts are atypical and affirms that the purpose of the forest law is the protection of forested areas, which as indicated earlier, is completely erroneous. The same situation of erroneous reasoning occurred in relation to the crime of theft of wood, regarding which the ruling indicates that the prosecutor requested six months of imprisonment in reproach of two conducts and did not separate some of the actions, and therefore "it is more doubtful regarding the request of the prosecutor," an assertion that contains no foundation and the scant reasoning that was given contains incongruities and contradictions that detract from its validity. Thus, the ruling indicates: "There has been no doubt that the seized wood... remained in the hands of Mr. [Name2]... it is clear to this Court that the defendant did load some wood onto his truck... (it also says that there is doubt on this aspect because the witness [Name11] was not emphatic in substantiating this version) however, it is important to know greater characteristics of the species, for example, or of the quantity of this wood that he supposedly loaded onto his vehicle...". Thus, even though the judge refers to having evidence that the accused loaded the wood, on the other hand she says that it is not sufficient for conviction—without indicating why—and despite alluding to multiple evidence to the contrary, she contradictorily concludes that a doubt arises, which is neither justified nor inferred from the ruling. Regarding this aspect, the judgment indicates: "This cannot be reliably arrived at despite the fact that [Name11] said that you loaded that wood that was on the property of Mr. [Name9] and another witness called [Name12] also said that the wood he had helped the accused move was in that place. This witness mentions that he thought it was cedar... these witnesses, although it is true they refer to your person loading some wood, for the Court it is not reliably determined that this wood was the same as that which was given that day in provisional deposit to Mr. [Name2].... the brother of Mr. [Name2] also mentions you... and one witness states that the wood that you took was the seized wood... you were the driver of the vehicle... setting aside this situation by this Court, for the purpose of giving credibility or not to this witness [Name15], however, from what he states it cannot be possible to arrive at direct evidence, as an eyewitness or at least to derive from him an indicium that leads to more than one conclusion, why? because he sees you enter that property to leave some bales, that after that he mentions he sees your person leave, who was even driving, and that with the wood and that he knows that wood was the one that was seized, however, how does he do to tell us that he knows it was the one that was seized? this man says that it is not until the next day that he goes to see if the wood was there or not and that he told his dad and his mom and little brother that it was not there, see here that the prosecutor's office accused you that this was at the end of May 2008... it would be like five days after the deposit... despite the fact that witness Mr. [Name2] said it was fifteen days later... it can indeed be logically concluded that you passed by there with the truck, that you could have loaded some wood onto your truck; however, as has been indicated, it is not clear that this wood was the seized wood." It would seem that even though the a quo judge mentions having received multiple testimonial evidence that points to the accused as the person who loaded onto a vehicle the wood that had been given in deposit to [Name2] and that the latter reported as stolen, she concludes with a doubt for which she provides no reasons. The ruling also raises doubts about the quantity of wood stolen and speculates—without any evidentiary basis—that after witness [Name15] saw the accused leave with wood at night, another person could have entered to steal more wood, and for that reason the accused was acquitted of all penalty and responsibility. Moreover, the documentary evidence was only mentioned, without any assessment. Based on the foregoing, it can be concluded that the ruling fails to comply with Article 363, subsection b) of the Código Procesal Penal, as it lacks a legal basis to support the decision adopted by the judge, ultimately preventing—due to the scant and contradictory analysis—knowledge of the reasons derived from the evidence that led to the acquittal of the accused. In accordance with the foregoing, the judgment does not contain a legal basis for evidentiary, factual, and legal analysis that justifies the acquittal issued, and therefore the complaint is upheld and the entirety of the ruling is annulled, ordering reassignment for a new proceeding.

WHEREFORE:

            The appeal of judgment filed by the prosecutorial representation is declared with merit. The contested judgment is entirely annulled and reassignment is ordered for a new proceeding in accordance with law. NOTIFY.

 

 

            

 

Yadira Godínez Segura

 

 

 

 

 

 

     

Alberto Alpízar Chaves                                    David Fallas Redondo                                

Judge and Judges of Sentence Appeals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP. 08-000118-706-PE

C/ E.

D/ VIOLATION OF THE LEY FORESTAL AND OTHER

OF/ O. AND OTHER

angie

  

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