Res. 00068-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV — Public Domain Property — Imprescriptible and Inalienable Nature of the State's Natural HeritageBien demanial — naturaleza imprescriptible e inalienable del Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV

Resolución Nº 00068 - 2013

Fecha de la Resolución: 29 de Julio del 2013 a las 11:00

Expediente: 10-003308-1027-CA

Redactado por: Grace Loaiza Sánchez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Concepto y características.
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Texto de la resolución

SENTENCIA  68-2013

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, SECCIÓN CUARTA, a las once horas del veintinueve de julio de dos mil trece.

Proceso de conocimiento tramitado bajo el número de expediente  10-3308-1027-CA, incoado por  los señores Nombre112178  , mayor, viudo, agricultor, cédula de identidad CED88741, vecino de Liverpool Limón y Nombre112179  , mayor, casado y separado, agricultor, cédula de identidad CED88742, vecino de Cartago representados  por  su apoderado especial judicial licenciado Víctor Smith Hare, mayor casado, abogado, cédula CED88743, vecino de San José, en contra del ESTADO, representado por el señor Procurador Agrario, licenciado Víctor Bulgarelli Céspedes, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad CED7976, el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL ( antes INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO), representado por la Licenciada Maribel Aguilar Cedeño, mayor, soltera, abogada, vecina de Desamparados, cédula de identidad CED88563 y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por su apoderado el licenciado Oscar Eduardo Romero Aguilar, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad CED88744.

 

RESULTANDO

1- Con base en la demanda interpuesta (folios 1 a 5) los ajustes realizados en la audiencia preliminar y al inicio del juicio oral y público, solicita como pretensión principal : La nulidad parcial del acuerdo número 008-2099 del 2 de marzo de 2009, Artículo 6 y Acuerdo 6 del IDA,  donde éste ordena traspasar e inscribir el inmueble que ésta en posesión de los actores al SINAC, y que se inscriba la propiedad de nombre de ambos actores y por concepto de daño moral la suma de cien millones de colones a partes iguales de cada uno de los accionantes. Como pretensión subsidiaria solicita: La nulidad parcial del acuerdo número 008-2099 del 2 de marzo de 2009, Artículo 6 y Acuerdo 6 del IDA, y de no traspasarse el inmueble a su nombre, se le reconozca el daño material, entendido como el valor del inmueble, suma que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia y la suma de cien millones de colones a partes iguales de cada uno de los accionantes como daño moral y en ambas pretensiones se le condene al pago de las costas del proceso

2- La representación del Instituto de Desarrollo Agrario contestó negativamente la demanda y opuso las defensas de Falta de Integración de la litis (la cual le fue resuelta interlocutoriamente) y la Falta de Derecho.

3- El señor Procurador en representación del Estado, rechaza la demanda, opone las defensas de Falta de Derecho, Falta de legitimación ad causam pasiva, Falta de integración de Litis Consorcio pasivo consorcio e inadmisibilidad (las dos últimas resueltas interlocutoriamente)

4-  La representación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, rechaza la demanda, y opone las defensas de Falta de Derecho, Falta de Legitimación Activa y Pasiva y Falta de Interés.

5- El juicio oral y público se celebró el día 23 de julio de 2013, al cual asistieron todas las partes.

6- En los procedimientos se han seguido las prescripciones legales, no existen defectos capaces de producir nulidad y se dicta esta resolución dentro del término establecido en el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, para los procesos de trámite complejo, previa deliberación y por unanimidad:

Redacta la Juez Loaiza Sánchez

 

 

CONSIDERANDO:

I- HECHOS PROBADOS. SE TIENEN POR DEMOSTRADOS LOS SIGUIENTES:

1- En el mes de julio de 1979 se practicó por parte del instituto de Tierras y Colonización avalúo de la finca #16.292 propiedad de la empresa ganadera y Maderera Asunción Norte S.A., con la finalidad de adquirirla (ver avaluó de finca de folios 8 a 14 del expediente administrativo tomo III); 2- El 26 de diciembre de 1979, mediante escritura pública el Instituto de Tierras y Colonización, adquirió por venta de la Empresa Ganadera y Maderera Asunción Norte Sociedad Anónima, la finca del partido de Limón número 16692, terreno de repastos, charrales y montaña con una medida de tres mil novecientos sesenta y cinco hectáreas, seis mil cincuenta y un metros, treinta y cinco decímetros cuadrados (ver folios 295 a 297 del expediente principal); 3- El citado instrumento público fue presentado ante el Registro Público de la Propiedad el 27 de diciembre de 1979, y fue anotado mediante en el tomo 321, asiento 12814 (ver folios 295 a 297 del expediente principal); 4- La finca cuando es adquirida por el Instituto de Tierras y Colonización, se encuentra cubierta de bosque primario y segundo crecimiento, cultivos de cacao y pasto y bosque de protección (ver  avaluó de folios de 8 a 14 del expediente administrativo tomo III); 5- Dicha finca se encuentra ubicada en la Provincia de Limón, Dirección13481  , y aparece inscrita en tomo 2254, folio 263, número 16,292, asiento 2, con un área según registro de 3,965 has 6051.35 m2, con una medida real de 10hs de cacao, potrero con diferentes especies de 85 has, de bosque 3070 has 6051.35 m2 y de bosque en protección de 800 has aproximadamente (ver informe- avalúo de finca de folios  8 a 14 del expediente administrativo tomo III); 6- El 22 de junio de 1992, mediante escritura pública número 27 del notario Adrián Paniagua, los señores Edier Vargas Montero e Hipólito Vega Varela en la suma de cien mil colones venden a Nombre112178   finca sin inscribir, terreno de repastos y rastrojos, en el Alto la Victoria de Liverpool, Distrito y cantón primeros de la provincia de Limón, con una medida aproximada de 30 hectáreas, linda al  norte y al oeste con el Río Victoria, al sur con Miguel Pereira y al este Victoriano Madrigal,  en el citado instrumento público se indica que la venta incluye la posesión ejercida por los vendedores por más de diez años (ver folio 12 del  expediente principal); 7- En el mes de noviembre de 2004, se confeccionó plano que representa finca con un área de 80 H. 9793,25 m2 en el cual se indica propiedad del IDA a traspasar a Nombre112178   y Nombre112179  , el cual fue catastrado bajo el número 7-959207-2004 en esa misma fecha (ver folio 10 del expediente judicial); 8- Los actores Nombre112178  Nombre112178 y Nombre112179   tenían conocimiento previo a la confección del plano 7-959207-004 que la finca que indican poseer con una medida de 80ha.0793.25 m2 era propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario (ver plano de folio 10 del expediente judicial); 9- Que en el plano catastrado L- 959207-2004, se representa parcela con medida de 80ha.0793.25 m2, como propiedad del I.D.A. y que traspasa a Nombre112178   y Nombre112179  , con un área según registro de 39.656.051,38 m2, situada en Asunción Norte, distrito Río Blanco, cantón y provincia de Limón (ver folio 1 del expediente administrativo tomo I); 10- Mediante Informe N° DFOE-ED-7-2007 sobre el Cumplimiento y Vigencia de las Funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario, fechado 15 de marzo de 2007, la Contraloría General de la República le señala al Instituto su obligación de trasladar al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones las áreas que constituyan Patrimonio Natural del Estado, conforme la vocación del terreno y la imposibilidad de adjudicar dichos terrenos, y dispone que el IDA deberá realizar dichos traslados (ver punto 2.3.3 y recomendaciones y disposiciones del citado informe de folios 299 a 369 del expediente principal); 11- El señor Nombre112178   el 25 de mayo de 2007 formuló denuncia ante la Fiscalía del primer Circuito de la Zona Atlántica, manifestando que invadieron su finca ubicada en los Altos de la Victoria en Limón, representada por el plano L-959207-2004 (ver folios 83 y 84 del Tomo IV del expediente administrativo); 12- Mediante Informe N° DFOE-ED-7-2007 sobre el Cumplimiento y Vigencia de las Funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario, fechado 15 de marzo de 2007, la Contraloría General de la República, señala al Instituto de Desarrollo Agrario su obligación de trasladar al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones las áreas que constituyan Patrimonio Natural del Estado, conforme la vocación del terreno y la imposibilidad de adjudicar dichos terrenos, y dispone que el IDA deberá realizar dichos traslados (ver punto 2.3.3 y recomendaciones y disposiciones del citado informe de folios 299 a 369 del expediente principal); 13-  Que de la propiedad en discusión fueron desalojados para el año 2008 varios ocupantes mediante el proceso de desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública, a gestión del Instituto de Desarrollo Agrario (ver folios  19 a 25, 89 a 91 del expediente administrativo tomo IV); 14- El 3 de marzo de 2008, mediante escritura pública el señor Nombre112178  , rinde declaración jurada y manifiesta que declara actos de posesión, como mantenimiento de bosque, cortando charral, mantenimiento de quebradas, limpieza de carriles y senderos internos, de un bien a titular con naturaleza de montaña virgen con bosque primario y una parte de tacotal, ubicado en la provincia de Limón, distrito tercero Río Blanco del cantón primero, en asunción Norte, Altos de Río Victoria con una medida de 80 hectáreas 793,25 m2, que colinda por el norte con el Río Victoria y terrenos del IDA, al sur con Nombre112180   , al este con Mario Rubí y al oeste con el Río Victoria, agrega además que el único codueño es Nombre112179  , y que una parte de la finca la adquirió de Edier Vargas Montero  e Nombre112181 , y el resto a algunos poseedores por más de diez años, y que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público de la propiedad (ver folios 18 y 19 del principal); 15- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Amistad-Caribe certificó en el mes de mayo del año 2008 que la finca representada por el plano catastrado L-959207-2004, y que es parte del folio real 7016292-000 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio del Ambiente y Energía (ver folio 45 del expediente principal); 16- Se estableció proceso de Información Posesoria por parte del señor Nombre112178  , ante el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, solicitando la titulación la finca representada con el plano catastrado Placa20047, con una medida de 80ha 793,25 m2  indicando el actor en su demanda que dicho plano corresponde al número de folio real matrícula Placa20048 (proceso 08-130-678-CI, ver folios 25 a 49 del expediente principal); 17- Mediante sentencia 58-2009, el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón dictada a las 13:05 horas del 5 de mayo de 2009, se ordenó el archivo de las diligencias de Información Posesoria incoada por el actor, por encontrarse previamente inscrita la finca a nombre del IDA (ver folios 82 a 84 del expediente principal); 18- La Oficina Regional de Batán del Instituto de Desarrollo Agrario el 20 de febrero de 2009,  informa y recomienda al área de Topografía, que la parcela número 45 del Asentamiento Asunción con una medida de 80 hectáreas, 798,25 metros cuadrados, propiedad e inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario en razón de su vocación forestal, de gran importancia para la cuenca del Río Banano, que no ha sido adjudicada ni ocupada, su uso actual es de bosque natural condición que no debe variar y que el terreno posee pendientes muy pronunciadas, recomienda que sea traspasada al MINAET (ver folios 3 y 4 del expediente administrativo tomo I, oficio ORB-116-2009); 19- Se informa además por parte de dicha oficina regional que la propiedad aparece en los planos Placa20049 y L-904203-20004 como en posesión de Nombre112178   y Nombre112179   y en la citada oficina Regional no consta que esas personas hayan ejercido posesión real de la finca (ver folio 4 del expediente administrativo tomo I); 20- El área de topografía del Área de Conservación La Amistad, sector Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, recomienda al Director de Formación y Desarrollo de Asentamientos en acatamiento al informe de fiscalización de la Contraloría General de la República el traspaso de 10 proyectos del Instituto de Desarrollo Agrario de los cuales 41 predios se traspasarían al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (ver folio AT-094-2009 del 20 de febrero de 2009 folios 4 a 9 del expediente administrativo Tomo I); 21- Dentro de los citados terrenos que se recomienda traspasar se encuentra el asentamiento La Asunción Río Blanco, Limón con una medida de 80 hectáreas 793,25 metros cuadrados con plano catastrado L-959207-2004 (ver  folios 6 del expediente administrativo Tomo I); 22- En el mes de enero de 2009 el Área de Conservación La Amistad  solicita al Instituto de Desarrollo Agrario el traspaso de la finca representada por el plano catastrado L-959207-2004, lo anterior al amparo de Informe de la Contraloría General de la República que así lo recomienda (ver oficios ACLAC-AL-015-09 y AT-043-2009 folios 96 del expediente administrativo Tomo IV); 23- La propiedad correspondiente al plano L-959207-2004 es un terreno destinado para la Conservación y Protección de Recursos Naturales, posee aptitud forestal y se ubica cerca de la zona protectora del Río Banano y es parte de la cuenta de este mismo río (ver  informe ACLAC-AL-015-09 de folios 94 y 05 del expediente administrativo tomo IV y declaración en el juicio oral y público de Nombre112182   técnico de la oficina subregional de Batán del Instituto de Desarrollo Agrario, e informe de folios 249 a 256 del expediente principal); 24- Que la propiedad pretendida por los accionantes, conforme a las inspecciones realizadas por técnicos del Instituto de Desarrollo Agrario, no presenta la existencia de personas, cultivos o construcciones que evidencien posesión alguna (ver folios 249 y 250 del expediente principal); 25- Que la parcela en discusión, no ha sido adjudicada ni se ha reconocido por parte del Instituto de Desarrollo Agrario ocupación de ninguna persona (ver folios 249 y 250 del principal); 26- Que la finca representada por el plano L-959207-2004 se encuentra inscrita al folio real 7-16292-000 a nombre del instituto de Desarrollo Agrario desde el 17 de setiembre de 2002 (ver folios 93, 85 y  88 del expediente administrativo tomo IV); 27- La propiedad que representa el plano catastrado L-959207-2004 con una medida de 80 ha 0793,25 m2 corresponde según ubicación cartográfica a parte del Asentamiento Asunción (ver oficio AT-043-2009 del 30 de enero de 2009, folio 96 del expediente administrativo tomo IV); 28- Que los planos catastrados L-959207-2004 y L 904203-2004 representan la misma finca con una medida de 80 has, 798,25 metros, la cual nunca ha sido adjudicada por parte del IDA (ver folios 4 a 6, 87 y 98 del expediente administrativo tomo IV);  29- La finca representada por el plano catastrado 7-959207-2004, con una medida de 80ha 0793,25 metros 2  para el año 2008, se encuentra en su totalidad cubierta por bosques, con suelos fuertemente ondulados (ver folios 59 a 63 del expediente principal acta de visita de campo realizada por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria); 30- Que según estudio de Registro Nacional el plano catastrado número L-959207-2004 se sobrepone al plano catastrado número L-20807-1974, y ambos planos citan la finca propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario folio real número 7016292-000 (ver folios 71 a 73 del expediente principal); 31- Mediante acuerdo número 06, sesión ordinaria 008-2009 celebrada el 02 de marzo de 2009 la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, dispuso en acatamiento a lo señalado en el informe N° DFOE-ED-7-2007 de la Contraloría General de la República, recomendaciones técnicas al traspaso al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de 41 predios (ver folios 10  y 11 del expediente administrativo tomo I); 32- En el citado acuerdo, dentro de los 41 predios traspasados al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se encuentra el proyecto Asunción, Río Blanco, Limón, con una medida de 80 ha 0793,25 m2 presentada por el plano catastrado L-959207-2004 (ver folios 10 y 11 del expediente administrativo tomo I )

 

II- HECHOS NO PROBADOS

1- No consta en los registros del Instituto de Desarrollo Agrario que los señores Nombre112178   y Nombre112179  , hayan ejercido posesión sobre la finca que reclaman en este proceso (los autos); 2- No consta que los actores hayan realizado gestión o solicitud alguna de adjudicación ante el Instituto de Desarrollo Agrario, como poseedores u ocupantes  (los autos); 3- Que la propiedad en discusión posea condición agraria, o una diferente a la establecida técnicamente por el Instituto de Desarrollo Agrario y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria  (los autos); 4- Que los daños que refieren los actores tenga nexo de causalidad con la actuación formal del Instituto de Desarrollo Agrario.

 

III- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Objeto del Proceso: La parte actora indica que mediante escritura pública en el mes de junio de 1992, adquirió de Edier Vargas Montero e Hipólito Vega Varela por la suma de cien mil colones terrenos de repasto y rastrojos en el alto de la Victoria en Liverpoll Distrito Primero, cantón primero de la provincia de Limón, con una medida aproximada de 30 hectáreas misma que habían poseído los vendedores por más de 10 años en forma quieta, pública y pacífica. Indica que posteriormente siempre mediante escritura pública aclaro que la finca cuestionada, comprende la finca más montaña virgen, con bosques primarios con una parte de tacotal y con una galera, en el distrito tercero, Río Blanco, Asunción norte, Alto Victoria, cantón primero de la provincia de Limón, con una medida de 80 hectáreas 0793,25 metros cuadrados, aclarando que ese derecho de posesión era en copropiedad con el señor Nombre112179  . Posteriormente promovió Información Posesoria ante el Juez Agrario de Limón, proceso que mediante sentencia 58-2009 fue rechazado y archivado el 5 de mayo de 2009, por el ser el terreno cuestionado propiedad del IDA.- Informa que el derecho de posesión que reclama en este proceso sobre la propiedad, es porque ésta es parte del folio real número 7-016-292-000 plano catastrado 1-20807-1994, desconociendo como el IDA adquirió esa reunión de inmuebles, ya que los poseedores de buena fe de esa finca nunca fueron notificados de diligencia administrativa alguna y menos de proceso de expropiación, la finca madre tiene una medida de 39,656051-35 m2 y fue inscrita por el IDA en el mes de setiembre de 2002. Alega que existe documento expedido por el Área de Conservación La Amistad-Caribe del mes de mayo de 2008 que certifica que la finca en cuestión está fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio del Ambiente y Energía. Afirma que posteriormente mediante sesión ordinaria N° 008-2009 del 2 de marzo de 2009, el IDA aprobó el traspaso al MINAET de 41 predios que corresponden a 10 proyectos del IDA que incluye el plano L-959207-2002, desconociendo su derecho de propiedad, aduciendo que había sido en atención a un Informe realizado por la Contraloría General de la República. Solicitan se anule el acuerdo mediante el cual se traspaso la propiedad de la cual se alega han ejercido la posesión. Argumenta que la Sala Constitucional ha dispuesto mediante varios fallos, la inconstitucionalidad de Ley de Titulación de Tierras ubicadas en la Reserva Nacional y el Reglamento para la titulación de Tierras ubicadas en reserva nacional, por lo que carece el IDA de competencia para dictar actos administrativos que se reviertan procesos y actos que se encuentren firmes, por lo que las actuaciones deben discutirse en ese jurisdiccional, en el que se discuta el mejor derecho de la propiedad, confrontando los títulos respectivos. Solicita se anule el acto administrativo de traspaso, y se inscriba a nombre de ambos actores para propiedad en litigio, así como se le reconozcan  los daños que reclama haber sufrido. La representación del Instituto de Desarrollo Agrario, contesta la demanda negativamente, alega que el actor reclama su derecho amparado a una venta que se le realiza de una propiedad por parte de sus poseedores, pero no se indica en forma exacta los años o condiciones en que se adquirió esa posesión, así como las medidas exactas de la propiedad, posteriormente mediante declaración jurada el actor indica que su propiedad es más grande, poco más de 80 hectáreas, sin que se indique de quien la adquirió o su forma de adquisición. Señala que en el proceso de información posesoria solo don Nombre112178 se apersonó, no el actor Nombre112179  , y posteriormente se presentan ante esta sede reclamando para ambos el derecho a la propiedad. Informa que el plano original de la propiedad es el L-20807-1974, con el cual se adquirió por parte del IDA la propiedad en el año de 1979, y que dicha propiedad fue inscrita a nombre de su representado desde el 2002, esto por problemas de inscripción, con una medida de 3965 ha 6061.35 m2. Respecto a la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tiene solo como finalidad de indicar si la propiedad se encuentra dentro o no de un área silvestre protegida, situación similar que sucede en su criterio de la certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. Señala que los planos L-95207-2004 y L -904203-2004 representan la misma área a nivel catastral y son totalmente privados y no fueron confeccionados por el Instituto de Desarrollo Agrario, por ello se indican en ellos los nombres de los actores, lo que no implica reconocimiento alguno. Alega que su representado traspaso al MINAET varias propiedades entre ellas la reclamada por los actores, en atención a informes emitidos por la Contraloría General de la República, además dicho terreno es considerado parte del Patrimonio Forestal del Estado, y encontrarse dentro de la cuenca del Río Banano, además que en el terreno no existen rasgos de posesión alguna de terceros, informa que la propiedad en discusión en su momento fue comprada por el ITCO desde el año de 1979. Aunado a lo anterior en este caso concreto la propiedad contaba con plano catastrado y se encontraba debidamente inscrita en el registro al momento de su adquisición por parte del Instituto, lo que lo legitima a disponer de ella como lo considere pertinente y en este caso por su vocación forestal traspasarla al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como a ejercer acciones contra terceros que actúen en perjuicio del inmueble. El representante estatal rechaza la demanda, argumentando que no es posible ejercer posesión sobre bienes de dominio público por lo que cual traspaso que se haga entre particulares en nulo, pues el terreno en discusión es parte del Patrimonio Natural del Estado, razón  por cual además se rechazo la información posesoria gestionada por el actor Nombre112178 , al constatarse que en el terreno se encuentra inscrito desde aquel momento a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, lo que consta en la escritura pública del mes de diciembre de 1979, en la cual se adquirió por parte del IDA el terreno. Respecto a la certificación emitida por el Área de Conservación La Amistad- Caribe, no quiere decir que el terreno no se encuentre dentro del Patrimonio Natural del Estado, en consecuencia el Instituto de Desarrollo Agrario está facultado para traspasar terrenos de su propiedad al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Afirma que la naturaleza del terreno no permite su adquisición por prescripción positiva como lo pretende el actor, aún cuando su ocupación fuera por más de diez años, por lo que la escritura de traspaso en favor del actor Nombre112178 , es nula por haberse pactado sobre un bien demanial. Sobre el acuerdo de traspaso al MINAET adoptado por la Junta Directa del IDA, no es ilegal, al ser los terrenos traspasados entre ellos el pretendido por los actores parte del Patrimonio Natural del Estado. Referente a los daños pretendidos por los accionantes, deben rechazarse por ser improcedente toda acción que  persiga indemnización por la recuperación de terrenos estatales. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación , en la persona de su representante,  en similares términos contesta negativamente la demanda, alega que es imposible la posesión sobre el bien que pretenden los actores, al estar cubierto de bosque y encontrarse inscrito a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario y que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que cualquier intento de reducirlo a la propiedad privada es nulo e ilegal, y que resulta temerario que mediante una declaración jurada, los actores pretendan ampliar una finca de 30 hectáreas a una medida mucho mayor, de una propiedad que pertenece al IDA y se encuentra inscrita a su nombre, combate la certificación emitida por el Área de Conservación La Amistad-Caribe, manifestando que el terreno pertenece al Patrimonio Natural del Estado y dicho documento no cambia esa condición ni otorga derecho alguno al actor.

IV- SOBRE EL FONDO

Dispone la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961, que el Instituto de Desarrollo Rural tiene por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, velando por que la asignación de este recurso promueva el aumento gradual de la productividad, propugnando por una justa distribución de su producto y la elevación de su condición socioeconómica, para de esa forma hacerlo partícipe consciente del desarrollo de la nación, logrando así una justa distribución de la riqueza y evitando las formas indirectas de explotación de la tierra (ordinal primero ibid), reconociendo la existencia y legitimidad de la propiedad privada. Se trata en efecto de una norma de ejecución del canon 50 de la Constitución Política, que pretende en esencia promover la reforma agraria y otorgar tierras a aquellas personas que realmente lo necesitan. En razón de tales cometidos, la Junta Directiva de dicha entidad tiene la facultad de promover planes de parcelación, disponer la adquisición de propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económico-sociales, de constituir en propietarios a los campesinos a quienes les adjudica una parcela y de aprobar la adjudicación de fundos para el otorgamiento de los títulos respectivos. Todo ello sin duda establece un régimen especial de propiedad, tutelado y protegido en forma agravada, con el objeto de destinarla al fin encomendado por ley, evitando así que la tierra sea dedicada a fines contrarios a su fin social, lo cual implicaría su desnaturalización. En el caso concreto los actores, vienen a reclamar en este proceso, la nulidad de un acto administrativo dictado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario mediante el cual se traspasó en favor del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la finca que pretende para sí, alegando que han ejercido posesión por más de diez años por lo que no es posible ni legal el desconocimiento de los derechos que han adquirido por el transcurso del tiempo, por haberla adquirido de sus anteriores poseedores quienes para ese momento tenían más de diez años de ejercer posesión en la parcela pretendida. Nuestra normativa civil ha establecido en forma clara que el derecho de posesión se entiende la facultad de una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho (artículo 277 del Código Civil), se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata (ordinal 278 ibid) y se adquiere en forma originaria o derivada por consentimiento del propietario o por el derecho de conservar la cosa por más de un año (numeral 279 ibid). Se requiere que la condición posesoria sea adquirida y ejercida en nombre propio o en nombre de otro (numeral 280 ibid), de modo que el hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer, mientras otro no pruebe corresponderle ese derecho (artículo 281 ibid) y subsiste mientras dure la tenencia de la cosa o goce del derecho o la posibilidad de continuar uno u otro (numeral 282 ibid), debiendo ser de buena fe, es decir que en el acto de la  posesión creía tener el derecho de poseer y que la ejerce en forma legítima (ordinal 284 y 285 ibid), en calidad de propietario (animus domini), continua, pública y pacífica. Por su parte en materia agraria se requiere la tenencia, poner a trabajar y producir la tierra, realizando por necesidad actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público (ordinal 92 de la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961). Expuesto lo anterior, indispensable resulta atender la argumentación de los actores, sobre los que ellos han llamado actos de posesión. Se desprende en autos, que tal condición es amparada en criterio de los accionantes en dos instrumentos públicos, el primero de ellos escritura pública número 27 en la cual el actor Nombre112178  compra aproximadamente 30 hectáreas de terreno de repastos y rastrojos en el Alto la Victoria de Liverpoll provincia de Limón, así como el derecho de posesión que indican Edier Vargas e Hipólito Vega vender al señor Nombre112183, posesión según los primeros han ejercido en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción. El segundo documento, constituye la escritura 193 otorgada el 3 de marzo de 2008, en la cual el actor Nombre112178  rinde declaración jurada donde afirma que desea titular terreno de montaña virgen con bosque primario y una parte de tacotal, ubicado en la provincia de Limón Asunción norte, Altos de Río La Victoria con una medida de 80 hectáreas, 0793,25 m2, afirmando además como actos de posesión el  mantenimiento de bosque, corta de charral, limpieza de quebradas internas, limpieza periódica de carriles y senderos internos y que el codueño del mismo es el señor Nombre112179  . Declara además que una parte de la finca la compro a Edier Vargas y a Nombre112181 , y el resto a algunos poseedores por más de diez años como Miguel Pereira, de lo cual no recuerda fecha, afirmando que la finca no ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y que carece de título. Conforme el argumento de los actores y el contenido de dichos documentos, es necesario realizar análisis, primero el modo de adquisición que refieren los actores y segundo si es posible el reconocimiento de la alegada posesión en relación con la naturaleza del terreno en discusión.- Los actores en respaldo de su dicho, traen al juicio oral y público al señor Nombre112181   quien afirma que efectivamente le vendió un terreno a don Nombre112178 porque él no contaba con los recursos para su explotación, y que junto con otra persona mantenían la parcela, hacían chapias y limpiaban un potrero, que eran una 30 hectáreas y que mientas estuvo en su poder no tuvo problemas con nadie, alega desconocer que ese terreno pertenecía al IDA. Por su parte la hija del señor Nombre112183, Nombre112183  , afirma que su padre le compró la posesión a Hipólito y que ellos tuvieron el terreno para conservación, cuidándolo, pagaban impuestos, que su padre puso el terreno y Oscar tenían muy buenas ideas para desarrollar un proyecto de turismo, pero que siempre el terreno fue destinado a la conservación. Debe rescatarse de los mismos argumentos de la parte actora, que han reconocido que la finca pretendida nunca fue explotada con producción agrícola que el uso dado por ellos se+un su dicho (por lo menos don Nombre112178, se desconoce de don Oscar) fue de conservación y en su misma demanda afirman que parte del terreno es montaña Virgen con bosques primario y una parte de tacotal, lo que refleja que tenían conocimiento de la naturaleza del terreno, tan es así que nunca fue explotado agrícolamente, y su finalidad eran explotarlo mediante un proyecto turístico. Aunado a lo anterior llama poderosamente la atención a este órgano colegiado la forma en que los actores afirman haber adquirido la totalidad de las 80 hectáreas, pues la primera escritura establece una medida de aproximadamente 30 hectáreas solo traspasando a don Nombre112178 y de esta medida se pasa a 80 hectáreas, 0793,25 m2 que en apariencia se adquirieron de otros poseedores, sin que exista documento alguno que respalde dicha adquisición, en que área, y a quien se le vendió a ambos actores o solo uno de ellos, y que se afirme mediante declaración jurada en el año 2008 que la finca carece de título, sea no está inscrita en el registro público, pues desde el año 2004 en que se confeccionó el plano catastrado 7- 959207-2004 a nombre de ambos actores, estos conocían que la finca era del Instituto de Desarrollo Agrario, lo que genera inseguridad e incerteza de la existencia de la posesión reclamada de tal cantidad de hectáreas, sin que exista un claro origen o fecha de su adquisición.  Si bien es cierto no ha quedado claro en el proceso que el actor Nombre112178  conociera para el año de 1992 que el terreno pertenecía al IDA, es cierto que  ambos actores  conocían para el año 2004 fecha en la cual se confeccionó el plano, y pese a lo anterior afirma en su declaración jurada el señor Nombre112178  que el terreno se encuentra sin inscribir. Otro aspecto relevante para este Tribunal, es a partir de cuándo y de que forma el actor Nombre112179  aparece como codueño del terreno pretendido, el derecho que alega de posesión, no es claro, solo se dice en el año 2008 (fecha de la declaración jurada de don Nombre112178) que él es codueño de la propiedad, sin que se explique cómo llegó a esa condición. El mismo actor Nombre112178  informa que para el año 2008 se estableció proceso de Información posesoria, pero tan solo en su favor, no de don Nombre112179 . Del citado proceso tramitado en el Juzgado Agrario de Limón, se extrae que presentó en respaldo de su pretensión el plano 7-959207-2004, y se le previnieron una serie de documentos para la atención de dicha demanda y durante su trámite, se solicitó inclusive informes al registro público de la propiedad, quien en fecha 24 de febrero de 2009, le informa al Juez agrario que el citado plano se sobrepone a otro L-20807-1974 y que ambos pertenecen a la finca 16292-000 inscrita a nombre del IDA, razón por la cual el órgano jurisdiccional le rechaza la demanda y ordena archivar las diligencias de información posesoria. Resulta esencial dejar claro en el proceso que existen dos panoramas que deben ser delimitados. Los actores pretenden se titule en su favor el fundo por operar la prescripción positiva. Conforme la normativa civil el reconocimiento de tal derecho se encuentra supeditado al cumplimiento de requisitos normados, buena fe, terreno sin inscribir, actos de posesión propios o adquiridos, y respecto a la posesión agraria en otros, pero como requisito fundamental el trabajar y poner a producir la tierra. No debe olvidarse que una de las finalidades respecto a la competencia otorgada al Instituto de Desarrollo Agrario, es el desarrollo y fomento de la función social de la propiedad, su productividad, para que sirvan de sustento a quien desarrolle actividad agrícola y de su familia. Del ya citado numeral cincuenta Constitucional se deriva la Tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, imponiendo obligación del Nombre5059 de ejercer una función tutelar y rectora en materia ambiental. Al respecto la Sala Constitucional ha señalado que el Estado debe “asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.” (voto 9193 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). De tal manera desarrolla la Sala Constitucional todas las acciones que comprende la tutela que debe ejercer el Estado en aras de proteger el medio ambiente; incluyendo tanto un comportamiento de hacer como de no hacer, toda vez que por una parte, debe abstenerse de cometer algún acto en contra del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y por otra parte, debe adoptar una conducta activa, en el sentido de dictar las medidas, regulaciones que estime pertinentes para el resguardo de este derecho. El órgano rector en la materia de estudio lo constituye el Ministerio del Ambiente y Energía (no está demás recordar que ese ministerio ha cambio de nombre)  de conformidad con el numeral dos de la Ley Orgánica de este Ministerio; con lo cual se debe decir que la figura del Estado como sujeto, el cual está llamado a ejercer la tutela en materia ambiental, es un Ministerio en el cual recae la rectoría, pero además, para que esta función de protección del medio ambiente sea real y efectiva, es necesaria la participación de una serie de entes y órganos estatales, los cuales, en coordinación con el MINAE (ó MINAET, según el momento histórico), están llamados a interactuar (como lo son las municipalidades) . En sustento de lo anterior, la Ley Forestal, establece que el Patrimonio Natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio y que el administrador de tal patrimonio es el Ministerio del Ambiente y Energía y cuando resulte procedente por medio de la Procuraduría General de la República se inscribirán los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. (artículo 13 de la citada Ley Forestal), otorga además una condición inembargable e inalienable del patrimonio, advirtiendo natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme expuesto en el numeral 14 de la citada ley. Por su parte la Ley Orgánica del Ambiente, impone como principios que la fundan: a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política. c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras. El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país (artículo 2), establece  que es obligación del Estado conservar, proteger y administrar el recurso forestal, para esos efectos, la ley que se emita deberá regular lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de estos recursos, garantizando su uso sostenible, así como la generación de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de los grupos sociales directamente relacionados con las actividades silviculturales (artículo 48) y detalla que sobre la clasificación de las áreas silvestres protegidas que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas. (numeral 32). En el caso concreto los mismos actores han reconocido que los actos de posesión ejercidos constituyen la conservación del terreno en razón de su naturaleza y que su traspaso al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones es ilegal por desconocer su derecho de posesión, sin embargo previo analizar la legalidad de dicha actuación formal, es necesario establecer cuál es la naturaleza del bien que se pretende. Cierto es, que el Área de Conservación de la Amistad-Caribe del SINAC, certifica que la propiedad representada por el plano catastrado 959207-2004 se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida, sin embargo de su misma gestión ante el proceso de información posesoria el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, realizó a la finca visita de campo en el año 2008 determinándose que la totalidad del terreno se encuentra cubierta por bosque y que así debe mantenerse lo cual es congruente con los informes y recomendaciones técnicas realizadas por personeros del Instituto de Desarrollo Agrario respecto a la naturaleza, condición del terreno y de su vocación forestal e importancia para la cuenca del Río banano por estar constituida de bosque natural, y se recomienda no variar dicha condición y el traspaso correspondiente al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, además, se  determinó que el plano catastrado L-959207-2004 se sobrepone al plano L-20807-1974 ambos referidos a la finca propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario inscrita a folio real número 7016292-000 la cual como quedó acreditado fue adquirida por el IDA desde el año de 1979, e inscrita en el Registro desde el año 2002. Pretenden los actores dar a la certificación expedida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, alcances que no contiene, si bien se indica que la finca se encuentra fuera de áreas protegidas declaradas no se traduce en que el terreno no tenga esa condición, sino que para ese momento no se encuentra dentro del un área declarada como reserva, condición natural del terreno que no debe ni puede ser ignorada por no estar declarado formalmente, sin embargo  la prueba técnica es conteste con la condición no solo de un terreno con actitud forestal sino que es parte de la zona protectora y cuenca de un río. Y es precisamente lo que pretende garantizar la Contraloría General de la República al señalar al Instituto de Desarrollo Agrario en su informe que de los terrenos que tenga bajo su titularidad, y reúnan como la finca en conflicto las condiciones de Patrimonio Natural del Estado, sea devueltas a éste, por medio del órgano Técnico encargada de su custodia, protección y mantenimiento el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Asimismo, quedó acreditado en el proceso que no se ha gestionado por parte de los actores, solicitud de adjudicación o reconocimiento de una ocupación en el terreno, y que tampoco se evidencian en la finca condición que muestren una posesión por parte de los actores, tan solo una ocupación en el año 2008 por parte de terceras personas dedicadas a tala ilegal que fueron desalojadas mediante los procesos administrativos correspondientes incoados por el Instituto de Desarrollo Agrario. Conforme lo anterior, es criterio de este Colegio de Jueces,  que la naturaleza del bien pretendido, es incuestionable, montaña virgen, bosques primarios y secundarios, pendientes onduladas, zonas protectoras del río banano, así como esencial para la protección de la cuenca de dicho río, condiciones éstas que reflejan efectivamente que no estamos ante un terreno en pueda realizarse una explotación agrícola para el sustento propio y de las familias de los actores, pues los mismos han reconocido que por la naturaleza del terreno, lo han destinado según su dicho a la conservación y que pretenden en razón de tal condición desarrollar un proyecto de turismo ecológico, lo cual es contrario a la misma naturaleza del terreno, al requerirse obras e infraestructura que vendrían a alterar la condición natural en que el terreno debe permanecer conforme a las recomendaciones técnicas cono solo del Instituto de Desarrollo Agrario sino del Instituto nacional de Innovación y Transferencia de tecnología Agropecuaria. Habiendo sido acreditada la naturaleza del terreno, resta por definir si dada la misma, resulta viable legalmente su adquisición por alegada prescripción positiva que opera en su favor según los actores. Sobre el tema, nótese que precisamente la motivación del acto administrativo de traspaso cuestionado, es la naturaleza del terreno, atendiendo primeramente los informes y recomendaciones técnicas de sus funciones (IDA) y el señalamiento de parte de la Contraloría General de la República, tanto de sus obligaciones, competencias y limitaciones legales, respecto a los terrenos que aún cuando inscritos a su nombre (IDA) dada su naturaleza constituyen parte del Patrimonio Natural del Estado, y en tal condición son imprescriptibles, por lo que dado su condición los hace ajenos a su adquisición por parte de terceros, así sean Instituciones autónomas o privados. Amén de lo anterior, con la prueba aportada al proceso lo que ha quedado demostrado es que el señor Nombre112178 , en algún momento pudo haber desconocido que la finca era propiedad del IDA, pero esa condición la conoció desde al año 2004, que se confeccionó plano catastrado a nombre de los actores, mismo que se sobrepone al trazado e inscrito desde el año de 1974, el cual representa la finca número 16292 de la cual es titular el IDA. Alegan los actores que la Sala Constitucional mediante algunos votos que refiere, declaró inconstitucional la Ley de Titulación de tierras ubicadas en reserva nacional y el Reglamento para la titulación de tierras ubicas en reserva nacional, por lo que no puede revertir procesos y actos que se encuentren firmes. Al respecto, del cuadro fáctico que refieren los mismos actores es evidente que este proceso no se encuentra relacionado con la normativa referenciada por el actor y los votos de la Sala Constitucional. No debe perderse de vista que en el caso concreto, no existe acto administrativo alguno dictado por el IDA reconociendo derechos a adjudicatarios, poseedores u ocupantes, por el contrario, precisamente al ser el IDA titular de la finca reconociendo su condición forestal absoluta y de zona protección del río, es que adopta el acto administrativo mediante el cual traspasa la parcela 45 en discusión al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y que sea éste conforme sus competencias y funciones quien vele por el mantenimiento y protección del terreno, lo anterior reconociendo el IDA que no es posible legalmente darle un destino diferente. El Patrimonio Natural del Estado es imprescriptible, inalienable, intransmisible y no puede salir del ámbito público. De la prueba aportada en los expedientes administrativos, se desprende pronunciamiento de la Sala Constitucional dentro del recurso de amparo interpuesto por un tercero alegando tener derechos de posesión precisamente sobre parte del terreno que reclaman los actores, lo anterior al haber sido desalojado administrativamente por el IDA, y la aparente tala ilegal de árboles en el lugar. Mediante voto Nº 012417-2008, de las 17:14 horas del 14 de agosto de 2008, dispuso: “Al respecto, en la sentencia número 2006-15775 de las 16:09 horas del 31 de octubre del 2006, se consideró lo siguiente: II. La resolución que impugnan los recurrente, número 3225-06-D.M. de las trece horas cincuenta minutos del siete de septiembre del dos mil seis, tiene por demostrado que el inmueble en cuestión es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, institución de derecho público. Esa condición de derecho público de la propietaria del inmueble, se extiende a sus propiedades, las cuales se convierten por ese hecho en "bienes demaniales". En relación con la naturaleza jurídica de esos bienes, este Tribunal en sentencia número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre, indicó: "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión..." III.- Es claro entonces, que al ser la propiedad ocupada un bien público, no es necesario realizar ningún procedimiento previo a su desalojo, pues solamente debe verificarse, en el sitio, que el inmueble invadido sea efectivamente propiedad del instituto u órgano público gestionante. En ese sentido, el desalojo ordenado no viola ningún derecho fundamental y resulta procedente, pues al tratarse de un bien demanial, cualquier posesión resulta precaria y por ello, no tiene ninguna relevancia cuanto tiempo han poseído los recurrentes, ni cuáles actos posesorios han realizado; tampoco es necesario dar audiencia alguna a los poseedores, pues la precariedad de su situación hace que en cualquier momento puedan ser desalojados, dándoles solamente un tiempo prudencial para el desalojo voluntario, el cual fue respetado por las autoridades recurridas y se encuentra sobradamente cumplido (nótese que la notificación -según el propio dicho de los recurrentes- se produjo el doce de octubre de este año, se les confirieron setenta y dos horas para el desalojo voluntario, y el desalojo se hizo efectivo el veinticinco de octubre pasado). Debido a que no existen motivos para variar la jurisprudencia establecida por este Tribunal en esta materia, lo procedente es rechazar el recurso. (En igual sentido ver sentencia número 2000-08138 de las dieciséis horas con veinticuatro minutos del doce de septiembre del dos mil).” De la anterior cita, se extrae con facilidad que precisamente en atención de la vocación forestal de la parcela pretendida no es posible como lo solicitan los actores otorgan su titularidad, así las cosas habiéndose motivado el acto administrativo de traspaso al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en la naturaleza del terreno, no se encuentran vicios que lleven a su nulidad, por el contrario, se considera ajustado a derecho, y en cumplimiento de sus competencias y la ley. Los accionantes, subsidiariamente solicitan que de no ser posible la titularidad del bien se les reconozca como daño material el valor de la propiedad, lo cual en criterio de este Tribunal tampoco es procedente. El reconocimiento de los daños, solo es dable según la Ley General de la Administración Pública (artículo 190) si los mismos tienen causalidad con el hecho generador, ya bien sea por una conducta ilícita o anormal o bien lícita o normal. Bajo tales presupuestos conforme el examen expuesto supra, el Instituto de Desarrollo Agrario adopto actuación formal de traspaso de uno de sus bienes al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en razón de que la naturaleza de la finca y no tener vocación agraria como así lo determinaron los técnicos de la Institución, por lo que no se encuentra ilicitud alguna en tal conducta por el contrario lo hizo atendiendo lo dispuesto por la ley y el ámbito de sus competencias. Resta análisis entonces si la conducta pese a su licitud generó daños a los actores . En su acción como en el juicio oral y público los actores han manifestado reiteradamente que respecto a la parcela que dicen haber poseído (condición que quedó demostrada en su totalidad), siempre reconocieron la existencia de montaña virgen, de bosques primarios y secundarios, así como su cercanía con el río que la delimitaba y tal condición la que la excluye del comercio de los hombres y carecer de vocación agraria que imposibilitan su adjudicación y/o titulación, o su adquisición por prescripción positiva, pues aún cuando se ejercieran actos de posesión, en razón de ser Patrimonio Natural del Estado y goza de imprescriptibilidad, no es posible reconocer su valor, con el conocimiento de los actores de la citada condición existente desde que dicen haber adquirido el derecho de posesión, con un elemento adicional, ya conocían que la propiedad estaba inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, y que el plano confeccionado en su favor con el cual  se intentó el proceso de información posesoria del año 2004 (el del IDA es de 1974) se sobrepone al del Titular y además niega don Nombre112178 en su declaración jurada del año 2008, la existencia de titularidad de la finca en el registro, cuando desde el 2004 conocía que su dueño era el Instituto de Desarrollo Agrario, por lo que no es posible reconocer el valor de una propiedad por un alegado derecho de posesión sobre Patrimonio Natural del Estado, y quien dice ejercer ese derecho era conocedor de la condición y naturaleza del terreno, sin que para ese momento ni en la actualidad, tuviera por parte del Instituto reconocimiento alguno de posesión u ocupación, pues nunca se demostró que se gestionará ante la Institución por parte de los actores, aún cuando no sea un requisito sine cuan non para accionar judicialmente, por el contrario fue hasta el 2008 en que se conoció por parte de funcionarios del Instituto de la existencia del plano catastrado a nombre de los actores confeccionado en el año de 2004, así las cosas no se encuentran presentes las presupuestos legales necesarios para el reconocimiento del valor de la propiedad como daño material, y en consecuencia no evidenciándose conducta ilícita alguna de la Institución demandada y el conocimiento de los actores de las condiciones del fundo, lo que implica una situación antijurídica de su parte, tampoco es dable el reconocimiento del daño moral solicitado, se adiciona a lo anterior, que con respecto al actor Nombre112179  no se hizo mención alguna del origen del daño moral peticionado, y el del señor Nombre112178  Nombre112178 se fundamento en la expectativa que tenía sobre un el proyecto a desarrollar, lo cual tampoco era posible conforme a la vocación forestal de la finca.

 

V- EXCEPCIONES:  En razón de lo expuesto, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por los accionados, conforme con la normativa citada, prueba aportada y los fundamentos de hecho expuestos, no les asiste a los actores el derecho invocado, la actuación formal impugnada del Instituto de Desarrollo Agrario, se encuentra ajustada a derecho, con una legal y clara motivación, al traspasar al órgano técnico del Estado la parcela 45 en razón de su vocación forestal, ser Patrimonio Natural del Estado y en consecuencia ajena a terceros,  y es al Estado por medio de su órgano técnico al que le corresponde su titularidad y protección. En consecuencia también de acogerse a excepción respecto a los daños pretendidos, por no tener la causalidad necesaria para su procedencia. Respecto a la excepción de falta de legitimación ad causam activa y falta de legitimación ad causam pasiva formulada el Estado y  el Sistema Nacional del áreas de Conservación, se rechazan. De conformidad con los hechos ventilados en este proceso y las pretensiones, los actores al considerar que tenían un derecho de posesión que debía ser reconocido en esta sede, se encuentran legitimados para la acción, así como los demandados, al ser los encargados y titulares de la protección de dicho bien. Referente a la falta de interés alegada por el representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la misma también debe rechazarse, pues los actores respecto al cuadro fáctico presentado en la demanda y sus pretensiones,  resulta evidente el interés que tenían en los que ellos consideraban su derecho de posesión el cual era actual.

 

VI.- SOBRE LAS COSTAS. En lo que refiere a las costas, corresponde según criterio de este Colegio de Jueces, conforme el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se configura el presupuesto procesal para considerar que existen motivos para litigar, al quedar de manifiesto que los actores debían acudir al proceso a reclamar un derecho que según su criterio ostentaban y fue solo durante la discusión del conflicto que se determinó su improcedencia, aunado que si se denota que es posible que los actores no conocieran al inicio de los que llaman su derecho de posesión de que la propiedad era del Instituto de Desarrollo Agrario. En dichas condiciones, se considera que lo procedente es establecer el proceso sin especial condenatoria en costas.

 

POR TANTO:

Se rechazan las excepciones de Falta de Legitimación activa y pasiva, opuestas por la representación del Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como la falta de interés opuesta por éste último co-demandado. Se admite la Defensa de Falta de Derecho opuesta por los demandados, y se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda incoada por los señores Nombre112178   y Nombre112179   en contra del Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto de Desarrollo Rural. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Notifíquese.

 

Grace Emilia Loaiza Sánchez

 

 

 

Ricardo Antonio Madrigal Jiménez                Rodrigo A. Campos Hidalgo

 

Jueces de juicio-Sección Cuarta

  

EXP: 10-003308-1027-CA

Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:50:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SENTENCE 68-2013**

**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, ANNEX A, SECTION FOUR,** at eleven o'clock on the twenty-ninth of July, two thousand thirteen.

Ordinary proceeding processed under case file number 10-3308-1027-CA, initiated by Mr. Nombre112178, of legal age, widower, farmer, identity card CED88741, resident of Liverpool, Limón, and Mr. Nombre112179, of legal age, married and separated, farmer, identity card CED88742, resident of Cartago, represented by their special judicial attorney-in-fact, Lic. Víctor Smith Hare, of legal age, married, attorney, identity card CED88743, resident of San José, against the STATE, represented by the Agrarian Prosecutor, Lic. Víctor Bulgarelli Céspedes, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, identity card CED7976, the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (formerly INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO), represented by Lic. Maribel Aguilar Cedeño, of legal age, single, attorney, resident of Desamparados, identity card CED88563, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its attorney-in-fact, Lic. Oscar Eduardo Romero Aguilar, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, identity card CED88744.

**WHEREAS**

1- Based on the lawsuit filed (pages 1 to 5), the adjustments made at the preliminary hearing and at the beginning of the oral and public trial, the main claim is: The partial annulment of agreement number 008-2099 of March 2, 2009, Article 6 and Agreement 6 of the IDA, where it orders the transfer and registration of the property in the plaintiffs' possession to SINAC, and that the property be registered in the name of both plaintiffs, and for moral (daño moral) damages the sum of one hundred million colones in equal shares to each of the plaintiffs. As a subsidiary claim, they request: The partial annulment of agreement number 008-2099 of March 2, 2009, Article 6 and Agreement 6 of the IDA, and if the property is not transferred to their name, that they be awarded material damages (daño material), understood as the value of the property, a sum to be determined in the sentence execution stage, and the sum of one hundred million colones in equal shares to each of the plaintiffs as moral damages (daño moral), and in both claims, that the defendants be ordered to pay the costs of the proceeding.

2- The representation of the Instituto de Desarrollo Agrario answered the lawsuit negatively and raised the defenses of Failure to Join the Litis (Falta de Integración de la litis) (which was resolved interlocutorily) and Lack of Right (Falta de Derecho).

3- The Prosecutor, representing the State, rejects the lawsuit and raises the defenses of Lack of Right (Falta de Derecho), Lack of Passive Standing to Sue (Falta de legitimación ad causam pasiva), Failure to Join the Litis (Falta de integración de Litis Consorcio pasivo consorcio), and Inadmissibility (the latter two resolved interlocutorily).

4- The representation of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación rejects the lawsuit and raises the defenses of Lack of Right (Falta de Derecho), Lack of Active and Passive Standing (Falta de Legitimación Activa y Pasiva), and Lack of Interest (Falta de Interés).

5- The oral and public trial was held on July 23, 2013, which all parties attended.

6- The legal requirements have been followed in the proceedings, there are no defects capable of producing annulment, and this resolution is issued within the term established in numeral 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, for complex process proceedings, after prior deliberation and by unanimity:

Drafted by Judge Loaiza Sánchez.

**WHEREAS:**

**I- PROVEN FACTS. THE FOLLOWING ARE CONSIDERED DEMONSTRATED:**

1- In July 1979, an appraisal of farm #16,292, property of Empresa Ganadera y Maderera Asunción Norte S.A., was conducted by the Instituto de Tierras y Colonización, with the purpose of acquiring it (see farm appraisal on pages 8 to 14 of administrative file volume III); 2- On December 26, 1979, by public deed, the Instituto de Tierras y Colonización acquired by sale from Empresa Ganadera y Maderera Asunción Norte Sociedad Anónima, the farm in the Limón registry district number 16692, land of pasture, scrubland, and mountain (montaña) measuring three thousand nine hundred sixty-five hectares, six thousand fifty-one square meters, thirty-five square decimeters (see pages 295 to 297 of the main file); 3- The cited public instrument was submitted to the Registro Público de la Propiedad on December 27, 1979, and was annotated in volume 321, entry 12814 (see pages 295 to 297 of the main file); 4- When the farm was acquired by the Instituto de Tierras y Colonización, it is covered in primary and second-growth forest (bosque primario y segundo crecimiento), cacao and pasture crops, and protection forest (bosque de protección) (see appraisal on pages 8 to 14 of administrative file volume III); 5- Said farm is located in the Province of Limón, Dirección13481, and is registered in volume 2254, page 263, number 16,292, entry 2, with a registered area of 3,965 hectares 6051.35 m2, with a real measurement of 10 hectares of cacao, 85 hectares of pasture with different species, 3070 hectares 6051.35 m2 of forest (bosque), and approximately 800 hectares of protection forest (bosque en protección) (see farm appraisal report on pages 8 to 14 of administrative file volume III); 6- On June 22, 1992, by public deed number 27 of notary Adrián Paniagua, Mr. Edier Vargas Montero and Mr. Hipólito Vega Varela, for the sum of one hundred thousand colones, sell to Nombre112178 an unregistered farm, land of pasture and stubble, in Alto la Victoria, Liverpool, First District and Canton of the Province of Limón, with an approximate measurement of 30 hectares, bordered on the north and west by the Río Victoria, on the south by Miguel Pereira, and on the east by Victoriano Madrigal; in the cited public instrument it is indicated that the sale includes the possession (posesión) exercised by the sellers for more than ten years (see page 12 of the main file); 7- In November 2004, a survey (plano) was prepared representing a farm with an area of 80 hectares, 9793.25 m2, on which it is indicated property of the IDA to be transferred to Nombre112178 and Nombre112179, which was surveyed under number 7-959207-2004 on that same date (see page 10 of the judicial file); 8- The plaintiffs Nombre112178 and Nombre112179 had knowledge, prior to the preparation of survey (plano) 7-959207-004, that the farm they claim to possess, measuring 80ha.0793.25 m2, was the property of the Instituto de Desarrollo Agrario (see survey on page 10 of the judicial file); 9- That in the surveyed survey (plano catastrado) L-959207-2004, a plot is represented measuring 80ha.0793.25 m2, as property of the I.D.A. and that it transfers to Nombre112178 and Nombre112179, with a registered area of 39,656,051.38 m2, located in Asunción Norte, Río Blanco district, Limón canton and province (see page 1 of administrative file volume I); 10- By Report N° DFOE-ED-7-2007 on the Compliance and Validity of the Functions assigned to the Instituto de Desarrollo Agrario, dated March 15, 2007, the Contraloría General de la República points out to the Institute its obligation to transfer to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones the areas that constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), according to the land vocation and the impossibility of adjudicating (adjudicar) said lands, and orders that the IDA must carry out said transfers (see point 2.3.3 and recommendations and provisions of the cited report on pages 299 to 369 of the main file); 11- Mr. Nombre112178 on May 25, 2007, filed a complaint with the Prosecutor's Office of the First Circuit of the Atlantic Zone, stating that his farm located in Altos de la Victoria, Limón, represented by survey (plano) L-959207-2004, was invaded (see pages 83 and 84 of Volume IV of the administrative file); 12- By Report N° DFOE-ED-7-2007 on the Compliance and Validity of the Functions assigned to the Instituto de Desarrollo Agrario, dated March 15, 2007, the Contraloría General de la República points out to the Instituto de Desarrollo Agrario its obligation to transfer to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones the areas that constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), according to the land vocation and the impossibility of adjudicating (adjudicar) said lands, and orders that the IDA must carry out said transfers (see point 2.3.3 and recommendations and provisions of the cited report on pages 299 to 369 of the main file); 13- That several occupants were evicted from the property in dispute by the year 2008 through the administrative eviction process before the Ministerio de Seguridad Pública, at the request of the Instituto de Desarrollo Agrario (see pages 19 to 25, 89 to 91 of administrative file volume IV); 14- On March 3, 2008, by public deed, Mr. Nombre112178 makes a sworn statement (declaración jurada) and declares acts of possession (posesión), such as forest maintenance (mantenimiento de bosque), cutting scrubland (cortando charral), maintenance of streams (quebradas), cleaning of internal lanes and trails, regarding a property to be titled of a virgin mountain (montaña virgen) nature with primary forest (bosque primario) and a portion of fallow land (tacotal), located in the Province of Limón, Third District, Río Blanco of the First Canton, in Asunción Norte, Altos de Río Victoria, measuring 80 hectares 793.25 m2, bordered on the north by the Río Victoria and lands of the IDA, on the south by Nombre112180, on the east by Mario Rubí, and on the west by the Río Victoria, and also adds that the sole co-owner is Nombre112179, and that a part of the farm was acquired from Edier Vargas Montero and Nombre112181, and the rest from some possessors of more than ten years, and that the farm has not been registered in the Registro Público de la Propiedad (see pages 18 and 19 of the main file); 15- The Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Amistad-Caribe certified in May 2008 that the farm represented by the surveyed survey (plano catastrado) L-959207-2004, which is part of the real estate folio 7016292-000, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, is located outside of any protected wild area (área silvestre protegida), regardless of its management category, administered by the Ministerio del Ambiente y Energía (see page 45 of the main file); 16- A Possessory Information (Información Posesoria) proceeding was initiated by Mr. Nombre112178 before the Juzgado Agrario of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone, requesting the titling (titulación) of the farm represented by the surveyed survey (plano catastrado) Placa20047, measuring 80ha 793.25 m2, the plaintiff indicating in his lawsuit that said survey corresponds to the real estate registration number Placa20048 (process 08-130-678-CI, see pages 25 to 49 of the main file); 17- By sentence 58-2009, the Juzgado Agrario of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón, issued at 13:05 on May 5, 2009, the archiving of the Possessory Information (Información Posesoria) proceedings initiated by the plaintiff was ordered, because the farm was found to be previously registered in the name of the IDA (see pages 82 to 84 of the main file); 18- The Batán Regional Office of the Instituto de Desarrollo Agrario, on February 20, 2009, informs and recommends to the Topography area that plot number 45 of the Asentamiento Asunción, measuring 80 hectares, 798.25 square meters, property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, due to its forest vocation (vocación forestal), of great importance for the Río Banano basin (cuenca), that it has not been adjudicated (adjudicada) nor occupied, its current use is natural forest (bosque natural), a condition that should not vary, and that the land has very steep slopes, recommends that it be transferred to MINAET (see pages 3 and 4 of administrative file volume I, official note ORB-116-2009); 19- It is also informed by said regional office that the property appears in surveys (planos) Placa20049 and L-904203-20004 as being in possession (posesión) of Nombre112178 and Nombre112179, and in the cited Regional Office, there is no evidence that these people have exercised real possession (posesión real) of the farm (see page 4 of administrative file volume I); 20- The topography area of the Área de Conservación La Amistad, Caribbean sector of the Sistema Nacional del Áreas de Conservación, recommends to the Director of Settlement Formation and Development, in compliance with the audit report of the Contraloría General de la República, the transfer of 10 projects of the Instituto de Desarrollo Agrario, of which 41 properties would be transferred to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (see official note AT-094-2009 dated February 20, 2009, pages 4 to 9 of administrative file Volume I); 21- Among the cited lands recommended for transfer is the settlement La Asunción, Río Blanco, Limón, measuring 80 hectares 793.25 square meters with surveyed survey (plano catastrado) L-959207-2004 (see page 6 of administrative file Volume I); 22- In January 2009, the Área de Conservación La Amistad requests the Instituto de Desarrollo Agrario the transfer of the farm represented by the surveyed survey (plano catastrado) L-959207-2004, based on the Report of the Contraloría General de la República that recommends it (see official notes ACLAC-AL-015-09 and AT-043-2009, page 96 of administrative file Volume IV); 23- The property corresponding to survey (plano) L-959207-2004 is a land destined for the Conservation and Protection of Natural Resources, has forest aptitude, and is located near the protective zone (zona protectora) of the Río Banano and is part of the basin (cuenca) of this same river (see report ACLAC-AL-015-09 on pages 94 and 05 of administrative file volume IV, and statement in the oral and public trial of Nombre112182, technician of the Batán subregional office of the Instituto de Desarrollo Agrario, and report on pages 249 to 256 of the main file); 24- That the property claimed by the plaintiffs, according to inspections conducted by technicians of the Instituto de Desarrollo Agrario, shows no evidence of persons, crops, or constructions that would demonstrate any possession (posesión) (see pages 249 and 250 of the main file); 25- That the plot in dispute has not been adjudicated (adjudicada), nor has the Instituto de Desarrollo Agrario recognized occupation by any person (see pages 249 and 250 of the main file); 26- That the farm represented by survey (plano) L-959207-2004 is registered on real estate folio 7-16292-000 in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario since September 17, 2002 (see pages 93, 85, and 88 of administrative file volume IV); 27- The property represented by the surveyed survey (plano catastrado) L-959207-2004, measuring 80 ha 0793.25 m2, corresponds, according to cartographic location, to part of the Asentamiento Asunción (see official note AT-043-2009 of January 30, 2009, page 96 of administrative file volume IV); 28- That the surveyed surveys (planos catastrados) L-959207-2004 and L 904203-2004 represent the same farm, measuring 80 hectares, 798.25 meters, which has never been adjudicated (adjudicada) by the IDA (see pages 4 to 6, 87, and 98 of administrative file volume IV); 29- The farm represented by the surveyed survey (plano catastrado) 7-959207-2004, measuring 80ha 0793.25 square meters, for the year 2008, is entirely covered by forests (bosques), with strongly undulating soils (see pages 59 to 63 of the main file, field visit report prepared by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria); 30- That according to a National Registry study, the surveyed survey (plano catastrado) number L-959207-2004 overlaps the surveyed survey (plano catastrado) number L-20807-1974, and both surveys cite the farm property of the Instituto de Desarrollo Agrario, real estate folio number 7016292-000 (see pages 71 to 73 of the main file); 31- By agreement number 06, ordinary session 008-2009 held on March 2, 2009, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario ordered, in compliance with the provisions of Report N° DFOE-ED-7-2007 of the Contraloría General de la República and technical recommendations, the transfer to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones of 41 properties (see pages 10 and 11 of administrative file volume I); 32- In the cited agreement, among the 41 properties transferred to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, is the project Asunción, Río Blanco, Limón, measuring 80 ha 0793.25 m2 presented by the surveyed survey (plano catastrado) L-959207-2004 (see pages 10 and 11 of administrative file volume I).

**II- UNPROVEN FACTS**

1- There is no evidence in the records of the Instituto de Desarrollo Agrario that Mr. Nombre112178 and Mr. Nombre112179 exercised possession (posesión) over the farm they claim in this proceeding (the records); 2- There is no evidence that the plaintiffs carried out any administrative procedure or application for adjudication (adjudicación) before the Instituto de Desarrollo Agrario, as possessors or occupants (the records); 3- That the property in dispute has an agrarian condition (condición agraria), or one different from that technically established by the Instituto de Desarrollo Agrario and the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (the records); 4- That the damages claimed by the plaintiffs have a causal link with the formal actions of the Instituto de Desarrollo Agrario.

**III- ON THE ARGUMENTS OF THE PARTIES**

Object of the Proceeding: The plaintiff indicates that, by public deed in June 1992, he acquired from Edier Vargas Montero and Hipólito Vega Varela, for the sum of one hundred thousand colones, pasture and stubble land in Alto de la Victoria, Liverpool, First District, First Canton of the Province of Limón, with an approximate measurement of 30 hectares, which the sellers had possessed quietly, publicly, and peacefully for more than 10 years. He indicates that later, also by public deed, he clarified that the farm in question comprises the farm plus virgin mountain (montaña virgen), with primary forests (bosques primarios) with a portion of fallow land (tacotal) and a shed, in the Third District, Río Blanco, Asunción Norte, Alto Victoria, First Canton of the Province of Limón, with a measurement of 80 hectares 0793.25 square meters, clarifying that this right of possession (posesión) was in co-ownership with Mr. Nombre112179. Subsequently, he promoted Possessory Information (Información Posesoria) before the Agrarian Judge of Limón, a process that by sentence 58-2009 was rejected and archived on May 5, 2009, because the land in question was property of the IDA. He informs that the right of possession (posesión) claimed in this proceeding over the property is because it is part of the real estate folio number 7-016-292-000, surveyed survey (plano catastrado) 1-20807-1994, ignoring how the IDA acquired that group of properties, since the good-faith possessors of that farm were never notified of any administrative proceeding, much less an expropriation process; the parent farm measures 39,656051-35 m2 and was registered by the IDA in September 2002. He alleges that there is a document issued by the Área de Conservación La Amistad-Caribe in May 2008 certifying that the farm in question is outside of any protected wild area (área silvestre protegida), regardless of its management category administered by the Ministerio del Ambiente y Energía. He affirms that later, by ordinary session N° 008-2009 of March 2, 2009, the IDA approved the transfer to MINAET of 41 properties corresponding to 10 IDA projects, which includes survey (plano) L-959207-2002, disregarding his property right, claiming that it was in response to a Report made by the Contraloría General de la República. They request that the agreement by which the property, over which they claim to have exercised possession (posesión), was transferred be annulled. He argues that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has ruled through several decisions the unconstitutionality of the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en la Reserva Nacional and the Reglamento para la titulación de Tierras ubicadas en reserva nacional, for which the IDA lacks competence to issue administrative acts that reverse firm processes and acts, so the actions must be discussed in that jurisdictional court, where the best property right is discussed, comparing the respective titles. He requests the annulment of the administrative act of transfer, that the property in dispute be registered in the name of both plaintiffs, and that the damages they claim to have suffered be recognized. The representation of the Instituto de Desarrollo Agrario answers the lawsuit negatively, alleging that the plaintiff claims his right based on a sale of a property made to him by its possessors, but the exact years or conditions in which that possession (posesión) was acquired are not indicated, nor are the exact measurements of the property; later, by sworn statement (declaración jurada), the plaintiff indicates that his property is larger, a little over 80 hectares, without indicating from whom he acquired it or how. He points out that in the Possessory Information (información posesoria) process, only Mr. Nombre112178 appeared, not the plaintiff Nombre112179, and later they appear before this court claiming the right to the property for both. He informs that the original survey (plano) of the property is L-20807-1974, with which the IDA acquired the property in 1979, and that said property was registered in the name of his represented party since 2002, due to registration issues, measuring 3965 ha 6061.35 m2. Regarding the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, its sole purpose is to indicate whether the property is within a protected wild area (área silvestre protegida), a similar situation that, in his opinion, occurs with the certification from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. He points out that surveys (planos) L-95207-2004 and L-904203-2004 represent the same area at the cadastral level, are entirely private, and were not prepared by the Instituto de Desarrollo Agrario, which is why the plaintiffs' names are indicated on them, which does not imply any recognition. He alleges that his represented entity transferred several properties to MINAET, including the one claimed by the plaintiffs, in response to reports issued by the Contraloría General de la República, and furthermore, said land is considered part of the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), is within the Río Banano basin (cuenca), and there are no signs of any possession (posesión) by third parties on the land. He informs that the property in dispute was, in its moment, purchased by the ITCO in 1979. In addition to the above, in this specific case, the property had a surveyed survey (plano catastrado) and was duly registered in the registry at the time of its acquisition by the Institute, which legitimizes it to dispose of it as it deems pertinent and, in this case, due to its forest vocation (vocación forestal), transfer it to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, as well as to exercise actions against third parties acting to the detriment of the property. The state representative rejects the lawsuit, arguing that it is not possible to exercise possession (posesión) over public domain (dominio público) property, so any transfer made between private parties is null, as the land in dispute is part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), which is why the Possessory Information (información posesoria) sought by the plaintiff Nombre112178 was also rejected, when it was verified that the land was registered since that moment in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, as recorded in the public deed of December 1979, by which the IDA acquired the land. Regarding the certification issued by the Área de Conservación La Amistad-Caribe, it does not mean that the land is not within the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado); consequently, the Instituto de Desarrollo Agrario is empowered to transfer its property to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. He affirms that the nature of the land does not allow its acquisition by adverse possession (prescripción positiva) as the plaintiff intends, even if his occupation were for more than ten years, so the transfer deed in favor of the plaintiff Nombre112178 is null because it was agreed upon over a public domain asset (bien demanial). Regarding the transfer agreement to MINAET adopted by the Board of Directors of the IDA, it is not illegal, as the transferred lands, including that claimed by the plaintiffs, are part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Regarding the damages sought by the plaintiffs, they must be rejected as any action seeking compensation for the recovery of state lands is inadmissible. The Sistema Nacional de Áreas de Conservación, through its representative, in similar terms answers the lawsuit negatively, alleging that possession (posesión) over the property claimed by the plaintiffs is impossible, as it is covered by forest (bosque) and is registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, and forms part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), so any attempt to reduce it to private property is null and illegal, and that it is reckless that through a sworn statement (declaración jurada), the plaintiffs seek to expand a 30-hectare farm to a much larger measurement, of a property that belongs to the IDA and is registered in its name; he contests the certification issued by the Área de Conservación La Amistad-Caribe, stating that the land belongs to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and that document does not change that condition nor grant any right to the plaintiff.

**IV- ON THE MERITS**

The Ley de Tierras y Colonización, number 2825 of October 14, 1961, provides that the Instituto de Desarrollo Rural has the objective of linking the citizen to a healthy land tenure (posesión de la tierra) regime, ensuring that the allocation of this resource promotes the gradual increase in productivity, advocating for a fair distribution of its product and the elevation of its socioeconomic condition, in order to make them a conscious participant in the nation's development, thus achieving a fair distribution of wealth and avoiding indirect forms of land exploitation (first section ibid), recognizing the existence and legitimacy of private property. It is, in effect, a norm implementing canon 50 of the Political Constitution (Constitución Política), which essentially aims to promote agrarian reform and grant lands to those who truly need it. By virtue of such purposes, the Board of Directors of said entity has the power to promote parceling plans, arrange for the acquisition of private property in order to fulfill its economic-social purposes, to make the peasants to whom a plot is adjudicated (adjudica) into proprietors, and to approve the adjudication (adjudicación) of properties for the granting of the respective titles. All of this undoubtedly establishes a special property regime, protected and safeguarded in an aggravated manner, in order to destine it to the purpose entrusted by law, thus preventing the land from being dedicated to ends contrary to its social purpose, which would imply its denaturalization. In the specific case, the plaintiffs come before this court in this proceeding to claim the annulment of an administrative act issued by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, by which the farm they claim for themselves was transferred in favor of the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, alleging that they have exercised possession (posesión) for more than ten years, so the disregard of the rights they have acquired over time is neither possible nor legal, having acquired it from their previous possessors, who at that time had been exercising possession (posesión) on the claimed plot for more than ten years. Our civil legislation has clearly established that the right of possession (posesión) is understood as the faculty of a person to have the thing object of the right under their power and will (article 277 of the Código Civil), it is made effective by the occupation or delivery (tradición) of the right or thing in question (section 278 ibid), and it is acquired in an original or derivative manner by consent of the owner or by the right to conserve the thing for more than one year (number 279 ibid). It is required that the possessory condition be acquired and exercised in one's own name or in the name of another (number 280 ibid), so that the fact of possession (posesión) makes one presume the right to possess, while another does not prove that right corresponds to them (article 281 ibid), and it subsists while the holding of the thing or enjoyment of the right lasts or the possibility of continuing one or the other (number 282 ibid), it must be in good faith, i.e., that at the time of possession (posesión) they believed they had the right to possess and that they exercise it legitimately (sections 284 and 285 ibid), as owner (animus domini), continuously, publicly, and peacefully. For its part, in agrarian matters, it requires the holding, putting to work, and producing the land, necessarily performing stable and effective acts of possession (posesión), as owner, peacefully, publicly, and uninterruptedly, for more than one year, and with the purpose of putting it in conditions of production for their subsistence or that of their family, on land duly registered in the name of a third party in the Registro Público (number 92 of the Ley de Tierras y Colonización, number 2825 of October 14, 1961).

Having set forth the foregoing, it is essential to address the claimants' arguments concerning what they have called acts of possession. It is evident from the case file that such condition is supported, in the claimants' view, by two public instruments, the first of which is public deed number 27, in which the claimant Nombre112178 purchases approximately 30 hectares of pastureland and scrubland in Alto la Victoria de Liverpool, province of Limón, as well as the right of possession that Edier Vargas and Hipólito Vega indicate they are selling to Mr. Nombre112183, a possession the former have allegedly exercised in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner. The second document is deed 193, executed on March 3, 2008, in which the claimant Nombre112178 makes a sworn statement affirming that he wishes to title a tract of virgin mountain land with primary forest and a portion of fallow land (tacotal), located in the province of Limón, Asunción Norte, Altos de Río La Victoria, measuring 80 hectares, 0793.25 m2, further affirming as acts of possession the maintenance of forest, cutting of scrub (charral), cleaning of internal streams, periodic cleaning of internal lanes and paths, and that the co-owner thereof is Mr. Nombre112179. He also declares that he purchased one part of the farm from Edier Vargas and Nombre112181, and the rest from some possessors of more than ten years, such as Miguel Pereira, the date of which he does not recall, affirming that the farm has not been registered in the Property Registry and that it lacks title. In accordance with the claimants' argument and the content of said documents, an analysis is necessary, first regarding the mode of acquisition the claimants refer to and second, whether it is possible to recognize the alleged possession in relation to the nature of the land under discussion.- In support of their claims, the claimants bring to the oral and public trial Mr. Nombre112181, who affirms that he did indeed sell a piece of land to Mr. Nombre112178 because he lacked the resources to exploit it, and that together with another person they maintained the parcel, performed weeding (chapias) and cleaned a pasture, that it was about 30 hectares, and that while it was in his possession he had no problems with anyone; he claims to be unaware that this land belonged to the IDA. For her part, the daughter of Mr. Nombre112183, Nombre112183, affirms that her father purchased the possession from Hipólito and that they held the land for conservation, caring for it, they paid taxes, that her father provided the land and Oscar had very good ideas for developing a tourism project, but that the land was always destined for conservation. It must be noted from the claimants' own arguments that they have recognized that the claimed farm was never exploited with agricultural production, that the use they gave it, according to their claims (at least by Mr. Nombre112178, it is unknown for Mr. Oscar), was for conservation, and in their very complaint they affirm that part of the land is virgin mountain with primary forests and a portion of fallow land (tacotal), which reflects that they had knowledge of the nature of the land, so much so that it was never exploited agriculturally, and their purpose was to exploit it through a tourism project. Added to the foregoing, this collegiate body is powerfully struck by the manner in which the claimants affirm having acquired the entirety of the 80 hectares, for the first deed establishes a measurement of approximately 30 hectares transferred only to Mr. Nombre112178, and from this measurement it goes to 80 hectares, 0793.25 m2, which were apparently acquired from other possessors, without any document whatsoever supporting said acquisition, in what area, and to whom it was sold—to both claimants or only one of them—and that it is affirmed via sworn statement in 2008 that the farm lacks title, that is, it is not registered in the public registry, since from the year 2004, when cadastral map 7-959207-2004 was prepared in the name of both claimants, they knew that the farm belonged to the Instituto de Desarrollo Agrario, which generates insecurity and uncertainty regarding the existence of the claimed possession of such a quantity of hectares, without there being a clear origin or date of its acquisition. While it is true that it has not been clearly established in the proceedings that claimant Nombre112178 knew in the year 1992 that the land belonged to the IDA, it is true that both claimants knew by the year 2004, the date on which the map was prepared, and despite the foregoing, Mr. Nombre112178 affirms in his sworn statement that the land is unregistered. Another relevant aspect for this Court is from when and in what manner claimant Nombre112179 appears as co-owner of the claimed land; the right of possession he alleges is not clear; it is only stated in the year 2008 (date of Mr. Nombre112178's sworn statement) that he is co-owner of the property, without explaining how he came to that condition. The claimant Nombre112178 himself informs that in 2008, a proceeding for possessory information (Información posesoria) was initiated, but only in his favor, not in favor of Mr. Nombre112179. From the cited proceeding processed in the Agrarian Court of Limón, it is extracted that he presented map 7-959207-2004 in support of his claim, and a series of documents were requested of him for the attention of said complaint, and during its processing, reports were even requested from the public property registry, which on February 24, 2009, informed the Agrarian Judge that the cited map overlaps another, L-20807-1974, and that both belong to farm 16292-000 registered in the name of the IDA, reason for which the jurisdictional body rejects his complaint and orders the archiving of the possessory information proceedings. It is essential to make clear in the proceedings that there are two scenarios that must be delimited. The claimants seek to have the land titled in their favor through the operation of adverse possession (prescripción positiva). In accordance with civil regulations, the recognition of such a right is subject to the fulfillment of regulatory requirements: good faith, unregistered land, acts of possession, whether own or acquired, and regarding agrarian possession, among others, but as a fundamental requirement, the working and putting into production of the land. It must not be forgotten that one of the purposes regarding the jurisdiction granted to the Instituto de Desarrollo Agrario is the development and promotion of the social function of property, its productivity, so that it serves as sustenance for whoever carries out agricultural activity and for their family. From the already cited Article fifty of the Constitution derives the Guardianship of Environmental Law under the State's charge, imposing the obligation of the State (Nombre5059) to exercise a tutelary and governing function in environmental matters. In this regard, the Constitutional Chamber has indicated that the State must “ensure and protect the right against any risk or need; defend means to bar, prohibit, and impede all activity that threatens the right; and preserve is an action directed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements.” (Voto 9193 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In this manner, the Constitutional Chamber develops all the actions that the guardianship the State must exercise in order to protect the environment entails, including both a behavior of doing and of not doing, since on one hand, it must refrain from committing any act against the right to a healthy and ecologically balanced environment; and on the other hand, it must adopt active conduct, in the sense of issuing the measures and regulations it deems pertinent for the safeguarding of this right. The governing body in the matter under study is the Ministry of Environment and Energy (MINAE, it is worth recalling that this ministry has changed names) in accordance with article two of the Organic Law of this Ministry; wherefore it must be said that the figure of the State as the subject called upon to exercise guardianship in environmental matters is a Ministry upon which the governing authority falls, but furthermore, for this function of protecting the environment to be real and effective, the participation of a series of state entities and bodies is necessary, which, in coordination with the MINAE (or MINAET, depending on the historical moment), are called upon to interact (such as the municipalities). In support of the foregoing, the Forestry Law (Ley Forestal) establishes that the Natural Patrimony of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real property that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its patrimony, and that the administrator of such patrimony is the Ministry of Environment and Energy, and when procedurally appropriate, through the Office of the Attorney General of the Republic, the lands shall be registered in the Public Property Registry as individualized farms owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real property with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to the State's name (Article 13 of the cited Forestry Law). It further grants an unattachable and inalienable condition to the patrimony, warning naturally: The forest lands and forests that constitute the natural patrimony of the State shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right in their favor, and the State's reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and occupation thereof shall be sanctioned as set forth in Article 14 of the cited law. For its part, the Organic Law of the Environment imposes as its founding principles: a) The environment is the common patrimony of all inhabitants of the Nation, with the exceptions established by the Political Constitution, international conventions, and laws. The State and private individuals must participate in its conservation and sustainable use, which are of public utility and social interest. b) Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for their development, as well as the duty to conserve it, according to Article 50 of our Political Constitution. c) The State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obligated to foster economically and environmentally sustainable development, understood as development that satisfies basic human needs without compromising the options of future generations. d) Whoever contaminates the environment or causes it damage shall be responsible, as established by the laws of the Republic and current international conventions. e) Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the bases of society's existence; economic, because it threatens the materials and resources indispensable for productive activities; cultural, insofar as it endangers communities' way of life; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations. The State shall promote, through its institutions, the implementation of an information system with environmental indicators, aimed at measuring the evolution and correlation with economic and social indicators for the country (Article 2). It establishes that it is the State's obligation to conserve, protect, and administer the forest resource; for these purposes, the law issued must regulate matters relating to the production, use, industrialization, and promotion of these resources, guaranteeing their sustainable use, as well as the generation of employment and the improvement of the standard of living of the social groups directly related to silvicultural activities (Article 48). It details, regarding the classification of protected wilderness areas, that the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wilderness areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves. b) Protective zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except for those established in Article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the preservation of these areas (Article 32). In the specific case, the claimants themselves have recognized that the acts of possession exercised constitute the conservation of the land because of its nature, and that its transfer to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) is illegal for disregarding their right of possession; however, before analyzing the legality of said formal action, it is necessary to establish what the nature of the claimed good is. It is true that the Amistad-Caribe Conservation Area of SINAC certifies that the property represented by cadastral map 959207-2004 is located outside any protected wilderness area; however, from their own action before the possessory information proceeding, the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria) conducted a field visit to the farm in 2008, determining that the entirety of the land is covered by forest and that it must be maintained as such, which is consistent with the technical reports and recommendations made by officials of the Instituto de Desarrollo Agrario regarding the nature, condition of the land, and its forest suitability and importance for the Banano River basin, being constituted of natural forest, and it is recommended not to alter said condition and the corresponding transfer to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications. Furthermore, it was determined that cadastral map L-959207-2004 overlaps map L-20807-1974, both referring to the farm owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, registered under folio real number 7016292-000, which, as was accredited, was acquired by the IDA in the year 1979 and registered in the Registry since the year 2002. The claimants seek to give the certification issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) a scope it does not contain; although it indicates that the farm is located outside declared protected areas, this does not mean that the land lacks that condition, but rather that at that moment it is not within an area declared as a reserve, a natural condition of the land that must not and cannot be ignored for not being formally declared; however, the technical evidence agrees with the condition of not only a land with forest aptitude but also that it is part of the protective zone and basin of a river. And this is precisely what the Office of the Comptroller General of the Republic seeks to guarantee when it indicates to the Instituto de Desarrollo Agrario in its report that the lands held under its ownership that meet, like the farm in conflict, the conditions of Natural Patrimony of the State, must be returned to the State, through the Technical Body responsible for its custody, protection, and maintenance, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications. Likewise, it was accredited in the proceedings that no request for adjudication or recognition of an occupation on the land has been processed by the claimants, and that no conditions evidencing a possession by the claimants are observed on the farm, only an occupation in the year 2008 by third persons engaged in illegal logging who were evicted through the corresponding administrative proceedings initiated by the Instituto de Desarrollo Agrario. In accordance with the foregoing, it is the criterion of this Panel of Judges that the nature of the claimed good is unquestionable: virgin mountain, primary and secondary forests, undulating slopes, protective zones of the Banano River, as well as being essential for the protection of said river's basin. These conditions effectively reflect that we are not dealing with land on which agricultural exploitation for the own and their families' sustenance can be carried out, for they themselves have recognized that due to the nature of the land, they have destined it, according to their claims, for conservation, and that by reason of such condition they intend to develop an eco-tourism project, which is contrary to the very nature of the land, requiring works and infrastructure that would alter the natural condition in which the land must remain according to the technical recommendations not only of the Instituto de Desarrollo Agrario but also of the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology. Having accredited the nature of the land, it remains to be defined whether, given said nature, its acquisition by alleged adverse possession (prescripción positiva) that operates in their favor according to the claimants is legally viable. On this subject, note that precisely the motivation of the challenged administrative act of transfer is the nature of the land, attending firstly to the technical reports and recommendations of its functions (IDA) and the indication from the Office of the Comptroller General of the Republic, regarding its obligations, competencies, and legal limitations concerning lands that, even when registered in its name (IDA), given their nature constitute part of the Natural Patrimony of the State, and in such condition are imprescriptible, so that given their condition, they are exempt from acquisition by third parties, be they Autonomous Institutions or private parties. In addition to the foregoing, with the evidence provided in the proceedings, what has been demonstrated is that Mr. Nombre112178, at some point, may have been unaware that the farm was the property of the IDA, but he learned of that condition in the year 2004, when a cadastral map was prepared in the name of the claimants, which overlaps the one traced and registered since the year 1974, representing farm number 16292, of which the IDA is the titleholder. The claimants allege that the Constitutional Chamber, through certain votes it references, declared unconstitutional the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves and the Regulation for the Titling of Lands Located in National Reserves, so that processes and acts that are firm cannot be reversed. In this regard, from the factual scenario the claimants themselves refer to, it is evident that this proceeding is not related to the regulations referenced by the claimant and the votes of the Constitutional Chamber. It must not be lost sight of that in the specific case, there exists no administrative act whatsoever issued by the IDA recognizing rights to adjudicatees, possessors, or occupants; on the contrary, precisely because the IDA is the titleholder of the farm, recognizing its absolute forest condition and river protection zone status, it adopts the administrative act through which it transfers the parcel 45 under discussion to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, so that this Ministry, in accordance with its competencies and functions, ensures the maintenance and protection of the land, the foregoing recognizing that the IDA is not legally able to give it a different purpose. The Natural Patrimony of the State is imprescriptible, inalienable, non-transferable, and cannot leave the public domain. From the evidence provided in the administrative files, a pronouncement of the Constitutional Chamber is evident within the amparo appeal filed by a third party alleging to have possession rights precisely over part of the land claimed by the claimants, the foregoing after having been administratively evicted by the IDA and the apparent illegal logging of trees at the site. By means of Voto No. 012417-2008, at 5:14 p.m. on August 14, 2008, it ordered: “In this regard, in judgment number 2006-15775 at 4:09 p.m. on October 31, 2006, the following was considered: II. The resolution challenged by the appellants, number 3225-06-D.M. at one-fifty p.m. on September seventh, two thousand six, has it as proven that the real property in question is the property of the Instituto de Desarrollo Agrario, a public law institution. That public law condition of the property owner extends to its properties, which by that fact become 'demanial goods'. Regarding the legal nature of those goods, this Court in judgment number 2306-91 at two forty-five p.m. on November sixth, indicated: 'The public domain is composed of goods that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are called dominical goods, demanial goods, public goods or things, which do not belong individually to private parties and are destined for a public use and subject to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their nature and purpose. Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic notes of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and the administrative action substitutes for legal injunctions to recover ownership. As they are outside of commerce, these goods cannot be the object of possession...' III.- It is clear then, that since the occupied property is a public good, it is not necessary to conduct any procedure prior to its eviction, as it must only be verified, on site, that the invaded real property is effectively the property of the managing public institute or body. In that sense, the ordered eviction does not violate any fundamental right and is appropriate, for being a demanial good, any possession is precarious and therefore, it has no relevance how long the appellants have possessed, nor what possessory acts they have carried out; nor is it necessary to give any hearing to the possessors, for the precariousness of their situation means they can be evicted at any moment, only giving them a prudential time for voluntary eviction, which was respected by the respondent authorities and is amply fulfilled (note that the notification—according to the appellants' own claims—occurred on October twelfth of this year, they were granted seventy-two hours for voluntary eviction, and the eviction was made effective on October twenty-fifth last). Since there are no reasons to vary the jurisprudence established by this Court in this matter, the appropriate course is to reject the appeal. (In the same sense, see judgment number 2000-08138 at four twenty-four p.m. on September twelfth, two thousand).” From the foregoing citation, it is easily extracted that precisely in attention to the forest suitability of the claimed parcel, it is not possible, as the claimants request, to grant them title. Thus, the administrative act of transfer to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications having been motivated by the nature of the land, no defects leading to its nullity are found; on the contrary, it is considered in accordance with the law and in fulfillment of its competencies and the law. The claimants, subsidiarily, request that if the title to the good is not possible, the value of the property be recognized to them as material damages, which, in the criterion of this Court, is also not appropriate. The recognition of damages is only possible according to the General Law of Public Administration (Article 190) if they have a causal link with the generating event, whether due to an illicit or abnormal conduct or a licit or normal one. Under such premises, according to the examination set forth supra, the Instituto de Desarrollo Agrario adopted a formal action to transfer one of its goods to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications because of the nature of the farm and it not having agrarian suitability as determined by the Institution's technicians, so no illegality whatsoever is found in such conduct; on the contrary, it did so in compliance with the law and the scope of its competencies. It remains to be analyzed, then, whether the conduct, despite its legality, generated damages to the claimants. In their action, as in the oral and public trial, the claimants have repeatedly stated that regarding the parcel they claim to have possessed (a condition that was demonstrated in its entirety), they always recognized the existence of virgin mountain, of primary and secondary forests, as well as its proximity to the river that bounded it, and such condition is what excludes it from the commerce of men and it lacking agrarian suitability, which make its adjudication and/or titling impossible, or its acquisition by adverse possession (prescripción positiva), for even if acts of possession were exercised, because it is the Natural Patrimony of the State and enjoys imprescriptibility, it is not possible to recognize its value, with the claimants' knowledge of the cited condition existing since they say they acquired the right of possession, with an additional element: they already knew that the property was registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, and that the map prepared in their favor, with which the possessory information proceeding was attempted in the year 2004 (the IDA's is from 1974), overlaps that of the Titleholder, and also Mr. Nombre112178 denies in his sworn statement of 2008 the existence of title to the farm in the registry, when since 2004 he knew its owner was the Instituto de Desarrollo Agrario. Therefore, it is not possible to recognize the value of a property for an alleged right of possession over the Natural Patrimony of the State, and the person claiming to exercise that right was aware of the condition and nature of the land, without having at that time or at present any recognition whatsoever of possession or occupation by the Institute, for it was never demonstrated that any application was processed before the Institution by the claimants, even though it is not a sine qua non requirement for judicial action. On the contrary, it was not until 2008 that the Institute's officials learned of the existence of the cadastral map in the name of the claimants, prepared in the year 2004. Thus, the necessary legal premises for the recognition of the value of the property as material damages are not present, and consequently, as no illicit conduct by the defendant Institution is evident and the claimants had knowledge of the land's conditions, which entails an unlawful situation on their part, the recognition of the requested moral damages is also not appropriate. Added to the foregoing, with respect to claimant Nombre112179, no mention whatsoever was made of the origin of the petitioned moral damage, and that of Mr. Nombre112178 was based on the expectation he had for a project to be developed, which was also not possible according to the forest suitability of the farm.

V- DEFENSES (EXCEPCIONES): By reason of the foregoing, the defense of lack of right (falta de derecho) filed by the defendants is accepted. In accordance with the cited regulations, evidence provided, and the stated factual grounds, the right invoked does not assist the claimants. The challenged formal action of the Instituto de Desarrollo Agrario is in accordance with the law, with a legal and clear motivation, in transferring parcel 45 to the technical body of the State due to its forest suitability, it being Natural Patrimony of the State and consequently exempt from third parties, and it is the State, through its technical body, to which its title and protection correspond. Consequently, the defense is also accepted regarding the claimed damages, as they lack the necessary causation for their applicability. Regarding the defense of lack of active legal standing (falta de legitimación ad causam activa) and lack of passive legal standing (falta de legitimación ad causam pasiva) filed by the State and the National System of Conservation Areas, these are rejected. In accordance with the facts aired in this proceeding and the claims, the claimants, considering they had a right of possession that had to be recognized in this venue, have standing for the action, as do the defendants, being those in charge and responsible for the protection of said good. Concerning the lack of interest alleged by the representative of the National System of Conservation Areas, it must also be rejected, for regarding the factual scenario presented in the complaint and their claims, the interest they had in what they considered their right of possession, which was current, is evident.

VI.- COSTS.

Regarding costs, it is the criterion of this Panel of Judges, in accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, that the procedural prerequisite for finding that there were grounds to litigate is satisfied, since it is evident that the plaintiffs had to resort to the courts to claim a right they believed they held, and it was only during the discussion of the dispute that its lack of merit was determined, in addition to the fact that it may be noted that the plaintiffs possibly did not know at the outset of what they call their right of possession that the property belonged to the Instituto de Desarrollo Agrario. Under these conditions, it is considered appropriate to resolve the proceeding with no special award of costs.

 

POR TANTO:

The defenses of Lack of Active and Passive Standing, raised by the representation of the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as well as the lack of interest raised by the latter co-defendant, are rejected. The defense of Lack of Right raised by the defendants is admitted, and the present claim filed by Messrs. Nombre112178 and Nombre112179 against the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the Instituto de Desarrollo Rural is declared without merit in all respects. This matter is resolved with no special award of costs. Notifíquese.

 

Grace Emilia Loaiza Sánchez

 

 

 

Ricardo Antonio Madrigal Jiménez                Rodrigo A. Campos Hidalgo

 

Trial Judges-Fourth Section

  

EXP: 10-003308-1027-CA

Goicoechea, Dirección01, 50 meters west of BNCR, opposite Dirección02. Telephones: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. E-mail: ...01

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 05:50:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República