Res. 00133-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Adenda to environmental viability for SIEPAC transmission line rerouting in Matapalo does not require new public hearingAdenda a viabilidad ambiental para cambio de ruta de línea de transmisión SIEPAC en Matapalo no requiere nueva audiencia pública

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00133 - 2013

Fecha de la Resolución: 04 de Noviembre del 2013 a las 10:00

Expediente: 09-002212-1027-CA

Redactado por: Cynthia Abarca Gómez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Viabilidad ambiental

Subtemas:

Innecesaria nueva evaluación ni audiencia pública encambio de ruta de líneas de transmisión mediante adenda.

Tema: Estudio de impacto ambiental

Subtemas:

Innecesaria nueva evaluación ni audiencia pública encambio de ruta de líneas de transmisión mediante adenda de viabilidad.

Tema: Biodiversidad

Subtemas:

Distinción entre impacto y daño ambiental.

“IV.- Delimitación inicial. Es necesario resaltar que, conforme lo expuesto supra, en este proceso se cuestiona únicamente la legalidad de lo acordado en el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, mediante el cual, en lo fundamental, la SETENA autorizó el cambio de ruta  en el trazado de la línea del Tramo CR-7, Subtramo Portalón y una adenda a la viabilidad ambiental ya concedida. Lo anterior es importante toda vez que durante sus conclusiones, el apoderado especial judicial de la parte actora endilgó una serie de vicios a la resolución No. 848-2005-SETENA, mediante la cual se aprobó la viabilidad ambiental general del proyecto SIEPAC, la que, como bien afirma la representante estatal, no forma parte de la conducta objeto de esta litis. Específicamente, manifestó que la referida resolución rompe el principio de soberanía del Estado en material ambiental y el de no regresión, ya que durante el proceso de su aprobación no se presentó el formulario de evaluación preliminar y mediante resolución No. 55-2003-SETENA (preparatoria y previa de la resolución No. 848-2005-SETENA) se eliminaron algunos términos de referencia (que forman parte de los mínimos y generales establecidos en la resolución No. 982-02-SETENA) porque el Banco Interamericano de Desarrollo dio otros términos a nivel de Centroamérica. Al respecto, hay que señalar que tales vicios no pueden ser abordados en el examen de legalidad de esta causa por dos razones fundamentales. Primero, porque conforme a la pretensión que se fijó durante la audiencia única, la única conducta formal que se impugna es el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA citada, esto es, la adenda a la viabilidad ambiental para el cambio de la ruta; sin que se cuestionara o se pidiera la nulidad de la resolución No. 848-2005-SETENA. Nótese, incluso, que otra de las pretensiones va dirigida a la suspensión de todo trabajo y colocación de las líneas en la ruta modificada para que la construcción y ejecución del Proyecto se efectúe en la ruta originalmente pactada y para la cual existe la respectiva viabilidad ambiental, precisamente, la resolución No. 848-2005-SETENA, que ahora se ataca en las conclusiones. Por otra parte, se trata de argumentos novedosos, que la parte no planteó durante el proceso sino hasta las conclusiones, lo que evidentemente lesiona también el derecho de defensa de los accionados. Las anteriores razones impiden a este Tribunal conocer de la legalidad de la resolución No. 848-2005-SETENA, siendo que ese examen se limitará, según se expuso, al artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA y al cual se ingresa de seguido.            

V.- Sobre la pretensión anulatoria. En este punto, hay que indicar que la EPR presentó a SETENA una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión SIEPAC Costa Rica, Subtramo Portalón, Tramo CR7. Lo anterior con el fin de que se pronunciaran sobre la conveniencia de un cambio de ruta en ese subtramo. Esa solicitud fue conocida y en el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, celebrada el 30 de mayo de 2007, la Comisión Plenaria de la SETENA aprobó el cambio de ruta y otorgó la Adenda solicitada. Mediante oficio CP-217-2007, de 31 de mayo de 2007, la SETENA comunicó a la EPR la aprobación del cambio de ruta en el trazado de la línea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos, incluyendo como parte de los compromisos ambientales el visto bueno del MOPT para el uso del derecho de vía de la Costanera Sur correspondiente al tramo que sería afectado por el cambio de ruta e informar constantemente a esa Secretaría cualquier otra modificación que se dé conforme se vaya definiendo la ruta final y mantener el compromiso de actualizar en el expediente la adquisición de servidumbres, especialmente  en lo concerniente a la zona de Matapalo. De esta forma,  el trazado de la línea de transmisión que aprobó SETENA para el Tramo CR-7, Subtramo Portalón se inicia con el PI (punto de inflexión) Mar 2 ubicado un kilómetro al norte de la carretera costanera sur (ruta 34) cerca del Río Savegre. De ese punto parte con dirección prácticamente sur franco hasta el PI Aceite 3 que se localiza inmediatamente al sureste del PI Costa 1, el cual se ubica igualmente al lado de la costanera, pero del lado sur del poblado de Pasito. A partir de este PI se sigue en dirección sureste al lado sur de la carretera costanera. Posteriormente se siguen otros puntos de inflexión hasta el poblado de Matapalo, de ahí atraviesa algunas fincas hasta el PI Dengue 1 a partir del cual la línea continúa con rumbo NW hasta retomar nuevamente el paso original. El tramo tiene una longitud de 11,83 KM y una servidumbre de 30 metros (folios 309 al 311 del expediente administrativo de SETENA correspondiente a la Adenda, 80 al 82 del expediente administrativo del ICE y mapa visible a folio 2136 del expediente judicial). El primer vicio en que la parte actora funda su pretensión anulatoria tiene que ver con el elemento procedimiento. Se reclama que la Adenda rompió la tramitación de un estudio de impacto ambiental y modificó el trazo original por otro, saliéndose completamente del corredor ambiental inicialmente determinado. Lleva razón el grupo accionante en cuanto a que el cambio aprobado se aparta del corredor ambiental que se había establecido en la resolución No. 848-2005-SETENA. No obstante, el Tribunal no encuentra ningún vicio de ilegalidad en ello. Hay que tener presente que el Proyecto SIEPAC consiste, en lo medular, en la creación de un mercado eléctrico regional mediante la construcción de torres para instalar líneas de transmisión de electricidad de 230 kw, así como subestaciones eléctricas a lo largo de Centroamérica. Tomando la cuenta la naturaleza del proyecto,  es pausible que su ejecución requiera de ajustes, algunos de ellos a fin de proteger el medio ambiente. Así lo preveía el artículo 34 del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MOPT-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, vigente a la fecha en que se solicitó la adenda. Dicha norma establecía: "(...)   Ajustes al diseño de la actividad, obra o proyecto en función de consideraciones ambientales. La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, y en particular la identificación de áreas ambientalmente frágiles dentro del área del proyecto y de influencia, así como los resultados mismos del proceso de interacción con las comunidades cercanas al área de la actividad, obra o proyecto, deberán permitir la realización de ajustes al diseño. A fin de lograr su mejor y más efectiva inserción en el ambiente, dentro de un marco de equilibrio ecológico. Todos estos ajustes deberán ser registrados y resumidos en el EsIA en el análisis de las alternativas de selección de sitio y diseño.(...).". Como se verá posteriormente, en este caso, la modificación de la ruta lo fue, entre otros, porque era menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  (folios 2121 a 2128 del expediente judicial ). Ahora, precisamente porque el nuevo trazado se apartaba del corredor biológico establecido en la viabilidad ambiental aprobada originalmente es que se solicita y se aprueba la correspondiente adenda. Así lo declararon Ana Laura Araya Solera, regente ambiental del proyecto y el Ingeniero Gerardo Montoya Brenes. En ese tanto, el Tribunal no encuentra ninguna irregularidad en lo actuado. Por otra parte, se acusa que el haber realizado una adenda eliminó otros pasos que deberían cumplirse si se hubiera solicitado una nueva evaluación ambiental. Reitera el actor, nuevamente,  que no se presentó el formulario de evaluación preliminar ni los términos de referencia. Al respecto, debe insistirse que no estamos frente a un nuevo proyecto sino ante la modificación de un trazado o ruta en las líneas de transmisión que ya había sido aprobado en la viabilidad ambiental aprobada en la resolución No. 848-2005-SETENA. Por ende, lo correspondiente era, como sucedió, autorizar la correspondiente adenda al instrumento principal. Hay que señalar que la normativa vigente al momento en que se solicitó la adenda (finales del 2006) no establecía un procedimiento específico para conocer y resolver este tipo de ajustes. Lo que existía era un acuerdo de la Comisión Plenaria de la SETENA, aprobado en en el artículo 29 de la sesión ordinaria No. 006-2006-SETENA, de 24 de enero de 2006, mediante el cual se regulaba un procedimiento para el control y seguimiento ambiental de los proyectos. En lo que interesa, el artículo décimo cuarto señala los requisitos que deben observarse para solicitar modificaciones sobre proyectos, obras o actividades que ya tengan viabilidad o licencia ambiental. La norma no refiere a la obligación de presentar, nuevamente, el formulario de evaluación preliminar ni los términos de referencia. Únicamente establecía que se debía aportar una comparación entre las obras originalmente aprobadas y las características de las modificaciones planteadas, así como el análisis de los posibles impactos ambientales que se generen. Se indica, además, la posibilidad de que se efectúe una inspección de verificación o, en caso de que se amerite, se solicite información complementaria. Incluso, la norma establece la posibilidad de que la modificación planteada requiriere de un nuevo instrumento de evaluación y de la apertura de un nuevo expediente. En el caso concreto, esta posibilidad no fue ejercida por la Comisión Plenaria de SETENA, por lo cual el Tribunal debe asumir que no era necesario un nuevo instrumento de evaluación ambiental. Nótese que los requisitos exigidos para la modificación fueron cumplidos, según se desprende a partir del folio 1007 del expediente administrativo de SETENA, tomo II.  Incluso, se efectuó la inspección de verificación, según consta en el oficio DAP-156-2007, otorgándose una recomendación positiva para la modificación de la ruta seleccionada (folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). Así las cosas, la norma en cuestión no exigía que se presentara, nuevamente, el formulario de evaluación preliminar ni los términos de referencia, lo que dice de la improcedencia del reclamo formulado. Por demás, estimamos que éstas son condiciones que se justificarían en la aprobación primaria de la viabilidad ambiental mas, en principio, no frente a modificaciones o adendas a ese instrumento. Por ende, tampoco encontramos ninguna actuación ilegítima o arbitraria de SETENA o de la EPR en este punto. Se acusa, también, que el Decreto Ejecutivo No. 31849 citado, establecía un plazo de dos años de vigencia de la viabilidad ambiental y que, si la adenda fue aprobada en mayo del 2007 y el proyecto se empezó a ejecutar en setiembre del 2009, es claro que ese plazo caducó y no existe ninguna solicitud de convalidación o prórroga. Al respecto, debemos señalar que, en efecto, el artículo 46 del Decreto Ejecutivo No. 31849 ya citado y vigente al momento de los hechos, establecía que  "(...) La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la SETENA, conforme con el procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 7° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005). 2. Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento. (...)". Debe tenerse presente que estamos frente a un proyecto en el que participan tanto el ICE como la EPR, cada uno con competencias específicas. Así por ejemplo, el ICE se encarga del trazado y diseño de la ruta en la que se ejecutará el proyecto así como lo relativo a servidumbres y expropiaciones que se requieran. En el presente asunto, estimamos que la vigencia de la adenda a la viabilidad ambiental que aquí se cuestiona no ha fenecido toda vez que, han habido actuaciones preparatorias (cuya ejecución requerían de la aprobación de la viabilidad ambiental) mediante las cuales tanto el ICE como la EPR ha ejecutado aspectos referentes al diseño e implementación del proyecto. Así por ejemplo, de folios 8 al 14 del expediente administrativo del ICE constan distintas comunicaciones entre el ICE y el propio grupo accionante, que datan de octubre y noviembre del 2007, así como de enero del 2008, que refieren a distintas reuniones en las que se valoró la posibilidad de implementar otras rutas alternas de trazado de tendido eléctrico y la necesidad de elaborar estudios técnicos al efecto. En rigor, lo que no ha iniciado es la fase constructiva del proyecto debido, entre otros aspectos, a la decisión adoptada, provisionalmente, por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la fase de medida cautelar.  Tan se han venido ejecutado las fases preliminares del proyecto que la tutela cautelar inicialmente concedida autorizó al ICE a recurrir a las vías legalmente establecidas en su Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres, a efectos de ingresar a las propiedades a realizar los estudios de campo necesarios. Por lo expuesto, estimamos que lo alegado es improcedente y así debe declararse.

            VI.-  Se cuestiona también que la adenda a la viabilidad ambiental se hubiese aprobado sin que se realizara una audiencia pública para que los habitantes de la comunidad de Matapalo, como posibles afectados por el proyecto,  se manifestaran al respecto. Estima el grupo accionante que dicha audiencia es un requerimiento legal que exige el otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere al artículo 6 del Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de Transmisión Eléctrica. En ese sentido, cabe señalar que, como derivación del principio democrático que contemplan los artículos primero y noveno de nuestra Constitución Política, se tiene el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar y contribuir al manejo de los asuntos públicos. En ese tanto, las entidades públicas deben, en la medida de lo posible, promover y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. De lo anterior no escapa la materia ambiental. El artículo 50 de nuestra Carta Magna establece que "(...) El Estado procurará bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades correspondientes.(...)".  Se trata de un derecho perteneciente a la categoría de los derechos fundamentales de tercera generación o derechos de la solidaridad, los cuales se distinguen porque se ostentan, no solo frente al Estado o los particulares, sino que son exigibles a la sociedad en su conjunto; ya que cada uno de sus componentes puede y debe dedicar una parte de su esfera de libertad hacia la protección de intereses comunes a todas las personas.  Para garantizar su efectividad, se han reconocido una serie de garantías, entre ellas, el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; esto es, el derecho y el deber de todas las personas a tomar parte en la formación de las decisiones públicas referentes a la protección del ambiente, por cuanto éste resulta esencial para el bienestar del ser humano y el disfrute de los derechos fundamentales básicos. Abarca tres componentes fundamentales. Por una parte, el derecho de acceso a la información en materia ambiental, entendiendo por ésta no sólo la posibilidad de acceder a la información, sino de ser informado oportunamente por parte de las autoridades. Además,  el derecho a la participación pública, sea, la oportunidad y posibilidad de que las personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una decisión referente al ambiente, manifiesten sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin que se les someta a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. Por último, el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental, que supone una amplia legitimación activa para solicitar la revisión de las medidas tomadas en relación con el ambiente, en especial cuando consideren que se ha violentado dentro del procedimiento alguno de los dos aspectos antes citados. El derecho de participar en la toma de decisiones ambientales encuentra tutela, también, en el marco normativo internacional, entre otros, en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (principios  10 y 19),  la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (principio 23), Convenio Regional sobre Cambio Climático (artículo 12 inciso f), la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 37/7 del 28 de octubre de 1980 (punto 16), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 41/128, del 4 de diciembre de 1986 (artículo 8.2). Igualmente,  está regulado en nuestra legislación, entre otras, en la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554) artículos 2, 6, 22 y 23 y la Ley de la Biodiversidad (Ley No. 7788, de 30 de abril de 1998), en sus numerales 9, 10 y 95. Finalmente, cuenta con un amplio desarrollo jurisprudencial, en lo fundamental, por la Sala Constitucional. Así, entre otros, podemos citar las sentencias No, 2238-1996, de las 14 horas 54 minutos del 14 de mayo de 1996, No.  6640-2000, de las 9 horas 16 minutos del 28 de julio del 2000, No. 3074-2002, de las 15 horas 24 minutos del 2 de abril de 2002,  No. 5593-2012, de las 16 horas 4 minutos del 2 de mayo de 2012 y No. 12645-2012, de las 14 horas 30 minutos del 12 de setiembre de 2012.

             VII.- Ahora bien, en en el fondo, en este proceso se reclama que se lesionó esa garantía de participación en la toma de decisiones en materia ambiental a la población de Matapalo, toda vez que la adenda a la viabilidad ambiental (que autorizó el cambio de la ruta de las líneas de transmisión) se autorizó sin realizar una audiencia pública que les permitiera manifestarse al respecto. El reclamo supone que deba analizarse si tal audiencia se constituía o no en un requisito obligatorio para la autorización de, en este caso,  los estudios de impacto ambiental y sus adendas. Sobre este tema, el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad (en adelante LB) dispone, en lo que interesa, que la SETENA deberá realizar audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto, cuando lo considere necesario. Por su parte, el numeral 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental establece que, conforme el artículo 95 citado, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la SETENA se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la Comisión Plenaria de la SETENA en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, dicha comisión deberá determinar el mecanismo mediante el cuál recibirá las observaciones. Ambas normas tutelan, sin duda, el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; a través de una audiencia pública en los procedimientos de autorización de los diferentes instrumentos de evaluación ambiental u otros mecanismos alternos a través de los cuales puedan recibirse observaciones. Lo anterior es importante porque permite distinguir entre el derecho de participación ciudadana en este tipo de temas y la audiencia pública como uno de los instrumentos, mas no el único,  para hacer efectiva esa garantía.  Precisamente por ello, tanto la norma legal como la reglamentaria establecen que SETENA deberá decidir en cuáles supuestos esa audiencia es necesaria advirtiendo, eso sí, de que, en caso que no se realice, deberá indicarse cuál será el medio para recibir observaciones. Cabe destacar que ambas normas fueron cuestionadas ante la Sala Constitucional por estimarse contrarias a los artículos 1 y 50 de la Constitución Política porque establecían la potestad de la SETENA de decidir si se realizan o no las audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto en el ambiente. No obstante, en el Voto No. 012645-2012, dictado a las 14 horas 30 minutos del 12 de setiembre de 2012, aquella Sala confirmó la validez y constitucionalidad de esa normas e indicó, en lo que interesa, "(...) IV.- De la discrecionalidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de celebrar la audiencia pública solicitada por particulares en asuntos ambientales. La accionante acusa la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley de la Biodiversidad en el tanto permite a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental autorizar o no la audiencia pública de información y análisis sobre un proyecto concreto y su impacto; aspecto este último que es desarrollado en el artículo 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849 de 24 de mayo de 2004 también cuestionado y según el cual, en respuesta a la solicitud de la audiencia pública, debe la SETENA -previo a decidir sobre la necesidad o no de celebrar tal audiencia-, valorar desde un punto de vista técnico, las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma. En la norma cuestionada se conmina a la SETENA, -en caso de que decida no celebrar la audiencia pública solicitada -, determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones. Estima la accionante que tal norma vulnera el derecho a la salud y la protección y defensa de la naturaleza, porque no establecen parámetros claros para definir la conveniencia o no de la audiencia pública pedida, sino que cita un concepto jurídico indeterminado que permite la arbitrariedad, en el tanto la decisión de celebrar la audiencia se toma en forma restrictiva por SETENA, y como ha ocurrido en el Trámite del Estudio de Impacto Ambiental del PH Reventazón, niega a los ciudadanos y a las comunidades, la posibilidad de defender en forma eficaz y oportuna el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A la luz de la jurisprudencia citada en el Considerando anterior, descarta la Sala los reparos de inconstitucionalidad expresados por la accionante, en el tanto no es cierto, como ésta afirma, que el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad desarrollado por el artículo 56 de su Reglamento, permitan la arbitrariedad por parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental para autorizar o rechazar una audiencia pública en cuanto establece que tal audiencia se dará “cuando lo considere necesario”. A criterio de la Sala, tal frase no debe ser entendida fuera de su contexto. En primer lugar, de la misma normativa cuestionada se deduce que la determinación de no dar la audiencia pública de información pedida sobre algún proyecto con impacto ambiental, sólo puede justificarse por parte de la SETENA, -como órgano encargado de realizar la evaluación de impacto ambiental-, con base en criterios establecidos de manera objetiva, esto es: “previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad de o no de celebrarla”(Art. 56 del decreto ejecutivo Nº 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC). Además del parámetro objetivo que constituye la necesidad de realizar una valoración técnica de la situación que permite descartar la audiencia pública de información señalado en el Art. 56 del decreto citado, debe atender la SETENA el requisito que exige el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, que es ley N°7554 de 04 de octubre de 1995, según el cual debe este órgano pronunciarse mediante resolución debidamente fundada y razonada (Art. 19 Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 de 04 de octubre de 1995). En segundo lugar, establece el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad cuestionado, que en el caso de rechazar la solicitud de audiencia pública de información pedida por persona física o moral, deberá la SETENA “determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones”, opción que claramente garantiza la participación ciudadana en los asuntos ambientales en sus dos puntos esenciales ya citados en la jurisprudencia parcialmente transcrita en el Considerando anterior, cuales son: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos (Al efecto, ver sentencia número 2001-10466). Así las cosas, del análisis de la normativa de la Ley de Biodiversidad cuestionada en relación con la extensa jurisprudencia desarrollada por esta Sala, normativa internacional citada y en particular de la Ley Orgánica del Ambiente se infiere que la opción de la SETENA de no celebrar la audiencia pedida en el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, contrario a lo que afirma la accionante, no elimina de ningún modo al particular la garantía de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, que se repite, es un pilar básico del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Como bien expone la Procuraduría General de la República en el informe rendido a la Sala: “No debe perderse de vista que aunque no se realice una audiencia pública por no considerarlo necesario la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, igual las personas pueden tener acceso al expediente administrativo y al estudio de impacto ambiental, y hacer las manifestaciones que quieran y cuando quieran, como ya lo explicamos más atrás; por lo que en ningún momento se estaría conculcando, al grado de suprimirlo, el derecho de los habitantes al debido proceso o contradiciendo el principio democrático. Otro aspecto de interés, es que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no puede arbitrariamente negar la realización de una audiencia pública, sino que su acto de denegatoria debe estar debidamente fundamentado. Así se desprende del texto del artículo 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental cuando indica que la determinación de la necesidad o no de celebrarla, la hará la SETENA previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma”. V.- Conclusión. Con base en las citas jurisprudenciales transcritas y demás consideraciones expresadas en esta sentencia, estima la Sala que el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad y numeral 86 de su reglamento -en cuanto disponen la potestad de la SETENA de acoger o rechazar la solicitud de audiencia pública en un asunto ambiental- no eliminan la garantía de la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental, así como tampoco ponen en riesgo la garantía a un acceso a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado. El mecanismo que establece la normativa cuestionada y su ejercicio pone de manifiesto una voluntad por parte de la SETENA, que debe ser sustentada en razones técnicas suficientemente justificativas, objetivas y consistentes, dirigidas al cumplimiento del interés público que persiguen, en tutela del medio ambiente (04781-2011). Así, la expresión “cuando lo considere necesario” del articulo 95 de la ley de la biodiversidad debe ser interpretada en el contexto de la normativa y principios de materia ambiental, como la situación en que prevalecen criterios técnicos y objetivos, a partir de los cuales la Secretaria Técnica Nacional Ambiental deduce la necesidad o no de celebrar una audiencia pública, caso en el cual deberá entonces asegurar una adecuada participación ciudadana para lo que debe implementar medidas que garanticen el acceso al expediente administrativo, al estudio de impacto ambiental, y que se canalicen las manifestaciones que estimen pertinentes en cualquier momento. Corolario de lo expuesto, procede declarar sin lugar la acción, lo que en efecto se dispone.(...)". Conforme a lo expuesto, el aspecto a dilucidar es si la adenda se autorizó sin previa audiencia pública y, en caso de que así fuera, si esa omisión lesionó el derecho de la comunidad de Matapalo de participar en la toma de decisiones ambientales.

            VIII.- De los hechos que se han tenido por acreditados se observa que, inicialmente, SETENA consideró necesario realizar un proceso de audiencias públicas para conocer la opinión y percepción de las comunidades sobre el desarrollo del Proyecto SIEPAC. Para tales efectos, solicitó a las municipalidades involucradas recomendar un lugar adecuado para llevar acabo la actividad, tomando en cuenta las características de linealidad del proyecto. En lo que interesa, la Municipalidad de Aguirre fue consultada mediante oficio SG-752-2004-(PREIA)-SETENA-6, de 30 de marzo de 2004 (folios 135 y 136 del expediente administrativo de SETENA, tomo I); sin que hubiese contestado la audiencia conferida. Mediante resolución No. 646-2004-SETENA, de las 14 horas 45 minutos del 3 de mayo de 2004, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente dispuso realizar en Cañas, Esparza y Palmar Sur, el proceso de audiencias públicas para el Proyecto de Líneas de Transmisión Eléctrica SIEPAC, las que se realizaron los días 9, 10 y 12 de junio de 2004, respectivamente. Esa resolución también fue comunicada a la Municipalidad de Aguirre el cuatro de mayo de 2004 (folios 201 y 230 al 232 del expediente administrativo de SETENA). Finalmente, mediante resolución No. 848-2005-SETENA, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y su Anexo y otorgó la viabilidad ambiental para el Proyecto SIEPAC (hecho no controvertido, folios 908 al 920 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). El trazado de la ruta autorizado en ese instrumento de evaluación ambiental no pasaba por la población de Matapalo de Aguirre. Posteriormente, la EPR presentó a SETENA una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión SIEPAC Costa Rica, Subtramo Portalón, Tramo CR7. Lo anterior con el fin de que se pronunciaran sobre la conveniencia de un cambio de ruta en ese subtramo  (se infiere del folio 1007 del expediente administrativo de SETENA, tomo II ).  En el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, se autorizó el cambio de ruta  en el trazado de la línea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos y una adenda a la viabilidad originalmente aprobada. Lo anterior dado que se consideró menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  ( folios 2121 a 2128 del expediente judicial). Para la aprobación de esta adenda a la Viabilidad Ambiental del Tramo CR-7, Subtramo Portalón, SETENA no convocó a audiencias públicas (expediente administrativo de SETENA correspondiente a la Adenda, declaración de Gerardo Montoya Brenes). No obstante, es criterio del Tribunal que esa omisión no invalida la decisión contenida en la adenda, por las siguientes razones. Conforme a lo expuesto en los Considerandos previos, la decisión referida a si se realiza o no una audiencia pública corresponde a SETENA, quien puede prescindir de ella  con base en criterios establecidos de manera objetiva. En el caso concreto, tenemos que la audiencia fue omitida para el otorgamiento de la adenda al instrumento ambiental inicialmente autorizado. Aunado al hecho de que la normativa vigente en aquel momento no establecía la necesidad de esa audiencia para autorizar modificaciones a los estudios de impacto ambiental autorizados, lo cierto es que SETENA sí efectuó una previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la que, estimamos, sirve de fundamento a la decisión de no celebrarla. En efecto, mediante oficio DAP-156-2007, los evaluadores de SETENA realizaron una inspección en el subtramo CR7 para valorar el cambio de ruta propuesto, otorgando una recomendación positiva al respecto ( folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). En lo que interesa, dicho informe establece que el trazado atraviesa únicamente un pequeño sector del poblado de Matapalo y admite que en ese sector existe una reiterada oposición de algunos propietarios al paso de las líneas. Recomienda aprobar el cambio de ruta, incluyendo como parte de los compromisos ambientales informar constantemente a SETENA cualquier modificación que se dé conforme se vaya definiendo la ruta final y mantener el compromiso de actualizar en el expediente la información sobre la adquisición de servidumbres, especialmente en lo concerniente a la zona de Matapalo. Así, estimamos que la situación del poblado de Matapalo fue considerada al momento en que se efectuó la inspección previa al otorgamiento de la adenda. Nótese, ademas, que no consta que los pobladores de aquella zona, hubieran solicitado a SETENA, ni antes ni después de la adenda, que se efectuara una audiencia pública. Por otra parte, hay que tener presente que la audiencia es solo uno de los instrumentos para hacer efectivo de derecho de participar en la toma de decisiones referidas a proyectos ambientales. Desde esta perspectiva, es criterio del Tribunal que la comunidad de Matapalo ha sido partícipe en el cambio de ruta del Proyecto SIEPAC y que el trazado actual de las líneas de transmisión en Tramo CR-7,  subtramo Portalón fue sometido a discusión entre los habitantes de esa zona de Matapalo. Tal participación se infiere de los folios 8 al 14 del expediente administrativo del ICE, de las declaraciones de propietarios  visibles a folios 202 a 211 del expediente administrativo de SETENA correspondiente a la Adenda y la confirman las  declaraciones de Gerardo Montoya Brenes y Fidel Guevara Vega. Estos testigos explican, incluso, que para determinar el cambio en el trazado de la ruta del  Tramo CR-7 Subtramo Portalón se valoraron tres alternativas para el sector de Matapalo: una sugerida por el ICE, otra por el grupo actor y una tercera por varios vecinos de la zona. La segunda y tercera alternativas fueron descartadas porque podían generar una mayor cantidad de impactos negativos en la flora, fauna, suelo, zonas de recarga acuífera, así como en una mayor cantidad de casas de habitación y proyectos habitacionales (lo que se acredita, también, a folios 22 a 28 del expediente administrativo del ICE, informe pericial de la MSc Karen Rodríguez Ledezma y la declaración de Gerardo Montoya Brenes). Por lo expuesto, estimamos que no se ha violentado el derecho de acceso a la información referida a este proyecto (y las autoridades públicas y privadas involucradas han cumplido con el deber de brindar la información suficiente) ni el derecho a la participación pública, en tanto los habitantes de Matapalo han podido manifestar sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos, al grado, incluso, de proponer alternativas al trazado de la ruta. Finalmente, estimamos que tampoco se ha lesionado el acceso a la justicia, toda vez que incluso, han podido formular este proceso. A nuestro juicio, ese intercambio de información y participación constituyó un mecanismo alterno válido, que garantizó la participación efectiva de los vecinos de Matapalo en el Proyecto SIEPAC (permitiéndoles,  incluso, presentar rutas alternativas y discutir todas las posibilidades de trazado) y hace que la ausencia de audiencia pública no resulte violatoria del derecho de participación ciudadana. Por las mismas razones, tampoco se lesiona el artículo 6 del Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica. Si bien esa norma establece que SETENA deberá realizar una audiencia pública que permita escuchar a las personas que se sientan afectadas por la construcción de instalaciones u obras de transmisión de energía eléctrica; estimamos que por tratarse de una norma reglamentaria, debe ser interpretada conforme a las normas legales y a la jurisprudencia constitucional que, sobre el punto, se ha emitido. Así, estimamos que, por una parte, ya se había realizado una audiencia pública cuando se autorizó la viabilidad ambiental original. Por otra, el hecho de que la adenda  no estuviera precedida por otra audiencia no imposibilitó a los vecinos de Matapalo ejercer el derecho de participación en la toma de decisiones ambientales, según se expuso. Por todo lo expuesto, estimamos que la omisión de la audiencia no constituye una formalidad sustancial que haga necesario invalidar lo actuado, toda vez que la comunidad participó en la resolución de la cuestión ambiental inmersa en la decisión referida al cambio de ruta y tuvo un adecuado acceso a la información ambiental que se discutía. Finalmente, debe señalarse que el derecho de participación ciudadana en las cuestiones ambientales se mantiene a lo largo de la implementación y ejecución del proyecto, de modo que, en el momento que se perciba una lesión a los componentes del ambiente, los habitantes de Matapalo pueden acudir a las instancias respectivas para lo que corresponda. A modo de ejemplo, el artículo 15 del Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica establece la obligación de los prestatarios del servicio público de transmisión de electricidad de informar a los miembros de la comunidad sobre este tipo de proyectos. 

            IX.-  Por otra parte, se acusan vicios que tiene que ver con el motivo y contenido de la adenda a la viabilidad ambiental. Específicamente, se reclama que el cambio en el trazado de la ruta lesiona el artículo 11 del Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica. Dicha norma establece que "(...) En el trazado de rutas para las líneas de transmisión y ubicación de subestaciones, frente a varias alternativas técnicas y económicamente factibles deberá optarse por la que resulte más amigable con el ambiente. La empresa de transmisión debe además demostrar ante el Ministerio de Salud o la SETENA, según corresponda, que en el trazado finalmente escogido se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: a) El correspondiente plan regulador local o regional aprobado por SETENA, cuando lo hubiere; b) El mayor alejamiento posible de zonas pobladas; c) El mayor aprovechamiento posible de carreteras y caminos existentes para la ubicación de las estructuras; d) La aplicación de criterios para minimizar la intrusión visual de las obras en el paisaje; e) La menor afectación de zonas protectoras, reservas forestales y refugios de vida silvestre. (...)". Sin embargo, un estudio minucioso de la conducta formal impugnada permite descartar la supuesta lesión ya que, a diferencia de lo que se reclama, la adenda sí consideró, en lo fundamental, los aspectos a que refiere la norma en comentario. Respecto del acápite a), en este proceso no se ha acreditado la existencia de un plan regulador local que haya debido ser tomado en cuenta al momento de autorizar el cambio de la ruta. Más bien, de las conclusiones rendidas por el apoderado especial judicial de la Municipalidad de Aguirre, pareciera que tal instrumento de ordenación del suelo no ha sido, aún, aprobado. Luego, tenemos que la adenda aportada por la EPR a SETENA contempla los puntos que regula la referida disposición, según se desprende de los folios 124 a 185, 202 a 233, 243 a 265, 269 y 270, 288, 293 y 294 297 a 300, 301, 305 al 311 del expediente administrativo de SETENA correspondiente a la adenda. Luego, de la parte considerativa de la conducta formal impugnada y de la inspección de campo efectuada para tales efectos, se desprende que los puntos enumerados en la norma sí fueron considerandos. Se indica, por ejemplo, que "(...) iv. Por otra parte, otro de los argumentos por los cuales el desarrollador justifica el cambio planteado y que se pudo constatar durante la inspección, es la existencia de dos refugios privados de vida silvestre (Portalón y Transilvania), ya que, el paso original de la línea afecta dichas zonas, con los posibles impactos ambientales que ello generaría. Con la modificación de la ruta propuesta, se evita el paso por dichas áreas, ya que, en su mayoría transcurre por caminos existentes, siguiendo la linea de distribución de electricidad actual y el derecho de vía de la carretera costanera sur(fotos 4 y 5). Además, según el informe técnico ACOPAC-ORRAP-062-05, del Área de Conservación Pacífico Central, el cual se adjunta al documento presentado por el desarrollador, el trazo actualmente planteado no afecta las zonas de manglar que son parte del Refugio Portalón. v. Como se señaló supra,  el paso por la nueva ruta sigue terrenos ya impactados como plantaciones de palma, el derecho de vía de la carretera nacional y el trazo de la linea de distribución existente (fotos 4, 5 y 6). El trazado atraviesa únicamente un pequeño sector del poblado de Matapalo.(...)". Con fundamento en esos motivos existentes, se dispone autorizar la adenda y el cambio de ruta del trazado de las líneas y el tendido de transmisión. Nótese que la parte dispositiva del acto impugnado expresamente señala que con la nueva ruta sería menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre (folios 2121 a 2128 del expediente judicial). Lo anterior resulta conteste, también, con el peritaje rendido por la bióloga Karen Rodríguez, conforme al cual, en general, los impactos positivos o negativos que podrían generarse fueron previstos en el estudio de impacto ambiental aprobado (ver en ese sentido los folios 1647, 1649, 1651 y 1652 del expediente judicial y su declaración). En similar sentido se manifestó Ana Laura Araya Solera, regente ambiental del Proyecto SIEPAC quien manifestó que tanto el Estudio de Impacto Ambiental como su adenda  contemplaban una serie de medidas de mitigación en la fase de diseño del proyecto, entre ellas mantener las distancias o retiros de ley entre torres y las nacientes o pozos de captación de agua. Asimismo, se contemplaron aspectos socioeconómicos referidos a los campos magnéticos y medidas que permitan reducir el impacto visual en el paisaje. También, Fidel Guevara Vega se manifestó sobre las medidas de mitigación contempladas, entre ellas, las que se adoptarían en la fase de construcción cerca de las poblaciones, entre ellas, incremetar la altura de las torres y un retiro mínimo de 15 metros de las casas. Incluso, la regente ambiental sostiene que es viable considerar las recomendaciones vertidas por la perito en ese tema y en lo que respecta a las aves. Por ello, estimamos que los aspectos que señala el numeral 11 del referido reglamento sí fueron considerados al momento de autorizar la adenda y se trataba, además, de presupuestos fácticos, técnicos y jurídicos que existían tal y como fueron tomados en cuenta al momento de dictar el acto (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública). Por otra parte, el contenido es legítimo, correspondiente al motivo y proporcional al fin en tanto protege los intereses públicos involucrados. Insistimos que conforme a la propia adenda, se consideró menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  ( folios 2121 a 2128 del expediente judicial). En similar sentido, la perito Rodríguez Ledezma señala en su informe, respecto de las otras alternativas de ruta,  que "(...) puede generar mayor cantidad de impactos negativos para flora, fauna y suelo, ya que se encuentra en terrenos más altos, con mayor cobertura boscosa, inclusive podría estar afectando zonas de recarga acuífera. Igualmente se afectaría algunas casas de habitación  y proyectos habitacionales (...)" (folio 1654 del expediente judicial) No es cierto, como se afirma, que la modificación de la ruta careciera de sustento técnico. De los autos y  la prueba evacuada es viable concluir que la modificación de la ruta de las líneas de transmisión del Tramo CR-7 Subtramo Portalón se fundamentó en condiciones técnicas y restricciones socioambientales, entre ellas la inestabilidad de los terrenos, deslizamientos y la existencia de Refugios Privados de Vida Silvestre (Portalón y Transilvania), así como la oposición de vecinos ( folios 22 a 28, 44 al 66, 80 al 82 del expediente administrativo del ICE, EIA y adenda al EIA aprobados por SETENA, declaración de Gerardo Montoya Brenes y Fidel Guevara Vega). Finalmente, la parte actora acusa que la EPR no obtuvo el permiso del MOPT para el paso de la línea de transmisión por la Costanera Sur. Refiere al oficio UE-2006-995, de 13 de noviembre de 2006, suscrito por el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Costanera. En ese sentido, cabe señalar lo siguiente. De conformidad el oficio CP-217-2007, de 31 de mayo de 2007, mediante el cual la SETENA comunicó a la EPR la aprobación del cambio de ruta en el trazado de la linea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos, se incluyó como parte de los compromisos ambientales,  el visto bueno del MOPT para el uso del derecho de vía de la Costanera Sur correspondiente al tramo que sería afectado por el cambio de ruta (folio 80 al 82 del expediente administrativo del ICE).  Como afirma el accionante, en el oficio UE-2006-995 citado, el MOPT consideró inadecuado autorizar la ubicación de la línea de alta tensión eléctrica propuesta en el derecho de vía de la Costanera Sur; lo cual fue comunicado al ICE por el Viceministro de esa entidad, en oficio DVOP-3389-2006, de 27 de noviembre de 2006, en el que señala, además, la posibilidad de valorar opciones adicionales. Como primer punto, estima el Tribunal que la autorización del MOPT para utilizar el derecho de vía de la ruta aprobada en la adenda, es una condición que debe acatar tanto el ICE como la EPR previo a la construcción y ejecución de las torres y su tendido eléctrico, porque forma parte de los compromisos adquiridos con la adenda, según se expuso. Luego, no se acreditado que se haya obtenido. El apoderado de la EPR manifiesta que el ICE puede aprovecharse del derecho de vía porque se trata de bienes demaniales que pueden ser usados para la consecución de fines públicos. El Tribunal respeta más no comparte ese argumento. Por demanio público entendemos “(…) el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso diretco o indirecto que toda persona puede hacer de ellos. (…)” (Sentencia No. 3145, dictada por la Sala Constitucional a las 9 horas 27 minutos del 28 de junio de 1996). En efecto, el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público (artículo 264 del Código Civil). Son cosas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera el comercio privado de los hombres. El demanio público ofrece una protección especial a los bienes que lo conforman. En este sentido, dentro de sus características tenemos que son inalienables, imprescriptibles, inembargables y están fuera del comercio privado de los hombres, en el sentido que no son susceptibles de apropiación privada. Sin embargo, el ente público sí puede otorgar permisos o autorizaciones de uso, así como derechos de aprovechamiento a sujetos privados a través de concesiones de uso. Desde esta perspectiva, la demanialidad del derecho de vía no supone, como se afirma,  una presunción de derecho de uso por parte del ICE. Por el contrario, ese ente público está también sometido al bloque de legalidad y deberá, como lo exige la adenda autorizada, obtener las respectivas autorizaciones del MOPT para su utilización. Ahora bien, el Tribunal considera que el no contar con esa autorización a la fecha no constituye un vicio capaz de invalidar la referida adenda. Por una parte, el oficio UE-2006-995 citado constituye un informe técnico que no descarta, del todo, la posibilidad de valorar otras opciones para la ubicación de la línea de alta tensión eléctrica en el derecho de vía de la Costanera Sur. Esa posibilidad se mantiene abierta, según se desprende del oficio DVOP-3389-2006, referido. Por otra, no puede dejarse de lado que la referida autorización fue exigida como parte de los compromisos ambientales, razón por la cual su cumplimiento se valorará en la fase de gestión ambiental del proyecto. Aunado a lo anterior, estimamos que la ponderación que, en definitiva, efectúe el MOPT deberá  tomar en consideración la naturaleza de la infraestructura a desarrollar (torres y tendido eléctrico) y que, conforme al diseño establecido, su instalación no se realizará sobre el corredor de la Costanera Sur sino más bien en forma transversal. Por todo lo expuesto, el Tribunal es del criterio de que el ICE debe obtener la referida autorización pero que su omisión, a esta altura procesal, no es capaz de generar nulidad absoluta de la adenda (artículo 223 de la LGAP) y que su cumplimiento es un aspecto que deberá ser constatado en la fase de gestión ambiental.

             X.- Sobre los daños a la biodiversidad. La parte actora reclama que la modificación del trazado de la ruta ocasiona daños a distintos componentes de la biodiversidad. Como primer aspecto, cabe distinguir entre daño e impactos ambientales. El  impacto ambiental es el efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras características. Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el momento en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación para disminuir su alcance en el ambiente. Por su parte, el daño ambiental es el impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex –ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA). Conforme al estudio de impacto ambiental y su adenda, la ejecución del proyecto SIEPAC provoca impactos que han sido debidamente cubiertos con medidas de mitigación y compensación. Las distintas probanzas allegadas al proceso permiten confirmar ese aspecto. Veamos. En cuanto a la flora, fauna y bosque, tenemos que en oficio ACOPAC-OSRAP-062-05, de 7 de febrero de 2005, la Subregión de Aguirre Parrita, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC) rindió informe técnico correspondiente a una inspección en el sector de Pasito, Portalón y Matapalo, con la finalidad de determinar los sitios adecuados para la futura localización de las torres de transmisión eléctrica. En lo que interesa concluyó que "(...) De acuerdo a lo visto en la primera inspección en la propiedad del señor Guillermo Rodríguez se determinó que en ningún momento la ubicación de estas torres afectará los ecosistemas de manglares ni ningún otro presente en el lugar. / En la segunda inspección se determinó que la primera y segunda torre necesitan ciertos ajustes con los cuales no afectarían los ecosistemas de manglares u otros presentes en el lugar y en el caso de la tercera torre no existe ningún problema en su ubicación actual. (...)"  (folios 15 a 18 del expediente administrativo de SETENA correspondiente a la Adenda). Se cuenta también el oficio DAP-156-2007, el cual reseña los resultados de la inspección que realizaran los evaluadores de SETENA en el subtramo CR7 para valorar el cambio de ruta propuesto, otorgando una recomendación positiva al respecto, que luego se constituye en un presupuesto del acto impugnado (folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). Se indica, por ejemplo, con la modificación de la ruta propuesta se evita el paso por dos refugios privados de vida silvestre y que la nueva ruta sigue terrenos que ya han sido impactados como las plantaciones de palma. El peritaje rendido tanto en forma escrita como oral por la Bióloga Karen Rodríguez Ledezma coincide con algunas de estas observaciones. La perito manifiesta que en la zona de pastizales  y suelos, las líneas de transmisión no generarían daños sino impactos que están debidamente contemplados en el estudio de impacto ambiental. Menciona también que el área que va del Punto Chamo al Nube 3, las líneas pasan por potreros, fincas de extracción maderera y charrales, por lo que se trata de un área ya alterada y explotada  en la que no se observan impactos negativos de gran escala y que no estén contemplados en el estudio de impacto ambiental con sus respectivas medidas de mitigación. En general, concluye que "(...) No se identifican impactos negativos en flora y fauna que no existieran antes de que se lleve a cabo este proyecto ya que la deforestación es evidente, tampoco se cree que se generen posterior a la construcción del mismo. (...)"  (folio 1664 del expediente judicial).  En cuanto a la fauna, la perito recomienda únicamente la inclusión de una estructura que funcione como percha totalmente aislante que evite el riesgo de electrocución de las aves. Finalmente, la regente ambiental del proyecto, Ana Laura Araya Solera rindió una amplia declaración en la que explicó los impactos que fueron previstos en el estudio de impacto ambiental con ocasión del diseño y la instalación de las lineas de transmisión en el subtramo Portalón de Aguirre. Así, por ejemplo, respecto de la biota señaló que se previeron diferentes impactos en el fraccionamiento de hábitats y pérdidas de especies faunísticas por la construcción de nuevos caminos, corta de árboles y de vegetación, con las respectivas medidas de mitigación. Concluyó que el diseño del tramo que aquí se discute cumple con las medidas de mitigación ambiental previstas y que, incluso, de se necesario podrían implementarse otras, incluyendo las que señaló la perito Rodríguez Ledezma.  En relación con los manglares, remitimos nuevamente al oficio ACOPAC-OSRAP-062-05 citado, conforme al cual "(...) De acuerdo a lo visto en la primera inspección en la propiedad del señor Guillermo Rodríguez se determinó que en ningún momento la ubicación de estas torres afectará los ecosistemas de manglares ni ningún otro presente en el lugar. / En la segunda inspección se determinó que la primera y segunda torre necesitan ciertos ajustes con los cuales no afectarían los ecosistemas de manglares u otros presentes en el lugar y en el caso de la tercera torre no existe ningún problema en su ubicación actual. (...)"  (folios 15 a 18 del expediente administrativo de SETENA correspondiente a la Adenda). El oficio DAP-156-2007 citado señala que el trazado no afecta las zonas de manglar que son parte del Refugio Portalón. Finalmente, la perito Rodríguez Ledezma manifiesta que la ruta de las líneas de transmisión están a una distancia considerable del manglar por lo cual no presenta ningún potencial efecto negativo irrecuperable sobre el mismo, siempre y cuando se respete una distancia mínima de cincuenta metros del manglar y que, en todo caso, se trataría de impactos contemplados en las medidas de mitigación (folios 1648 y 1649 del expediente judicial). En su declaración manifiesta, además, que no existen exactamente manglares por donde pasan las líneas de transmisión. En lo que al recurso hídrico se refiere, tenemos que la perito Rodríguez Ledezma advierte que en la zona de Matapalo existen dos nacientes declaradas por el AyA  que son primordiales en el abastecimiento de agua potable para la comunidad. Indica que "(...) En esta zona específicamente se sabe que no puede haber construcción cerca de estas nacientes, por lo que debe haber un retiro de 200m según la Ley de Aguas, lo cual es conocido y tomado en cuenta por el ICE. (...)" (folio 1652 del expediente judicial). Aunado a lo anterior, tenemos que mediante oficios SGG-2013-548, de 3 de julio de 2013, el Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remitió a la Dirección del Proyecto SIEPAC copia de los informes técnicos SUB-G-AID-UEN-GA-2013-805, elaborado por el Director de Cuencas Hidrográficas de ese ente y concluyó que "(...) la propuesta del trazo identificado como alternativa 1 para el tendido de las líneas de alta tensión, pasa a 170 metros aproximadamente de la naciente captada de la ASADA de Matapalo. Aportamos un croquis resumen en donde se integra la información del ICE y la ubicación de la naciente captada de la ASADA de Matapalo, con las distancias aproximadas y un buffer de 200 metros de protección de acuerdo a la legislación ambiental vigente.(...)" (folios 1962 a 1965 del expediente judicial). También se remitió el informe técnico SUB-G-AID-UEN-PyC-2013-824, elaborado por el Director de la UEN Programación y Control, quien concluyó "(...) Puedo confirmar que las nacientes de la ASADA de Matapalo de Aguirre no se verán afectadas por el paso de las líneas de alta tensión que el ICE extenderá para el proyecto SIEPAC. (...)" (folios 1962, 1963, 1966 del expediente judicial). Por otra parte, mediante oficio SUB-G-AID-UEN-AP-2013-1517, de 2 de julio de 2013, la Administración de Proyectos del AyA evaluó si era posible una afectación de las nacientes de la localidad de Matapalo por acción de los campos magnéticos. Al respecto, determinó que "(...) los campos inducidos por el tendido eléctrico de alta tensión  se encuentran en valores inferiores a los permitidos por la OMS y no se afecta las nacientes de agua potable, comprendiendo que el agua es un elemento equipotencial a tierra, no siendo posible ser afectado por la intensidad o la densidad de un flujo magnético.(...)" (folios 1967 a 1970 del expediente judicial). En similar sentido, en el oficio DIGH-UGH-OF-218-2013, de 3 de setiembre de 2013, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas concluyó que "(...) el Proyecto SIEPAC se ubica en parte dentro de la zona de protección establecida en los artículos 33 de la Ley Forestal, no obstante, no se prevé que haya afectación a las nacientes por el desarrollo del proyecto, dado las condiciones indicadas anteriormente, siempre y cuando la operación del proyecto, NO  se requiera la utilización, almacenamient, vertido de sustancias tóxicas. Asimismo,  si se realiza la corta de vegetación de manera intensiva, está (sic) podría afectar temporalmente a las nacientes por un efecto de evaporación, por lo cual se solicita se evite en la medida de lo posible la corta de vegetación dentro del radio de protección de 100m de cada una de las nacientes. (...)" (folios 2015 al 2021 del expediente judicial). Aunado a lo anterior, el Ingeniero William Borge Quesada explicó en su declaración las razones por las cuales las líneas de transmisión no afectan la calidad del agua en las nacientes de Matapalo. Agregó, que en la fase de construcción no se requiere utilizar, almacenar o verter sustancias tóxicas, sino  únicamente el transporte de material de construcción. Este último aspecto (no utilización de residuos tóxicos) fue también resaltado por el testigo Fidel Guevara Vega. La valoración conjunta de las probanzas citadas permite al Tribunal concluir que la ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón no lesiona las nacientes de agua de la ASADA de Matapalo de Aguirre,  ni la calidad de ese recurso.  En lo que atañe al paisaje y la belleza escénica de la zona de Matapalo debemos señalar lo siguiente. Es innegable que la ejecución de un proyecto como SIEPAC va a incidir sobre ese elemento de la biodiversidad, específicamente en cuanto a la instalación de las torres y el tendido de las líneas de transmisión. Sin embargo, estimamos que, nuevamente, estamos ante impactos que fueron debidamente previstos en el estudio de impacto ambiental, según se desprende de la propia adenda. En ese sentido, tenemos que ya el oficio DAP-156-2007 (informe técnico realizado con ocasión de la autorización de la adenda) indicaba que los funcionario del ICE estaban estudiando la posibilidad de utilizar un mismo posteado (con la línea de distribución) con el objetivo de minimizar el impacto visual (folio 1003 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). Así lo confirmó, también, la Regente Ambiental Ana Laura Araya Solera quien se manifestó ampliamente sobre las medidas de mitigación que se tomaron al respecto tanto en la fase de diseño como en la de construcción o implementación. En lo medular, indicó que se establecieron medidas para mitigar el impacto visual de las torres y el tendido eléctrico, como lo son el paralelismo con otras lineas o postes (para unificar impactos), colocar las torres en zonas de media ladera, usar patas desiguales y pintalarlas de colores acordes al paisaje para lograr un efecto de mimetización. Estima el Tribunal que estas medidas equilibran el impacto visual que la ejecución del proyecto pueda ocasionar en el paisaje. Al fin de cuentas, se trata de un proyecto declarado de interés nacional y que viene a solventar y satisfacer un interés público como lo serían las necesidades de energía eléctrica. Estimamos que en el caso concreto, el desarrollo de este proyecto fue sometido a un análisis técnico y actualizado de las variables ambientales y el impacto para el paisaje fue debidamente contemplado. Desde esta perspectiva, estimamos que no se viola la máxima de un desarrollo sostenible porque el proyecto se enmarca en la tutela de un interés general, considerando aspectos económicos y sociales (expresamente contemplados en la adenda) respetando el equilibrio ambiental, de modo de que se preserve para las generaciones presentes y futuras. Así, la adenda a la viabilidad ambiental integró las variables de desarrollo económico, justicia social y preservación del ambiente.  Aunado a lo anterior,  si la ejecución u operación del proyecto causa un daño no cubierto por medidas de mitigación o éstas son insuficientes, existen vías para que pueda ser reclamo, incluso en la fase de gestión ambiental. En definitiva, de la prueba allegada al proceso es dable concluir que ni la conducta formal impugnada ni, en general,  la ejecución del proyecto SIEPAC en el tramo CR-07 Subtramo Portalón ocasiona daños a la biodiversidad y los impactos que se van a generar sobre ésta han sido debidamente previstos en el estudio de impacto ambiental y su adenda.”

 

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Texto de la resolución

  Tribunal Contencioso Administrativo,

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

Central 2545-00-03                                                                   Fax 2545-00-33

                                         Correo Electrónico ...01

________________________________________________________________________

EXPEDIENTE:  09-002212-1027-CA

ASUNTO:   PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE

ACTOR: GRUPO UNIDO POR EL DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO SOCIAL DE SAVEGRE  (GUPEDUTSS)

DEMANDADOS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EL ESTADO, EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.

COADYUVANTE ACTIVO: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

   No. 133-2013-VI

            TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas del cuatro de noviembre del dos mil trece.

            Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por el GRUPO UNIDO POR EL DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO SOCIAL DE SAVEGRE  (en adelante GUPEDUTSS), entidad sin personalidad jurídica representada por su apoderado especial judicial Gerardo Jesús Zúñiga Esquivel, cédula de identidad CED82227 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (en adelante ICE), representado por su apoderada especial judicial Ana María Bolaños Calderón, soltera, cédula de identidad CED30335 y vecina de San Joaquín de Flores, el ESTADO representado por la procuradora María del Rosario León Yanarella, cédula de identidad CED687 y vecina de Nombre37415 y la EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A. (en adelante EPR), representada por su apoderado especial judicial Claudio Zeledón Rovira, casado, cédula de identidad CED31733 y vecino de San José. Participa como coadyuvante activo la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, representada por su apoderado especial judicial Nombre142229  , soltero y cédula de identidad CED111796. Intervienen, también, en el proceso los Licenciados José Miguel Guzmán Gutiérrez y Jorge Roberto Calderón Arias, en su carácter de apoderados especiales judiciales del ICE y la EPR, respectivamente. Todas las personas físicas son abogados.

RESULTANDO

             1.- La parte actora formula este proceso para que, en lo medular, en sentencia: 1) Se declare con lugar el presente proceso. 2) Se declare la inexistencia de la viabilidad ambiental válida para la modificación de la ruta Portalón del tramo homogéneo CR-07 del Proyecto Sistema Interconectado Eléctrico para los Países de América Central (SIEPAC) y la invalidez del acta de la sesión ordinaria No. 065-2007, celebrada el 30 de mayo de 2007 por la Secretaria Técnica del Ambiente. 3) Se declare la violación del ordenamiento jurídico y por ende, actuar ilegal, por parte de las Administraciones recurridas, al modificar arbitrariamente la ruta Portalón del tramo homogéneo CR-07 del Proyecto SIEPAC. 4) Se ordene a las Administraciones accionadas la suspensión de todo trabajo y colocación de las lineas en la ruta modificada. 5) Se ordene a las Administraciones la construcción y ejecución del Proyecto SIEPAC en el tramo homogéneo CR-07 en la ruta originalmente trazada y para la cual existe la respectiva viabilidad ambiental. 5) Se condene a las Administraciones recurridas al pago de ambas costas (pedimentos formulados a folio 16 del expediente judicial, así ajustado s y fijados durante la audiencia única).

             2.- Como medida cautelar, la parte actora  pidió la suspensión inmediata de cualquier obra tendente a alterar el proyecto original SIEPAC en su tramo CR-07, la suspensión de cualquier trabajo u obra en la zona en cuestión que no cuente con la viabilidad ambiental, la paralización inmediata de cualquier obra o trabajo cerca de los manglares, nacientes permanentes y tanques de captación de acueductos presentes y futuros  (folios 13 y 14 del expediente judicial, grabación que corre agregada al expediente).

             3.- Mediante resolución No. 2077-2009, dictada en forma oral el 25 de setiembre de 2009, la Jueza Tramitadora acogió la tutela cautelar y ordenó la suspensión inmediata de cualquier obra tendente a ejecutar el proyecto SIEPAC en el tramo cercano a la comunidad de Matapalo, la suspensión de cualquier trabajo u obra en la zona que no cuente con viabilidad ambiental y la paralización inmediata de cualquier obra o trabajo cerca de los manglares, nacientes permanentes y tanques de captación de acueductos presentes y futuros que abastecen la comunidad de Matapalo (respaldo digital que corre agregado al expediente y minuta visible a folios 104 y 105 de esta carpeta).

             4.- En la audiencia de apelación de la medida cautelar ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, celebrada el 10 de febrero de 2010, se admitió la coadyuvancia activa formulada por la Municipalidad de Aguirre, quien tomaría el proceso en el estado que se encontrara (folios 289 y 290 de esta carpeta).

             5.- Mediante resolución No. 42-2010, de las 14 horas 30 minutos del 11 de febrero de 2010, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda revocó la resolución No. 2077-2009 citada y ordenó la suspensión de las obras constructivas  (lo que incluye construcción de torres y tendido eléctrico) del Proyecto SIEPAC, en el tramo CR 07 hasta tanto no se resuelva por sentencia firme este proceso. Asimismo, señaló que el ICE podría recurrir a las vías legalmente establecidas en su Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres, a efectos de ingresar a las propiedades a realizar los estudios de campo necesarios (folios 291 y 292 del expediente judicial).

            6.- El ICE contestó la demanda y formuló las defensas previas de indebida integración de la litis y caducidad, así como las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Solicitó, se declare sin lugar la demanda y se condene a la actora al pago de ambas costas (folios 294 a 318, 443 y 444 del expediente judicial).

             7.- Mediante resolución No. 1723-2010, dictada a las 8 horas del 10 de mayo de 2010, acogió la defensa previa de indebida integración de la litis formulada por el ICE y ordenó integrar a la Secretaría Técnica del Ambiente (en adelante SETENA), al Ministerio de Salud y al Estado a esta causa, en condición de demandados  (folios 400 y 401 de esta carpeta ).

            8.- Este proceso fue declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las 10 horas del 10 de junio de 2010. En dicho auto se aclaró que, por tratarse de órganos (SETENA y el Ministerio de Salud), la demanda se cursaría contra el Estado (folios 421 a 424 de este libelo).

             9.- La EPR contestó la demanda y formuló las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho (folios 326 a 344 y 435 a 437 del expediente judicial).

             10.- La representante estatal contestó la demanda y formuló la defensa previa de acto no susceptible de impugnación y la excepción de falta de derecho. Solicitó, se declare sin lugar la demanda con el pago de ambas costas a cargo de la actora, más los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago (folios 466 a 489 del expediente judicial).

             11.- En auto de 9 horas 11 minutos del 2 de diciembre de 2011, se declaró fracasada la etapa de conciliación (folio 1549 del expediente judicial).

12.- En auto de las 15 horas del 19 de junio de 2012 este Tribunal, a pedido de las partes, suspendió el proceso por el plazo de dos meses (folio 1670 del expediente judicial).

            13.- De conformidad con los artículos 60 inciso 3) y 70 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), se convocó a una única audiencia para los días 17 y 18 de julio de 2013. En esa diligencia, se fijaron las pretensiones según lo descrito en el Resultando primero y el ICE desistió de la defensa previa de caducidad. También, se rechazó de excepción de acto no susceptible de impugnación formulada por el Estado. Finalmente, las partes manifestaron su deseo de conciliar, razón por la cual la audiencia fue suspendida para dar paso a una audiencia de conciliación  ( respaldo digital que corre agregado al expediente).

            14.-  En auto de las 9 horas 49 minut os del 22 de julio de 2013, se tuvo por fracasada la fase de conciliación (folio 1923 del expediente judicial).

           15.- Este proceso fue inicialmente formulado, también, por la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de Matapalo de Aguirre, cédula jurídica CED111797. No obstante, mediante dicha entidad desistió de la causa y mediante resolución No. 116-2013-VI, dictada a las 15 horas 30 minutos del 18 de setiembre de 2013, este Tribunal dio por terminado el proceso que incoara la ASADA de Matapalo de Aguirre, sin especial condenatoria en costas, ordenando continuar con la tramitación del expediente No. 09-002212-1027-CA respecto de la demanda formulada por del Grupo Unido por el Desarrollo Urbano, Turístico Social de Aguirre.

 

16.- De conformidad con los artículos 60 inciso 3) y 70 inciso 2) del CPCA, la audiencia única fue celebrada los días 14 y 15 de octubre de 2013, con la presencia de todas las partes.  En ella, se modificó la tutela cautelar concedida a la parte actora y mediante resolución No. 125-2013-VI,  se autorizó a la EPR para que procediera con las obras constructivas del tramo CR-07, sector Matapalo las cuales, sin embargo, no podrá poner en operación hasta que este Tribunal lo disponga. Lo anterior con las siguientes limitaciones. Las obras constructivas deben respetar los doscientos metros de radio de protección del artículo 31 de la Ley de Aguas en cuanto a las nacientes. También deberán respetar el radio de protección de cien metros que establece el artículo 33 de la Ley Forestal, debiendo evitarse en la medida de lo posible la corta de vegetación. No podrán utilizar, almacenar ni verter sustancias tóxicas. Si fuera necesario, deberán presentar a este Tribunal un estudio hidrogeológico autorizado por SENARA, a efectos de resolver lo que corresponda. Deben mantener una distancia de treinta metros de las plantaciones y cincuenta metros del manglar. Se reiteró que la tutela cautelar concedida no incluye la operación de las torres y se dispuso que debían rendir al Tribunal un informe mensual de lo construido. Además,  se fijaron las pretensiones según lo descrito en el Resultando primero. Asimismo, se confirmó lo actuado en la anterior audiencia respecto de la renuncia a la defensa previa de caducidad que planteara el ICE y el rechazo de la de acto no susceptible de impugnación opuesta por el Estado. Luego, se fijaron los hechos controvertidos,  se admitió la prueba documental pertinente y se evacuó la declaración de l os testigos peritos y la perito admitidos. Finalmente, las partes rindieron conclusiones y al finalizar éstas el Tribunal declaró este proceso como uno complejo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del citado Código Procesal, en relación al numeral 82, inciso 1), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

             17.-  En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. De conformidad con los artículos 111 del CPCA en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento, previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley,  con redacción de la jueza ponente Abarca Gómez y el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y Hess Araya. 

CONSIDERANDO

             I.- Hechos probados. De importancia para lo que se resuelve, se tiene por demostrado lo siguiente: 1) Mediante Ley No. 7848, de 20 de noviembre de 1988, se aprobó el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo (hecho no controvertido). 2) Mediante Ley No. 8268, de 3 de mayo de 2002, se aprobaron los contratos de préstamo No. 1368/OC/CR: No. 003/SQ/CR y el Contrato de Garantía Solidaria del Estado, suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Gobierno de Costa Rica para la ejecución del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de Centroamérica (SIEPAC) (hecho no controvertido). 3) El 22 de agosto de 2002, la EPR presentó ante Nombre3456 el formulario de Evaluación Ambiental Preliminar para la línea de transmisión eléctrica a 240 KV (tramo de Costa Rica) del proyecto SIEPAC, con el objetivo de que se dictara el procedimiento a seguir para el proceso de evaluación ambiental y se diera inicio formal al mismo  (folio 20 del expediente administrativo de SETENA, tomo I). 4) Nombre3456 consideró necesario realizar un proceso de audiencias públicas para conocer la opinión y percepción de las comunidades sobre el desarrollo del Proyecto SIEPAC. Para tales efectos, solicitó a las municipalidades involucradas recomendar un lugar adecuado para llevar acabo la actividad, tomando en cuenta las características de linealidad del proyecto. En lo que interesa, la Municipalidad de Aguirre fue consultada mediante oficio SG-752-2004-(PREIA)-SETENA-6, de 30 de marzo de 2004 (folios 135 y 136 del expediente administrativo de SETENA, tomo I). 5) La Municipalidad de Aguirre no contestó la audiencia conferida (se infiere del expediente administrativo de SETENA, tomo I, y de la propia resolución  No. 646-2004-SETENA) . 6) Mediante oficio ACOPAC-OSRAP-062-05, de 7 de febrero de 2005, la Subregión de Aguirre Parrita, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC) rindió informe técnico correspondiente a una inspección en el sector de Pasito, Portalón y Matapalo, con la finalidad de determinar los sitios adecuados para la futura localización de las torres de transmisión eléctrica. En lo que interesa concluyó que "(...) De acuerdo a lo visto en la primera inspección en la propiedad del señor Nombre71147  se determinó que en ningún momento la ubicación de estas torres afectará los ecosistemas de manglares ni ningún otro presente en el lugar. / En la segunda inspección se determinó que la primera y segunda torre necesitan ciertos ajustes con los cuales no afectarían los ecosistemas de manglares u otros presentes en el lugar y en el caso de la tercera torre no existe ningún problema en su ubicación actual. (...)"  ( folios 15 a 18 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda). 7) Mediante resolución No. 646-2004-SETENA, de las 14 horas 45 minutos del 3 de mayo de 2004, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente dispuso realizar en Cañas, Esparza y Palmar Sur, el proceso de audiencias públicas para el Proyecto de Lineas de Transmisión Eléctrica SIEPAC, las que se realizarían los días 9, 10 y 12 de junio de 2004, respectivamente. Esa resolución fue comunicada a la Municipalidad de Aguirre el cuatro de mayo de 2004 (folios 201 y 230 al 232 del expediente administrativo de SETENA). 8) Mediante resolución No. 848-2005-SETENA, de las 9 horas 55 minutos del 19 de abril del 2005, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y su Anexo y otorgó la viabilidad ambiental para el Proyecto SIEPAC (hecho no controvertido, folios 908 al 920 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). 9) Conforme a la viabilidad ambiental aprobada, el tramo CR-7 del Proyecto SIEPAC se ubicaba en el Pacífico Central y se extendía desde el Río Savegre hasta el sector de Pérez Zeledón (coordenadas Lambert 133.492 Norte-572.112 Oeste), para una extensión total de 50, 85 Kilómetros. Atravesaba el distrito Savegre del cantón de Aguirre y los distritos Barú y San Isidro del General del cantón de Pérez Zeledón. Específicamente, la línea pasaría por los pueblos de Silencio, Guabas, Pasito, Portalón, Dos Bocas, Tierras Morenas, Guabo, Magnolia, Tinamastes, Tumbas, Ceibo y Aguas Buenas   (folios 322 a 330 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda). 10) Mediante resolución No. 04-2005-MINAE, de 29 de julio de 2005,  se otorgó a la Empresa Propietaria de la Red S.A. la concesión del servicio público en la etapa de transmisión para la construcción del Proyecto SIEPAC (hecho no controvertido). 11) El 19 de diciembre del 2006, la EPR presentó a Nombre3456 una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión SIEPAC Costa Rica, Subtramo Portalón, Tramo CR7. Lo anterior con el fin de que se pronunciaran sobre la conveniencia de un cambio de ruta en ese subtramo  ( se infiere del folio 1007 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). 12) Mediante oficio DAP-156-2007, los evaluadores de Nombre3456 realizaron una inspección en el subtramo CR7 para valorar el cambio de ruta propuesto, otorgando una recomendación positiva al respecto (folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). 13) En el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, celebrada el 30 de mayo de 2007, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica del Ambiente aprobó el cambio de ruta en el trazado de la línea del tramo CR7, subtramo Portalón, Quepos. Lo anterior dado que se consideró menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  ( folios 2121 a 2128 del expediente judicial). 14) Para la aprobación de la adenda a la Viabilidad Ambiental del Tramo CR-7, Subtramo Portalón, Nombre3456 no convocó a audiencias públicas ( expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda, declaración de Nombre114787  ). 15) Mediante oficio CP-217-2007, de 31 de mayo de 2007, la Secretaría Técnica del Ambiente comunicó a la EPR la aprobación del cambio de ruta en el trazado de la línea del tramo CR7, subtramo,  Portalón, Quepos, incluyendo como parte de los compromisos ambientales el visto bueno del MOPT para el uso del derecho de vía de la Costanera Sur correspondiente al tramo que sería afectado por el cambio de ruta e informar constantemente a esa Secretaría cualquier otra modificación que se dé conforme se vaya definiendo la ruta final y mantener el compromiso de actualizar en el expediente la adquisición de servidumbres, especialmente  en lo concerniente a la zona de Matapalo  ( folio 80 al 82 del expediente administrativo del ICE). 16) El trazado de la línea de transmisión que aprobó Nombre3456 para el Tramo CR-7, Subtramo Portalón se inicia con el PI (punto de inflexión) Mar 2 ubicado un kilómetro al norte de la carretera costanera sur (ruta 34) cerca del Río Savegre. De ese punto parte con dirección prácticamente sur franco hasta el PI Aceite 3 que se localiza inmediatamente al sureste del PI Costa 1, el cual se ubica igualmente al lado de la costanera, pero del lado sur del poblado de Pasito. A partir de este PI se sigue en dirección sureste al lado sur de la carretera costanera. Posteriormente se siguen otros puntos de inflexión hasta el poblado de Matapalo, de ahí atraviesa algunas fincas hasta el PI Dengue 1 a partir del cual la línea continúa con rumbo NW hasta retomar nuevamente el paso original. El tramo tiene una longitud de 11,83 KMy una servidumbre de 30 metros (folios 309 al 311 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda, 80 al 82 del expediente administrativo del ICE y mapa visible a folio 2136 del expediente judicial). 17) Mediante Decreto Ejecutivo No. 33973-MINAE, de Dirección17221    , se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto SIEPAC ( consulta al SCIJ, folios 59 al 61 del expediente judicial). 18) El Proyecto SIEPAC cumple satisfactoriamente con lo exigido en el Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía y los límites ahí impuestos (folio 68 del expediente administrativo del ICE, 1956 del expediente judicial y declaración de la Ingeniera María Cordero Espinoza). 19) La modificación de la ruta de las líneas de transmisión del Tramo CR-7 Subtramo Portalón se fundamentó en condiciones técnicas y restricciones socioambientales, entre ellas la inestabilidad de los terrenos, deslizamientos y la existencia de Refugios Privados de Vida Silvestre (Portalón y Transilvania), así como en la oposición de vecinos ( folios 22 a 28, 44 al 66, 80 al 82 del expediente administrativo del ICE, EIA y adenda al EIA aporobados por Nombre3456, declaración de Nombre114787   y Nombre142230  ). 20) Para determinar el cambio en el trazado de la ruta del  Tramo CR-7 Subtramo Portalón se valoraron tres alternativas: una sugerida por el ICE , otra por el grupo actor y una tercera por varios vecinos de la zona. La segunda y tercera alternativas fueron descartadas porque podían generar una mayor cantidad de impactos negativos en la flora, fauna, suelo, zonas de recarga acuífera, así como en mayor cantidad de casas de habitación y proyectos habitacionales (folios 22 a 28 del expediente administrativo del ICE, informe pericial de la MSc Karen Rodríguez Ledezma, declaración de Nombre114787  ). 21) El trazado actual de las líneas de transmisión del Proyecto SIEPAC, Tramo CR-7,  subtramo Portalón fue sometido a discusión entre los habitantes de la zona de Matapalo (folios 8 al 14 del expediente administrativo del ICE, declaraciones de propietarios  visibles a folios 202 a 211 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda. Se infiere, además, de las declaraciones de Nombre114787   y Nombre142230  ). 22) La ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón no afecta las nacientes de agua potable de la ASADA de Matapalo de Aguirre,  ni la calidad de ese recurso ( folios 1972 a 1970, 2003 a 2012, 2015 a 2020 del expediente judicial,  informe pericial de la MSc Karen Rodríguez Ledezma y su declaración en juicio, declaración de William Borge Quesada). 23) La ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón no ocasiona daños en la flora, fauna o suelos de la zona de Matapalo de Aguirre (Estudio de impacto ambiental y su adenda, infome pericial de la  MSc Karen Rodríguez Ledezma visible de folios 1647 a 1654 y 1663 y 1664, así como su declaración en juicio y declaración de la regente ambiental Nombre142231   ). 24) La ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón no ocasiona daños en los manglares de la zona de Matapalo de Aguirre (folios 8 al 14 del expediente administrativo del ICE, Infome pericial de la  MSc Karen Rodríguez Ledezma: folios 1647 del expediente judicial así como su declaración en juicio, declaración de Nombre142231   ). 25) Con las investigaciones que a la fecha se han realizado, no es posible concluir que los campos electromagnéticos que generan las líneas de transmisión del Proyecto SIEPAC en el Tramo CR-7,  subtramo Portalón  ocasionen daños en la salud de los habitantes de Matapalo (folio 68 del expediente administrativo del ICE, 1956, 1967 a 1970 del expediente judicial y declaración de la Ingeniera María Cordero). 26) Los impactos negativos o positivos que la ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón pueda ocasionar en el ambiente, fauna y flora, recurso hídrico y paisaje de la zona de Matapalo fueron previstos en el Estudio de impacto ambiental y su adenda,  estableciendo las medidas de mitigación y compensación correspondientes ( Estudio de impacto ambiental y su adenda,  declaración de la Regente Ambiental Nombre142231    y informe pericial y declaración de la MSc Karen Rodríguez Ledezma). 26) Actualmente no es técnica ni ambientalmente posible retomar la ruta original del Tramo CR-7,  subtramo Portalón, del Proyecto SIEPAC   ( se infiere del informe pericial de la MSc Karen Rodríguez Ledezma y de las declaraciones de Nombre114787   y Nombre142230  ).            

             II.- Hechos no probados. Determinantes para la resolución del presente proceso, se tienen por indemostrados los siguientes: 1) Que el Ministerio de Obras Públicas hubiese otorgado el visto bueno para el uso del derecho de vía de la Costanera Sur a que se hace referencia la adenda al estudio de impacto ambiental autorizada por Nombre3456 para el Proyecto SIEPAC (no hay elementos suficientes que permitan arribar a esa conclusión). 2) Que al momento en se autorizó la adenda al estudio de impacto ambiental autorizada por Nombre3456 para el Proyecto SIEPAC se hubiese aprobado un Plan Regulador en el cantón de Aguirre ( hay ayuno de prueba) 3)  Que los vecinos de Matapalo, el grupo accionante o la Municipalidad de Aguirre hubiesen solicitado a Nombre3456 la realización de una audiencia pública para discutir la adenda al estudio de impacto ambiental autorizada por Nombre3456 para el Proyecto SIEPAC (hay ayuno de prueba).  

             III .- Objeto del proceso.  De las pretensiones y alegatos de las partes, estima el Tribunal que el presente proceso versa, en lo medular, sobre el examen de legalidad del artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, celebrada el 30 de mayo de 2007, mediante el cual la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica del Ambiente autorizó del cambio de ruta  en el trazado de la línea del Tramo CR-7, Subtramo Portalón y una Adenda a la viabilidad ambiental inicialmente concedida. La parte actora estima que esa adenda es inválida e ineficaz. Específicamente, reclama que fue adoptada sin que se convocara a una audiencia pública, cuestiona que ya haya fenecido su vigencia, que la modificación al trazado de la ruta es contraria a parámetros normativos y carece de sustento técnico, además de que no cuenta con los permisos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (en adelante MOPT) requeridos. Acusa, también, que la modificación aprobada genera daños a los ecosistemas (recurso hídrico, flora, fauna, bosques, manglares, humedales), a la belleza escénica y paisaje de Nombre141207  . Además, afirma, produce daños a la salud de los habitantes de esa comunidad e impone limitaciones al derecho de propiedad. Por todos esos motivos pide que se declare la invalidez de la conducta formal impugnada y se declare la inexistencia de viabilidad ambiental para la modificación de la ruta Portalón del tramo homogéneo CR-07 del Proyecto SIEPAC. Como consecuencia de lo anterior, pide que se ordene a las Administraciones accionadas la suspensión de todo trabajo y colocación de las líneas en la ruta modificada para que la construcción y ejecución del Proyecto se efectúe en la ruta originalmente pactada y para la cual existe la respectiva viabilidad ambiental, a saber, la resolución No. 848-2005-SETENA. Dadas las diversas manifestaciones que en abono a las posiciones en controversia aportan las partes litigantes, para lo que se considera un mejor orden, en los siguientes apartes se abordará cada uno de los ejes temáticos que en sus agravios plantea la entidad demandante así como las argumentaciones de los accionados y el coadyuvante activo, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, con el debido análisis, claro está, de todo lo argüido.

IV.- Delimitación inicial. Es necesario resaltar que, conforme lo expuesto supra, en este proceso se cuestiona únicamente la legalidad de lo acordado en el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, mediante el cual, en lo fundamental, la Nombre3456 autorizó el cambio de ruta  en el trazado de la línea del Tramo CR-7, Subtramo Portalón y una adenda a la viabilidad ambiental ya concedida. Lo anterior es importante toda vez que durante sus conclusiones, el apoderado especial judicial de la parte actora endilgó una serie de vicios a la resolución No. 848-2005-SETENA, mediante la cual se aprobó la viabilidad ambiental general del proyecto SIEPAC, la que, como bien afirma la representante estatal, no forma parte de la conducta objeto de esta litis. Específicamente, manifestó que la referida resolución rompe el principio de soberanía del Estado en material ambiental y el de no regresión, ya que durante el proceso de su aprobación no se presentó el formulario de evaluación preliminar y mediante resolución No. 55-2003-SETENA (preparatoria y previa de la resolución No. 848-2005-SETENA) se eliminaron algunos términos de referencia (que forman parte de los mínimos y generales establecidos en la resolución No. 982-02-SETENA) porque el Banco Interamericano de Desarrollo dio otros términos a nivel de Centroamérica. Al respecto, hay que señalar que tales vicios no pueden ser abordados en el examen de legalidad de esta causa por dos razones fundamentales. Primero, porque conforme a la pretensión que se fijó durante la audiencia única, la única conducta formal que se impugna es el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA citada, esto es, la adenda a la viabilidad ambiental para el cambio de la ruta; sin que se cuestionara o se pidiera la nulidad de la resolución No. 848-2005-SETENA. Nótese, incluso, que otra de las pretensiones va dirigida a la suspensión de todo trabajo y colocación de las líneas en la ruta modificada para que la construcción y ejecución del Proyecto se efectúe en la ruta originalmente pactada y para la cual existe la respectiva viabilidad ambiental, precisamente, la resolución No. 848-2005-SETENA, que ahora se ataca en las conclusiones. Por otra parte, se trata de argumentos novedosos, que la parte no planteó durante el proceso sino hasta las conclusiones, lo que evidentemente lesiona también el derecho de defensa de los accionados. Las anteriores razones impiden a este Tribunal conocer de la legalidad de la resolución No. 848-2005-SETENA, siendo que ese examen se limitará, según se expuso, al artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA y al cual se ingresa de seguido.            

V.- Sobre la pretensión anulatoria. En este punto, hay que indicar que la EPR presentó a Nombre3456 una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión SIEPAC Costa Rica, Subtramo Portalón, Tramo CR7. Lo anterior con el fin de que se pronunciaran sobre la conveniencia de un cambio de ruta en ese subtramo. Esa solicitud fue conocida y en el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, celebrada el 30 de mayo de 2007, la Comisión Plenaria de la Nombre3456 aprobó el cambio de ruta y otorgó la Adenda solicitada. Mediante oficio CP-217-2007, de 31 de mayo de 2007, la Nombre3456 comunicó a la EPR la aprobación del cambio de ruta en el trazado de la línea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos, incluyendo como parte de los compromisos ambientales el visto bueno del MOPT para el uso del derecho de vía de la Costanera Sur correspondiente al tramo que sería afectado por el cambio de ruta e informar constantemente a esa Secretaría cualquier otra modificación que se dé conforme se vaya definiendo la ruta final y mantener el compromiso de actualizar en el expediente la adquisición de servidumbres, especialmente  en lo concerniente a la zona de Matapalo. De esta forma,  el trazado de la línea de transmisión que aprobó Nombre3456 para el Tramo CR-7, Subtramo Portalón se inicia con el PI (punto de inflexión) Mar 2 ubicado un kilómetro al norte de la carretera costanera sur (ruta 34) cerca del Río Savegre. De ese punto parte con dirección prácticamente sur franco hasta el PI Aceite 3 que se localiza inmediatamente al sureste del PI Costa 1, el cual se ubica igualmente al lado de la costanera, pero del lado sur del poblado de Pasito. A partir de este PI se sigue en dirección sureste al lado sur de la carretera costanera. Posteriormente se siguen otros puntos de inflexión hasta el poblado de Matapalo, de ahí atraviesa algunas fincas hasta el PI Dengue 1 a partir del cual la línea continúa con rumbo NW hasta retomar nuevamente el paso original. El tramo tiene una longitud de 11,83 KM y una servidumbre de 30 metros (folios 309 al 311 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda, 80 al 82 del expediente administrativo del ICE y mapa visible a folio 2136 del expediente judicial). El primer vicio en que la parte actora funda su pretensión anulatoria tiene que ver con el elemento procedimiento. Se reclama que la Adenda rompió la tramitación de un estudio de impacto ambiental y modificó el trazo original por otro, saliéndose completamente del corredor ambiental inicialmente determinado. Lleva razón el grupo accionante en cuanto a que el cambio aprobado se aparta del corredor ambiental que se había establecido en la resolución No. 848-2005-SETENA. No obstante, el Tribunal no encuentra ningún vicio de ilegalidad en ello. Hay que tener presente que el Proyecto SIEPAC consiste, en lo medular, en la creación de un mercado eléctrico regional mediante la construcción de torres para instalar líneas de transmisión de electricidad de 230 kw, así como subestaciones eléctricas a lo largo de Centroamérica. Tomando la cuenta la naturaleza del proyecto,  es pausible que su ejecución requiera de ajustes, algunos de ellos a fin de proteger el medio ambiente. Así lo preveía el artículo 34 del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MOPT-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, vigente a la fecha en que se solicitó la adenda. Dicha norma establecía: "(...)   Ajustes al diseño de la actividad, obra o proyecto en función de consideraciones ambientales. La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, y en particular la identificación de áreas ambientalmente frágiles dentro del área del proyecto y de influencia, así como los resultados mismos del proceso de interacción con las comunidades cercanas al área de la actividad, obra o proyecto, deberán permitir la realización de ajustes al diseño. A fin de lograr su mejor y más efectiva inserción en el ambiente, dentro de un marco de equilibrio ecológico. Todos estos ajustes deberán ser registrados y resumidos en el EsIA en el análisis de las alternativas de selección de sitio y diseño.(...).". Como se verá posteriormente, en este caso, la modificación de la ruta lo fue, entre otros, porque era menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  (folios 2121 a 2128 del expediente judicial ). Ahora, precisamente porque el nuevo trazado se apartaba del corredor biológico establecido en la viabilidad ambiental aprobada originalmente es que se solicita y se aprueba la correspondiente adenda. Así lo declararon Nombre142231   , regente ambiental del proyecto y el Ingeniero Nombre114787  . En ese tanto, el Tribunal no encuentra ninguna irregularidad en lo actuado. Por otra parte, se acusa que el haber realizado una adenda eliminó otros pasos que deberían cumplirse si se hubiera solicitado una nueva evaluación ambiental. Reitera el actor, nuevamente,  que no se presentó el formulario de evaluación preliminar ni los términos de referencia. Al respecto, debe insistirse que no estamos frente a un nuevo proyecto sino ante la modificación de un trazado o ruta en las líneas de transmisión que ya había sido aprobado en la viabilidad ambiental aprobada en la resolución No. 848-2005-SETENA. Por ende, lo correspondiente era, como sucedió, autorizar la correspondiente adenda al instrumento principal. Hay que señalar que la normativa vigente al momento en que se solicitó la adenda (finales del 2006) no establecía un procedimiento específico para conocer y resolver este tipo de ajustes. Lo que existía era un acuerdo de la Comisión Plenaria de la SETENA, aprobado en en el artículo 29 de la sesión ordinaria No. 006-2006-SETENA, de 24 de enero de 2006, mediante el cual se regulaba un procedimiento para el control y seguimiento ambiental de los proyectos. En lo que interesa, el artículo décimo cuarto señala los requisitos que deben observarse para solicitar modificaciones sobre proyectos, obras o actividades que ya tengan viabilidad o licencia ambiental. La norma no refiere a la obligación de presentar, nuevamente, el formulario de evaluación preliminar ni los términos de referencia. Únicamente establecía que se debía aportar una comparación entre las obras originalmente aprobadas y las características de las modificaciones planteadas, así como el análisis de los posibles impactos ambientales que se generen. Se indica, además, la posibilidad de que se efectúe una inspección de verificación o, en caso de que se amerite, se solicite información complementaria. Incluso, la norma establece la posibilidad de que la modificación planteada requiriere de un nuevo instrumento de evaluación y de la apertura de un nuevo expediente. En el caso concreto, esta posibilidad no fue ejercida por la Comisión Plenaria de SETENA, por lo cual el Tribunal debe asumir que no era necesario un nuevo instrumento de evaluación ambiental. Nótese que los requisitos exigidos para la modificación fueron cumplidos, según se desprende a partir del folio 1007 del expediente administrativo de SETENA, tomo II.  Incluso, se efectuó la inspección de verificación, según consta en el oficio DAP-156-2007, otorgándose una recomendación positiva para la modificación de la ruta seleccionada (folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). Así las cosas, la norma en cuestión no exigía que se presentara, nuevamente, el formulario de evaluación preliminar ni los términos de referencia, lo que dice de la improcedencia del reclamo formulado. Por demás, estimamos que éstas son condiciones que se justificarían en la aprobación primaria de la viabilidad ambiental mas, en principio, no frente a modificaciones o adendas a ese instrumento. Por ende, tampoco encontramos ninguna actuación ilegítima o arbitraria de Nombre3456 o de la EPR en este punto. Se acusa, también, que el Decreto Ejecutivo No. 31849 citado, establecía un plazo de dos años de vigencia de la viabilidad ambiental y que, si la adenda fue aprobada en mayo del 2007 y el proyecto se empezó a ejecutar en setiembre del 2009, es claro que ese plazo caducó y no existe ninguna solicitud de convalidación o prórroga. Al respecto, debemos señalar que, en efecto, el artículo 46 del Decreto Ejecutivo No. 31849 ya citado y vigente al momento de los hechos, establecía que  "(...) La viabilidad (licencia) ambiental, una vez otorgada tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la SETENA, conforme con el procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 7° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005). 2. Las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento. (...)". Debe tenerse presente que estamos frente a un proyecto en el que participan tanto el ICE como la EPR, cada uno con competencias específicas. Así por ejemplo, el ICE se encarga del trazado y diseño de la ruta en la que se ejecutará el proyecto así como lo relativo a servidumbres y expropiaciones que se requieran. En el presente asunto, estimamos que la vigencia de la adenda a la viabilidad ambiental que aquí se cuestiona no ha fenecido toda vez que, han habido actuaciones preparatorias (cuya ejecución requerían de la aprobación de la viabilidad ambiental) mediante las cuales tanto el ICE como la EPR ha ejecutado aspectos referentes al diseño e implementación del proyecto. Así por ejemplo, de folios 8 al 14 del expediente administrativo del ICE constan distintas comunicaciones entre el ICE y el propio grupo accionante, que datan de octubre y noviembre del 2007, así como de enero del 2008, que refieren a distintas reuniones en las que se valoró la posibilidad de implementar otras rutas alternas de trazado de tendido eléctrico y la necesidad de elaborar estudios técnicos al efecto. En rigor, lo que no ha iniciado es la fase constructiva del proyecto debido, entre otros aspectos, a la decisión adoptada, provisionalmente, por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la fase de medida cautelar.  Tan se han venido ejecutado las fases preliminares del proyecto que la tutela cautelar inicialmente concedida autorizó al ICE a recurrir a las vías legalmente establecidas en su Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres, a efectos de ingresar a las propiedades a realizar los estudios de campo necesarios. Por lo expuesto, estimamos que lo alegado es improcedente y así debe declararse.

            VI.-  Se cuestiona también que la adenda a la viabilidad ambiental se hubiese aprobado sin que se realizara una audiencia pública para que los habitantes de la comunidad de Matapalo, como posibles afectados por el proyecto,  se manifestaran al respecto. Estima el grupo accionante que dicha audiencia es un requerimiento legal que exige el otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere al artículo 6 del Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de Transmisión Eléctrica. En ese sentido, cabe señalar que, como derivación del principio democrático que contemplan los artículos primero y noveno de nuestra Constitución Política, se tiene el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar y contribuir al manejo de los asuntos públicos. En ese tanto, las entidades públicas deben, en la medida de lo posible, promover y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. De lo anterior no escapa la materia ambiental. El artículo 50 de nuestra Carta Magna establece que "(...) El Estado procurará bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades correspondientes.(...)".  Se trata de un derecho perteneciente a la categoría de los derechos fundamentales de tercera generación o derechos de la solidaridad, los cuales se distinguen porque se ostentan, no solo frente al Estado o los particulares, sino que son exigibles a la sociedad en su conjunto; ya que cada uno de sus componentes puede y debe dedicar una parte de su esfera de libertad hacia la protección de intereses comunes a todas las personas.  Para garantizar su efectividad, se han reconocido una serie de garantías, entre ellas, el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; esto es, el derecho y el deber de todas las personas a tomar parte en la formación de las decisiones públicas referentes a la protección del ambiente, por cuanto éste resulta esencial para el bienestar del ser humano y el disfrute de los derechos fundamentales básicos. Abarca tres componentes fundamentales. Por una parte, el derecho de acceso a la información en materia ambiental, entendiendo por ésta no sólo la posibilidad de acceder a la información, sino de ser informado oportunamente por parte de las autoridades. Además,  el derecho a la participación pública, sea, la oportunidad y posibilidad de que las personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre una decisión referente al ambiente, manifiesten sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin que se les someta a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en cuenta. Por último, el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental, que supone una amplia legitimación activa para solicitar la revisión de las medidas tomadas en relación con el ambiente, en especial cuando consideren que se ha violentado dentro del procedimiento alguno de los dos aspectos antes citados. El derecho de participar en la toma de decisiones ambientales encuentra tutela, también, en el marco normativo internacional, entre otros, en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (principios  10 y 19),  la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (principio 23), Convenio Regional sobre Cambio Climático (artículo 12 inciso f), la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 37/7 del 28 de octubre de 1980 (punto 16), la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 41/128, del 4 de diciembre de 1986 (artículo 8.2). Igualmente,  está regulado en nuestra legislación, entre otras, en la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554) artículos 2, 6, 22 y 23 y la Ley de la Biodiversidad (Ley No. 7788, de 30 de abril de 1998), en sus numerales 9, 10 y 95. Finalmente, cuenta con un amplio desarrollo jurisprudencial, en lo fundamental, por la Sala Constitucional. Así, entre otros, podemos citar las sentencias No, 2238-1996, de las 14 horas 54 minutos del 14 de mayo de 1996, No.  6640-2000, de las 9 horas 16 minutos del 28 de julio del 2000, No. 3074-2002, de las 15 horas 24 minutos del 2 de abril de 2002,  No. 5593-2012, de las 16 horas 4 minutos del 2 de mayo de 2012 y No. 12645-2012, de las 14 horas 30 minutos del 12 de setiembre de 2012.

             VII.- Ahora bien, en en el fondo, en este proceso se reclama que se lesionó esa garantía de participación en la toma de decisiones en materia ambiental a la población de Matapalo, toda vez que la adenda a la viabilidad ambiental (que autorizó el cambio de la ruta de las líneas de transmisión) se autorizó sin realizar una audiencia pública que les permitiera manifestarse al respecto. El reclamo supone que deba analizarse si tal audiencia se constituía o no en un requisito obligatorio para la autorización de, en este caso,  los estudios de impacto ambiental y sus adendas. Sobre este tema, el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad (en adelante LB) dispone, en lo que interesa, que la Nombre3456 deberá realizar audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto, cuando lo considere necesario. Por su parte, el numeral 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental establece que, conforme el artículo 95 citado, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la Nombre3456 se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la Comisión Plenaria de la Nombre3456 en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, dicha comisión deberá determinar el mecanismo mediante el cuál recibirá las observaciones. Ambas normas tutelan, sin duda, el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales; a través de una audiencia pública en los procedimientos de autorización de los diferentes instrumentos de evaluación ambiental u otros mecanismos alternos a través de los cuales puedan recibirse observaciones. Lo anterior es importante porque permite distinguir entre el derecho de participación ciudadana en este tipo de temas y la audiencia pública como uno de los instrumentos, mas no el único,  para hacer efectiva esa garantía.  Precisamente por ello, tanto la norma legal como la reglamentaria establecen que Nombre3456 deberá decidir en cuáles supuestos esa audiencia es necesaria advirtiendo, eso sí, de que, en caso que no se realice, deberá indicarse cuál será el medio para recibir observaciones. Cabe destacar que ambas normas fueron cuestionadas ante la Sala Constitucional por estimarse contrarias a los artículos 1 y 50 de la Constitución Política porque establecían la potestad de la Nombre3456 de decidir si se realizan o no las audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto en el ambiente. No obstante, en el Voto No. 012645-2012, dictado a las 14 horas 30 minutos del 12 de setiembre de 2012, aquella Sala confirmó la validez y constitucionalidad de esa normas e indicó, en lo que interesa, "(...) IV.- De la discrecionalidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de celebrar la audiencia pública solicitada por particulares en asuntos ambientales. La accionante acusa la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley de la Biodiversidad en el tanto permite a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental autorizar o no la audiencia pública de información y análisis sobre un proyecto concreto y su impacto; aspecto este último que es desarrollado en el artículo 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849 de 24 de mayo de 2004 también cuestionado y según el cual, en respuesta a la solicitud de la audiencia pública, debe la Nombre3456 -previo a decidir sobre la necesidad o no de celebrar tal audiencia-, valorar desde un punto de vista técnico, las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma. En la norma cuestionada se conmina a la SETENA, -en caso de que decida no celebrar la audiencia pública solicitada -, determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones. Estima la accionante que tal norma vulnera el derecho a la salud y la protección y defensa de la naturaleza, porque no establecen parámetros claros para definir la conveniencia o no de la audiencia pública pedida, sino que cita un concepto jurídico indeterminado que permite la arbitrariedad, en el tanto la decisión de celebrar la audiencia se toma en forma restrictiva por SETENA, y como ha ocurrido en el Trámite del Estudio de Impacto Ambiental del PH Reventazón, niega a los ciudadanos y a las comunidades, la posibilidad de defender en forma eficaz y oportuna el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A la luz de la jurisprudencia citada en el Considerando anterior, descarta la Sala los reparos de inconstitucionalidad expresados por la accionante, en el tanto no es cierto, como ésta afirma, que el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad desarrollado por el artículo 56 de su Reglamento, permitan la arbitrariedad por parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental para autorizar o rechazar una audiencia pública en cuanto establece que tal audiencia se dará “cuando lo considere necesario”. A criterio de la Sala, tal frase no debe ser entendida fuera de su contexto. En primer lugar, de la misma normativa cuestionada se deduce que la determinación de no dar la audiencia pública de información pedida sobre algún proyecto con impacto ambiental, sólo puede justificarse por parte de la SETENA, -como órgano encargado de realizar la evaluación de impacto ambiental-, con base en criterios establecidos de manera objetiva, esto es: “previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad de o no de celebrarla”(Art. 56 del decreto ejecutivo Nº 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC). Además del parámetro objetivo que constituye la necesidad de realizar una valoración técnica de la situación que permite descartar la audiencia pública de información señalado en el Art. 56 del decreto citado, debe atender la Nombre3456 el requisito que exige el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, que es ley N°7554 de 04 de octubre de 1995, según el cual debe este órgano pronunciarse mediante resolución debidamente fundada y razonada (Art. 19 Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 de 04 de octubre de 1995). En segundo lugar, establece el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad cuestionado, que en el caso de rechazar la solicitud de audiencia pública de información pedida por persona física o moral, deberá la Nombre3456 “determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones”, opción que claramente garantiza la participación ciudadana en los asuntos ambientales en sus dos puntos esenciales ya citados en la jurisprudencia parcialmente transcrita en el Considerando anterior, cuales son: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos (Al efecto, ver sentencia número 2001-10466). Así las cosas, del análisis de la normativa de la Ley de Biodiversidad cuestionada en relación con la extensa jurisprudencia desarrollada por esta Sala, normativa internacional citada y en particular de la Ley Orgánica del Ambiente se infiere que la opción de la Nombre3456 de no celebrar la audiencia pedida en el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, contrario a lo que afirma la accionante, no elimina de ningún modo al particular la garantía de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, que se repite, es un pilar básico del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Como bien expone la Procuraduría General de la República en el informe rendido a la Sala: “No debe perderse de vista que aunque no se realice una audiencia pública por no considerarlo necesario la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, igual las personas pueden tener acceso al expediente administrativo y al estudio de impacto ambiental, y hacer las manifestaciones que quieran y cuando quieran, como ya lo explicamos más atrás; por lo que en ningún momento se estaría conculcando, al grado de suprimirlo, el derecho de los habitantes al debido proceso o contradiciendo el principio democrático. Otro aspecto de interés, es que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no puede arbitrariamente negar la realización de una audiencia pública, sino que su acto de denegatoria debe estar debidamente fundamentado. Así se desprende del texto del artículo 56 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental cuando indica que la determinación de la necesidad o no de celebrarla, la hará la Nombre3456 previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma”. V.- Conclusión. Con base en las citas jurisprudenciales transcritas y demás consideraciones expresadas en esta sentencia, estima la Sala que el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad y numeral 86 de su reglamento -en cuanto disponen la potestad de la Nombre3456 de acoger o rechazar la solicitud de audiencia pública en un asunto ambiental- no eliminan la garantía de la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental, así como tampoco ponen en riesgo la garantía a un acceso a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado. El mecanismo que establece la normativa cuestionada y su ejercicio pone de manifiesto una voluntad por parte de la SETENA, que debe ser sustentada en razones técnicas suficientemente justificativas, objetivas y consistentes, dirigidas al cumplimiento del interés público que persiguen, en tutela del medio ambiente (04781-2011). Así, la expresión “cuando lo considere necesario” del articulo 95 de la ley de la biodiversidad debe ser interpretada en el contexto de la normativa y principios de materia ambiental, como la situación en que prevalecen criterios técnicos y objetivos, a partir de los cuales la Secretaria Técnica Nacional Ambiental deduce la necesidad o no de celebrar una audiencia pública, caso en el cual deberá entonces asegurar una adecuada participación ciudadana para lo que debe implementar medidas que garanticen el acceso al expediente administrativo, al estudio de impacto ambiental, y que se canalicen las manifestaciones que estimen pertinentes en cualquier momento. Corolario de lo expuesto, procede declarar sin lugar la acción, lo que en efecto se dispone.(...)". Conforme a lo expuesto, el aspecto a dilucidar es si la adenda se autorizó sin previa audiencia pública y, en caso de que así fuera, si esa omisión lesionó el derecho de la comunidad de Matapalo de participar en la toma de decisiones ambientales.

            VIII.- De los hechos que se han tenido por acreditados se observa que, inicialmente, Nombre3456 consideró necesario realizar un proceso de audiencias públicas para conocer la opinión y percepción de las comunidades sobre el desarrollo del Proyecto SIEPAC. Para tales efectos, solicitó a las municipalidades involucradas recomendar un lugar adecuado para llevar acabo la actividad, tomando en cuenta las características de linealidad del proyecto. En lo que interesa, la Municipalidad de Aguirre fue consultada mediante oficio SG-752-2004-(PREIA)-SETENA-6, de 30 de marzo de 2004 (folios 135 y 136 del expediente administrativo de SETENA, tomo I); sin que hubiese contestado la audiencia conferida. Mediante resolución No. 646-2004-SETENA, de las 14 horas 45 minutos del 3 de mayo de 2004, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente dispuso realizar en Cañas, Esparza y Palmar Sur, el proceso de audiencias públicas para el Proyecto de Líneas de Transmisión Eléctrica SIEPAC, las que se realizaron los días 9, 10 y 12 de junio de 2004, respectivamente. Esa resolución también fue comunicada a la Municipalidad de Aguirre el cuatro de mayo de 2004 (folios 201 y 230 al 232 del expediente administrativo de SETENA). Finalmente, mediante resolución No. 848-2005-SETENA, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y su Anexo y otorgó la viabilidad ambiental para el Proyecto SIEPAC (hecho no controvertido, folios 908 al 920 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). El trazado de la ruta autorizado en ese instrumento de evaluación ambiental no pasaba por la población de Matapalo de Aguirre. Posteriormente, la EPR presentó a Nombre3456 una Adenda al Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión SIEPAC Costa Rica, Subtramo Portalón, Tramo CR7. Lo anterior con el fin de que se pronunciaran sobre la conveniencia de un cambio de ruta en ese subtramo  (se infiere del folio 1007 del expediente administrativo de SETENA, tomo II ).  En el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, se autorizó el cambio de ruta  en el trazado de la línea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos y una adenda a la viabilidad originalmente aprobada. Lo anterior dado que se consideró menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  ( folios 2121 a 2128 del expediente judicial). Para la aprobación de esta adenda a la Viabilidad Ambiental del Tramo CR-7, Subtramo Portalón, Nombre3456 no convocó a audiencias públicas (expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda, declaración de Nombre114787  ). No obstante, es criterio del Tribunal que esa omisión no invalida la decisión contenida en la adenda, por las siguientes razones. Conforme a lo expuesto en los Considerandos previos, la decisión referida a si se realiza o no una audiencia pública corresponde a Nombre3456, quien puede prescindir de ella  con base en criterios establecidos de manera objetiva. En el caso concreto, tenemos que la audiencia fue omitida para el otorgamiento de la adenda al instrumento ambiental inicialmente autorizado. Aunado al hecho de que la normativa vigente en aquel momento no establecía la necesidad de esa audiencia para autorizar modificaciones a los estudios de impacto ambiental autorizados, lo cierto es que Nombre3456 sí efectuó una previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la que, estimamos, sirve de fundamento a la decisión de no celebrarla. En efecto, mediante oficio DAP-156-2007, los evaluadores de Nombre3456 realizaron una inspección en el subtramo CR7 para valorar el cambio de ruta propuesto, otorgando una recomendación positiva al respecto ( folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). En lo que interesa, dicho informe establece que el trazado atraviesa únicamente un pequeño sector del poblado de Matapalo y admite que en ese sector existe una reiterada oposición de algunos propietarios al paso de las líneas. Recomienda aprobar el cambio de ruta, incluyendo como parte de los compromisos ambientales informar constantemente a Nombre3456 cualquier modificación que se dé conforme se vaya definiendo la ruta final y mantener el compromiso de actualizar en el expediente la información sobre la adquisición de servidumbres, especialmente en lo concerniente a la zona de Matapalo. Así, estimamos que la situación del poblado de Matapalo fue considerada al momento en que se efectuó la inspección previa al otorgamiento de la adenda. Nótese, ademas, que no consta que los pobladores de aquella zona, hubieran solicitado a SETENA, ni antes ni después de la adenda, que se efectuara una audiencia pública. Por otra parte, hay que tener presente que la audiencia es solo uno de los instrumentos para hacer efectivo de derecho de participar en la toma de decisiones referidas a proyectos ambientales. Desde esta perspectiva, es criterio del Tribunal que la comunidad de Matapalo ha sido partícipe en el cambio de ruta del Proyecto SIEPAC y que el trazado actual de las líneas de transmisión en Tramo CR-7,  subtramo Portalón fue sometido a discusión entre los habitantes de esa zona de Matapalo. Tal participación se infiere de los folios 8 al 14 del expediente administrativo del ICE, de las declaraciones de propietarios  visibles a folios 202 a 211 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda y la confirman las  declaraciones de Nombre114787   y Nombre142230  . Estos testigos explican, incluso, que para determinar el cambio en el trazado de la ruta del  Tramo CR-7 Subtramo Portalón se valoraron tres alternativas para el sector de Matapalo: una sugerida por el ICE, otra por el grupo actor y una tercera por varios vecinos de la zona. La segunda y tercera alternativas fueron descartadas porque podían generar una mayor cantidad de impactos negativos en la flora, fauna, suelo, zonas de recarga acuífera, así como en una mayor cantidad de casas de habitación y proyectos habitacionales (lo que se acredita, también, a folios 22 a 28 del expediente administrativo del ICE, informe pericial de la MSc Karen Rodríguez Ledezma y la declaración de Nombre114787  ). Por lo expuesto, estimamos que no se ha violentado el derecho de acceso a la información referida a este proyecto (y las autoridades públicas y privadas involucradas han cumplido con el deber de brindar la información suficiente) ni el derecho a la participación pública, en tanto los habitantes de Matapalo han podido manifestar sus criterios, opiniones, puntos de vista o cuestionamientos, al grado, incluso, de proponer alternativas al trazado de la ruta. Finalmente, estimamos que tampoco se ha lesionado el acceso a la justicia, toda vez que incluso, han podido formular este proceso. A nuestro juicio, ese intercambio de información y participación constituyó un mecanismo alterno válido, que garantizó la participación efectiva de los vecinos de Matapalo en el Proyecto SIEPAC (permitiéndoles,  incluso, presentar rutas alternativas y discutir todas las posibilidades de trazado) y hace que la ausencia de audiencia pública no resulte violatoria del derecho de participación ciudadana. Por las mismas razones, tampoco se lesiona el artículo 6 del Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica. Si bien esa norma establece que Nombre3456 deberá realizar una audiencia pública que permita escuchar a las personas que se sientan afectadas por la construcción de instalaciones u obras de transmisión de energía eléctrica; estimamos que por tratarse de una norma reglamentaria, debe ser interpretada conforme a las normas legales y a la jurisprudencia constitucional que, sobre el punto, se ha emitido. Así, estimamos que, por una parte, ya se había realizado una audiencia pública cuando se autorizó la viabilidad ambiental original. Por otra, el hecho de que la adenda  no estuviera precedida por otra audiencia no imposibilitó a los vecinos de Matapalo ejercer el derecho de participación en la toma de decisiones ambientales, según se expuso. Por todo lo expuesto, estimamos que la omisión de la audiencia no constituye una formalidad sustancial que haga necesario invalidar lo actuado, toda vez que la comunidad participó en la resolución de la cuestión ambiental inmersa en la decisión referida al cambio de ruta y tuvo un adecuado acceso a la información ambiental que se discutía. Finalmente, debe señalarse que el derecho de participación ciudadana en las cuestiones ambientales se mantiene a lo largo de la implementación y ejecución del proyecto, de modo que, en el momento que se perciba una lesión a los componentes del ambiente, los habitantes de Matapalo pueden acudir a las instancias respectivas para lo que corresponda. A modo de ejemplo, el artículo 15 del Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica establece la obligación de los prestatarios del servicio público de transmisión de electricidad de informar a los miembros de la comunidad sobre este tipo de proyectos. 

            IX.-  Por otra parte, se acusan vicios que tiene que ver con el motivo y contenido de la adenda a la viabilidad ambiental. Específicamente, se reclama que el cambio en el trazado de la ruta lesiona el artículo 11 del Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica. Dicha norma establece que "(...) En el trazado de rutas para las líneas de transmisión y ubicación de subestaciones, frente a varias alternativas técnicas y económicamente factibles deberá optarse por la que resulte más amigable con el ambiente. La empresa de transmisión debe además demostrar ante el Ministerio de Salud o la SETENA, según corresponda, que en el trazado finalmente escogido se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: a) El correspondiente plan regulador local o regional aprobado por SETENA, cuando lo hubiere; b) El mayor alejamiento posible de zonas pobladas; c) El mayor aprovechamiento posible de carreteras y caminos existentes para la ubicación de las estructuras; d) La aplicación de criterios para minimizar la intrusión visual de las obras en el paisaje; e) La menor afectación de zonas protectoras, reservas forestales y refugios de vida silvestre. (...)". Sin embargo, un estudio minucioso de la conducta formal impugnada permite descartar la supuesta lesión ya que, a diferencia de lo que se reclama, la adenda sí consideró, en lo fundamental, los aspectos a que refiere la norma en comentario. Respecto del acápite a), en este proceso no se ha acreditado la existencia de un plan regulador local que haya debido ser tomado en cuenta al momento de autorizar el cambio de la ruta. Más bien, de las conclusiones rendidas por el apoderado especial judicial de la Municipalidad de Aguirre, pareciera que tal instrumento de ordenación del suelo no ha sido, aún, aprobado. Luego, tenemos que la adenda aportada por la EPR a Nombre3456 contempla los puntos que regula la referida disposición, según se desprende de los folios 124 a 185, 202 a 233, 243 a 265, 269 y 270, 288, 293 NIE123 300, 301, 305 al 311 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la adenda. Luego, de la parte considerativa de la conducta formal impugnada y de la inspección de campo efectuada para tales efectos, se desprende que los puntos enumerados en la norma sí fueron considerandos. Se indica, por ejemplo, que "(...) iv. Por otra parte, otro de los argumentos por los cuales el desarrollador justifica el cambio planteado y que se pudo constatar durante la inspección, es la existencia de dos refugios privados de vida silvestre (Portalón y Transilvania), ya que, el paso original de la línea afecta dichas zonas, con los posibles impactos ambientales que ello generaría. Con la modificación de la ruta propuesta, se evita el paso por dichas áreas, ya que, en su mayoría transcurre por caminos existentes, siguiendo la linea de distribución de electricidad actual y el derecho de vía de la carretera costanera sur(fotos 4 y 5). Además, según el informe técnico ACOPAC-ORRAP-062-05, del Área de Conservación Pacífico Central, el cual se adjunta al documento presentado por el desarrollador, el trazo actualmente planteado no afecta las zonas de manglar que son parte del Refugio Portalón. v. Como se señaló supra,  el paso por la nueva ruta sigue terrenos ya impactados como plantaciones de palma, el derecho de vía de la carretera nacional y el trazo de la linea de distribución existente (fotos 4, 5 y 6). El trazado atraviesa únicamente un pequeño sector del poblado de Matapalo.(...)". Con fundamento en esos motivos existentes, se dispone autorizar la adenda y el cambio de ruta del trazado de las líneas y el tendido de transmisión. Nótese que la parte dispositiva del acto impugnado expresamente señala que con la nueva ruta sería menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre (folios 2121 a 2128 del expediente judicial). Lo anterior resulta conteste, también, con el peritaje rendido por la bióloga Karen Rodríguez, conforme al cual, en general, los impactos positivos o negativos que podrían generarse fueron previstos en el estudio de impacto ambiental aprobado (ver en ese sentido los folios 1647, 1649, 1651 y 1652 del expediente judicial y su declaración). En similar sentido se manifestó Nombre142231   , regente ambiental del Proyecto SIEPAC quien manifestó que tanto el Estudio de Impacto Ambiental como su adenda  contemplaban una serie de medidas de mitigación en la fase de diseño del proyecto, entre ellas mantener las distancias o retiros de ley entre torres y las nacientes o pozos de captación de agua. Asimismo, se contemplaron aspectos socioeconómicos referidos a los campos magnéticos y medidas que permitan reducir el impacto visual en el paisaje. También, Nombre142230   se manifestó sobre las medidas de mitigación contempladas, entre ellas, las que se adoptarían en la fase de construcción cerca de las poblaciones, entre ellas, incremetar la altura de las torres y un retiro mínimo de 15 metros de las casas. Incluso, la regente ambiental sostiene que es viable considerar las recomendaciones vertidas por la perito en ese tema y en lo que respecta a las aves. Por ello, estimamos que los aspectos que señala el numeral 11 del referido reglamento sí fueron considerados al momento de autorizar la adenda y se trataba, además, de presupuestos fácticos, técnicos y jurídicos que existían tal y como fueron tomados en cuenta al momento de dictar el acto (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública). Por otra parte, el contenido es legítimo, correspondiente al motivo y proporcional al fin en tanto protege los intereses públicos involucrados. Insistimos que conforme a la propia adenda, se consideró menor el impacto ambiental que se generaría, comparado con la situación de mantener el trazado originalmente planteado, al evitar zonas con evidentes condiciones de inestabilidad geológica y con alta fragilidad ambiental, respecto de la biodiversidad como son refugios de vida silvestre  ( folios 2121 a 2128 del expediente judicial). En similar sentido, la perito Rodríguez Ledezma señala en su informe, respecto de las otras alternativas de ruta,  que "(...) puede generar mayor cantidad de impactos negativos para flora, fauna y suelo, ya que se encuentra en terrenos más altos, con mayor cobertura boscosa, inclusive podría estar afectando zonas de recarga acuífera. Igualmente se afectaría algunas casas de habitación  y proyectos habitacionales (...)" (folio 1654 del expediente judicial) No es cierto, como se afirma, que la modificación de la ruta careciera de sustento técnico. De los autos y  la prueba evacuada es viable concluir que la modificación de la ruta de las líneas de transmisión del Tramo CR-7 Subtramo Portalón se fundamentó en condiciones técnicas y restricciones socioambientales, entre ellas la inestabilidad de los terrenos, deslizamientos y la existencia de Refugios Privados de Vida Silvestre (Portalón y Transilvania), así como la oposición de vecinos ( folios 22 a 28, 44 al 66, 80 al 82 del expediente administrativo del ICE, EIA y adenda al EIA aprobados por SETENA, declaración de Nombre114787   y Nombre142230  ). Finalmente, la parte actora acusa que la EPR no obtuvo el permiso del MOPT para el paso de la línea de transmisión por la Costanera Sur. Refiere al oficio Placa27817, de 13 de noviembre de 2006, suscrito por el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Costanera. En ese sentido, cabe señalar lo siguiente. De conformidad el oficio CP-217-2007, de 31 de mayo de 2007, mediante el cual la Nombre3456 comunicó a la EPR la aprobación del cambio de ruta en el trazado de la linea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos, se incluyó como parte de los compromisos ambientales,  el visto bueno del MOPT para el uso del derecho de vía de la Costanera Sur correspondiente al tramo que sería afectado por el cambio de ruta (folio 80 al 82 del expediente administrativo del ICE).  Como afirma el accionante, en el oficio Placa27817 citado, el MOPT consideró inadecuado autorizar la ubicación de la línea de alta tensión eléctrica propuesta en el derecho de vía de la Costanera Sur; lo cual fue comunicado al ICE por el Viceministro de esa entidad, en oficio DVOP-3389-2006, de 27 de noviembre de 2006, en el que señala, además, la posibilidad de valorar opciones adicionales. Como primer punto, estima el Tribunal que la autorización del MOPT para utilizar el derecho de vía de la ruta aprobada en la adenda, es una condición que debe acatar tanto el ICE como la EPR previo a la construcción y ejecución de las torres y su tendido eléctrico, porque forma parte de los compromisos adquiridos con la adenda, según se expuso. Luego, no se acreditado que se haya obtenido. El apoderado de la EPR manifiesta que el ICE puede aprovecharse del derecho de vía porque se trata de bienes demaniales que pueden ser usados para la consecución de fines públicos. El Tribunal respeta más no comparte ese argumento. Por demanio público entendemos “(…) el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso diretco o indirecto que toda persona puede hacer de ellos. (…)” (Sentencia No. 3145, dictada por la Sala Constitucional a las 9 horas 27 minutos del 28 de junio de 1996). En efecto, el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público (artículo 264 del Código Civil). Son cosas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera el comercio privado de los hombres. El demanio público ofrece una protección especial a los bienes que lo conforman. En este sentido, dentro de sus características tenemos que son inalienables, imprescriptibles, inembargables y están fuera del comercio privado de los hombres, en el sentido que no son susceptibles de apropiación privada. Sin embargo, el ente público sí puede otorgar permisos o autorizaciones de uso, así como derechos de aprovechamiento a sujetos privados a través de concesiones de uso. Desde esta perspectiva, la demanialidad del derecho de vía no supone, como se afirma,  una presunción de derecho de uso por parte del ICE. Por el contrario, ese ente público está también sometido al bloque de legalidad y deberá, como lo exige la adenda autorizada, obtener las respectivas autorizaciones del MOPT para su utilización. Ahora bien, el Tribunal considera que el no contar con esa autorización a la fecha no constituye un vicio capaz de invalidar la referida adenda. Por una parte, el oficio Placa27817 citado constituye un informe técnico que no descarta, del todo, la posibilidad de valorar otras opciones para la ubicación de la línea de alta tensión eléctrica en el derecho de vía de la Costanera Sur. Esa posibilidad se mantiene abierta, según se desprende del oficio DVOP-3389-2006, referido. Por otra, no puede dejarse de lado que la referida autorización fue exigida como parte de los compromisos ambientales, razón por la cual su cumplimiento se valorará en la fase de gestión ambiental del proyecto. Aunado a lo anterior, estimamos que la ponderación que, en definitiva, efectúe el MOPT deberá  tomar en consideración la naturaleza de la infraestructura a desarrollar (torres y tendido eléctrico) y que, conforme al diseño establecido, su instalación no se realizará sobre el corredor de la Costanera Sur sino más bien en forma transversal. Por todo lo expuesto, el Tribunal es del criterio de que el ICE debe obtener la referida autorización pero que su omisión, a esta altura procesal, no es capaz de generar nulidad absoluta de la adenda (artículo 223 de la LGAP) y que su cumplimiento es un aspecto que deberá ser constatado en la fase de gestión ambiental.

             X.- Sobre los daños a la biodiversidad. La parte actora reclama que la modificación del trazado de la ruta ocasiona daños a distintos componentes de la biodiversidad. Como primer aspecto, cabe distinguir entre daño e impactos ambientales. El  impacto ambiental es el efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras características. Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el momento en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación para disminuir su alcance en el ambiente. Por su parte, el daño ambiental es el impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex –ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA). Conforme al estudio de impacto ambiental y su adenda, la ejecución del proyecto SIEPAC provoca impactos que han sido debidamente cubiertos con medidas de mitigación y compensación. Las distintas probanzas allegadas al proceso permiten confirmar ese aspecto. Veamos. En cuanto a la flora, fauna y bosque, tenemos que en oficio ACOPAC-OSRAP-062-05, de 7 de febrero de 2005, la Subregión de Aguirre Parrita, del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC) rindió informe técnico correspondiente a una inspección en el sector de Pasito, Portalón y Matapalo, con la finalidad de determinar los sitios adecuados para la futura localización de las torres de transmisión eléctrica. En lo que interesa concluyó que "(...) De acuerdo a lo visto en la primera inspección en la propiedad del señor Nombre71147  se determinó que en ningún momento la ubicación de estas torres afectará los ecosistemas de manglares ni ningún otro presente en el lugar. / En la segunda inspección se determinó que la primera y segunda torre necesitan ciertos ajustes con los cuales no afectarían los ecosistemas de manglares u otros presentes en el lugar y en el caso de la tercera torre no existe ningún problema en su ubicación actual. (...)"  (folios 15 a 18 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda). Se cuenta también el oficio DAP-156-2007, el cual reseña los resultados de la inspección que realizaran los evaluadores de Nombre3456 en el subtramo CR7 para valorar el cambio de ruta propuesto, otorgando una recomendación positiva al respecto, que luego se constituye en un presupuesto del acto impugnado (folios 1002 a 1008 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). Se indica, por ejemplo, con la modificación de la ruta propuesta se evita el paso por dos refugios privados de vida silvestre y que la nueva ruta sigue terrenos que ya han sido impactados como las plantaciones de palma. El peritaje rendido tanto en forma escrita como oral por la Bióloga Karen Rodríguez Ledezma coincide con algunas de estas observaciones. La perito manifiesta que en la zona de pastizales  y suelos, las líneas de transmisión no generarían daños sino impactos que están debidamente contemplados en el estudio de impacto ambiental. Menciona también que el área que va del Punto Chamo al Nube 3, las líneas pasan por potreros, fincas de extracción maderera y charrales, por lo que se trata de un área ya alterada y explotada  en la que no se observan impactos negativos de gran escala y que no estén contemplados en el estudio de impacto ambiental con sus respectivas medidas de mitigación. En general, concluye que "(...) No se identifican impactos negativos en flora y fauna que no existieran antes de que se lleve a cabo este proyecto ya que la deforestación es evidente, tampoco se cree que se generen posterior a la construcción del mismo. (...)"  (folio 1664 del expediente judicial).  En cuanto a la fauna, la perito recomienda únicamente la inclusión de una estructura que funcione como percha totalmente aislante que evite el riesgo de electrocución de las aves. Finalmente, la regente ambiental del proyecto, Nombre142231    rindió una amplia declaración en la que explicó los impactos que fueron previstos en el estudio de impacto ambiental con ocasión del diseño y la instalación de las lineas de transmisión en el subtramo Portalón de Aguirre. Así, por ejemplo, respecto de la biota señaló que se previeron diferentes impactos en el fraccionamiento de hábitats y pérdidas de especies faunísticas por la construcción de nuevos caminos, corta de árboles y de vegetación, con las respectivas medidas de mitigación. Concluyó que el diseño del tramo que aquí se discute cumple con las medidas de mitigación ambiental previstas y que, incluso, de se necesario podrían implementarse otras, incluyendo las que señaló la perito Rodríguez Ledezma.  En relación con los manglares, remitimos nuevamente al oficio ACOPAC-OSRAP-062-05 citado, conforme al cual "(...) De acuerdo a lo visto en la primera inspección en la propiedad del señor Nombre71147  se determinó que en ningún momento la ubicación de estas torres afectará los ecosistemas de manglares ni ningún otro presente en el lugar. / En la segunda inspección se determinó que la primera y segunda torre necesitan ciertos ajustes con los cuales no afectarían los ecosistemas de manglares u otros presentes en el lugar y en el caso de la tercera torre no existe ningún problema en su ubicación actual. (...)"  (folios 15 a 18 del expediente administrativo de Nombre3456 correspondiente a la Adenda). El oficio DAP-156-2007 citado señala que el trazado no afecta las zonas de manglar que son parte del Refugio Portalón. Finalmente, la perito Rodríguez Ledezma manifiesta que la ruta de las líneas de transmisión están a una distancia considerable del manglar por lo cual no presenta ningún potencial efecto negativo irrecuperable sobre el mismo, siempre y cuando se respete una distancia mínima de cincuenta metros del manglar y que, en todo caso, se trataría de impactos contemplados en las medidas de mitigación (folios 1648 y 1649 del expediente judicial). En su declaración manifiesta, además, que no existen exactamente manglares por donde pasan las líneas de transmisión. En lo que al recurso hídrico se refiere, tenemos que la perito Rodríguez Ledezma advierte que en la zona de Matapalo existen dos nacientes declaradas por el AyA  que son primordiales en el abastecimiento de agua potable para la comunidad. Indica que "(...) En esta zona específicamente se sabe que no puede haber construcción cerca de estas nacientes, por lo que debe haber un retiro de 200m según la Ley de Aguas, lo cual es conocido y tomado en cuenta por el ICE. (...)" (folio 1652 del expediente judicial). Aunado a lo anterior, tenemos que mediante oficios SGG-2013-548, de 3 de julio de 2013, el Subgerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados remitió a la Dirección del Proyecto SIEPAC copia de los informes técnicos SUB-G-AID-UEN-GA-2013-805, elaborado por el Director de Cuencas Hidrográficas de ese ente y concluyó que "(...) la propuesta del trazo identificado como alternativa 1 para el tendido de las líneas de alta tensión, pasa a 170 metros aproximadamente de la naciente captada de la ASADA de Matapalo. Aportamos un croquis resumen en donde se integra la información del ICE y la ubicación de la naciente captada de la ASADA de Matapalo, con las distancias aproximadas y un buffer de 200 metros de protección de acuerdo a la legislación ambiental vigente.(...)" (folios 1962 a 1965 del expediente judicial). También se remitió el informe técnico SUB-G-AID-UEN-PyC-2013-824, elaborado por el Director de la UEN Programación y Control, quien concluyó "(...) Puedo confirmar que las nacientes de la ASADA de Matapalo de Aguirre no se verán afectadas por el paso de las líneas de alta tensión que el ICE extenderá para el proyecto SIEPAC. (...)" (folios 1962, 1963, 1966 del expediente judicial). Por otra parte, mediante oficio SUB-G-AID-UEN-AP-2013-1517, de 2 de julio de 2013, la Administración de Proyectos del AyA evaluó si era posible una afectación de las nacientes de la localidad de Matapalo por acción de los campos magnéticos. Al respecto, determinó que "(...) los campos inducidos por el tendido eléctrico de alta tensión  se encuentran en valores inferiores a los permitidos por la OMS y no se afecta las nacientes de agua potable, comprendiendo que el agua es un elemento equipotencial a tierra, no siendo posible ser afectado por la intensidad o la densidad de un flujo magnético.(...)" (folios 1967 a 1970 del expediente judicial). En similar sentido, en el oficio DIGH-UGH-OF-218-2013, de 3 de setiembre de 2013, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas concluyó que "(...) el Proyecto SIEPAC se ubica en parte dentro de la zona de protección establecida en los artículos 33 de la Ley Forestal, no obstante, no se prevé que haya afectación a las nacientes por el desarrollo del proyecto, dado las condiciones indicadas anteriormente, siempre y cuando la operación del proyecto, NO  se requiera la utilización, almacenamient, vertido de sustancias tóxicas. Asimismo,  si se realiza la corta de vegetación de manera intensiva, está (sic) podría afectar temporalmente a las nacientes por un efecto de evaporación, por lo cual se solicita se evite en la medida de lo posible la corta de vegetación dentro del radio de protección de 100m de cada una de las nacientes. (...)" (folios 2015 al 2021 del expediente judicial). Aunado a lo anterior, el Ingeniero William Borge Quesada explicó en su declaración las razones por las cuales las líneas de transmisión no afectan la calidad del agua en las nacientes de Matapalo. Agregó, que en la fase de construcción no se requiere utilizar, almacenar o verter sustancias tóxicas, sino  únicamente el transporte de material de construcción. Este último aspecto (no utilización de residuos tóxicos) fue también resaltado por el testigo Nombre142230  . La valoración conjunta de las probanzas citadas permite al Tribunal concluir que la ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón no lesiona las nacientes de agua de la ASADA de Matapalo de Aguirre,  ni la calidad de ese recurso.  En lo que atañe al paisaje y la belleza escénica de la zona de Matapalo debemos señalar lo siguiente. Es innegable que la ejecución de un proyecto como SIEPAC va a incidir sobre ese elemento de la biodiversidad, específicamente en cuanto a la instalación de las torres y el tendido de las líneas de transmisión. Sin embargo, estimamos que, nuevamente, estamos ante impactos que fueron debidamente previstos en el estudio de impacto ambiental, según se desprende de la propia adenda. En ese sentido, tenemos que ya el oficio DAP-156-2007 (informe técnico realizado con ocasión de la autorización de la adenda) indicaba que los funcionario del ICE estaban estudiando la posibilidad de utilizar un mismo posteado (con la línea de distribución) con el objetivo de minimizar el impacto visual (folio 1003 del expediente administrativo de SETENA, tomo II). Así lo confirmó, también, la Regente Ambiental Nombre142231    quien se manifestó ampliamente sobre las medidas de mitigación que se tomaron al respecto tanto en la fase de diseño como en la de construcción o implementación. En lo medular, indicó que se establecieron medidas para mitigar el impacto visual de las torres y el tendido eléctrico, como lo son el paralelismo con otras lineas o postes (para unificar impactos), colocar las torres en zonas de media ladera, usar patas desiguales y pintalarlas de colores acordes al paisaje para lograr un efecto de mimetización. Estima el Tribunal que estas medidas equilibran el impacto visual que la ejecución del proyecto pueda ocasionar en el paisaje. Al fin de cuentas, se trata de un proyecto declarado de interés nacional y que viene a solventar y satisfacer un interés público como lo serían las necesidades de energía eléctrica. Estimamos que en el caso concreto, el desarrollo de este proyecto fue sometido a un análisis técnico y actualizado de las variables ambientales y el impacto para el paisaje fue debidamente contemplado. Desde esta perspectiva, estimamos que no se viola la máxima de un desarrollo sostenible porque el proyecto se enmarca en la tutela de un interés general, considerando aspectos económicos y sociales (expresamente contemplados en la adenda) respetando el equilibrio ambiental, de modo de que se preserve para las generaciones presentes y futuras. Así, la adenda a la viabilidad ambiental integró las variables de desarrollo económico, justicia social y preservación del ambiente.  Aunado a lo anterior,  si la ejecución u operación del proyecto causa un daño no cubierto por medidas de mitigación o éstas son insuficientes, existen vías para que pueda ser reclamo, incluso en la fase de gestión ambiental. En definitiva, de la prueba allegada al proceso es dable concluir que ni la conducta formal impugnada ni, en general,  la ejecución del proyecto SIEPAC en el tramo CR-07 Subtramo Portalón ocasiona daños a la biodiversidad y los impactos que se van a generar sobre ésta han sido debidamente previstos en el estudio de impacto ambiental y su adenda.

             XII.- Sobre los daños a la salud de la población de Matapalo. Se reclama, también, que las líneas de transmisión generarán daños en la salud de los habitantes de Matapalo, por el efecto de las ondas electromagnéticas. Se trata de un tema regulado en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE, Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica. Dicha norma tiene por objeto regular los valores permisibles de los niveles de densidad de los campos eléctricos y magnéticos inducidos por las instalaciones de transporte de energía eléctrica, como medida preventiva para la salud pública, así como las condiciones ambientales a considerar en las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de tales instalaciones. El artículo 4 establece como autoridad competente para aplicar estas disposiciones al Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, que deberá fiscalizar y controlar su cumplimiento así como el de cualquier norma técnica que se establezca en materia de radio de protección para la salud humana. En su numeral 9 se establece que no se podrá diseñar ni operar obras de transmisión cuya magnitud del campo magnético exceda los 15 micro Teslas ( equivalente a 150 mili Gauss ) en el borde de la servidumbre, para exposición permanente de seres humanos, a excepción de valores establecidos con anterioridad por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La medición correspondiente deberá hacerse a un metro de altura y en condiciones normales de operación. Asimismo, el reglamento impone una serie de limitaciones y obligaciones para las empresas prestatarias de la transmisión de energía eléctrica. Ahora bien, conforme a los autos,  las líneas de transmisión que aquí nos ocupan lo son de 230 KW, voltaje que, según la prueba documental aportada a este proceso, está dentro de los límites permitidos por el referido reglamento. En efecto, los oficios UN-092-2010, de 12 de marzo de 2010 y DPAH-UASSAH-600-2013, de 3 de setiembre de 2013, éste último emitido por la Unidad de Administración de Servicio de Salud en Ambiente Humano de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, la obra de transmisión de energía eléctrica del Proyecto SIEPAC cumple con los límites permisibles establecidos en los artículos 8 y 9 del referido Reglamento (folio 68 del expediente administrativo del ICE, 1956 del expediente judicial). Conforme a la prueba valorada, los campos electromagnéticos son una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que se desplazan simultáneamente y se propagan a la velocidad de la luz (folio 1967 del expediente judicial). Ahora bien, las radiaciones ionizantes son las que poseen una longitud de onda superior a la de la luz visible, mientras que las no ionizantes  tiene una longitud de onda inferior a la de la luz visible. En este punto, la Ingeniera María Cordero Espinoza explicó, en lo medular,  que las radiaciones ionizantes "están al lado derecho de la luz visible, interactúan con la materia y está comprobando que al tener interacción hace daño al ser humano", mientras que las no ionizantes "se ubican al lado izquierdo de la luz visible y no tienen esa capacidad de interactuar con la materia ni le es dañina".  Indicó, que los campos electromagnéticos asociados a las líneas de transmisión se clasifican como radiaciones no ionizantes y con los estudios epidemiológicos que la Organización Mundial de la Salud ha realizado a la fecha,  no se ha podido concluir científicamente que constituyan un riesgo para la salud humana. A una conclusión similar arribó la Administración de Proyectos del AyA en el oficio SUB-G-AID-UEN-AP-2013-1517, de 2 de julio de este año, al evaluar el comportamiento de los campos electromagnéticos generados por el paso de corrientes de alto voltaje en el tendido de las líneas del proyecto SIEPAC sobre las nacientes de agua potable en la comunidad de Matapalo. Coincide con la Nombre142232.  en que esas líneas de transmisión eléctrica generan radiaciones no ionizantes. Agrega que, conforme a los estudios realizados, el principal efecto biológico de este tipo de radiaciones son "(...)  calentamiento, según la intensidad produce inducción de pequeñas corriente (sic) eléctrica (sic) en tejidos y no genera daños. (...)". Se concluye, en lo que interesa que "(...) el agua contenida en la naciente y conducida por las tuberías hasta los hogares, no es capas (sic) de transportar el campo electromagnético generados por los cables de alta tensión, ubicados sobre la naciente. /La afectación a los seres humanos, se podría generar solo por encontrarse estos dentro del área de afectación del campo electromagnético, por lo cual la OMS, estableció los parámetros máximos permitidos, estos se presentan en la tabla No. 1 de este documento y al compararlos con los datos de medición sumistrados por el ICE, podemos observar que los valores de exposición son inferiores a los rangos establecidos en la mencionada tabla y que son los aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (...)" (folios 1967 a 1970 del expediente judicial). De las probanzas valoradas, el Tribunal concluye que, en el estado actual de las cosas, no existen evidencias, indicios, pruebas o mecanismos científicos que permitan deducir que los campos electromagnéticos asociados a líneas de transmisión interactúan con el material biológico de modo tal que lo pongan en riesgo. Por ende, tampoco es posible concluir que ocasionen un daño a la salud de la población. Más bien, de momento, las investigaciones permiten afirman que no son lesivas. Debe insistirse, eso sí, que, como bien indicó la señora Cordero, se trata de información y conocimiento sujeto a estudios y procedimientos tendentes a descubrir nuevas evidencias que permitan arribar a conclusiones diversas.  Tanto así, que el artículo 10 del referido reglamento señala que el Ministerio de Salud en conjunto con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, propondrán modificaciones a los límites para el campo eléctrico y campo magnético establecidos en el reglamento referido, cuando las investigaciones científicas demuestren que los mismos son nocivos para la salud y hayan variado los parámetros internacionales; lo que, según la declaración de la Ingeniera Cordero, no ha sucedido y los límites regulados se encuentran vigentes.  Además, la misma profesional señala que, aunque no han habido denuncias de la  zona de Matapalo, perfectamente pueden efectuar mediciones de esos campos cuando así se requiera. Por lo expuesto, el Tribunal estima que de las probanzas evacuadas y con las investigaciones que a la fecha ha realizado la OMS, no es posible concluir que la ejecución del Proyecto SIEPAC Tramo CR-7,  subtramo Portalón ocasione daños en la salud de los habitantes de Matapalo. Aunque el grupo actor acusa una violación al principio de no regresión en tanto la norma reglamentaria previó límites menores a los que, en su momento, había permitido la Sala Constitucional; lo cierto es que tal reclamo es inatendible porque no se impugna la norma reglamentaria que establece, a la fecha, cuáles son los límites permisibles. Lo cierto del caso es que se trata de una disposición vigente y acatada por los demandados, según se expuso. Tampoco resulta de recibo la supuesta violación al Principio Precautorio. Conforme a la prueba evacuada, las investigaciones científicas realizadas permiten señalar que, a la fecha, las radiaciones no ionizantes (entre ellas, las asociadas a las líneas de transmisión eléctrica como las que aquí nos ocupan) no producen daños a la salud humana o al ambiente. Luego, en aplicación del Principio Preventivo, reiteramos que el artículo 10 del referido reglamento deja claro el deber del Estado de proponer modificaciones a los límites para el campo eléctrico y campo magnético, cuando las investigaciones científicas demuestren que los mismos son nocivos para la salud y hayan variado los parámetros internacionales. En el mismo sentido, el ordinal 15 de esa norma reglamentaria dispone que,  al menos semestralmente, deberán  los prestatarios de este tipo de servicios, informar ampliamente a todos los interesados, de las investigaciones y pronunciamientos científicos más relevantes que a nivel internacional se realicen sobre los campos eléctricos y magnéticos y su relación con la salud humana, señalando que se aprovechará cualquiera de los medios tecnológicos o de comunicación de que se disponga, para que la información llegue a los afectados. Por ende, lo reclamado es improcedente.

             XIII. Sobre imposición de limitaciones al derecho de propiedad. Este es un tema que fue abordado por la parte actora durante la audiencia única. De manera general, se reclamó que la ejecución de la modificación del trazado del tramos CR-7 Subtramo Portalón del Proyecto SIEPAC imponía limitaciones a la propiedad. Al respecto debe señalarse lo siguiente. En principio, imponer limitaciones al derecho de propiedad (como servidumbres) o incluso expropiarlo, son potestades que están legítimamente reconocidas al ICE en la ejecución de este tipo de proyectos de interés público, en tanto se ejerzan conforme a los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico en cada caso. El objeto de este proceso, según fue fijado en la audiencia única,  no incluye el análisis del ejercicio de la potestad expropiatoria del ICE, lo que impediría al Tribunal entrar a conocer cualquier reclamo en ese sentido. Aunado a lo anterior, la parte actora no refiere cuáles son los casos en los que se ha ejercido estas potestades de manera arbitraria ni explica los motivos en los que funda sus aseveraciones, menos aún concreta cuáles son los casos en que las limitaciones impuestas fueron arbitrarias, ilegales o supusieran un vaciamiento del derecho de propiedad. Por ende, estimamos que el reclamo es inatendible y así debe declararse.

             XIV. Corolario. Por todo lo expuesto en los considerandos anteriores, el Tribunal estima que la conducta formal impugnada, a saber, el artículo 2 de la sesión ordinaria No. 65-2007-SETENA, celebrada el 30 de mayo de 2007, mediante el cual la Comisión Plenaria de la Nombre3456 aprobó el cambio de ruta  en el trazado de la linea del tramo CR-7, subtramo Portalón, Quepos, del Proyecto SIEPAC resulta sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico. En ese tanto, esa modificación de la ruta sí cuenta con una viabilidad ambiental válida, sin que exista ninguna actuación de las demandadas que fuese ilegítima o arbitraria. Lo anterior toda vez que la conducta formal impugnada respetó tanto el bloque de legalidad vigente como las reglas de la ciencia y de la técnica.  Por otra parte, tampoco se ha demostrado que la modificación de la ruta en el referido tramo ocasione daños a la biodiversidad de la zona de Matapalo o a la salud de sus habitantes. A su vez, los impactos esperados fueron debidamente previstos y se adoptaron las medidas de mitigación y compensación correspondientes. Aunado a lo anterior, la decisión de modificar la ruta se fundó, en lo medular en  razones técnicas y socioambientales. Por ende, no existe ninguna razón legítima para que este Tribunal ordene la ejecución del proyecto en la ruta originalmente trazada, ya que ésta no era viable técnica ni ambientalmente, según se demostró. Tampoco se encontró que durante el proceso de modificación de la ruta se hubiese lesionado los derechos de la accionante.

             XV.- Sobre las excepciones. Tanto el ICE como la EPR formularon las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de derecho, ésta última opuesta también por el Estado. La defensa de falta de legitimación pasiva debe ser rechazada. La parte actora cuestiona la legalidad de actuaciones materiales del ICE y de la EPR y, en ese tanto, se cumple con el presupuesto que establece el artículo 12 del CPCA. No obstante, debe acogerse la excepción de falta de derecho que formulan todos los demandados. Lo anterior toda vez que, conforme lo expuesto en los Considerandos previos, la conducta formal impugnada se conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico y así debe declararse. Lo anterior supone el rechazo de la demanda en todos sus extremos.

            XVI.- Sobre la medida cautelar. A efectos de proteger el objeto del proceso, es criterio de estos juzgadores que la medida cautelar fijada en la audiencia única mediante resolución No. 125-2013-VI,  debe mantener su vigencia hasta que esta resolución adquiera firmeza .

            XVII.- Sobre las costas. El numeral 193 del CPCA dispone que las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estimamos que, hay motivo suficiente para litigar, lo anterior en tanto el grupo demandante accionaba en procura de intereses difusos, como el ambiente y la salud, y por tratarse de un tema que reviste de complejidad técnica.

POR TANTO

Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva formulada por el ICE. Se acoge la de falta de derecho opuesta por los demandados. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se mantiene la vigencia de la medida cautelar fijada mediante resolución No. 125-2013-VI, de 14 de octubre de 2013, hasta que este fallo adquiera firmeza. Se resuelve este asunto sin especial condena en costas.

 

              

Cynthia Abarca Gómez

 

 

 

 

José Roberto Garita Navarro                                                        Christian Hess Araya                                                   

EXPEDIENTE:  09-002212-1027-CA

ASUNTO:   PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE

ACTORES: ASADA DE MATAPALO DE AGUIRRE, GRUPO UNIDO POR EL DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO SOCIAL DE SAVEGRE  (GUPEDUTSS) DEMANDADOS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EL ESTADO, EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.

COADYUVANTE ACTIVO: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

  

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-04-2026 10:05:13.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV.- Initial delimitation. It is necessary to emphasize that, as set forth above, this proceeding only challenges the legality of the matter agreed upon in article 2 of ordinary session No. 65-2007-SETENA, by means of which, fundamentally, SETENA authorized the route change in the alignment of the Tramo CR-7 line, Portalón Subsection, and an addendum to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) already granted. This is important because during his closing arguments, the special judicial representative of the plaintiff attributed a series of defects to resolution No. 848-2005-SETENA, by which the overall environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the SIEPAC project was approved, which, as the State representative correctly affirms, does not form part of the conduct subject to this dispute. Specifically, he stated that said resolution breaches the principle of State sovereignty in environmental matters and the principle of non-regression, since during its approval process the preliminary assessment form was not submitted, and by means of resolution No. 55-2003-SETENA (preparatory and prior to resolution No. 848-2005-SETENA) certain terms of reference (which form part of the minimum and general requirements established in resolution No. 982-02-SETENA) were eliminated because the Inter-American Development Bank provided other terms at the Central American level. In this regard, it must be pointed out that such defects cannot be addressed in the legality review of this case for two fundamental reasons. First, because in accordance with the claim established during the preliminary hearing, the only formal conduct being challenged is article 2 of the cited ordinary session No. 65-2007-SETENA, that is, the addendum to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the route change; without challenging or requesting the annulment of resolution No. 848-2005-SETENA. Note, indeed, that another of the claims seeks the suspension of all work and placement of the lines on the modified route so that the construction and execution of the Project take place on the originally agreed route, for which the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental) exists, precisely, resolution No. 848-2005-SETENA, which is now attacked in the closing arguments. Furthermore, these are novel arguments, which the party did not raise during the proceeding but only in the closing arguments, which evidently also injures the respondents' right of defense. The foregoing reasons prevent this Court from reviewing the legality of resolution No. 848-2005-SETENA, so that review will be limited, as stated, to article 2 of ordinary session No. 65-2007-SETENA, which is addressed below.

V.- Regarding the annulment claim. At this point, it must be noted that the EPR submitted to SETENA an Addendum to the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) for the SIEPAC Costa Rica Transmission Line, Portalón Subsection, TRAMO CR7. This was done for the purpose of obtaining a ruling on the suitability of a route change in that subsection. That request was heard, and in article 2 of ordinary session No. 65-2007-SETENA, held on May 30, 2007, the SETENA Plenary Commission approved the route change and granted the requested Addendum. By official communication CP-217-2007, dated May 31, 2007, SETENA notified the EPR of the approval of the route change in the alignment of the TRAMO CR-7 line, Portalón Subsection, Quepos, including as part of the environmental commitments the MOPT's approval for the use of the right-of-way of the Costanera Sur corresponding to the section that would be affected by the route change, and to constantly inform that Secretariat of any other modification that occurs as the final route is defined, and to maintain the commitment to update the file on the acquisition of easements (servidumbres), especially regarding the Matapalo area. Thus, the transmission line alignment that SETENA approved for TRAMO CR-7, Portalón Subsection, begins at PI (point of inflection) Mar 2, located one kilometer north of the Costanera Sur highway (route 34) near the Río Savegre. From that point, it runs in an almost due south direction to PI Aceite 3, which is located immediately southeast of PI Costa 1, which is also located alongside the Costanera, but on the south side of the town of Pasito. From this PI, it continues in a southeasterly direction on the south side of the Costanera highway. Subsequently, it follows other inflection points to the town of Matapalo; from there it crosses some farms to PI Dengue 1, from which the line continues with a NW heading until it rejoins the original route. The section has a length of 11.83 KM and an easement (servidumbre) of 30 meters (folios 309 to 311 of the SETENA administrative file corresponding to the Addendum, 80 to 82 of the ICE administrative file, and map visible at folio 2136 of the judicial file). The first defect on which the plaintiff bases its annulment claim relates to the procedural element. It is claimed that the Addendum broke the processing of an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and modified the original alignment for another, completely departing from the environmental corridor initially determined. The plaintiff group is correct that the approved change deviates from the environmental corridor that had been established in resolution No. 848-2005-SETENA. However, the Court finds no illegality in this. It must be borne in mind that the SIEPAC Project essentially consists of creating a regional electricity market through the construction of towers to install 230 kv electricity transmission lines, as well as electrical substations along Central America. Taking into account the nature of the project, it is plausible that its execution requires adjustments, some of them aimed at protecting the environment. This was provided for in article 34 of Executive Decree No. 31849-MINAE-MOPT-MEIC, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), in force at the time the addendum was requested. Said provision stated: \"(...) Adjustments to the design of the activity, work, or project based on environmental considerations. The preparation of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), and in particular the identification of environmentally fragile areas within the project and influence area, as well as the very results of the interaction process with communities near the area of the activity, work, or project, must allow design adjustments to be made. In order to achieve its better and more effective insertion into the environment, within a framework of ecological balance. All these adjustments must be recorded and summarized in the EIA (EsIA) in the analysis of site selection and design alternatives. (...).\" As will be seen subsequently, in this case, the route modification was made, among other reasons, because the environmental impact generated would be smaller compared to the situation of maintaining the originally proposed alignment, by avoiding areas with evident conditions of geological instability and high environmental fragility regarding biodiversity, such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). Now, it is precisely because the new alignment departed from the biological corridor established in the originally approved environmental feasibility (viabilidad ambiental) that the corresponding addendum is requested and approved. This was stated by Ana Laura Araya Solera, the project's environmental regent, and Engineer Gerardo Montoya Brenes. As such, the Court finds no irregularity in the actions taken. Furthermore, it is alleged that using an addendum eliminated other steps that should have been carried out if a new environmental assessment (evaluación ambiental) had been requested. The plaintiff reiterates, again, that the preliminary assessment form and the terms of reference were not submitted. In this regard, it must be reiterated that we are not dealing with a new project, but with the modification of an alignment or route in the transmission lines that had already been approved in the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted in resolution No. 848-2005-SETENA. Therefore, the appropriate course of action was, as occurred, to authorize the corresponding addendum to the principal instrument. It must be noted that the regulations in force at the time the addendum was requested (late 2006) did not establish a specific procedure for reviewing and resolving such adjustments. What existed was an agreement of the SETENA Plenary Commission, approved in article 29 of ordinary session No. 006-2006-SETENA, dated January 24, 2006, which regulated a procedure for the environmental control and monitoring of projects. Of relevance here, article fourteen indicates the requirements that must be met to request modifications to projects, works, or activities that already have environmental feasibility or an environmental license (viabilidad o licencia ambiental). The provision does not refer to the obligation to submit the preliminary assessment form or the terms of reference again. It only established that a comparison between the originally approved works and the characteristics of the proposed modifications had to be provided, as well as the analysis of possible environmental impacts generated. It also indicates the possibility of conducting a verification inspection or, if warranted, requesting complementary information. Indeed, the provision establishes the possibility that the proposed modification may require a new assessment instrument and the opening of a new file. In the specific case, this possibility was not exercised by the SETENA Plenary Commission, so the Court must assume that a new environmental assessment (evaluación ambiental) instrument was not necessary. Note that the requirements demanded for the modification were met, as can be seen from folio 1007 of the SETENA administrative file, volume II. Indeed, the verification inspection was carried out, as recorded in official communication DAP-156-2007, providing a positive recommendation for the modification of the selected route (folios 1002 to 1008 of the SETENA administrative file, volume II). Thus, the provision in question did not require that the preliminary assessment form or the terms of reference be submitted again, which speaks to the inadmissibility of the claim made. Moreover, we consider that these are conditions that would be justified in the primary approval of the environmental feasibility (viabilidad ambiental), but not, in principle, for modifications or addenda to that instrument. Therefore, we also find no illegitimate or arbitrary action by SETENA or the EPR on this point. It is also alleged that the cited Executive Decree No. 31849 established a two-year validity period for the environmental feasibility (viabilidad ambiental), and that, if the addendum was approved in May 2007 and the project began execution in September 2009, it is clear that this period expired and there is no request for validation or extension. In this regard, we must point out that, indeed, article 46 of the already cited Executive Decree No. 31849, in force at the time of the events, established that \"(...) The environmental feasibility (license) (viabilidad (licencia) ambiental), once granted, shall have a maximum validity of two years prior to the start of activities of the activity, work, or project. If activities are not started within that period, the developer must request an extension of its validity from SETENA before expiration, in accordance with the procedure set forth in the EIA Manual (Manual de EIA). (The foregoing subsection as amended by article 7 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005). 2. Activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA shall be subject, in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and these regulations, to an environmental control and monitoring process under the terms established in these regulations. (...).\" It must be kept in mind that we are dealing with a project in which both ICE and EPR participate, each with specific powers. For example, ICE is responsible for the alignment and design of the route on which the project will be executed, as well as matters relating to easements (servidumbres) and expropriations that are required. In the present matter, we consider that the validity of the addendum to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) challenged here has not expired, given that there have been preparatory actions (whose execution required the approval of the environmental feasibility (viabilidad ambiental)) through which both ICE and EPR have carried out aspects related to the design and implementation of the project. For example, from folios 8 to 14 of the ICE administrative file, there are various communications between ICE and the plaintiff group itself, dating from October and November 2007, as well as January 2008, referring to various meetings in which the possibility of implementing other alternative power line alignment routes and the need to prepare technical studies for this purpose were assessed. Strictly speaking, what has not begun is the construction phase of the project due, among other aspects, to the provisional decision adopted by the Administrative Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) in the precautionary measure phase. The preliminary phases of the project have been carried out to such an extent that the precautionary measure initially granted authorized ICE to resort to the legally established means in its Law on Acquisitions, Expropriations, and Easements (Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres) for the purpose of entering properties to carry out the necessary field studies. For the foregoing reasons, we consider that the allegation is inadmissible and must be declared as such.

VI.- It is also challenged that the addendum to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was approved without holding a public hearing so that the inhabitants of the community of Matapalo, as persons potentially affected by the project, could express their views on the matter. The plaintiff group considers that such a hearing is a legal requirement demanded for the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental). It refers to article 6 of the Regulation to Regulate Electric and Magnetic Fields in Electric Transmission Works (Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de Transmisión Eléctrica). In this sense, it should be noted that, as a derivation of the democratic principle contemplated in articles one and nine of our Political Constitution, the recognition of citizens' right to participate and contribute to the management of public affairs is established. To that extent, public entities must, as far as possible, promote and encourage citizen participation in decision-making. Environmental matters do not escape this principle. Article 50 of our Magna Carta establishes that \"(...) The State shall procure the well-being of all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The Law shall determine the corresponding responsibilities. (...).\" This is a right belonging to the category of third-generation fundamental rights or solidarity rights, which are distinguished because they are held not only against the State or individuals, but are enforceable against society as a whole; since each of its components can and must dedicate a part of their sphere of freedom towards the protection of interests common to all persons. To guarantee its effectiveness, a series of guarantees have been recognized, among them, the right of citizen participation in environmental decision-making; this is, the right and duty of all persons to take part in the formation of public decisions regarding the protection of the environment, because this is essential for human well-being and the enjoyment of basic fundamental rights. It comprises three fundamental components. First, the right of access to information in environmental matters, understood as not only the possibility of accessing information, but also the right to be informed in a timely manner by the authorities. Moreover, the right to public participation, that is, the opportunity and possibility for persons who may be affected or have an interest in an environmental decision to express their criteria, opinions, viewpoints, or challenges to it, without being subjected to specific formalities in order to be taken into account. Finally, the right of access to justice in environmental matters, which implies broad standing to seek review of the measures taken concerning the environment, especially when they consider that either of the two previously cited aspects has been violated within the procedure. The right to participate in environmental decision-making also finds protection in the international normative framework, among others, in the Rio Declaration on Environment and Development (principles 10 and 19), the United Nations Declaration on the Human Environment (principle 23), the Regional Convention on Climate Change (article 12 (f)), the World Charter for Nature, adopted by United Nations General Assembly resolution number 37/7 of October 28, 1980 (point 16), the Declaration on the Right to Development, adopted by United Nations General Assembly resolution number 41/128 of December 4, 1986 (article 8.2). Likewise, it is regulated in our legislation, among others, in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) (Law No. 7554) articles 2, 6, 22, and 23, and the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) (Law No. 7788 of April 30, 1998), in its numerals 9, 10, and 95. Finally, it has extensive jurisprudential development, fundamentally, by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Thus, among others, we can cite judgments No. 2238-1996, of 14 hours 54 minutes on May 14, 1996, No. 6640-2000, of 9 hours 16 minutes on July 28, 2000, No. 3074-2002, of 15 hours 24 minutes on April 2, 2002, No. 5593-2012, of 16 hours 4 minutes on May 2, 2012, and No. 12645-2012, of 14 hours 30 minutes on September 12, 2012.

VII.- Now then, in essence, this proceeding alleges that the guarantee of participation in environmental decision-making was violated with respect to the population of Matapalo, given that the addendum to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) (which authorized the change in the transmission line route) was authorized without holding a public hearing to allow them to express their views. The claim requires an analysis of whether such a hearing was or was not a mandatory requirement for the authorization of, in this case, environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) and their addenda. On this topic, article 95 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) (hereinafter LB) provides, in relevant part, that SETENA shall conduct public information and analysis hearings on the specific project and its impact when it deems it necessary. For its part, numeral 56 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) establishes that, in accordance with the cited article 95, when any natural or legal person requests SETENA to hold a public information and analysis hearing for the case of a specific activity, work, or project, the SETENA Plenary Commission, by virtue of the magnitude of the potential environmental impact, shall determine, after prior technical assessment of the situations involved in its development, the need or not to hold it. If it decides not to hold the requested public hearing, said commission must determine the mechanism through which it will receive observations. Both provisions undoubtedly protect the right of citizen participation in environmental decision-making, through a public hearing in the authorization procedures for different environmental assessment instruments (instrumentos de evaluación ambiental) or alternative mechanisms through which observations can be received. This is important because it allows a distinction to be made between the right of citizen participation in such matters and the public hearing as one of the instruments, but not the only one, to make that guarantee effective. Precisely for this reason, both the legal and regulatory provisions establish that SETENA must decide in which cases that hearing is necessary, while noting, however, that if it is not held, it must indicate the means for receiving observations. It bears noting that both provisions were challenged before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) on the grounds that they were contrary to articles 1 and 50 of the Political Constitution because they established SETENA's authority to decide whether or not to hold public information and analysis hearings on the specific project and its impact on the environment. However, in Vote (Voto) No. 012645-2012, issued at 14 hours 30 minutes on September 12, 2012, that Chamber upheld the validity and constitutionality of those provisions and indicated, in relevant part, \"(...) IV.- Regarding the discretion of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) to hold the public hearing requested by private parties in environmental matters. The plaintiff alleges the unconstitutionality of article 95 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) insofar as it allows the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) to authorize or not a public information and analysis hearing on a specific project and its impact; this latter aspect is developed in article 56 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), Decree No. 31849 of May 24, 2004, also challenged, according to which, in response to the public hearing request, SETENA must—before deciding on the need or not to hold such a hearing—assess, from a technical point of view, the situations involved in its development. The challenged provision directs SETENA, —if it decides not to hold the requested public hearing—, to determine the mechanism through which it will receive observations. The plaintiff considers that this provision violates the right to health and the protection and defense of nature, because it does not establish clear parameters to define the suitability or not of the requested public hearing, but rather cites an indeterminate legal concept that allows arbitrariness, insofar as the decision to hold the hearing is made restrictively by SETENA, and, as has occurred in the Processing of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) of the PH Reventazón, denies citizens and communities the possibility of effectively and timely defending the right to a healthy and ecologically balanced environment. In light of the jurisprudence cited in the preceding Recital (Considerando), the Chamber dismisses the objections of unconstitutionality expressed by the plaintiff, insofar as it is not true, as she claims, that article 95 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), as developed by article 56 of its Regulation, allows arbitrariness by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in authorizing or rejecting a public hearing, in that it establishes that such a hearing will be held “when it deems it necessary.” In the Chamber's opinion, this phrase should not be understood outside its context. First, it is deduced from the challenged provision itself that SETENA's determination not to hold the requested public information hearing on a project with environmental impact can only be justified, —as the body responsible for carrying out the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental)—, based on objectively established criteria, that is: “after prior technical assessment of the situations involved in its development, the need or not to hold it” (Art. 56 of Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC). In addition to the objective parameter consisting of the need to perform a technical assessment of the situation that allows discarding the public information hearing indicated in Art. 56 of the cited decree, SETENA must comply with the requirement demanded by article 19 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which is Law No. 7554 of October 4, 1995, according to which this body must rule by means of a duly grounded and reasoned resolution (Art. 19 Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 of October 4, 1995). Second, the challenged article 95 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) establishes that, if the request for a public information hearing made by a natural or legal person is rejected, SETENA must “determine the mechanism through which it will receive observations,” an option that clearly guarantees citizen participation in environmental matters in its two essential points already cited in the jurisprudence partially transcribed in the preceding Recital (Considerando), which are: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters (In this regard, see judgment number 2001-10466). Thus, from the analysis of the challenged Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) provision, in relation to the extensive jurisprudence developed by this Chamber, the cited international provisions, and in particular the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), it is inferred that the option for SETENA not to hold the hearing requested in article 95 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad), contrary to what the plaintiff asserts, in no way eliminates for the individual the guarantee of citizen participation in environmental matters, which, it is repeated, is a basic pillar of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in article 50 of our Magna Carta. As the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) rightly states in the report submitted to the Chamber: “It must not be lost sight of that even if a public hearing is not held because the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) does not deem it necessary, individuals can still access the administrative file and the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and make whatever statements they wish, whenever they wish, as we already explained above; therefore, in no way would the inhabitants' right to due process be violated, to the point of suppressing it, nor would it contradict the democratic principle. Another point of interest is that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) cannot arbitrarily deny the holding of a public hearing; rather, its denial act must be duly grounded. This is deduced from the text of article 56 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) when it indicates that the determination of the need or not to hold it shall be made by SETENA after prior technical assessment of the situations involved in its development.” V.- Conclusion. Based on the jurisprudential citations transcribed and other considerations expressed in this judgment, the Chamber considers that article 95 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) and numeral 86 of its regulation—insofar as they establish SETENA's authority to accept or reject the request for a public hearing in an environmental matter—do not eliminate the guarantee of community participation in environmental decision-making, nor do they jeopardize the guarantee of access to a healthy and ecologically balanced environment. The mechanism established by the challenged provision and its exercise demonstrate a will on the part of SETENA, which must be supported by sufficiently justified, objective, and consistent technical reasons directed at fulfilling the public interest they pursue, in protection of the environment (04781-2011). Thus, the expression “when it deems it necessary” in article 95 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) must be interpreted in the context of environmental provisions and principles, as the situation in which technical and objective criteria prevail, based on which the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) deduces the need or not to hold a public hearing, in which case it must then ensure adequate citizen participation, for which it must implement measures that guarantee access to the administrative file, to the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), and that the statements deemed pertinent are channeled at any time.

Corollary to the foregoing, the action must be dismissed, which is hereby ordered. (...)". In light of the foregoing, the issue to be clarified is whether the addendum was authorized without a prior public hearing and, if so, whether that omission violated the right of the community of Matapalo to participate in environmental decision-making.

            VIII.- From the facts that have been deemed proven, it is observed that, initially, SETENA considered it necessary to carry out a public hearing process to learn the opinion and perception of the communities regarding the development of the SIEPAC Project. For such purposes, it requested the involved municipalities to recommend a suitable place to carry out the activity, taking into account the linear characteristics of the project. Of relevance here, the Municipality of Aguirre was consulted through official letter SG-752-2004-(PREIA)-SETENA-6, dated March 30, 2004 (folios 135 and 136 of the SETENA administrative file, volume I); and it did not respond to the hearing granted. Through Resolution No. 646-2004-SETENA, issued at 2:45 p.m. on May 3, 2004, the National Technical Secretariat of the Environment ordered that the public hearing process for the SIEPAC Electric Transmission Lines Project be held in Cañas, Esparza, and Palmar Sur, which took place on June 9, 10, and 12, 2004, respectively. This resolution was also communicated to the Municipality of Aguirre on May 4, 2004 (folios 201 and 230 to 232 of the SETENA administrative file). Finally, through Resolution No. 848-2005-SETENA, the Estudio de Impacto Ambiental and its Annex were approved, and environmental viability (viabilidad ambiental) was granted for the SIEPAC Project (an uncontested fact, folios 908 to 920 of the SETENA administrative file, volume II). The route layout authorized in that environmental assessment instrument did not pass through the town of Matapalo de Aguirre. Subsequently, the EPR submitted to SETENA an Addendum to the Estudio de Impacto Ambiental for the SIEPAC Costa Rica Transmission Line, Portalón Subsection, CR7 Section. The purpose of the foregoing was for them to rule on the advisability of a route change in that subsection (inferred from folio 1007 of the SETENA administrative file, volume II). In Article 2 of ordinary session No. 65-2007-SETENA, the route change in the layout of the line for section CR-7, Portalón subsection, Quepos, and an addendum to the originally approved viability were authorized. The foregoing was because the environmental impact that would be generated was considered less, compared to the situation of maintaining the originally proposed layout, by avoiding zones with evident conditions of geological instability and high environmental fragility, regarding biodiversity such as wildlife refuges (refugios de vida silvestre) (folios 2121 to 2128 of the judicial file). For the approval of this addendum to the Environmental Viability of Section CR-7, Portalón Subsection, SETENA did not convene public hearings (SETENA administrative file corresponding to the Addendum, statement of Gerardo Montoya Brenes). However, it is the Court's opinion that this omission does not invalidate the decision contained in the addendum, for the following reasons. In accordance with what was stated in the previous Considerandos, the decision regarding whether or not to hold a public hearing corresponds to SETENA, which may dispense with it based on objectively established criteria. In the specific case, we have that the hearing was omitted for the granting of the addendum to the initially authorized environmental instrument. In addition to the fact that the regulations in force at that time did not establish the need for such a hearing to authorize modifications to approved environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), the truth is that SETENA did carry out a prior technical assessment of the situations involved in its development, which, we consider, serves as the basis for the decision not to hold it. Indeed, through official letter DAP-156-2007, the SETENA evaluators conducted an inspection in subsection CR7 to assess the proposed route change, granting a positive recommendation in this regard (folios 1002 to 1008 of the SETENA administrative file, volume II). Of relevance here, said report establishes that the layout crosses only a small sector of the town of Matapalo and acknowledges that in that sector there is repeated opposition from some property owners to the passage of the lines. It recommends approving the route change, including as part of the environmental commitments to constantly inform SETENA of any modification that occurs as the final route is being defined and to maintain the commitment to update in the file the information on the acquisition of easements (servidumbres), especially concerning the Matapalo zone. Thus, we consider that the situation of the town of Matapalo was considered at the time the inspection was carried out prior to the granting of the addendum. Note, furthermore, that there is no record that the residents of that area requested SETENA, either before or after the addendum, to hold a public hearing. On the other hand, it must be kept in mind that the hearing is only one of the instruments to make effective the right to participate in decision-making regarding environmental projects. From this perspective, it is the Court's opinion that the community of Matapalo has participated in the route change of the SIEPAC Project and that the current layout of the transmission lines in Section CR-7, Portalón subsection, was submitted for discussion among the inhabitants of that Matapalo area. Such participation is inferred from folios 8 to 14 of the ICE administrative file, from the statements of property owners visible at folios 202 to 211 of the SETENA administrative file corresponding to the Addendum, and is confirmed by the statements of Gerardo Montoya Brenes and Fidel Guevara Vega. These witnesses explain, even, that to determine the change in the route layout of Section CR-7, Portalón Subsection, three alternatives were assessed for the Matapalo sector: one suggested by the ICE, another by the plaintiff group, and a third by several residents of the area. The second and third alternatives were discarded because they could generate a greater number of negative impacts on flora, fauna, soil, aquifer recharge zones, as well as on a greater number of dwelling houses and housing projects (which is also accredited at folios 22 to 28 of the ICE administrative file, the expert report of MSc. Karen Rodríguez Ledezma, and the statement of Gerardo Montoya Brenes). For the foregoing reasons, we consider that the right of access to information regarding this project has not been violated (and the public and private authorities involved have fulfilled the duty to provide sufficient information), nor has the right to public participation been violated, insofar as the inhabitants of Matapalo have been able to express their criteria, opinions, points of view, or questions, to the extent, even, of proposing alternatives to the route layout. Finally, we consider that access to justice has also not been harmed, given that they have even been able to file this process. In our judgment, that exchange of information and participation constituted a valid alternative mechanism that guaranteed the effective participation of the residents of Matapalo in the SIEPAC Project (allowing them, even, to present alternative routes and discuss all layout possibilities) and means that the absence of a public hearing does not constitute a violation of the right to citizen participation. For the same reasons, Article 6 of the Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica is not violated either. Although that norm establishes that SETENA must hold a public hearing to allow listening to persons who feel affected by the construction of facilities or electric energy transmission works, we consider that as it is a regulatory norm, it must be interpreted in accordance with the legal norms and the constitutional jurisprudence that has been issued on the point. Thus, we consider that, on the one hand, a public hearing had already been held when the original environmental viability was authorized. On the other hand, the fact that the addendum was not preceded by another hearing did not make it impossible for the residents of Matapalo to exercise the right to participate in environmental decision-making, as has been explained. For all the foregoing, we consider that the omission of the hearing does not constitute a substantial formality that makes it necessary to invalidate what was done, since the community participated in resolving the environmental issue embedded in the decision regarding the route change and had adequate access to the environmental information being discussed. Finally, it must be noted that the right to citizen participation in environmental matters is maintained throughout the implementation and execution of the project, so that, at the moment an injury to environmental components is perceived, the inhabitants of Matapalo may resort to the respective instances for what is appropriate. By way of example, Article 15 of the Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica establishes the obligation of public electricity transmission service providers to inform community members about this type of project.

            IX.- On the other hand, defects related to the grounds and content of the addendum to the environmental viability are alleged. Specifically, it is claimed that the change in the route layout violates Article 11 of the Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica. Said norm establishes that "(...) In the layout of routes for transmission lines and location of substations, facing several technically and economically feasible alternatives, the one that is most environmentally friendly must be chosen. The transmission company must also demonstrate before the Ministry of Health or SETENA, as applicable, that the following aspects were taken into account in the finally chosen layout: a) The corresponding local or regional regulatory plan approved by SETENA, if there is one; b) The greatest possible distance from populated areas; c) The greatest possible use of existing highways and roads for the location of structures; d) The application of criteria to minimize the visual intrusion of the works into the landscape; e) The least affectation of protected zones (zonas protectoras), forest reserves (reservas forestales), and wildlife refuges (refugios de vida silvestre). (...)". However, a meticulous study of the formal conduct challenged allows the alleged violation to be discarded since, contrary to what is claimed, the addendum did fundamentally consider the aspects referred to in the norm under comment. Regarding subsection a), the existence of a local regulatory plan that should have been taken into account at the time of authorizing the route change has not been proven in this process. Rather, from the conclusions rendered by the special judicial representative of the Municipality of Aguirre, it appears that such a land-use planning instrument (instrumento de ordenación del suelo) has not yet been approved. Next, we have that the addendum provided by the EPR to SETENA contemplates the points regulated by the referred provision, as is evident from folios 124 to 185, 202 to 233, 243 to 265, 269 and 270, 288, 293 and 294, 297 to 300, 301, 305 to 311 of the SETENA administrative file corresponding to the addendum. Next, from the recital part (parte considerativa) of the formal conduct challenged and from the field inspection carried out for such purposes, it is evident that the points listed in the norm were indeed considered as grounds (considerandos). It is indicated, for example, that "(...) iv. On the other hand, another of the arguments by which the developer justifies the proposed change, and which could be verified during the inspection, is the existence of two private wildlife refuges (Portalón and Transilvania), since the original line passage affects said zones, with the possible environmental impacts that this would generate. With the proposed route modification, the passage through said areas is avoided, as it mostly runs along existing roads, following the current electricity distribution line and the right-of-way of the Southern Coastal Highway (Costanera Sur) (photos 4 and 5). Furthermore, according to technical report ACOPAC-ORRAP-062-05, from the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), which is attached to the document presented by the developer, the currently proposed layout does not affect the mangrove zones that are part of the Portalón Refuge. v. As noted supra, the passage of the new route follows already impacted lands such as palm plantations, the right-of-way of the national highway, and the layout of the existing distribution line (photos 4, 5, and 6). The layout crosses only a small sector of the town of Matapalo. (...)". Based on those existing grounds, it is ordered to authorize the addendum and the route change of the line layout and transmission line stringing. Note that the operative part of the challenged act expressly states that with the new route, the environmental impact that would be generated would be less, compared to the situation of maintaining the originally proposed layout, by avoiding zones with evident conditions of geological instability and high environmental fragility, regarding biodiversity such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). The foregoing is also consistent with the expert report rendered by biologist Karen Rodríguez, according to which, in general, the positive or negative impacts that could be generated were foreseen in the approved environmental impact study (see in that sense folios 1647, 1649, 1651, and 1652 of the judicial file and her statement). Ana Laura Araya Solera, environmental regent (regente ambiental) of the SIEPAC Project, testified in a similar sense, stating that both the Estudio de Impacto Ambiental and its addendum contemplated a series of mitigation measures in the project design phase, among them maintaining the legal distances or setbacks (retiros) between towers and springs (nacientes) or water collection wells. Likewise, socioeconomic aspects related to magnetic fields and measures to reduce the visual impact on the landscape were contemplated. Also, Fidel Guevara Vega spoke about the contemplated mitigation measures, among them, those that would be adopted in the construction phase near populations, including increasing the height of the towers and a minimum setback of 15 meters from houses. Even the environmental regent maintains that it is viable to consider the recommendations given by the expert on that topic and regarding birds. Therefore, we consider that the aspects indicated by numeral 11 of the referred regulation were indeed considered at the time of authorizing the addendum and, furthermore, they were factual, technical, and legal assumptions (presupuestos) that existed just as they were taken into account at the time of issuing the act (Article 133 of the Ley General de la Administración Pública). On the other hand, the content is legitimate, corresponding to the grounds, and proportional to the purpose insofar as it protects the public interests involved. We insist that according to the addendum itself, the environmental impact that would be generated was considered less, compared to the situation of maintaining the originally proposed layout, by avoiding zones with evident conditions of geological instability and high environmental fragility, regarding biodiversity such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). In a similar sense, the expert Rodríguez Ledezma points out in her report, regarding the other route alternatives, that "(...) it can generate a greater number of negative impacts on flora, fauna, and soil, since it is located on higher ground, with greater forest cover (cobertura boscosa), and could even be affecting aquifer recharge zones. Likewise, some dwelling houses and housing projects would be affected (...)" (folio 1654 of the judicial file). It is not true, as is affirmed, that the route modification lacked technical support. From the case records and the evidence presented, it is viable to conclude that the modification of the transmission line route for Section CR-7, Portalón Subsection, was based on technical conditions and socio-environmental restrictions, among them terrain instability, landslides, and the existence of Private Wildlife Refuges (Portalón and Transilvania), as well as opposition from residents (folios 22 to 28, 44 to 66, 80 to 82 of the ICE administrative file, EIA and addendum to the EIA approved by SETENA, statement of Gerardo Montoya Brenes and Fidel Guevara Vega). Finally, the plaintiff alleges that the EPR did not obtain permission from the MOPT for the transmission line to pass along the Costanera Sur. It refers to official letter UE-2006-995, dated November 13, 2006, signed by the Executive Director of the Costanera Execution Unit. In that sense, the following must be noted. In accordance with official letter CP-217-2007, dated May 31, 2007, by which SETENA communicated to the EPR the approval of the route change in the layout of the line for section CR-7, Portalón subsection, Quepos, the approval of MOPT for the use of the right-of-way of the Costanera Sur corresponding to the section that would be affected by the route change was included as part of the environmental commitments (folio 80 to 82 of the ICE administrative file). As the plaintiff affirms, in the cited official letter UE-2006-995, the MOPT considered it inappropriate to authorize the location of the proposed high-tension electric line in the right-of-way of the Costanera Sur; which was communicated to the ICE by the Vice Minister of that entity, in official letter DVOP-3389-2006, dated November 27, 2006, in which it also points out the possibility of assessing additional options. As a first point, the Court considers that the MOPT's authorization to use the right-of-way of the route approved in the addendum is a condition that both the ICE and the EPR must comply with prior to the construction and execution of the towers and their electric line stringing, because it forms part of the commitments acquired with the addendum, as explained. Next, it has not been proven that it has been obtained. The legal representative of the EPR states that the ICE can make use of the right-of-way because they are public domain assets (bienes demaniales) that can be used for the achievement of public purposes. The Court respects but does not share that argument. By public domain (demanio público) we understand "(…) the set of assets subject to a special legal regime distinct from that governing private domain, which, besides belonging to or being under the administration of public legal entities, are affected or destined for public utility purposes and which manifests itself in the direct or indirect use that any person can make of them. (…)" (Judgment No. 3145, issued by the Constitutional Chamber at 9:27 a.m. on June 28, 1996). Indeed, the public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest (Article 264 of the Civil Code). They are things that do not belong individually to private parties and that are destined for a public use and subjected to a special regime, outside the private commerce of men. The public domain offers special protection to the assets that comprise it. In this sense, among its characteristics, we have that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, and are outside the private commerce of men, in the sense that they are not susceptible to private appropriation. However, the public entity can grant usage permits or authorizations, as well as exploitation rights to private subjects through usage concessions. From this perspective, the public domain character (demanialidad) of the right-of-way does not entail, as is affirmed, a presumption of a usage right on the part of the ICE. On the contrary, that public entity is also subject to the legality framework and must, as required by the authorized addendum, obtain the respective authorizations from the MOPT for its use. Now then, the Court considers that not having that authorization to date does not constitute a defect capable of invalidating the referred addendum. On the one hand, the cited official letter UE-2006-995 constitutes a technical report that does not entirely rule out the possibility of assessing other options for the location of the high-tension electric line in the right-of-way of the Costanera Sur. That possibility remains open, as is evident from the referred official letter DVOP-3389-2006. On the other hand, it cannot be ignored that the referred authorization was required as part of the environmental commitments, which is why its fulfillment will be assessed in the environmental management phase (fase de gestión ambiental) of the project. Coupled with the foregoing, we consider that the assessment that the MOPT ultimately carries out must take into consideration the nature of the infrastructure to be developed (towers and electric line stringing) and that, according to the established design, its installation will not be carried out along the Costanera Sur corridor but rather transversally. For all the foregoing, the Court is of the opinion that the ICE must obtain the referred authorization, but that its omission, at this procedural stage, is not capable of generating the absolute nullity of the addendum (Article 223 of the LGAP) and that its fulfillment is an aspect that must be verified in the environmental management phase.

             X.- On the damages to biodiversity. The plaintiff claims that the modification of the route layout causes damage to different components of biodiversity. As a first aspect, it is necessary to distinguish between damage and environmental impacts. Environmental impact is the effect that an activity, work, or project, or any of its actions and components, has on the environment or its constituent elements. It can be positive or negative, direct or indirect, cumulative or non-cumulative, reversible or irreversible, extensive or limited, among other characteristics. It differs from environmental damage in the measure and the moment in which the environmental impact is evaluated in an ex-ante process, so that aspects of prevention, mitigation, and compensation can be considered to diminish its scope in the environment. For its part, environmental damage is the negative environmental impact, not foreseen, nor controlled, nor planned in an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process (evaluated ex-ante), produced directly or indirectly by an activity, work, or project, on all or any component of the environment, for which no prevention, mitigation, or compensation measure was foreseen and that implies an alteration valued as having high Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental, SIA). According to the environmental impact study and its addendum, the execution of the SIEPAC project causes impacts that have been duly covered by mitigation and compensation measures. The different pieces of evidence submitted to the process allow confirming that aspect. Let us see. Regarding flora, fauna, and forest, we have that in official letter ACOPAC-OSRAP-062-05, dated February 7, 2005, the Aguirre Parrita Subregion of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) issued a technical report corresponding to an inspection in the Pasito, Portalón, and Matapalo sector, with the purpose of determining suitable sites for the future location of the electric transmission towers. Of relevance here, it concluded that "(...) According to what was seen in the first inspection on the property of Mr. Guillermo Rodríguez, it was determined that at no time will the location of these towers affect the mangrove ecosystems or any other present at the site. / In the second inspection, it was determined that the first and second towers need certain adjustments with which they would not affect the mangrove ecosystems or others present at the site, and in the case of the third tower, there is no problem with its current location. (...)" (folios 15 to 18 of the SETENA administrative file corresponding to the Addendum). There is also official letter DAP-156-2007, which outlines the results of the inspection carried out by the SETENA evaluators in subsection CR7 to assess the proposed route change, granting a positive recommendation in this regard, which later constitutes an assumption (presupuesto) for the challenged act (folios 1002 to 1008 of the SETENA administrative file, volume II). It is indicated, for example, that with the proposed route modification, passage through two private wildlife refuges is avoided and that the new route follows lands that have already been impacted, such as palm plantations. The expert report rendered both in writing and orally by Biologist Karen Rodríguez Ledezma coincides with some of these observations. The expert states that in the pasture and soil areas, the transmission lines would not generate damages but rather impacts that are duly contemplated in the environmental impact study. She also mentions that in the area from Punto Chamo to Nube 3, the lines pass through paddocks, timber extraction farms, and scrublands, meaning it is an area already altered and exploited in which no large-scale negative impacts are observed that are not contemplated in the environmental impact study with their respective mitigation measures. In general, she concludes that "(...) No negative impacts on flora and fauna are identified that did not exist before this project was carried out, since deforestation is evident, nor is it believed that they will be generated after its construction. (...)" (folio 1664 of the judicial file). Regarding fauna, the expert only recommends the inclusion of a structure that functions as a completely insulating perch to avoid the risk of bird electrocution. Finally, the environmental regent of the project, Ana Laura Araya Solera, rendered an extensive statement in which she explained the impacts that were foreseen in the environmental impact study on the occasion of the design and installation of the transmission lines in the Portalón de Aguirre subsection. Thus, for example, regarding biota, she noted that different impacts were foreseen in the fragmentation of habitats and loss of faunal species due to the construction of new roads, felling of trees and vegetation, with the respective mitigation measures. She concluded that the design of the section discussed here complies with the foreseen environmental mitigation measures and that, even, if necessary, others could be implemented, including those noted by the expert Rodríguez Ledezma. In relation to mangroves, we refer again to the cited official letter ACOPAC-OSRAP-062-05, according to which "(...) According to what was seen in the first inspection on the property of Mr. Guillermo Rodríguez, it was determined that at no time will the location of these towers affect the mangrove ecosystems or any other present at the site. / In the second inspection, it was determined that the first and second towers need certain adjustments with which they would not affect the mangrove ecosystems or others present at the site, and in the case of the third tower, there is no problem with its current location. (...)" (folios 15 to 18 of the SETENA administrative file corresponding to the Addendum). The cited official letter DAP-156-2007 indicates that the layout does not affect the mangrove zones that are part of the Portalón Refuge. Finally, the expert Rodríguez Ledezma states that the transmission line route is at a considerable distance from the mangrove, and therefore it does not present any irrecoverable negative potential effect on it, as long as a minimum distance of fifty meters from the mangrove is respected and that, in any case, they would be impacts contemplated in the mitigation measures (folios 1648 and 1649 of the judicial file). In her statement, she also states that there are not exactly mangroves where the transmission lines pass. Regarding water resources, we have that the expert Rodríguez Ledezma warns that in the Matapalo zone there are two springs (nacientes) declared by the AyA that are primordial in the supply of potable water for the community. She indicates that "(...) In this specific area, it is known that there can be no construction near these springs, so there must be a 200m setback according to the Water Law (Ley de Aguas), which is known and taken into account by the ICE. (...)" (folio 1652 of the judicial file). In addition to the foregoing, we have that through official letters SGG-2013-548, dated July 3, 2013, the Deputy General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers forwarded to the SIEPAC Project Management copies of the technical reports SUB-G-AID-UEN-GA-2013-805, prepared by the Director of Hydrographic Basins of that entity, and concluded that "(...) the proposal for the layout identified as alternative 1 for the stringing of the high-tension lines passes approximately 170 meters from the captured spring of the ASADA of Matapalo. We provide a summary sketch integrating the ICE information and the location of the captured spring of the ASADA of Matapalo, with approximate distances and a 200-meter protection buffer according to current environmental legislation. (...)" (folios 1962 to 1965 of the judicial file).

The technical report SUB-G-AID-UEN-PyC-2013-824 was also submitted, prepared by the Director of the UEN Programación y Control, who concluded "(...) I can confirm that the springs (nacientes) of the ASADA of Matapalo de Aguirre will not be affected by the passage of the high-tension lines that ICE will extend for the SIEPAC project. (...)" (folios 1962, 1963, 1966 of the judicial file). Furthermore, through official letter SUB-G-AID-UEN-AP-2013-1517, of July 2, 2013, the AyA Projects Administration assessed whether an impact on the springs of the locality of Matapalo was possible due to the action of magnetic fields. In this regard, it determined that "(...) the fields induced by the high-tension electric line layout are at values lower than those permitted by the WHO and the potable water springs are not affected, understanding that water is an element with the same electrical potential as the ground, it not being possible for it to be affected by the intensity or density of a magnetic flux. (...)" (folios 1967 to 1970 of the judicial file). In a similar vein, in official letter DIGH-UGH-OF-218-2013, of September 3, 2013, the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas concluded that "(...) the SIEPAC Project is located partly within the protection zone established in articles 33 of the Ley Forestal, however, it is not anticipated that there will be an impact on the springs due to the development of the project, given the conditions indicated above, provided that the operation of the project does NOT require the use, storage, or discharge of toxic substances. Likewise, if vegetation clearing (corta de vegetación) is carried out intensively, it could temporarily affect the springs through an evaporation effect, therefore it is requested that vegetation clearing be avoided as much as possible within the 100m protection radius of each of the springs. (...)" (folios 2015 to 2021 of the judicial file). In addition to the above, Engineer William Borge Quesada explained in his statement the reasons why the transmission lines do not affect water quality in the Matapalo springs. He added that in the construction phase, it is not required to use, store, or discharge toxic substances, but only the transport of construction material. This last aspect (no use of toxic waste) was also highlighted by witness Fidel Guevara Vega. The joint assessment of the cited evidence allows the Court to conclude that the execution of the SIEPAC Project Section CR-7, Portalón subsection does not harm the water springs of the ASADA of Matapalo de Aguirre, nor the quality of that resource.

As regards the landscape and scenic beauty of the Matapalo zone, we must state the following. It is undeniable that the execution of a project like SIEPAC will have an impact on that element of biodiversity, specifically regarding the installation of the towers and the stringing of the transmission lines. However, we consider that, again, we are dealing with impacts that were duly foreseen in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), as is evident from the addendum (adenda) itself. In that sense, we note that official letter DAP-156-2007 (technical report made on the occasion of the authorization of the addendum) already indicated that ICE officials were studying the possibility of using a single pole set (with the distribution line) with the objective of minimizing the visual impact (folio 1003 of the administrative file of SETENA, volume II). This was also confirmed by the Environmental Regent (Regente Ambiental) Ana Laura Araya Solera, who spoke extensively about the mitigation measures that were taken in this regard, both in the design phase and in the construction or implementation phase. In essence, she indicated that measures were established to mitigate the visual impact of the towers and the electric line layout, such as parallelism with other lines or poles (to unify impacts), placing the towers in midslope areas, using unequal legs, and painting them in colors consistent with the landscape to achieve a camouflaging effect. The Court considers that these measures balance the visual impact that the execution of the project may cause on the landscape. After all, this is a project declared of national interest that comes to solve and satisfy a public interest, such as the need for electrical energy. We consider that in this specific case, the development of this project was subjected to a technical and updated analysis of environmental variables, and the impact on the landscape was duly contemplated. From this perspective, we consider that the principle of sustainable development is not violated because the project is framed within the protection of a general interest, considering economic and social aspects (expressly contemplated in the addendum) while respecting environmental balance, so that it is preserved for present and future generations. Thus, the addendum to the environmental viability (viabilidad ambiental) integrated the variables of economic development, social justice, and environmental preservation. In addition to the above, if the execution or operation of the project causes damage not covered by mitigation measures or if these are insufficient, there are avenues for it to be claimed, even in the environmental management phase. In short, from the evidence brought to the proceedings, it is possible to conclude that neither the formally challenged conduct nor, in general, the execution of the SIEPAC project in the CR-07 Section, Portalón Subsection causes damage to biodiversity, and the impacts that will be generated on it have been duly foreseen in the environmental impact assessment and its addendum."

 

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Text of the resolution

  Administrative Appeals Court,

II Judicial Circuit of San José, Directorate04 

Central 2545-00-03                                                     Fax 2545-00-33

                         Email ...01

________________________________________________________________________

FILE:  09-002212-1027-CA

MATTER:   PREFERENTIAL PROCEEDING

PLAINTIFF: GRUPO UNIDO POR EL DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO SOCIAL DE SAVEGRE  (GUPEDUTSS)

DEFENDANTS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, THE STATE, EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.

ACTIVE COADJUVANT: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

   No. 133-2013-VI

            ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY APPEALS COURT. SIXTH SECTION. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at ten o'clock on the fourth of November of two thousand thirteen.

            Ordinary proceeding declared preferential interposed by GRUPO UNIDO POR EL DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO SOCIAL DE SAVEGRE (hereinafter GUPEDUTSS), an entity without legal personality represented by its special judicial attorney-in-fact Gerardo Jesús Zúñiga Esquivel, identity card CED82227 against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (hereinafter ICE), represented by its special judicial attorney-in-fact Ana María Bolaños Calderón, single, identity card CED30335 and resident of San Joaquín de Flores, the STATE represented by the procurador María del Rosario León Yanarella, identity card CED687 and resident of Nombre37415 and EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A. (hereinafter EPR), represented by its special judicial attorney-in-fact Claudio Zeledón Rovira, married, identity card CED31733 and resident of San José. Participating as active coadjuvant is the MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, represented by its special judicial attorney-in-fact Nombre142229 , single and identity card CED111796. Also intervening in the proceeding are the licensed attorneys José Miguel Guzmán Gutiérrez and Jorge Roberto Calderón Arias, in their capacity as special judicial attorneys-in-fact of ICE and EPR, respectively. All the physical persons are lawyers.

WHEREAS

             1.- The plaintiff files this proceeding so that, in essence, in judgment: 1) This proceeding is declared with merit. 2) The lack of valid environmental viability for the modification of the Portalón route of homogeneous section CR-07 of the Proyecto Sistema Interconectado Eléctrico para los Países de América Central (SIEPAC) and the nullity of the minutes of ordinary session No. 065-2007, held on May 30, 2007 by the Secretaría Técnica del Ambiente are declared. 3) The violation of the legal order and therefore, illegal action, by the appealed Administrations, in arbitrarily modifying the Portalón route of homogeneous section CR-07 of the SIEPAC Project is declared. 4) The sued Administrations are ordered to suspend all work and placement of the lines on the modified route. 5) The Administrations are ordered to construct and execute the SIEPAC Project in homogeneous section CR-07 on the originally traced route and for which the respective environmental viability exists. 5) The appealed Administrations are ordered to pay both costs (pleadings formulated at folio 16 of the judicial file, as adjusted and fixed during the sole hearing).

             2.- As a precautionary measure, the plaintiff requested the immediate suspension of any work tending to alter the original SIEPAC project in its CR-07 section, the suspension of any work or construction in the area in question that does not have environmental viability, the immediate stoppage of any work or construction near the mangroves, permanent springs (nacientes permanentes) and present and future aqueduct collection tanks (folios 13 and 14 of the judicial file, recording attached to the file).

             3.- Through resolution No. 2077-2009, issued orally on September 25, 2009, the Handling Judge granted the precautionary protection and ordered the immediate suspension of any work tending to execute the SIEPAC project in the section near the community of Matapalo, the suspension of any work or construction in the area that does not have environmental viability, and the immediate stoppage of any work or construction near the mangroves, permanent springs, and present and future aqueduct collection tanks that supply the community of Matapalo (digital backup attached to the file and minute visible at folios 104 and 105 of this folder).

             4.- At the hearing for the appeal of the precautionary measure before the Administrative and Civil Treasury Appeals Court, held on February 10, 2010, the active coadjuvancy formulated by the Municipalidad de Aguirre was admitted, which would take up the proceeding in the state it was in (folios 289 and 290 of this folder).

             5.- Through resolution No. 42-2010, at 14 hours 30 minutes on February 11, 2010, the Administrative and Civil Treasury Appeals Court revoked the cited resolution No. 2077-2009 and ordered the suspension of the construction works (which includes construction of towers and electric line stringing) of the SIEPAC Project, in section CR 07 until this proceeding is resolved by a final judgment. Likewise, it indicated that ICE could resort to the legally established channels in its Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres, for the purpose of entering properties to carry out the necessary field studies (folios 291 and 292 of the judicial file).

            6.- ICE answered the complaint and formulated the preliminary defenses of improper joinder of the litis and lapse, as well as the exceptions of lack of passive standing and lack of right. It requested that the complaint be declared without merit and that the plaintiff be ordered to pay both costs (folios 294 to 318, 443 and 444 of the judicial file).

             7.- Through resolution No. 1723-2010, issued at 8 hours on May 10, 2010, it granted the preliminary defense of improper joinder of the litis formulated by ICE and ordered the joinder of the Secretaría Técnica del Ambiente (hereinafter SETENA), the Ministry of Health, and the State to this cause, as defendants (folios 400 and 401 of this folder).

            8.- This proceeding was declared preferential through a resolution issued by this Court at 10 hours on June 10, 2010. In said order, it was clarified that, since they are bodies (SETENA and the Ministry of Health), the complaint would be served against the State (folios 421 to 424 of this brief).

             9.- EPR answered the complaint and formulated the exceptions of lack of passive standing and lack of right (folios 326 to 344 and 435 to 437 of the judicial file).

             10.- The state representative answered the complaint and formulated the preliminary defense of act not subject to challenge and the exception of lack of right. She requested that the complaint be declared without merit with the payment of both costs to be borne by the plaintiff, plus the interest they generate until their effective payment (folios 466 to 489 of the judicial file).

             11.- By order of 9 hours 11 minutes on December 2, 2011, the conciliation stage was declared unsuccessful (folio 1549 of the judicial file).

12.- By order of 15 hours on June 19, 2012, this Court, at the request of the parties, suspended the proceeding for a period of two months (folio 1670 of the judicial file).

            13.- In accordance with articles 60 subsection 3) and 70 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA), a single hearing was convened for the days of July 17 and 18, 2013. In that proceeding, the claims were fixed as described in Wherefore Clause first and ICE withdrew the preliminary defense of lapse. Also, the exception of act not subject to challenge formulated by the State was rejected. Finally, the parties expressed their desire to conciliate, reason for which the hearing was suspended to make way for a conciliation hearing (digital backup attached to the file).

            14.- By order of 9 hours 49 minutes on July 22, 2013, the conciliation phase was declared unsuccessful (folio 1923 of the judicial file).

           15.- This proceeding was initially filed, also, by the Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario (ASADA) of Matapalo de Aguirre, legal identification CED111797. However, through said entity, it withdrew from the cause and through resolution No. 116-2013-VI, issued at 15 hours 30 minutes on September 18, 2013, this Court terminated the proceeding initiated by the ASADA of Matapalo de Aguirre, without special award of costs, ordering the continuation of the processing of file No. 09-002212-1027-CA regarding the complaint filed by the Grupo Unido por el Desarrollo Urbano, Turístico Social de Aguirre.

 

16.- In accordance with articles 60 subsection 3) and 70 subsection 2) of the CPCA, the single hearing was held on the days of October 14 and 15, 2013, with the presence of all parties. In it, the precautionary protection granted to the plaintiff was modified and through resolution No. 125-2013-VI, EPR was authorized to proceed with the construction works of section CR-07, Matapalo sector, which, however, it may not put into operation until this Court so orders. The foregoing with the following limitations. The construction works must respect the two hundred meter protection radius of article 31 of the Ley de Aguas with regard to the springs. They must also respect the one hundred meter protection radius established in article 33 of the Ley Forestal, and the clearing of vegetation must be avoided as much as possible. They may not use, store, or discharge toxic substances. If necessary, they must submit to this Court a hydrogeological study authorized by SENARA, for the purpose of resolving what is appropriate. They must maintain a distance of thirty meters from plantations and fifty meters from the mangrove. It was reiterated that the granted precautionary protection does not include the operation of the towers and it was ordered that they must render a monthly report to the Court of what has been constructed. In addition, the claims were fixed as described in Wherefore Clause first. Likewise, what was done in the previous hearing was confirmed regarding the waiver of the preliminary defense of lapse raised by ICE and the rejection of the one for act not subject to challenge opposed by the State. Then, the disputed facts were fixed, the pertinent documentary evidence was admitted, and the statements of the admitted witnesses, expert witnesses, and the expert were given. Finally, the parties gave closing arguments and upon concluding these, the Court declared this proceeding as a complex one, for the effects of what is provided in article 111 subsection 1) of the cited Procedural Code, in relation to numeral 82, subsection 1), of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

            17.- In the proceedings before this Court, no nullities that must be corrected or that cause defenselessness have been observed. In accordance with articles 111 of the CPCA in relation to numerals 79 and 82 of its Regulations, after deliberation, the issuance, writing, and communication of this judgment proceeds within the legal term, with the writing of the presiding judge Abarca Gómez and the affirmative vote of judges Garita Navarro and Hess Araya. 

WHEREAS

             I.- Proven facts. Of importance for what is resolved, the following is taken as demonstrated: 1) Through Law No. 7848, of November 20, 1988, the Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central and its Protocol were approved (undisputed fact). 2) Through Law No. 8268, of May 3, 2002, loan contracts No. 1368/OC/CR: No. 003/SQ/CR and the State Solidarity Guarantee Contract, entered into between the Inter-American Development Bank, the Instituto Costarricense de Electricidad, and the Government of Costa Rica for the execution of the Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de Centroamérica (SIEPAC) were approved (undisputed fact). 3) On August 22, 2002, EPR presented to Nombre3456 the Preliminary Environmental Assessment form for the 240 KV electric transmission line (Costa Rica section) of the SIEPAC project, with the objective that the procedure to be followed for the environmental evaluation process be dictated and formal initiation thereof be given (folio 20 of the administrative file of SETENA, volume I). 4) Nombre3456 considered it necessary to conduct a public hearing process to ascertain the opinion and perception of the communities regarding the development of the SIEPAC Project. For such purposes, it requested the involved municipalities to recommend a suitable place to carry out the activity, taking into account the linear characteristics of the project. Of relevance, the Municipalidad de Aguirre was consulted via official letter SG-752-2004-(PREIA)-SETENA-6, of March 30, 2004 (folios 135 and 136 of the administrative file of SETENA, volume I). 5) The Municipalidad de Aguirre did not respond to the hearing granted (inferred from the administrative file of SETENA, volume I, and from resolution No. 646-2004-SETENA itself). 6) Through official letter ACOPAC-OSRAP-062-05, of February 7, 2005, the Subregión de Aguirre Parrita, of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC) issued a technical report corresponding to an inspection in the sector of Pasito, Portalón and Matapalo, with the purpose of determining the suitable sites for the future location of the electric transmission towers. Of relevance, it concluded that "(...) According to what was seen in the first inspection on the property of Mr. Nombre71147, it was determined that at no time will the location of these towers affect the mangrove ecosystems or any other present in the place. / In the second inspection it was determined that the first and second towers need certain adjustments with which they would not affect the mangrove ecosystems or others present in the place, and in the case of the third tower there is no problem in its current location. (...)" (folios 15 to 18 of the administrative file of Nombre3456 corresponding to the Addendum). 7) Through resolution No. 646-2004-SETENA, at 14 hours 45 minutes on May 3, 2004, the Secretaría Técnica Nacional del Ambiente ordered the holding, in Cañas, Esparza, and Palmar Sur, of the public hearing process for the SIEPAC Electric Transmission Lines Project, which would be held on June 9, 10, and 12, 2004, respectively. That resolution was communicated to the Municipalidad de Aguirre on May 4, 2004 (folios 201 and 230 to 232 of the administrative file of SETENA). 8) Through resolution No. 848-2005-SETENA, at 9 hours 55 minutes on April 19, 2005, the Secretaría Técnica Nacional del Ambiente approved the Environmental Impact Assessment and its Annex and granted environmental viability for the SIEPAC Project (undisputed fact, folios 908 to 920 of the administrative file of SETENA, volume II). 9) According to the approved environmental viability, section CR-7 of the SIEPAC Project was located in the Central Pacific and extended from the Savegre River to the sector of Pérez Zeledón (Lambert coordinates 133,492 North-572,112 West), for a total length of 50.85 Kilometers. It crossed the Savegre district of the canton of Aguirre and the Barú and San Isidro del General districts of the canton of Pérez Zeledón. Specifically, the line would pass through the towns of Silencio, Guabas, Pasito, Portalón, Dos Bocas, Tierras Morenas, Guabo, Magnolia, Tinamastes, Tumbas, Ceibo and Aguas Buenas (folios 322 to 330 of the administrative file of Nombre3456 corresponding to the Addendum). 10) Through resolution No. 04-2005-MINAE, of July 29, 2005, the public service concession in the transmission stage for the construction of the SIEPAC Project was granted to Empresa Propietaria de la Red S.A. (undisputed fact). 11) On December 19, 2006, EPR presented to Nombre3456 an Addendum to the Environmental Impact Assessment of the SIEPAC Costa Rica Transmission Line, Portalón Subsection, CR7 Section. The foregoing for the purpose of ruling on the advisability of a route change in that subsection (inferred from folio 1007 of the administrative file of SETENA, volume II). 12) Through official letter DAP-156-2007, the evaluators of Nombre3456 conducted an inspection of subsection CR7 to assess the proposed route change, granting a positive recommendation in this regard (folios 1002 to 1008 of the administrative file of SETENA, volume II). 13) In article 2 of ordinary session No. 65-2007-SETENA, held on May 30, 2007, the Plenary Commission of the Secretaría Técnica del Ambiente approved the route change in the line layout of section CR7, Portalón subsection, Quepos. The foregoing given that the environmental impact that would be generated was considered lesser, compared to the situation of maintaining the originally proposed layout, by avoiding areas with evident geological instability conditions and high environmental fragility, regarding biodiversity such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). 14) For the approval of the addendum to the Environmental Viability of Section CR-7, Portalón Subsection, Nombre3456 did not convene public hearings (administrative file of Nombre3456 corresponding to the Addendum, statement of Nombre114787). 15) Through official letter CP-217-2007, of May 31, 2007, the Secretaría Técnica del Ambiente communicated to EPR the approval of the route change in the line layout of section CR7, Portalón subsection, Quepos, including as part of the environmental commitments the MOPT's approval for the use of the Costanera Sur right-of-way corresponding to the section that would be affected by the route change and to constantly inform said Secretariat of any other modification that arises as the final route is being defined and to maintain the commitment to update in the file the acquisition of easements (servidumbres), especially regarding the Matapalo zone (folio 80 to 82 of the administrative file of ICE). 16) The transmission line layout that Nombre3456 approved for Section CR-7, Portalón Subsection begins with PI (point of inflection) Mar 2 located one kilometer north of the Costanera Sur highway (route 34) near the Savegre River. From that point it heads practically due south to PI Aceite 3 which is located immediately southeast of PI Costa 1, which is also located beside the Costanera, but on the south side of the town of Pasito. From this PI it continues in a southeast direction on the south side of the Costanera highway. Subsequently, other points of inflection are followed to the town of Matapalo, from there it crosses some farms to PI Dengue 1 from which the line continues with a NW heading until it retakes the original route again. The section has a length of 11.83 Km and an easement of 30 meters (folios 309 to 311 of the administrative file of Nombre3456 corresponding to the Addendum, 80 to 82 of the administrative file of ICE and map visible at folio 2136 of the judicial file). 17) Through Executive Decree No. 33973-MINAE, of Dirección17221, the SIEPAC Project was declared of public interest and national convenience (SCIJ query, folios 59 to 61 of the judicial file). 18) The SIEPAC Project satisfactorily meets the requirements of the Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía and the limits imposed therein (folio 68 of the administrative file of ICE, 1956 of the judicial file and statement of Engineer María Cordero Espinoza). 19) The modification of the transmission line route for Section CR-7, Portalón Subsection was based on technical conditions and socio-environmental restrictions, among them terrain instability, landslides, and the existence of Private Wildlife Refuges (Portalón and Transilvania), as well as opposition from neighbors (folios 22 to 28, 44 to 66, 80 to 82 of the administrative file of ICE, EIA and EIA addendum approved by Nombre3456, statements of Nombre114787 and Nombre142230). 20) To determine the change in the route layout of Section CR-7, Portalón Subsection, three alternatives were assessed: one suggested by ICE, another by the plaintiff group, and a third by several neighbors of the area. The second and third alternatives were discarded because they could generate a greater number of negative impacts on flora, fauna, soil, aquifer recharge zones, as well as on a greater number of dwelling houses and housing projects (folios 22 to 28 of the administrative file of ICE, expert report of MSc Karen Rodríguez Ledezma, statement of Nombre114787). 21) The current layout of the transmission lines of the SIEPAC Project, Section CR-7, Portalón subsection was subjected to discussion among the inhabitants of the Matapalo zone (folios 8 to 14 of the administrative file of ICE, statements of property owners visible at folios 202 to 211 of the administrative file of Nombre3456 corresponding to the Addendum. Inferred, also, from the statements of Nombre114787 and Nombre142230). 22) The execution of the SIEPAC Project Section CR-7, Portalón subsection does not affect the potable water springs of the ASADA of Matapalo de Aguirre, nor the quality of that resource (folios 1972 to 1970, 2003 to 2012, 2015 to 2020 of the judicial file, expert report of MSc Karen Rodríguez Ledezma and her trial statement, statement of William Borge Quesada). 23) The execution of the SIEPAC Project Section CR-7, Portalón subsection does not cause damage to the flora, fauna, or soils of the Matapalo de Aguirre zone (Environmental impact assessment and its addendum, expert report of MSc Karen Rodríguez Ledezma visible at folios 1647 to 1654 and 1663 and 1664, as well as her trial statement and statement of the environmental regent Nombre142231). 24) The execution of the SIEPAC Project Section CR-7, Portalón subsection does not cause damage to the mangroves of the Matapalo de Aguirre zone (folios 8 to 14 of the administrative file of ICE, Expert report of MSc Karen Rodríguez Ledezma: folios 1647 of the judicial file as well as her trial statement, statement of Nombre142231). 25) With the investigations carried out to date, it is not possible to conclude that the electromagnetic fields generated by the transmission lines of the SIEPAC Project in Section CR-7, Portalón subsection cause damage to the health of the inhabitants of Matapalo (folio 68 of the administrative file of ICE, 1956, 1967 to 1970 of the judicial file and statement of Engineer María Cordero). 26) The negative or positive impacts that the execution of the SIEPAC Project Section CR-7, Portalón subsection may cause on the environment, fauna and flora, water resources, and landscape of the Matapalo zone were foreseen in the Environmental impact assessment and its addendum, establishing the corresponding mitigation and compensation measures (Environmental impact assessment and its addendum, statement of the Environmental Regent Nombre142231 and expert report and statement of MSc Karen Rodríguez Ledezma). 26) It is currently neither technically nor environmentally possible to retake the original route of Section CR-7, Portalón subsection, of the SIEPAC Project (inferred from the expert report of MSc Karen Rodríguez Ledezma and from the statements of Nombre114787 and Nombre142230). 

             II.- Facts not proven.

Determinants for the resolution of this proceeding, the following are deemed unproven: 1) That the Ministry of Public Works had granted approval for the use of the Costanera Sur right-of-way referred to in the addendum to the environmental impact assessment authorized by Nombre3456 for the SIEPAC Project (there is insufficient evidence to reach that conclusion). 2) That at the time the addendum to the environmental impact assessment authorized by Nombre3456 for the SIEPAC Project was approved, a Regulatory Plan had been approved in the canton of Aguirre (there is a lack of proof). 3) That the residents of Matapalo, the plaintiff group, or the Municipality of Aguirre had requested Nombre3456 to hold a public hearing to discuss the addendum to the environmental impact assessment authorized by Nombre3456 for the SIEPAC Project (there is a lack of proof).

III. - Purpose of the proceeding. Based on the claims and arguments of the parties, the Tribunal considers that this proceeding fundamentally concerns the legality review of Article 2 of Ordinary Session No. 65-2007-SETENA, held on May 30, 2007, whereby the Plenary Commission of the Technical Environmental Secretariat authorized the route change in the layout of the line for Section CR-7, Portalón Subsection and an Addendum to the environmental viability (viabilidad ambiental) initially granted. The plaintiff considers that this addendum is invalid and ineffective. Specifically, it claims that it was adopted without convening a public hearing, questions that its validity has already expired, that the modification to the route layout is contrary to regulatory parameters and lacks technical support, and that it does not have the required permits from the Ministry of Public Works and Transport (hereinafter MOPT). It also alleges that the approved modification causes damage to ecosystems (water resources, flora, fauna, forests, mangroves, wetlands), to the scenic beauty and landscape of Nombre141207. Furthermore, it asserts that it causes damage to the health of the inhabitants of that community and imposes limitations on property rights. For all these reasons, it requests that the invalidity of the formally challenged conduct be declared and that the non-existence of environmental viability for the modification of the Portalón route of homogeneous section CR-07 of the SIEPAC Project be declared. As a consequence of the foregoing, it requests that the sued Administrations be ordered to suspend all work and placement of the lines on the modified route so that the construction and execution of the Project is carried out on the originally agreed route for which the respective environmental viability exists, namely, Resolution No. 848-2005-SETENA. Given the various statements provided by the litigating parties in support of their disputed positions, for what is considered better organization, the following sections will address each of the thematic axes raised in their grievances by the plaintiff entity, as well as the arguments of the defendants and the active coadjuvant, in order to avoid unnecessary reiterations, with due analysis, of course, of everything argued.

IV.- Initial delimitation. It is necessary to highlight that, as stated supra, in this proceeding only the legality of what was agreed in Article 2 of Ordinary Session No. 65-2007-SETENA is questioned, whereby, fundamentally, Nombre3456 authorized the route change in the layout of the line for Section CR-7, Portalón Subsection and an addendum to the environmental viability already granted. This is important because during its closing arguments, the special judicial representative of the plaintiff attributed a series of defects to Resolution No. 848-2005-SETENA, which approved the general environmental viability of the SIEPAC project, which, as the State representative rightly states, is not part of the conduct that is the subject of this litigation. Specifically, they stated that said resolution violates the principle of State sovereignty in environmental matters and the principle of non-regression, since during its approval process the preliminary evaluation form was not submitted, and through Resolution No. 55-2003-SETENA (preparatory and prior to Resolution No. 848-2005-SETENA) some terms of reference (which form part of the minimums and general ones established in Resolution No. 982-02-SETENA) were eliminated because the Inter-American Development Bank gave other terms at the Central American level. In this regard, it must be noted that such defects cannot be addressed in the legality review of this case for two fundamental reasons. First, because according to the claim set during the single hearing, the only formal conduct challenged is Article 2 of the cited Ordinary Session No. 65-2007-SETENA, that is, the addendum to the environmental viability for the route change; without questioning or requesting the nullity of Resolution No. 848-2005-SETENA. Note, even, that another of the claims is directed at the suspension of all work and placement of the lines on the modified route so that the construction and execution of the Project is carried out on the originally agreed route for which the respective environmental viability exists, precisely, Resolution No. 848-2005-SETENA, which is now attacked in the closing arguments. Second, these are novel arguments that the party did not raise during the proceeding but only until the closing arguments, which evidently also harms the right of defense of the defendants. The foregoing reasons prevent this Tribunal from reviewing the legality of Resolution No. 848-2005-SETENA, and that examination will be limited, as stated, to Article 2 of Ordinary Session No. 65-2007-SETENA, which is addressed below.

V.- Regarding the annulment claim. At this point, it must be indicated that EPR submitted to Nombre3456 an Addendum to the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) for the SIEPAC Costa Rica Transmission Line, Portalón Subsection, Section CR7. This was done so that they could rule on the advisability of a route change in that subsection. This request was considered, and in Article 2 of Ordinary Session No. 65-2007-SETENA, held on May 30, 2007, the Plenary Commission of Nombre3456 approved the route change and granted the requested Addendum. By official letter CP-217-2007, dated May 31, 2007, Nombre3456 notified EPR of the approval of the route change in the layout of the line for section CR-7, Portalón subsection, Quepos, including as part of the environmental commitments the approval of MOPT for the use of the Costanera Sur right-of-way corresponding to the section that would be affected by the route change, and to constantly inform that Secretariat of any other modification as the final route is defined, and to maintain the commitment to update in the file the acquisition of easements (servidumbres), especially regarding the Matapalo area. Thus, the transmission line layout approved by Nombre3456 for Section CR-7, Portalón Subsection begins at PI (point of inflection) Mar 2 located one kilometer north of the southern coastal highway (route 34) near the Savegre River. From that point, it heads practically due south to PI Aceite 3, which is located immediately southeast of PI Costa 1, which is also located beside the coastal highway, but on the south side of the town of Pasito. From this PI, it continues southeast along the south side of the coastal highway. Subsequently, other points of inflection follow until the town of Matapalo, from there it crosses some farms to PI Dengue 1, from which the line continues heading NW until it rejoins the original route. The section has a length of 11.83 km and an easement of 30 meters (pages 309 to 311 of the administrative file of Nombre3456 corresponding to the Addendum, 80 to 82 of the administrative file of ICE, and map visible on page 2136 of the judicial file). The first defect on which the plaintiff bases its annulment claim concerns the procedural element. It claims that the Addendum breached the processing of an environmental impact assessment and modified the original layout to another, completely departing from the environmental corridor (corredor ambiental) initially determined. The plaintiff group is correct in that the approved change departs from the environmental corridor that had been established in Resolution No. 848-2005-SETENA. However, the Tribunal finds no defect of illegality in this. It must be borne in mind that the SIEPAC Project consists, fundamentally, of creating a regional electricity market through the construction of towers to install 230 kw electricity transmission lines, as well as electrical substations throughout Central America. Taking into account the nature of the project, it is plausible that its execution requires adjustments, some of them for the purpose of protecting the environment. This was foreseen in Article 34 of Executive Decree No. 31849-MINAE-MOPT-MEIC, General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), in force at the date the addendum was requested. That regulation stated: "(...) Adjustments to the design of the activity, work, or project based on environmental considerations. The preparation of the Environmental Impact Assessment, and in particular the identification of environmentally fragile areas within the project area and its area of influence, as well as the results of the interaction process with communities near the area of the activity, work, or project, shall allow for adjustments to the design. In order to achieve its better and more effective insertion into the environment, within a framework of ecological balance. All these adjustments must be recorded and summarized in the EIA in the analysis of site selection and design alternatives. (...)." As will be seen later, in this case, the route modification was, among other reasons, because the environmental impact generated would be less, compared to maintaining the originally proposed layout, by avoiding areas with evident conditions of geological instability and high environmental fragility regarding biodiversity, such as wildlife refuges (pages 2121 to 2128 of the judicial file). Now, precisely because the new layout departed from the biological corridor established in the originally approved environmental viability, the corresponding addendum was requested and approved. This was declared by Nombre142231, environmental regent (regente ambiental) of the project, and Engineer Nombre114787. In that regard, the Tribunal finds no irregularity in the actions taken. Additionally, it is alleged that producing an addendum eliminated other steps that should have been followed if a new environmental evaluation had been requested. The plaintiff reiterates, again, that the preliminary evaluation form (formulario de evaluación preliminar) and the terms of reference were not submitted. In this regard, it must be reiterated that we are not dealing with a new project but with a modification of a layout or route of the transmission lines that had already been approved in the environmental viability approved in Resolution No. 848-2005-SETENA. Therefore, the appropriate course was, as happened, to authorize the corresponding addendum to the main instrument. It must be noted that the regulations in force at the time the addendum was requested (late 2006) did not establish a specific procedure for considering and resolving these types of adjustments. What existed was an agreement of the Plenary Commission of SETENA, approved in Article 29 of Ordinary Session No. 006-2006-SETENA, of January 24, 2006, which regulated a procedure for the environmental control and monitoring (control y seguimiento ambiental) of projects. Importantly, Article 14 indicates the requirements that must be observed to request modifications to projects, works, or activities that already have environmental viability or license. The regulation does not refer to the obligation to submit, again, the preliminary evaluation form or the terms of reference. It only established that a comparison between the originally approved works and the characteristics of the proposed modifications, as well as an analysis of the possible environmental impacts generated, must be provided. It also indicates the possibility of carrying out a verification inspection or, if warranted, requesting complementary information. Even the regulation establishes the possibility that the proposed modification may require a new evaluation instrument and the opening of a new file. In this specific case, this possibility was not exercised by the Plenary Commission of SETENA, so the Tribunal must assume that a new environmental evaluation instrument was not necessary. Note that the requirements required for the modification were met, as shown from page 1007 of the administrative file of SETENA, Volume II. Even the verification inspection was carried out, as stated in official letter DAP-156-2007, granting a positive recommendation for the modification of the selected route (pages 1002 to 1008 of the administrative file of SETENA, Volume II). Thus, the regulation in question did not require the resubmission of the preliminary evaluation form or the terms of reference, which speaks to the inadmissibility of the claim made. Furthermore, we consider that these are conditions that would be justified in the primary approval of the environmental viability but, in principle, not for modifications or addenda to that instrument. Therefore, we also find no illegitimate or arbitrary action by Nombre3456 or EPR on this point. It is also alleged that the cited Executive Decree No. 31849 established a two-year validity period for the environmental viability and that, if the addendum was approved in May 2007 and the project began to be executed in September 2009, it is clear that this period expired and there is no request for convalidation or extension. In this regard, we must point out that, indeed, Article 46 of Executive Decree No. 31849, already cited and in force at the time of the facts, established that "(...) The environmental viability (license), once granted, shall have a maximum validity of two years prior to the start of activities of the activity, work, or project. If, within that period, activities do not begin, the developer must request, prior to expiration, an extension of its validity before SETENA, in accordance with the procedure to be established in the EIA Manual. (Thus amended the above subsection by Article 7 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005). 2. Activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA shall be subject, in accordance with the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and these regulations, to a process of environmental control and monitoring under the terms established in these regulations. (...)." It must be kept in mind that we are dealing with a project in which both ICE and EPR participate, each with specific competencies. For example, ICE is responsible for the layout and design of the route on which the project will be executed, as well as matters related to easements and expropriations that are required. In this matter, we consider that the validity of the addendum to the environmental viability challenged here has not expired since there have been preparatory actions (whose execution required the approval of environmental viability) through which both ICE and EPR have carried out aspects related to the design and implementation of the project. For example, pages 8 to 14 of the administrative file of ICE contain various communications between ICE and the plaintiff group itself, dating from October and November 2007, as well as January 2008, referring to various meetings in which the possibility of implementing other alternative routes for the power line layout and the need to prepare technical studies for this purpose were evaluated. Strictly speaking, what has not begun is the construction phase of the project due, among other aspects, to the decision adopted, provisionally, by the Administrative Appeals Tribunal, in the interim relief stage. So much have the preliminary phases of the project been carried out that the interim relief initially granted authorized ICE to resort to the legally established means in its Acquisitions, Expropriations, and Easements Law, for the purpose of entering properties to carry out the necessary field studies. Therefore, we consider that the allegation is inadmissible and must be declared as such.

VI.- It is also questioned that the addendum to the environmental viability was approved without holding a public hearing so that the inhabitants of the community of Matapalo, as possible affected parties by the project, could express their views on the matter. The plaintiff group considers that said hearing is a legal requirement demanded for the granting of environmental viability. It refers to Article 6 of the Regulations for Regulating Electric and Magnetic Fields in Electrical Transmission Works (Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de Transmisión Eléctrica). In that sense, it should be noted that, as a derivation of the democratic principle contemplated in Articles 1 and 9 of our Political Constitution, there is recognition of the right of citizens to participate and contribute to the management of public affairs. To that extent, public entities must, as far as possible, promote and encourage citizen participation in decision-making. Environmental matters do not escape this. Article 50 of our Magna Carta establishes that "(...) The State shall procure the greatest well-being of all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities. (...)." This is a right belonging to the category of third-generation fundamental rights or solidarity rights, which are distinguished because they are held, not only against the State or individuals, but are demandable from society as a whole; since each of its components can and must dedicate a part of their sphere of freedom towards the protection of interests common to all persons. To guarantee its effectiveness, a series of guarantees have been recognized, among them, the right of citizen participation in environmental decision-making; that is, the right and duty of all persons to take part in the formation of public decisions concerning the protection of the environment, as it is essential for human well-being and the enjoyment of basic fundamental rights. It encompasses three fundamental components. First, the right of access to information on environmental matters, understood not only as the possibility of accessing information but of being informed in a timely manner by the authorities. Furthermore, the right to public participation, that is, the opportunity and possibility for persons who may be affected or who have an interest in a decision concerning the environment to express their criteria, opinions, points of view, or questions about it, without being subjected to specific formalities to be taken into account. Finally, the right of access to justice in environmental matters, which implies broad standing to request the review of measures taken in relation to the environment, especially when they consider that either of the two aforementioned aspects has been violated within the procedure. The right to participate in environmental decision-making finds protection, also, in the international regulatory framework, among others, in the Rio Declaration on Environment and Development (principles 10 and 19), the United Nations Declaration on the Human Environment (principle 23), the Regional Convention on Climate Change (Article 12, subsection f), the World Charter for Nature, adopted by United Nations General Assembly resolution number 37/7 of October 28, 1980 (point 16), the Declaration on the Right to Development, adopted by United Nations General Assembly resolution number 41/128, of December 4, 1986 (Article 8.2). Likewise, it is regulated in our legislation, among others, in the Organic Environmental Law (Law No. 7554) Articles 2, 6, 22, and 23, and the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) (Law No. 7788, of April 30, 1998), in its numerals 9, 10, and 95. Finally, it has extensive jurisprudential development, fundamentally, by the Constitutional Chamber. Thus, among others, we can cite judgments No. 2238-1996, of 14 hours 54 minutes on May 14, 1996, No. 6640-2000, of 9 hours 16 minutes on July 28, 2000, No. 3074-2002, of 15 hours 24 minutes on April 2, 2002, No. 5593-2012, of 16 hours 4 minutes on May 2, 2012, and No. 12645-2012, of 14 hours 30 minutes on September 12, 2012.

VII.- Now, in essence, in this proceeding it is claimed that this guarantee of participation in environmental decision-making was violated for the population of Matapalo, since the addendum to the environmental viability (which authorized the change of the transmission line route) was authorized without holding a public hearing to allow them to express their views. The claim requires an analysis of whether such a hearing constituted a mandatory requirement for the authorization of, in this case, environmental impact assessments and their addenda. On this issue, Article 95 of the Biodiversity Law (hereinafter LB) provides, in relevant part, that Nombre3456 must hold public hearings for information and analysis on the specific project and its impact, when it considers it necessary. For its part, numeral 56 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures establishes that, pursuant to cited Article 95, when any individual or legal entity requests Nombre3456 to hold a public hearing for information and analysis for a given activity, work, or project, the Plenary Commission of Nombre3456, by virtue of the magnitude of the potential environmental impact, shall determine, after prior technical assessment of the situations involved in its development, the need or not to hold it. If it decides not to hold the requested public hearing, said commission must determine the mechanism through which it will receive observations. Both regulations undoubtedly protect the right of citizen participation in environmental decision-making, through a public hearing in the authorization procedures for different environmental evaluation instruments or alternative mechanisms through which observations may be received. The foregoing is important because it allows distinguishing between the right of citizen participation in this type of matter and the public hearing as one of the instruments, but not the only one, to make that guarantee effective. Precisely for this reason, both the legal and regulatory provisions establish that Nombre3456 must decide in which situations that hearing is necessary, warning, however, that if it is not held, the means for receiving observations must be indicated. It is worth noting that both provisions were challenged before the Constitutional Chamber for being considered contrary to Articles 1 and 50 of the Political Constitution because they established the power of Nombre3456 to decide whether or not to hold public hearings for information and analysis on the specific project and its impact on the environment. However, in Ruling No. 012645-2012, issued at 14 hours 30 minutes on September 12, 2012, that Chamber confirmed the validity and constitutionality of these provisions and indicated, in relevant part, "(...) IV.- On the discretion of the National Environmental Technical Secretariat to hold the public hearing requested by individuals in environmental matters. The plaintiff alleges the unconstitutionality of Article 95 of the Biodiversity Law insofar as it allows the National Environmental Technical Secretariat to authorize or not a public hearing for information and analysis on a specific project and its impact; this latter aspect being developed in Article 56 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures, Decree No. 31849 of May 24, 2004, also challenged, and according to which, in response to the request for a public hearing, Nombre3456 must—before deciding on the need or not to hold such a hearing—assess, from a technical point of view, the situations involved in its development. In the challenged provision, SETENA is urged—if it decides not to hold the requested public hearing—to determine the mechanism through which it will receive observations. The plaintiff considers that such provision violates the right to health and the protection and defense of nature, because they do not establish clear parameters to define the advisability or not of the requested public hearing, but rather cite an indeterminate legal concept that allows arbitrariness, insofar as the decision to hold the hearing is taken restrictively by SETENA, and as has occurred in the Processing of the Environmental Impact Assessment for PH Reventazón, denies citizens and communities the possibility of effectively and timely defending the right to a healthy and ecologically balanced environment. In light of the jurisprudence cited in the previous Considering, the Chamber dismisses the claims of unconstitutionality expressed by the plaintiff, insofar as it is not true, as she claims, that Article 95 of the Biodiversity Law, developed by Article 56 of its Regulations, allows arbitrariness by the National Environmental Technical Secretariat to authorize or reject a public hearing by stating that such a hearing will be held “when it considers it necessary.” In the Chamber's opinion, such a phrase should not be understood out of context. Firstly, from the very challenged regulations, it can be deduced that the determination not to grant the requested public information hearing on a project with environmental impact can only be justified by SETENA—as the body responsible for carrying out the environmental impact assessment—based on objectively established criteria, that is: “after prior technical assessment of the situations involved in its development, the need or not to hold it” (Art. 56 of Executive Decree No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC). In addition to the objective parameter that constitutes the need to carry out a technical assessment of the situation, which allows discarding the public information hearing indicated in Art. 56 of the cited decree, Nombre3456 must comply with the requirement of Article 19 of the Organic Environmental Law, which is Law No. 7554 of October 4, 1995, according to which this body must rule by means of a duly grounded and reasoned resolution (Art. 19 Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995). Secondly, the challenged Article 95 of the Biodiversity Law establishes that, if the request for a public information hearing made by an individual or legal entity is rejected, Nombre3456 must “determine the mechanism through which it will receive the observations,” an option that clearly guarantees citizen participation in environmental matters in its two essential points already cited in the jurisprudence partially transcribed in the previous Considering, which are: the right to information regarding environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making on these matters (See, to this effect, judgment number 2001-10466). Thus, from the analysis of the challenged provisions of the Biodiversity Law in relation to the extensive jurisprudence developed by this Chamber, the cited international regulations, and particularly the Organic Environmental Law, it is inferred that Nombre3456's option not to hold the hearing requested in Article 95 of the Biodiversity Law, contrary to what the plaintiff claims, in no way eliminates the individual's guarantee of citizen participation in environmental matters, which, it bears repeating, is a basic pillar of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of our Magna Carta. As the Attorney General's Office rightly states in the report submitted to the Chamber: “It should not be lost from view that even if a public hearing is not held because the National Environmental Technical Secretariat does not consider it necessary, individuals can still have access to the administrative file and the environmental impact assessment, and make the statements they want and when they want, as we already explained earlier; therefore, the right of the inhabitants to due process would not be violated, to the point of suppressing it, nor would the democratic principle be contravened.”

Another aspect of interest is that the National Environmental Technical Secretariat cannot arbitrarily deny the holding of a public hearing; rather, its act of denial must be duly substantiated. This follows from the text of article 56 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures when it indicates that the determination of the need or not to hold one shall be made by SETENA after a prior technical assessment of the situations involved in its development.” V.- Conclusion. Based on the transcribed jurisprudential citations and other considerations expressed in this judgment, the Chamber considers that article 95 of the Biodiversity Law and article 86 of its regulation—insofar as they provide for SETENA's power to accept or reject a request for a public hearing in an environmental matter—do not eliminate the guarantee of community participation in environmental decision-making, nor do they jeopardize the guarantee of access to a healthy and ecologically balanced environment. The mechanism established by the challenged regulations and its exercise reveals a willingness on the part of SETENA, which must be supported by sufficiently justificatory, objective, and consistent technical reasons, directed at fulfilling the public interest they pursue, in protection of the environment (04781-2011). Thus, the expression “when it deems it necessary” in article 95 of the Biodiversity Law must be interpreted in the context of environmental regulations and principles, as the situation in which technical and objective criteria prevail, based on which the National Environmental Technical Secretariat deduces the need or not to hold a public hearing, in which case it must then ensure adequate citizen participation, for which it must implement measures that guarantee access to the administrative file, to the environmental impact study, and that any manifestations deemed pertinent are channeled at any time. As a corollary of the foregoing, it is appropriate to declare the action without merit, which is hereby ordered.(...)". Based on the foregoing, the issue to be elucidated is whether the addendum was authorized without a prior public hearing and, if so, whether that omission violated the right of the community of Matapalo to participate in environmental decision-making.

VIII.- From the facts that have been deemed accredited, it is observed that, initially, SETENA considered it necessary to carry out a process of public hearings to learn the opinion and perception of the communities regarding the development of the SIEPAC Project. For such purposes, it requested the involved municipalities to recommend a suitable place to carry out the activity, taking into account the linear characteristics of the project. As relevant, the Municipality of Aguirre was consulted via official letter SG-752-2004-(PREIA)-SETENA-6, dated March 30, 2004 (folios 135 and 136 of the administrative file of SETENA, volume I); and it did not respond to the hearing granted. Through Resolution No. 646-2004-SETENA, at 2:45 p.m. on May 3, 2004, the National Environmental Technical Secretariat ordered the public hearing process for the SIEPAC Electric Transmission Lines Project to be held in Cañas, Esparza, and Palmar Sur, which were held on June 9, 10, and 12, 2004, respectively. This resolution was also communicated to the Municipality of Aguirre on May 4, 2004 (folios 201 and 230 to 232 of the administrative file of SETENA). Finally, through Resolution No. 848-2005-SETENA, the Environmental Impact Study and its Annex were approved and environmental viability was granted for the SIEPAC Project (an undisputed fact, folios 908 to 920 of the administrative file of SETENA, volume II). The route alignment authorized in that environmental assessment instrument did not pass through the town of Matapalo de Aguirre. Subsequently, EPR submitted to SETENA an Addendum to the Environmental Impact Study of the SIEPAC Costa Rica Transmission Line, Portalón Sub-section, CR7 Section. The foregoing was so that a pronouncement could be made on the advisability of a route change in that sub-section (inferred from folio 1007 of the administrative file of SETENA, volume II). In Article 2 of the ordinary session No. 65-2007-SETENA, the route change in the alignment of the line for the CR-7 section, Portalón sub-section, Quepos, and an addendum to the originally approved viability were authorized. The foregoing was because the environmental impact that would be generated was considered minor, compared to the situation of maintaining the originally proposed alignment, by avoiding zones with evident conditions of geological instability and with high environmental fragility regarding biodiversity, such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). For the approval of this addendum to the Environmental Viability of Section CR-7, Portalón Sub-section, SETENA did not convene public hearings (administrative file of SETENA corresponding to the Addendum, statement of [Name114787]). However, it is the Court's criterion that this omission does not invalidate the decision contained in the addendum, for the following reasons. Pursuant to what was set forth in the prior Considering clauses, the decision regarding whether or not to hold a public hearing corresponds to SETENA, which can dispense with it based on objectively established criteria. In the specific case, we have that the hearing was omitted for the granting of the addendum to the initially authorized environmental instrument. In addition to the fact that the regulations in force at that time did not establish the need for such a hearing to authorize modifications to approved environmental impact studies, the truth is that SETENA did carry out a prior technical assessment of the situations involved in its development, which, we estimate, serves as the basis for the decision not to hold it. Indeed, via official letter DAP-156-2007, the evaluators of SETENA conducted an inspection in sub-section CR7 to assess the proposed route change, granting a positive recommendation in this regard (folios 1002 to 1008 of the administrative file of SETENA, volume II). As relevant, said report establishes that the alignment crosses only a small sector of the town of Matapalo and admits that in this sector there is repeated opposition from some owners to the passage of the lines. It recommends approving the route change, including as part of the environmental commitments to constantly inform SETENA of any modification that occurs as the final route is being defined and to maintain the commitment to update the file with information on the acquisition of easements (servidumbres), especially regarding the Matapalo zone. Thus, we estimate that the situation of the town of Matapalo was considered at the time the inspection prior to the granting of the addendum was conducted. Note, furthermore, that there is no record that the residents of that area had requested SETENA, neither before nor after the addendum, to hold a public hearing. On the other hand, it must be kept in mind that the hearing is only one of the instruments to make effective the right to participate in decision-making regarding environmental projects. From this perspective, it is the Court's criterion that the community of Matapalo has participated in the route change of the SIEPAC Project and that the current alignment of the transmission lines in Section CR-7, Portalón sub-section was subject to discussion among the inhabitants of that area of Matapalo. Such participation is inferred from folios 8 to 14 of the administrative file of ICE, from the statements of owners visible at folios 202 to 211 of the administrative file of SETENA corresponding to the Addendum, and is confirmed by the statements of [Name114787] and [Name142230]. These witnesses explain, even, that to determine the change in the route alignment of Section CR-7 Portalón Sub-section, three alternatives were evaluated for the Matapalo sector: one suggested by ICE, another by the plaintiff group, and a third by several neighbors of the area. The second and third alternatives were discarded because they could generate a greater quantity of negative impacts on flora, fauna, soil, aquifer recharge zones, as well as on a greater number of dwellings and housing projects (which is also accredited at folios 22 to 28 of the administrative file of ICE, the expert report of MSc Karen Rodríguez Ledezma, and the statement of [Name114787]). For the foregoing reasons, we estimate that the right of access to information regarding this project has not been violated (and the involved public and private authorities have fulfilled the duty to provide sufficient information) nor the right to public participation, as the inhabitants of Matapalo have been able to express their criteria, opinions, points of view, or questions, to the extent, even, of proposing alternatives to the route alignment. Finally, we estimate that access to justice has also not been harmed, since they have even been able to file this process. In our judgment, this exchange of information and participation constituted a valid alternative mechanism that guaranteed the effective participation of the residents of Matapalo in the SIEPAC Project (allowing them, even, to present alternative routes and discuss all alignment possibilities) and means that the absence of a public hearing does not violate the right to citizen participation. For the same reasons, article 6 of the Regulation to regulate electric and magnetic fields in electric power transmission works is not violated. Although this norm establishes that SETENA must hold a public hearing to allow persons who feel affected by the construction of facilities or electric power transmission works to be heard, we estimate that, as it is a regulatory norm, it must be interpreted in accordance with the legal norms and the constitutional jurisprudence that has been issued on the point. Thus, we estimate that, on the one hand, a public hearing had already been held when the original environmental viability was authorized. On the other, the fact that the addendum was not preceded by another hearing did not make it impossible for the residents of Matapalo to exercise the right to participate in environmental decision-making, as set forth. For all the foregoing, we estimate that the omission of the hearing does not constitute a substantial formality that makes it necessary to invalidate what was done, since the community participated in resolving the environmental issue embedded in the decision regarding the route change and had adequate access to the environmental information being discussed. Finally, it must be noted that the right to citizen participation in environmental matters is maintained throughout the implementation and execution of the project, so that, at the moment an injury to the components of the environment is perceived, the inhabitants of Matapalo can go to the respective instances for what is appropriate. By way of example, article 15 of the Regulation to regulate electric and magnetic fields in electric power transmission works establishes the obligation of the providers of the public electricity transmission service to inform community members about this type of project.

IX.- On the other hand, defects related to the grounds and content of the addendum to the environmental viability are alleged. Specifically, it is claimed that the change in the route alignment violates article 11 of the Regulation to regulate electric and magnetic fields in electric power transmission works. Said norm establishes that "(...) In the routing of transmission lines and location of substations, when faced with several technically and economically feasible alternatives, the one that is most friendly to the environment must be chosen. The transmission company must also demonstrate before the Ministry of Health or SETENA, as applicable, that in the finally chosen alignment the following aspects were taken into account: a) The corresponding local or regional regulatory plan approved by SETENA, where one exists; b) The greatest possible distance from populated areas; c) The greatest possible use of existing highways and roads for the location of structures; d) The application of criteria to minimize the visual intrusion of the works on the landscape; e) The least impact on protective zones, forest reserves, and wildlife refuges. (...)". However, a meticulous study of the formally challenged conduct allows us to discard the alleged injury since, contrary to what is claimed, the addendum did fundamentally consider the aspects referred to in the norm under discussion. Regarding subsection a), the existence of a local regulatory plan that should have been taken into account when authorizing the route change has not been accredited in this process. Rather, from the conclusions rendered by the special judicial representative of the Municipality of Aguirre, it seems that such a land-use planning instrument has not yet been approved. Next, we have that the addendum provided by EPR to SETENA contemplates the points regulated by the referred provision, as is clear from folios 124 to 185, 202 to 233, 243 to 265, 269 and 270, 288, 293 [NIE123] 300, 301, 305 to 311 of the administrative file of SETENA corresponding to the addendum. Next, from the considering part of the formally challenged conduct and the field inspection conducted for such purposes, it is clear that the points listed in the norm were indeed considered. It is indicated, for example, that "(...) iv. Furthermore, another of the arguments by which the developer justifies the proposed change and which could be verified during the inspection is the existence of two private wildlife refuges (Portalón and Transilvania), since the original path of the line affects said zones, with the possible environmental impacts that this would generate. With the modification of the proposed route, passage through said areas is avoided, since it mostly runs along existing roads, following the current electricity distribution line and the right-of-way of the southern coastal highway (photos 4 and 5). Additionally, according to technical report ACOPAC-ORRAP-062-05, from the Central Pacific Conservation Area, which is attached to the document presented by the developer, the currently proposed alignment does not affect the mangrove zones that are part of the Portalón Refuge. v. As noted above, the path along the new route follows already impacted lands such as palm plantations, the right-of-way of the national highway, and the alignment of the existing distribution line (photos 4, 5, and 6). The alignment crosses only a small sector of the town of Matapalo. (...)". Based on those existing grounds, it is ordered to authorize the addendum and the route change of the alignment of the lines and the transmission layout. Note that the operative part of the challenged act expressly indicates that with the new route, the environmental impact generated would be lower, compared to the situation of maintaining the originally proposed alignment, by avoiding zones with evident conditions of geological instability and with high environmental fragility regarding biodiversity, such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). The foregoing is also consistent with the expert report rendered by biologist Karen Rodríguez, according to which, in general, the positive or negative impacts that could be generated were foreseen in the approved environmental impact study (see in that sense folios 1647, 1649, 1651, and 1652 of the judicial file and her statement). In a similar sense, [Name142231], environmental regent of the SIEPAC Project, stated that both the Environmental Impact Study and its addendum contemplated a series of mitigation measures in the project design phase, including maintaining the legal distances or setbacks between towers and springs (nacientes) or water collection wells. Likewise, socioeconomic aspects related to magnetic fields and measures to reduce visual impact on the landscape were contemplated. Also, [Name142230] commented on the contemplated mitigation measures, including those that would be adopted in the construction phase near populations, among them, increasing the height of the towers and a minimum setback of 15 meters from houses. Even the environmental regent maintains that it is viable to consider the recommendations made by the expert on that topic and with respect to birds. Therefore, we estimate that the aspects indicated in article 11 of the referred regulation were indeed considered at the time of authorizing the addendum and they were, moreover, factual, technical, and legal premises that existed just as they were taken into account at the time of issuing the act (article 133 of the General Law of Public Administration). Furthermore, the content is legitimate, corresponding to the grounds, and proportional to the purpose insofar as it protects the public interests involved. We insist that according to the addendum itself, the environmental impact that would be generated was considered lower, compared to the situation of maintaining the originally proposed alignment, by avoiding zones with evident conditions of geological instability and with high environmental fragility regarding biodiversity, such as wildlife refuges (folios 2121 to 2128 of the judicial file). In a similar sense, expert Rodríguez Ledezma points out in her report, regarding the other route alternatives, that "(...) it could generate a greater amount of negative impacts on flora, fauna, and soil, since it is located on higher terrain, with greater forest cover (cobertura boscosa), and could even be affecting aquifer recharge zones. Likewise, it would affect some dwellings and housing projects (...)" (folio 1654 of the judicial file). It is not true, as affirmed, that the route modification lacked technical support. From the records and the evidence produced, it is viable to conclude that the modification of the route of the transmission lines of Section CR-7 Portalón Sub-section was based on technical conditions and socio-environmental restrictions, including terrain instability, landslides, and the existence of Private Wildlife Refuges (Portalón and Transilvania), as well as the opposition of neighbors (folios 22 to 28, 44 to 66, 80 to 82 of the administrative file of ICE, EIA and addendum to the EIA approved by SETENA, statement of [Name114787] and [Name142230]). Finally, the plaintiff alleges that EPR did not obtain permission from MOPT for the passage of the transmission line along the Costanera Sur. It refers to official letter [Placa27817], dated November 13, 2006, signed by the Executive Director of the Costanera Executing Unit. In that sense, the following should be noted. Pursuant to official letter CP-217-2007, dated May 31, 2007, by which SETENA communicated to EPR the approval of the route change in the alignment of the line for section CR-7, Portalón sub-section, Quepos, the approval of MOPT for the use of the right-of-way of the Costanera Sur corresponding to the section that would be affected by the route change was included as part of the environmental commitments (folio 80 to 82 of the administrative file of ICE). As the plaintiff asserts, in the cited official letter [Placa27817], MOPT considered it inappropriate to authorize the location of the proposed high-voltage electric line in the right-of-way of the Costanera Sur; this was communicated to ICE by the Vice Minister of that entity, in official letter DVOP-3389-2006, dated November 27, 2006, in which he also points out the possibility of evaluating additional options. As a first point, the Court considers that the authorization of MOPT to use the right-of-way of the route approved in the addendum is a condition that both ICE and EPR must comply with prior to the construction and execution of the towers and their electrical layout, because it forms part of the commitments acquired with the addendum, as stated. Subsequently, it has not been accredited that it has been obtained. The legal representative of EPR states that ICE can make use of the right-of-way because they are public domain assets that can be used for the achievement of public purposes. The Court respects but does not share that argument. By public domain we understand "(…) the set of assets subject to a special legal regime distinct from that which governs private domain, which in addition to belonging to or being under the administration of public legal entities, are affected or destined for public utility purposes and which manifests in the direct or indirect use that any person can make of them. (…)" (Judgment No. 3145, issued by the Constitutional Chamber at 9:27 a.m. on June 28, 1996). Indeed, the public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest (article 264 of the Civil Code). They are things that do not belong individually to private parties and that are destined for public use and subject to a special regime, outside the private commerce of men. The public domain offers special protection to the assets that comprise it. In this sense, among its characteristics are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, and outside the private commerce of men, in the sense that they are not susceptible to private appropriation. However, the public entity can grant use permits or authorizations, as well as exploitation rights to private subjects through use concessions. From this perspective, the public domain nature of the right-of-way does not imply, as affirmed, a presumption of a right of use by ICE. On the contrary, that public entity is also subject to the principle of legality and must, as required by the authorized addendum, obtain the respective authorizations from MOPT for its use. Now then, the Court considers that not having that authorization to date does not constitute a defect capable of invalidating the referred addendum. On the one hand, the cited official letter [Placa27817] constitutes a technical report that does not entirely rule out the possibility of evaluating other options for the location of the high-voltage electric line in the right-of-way of the Costanera Sur. That possibility remains open, as can be deduced from the referred official letter DVOP-3389-2006. On the other hand, it cannot be ignored that the referred authorization was required as part of the environmental commitments, which is why its compliance will be assessed in the environmental management phase of the project. In addition to the foregoing, we estimate that the assessment that MOPT ultimately makes must take into consideration the nature of the infrastructure to be developed (towers and electrical layout) and that, according to the established design, its installation will not be carried out on the corridor of the Costanera Sur but rather transversally. For all the foregoing, the Court is of the opinion that ICE must obtain the referred authorization but that its omission, at this procedural stage, is not capable of generating absolute nullity of the addendum (article 223 of the LGAP) and that its compliance is an aspect that must be verified in the environmental management phase.

X.- Regarding damages to biodiversity. The plaintiff claims that the modification of the route alignment causes damages to different components of biodiversity. As a first aspect, it is appropriate to distinguish between environmental damage and impact. Environmental impact is the effect that an activity, work, or project, or any of its actions and components has on the environment or its constituent elements. It can be positive or negative, direct or indirect, cumulative or not, reversible or irreversible, extensive or limited, among other characteristics. It differs from environmental damage, to the extent and at the moment that the environmental impact is evaluated in an ex-ante process, in such a way that aspects of prevention, mitigation, and compensation can be considered to diminish its scope on the environment. For its part, environmental damage is the negative environmental impact, not foreseen, not controlled, nor planned in an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process (evaluated ex-ante), produced directly or indirectly by an activity, work, or project, on all or any component of the environment, for which no prevention, mitigation, or compensation measure was foreseen and which implies an alteration valued as having high Environmental Impact Significance (SIA). According to the environmental impact study and its addendum, the execution of the SIEPAC project causes impacts that have been duly covered by mitigation and compensation measures. The different pieces of evidence submitted to the process confirm that aspect. Let us see. Regarding flora, fauna, and forest, we have that in official letter ACOPAC-OSRAP-062-05, dated February 7, 2005, the Aguirre Parrita Sub-region, of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) rendered a technical report corresponding to an inspection in the sector of Pasito, Portalón, and Matapalo, with the purpose of determining the suitable sites for the future location of the electric transmission towers. As relevant, it concluded that "(...) According to what was seen in the first inspection on the property of Mr. [Name71147], it was determined that at no time will the location of these towers affect the mangrove ecosystems or any other present at the site. / In the second inspection, it was determined that the first and second towers need certain adjustments with which they would not affect the mangrove ecosystems or others present at the site, and in the case of the third tower, there is no problem in its current location. (...)" (folios 15 to 18 of the administrative file of SETENA corresponding to the Addendum). There is also official letter DAP-156-2007, which outlines the results of the inspection conducted by the evaluators of SETENA in sub-section CR7 to assess the proposed route change, granting a positive recommendation in this regard, which later constitutes a premise of the challenged act (folios 1002 to 1008 of the administrative file of SETENA, volume II). It is indicated, for example, that with the modification of the proposed route, passage through two private wildlife refuges is avoided and that the new route follows lands that have already been impacted, such as palm plantations. The expert report rendered both in written and oral form by Biologist Karen Rodríguez Ledezma coincides with some of these observations. The expert states that in the area of pastures and soils, the transmission lines would not generate damages but rather impacts that are duly contemplated in the environmental impact study. She also mentions that in the area going from Punto Chamo to Nube 3, the lines pass through paddocks, timber extraction farms, and scrublands, meaning it is an already altered and exploited area where no large-scale negative impacts are observed that are not contemplated in the environmental impact study with their respective mitigation measures. In general, she concludes that "(...) No negative impacts on flora and fauna are identified that did not exist before this project was carried out, since deforestation is evident, nor is it believed that they will be generated after its construction. (...)" (folio 1664 of the judicial file). Regarding fauna, the expert only recommends the inclusion of a structure that functions as a fully insulating perch to avoid the risk of bird electrocution. Finally, the environmental regent of the project, [Name142231], rendered an extensive statement in which she explained the impacts that were foreseen in the environmental impact study regarding the design and installation of the transmission lines in the Portalón de Aguirre sub-section. Thus, for example, regarding biota, she indicated that different impacts were foreseen in habitat fragmentation (fraccionamiento de hábitats) and losses of faunal species due to the construction of new roads, tree cutting, and vegetation removal, with the respective mitigation measures. She concluded that the design of the section discussed here complies with the foreseen environmental mitigation measures and that, even, if necessary, others could be implemented, including those indicated by expert Rodríguez Ledezma. In relation to mangroves, we refer again to the cited official letter ACOPAC-OSRAP-062-05, according to which "(...) According to what was seen in the first inspection on the property of Mr. [Name71147], it was determined that at no time will the location of these towers affect the mangrove ecosystems or any other present at the site. / In the second inspection, it was determined that the first and second towers need certain adjustments with which they would not affect the mangrove ecosystems or others present at the site, and in the case of the third tower, there is no problem in its current location. (...)" (folios 15 to 18 of the administrative file of SETENA corresponding to the Addendum). The cited official letter DAP-156-2007 indicates that the alignment does not affect the mangrove zones that are part of the Portalón Refuge.

Finally, expert witness Rodríguez Ledezma states that the route of the transmission lines is at a considerable distance from the mangrove and therefore poses no potential unrecoverable negative effect on it, provided a minimum distance of fifty meters from the mangrove is respected and that, in any case, the impacts are those contemplated in the mitigation measures (folios 1648 and 1649 of the judicial file). In her statement, she also indicates that there are no mangroves exactly where the transmission lines pass. As for the water resource, we have that expert witness Rodríguez Ledezma warns that in the Matapalo area there are two springs (nacientes) declared by AyA that are essential for the community's drinking water supply. She indicates that "(...) In this specific area, it is known that no construction can take place near these springs (nacientes), so there must be a 200m setback according to the Water Law (Ley de Aguas), which is known and taken into account by ICE. (...)" (folio 1652 of the judicial file). In addition to the above, we have that through official communications SGG-2013-548, of July 3, 2013, the Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados forwarded to the SIEPAC Project Directorate a copy of technical reports SUB-G-AID-UEN-GA-2013-805, prepared by the Director of River Basins of that entity, and concluded that "(...) the proposed layout identified as alternative 1 for the high-voltage power line easement (servidumbre) passes approximately 170 meters from the captured spring (naciente) of the ASADA of Matapalo. We provide a summary sketch integrating ICE's information and the location of the captured spring (naciente) of the ASADA of Matapalo, with approximate distances and a 200-meter protection buffer in accordance with current environmental legislation. (...)" (folios 1962 to 1965 of the judicial file). Technical report SUB-G-AID-UEN-PyC-2013-824 was also forwarded, prepared by the Director of the UEN Programming and Control, who concluded "(...) I can confirm that the springs (nacientes) of the ASADA of Matapalo de Aguirre will not be affected by the passing of the high-voltage lines that ICE will extend for the SIEPAC project. (...)" (folios 1962, 1963, 1966 of the judicial file). Furthermore, through official communication SUB-G-AID-UEN-AP-2013-1517, of July 2, 2013, the AyA Projects Administration evaluated whether the springs (nacientes) of the Matapalo locality could be affected by magnetic fields. In this regard, it determined that "(...) the fields induced by the high-voltage electric line easement (servidumbre) are at values lower than those permitted by WHO and the drinking water springs (nacientes) are not affected, given that water is an equipotential element to ground, and cannot be affected by the intensity or density of a magnetic flux. (...)" (folios 1967 to 1970 of the judicial file). Similarly, in official communication DIGH-UGH-OF-218-2013, of September 3, 2013, the Directorate of Water Research and Management of the National Groundwater Service concluded that "(...) the SIEPAC Project is partially located within the protection zone established in articles 33 of the Ley Forestal; however, an impact on the springs (nacientes) from the project's development is not foreseen, given the conditions indicated above, provided that the project's operation does NOT require the use, storage, or discharge of toxic substances. Likewise, if vegetation clearance is carried out intensively, it could temporarily affect the springs (nacientes) through an evaporation effect, which is why it is requested that vegetation clearance be avoided, as much as possible, within the 100m protection radius of each of the springs (nacientes). (...)" (folios 2015 to 2021 of the judicial file). In addition to the above, Engineer William Borge Quesada explained in his statement the reasons why the transmission lines do not affect water quality in the springs (nacientes) of Matapalo. He added that, during the construction phase, there is no need to use, store, or discharge toxic substances, only the transport of construction material. This last aspect (non-use of toxic waste) was also highlighted by witness Nombre142230. The joint assessment of the cited evidence allows the Court to conclude that the execution of the SIEPAC Project, Section CR-7, Portalón sub-section, does not harm the water springs (nacientes) of the ASADA of Matapalo de Aguirre, nor the quality of that resource. Regarding the landscape and scenic beauty of the Matapalo area, we must point out the following. It is undeniable that the execution of a project like SIEPAC will affect this element of biodiversity, specifically regarding the installation of towers and the stringing of transmission lines. However, we consider that, again, we are dealing with impacts that were duly foreseen in the environmental impact study (estudio de impacto ambiental), as can be inferred from the addendum (adenda) itself. In that sense, we have that official communication DAP-156-2007 (a technical report made on the occasion of the addendum (adenda) authorization) already indicated that ICE officials were studying the possibility of using shared poles (with the distribution line) to minimize the visual impact (folio 1003 of the SETENA administrative file, volume II). This was also confirmed by Environmental Regent Nombre142231, who spoke extensively about the mitigation measures taken in this regard, both in the design phase and in the construction or implementation phase. Essentially, she indicated that measures were established to mitigate the visual impact of the towers and the power line easement (servidumbre), such as parallelism with other lines or poles (to unify impacts), placing towers in mid-slope areas, using unequal legs, and painting them in colors matching the landscape to achieve a camouflage effect. The Court considers that these measures balance the visual impact that the project's execution may cause on the landscape. Ultimately, it is a project declared of national interest, which comes to solve and satisfy a public interest, such as the needs for electrical energy. We consider that in this specific case, the development of this project was subjected to a technical and updated analysis of the environmental variables, and the impact on the landscape was duly contemplated. From this perspective, we consider that the principle of sustainable development is not violated because the project is framed within the protection of a general interest, considering economic and social aspects (expressly contemplated in the addendum (adenda)) while respecting the environmental balance, so that it is preserved for present and future generations. Thus, the addendum (adenda) to the environmental viability integrated the variables of economic development, social justice, and environmental preservation. In addition to the above, if the execution or operation of the project causes damage not covered by mitigation measures or if these are insufficient, there are avenues through which a claim can be made, even in the environmental management phase. In short, from the evidence presented in the process, it can be concluded that neither the formal conduct challenged nor, in general, the execution of the SIEPAC project in section CR-07, Portalón sub-section, causes damage to biodiversity, and the impacts that will be generated on it have been duly foreseen in the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and its addendum (adenda).

XII.- Regarding damages to the health of the Matapalo population. It is also claimed that the transmission lines will cause damage to the health of the inhabitants of Matapalo, due to the effect of electromagnetic waves. This is a matter regulated in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE, Regulation to Regulate Electric and Magnetic Fields in Electric Power Transmission Works (Reglamento para regular campos eléctricos y magnéticos en obras de transmisión de energía eléctrica). This regulation aims to regulate the permissible values of density levels of electric and magnetic fields induced by electric power transport facilities, as a preventive measure for public health, as well as the environmental conditions to be considered in the planning, design, construction, maintenance, and operation stages of such facilities. Article 4 establishes the competent authority to apply these provisions as the Ministry of Health (Ministerio de Salud), through the Directorate for the Protection of the Human Environment (Dirección de Protección al Ambiente Humano), which must supervise and control its compliance as well as any technical standard established regarding protection radii for human health. Article 9 establishes that no transmission works may be designed or operated whose magnetic field magnitude exceeds 15 micro Teslas (equivalent to 150 milli Gauss) at the edge of the easement (servidumbre), for permanent human exposure, except for values previously established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice. The corresponding measurement must be taken at one meter in height and under normal operating conditions. Likewise, the regulation imposes a series of limitations and obligations on companies providing electric power transmission services. Now, according to the case records, the transmission lines at issue here are 230 KW, a voltage that, according to the documentary evidence provided to this process, is within the limits permitted by the aforementioned regulation. Indeed, official communications UN-092-2010, of March 12, 2010, and DPAH-UASSAH-600-2013, of September 3, 2013, the latter issued by the Health Service Administration Unit in Human Environment of the Directorate for the Protection of the Human Environment of the Ministry of Health, show that the electric power transmission work of the SIEPAC Project complies with the permissible limits established in articles 8 and 9 of the aforementioned Regulation (folio 68 of the ICE administrative file, 1956 of the judicial file). According to the evidence assessed, electromagnetic fields are a combination of electric and magnetic waves that move simultaneously and propagate at the speed of light (folio 1967 of the judicial file). Now, ionizing radiations are those with a wavelength greater than that of visible light, while non-ionizing ones have a wavelength less than that of visible light. On this point, Engineer María Cordero Espinoza explained, in essence, that ionizing radiations "are on the right side of visible light, interact with matter, and it is proven that by having interaction they cause harm to human beings," while non-ionizing radiations "are located on the left side of visible light and do not have that capacity to interact with matter nor are they harmful." She indicated that the electromagnetic fields associated with transmission lines are classified as non-ionizing radiations, and with the epidemiological studies that the World Health Organization has conducted to date, it has not been scientifically possible to conclude that they constitute a risk to human health. A similar conclusion was reached by the AyA Projects Administration in official communication SUB-G-AID-UEN-AP-2013-1517, of July 2 of this year, when evaluating the behavior of electromagnetic fields generated by the passage of high-voltage currents in the stringing of the SIEPAC project lines over the drinking water springs (nacientes) in the community of Matapalo. It agrees with Nombre142232 that these electric transmission lines generate non-ionizing radiations. It adds that, according to the studies conducted, the main biological effect of this type of radiation is "(...) heating, depending on the intensity it produces the induction of small electric currents in tissues and does not generate damage. (...)". It concludes, relevantly, that "(...) the water contained in the spring (naciente) and conducted through pipes to homes is not capable of transporting the electromagnetic field generated by the high-tension cables located above the spring (naciente). /The effect on human beings could only be generated if these are found within the area affected by the electromagnetic field, which is why the WHO established the maximum permitted parameters; these are presented in table No. 1 of this document, and when comparing them with the measurement data provided by ICE, we can observe that the exposure values are lower than the ranges established in the mentioned table and which are those accepted by the World Health Organization (WHO) (...)" (folios 1967 to 1970 of the judicial file). From the evidence assessed, the Court concludes that, in the current state of affairs, there is no evidence, indications, proof, or scientific mechanisms that allow deducing that the electromagnetic fields associated with transmission lines interact with biological material in such a way as to put it at risk. Therefore, it is also not possible to conclude that they cause damage to the population's health. Rather, for now, research allows us to affirm that they are not harmful. It must be insisted, yes, that, as Mrs. Cordero well indicated, this is information and knowledge subject to studies and procedures aimed at discovering new evidence that may lead to different conclusions. So much so that article 10 of the aforementioned regulation states that the Ministry of Health, together with the Regulatory Authority for Public Services, will propose modifications to the limits for the electric field and magnetic field established in the referenced regulation, when scientific research demonstrates that they are harmful to health and international parameters have changed; which, according to the statement of Engineer Cordero, has not happened, and the regulated limits remain in force. Furthermore, the same professional points out that, although there have been no complaints from the Matapalo area, measurements of these fields can perfectly be made when required. For the foregoing reasons, the Court considers that from the evidence produced and the research conducted to date by the WHO, it is not possible to conclude that the execution of the SIEPAC Project, Section CR-7, Portalón sub-section, causes damage to the health of the inhabitants of Matapalo. Although the plaintiff group accuses a violation of the principle of non-regression insofar as the regulatory norm foresaw lower limits than those the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) had allowed at the time; the truth is that such a claim is untenable because the regulatory norm that currently establishes what the permissible limits are is not challenged. The fact of the matter is that it is a current provision and complied with by the defendants, as stated. The alleged violation of the Precautionary Principle is also not acceptable. According to the evidence produced, the scientific research conducted allows us to point out that, to date, non-ionizing radiations (including those associated with electric transmission lines such as those at issue here) do not cause damage to human health or the environment. Therefore, in application of the Preventive Principle, we reiterate that article 10 of the aforementioned regulation makes clear the State's duty to propose modifications to the limits for the electric field and magnetic field when scientific research demonstrates that they are harmful to health and international parameters have changed. In the same vein, article 15 of that regulatory norm provides that, at least every six months, the providers of this type of service must broadly inform all interested parties of the most relevant scientific research and pronouncements carried out internationally on electric and magnetic fields and their relationship to human health, noting that any available technological or communication means will be used so that the information reaches the affected parties. Therefore, the claim is unfounded.

XIII. Regarding the imposition of limitations on property rights. This is a topic that was addressed by the plaintiff during the single hearing. In general, it was claimed that the execution of the route modification of section CR-7, Portalón sub-section of the SIEPAC Project imposed limitations on property. In this regard, the following must be noted. In principle, imposing limitations on property rights (such as easements (servidumbres)) or even expropriating them are powers that are legitimately recognized to ICE in the execution of this type of public interest project, as long as they are exercised in accordance with the requirements demanded by the legal system in each case. The object of this process, as established in the single hearing, does not include the analysis of the exercise of ICE's expropriation power, which would prevent the Court from considering any claim in that regard. In addition to the above, the plaintiff does not specify which are the cases in which these powers have been exercised arbitrarily, nor does it explain the grounds on which its assertions are based, much less does it specify which are the cases in which the limitations imposed were arbitrary, illegal, or entailed an emptying of the property right. Therefore, we consider that the claim is untenable and must be declared as such.

XIV. Corollary. Based on all the foregoing recitals (considerandos), the Court considers that the formal conduct challenged, namely, article 2 of ordinary session No. 65-2007-SETENA, held on May 30, 2007, by which the Plenary Commission of Nombre3456 approved the route change in the layout of the line of section CR-7, Portalón sub-section, Quepos, of the SIEPAC Project, is substantially in conformity with the legal system. As such, this route modification does have a valid environmental viability, without there being any action by the defendants that is illegitimate or arbitrary. The foregoing, given that the formal conduct challenged respected both the current block of legality and the rules of science and technique. On the other hand, it has also not been demonstrated that the route modification in the referenced section causes damage to the biodiversity of the Matapalo area or to the health of its inhabitants. In turn, the expected impacts were duly foreseen, and the corresponding mitigation and compensation measures were adopted. In addition to the above, the decision to modify the route was founded, essentially, on technical and socio-environmental reasons. Therefore, there is no legitimate reason for this Court to order the execution of the project along the originally traced route, since that route was not technically or environmentally viable, as was demonstrated. It was also not found that the rights of the plaintiff were harmed during the route modification process.

XV.- Regarding the exceptions. Both ICE and EPR raised the exceptions of lack of standing to be sued (legitimación pasiva) and lack of right, the latter also raised by the State. The defense of lack of standing to be sued must be rejected. The plaintiff questions the legality of material actions of ICE and EPR, and, as such, the requirement established by article 12 of the CPCA is met. However, the exception of lack of right raised by all defendants must be upheld. The foregoing, given that, as set forth in the previous Recitals (Considerandos), the formal conduct challenged is substantially in conformity with the legal system and must be declared as such. The foregoing entails the dismissal of the claim in all its parts.

XVI.- Regarding the provisional remedy. In order to protect the object of the process, it is the criterion of these judges that the provisional remedy established in the single hearing through resolution No. 125-2013-VI must remain in force until this resolution becomes final.

XVII.- Regarding procedural costs (costas). Article 193 of the CPCA provides that procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the sole fact of being so. Exemption from this ruling is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient cause to litigate, or when the judgment is handed down by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, we consider that there is sufficient cause to litigate, given that the plaintiff group was acting in pursuit of diffuse interests, such as the environment and health, and because it involves a matter of technical complexity.

THEREFORE (POR TANTO)

The exception of lack of standing to be sued raised by ICE is rejected. The exception of lack of right raised by the defendants is upheld. The claim is declared without merit in all its parts. The provisional remedy established through resolution No. 125-2013-VI, of October 14, 2013, is maintained in force until this ruling becomes final. This matter is resolved without special ruling on costs (costas).

Cynthia Abarca Gómez

José Roberto Garita Navarro                                                 Christian Hess Araya

EXPEDIENTE: 09-002212-1027-CA

ASUNTO: PREFERENT PROCESS

ACTORES: ASADA DE MATAPALO DE AGUIRRE, GRUPO UNIDO POR EL DESARROLLO URBANO, TURÍSTICO SOCIAL DE SAVEGRE  (GUPEDUTSS) DEMANDADOS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EL ESTADO, EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.

COADYUVANTE ACTIVO: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

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