Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“No lleva razón la recurrente sobre sus agravios, en cuanto a la imposibilidad de los particulares de inscribir bienes con bosques dentro o fuera de las áreas silvestres protegidas, toda vez que sí es posible titular en terrenos con cobertura boscosa en tanto se demuestre la protección al recurso natural.”
“Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias).”
“En el caso que nos ocupa, se pretende titular un terreno con un área de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco metros cincuenta y un decímetros, descrito en plano catastrado A-uno cero siete cinco cinco dos ocho-dos mil seis, en donde se indica que el terreno es de montaña, café y potrero … Nótese que en cuanto a la protección del recurso forestal, en la diligencia de reconocimiento judicial el a quo estableció: 'Durante todo el recorrido solo se observó una naciente … los sectores boscosos o montañosos se observan conservados, no se observa corta o eliminación de árboles …’.”
English (translation)“The appellant’s grievances regarding the impossibility of private individuals to register forested properties inside or outside protected wild areas are not well-founded, given that it is indeed possible to title lands with forest cover provided protection of the natural resource is demonstrated.”
“Alongside this heritage, private property also exists. Throughout the evolution of forestry legislation, possessors of properties who had already consolidated their ownership right through adverse possession were granted the opportunity to title them. This possibility is given through compliance with the requirements of the Possessory Information Law, and therefore it is expressly authorized to title lands located in protected wild areas, whatever their management category, to obtain a registrable title in the Public Registry, upon proof by the applicant of possession for more than 10 years prior to the date the law or decree creating such wild area came into effect (articles 1 and 7 of the Possessory Information Law).”
“In the case at hand, the party seeks to title a lot measuring forty-four thousand four hundred ninety-five square meters and fifty-one decimeters, described in cadastral map A-1075528-2006, where the land is indicated as mountain, coffee and pasture … It should be noted that regarding the protection of the forest resource, the lower court stated in the judicial inspection: ‘Throughout the entire walk only one spring was observed … the forested or mountainous sectors appear preserved, no cutting or elimination of trees is observed …’.”
Judgment upheld
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00303 - 2013 Fecha de la Resolución: 22 de Marzo del 2013 a las 15:55 Expediente: 07-000062-0815-AG Redactado por: Blanca Iris Navarro Miranda Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *070000620815AG* EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA ACTOR/A: LDL INCORPORATED LTDA DEMANDADO/A VOTO N° 303-F-13 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y cincuenta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil trece.- Proceso de INFORMACIÓN POSESORIA, promovido por L.D.L INCORPORATED LTDA, cédula jurídica número CED1 - - por [Nombre1] , de único apellido por razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, casado, empresario de bienes raíces, vecino de Alajuela, pasaporte de su país número CED2 . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de Procuradora Adjunta y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 - - , representado por la licenciada Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED4 - - , en calidad de Apoderada General Judicial y, el Licenciado José María Penabad Bustamante , carné tres siete nueve nueve. Tramitado en el Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela,San Ramón. RESULTANDO 1.- El promovente interpuso información posesoria, con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así:" Terreno de montaña, café y potrero, sito en el [Dirección1] , , de la provincia de Alajuela, linda Norte: [Dirección2] , [Nombre2] , [Nombre3] y [Nombre4] ; al Sur y Oeste: [Nombre5] ; Este: [Nombre4] y Nido de las Nubes S.A., Mide: cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco metros con cincuenta y un decímetros cuadrados, todo de conformidad con el plano catastrado A-uno cero siete cinco cinco dos ocho-dos cero cero seis, del 5 de junio del 2006. (ver imagen 6, 18, 19, 20 del legado principal agregado al expediente electrónico el 26 de setiembre del dos mil doce) 2.- Se tuvo como partes a la Procuraduría General de la República en los términos que corre en imagen 80 a 83 del Legado Principal del expediente electrónico y, al Instituto de Desarrollo Rural en imagen 89 y 90 del Legado Principal del expediente electrónico, sin manifestar ambas entidades, su oposición a las presentes diligencias. 3.- El Jueza Dayana Mercedes Rodríguez Rojas, del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, mediante sentencia número 087-2012 de las trece horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de noviembre del año dos mil doce, resolvió: “POR TANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de ley SE APRUEBAN las presentes diligencias de información posesoria promovidas por L.O.L INCORPORATED LTDA, cédula jurídica CED5 , representada por [Nombre1] (de unúnico apellido en razón de su nacionalidad), mayor, casado una vez, empresario de bienes raíces, vecino de El Empalme de San Ramón, pasaporte nº CED6 ; trámite que cumplió apegado a la Ley de Informaciones Posesorias número ciento treinta y nueve EXP: EXPN1 III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno, sus reformas y adiciones, y la Ley de Jurisdicción Agraria número seis mil setecientos treinta y cuatro del veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos y sus reforma.- En consecuencia: a) Libre de gravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derechos, proceda el Registro Público, Sección Propiedad Inmueble, a inscribir a nombre del promovente, el siguiente fundo sin inscribir, descrito en el plano catastrado número A-1075528-2006 inscrito el 05 de junio de 2006, sito en [Dirección3] , San Ramón, Provincia de Alajuela, mide CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CON CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS , tiene actualmente los siguientes linderos:NORTE: [Dirección4] con un frente de veintiún metros y dieciocho centímetros lineales, [Nombre6] , [Nombre3] y [Nombre4] , al SUR : [Nombre5] ; al ESTE: [Nombre4] y Nido de las Nubes S.A; y al OESTE: [Nombre5] . b) La sociedad promovente ha estimado el inmueble en la suma de cuarenta y cinco millones de colones y las presentes diligencias en la suma de tres millones de colones. c) Se ordena al Registro Público, se consigne que el inmueble se encuentra afecto al artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y debe respetar las reservas en cuanto al derecho de vía de la ruta nacional con la que colinda el terreno por el rumbo norte, sea de veinte metros de conformidad con la Ley General de Caminos Públicos.- Asimismo, el área contigua a las nacientes y demás causes constituyeárea de protección según el artículo 33, inciso b) de la Ley Forestal No.7575 y queda queda prohibida la corta o eliminación de árboles. De igual forma, el cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III). Una vez firme esta resolución, a solicitud de la promovente, expídase la certificación correspondiente." (ver documento asociados, archivo número 1101223) 4.- La Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua , en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia . (ver escrito agregado al expediente electrónico el 5 de diciembre del 2012 a la 10:01:46). 5.-En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. Redacta la jueza Navarro Miranda; y, CONSIDERANDO I. Esta Cámara comparte el elenco de hechos tenidos por probados al encontrar sustento en los autos. II. La Procuradora Agraria Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua , interpone recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, número ochenta y siete-dos mil doce, de las trece horas y cincuenta y dos minutos del veintitrés de noviembre del dos mil doce (ver escrito agregado al expediente electrónico el 5 de diciembre del 2012 a las 10:01:46), exponiendo los siguiente agravios: 1) Expone, que en el reconocimiento judicial, prueba testimonial ofrecida, certificado de uso de suelos, manifestaciones hechas por el representante de la promovente en el escrito inicial y, el plano base, que la naturaleza del bien inmueble a titular es boscosa (montaña) y, que los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos a dominio público, Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). 2) Aduce que la legislación forestal permite, titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la promovente demuestra su legítimo derecho de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Lo anterior la lleva a concluir, que es posible titular si la usucapión se ha consolidado antes de ingresar por ley a Patrimonio Natural del Estado, citando el voto de la Sala Constitucional voto 4587-97, agregando además que, los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. 3) Agravia, la declaración de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de la promovente, citando una serie de precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma Procuraduría General de la República, especificando los siguientes: a) La supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, indicando de la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que refiere a la necesidad de demostrar una posesión decenal. b) Imposibilidad jurídica de titular bienes de dominio público e impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, señalando que la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso y la posesión en los términos del Derecho Privado. c) Improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. d) Principio de la inalienabilidad, al indicar que esos bienes se sustraen del comercio de los hombres o tráfico jurídico privado. e) Bienes no susceptibles de adquirirse por posesión, sobre los bienes inalienables ningún particular puede alegar derechos de posesión. f) Imprescriptibilidad, como consecuencia directa del principio de inalienabilidad. Consistiendo por consiguiente los argumentos de la apelación, en que al ser los bosques bienes de dominio público, los mismos no son susceptibles de ser poseídos por privados, ni adquiridos por usucapión y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias, conforme el articulo 13 y 14 de la Ley Forestal.- III. No lleva razón la recurrente sobre sus agravios, en cuanto a la imposibilidad de los particulares de inscribir bienes con bosques dentro o fuera de las áreas silvestres protegidas, toda vez que sí es posible titular en terrenos con cobertura boscosa en tanto se demuestre la protección al recurso natural. Sobre el tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y, el Patrimonio Natural del Estado, este Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: (...) V. Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema. Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: " IX.-El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de [Nombre7] contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971). Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67)... " De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). (voto 00176-2012 de las catorce horas del quince de febrero del dos mil doce.) IV.- En el caso que nos ocupa, se pretende titular un terreno con un área de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco metros cincuenta y un decímetros, descrito en plano catastrado A-uno cero siete cinco cinco dos ocho-dos mil seis, en donde se indica que el terreno es de montaña, café y potrero (ver imagen seis del Legajo Principal agregado al expediente electrónico el 26 de setiembre del 2012 a las 7:51:22 a.m.). Nótese que en cuanto a la protección del recurso forestal, en la diligencia de reconocimiento judicial el a quo estableció: "Durante todo el recorrido solo se observó una naciente, que corresponde a la que se indicó lineas atrás, además los sectores boscosos o montañosos se observan conservados, no se observa corta o eliminación de árboles durante todo el recorrido, y el sector que se indica de café en el plano de referencia se encuentra de charral, indica el lic. Penabad que ese sector esta dedicado a la regeneración natural del bosque". (ver imagen 90 del Legado Principal agregado al expediente electrónico el 26 de setiembre del 2012), quedando así demostrado la protección del recurso natural. Se debe además considerar, que el terrenoestá fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y, que según el estudio de suelos elaborado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria-Costa Rica <INTA>, se ha ejercido de manera satisfactoria el uso conforme de suelos, recomendando únicamente se implemente un programa adecuado de fertilización y, un programa fitosanitario en el cultivo de café (ver imágenes 7, 36 y 37 del Legajo Principal agregado al expediente electrónico el 26 de setiembre del 2012), área que posteriormente se dejó en un estado de regeneración natural, como se constato en el reconocimiento judicial. De todo lo anterior, se concluye que si bien es cierto el terreno contiene cobertura boscosa, el mismo ha sido debidamente protegido, de ahí que no lleva razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada. V.- Con respecto a la demostración de la posesión decenal, no es de recibo. Tenemos que la promovente acredita, según la documental aportada haber adquirido el fundo y ser dueño junto con los anteriores transmitentes desde diez años antes de plantearse la información posesoria. Sobre este aspecto la prueba testimonial recibida de los señores María Otilia Chavarría Salas, Benedicto Ramírez Vega y, Eugenio Chavarría Mora, indicaron conocer la finca la primera desde hace diecisiete años, el segundo de toda la vida y, tercero desde hace aproximadamente treinta años y, que la finca fue inicialmente de [Nombre8] quien le vendió a unos extranjeros, además que los actuales poseedores no han tenido problemas de posesión respecto de la propiedad. (ver imagen 101 a 103 del Legajo Principal agregado al expediente electrónico el 26 de setiembre del 2012). De lo expuesto se rechazan los agravios y se confirma la sentencia impugnada. VI. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 7 y 11, entre otros, de la Ley de Informaciones Posesorias, deberá confirmarse la resolución recurrida.- POR TANTO En lo apelado, se confirma la sentencia.- 2CW43BJUKCEM61 BLANCA IRIS NAVARRO [Nombre9] - JUEZ/A DECISOR/A MGA8Q47UHJKS61 [Nombre10] – JUEZ/A DECISOR/A 9XIVR9747IJC61 [Nombre11] [Nombre3] - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:31:54. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESS: INFORMACIÓN POSESORIA PLAINTIFF: LDL INCORPORATED LTDA DEFENDANT VOTO N° 303-F-13 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and fifty-five minutes on March twenty-second, two thousand thirteen.- Process of INFORMACIÓN POSESORIA, brought by L.D.L INCORPORATED LTDA, legal identification number CED1 - - represented by [Nombre1], of single surname by reason of his United States nationality, of legal age, married, real estate businessman, resident of Alajuela, passport from his country number CED2 . Appearing in the process are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as Deputy Procurator, and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED3 - - , represented by Attorney Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of San José, identity card number CED4 - - , in her capacity as General Judicial Representative, and Mr. José María Penabad Bustamante, bar card number three seven nine nine. Processed in the Agrarian Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón. RESULTANDO 1.- The petitioner filed an información posesoria, for the purpose of registering in his name in the Public Property Registry the property described as follows: "Mountain, coffee, and pasture land, located at [Dirección1] , , in the province of Alajuela, bordering North: [Dirección2] , [Nombre2] , [Nombre3] and [Nombre4] ; South and West: [Nombre5] ; East: [Nombre4] and Nido de las Nubes S.A., measuring: forty-four thousand four hundred ninety-five square meters and fifty-one square decimeters, all in accordance with cadastral plan A-uno zero seven five five two eight-two zero zero six, dated June 5, 2006. (see images 6, 18, 19, 20 of the main file added to the electronic docket on September 26, two thousand twelve) 2.- The Procuraduría General de la República was included as a party in the terms set forth in images 80 to 83 of the Main File of the electronic docket, and the Instituto de Desarrollo Rural in images 89 and 90 of the Main File of the electronic docket, without either entity expressing its opposition to the present proceedings. 3.- Judge Dayana Mercedes Rodríguez Rojas, of the Agrarian Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, by means of judgment number 087-2012 issued at thirteen hours and fifty-two minutes on November twenty-third of the year two thousand twelve, resolved: “POR TANTO: Pursuant to what has been stated and legal citations, THE PRESENT proceedings for información posesoria brought by L.O.L INCORPORATED LTDA, legal identification number CED5, represented by [Nombre1] (of single surname by reason of his nationality), of legal age, married once, real estate businessman, resident of El Empalme de San Ramón, passport no. CED6, ARE APPROVED; a proceeding that was completed in accordance with the Law on Informaciones Posesorias number one hundred thirty-nine EXP: EXPN1 Third Judicial Circuit of Alajuela (San Ramón), of July fourteenth, one thousand nine hundred forty-one, as amended and supplemented, and the Law of Agrarian Jurisdiction number six thousand seven hundred thirty-four of March twenty-fifth, one thousand nine hundred eighty-two and its amendment.- Consequently: a) Free of encumbrances and real charges, with no co-owners, and without prejudice to third parties with superior rights, the Public Registry, Real Property Section, shall register in the name of the petitioner the following unregistered tract of land, described in cadastral plan number A-1075528-2006 recorded on June 5, 2006, located at [Dirección3] , San Ramón, Province of Alajuela, measuring FORTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY-FIVE SQUARE METERS AND FIFTY-ONE SQUARE DECIMETERS, currently having the following boundaries: NORTH: [Dirección4] with a frontage of twenty-one linear meters and eighteen centimeters, [Nombre6] , [Nombre3] and [Nombre4] ; SOUTH: [Nombre5] ; EAST: [Nombre4] and Nido de las Nubes S.A.; and WEST: [Nombre5] . b) The petitioner company has estimated the real estate at the sum of forty-five million colones and the present proceedings at the sum of three million colones. c) The Public Registry is ordered to record that the real estate is subject to Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias and must respect the right-of-way reservations for the national route bordering the land along the north side, that is, twenty meters in accordance with the General Law on Public Roads.- Likewise, the area adjacent to the springs (nacientes) and other watercourses constitutes a protection area pursuant to Article 33, subsection b) of the Ley Forestal No. 7575, and the cutting or elimination of trees is prohibited. Equally, the channel and waters of those currents are of public domain (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3, subsection III). Once this resolution is final, at the petitioner's request, the corresponding certification shall be issued." (see associated documents, file number 1101223) 4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Procurator, filed an appeal with an express statement of the reasons for which she refutes the thesis of the Trial Court. (see document added to the electronic docket on December 5, 2012, at 10:01:46). 5.- In the proceedings, the legal requirements have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the judgment. Drafted by Judge Navarro Miranda; and, CONSIDERANDO I. This Chamber shares the list of facts taken as proven, as they find support in the case files. II. The Agrarian Procurator, Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, files an appeal against the resolution issued by the Agrarian Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, number eighty-seven-two thousand twelve, at thirteen hours and fifty-two minutes on November twenty-third, two thousand twelve (see document added to the electronic docket on December 5, 2012, at 10:01:46), presenting the following grievances: 1) She alleges, based on the judicial inspection (reconocimiento judicial), the testimonial evidence offered, the land-use suitability certificate, the statements made by the petitioner's representative in the initial brief, and the base plan, that the nature of the real estate to be titled is forested (mountainous) and that forest lands (terrenos forestales) and forests (bosques) of the national reserves are subject to public domain, the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since the Ley Forestal 4465 of 1969, article 33, amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (articles 32 and 33), and of a demanial character maintained by Law 7575 (articles 13 and 14). 2) She argues that forest legislation allows titling real estate outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the petitioner demonstrates a legitimate right of decade-long possession (posesión decenal), along with the other conditions required for that purpose, having protected the resource and having the property duly demarcated. This leads her to conclude that titling is possible if the usucapión has been consolidated before the property entered by law into the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), citing the vote of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), voto 4587-97, adding also that forest lands have an immediate legal encumbrance to the public domain. 3) She grieves that the testimony of the witnesses does not demonstrate a decade-long possession apt for usucapión held by the petitioner, citing a series of jurisprudential precedents and pronouncements issued by the Procuraduría General de la República itself, specifying the following: a) The survival of repealed law to regulate legal situations which arose under its protection, indicating the protection of the right of forest public domain established by previous legislation against retroactive applications to its detriment and the binding jurisprudence of the Constitutional Chamber referring to the need to demonstrate a decade-long possession. b) The legal impossibility of titling public domain property and the impediment of private individuals from exercising possession with the intent of owners over public domain property, noting that the inalienability of demanial property makes its transfer, partial or total, voluntary or forced, impossible, as well as possession under Private Law terms. c) The inappropriateness of usucapión and titling against the public domain. d) The principle of inalienability, indicating that such property is withdrawn from the commerce of men or private legal transactions. e) Property not susceptible to acquisition by possession; over inalienable property no private individual can claim rights of possession. f) Imprescriptibility, as a direct consequence of the principle of inalienability. The arguments of the appeal therefore consist of: since forests are public domain property, they are not susceptible to being possessed by private individuals, nor acquired by usucapión, and she requests revocation to decree the disapproval of these proceedings, pursuant to articles 13 and 14 of the Ley Forestal.- III. The appellant is incorrect in her grievances regarding the impossibility of private individuals registering property with forests within or outside protected wilderness areas, since it is indeed possible to title lands with forest cover (cobertura boscosa) provided that the protection of the natural resource is demonstrated. On the subject of the interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias and the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), this Tribunal in repeated decisions has expressed: (...) V. Regarding what was expressed by the state representation, linked to the state forest patrimony, it is appropriate to make a brief reference on the subject. For this, it is appropriate to cite vote No. 51 at 15 hours 15 minutes of May 26, 1995, of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, which, for what is relevant, states: "IX.-The forest patrimony of the State includes all the national territory (articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) That comprised by the forest regime (articles l, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81); B) Logging operations on privately owned lands (articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) the national reserves (articles 32 and following). For its part, the forest regime - constituted by the set of legal, economic, and technical provisions, charged with giving content to the conservation, protection, and rational use of forests and forest lands (article 7)- also has three subareas: A) protected zones (zonas protectoras), B) national parks, forest and biological reserves, and C) forests and forest lands. X.- With the name national reserves, as of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, there are identified all those lands denominated by the Fiscal Code of 1865, and later by Law No. 13 of January 19, 1939 (Collection of Laws and Decrees, 1939, I semester, p. l0), as national vacant lands (baldíos nacionales). These are the real estate not subject to private property, not inscribed in the Public Property Registry, under the terms of articles 267 and 486 of the Civil Code (see what was resolved by the Plenary Court, in the unconstitutionality appeal of [Nombre7] against the Land and Colonization Law, regarding the rules on demasías, agreed upon in extraordinary session of November 25, 1971). These lands differ from private domain lands registered in the name of the State or its Institutions, and are constituted as the remainder of the previous two. Originally, in the Colonial era, they were not destined for public service or use. Following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 declared them as belonging to the State, within the limits of the Republic, which had not been acquired in property through legitimate title by private individuals (e.g., by usucapión), nor were they inscribed in the Public Registry in the name of any person - private or public - nor destined for public service. The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961 maintained the same orientation, only it expanded those declared, by the previous law, as inalienable (Article 7). In general, those reserves had limits for possessing them, as well as limits - regarding surface area - for being inscribed by means of informaciones posesorias. Initially, their administration was entrusted to the Section of Lands and Colonies, of the Department of Rural Credit, Lands and Colonies of the Bank of Costa Rica, later it passed to the Institute of Lands and Colonization, and upon the entry into force of the Ley Forestal No. 4465, the administration of the forest patrimony of the State was granted to the General Forestry Directorate created within the Ministry of Agriculture and Livestock. Today, the General Forestry Directorate forms part of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (articles 9 to 16). All lands considered as national reserves are immediately affected to the purposes of the forest regulations (articles 32). On them, the State can create - by Law or by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) - forest reserves, protected zones (zonas protectoras), national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest patrimony (article 35). To be colonized or alienated, legislative authorization is required (article 40), and even if they are possessed by third parties, the latter do not acquire any right, the right of the State to reclaim being imprescriptible (article 33). The national reserves have a detailed regulation within the Chapter "On the use of forest resources on lands of the State and other public administration bodies". These utilizations in the national reserves can only be practiced by concession granted by the General Forestry Directorate (article 55 and 56). The bids will be processed according to technical forest management plans, subject to the procurement specifications prepared by the Directorate (article 55 subsection a), the concessionaires providing sufficient guarantee (article 56). No person may obtain concessions from the forest patrimony in quantities greater than the raw material needs they demonstrate they require. Authorizations obtained directly or by means of intermediary persons, contrary to what is indicated, are null (article 59). XI.- In a diametrically opposite position to that of the national reserves is that of private property, called in the law as "On the use of forest resources on privately owned lands". These lands, for reasons of social interest, form part of the forest patrimony of the State. This is so because private individuals - functioning under any system (agricultural or livestock enterprise, for subdivisions (fraccionamientos) or colonization, whether nationals or foreigners) - if within their work plans there is logging or the elimination of forest cover, in any form, must necessarily obtain express approval from the General Forestry Directorate, under the terms of the Ley Forestal and its regulations (article 60). Therefore, the forest patrimony of the State is applicable to all national properties where natural forest resources exist. To be able to exploit their own timber resources, private individuals must prepare technical forest management plans, and the directorate will grant them long-term concessions (article 61). The foregoing implies a voluntary submission to the forest regime. This is a legal presumption since it turns out to be the only alternative for the private individual who is prevented from felling trees, using, or exploiting forest products, within their own property, if there is no prior authorization from the General Forestry Directorate (articles 63 and 65). For these purposes, the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands under private ownership, especially through Forest Payment Certificates (Certificados de Abono Forestal) (articles 82 to 86) and other tax incentives (article 87). Since the General Forestry Directorate must have trained personnel, forest rangers, and maintains relations with the authorities, it will provide the owners with all the necessary collaboration to keep them free from invasions and squatters (article 67)..." From the foregoing it follows that the forest patrimony of the State involves real estate not subject to private property, not inscribed in the Public Property Registry, under the terms of articles 267 and 486 of the Civil Code, according to the reference made to what was indicated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Facing this patrimony, there is also private property. Throughout the evolution of forest legislation, the opportunity was granted to possessors of tracts of land, who had already consolidated their property right by usucapión, to title them. That possibility is given through the fulfillment of the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, and for that reason it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, whatever their management category, to obtain an inscribable title in the Public Registry, upon the applicant proving possession (posesión) of more than 10 years prior to the effective date of the law or decree creating such wilderness area (articles 1 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias). (vote 00176-2012 at fourteen hours on February fifteenth, two thousand twelve.) IV.- In the case before us, the intention is to title land with an area of forty-four thousand four hundred ninety-five square meters and fifty-one decimeters, described in cadastral plan A-one zero seven five five two eight-two thousand six, where it is indicated that the land is mountain, coffee, and pasture (see image six of the Principal File added to the electronic docket on September 26, 2012, at 7:51:22 a.m.). Note that regarding the protection of the forest resource, in the judicial inspection (reconocimiento judicial) the trial judge (a quo) established: "During the entire tour, only one spring (naciente) was observed, which corresponds to the one indicated earlier; furthermore, the forested or mountainous sectors are observed to be conserved, no cutting or elimination of trees is observed during the entire tour, and the sector indicated as coffee on the reference plan is covered with scrub (charral), Mr. Penabad indicates that this sector is dedicated to the natural regeneration of the forest." (see image 90 of the Main File added to the electronic docket on September 26, 2012), thus demonstrating the protection of the natural resource. It must also be considered that the land is outside any protected wilderness area, whatever its management category, administered by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, and that, according to the soil study conducted by the National Institute of Agricultural Technology Innovation and Transfer-Costa Rica (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria-Costa Rica <INTA>), the appropriate land use has been satisfactorily exercised, only recommending implementing an adequate fertilization program and a phytosanitary program for the coffee crop (see images 7, 36, and 37 of the Main File added to the electronic docket on September 26, 2012), an area that was subsequently left in a state of natural regeneration, as observed during the judicial inspection. From all the foregoing, it is concluded that although it is true the land contains forest cover (cobertura boscosa), it has been duly protected, hence the appellant is incorrect in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed. V.- Regarding the demonstration of the decade-long possession (posesión decenal), it is not accepted. We find that the petitioner proves, according to the documentary evidence provided, having acquired the tract of land and being the owner, together with the previous transferors, from ten years before the filing of the información posesoria. On this matter, the testimonial evidence received from the witnesses María Otilia Chavarría Salas, Benedicto Ramírez Vega, and Eugenio Chavarría Mora indicated they have known the property, the first for seventeen years, the second for his entire life, and the third for approximately thirty years, and that the property was initially [Nombre8]'s, who sold it to some foreigners, and furthermore, the current possessors have not had possession problems with respect to the property. (see images 101 to 103 of the Main File added to the electronic docket on September 26, 2012). Based on the foregoing, the grievances are rejected, and the contested judgment is confirmed. VI. For the reasons stated, and based on articles 6, 26, 54, and 79 of the Law of Agrarian Jurisdiction and 7 and 11, among others, of the Ley de Informaciones Posesorias, the appealed resolution must be confirmed.- POR TANTO With respect to the matters appealed, the judgment is confirmed.-