Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Esta Cámara no comparte el criterio expuesto por la firma actora. Ello, por cuanto si bien es correcto afirmar que de la redacción del texto de la definición de prospección petrolera del Decreto nº26750-MINAE, se extrae que la metodología a emplear para obtener la evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, puede ser de forma indirecta o directa, lo cierto es que la norma parte de la premisa de un impacto ambiental en pequeña escala, al exponer que con esa metodología, se puedan obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Es en razón de un impacto ambiental, que se prevé en los artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que la fase I de prospección, -de conformidad con el artículo cuatro de dicho texto normativo-, requiere indispensablemente de un estudio de impacto ambiental suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo exige el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Esta interpretación resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, mismo que impone que toda actividad humana potencialmente dañina al ambiente debe ser evaluada antes de su realización.
English (translation)This Chamber does not share the opinion expressed by the plaintiff company. Even though it is correct to state that, from the wording of the definition of oil prospecting in Decree No. 26750-MINAE, the methodology to obtain the regional geological, geochemical and/or geophysical evaluation of a concession area may be indirect or direct, the regulation starts from the premise of a small-scale environmental impact, by stating that this methodology allows obtaining approximate assessments of the hydrocarbon potential without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. It is because of an environmental impact that Articles 2 and 3 of the Regulations for Conducting Environmental Impact Studies for Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts provide that Phase I of prospecting, according to Article 4 of said normative text, indispensably requires a sufficient environmental impact study for the award of an oil concession to be declared final, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law. This interpretation is consistent with Article 50 of the Constitution and Article 17 of the Environmental Organic Law, which requires that any potentially environmentally harmful human activity must be evaluated before it is carried out.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Sección IX Resolución Nº 00412 - 2013 Fecha de la Resolución: 17 de Mayo del 2013 a las 15:15 Expediente: 11-007013-1027-CA Redactado por: Claudia Bolaños Salazar Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de fallo directo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Licitación pública Subtemas: Requisito indispensable presentar estudio de impacto ambiental en la Fase I de Prospección Petrolera para los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos. Tema: Hidrocarburos Subtemas: Requisito indispensable presentar estudio de impacto ambiental en la Fase I de Prospección Petrolera para los contratos de exploración y explotación. Principios ambientales aplicables para su licitación. Tema: Estudio de impacto ambiental Subtemas: Requisito indispensable en la Fase I de Prospección Petrolera para los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos. Tema: Principios del derecho ambiental Subtemas: Principios aplicables para los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos. “VII. Sobre la normativa regulatoria de la explotación y exploración petrolera.- Por ser de relevancia para la resolución de este asunto, este Tribunal estima pertinente hacer algunas consideraciones en torno a la normativa que regula la exploración y explotación petrolera. En primer término, debe tenerse claro que de acuerdo con el artículo 121 inciso 14. B de la Constitución Política vigente, no podrán salir definitivamente del dominio del Estado los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional. Es esta la premisa que recoge el artículo primero de la Ley de Hidrocarburos, Ley nº 7399 de 3 de mayo de 1994 y desarrolla a partir de todo su articulado, disponiendo en el artículo 41 de su texto lo siguiente: "Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables". Bajo esta línea de pensamiento, y atendiendo además a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige estudios de impacto ambiental para toda actividad humana que altere o destruya elementos del ambiente o genere residuos, materiales tóxicos o peligrosos, se dicta el Decreto Ejecutivo N° 26750-MINAE, del 17 de marzo de 1998, denominado "Reglamento para la realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos", en cuyo artículo tres, indica que: "las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo 2 son: a) Fase I: prospección, b) Fase II: exploración intensiva". Estas fases son sumamente importantes, por cuanto el estudio de impacto ambiental resulta ser un requisito indispensable y medular para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera adquiera firmeza (artículo 4 del Decreto). Es justamente este cuerpo reglamentario, el que se ocupa de definir en que consiste la Fase I de prospección, siendo ésta, el eje temático sobre el cual gira la presente sentencia. La definición contenida en el numeral citado, reza así: "Prospección Petrolera: Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografiado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restrinja al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades" (lo consignado en mayúscula corresponde al original). El Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997, establece en su artículo 43 que la adjudicación será válida pero no eficaz, hasta tanto no se de una aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente y Energía. Por último, resulta de interés para el dictado de la presente resolución, el Decreto nº36693-MINAET, vigente desde el diecinueve de agosto del dos mil once, que declara moratoria nacional para la explotación petrolera, por un plazo de tres años para la actividad que tenga el propósito de desarrollar la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional, cuyo transitorio primero, indica que:"Todos aquellos trámites relacionados con la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional, que se encuentren pendientes de un acto final declaratorio de derechos ante la Dirección de Hidrocarburos, ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental o cualquier dependencia del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo de moratoria, serán suspendidos. Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado." Así las cosas, tenemos que las disposiciones transcritas, brindan el escenario normativo del asunto sometido a análisis.- VIII. De los principios ambientales aplicables al caso concreto: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política y en los Tratados Internacionales que en materia de ambiente han sido suscritos por nuestro país, se ha reconocido como un derecho fundamental, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con ocasión de ello, se exige la tutela del Estado y a su vez se obliga a todos los administrados a ajustar sus conductas en respeto a este derecho. Con el propósito de garantizar tal función, se han desarrollado, tanto por parte de la jurisprudencia como por la doctrina jurídica vigente, una serie de sendos principios, entre ellos el principio de conjunción de aspectos colectivos o individuales, objetivación de la tutela del ambiente, solidaridad, responsabilidad, regulación jurídica integral, el principio de transpersonalización de las normas jurídicas, diversidad cultural, equidad intra e intergeneracional, el principio de quien contamina paga, inversión de la carga de la prueba, así como el deber del Estado en su sentido amplio, de velar por la utilización racional del ambiente, el principio de precaución o indubio pro natura, entre otros. (Cabrera Medaglia (Jorge), Manual de Legislación Ambiental Costarricense, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, p.16). Particularmente, para el análisis y la resolución del caso que nos ocupa, interesan de manera especial y preponderante tres de ellos, a saber, el de objetivación de la tutela del ambiente, el principio precautorio y el principio de inversión de la carga de la prueba. El primero de estos, guarda estrecha relación con los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública que invocan las reglas de la ciencia, la lógica y la técnica así como con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige como requisito previo a la aprobación y realización de cualquier proyecto que pueda tener alguna incidencia en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, lo que significa que la prueba técnica y científica es medular como sustento de cualquier decisión que la Administración Pública adopte en materia ambiental, en aras de motivar correctamente el acto administrativo a partir de criterios objetivos. Es así como el principio de objetivación de la tutela del ambiente, exige que la motivación del acto administrativo se sustente en criterios objetivos, cuyo origen sea técnico o científico, siendo este principio aplicable para toda función pública, de naturaleza administrativa, legislativa o jurisdiccional. En cuanto al segundo principio, el precautorio, es importante precisar que opera plenamente cuando la administración debe denegar una solicitud de autorización para realizar una actividad o conducta; cuando técnica, objetiva y científicamente existe duda razonable del impacto que pueda producir en el ambiente y salud de las personas con la implementación y ejecución de un determinado proyecto. Esto significa que deviene en aplicable cuando no existe certeza científica de las consecuencias para el medio ambiente de una acción determinada, en razón del riesgo que se asume si no se adoptan mecanismos de tutela a efecto de reducir la posibilidad de sufrir un daño grave de orden ambiental, toda vez que no se tiene certeza de la posibilidad que el daño ocurra. En otras palabras, es un principio que impone la cautela y para ello, la Administración debe velar por la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas a adoptar, las que en todo caso, responden a un temporalidad y provisionalidad, por lo que no pueden ser arbitrarias, requiriendo al efecto, de una debida fundamentación. Se entiende entonces que este principio alude a la acción y efecto de prevenir, siendo aplicable en aquellos supuestos en que se dicten medidas anticipatorias, correctivas o mitigatorias a un evento o conducta, con el fin de evitar un riesgo o ejecución de alguna acción u omisión que puede generar efectos negativos, de manera que se anticipe la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Este principio opera así, a fin de evitar consecuencias al ambiente o a las personas, por cuanto en materia ambiental, las tareas de mitigación a posteriori, no resultan eficaces, máxime cuando los daños son irreversibles. Este principio, se encuentra recogido en textos normativos de nuestro ordenamiento jurídico, de toda suerte que no solo se extrae del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que además, se desprende de lo dispuesto en el artículo 11 incisos 1) y 2) de la Ley de la Biodiversidad, número 7788, del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, que en lo que interesa dispone: "Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia, anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.-Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección." (lo destacado no corresponde al original). Por último, el principio de inversión de la carga de la prueba se genera sobre la base de una responsabilidad patrimonial objetiva, que se traduce en una presunción de causación de daño ambiental del desarrollador del proyecto que pretende su autorización. Lo anterior encuentra sustento expreso en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, el cual dispone que la carga de la prueba en los procedimientos ambientales corresponderá a quien solicita la autorización, licencia o permiso de uso o aprovechamiento de recursos naturales, o al infractor, a fin de demostrar que él no causó el daño, o que su actividad no generará daño al ambiente, en los siguientes términos: "Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitida, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso de acceso a la biodiversidad a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental". Teniendo claro los principios rectores a analizar en el presente asunto, se aborda de seguido la importancia de los estudios de impacto ambiental. (lo destacado no corresponde al original).- IX. De la exigencia de los Estudios de Impacto Ambiental.- Sin duda alguna, la aplicación de los principios descritos en materia de tutela del ambiente, impone una responsabilidad a la Administración Pública en razón de la trascendencia que reviste la adopción de medidas tendientes a evitar que conductas humanas incidan negativamente en la naturaleza, incluso, con afectaciones que se puedan tornar irreversibles. Por tal motivo, los estudios de impacto ambiental, que responden a estudios técnicos y objetivos previos, son condicionantes de la actividad petrolera, sea ésta de prospección, exploración o explotación. Es así, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ambiente, la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de un análisis pormenorizado que incluya los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hace posible su aprobación. Tal y como ocurre con todo estudio de impacto ambiental, el objetivo de este estudio técnico es determinar si existen situaciones de riesgo para el ambiente, entendiéndose que éste comprende tanto elementos de la biodiversidad natural como los elementos del urbanismo, -según interpretación dada por la propia Sala Constitucional en sentencia número 2003-3656, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres-, debiendo responder a las normas, objetivos y prioridades ambientales del Estado, según dispone el principio 11 de la Declaración de Río. Si bien es cierto, los principios ambientales mencionados son medulares en el presente estudio, no debe olvidarse que es plenamente aplicable también el principio preventivo, cuando se concluya técnicamente, que la conducta objeto de análisis ( pública o privada, empresarial, industrial, comercial, agrícola, etc), pueda provocar un daño al ambiente y a sus elementos, y que por ende, es inviable otorgar la autorización para realizar el proyecto perseguido. Otro escenario es aquél en que se tiene certeza del impacto ambiental que puede generar el proyecto propuesto, pero en este caso el impacto es razonable y tolerable, de manera que obliga a la administración a adoptar medidas de mitigación del daño y de los riesgos por la realización de la actividad autorizada, acciones que no sólo deben responder a evaluaciones técnicas, científicas y objetivas previamente cursadas, sino que además, su incumplimiento tiene como consecuencia la cancelación del derecho concedido, una vez realizado el procedimiento respectivo para tal declaratoria. Ahora bien, a efecto de abordar la enumeración de los tipos de evaluación ambiental que puede autorizar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es importante precisar que ésta comprende tres fases o etapas: la inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto que se pretende realizar; la confección del estudio de impacto ambiental y finalmente, el control y seguimiento en la ejecución de la actividad, obra o proyecto al que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental le otorgó la viabilidad ambiental correspondiente. En la etapa inicial, se analizan los elementos característicos del proyecto u obra, en función de los factores urbano- ambientales en donde se pretende ejecutar, determinándose en esta fase de evaluación, si se puede obtener la viabilidad ambiental o bien, se requiere de un estudio de impacto ambiental, un plan de gestión ambiental con el consecuente nombramiento de un regente ambiental o la declaración de compromisos ambientales. Particularmente para el asunto en estudio, en que las normas aplicables a la actividad petrolera determinan que lo requerido en estos casos es un estudio de impacto ambiental y no otro mecanismo, interesa precisar que el estudio de impacto ambiental es entendido como el procedimiento administrativo de orden técnico-científico, que permite identificar y predecir los efectos que la actividad, obra o proyecto pretendido, pueden provocar sobre los elementos que conforman el ambiente, calificando el nivel de impacto que se ocasionaría, para así llevar a cabo una ponderación de éste frente a los intereses públicos a tutelar y así poder determinar si se aprueba, rechaza o condiciona el proyecto solicitado. X. Del fundamento de la demanda y su valoración por parte de este Tribunal: A través de la resolución nºR-105-MINAE, de las ocho horas del ocho de marzo del año dos mil, publicada en el Diario Oficial La Gaceta nº73, del día trece de abril del año dos mil, se adjudica a favor de la firma Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica, los seis bloques terrestres número 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Licitación Petrolera nº2, promovida por el Ministerio del Ambiente y Energía, para la exploración y explotación de hidrocarburos. De acuerdo al punto I.II del cartel así como los artículos 41 de la Ley de Hidrocarburos, 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997 y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos; para dotar de eficacia la adjudicación efectuada, es requisito insoslayable, contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Por su parte, el cartel de la licitación pública internacional nº2, para la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica, recoge lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, disponiendo que la adjudicación será válida pero no eficaz, hasta tanto no se dé una aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente y Energía. En armonía con lo anterior, el artículo 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, indica que la fase I del Estudio de Impacto Ambiental, corresponde a la prospección, fase que de conformidad con el artículo cuatro de dicho texto normativo, es el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Teniendo claro entonces a partir de una lectura armónica de los textos normativos que regulan la explotación y exploración petrolera, que la fase I de prospección dota de eficacia el acto adjudicatorio, deviene en indispensable determinar qué comprende esa fase I de prospección, definiendo el Decreto dicho como tal, aquella "Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografiado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restrinja al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades" (la mayúscula corresponde al original). Es justamente éste, el objeto sobre el cual gira la discusión del presente proceso, por lo que es conveniente realizar el análisis de las resoluciones emitidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano competente en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. De acuerdo al elenco de hechos probados, la firma actora en el formulario para elaboración de términos de referencia en estudios de impacto ambiental de tipo dirigido -FETER- extendidos por el Ministerio del Ambiente y Energía, indica que la información para el trámite del expediente 126-2000, "obviamente deberá ser general" (ver hecho probado número 5). Es así, que en el Resumen Ejecutivo presentado en el mes de julio del año dos mil, para el "Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica", de Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, expediente SETENA nº126-2000, se indica en lo que interesa que: "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." (ver hecho probado número 6). Con base en la información brindada, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en la resolución nº866-2000-SETENA, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil, indica que en el artículo 26 adoptado en la sesión ordinaria nº037-2000 de esa Secretaría, celebrada el día tres de octubre del año dos mil, se acuerda "Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, basado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos 7399. Esta aprobación se otorga en el entendido de que la actividad que se ha presentado en el Estudio de Impacto Ambiental consta con la recopilación y análisis de la información bibliográfica relacionada con los aspectos geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos, de manera que permita determinar el potencial de prospección y otros estudios adicionales en los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con una superficie total de 99497,15 kms². Si posteriormente se decide la realización de las explosiones de las zonas estudiadas, se aplicará lo dispuesto en la Ley (art. 41 de la ley de hidrocarburos) en relación con este tipo de actividad." (hecho probado número 7). No obstante lo indicado por dicho órgano en la resolución parcialmente transcrita; a través del oficio SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, le solicita a la Dirección General de Hidrocarburos, criterio técnico en torno al documento presentado por la firma actora y aprobado en la resolución 866-2000-SETENA, a efecto que ésta lo analice e indique si cumple con lo dispuesto en el Decreto 26750-MINAE y la legislación actual de hidrocarburos con respecto a la definición de prospección petrolera. El órgano técnico especializado del Ministerio de Ambiente y Telecomunicaciones, a cuyo cargo se encuentran los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos de exploración y explotación petrolera (artículos 3 y 22 de la Ley de Hidrocarburos), es conteste al afirmar en el oficio DGH332-2002, de fecha primero de agosto del año dos mil dos, que el estudio de impacto ambiental presentado por la actora y aprobado por SETENA no da por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección. Afirma lo anterior, por cuanto estima que lo comprendido en el proyecto de recopilación y análisis de información presentado por la actora, corresponde a actividades de gabinete que no se encuentran dentro de los métodos descritos en la definición de prospección petrolera del artículo 1 del Decreto nº26750-MINAE y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ya que el Decreto refiere a actividades geológicas y geofísicas de campo, ya sean terrestres o marinas. Además se afirma en dicho oficio, que los estudios de impacto ambiental asociados a un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos, deben estar relacionados con actividades de campo comprendidas en el Plan de Esfuerzo Exploratorio Ofertado que se adjudicó en el proceso licitatorio, por lo que se requiere necesariamente de actividades de campo. En virtud de la respuesta brindada, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución nº962-2003-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres, aclara los alcances de la resolución nº866-2000-SETENA, informando que lo aprobado es únicamente para el proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera, lo cual no implica el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de investigación de campo. Es de hacer notar, que la precisión realizada en la resolución en referencia, coincide con lo expuesto por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA de fecha dieciséis de mayo del dos mil dos, en el cual se indica que el documento presentado en fecha doce de julio del año dos mil por la firma actora, no corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental. Al respecto, la empresa actora argumenta su posición indicando que al amparo de la definición de actividad de prospección indicada en el Decreto Ejecutivo N° 26750-MINAE, la metodología empleada, puede ser de forma directa o indirecta, siendo ésta última la utilizada a partir de la recopilación y análisis de información existente, de toda suerte que la obligación de firmar, elaborar y hacerse aprobar un estudio de impacto ambiental por parte de SETENA surge a partir del momento de la firma del contrato, siendo que es para la iniciación de los trabajos de campo, que se requieren los estudios de impacto ambiental y no antes, esto es, que dichos estudios se deben presentar antes del inicio de labores de campo, las cuales corresponden a la segunda etapa de la fase de prospección petrolera, la cual debe iniciarse, según el cartel licitatorio, dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato. Esta Cámara no comparte el criterio expuesto por la firma actora. Ello, por cuanto si bien es correcto afirmar que de la redacción del texto de la definición de prospección petrolera del Decreto nº26750-MINAE, se extrae que la metodología a emplear para obtener la evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, puede ser de forma indirecta o directa, lo cierto es que la norma parte de la premisa de un impacto ambiental en pequeña escala, al exponer que con esa metodología, se puedan obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Es en razón de un impacto ambiental, que se prevé en los artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que la fase I de prospección, -de conformidad con el artículo cuatro de dicho texto normativo-, requiere indispensablemente de un estudio de impacto ambiental suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo exige el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Esta interpretación resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, mismo que impone que toda actividad humana potencialmente dañina al ambiente debe ser evaluada antes de su realización. Bajo este razonamiento y al amparo de una lectura armónica de los artículos 41 de la Ley de Hidrocarburos, 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997 y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, -que exigen para dotar de eficacia la adjudicación efectuada, el contar el adjudicatorio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones-, es claro que para cumplir con este requisito, es necesario realizar labores de campo, dado que no es lógico partir de la premisa, que solamente la recopilación y análisis de información provoquen un impacto en el ambiente, toda vez que este es inexistente en los términos expuestos por la firma actora, la cual indica en el resumen ejecutivo presentado en aras de obtener el estudio de impacto ambiental, que "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." (ver hecho probado nº6). Aunado a lo anterior y retomando lo indicado en el considerando precedente, debemos recordar que los estudios de impacto ambiental son entendidos como procedimientos administrativos de orden técnico- científico, que permiten identificar y predecir los efectos que la actividad, obra o proyecto pretendido, pueden provocar sobre los elementos que conforman el ambiente, calificando el nivel de impacto que ello provoca, para así llevar a cabo una ponderación de éstos frente a los intereses públicos que tutelar y poder determinar si se aprueba, rechaza o condiciona el proyecto solicitado. Desde esta perspectiva, es evidente que la simple labor de recopilación y análisis de información, no corresponde a una conducta que genere impacto ambiental alguno, por lo que lógicamente, no puede tenerse por aprobado el estudio de impacto ambiental que invocan las normas transcritas y por lo tanto, la negativa de firmar el contrato por parte del Estado no obedece a razones de orden político como argumenta la actora, sino a razones de orden técnico jurídico, de manera que lejos de violentarse los principios de la contratatación adminstrativa que enumera en sus argumentos, de los autos se concluye que el Estado ha actuado conforme lo exige el principio de legalidad. De esta manera, pese que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental indica en la resolución nº866-2000-SETENA, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil, dictada dentro del expediente denominado "Expediente administrativo nº126-2000-SETENA, proyecto de prospección petrolera en zona norte y zona atlántica", que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, cuya actividad consta en la recopilación y análisis de la información bibliográfica relacionada con los aspectos geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos, de manera que permita determinar el potencial de prospección y otros estudios adicionales en los bloques 5, 6,7, 8, 9 y 10, con una superficie total de 99497,15 kms², (hecho probado número 7), lo cierto es que la denominación utilizada por el órgano técnico no es la correcta, toda vez que no corresponde el contenido y la naturaleza real del documento presentado por la actora ante la administración demandada, con la denominación y los alcances que se le concede al mismo en el acto administrativo emitido por parte del SETENA. Analizado dicho documento y en atención a su contenido, concluye esta Cámara que no es un estudio de impacto ambiental lo que presentó Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. ante la administración; pero pese a ello, la SETENA erradamente lo califica como tal y en el acto administrativo de aprobación que emite, se refiere a dicho documento como el estudio referido. Ahora bien, aunque así lo hizo de manera errada la administración, dicho error no logra variar la naturaleza real y el contenido del documento aportado, contenido que no corresponde al propio de un estudio de impacto ambiental (aunque la SETENA lo califique como tal). A lo anterior se suma que no es legítimo entender por otorgado un estudio de impacto ambiental, para una actividad o conducta que no genera impacto alguno. La recopilación y/o análisis de información con respecto a una ubicación geográfica no implica que exista un impacto sobre el ambiente y en ese tanto, es claro que el ánimo de las disposiciones normativas y cartelarias citadas no fue cumplido por la empresa actora. Así las cosas y al tenor de lo indicado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución aclaratoria, número 962-2003-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres, se concluye que la resolución nº866-2000-SETENA, "aprueba" únicamente el proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera, lo cual no implica el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de investigación de campo, las cuales tal y como se indicó ut supra, son necesarias para tener por cumplida esta etapa, dado que la normativa transcrita prevé que se efectuén en la etapa de prospección petrolera, actividades con poco impacto significativo de orden ambiental, lo que presupone conductas que alteran y afectan el ambiente. En razón de lo anterior, no es legítima la interpretación de la firma actora, que pretende partir de la premisa que los estudios de impacto ambiental se limitan a la fase II de exploración. Consecuentemente, no cabe duda de la no elaboración por parte de la actora, de un estudio de impacto ambiental en los términos que técnicamente y jurídicamente, se exigen en la normativa tantas veces citada que regula lo concerniente a la explotación de hidrocarburos. Por otra parte, tampoco es de recibo el argumento de la actora de sujetar a la firma del contrato, la labor de tareas de campo, esto, en razón de la "seguridad" que la firma de éste le provee con respecto a la concesión otorgada, toda vez que por definición, el contrato administrativo producto de una licitación, es entendido como la formalización de la adjudicación y que sustituye a la simple orden de inicio, toda vez que por la complejidad y particularidad de la ejecución, se requiere de la enumeración clara de las cláusulas que regirán la concesión, en orden al cartel y la normativa aplicable, constituyendo en consecuencia, solamente una formalidad que no afecta el derecho que ostenta el adjudicatario, desde la vigencia y eficacia del acto de adjudicación. En otras palabras, la firma del contrato, no supera el alcance y los efectos jurídicos que ostenta un acto de adjudicación, ya que es éste el que por excelencia materializa un derecho al oferente de una contratación administrativa, por lo que no comparte esta Cámara el efecto que pretende la firma actora atribuirle a la firma del contrato, debiendo entenderse que éste solamente constituye un instrumento de formalización para la prestación de bienes y servicios que dada su complejidad, no pueden exponerse en una simple orden de compra. De esta manera, no se observa infracción alguna al principio de intangibilidad de los actos propios que invoca la actora, por cuanto el Estado no está desconociendo la validez del acto, sino la eficacia de éste, en virtud de la ausencia del requisito que se lo atribuye, a la luz de la normativa regulatoria de la exploración y explotación de los hidrocarburos. Por último, debe indicar este Tribunal, que ningún perjuicio se le provoca a la empresa con la emisión del Decreto Ejecutivo que declara la moratoria nacional para la explotación petrolera, Decreto nº26693-MINAET, del 1º de agosto del 2011, toda vez que el transitorio I, dispone que "(...) Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado", de toda suerte que, en el evento de haber cumplido con el requisito que dotaba de eficacia el acto de adjudicación, en nada le perjudicaba la emisión del Decreto en referencia. Como corolario de lo expuesto, se concluye que la Administración Pública, se encuentra obligada a tutelar la prevalencia del interés público sobre el particular, a través de los distintos mecanismos de control y fiscalización de las actividades comerciales, industriales, agrícolas y urbanas, para así, lograr mediante su participación un desarrollo sostenible, bajo la armonía de intereses de orden ambiental, económico y social. En el escenario de análisis, al no haber cumplido la parte actora con el requisito de obtener el estudio de impacto ambiental para la fase I de prospección petrolera, para así dotar de eficacia el acto de adjudicación que ha recaído a su favor, no debe y mucho menos se encuentra obligado el Estado, a firmar el contrato relativo a la Licitación Pública Internacional nº2 a favor de la empresa denominada Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. XI.- Sobre la excepción de falta de derecho: A la luz de las consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, arriba este Tribunal a la conclusión que la firma actora no ha rendido el estudio de impacto ambiental requerido para cumplir con el requisito de la Fase I de Prospección Petrolera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, de toda suerte que la excepción opuesta resulta admisible y así, debe declararse sin lugar en todos sus extremos la demanda intentada.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A Proceso: Fallo Directo Actor: Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. Demandado: El Estado Expediente: 11-007013-1027-CA N 412-2013 Sección Novena del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil trece.- Fallo directo interpuesto por Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. titular de la cédula jurídica número CED123488- - , representada por su apoderado generalísimo, el señor Nombre155030 , casado, abogado, vecino de San José y portador de la cédula de identidad número CED123489- - , contra el Estado, representado por los procuradores Nombre21552 , casada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número CED395 - y Nombre128323 , casado, vecino de Santa Ana y portador de la cédula de identidad número CED119135- - .- RESULTANDO I.- Que en fecha doce de diciembre del dos mil once, en representación de la firma actora se formula la presente demanda contra el Estado, para que en sentencia se declare lo siguiente: "1.- (...) Que la conducta omisiva del Poder Ejecutivo de no firmar el contrato de exploración y explotación petrolera con mi representada es contraria al ordenamiento jurídico. 2.- Consecuencia de lo anterior, que se le ordene al Poder Ejecutivo, en virtud del plazo transcurrido, que proceda en un plazo perentorio, que será establecido por esta sentencia, a la firma del Contrato de Concesión para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3.- En caso de oposición, se condene al Estado al pago de ambas costas de la presente acción." (Ver demanda a folios 01 a 27 del expediente judicial). III- Que otorgado el traslado de ley, los representantes del Estado contestaron negativamente la demanda y opusieron la excepción de falta de derecho. (ver folios 149 a 176 del expediente judicial). IV.- Que a través de la resolución de las once horas treinta y siete minutos del veinte de junio del dos mil doce, el Juez Tramitador dispone que el presente proceso se tramite como fallo directo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Ver folio 418 de los autos) V.- El presente asunto fue remitido a la Sección Novena el pasado veintidós de abril del dos mil trece, para el dictado del fallo correspondiente, según constancia visible a folio novecientos dieciséis del expediente judicial, declarándose la complejidad del mismo, mediante resolución de las diez horas del veintitrés de abril del dos mil trece. (visible a folios 917 y 918) VI.- Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo de quince días establecido en el párrafo segundo del artículo 111 del citado Código Procesal, en relación numeral 69 del mismo texto normativo, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. Redacta la Juez Bolaños Salazar , con el voto afirmativo de los juzgadores Quesada Vargas y Baltodano Gómez. CONSIDERANDO I.- Sobre la prueba ofrecida para mejor resolver: A través de sendos memoriales recibidos en estrados en fechas veinte de diciembre del dos mil doce, veinticinco de enero, veintiocho de febrero, ocho de marzo, catorce de marzo, veintidós de marzo y seis de mayo, todos del año del dos mil trece, se ofrece por parte de la actora, una serie de documentos relacionados con información obtenida por medios de circulación nacional en torno a la extracción y explotación de hidrocarburos, profesionales técnicos para supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, la potencialidad del gas natural en Costa Rica así como el documento relacionado con la ampliación de garantía de cumplimiento de la licitación petrolera nº2 (ver folios 705, 751, 755, 771, 783, 852, 859, 919, 923 y 958 del expediente judicial). Este Tribunal, ha indicado en reiteradas ocasiones que al amparo de lo dispuesto en el artículo 331 del Código Procesal Civil, la prueba para mejor resolver es prueba del juez y no de las partes. Es por ello, que la decisión de admitirla y recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional. Al tenor de lo anteriormente expuesto, se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida, por estimar este Tribunal que la probanza indicada no resulta de interés para la resolución del presente asunto.- II.- De los hechos probados.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente:1) Que en el Diario Oficial La Gaceta nº97, del veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se publica el cartel de la licitación petrolera nº2, cuya cláusula 1.II dispone: "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE NORMA LA PRESENTE LICITACIÓN (...) A partir de la fecha del Acto Adjudicatorio, hay un plazo de cuatro meses para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). A partir de su presentación, la Nombre155031 dispone de un plazo de dos meses para la revisión del Estudio de Impacto Ambiental. Si el estudio es aprobado, el Acto Adjudicatorio queda en firme. La suscripción del contrato se llevará a cabo en un plazo no mayor a seis meses, después de que la adjudicación quede en firme. Las operaciones en el campo deberán dar inicio dentro de los seis meses posteriores a la suscripción del contrato." (hecho no controvertido, ver folios 58 a 64 del expediente judicial); 2) Que a través de la resolución nºR-105-MINAE, de las ocho horas del ocho de marzo del año dos mil, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, nº73, del día trece de abril del año dos mil, se adjudican los seis bloques terrestres número 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Licitación Petrolera nº2, a la compañía Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica. (hecho no controvertido, ver folios 31 y 32 del expediente judicial); 3) Que de acuerdo con el cronograma de referencia para actividades e inversiones del primer año indicadas en el formulario nº15 de la oferta de la empresa actora, que corresponde al trabajo comprometido para los bloques nº5, 6, 7, 8, 9 y 10, se desprende que para cada uno de los bloques indicados, se inicia desde el mes uno con tareas relacionadas con el programa sísmico 2D y 3D, geofísico y geológico y geoquímico, a excepción del bloque 8 y 9 para algunas actividades.(ver referencia en el oficio DGTCC-283-08, de fecha veinticinco de marzo del dos mil ocho, emitido por la Dirección General de Transportes y Comercialización de Combustibles e Hidrocarburos, a folios 589 a 596 del tomo II del expediente administrativo); 4) Que en escrito de fecha diecisiete de mayo del año dos mil, en representación de la firma Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica, se le comunica a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que en razón de la adjudicación de la Licitación Petrolera dictada a su favor, y dada la naturaleza del proyecto y por la extensión del área adjudicada, se han programado las actividades de la siguiente manera: "1. Presentar el Estudio de Impacto Ambiental ante Nombre155031 para su respectiva aprobación. Este estudio cubrirá todo el proceso de investigación de la información existente, que es indispensable para definir los sitios a explorar. 2. Analizar toda la información geológica, geofísica y demás datos existentes para determinar las potenciales áreas de prospección y realizar los correspondientes programas de trabajo e investigación. 3. Una vez determinadas las áreas específicas a explorar, someter a la SETENA, los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental con los programas de trabajo específicos para su correspondiente aprobación. 4. Iniciar los trabajos de sísmica y perforación de acuerdo con las regulaciones dictadas por la Ley de Hidrocarburos y con apego a todos los requerimientos y la legislación ambiental vigente." (El subrayado corresponde al texto original,ver folio 11 del tomo I del expediente administrativo); 5) Que en el formulario para elaboración de términos de referencia en estudios de impacto ambiental de tipo dirigido -FETER- extendidos por el Ministerio del Ambiente y Energía, se indica bajo el expediente nº126-2000 que corresponde al proyecto de Mallon Oil Compañía Sucursal Costa Rica, que la empresa precisa lo siguiente: "la información obviamente deberá ser general. Cualquier otra información pertinente." (ver folios 15 y 19 del tomo I del expediente administrativo); 6) Que en el Resumen Ejecutivo presentado en el mes de julio del año dos mil, para el "Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica", de Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, expediente Nombre155031 nº126-2000, se indica en lo que interesa que: "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." (ver folios 39 y 40 del expediente administrativo denominado Estudio de Impacto Ambiental, fase I, expediente 126-2000); 7) Que en la resolución nº866-2000-SETENA, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil, dictada dentro del expediente denominado "Expediente administrativo nº126-2000-SETENA, proyecto de prospección petrolera en zona norte y zona atlántica", se indica que en el artículo 26 adoptado en la sesión ordinaria nº037-2000 de esa Secretaría, celebrada el día tres de octubre del dos mil, se acordó: "Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, basado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos 7399. Esta aprobación se otorga en el entendido de que la actividad que se ha presentado en el Estudio de Impacto Ambiental consta con la recopilación y análisis de la información bibliográfica relacionada con los aspectos geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos, de manera que permita determinar el potencial de prospección y otros estudios adicionales en los bloques 5, 6,7, 8, 9 y 10, con una superficie total de 99497,15 kms². Si posteriormente se decide la realización de las explosiones de las zonas estudiadas, se aplicará lo dispuesto en la Ley (art. 41 de la ley de hidrocarburos) en relación con este tipo de actividad."(ver folios 34 y 35 del expediente judicial, 42 y 43 del tomo I del expediente administrativo); 8) Que en el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA, de fecha dieciséis de mayo del dos mil dos, el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con relación al expediente nº126-200-SETENA, indica que de acuerdo con el documento presentado en fecha doce de julio del año dos mil por la firma actora, este no corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental. (ver folios 126 y 127 del tomo I del Expediente Administrativo); 9) Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en razón de una aclaración que alega se tramita en su Despacho con relación a la resolución 866-2000-SETENA, solicita a través del oficio SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil dos a la Dirección General de Hidrocarburos, criterio en torno al documento presentado por la firma actora y aprobado en la resolución 866-2000-SETENA, a efecto que ésta lo analice e indique si cumple con lo dispuesto en el Decreto 26750-MINAE y la legislación actual de hidrocarburos con respecto a la definición de prospección petrolera. (ver folio 561 del tomo II del expediente administrativo); 10) Que en el oficio DGH332-2002, de fecha primero de agosto del dos mil dos, dictado por la Dirección General de Hidrocarburos, se indica que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la actora y aprobado por Nombre155031 no da por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección.(ver folios 562 a 565 del tomo II del expediente administrativo); 11) Que en fecha diec¡ocho de setiembre del dos mil dos, representación de la Asociación Justicia para la Naturaleza formula gestión de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra la resolución nº866-2000-SETENA, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil. (Ver folios 260 a 270 del tomo I del expediente administrativo); 12) Que en la resolución nº962-2003-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres, bajo el expediente administrativo nº126-2000-SETENA, denominado "Proyecto Prospección Petrolera Mallon Oil Company", se rechaza el incidente de nulidad absoluta, evidente y manifiesta interpuesta contra la resolución nº866-2000-SETENA y formulada por la Asociación Justicia para la Naturaleza, aclarando en la parte dispositiva, punto tercero, que "..Se debe indicar a la empresa MALLON OIL CO que lo aprobado por esa Secretaría Técnica bajo el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL es únicamente par el Proyecto de RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA FASE I DE PROSPECCIÓN PETROLERA, la cual no implica el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de investigación de campo...". (ver folio 36 a 47del expediente judicial); 13) Que en representación de la Asociación Justicia para la Naturaleza, se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada en el hecho probado inmediato anterior y la firma actora interpone recurso de apelación (ver folios 526 a 545 del tomo II del expediente administrativo); 14) Que en la resolución Nº 2698-2008-SETENA, de las doce horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho, bajo el expediente nº126-2000-SETENA, en lo que interesa, se rechaza el recurso de revocatoria presentado por Justicia para la Naturaleza contra la resolución número indicada en el hecho probado número trece y se eleva el recurso de apelación interpuesto por la firma actora. (ver folios 48 a 54 del expediente judicial) y 15) Que a través de la resolución R-213-2011-MINAET, del catorce de abril del dos mil once, el Ministerio de Ambiente, en lo que interesa, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la firma actora contra la resolución nº962-2003-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres. (ver folios 99 a 104 del expediente judicial y 1003 a 1008 del expediente administrativo de SETENA) III.-De los hechos no probados.- Para la correcta solución del presente asunto, se tiene por indemostrado lo siguiente, por carecer de sustento probatorio: Que la firma Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica, haya presentado el estudio de impacto ambiental requerido para cumplir con el requisito de la Fase I de Prospección Petrolera, de la Licitación Pública Internacional nº2, promovida por el Ministerio de Ambiente y Energía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Hidrocarburos, 2, 3 y 4 del Decreto nº26750-MINAE, Reglamento para la realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. IV.-Del objeto de la demanda-. Tal y como fuera señalado líneas atrás, la parte actora pretende que mediante sentencia se declare contraria al ordenamiento jurídico, la conducta omisiva del Poder Ejecutivo de firmar el contrato de exploración y explotación petrolera, por lo que solicita se le ordene a éste que en un plazo perentorio establecido por este Tribunal, proceda con la firma del contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En caso de oposición del Estado a sus pretensiones, solicita se le condene al pago de ambas costas.(ver folios 26 y 27 del expediente judicial). V.- Sobre los argumentos de la actora: En síntesis, indica que mediante la resolución R-105-MINAE-00, se le declara adjudicataria de la Licitación Pública Internacional Petrolera número dos, promovida por el Gobierno de Costa Rica para la exploración y explotación de Hidrocarburos en los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10, localizados en la zona norte y atlántica de Costa Rica. Indica que dentro de los plazos establecidos en el cartel, la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, presentó el primer estudio de impacto ambiental, el cual fue revisado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aprobando el mismo mediante resolución número 866- 2000-SETENA, de fecha tres de octubre del año dos mil, siendo ésta confirmada a través de las resoluciones 962-2003-SETENA y 2698-2008-SETENA. Agrega que de acuerdo con la cláusula II.I del cartel de la licitación, a partir de la aprobación del estudio de impacto ambiental, por parte de SETENA, la adjudicación se considera eficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de licitaciones. Afirma que cumplió con la obligación de obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental, por lo que la adjudicación quedó en firme desde el día veintiuno de abril del año dos mil, debiéndose firmar el contrato en el plazo de seis meses pero la omisión se ha extendido por más de once años. Argumenta que habiendo cumplido los requisitos legales, reglamentarios y cartelarios correspondientes, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil, en aras de formalizar el contrato, presenta nota ante la Dirección General de Hidrocarburos, la cual es contestada a través del oficio DGH-10-01 y posteriormente, ambas partes se reúnen durante varios meses para negociar las cláusulas contractuales, consensuándose el texto final. Finalmente, en la sesión ordinaria nºXI, el Consejo Técnico de Hidrocarburos, revisó y aprobó el contrato, remitiendo a través del oficio DGH-249-2011 al Departamento Legal el documento, por lo que habiéndose aprobado el estudio de impacto ambiental y contando con la aprobación del Consejo Técnico de Hidrocarburos, lo único que procedía era firmar el contrato, mismo que por razones estrictamente políticas, sin que mediara resolución debidamente razonada y justificada, se niega el Poder Ejecutivo a firmarlo. Por otra parte, alega que la Asociación Justicia para la Naturaleza presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 866-2000-SETENA, que aprueba el estudio de impacto ambiental, siendo éste rechazado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a través de la resolución 962-2003-SETENA, misma que es recurrida bajo alegatos de nulidad, que son rechazados por dicho órgano en la resolución 2698-2008-SETENA. Ante ello, Justicia por la Naturaleza interpone un recurso de amparo, el cual es rechazado por la Sala Constitucional en el voto número 205-2010, de las 10:39 horas del ocho de enero del dos mil diez. Afirma, que mediante resolución R-213-2011-MINAET, del catorce de abril del dos mil once, el Ministerio de Ambiente, rechaza el recurso de apelación. Indica que una vez firmado el contrato, la empresa actora debe realizar los estudios correspondientes a los trabajos de campo y ejecutarlos, ya que de forma previa no es posible, toda vez que estaría contraviniendo la legislación aplicable y las disposiciones de la Contraloría General de la República. En todo caso, advierte que entiende por operado el silencio negativo a su solicitud cursada en fecha seis de julio del dos mil once ante el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones tendiente a fijar fecha y hora para la firma del contrato. Por último, indica que sin comunicación previa, el Gobierno de Costa Rica el día diecinueve de agosto del dos mil once, promulga el Decreto que impone una moratoria a la explotación petrolera, que viene a afectar sus derechos, sin que se haya cumplido a la fecha, la obligación de firmar el contrato. En sustento de lo anterior, alega la violación de los contenidos esenciales de la licitación pública, a tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política, los principios que informan la contratación administrativa, quebrándose el principio de igualdad de trato con los demás contratistas de la administración pública, pese a actuar de buena fe e informar al Estado, la obligación de firmar el contrato. Aborda los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia desarrollados por la Sala Constitucional y el carácter reglamentario que ostenta el cartel específico de la contratación, conforme dispone el artículo 48.1 del Reglamento del Sistema de Licitación y el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, alegando su infracción por parte del MINAET, dado el actuar ilegítimo de la Administración en la firma del contrato y respeto de las normas que rigen la licitación pública. Además, indica que se violenta el principio de la intangibilidad de los actos propios, al existir una resolución, la R-105-MINAE, de las ocho horas del ocho de marzo del año dos mil, dictada por el Ministerio de Ambiente y Energía, que adjudicó la licitación, por cuanto no puede ser revocado en sede administrativa ni anulado en la vía jurisdiccional al haber operado la caducidad. Indica que de acuerdo al artículo 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, la adjudicación es válida mas no eficaz, hasta tanto no se de una aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, deviniendo en aplicable el Decreto Ejecutivo número 26750-MINAE, que corresponde al Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el cual establece que las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental son la fase de prospección y la fase de exploración intensiva, siendo la primera de éstas suficiente para que el acto adjudicatario de una concesión petrolera sea declarado en firme. Continua su alegato indicando que expresamente Nombre155031 a través de las resoluciones 866-2000, 962-2003 y 2698-2008, indicó que la actora ha cumplido con el requisito del estudio de impacto ambiental, de toda suerte que la obligación de firmar, elaborar y hacerse aprobar un estudio de impacto ambiental por parte de Nombre155031 surge a partir del momento de la firma del contrato, conforme lo indica el artículo 43 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y de la cláusula II.1 del cartel licitatorio, puesto que la iniciación de los trabajos de campo requieren previamente la aprobación de un estudio de impacto ambiental, conforme la legislación vigente, por lo que este debe presentarse y hacerse aprobar por Nombre155031 dentro de lo seis meses siguientes a la firma del contrato. Aclara que en el Decreto nº26750-MINAE, define prospección petrolera como una evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada, ya sea de forma directa o indirecta, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos. Al amparo de lo anterior, afirma que las resoluciones de Nombre155031 que son de carácter técnico, establecieron claramente que la empresa actora cumplió con la primera etapa de la prospección petrolera al haber aprobado el primer Estudio de Impacto Ambiental, asimismo, indica que estas resoluciones establecieron indubitablemente que el siguiente Estudio de Impacto Ambiental se debe presentar antes del inicio de labores de campo, es decir, de la segunda etapa de la fase de prospección petrolera, la cual debe iniciarse, según el cartel licitatorio, dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato. Alega también la actora que la conducta omisiva de la Administración violenta lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, al contravenir las reglas unívocas de la ciencia, la técnica, principios elementales de lógica y justicia, por cuanto no existe técnica ni jurídicamente ninguna razón para exigirle la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental adicional antes de la firma del contrato, pues es con su firma que se genera la obligación de presentar un siguiente Estudio de Impacto Ambiental como paso previo al inicio de labores de campo, es decir, a la segunda etapa de la prospección petrolera, ya que ello implica una localización geográfica de donde se realizarán en secuencia las actividades de campo, dentro del área de concesión otorgada, esto, por cuanto a la fecha no se conocen las localizaciones donde se realizarán las actividades de campo hasta que se inicien las primeras de éstas, siendo que cada una de ellas tendrá el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. En síntesis, argumenta que cualquier acto diferente a la firma del contrato, en especial la realización de un estudio de impacto ambiental para la etapa de ejecución del contrato, resulta un acto ilegal y contrario a la cláusula I.11 del cartel de la Licitación Petrolera nº2. VI. Sobre los argumentos del demandado: En resumen, alega que el acto de adjudicación no se encuentra en firme en razón del incumplimiento de la actora en la presentación del estudio de impacto ambiental requerido por el cartel de la licitación, por lo que le es aplicable el Decreto Ejecutivo que declara la moratoria nacional para la explotación petrolera, Decreto nº26693-MINAET, del 1º de agosto del 2011. Lo anterior, lo fundamenta en que el Estudio de Impacto Ambiental, bajo el número de resolución 866-2000, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil, ya que se refiere únicamente a los estudios de gabinete que proyecta hacer la adjudicataria, que por su propia naturaleza no generan impacto ambiental, por lo que dicha evaluación no puede sustentar el inicio de actividades de campo que sí generan impacto importante, aún en la fase uno. Indica que dicha tesis se sustenta también en la resolución nº 962-2003-SETENA, de las once horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres, la cual fue confirmada por la resolución nº2698-2008-SETENA, de las doce horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho. Señala que la firmeza del acto de adjudicación no sólo depende de la no presentación de recurso de apelación alguno, sino que además, del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, por lo que se elaboró un borrador o simple texto del contrato. Argumenta que al amparo del artículo 50 constitucional y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, toda actividad humana potencialmente dañina al ambiente debe ser evaluada antes de su realización, a lo cual se suma lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el cual dispone que tales actividades deben someterse a evaluación ambiental, siendo este último cuerpo normativo, el que establece que la evaluación se realiza en dos fases, con los respectivos estudios de impacto ambiental. Alega también que la Sala Constitucional anuló a través de la sentencia nº2002-1221, de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del seis de febrero del dos mil dos, los párrafos segundo y tercero del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, precisamente por permitir la evaluación ambiental en forma posterior al otorgamiento de la concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos, encontrándose en el mismo sentido que la sentencia 6240-93, del veintiséis de noviembre de 1993, por lo que concluye que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos son actividades que deben ser evaluadas en forma previa a su realización. Alega que la exploración petrolera se divide en dos fases para efecto de evaluación ambiental, tal y como lo disponen los artículos 2 y 3 del Decreto nº26750-MINAE, siendo que de acuerdo con el artículo 4 de dicho Decreto, la fase 1 de prospección, debe encontrarse aprobada para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera quede en firme, situación que no presenta la firma actora, toda vez que tal y como se desprende de las resoluciones nº866-2000, 962-2003-SETENA y particularmente, de la resolución 2698-2008-SETENA que indica que sólo se está aprobando la evaluación de impacto ambiental de las actividades de recopilación y análisis de información, se concluye que no se otorgó la viabilidad ambiental para las actividades de campo, por lo que la empresa actora no ha concluido con el Estudio de Impacto Ambiental de la fase 1, ya que lo presentado corresponde solo a estudios de gabinete que proyecta hacer la adjudicataria, que por su propia naturaleza no generan impacto ambiental, por lo que dicha evaluación no puede sustentar el inicio de actividades de campo, que sí generan impacto aún en la fase 1. En esta línea argumentativa aduce que en el oficio DGH332-2002, dictado por la Dirección General de Hidrocarburos, señala que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la actora y aprobado por Nombre155031 no da por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección. Ésto, dado que las actividades que contempla la firma actora en lo que denomina fase I, se refiere solamente a un proyecto de recopilación y análisis de información, no obedeciendo a las actividades que enumera el Decreto nº26750-MINAE de prospección y mucho menos a las de exploración intensiva, por lo que por más que indique el documento que se trata de una actividad de prospección, ello no lo es, dado que tal y como se ha indicado reiteradamente, la resolución nº866-2000 aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, no se refiere a actividades de campo. En razón de lo anterior, aduce que el Estado no ha incurrido en conducta contraria al ordenamiento jurídico, máxime que le es aplicable a la actora el artículo 1º del Decreto nº36693-MINAET, del 1º de agosto del dos mil once, que establece una moratoria de tres años para la actividad cuyo propósito sea desarrollar la explotación de depósitos de petróleo en el territorio nacional. En lo que respecta a los principios que regulan la contratación administrativa, rechaza los alegatos de la actora, por cuanto no ha ocurrido un trato discriminatorio en el proceso licitatorio en el cual fue adjudicada ni se ha demostrado prueba de ello. Argumenta que no se han violentado los principios de igualdad, transparencia ni de buena fe o las reglas de la licitación, toda vez que quien ha incumplido la cláusula 11.1. del Cartel de la licitación es justamente la actora. Asimismo, alega que en razón de no encontrarse firme el acto de adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto nº26750-MINAE, no se ha violentado por parte de la Administración el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Con respecto a la violación al principio de intangibilidad de los actos propios, argumentan los representantes del Estado que no se da el quebranto señalado, toda vez que en ningún momento se ha puesto en duda que la actora sea la adjudicataria del proceso de licitación. Igual suerte indican que corren los demás alegatos de derecho, puesto que todos se fundamentan en que el requisito relativo a la evaluación ambiental, necesaria para tener por firme la adjudicación para así dar cabida a la firma del contrato, por lo que a la luz de los autos no se violentaron la cláusula 11.1 del Cartel de Licitación, los artículos 43 y 48.1 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, los artículos 2, 3 y 4 del Decreto nº26750-MINAE, ni los artículos 6, 16.1 y 11 de la Ley General de la Administración Pública, dado que el Estado justamente atendiendo a lo regulado en las normas transcritas que condicionan la eficacia y firmeza de la adjudicación a la respectiva evaluación ambiental que debe hacer la empresa adjudicada utilizando como instrumento un estudio de impacto ambiental, no ha firmado el contrato. Por último, alega que el criterio técnico de Nombre155031 recogido en las resoluciones Nombre155031 y Nombre155032, impiden dar por satisfecho el requisito estipulado en el cartel de la Licitación así como en el artículo 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y el artículo 4 del Decreto nº26750-MINAE, por lo que no se ha violentado el principio de legalidad. VII. Sobre la normativa regulatoria de la explotación y exploración petrolera.- Por ser de relevancia para la resolución de este asunto, este Tribunal estima pertinente hacer algunas consideraciones en torno a la normativa que regula la exploración y explotación petrolera. En primer término, debe tenerse claro que de acuerdo con el artículo 121 inciso 14. B de la Constitución Política vigente, no podrán salir definitivamente del dominio del Estado los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional. Es esta la premisa que recoge el artículo primero de la Ley de Hidrocarburos, Ley nº 7399 de 3 de mayo de 1994 y desarrolla a partir de todo su articulado, disponiendo en el artículo 41 de su texto lo siguiente: "Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables". Bajo esta línea de pensamiento, y atendiendo además a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige estudios de impacto ambiental para toda actividad humana que altere o destruya elementos del ambiente o genere residuos, materiales tóxicos o peligrosos, se dicta el Decreto Ejecutivo N° 26750-MINAE, del 17 de marzo de 1998, denominado "Reglamento para la realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos", en cuyo artículo tres, indica que: "las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo 2 son: a) Fase I: prospección, b) Fase II: exploración intensiva". Estas fases son sumamente importantes, por cuanto el estudio de impacto ambiental resulta ser un requisito indispensable y medular para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera adquiera firmeza (artículo 4 del Decreto). Es justamente este cuerpo reglamentario, el que se ocupa de definir en que consiste la Fase I de prospección, siendo ésta, el eje temático sobre el cual gira la presente sentencia. La definición contenida en el numeral citado, reza así: "Prospección Petrolera: Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografiado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restrinja al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades" (lo consignado en mayúscula corresponde al original). El Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997, establece en su artículo 43 que la adjudicación será válida pero no eficaz, hasta tanto no se de una aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente y Energía. Por último, resulta de interés para el dictado de la presente resolución, el Decreto nº36693-MINAET, vigente desde el diecinueve de agosto del dos mil once, que declara moratoria nacional para la explotación petrolera, por un plazo de tres años para la actividad que tenga el propósito de desarrollar la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional, cuyo transitorio primero, indica que:"Todos aquellos trámites relacionados con la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional, que se encuentren pendientes de un acto final declaratorio de derechos ante la Dirección de Hidrocarburos, ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental o cualquier dependencia del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo de moratoria, serán suspendidos. Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado." Así las cosas, tenemos que las disposiciones transcritas, brindan el escenario normativo del asunto sometido a análisis.- VIII. De los principios ambientales aplicables al caso concreto: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política y en los Tratados Internacionales que en materia de ambiente han sido suscritos por nuestro país, se ha reconocido como un derecho fundamental, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con ocasión de ello, se exige la tutela del Estado y a su vez se obliga a todos los administrados a ajustar sus conductas en respeto a este derecho. Con el propósito de garantizar tal función, se han desarrollado, tanto por parte de la jurisprudencia como por la doctrina jurídica vigente, una serie de sendos principios, entre ellos el principio de conjunción de aspectos colectivos o individuales, objetivación de la tutela del ambiente, solidaridad, responsabilidad, regulación jurídica integral, el principio de transpersonalización de las normas jurídicas, diversidad cultural, equidad intra e intergeneracional, el principio de quien contamina paga, inversión de la carga de la prueba, así como el deber del Estado en su sentido amplio, de velar por la utilización racional del ambiente, el principio de precaución o indubio pro natura, entre otros. (Nombre155033 (Nombre5895), Manual de Legislación Ambiental Costarricense, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, p.16). Particularmente, para el análisis y la resolución del caso que nos ocupa, interesan de manera especial y preponderante tres de ellos, a saber, el de objetivación de la tutela del ambiente, el principio precautorio y el principio de inversión de la carga de la prueba. El primero de estos, guarda estrecha relación con los numerales 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública que invocan las reglas de la ciencia, la lógica y la técnica así como con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige como requisito previo a la aprobación y realización de cualquier proyecto que pueda tener alguna incidencia en el ambiente, la evaluación de impacto ambiental, lo que significa que la prueba técnica y científica es medular como sustento de cualquier decisión que la Administración Pública adopte en materia ambiental, en aras de motivar correctamente el acto administrativo a partir de criterios objetivos. Es así como el principio de objetivación de la tutela del ambiente, exige que la motivación del acto administrativo se sustente en criterios objetivos, cuyo origen sea técnico o científico, siendo este principio aplicable para toda función pública, de naturaleza administrativa, legislativa o jurisdiccional. En cuanto al segundo principio, el precautorio, es importante precisar que opera plenamente cuando la administración debe denegar una solicitud de autorización para realizar una actividad o conducta; cuando técnica, objetiva y científicamente existe duda razonable del impacto que pueda producir en el ambiente y salud de las personas con la implementación y ejecución de un determinado proyecto. Esto significa que deviene en aplicable cuando no existe certeza científica de las consecuencias para el medio ambiente de una acción determinada, en razón del riesgo que se asume si no se adoptan mecanismos de tutela a efecto de reducir la posibilidad de sufrir un daño grave de orden ambiental, toda vez que no se tiene certeza de la posibilidad que el daño ocurra. En otras palabras, es un principio que impone la cautela y para ello, la Administración debe velar por la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas a adoptar, las que en todo caso, responden a un temporalidad y provisionalidad, por lo que no pueden ser arbitrarias, requiriendo al efecto, de una debida fundamentación. Se entiende entonces que este principio alude a la acción y efecto de prevenir, siendo aplicable en aquellos supuestos en que se dicten medidas anticipatorias, correctivas o mitigatorias a un evento o conducta, con el fin de evitar un riesgo o ejecución de alguna acción u omisión que puede generar efectos negativos, de manera que se anticipe la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Este principio opera así, a fin de evitar consecuencias al ambiente o a las personas, por cuanto en materia ambiental, las tareas de mitigación a posteriori, no resultan eficaces, máxime cuando los daños son irreversibles. Este principio, se encuentra recogido en textos normativos de nuestro ordenamiento jurídico, de toda suerte que no solo se extrae del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que además, se desprende de lo dispuesto en el artículo 11 incisos 1) y 2) de la Ley de la Biodiversidad, número 7788, del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, que en lo que interesa dispone: "Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia, anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.-Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección." (lo destacado no corresponde al original). Por último, el principio de inversión de la carga de la prueba se genera sobre la base de una responsabilidad patrimonial objetiva, que se traduce en una presunción de causación de daño ambiental del desarrollador del proyecto que pretende su autorización. Lo anterior encuentra sustento expreso en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, el cual dispone que la carga de la prueba en los procedimientos ambientales corresponderá a quien solicita la autorización, licencia o permiso de uso o aprovechamiento de recursos naturales, o al infractor, a fin de demostrar que él no causó el daño, o que su actividad no generará daño al ambiente, en los siguientes términos: "Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitida, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso de acceso a la biodiversidad a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental". Teniendo claro los principios rectores a analizar en el presente asunto, se aborda de seguido la importancia de los estudios de impacto ambiental. (lo destacado no corresponde al original).- IX. De la exigencia de los Estudios de Impacto Ambiental.- Sin duda alguna, la aplicación de los principios descritos en materia de tutela del ambiente, impone una responsabilidad a la Administración Pública en razón de la trascendencia que reviste la adopción de medidas tendientes a evitar que conductas humanas incidan negativamente en la naturaleza, incluso, con afectaciones que se puedan tornar irreversibles. Por tal motivo, los estudios de impacto ambiental, que responden a estudios técnicos y objetivos previos, son condicionantes de la actividad petrolera, sea ésta de prospección, exploración o explotación. Es así, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ambiente, la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de un análisis pormenorizado que incluya los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hace posible su aprobación. Tal y como ocurre con todo estudio de impacto ambiental, el objetivo de este estudio técnico es determinar si existen situaciones de riesgo para el ambiente, entendiéndose que éste comprende tanto elementos de la biodiversidad natural como los elementos del urbanismo, -según interpretación dada por la propia Sala Constitucional en sentencia número Placa32048, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres-, debiendo responder a las normas, objetivos y prioridades ambientales del Estado, según dispone el principio 11 de la Declaración de Río. Si bien es cierto, los principios ambientales mencionados son medulares en el presente estudio, no debe olvidarse que es plenamente aplicable también el principio preventivo, cuando se concluya técnicamente, que la conducta objeto de análisis ( pública o privada, empresarial, industrial, comercial, agrícola, etc), pueda provocar un daño al ambiente y a sus elementos, y que por ende, es inviable otorgar la autorización para realizar el proyecto perseguido. Otro escenario es aquél en que se tiene certeza del impacto ambiental que puede generar el proyecto propuesto, pero en este caso el impacto es razonable y tolerable, de manera que obliga a la administración a adoptar medidas de mitigación del daño y de los riesgos por la realización de la actividad autorizada, acciones que no sólo deben responder a evaluaciones técnicas, científicas y objetivas previamente cursadas, sino que además, su incumplimiento tiene como consecuencia la cancelación del derecho concedido, una vez realizado el procedimiento respectivo para tal declaratoria. Ahora bien, a efecto de abordar la enumeración de los tipos de evaluación ambiental que puede autorizar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es importante precisar que ésta comprende tres fases o etapas: la inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto que se pretende realizar; la confección del estudio de impacto ambiental y finalmente, el control y seguimiento en la ejecución de la actividad, obra o proyecto al que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental le otorgó la viabilidad ambiental correspondiente. En la etapa inicial, se analizan los elementos característicos del proyecto u obra, en función de los factores urbano- ambientales en donde se pretende ejecutar, determinándose en esta fase de evaluación, si se puede obtener la viabilidad ambiental o bien, se requiere de un estudio de impacto ambiental, un plan de gestión ambiental con el consecuente nombramiento de un regente ambiental o la declaración de compromisos ambientales. Particularmente para el asunto en estudio, en que las normas aplicables a la actividad petrolera determinan que lo requerido en estos casos es un estudio de impacto ambiental y no otro mecanismo, interesa precisar que el estudio de impacto ambiental es entendido como el procedimiento administrativo de orden técnico-científico, que permite identificar y predecir los efectos que la actividad, obra o proyecto pretendido, pueden provocar sobre los elementos que conforman el ambiente, calificando el nivel de impacto que se ocasionaría, para así llevar a cabo una ponderación de éste frente a los intereses públicos a tutelar y así poder determinar si se aprueba, rechaza o condiciona el proyecto solicitado. X. Del fundamento de la demanda y su valoración por parte de este Tribunal: A través de la resolución nºR-105-MINAE, de las ocho horas del ocho de marzo del año dos mil, publicada en el Diario Oficial La Gaceta nº73, del día trece de abril del año dos mil, se adjudica a favor de la firma Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica, los seis bloques terrestres número 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Licitación Petrolera nº2, promovida por el Ministerio del Ambiente y Energía, para la exploración y explotación de hidrocarburos. De acuerdo al punto I.II del cartel así como los artículos 41 de la Ley de Hidrocarburos, 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997 y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos; para dotar de eficacia la adjudicación efectuada, es requisito insoslayable, contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Por su parte, el cartel de la licitación pública internacional nº2, para la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica, recoge lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, disponiendo que la adjudicación será válida pero no eficaz, hasta tanto no se dé una aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente y Energía. En armonía con lo anterior, el artículo 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, indica que la fase I del Estudio de Impacto Ambiental, corresponde a la prospección, fase que de conformidad con el artículo cuatro de dicho texto normativo, es el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Teniendo claro entonces a partir de una lectura armónica de los textos normativos que regulan la explotación y exploración petrolera, que la fase I de prospección dota de eficacia el acto adjudicatorio, deviene en indispensable determinar qué comprende esa fase I de prospección, definiendo el Decreto dicho como tal, aquella "Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografiado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restrinja al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades" (la mayúscula corresponde al original). Es justamente éste, el objeto sobre el cual gira la discusión del presente proceso, por lo que es conveniente realizar el análisis de las resoluciones emitidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano competente en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. De acuerdo al elenco de hechos probados, la firma actora en el formulario para elaboración de términos de referencia en estudios de impacto ambiental de tipo dirigido -FETER- extendidos por el Ministerio del Ambiente y Energía, indica que la información para el trámite del expediente 126-2000, "obviamente deberá ser general" (ver hecho probado número 5). Es así, que en el Resumen Ejecutivo presentado en el mes de julio del año dos mil, para el "Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica", de Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, expediente Nombre155031 nº126-2000, se indica en lo que interesa que: "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." (ver hecho probado número 6). Con base en la información brindada, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en la resolución nº866-2000-SETENA, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil, indica que en el artículo 26 adoptado en la sesión ordinaria nº037-2000 de esa Secretaría, celebrada el día tres de octubre del año dos mil, se acuerda "Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, basado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos 7399. Esta aprobación se otorga en el entendido de que la actividad que se ha presentado en el Estudio de Impacto Ambiental consta con la recopilación y análisis de la información bibliográfica relacionada con los aspectos geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos, de manera que permita determinar el potencial de prospección y otros estudios adicionales en los bloques 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con una superficie total de 99497,15 kms². Si posteriormente se decide la realización de las explosiones de las zonas estudiadas, se aplicará lo dispuesto en la Ley (art. 41 de la ley de hidrocarburos) en relación con este tipo de actividad." (hecho probado número 7). No obstante lo indicado por dicho órgano en la resolución parcialmente transcrita; a través del oficio SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, le solicita a la Dirección General de Hidrocarburos, criterio técnico en torno al documento presentado por la firma actora y aprobado en la resolución 866-2000-SETENA, a efecto que ésta lo analice e indique si cumple con lo dispuesto en el Decreto 26750-MINAE y la legislación actual de hidrocarburos con respecto a la definición de prospección petrolera. El órgano técnico especializado del Ministerio de Ambiente y Telecomunicaciones, a cuyo cargo se encuentran los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos de exploración y explotación petrolera (artículos 3 y 22 de la Ley de Hidrocarburos), es conteste al afirmar en el oficio DGH332-2002, de fecha primero de agosto del año dos mil dos, que el estudio de impacto ambiental presentado por la actora y aprobado por Nombre155031 no da por finalizada la fase I, por cuanto no es un estudio de prospección. Afirma lo anterior, por cuanto estima que lo comprendido en el proyecto de recopilación y análisis de información presentado por la actora, corresponde a actividades de gabinete que no se encuentran dentro de los métodos descritos en la definición de prospección petrolera del artículo 1 del Decreto nº26750-MINAE y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ya que el Decreto refiere a actividades geológicas y geofísicas de campo, ya sean terrestres o marinas. Además se afirma en dicho oficio, que los estudios de impacto ambiental asociados a un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos, deben estar relacionados con actividades de campo comprendidas en el Plan de Esfuerzo Exploratorio Ofertado que se adjudicó en el proceso licitatorio, por lo que se requiere necesariamente de actividades de campo. En virtud de la respuesta brindada, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución nº962-2003-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres, aclara los alcances de la resolución nº866-2000-SETENA, informando que lo aprobado es únicamente para el proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera, lo cual no implica el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de investigación de campo. Es de hacer notar, que la precisión realizada en la resolución en referencia, coincide con lo expuesto por el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el oficio SG-722-2002 (AJ)-SETENA de fecha dieciséis de mayo del dos mil dos, en el cual se indica que el documento presentado en fecha doce de julio del año dos mil por la firma actora, no corresponde a un Estudio de Impacto Ambiental. Al respecto, la empresa actora argumenta su posición indicando que al amparo de la definición de actividad de prospección indicada en el Decreto Ejecutivo N° 26750-MINAE, la metodología empleada, puede ser de forma directa o indirecta, siendo ésta última la utilizada a partir de la recopilación y análisis de información existente, de toda suerte que la obligación de firmar, elaborar y hacerse aprobar un estudio de impacto ambiental por parte de Nombre155031 surge a partir del momento de la firma del contrato, siendo que es para la iniciación de los trabajos de campo, que se requieren los estudios de impacto ambiental y no antes, esto es, que dichos estudios se deben presentar antes del inicio de labores de campo, las cuales corresponden a la segunda etapa de la fase de prospección petrolera, la cual debe iniciarse, según el cartel licitatorio, dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato. Esta Cámara no comparte el criterio expuesto por la firma actora. Ello, por cuanto si bien es correcto afirmar que de la redacción del texto de la definición de prospección petrolera del Decreto nº26750-MINAE, se extrae que la metodología a emplear para obtener la evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, puede ser de forma indirecta o directa, lo cierto es que la norma parte de la premisa de un impacto ambiental en pequeña escala, al exponer que con esa metodología, se puedan obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Es en razón de un impacto ambiental, que se prevé en los artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que la fase I de prospección, -de conformidad con el artículo cuatro de dicho texto normativo-, requiere indispensablemente de un estudio de impacto ambiental suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo exige el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Esta interpretación resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, mismo que impone que toda actividad humana potencialmente dañina al ambiente debe ser evaluada antes de su realización. Bajo este razonamiento y al amparo de una lectura armónica de los artículos 41 de la Ley de Hidrocarburos, 43 del Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE del 22 de enero de 1997 y artículos 2 y 3 del Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, -que exigen para dotar de eficacia la adjudicación efectuada, el contar el adjudicatorio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones-, es claro que para cumplir con este requisito, es necesario realizar labores de campo, dado que no es lógico partir de la premisa, que solamente la recopilación y análisis de información provoquen un impacto en el ambiente, toda vez que este es inexistente en los términos expuestos por la firma actora, la cual indica en el resumen ejecutivo presentado en aras de obtener el estudio de impacto ambiental, que "El proyecto de Recopilación y Análisis de Información consta de una serie de actividades de características tales que no generan impacto ambiental. Esto se dice principalmente debido al hecho que por tratarse de recopilación de información ya existente, no se harán labores de campo y por lo tanto no habrá interacción con el medio..." (ver hecho probado nº6). Aunado a lo anterior y retomando lo indicado en el considerando precedente, debemos recordar que los estudios de impacto ambiental son entendidos como procedimientos administrativos de orden técnico- científico, que permiten identificar y predecir los efectos que la actividad, obra o proyecto pretendido, pueden provocar sobre los elementos que conforman el ambiente, calificando el nivel de impacto que ello provoca, para así llevar a cabo una ponderación de éstos frente a los intereses públicos que tutelar y poder determinar si se aprueba, rechaza o condiciona el proyecto solicitado. Desde esta perspectiva, es evidente que la simple labor de recopilación y análisis de información, no corresponde a una conducta que genere impacto ambiental alguno, por lo que lógicamente, no puede tenerse por aprobado el estudio de impacto ambiental que invocan las normas transcritas y por lo tanto, la negativa de firmar el contrato por parte del Estado no obedece a razones de orden político como argumenta la actora, sino a razones de orden técnico jurídico, de manera que lejos de violentarse los principios de la contratatación adminstrativa que enumera en sus argumentos, de los autos se concluye que el Estado ha actuado conforme lo exige el principio de legalidad. De esta manera, pese que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental indica en la resolución nº866-2000-SETENA, de las once horas veinte minutos del tres de octubre del año dos mil, dictada dentro del expediente denominado "Expediente administrativo nº126-2000-SETENA, proyecto de prospección petrolera en zona norte y zona atlántica", que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, cuya actividad consta en la recopilación y análisis de la información bibliográfica relacionada con los aspectos geológicos, topográficos, físicos, geofísicos y biológicos, de manera que permita determinar el potencial de prospección y otros estudios adicionales en los bloques 5, 6,7, 8, 9 y 10, con una superficie total de 99497,15 kms², (hecho probado número 7), lo cierto es que la denominación utilizada por el órgano técnico no es la correcta, toda vez que no corresponde el contenido y la naturaleza real del documento presentado por la actora ante la administración demandada, con la denominación y los alcances que se le concede al mismo en el acto administrativo emitido por parte del SETENA. Analizado dicho documento y en atención a su contenido, concluye esta Cámara que no es un estudio de impacto ambiental lo que presentó Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. ante la administración; pero pese a ello, la Nombre155031 erradamente lo califica como tal y en el acto administrativo de aprobación que emite, se refiere a dicho documento como el estudio referido. Ahora bien, aunque así lo hizo de manera errada la administración, dicho error no logra variar la naturaleza real y el contenido del documento aportado, contenido que no corresponde al propio de un estudio de impacto ambiental (aunque la Nombre155031 lo califique como tal). A lo anterior se suma que no es legítimo entender por otorgado un estudio de impacto ambiental, para una actividad o conducta que no genera impacto alguno. La recopilación y/o análisis de información con respecto a una ubicación geográfica no implica que exista un impacto sobre el ambiente y en ese tanto, es claro que el ánimo de las disposiciones normativas y cartelarias citadas no fue cumplido por la empresa actora. Así las cosas y al tenor de lo indicado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la resolución aclaratoria, número 962-2003-SETENA, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres, se concluye que la resolución nº866-2000-SETENA, "aprueba" únicamente el proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera, lo cual no implica el otorgamiento de la viabilidad ambiental para las actividades de investigación de campo, las cuales tal y como se indicó ut supra, son necesarias para tener por cumplida esta etapa, dado que la normativa transcrita prevé que se efectuén en la etapa de prospección petrolera, actividades con poco impacto significativo de orden ambiental, lo que presupone conductas que alteran y afectan el ambiente. En razón de lo anterior, no es legítima la interpretación de la firma actora, que pretende partir de la premisa que los estudios de impacto ambiental se limitan a la fase II de exploración. Consecuentemente, no cabe duda de la no elaboración por parte de la actora, de un estudio de impacto ambiental en los términos que técnicamente y jurídicamente, se exigen en la normativa tantas veces citada que regula lo concerniente a la explotación de hidrocarburos. Por otra parte, tampoco es de recibo el argumento de la actora de sujetar a la firma del contrato, la labor de tareas de campo, esto, en razón de la "seguridad" que la firma de éste le provee con respecto a la concesión otorgada, toda vez que por definición, el contrato administrativo producto de una licitación, es entendido como la formalización de la adjudicación y que sustituye a la simple orden de inicio, toda vez que por la complejidad y particularidad de la ejecución, se requiere de la enumeración clara de las cláusulas que regirán la concesión, en orden al cartel y la normativa aplicable, constituyendo en consecuencia, solamente una formalidad que no afecta el derecho que ostenta el adjudicatario, desde la vigencia y eficacia del acto de adjudicación. En otras palabras, la firma del contrato, no supera el alcance y los efectos jurídicos que ostenta un acto de adjudicación, ya que es éste el que por excelencia materializa un derecho al oferente de una contratación administrativa, por lo que no comparte esta Cámara el efecto que pretende la firma actora atribuirle a la firma del contrato, debiendo entenderse que éste solamente constituye un instrumento de formalización para la prestación de bienes y servicios que dada su complejidad, no pueden exponerse en una simple orden de compra. De esta manera, no se observa infracción alguna al principio de intangibilidad de los actos propios que invoca la actora, por cuanto el Estado no está desconociendo la validez del acto, sino la eficacia de éste, en virtud de la ausencia del requisito que se lo atribuye, a la luz de la normativa regulatoria de la exploración y explotación de los hidrocarburos. Por último, debe indicar este Tribunal, que ningún perjuicio se le provoca a la empresa con la emisión del Decreto Ejecutivo que declara la moratoria nacional para la explotación petrolera, Decreto nº26693-MINAET, del 1º de agosto del 2011, toda vez que el transitorio I, dispone que "(...) Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado", de toda suerte que, en el evento de haber cumplido con el requisito que dotaba de eficacia el acto de adjudicación, en nada le perjudicaba la emisión del Decreto en referencia. Como corolario de lo expuesto, se concluye que la Administración Pública, se encuentra obligada a tutelar la prevalencia del interés público sobre el particular, a través de los distintos mecanismos de control y fiscalización de las actividades comerciales, industriales, agrícolas y urbanas, para así, lograr mediante su participación un desarrollo sostenible, bajo la armonía de intereses de orden ambiental, económico y social. En el escenario de análisis, al no haber cumplido la parte actora con el requisito de obtener el estudio de impacto ambiental para la fase I de prospección petrolera, para así dotar de eficacia el acto de adjudicación que ha recaído a su favor, no debe y mucho menos se encuentra obligado el Estado, a firmar el contrato relativo a la Licitación Pública Internacional nº2 a favor de la empresa denominada Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. XI.- Sobre la excepción de falta de derecho: A la luz de las consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, arriba este Tribunal a la conclusión que la firma actora no ha rendido el estudio de impacto ambiental requerido para cumplir con el requisito de la Fase I de Prospección Petrolera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, de toda suerte que la excepción opuesta resulta admisible y así, debe declararse sin lugar en todos sus extremos la demanda intentada. XII.- De la condenatoria en costas: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el mero hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo alguno para aplicar las excepciones que fija la normativa procesal al respecto vigente y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se impone la condenatoria en costas procesales y personales a cargo de la empresa actora.-- POR TANTO Se acoge la excepción de falta de derecho y consecuentemente, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica Sociedad Anónima contra el Estado. Son ambas costas del proceso a cargo de la empresa actora. Notifíquese.- Claudia Elena Bolaños Salazar Elías Baltodano Gómez Sandra María Quesada Vargas Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:43:04. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VII. On the regulatory framework for oil exploration and exploitation.- Due to its relevance for the resolution of this matter, this Tribunal deems it pertinent to make some considerations regarding the regulations governing oil exploration and exploitation. First, it must be clear that, in accordance with Article 121, subsection 14.B of the current Political Constitution, coal deposits, sources and deposits of petroleum, and any other hydrocarbon substances, as well as deposits of radioactive minerals existing in the national territory, may not permanently leave State ownership. This is the premise embodied in Article 1 of the Hydrocarbons Law, Law No. 7399 of May 3, 1994, and developed throughout its provisions, with Article 41 of its text stating the following: “Exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory norms and requirements regarding environmental protection and the recovery of renewable natural resources.” Following this line of thought, and also in accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment, which requires environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIA) for any human activity that alters or destroys elements of the environment or generates toxic or hazardous waste or materials, Executive Decree No. 26750-MINAE, of March 17, 1998, called “Regulations for the Conduct of Environmental Impact Assessments for Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts” (Reglamento para la realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos), was issued. Its Article 3 states that: “the minimum phases comprising the environmental impact assessment referred to in Article 2 are: a) Phase I: prospecting, b) Phase II: intensive exploration.” These phases are extremely important, as the environmental impact assessment is an indispensable and core requirement for the awarding act of an oil concession to become firm (Article 4 of the Decree). It is precisely this regulatory body that defines what Phase I prospecting consists of, this being the thematic axis on which this judgment turns. The definition contained in the cited provision reads as follows: “Oil Prospecting (Prospección Petrolera): Regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows for approximate valuations of the hydrocarbon potential to be obtained, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. Included as part of these methods are the following: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills, whose application does not require road construction, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the application of machinery, nor the opening of trails (trochas), nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments unless there is a prior evaluation and express authorization from the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL for their implementation in these activities” (capitalization in original). The Regulations for the Bidding System for the Conclusion of Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts (Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos), Decree No. 25785-MINAE of January 22, 1997, establishes in its Article 43 that the award shall be valid but not effective until the Environmental Impact Assessment is approved by the Ministry of Environment and Energy. Finally, of relevance for the issuance of this resolution is Decree No. 36693-MINAET, in force since August nineteenth, two thousand eleven, which declares a national moratorium on oil exploitation for a period of three years for activity aimed at developing the exploitation of petroleum deposits in the national territory. Its first transitional provision states: “All proceedings related to the exploitation of petroleum deposits in the national territory that are pending a final declaratory act of rights before the Hydrocarbons Directorate (Dirección de Hidrocarburos), before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or any agency of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, as of the publication date of this executive moratorium decree, shall be suspended. Any right acquired before the publication of this decree shall be respected.” Thus, the transcribed provisions provide the regulatory scenario for the matter under analysis.- VIII. On the environmental principles applicable to the specific case: In accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution and the international treaties on environmental matters signed by our country, the right to a healthy and ecologically balanced environment has been recognized as a fundamental right. On this account, State guardianship is required, and all administered parties are obligated to adjust their conduct in respect of this right. To guarantee this function, a series of principles have been developed by both jurisprudence and current legal doctrine, including the principle of conjunction of collective or individual aspects, objectification of environmental protection, solidarity, responsibility, comprehensive legal regulation, the principle of transpersonalization of legal norms, cultural diversity, intra- and intergenerational equity, the polluter pays principle, reversal of the burden of proof, as well as the State's duty in its broad sense to ensure the rational use of the environment, the precautionary principle or in dubio pro natura, among others. (Cabrera Medaglia (Jorge), Manual de Legislación Ambiental Costarricense, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, p.16). For the analysis and resolution of the case at hand, three of these are of special and preponderant interest: the objectification of environmental protection, the precautionary principle, and the principle of reversal of the burden of proof. The first is closely related to sections 15 and 16 of the General Law of Public Administration, which invoke the rules of science, logic, and technique, as well as Article 17 of the Organic Law of the Environment, which requires an environmental impact assessment as a prerequisite to the approval and execution of any project that may have some impact on the environment. This means that technical and scientific proof is central as the basis for any decision the Public Administration adopts on environmental matters, in order to correctly motivate the administrative act based on objective criteria. Thus, the principle of objectification of environmental protection requires that the motivation of the administrative act be based on objective criteria of a technical or scientific origin, this principle being applicable to all public functions of an administrative, legislative, or jurisdictional nature. As for the second principle, the precautionary principle, it is important to clarify that it fully operates when the administration must deny a request for authorization to carry out an activity or conduct; when there is a reasonable technical, objective, and scientific doubt regarding the impact that a specific project's implementation and execution may have on the environment and people's health. This means it becomes applicable when there is no scientific certainty of the consequences for the environment of a given action, due to the risk assumed if protective mechanisms are not adopted to reduce the possibility of suffering serious environmental damage, given that there is no certainty of the possibility that the damage will occur. In other words, it is a principle that imposes caution, and for this, the Administration must ensure the proportionality and reasonableness of the measures to be adopted, which in any case respond to temporality and provisionality, and therefore cannot be arbitrary, requiring due substantiation. It is understood, then, that this principle alludes to the action and effect of preventing, being applicable in cases where anticipatory, corrective, or mitigating measures are ordered for an event or conduct, in order to avoid a risk or the execution of any action or omission that may generate negative effects, so as to anticipate the protection, conservation, and adequate management of resources. This principle operates thus to avoid consequences for the environment or people, because in environmental matters, ex post mitigation tasks are not effective, especially when the damages are irreversible. This principle is reflected in normative texts of our legal system, so that it is not only drawn from Article 17 of the Organic Law of the Environment, but also emerges from Article 11, subsections 1) and 2) of the Biodiversity Law, Law No. 7788, of April thirtieth, nineteen ninety-eight, which, as relevant, provides: “Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are: 1.-Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.-Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.” (highlighting not in original). Finally, the principle of reversal of the burden of proof is generated on the basis of strict patrimonial liability, which translates into a presumption of environmental damage caused by the developer of the project seeking authorization. This finds express support in Article 109 of the Biodiversity Law, which provides that the burden of proof in environmental proceedings shall fall on the person requesting the authorization, license, or permit for the use or exploitation of natural resources, or on the violator, to demonstrate that they did not cause the damage, or that their activity will not generate damage to the environment, in the following terms: “Burden of proof: The burden of proof of the absence of contamination, degradation, or unpermitted affectation shall fall on whoever requests approval, the permit for access to biodiversity, or whoever is accused of having caused environmental damage.” Having clarified the guiding principles to be analyzed in the present matter, the importance of environmental impact assessments is addressed next. (highlighting not in original).- IX. On the requirement for Environmental Impact Assessments.- Without a doubt, the application of the described principles regarding environmental protection imposes a responsibility on the Public Administration due to the significance of adopting measures aimed at preventing human conduct from negatively impacting nature, including impacts that could become irreversible. For this reason, environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), which are prior technical and objective studies, are conditions for oil activity, whether prospecting, exploration, or exploitation. Thus, in accordance with Article 24 of the Organic Law of the Environment, the approval of an environmental impact assessment requires a detailed analysis that includes the technical criteria and weighting percentages that make its approval possible. As with any environmental impact assessment, the objective of this technical study is to determine whether there are risk situations for the environment, it being understood that this encompasses both elements of natural biodiversity and urban elements —according to the interpretation given by the Constitutional Chamber itself in judgment No. 2003-3656, of fourteen hours and forty-three minutes on May seventh, two thousand three—, and must respond to the environmental norms, objectives, and priorities of the State, as provided by principle 11 of the Rio Declaration. While it is true that the mentioned environmental principles are central to this study, it must not be forgotten that the preventive principle is also fully applicable when it is technically concluded that the conduct under analysis (public or private, business, industrial, commercial, agricultural, etc.) may cause damage to the environment and its elements, and that, therefore, granting authorization to carry out the pursued project is unfeasible. Another scenario is one in which there is certainty of the environmental impact that the proposed project may generate, but in this case the impact is reasonable and tolerable, obliging the administration to adopt damage mitigation and risk measures for the execution of the authorized activity. These actions must not only respond to previously conducted technical, scientific, and objective evaluations, but also, their non-compliance results in the cancellation of the granted right, once the respective procedure for such a declaration has been carried out. Now, to address the enumeration of the types of environmental evaluation that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) can authorize, it is important to specify that it comprises three phases or stages: the initial stage, which consists of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project intended to be carried out; the preparation of the environmental impact assessment; and finally, the control and monitoring of the execution of the activity, work, or project for which SETENA granted the corresponding environmental viability. In the initial stage, the characteristic elements of the project or work are analyzed in relation to the urban-environmental factors where it is intended to be executed. In this evaluation phase, it is determined whether environmental viability can be obtained, or whether an environmental impact assessment, an environmental management plan with the consequent appointment of an environmental regent (regente ambiental), or a declaration of environmental commitments is required. Particularly for the matter under study, in which the norms applicable to oil activity determine that what is required in these cases is an environmental impact assessment and not another mechanism, it is of interest to clarify that the environmental impact assessment is understood as the administrative procedure of a technical-scientific nature that allows identifying and predicting the effects that the intended activity, work, or project may have on the elements that make up the environment, qualifying the level of impact that would be caused, in order to weigh this against the public interests to be protected and thereby determine whether the requested project is approved, rejected, or conditioned. X. On the basis of the claim and its assessment by this Tribunal: Through Resolution No. R-105-MINAE, of eight hours on March eighth, two thousand, published in the Official Gazette La Gaceta No. 73, on April thirteenth, two thousand, the six terrestrial blocks numbered 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of Oil Tender No. 2 (Licitación Petrolera nº2), promoted by the Ministry of Environment and Energy for the exploration and exploitation of hydrocarbons, are awarded to the firm Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica. According to point I.II of the tender specifications (cartel), as well as Articles 41 of the Hydrocarbons Law, 43 of the Regulations for the Bidding System for the Conclusion of Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts, Decree No. 25785-MINAE of January 22, 1997, and Articles 2 and 3 of the Regulations for the Conduct of Environmental Impact Assessments for Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts, to make the award effective, it is an unavoidable requirement to have the approval of the Environmental Impact Assessment by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. In turn, the tender specifications for International Public Tender No. 2 for the exploration and exploitation of hydrocarbons in Costa Rica reflect the provisions of Article 43 of the Regulations for the Bidding System for the Conclusion of Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts, stipulating that the award shall be valid but not effective until the Environmental Impact Assessment is approved by the Ministry of Environment and Energy. In harmony with the above, Article 3 of the Regulations for the Conduct of Environmental Impact Assessments for Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts indicates that Phase I of the Environmental Impact Assessment corresponds to prospecting, a phase that, in accordance with Article 4 of said normative text, is the indispensable and sufficient requirement for the awarding act of an oil concession to be declared firm, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law. Having clarity, then, from a harmonious reading of the normative texts regulating oil exploitation and exploration, that Phase I of prospecting makes the awarding act effective, it becomes indispensable to determine what that Phase I of prospecting comprises, with the Decree defining it as such, that “Regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows for approximate valuations of the hydrocarbon potential to be obtained, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. Included as part of these methods are the following: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills, whose application does not require road construction, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the application of machinery, nor the opening of trails, nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments unless there is a prior evaluation and express authorization from the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL for their implementation in these activities” (capitalization in original). This is precisely the object around which the discussion in the present proceeding revolves, so it is appropriate to analyze the resolutions issued by SETENA, the competent body for evaluating environmental impact assessments. According to the list of proven facts, the plaintiff firm, on the form for drafting terms of reference for directed environmental impact assessments —FETER— issued by the Ministry of Environment and Energy, indicates that the information for processing file 126-2000 “will obviously have to be general” (see proven fact number 5). Thus, the Executive Summary submitted in July of the year two thousand for the “Project for the Compilation and Analysis of Information for Phase I of Oil Prospecting in the Huetar Norte and Huetar Atlántico Region of Costa Rica,” by Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, file No. 126-2000-SETENA, states, as relevant, that: “The Compilation and Analysis of Information Project consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is mainly stated due to the fact that, being a compilation of existing information, no fieldwork will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment...” (see proven fact number 6). Based on the information provided, SETENA, in Resolution No. 866-2000-SETENA, of eleven hours twenty minutes on October third, two thousand, indicates that in Article 26 adopted at the ordinary session No. 037-2000 of said Secretariat, held on October third, two thousand, it is agreed to “Approve the Environmental Impact Assessment, based on Article 41 of the Hydrocarbons Law 7399. This approval is granted on the understanding that the activity presented in the Environmental Impact Assessment consists of the compilation and analysis of bibliographic information related to geological, topographical, physical, geophysical, and biological aspects, so as to determine the potential for prospecting and other additional studies in blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10, with a total surface area of 99,497.15 km². If the decision is subsequently made to carry out explosions in the studied areas, the provisions of the Law (Art. 41 of the Hydrocarbons Law) in relation to this type of activity shall apply.” (proven fact number 7). Notwithstanding what was indicated by said body in the partially transcribed resolution, through official communication SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, it requests a technical opinion from the Dirección General de Hidrocarburos (Hydrocarbons Directorate) regarding the document submitted by the plaintiff firm and approved in Resolution 866-2000-SETENA, so that the Directorate may analyze it and indicate whether it complies with the provisions of Decree 26750-MINAE and current hydrocarbon legislation regarding the definition of oil prospecting. The specialized technical body of the Ministry of Environment and Telecommunications, responsible for the procedures and processes aimed at formalizing and correctly executing oil exploration and exploitation contracts (Articles 3 and 22 of the Hydrocarbons Law), concurs in affirming in official communication DGH332-2002, dated August first, two thousand two, that the environmental impact assessment submitted by the plaintiff and approved by SETENA does not complete Phase I, as it is not a prospecting study. It affirms the above because it considers that what is included in the compilation and analysis of information project submitted by the plaintiff corresponds to desk-based activities that are not among the methods described in the definition of oil prospecting in Article 1 of Decree No. 26750-MINAE, and in compliance with Article 17 of the Organic Law of the Environment, since the Decree refers to geological and geophysical field activities, whether terrestrial or marine. Furthermore, this official communication states that the environmental impact assessments associated with a concession contract for hydrocarbon exploration and exploitation must be related to the field activities included in the Tendered Exploratory Effort Plan that was awarded in the bidding process, so field activities are necessarily required. By virtue of the response provided, SETENA, in Resolution No. 962-2003-SETENA, of fourteen hours forty minutes on August nineteenth, two thousand three, clarifies the scope of Resolution No. 866-2000-SETENA, reporting that what was approved is solely for the compilation and analysis of information project for Phase I of oil prospecting, which does not imply the granting of environmental viability for field investigation activities. It should be noted that the clarification made in the referenced resolution coincides with what was stated by the Secretary General of SETENA in official communication SG-722-2002 (AJ)-SETENA of May sixteenth, two thousand two, in which it is indicated that the document submitted on July twelfth, two thousand, by the plaintiff firm does not correspond to an Environmental Impact Assessment. In this regard, the plaintiff company argues its position, indicating that under the definition of prospecting activity set forth in Executive Decree No. 26750-MINAE, the methodology employed may be direct or indirect, the latter being the one used through the compilation and analysis of existing information, such that the obligation to sign, prepare, and obtain approval for an environmental impact assessment by SETENA arises from the moment the contract is signed, and that environmental impact assessments are required for the commencement of fieldwork and not before, that is, said studies must be submitted before the start of field work, which corresponds to the second stage of the oil prospecting phase, which must begin, according to the tender specifications, within six months following the signing of the contract. This Chamber does not share the criterion expressed by the plaintiff firm. This is because, while it is correct to assert that from the wording of the definition of oil prospecting in Decree No. 26750-MINAE, it is deduced that the methodology to be employed to obtain the regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concession area may be indirect or direct, the truth is that the provision starts from the premise of a small-scale environmental impact, by stating that with this methodology, approximate valuations of the hydrocarbon potential can be obtained, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. It is due to an environmental impact that Articles 2 and 3 of the Regulations for the Conduct of Environmental Impact Assessments for Hydrocarbon Exploration and Exploitation Contracts provide that Phase I of prospecting —in accordance with Article 4 of said normative text— indispensably requires a sufficient environmental impact assessment for the awarding act of an oil concession to be declared firm, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law. This interpretation is consistent with the provisions of Article 50 of the Constitution and Article 17 of the Organic Law of the Environment, the latter of which requires that any potentially harmful human activity be evaluated before its execution. Under this reasoning and pursuant to a harmonious reading of Article 41 of the Hydrocarbons Law, Article 43 of the Regulation of the Bidding System for the Execution of Exploration and Exploitation of Hydrocarbons Contracts, Executive Decree No. 25785-MINAE of January 22, 1997, and Articles 2 and 3 of the Regulation for Conducting Environmental Impact Studies for Exploration and Exploitation of Hydrocarbons Contracts—which require, in order for the awarded concession to be effective, that the awardee obtain approval of the Environmental Impact Study from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications—it is clear that in order to fulfill this requirement, field work is necessary, since it is illogical to start from the premise that merely compiling and analyzing information causes an impact on the environment, given that such impact is nonexistent in the terms stated by the plaintiff company, which indicates in the executive summary submitted in order to obtain the environmental impact study that “The Information Compilation and Analysis Project consists of a series of activities whose characteristics are such that they do not generate environmental impact. This is said mainly due to the fact that, since it involves compilation of already existing information, no field work will be conducted and therefore there will be no interaction with the environment…” (see proven fact no. 6). Added to the foregoing and returning to what was stated in the preceding recital, we must recall that environmental impact studies are understood as administrative procedures of a technical-scientific nature, which allow for the identification and prediction of the effects that the intended activity, work, or project may cause on the elements that make up the environment, qualifying the level of impact this causes, in order to carry out a weighing of these against the public interests to be protected and to determine whether the requested project is approved, rejected, or conditioned. From this perspective, it is evident that the simple task of compiling and analyzing information does not correspond to a conduct that generates any environmental impact, so logically, the environmental impact study invoked by the transcribed regulations cannot be deemed approved, and therefore, the State’s refusal to sign the contract does not stem from political reasons as argued by the plaintiff, but from technical-legal reasons, so that far from violating the principles of administrative contracting enumerated in its arguments, the case record shows that the State has acted in accordance with the principle of legality. Thus, even though the National Environmental Technical Secretariat indicates in Resolution No. 866-2000-SETENA, issued at eleven hours twenty minutes on October third of the year two thousand, rendered within the file called “Administrative File No. 126-2000-SETENA, oil prospecting project in the northern and Atlantic zone,” that it approves the Environmental Impact Study, whose activity consists of the compilation and analysis of bibliographic information related to geological, topographical, physical, geophysical, and biological aspects, so as to enable determining the prospecting potential and additional studies in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10, with a total area of 99,497.15 km² (proven fact no. 7), the truth is that the designation used by the technical body is incorrect, since the content and real nature of the document submitted by the plaintiff before the defendant administration does not correspond to the designation and scope granted to it in the administrative act issued by SETENA. Having analyzed said document and in light of its content, this Chamber concludes that what Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. submitted to the administration was not an environmental impact study; yet despite this, SETENA mistakenly qualifies it as such, and in the administrative act of approval it issues, refers to said document as the referenced study. Now then, although the administration did so erroneously, said error does not succeed in altering the real nature and content of the submitted document, content that does not correspond to that of an environmental impact study (even though SETENA qualifies it as such). To the foregoing is added that it is not legitimate to consider an environmental impact study as granted for an activity or conduct that generates no impact whatsoever. The compilation and/or analysis of information with respect to a geographic location does not imply that there is an impact on the environment, and to that extent, it is clear that the spirit of the cited regulatory and bidding-document provisions was not fulfilled by the plaintiff company. Matters being so and in accordance with what was indicated by the National Environmental Technical Secretariat in Clarifying Resolution No. 962-2003-SETENA, issued at fourteen hours forty minutes on August nineteenth of two thousand three, it is concluded that Resolution No. 866-2000-SETENA “approves” solely the project for the compilation and analysis of information for Phase I of oil prospecting, which does not imply the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for field research activities, which, as stated ut supra, are necessary for this stage to be deemed fulfilled, given that the transcribed regulations provide that in the oil prospecting stage, activities with little significant impact of an environmental nature are to be carried out, which presupposes conduct that alters and affects the environment. For this reason, the plaintiff company’s interpretation, which seeks to start from the premise that environmental impact studies are limited to Phase II of exploration, is not legitimate. Consequently, there is no doubt that the plaintiff failed to prepare an environmental impact study in the terms technically and legally required by the repeatedly cited regulations governing hydrocarbon exploitation. Furthermore, the plaintiff’s argument of making field tasks subject to the signing of the contract, on the ground of the “security” that the signing thereof provides with respect to the concession granted, is also unacceptable, since by definition, the administrative contract resulting from a bidding process is understood as the formalization of the award and substitutes a simple start-up order, given that due to the complexity and particularity of the execution, a clear enumeration of the clauses that will govern the concession is required, in accordance with the bidding documents and the applicable regulations, consequently constituting merely a formality that does not affect the right held by the awardee as of the effective date and enforceability of the award act. In other words, the signing of the contract does not exceed the scope and legal effects of an award act, since it is the latter that par excellence materializes a right for the offeror in an administrative contracting process, so this Chamber does not agree with the effect that the plaintiff company seeks to attribute to the signing of the contract, it being understood that this constitutes only an instrument of formalization for the provision of goods and services that, given their complexity, cannot be set forth in a simple purchase order. Thus, no violation whatsoever is observed of the principle of irrevocability of own acts invoked by the plaintiff, since the State is not disregarding the validity of the act, but rather its effectiveness, by virtue of the absence of the requirement that confers it, in light of the regulations governing the exploration and exploitation of hydrocarbons. Finally, this Court must indicate that no harm whatsoever is caused to the company by the issuance of the Executive Decree declaring the national moratorium on oil exploitation, Decree No. 26693-MINAET of August 1, 2011, since Transitory Provision I provides that “(…) Any right acquired prior to the publication of this decree shall be respected,” such that, in the event it had fulfilled the requirement that gave effectiveness to the award act, the issuance of the referenced Decree would not have harmed it in any way. As a corollary of the foregoing, it is concluded that the Public Administration is obligated to safeguard the prevalence of the public interest over the private interest, through the various mechanisms of control and oversight of commercial, industrial, agricultural, and urban activities, in order thereby to achieve, through its participation, sustainable development, in harmony with environmental, economic, and social interests. In the scenario under analysis, the plaintiff party having failed to fulfill the requirement of obtaining the environmental impact study for Phase I of oil prospecting, so as to give effectiveness to the award act issued in its favor, the State is not obliged, much less obligated, to sign the contract related to International Public Bidding No. 2 in favor of the company named Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. XI.- Regarding the exception of lack of right: In light of the considerations set forth in the preceding recitals, this Court arrives at the conclusion that the plaintiff company has not produced the environmental impact study required to fulfill the requirement of Phase I of Oil Prospecting, in accordance with the provisions of Article 41 of the Law on Conducting Environmental Impact Studies for Exploration and Exploitation of Hydrocarbons Contracts, such that the exception raised is admissible, and the complaint filed must therefore be declared without merit in all its respects.” ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings Text of the resolution CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Second Judicial Circuit of San José, Annex A Proceeding: Direct Judgment Plaintiff: Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. Defendant: The State Case File: 11-007013-1027-CA No. 412-2013 Ninth Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Goicoechea, at fifteen hours fifteen minutes on May seventeenth of two thousand thirteen.- Direct judgment filed by Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A., holder of legal identification number CED123488- - , represented by its general attorney-in-fact, Mr. Nombre155030 , married, attorney, resident of San José and bearer of identity document number CED123489- - , against the State, represented by the government attorneys Nombre21552 , married, resident of Heredia, bearer of identity document number CED395 - and Nombre128323 , married, resident of Santa Ana and bearer of identity document number CED119135- - .- RECITALS I.- That on the twelfth of December of two thousand eleven, on behalf of the plaintiff company, the present complaint is filed against the State, seeking a declaration in judgment as follows: “1.- (…) That the Executive Branch’s omission to sign the oil exploration and exploitation contract with my client is contrary to the legal system. 2.- As a consequence of the foregoing, that the Executive Branch be ordered, given the time elapsed, to proceed within a peremptory time limit, which shall be established by this judgment, to the signing of the Concession Contract for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 3.- In the event of opposition, that the State be ordered to pay both sets of costs of this action.” (See complaint at folios 01 to 27 of the judicial file). III- That having been granted the statutory transfer, the State’s representatives answered the complaint negatively and raised the exception of lack of right. (see folios 149 to 176 of the judicial file). IV.- That by resolution of eleven hours thirty-seven minutes on June twentieth of two thousand twelve, the Case Management Judge ordered that this proceeding be processed as a direct judgment, in accordance with the provisions of Article 69 of the Contentious-Administrative Procedural Code. (See folio 418 of the record) V.- This matter was referred to the Ninth Section on the past twenty-second of April of two thousand thirteen for the rendering of the corresponding judgment, according to the record visible at folio nine hundred sixteen of the judicial file, its complexity having been declared by resolution of ten hours on April twenty-third of two thousand thirteen. (visible at folios 917 and 918) VI.- This judgment is rendered after deliberation by the members of the Court, within the fifteen-day period established in the second paragraph of Article 111 of the cited Procedural Code, in relation to provision 69 of the same normative text, no grounds capable of invalidating the proceedings having been observed. Drafted by Judge Bolaños Salazar , with the affirmative vote of judges Quesada Vargas and Baltodano Gómez. RECITAL I.- Regarding the evidence offered for better resolution: Through separate briefs received at the court on the dates of December twentieth of two thousand twelve, January twenty-fifth, February twenty-eighth, March eighth, March fourteenth, March twenty-second, and May sixth, all of the year two thousand thirteen, the plaintiff offered a series of documents related to information obtained from national media outlets regarding the extraction and exploitation of hydrocarbons, technical professionals to supervise the exploration and exploitation of hydrocarbons, the potential of natural gas in Costa Rica, as well as the document related to the extension of the performance bond for oil bidding No. 2 (see folios 705, 751, 755, 771, 783, 852, 859, 919, 923, and 958 of the judicial file). This Court has stated on repeated occasions that pursuant to the provisions of Article 331 of the Civil Procedural Code, evidence for better resolution is evidence of the judge and not of the parties. For this reason, the decision to admit and collect it is discretionary of the jurisdictional body. In accordance with the foregoing, the evidence offered for better resolution is rejected, this Court deeming that the indicated evidence is not of interest for the resolution of this matter.- II.- Of the proven facts.- Of importance for the resolution of this matter, the following are considered duly accredited: 1) That in Official Gazette La Gaceta No. 97, of May twentieth of nineteen ninety-nine, the bidding documents for oil bidding No. 2 were published, Clause 1.II of which provides: “SCHEDULE OF ACTIVITIES GOVERNING THIS BIDDING (…) As of the date of the Award Act, there is a period of four months for the submission of the Environmental Impact Study to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). Upon its submission, Nombre155031 has a period of two months for the review of the Environmental Impact Study. If the study is approved, the Award Act becomes final. The execution of the contract shall be carried out within a period not exceeding six months after the award becomes final. Field operations must commence within six months after the execution of the contract.” (uncontroverted fact, see folios 58 to 64 of the judicial file); 2) That by Resolution No. R-105-MINAE, of eight hours on March eighth of the year two thousand, published in Official Gazette La Gaceta No. 73, of April thirteenth of the year two thousand, the six onshore Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of Oil Bidding No. 2 were awarded to the company Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica. (uncontroverted fact, see folios 31 and 32 of the judicial file); 3) That according to the reference schedule for activities and investments for the first year indicated in Form No. 15 of the plaintiff company’s offer, corresponding to the work committed for Blocks Nos. 5, 6, 7, 8, 9, and 10, it is evident that for each of the indicated blocks, tasks related to the 2D and 3D seismic, geophysical, geological, and geochemical program begin as of month one, with the exception of Blocks 8 and 9 for some activities. (see reference in official letter DGTCC-283-08, dated March twenty-fifth of two thousand eight, issued by the General Directorate of Transport and Commercialization of Fuels and Hydrocarbons, at folios 589 to 596 of Volume II of the administrative file); 4) That in a writing dated May seventeenth of the year two thousand, on behalf of the company Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica, the National Environmental Technical Secretariat was informed that due to the award of the Oil Bidding granted in its favor, and given the nature of the project and the extent of the awarded area, the activities have been scheduled as follows: “1. Submit the Environmental Impact Study to Nombre155031 for its respective approval. This study will cover the entire process of research of existing information, which is essential to define the sites to be explored. 2. Analyze all geological, geophysical, and other existing data to determine the potential prospecting areas and carry out the corresponding work and research programs. 3. Once the specific areas to be explored are determined, submit to SETENA the corresponding Environmental Impact Studies with the specific work programs for their corresponding approval. 4. Begin seismic and drilling work in accordance with the regulations dictated by the Hydrocarbons Law and in compliance with all requirements and current environmental legislation.” (Underlining corresponds to the original text, see folio 11 of Volume I of the administrative file); 5) That in the form for the preparation of terms of reference for directed-type environmental impact studies -FETER- issued by the Ministry of Environment and Energy, it is indicated under File No. 126-2000 corresponding to the Mallon Oil Compañía Sucursal Costa Rica project, that the company specifies the following: “the information must obviously be general. Any other pertinent information.” (see folios 15 and 19 of Volume I of the administrative file); 6) That in the Executive Summary submitted in the month of July of the year two thousand for the “Information Compilation and Analysis Project for Phase I of Oil Prospecting in the Huetar Norte and Huetar Atlántico Region of Costa Rica” by Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, File Nombre155031 No. 126-2000, it states, as relevant, that: “The Information Compilation and Analysis Project consists of a series of activities whose characteristics are such that they do not generate environmental impact. This is said mainly due to the fact that, since it involves compilation of already existing information, no field work will be conducted and therefore there will be no interaction with the environment…” (see folios 39 and 40 of the administrative file called Environmental Impact Study, Phase I, File 126-2000); 7) That in Resolution No. 866-2000-SETENA, of eleven hours twenty minutes on October third of the year two thousand, rendered within the file called “Administrative File No. 126-2000-SETENA, oil prospecting project in the northern and Atlantic zone,” it is indicated that in Article 26 adopted in Ordinary Session No. 037-2000 of that Secretariat, held on October third of two thousand, it was agreed: “Approve the Environmental Impact Study, based on Article 41 of the Hydrocarbons Law 7399. This approval is granted on the understanding that the activity presented in the Environmental Impact Study consists of the compilation and analysis of bibliographic information related to geological, topographical, physical, geophysical, and biological aspects, so as to enable determining the prospecting potential and additional studies in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10, with a total area of 99,497.15 km². If it is subsequently decided to undertake explosions in the studied areas, the provisions of the Law (Art. 41 of the Hydrocarbons Law) with respect to this type of activity shall apply.” (see folios 34 and 35 of the judicial file, 42 and 43 of Volume I of the administrative file); 8) That in official letter SG-722-2002 (AJ)-SETENA, dated May sixteenth of two thousand two, the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, regarding File No. 126-200-SETENA, indicates that according to the document submitted on July twelfth of the year two thousand by the plaintiff company, it does not correspond to an Environmental Impact Study. (see folios 126 and 127 of Volume I of the Administrative File); 9) That the National Environmental Technical Secretariat, on account of a clarification it claims is being processed in its Office regarding Resolution 866-2000-SETENA, requests through official letter SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, dated July thirty-first of the year two thousand two, from the General Directorate of Hydrocarbons, an opinion on the document submitted by the plaintiff company and approved in Resolution 866-2000-SETENA, in order for it to analyze it and indicate whether it complies with the provisions of Decree 26750-MINAE and current hydrocarbons legislation regarding the definition of oil prospecting. (see folio 561 of Volume II of the administrative file); 10) That in official letter DGH332-2002, dated August first of two thousand two, issued by the General Directorate of Hydrocarbons, it is indicated that the Environmental Impact Study submitted by the plaintiff and approved by Nombre155031 does not conclude Phase I, inasmuch as it is not a prospecting study. (see folios 562 to 565 of Volume II of the administrative file); 11) That on September eighteenth of two thousand two, the representative of the Asociación Justicia para la Naturaleza filed a motion for absolute, evident, and manifest nullity against Resolution No. 866-2000-SETENA of eleven hours twenty minutes on October third of the year two thousand. (See folios 260 to 270 of Volume I of the administrative file); 12) That in Resolution No. 962-2003-SETENA, of fourteen hours forty minutes on August nineteenth of two thousand three, under Administrative File No. 126-2000-SETENA, called “Mallon Oil Company Oil Prospecting Project,” the motion for absolute, evident, and manifest nullity filed against Resolution No. 866-2000-SETENA and brought by the Asociación Justicia para la Naturaleza was rejected, clarifying in the operative part, third point, that “..The company MALLON OIL CO must be advised that what was approved by this Technical Secretariat under the ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY is solely for the INFORMATION COMPILATION AND ANALYSIS PROJECT FOR PHASE I OF OIL PROSPECTING, which does not imply the granting of environmental viability for field research activities...”. (see folios 36 to 47 of the judicial file); 13) That on behalf of the Asociación Justicia para la Naturaleza, an appeal for reversal with a subsidiary appeal was filed against the resolution indicated in the immediately preceding proven fact, and the plaintiff company filed an appeal (see folios 526 to 545 of Volume II of the administrative file); 14) That in Resolution No. 2698-2008-SETENA, of twelve hours twenty minutes on September twenty-fourth of two thousand eight, under File No. 126-2000-SETENA, as relevant, the appeal for reversal filed by Justicia para la Naturaleza against the resolution number indicated in proven fact number thirteen was rejected, and the appeal filed by the plaintiff company was elevated. (see folios 48 to 54 of the judicial file); and 15) That through Resolution R-213-2011-MINAET, of April fourteenth of two thousand eleven, the Ministry of Environment, as relevant, rejected the appeal filed by the plaintiff company against Resolution No. 962-2003-SETENA of fourteen hours forty minutes on August nineteenth of two thousand three. (see folios 99 to 104 of the judicial file and 1003 to 1008 of the administrative file of SETENA) III.- Of the unproven facts.- For the correct resolution of this matter, the following is considered unproven, lacking evidentiary support: That the company Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica submitted the environmental impact study required to fulfill the requirement of Phase I of Oil Prospecting of International Public Bidding No. 2, promoted by the Ministry of Environment and Energy, in accordance with the provisions of Articles 41 of the Hydrocarbons Law, 2, 3, and 4 of Decree No. 26750-MINAE, Regulation for Conducting Environmental Impact Studies for Exploration and Exploitation of Hydrocarbons Contracts. IV.- Of the purpose of the complaint-. As indicated above, the plaintiff party seeks a declaration by judgment that the Executive Branch’s omission to sign the oil exploration and exploitation contract is contrary to the legal system, and therefore requests that it be ordered, within a peremptory time limit established by this Court, to proceed with the signing of the concession contract for the exploration and exploitation of hydrocarbons in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10. In the event of opposition by the State to its claims, it seeks a ruling ordering it to pay both sets of costs. (see folios 26 and 27 of the judicial file). V.- Regarding the plaintiff’s arguments: In summary, it indicates that by Resolution R-105-MINAE-00, it was declared the awardee of International Public Oil Bidding Number Two, promoted by the Government of Costa Rica for the exploration and exploitation of Hydrocarbons in Blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10, located in the northern and Atlantic zone of Costa Rica. It indicates that within the time limits established in the bidding documents, the Hydrocarbons Law, and its Regulations, it submitted the first environmental impact study, which was reviewed by the National Environmental Technical Secretariat, the latter approving it by Resolution No. 866-2000-SETENA of October third of the year two thousand, this being confirmed through Resolutions 962-2003-SETENA and 2698-2008-SETENA. It adds that according to Clause II.I of the bidding documents, upon approval of the environmental impact study by SETENA, the award becomes effective in accordance with the provisions of Article 43 of the Bidding Regulations. It affirms that it fulfilled the obligation to obtain approval of the environmental impact study, so the award became final as of April twenty-first of the year two thousand, the contract being required to be signed within six months, but the omission has extended for more than eleven years. It argues that having fulfilled the corresponding legal, regulatory, and bidding-document requirements, on December twenty-first of the year two thousand, in order to formalize the contract, it submitted a note to the General Directorate of Hydrocarbons, which was answered through official letter DGH-10-01, and subsequently, both parties met over several months to negotiate the contractual clauses, reaching a consensus on the final text. Finally, in Ordinary Session No. XI, the Consejo Técnico de Hidrocarburos reviewed and approved the contract, sending it via official letter DGH-249-2011 to the Legal Department, so that, the environmental impact study having been approved and the approval of the Consejo Técnico de Hidrocarburos being obtained, the only step remaining was to sign the contract, which, for strictly political reasons, without any duly reasoned and justified resolution, the Executive Branch refused to sign. Furthermore, it alleges that the Asociación Justicia para la Naturaleza filed an appeal for reversal with a subsidiary appeal against Resolution 866-2000-SETENA, which approves the environmental impact study, this being rejected by the National Environmental Technical Secretariat through Resolution 962-2003-SETENA, the latter being appealed on grounds of nullity, which were rejected by said body in Resolution 2698-2008-SETENA. In response, Justicia por la Naturaleza filed an amparo appeal, which was rejected by the Constitutional Chamber in Ruling No. 205-2010, of 10:39 a.m. on January eighth of two thousand ten. It affirms that by Resolution R-213-2011-MINAET of April fourteenth of two thousand eleven, the Ministry of Environment rejected the appeal. It indicates that once the contract is signed, the plaintiff company must conduct the studies corresponding to the field work and execute them, since doing so beforehand is not possible, as it would be contravening the applicable legislation and the provisions of the Comptroller General of the Republic. In any event, it notes that it understands a negative silence to have operated on its request submitted on July sixth of two thousand eleven to the Minister of Environment, Energy and Telecommunications seeking to set a date and time for the signing of the contract. Finally, it indicates that without prior notice, the Government of Costa Rica on August nineteenth of two thousand eleven, promulgated the Decree imposing a moratorium on oil exploitation, which comes to affect its rights, without the obligation to sign the contract having been fulfilled to date. In support of the foregoing, it alleges the violation of the essential contents of the public bidding process, pursuant to the provisions of Article 182 of the Political Constitution, the principles that govern administrative procurement, breaching the principle of equal treatment with other public administration contractors, despite acting in good faith and informing the State of the obligation to sign the contract. It addresses the principles of legality, reasonableness, proportionality, legal certainty, and transparency developed by the Constitutional Chamber and the regulatory nature of the specific bidding documents, as provided in Article 48.1 of the Reglamento del Sistema de Licitación and Article 6 of the Ley General de la Administración Pública, alleging their infringement by MINAET, given the illegitimate conduct of the Administration in signing the contract and respecting the rules governing public bidding. Furthermore, it indicates that the principle of the intangibility of one's own acts is violated, given the existence of a resolution, R-105-MINAE, issued at eight o'clock on March eighth, two thousand, by the Ministerio de Ambiente y Energía, which awarded the bid, since it cannot be revoked in administrative proceedings or annulled in judicial proceedings because the expiration period has elapsed. It indicates that according to Article 43 of the Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, the award is valid but not effective until an approval of the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) is granted, making applicable Decreto Ejecutivo number 26750-MINAE, which corresponds to the Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, which establishes that the minimum phases comprising the environmental impact assessment are the prospecting phase and the intensive exploration phase, the first of these being sufficient for the award act of an oil concession to be declared firm. It continues its argument indicating that expressly Nombre155031, through resolutions 866-2000, 962-2003, and 2698-2008, indicated that the plaintiff has complied with the environmental impact assessment requirement, such that the obligation of Nombre155031 to sign, prepare, and have approved an environmental impact assessment arises from the moment of contract signing, as indicated in Article 43 of the Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos and clause II.1 of the bidding documents, since the commencement of fieldwork requires the prior approval of an environmental impact assessment, in accordance with current legislation, and therefore it must be submitted and approved by Nombre155031 within six months following the contract signing. It clarifies that in Decreto nº26750-MINAE, oil prospecting (prospección petrolera) is defined as a regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology used, whether directly or indirectly, allows for approximate assessments of hydrocarbon potential, without implementing techniques that could produce significant environmental impacts. Under the foregoing, it affirms that Nombre155031's resolutions, which are of a technical nature, clearly established that the plaintiff company complied with the first stage of oil prospecting by having approved the first environmental impact assessment; likewise, it indicates that these resolutions established unequivocally that the next environmental impact assessment must be submitted before the start of fieldwork, that is, the second stage of the oil prospecting phase, which must begin, according to the bidding documents, within six months following the contract signing. The plaintiff also alleges that the Administration's omission violates the provisions of Article 16.1 of the Ley General de la Administración Pública, by contravening the unequivocal rules of science, technique, elementary principles of logic and justice, since there is no technical or legal reason to demand the submission of an additional environmental impact assessment before signing the contract, because it is with its signing that the obligation to submit a subsequent environmental impact assessment arises as a step prior to the start of fieldwork, that is, to the second stage of oil prospecting, since this implies a geographical location where the field activities will be carried out in sequence, within the granted concession area, this being because the locations where field activities will be carried out are not known until the first of these begin, each of which will have its respective environmental impact assessment. In summary, it argues that any act different from signing the contract, especially the completion of an environmental impact assessment for the contract execution stage, constitutes an illegal act contrary to clause I.11 of the Licitación Petrolera nº2 bidding documents. VI. On the defendant's arguments: In summary, it alleges that the award act is not firm due to the plaintiff's non-compliance in submitting the environmental impact assessment required by the bidding documents, and therefore Decreto Ejecutivo declaring the national moratorium on oil exploitation, Decreto nº26693-MINAET, of August 1, 2011, is applicable. It bases the foregoing on the fact that the environmental impact assessment, under resolution number 866-2000, at eleven hours twenty minutes on October third, two thousand, refers only to the desk studies that the awardee plans to carry out, which by their very nature do not generate environmental impact, and therefore said evaluation cannot support the start of field activities that do generate significant impact, even in phase one. It indicates that this thesis is also supported by resolution nº 962-2003-SETENA, at eleven hours forty minutes on August nineteenth, two thousand three, which was confirmed by resolution nº2698-2008-SETENA, at twelve hours twenty minutes on September twenty-fourth, two thousand eight. It points out that the firmness of the award act depends not only on the absence of any appeal, but also on compliance with the requirements demanded by the regulations, which is why a draft or simple text of the contract was prepared. It argues that under Article 50 of the Constitution and Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, any human activity potentially harmful to the environment must be evaluated before it is carried out, to which is added the provisions of Article 41 of the Ley de Hidrocarburos and the Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, which provides that such activities must be subject to environmental evaluation, this latter regulatory body being the one that establishes that the evaluation is carried out in two phases, with the respective environmental impact assessments. It also alleges that the Constitutional Chamber annulled, through judgment nº2002-1221, at fourteen hours forty-nine minutes on February sixth, two thousand two, the second and third paragraphs of Article 41 of the Ley de Hidrocarburos, precisely for allowing environmental evaluation after the granting of the concession for oil exploration and exploitation, finding itself in the same vein as judgment 6240-93, of November twenty-sixth, 1993, and therefore concludes that oil exploration and exploitation activities are activities that must be evaluated prior to their execution. It alleges that oil exploration is divided into two phases for environmental evaluation purposes, as provided in Articles 2 and 3 of Decreto nº26750-MINAE, and that according to Article 4 of said Decreto, phase 1 of prospecting must be approved for the award act of an oil concession to become firm, a situation that the plaintiff company does not present, since as is clear from resolutions nº866-2000, 962-2003-SETENA and particularly resolution 2698-2008-SETENA, which indicates that only the environmental impact evaluation of information compilation and analysis activities is being approved, it is concluded that environmental viability was not granted for field activities, and therefore the plaintiff company has not completed the environmental impact assessment for phase 1, since what was submitted corresponds only to desk studies that the awardee plans to carry out, which by their very nature do not generate environmental impact, and therefore said evaluation cannot support the start of field activities, which do generate impact even in phase 1. In this line of argument, it argues that in official letter DGH332-2002, issued by the Dirección General de Hidrocarburos, it states that the environmental impact assessment submitted by the plaintiff and approved by Nombre155031 does not conclude phase I, since it is not a prospecting study. This is because the activities that the plaintiff company contemplates in what it calls phase I refer only to an information compilation and analysis project, not complying with the prospecting activities listed in Decreto nº26750-MINAE, much less with those of intensive exploration, so no matter how much the document indicates it is a prospecting activity, it is not, given that, as has been repeatedly indicated, resolution nº866-2000 approved by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental does not refer to field activities. In light of the above, it argues that the State has not engaged in conduct contrary to the legal system, especially since Article 1 of Decreto nº36693-MINAET, of August 1, two thousand eleven, is applicable to the plaintiff, which establishes a three-year moratorium on activities whose purpose is to develop the exploitation of petroleum deposits in the national territory. Regarding the principles governing administrative procurement, it rejects the plaintiff's allegations, since no discriminatory treatment has occurred in the bidding process in which it was awarded, nor has any proof of such been demonstrated. It argues that the principles of equality, transparency, good faith, or the bidding rules have not been violated, since it is precisely the plaintiff who has breached clause 11.1 of the bidding documents. Likewise, it alleges that because the award act is not firm, in accordance with the provisions of Article 4 of Decreto nº26750-MINAE, the Administration has not violated the principle of reasonableness and proportionality. With respect to the violation of the principle of intangibility of one's own acts, the State's representatives argue that the alleged breach has not occurred, since it has never been questioned that the plaintiff is the awardee of the bidding process. They indicate that the other legal allegations suffer the same fate, since all are based on the fact that the requirement relating to environmental evaluation, necessary to deem the award firm in order to allow contract signing, has not been met, and therefore in light of the record, clause 11.1 of the bidding documents, Articles 43 and 48.1 of the Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Articles 2, 3, and 4 of Decreto nº26750-MINAE, and Articles 6, 16.1, and 11 of the Ley General de la Administración Pública were not violated, given that the State, precisely in compliance with the transcribed rules that condition the effectiveness and firmness of the award on the respective environmental evaluation that the awarded company must carry out using an environmental impact assessment as an instrument, has not signed the contract. Finally, it alleges that the technical criterion of Nombre155031, reflected in resolutions Nombre155031 and Nombre155032, prevents deeming the requirement stipulated in the bidding documents satisfied, as well as in Article 43 of the Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos and Article 4 of Decreto nº26750-MINAE, and therefore the principle of legality has not been violated. VII. On the regulatory framework for oil exploitation and exploration.- As it is relevant for the resolution of this matter, this Court deems it pertinent to make some considerations regarding the regulations governing oil exploration and exploitation. First, it must be clear that according to Article 121, subsection 14. B of the current Political Constitution, coal deposits, petroleum sources and deposits, and any other hydrocarbon substances, as well as deposits of radioactive minerals existing in the national territory, shall not permanently leave State ownership. This is the premise set forth in the first article of the Ley de Hidrocarburos, Ley nº 7399 of May 3, 1994, and developed throughout its articles, providing in Article 41 of its text the following: "Exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources." Following this line of thought, and also in compliance with the provisions of Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, which requires environmental impact assessments for any human activity that alters or destroys elements of the environment or generates waste, toxic or hazardous materials, Decreto Ejecutivo N° 26750-MINAE, of March 17, 1998, called "Reglamento para la realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos" was issued, in which Article three states: "the minimum phases comprising the environmental impact assessment referred to in Article 2 are: a) Phase I: prospecting, b) Phase II: intensive exploration." These phases are extremely important, since the environmental impact assessment is an indispensable and core requirement for the award act of an oil concession to become firm (Article 4 of the Decreto). It is precisely this regulatory body that deals with defining what Phase I of prospecting consists of, this being the thematic axis on which this judgment turns. The definition contained in the cited numeral reads as follows: "Oil Prospecting: Regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology used, whether indirectly or directly, allows for approximate assessments of hydrocarbon potential, without implementing techniques that could produce significant environmental impacts on specific sites. Included as part of these methods are the following: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills, whose application does not require road construction, heavy machinery mobilization, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area, or direct installation, operation, and/or immersion activities of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the use of machinery, nor the opening of trails, nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area, or direct installation, operation, and/or immersion activities of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments unless there is a prior evaluation and express authorization from the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL for their implementation in these activities" (the capitalization corresponds to the original). The Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE of January 22, 1997, establishes in its Article 43 that the award shall be valid but not effective until an approval of the environmental impact assessment is granted by the Ministerio del Ambiente y Energía. Finally, of interest for the issuance of this resolution is Decreto nº36693-MINAET, in force since August nineteenth, two thousand eleven, which declares a national moratorium on oil exploitation, for a period of three years for activities aimed at developing the exploitation of petroleum deposits in the national territory, whose first transitional provision states: "All procedures related to the exploitation of petroleum deposits in the national territory that are pending a final act declaring rights before the Dirección de Hidrocarburos, before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or any dependency of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, as of the date of publication of this executive decree of moratorium, shall be suspended. All rights acquired before the publication of this decree shall be respected." Thus, we have that the transcribed provisions provide the regulatory scenario for the matter under analysis.- VIII. On the environmental principles applicable to the specific case: In accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution and the International Treaties on environmental matters that have been subscribed to by our country, the right to a healthy and ecologically balanced environment has been recognized as a fundamental right. On that occasion, State protection is required and, in turn, all citizens are obliged to adjust their conduct in respect of this right. In order to guarantee such function, a series of important principles have been developed, both by jurisprudence and by current legal doctrine, among them the principle of conjunction of collective or individual aspects, objectification of environmental protection, solidarity, responsibility, comprehensive legal regulation, the principle of transpersonalization of legal norms, cultural diversity, intra- and intergenerational equity, the polluter pays principle, reversal of the burden of proof, as well as the duty of the State in its broad sense to ensure the rational use of the environment, the precautionary or in dubio pro natura principle, among others. (Nombre155033 (Nombre5895), Manual de Legislación Ambiental Costarricense, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, p.16). Particularly, for the analysis and resolution of the case before us, three of them are of special and predominant interest, namely, the objectification of environmental protection, the precautionary principle, and the principle of reversal of the burden of proof. The first of these is closely related to numerals 15 and 16 of the Ley General de la Administración Pública, which invoke the rules of science, logic, and technique, as well as Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, which requires, as a prerequisite for the approval and execution of any project that may have any impact on the environment, the environmental impact evaluation, meaning that technical and scientific proof is central as a basis for any decision that the Public Administration adopts in environmental matters, in order to correctly motivate the administrative act based on objective criteria. Thus, the principle of objectification of environmental protection requires that the motivation of the administrative act be based on objective criteria, whose origin is technical or scientific, this principle being applicable to all public functions, whether administrative, legislative, or jurisdictional in nature. As for the second principle, the precautionary one, it is important to specify that it fully operates when the administration must deny a request for authorization to carry out an activity or conduct; when technically, objectively, and scientifically, there is reasonable doubt about the impact that the implementation and execution of a given project may have on the environment and people's health. This means it becomes applicable when there is no scientific certainty about the consequences for the environment of a given action, given the risk assumed if protection mechanisms are not adopted to reduce the possibility of suffering serious environmental damage, since there is no certainty that the damage will occur. In other words, it is a principle that imposes caution, and for this, the Administration must ensure the proportionality and reasonableness of the measures to be adopted, which in any case respond to temporality and provisionality, and therefore cannot be arbitrary, requiring, for this purpose, due substantiation. It is understood, then, that this principle refers to the action and effect of preventing, being applicable in those cases where anticipatory, corrective, or mitigatory measures are issued for an event or conduct, in order to avoid a risk or the execution of some action or omission that may generate negative effects, so that the protection, conservation, and adequate management of resources are anticipated. This principle thus operates to avoid consequences for the environment or people, since in environmental matters, a posteriori mitigation tasks are not effective, especially when the damages are irreversible. This principle is contained in regulatory texts of our legal system, such that it is not only extracted from Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, but also follows from the provisions of Article 11, subsections 1) and 2) of the Ley de la Biodiversidad, number 7788, of April thirtieth, nineteen ninety-eight, which, as relevant, provides: "Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are: 1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures." (the emphasis does not correspond to the original). Finally, the principle of reversal of the burden of proof is generated on the basis of an objective patrimonial liability, which translates into a presumption that the developer of the project seeking its authorization causes environmental damage. The foregoing finds express support in Article 109 of the Ley de Biodiversidad, which provides that the burden of proof in environmental proceedings shall correspond to the person requesting authorization, a license, or a permit for the use or exploitation of natural resources, or to the violator, in order to demonstrate that they did not cause the damage, or that their activity will not generate damage to the environment, in the following terms: "Burden of proof: The burden of proof, of the absence of contamination, degradation, or non-permitted affectation, shall correspond to the person requesting approval, the permit to access biodiversity, or the person accused of having caused environmental damage." Having clarified the guiding principles to be analyzed in this matter, the importance of environmental impact assessments is addressed below. (the emphasis does not correspond to the original).- IX. On the requirement for environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental).- Without a doubt, the application of the principles described in environmental protection matters imposes a responsibility on the Public Administration due to the transcendence of adopting measures aimed at preventing human conduct from negatively affecting nature, even with effects that could become irreversible. For this reason, environmental impact assessments, which respond to prior technical and objective studies, are conditioning factors for oil activity, whether it be prospecting, exploration, or exploitation. Thus, in accordance with the provisions of Article 24 of the Ley Orgánica del Ambiente, the approval of an environmental impact assessment requires a detailed analysis that includes the technical criteria and the weighting percentages that make its approval possible. As with any environmental impact assessment, the objective of this technical study is to determine if there are risk situations for the environment, it being understood that this comprises both elements of natural biodiversity and elements of urban planning—according to the interpretation given by the Constitutional Chamber in judgment number Placa32048, at fourteen hours and forty-three minutes on May seventh, two thousand three—and must respond to the environmental standards, objectives, and priorities of the State, as provided by principle 11 of the Rio Declaration. While it is true that the aforementioned environmental principles are central to this study, it should not be forgotten that the preventive principle is also fully applicable, when it is technically concluded that the conduct under analysis (public or private, business, industrial, commercial, agricultural, etc.) may cause damage to the environment and its elements, and that therefore it is unviable to grant authorization to carry out the intended project. Another scenario is that in which there is certainty of the environmental impact that the proposed project may generate, but in this case the impact is reasonable and tolerable, so that it obligates the administration to adopt measures to mitigate the damage and risks from carrying out the authorized activity, actions that must not only respond to technical, scientific, and objective evaluations previously completed, but also, non-compliance results in the cancellation of the granted right, once the respective procedure for such declaration has been carried out. Now, in order to address the enumeration of the types of environmental evaluation that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental may authorize, it is important to specify that it comprises three phases or stages: the initial one, which consists of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project intended to be carried out; the preparation of the environmental impact assessment; and finally, the control and monitoring during the execution of the activity, work, or project for which the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted the corresponding environmental viability. In the initial stage, the characteristic elements of the project or work are analyzed, based on the urban-environmental factors where it is intended to be executed, determining in this evaluation phase whether environmental viability can be obtained or whether a environmental impact assessment, an environmental management plan with the consequent appointment of an environmental regent (regente ambiental), or a declaration of environmental commitments is required. Particularly for the matter under study, in which the applicable rules for oil activity determine that what is required in these cases is an environmental impact assessment and not another mechanism, it is important to specify that the environmental impact assessment is understood as the administrative procedure of a technical-scientific nature that allows identifying and predicting the effects that the intended activity, work, or project may cause on the elements that make up the environment, qualifying the level of impact that would be caused, in order to carry out a weighing of it against the public interests to be protected and thus be able to determine whether the requested project is approved, rejected, or conditioned. X. On the basis of the claim and its assessment by this Court: Through resolution nºR-105-MINAE, at eight o'clock on March eighth, two thousand, published in Diario Oficial La Gaceta nº73, on April thirteenth, two thousand, the six onshore blocks number 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of Licitación Petrolera nº2, promoted by the Ministerio del Ambiente y Energía, are awarded to the company Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica, for the exploration and exploitation of hydrocarbons. According to point I.II of the bidding documents, as well as Articles 41 of the Ley de Hidrocarburos, 43 of the Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Decreto N° 25785-MINAE of January 22, 1997, and Articles 2 and 3 of the Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos; to make the award effective, it is an unavoidable requirement to have the approval of the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) by the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. For its part, the international public tender (licitación pública internacional) No. 2, for the exploration and exploitation of hydrocarbons in Costa Rica, incorporates the provisions of Article 43 of the Regulations for the Tender System for the Execution of Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons (Reglamento del Sistema de Licitación para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos), stipulating that the award (adjudicación) shall be valid but not effective until an approval of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) is granted by the Ministry of Environment and Energy. In harmony with the foregoing, Article 3 of the Regulations for Conducting Environmental Impact Studies for Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons (Reglamento para la Realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos) indicates that Phase I of the Environmental Impact Study corresponds to prospecting (prospección), a phase which, pursuant to Article 4 of said regulatory text, is the indispensable and sufficient requirement for the award decision of an oil concession to be declared final (en firme), as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law (Ley de Hidrocarburos). Thus, having clarified from a harmonious reading of the regulatory texts governing oil exploration and exploitation that Phase I of prospecting renders the award decision effective, it becomes essential to determine what this Phase I of prospecting comprises, with the Decree defining it as "Regional evaluation of a geological, geochemical and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology used, whether indirectly or directly, allows obtaining approximate assessments of the hydrocarbon potential, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. The following are included as part of these methods: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples, by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills; whose application does not require the construction of roads, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the application of machinery, nor the opening of trails, nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments unless there is a prior evaluation and express authorization from the National Environmental Technical Secretariat (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL) for their implementation in these activities" (capitalization corresponds to the original). It is precisely this that is the subject of the discussion in this proceeding, making it appropriate to analyze the resolutions issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the body competent in the evaluation of environmental impact studies. According to the list of proven facts, the plaintiff company, in the form for preparing terms of reference for directed environmental impact studies (formulario para elaboración de términos de referencia en estudios de impacto ambiental de tipo dirigido -FETER-) issued by the Ministry of Environment and Energy, indicates that the information for processing file (expediente) 126-2000, "obviously shall be general" (see proven fact number 5). Thus, in the Executive Summary (Resumen Ejecutivo) submitted in July of the year two thousand, for the "Project for Compilation and Analysis of Information for Phase I of Oil Prospecting in the Huetar Norte and Huetar Atlántico Region of Costa Rica" (Proyecto de Recopilación y Análisis de Información para la Fase I de Prospección Petrolera en la Región Huetar Norte y Huetar Atlántico de Costa Rica), of Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica, file Name155031 No. 126-2000, it is stated, insofar as relevant, that: "The Compilation and Analysis of Information Project consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is stated mainly due to the fact that, since it involves the compilation of already existing information, no field work will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment..." (see proven fact number 6). Based on the information provided, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), in resolution No. 866-2000-SETENA, at eleven hours twenty minutes on October third of the year two thousand, indicates that in Article 26 adopted in ordinary session No. 037-2000 of said Secretariat, held on October third of the year two thousand, it is agreed to "Approve the Environmental Impact Study, based on Article 41 of the Hydrocarbons Law 7399. This approval is granted with the understanding that the activity presented in the Environmental Impact Study consists of the compilation and analysis of bibliographic information related to geological, topographic, physical, geophysical and biological aspects, in a manner that allows determining the prospecting potential and other additional studies in blocks 5, 6, 7, 8, 9 and 10, with a total area of 99,497.15 km². If the execution of explosions in the studied areas is subsequently decided, the provisions of the Law (Article 41 of the Hydrocarbons Law) regarding this type of activity shall apply." (proven fact number 7). Notwithstanding what was indicated by said body in the partially transcribed resolution; through official communication SG-1293-2002 (AJ)- SETENA, it requests from the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) a technical opinion on the document submitted by the plaintiff company and approved in resolution 866-2000-SETENA, so that the latter may analyze it and indicate whether it complies with the provisions of Decree 26750-MINAE and the current hydrocarbons legislation regarding the definition of oil prospecting (prospección petrolera). The specialized technical body of the Ministry of Environment and Telecommunications, which is responsible for the procedures and processes aimed at correctly formalizing and executing oil exploration and exploitation contracts (Articles 3 and 22 of the Hydrocarbons Law), concurs in affirming, in official communication DGH332-2002, dated August first of the year two thousand two, that the environmental impact study presented by the plaintiff and approved by Name155031 does not complete Phase I, as it is not a prospecting study. It affirms the foregoing because it considers that what is included in the compilation and analysis of information project presented by the plaintiff corresponds to desk-based activities that are not among the methods described in the definition of oil prospecting in Article 1 of Decree No. 26750-MINAE and in compliance with the provisions of Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), since the Decree refers to geological and geophysical field activities, whether terrestrial or marine. Furthermore, it is stated in said official communication that the environmental impact studies associated with a concession contract for the exploration and exploitation of hydrocarbons must be related to field activities included in the Offered Exploratory Effort Plan (Plan de Esfuerzo Exploratorio Ofertado) that was awarded in the tender process, and therefore field activities are necessarily required. By virtue of the response provided, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), in resolution No. 962-2003-SETENA, at fourteen hours forty minutes on August nineteenth of two thousand three, clarifies the scope of resolution No. 866-2000-SETENA, informing that what was approved is solely for the project for compilation and analysis of information for Phase I of oil prospecting, which does not imply the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for field research activities. It should be noted that the clarification made in the referenced resolution coincides with what was stated by the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), in official communication SG-722-2002 (AJ)-SETENA dated May sixteenth of two thousand two, in which it is indicated that the document submitted on July twelfth of the year two thousand by the plaintiff company does not constitute an Environmental Impact Study. In this regard, the plaintiff company argues its position by indicating that, under the definition of prospecting activity set forth in Executive Decree No. 26750-MINAE, the methodology used may be direct or indirect, the latter being that used based on the compilation and analysis of existing information, such that the obligation to sign, prepare, and obtain approval of an environmental impact study by Name155031 arises from the moment of signing the contract, given that environmental impact studies are required for the commencement of field work and not before, i.e., that said studies must be submitted before the start of field work, which corresponds to the second stage of the oil prospecting phase, which must begin, according to the tender specifications (cartel licitatorio), within six months following the signing of the contract. This Chamber does not share the opinion expressed by the plaintiff company. This is because, although it is correct to state that from the wording of the definition of oil prospecting in Decree No. 26750-MINAE, it can be inferred that the methodology to be used to obtain the regional evaluation of a geological, geochemical and/or geophysical nature of a concession area may be indirect or direct, the truth is that the norm is premised on a small-scale environmental impact, by stating that with that methodology, approximate assessments of the hydrocarbon potential can be obtained, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. It is due to an environmental impact that Articles 2 and 3 of the Regulations for Conducting Environmental Impact Studies for Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons provide that Phase I of prospecting—pursuant to Article 4 of said regulatory text—indispensably requires an environmental impact study sufficient for the award decision of an oil concession to be declared final, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law. This interpretation is consistent with the provisions of Article 50 of the Constitution and Article 17 of the Organic Environmental Law, which impose that all human activity potentially harmful to the environment must be evaluated before its execution. Under this reasoning and based on a harmonious reading of Article 41 of the Hydrocarbons Law, Article 43 of the Regulations for the Tender System for the Execution of Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons, Decree No. 25785-MINAE of January 22, 1997, and Articles 2 and 3 of the Regulations for Conducting Environmental Impact Studies for Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons—which require, in order to render the award effective, that the awardee have the approval of the Environmental Impact Study by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications—it is clear that to fulfill this requirement, field work must be carried out, given that it is not logical to start from the premise that the mere compilation and analysis of information cause an impact on the environment, since this impact is nonexistent in the terms expressed by the plaintiff company, which indicates in the executive summary submitted in order to obtain the environmental impact study that "The Compilation and Analysis of Information Project consists of a series of activities of such characteristics that they do not generate environmental impact. This is stated mainly due to the fact that, since it involves the compilation of already existing information, no field work will be carried out and therefore there will be no interaction with the environment..." (see proven fact No. 6). Added to the foregoing and returning to what was indicated in the preceding recital (considerando), we must recall that environmental impact studies are understood as administrative procedures of a technical-scientific nature, which allow identifying and predicting the effects that the intended activity, work or project may cause on the elements that make up the environment, qualifying the level of impact that this causes, in order to then weigh these against the public interests to be protected and to determine whether the requested project is approved, rejected or conditioned. From this perspective, it is evident that the mere task of compiling and analyzing information does not correspond to any conduct that generates environmental impact, so logically, the environmental impact study invoked by the transcribed norms cannot be considered approved, and therefore, the State's refusal to sign the contract does not stem from political reasons as argued by the plaintiff, but rather from technical-legal reasons, such that, far from violating the principles of administrative contracting (contratación administrativa) listed in its arguments, it is concluded from the case file that the State has acted in accordance with the principle of legality. Thus, although the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in resolution No. 866-2000-SETENA, at eleven hours twenty minutes on October third of the year two thousand, issued within the file called "Administrative File No. 126-2000-SETENA, oil prospecting project in the northern zone and Atlantic zone," approves the Environmental Impact Study, the activity of which consists of the compilation and analysis of bibliographic information related to geological, topographic, physical, geophysical and biological aspects, in a manner that allows determining the prospecting potential and other additional studies in blocks 5, 6, 7, 8, 9 and 10, with a total area of 99,497.15 km², (proven fact number 7), the truth is that the designation used by the technical body is not correct, since the content and real nature of the document submitted by the plaintiff before the defendant administration do not correspond to the designation and scope granted to it in the administrative act issued by SETENA. Having analyzed said document and in light of its content, this Chamber concludes that what Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. submitted to the administration was not an environmental impact study; but despite this, Name155031 erroneously classified it as such, and in the administrative approval act it issued, it refers to said document as the referenced study. Now, although the administration did so erroneously, that error cannot change the real nature and content of the submitted document, content that does not correspond to that of an environmental impact study (even though Name155031 classified it as such). Added to the above is that it is not legitimate to understand an environmental impact study as having been granted for an activity or conduct that generates no impact whatsoever. The compilation and/or analysis of information regarding a geographic location does not imply that there is an impact on the environment, and to that extent, it is clear that the spirit of the cited normative and tender provisions was not fulfilled by the plaintiff company. Thus, and taking into account what was indicated by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) in the clarifying resolution, number 962-2003-SETENA, at fourteen hours forty minutes on August nineteenth of two thousand three, it is concluded that resolution No. 866-2000-SETENA "approves" solely the project for compilation and analysis of information for Phase I of oil prospecting, which does not imply the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for field research activities, which, as indicated above, are necessary to consider this stage completed, given that the transcribed regulations foresee that, in the oil prospecting stage, activities with little significant environmental impact are carried out, which presupposes conducts that alter and affect the environment. For this reason, the interpretation of the plaintiff company, which seeks to start from the premise that environmental impact studies are limited to Phase II of exploration, is not legitimate. Consequently, there is no doubt that the plaintiff failed to prepare an environmental impact study in the terms that are technically and legally required in the repeatedly cited regulations governing matters related to the exploitation of hydrocarbons. Furthermore, the plaintiff's argument to subject field work to the signing of the contract is also unacceptable, based on the "security" that the signing of the contract provides it with respect to the granted concession, since by definition, the administrative contract resulting from a tender is understood as the formalization of the award and replaces the simple commencement order, given that due to the complexity and particularity of the execution, a clear enumeration of the clauses that will govern the concession is required, in accordance with the tender specifications and applicable regulations, therefore constituting only a formality that does not affect the right held by the awardee, from the moment the award decision becomes effective and valid. In other words, the signing of the contract does not exceed the scope and legal effects held by an award decision, since it is the latter that, par excellence, materializes a right for the offeror in an administrative contracting, and therefore this Chamber does not agree with the effect that the plaintiff company seeks to attribute to the signing of the contract, it being understood that the contract merely constitutes an instrument of formalization for the provision of goods and services that, given their complexity, cannot be set forth in a simple purchase order. Thus, no violation of the principle of intangibility of one's own acts invoked by the plaintiff is observed, since the State is not disregarding the validity of the act, but rather its effectiveness, due to the absence of the requirement that grants it, in light of the regulations governing the exploration and exploitation of hydrocarbons. Finally, this Tribunal must indicate that no harm is caused to the company by the issuance of the Executive Decree declaring a national moratorium on oil exploitation, Decree No. 26693-MINAET, of August 1, 2011, since transitional provision I stipulates that "(...) Any right acquired before the publication of this decree shall be respected," such that, in the event that it had fulfilled the requirement that rendered the award decision effective, the issuance of the referenced Decree would in no way harm it. As a corollary to the foregoing, it is concluded that the Public Administration is required to safeguard the prevalence of public interest over private interest, through the various control and oversight mechanisms over commercial, industrial, agricultural and urban activities, in order to achieve, through its participation, sustainable development, in harmony with environmental, economic and social interests. In the scenario under analysis, since the plaintiff party failed to fulfill the requirement of obtaining the environmental impact study for Phase I of oil prospecting, in order to render effective the award decision that has fallen in its favor, the State should not, much less is it obliged, to sign the contract related to International Public Tender No. 2 in favor of the company named Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica S.A. XI.- Regarding the exception of lack of right: In light of the considerations set forth in the preceding recitals, this Tribunal reaches the conclusion that the plaintiff company has not submitted the environmental impact study required to fulfill the requirement of Phase I of Oil Prospecting, in accordance with the provisions of Article 41 of the Law for the Conducting of Environmental Impact Studies for Contracts for the Exploration and Exploitation of Hydrocarbons, such that the exception raised is admissible, and thus, the lawsuit filed must be dismissed in all its aspects. XII.- Regarding the award of costs: In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so. Exemption from this award is only possible when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered on the basis of evidence the existence of which was unknown to the opposing party. In this instance, this Collegiate Body finds no reason whatsoever to apply the exceptions established by the relevant procedural regulations in force and to break the principle of awarding costs against the losing party. Therefore, the award of procedural and personal costs (costas procesales y personales) is imposed against the plaintiff company. THEREFORE (POR TANTO) The exception of lack of right is accepted, and consequently, the lawsuit filed by Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica Sociedad Anónima against the State is dismissed in all its aspects. Both costs (costas) of the proceeding are to be borne by the plaintiff company. Let it be notified.- Claudia Elena Bolaños Salazar Elías Baltodano Gómez Sandra María Quesada Vargas Classification prepared by the JUDICIAL INFORMATION CENTER (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 07:43:04. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República