Res. 00080-2014 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Acquiescence in lesividad proceeding over IDA land segregation affecting State Natural HeritageAllanamiento en proceso de lesividad por segregación de predio del IDA en zona de Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00080 - 2014

Fecha de la Resolución: 03 de Junio del 2014 a las 09:00

Expediente: 11-002348-1027-CA

Redactado por: Jose Roberto Garita Navarro

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Allanamiento del demandado en materia contencioso administrativa
Subtemas:
Presupuestos normativos en virtud del manifestado por el Estado.
Temas (descriptores): Proceso contencioso administrativo
Subtemas:
Presupuestos normativos para tenerlo por terminado en virtud del allanamiento manifestado por el Estado.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

EXPEDIENTE: 11-002348-1027-CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO (ALLANAMIENTO)

ACTOR: Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)

DEMANDADO: Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A.

 

No. 080-2014-VI

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las nueve horas del tres de junio del dos mil catorce.

 

Proceso de conocimiento establecido por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), representado por su Presidente Ejecutivo, Nombre33207  , cédula de identidad número CED102472, contra la entidad denominada Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A., cédula de personería jurídica número CED31809, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, señor Nombre39915  .

 

RESULTANDO

 

1.- El IDA formula la demanda que ha dado origen al presente proceso de lesividad para que en lo medular en sentencia se declare: "1. Se declare absolutamente nulo el acuerdo de Junta Directiva dictado en sesión 051-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre de 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número Placa26493, a favor de Nombre139297     . 2. Se declare que en la segregación del terreno descrito en plano catastrado H-755723-2001, del Proyecto de  Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí a favor de Nombre139297    , no se cumplió con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. 3. Se anule la escritura pública número 83-93 del tomo 39 otorgada ante el Notario Francisco Morera Alfaro a las doce horas del 21 de noviembre de 2003, instrumento que fue presentado al Registro Público para solicitar la inscripción de la finca cuya segregación fue autorizada por Junta Directiva del IDA, y ordenar al Archivo Nacional anotar en el Protocolo original del notario indicado, razón de nulidad de esa escritura de segregación y traspaso a nombre de Jadimar Bosque de Doña Rosa S.A. 4. Ordenar al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble cerrar el asiento registral de la matrícula número folio real Placa26494 del partido de Heredia. " (Folios 1-26 del principal) Como medida cautelar peticionó la orden de inmovilización registral de la finca del partido de Alajuela, folio real Placa26495 propiedad de Nombre139297     ., subsidiariamente, se anote la demanda en la inscripción de esa finca.

2.- Mediante auto de las 14 horas 18 minutos del 25 de mayo del 2011, la juzgadora de trámite dispuso establecer provisionalmente las siguientes medidas cautelares: "1. La anotación de la demanda e inmovilización registral de la finca inscrita en el Partido de Puntarenas, Folio Real número Placa26495. 2. Bajo esa misma inteligencia se ordena a JADIMAR BOSQUES DE DOÑA ROSA S.A. representada por Nombre39915   y Nombre103458    abstenerse de conductas sean por acción u omisión, que atenten o provoquen un menoscabo en el medio ambiente, respecto a la titularidad que ostenta sobre el inmueble objeto de esta litis. (...)" (Folio 238 del judicial)

3.- Mediante resolución No. 1561-2011 de las 16 horas 30 minutos del 10 de octubre del 2011, el juzgador de trámite declaró con lugar la medida cautelar solicita y dispuso como medida cautelar definitiva la inmovilización registral del inmueble del partido de Puntarenas, matrícula de folio real Placa26495. Ordenó a los señores Nombre39915   y Nombre103458    abstenerse de realizar o dejar de realizar conductas, que en su caso afecten y/o pudiesen servir para prevenir que se afecte negativamente el ambiente respecto del inmueble de interés, particularmente en lo que toca al área boscosa en lo que éste la comprenda. Ordenó expedir mandamiento al Registro Nacional. (Folio 253-255 del expediente judicial)

4.- Conferido el traslado de ley, la sociedad demandada contestó de manera afirmativa e indicó "Mi representada no tiene objeción alguna a las pretensiones de la demanda si se demuestra legal y fehacientemente en el proceso que el terreno que describe el plano catastrado H-755723-2001 en noviembre de 2003 constituía patrimonio natural del Estado. " Manifestó además su interés en conciliar. (Folios 259-261 del principal)

5.- En la audiencia de conciliación celebrada a las 15 horas 30 minutos del 05 de junio del 2012, las partes llegaron al siguiente acuerdo: "PRIMERO. Ambas partes han decidido ponerle fin al conflicto en los términos presentados y aprobados por la Junta Directiva del IDA, artículo seis, sesión ordinaria 012-2012, el cual señala en lo conducente: a) La parte demandada se allana a la demanda; b) Cada parte correrá con sus Nombre36506 procesales. (Folio 267) SEGUNDO. La parte accionada manifiesta su allanamiento a la demanda, asumiendo sus Nombre36506 del proceso; la parte actora también acepta y asume sus Nombre36506 del proceso. TERCERO. Manifiesta y aclara la demandada que con su allanamiento no renuncia a los eventuales derechos posesorios que pudiese pretender, sin que hasta el momento existan otros procesos judiciales o administrativos relacionados." (Folios 276-279 del principal)

6.- Mediante resolución No. 1788-2012 de las 09 horas 40 minutos del 21 de agosto del 2012, el juzgador de conciliación dispuso homologar el acuerdo conciliatorio en los siguientes términos: "POR TANTO. (...) estimando de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa, que todas las partes se han encontrado debidamente representadas, así como también que la conciliación no es contraria al ordenamiento jurídico ni genera lesión al interés público, se procede HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO en todos sus extremos, esta sentencia tiene carácter de cosa juzgada material al adquirir firmeza. Comuníquese el cumplimiento del acuerdo. (...)" (Folios 281-284 del judicial)

7.- Por escrito presentado el 13 de septiembre del 2012, la apoderada del IDA solicita: "1. La emisión del mandamiento en que se declara la nulidad absoluta del acuerdo de Junta Directiva dictado en la sesión 51-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre del 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número Placa26493, a favor de Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A., por no haberse cumplido con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. 2. La emisión de mandamiento para el Archivo Nacional, ordenando consignar añl margen de la escritura pública número 83-39 del tomo 39 otorgada a las 12 horas del 21 de noviembre de 2003, ante el Notario Francisco Morera Alfaro. 3. La emisión de mandamiento para el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, ordenando cerrar el asiento registral de la matrícula número folio real Placa26494 del partido de Heredia." (Folios 291-292 del judicial) Esta gestión fue reiterada en fecha 13 de septiembre del 2013, según consta a folio 304 del principal.

8.- Por auto de las 16 horas 07 minutos del 11 de febrero del 2013, el juzgador de la fase de conciliación traslado los autos a la etapa de ejecución. (Folio 303 del legajo principal) En definitiva, por auto de las 08 horas 20 minutos del 28 de abril del 2014, la juzgadora de ejecución dispuso la necesidad de dictar sentencia en cuanto al allanamiento de la demandada, a fin de poder atender las peticiones del IDA. (Folio 317 de la carpeta judicial)

9.- El expediente fue remitido a la Sección Sexta de este Tribunal para su debido fallo, el día 30 de mayo del 2014, según consta en auto de pase visible al folio 317 vuelto del expediente judicial. En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. Previa deliberación, se dicta esta sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 114 inciso 4) del citado Código Procesal, así como el inciso 5) del numeral 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta jurisdicción,

 

Redacta el juzgador Garita Navarro, con el voto afirmativo de la jueza Fernández Brenes y el juzgador Hernández Gutiérrez,

 

CONSIDERANDO

 

I. Consideración previa. Cabe precisar que esta Sección VI ingresa al conocimiento de esta modalidad anticipada de terminación del proceso (allanamiento), en virtud de la remisión que realiza la juzgador de ejecución mediante el auto de las 08 horas 20 minutos del 28 de abril del 2014 visible a folio 317 de la carpeta judicial. En este sentido, esa juzgadora, ante la solicitud de expedición de mandamientos presentada por el IDA, consideró: "(...) El Juez Ejecutor, por el principio de intangibilidad de cosa juzgada material, está obligado por imperio de ley a materializar o hacer efectiva una decisión final en firme, de donde se colige que no puede disponer más de lo que dice, en este caso concreto,  el acuerdo homologado por resolución 1788-2012, que está referido únicamente al allanamiento de la demandada y que cada una de las partes asume sus propias costas. Siendo así y en atención a lo que dispone el numeral 114 del Código Procesal Contencioso Administrativo párrafo cuarto, lo que corresponde no es la ejecución inmediata de las pretensiones de la parte actora como erróneamente se ha interpretado; sino, sin más trámite pasar el asunto a la sección del Tribunal que por turno corresponda para que sin dilación, se dicte sentencia, conforme a las pretensiones del demandante, salvo si hubiere infracción del Ordenamiento Jurídico. Dicho de otro modo, ante el allanamiento de la parte demandada debe dictarse sentencia y hasta entonces, se genera para el Juez Ejecutor la competencia para hacer efectivo lo que en aquella se resuelva. Así las cosas, por prematuro no ha lugar a expedir los mandamientos solicitados y en su lugar, con el afán de respetar y cumplir con el debido proceso, trasládese este asunto a la señora Coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo para que se asigne a la Sección que por turno corresponda." De ese modo, con independencia de la emisión del fallo No. 1788-2012 de las 09 horas 40 minutos del 21 de agosto del 2012, en el que el juzgador de conciliación dispuso homologar el acuerdo conciliatorio adoptado por las partes, en virtud del cual la accionada mostraba su allanamiento a las pretensiones del IDA, ante el criterio expresado por la juzgadora de ejecución y a fin de tutelar el principio de justicia pronta y cumplida, así como el de tutela judicial efectiva, consagrado en los ordinales 49 y 41 de la Carta Magna, de seguido, sin mayor trámite, se ingresa al análisis de la solicitud de allanamiento, en el entendido que las partes involucradas en este conflicto, llegaron a un consenso en lo relativo a las Nombre36506 de la causa. Lo anterior ya que el citado acuerdo se limitó a indicar sobre el allanamiento, más no precisó sobre los alcances de esa medida en cuanto a las pretensiones deducidas, lo que se hace imperativo para efectos de certeza y seguridad jurídica.

II.- Sobre el allanamiento en el presente proceso. En la especie, la demanda se presenta para establecer, como punto principal, "1. Se declare absolutamente nulo el acuerdo de Junta Directiva dictado en sesión 051-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre de 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número H-755723-2001, a favor de Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A. 2. Se declare que en la segregación del terreno descrito en plano catastrado H-755723-2001, del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí a favor de Nombre139297    , no se cumplió con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. 3. Se anule la escritura pública número 83-93 del tomo 39 otorgada ante el Notario Francisco Morera Alfaro a las doce horas del 21 de noviembre de 2003, instrumento que fue presentado al Registro Público para solicitar la inscripción de la finca cuya segregación fue autorizada por Junta Directiva del IFDA, y ordenar al Archivo Nacional anotar en el Protocolo original del notario indicado, razón de nulidad de esa escritura de segregación y traspaso a nombre de Jadimar Bosque de Doña Rosa S.A. 4. Ordenar al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble cerrar el asiento registral de la matrícula número folio real Placa26494 del partido de Heredia." (Folios 1-26 del principal) Concedido el traslado de rigor, el mandatario del ente accionado se allanó a las pretensiones formuladas. Sobre el particular cabe indicar lo que de seguido se expone. La reforma procesal plasmada a través del Código Procesal Contencioso Administrativo propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos, sustentándose para ello en cuatro pilares ideológicos, todos ellos, de base  constitucional, a saber: distribución de funciones, que permite al Poder Judicial controlar las conductas públicas (artículos 9, 49, 153), sometimiento del Estado al Derecho en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus competencias (artículo 11 -principio de legalidad en su doble visión-), control universal de la función administrativa, que elimina cualquier posibilidad de reductos exentos del control jurisdiccional del proceder público (artículo 49) y como corolario de esos enunciados, la tutela judicial efectiva (artículos 41 y 49). Todas esas máximas convergen para concretar una justicia pronta y cumplida, como desideratum de este tipo de procesos judiciales, siempre teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es garantizar la legalidad de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas. Para tales efectos establece un proceso común compuesto por una serie de etapas que de manera concatenada, y cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso, pero a su vez, la solución de la controversia, ya no solo por la emisión de una sentencia final, sino por formas anticipadas de terminación del proceso, a saber: desistimiento (113), allanamiento total o parcial (114), satisfacción extraprocesal (115), equiparación de resolución administrativa (116), transacción (117), cumplimiento de conducta omitida (118). En el caso concreto del allanamiento, el Código de referencia establece requisitos que determinan su procedencia. Como primer aspecto, cuando la parte que expresa el allanamiento sea una Administración Pública, se impone como requisito sine qua non la presentación del acuerdo o resolución adoptada por el órgano competente. Cuando la representación de la Administración Pública corresponda a la Procuraduría General de la República (en los casos previstos en el canon 16 ibídem), tal exigencia debe proceder de la Procuradora General de la República. De igual manera, en virtud de las implicaciones de esta figura, la intencionalidad de allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera contundente el deseo de aceptar las pretensiones del actor. Incluso esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a  fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso. Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 de ese mismo cuerpo legal estatuye que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico." Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta jurisdicción contencioso administrativa. No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de tercero. De ese modo, ante la manifestación de allanamiento, el juzgador debe ponderar si lo que en el fondo se pretende y constituye el objeto del proceso, se ajusta a ese parámetro de juridicidad, caso en el cual, dará por terminado el proceso, o por el contrario, resuelve lo que en derecho corresponda para concretar esas finalidad de tutela del ordenamiento jurídico. Por demás, es claro que cuando existan co-demandados, el proceso debe continuar respecto de aquellos no se hayan allanado, cuando así corresponda en atención al objeto debatido.

III.- Ahora bien, en la particularidad del presente caso, luego de un análisis a fondo de los autos, este órgano colegiado es del criterio que concurren todos los presupuestos normativos para tener por terminado el proceso en virtud del allanamiento manifestado por el Instituto accionado. En efecto, en cuanto a la manifestación expresa de voluntad de allanamiento, se tiene que si bien la  sociedad demandada en inicio, indicó que se plegaba a lo pretendido siempre que se acreditara que a la fecha de adquirir (2003), el terreno del partido de Puntarenas, matrícula de folio real Placa26495, plano Placa26493, era patrimonio natural del Estado, luego en la fase de conciliación, mostró su anuencia con la demanda, sin hacer reserva alguna. Incluso, el acuerdo conciliatorio era su  deseo de allanarse. Vale resaltar que ese efecto se expresa en relación con la totalidad de las pretensiones formuladas en este proceso, sin hacer reserva de ninguna de esas actuaciones en la fase de conciliación. Sobre este punto, en el numeral tercero del acuerdo conciliatorio, se indica: "TERCERO. Manifiesta y aclara la demandada que con su allanamiento no renuncia a los eventuales derechos posesorios que pudiese pretender, sin que hasta el momento existan otros procesos judiciales o administrativos relacionados. " (Folios 276-279 del principal) No obstante, esa reserva en cuanto a los derechos posesorios, no afecta las pretensiones objeto de este proceso, que estriban, se insiste, en la validez de los actos cuestionados mediante lesividad, y las consecuencias registrales de esa supresión. En cuanto al cotejo de legalidad del allanamiento, no se observa que lo dispuesto genere algún tipo de infracción al ordenamiento jurídico. La demanda se presenta por el IDA, como Administración Pública emisora de las conductas cuya lesividad pretende, amparada la acción por consecuencia en el artículo 10, inciso 5 en relación al 34, ambos de la Ley No. 8508. Desde el plano pasivo, la acción se emprende contra la sociedad destinataria de las conductas cuya invalidez se pretende y titular del bien inmueble involucrado, conforme al precepto 12.3 de la citada codificación. En cuanto al interés en la causa, es evidente que muestra actualidad, toda vez que se trata del análisis de conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de conductas, que dentro de la teoría del caso del ente accionante, atenta contra el marco tutelar del patrimonio natural del Estado. Es claro que dentro del análisis realizado por el IDA para los efectos de este proceso, ese ente público ha determinado la inexistencia de causas válidas que en la actualidad justifiquen mantener el acto adoptado en la sesión 51-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre del 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número H-755723-2001, a favor de Nombre139297     ., por no haberse cumplido con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. En esa dinámica, el ente accionado accedió de manera libre y voluntaria a la nulidad de esas conductas que en su momento le habían generado un efecto patrimonial favorable. Por otro lado, este Tribunal no observa desatención en las exigencias formales que son propias de las pretensiones relacionadas con el proceso de lesividad. Por un lado, la demanda es incoada por la Administración que emitió el acto objeto del proceso y contra el beneficiado con esa conducta, tema ya expuesto. En cuanto al elemento objetivo, el acto reprochado concedió en su momento, efectos favorables a una administrado y se acusa la existencia de una patología que atenta contra el interés público, concretado en este caso en la tutela del patrimonio natural del Estado. Esa última circunstancia hace que en cuanto al elemento temporal no exista irregularidad que impida acceder al allanamiento, dado el tratamiento que el canon 34.2 del CPCA fija en estas lides. En lo atinente al marco procedimental, consta la manifestación de voluntad de las instancias jerárquicas del IDA en cuanto a la intención de suprimir el acto. Por ende, se reúnen los presupuestos de este tipo de procesos. Por tal motivo, dado el allanamiento comentado y el examen de los diversos presupuestos que le dan cabida en el sub-júdice, debe declararse con lugar la demanda de conformidad con lo pedido por el demandante, en los siguientes términos: 1. Se declara la nulidad absoluta parcial del acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, dictado en sesión 051-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre de 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número H-755723-2001, a favor de Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A. 2. Se declara que en la segregación del terreno descrito en plano catastrado H-755723-2001, del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí a favor de Jadimar Bosques de Doña Rosa, no se cumplió con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. 3. Se dispone la nulidad de la escritura pública número 83-93 del tomo 39 otorgada ante el Notario Francisco Morera Alfaro a las doce horas del 21 de noviembre de 2003, instrumento que fue presentado al Registro Público para solicitar la inscripción de la finca cuya segregación fue autorizada por Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario. Se ordena al Archivo Nacional anotar en el Protocolo original del notario indicado, razón de nulidad de esa escritura de segregación y traspaso a nombre de Nombre139297     . 4. Se ordena al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble cerrar el asiento registral de la matrícula número folio real Placa26494 del partido de Heredia.

IV.- Sobre las costas. Como se ha señalado ut supra, en el acuerdo conciliatorio a que llegaron las partes, cada una de ellas asumió las Nombre36506 de esta contienda judicial. De ese modo, habiendo sido homologado ese acuerdo mediante el fallo No. 1788-2012 de las 09 horas del 21 de agosto del 2012, no podría este Tribunal desatender la voluntad de las partes expresada en esa fase de resolución de conflictos, como tampoco desatender el pronunciamiento que sobre ese extremo realizó el juzgador de conciliación, so pena de vulnerar el efecto de cosa juzgada material que ostenta esa homologación judicial, según lo impone el canon 77 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En consecuencia, en cuanto a las costas, se remite a lo dispuesto en el citado fallo.

 

POR TANTO.

 

Ante el allanamiento externado por el mandatario de la entidad denominada Jadimir Bosques de Doña Rosa S.A., se declara con lugar la demanda formulada por el Instituto de Desarrollo Agrario en los siguientes términos: 1. Se declara la nulidad absoluta parcial del acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, dictado en sesión 051-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre de 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número H-755723-2001, a favor de Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A. 2. Se declara que en la segregación del terreno descrito en plano catastrado H-755723-2001, del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí a favor de Nombre139297    , no se cumplió con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. 3. Se dispone la nulidad de la escritura pública número 83-93 del tomo 39 otorgada ante el Notario Francisco Morera Alfaro a las doce horas del 21 de noviembre de 2003, instrumento que fue presentado al Registro Público para solicitar la inscripción de la finca cuya segregación fue autorizada por Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario. Se ordena al Archivo Nacional anotar en el Protocolo original del notario indicado, razón de nulidad de esa escritura de segregación y traspaso a nombre de Nombre139297     . 4. Se ordena al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble cerrar el asiento registral de la matrícula número folio real Placa26494 del partido de Heredia. 5. Nombre36506. Se remite a las partes a lo resuelto en el fallo de homologación de acuerdo conciliatorio No. 1788-2012  de las 09 horas del 21 de agosto del 2012. 6. Remítase de inmediato y sin mayor dilación el expediente a la fase de ejecución de sentencia para lo de su competencia.

 

 

José Roberto Garita Navarro

 

 

 

 

José Paulino Hernández Gutiérrez         Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 11-002348-1027-CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO (ALLANAMIENTO)

ACTOR: Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)

DEMANDADO: Nombre139297     .

IGWTHUP.JRGN.2014

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:15:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE: 11-002348-1027-CA

PROCEEDING OF COGNIZANCE (ACQUIESCENCE)

PLAINTIFF: Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)

DEFENDANT: Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A.

 

No. 080-2014-VI

 

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. SIXTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at nine o’clock on the third of June of two thousand fourteen.

 

Proceeding of cognizance filed by the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), represented by its Executive President, Nombre33207  , identity card number CED102472, against the entity named Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A., legal identification number CED31809, represented by its president with powers of unlimited general agent, Mr. Nombre39915  .

 

RESULTANDO

 

1.- The IDA files the complaint that has given rise to the present lesividad (action to declare injury to public interest) proceeding so that, in essence, the judgment declares: "1. The agreement of the Board of Directors adopted in session 051-05, article 55, held on November 10, 2003, be declared absolutely null, solely with respect to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project of the land described in cadastral map number Placa26493, in favor of Nombre139297     . 2. It be declared that, in the segregation of the land described in cadastral map H-755723-2001 from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project in favor of Nombre139297    , the regulations protecting the State’s Natural Heritage were not complied with. 3. Public deed number 83-93 of volume 39, granted before Notary Francisco Morera Alfaro at twelve o’clock on November 21, 2003, an instrument that was submitted to the Public Registry to request the registration of the property whose segregation was authorized by the Board of Directors of the IDA, be annulled, and the Archivo Nacional be ordered to note in the original Protocol of the indicated notary the reason for nullity of that deed of segregation and transfer in the name of Jadimar Bosque de Doña Rosa S.A. 4. The Registro Nacional de la Propiedad Inmueble be ordered to close the registration entry of folio real number Placa26494 of the Heredia district." (Folios 1-26 of the main file) As a precautionary measure, it requested an order for the registration freeze of the property in the Alajuela district, folio real Placa26495 owned by Nombre139297     ., and, alternatively, that the complaint be annotated on the registration of that property.

2.- By order of 14 hours 18 minutes of May 25, 2011, the procedural judge provisionally established the following precautionary measures: "1. The annotation of the complaint and the registration freeze of the property registered in the Puntarenas District, Folio Real number Placa26495. 2. Under the same reasoning, JADIMAR BOSQUES DE DOÑA ROSA S.A., represented by Nombre39915   and Nombre103458    , are ordered to refrain from conduct, whether by act or omission, that harms or causes detriment to the environment, regarding the ownership they hold over the real property subject to this litigation. (...)" (Folio 238 of the judicial file)

3.- By resolution No. 1561-2011 of 16 hours 30 minutes of October 10, 2011, the procedural judge granted the requested precautionary measure and ordered as a definitive precautionary measure the registration freeze of the real property in the Puntarenas district, folio real registration number Placa26495. It ordered Messrs. Nombre39915   and Nombre103458    to refrain from performing or failing to perform conduct that, as the case may be, affects and/or could serve to prevent the environment from being negatively affected with respect to the real property of interest, particularly regarding the forested area to the extent it is included therein. It ordered the issuance of a warrant to the Registro Nacional. (Folio 253-255 of the judicial file)

4.- Having been granted the legal transfer of the complaint, the defendant corporation answered in the affirmative and stated: "My represented party has no objection whatsoever to the claims of the complaint if it is legally and reliably demonstrated in the proceeding that the land described in cadastral map H-755723-2001 constituted the State’s natural heritage in November 2003." It also expressed its interest in reaching a conciliation. (Folios 259-261 of the main file)

5.- At the conciliation hearing held at 15 hours 30 minutes on June 5, 2012, the parties reached the following agreement: "FIRST. Both parties have decided to put an end to the conflict on the terms presented and approved by the Board of Directors of the IDA, article six, ordinary session 012-2012, which states in its relevant part: a) The defendant acquiesces to the complaint; b) Each party will bear its own Nombre36506. (Folio 267) SECOND. The respondent party manifests its acquiescence (allanamiento) to the complaint, assuming its Nombre36506 in the proceeding; the plaintiff party also accepts and assumes its Nombre36506 in the proceeding. THIRD. The defendant states and clarifies that by its acquiescence it does not waive any possessory rights it might seek to claim, without there currently being any other judicial or administrative proceedings related thereto." (Folios 276-279 of the main file)

6.- By resolution No. 1788-2012 of 09 hours 40 minutes of August 21, 2012, the conciliation judge ordered the homologation of the conciliation agreement on the following terms: "POR TANTO. (...) deeming, in accordance with what is stated in the considering part, that all parties have been duly represented, and also that the conciliation is not contrary to the legal system nor causes injury to the public interest, the CONCILIATION AGREEMENT IS HEREBY HOMOLOGATED in all its terms; this judgment has the character of material res judicata upon becoming final. Let compliance with the agreement be communicated. (...)" (Folios 281-284 of the judicial file)

7.- By brief filed on September 13, 2012, the attorney for the IDA requests: "1. The issuance of the warrant declaring the absolute nullity of the Board of Directors' agreement adopted in session 51-05, article 55, held on November 10, 2003, solely with respect to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project of the land described in cadastral map number Placa26493, in favor of Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A., for failure to comply with the regulations protecting the State’s Natural Heritage. 2. The issuance of a warrant to the Archivo Nacional, ordering that a notation be placed in the margin of public deed number 83-39 of volume 39 granted at 12 o'clock on November 21, 2003, before Notary Francisco Morera Alfaro. 3. The issuance of a warrant to the Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, ordering the closure of the registration entry of folio real number Placa26494 of the Heredia district." (Folios 291-292 of the judicial file) This petition was reiterated on September 13, 2013, as shown on folio 304 of the main file.

8.- By order of 16 hours 07 minutes of February 11, 2013, the judge of the conciliation phase transferred the case file to the enforcement stage. (Folio 303 of the main file) Ultimately, by order of 08 hours 20 minutes of April 28, 2014, the enforcement judge ordered the need to issue a judgment regarding the defendant's acquiescence, in order to be able to address the IDA's petitions. (Folio 317 of the judicial folder)

9.- The case file was remitted to the Sixth Section of this Tribunal for its due decision on May 30, 2014, as evidenced in the transfer order visible on folio 317 verso of the judicial file. In the proceedings before this Tribunal, no nullities requiring remedy or causing defenselessness have been observed. After deliberation, this judgment is issued within the time period established in article 114, subsection 4) of the cited Procedural Code, as well as subsection 5) of numeral 82 of the Autonomous Regulation on Organization and Service of this jurisdiction.

 

Drafted by Judge Garita Navarro, with the affirmative vote of Judge Fernández Brenes and Judge Hernández Gutiérrez,

 

CONSIDERANDO

 

I. Preliminary consideration. It is necessary to clarify that this Sixth Section takes cognizance of this early form of proceeding termination (acquiescence), by virtue of the referral made by the enforcement judge through the order of 08 hours 20 minutes of April 28, 2014, visible on folio 317 of the judicial folder. In this regard, that judge, faced with the IDA's request for the issuance of warrants, considered: "(...) The Enforcement Judge, by the principle of intangibility of material res judicata, is obligated by force of law to carry out or make effective a final and firm decision, from which it follows that he cannot order more than what is stated, in this specific case, in the agreement homologated by resolution 1788-2012, which refers solely to the defendant's acquiescence and that each party assumes its own costs. This being so, and in consideration of what is provided in numeral 114, fourth paragraph, of the Contentious-Administrative Procedural Code, what is appropriate is not the immediate execution of the plaintiff's claims as has been erroneously interpreted; but rather, without further procedure, to refer the matter to the Tribunal Section that corresponds by rotation so that judgment may be rendered without delay, in accordance with the plaintiff's claims, unless there is an infringement of the Legal System. In other words, upon the acquiescence of the defendant, judgment must be rendered, and only then does the Enforcement Judge have jurisdiction to make effective what is resolved therein. Thus, as being premature, there is no basis to issue the requested warrants and instead, with the aim of respecting and complying with due process, this matter is hereby transferred to the Coordinator Judge of the Contentious-Administrative Tribunal for assignment to the Section corresponding by rotation." In that manner, regardless of the issuance of decision No. 1788-2012 of 09 hours 40 minutes of August 21, 2012, in which the conciliation judge ordered the homologation of the conciliation agreement adopted by the parties, whereby the respondent party showed its acquiescence to the IDA's claims, in light of the criteria expressed by the enforcement judge and in order to safeguard the principle of prompt and complete justice, as well as effective judicial protection, enshrined in articles 49 and 41 of the Carta Magna, we now proceed, without further procedure, to analyze the request for acquiescence, on the understanding that the parties involved in this conflict reached a consensus regarding the Nombre36506 of the case. The foregoing, since the cited agreement was limited to indicating the acquiescence, but did not specify the scope of that measure with respect to the claims made, which is imperative for purposes of certainty and legal certainty.

II.- Regarding the acquiescence in the present proceeding. In the present case, the complaint is filed to establish, as its main point, "1. The agreement of the Board of Directors adopted in session 051-05, article 55, held on November 10, 2003, be declared absolutely null, solely with respect to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project of the land described in cadastral map number H-755723-2001, in favor of Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A. 2. It be declared that, in the segregation of the land described in cadastral map H-755723-2001 from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project in favor of Nombre139297    , the regulations protecting the State’s Natural Heritage were not complied with. 3. Public deed number 83-93 of volume 39, granted before Notary Francisco Morera Alfaro at twelve o’clock on November 21, 2003, an instrument that was submitted to the Public Registry to request the registration of the property whose segregation was authorized by the Board of Directors of the IDA, be annulled, and the Archivo Nacional be ordered to note in the original Protocol of the indicated notary the reason for nullity of that deed of segregation and transfer in the name of Jadimar Bosque de Doña Rosa S.A. 4. The Registro Nacional de la Propiedad Inmueble be ordered to close the registration entry of folio real number Placa26494 of the Heredia district." (Folios 1-26 of the main file) Once the corresponding transfer was granted, the agent of the respondent entity acquiesced (se allanó) to the claims made. Regarding this matter, it is appropriate to state what follows. The procedural reform embodied in the Contentious-Administrative Procedural Code advocates for more agile and efficient justice, with shorter timeframes for processing and resolving matters, based for that purpose on four ideological pillars, all of them constitutionally grounded, namely: distribution of functions, which allows the Poder Judicial to control public conduct (articles 9, 49, 153); the State's subjection to Law in the performance of its functions or the exercise of its powers (article 11 – the principle of legality in its dual aspect); universal control of the administrative function, which eliminates any possibility of areas exempt from jurisdictional control of public action (article 49); and as a corollary of those statements, effective judicial protection (articles 41 and 49). All of these maxims converge to achieve prompt and complete justice, as the desideratum of this type of judicial process, always bearing in mind that the purpose of this jurisdiction is to guarantee the legality of the administrative function and the protection of legal situations that may be affected within the framework of legal-administrative relations. For those purposes, it establishes a common procedure composed of a series of stages that, linked together and each with a clearly established intention or ratio, seek the depuration of the proceeding, but also, the resolution of the dispute, not only through the issuance of a final judgment, but also through early forms of proceeding termination, namely: withdrawal (113), total or partial acquiescence (114), extraprocedural satisfaction (115), conformity with administrative resolution (116), settlement (117), compliance with omitted conduct (118). In the specific case of acquiescence, the referenced Code establishes requirements that determine its admissibility. As a first aspect, when the party expressing the acquiescence is a Public Administration entity, the presentation of the agreement or resolution adopted by the competent body is imposed as a sine qua non requirement. When the representation of the Public Administration corresponds to the Procuraduría General de la República (in the cases provided for in canon 16 ibidem), such requirement must come from the Procuradora General de la República. Likewise, by virtue of the implications of this figure, the intention to acquiesce must be express and unequivocal, so that the desire to accept the plaintiff's claims can be deduced conclusively. Even that manifestation must detail whether the acquiescence is total or partial in order to establish the complete or fragmented termination of the proceeding. On the other hand, subsection 4) of article 114 of that same legal body provides that the mere manifestation of accepting the plaintiff's claims does not automatically presuppose the granting of the petitionary framework. Indeed, according to that rule: "In the event of acquiescence, the Tribunal, without further procedure, shall render judgment, which shall be issued in accordance with the plaintiff's claims, unless the legal system is infringed." The foregoing is a logical derivation of the legality control that this contentious-administrative jurisdiction must perform by constitutional mandate. It could not be otherwise, because in accordance with this control purpose, the judge could not endorse acquiescences that inherently entail or imply substantial infringements of the legal system or distortions of the public interest, given that this would translate into the abandonment of that legality control and the endorsement of public conduct contrary to law, for the benefit of a third party. In this way, in the face of a manifestation of acquiescence, the judge must weigh whether what is ultimately intended and constitutes the object of the proceeding conforms to that parameter of juridicity, in which case, the proceeding will be terminated, or on the contrary, resolves what is appropriate under law to achieve those purposes of protecting the legal system. Furthermore, it is clear that when there are co-defendants, the proceeding must continue with respect to those who have not acquiesced, when such is appropriate given the object under debate.

III.- Now then, in the particularity of the present case, after an in-depth analysis of the case file, this collegiate body is of the opinion that all the normative requirements for terminating the proceeding by virtue of the acquiescence manifested by the respondent entity are present. Indeed, regarding the express manifestation of will to acquiesce, it is noted that although the defendant corporation initially indicated that it yielded to what was sought provided it was proven that at the time of acquisition (2003), the land in the Puntarenas district, folio real registration number Placa26495, map Placa26493, was the State’s natural heritage, it later showed, during the conciliation phase, its acquiescence to the complaint without any reservation. In fact, the conciliatory agreement was its desire to acquiesce. It is worth highlighting that this effect is expressed in relation to the entirety of the claims made in this proceeding, without making any reservation regarding those actions during the conciliation phase. On this point, in the third clause of the conciliation agreement, it states: "THIRD. The defendant states and clarifies that by its acquiescence it does not waive any possessory rights it might seek to claim, without there currently being any other related judicial or administrative proceedings." (Folios 276-279 of the main file) Nonetheless, that reservation regarding possessory rights does not affect the claims that are the object of this proceeding, which consist, it is insisted, in the validity of the acts challenged through lesividad, and the registral consequences of that suppression. Regarding the legality review of the acquiescence, it is not observed that what has been ordered generates any type of infringement of the legal system. The complaint is filed by the IDA, as the Public Administration entity that issued the conduct whose lesividad is sought, the action being consequently supported by article 10, subsection 5 in relation to article 34, both of Law No. 8508. From the passive standpoint, the action is brought against the corporation that is the recipient of the conduct whose invalidity is sought and the titleholder of the real property involved, in accordance with precept 12.3 of the cited codification. Regarding the interest in the case, its currency is evident, since it concerns the analysis of the substantive conformity with the legal system of conduct that, within the case theory of the plaintiff entity, violates the protective framework of the State’s natural heritage. It is clear that within the analysis carried out by the IDA for the purposes of this proceeding, that public entity has determined the nonexistence of valid causes that currently justify maintaining the act adopted in session 51-05, article 55, held on November 10, 2003, solely with respect to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project of the land described in cadastral map number H-755723-2001, in favor of Nombre139297     ., due to failure to comply with the regulations protecting the State’s Natural Heritage. In that dynamic, the respondent entity freely and voluntarily consented to the nullity of that conduct that at the time had generated a favorable patrimonial effect for it. On the other hand, this Tribunal does not observe any disregard for the formal requirements that are inherent to claims related to the lesividad proceeding. On the one hand, the complaint is brought by the Administration that issued the act that is the object of the proceeding and against the person benefitted by that conduct, a matter already addressed. Regarding the objective element, the act being challenged granted, at the time, favorable effects to a person under administration, and the existence of a defect that violates the public interest, embodied in this case in the protection of the State’s natural heritage, is alleged. This last circumstance means that, regarding the temporal element, there is no irregularity that prevents granting the acquiescence, given the treatment that canon 34.2 of the CPCA establishes in these types of cases. With respect to the procedural framework, the manifestation of will from the IDA's hierarchical bodies regarding the intention to suppress the act is on record. Therefore, the requirements for this type of proceeding are met. For that reason, given the discussed acquiescence and the examination of the various requirements that make it admissible in this sub júdice, the complaint must be granted in accordance with what was requested by the plaintiff, on the following terms: 1. The partial absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session 051-05, article 55, held on November 10, 2003, is declared, solely with respect to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project of the land described in cadastral map number H-755723-2001, in favor of Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A. 2. It is declared that, in the segregation of the land described in cadastral map H-755723-2001 from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project in favor of Jadimar Bosques de Doña Rosa, the regulations protecting the State’s Natural Heritage were not complied with. 3. The nullity of public deed number 83-93 of volume 39, granted before Notary Francisco Morera Alfaro at twelve o’clock on November 21, 2003, an instrument that was submitted to the Public Registry to request the registration of the property whose segregation was authorized by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, is ordered. The Archivo Nacional is ordered to note in the original Protocol of the indicated notary the reason for nullity of that deed of segregation and transfer in the name of Nombre139297     . 4. The Registro Nacional de la Propiedad Inmueble is ordered to close the registration entry of folio real number Placa26494 of the Heredia district.

IV.- Regarding costs. As stated supra, in the conciliation agreement reached by the parties, each of them assumed the Nombre36506 of this judicial dispute. In that way, that agreement having been homologated by decision No. 1788-2012 of 09 hours of August 21, 2012, this Tribunal cannot disregard the will of the parties expressed in that conflict resolution phase, nor can it disregard the pronouncement on that point made by the conciliation judge, under penalty of violating the material res judicata effect that said judicial homologation possesses, as imposed by canon 77 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Consequently, regarding costs, the matter is remitted to what was ordered in the cited decision.

 

POR TANTO.

 

Given the acquiescence expressed by the agent of the entity named Jadimir Bosques de Doña Rosa S.A., the complaint filed by the Instituto de Desarrollo Agrario is granted on the following terms: 1. The partial absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session 051-05, article 55, held on November 10, 2003, is declared, solely with respect to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project of the land described in cadastral map number H-755723-2001, in favor of Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A. 2. It is declared that, in the segregation of the land described in cadastral map H-755723-2001 from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project in favor of Nombre139297    , the regulations protecting the State’s Natural Heritage were not complied with. 3. The nullity of public deed number 83-93 of volume 39, granted before Notary Francisco Morera Alfaro at twelve o’clock on November 21, 2003, an instrument that was submitted to the Public Registry to request the registration of the property whose segregation was authorized by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, is ordered. The Archivo Nacional is ordered to note in the original Protocol of the indicated notary the reason for nullity of that deed of segregation and transfer in the name of Nombre139297     . 4. The Registro Nacional de la Propiedad Inmueble is ordered to close the registration entry of folio real number Placa26494 of the Heredia district. 5. Nombre36506. The parties are remitted to what was resolved in the decision homologating the conciliation agreement No. 1788-2012 of 09 hours of August 21, 2012. 6. Let the case file be remitted immediately and without further delay to the judgment enforcement phase for what is within its competence.

 

 

José Roberto Garita Navarro

 

 

 

 

José Paulino Hernández Gutiérrez         Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 11-002348-1027-CA

PROCEEDING OF COGNIZANCE (ACQUIESCENCE)

PLAINTIFF: Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)

DEFENDANT: Nombre139297     .

IGWTHUP.JRGN.2014

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus PJ on: 26-03-2026 09:15:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República