Res. 00084-2014 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Lesividad annulment of agrarian titling over Public Natural Heritage landLesividad de titulación agraria sobre terreno del Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00084 - 2014

Fecha de la Resolución: 10 de Junio del 2014 a las 14:00

Expediente: 13-005629-1027-CA

Redactado por: José Paulino Hernández Gutiérrez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

Referencia: Proceso de conocimiento. INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL contra Nombre87396  . Carpeta #13-005629-1027-CA.

 

 

Nº 84-2014

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL,  SAN JOSÉ, Dirección01 , a las catorce horas del diez de junio de dos mil catorce.

Proceso de CONOCIMIENTO establecido por INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL [INDER], representado por sus apoderados especiales judiciales, señores Rodrigo Cervantes Barrantes, abogado, y Eric Jiménez Trejos, abogado, contra Nombre87396  , casado, agricultor, cédula número CED66425, vecino de Alajuela, Grecia. Todos son mayores.

 

Resultando:

 

I.- Que la parte actora, con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, en escrito presentado el 20 de agosto de 2013, formuló demanda, cuya pretensión es para que en sentencia se declare:

1. Que en razón de ser lesivo a los intereses públicos se anule el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario [IDA], artículo 54, sesión #039-05 de 10 de octubre de 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca del Partido de Limón, folio real, matrícula #Placa25564, a favor de Nombre87396 , correspondiente al plano catastrado Placa25565. 2. Por conexidad que se anule la escritura pública #27, otorgada a las 14.35 horas del 31 de octubre de 2005, ante los Notarios Randy Gordon Cruickshank y Eduardo Newton Cruickshank Smith que formalizó y protocolizó la titulación de la finca, únicamente en lo que se refiere a la finca del Partido de Limón, folio real, matrícula #Placa25564, a favor de Nombre87396 , correspondiente al plano Placa25565. 3. Por conexidad que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de folio real Partido de Limón, matrícula #Placa25564 del Registro Nacional. 4. Por conexidad se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Provincia de Limón, folio real, matrícula #Placa25564- . 5. Que se condene al demandado al pago de ambas costas del juicio (folios 82 a 98).

II.- Que la parte demandada fue debidamente notificada. En escrito fechado el 04 de diciembre de 2013, se allanó a la pretensión deducida, salvo en  lo relativo a la condena en costas (folio 102).

III.- Que en la substanciación del procedimiento, se observan las prescripciones legales.

Redacta el Juez HERNÁNDEZ GUTIERREZ, y;

Considerando:

Primero: Que el Tribunal tiene por cierto los siguientes hechos: ----- 1°) que el IDA, antes  Instituto de Tierras y Colonización [ITCO], hoy Instituto de Desarrollo Rural [INDER], impulsó una serie de programas de titulación de reservas nacionales, con fundamento la Ley #7599 de 9 de agosto de 1996; artículos 11 y 12 de la Ley #2825 de 14 de octubre de 1961, y artículo 32 de la Ley #6735 (ver hecho 1° de la demanda y su aceptación, y folios 64 a 67 de esta carpeta); ----- 2°) que la labor del IDA se orientó a declarar zonas de titulación en áreas donde las personas se encontraban en posesión de la tierra pero carecían de título de propiedad, procediendo a realizar el levantamiento y catastro e inscripción en el Registro Público (ver hecho 2° de la demanda y su aceptación); ----- 3°) que dentro de esos programas estaba el denominado “programa de titulación BIRF 2764 C.R.”, creado mediante Decreto Ejecutivo #18220-MAG de 11 de julio de 1988 que generó la finca de la Provincia de Limón, #39050-000 (ver hecho 3° de la demanda y su aceptación, y folios 59 a 62); ----- 4°) que dentro del marco del programa referido en el hecho que antecede, el demandado solicitó titular la parcela 8-A-2018, descrita en el plano catastrado L-0823835-2002, con un área de 269471.37 metros cuadrados, y que es terreno para agricultura, vivienda y montaña (ver hecho 4° del escrito de demanda y su aceptación, y folios 21 a 27 y 36); ----- 5°) que la Junta Directiva del IDA, en sesión ordinaria #039-05, celebrada el 10 de octubre de 2005, artículo 54, acordó traspasar a favor del demandado la precitada parcela (ver hecho 8° de la demanda y su aceptación, y folios 37 y 38); ----- 6°) que la escritura de traspaso de la parcela, se otorgó el 28 de octubre de 2005 y se inscribió el 28 de febrero de 2006, dando lugar la finca de la Provincia de Limón, folio real, #115552-000, plano catastrado L- 0823835-2002 (ver hecho 9° de la demanda y su aceptación, y folios 45 a 57); ----- 7°) que la Contraloría General de la República, en informe DFOEPGAA- 20-2008 de 27 de agosto de 2008, denominado “resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado”, dirigió a la Junta Directiva del IDA, la directriz de iniciar los procedimientos administrativos y las acciones judiciales a efecto de recuperar las tierras tituladas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, correspondiente a quince casos que ahí se detallan (ver hechos 11, 12 y 13 de la demanda y su aceptación, y folios 6 a 19), y ----- 8°) que la Junta Directiva del INDER, en sesión ordinaria #011-2013, celebrada el 18 de marzo de 2013, artículo 5, declaró lesivo a los intereses públicos el acuerdo adoptado en sesión ordinaria #039-05, celebrada el 10 de octubre de 2005, artículo 54, que dio origen a la finca inscrita en el Registro Público, Provincia de Limón, matrícula de folio real #Placa25564, a favor del demandado (ver hecho 14° de la demanda, su aceptación, y folios 69 a 81).

Segundo: Que el Tribunal tiene como hechos no probados: ----- 1°) que dentro del legajo administrativo de titulación, se aportara algún estudio del Instituto Geográfico Nacional; ----- 2°) que dentro del citado legajo se presentara estudio de uso conforme de suelo del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria [INTA], o de algún profesional privado debidamente acreditado para realizar dicho estudio.

Tercero: Que en casos como este donde la parte demandada se allana a la pretensión deducida (folio 102), conviene verificar, como lo ha expresado esta Sección del Tribunal en casos análogos (Cfr. Sentencia #306-2010, caso #09-1896-1027-CA), si se dan los requisitos exigidos por la ley procesal para la aceptación del allanamiento.

1.- Por un lado se tiene que cuando quien se allana es una Administración Pública, se debe presentar el acuerdo o resolución adoptada por el órgano competente; cuando la representación de la Administración Pública corresponde a la Procuraduría General de la República (artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA), tal exigencia debe proceder de la Procuradora General de la República. En este caso figura como demandado un particular, quien se gobierna por el principio de autonomía de la voluntad (artículo 28 de la Constitución Política).

2.- De igual manera, en virtud de las implicaciones de esta figura, la intencionalidad de allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera clara el desnudo deseo de aceptar las pretensiones de la parte actora. Incluso esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso.

3.- Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 CPCA establece que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación de la pretensión. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico.". Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta jurisdicción contencioso administrativa. No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de terceros.

4.- De modo que ante la manifestación de allanamiento, el juzgador debe ponderar si lo que en el fondo se pretende y constituye el objeto del proceso, se ajusta a ese parámetro de juridicidad, caso en el cual, dará por terminado el proceso, o por el contrario, resuelve lo que en derecho corresponda para concretar esa finalidad de tutela del ordenamiento jurídico. Desde luego que si existen co-demandados, el proceso debe continuar respecto de aquellos que no se allanaron, cuando así corresponda en atención al objeto debatido.

Cuarto: Que en el caso concreto, la pretensión de lesividad deducida, se fundamenta en que dentro del procedimiento administrativo de titulación de la parcela adjudicada a la parte demandada, se incumplieron requisitos previstos en normas legales y reglamentarias, dando lugar a la inscripción de un terreno que integra el patrimonio natural del Estado; se afirma que así quedó evidenciado por la Contraloría General de la República en el informe DFOE-PGAA-20-2008 de 27 de agosto de 2008.

1.- Luego de analizar la cuestión de fondo planteada, este órgano colegiado es del criterio que concurren todos los presupuestos normativos para tener por terminado el proceso en virtud del allanamiento manifestado por el demandado.

2.- Sobre el particular conviene reiterar lo expresado recientemente por este Tribunal, en un caso idéntico al presente:

“III.- [...] No obstante, esa reserva en cuanto a los derechos posesorios, no afecta las pretensiones objeto de este proceso, que estriban, se insiste, en la validez de los actos cuestionados mediante lesividad, y las consecuencias registrales de esa supresión. En cuanto al cotejo de legalidad del allanamiento, no se observa que lo dispuesto genere algún tipo de infracción al ordenamiento jurídico. La demanda se presenta por el IDA, como Administración Pública emisora de las conductas cuya lesividad pretende, amparada la acción por consecuencia en el artículo 10, inciso 5 en relación al 34, ambos de la Ley No. 8508. Desde el plano pasivo, la acción se emprende contra la sociedad destinataria de las conductas cuya invalidez se pretende y titular del bien inmueble involucrado, conforme al precepto 12.3 de la citada codificación. En cuanto al interés en la causa, es evidente que muestra actualidad, toda vez que se trata del análisis de conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de conductas, que dentro de la teoría del caso del ente accionante, atenta contra el marco tutelar del patrimonio natural del Estado. Es claro que dentro del análisis realizado por el IDA para los efectos de este proceso, ese ente público ha determinado la inexistencia de causas válidas que en la actualidad justifiquen mantener el acto adoptado en la sesión 51-05, artículo 55, celebrada el 10 de noviembre del 2003, únicamente en lo que se refiere a la segregación del Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, del terreno que describe el plano catastrado número H- 755723-2001, a favor de Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A., por no haberse cumplido con la normativa que protege el Patrimonio Natural del Estado. En esa dinámica, el ente accionado accedió de manera libre y voluntaria a la nulidad de esas conductas que en su momento le habían generado un efecto patrimonial favorable. Por otro lado, este Tribunal no observa desatención en las exigencias formales que son propias de las pretensiones relacionadas con el proceso de lesividad. Por un lado, la demanda es incoada por la Administración que emitió el acto objeto del proceso y contra el beneficiado con esa conducta, tema ya expuesto. En cuanto al elemento objetivo, el acto reprochado concedió en su momento, efectos favorables a una administrado y se acusa la existencia de una patología que atenta contra el interés público, concretado en este caso en la tutela del patrimonio natural del Estado. Esa última circunstancia hace que en cuanto al elemento temporal no exista irregularidad que impida acceder al allanamiento, dado el tratamiento que el canon 34.2 del CPCA fija en estas lides. En lo atinente al marco procedimental, consta la manifestación de voluntad de las instancias jerárquicas del IDA en cuanto a la intención de suprimir el acto. Por ende, se reúnen los presupuestos de este tipo de procesos. Por tal motivo, dado el allanamiento comentado y el examen de los diversos presupuestos que le dan cabida en el sub-júdice, debe declararse con lugar la demanda de conformidad con lo pedido por el demandante, en los siguientes términos: …”. (Carpeta #11-002348-1027-CA; sentencia No. 080-2014-VI de 9.00 horas del 3 de junio de 2014).

Debe por tanto hacerse lugar a la demanda en todos sus extremos.

Quinto: Sobre costas. Que en el escrito de allanamiento la parte demandada hizo reserva respecto de la condena en costas. Sobre ese aspecto, el numeral 193 CPCA establece el principio de condena al vencido por el hecho objetivo de perder el caso. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Tampoco se deben imponer cuando se incurra en plus petitio, sea, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo concedido en definitiva sea de más de un quince por ciento, salvo que las bases de la demanda sean consideradas provisionales. Sin embargo, conforme al canon 197.1 CPCA cuando se produzca desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal de la pretensión antes de la audiencia preliminar o en el curso de esta, no habrá condenatoria en costas, salvo acuerdo en contrario de las partes. Cuando esos remedios se dieren luego de esa etapa preliminar, podrán otorgarse por adición siempre que la parte vencedora las reclame dentro de tercer día. En el caso, el allanamiento se ha producido en un estadio procesal en que aún no se había fijado la realización de la audiencia preliminar. Nótese que  el allanamiento se expresa en la etapa de contestación de la demanda. Se trata por ende del supuesto de hecho regulado en el citado mandato 197.1. Ahora bien, siendo que en este proceso no se observa acuerdo en contrario entre las partes, lo debido es resolver este asunto sinespecial condenatoria en costas al configurarse el presupuesto condicionante que permite tal efecto.

Por tanto:

Primero: Se admite el allanamiento de la parte demandada. Segundo: En consecuencia, se declara con lugar la demanda interpuesta por INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL [INDER] contra Nombre87396  , en los siguientes términos: 1.- Que es lesivo y por ende se anula el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario [IDA], artículo 54, sesión #039-05 de 10 de octubre de 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca de la Provincia de Limón, folio real, matrícula #Placa25564, a favor de Nombre87396 , correspondiente al plano catastrado Placa25565. 2.- Por conexidad se anula  la escritura pública #27, otorgada a las 14.35 horas del 31 de octubre de 2005, ante los Notarios Randy Gordon Cruickshank y Eduardo Newton Cruickshank Smith que formalizó y protocolizó la titulación de la finca, únicamente en lo que se refiere a la finca del Provincia de Limón, folio real, matrícula #Placa25564, a favor de Nombre87396 , correspon-diente al plano L- 0823835-2002. 3.- Por conexidad se anula el asiento de inscripción de la finca del sistema de folio real Partido de Limón, matrícula #Placa25564 del Registro Nacional. Una vez firme esta sentencia, inscríbase en dicho Registro. Tercero: No hay condena en costas personales ni procesales.

 

 

JOSE PAULINO HERNANDEZ G.

 

 

Nombre57176             CYNTHIA ABARCA GOMEZ

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:15:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESOLUTION No. 00084 - 2014

Date of Resolution: June 10, 2014 at 2:00 p.m.

Case File: 13-005629-1027-CA

Drafted by: José Paulino Hernández Gutiérrez

Type of Matter: Ordinary proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Text of the resolution

Reference: Ordinary proceeding. INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL against Nombre87396  . Folder #13-005629-1027-CA.

 

 

No. 84-2014

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, Dirección01 , at fourteen hours on the tenth of June of two thousand fourteen.

Ordinary PROCEEDING brought by INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL [INDER], represented by its special judicial attorneys-in-fact, Messrs. Rodrigo Cervantes Barrantes, attorney, and Eric Jiménez Trejos, attorney, against Nombre87396  , married, farmer, identification number CED66425, resident of Alajuela, Grecia. All are of legal age.

 

Resultando:

 

I.- That the plaintiff, based on the facts set forth and legal provisions cited, in a brief filed on August 20, 2013, filed a complaint, whose claim is that the judgment declare:

1. That as it is injurious to public interests, the agreement adopted by the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto de Desarrollo Agrario [IDA], article 54, session #039-05 of October 10, 2005, be annulled, solely as it refers to the titling of the property of the Partido de Limón, registered folio, registration number #Placa25564, in favor of Nombre87396 , corresponding to cadastral map Placa25565. 2. As a consequence, that public deed #27, granted at 2:35 p.m. on October 31, 2005, before Notaries Randy Gordon Cruickshank and Eduardo Newton Cruickshank Smith, which formalized and recorded the titling of the property, be annulled, solely as it refers to the property of the Partido de Limón, registered folio, registration number #Placa25564, in favor of Nombre87396 , corresponding to map Placa25565. 3. As a consequence, that the registry entry of the property registered under the registered folio system Partido de Limón, registration number #Placa25564 of the National Registry (Registro Nacional) be annulled. 4. As a consequence, that any entry resulting from the registration of the real property recorded in the National Registry, Province of Limón, registered folio, registration number #Placa25564- be annulled. 5. That the defendant be ordered to pay both costs of the suit (folios 82 to 98).

II.- That the defendant was duly served. In a brief dated December 4, 2013, it acquiesced (se allanó) to the claim asserted, except regarding the imposition of costs (folio 102).

III.- That in the processing of the proceeding, the legal requirements are observed.

Drafted by Judge HERNÁNDEZ GUTIERREZ, and;

Considerando:

First: That the Court (Tribunal) holds the following facts as proven: ----- 1°) that the IDA, formerly Instituto de Tierras y Colonización [ITCO], now Instituto de Desarrollo Rural [INDER], promoted a series of titling programs for national reserves, based on Ley #7599 of August 9, 1996; articles 11 and 12 of Ley #2825 of October 14, 1961, and article 32 of Ley #6735 (see fact 1° of the complaint and its acceptance, and folios 64 to 67 of this folder); ----- 2°) that the work of the IDA was directed at declaring titling zones in areas where individuals were in possession of the land but lacked a title of ownership, proceeding to carry out the survey and cadastre and registration in the Public Registry (Registro Público) (see fact 2° of the complaint and its acceptance); ----- 3°) that within those programs was the so-called “BIRF 2764 C.R. titling program” (“programa de titulación BIRF 2764 C.R.”), created by Decreto Ejecutivo #18220-MAG of July 11, 1988, which generated the property of the Province of Limón, #39050-000 (see fact 3° of the complaint and its acceptance, and folios 59 to 62); ----- 4°) that within the framework of the program referred to in the preceding fact, the defendant applied to have parcel 8-A-2018 titled, described in cadastral map L-0823835-2002, with an area of 269471.37 square meters, and which is land for agriculture, housing, and mountain (see fact 4° of the complaint brief and its acceptance, and folios 21 to 27 and 36); ----- 5°) that the Board of Directors (Junta Directiva) of the IDA, in ordinary session #039-05, held on October 10, 2005, article 54, agreed to transfer the aforementioned parcel in favor of the defendant (see fact 8° of the complaint and its acceptance, and folios 37 and 38); ----- 6°) that the transfer deed for the parcel was granted on October 28, 2005, and registered on February 28, 2006, giving rise to the property of the Province of Limón, registered folio, #115552-000, cadastral map L-0823835-2002 (see fact 9° of the complaint and its acceptance, and folios 45 to 57); ----- 7°) that the Contraloría General de la República, in report DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, titled “results of land titling studies in national reserves on lands forming part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado),” issued a directive to the Board of Directors (Junta Directiva) of the IDA to initiate administrative procedures and judicial actions for the purpose of recovering the titled lands forming part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), corresponding to fifteen cases detailed therein (see facts 11, 12 and 13 of the complaint and their acceptance, and folios 6 to 19), and ----- 8°) that the Board of Directors (Junta Directiva) of INDER, in ordinary session #011-2013, held on March 18, 2013, article 5, declared the agreement adopted in ordinary session #039-05, held on October 10, 2005, article 54, which gave rise to the property registered in the Public Registry (Registro Público), Province of Limón, registered folio registration number #Placa25564, in favor of the defendant, to be injurious to public interests (see fact 14° of the complaint, its acceptance, and folios 69 to 81).

Second: That the Court (Tribunal) holds as facts not proven: ----- 1°) that within the administrative titling file, any study from the Instituto Geográfico Nacional was provided; ----- 2°) that within said file, a land-use conformity (uso conforme de suelo) study from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria [INTA], or from a duly accredited private professional to conduct said study, was presented.

Third: That in cases such as this where the defendant acquiesces (se allana) to the claim asserted (folio 102), it is appropriate to verify, as this Section of the Court (Tribunal) has expressed in analogous cases (Cf. Judgment #306-2010, case #09-1896-1027-CA), whether the requirements demanded by procedural law for the acceptance of the acquiescence (allanamiento) are met.

1.- On one hand, it is the case that when the party acquiescing (allana) is a Public Administration (Administración Pública), the agreement or resolution adopted by the competent body must be presented; when the representation of the Public Administration (Administración Pública) corresponds to the Procuraduría General de la República (article 16 of the Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA), such requirement must originate from the Procuradora General de la República. In this case, a private individual appears as the defendant, who is governed by the principle of autonomy of will (article 28 of the Constitución Política).

2.- Likewise, by virtue of the implications of this figure, the intention of acquiescence (allanamiento) must be express and unequivocal, so that the bare desire to accept the claims of the plaintiff can be clearly inferred. Indeed, that manifestation must detail whether the acquiescence (allanamiento) is total or partial in order to establish the full or partial termination of the proceeding.

3.- Furthermore, subsection 4) of article 114 CPCA establishes that the mere manifestation of accepting the plaintiff's claims does not automatically presuppose the granting of the claim. Indeed, as that rule provides: "In the case of acquiescence (allanamiento), the Court (Tribunal), without further procedure, shall issue a judgment, which shall be rendered in accordance with the plaintiff's claims, unless the legal order is infringed." The foregoing is a logical derivation of the legality control that, by constitutional imperative, this contentious-administrative jurisdiction must carry out. It could not be otherwise, since in keeping with this purpose of control, the judge could not endorse acquiescences (allanamientos) that in substance entail or imply substantial infringements of the legal order or dislocations to the public interest, given that this would translate into the abandonment of that legality control and the endorsement of public conduct contrary to law, for the benefit of third parties.

4.- Thus, in the face of the manifestation of acquiescence (allanamiento), the judge must weigh whether what is ultimately claimed and constitutes the object of the proceeding conforms to that parameter of legality, in which case, the proceeding will be terminated, or to the contrary, decide what is appropriate in law to materialize that purpose of safeguarding the legal order. Of course, if there are co-defendants, the proceeding must continue regarding those who did not acquiesce (allanaron), when appropriate in view of the matter under debate.

Fourth: That in the specific case, the claim of injuriousness (lesividad) set forth is based on the fact that within the administrative titling procedure for the parcel awarded to the defendant, requirements provided for in legal and regulatory norms were not met, giving rise to the registration of land that forms part of the state natural heritage; it is affirmed that this was evidenced by the Contraloría General de la República in report DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008.

1.- After analyzing the substantive issue raised, this collegiate body is of the opinion that all the regulatory prerequisites concur to terminate the proceeding by virtue of the acquiescence (allanamiento) manifested by the defendant.

2.- In this regard, it is appropriate to reiterate what was recently expressed by this Court (Tribunal), in a case identical to the present one:

“III.- [...] However, that reservation regarding possessory rights does not affect the claims that are the object of this proceeding, which rest, it is insisted, on the validity of the acts challenged via injuriousness (lesividad), and the registry consequences of that elimination. Regarding the verification of the legality of the acquiescence (allanamiento), it is not observed that what is ordered generates any type of infringement of the legal order. The complaint is filed by the IDA, as the Public Administration (Administración Pública) that issued the conduct whose injuriousness (lesividad) is claimed, the action consequently supported by article 10, subsection 5 in relation to 34, both of Ley No. 8508. From the passive plane, the action is brought against the company that is the recipient of the conduct whose invalidity is sought and the owner of the real property involved, in accordance with precept 12.3 of the cited codification. As to the interest in the cause, it is evident that it shows actuality, since it involves the analysis of substantial conformity with the legal order of conduct that, within the case theory of the plaintiff entity, undermines the protective framework of the state natural heritage. It is clear that within the analysis carried out by the IDA for the purposes of this proceeding, that public entity has determined the nonexistence of valid reasons that currently justify maintaining the act adopted in session 51-05, article 55, held on November 10, 2003, solely as it refers to the segregation from the Llanuras de San Carlos y Sarapiquí Titling Project (Proyecto de Titulación Llanuras de San Carlos y Sarapiquí), of the land described in cadastral map number H-755723-2001, in favor of Jadimar Bosques de Doña Rosa S.A., for not having complied with the regulations that protect the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). In that dynamic, the defendant entity freely and voluntarily agreed to the nullity of those conducts that at the time had generated a favorable patrimonial effect for it. On the other hand, this Court (Tribunal) does not observe any disregard for the formal requirements that are characteristic of claims related to the injuriousness (lesividad) process. On one hand, the complaint is brought by the Administration that issued the act that is the object of the process and against the beneficiary of that conduct, a point already addressed. Regarding the objective element, the challenged act, at the time, granted favorable effects to a citizen and the existence of a pathology that violates the public interest is alleged, embodied in this case in the protection of the state natural heritage. That last circumstance means that, regarding the temporal element, there is no irregularity that prevents granting the acquiescence (allanamiento), given the treatment that canon 34.2 of the CPCA sets in these disputes. Regarding the procedural framework, the manifestation of will of the hierarchical bodies of the IDA regarding the intention to eliminate the act is on record. Therefore, the prerequisites for this type of proceeding are met. For this reason, given the discussed acquiescence (allanamiento) and the examination of the various prerequisites that allow it in the sub-júdice, the complaint must be granted in accordance with what was requested by the plaintiff, in the following terms: …”. (Folder #11-002348-1027-CA; judgment No. 080-2014-VI of 9:00 a.m. on June 3, 2014).

Therefore, the complaint must be granted in all its aspects.

Fifth: Regarding costs. That in the acquiescence (allanamiento) brief, the defendant made a reservation regarding the imposition of costs. On this aspect, numeral 193 CPCA establishes the principle of condemning the losing party for the objective fact of losing the case. The waiver of this condemnation is only viable when, in the judgment of the Court (Tribunal), there was sufficient reason to litigate or, when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. Nor should they be imposed when there is a plus petitio, that is, when the difference between what is claimed and what is finally granted is more than fifteen percent, unless the bases of the complaint are considered provisional. However, according to canon 197.1 CPCA, when a withdrawal (desistimiento), acquiescence (allanamiento), or extra-procedural satisfaction of the claim occurs before the preliminary hearing or during its course, there shall be no condemnation for costs, except by mutual agreement of the parties. When those remedies are given after that preliminary stage, they may be awarded additionally provided that the prevailing party claims them within three days. In this case, the acquiescence (allanamiento) was produced at a procedural stage in which the holding of the preliminary hearing had not yet been scheduled. Note that the acquiescence (allanamiento) is expressed at the stage of responding to the complaint. It is, therefore, the factual scenario regulated in the cited mandate 197.1. Now, given that in this proceeding no mutual agreement between the parties is observed, it is appropriate to resolve this matter without a special condemnation for costs, as the conditioning prerequisite that allows such an effect is met.

Por tanto:

First: The acquiescence (allanamiento) of the defendant is accepted. Second: Consequently, the complaint filed by INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL [INDER] against Nombre87396  , is granted, in the following terms: 1.- That the agreement adopted by the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto de Desarrollo Agrario [IDA], article 54, session #039-05 of October 10, 2005, solely as it refers to the titling of the property of the Province of Limón, registered folio, registration number #Placa25564, in favor of Nombre87396 , corresponding to cadastral map Placa25565, is injurious and therefore annulled. 2.- As a consequence, public deed #27, granted at 2:35 p.m. on October 31, 2005, before Notaries Randy Gordon Cruickshank and Eduardo Newton Cruickshank Smith, which formalized and recorded the titling of the property, solely as it refers to the property of the Province of Limón, registered folio, registration number #Placa25564, in favor of Nombre87396 , corresponding to map L-0823835-2002, is annulled. 3.- As a consequence, the registry entry of the property in the registered folio system Partido de Limón, registration number #Placa25564 of the National Registry (Registro Nacional) is annulled. Once this judgment becomes final, let it be registered in said Registry. Third: There is no condemnation for personal or procedural costs.

 

 

JOSE PAULINO HERNANDEZ G.

 

 

Nombre57176              CYNTHIA ABARCA GOMEZ

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-26-2026 09:15:53.

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