Res. 00803-2014 Tribunal Agrario — Titling forested land through possessory information proceedingsTitulación de terrenos con bosque mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00803 - 2014

Fecha de la Resolución: 17 de Setiembre del 2014 a las 14:21

Expediente: 11-000068-0298-AG

Redactado por: Andrea Mercedes Ruiz Ramírez

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*110000680298AG*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN2




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

       

   

VOTO N°  803-F-14

 

            TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y veintiuno minutos del diecisiete de setiembre de dos mil catorce.-

          INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]   , mayor, soltero, ganadero, vecino de San Carlos, cédula de identidad número CED1 -     -    .  Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED2 -    -          - , representado por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número CED3 -     -    ,  vecina de San José. Actúa como apoderado especial judicial del promovente, el licenciado Roy Alberto Ramírez Arce, colegiado diez mil treinta y ocho. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial  de Alajuela, con sede en San Carlos.-

RESULTANDO:

          1.- El promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se  describe así: " Terreno de pastos, bosque y charral; SITUACIÓN: En La Vieja, [Dirección1]  ,   San Carlos de la Provincia Alajuela; MIDE: DIECIOCHO HECTÁREAS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, según plano catastrado número dos - un millón trescientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho - dos mil nueve; con los LINDEROS: NORTE: Río La Vieja y Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; SUR: Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; ESTE: Río La Vieja, y OESTE: calle pública con un frente a ella de mil ciento cuatro metros dieciséis centímetros lineales," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de San Carlos en Documentos Asociados, archivo 15/05/13, a las 07:40:24 a.m).-

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corre a folios 53 al 55 (imágenes 76 a 78); a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 62 (imagen 89), sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de San Carlos en Documentos Asociados, archivo 15/05/13, a las 07:40:24 a.m).-

            3.- El Juez Federico Villalobos Chacón, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial  de Alajuela,, mediante sentencia número 85 - 2014 de las trece horas y doce minutos del cinco de junio del año dos mil catorce, resolvió: “POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto, se aprueba la presente diligencia de Información Posesoria que ha sido tramitada conforme con la Ley de Informaciones Posesorias y la Ley de Jurisdicción Agraria, mediante la cual se tuvo como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Rural. En consecuencia, libre de gravámenes, condueños, cargas reales y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, proceda al Registro Público, Sección Propiedad, a inscribir a nombre de [Nombre2]   , mayor, soltero, ganadero, cédula de identidad número CED4 -     -    , vecino de Pénjamo de Florencia, San Carlos, Alajuela, [Dirección2]      ; el terreno que se describe así: NATURALEZA: Terreno de pastos, bosque y charral; SITUACIÓN: En La Vieja, [Dirección3]  ,     de la Provincia Alajuela; MIDE: DIECIOCHO HECTÁREAS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, según plano catastrado número dos - un millón trescientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho - dos mil nueve; con los LINDEROS: NORTE: Río La Vieja y Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; SUR: Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; ESTE: Río La Vieja, y OESTE: [Dirección4]  con un frente a ella de mil ciento cuatro metros dieciséis centímetros lineales. ESTIMACIÓN: El fundo en la suma de cuatro millones de colones y la presente diligencias en la suma de dieciocho millones de colones. El terreno quedará afectado a que el derecho de vía con que colinda la propiedad por el rumbo oeste, es de catorce metros, según lo determina el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos, en relación con el artículo 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias, número 139; asimismo el área contigua al Río La Vieja con que colinda la propiedad por los rumbos norte y este, son zonas de protección, las cuales se encuentran afectadas a las disposiciones de del artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal número 7575, y en la que se prohíbe la corta o eliminación de árboles. El cauce de las aguas que discurran o broten en el fundo a titular, son de dominio público, según lo determina el artículo 1 de la Ley de Aguas. La propiedad tendrá un plazo de convalidación ante terceros, por tres años a partir de la inscripción. El Edicto relativo a este trámite, salió publicado en el Boletín Judicial número ochenta y siete de fecha siete de mayo del año dos mil doce," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de San Carlos en Documentos Asociados, archivo 05/06/14, a las 1:12:53 p.m).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de San Carlos en Bandeja de Escritos, archivo 12/06/14, a las 07:13:58 a.m).-

5. En la substanciación del proceso se han  observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta la Jueza Ruiz Ramírez, y;

CONSIDERANDO

            I.- Se comparte lo concluido sobre lo hechos probados por estar acordes con la información que consta en autos, salvo los numerados tres,  seis, siete, ocho, diez y once, al no estar relacionados con los agravios expuestos ante esta Sede por la representante legal.

            II.- En la sentencia impugnada 85-2014 de las trece horas y doce minutos del cinco de junio del dos mil catorce, se aprobó la información posesoria y se ordenó inscribir el inmuebles descrito, con las limitaciones que establece la Ley General de Caminos Públicos, Ley de Aguas y Ley Forestal. La Procuraduría General de la República (PGR) apela (Carpeta Escritos, Escrito Eelectronico/jun 12 2014 7:13AM/RECURSO DE APELACION CONTRA EL AUTO DE SENTENCIA N°85-2014 DE LAS 13:12 HRS DEL 5 DEL MES EN CURSO) alegando que el terreno a titular es de naturaleza boscosa (montaña). Considera que esos terrenos, por ubicarse en reservas nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969 (artículo 33), reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y su carácter demanial lo mantiene la Ley 7575 (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la parte promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, como haber protegido el recurso  y tener el inmueble debidamente deslindado. Pero para la PGR solo es posible titular  si  la usucapión se consolidó antes de que los terrenos formasen parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, con la declaración de los testigos, no se demostró la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de la parte promovente. Cita en su apoyo los votos [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 de la Sala Constitucional, también otros precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma PGR (dictámenes C-321-2003 y C-146-2008), que en lo medular se refieren a: i) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, en lo que respecta a la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio  y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que establece la necesidad de demostrar una posesión decenal apta para usucapir. ii) el impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, dado que la inalienabilidad de tales imposibilita su traspaso y posesión privada. iii) la improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. iv) el principio de la inalienabilidad, por cuanto esos bienes se substraen del comercio de los hombres. v) los bienes  no susceptibles de adquirirse por posesión. vi) la imprescriptibilidad de tales bienes como consecuencia directa del principio de inalienabilidad, pues al no ser objeto de posesión ni de dominio privado, existe imposibilidad jurídica para usucapirlos. Todos esos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, no son susceptibles de ser poseídos por particulares ni adquiridos por usucapión. Al pretenderse titular bienes de dominio público, como lo es el patrimonio natural del Estado y las vías públicas, solicita la improbación de estas diligencias, conforme a los artículos 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, 13 y 14 de la Ley Forestal. 

    III.- Los agravios reclamados por la parte recurrente no son de recibo. Con respecto a lo objetado en cuanto a que con la declaración de los testigos no se demostró la posesión decenal de la parte promovente, debe resaltarse que [Nombre3]  , [Nombre4]    y [Nombre5]    (imágenes 99 a 102, del Documento Digitalizado, Carpeta Documentos), confirmaron que la finca la poseía la parte promovente en forma onerosa a [Nombre6]  , el 27 de enero del 2010, quien estuvo en posesión del terreno por  más de diez años. En el escritos presentados el 5 de abril del 2011, la parte promovente señaló adquirió el terreno de forma onerosa de la señora [Nombre6]  , manifestación que tiene el valor de declaración jurada (artículo 3 de la Ley de Informaciones Posesorias) (imagen 23 del  Expediente Digitalizado, Carpeta Documentos) y además aportó el testimonio de la escritura de traspaso (imagen 9 del Expediente Digitalizado). Por ende, de la testimonial y documental evacuada, contrario a lo que afirma la recurrente, si se desprenden elementos para tener por debidamente demostrada la posesión decenal de la parte promovente.

      IV.- En relación con la oposición de la Procuraduría para titular zonas boscosas, debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con dicha cobertura, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio" (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir o no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.

            V.- Sobre la aplicación e interpretación del citado numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias este Tribunal ha destacado: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada por este Tribunal, en el expediente EXPN1, quedando vigente tal norma y sus efectos.

            VI.- De conformidad con lo expuesto, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que fue objeto de apelación.

POR TANTO

            En lo que ha sido objeto de apelación, se confirma la sentencia.

 

             

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:25:25.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL AGRARIO. SECOND CIRCUIT JUDICIAL OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours and twenty-one minutes of September seventeenth, two thousand fourteen.-

POSSESSORY INFORMATION (INFORMACIÓN POSESORIA) brought by [Nombre1], of legal age, single, cattle rancher, resident of San Carlos, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose particulars are unknown in the case file, in her capacity as assistant attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identity number CED2 - - , represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, identity card number CED3 - - , resident of San José. Acting as special judicial representative of the petitioner is licensed attorney Roy Alberto Ramírez Arce, bar number ten thousand thirty-eight. Processed before the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the Second Judicial Circuit of Alajuela, based in San Carlos.-

WHEREAS (RESULTANDO):

1.- The petitioner filed a possessory information proceeding seeking that the following property be registered in his name in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad): "Pasture, forest, and scrubland land; LOCATION: In La Vieja, [Dirección1], San Carlos of the Province of Alajuela; MEASURES: EIGHTEEN HECTARES, SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY-SEVEN SQUARE METERS, according to cadastral map number two - one million three hundred fifty-seven thousand nine hundred fifty-eight - two thousand nine; with the following BOUNDARIES: NORTH: La Vieja River and Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; SOUTH: Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; EAST: La Vieja River, and WEST: public road with a frontage thereon of one thousand one hundred four linear meters and sixteen centimeters," (See Virtual Desk of the Agrarian Court of San Carlos in Associated Documents, file 15/05/13, at 07:40:24 a.m).-

2.- The Office of the Attorney General appeared in the proceeding in the terms set forth at folios 53 to 55 (images 76 to 78); in turn, the Institute of Rural Development did so at folio 62 (image 89), both without expressing their opposition to these proceedings, (See Virtual Desk of the Agrarian Court of San Carlos in Associated Documents, file 15/05/13, at 07:40:24 a.m).-

3.- Judge Federico Villalobos Chacón, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, by judgment number 85 - 2014 of thirteen hours and twelve minutes of June fifth, two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): Based on the foregoing, the present Possessory Information (Información Posesoria) proceedings, processed in accordance with the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias) and the Law of Agrarian Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Agraria), with the Office of the Attorney General and the Institute of Rural Development as parties, are approved. Consequently, free of encumbrances, co-owners, real charges, and without prejudice to third parties with better right, the Public Registry, Property Section, shall proceed to register in the name of [Nombre2], of legal age, single, cattle rancher, identity card number CED4 - - , resident of Pénjamo de Florencia, San Carlos, Alajuela, [Dirección2]; the property described as follows: NATURE: Pasture, forest, and scrubland land; LOCATION: In La Vieja, [Dirección3], of the Province of Alajuela; MEASURES: EIGHTEEN HECTARES, SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY-SEVEN SQUARE METERS, according to cadastral map number two - one million three hundred fifty-seven thousand nine hundred fifty-eight - two thousand nine; with the following BOUNDARIES: NORTH: La Vieja River and Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; SOUTH: Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L; EAST: La Vieja River, and WEST: [Dirección4] with a frontage thereon of one thousand one hundred four linear meters and sixteen centimeters. ESTIMATION: The property at the sum of four million colones and these proceedings at the sum of eighteen million colones. The property shall be subject to the condition that the right-of-way bordering the property on the west side is fourteen meters, as determined by Article 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), in relation to Article 19, subsection a) of the Law of Possessory Informations, number 139; likewise, the area adjacent to the La Vieja River bordering the property on the north and east sides are protection zones, which are subject to the provisions of Article 33, subsection b) of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7575, and in which the cutting or removal of trees is prohibited. The course of waters running or springing upon the property to be titled are of public domain, as determined by Article 1 of the Water Law (Ley de Aguas). The property shall have a validation period against third parties of three years from the registration date. The Edict regarding this proceeding was published in the Judicial Bulletin number eighty-seven dated May seventh, two thousand twelve," (See Virtual Desk of the Agrarian Court of San Carlos in Associated Documents, file 05/06/14, at 1:12:53 p.m).-

4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as assistant attorney general, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the lower Court, (See Virtual Desk of the Agrarian Court of San Carlos in Document Queue, file 12/06/14, at 07:13:58 a.m).-

5. In the processing of the proceeding, the legal requirements have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the judgment.-

Drafted by Judge Ruiz Ramírez, and;

WHEREAS (CONSIDERANDO)

I.- The findings on the proven facts are shared, as they are consistent with the information in the case file, except for the facts numbered three, six, seven, eight, ten, and eleven, as they are not related to the grievances raised before this Court by the legal representative.

II.- In the appealed judgment 85-2014 of thirteen hours and twelve minutes of June fifth, two thousand fourteen, the possessory information was approved and the registration of the described property was ordered, with the limitations established by the General Law of Public Roads, Water Law, and Forestry Law. The Office of the Attorney General (PGR) appeals (Writings Folder, Electronic Writing/Jun 12 2014 7:13AM/APPEAL AGAINST JUDGMENT No. 85-2014 OF 13:12 HRS OF THE 5TH OF THE CURRENT MONTH) alleging that the land to be titled is of a forested nature (montaña). It considers that such lands, when located in national reserves, form part of the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado), since the Forestry Law 4465 of 1969 (Article 33), amended by Forestry Law 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and its public domain character is maintained by Law 7575 (Articles 13 and 14). It argues that the Law allows the titling of properties outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the petitioner demonstrates their legitimate rights of ten-year possession, with the other conditions required for that purpose, such as having protected the resource and having the property duly demarcated. But for the PGR, titling is only possible if the usucapion (usucapión) was consolidated before the lands became part of the Natural Patrimony of the State. It maintains that, from the witnesses' declaration, the ten-year possession suitable for usucapion on the part of the petitioner was not demonstrated. It cites in support votes [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), also other jurisprudential precedents and pronouncements issued by the same PGR (opinions C-321-2003 and C-146-2008), which in essence refer to: i) the survival of repealed law to regulate legal situations born under its protection, regarding the protection of the public domain forest right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment, and binding jurisprudence of the Constitutional Chamber establishing the need to demonstrate ten-year possession suitable for usucapion; ii) the impediment of private individuals to exercise possession with the intent of owners over public domain assets, given that the inalienability of such assets prevents their transfer and private possession; iii) the inadmissibility of usucapion and titling against the public domain; iv) the principle of inalienability, insofar as such assets are removed from commerce among men; v) assets not susceptible to acquisition by possession; vi) the imprescriptibility of such assets as a direct consequence of the principle of inalienability, since not being subject to possession or private domain, there is a legal impossibility to acquire them by usucapion. All these allegations revolve around arguing that since forests are public domain assets, they are not susceptible to being possessed by private individuals nor acquired by usucapion. As the intent is to title public domain assets, such as the natural patrimony of the State and public roads, it requests the rejection of these proceedings, pursuant to Articles 11 of the Law of Possessory Informations and 13 and 14 of the Forestry Law.

III.- The grievances claimed by the appellant are not admissible. Regarding the objection that the witnesses' declaration did not demonstrate the petitioner's ten-year possession, it must be highlighted that [Nombre3], [Nombre4], and [Nombre5] (images 99 to 102, of the Digitized Document, Documents Folder), confirmed that the property was possessed by the petitioner, who acquired it for value from [Nombre6], on January 27, 2010, and who had been in possession of the land for more than ten years. In the writ filed on April 5, 2011, the petitioner stated he acquired the land for value from Mrs. [Nombre6], a statement having the value of an affidavit (Article 3 of the Law of Possessory Informations) (image 23 of the Digitized File, Documents Folder) and also provided the testimonial copy of the transfer deed (image 9 of the Digitized File). Therefore, from the testimonial and documentary evidence presented, contrary to what the appellant asserts, elements do emerge to deem the petitioner's ten-year possession duly demonstrated.

IV.- Regarding the Attorney General's Office opposition to titling forested zones (zonas boscosas), it must be borne in mind that individuals enjoy the right to register lands with such forest cover (cobertura), within or outside protected wilderness areas, provided they meet all the legal requirements set forth in the various applicable regulatory bodies (consult on this matter vote 51 of May 26, 1995, of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice). Given the appellant's arguments, it is important to clarify that the Natural Patrimony of the State is "constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony" (Article 13 of the Forestry Law). Said forest lands and forests are indeed unattachable and inalienable (Article 14 of said Law). Their possession by private individuals grants them no right whatsoever, and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information (Article 33). For its part, Article 7 of the Law of Possessory Informations permits the titling of forested zones, requiring as specific requirements (in addition to the general ones of the Law of Possessory Informations) to demonstrate the legal rights of ten-year possession, to have protected the natural resource, and that the property is duly demarcated and with fences or clean lanes. Thus, it must be concluded that the cited Article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands located within protected wilderness areas. In these cases, the rule allows titling provided that the property right had been consolidated at least ten years before the declaration of the protected wilderness area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wilderness areas that have forests. In this scenario, the rule only requires that the petitioner demonstrate "being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean lanes." It does not specify, as occurs with protected wilderness areas, that the possession must be prior to ten years before the declaration of the forestry patrimony of the State, made for the first time in the repealed Forestry Law No. 4465. This is understandable, since otherwise it would be a contradiction with what the legislator permitted on this matter. That is, if its intention had been not to allow the titling of those forested zones after the enactment of the 1969 Forestry Law (which contains the first declaration of forestry patrimony of the State), the correct approach would have been not to include or not to allow that second scenario. But as analyzed, the legislator has maintained a different position. Consequently, contrary to the position held by the PGR, it must be concluded that Article seven of the Law of Possessory Informations (amended upon the issuance of the current Forestry Law 7575), expressly authorized the titling of forested real estate through this type of proceeding.

V.- On the application and interpretation of the cited numeral 7 of the Law of Possessory Informations, this Tribunal has highlighted: "The constitutionality of said rule and of the interpretation given at some point by this Tribunal was challenged on constitutional grounds, a motion that generated the issuance of vote 4587-97 of the Constitutional Chamber, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the rule, maintaining its validity. In view of such a situation, the proper course in this case is to confirm the lower Judge’s decision, as the petitioner has proven compliance with the requirements set forth in that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and delimitation of the property through fences or clean lanes" (Vote 573-F-09). Likewise, the Constitutional Chamber again rejected the motion of unconstitutionality against Article seven of the Law of Possessory Informations filed by this Tribunal, in file EXPN1, such rule and its effects remaining in force.

VI.- In accordance with the foregoing, the appealed judgment must be confirmed regarding what was the object of the appeal.

THEREFORE (POR TANTO)

Regarding what has been the object of appeal, the judgment is confirmed.