Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III. Una vez analizado este asunto, estima este órgano jurisdiccional, que el bien objeto de titulación no es de dominio público. Ciertamente, tal y como lo indica la Procuraduría General de la República, y conforme se cita en la jurisprudencia constitucional que se le relaciona, los bienes demaniales no son susceptibles de ser adquiridos por usucapion, y por ende resultan imprescriptibles, inalienables, con una imposibilidad jurídica para titular, sin embargo, éste no es el supuesto que nos ocupa. Al no ostentar esa naturaleza, no le es aplicable esa jurisprudencia constitucional, de casación y de tribunales comunes, que se estableció para supuestos diversos.Tampoco es de recibo lo agraviado en cuanto a la titulación de zonas boscosas. Debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).
[...] el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez ños y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios ". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465.
English (translation)III. Having analyzed this matter, this court considers that the property subject to titling is not of public domain. Certainly, as indicated by the Attorney General's Office and as cited in the related constitutional jurisprudence, demanial assets cannot be acquired by usucapion, and therefore are imprescriptible, inalienable, and legally impossible to title; however, this is not the case before us. Since it does not possess that nature, the constitutional, cassation, and ordinary court jurisprudence established for different scenarios does not apply. Nor is the grievance regarding the titling of forested areas admissible. It must be borne in mind that individuals have the right to register lands with forest cover, within or outside protected wilderness areas, provided they meet all legal requirements under the applicable normative bodies (see in this regard vote 51 of May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice).
[...] Article 7 of the Possessory Information Law allows the titling of forested areas, requiring as specific requisites (in addition to the general ones of the Possessory Information Law) proof of the legal rights of decennial possession, having protected the natural resource, and the property being duly demarcated with fences or clean paths. Thus, it must be concluded that the cited article contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands located within protected wilderness areas. In these cases, the norm allows titling only if the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wilderness area, since such lands form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wilderness areas that have forests. In this scenario, the norm merely requires that the petitioner prove "being the holder of the legal rights of decennial possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, it being understood that the property must be duly demarcated and with fences or clean paths." It does not specify, as is the case with protected wilderness areas, that the possession must predate by ten years the declaration of State forest heritage, first made in the repealed Forest Law No. 4465.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00840 - 2014 Fecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2014 a las 13:59 Expediente: 13-000261-0507-AG Redactado por: María Vanessa Fisher González Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *130002610507AG* EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA ACTOR/A: [Nombre1] VOTO N° 0840-F-14 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas y cincuenta y nueve minutos del diecinueve de setiembre de dos mil catorce.- INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de Sarapiquí, cédula de identidad número CED1 - - . Interviene en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED2 - - - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casado, abogada, vecina de San Ramón, cédula de identidad número CED3 - - , en condición de presidenta ejecutiva con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial de la parte promovente, el licenciado German Vega Ugalde, colegiado trece mil cincuenta. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.- RESULTANDO: 1.- La parte promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: "Terreno de potrero con bosque y construcciones, sito en Zona Ocho del [Dirección1] de la provincia de Heredia. Mide veinte mil trescientos noventa y seis metros cuadrados.- Linda al Norte: canal artificial; al Este: [Nombre2] , [Nombre3] y servidumbre de paso; al Sur: [Nombre4] y [Nombre5] y Oeste con [Nombre6] .- Descrito según plano catastrado número H-1459133-2010," (folios 33, 37, y 72).- 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en los folios 46 al 47; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 53.- 3.- La jueza Silvia E. Sánchez Blanco, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, mediante sentencia número 104-2014 de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veintiocho de julio de dos mil catorce, resolvió: "POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto, se aprueba la presente diligencia de Información Posesoria que ha sido tramitada conforme con la Ley de Informaciones Posesorias número 139 del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas y la Ley de Jurisdicción Agraria 6734 del veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, y sus reformas, mediante la cual se tuvo como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Rural. En consecuencia, libre de gravámenes, condueños, cargas reales, soportando limitaciones y reservas consagradas en los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos; artículo 33 de la Ley Forestal 7575; artículo 1 inciso IV y 3 inciso III y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, proceda al Registro Público, Sección Propiedad, a inscribir a nombre de [Nombre1] , mayor, casado una vez, agricultor, portador de la cédula de identidad CED4 - , vecino de Finca Diez de Río Frío de Sarapiquí; el terreno que se describe así: Terreno de potrero con bosque y construcciones, sito en Zona Ocho del [Dirección1] de la provincia de Heredia. Mide veinte mil trescientos noventa y seis metros cuadrados.- Linda al Norte: canal artificial; al Este: [Nombre2] , [Nombre3] y servidumbre de paso; al Sur: [Nombre4] y [Nombre5] y Oeste con [Nombre6] .- Descrito según plano catastrado número H-1459133-2010.- Estimación: El fundo y la presente diligencia se estiman en la suma de cuatro millones de colones. Al quedar afectado el terreno conforme las limitaciones indicadas, queda prohibida la corta y tala del recurso forestal existente en el inmueble, correspondiendo las aguas del canal por el lindero norte de dominio público.- La propiedad tendrá un plazo de convalidación ante terceros, por tres años a partir de la inscripción," (folios 70 al 72 y vuelto).- 4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 73 al 79).- 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.- Redacta la Jueza FISHER GONZÁLEZ: CONSIDERANDO I. El Tribunal avala la relación de hechos probados contenida en el fallo recurrido por ser fiel reflejo del mérito de los autos. II.La Procuradora Adjunta interpuso recurso de apelación contra la sentencia y como motivos de inconformidad. se resumen los siguientes: 1) Alega que la naturaleza del inmueble es boscosa o de montaña, y que los terrenos forestales y de bosque están afectos al dominio público, que es patrimonio natural del Estado. Al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por Ley Forestal 7174 de 1990 (artìculos 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, artículo 13 y 14. Aún cuando la legislación forestal permite titular inmuebles fueras de las áreas silvestres protegidas si se demuestra posesión decenal, haber protegido el recurso y tenerlo deslindado, ha de tenerse en cuenta esa declaratoria de dominio público. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir que los terrenos de bosque se pueden adquirir por usucapion si la misma se produjo antes de la afectación al dominio público. Cita sentencia de la Sala Constitucional 2008-016975. 2) Las declaraciones de los testigos no demostraron esa posesión decenal previa apta para usucapir. 3) Según jurisprudencia constitucional, voto 4587-97, la adquisición por usucapion debe de ser anterior a la afectación del bien al dominio público. De igual forma el voto 15753 -2005 señala que el derecho abolido sigue protegiendo los derechos adquiridos durante la vigencia de la ley (artículos 34 y 129 de la Constitución Política). La sentencia [Telf1] establece la irretroactividad de la ley para derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. En el mismo sentido el voto 738-2003, recoge el principio de supervivencia del derecho abolido, es decir, que la derogación de las normas no produce efecto de derogar los derechos desarrollados al momento de ser vigentes. La sentencia 1119-90 de las 14:00 hrs del 18 de setiembre de 1990 resolvió en la misma línea, en el tanto las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aún después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia. 4) En dictamen de la Procuraduría No. C-321-2003, se establece la imposibilidad jurídica de titular bienes de dominio público, lo que hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes. En varias sentencias de Casación, NO. 122 del 16 de noviembre de 1965, de 1958 (I Semestre de la Colección de Sentencias, p 376 ss.,) se repite ese principio que los bienes del Estado no prescriben negativamente. Asimismo en la sentencia de la Sala Primera No. 007-93 se señala que los bienes de dominio público no pueden ser enajenados, siendo cosustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De ahí que sean imprescriptibles. En el mismo sentido en el voto 733-2000 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y 523-1994 y 665-2002 del Tribunal Agrario, se indica que los bienes sujetos a información posesoria son los que sean incuestionablemente de dominio privado. 5) En dictamen de la Procuraduría C-146-2008, se cita sentencia de la Sala Constitucional No. 2007-02063 en donde se quebranta el artículo262 del Código Civil, lo cual hace que esos bienes no sean poseíbles, objeto de venta o gravables. Se reietera la inalienabilidad de los bienes demaniales, y su carácter extracomercial. Son insusceptibles de adquirirse por posesión. Se añade sentencia de la Sala Constitucional No. 012129-2005 y 10097-2006. La imprescriptibilidad es consecuencia directa de la inalienabilidad y va implícita la incomercialidad del demanio Se cita como fuente doctrinaria a [Nombre7] y [Nombre8] y sentencia en ese sentido de la Sala Primera No. 7 de 1993. La Sala Constituciona, en sentencias No. 6758-93 y 6192-95,l ha señalado que la detentación abusiva y prolongada de esos bienes por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes. 6) Así las cosas por pretenderse titular un bien perteneciente al dominio público como lo es el Patrimonio Natural del Estado y por no haberse cumplido con los artículos 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias debió de improbarse esta información posesoria. III. Una vez analizado este asunto, estima este órgano jurisdiccional, que el bien objeto de titulación no es de dominio público. Ciertamente, tal y como lo indica la Procuraduría General de la República, y conforme se cita en la jurisprudencia constitucional que se le relaciona, los bienes demaniales no son susceptibles de ser adquiridos por usucapion, y por ende resultan imprescriptibles, inalienables, con una imposibilidad jurídica para titular, sin embargo, éste no es el supuesto que nos ocupa. Al no ostentar esa naturaleza, no le es aplicable esa jurisprudencia constitucional, de casación y de tribunales comunes, que se estableció para supuestos diversos.Tampoco es de recibo lo agraviado en cuanto a la titulación de zonas boscosas. Debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio " (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Sin embargo, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez ños y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios ". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la Procuraduría, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso. De acuerdo a lo expuesto procede rechazar los agravios 1), 3), 4), 5) y 6). IV. Tocante al segundo agravio, contrario a lo que sostiene la representación del Estado, con la prueba testimonial evacuada y el reconocimiento judicial practicado, se logra determinar con meridiana claridad, que el fundo ha sido objeto de posesión por más de diez años, el cual se ha conservado de acuerdo a su naturaleza ambiental, desarrollándose actividades compatibles y afines tales como el mantenimiento de mariposarios. Así de la declaración de [Nombre9] se infiere que conoce la finca desde hace más de veinte años, la cual manifestó nunca haber estado en abandono y a la que siempre se le ha dado mantenimiento, de manera que el promovente la tiene desde hace unos nueve años y antes su transmitente [Nombre10] y [Nombre11] . Señala que el promovente tiene unas construcciones y dedica el inmueble a cinco criaderos de mariposas. Por su parte [Nombre12] , manifestó conocer la finca con la misma antiguedad, y que el promovente la tiene hace poco más de ocho años, y que su transmitente [Nombre10] la tuvo por varios años. Coinciden en la finca se dedica a criadero de mariposas, en donde incluso se tiene un laboratorio para esos fines. Por último, [Nombre13] , manifestó conocer desde hace veinte años, que el promovente tiene más de nueve años y su transmitente [Nombre10] la tuvo antes por varios años. Afirma que nunca ha estado en abandono y que el promovente además de los aludidos mariposarios, ha sembrado frutales, arreglado las cercas y mantenimiento general a las construcciones. El estado de conservación del bien, y su delimitación, han sido evidenciados en el reconocimiento judicial, pues dada la naturaleza del mismo está deslindado con un canal, bien protegido, y cercas. Se denota que las actividades realizadas son conformes a la naturaleza del bien, y se ha demostrado un ejercicio claro de posesión agroambiental por más de diez años. Los actos voluntarios de conservación del fundo por parte del promovente y su transmitente, han permitido que se cumpla con la función ambiental del mismo. Así las cosas, procede rechazar el agravio de que no se demostró la posesión y en consecuencia procede confirmar el fallo. POR TANTO Se confirma el fallo. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:25:13. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESS: INFORMACIÓN POSESORIA PETITIONER: [Nombre1] VOTO N° 0840-F-14 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At thirteen hours and fifty-nine minutes of the nineteenth of September, two thousand fourteen.- INFORMACIÓN POSESORIA promoted by [Nombre1] , of legal age, married, farmer, resident of Sarapiquí, identity card number CED1 - - . Appearing in the process is the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as deputy attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identification number CED2 - - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón, identity card number CED3 - - , in her capacity as executive president with powers of a universal agent without limit of sum. Acting as special judicial attorney for the petitioner is licensed attorney German Vega Ugalde, bar number thirteen thousand fifty. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles.- WHEREAS: 1.- The petitioner filed these diligencias de información posesoria so that by this means the following described property be registered in the Public Property Registry: "Terreno de potrero con bosque y construcciones, located in Zone Eight of [Dirección1] of the province of Heredia. It measures twenty thousand three hundred ninety-six square meters.- Bordered on the North: artificial channel; on the East: [Nombre2] , [Nombre3] and easement (servidumbre) de paso; on the South: [Nombre4] and [Nombre5] and West by [Nombre6] .- Described according to cadastral plan number H-1459133-2010," (folios 33, 37, and 72).- 2.- The Office of the Attorney General appeared in the process under the terms appearing in folios 46 to 47; in turn, the Institute of Rural Development did so in folio 53.- 3.- Judge Silvia E. Sánchez Blanco, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, by judgment number 104-2014 of eight hours fifty-eight minutes of the twenty-eighth of July, two thousand fourteen, resolved: "POR TANTO: Based on the foregoing, these diligencias de Información Posesoria, which have been processed in accordance with the Ley de Informaciones Posesorias number 139 of the fourteenth of July, nineteen hundred forty-one and its amendments and the Ley de Jurisdicción Agraria 6734 of the twenty-ninth of March, nineteen hundred eighty-two, and its amendments, in which the Office of the Attorney General and the Institute of Rural Development were made parties, are approved. Consequently, free of encumbrances, co-owners, real charges, bearing the limitations and reservations enshrined in articles 4 of the Ley General de Caminos Públicos; article 33 of the Ley Forestal 7575; article 1 subsection IV and 3 subsection III and 19 subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with better right, proceed before the Public Registry, Property Section, to register in the name of [Nombre1] , of legal age, married once, farmer, bearer of identity card CED4 - , resident of Finca Diez de Río Frío de Sarapiquí; the property described as follows: Terreno de potrero con bosque y construcciones, located in Zone Eight of [Dirección1] of the province of Heredia. It measures twenty thousand three hundred ninety-six square meters.- Bordered on the North: artificial channel; on the East: [Nombre2] , [Nombre3] and easement (servidumbre) de paso; on the South: [Nombre4] and [Nombre5] and West with [Nombre6] .- Described according to cadastral plan number H-1459133-2010.- Valuation: The property and the present diligence are valued at the sum of four million colones. Upon the property being affected according to the indicated limitations, the cutting and felling of the forest resource existing on the property is prohibited, with the waters of the channel along the northern boundary being of public domain.- The property shall have a convalidation period before third parties, for three years from registration," (folios 70 to 72 and reverse).- 4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Attorney General, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the trial court, (folios 73 to 79).- 5.- In the substantiation of the process, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.- Drafted by Judge FISHER GONZÁLEZ; CONSIDERANDO I. The Tribunal endorses the relation of proven facts contained in the appealed decision as it is a faithful reflection of the merits of the case file. II. The Deputy Attorney General filed an appeal against the judgment and as grounds for disagreement, the following are summarized: 1) She alleges that the nature of the property is forested or mountainous, and that forest and woodland lands (terrenos forestales y de bosque) are subject to public domain, being part of the State's natural heritage. At least since the Ley Forestal 4465 of 1969, article 33, amended by Ley Forestal 7174 of 1990 (articles 32 and 33) and the public-ownership character maintained by Law 7575, articles 13 and 14. Even though forestry legislation permits title to properties outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if ten-year possession (posesión decenal) is demonstrated, the resource has been protected, and it is demarcated, that declaration of public domain must be taken into account. The harmonious application of said provisions leads to the conclusion that forest land can be acquired by adverse possession if it occurred prior to the dedication to public domain. She cites judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 2008-016975. 2) The witnesses' statements did not demonstrate that prior ten-year possession (posesión decenal) suitable for adverse possession. 3) According to constitutional jurisprudence, vote 4587-97, the acquisition by adverse possession must have occurred prior to the dedication of the property to public domain. Likewise, vote 15753 -2005 indicates that the abolished law continues to protect rights acquired during the law's effectiveness (articles 34 and 129 of the Political Constitution). Judgment [Telf1] establishes the non-retroactivity of the law for acquired rights and consolidated legal situations. In the same sense, vote 738-2003, enshrines the principle of survival of the abolished law, that is, that the repeal of norms does not produce the effect of revoking the rights developed at the time they were in force. Judgment 1119-90 of 14:00 hrs on September 18, 1990 resolved along the same lines, insofar as laws and regulations continue to produce legal effects even after being modified or repealed, to regulate those situations born under their effectiveness. 4) In Opinion of the Attorney General's Office No. C-321-2003, the legal impossibility of titling public domain property is established, which makes possessory titles or judicial discussions relating to the tenure or "possession" of public domain spaces unacceptable to the detriment of the ownership and possession that the State has de jure. They would be in frank contradiction with the rules of inalienability and imprescriptibility that govern those properties. In several Cassation judgments, NO. 122 of November 16, 1965, of 1958 (I Semester of the Collection of Judgments, p 376 et seq.,) that principle that State property is not lost by adverse possession (no prescriben negativamente) is repeated. Likewise, in the judgment of the First Chamber (Sala Primera) No. 007-93 it is pointed out that public domain property cannot be alienated, its reduction to private domain under any form being consubstantial to its legal nature. Hence they are imprescriptible. In the same sense, in vote 733-2000 of the Administrative-Contentious Superior Tribunal (Tribunal Superior Contencioso Administrativo) and 523-1994 and 665-2002 of the Agrarian Tribunal, it is indicated that the properties subject to información posesoria are those that are unquestionably of private domain. 5) In Opinion of the Attorney General's Office C-146-2008, judgment of the Constitutional Chamber No. 2007-02063 is cited wherein article 262 of the Civil Code is violated, which means that those properties are not possessable, objects of sale, or encumberable. The inalienability of public-domain property is reiterated, and its extra-commercial nature. They are insusceptible of being acquired by possession. Judgment of the Constitutional Chamber No. 012129-2005 and 10097-2006 is added. Imprescriptibility is the direct consequence of inalienability and the non-commercial nature of public-domain property is implicit. [Nombre7] and [Nombre8] are cited as doctrinal sources, and a judgment in that sense from the First Chamber No. 7 of 1993. The Constitutional Chamber, in judgments No. 6758-93 and 6192-95, has indicated that the abusive and prolonged occupation of those properties by private parties does not produce acquisitive effects, nor does the Administration's tolerance or tardiness in repelling the illicit actions grant any right to the occupants. 6) Thus, as it is sought to title a property belonging to the public domain, such as the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and as articles 6 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias have not been complied with, this información posesoria should have been rejected. III. Having analyzed this matter, this jurisdictional body considers that the property subject to titling is not of public domain. Certainly, as indicated by the Office of the Attorney General, and as cited in the constitutional jurisprudence related to it, public-domain properties are not susceptible of being acquired by adverse possession, and therefore are imprescriptible, inalienable, with a legal impossibility to title; however, this is not the case before us. Not bearing that nature, that constitutional, cassation, and ordinary court jurisprudence, which was established for different cases, is not applicable to it. Nor is what is alleged regarding the titling of forested zones (zonas boscosas) acceptable. It must be borne in mind that individuals enjoy the right to register lands with forest cover (cobertura boscosa), inside or outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), provided they fulfill all the legal requirements demanded in the various applicable normative bodies (on this matter, consult vote 51 of May 26, 1995 of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice). Given what is argued by the appellant, it is important to clarify that the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is "constituted by the forests and forest lands (terrenos forestales) of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and enter to form part of its heritage" (article 13 of the Ley Forestal). Said forest lands and forests are effectively unattachable and inalienable (article 14 of said Law). Their possession by private parties grants them no right whatsoever and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through información posesoria (article 33). However, article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias permits the titling of forested zones (zonas boscosas), demanding as specific requirements (additional to the general ones of the Ley de Informaciones Posesorias) to demonstrate the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), to have protected the natural resource, and that the property be duly demarcated and with fences or clean firebreaks. In this way, it must be concluded that the cited article contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands comprised within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). In these cases, the rule permits titling provided the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wilderness area, since these form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wilderness areas that have forests. In this case, the rule only demands that the petitioner demonstrate "being the holder of the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), exercised for at least ten years and having protected that natural resource, in the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean firebreaks". It does not specify, as happens with protected wilderness areas, that the possession must be prior to ten years before the declaration of forest heritage (patrimonio forestal) of the State, first carried out in the repealed Ley Forestal N°4465. This is understandable, since otherwise what is permitted by the legislator in this regard would be a contradiction. That is, if its intention had been not to permit the titling of those forested zones after enacting the Forestry Law of 1969 (which contains the first declaration of forest heritage of the State), the correct course would have been not to include, not to permit that second scenario. But as analyzed, the legislator has maintained a different position. Consequently, it must be concluded, unlike the position maintained by the Attorney General's Office, that Article Seven of the Ley de Informaciones Posesorias (modified upon the issuance of the current Ley Forestal 7575), expressly authorized the titling of forested real property through this type of process. According to the foregoing, it is appropriate to reject grievances 1), 3), 4), 5) and 6). IV. Regarding the second grievance, contrary to what the State's representation maintains, with the witness evidence adduced and the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted, it is possible to determine with crystal clarity that the property has been the object of possession for more than ten years, which has been conserved according to its environmental nature, with compatible and related activities such as the maintenance of butterfly gardens having been developed. Thus, from the statement of [Nombre9] it is inferred that she has known the farm for more than twenty years, which, she stated, has never been abandoned and has always been maintained, so that the petitioner has had it for about nine years and before him, his transferor [Nombre10] and [Nombre11] . She indicates that the petitioner has some constructions and dedicates the property to five butterfly gardens. For his part, [Nombre12] stated that he has known the farm for the same length of time, and that the petitioner has had it for a little over eight years, and that his transferor [Nombre10] had it for several years. They concur that the farm is dedicated to a butterfly garden, where there is even a laboratory for those purposes. Finally, [Nombre13] stated that she has known it for twenty years, that the petitioner has had it for more than nine years and his transferor [Nombre10] had it before for several years. She affirms that it has never been abandoned and that the petitioner, besides the aforementioned butterfly gardens, has planted fruit trees, fixed the fences, and performed general maintenance on the constructions. The state of conservation of the property, and its delimitation, have been evidenced in the judicial inspection, since given its nature it is demarcated with a channel, well protected, and fences. It is denoted that the activities carried out are in accordance with the nature of the property, and a clear exercise of agro-environmental possession for more than ten years has been demonstrated. The voluntary acts of conservation of the property by the petitioner and his transferor have allowed its environmental function to be fulfilled. Consequently, it is appropriate to reject the grievance that possession was not demonstrated and, as a result, confirm the judgment. POR TANTO The judgment is confirmed.