Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio " (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Sin embargo, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios ". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente.
English (translation)It should be borne in mind that individuals have the right to register land with forest cover, whether inside or outside protected wild areas, provided they meet all the legal requirements set out in the various applicable regulations (see in this regard ruling No. 51 of 26 May 1995 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Given the arguments of the appellant, it is important to clarify that the State’s Natural Heritage is “made up of forests and forest lands in national reserves, in areas declared inalienable, in properties registered in its name, and in those belonging to municipalities, autonomous institutions and other Public Administration bodies, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets” (Article 13 of the Forestry Law). Such forest lands are indeed unattachable and inalienable (Article 14 of said Law). Possession by private individuals grants them no rights, and the State’s claim for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information proceedings (Article 33). However, Article 7 of the Possessory Information Law permits the titling of forested areas, requiring as specific requirements (in addition to the general requirements of the Possessory Information Law) proof of the legal rights of ten-year possession, having protected the natural resource, and that the property is properly demarcated, with fences or cleared trails. Thus, it must be concluded that the cited article contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands within protected wild areas. In these cases, the norm allows titling provided that the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wild area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wild areas that have forests. In this scenario, the norm requires only that the promoter demonstrates being "the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be properly demarcated, with fences or cleared trails". It does not specify, as happens with protected wild areas, that the possession must predate by ten years the declaration of the State’s forest heritage, first made by the repealed Forestry Law No. 4465. This is understandable, as otherwise a contradiction with what the legislator allowed in this regard would arise. That is, if the legislator's intention had been not to permit the titling of such forested areas after the enactment of the 1969 Forestry Law (which contains the first declaration of the State’s forest heritage), the correct approach would have been not to allow that second scenario. But as it has been analyzed, the legislator has maintained a different position.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00894 - 2014 Fecha de la Resolución: 07 de Octubre del 2014 a las 10:04 Expediente: 06-160055-0188-AG Redactado por: María Vanessa Fisher González Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *061600550188AG* EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA ACTOR/A: [Nombre2] Y OTRO DEMANDADO/A: VOTO N° 894-F-14 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas y cuatro minutos del siete de octubre de dos mil catorce.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovido por [Nombre1] . , mayor, casado una vez empresario, vecino de Buenos Aires de Puntarenas, con cédula de identidad número CED1- - , y [Nombre2] , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Buenos Aires de Puntarenas, con cédula de identidad número CED2- - . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 - - - , representado por su apoderada general judicial, Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de Escazú con cédula de identidad número CED4- - ; Actúa como apoderado especial judicial de los promoventes la licenciada María Cecilia Vargas Navarro, mayor, abogada, vecina de Pérez Zeledón, con carné número 2529. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.- RESULTANDO: 1.- La sociedad promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad las fincas que describen así: "TERRENO NÚMERO UNO: DESCRIPCIÓN DE PLANO plano (sic) plano catastrado número A-un millón doscientos ochenta y un mil ochenta y cuatro - dos mil ocho (A-1345 237-2009), Terreno de bosque y frutas, situado en el [Dirección1] , , , de la provincia de Alajuela, linda al noreste con [Dirección2] , al noroeste con [Dirección3] , al sur con Isla Bonita Sociedad Anónima, al este con Río Sarapiquí, y al oeste con [Dirección4] centímetros, mide setenta y cuatro hectáreas ocho mil quinientos veintiséis metros con cinco decímetros cuadrados. En total, frente a calle pública mide mil ciento diecisiete metros con cinco centímetros. TERRENO NÚMERO 2: DESCRIPCIÓN DEL PLANO (sic) plano catastrado número A-un millón ciento cincuenta y ocho mil novecientos noventa y tres - dos mil siete (A158 993 - 2007). Terreno de bosque y frutales, situado en el [Dirección1] , , , de la provincia de Alajuela, linda al noroeste con [Dirección5] , al sur con Isla Bonita Sociedad Anónima, al este con [Dirección6] , al oeste con Río Ángel, mide ciento noventa y dos hectáreas cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados. En total, frente a calle pública tiene una medida de dos mil ochocientos setenta y un metros con cuarenta y cinco decímetros." (ver minuta audiencia dictado sentencia del veinte de agosto de dos mi trece) 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en el folio 63, asimismo lo hizo el Instituto de Desarrollo Agrario en el folio 67.- 3.- La jueza Ana Milena Castro Elizondo, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, mediante sentencia número 049-2014 de las diez horas y cuarenta y nueve minutos del dieciocho de febrero del dos mil catorce, resolvió: "POR TANTO: " De conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas, se aprueban estas diligencias de INFORMACION POSESORIA, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural. El terreno a titular quedará afectado por las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos. Así como por lo dispuesto en el artículo treinta y tres incisos a) y b) de la Ley Forestal vigente, un área de quince metros contiguo a las corrientes constituye ´área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, si el terreno fuera plano y de cincuenta metros horizontales si el terreno fuera quebrado, así como un área de cien metros medidos de modo horizontal en las áreas que bordeen las nacientes, y por lo tanto, queda sujeta a las restricciones legales que señala el artículo treinta y cuatro de la Ley supracitada. El cauce y las aguas de las corrientes son de dominio público. (Ley de Aguas, artículos uno, inciso IV y tres inciso III). También las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble (pozos, nacientes, lagunas, etc). Son de dominio público y no forman parte de la finca. Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD a inscribir libre de gravámenes, condueños con las cargas reales ya señaladas, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, en una proporción de CINCUENTA POR CIENTO CADA UNO, a nombre de [Nombre3] , casado una vez, empresario, cédula número CED5- - y [Nombre2] , casado una vez, agricultor, cédula número CED6- - , ambos vecinos de Buenos Aires de Puntarenas, terreno de montaña, sito en Cacique de Changuena, [Dirección7] , [Dirección8] de la provincia de Puntarenas; linda al norte quebrada el Congo y [Dirección9] [Nombre4] , al este [Nombre5] al oeste Quebrada el Congo. Mide de acuerdo al plano catastrado P-UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO- DOS MIL CINCO de fecha seis de diciembre de dos mil cinco, una superficie de cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete metros con setenta y siete decímetros cuadrados. El inmueble fue estimado en la suma de diez millones de colones. Deben los promoventes cumplir con las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria a saber, "...Mantener cobertura actual. Esta finca podría ser sometida al pago de servicios ambientales..." (ver folios 178 a 180).- 4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta,interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia. (ver escritorio de folio 181). 5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. Redacta la Jueza FISHER GONZÁLEZ y; CONSIDERANDO I. El Tribunal prohija la relación de hechos probados contenida en el fallo recurrido por ser fiel reflejo del mérito de los autos. II. La Procuradora Adjunta expuso los siguientes agravios: 1) Alega que la naturaleza del inmueble es boscosa o de montaña, y que los terrenos forestales y de bosque están afectos al dominio público, que es patrimonio natural del Estado. Al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo33, reformada por Ley Forestal 7174 de 1990 (artìculos 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, artículo 13 y 14. Aún cuando la legislación forestal permite titular inmuebles fueras de las áreas silvestres protegidas si se demuestra posesión decenal, haber protegido el recurso y tenerlo deslindado, ha de tenerse en cuenta esa declaratoria de dominio público. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir que los terrenos de bosque se pueden adquirir por usucapion si la misma se produjo antes de la afectación al dominio público. Cita sentencia de la Sala Constitucional 2008-016975. 2) Las declaraciones de los testigos no demostraron esa posesión decenal previa apta para usucapir. 3) Según jurisprudencia constitucional, voto 4587-97, la adquisición por usucapion debe de ser anterior a la afectación del bien al dominio público. De igual forma el voto 15753 -2005 señala que el derecho abolido sigue protegiendo los derechos adquiridos durante la vigencia de la ley (artículos 34 y 129 de la Constitución Política). La sentencia [Telf1] establece la irretroactividad de la ley para derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. En el mismo sentido el voto 738-2003, recoge el principio de supervivencia del derecho abolido, es decir, que la derogación de las normas no produce efecto de derogar los derechos desarrollados al momento de ser vigentes. La sentencia 1119-90 de las 14:00 hrs del 18 de setiembre de 1990 resolvió en la misma línea, en el tanto las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aún después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia. 4) En dictamen de la Procuraduría No. C-321-2003, se establece la imposibilidad jurídica de titular bienes de dominio público, lo que hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes. En varias sentencias de Casación, NO. 122 del 16 de noviembre de 1965, de 1958 (I Semestre de la Colección de Sentencias, p 376 ss.,) se repite ese principio que los bienes del Estado no prescriben negativamente. Asimismo en la sentencia de la Sala Primera No. 007-93 se señala que los bienes de dominio público no pueden ser enajenados, siendo cosustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De ahí que sean imprescriptibles. En el mismo sentido en el voto 733-2000 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y 523-1994 y 665-2002 del Tribunal Agrario, se indica que los bienes sujetos a información posesoria son los que sean incuestionablemente de dominio privado. 5) En dictamen de la Procuraduría C-146-2008, se cita sentencia de la Sala Constitucional No. 2007-02063 en donde se quebranta el artículo262 del Código Civil, lo cual hace que esos bienes no sean poseíbles, objeto de venta o gravables. Se reitera la inalienabilidad de los bienes demaniales, y su carácter extracomercial. Son insusceptibles de adquirirse por posesión. Se añade sentencia de la Sala Constitucional No. 012129-2005 y 10097-2006. La imprescriptibilidad es consecuencia directa de la inalienabilidad y va implícita la incomercialidad del demanio Se cita como fuente doctrinaria a [Nombre6] y [Nombre7] y sentencia en ese sentido de la Sala Primera No. 7 de 1993. La Sala Constituciona, en sentencias No. 6758-93 y 6192-95,l ha señalado que la detentación abusiva y prolongada de esos bienes por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes. 6) Así las cosas por pretenderse titular un bien perteneciente al dominio público como lo es el Patrimonio Natural del Estado y por no haberse cumplido con los artículos 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias debió de improbarse esta información posesoria. 7) No obstante lo anterior, la sentencia debió de consignar que el inmueble queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias. III. Una vez analizado este asunto, estima este órgano jurisdiccional, que el bien objeto de titulación no es de dominio público. Ciertamente, tal y como lo indica la Procuraduría General de la República, y conforme se cita en la jurisprudencia constitucional que se le relaciona, los bienes demaniales no son susceptibles de ser adquiridos por usucapion, y por ende resultan imprescriptibles, inalienables, con una imposibilidad jurídica para titular, sin embargo, éste no es el supuesto que nos ocupa. Al no ostentar esa naturaleza, no le es aplicable esa jurisprudencia constitucional, de casación y de tribunales comunes, que se estableció para supuestos diversos.Tampoco es de recibo lo agraviado en cuanto a la titulación de zonas boscosas. Debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio " (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Sin embargo, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios ". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la Procuraduría, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso. De acuerdo a lo expuesto procede rechazar los agravios 1), 3), 4), 5) y 6). IV. Tocante al segundo agravio, contrario a lo que sostiene la representación del Estado, sí se ha demostrado con las declaraciones testimoniales, la posesión que exige el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesoria (prueba en formato digital). Aunado al hecho de que se ha certificado el uso conforme del suelo (folio 30). Así, valoradas las declaraciones testimoniales conforme al artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se tiene que [Nombre8] quien manifestó tener cincuenta y dos años de edad y ser vecina del lugar y colindante, refirió conocer de la relación de los titulantes con el inmueble porque les ha cocinado cuando lo visitan y señaló que ellos compraron hace como veintiséis años y que lo que han hecho es conservarlo, y que nunca han "volteado montaña" para realizar agricultura. En el mismos sentido [Nombre9] , quien cuenta con cincuenta y siete años, explicó conocer la finca, y que los titulantes son conocidos como los dueños sin problemas con otros por el fundo, y que la tienen desde hace veinte a veinticinco años. Por su parte, [Nombre5] indicó tener sesenta y dos años de edad, y treinta y seis de vivir por el lugar, y que los titulantes poseen hace como 22 años, además de que la posesión ha sido continua desde anteriores transmitentes. A su vez detalló que los titulantes dejaron regenerar potreros para conservar, que no han destruido y le han dado mantenimiento de los carriles, sin extraer madera.Dichas probanzas demuestran que por más de veinte años se ha poseído el bien conforme a su naturaleza, cumpliendo la función ambiental. A mayor abundamiento, en el reconocimiento judicial se hizo constar la existencia del carril por el lindero este, así como la extensa protección de los linderos naturales del norte y el oeste, y de igual manera la diferenciación entre este fundo y el situado al sur, dado que el que nos ocupa es de montaña en contraposición a los potreros de esa otra colindante [Nombre4] . Se evidencia que la conservación de ese bien se debe en parte a actos humanos que han permitido la integridad de la montaña, con respecto por ejemplo a fincas aledañas donde hay potreros.De igual manera en el reconocimiento judicial se constató la existencia de rótulos advirtiendo la prohibición de la caza y no se observaron talas. V. Por último en cuanto al agravio 7 del apelante, de que no se consignó que el inmueble queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias, no lleva razón el recurrente, pues ello reza en la parte dispositiva del fallo. De acuerdo a lo expuesto procede confirmar la sentencia. POR TANTO Se confirma la sentencia. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:21:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA ACTOR/A: [Nombre2] AND ANOTHER DEMANDADO/A: VOTO N° 894-F-14 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At ten hours and four minutes of October seventh, two thousand fourteen.- PROCESS OF POSSESSORY INFORMATION brought by [Nombre1], of legal age, married once, businessman, resident of Buenos Aires de Puntarenas, with identity card number CED1--, and [Nombre2], of legal age, married once, farmer, resident of Buenos Aires de Puntarenas, with identity card number CED2--. Appearing in the process are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose particulars are unknown in the record, in her capacity as deputy procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED3--, represented by its general judicial representative, Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced once, attorney, resident of Escazú, with identity card number CED4--; Acting as special judicial representative of the petitioners is licensed attorney María Cecilia Vargas Navarro, of legal age, attorney, resident of Pérez Zeledón, with bar number 2529. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone.- RESULTANDO: 1.- The petitioner party filed a possessory information process with the aim of having the following properties registered in their name in the Public Property Registry, described as follows: "PLOT NUMBER ONE: DESCRIPTION OF PLAN plano (sic) cadastral plan number A-one million two hundred eighty-one thousand eighty-four - two thousand eight (A-1345 237-2009), Forest and fruit land, located in [Dirección1], , , of the province of Alajuela, bordering on the northeast with [Dirección2], on the northwest with [Dirección3], on the south with Isla Bonita Sociedad Anónima, on the east with Río Sarapiquí, and on the west with [Dirección4] centimeters, measuring seventy-four hectares, eight thousand five hundred twenty-six meters and five square decimeters. In total, its frontage on a public road measures one thousand one hundred seventeen meters and five centimeters. PLOT NUMBER 2: DESCRIPTION OF PLAN (sic) cadastral plan number A-one million one hundred fifty-eight thousand nine hundred ninety-three - two thousand seven (A158 993 - 2007). Forest and fruit tree land, located in [Dirección1], , , of the province of Alajuela, bordering on the northwest with [Dirección5], on the south with Isla Bonita Sociedad Anónima, on the east with [Dirección6], on the west with Río Ángel, measuring one hundred ninety-two hectares, four thousand four hundred sixty-five meters and thirty-four square decimeters. In total, its frontage on a public road measures two thousand eight hundred seventy-one meters and forty-five decimeters." (see the minute of the hearing for the issuance of judgment of August twenty, two thousand thirteen) 2.- The Procuraduría General de la República appeared in the process at folio 63, and the Instituto de Desarrollo Agrario likewise did so at folio 67.- 3.- Judge Ana Milena Castro Elizondo, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, by judgment number 049-2014 of ten hours and forty-nine minutes of February eighteenth, two thousand fourteen, resolved: "POR TANTO: " Pursuant to the POSSESSORY INFORMATION LAW number one hundred thirty-nine of July fourteenth, nineteen forty-one and its amendments, these POSSESSORY INFORMATION proceedings are approved, in which the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural have participated as parties. The land to be titled shall be affected by the reservations indicated by the General Law of Public Roads. As well as by the provisions of Article thirty-three, subsections a) and b) of the current Forestry Law, an area of fifteen meters adjacent to watercourses constitutes a ´protection area and the cutting or elimination of trees is prohibited, if the land is flat, and fifty horizontal meters if the land is broken, as well as an area of one hundred meters measured horizontally in areas bordering springs, and therefore, it is subject to the legal restrictions set forth in Article thirty-four of the aforementioned Law. The riverbed and the waters of the watercourses are public domain. (Water Law, Articles one, subsection IV, and three, subsection III). Also the surface and underground waters existing on the property (wells, springs, lagoons, etc.) are public domain and do not form part of the property. Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY proceed to register free of encumbrances, co-owners with the real charges already indicated, and without prejudice to third parties with better right, in a proportion of FIFTY PERCENT EACH, in the name of [Nombre3], married once, businessman, identity card number CED5--, and [Nombre2], married once, farmer, identity card number CED6--, both residents of Buenos Aires de Puntarenas, mountain land, located in Cacique de Changuena, [Dirección7], [Dirección8] of the province of Puntarenas; bounded on the north by Quebrada el Congo and [Dirección9] [Nombre4], on the east by [Nombre5], on the west by Quebrada el Congo. According to cadastral plan P-ONE MILLION THIRTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY-FIVE-TWO THOUSAND FIVE of December sixth, two thousand five, it measures an area of four hundred fifty-five thousand four hundred twenty-seven meters and seventy-seven square decimeters. The property was appraised at the sum of ten million colones. The petitioners must comply with the technical recommendations of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, namely, "...Maintain current forest cover. This property could be subject to the payment of environmental services..." (see folios 178 to 180).- 4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Procurator, filed an appeal with express indication of the reasons why she refutes the thesis of the trial court. (see brief at folio 181). 5. In the processing of the case, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the ruling. Judge FISHER GONZÁLEZ writes; and; CONSIDERANDO I. The Tribunal adopts the statement of proven facts contained in the appealed judgment as it faithfully reflects the merit of the record. II. The Deputy Procurator raised the following grievances: 1) She alleges that the nature of the property is forested or mountainous, and that forest lands and woodlands are subject to public domain, being the natural heritage of the State. At least since Forestry Law 4465 of 1969, Article 33, amended by Forestry Law 7174 of 1990 (Articles 32 and 33) and the public-domain character maintained by Law 7575, Articles 13 and 14. Even though forestry legislation permits titling properties outside protected wild areas if decennial possession, protection of the resource, and demarcation are demonstrated, this declaration of public domain must be taken into account. The harmonious application of said provisions leads to the conclusion that forest lands can be acquired by adverse possession (usucapion) if the same occurred before the affectation to public domain. She cites a judgment of the Constitutional Chamber 2008-016975. 2) The testimony of the witnesses did not demonstrate that prior decennial possession apt for adverse possession. 3) According to constitutional case law, Vote 4587-97, acquisition by adverse possession must be prior to the affectation of the asset to public domain. Similarly, Vote 15753-2005 indicates that the abolished right continues to protect rights acquired during the validity of the law (Articles 34 and 129 of the Political Constitution). The judgment [Telf1] establishes the non-retroactivity of the law for acquired rights and consolidated legal situations. In the same sense, Vote 738-2003 embodies the principle of survival of the abolished right, that is, that the repeal of norms does not produce the effect of derogating rights developed at the time they were in effect. Judgment 1119-90 of 14:00 hrs of September 18, 1990, resolved along the same line, insofar as laws and regulations continue to produce legal effects even after being amended or repealed, to regulate those situations born under their validity. 4) In Opinion of the Procuraduría No. C-321-2003, the legal impossibility of titling public domain assets is established, which makes possessory titlings or judicial discussions regarding the tenure or "possession" of public domain spaces to the detriment of the State's outright ownership and possession unacceptable. They would be in outright contradiction with the rules of inalienability and imprescriptibility that govern such assets. In several Cassation judgments, No. 122 of November 16, 1965, 1958 (I Semester of the Colección de Sentencias, p 376 ff.,) this principle that State assets do not prescribe negatively is repeated. Likewise, in judgment of the First Chamber No. 007-93, it is pointed out that public domain assets cannot be alienated, their non-reduction to private domain under any form being inherent to their legal nature. Hence, they are imprescriptible. In the same sense, in Vote 733-2000 of the Administrative Contentious Superior Tribunal and 523-1994 and 665-2002 of the Agrarian Tribunal, it is indicated that the assets subject to possessory information are those that are unquestionably of private domain. 5) In Opinion of the Procuraduría C-146-2008, a judgment of the Constitutional Chamber No. 2007-02063 is cited where Article 262 of the Civil Code is violated, which makes those assets not possessable, subject to sale, or encumberable. The inalienability of public-domain assets and their extra-commercial character is reiterated. They are insusceptible to acquisition by possession. Judgment of the Constitutional Chamber No. 012129-2005 and 10097-2006 is added. Imprescriptibility is a direct consequence of inalienability, and the incommerciality of the public domain is implicit. As doctrinal sources, [Nombre6] and [Nombre7] are cited, as well as a judgment in that sense of the First Chamber No. 7 of 1993. The Constitutional Chamber, in judgments No. 6758-93 and 6192-95, has pointed out that abusive and prolonged detentación of those assets by private parties does not produce acquisitive effects, nor do the tolerance or delay of the Administration in repelling illicit actions grant any right to the occupants. 6) Thus, since what is sought is to title an asset belonging to the public domain, such as the Natural Heritage of the State, and for not having complied with Articles 6 and 7 of the Possessory Information Law, this possessory information should have been rejected. 7) Notwithstanding the foregoing, the judgment should have stated that the property is affected by the reservations regarding rights of way of public roads provided for in Article 4 of the General Law of Public Roads and Article 19, subsection a) of the Possessory Information Law. III. Having analyzed this matter, this jurisdictional body considers that the asset subject to titling is not public domain. Certainly, as indicated by the Procuraduría General de la República, and as cited in the related constitutional case law, public-domain assets are not susceptible to being acquired by adverse possession, and therefore are imprescriptible, inalienable, and subject to a legal impossibility for titling; however, that is not the scenario before us. As it does not hold that nature, that constitutional, cassation, and ordinary court case law, established for different scenarios, is not applicable to it. Nor is the grievance regarding the titling of forested zones admissible. It must be kept in mind that persons enjoy the right to register lands with forest cover (cobertura boscosa), within or outside protected wild areas, provided they meet all the legal requirements demanded in the various applicable normative bodies (regarding this, consult Vote 51 of May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Given the arguments of the appellant, it is important to clarify that the Natural Heritage of the State is "constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage" (Article 13 of the Forestry Law). Said forest lands and forests are indeed unattachable and inalienable (Article 14 of said Law). Their possession by private parties does not grant them any right, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information (Article 33). However, Article 7 of the Possessory Information Law permits the titling of forested zones, requiring as specific requirements (additional to the general ones of the Possessory Information Law) to demonstrate legal rights of decennial possession, to have protected the natural resource, and that the property is properly demarcated (deslindado) and with fences or clean lanes. In this way, it must be concluded that the cited article contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands located within protected wild areas. In these cases, the norm allows titling provided the right of ownership was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wild area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wild areas that have forests. In this scenario, the norm only requires that the petitioner demonstrate "being the holder of the legal rights of decennial possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, with the understanding that the property must be properly demarcated and with fences or clean lanes." It is not specified, as occurs with protected wild areas, that the possession must be prior to ten years before the declaration of State forest heritage, first made in the repealed Forestry Law No. 4465. This is understandable, because if it were not, what the legislature permitted in this regard would be a contradiction. That is, if its intention had been not to allow the titling of those forested zones after the enactment of the 1969 Forestry Law (which contains the first declaration of State forest heritage), the correct thing would have been not to allow this second scenario. But as analyzed, the legislature has maintained a different position. Therefore, it must be concluded, unlike the position maintained by the Procuraduría, that Article seven of the Possessory Information Law (amended upon the issuance of the current Forestry Law 7575), expressly authorized the titling of forested real estate through this type of process. According to the foregoing, it is appropriate to reject grievances 1), 3), 4), 5), and 6). IV. Regarding the second grievance, contrary to what the State's representative maintains, the possession required by Article 7 of the Possessory Information Law has indeed been demonstrated through the witness statements (evidence in digital format). Coupled with the fact that compliant land use has been certified (folio 30). Thus, having weighed the witness statements in accordance with Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction, it is established that [Nombre8], who stated she was fifty-two years old and a local resident and adjoining landowner, testified that she knew of the relationship of the titleholders with the property because she has cooked for them when they visit it and pointed out that they bought it about twenty-six years ago and that what they have done is conserve it, and that they have never "turned over forest" to carry out agriculture. In the same sense, [Nombre9], who is fifty-seven years old, explained that she knows the property, and that the titleholders are known as the owners without problems with others over the property, and that they have had it for twenty to twenty-five years. For his part, [Nombre5] indicated he was sixty-two years old, and has lived in the area for thirty-six years, and that the titleholders have possessed it for about 22 years, and that the possession has been continuous from previous transferors. He further detailed that the titleholders allowed pastures to regenerate for conservation, that they have not destroyed it and have maintained the lanes, without extracting wood. Said evidence demonstrates that for more than twenty years the property has been possessed according to its nature, fulfilling the environmental function. Moreover, during the judicial inspection (reconocimiento judicial), the existence of the lane along the east boundary was recorded, as well as the extensive protection of the natural boundaries to the north and west, and likewise the differentiation between this property and the one located to the south, given that the one in question is forest, in contrast to the pastures of that other neighboring [Nombre4]. It is evident that the conservation of this asset is due in part to human acts that have permitted the integrity of the forest, regarding, for example, adjacent properties where there are pastures. Likewise, during the judicial inspection, the existence of signs warning of the prohibition of hunting was noted, and no logging was observed. V. Finally, regarding grievance 7 of the appellant, that it was not stated that the property is affected by the reservations regarding rights of way of public roads provided for in Article 4 of the General Law of Public Roads and Article 19, subsection a) of the Possessory Information Law, the appellant is not correct, as this is stated in the operative part of the judgment. According to the foregoing, it is appropriate to confirm the judgment. POR TANTO The judgment is confirmed.