Res. 00737-2014 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Overturning acquittal for illegal logging and expert evidence weighingAnulación de absolutoria por tala ilegal y valoración de prueba pericial

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00737 - 2014

Fecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2014 a las 14:05

Expediente: 08-200993-0306-PE

Redactado por: Rafael Mayid González González

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

                          PODER JUDICIAL                                               

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                                    Tel: 2456-9069                           tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr                        Fax: 2445-5193       

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Exp: 08-200993-0306-PE

Res: 2014-00737

          TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las catorce horas cinco minutos del once de diciembre de dos mil catorce.       

             RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , costarricense , cédula de identidad número CED1, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL , en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre2]  , David Fallas Redondo y Yadira Godínez Segura. Se apersona en apelación de sentencia, la representante del Ministerio Público la licenciada [Nombre3]  .

  RESULTANDO:

                   1.- Que mediante sentencia oral número 164-2014 de las dieciséis horas dieciocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil catorce, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, resolvió: "POR TANTO:   De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos y de conformidad con las reglas de la Sana Crítica Racional; 1, 2, 4, 11, 18 a 20, 30, 31, 45, 50, 51, del Código Penal, 1 a 9, 341, 360 a 365 y 366 del Código Procesal Penal, 58 inciso c) y 61 inciso b) y 63 de la Ley Forestal, y Reforma de la Ley de Conservación Vida Silvestre, este Tribunal administrando justicia para la República de Costa Rica, y por mandato de ley, resuelve: en aplicación del principio indubio procede Absolver de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre4]   DE LA COMISIÓN ACUSADA DE CINCO INFRACCIONES A LA LEY FORESTAL, EN LA MODALIDAD DE UN TRANSPORTE ILEGAL UN IRRESPETO A LA VEDA FORESTAL Y TRES APROVECHAMIENTOS DE PRODUCTO FORESTAL en perjuicio LOS RECURSOS NATURALES. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria entablada por la Procuraduría General de la República en contra de [Nombre4]  . Se resuelve el presente asunto en los penal y civil sin especial condenatoria en costas.Quedando los gastos del proceso a cargo del Estado. Respecto a la madera y bienes decomisados en este asunto se ordena la devolución e inmediato depósito de los mismos a quien resulte demostrar ser su legítimo dueño. Se informa a las partes que esta sentencia se dicta en forma oral, y las partes pueden obtener una copia aportando el medio respectivo, como documento en el expediente únicamente se asentará la parte dispositiva. Quedan las partes notificadas. [Nombre5] .  . Juez".

                   2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la representante del Ministerio Público la licenciada [Nombre3]  , interpuso recurso de apelación.

          3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

          4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

          Redacta el Juez de Apelación de Sentencia [Nombre6] ; y

CONSIDERANDO:

           I. La licenciada [Nombre3]  , en calidad de fiscal auxiliar del Ministerio Público, presentó recurso de apelación contra la sentencia número 164-2014, emitida a las 16:18 horas del 21 de febrero del 2014 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, que dispuso la absolutoria del imputado [Nombre1]   por Infracción a la Ley Forestal.

           II. El único motivo de impugnación del recurso de apelación de sentencia, se dirige a señalar la falta de fundamentación jurídica de la sentencia, y una insuficiente, contradictoria y errada valoración de la prueba. La quejosa, luego de realizar un listado de las justificaciones que otorgó el a quo en su sentencia, estima que la construcción intelectiva del juzgador se conforma sobre la base de una limitada comprensión de la logicidad y una indebida articulación conceptual y analítica respecto de los diversos elementos de juicio. Fundamenta su posición en que la sentencia carece de una motivación legítima, al indicar el a quo que no se debe considerar la simple mención de una persona que vino a decir que el diámetro de la madera coincide con los tocones localizados en la propiedad del encausado como un indicio condenatorio, pero sin explicar el juzgador por qué no se debe valorar tal elemento probatorio, pese a que se trataba de un funcionario del MINAET quien acreditó la igualdad de diámetros y es persona experta en el tema. Aduce además la apelante, que el juzgador se decantó por no dar credibilidad a dicho testigo, en razón de requerirse una prueba técnica para determinar tal elemento probatorio, pero omitiendo fundamentar cuál sería esa prueba técnica que daría mayor credibilidad a lo dicho por el biólogo funcionario del MINAET, lo que evidencia que se desconoce en el fallo el verdadero fundamento del por qué se le resta credibilidad a dicho testigo. Sumado a lo indicado, en criterio de la recurrente, la sentencia no realiza una adecuada valoración de la prueba testimonial, lo que se evidencia cuando se muestra argumentación contradictoria en cuanto al origen de la madera decomisada. En este sentido, primero se agrega en el fallo, expone la impugnante, que no se tiene por demostrado si la madera que se donó a la Escuela de Santa Rita era verde o seca, y que por eso nace el estado de duda que favorece al encausado, y posteriormente se contradice aseverando que quedó acreditado que el imputado obtuvo de manera lícita esa madera verde al momento de comprarla al centro educativo mencionado. Lo expuesto, según la quejosa, revela que la conclusión dubitativa a la que llegó el juzgador no se encuentra debidamente razonada. Lo anterior se agrava, según la recurrente, cuando el juzgador obvió valorar adecuadamente la existencia de tocones recién cortados en la finca del encausado que coinciden en diámetro y clase de madera, con la que indica el funcionario del MINAET fue decomisada el día de los hechos al imputado. Todo lo anterior, según la apelante, crea un vacío en la motivación que otorgó el Tribunal de Juicio en su sentencia, y con ello se verifican los vicios de insuficiente fundamentación y errada motivación de la sentencia, lo que ocasiona un agravio a los intereses que representa el Ministerio Público, al quebrantarse el debido proceso, y desconocerse las verdaderas razones del por qué el juez de sentencia absolvió al imputado, impidiendo al ente acusador el ejercicio de la persecución penal. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado y se ordene el juicio de reenvío.

           III. El motivo de impugnación debe ser declarado con lugar. Una vez que esta Cámara de Apelación de Sentencia realizó un análisis integral del fallo impugnado y examinó los registros de audio y video del debate que precedió la sentencia recurrida, de los mismos se desprende que lleva razón la recurrente, en cuanto a que la sentencia impugnada adolece de falta de fundamentación o presenta violaciones a las reglas de la valoración de la prueba, que impiden conocer cuá l fue el íter lógico que empleó el juzgador para emitir el fallo absolutorio. En este sentido, no puede perderse de vista que la acusación que formula el Ministerio Público y cuyo cuadro fáctico coincide con el querellado por la Procuraduría General de la República, acusa dos conductas atribuibles al justiciable, una de ellas concerniente a que el 26 de marzo de 2008 funcionarios del MINAET de Pital,  ubican un vehículo marca Mack, color blanco con rojo, placas [Placa1], conducido por el señor [Nombre7]  , transportando ilegalmente, por orden del acusado [Nombre1]  , al menos cinco trozas verdes de madera de la especie almendro amarillo y otras trozas secas de la misma especie, la cual se encuentra en veda y está prohibido su corta y aprovechamiento, aún de los árboles caídos. Mientras la segunda conducta está dirigida a acusar que la procedencia de la madera decomisada estaba ligada a una tala ilegal realizada en la finca del señor [Nombre1]  , y que por órdenes de él y por medio de terceras personas, ésta consistió en la tala de cuatro árboles de la especie almendro amarillo, ubicada los tocones de los mismos, uno en áreas de potrero, otro en zona de protección de una quebrada, dos en área de bosque dentro de Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, así corno el aprovechamiento de dos árboles caídos y secos de la especie almendro amarillo; y que además se logró detectar la eliminación del sotobosque en la zona de protección de una quebrada que atraviesa dicha propiedad. Todo lo anterior fue realizado sin contar con el permiso correspondiente de la Administración Forestal. De ahí que en síntesis, el objeto del debate concernía en determinar si el justiciable realizó una movilización de madera en trozas que provenían de bosque o plantación, sin contar con la documentación respectiva (artículo 56 y 63 inciso a. de la Ley Forestal número 7575) y a su vez, si se aprovechó de uno o varios productos forestales sin el permiso de la Administración Forestal del Estado (art. 61 inciso a. ibíd). Empero, en la sentencia penal de estudio, se advierte que el juzgador penal, sesgando elementos probatorios y realizando una fundamentación errónea de la prueba evacuada, establece que existe una duda en la participación del imputado en los hechos investigados, por cuanto para él, no puede determinarse que: i. La finca de donde se cortó la madera fuese propiedad del encartado, ii. que el justiciable haya dado la orden para que dicha tala ilegal se produjera, iii. que la madera transportada por orden del justiciable tuviere relación con la madera talada ilegalmente. Sin embargo, no justifica el a quo, por qué resulta tan importante para la determinación de los hechos acusados, y propiamente los tipos penales descritos, la acreditación de la titularidad de la finca en donde se produjo el aprovechamiento ilegal de la madera o desde donde se realizó el transporte de la madera, ya que ninguno de los tipos penales que sancionan tales conductas, exigen como elemento normativo que el agente tenga la titularidad de la propiedad. Incluso, no analiza el juzgador de juicio, que aún teniendo por indemostrado que el aquí justiciable fuese el titular registral o propietario real de la finca donde se acusa fue talada la madera que se imputa era trasladada ilegalmente, las conductas atribuidas por la fiscalía seguirían resultando típicas (en caso de que se acrediten, por supuesto), por cuanto lo que se acusa es que se aprovechó y movilizó especies forestales. A su vez, tampoco puede considerarse que la falta de acreditación de la titularidad de la finca en la persona del señor [Nombre8] , conlleve necesariamente que éste no pudo cometer el hecho acusado, ya que el a quo dejó de valorar que dicha finca, según lo expuso el testigo [Nombre9]   , funcionario del MINAET, ha estado relacionada con la actividad económica que ha ejercido el imputado en algunos expedientes forestales que se han tramitado en la Administración Forestal de la zona, al punto que ese ligamen fue lo que les permitió a los funcionarios del MINAET, el sospechar en un inicio que la madera decomisada podía provenir de la finca en mención, como finalmente lo determinaron (Cfr.  archivo digital número 03-08-200993-306.mp4 a partir del contador 10:27). Afirmación que a su vez tuvo respaldo en el informe que rindió el Organismo de Investigación Judicial, documento que revela que la Policía Judicial luego de realizar una investigación solicitada por la fiscalía, determinó que la finca en la que el testigo [Nombre10]  encontró los tocones de madera, era propiedad de [Nombre11]  , padre del imputado [Nombre1]   (Cfr. Informe Policial mediante oficio 1521-DRSC-09). Corolario, la cercanía que tuvo el justiciable [Nombre8]  con la propiedad donde se determinó fue cortado un grupo de árboles, resulta un indicio grave, preciso y unívoco, que dejó de valorar el a quo al momento de emitir su sentencia. Resulta irrelevante que el testigo [Nombre10]  no pudiera recordar si se le ha dado al encartado o a su familia permisos para la tala de árboles en su finca, en tanto quedó determinado por este mismo deponente, que la especie que cortaron es almendro amarillo, especie que se encontraba en veda, por lo que cualquier tala o aprovechamiento del mismo resultaba ilegal. Sumado a lo expuesto, llama poderosamente la atención que el Tribunal de Juicio se decante por establecer la existencia de una duda, en cuanto a si la madera decomisada y los tocones de madera encontrados en la finca corresponden a los mismos árboles, recurriendo como único argumento a la inexistencia de una experticia que así lo acredite. Sobre este punto el Tribunal de Juicio indicó: "...El Ministerio Público trata de demostrar que esa madera verde es la misma que supuestamente se había aprovechado en la finca que decía era suya que no se demostró, y que decían que usted había cortado, que tampoco se demostró. Tanto la señorita fiscal como don [Nombre12]  de una manera sencilla y fácil, pretenden concluir, hacer concluir a este juzgador, que la madera que se decomiso y verde, guarda relación con esa finca. Bien aquí el asunto resulta más que sencillo de resolver, ya lo apuntaba el señor defensor cuando hace referencia a que se requiere un expertaje. Tiene que guardar una relación de las trozas con los tocones. Tiene que haber una relación de diámetro entre las trozas que se decomisan y los restos que hay en la finca. Se pregunta este juzgador y se cuestiona, al igual que lo hizo el señor defensor, dónde está el estudio técnico que de manera indubitable haga concluir a este juzgador que esa madera necesariamente tenía que ser la misma, la que estaba sobre el vehículo que la transportaba y la que había sido cortada..." (Cfr. archivo digital número 10Sentencia164-2014.mp4 de contador 17:45 a 19:32). No cabe duda para esta Cámara de Apelación, que el juez de juicio con la argumentación supra citada, preteritó la declaración del señor [Nombre9]   , quien es biólogo de profesión, funcionario del Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y con 20 años de experiencia, quien rindió una declaración amplia, clara y diáfana sobre el cómo determinó que las trozas de madera decomisada en la zona de Pital, correspondía con los tocones encontrados en la finca de la familia del imputado [Nombre1]  . En relación con estos indicios el testigo refirió que observó en la finca: "...[Placa2]      dentro del área de potrero, inicialmente comenzamos a caminar sobre los caminos que habían en los potreros y sobre las [Placa3], y se ubicó un árbol de almendro en potrero recién cortado, y seguimos hacia el bosque y logramos ubicar, que recuerde, al menos dos más, dos árboles más, dentro del bosque, almendros y aprovechados...."(Cfr. archivo digital 0308-200993-306-pe,mp4 de contador 26:55 a 27:27). Agregó el juzgador, que como indicios que les llevaron a pensar que la madera decomisada coincidía con los tocones de madera encontrados en la finca, tuvieron: que el árbol cortado estaba verde y en ese momento la especie almendro estaba vedada, que existían tocones verdes y en el sitio había todavía ramas y desechos del árbol, lo que permitía concluir, según el testigo, que habían sido talados en un período de quince días atrás, ya que las hojas de las copas de los árboles todavía seguían verdes, y los cortes realizados con motosierra todavía mostraban savia. No puede omitirse que don [Nombre9]   , precisamente ante la pregunta de si había realizado alguna labor comparativa entre las trozas decomisadas y los tocones encontrados en la finca del padre del imputado [Nombre8] , refirió: "...Normalmente se hacen estudios comparativos para esta cuestión en lo que son diámetros, (¿Para este caso concreto?) en diámetros, que coincidía en diámetros, coincidían en la misma condición del àngulo como tal de verde, que estaba verde, coincidían en el tiempo el árbol de los que estaban en el camión con arboles cortados, coincidían en el tiempo con respecto a verde-seco,  los diámetros coincidían y la especie coincidía..." (cfr. archivo digital 0308-200993-306-pe,mp4 de contador 33:20 a 34:05). Sin embargo, ninguno de estos indicios fue valorados por el a quo, quien se limitó únicamente a cuestionar que si el MINAET pudo extender una valoración del daño ambiental producto de la madera decomisada, por qué no se contó con un peritaje técnico que indicara la relación entre las trozas decomisadas y los tocones hallados en la finca, y no la realizada por un biólogo, en clara alusión a la labor de campo realizada por el testigo [Nombre10] . Así fue motivado por el juzgador penal al decir: " ...En este caso si se contaban con los diámetro, como es tan sencillo que con solo una persona que es un biólogo y dice que con una cinta métrica mide el diámetro de la madera que había sido cortada en la finca [...] por qué no existe el estudio técnico que defina estas trozas corresponden al árbol cortado en el lado tal, estas trozas según el diametro corresponden al cortado en tal, en la zona de bosque, estas trozas corresponden al arbol cortado en la zona de potrero, estas trozas corresponden a las cortadas, dice el señor Procurador, en una zona de protección. No existe eso, yo no puedo asegurar aquí que estas trozas sean las mismas o provengan de los árboles que fueron cortados. Los indicios decimos, por eso es que yo resuelvo por duda en este asunto..." (Cfr. Archivo digital número 10Sentencia164-2014.mp4 de contador 21:06 a 22:30). Resulta así notorio, que el Tribunal de juicio cayó en una falacia argumentativa al descalificar el testimonio del señor [Nombre10]  por su única condición de ser biólogo, obviando que dicha profesión está asociada a la ciencia de estudiar la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales, por lo que el estudio de los árboles y sus procesos es un tema propio de su profesión y experticia . Ello sin olvidar que [Nombre10]  informó ser  funcionario de la Administración Forestal del Estado y con una antigüedad de veinte años, por lo que su experiencia debió ser un tema que el Tribunal sentenciador tuvo que haber valorado, y no simplemente soslayarlo. Más aún cuando de una lectura de los artículos 54 y 65 de  la Ley Forestal número 7575, se extrae que a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, se les cataloga como autoridades de policía capaces de emitir criterios en relación a la valuación de los recursos forestales. Asimismo, queda claro que el Tribunal de Juicio no realizó la valoración del testimonio del señor [Nombre10]  conforme a las reglas de la sana crítica, ya que incluso cuestionó que el testigo realizara la comparación de los diámetros de las trozas y los tocones de madera utilizando una cinta métrica, pero no explica el a quo por qué para el Tribunal dicho instrumento de medición era incorrecto, o por qué le pareció poco técnico su utilización, o si existían otros peritajes que estimaba resultaban de mayor precisión. Paralelo a ello, no puede esta Cámara de Apelación pasar por alto, que el juez sentenciador cometió un error de derivación lógica, al asegurar que el testigo [Nombre10]  tuvo una contradicción en cuando a las medidas de los tocones que revisó, pero obvió que el testigo siempre aclaró que los tocones que observó y de los cuales midió el diámetro, tenían sus cortes entre 10 y 15 centímetros de altura o incluso algunos a medio metro dependiendo de la gamba del árbol, mientras que cuando se refirió a que la medida para el diámetro se hacía a 1.5 metros de altura, lo hizo para advertir que esa era la medida para plantación o determinación de la zona boscosa, lo que no ocurrió en este caso porque el maderero siempre corta el árbol lo más bajo que el tronco lo permite para aprovechar más el recurso. Por lo que la contradicción del testigo que llevó al juzgador a absolver al imputado, resultó inexistente. Así las cosas, al verificarse en el fallo impugnado que el Tribunal de Juicio únicamente realizó una relación de las pruebas y en otras ocasiones simplemente refirió afirmaciones sin indicar de qué elementos probatorios las derivó, o incluso llegó a algunas conclusiones que no tienen asidero probatorio, es que se comprueba el vicio apuntado por la quejosa en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal, lo que lesiona el Debido Proceso y genera la ineficacia del fallo dictado. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por la licenciada [Nombre3]   en su calidad de fiscal auxiliar del Ministerio Público, ordenándose la nulidad de la sentencia impugnada y el debate que la precedió, para que en un juicio de reenvío se resuelva conforme a Derecho.        

POR TANTO:

   Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por la licenciada [Nombre3]   en su calidad de fiscal auxiliar del Ministerio Público. En virtud de lo anterior, se anula la sentencia emitida y el debate que la precedió, ordenándose el juicio de reenvío para una nueva sustanciación conforme a Derecho. NOTIFÍQUESE.

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 [Nombre2] 

 

 

 

 

 

          

David Fallas Redondo                                       Yadira Godínez Segura

Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 08-200993-0306-PE

Contra: [Nombre1] 

Delito: Infracción a la Ley Forestal

Ofendidos: Los Recursos Naturales

angie

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:25:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr Fax: 2445-5193

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Exp: 08-200993-0306-PE

Res: 2014-00737

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, at fourteen hours and five minutes on December eleventh, two thousand fourteen.

SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name1], Costa Rican, identity card number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. Judges [Name2], David Fallas Redondo and Yadira Godínez Segura participate in the decision on the appeal. The representative of the Public Prosecutor's Office, attorney [Name3], appears in the sentence appeal.

WHEREAS:

1.- That by oral judgment number 164-2014 at sixteen hours and eighteen minutes on February twenty-first, two thousand fourteen, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Ciudad Quesada, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, cited laws and articles 39 and 41 of the Political Constitution; article 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 8 subsection 2) of the American Convention on Human Rights and in accordance with the rules of Sound Critical Judgment; 1, 2, 4, 11, 18 to 20, 30, 31, 45, 50, 51, of the Penal Code, 1 to 9, 341, 360 to 365 and 366 of the Code of Criminal Procedure, 58 subsection c) and 61 subsection b) and 63 of the Ley Forestal, and Reform of the Wildlife Conservation Law, this Court, administering justice on behalf of the Republic of Costa Rica, and by mandate of law, resolves: in application of the in dubio principle, it proceeds to Acquit the accused [Name4] of all penalty and responsibility FOR THE CHARGED COMMISSION OF FIVE VIOLATIONS TO THE LEY FORESTAL, IN THE MODALITY OF ONE ILLEGAL TRANSPORT, ONE DISRESPECT OF THE FORESTRY CLOSED SEASON AND THREE USES OF FOREST PRODUCT to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. The civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República against [Name4] is declared without merit. This matter is resolved in the criminal and civil aspects without special order as to costs. The costs of the proceedings shall be borne by the State. Regarding the timber and seized goods in this matter, their return and immediate deposit is ordered to whoever proves to be their legitimate owner. The parties are informed that this judgment is delivered orally, and the parties may obtain a copy by providing the respective means, as a document in the file only the operative part will be recorded. The parties are hereby notified. [Name5]. Judge."

2.- That against the preceding pronouncement, the representative of the Public Prosecutor's Office, attorney [Name3], filed an appeal.

3.- That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court proceeded to hear the appeal.

4.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.

The Sentence Appeals Judge [Name6] drafts; and

CONSIDERING:

I. Attorney [Name3], in her capacity as auxiliary prosecutor of the Public Prosecutor's Office, filed a sentence appeal against judgment number 164-2014, issued at 16:18 hours on February 21, 2014, by the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, which ordered the acquittal of the accused [Name1] for Violation of the Ley Forestal.

II. The sole ground for challenge in the sentence appeal is directed at pointing out the lack of legal reasoning in the judgment, and an insufficient, contradictory, and erroneous assessment of evidence. The complainant, after listing the justifications provided by the lower court in its judgment, considers that the judge's intellectual construction is formed on the basis of a limited understanding of logic and an improper conceptual and analytical articulation regarding the various elements of judgment. She bases her position on the fact that the judgment lacks legitimate reasoning, as the lower court stated that the mere mention by a person who came to say that the diameter of the timber coincides with the stumps located on the defendant's property should not be considered an incriminating piece of evidence, but without the judge explaining why such evidentiary element should not be assessed, despite the fact that he was an official of MINAET who accredited the equality of diameters and is an expert on the subject. The appellant further argues that the judge chose not to give credibility to said witness, on the grounds that technical proof was required to determine such evidentiary element, but failed to justify what that technical proof would be that would give greater credibility to what was said by the biologist, an official of MINAET, which shows that the ruling ignores the true basis for why credibility is taken away from said witness. In addition to the foregoing, in the appellant's opinion, the judgment does not carry out an adequate assessment of the testimonial evidence, which is evident when contradictory arguments are shown regarding the origin of the seized timber. In this sense, the challenger states, the ruling first adds that it was not proven whether the timber donated to the Santa Rita School was green or dry, and that this is why the state of doubt arises that favors the defendant, and later contradicts itself by asserting that it was accredited that the accused lawfully obtained that green timber when he bought it from the mentioned educational center. According to the complainant, the foregoing reveals that the dubitative conclusion reached by the judge is not duly reasoned. The foregoing is aggravated, according to the appellant, when the judge omitted to adequately assess the existence of freshly cut stumps on the accused's farm that match the timber in diameter and species, which the MINAET official indicates was seized from the accused on the day of the events. According to the appellant, all of the foregoing creates a gap in the reasoning provided by the Trial Court in its judgment, and thereby verifies the defects of insufficient reasoning and erroneous motivation of the judgment, which causes harm to the interests represented by the Public Prosecutor's Office, by violating due process, and disregarding the true reasons why the sentencing judge acquitted the accused, preventing the prosecuting entity from exercising criminal prosecution. Therefore, she requests that the filed appeal be declared with merit and a remand trial be ordered.

III. The ground for challenge must be declared with merit. Once this Sentence Appeals Chamber conducted a comprehensive analysis of the challenged ruling and examined the audio and video records of the trial that preceded the appealed judgment, it is evident that the appellant is correct in that the challenged judgment suffers from a lack of reasoning or presents violations of the rules of evidence assessment, which prevent knowing what the logical path was that the judge used to issue the acquittal ruling. In this sense, it cannot be overlooked that the accusation formulated by the Public Prosecutor's Office, and whose factual framework coincides with that sued by the Procuraduría General de la República, accuses the defendant of two attributable conducts. One of them concerning that on March 26, 2008, officials of MINAET from Pital located a vehicle brand Mack, white with red color, license plates [Placa1], driven by Mr. [Name7], illegally transporting, by order of the accused [Name1], at least five green logs of timber of the almendro amarillo species and other dry logs of the same species, which is subject to a closed season and its cutting and use are prohibited, even of fallen trees. While the second conduct is directed at accusing that the origin of the seized timber was linked to an illegal logging (tala ilegal) carried out on the farm of Mr. [Name1], and that by his orders and through third parties, this consisted of the logging (tala) of four trees of the almendro amarillo species, the stumps of which were located as follows: one in pasture areas, another in a protection zone (zona de protección) of a stream, two in a forest area (área de bosque) within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, as well as the use (aprovechamiento) of two fallen and dry trees of the almendro amarillo species; and that in addition, the elimination of the understory in the protection zone (zona de protección) of a stream that crosses said property was detected. All of the foregoing was carried out without the corresponding permit from the Forestry Administration. Hence, in summary, the object of the hearing concerned determining whether the defendant carried out a mobilization of timber in logs that came from a forest (bosque) or plantation, without having the respective documentation (article 56 and 63 subsection a. of the Ley Forestal number 7575) and, in turn, whether he used one or more forest products (productos forestales) without the permission of the State Forestry Administration (art. 61 subsection a. ibid). However, in the criminal judgment under review, it is noted that the criminal judge, by biasing evidentiary elements and making an erroneous reasoning of the evidence presented, establishes that there is doubt regarding the participation of the accused in the investigated facts, because for him, it cannot be determined that: i. The farm from which the timber was cut was the property of the accused, ii. that the defendant gave the order for said illegal logging (tala ilegal) to be carried out, iii. that the timber transported by order of the defendant was related to the illegally logged timber. However, the lower court does not justify why it is so important for the determination of the accused facts, and properly the criminal types described, to prove the ownership of the farm where the illegal use of timber or from where the transport of the timber was carried out, since none of the criminal types that punish such conducts require as a normative element that the agent own the property. In fact, the trial judge does not analyze that even considering it unproven that the defendant here was the registered titleholder or real owner of the farm where it is alleged the timber was logged that was allegedly being illegally transported, the conducts attributed by the prosecution would still be typical (provided they are accredited, of course), insofar as what is accused is that forest species were used and mobilized. In turn, it also cannot be considered that the lack of accreditation of the farm's ownership in the person of Mr. [Name8] necessarily leads to the conclusion that he could not have committed the accused act, since the lower court failed to assess that said farm, according to the testimony of witness [Name9], an official of MINAET, has been related to the economic activity exercised by the accused in some forestry files processed within the zone's Forestry Administration, to the point that this link was what allowed the MINAET officials to initially suspect that the seized timber could come from the farm in question, as they ultimately determined (Cf. digital file number 03-08-200993-306.mp4 from counter 10:27). A statement that, in turn, was supported by the report issued by the Organismo de Investigación Judicial, a document that reveals that the Judicial Police, after conducting an investigation requested by the prosecution, determined that the farm on which witness [Name10] found the timber stumps was owned by [Name11], father of the accused [Name1] (Cf. Police Report via official letter 1521-DRSC-09). Corollary, the proximity that the defendant [Name8] had with the property where it was determined a group of trees were cut constitutes a serious, precise, and unequivocal piece of circumstantial evidence, which the lower court failed to assess when issuing its judgment. It is irrelevant that the witness [Name10] could not remember whether the accused or his family had been given permits for tree logging on their farm, insofar as it was determined by this same deponent that the cut species is almendro amarillo, a species that was subject to a closed season, so any logging or use of it was illegal. In addition to the foregoing, it is strikingly noticeable that the Trial Court chose to establish the existence of doubt as to whether the seized timber and the timber stumps found on the farm corresponded to the same trees, resorting as its only argument to the non-existence of an expert study accrediting this. On this point, the Trial Court stated: "...The Public Prosecutor's Office tries to demonstrate that this green timber is the same one that had supposedly been used on the farm they said was yours, which was not proven, and that they said you had cut, which was also not proven. Both the prosecutor and Mr. [Name12], in a simple and easy manner, intend to conclude, to make this judge conclude, that the seized and green timber is related to that farm. Well, here the matter is more than simple to resolve, as the defense counsel pointed out when he referred to the fact that an expert study is required. There must be a relationship of the logs to the stumps. There must be a relationship of diameter between the logs that are seized and the remains that are on the farm. This judge wonders and questions, just as the defense counsel did, where is the technical study that unequivocally makes this judge conclude that this timber necessarily had to be the same, the one on the vehicle transporting it and the one that had been cut..." (Cf. digital file number 10Sentencia164-2014.mp4 from counter 17:45 to 19:32). There is no doubt for this Court of Appeals that the trial judge, with the aforementioned argumentation, overlooked the statement of Mr. [Name9], who is a biologist by profession, an official of the Sistema de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, and with 20 years of experience, who gave an extensive, clear, and lucid statement on how he determined that the timber logs seized in the Pital area corresponded to the stumps found on the farm of the family of the accused [Name1]. Regarding these pieces of circumstantial evidence, the witness stated that he observed on the farm: "...[Placa2] within the pasture area, we initially started walking along the paths that were in the pastures and on the [Placa3], and a recently cut almendro tree was located in a pasture, and we continued towards the forest (bosque) and we managed to locate, as I recall, at least two more, two more trees, within the forest (bosque), almendros and used..." (Cf. digital file 0308-200993-306-pe,mp4 from counter 26:55 to 27:27). The judge added that as indications that led them to think that the seized timber coincided with the timber stumps found on the farm, they had: that the cut tree was green and at that time the almendro species was subject to a closed season, that there were green stumps and at the site there were still branches and tree waste, which allowed concluding, according to the witness, that they had been logged within a period of fifteen days prior, since the leaves on the treetops were still green, and the cuts made with a chainsaw still showed sap. It cannot be omitted that Mr. [Name9], precisely when asked if he had performed any comparative work between the seized logs and the stumps found on the farm of the father of the accused [Name8], stated: "...Normally, comparative studies are done for this matter regarding diameters, (For this specific case?) in diameters, that it coincided in diameters, they coincided in the same condition of the angle as such of being green, that it was green, they coincided in time, the tree from those on the truck with cut trees, they coincided in time with respect to green-dry, the diameters coincided and the species coincided..." (cf. digital file 0308-200993-306-pe,mp4 from counter 33:20 to 34:05). However, none of these pieces of circumstantial evidence was assessed by the lower court, who limited himself solely to questioning that if MINAET could issue an environmental damage assessment (valoración del daño ambiental) resulting from the seized timber, why there was no technical expert report indicating the relationship between the seized logs and the stumps found on the farm, and not the one carried out by a biologist, in clear allusion to the field work performed by witness [Name10]. It was thus reasoned by the criminal judge when saying: "...In this case, if the diameters were available, as it is so simple that just one person who is a biologist says that with a measuring tape he measures the diameter of the timber that had been cut on the farm [...] why does the technical study not exist that defines these logs correspond to the tree cut in such and such a place, these logs according to the diameter correspond to the one cut in such and such, in the forest area (zona de bosque), these logs correspond to the tree cut in the pasture area, these logs correspond to those cut, says the Procurador, in a protection zone (zona de protección). That does not exist, I cannot assure here that these logs are the same or come from the trees that were cut. The indications we say, that is why I resolve by doubt in this matter..." (Cf. Digital file number 10Sentencia164-2014.mp4 from counter 21:06 to 22:30). It is thus notorious that the Trial court fell into an argumentative fallacy by disqualifying the testimony of Mr. [Name10] due to his sole condition of being a biologist, ignoring that this profession is associated with the science of studying the structure of living beings and their vital processes, so the study of trees and their processes is a topic proper to his profession and expertise. This without forgetting that [Name10] reported being an official of the State Forestry Administration and with a seniority of twenty years, so his experience should have been an issue that the sentencing Court had to assess, and not simply ignore. Even more so when from a reading of articles 54 and 65 of the Ley Forestal number 7575, it is extracted that the officials of the State Forestry Administration are classified as police authorities capable of issuing criteria in relation to the valuation of forest resources (recursos forestales). Likewise, it is clear that the Trial Court did not carry out the assessment of Mr. [Name10]'s testimony according to the rules of sound critical judgment, since it even questioned that the witness made the comparison of the diameters of the logs and the timber stumps using a measuring tape, but the lower court does not explain why for the Court said measuring instrument was incorrect, or why its use seemed not very technical to him, or if there existed other expert opinions that he considered were more precise. Parallel to this, this Court of Appeals cannot overlook that the sentencing judge committed an error of logical derivation by assuring that the witness [Name10] had a contradiction regarding the measurements of the stumps he reviewed, but omitted that the witness always clarified that the stumps he observed and of which he measured the diameter had their cuts between 10 and 15 centimeters in height or even some at half a meter depending on the tree's buttress, while when he referred to the fact that the diameter measurement was taken at 1.5 meters in height, he did so to warn that this was the measurement for plantation or determination of the forested area (zona boscosa), which did not occur in this case because the lumberjack always cuts the tree as low as the trunk allows in order to make better use of the resource. Therefore, the witness's contradiction that led the judge to acquit the accused was non-existent. Thus, upon verifying in the challenged ruling that the Trial Court merely made a relation of the evidence and on other occasions simply referred to affirmations without indicating from which evidentiary elements they were derived, or even reached some conclusions that have no evidentiary basis, the defect pointed out by the complainant is confirmed in violation of article 142 of the Code of Criminal Procedure, which harms Due Process and causes the ineffectiveness of the issued ruling. Consequently, the sentence appeal filed by attorney [Name3] in her capacity as auxiliary prosecutor of the Public Prosecutor's Office is declared with merit, ordering the nullity of the challenged judgment and the trial hearing that preceded it, so that in a remand trial the matter is resolved according to Law.

POR TANTO:

The sentence appeal filed by attorney [Name3] in her capacity as auxiliary prosecutor of the Public Prosecutor's Office is declared with merit. By virtue of the foregoing, the issued judgment and the trial hearing that preceded it are annulled, and a remand trial is ordered for a new substantiation according to Law. NOTIFÍQUESE.

[Name2]

David Fallas Redondo Yadira Godínez Segura

Judges and Female Judge of Sentence Appeals

Expediente: 08-200993-0306-PE

Against: [Name1]

Crime: Infracción a la Ley Forestal

Victims: Los Recursos Naturales

angie

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:25:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República