Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- […] Para efectos de considerar si ha operado o no la prescripción, si bien es cierto en los artículo 31 y 33 se establecen las reglas de prescripción que ha hecho mención el recurrente, lo cierto del caso es que dados los hechos que se han tenido por demostrados, lo correcto es aplicar las reglas establecidas en el artículo 32 del Código Procesal Penal que estipula: “Los plazos de prescripción se regirán por la penal principal prevista en la ley y comenzará a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia...” Dicha norma es la aplicable porque del cuadro fáctico que se ha tenido por demostrado, en la sentencia impugnada, es evidente que se está en presencia de un delito de efectos permanentes, ya que mientras se mantenga la edificación en el área protegida, no resulta aplicable ninguna de las causales de interrupción del plazo de prescripción, que señala el artículo 33 del Código Procesal Penal (que en todo caso a la norma que remite es al 31 y no al 32 del mismo cuerpo legal).
“II.- […] En dicha acción de inconstitucionalidad, el recurrente cuestionó los anteriores votos porque los mismos interpretaban que el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, sanciona la invasión a un área de protección de cualquier cauce, lo cual estimó contrario al principio de legalidad […] Ahora bien, sobre la constitucionalidad de la jurisprudencia cuestionada, se estableció que la misma es ajustada a derecho y específicamente se resolvió lo siguiente: “De una lectura de las sentencias aportadas, se infiere que los juzgadores realizaron una interpretación normativa conforme al contenido del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, que prevé una sanción penal, para quien ‘Invada un área de conservación o protección…’. El hecho de que la norma se integre con la descripción de áreas de protección que señala el artículo 33 de la Ley Forestal, no implica violación alguna al principio de legalidad, pues se trata de una interpretación sistemática, acorde con la literalidad de la norma.”
English (translation)III.- […] To determine whether the statute of limitations has run, although Articles 31 and 33 of the Criminal Procedure Code establish the rules invoked by the appellant, the correct approach in this case is to apply Article 32: ‘The limitation periods shall be governed by the main penalty provided by law and shall begin to run, for completed offenses, from the day of completion; for attempts, from the day of the last act of execution; and for continuous or permanent offenses, from the day on which the permanence ceased…’ This provision applies because the proven facts show a crime of permanent effects, since as long as the construction remains in the protected area, none of the interrupting causes of the limitation period under Article 33 apply.
“II.- […] In that constitutional challenge, the appellant argued that case law interpreting Article 58(a) of the Forestry Law as sanctioning the invasion of any watercourse protection zone violated the principle of legality […] The Constitutional Chamber found the case law to be lawful, holding: ‘From a reading of the submitted judgments, it follows that the judges engaged in a normative interpretation consistent with Article 58(a) of the Forestry Law, which provides a penal sanction for anyone who “Invades an area of conservation or protection…”. The fact that this provision is read together with the description of protection areas in Article 33 of the Forestry Law does not breach the principle of legality, since it is a systematic interpretation in keeping with the literal text of the provision.’
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 00233 - 2015 Fecha de la Resolución: 13 de Enero del 2015 a las 15:45 Expediente: 05-200129-0278-PE Redactado por: Susana Wittmann Stengel Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Invasión de área de conservación o protección Subtemas: Constitucionalidad respecto a la integración de normas aplicadas. Similitud con el delito de usurpación para efectos de la prescripción. Tema: Usurpación Subtemas: Efectos permanentes del delito la equiparan a la invasión en área protegida para con los alcances de la prescripción. Tema: Prescripción de la acción penal Subtemas: Similitud en cuanto a la permanencia de los efectos, entre la usurpación y la invasión en área protegida. “II.- […] Fundamenta el recurrente la errónea aplicación de la Ley sustantiva, concretamente del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal N° 7575, ya que, en su criterio, los Tribunales interpretan erróneamente que dicha norma también penaliza la invasión a un área de protección, cuando sólo se regula la prohibición de cortar árboles en esas zonas, por lo que su representado debe ser absuelto. Para resolver sobre dicho planteamiento es necesario considerar los siguientes aspectos: a) Hechos acreditados en la Sentencia impugnada N° 77-2014 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Para establecer si la calificación dada por el Tribunal a quo, a los hechos acreditados, fue la adecuada, se debe realizar una lectura de los mismos, por lo que se transcriben seguidamente: " 1. El imputado [Nombre1] es dueño de un lote ubicado en Chirraca, exactamente de la [Dirección1] dos kilómetros al norte, sito en la Provincia de San José, Cantón de Acosta, Distrito San Ignacio , según el plano de catastro SJ [Telf1]. 2.- El 20 de enero del dos mil cinco el imputado [Nombre1] solicitó y obtuvo el permiso de construcción numero 535 de la Municipalidad de Acosta y sin poder determinar la fecha exacta en el mes de enero el imputado [Nombre2] ordenó construir en el lote de su propiedad un rancho, una plaza de fútbol y una piscina dentro.3.- El primero d e marzo del 2005, funcionarios del MINAE y el MInisterio de Saludo, advierten al imputado que la construcción invade la zona de protección, indicándole que no podía continuar con la obra, haciendo caso omiso y logró de esta forma, concluir la construcción invadiendo el cause del Río Chirraca en la sección este vértice norte de la construcción en siete metros y la sección oeste vértice norte en 3.6 metros del río Chirraca. 3 (Sip).- La construcción ordenada por el encartado carecía de los permiso respectivos emitidos por el MINAE.". b) Calificación legal impugnada: Los anteriores hechos fueron calificados en la sentencia condenatoria impugnada como configurativos de la infracción forestal contemplada en el artículo 58 inciso a) integrado con el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal número 7575 y en dicha resolución se realizó una justificación legal de la aplicación de dichas normas, como se desprende del siguiente extracto de la misma: "Los hechos que ha tenido por acreditados este Tribunal, responden de manera típica a la infracción del articulo 33 inciso b) en relación con el numeral 58 de la Ley Forestal numero 7575 cumpliéndose a cabalidad los presupuestos objetivos del tipo penal, resultando claro que el imputado [Nombre3] procedió a construir un rancho y unos baños dentro del area de su terreno que se encuentra al margen de la quebrada Chirraca y por ende es una zona decretada como de protección. Con la prueba que ha contado este Tribunal no solo las declaraciones de los funcionarios don [Nombre4] y don [Nombre5] MInae y el Ministerio de Salud respectivamente, así como con la prueba técnica a saber el análisis criminalístico de folio 154 se acredita el area de protección así como la distancia que debe de guardarse para construir edificaciones al margen de una quebrada dentro de un terreno de dominio publico como lo es el del acusado. Las mediciones contenidas en la pericia de folio 154 que se ilustran en el mapa que lo acompañan da crédito a la inspección que se llevara a cabo por parte de la fiscalía que corre a folio 47 y 48. Ambos elementos probatorios vienen a darle sustento a las declaraciones de quien denunciara, a saber don [Nombre6] de la asociación ecologica de la comunidad como a los funcionarios ya citados. Quedo acreditado que la propiedad es del acusado puesto que solicitó permiso de construcción ante la Municipalidad de Acosta y el testigo [Nombre7] , aseguró que como maestro de obras construyó a pedido del imputado. Expuso este testigo que la construcción duro alrededor de tres meses, en los cuales aseguro que había recibido visitas de funcionarios, que si bien no recuerda los documentos es lo cierto que su firma consta en el oficio de folio 21- De igual modo el testigo [Nombre8] acudio al terreno en donde pudo constatar la infracción que se había denunciado y fue atendido en un primer momento por el propio acusado, a quien advirtio que debía presentar los planos que le permitian esa construccio, haciendo caso omiso de la misma. Es así como los elementos objetivos se cumple en el actuar del imputado como también los subjetivos toda vez que con pleno conocimiento y voluntad llevo a cabo la construir infringiendo las mediciones a que estaba obligado enfrentado a los margenes de la quebrada Chirraca. En criterio del Tribunal las conclusiones del señor defensor se respetan pero no se comportar ya que pretendiò la defensa eximir de responsabilidad a su cliente considerando que la propiedad del imputado no es parte de lo que la ley ha denominado en su articulo 13 El patrimonio natural del Estado el que a su vez esta constituido por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales. Precisamente en el desarrollo del análisis de la prueba y la accion típica del imputado, se demostró que se trata de un terreno de dominio publico, cuya protección se encuentra prevista en los numerales 33 y 58 de la citada ley, de manera que las conclusiones a que llega el señor defensor no aplican en el caso especifico que nos ocupa. Es abrumadora la prueba documental que nos señala que estamos ante un area de protección, que obligaba al imputado a respetar la distancia en que debia de llevar a cabo la construcción de sus areas de esparcimiento, y que pese a las advertencias hechas por los funcionarios estatales, la omisión a ellas fue la respuesta dada por el acusado y por ende deviene comisión del delito que fuera acreditado. En igual sentido tenemos la certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible a folio 118 en la que el lote del imputado que fuera adquira del IDA a traves de diligencias de Posesion y con el plano de catastro numero SJ 842033-2003 el lote tiene una medida de catorce mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados en el que se describe que en el sector A del terreno existe café antiguo con abundantes arboles y en el sector B areas verdes de gramilla, jardines y arboles frutales y forestales. En igual sentido esta certificación describe las pendientes que existen en ambos sectores del terreno a saber un 41.84 % para el sector A y de un 58. 16% para el sector B, de manera que en la descripción consignada en la certificación, visible a folio 119 se describe que el terreno es tipo quinta adecuadamente acondicionado para esparcimiento. Quiere decir que la tesis de la defensa con este documento se desvanece y por ello la conducta desplegada por el imputado encuentra adecuación típica en los numerales 33 y 58 ambos de la ley especial y conforme a ello se invadió con la construcción que nos ocupa la zona protegida por ley. Una vez realizada la adecuación típica de la conducta ejecutada corresponde entonces, establecer si la misma resulta contraria al ordenamiento jurídico -Antijuridicidad Formal- y si además ha generado alguna lesión para el bien jurídico tutelado -Antijuridicidad Material-. En este sentido resulta claro para el Tribunal que en el presente asunto se lesionó el bien jurídico tutelado, cuales son los Recursos Naturales que ha sido acreditada con el elenco probatorio tanto testimonial, documental y pericial con que se ha contado y que se cuantifica de manera idónea mediante el informe realizado por el Ing, [Nombre9] de la oficina Sub Regional del MINAE, propiamente del Area de COnservación Pacifico Central, que corre a folio 657 y siguientes. Precia el Tribunal en este documento que tomando en cuenta diferentes variables tales como la zona de vida alterada lo ha sido en una distribución real bajo el indicador numero dos que equivale a un 25% del valor inicial asi como también otro indicador relevante lo es el tipo de categoría de manejo que de acuerdo al area de protección conforme al numeral 33 equivale a un 100% según se desprende del folio 659. Seguidamente vemos que el ecosistema se ha visto afectado en un cincuenta por ciento en el àrea construida, y en relación al grado de susceptibilidad de esa àrea; describiendo también que el área de protección se ha visto afectada en un veinticinco por ciento en las areas de la rivera del cauce. No menos importante resulta ser el daño in situ al que se le asignò un 25% en la cantidad afectada, en tanto que en el suelo la compactación ha sufrido en un 25%, razones por las cuales este Tribunal ha tenido por acreditado el injusto penal. " c) Posición de esta sede: Del anterior análisis efectuado en la sentencia recurrida, se desprende la aplicación adecuada y fundada de la normativa vigente de la Ley Forestal N° 7575 para el momento de comisión de los hechos acreditados y es que deben valorarse varios aspectos relevantes. Se le atribuye al aquí imputado [Nombre2] la construcción de un rancho y unos baños dentro del área de su terreno que se encuentra al margen de la quebrada [Dirección2] de Acosta, que es una zona de protección, lo que se determina acudiendo al capítulo III de la Ley Forestal, artículo 33, en el que se proporciona un listado de las áreas de protección. Propiamente en el caso particular, en el inciso b) de dicha norma se establece como áreas de protección las riberas de los ríos, quebradas o arroyos que cuentan con un área de protección que en terreno plano comprende una franja de 15 metros en zona rural o 10 metros en zona urbana, a lo largo del río, arroyo o quebrada, medidos horizontalmente a cada lado de la ribera y si el terreno es quebrado, es decir que la pendiente promedio sea mayor de 40%, según la definición del artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, el área de protección es de una franja de 50 metros, medidos horizontalmente, desde la ribera de la quebrada, río o arroyo, independientemente si es rural o urbana. Esta limitación del uso de estas áreas ha sido establecida por la Ley, en forma independiente de que se trate de terreno públicos o privados y el uso del terreno protegido sólo puede ser mediante autorización de la Autoridad competente, lo que no se dio en el presente asunto. Por otro lado, es correcta la aplicación del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, tomando en cuenta que en dicho inciso se sanciona penalmente a quien invada "un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos". Adicionalmente la aplicación de este artículo 58 inciso a) integrado al artículo 33 de la Ley Forestal como lo hizo el Tribunal juzgador es posible legalmente, tal y como fue establecido en la Resolución N° 2010-74 de la Sala Constitucional, de las quince horas, cero minutos del seis de enero de dos mil diez, relacionado con este proceso penal, en el cual ya se valoró la constitucionalidad de la jurisprudencia emitida por Tribunales de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José acerca de esta integración de las normas ya indicadas. Las sentencias revisadas por la Sala Constitucional fueron los Votos 2002-00193 de las nueve horas del ocho de marzo del dos mil dos, 2003-00713 de las diez horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de julio del dos mil tres y 2004-00904 de las diez horas cincuenta minutos del dos de setiembre del dos mil cuatro. En dicha acción de inconstitucionalidad, el recurrente cuestionó los anteriores votos porque los mismos interpretaban que el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, sanciona la invasión a un área de protección de cualquier cauce, lo cual estimó contrario al principio de legalidad, dado que a su juicio, cuando la norma señala “área de conservación o protección” se debe interpretar que se trata más bien de las áreas silvestres protegidas previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y que interpretar lo contrario atenta contra lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 de la Constitución Política. Ahora bien, sobre la constitucionalidad de la jurisprudencia cuestionada, se estableció que la misma es ajustada a derecho y específicamente se resolvió lo siguiente: " De una lectura de las sentencias aportadas, se infiere que los juzgadores realizaron una interpretación normativa conforme al contenido del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, que prevé una sanción penal, para quien “Invada un área de conservación o protección…”. El hecho de que la norma se integre con la descripción de áreas de protección que señala el artículo 33 de la Ley Forestal, no implica violación alguna al principio de legalidad, pues se trata de una interpretación sistemática, acorde con la literalidad de la norma. Los jueces, en su tarea de aplicar las normas generales a los casos concretos, pueden acudir a diversos métodos interpretativos, en este supuesto, con las limitaciones propias del derecho penal, donde no se pueden realizar interpretaciones analógicas o extensivas, contrarias a la libertad del imputado o a las facultades de las partes en el proceso. En consecuencia, se estima que la jurisprudencia cuestionada no infringe lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 de la Constitución Política. En razón de lo señalado, se declara sin lugar este reclamo". En virtud de los argumentos expuestos y de lo resuelto por la misma Sala Constitucional, corresponde declarar sin lugar este motivo, ya que el Tribunal a quo aplicó correctamente la normativa a los hechos que tuvo por acreditados. III.- […] Para resolver este cuestionamiento necesariamente debe revisarse cuáles fueron los hechos acreditados en la sentencia impugnada y puede observarse que, tal y como se indicó en el acápite anterior, los mismos encuadran en una infracción a la Ley Forestal que implica una valoración integral de los artículos 33 y 58 inciso a) de dicho cuerpo legal, que establece una sanción de tres meses a tres años de prisión, por lo que para determinar si ha operado la prescripción o no en este proceso penal, debe acudirse necesariamente a lo contemplado en los artículos 31 a 34 del Código Procesal Penal y de acuerdo al artículo 33 se han dado varios actos interruptores de la prescripción, como efectivamente los cita el accionante en su recurso. Sin embargo, en este asunto, debe observarse que en los hechos acreditados se establece que el aquí acusado realizó una construcción invadiendo el cauce del Río Chirraca, en la sección este vértice norte de la construcción en siete metros y la sección oeste vértice norte en 3.6 metros del río Chirraca, sin tener los permisos respectivos emitidos por el MINAE, construcción que se mantiene aún en la actualidad, dado que incluso se ordena al aquí imputado "la inmediata demolición de la construcción en la proporción que invadan el área de protección" (Cfr. F. 720). Para efectos de considerar si ha operado o no la prescripción, si bien es cierto en los artículo 31 y 33 se establecen las reglas de prescripción que ha hecho mención el recurrente, lo cierto del caso es que dados los hechos que se han tenido por demostrados, lo correcto es aplicar las reglas establecidas en el artículo 32 del Código Procesal Penal que estipula: " Los plazos de prescripción se regirán por la penal principal prevista en la ley y comenzará a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia..." Dicha norma es la aplicable porque del cuadro fáctico que se ha tenido por demostrado, en la sentencia impugnada, es evidente que se está en presencia de un delito de efectos permanentes, ya que mientras se mantenga la edificación en el área protegida, no resulta aplicable ninguna de las causales de interrupción del plazo de prescripción, que señala el artículo 33 del Código Procesal Penal (que en todo caso a la norma que remite es al 31 y no al 32 del mismo cuerpo legal). En todo caso, sobre este planteamiento, ya existe vasta jurisprudencia que reitera que en los delitos de efectos permanentes la prescripción empieza a contabilizarse a partir del momento en que cesa la actividad o la obra invasora, lo que no ha ocurrido en el presente asunto como se desprende de lo resuelto a folios 718 a 719. Como votos importantes de referencia, entre otros, está el Voto del anterior Tribunal de Casación Penal de San José Nº 193-2002, de las 09:00 horas del 8 de marzo de 2002, en el que se indica que en el delito de invasión de área de protección, al ser similar al de usurpación y por ser ambos de efectos permanentes, la prescripción comienza a correr a partir del momento en que cese la invasión y se citan otros votos, entre los que se detallan los siguientes: 117-2002, 991-00, 327-00, 436-00, CED1, 734-01, CED2, todos del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José. Sobre este cuestionamiento y en este mismo asunto, ya incluso el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José había dictado el Voto N° [Telf2], de las nueve horas veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho , que en lo que interesa señaló lo siguiente: " La sentencia de sobreseimiento No. 95-2008 de las 15:00 horas del 13 de febrero de 2008, dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, en la que se declara la prescripción de la acción penal, se fundamenta en que el delito atribuido tiene como límite superior tres años de prisión, por lo que aplicando el articulo 31 en relación con el 33 del Código Procesal Penal, ese sería el tiempo máximo que tendría que transcurrir para que opere la prescripción, plazo que se redujo a la mitad, en este caso, a partir del 30 de mayo de 2007, en que se convocó a la primera audiencia preliminar, de manera que para el 30 de noviembre de 2007, este caso prescribió... De acuerdo con la acusación de folios 49 a 57, se tiene que esos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como constitutivos de los delitos de Infracción a la ley forestal, previstos en sus artículos 33 y 34 en relación con los artículos 58 y 61, es decir invasión del área de protección de un río y de una naciente. Al tratarse de edificaciones hechas en terrenos declarados áreas protectoras, que se mantienen en el sitio, el delito no cesa hasta que se elimine la construcción en dichas áreas, por lo que la disposición que corresponde aplicar es el articulo 32 del Código Procesal penal, que dispone que el plazo de prescripción comienza a correr "...para los delitos continuados o de efectos permanentes, desde el día que cesó su continuación o permanencia". Para ese tipo de delitos, mientras la edificación se mantenga en el área protegida, no resulta aplicable ninguna de las causales de interrupción del plazo de prescripción que señala el artículo 33 del código de rito, en el tanto no es congruente hablar de interrupción ni suspensión de algo que aún no ha iniciado, como bien lo argumenta el recurrente. A este respecto es pertinente citar el voto 1151-2000 de la Sala Constitucional, emitido ante una consulta de constitucionalidad de la prescripción contemplada en el artículo 32 del Código Procesal Penal, respecto de los delitos de efectos permanentes, el cual explica que por la forma particular de desarrollarse este tipo de delitos, su prescripción tiene otro tipo de tratamiento distinto al de los delitos cuya consumación se agota en forma inmediata: "Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia. Ahora bien, para que proceda la usucapión o prescripción positiva adquisitiva, es necesario contar con un justo título, que la posesión sea pacífica y pública y que exista buena fe del poseedor, es decir, no solamente se adquiere por el transcurso de diez años, por lo que no es ni constitucional ni legalmente válido o posible, en virtud de una usurpación, que como tal es delictuosa y carece de justo y legítimo título, pretender usucapir, debido a que los requisitos esenciales para ello están ausentes". Esta cámara considera que en el delito de invasión de zona protectora de una naciente y un río, a que se refiere este caso concreto, la consumación del delito no se agotaría mientras las construcciones edificadas en esas zonas se mantengan, por ende la prescripción de la acción penal no habría dado inicio, en razón de lo cual la sentencia impugnada debe ser anulada, ordenándose el reenvío a la oficina de origen para una nueva sustanciación. Con respecto al segundo aspecto de este primer motivo, y al segundo motivo del recurso, resulta innecesario entrar a conocerlos, toda vez que al anularse la sentencia de sobreseimiento se está ordenando realizar el juicio oral que no se inició en esta causa, donde se conocerán los extremos de la acción civil y las eventuales consecuencias civiles del hecho acusado. En razón de todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado [Nombre10] , se declara ineficaz la sentencia de sobreseimiento en todos sus extremos, y consecuentemente se ordena realizar el juicio en dicha causa." Por otro lado, sobre el concepto de los delitos de efectos permanentes, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el Voto N° 1769-2013 de las 11:34:00 a.m., aclaró el concepto de delito permanente, haciendo referencia a la doctrina extranjera y además reafirmó que los plazos de prescripción comienzan a correr para los delitos permanentes desde el día en que cesa su permanencia. Así en dicha resolución, se especifica lo siguiente: "(El delito permanente no prescribe mientras siga realizándose, es decir, la prescripción comienza a correr cuando acabe el estado de permanencia. Esto es una consecuencia natural de considerar el delito permanente como una unidad jurídica de acción...", [Nombre11] , : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, pág. 373). Conforme a la teoría del delito se distinguen los diferentes supuestos de unidad de conducta (ya sea por acción u omisión) punible o de pluralidad de conductas punibles. Dentro de ese marco se dice que la hipótesis de unidad de conducta y unidad de delito puede adoptar diversas formas, que distingue la doctrina (por ejemplo, delito instantáneo, delito permanente, delito que crea un estado, delito complejo, delito colectivo) y dentro de esta categoría se incluye al delito permanente o continuo, porque todos los actos que tienen por objeto mantener el estado consumativo presentan una unidad de conducta (así, [Nombre12], [Nombre13] y otros: Manual de Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2005, pág. 670) o una forma de unidad típica de acción (o de omisión permanente, así [Nombre14]: Op. cit., págs. 369 a 370). [Nombre15] explica que el delito permanente o continuo implica una persistencia en el resultado del delito, durante el cual mantiene su actuación la voluntad criminal, como sucede en los delitos de «Rapto» y «Secuestro» (JIMÉNEZ [Nombre16] , [Nombre17]: y el delito , Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 11ª edición, 1980, pág.528) y [Nombre18] indica que se produce el "mantenimiento de una situación antijurídica permanente" ([Nombre18], [Nombre19]: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 11ª edición, 1997, pág. 267), aunque [Nombre14] precisa que: "...lo particular del delito permanente no es que crea una situación antijurídica o que la mantiene, sino que esta situación antijurídica está contenida en la descripción de un tipo penal, el cual, de manera típica, no puede realizarse normalmente con un solo comportamiento individual, sino por medio de varias acciones u omisiones. El autor actúa u omite de manera continua y de manera continua realiza el resultado. Es la continua realización del tipo penal, por medio de acciones u omisiones, lo que hace que el acontecimiento sea un hecho unitario. Para que haya delito permanente es necesario, además de la acción u omisión inicial que crea la situación antijurídica, que haya nuevas acciones u omisiones, pues sin estas no hay delito permanente" ([Nombre14]: Op. cit., págs. 370 a 371). [Nombre20] apunta que el delito permanente "...el mantenimiento de la situación ilícita depende de la voluntad del autor, de modo que se realiza el tipo no sólo al haber provocado la situación, sino también dejar que ésta continúe [...] El hecho punible que aquí, en cierto modo, se reitera continuamente, ya está 'consumado' al producirse la situación ilícita y 'termina' al dejársela sin efecto (y esto es importante respecto del comienzo de la prescripción...)" ([Nombre20], [Nombre21]: Derecho Penal Parte General , Ediciones Depalma Buenos Aires, 1980, pág. 10). [Nombre22] también enseña que en el delito permanente el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo: "P. ej., un delito permanente es el allanamiento de morada [...] con la intromisión del autor ya se da un hecho consumado, pero dura tanto tiempo como el sujeto se mantiene dentro del ámbito protegido. Lo mismo ocurre con en la detención ilegal [...], que sigue siendo actual hasta que el autor pone en libertad a la víctima o esta es liberada, o en la conducción en estado de embriaguez [...] que ya es punible como delito consumado con el comienzo del viaje, pero pese a ello no concluye mientras dura la conducción bajo influencia de bebidas» ([Nombre23], : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Civitas S.A., España, 1997, pág. 329). [Nombre24] aborda el tema del delito permanente al estudiar los elementos descriptivos del tipo, el núcleo de la acción y circunstancias de lugar, modo, medios o tiempo de la acción, y hace la siguiente observación "...en ocasiones –sin que aparezca el tiempo como circunstancia–, el mismo carácter de la acción descripta implica la posibilidad de su prolongación en el tiempo, sin solución de continuidad; encontramos entonces, la distinción entre los delitos instantáneos, en los que la acción se consuma en un momento y en él termina (p. ej., el homicidio) y los delitos permanentes, en los que la acción consumada puede prolongarse en el tiempo, es decir continuar consumándose por un lapso más o menos prolongado (p. ej., privación ilegítima de libertad)" ([Nombre25] : Derecho Penal Parte General: Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155)." Adicionalmente es importante recordar que la Sala Constitucional, en delitos similares como el de Usurpación, ha establecido en los Votos 11515-2000 del 21 de diciembre de 2000, 9917-2001 del 26-09-2001 que el criterio de que no corre la prescripción con respecto a los delitos de efectos permanentes mientras no cese la permanencia y lo establecido en el párrafo primero in fine del artículo 32 del Código Procesal Penal, en cuanto establece que el plazo de prescripción de la acción penal para los delitos de efectos permanentes empieza a correr desde que cesó la permanencia, no causa violación de los derechos y principios constitucionales invocados. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar este segundo y último motivo de apelación, dado que a la fecha no ha operado la prescripción de este asunto.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Resolución: 2015-0233 Expediente: 05-200129-0278-pe (5) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil quince. RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra Nombre101637, mayor, casado, Ingeniero Mecánico,Costarricense, nació el 13 de mayo de 1970, cédula de identidad número CED56482, vecino de Escazú, Dirección7035, 150 metros al sur, condominio Cerros de Escazú, casa color amarilla, por el delito de INFRACCIÓN LEY FORESTAL en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Susana Wittmann Stengel, Edwin Salinas Durán y Jorge Luis Arce Víquez. Se apersonaron en esta sede, los licenciados Jorge Jiménez Cordero, defensor particular del imputado y Ana Carolina Campos Camacho, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público. RESULTANDO: 1. Que mediante sentencia Nº 77-2014, de las quince horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil catorce, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San Nombre101638 resolvió: " POR TANTO:De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 30, 31, 45, 50, 53, 71, artículos 33 y 58 de la Ley 7575 Forestal; 2 y 17 de la Ley 7554 Orgánica del Ambiente; 109 de la Ley 7788 de Biodiversidad; 1 a 15, 37 a 41, 70, 72 a 74, 111, 119, 124, 127, 141, 142, 143, 180, 184, 239, 240, 243, 258, 265 a 267, 360, 361, 363, 365, 367 y 368 del Código Procesal Penal; se resuelve: I) EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL: se declara a Nombre101637 autor responsable del delito de Invasión de Zona Protegida cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales. y en tal carácter se le impone el tanto de SEIS MESES DE PRISIÓN, pena que deberá descontar en el lugar y forma que lo indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Una vez firme la sentencia inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo para ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología. Por un plazo de TRES AÑOS se concede a favor del condenado el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA bajo las advertencias de ley. II) SOBRE LAS COSTAS EN LO PENAL Por haberse procedido a instancia del Ministerio Público pero existiendo Querella Privada interpuesta por la Procuraduría General de la República se condena al pago de las costas personales de esta accion a favor del Estado en la suma de cien mil colones. III) SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE ESTA DECISIÓN: se ORDENA al condenado a LA INMEDIATA DEMOLICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES en la proporción en que invadan el area de protección. Ello deberá hacerlo el condenado, en coordinación con los funcionarios del Area de Conservación Pacifico Central del MINAE asi como con la Dirección del Area Rectora de Salud de Acosta del Ministerio de Salud, tomando las todas las previsiones necesarias para evitar un impacto ambiental negativo. Siendo que la actitud del imputado fue de total desprecio por las órdenes y a efecto de garantizar los bienes supremos en esta sentencia reconocidos, se advierte al imputado que para cumplir con la restitución ahora acordada cuenta con el plazo improrrogable de SEIS MESES contados a partir de la firmeza del fallo y en caso de no acatar esta orden se le podrá seguir causa por el delito de Desobediencia a la Autoridad que enfrentará con la inscripción de esta condena. Mediante lectura quedan notificadas las partes. Nombre101639. Jueza de Juicio" (sic). 2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Jorge Jiménez Cordero, defensor particular del imputado Nombre101637, interpuso recurso de apelación de sentencia penal. 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó todas las cuestiones formuladas en el recurso de apelación. 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la jueza de apelación Wittmann Stengel; y CONSIDERANDO: I.- No todos los que suscribimos esta resolución comparecimos a la audiencia oral celebrada el diecinueve de mayo de dos mil catorce, a las nueve horas, en tanto, a la fecha, la jueza Sandra Zúñiga Morales se encuentra laborando en ascenso como Magistrada Suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, siendo sustituida por la jueza Susana Wittmann Stengel. De allí que, con el propósito de resolver sin mayores dilaciones y en definitiva las impugnaciones planteadas en este proceso, verificando que ello no afecta el debido proceso, según lo ha indicado la Sala Constitucional mediante reiterados pronunciamientos vinculantes, entre otros los votos Nº 6681-1996, Nº 11508-2000, Nº 2007-17553 de 30 de noviembre de 2007, Nº 2011-12593, de las 15:44 horas, del 20 de setiembre de 2011, y Nº 2013-6880, de las 15:05 horas, del 22 de mayo de 2013, y en virtud de que en dicha audiencia, según se corrobora al observar y escuchar el respaldo digital de la misma (el que también ha sido de conocimiento de la jueza suplente), no se recibió prueba, ni se ampliaron los motivos o se introdujeron puntos diversos a los esgrimidos en el escrito impugnaticio o en la contestación de la audiencia realizada por el Ministerio Público, se procede a resolver con esta nueva integración. II.- El licenciado Jorge Jiménez Cordero, defensor particular del imputado Nombre101637 Nombre101637, como primer motivo del recurso de apelación de sentencia penal alega la errónea aplicación de la ley sustantiva, concretamente del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal N° 7575, ya que, en su criterio, dicha norma ha sido interpretada erróneamente por los Tribunales Penales, ello debido a que han considerado que ésta también penaliza la invasión a un área de protección, lo que transgrede el principio "nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege", ya que dentro de la voluntad del legislador no estuvo la de incluir la invasión a las áreas de protección a que hace referencia el artículo 33 de la Ley citada, por lo que lo procedente es dictar una absolutoria a favor de su defendido. Por otro lado, pese a que dicho accionante solicitó la realización de una vista oral, a la misma no asistió, tal y como consta en el Acta de Vista Oral de las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil catorce, visible a folio 774. Posición del Ministerio Público y de la Procuradoría General de la República: Con relación al recurso de apelación interpuesto, la fiscal del Ministerio Público Ana Carolina Campos Camacho solicitó que se declarara sin lugar este motivo por considerar que en la sentencia impugnada se da una calificación legal acorde con los hechos acreditados, los cuales fueron determinados con prueba testimonial y técnica, como lo es el análisis criminalístico, visible a folio 154, con el que se prueba la existencia de la construcción realizada por el aquí acusado en un inmueble de su propiedad, invadiendo el área de protección de la quebrada Chirraca, a seis metros de la misma, pese a ser advertido por funcionarios estatales de que ello no era factible. Así mismo indicó la representante del Ministerio Público que es posible la relación del artículo 33 con el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, dado que los hechos acreditados encuadran en dicha norma que no hace referencia a una área silvestre protegida, sino a un área de protección y en ese sentido la ley es muy clara en su regulación, siendo que desde el año 1969 ya se regulaba el delito para sancionar a quien invadiera un área de protección, como es el caso de la quebrada en cuestión, así la Ley Forestal anterior a la actual N° 4465, del 25 de noviembre de 1969, en su artículo 68 también establecía como zona de protección las quebradas, entre otros y en el artículo 118 de esa misma ley se sancionaba con pena de prisión a quien invadiera dichas zonas, resultando evidente que la intención de proteger y sancionar a quien invadiera esas áreas es de vieja data, dada la función esencial y de carácter primordial del Estado por conservar y proteger esas zonas. Por otro lado, la licenciada Adriana Chaves, fiscal que asistió a la Vista Oral programada para el día diecinueve de mayo de dos mil catorce expresó que todos los alegatos se encontraban en el expediente principal. Por su parte, la licenciada Ileana Bolaños, representante de la Procuradoría General de la República, quien se apersonó a la Vista Oral programada para el día diecinueve de mayo de dos mil catorce también manifestó que este motivo, debía ser rechazado, tomando en cuenta que los hechos que tuvo por acreditados el tribunal fueron calificados debidamente en una integración de los artículos 58 inciso a) y 33 de la Ley Forestal, sustentando su posición inclusive en jurisprudencia emitida por este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. El reclamo no es atendible: Fundamenta el recurrente la errónea aplicación de la Ley sustantiva, concretamente del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal N° 7575, ya que, en su criterio, los Tribunales interpretan erróneamente que dicha norma también penaliza la invasión a un área de protección, cuando sólo se regula la prohibición de cortar árboles en esas zonas, por lo que su representado debe ser absuelto. Para resolver sobre dicho planteamiento es necesario considerar los siguientes aspectos: a) Hechos acreditados en la Sentencia impugnada N° 77-2014 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Para establecer si la calificación dada por el Tribunal a quo, a los hechos acreditados, fue la adecuada, se debe realizar una lectura de los mismos, por lo que se transcriben seguidamente: " 1. El imputado Nombre101637 es dueño de un lote ubicado en Chirraca, exactamente de la Dirección7036, sito en la Provincia de San José, Cantón de Acosta, Distrito San Ignacio , según el plano de catastro SJ 8422033-03. 2.- El 20 de enero del dos mil cinco el imputado Nombre101637 solicitó y obtuvo el permiso de construcción numero 535 de la Municipalidad de Acosta y sin poder determinar la fecha exacta en el mes de enero el imputado Nombre101637 ordenó construir en el lote de su propiedad un rancho, una plaza de fútbol y una piscina dentro.3.- El primero d e marzo del 2005, funcionarios del MINAE y el MInisterio de Saludo, advierten al imputado que la construcción invade la zona de protección, indicándole que no podía continuar con la obra, haciendo caso omiso y logró de esta forma, concluir la construcción invadiendo el cause del Río Chirraca en la sección este vértice norte de la construcción en siete metros y la sección oeste vértice norte en 3.6 metros del río Chirraca. 3 (Sip).- La construcción ordenada por el encartado carecía de los permiso respectivos emitidos por el MINAE.". b) Calificación legal impugnada: Los anteriores hechos fueron calificados en la sentencia condenatoria impugnada como configurativos de la infracción forestal contemplada en el artículo 58 inciso a) integrado con el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal número 7575 y en dicha resolución se realizó una justificación legal de la aplicación de dichas normas, como se desprende del siguiente extracto de la misma: "Los hechos que ha tenido por acreditados este Tribunal, responden de manera típica a la infracción del articulo 33 inciso b) en relación con el numeral 58 de la Ley Forestal numero 7575 cumpliéndose a cabalidad los presupuestos objetivos del tipo penal, resultando claro que el imputado Nombre101637 procedió a construir un rancho y unos baños dentro del area de su terreno que se encuentra al margen de la quebrada Chirraca y por ende es una zona decretada como de protección. Con la prueba que ha contado este Tribunal no solo las declaraciones de los funcionarios don Nombre101640 y don Nombre101641 del MInae y el Ministerio de Salud respectivamente, así como con la prueba técnica a saber el análisis criminalístico de folio 154 se acredita el area de protección así como la distancia que debe de guardarse para construir edificaciones al margen de una quebrada dentro de un terreno de dominio publico como lo es el del acusado. Las mediciones contenidas en la pericia de folio 154 que se ilustran en el mapa que lo acompañan da crédito a la inspección que se llevara a cabo por parte de la fiscalía que corre a folio 47 y 48. Ambos elementos probatorios vienen a darle sustento a las declaraciones de quien denunciara, a saber don Nombre101642 de la asociación ecologica de la comunidad como a los funcionarios ya citados. Quedo acreditado que la propiedad es del acusado puesto que solicitó permiso de construcción ante la Municipalidad de Acosta y el testigo Nombre101638, aseguró que como maestro de obras construyó a pedido del imputado. Expuso este testigo que la construcción duro alrededor de tres meses, en los cuales aseguro que había recibido visitas de funcionarios, que si bien no recuerda los documentos es lo cierto que su firma consta en el oficio de folio 21- De igual modo el testigo Nombre101641 acudio al terreno en donde pudo constatar la infracción que se había denunciado y fue atendido en un primer momento por el propio acusado, a quien advirtio que debía presentar los planos que le permitian esa construccio, haciendo caso omiso de la misma. Es así como los elementos objetivos se cumple en el actuar del imputado como también los subjetivos toda vez que con pleno conocimiento y voluntad llevo a cabo la construir infringiendo las mediciones a que estaba obligado enfrentado a los margenes de la quebrada Chirraca. En criterio del Tribunal las conclusiones del señor defensor se respetan pero no se comportar ya que pretendiò la defensa eximir de responsabilidad a su cliente considerando que la propiedad del imputado no es parte de lo que la ley ha denominado en su articulo 13 El patrimonio natural del Estado el que a su vez esta constituido por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales. Precisamente en el desarrollo del análisis de la prueba y la accion típica del imputado, se demostró que se trata de un terreno de dominio publico, cuya protección se encuentra prevista en los numerales 33 y 58 de la citada ley, de manera que las conclusiones a que llega el señor defensor no aplican en el caso especifico que nos ocupa. Es abrumadora la prueba documental que nos señala que estamos ante un area de protección, que obligaba al imputado a respetar la distancia en que debia de llevar a cabo la construcción de sus areas de esparcimiento, y que pese a las advertencias hechas por los funcionarios estatales, la omisión a ellas fue la respuesta dada por el acusado y por ende deviene comisión del delito que fuera acreditado. En igual sentido tenemos la certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible a folio 118 en la que el lote del imputado que fuera adquira del IDA a traves de diligencias de Posesion y con el plano de catastro numero SJ 842033-2003 el lote tiene una medida de catorce mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados en el que se describe que en el sector A del terreno existe café antiguo con abundantes arboles y en el sector B areas verdes de gramilla, jardines y arboles frutales y forestales. En igual sentido esta certificación describe las pendientes que existen en ambos sectores del terreno a saber un 41.84 % para el sector A y de un 58. 16% para el sector B, de manera que en la descripción consignada en la certificación, visible a folio 119 se describe que el terreno es tipo quinta adecuadamente acondicionado para esparcimiento. Quiere decir que la tesis de la defensa con este documento se desvanece y por ello la conducta desplegada por el imputado encuentra adecuación típica en los numerales 33 y 58 ambos de la ley especial y conforme a ello se invadió con la construcción que nos ocupa la zona protegida por ley. Una vez realizada la adecuación típica de la conducta ejecutada corresponde entonces, establecer si la misma resulta contraria al ordenamiento jurídico -Antijuridicidad Formal- y si además ha generado alguna lesión para el bien jurídico tutelado -Antijuridicidad Material-. En este sentido resulta claro para el Tribunal que en el presente asunto se lesionó el bien jurídico tutelado, cuales son los Recursos Naturales que ha sido acreditada con el elenco probatorio tanto testimonial, documental y pericial con que se ha contado y que se cuantifica de manera idónea mediante el informe realizado por el Ing, Wilber SequeiraVindas de la oficina Sub Regional del MINAE, propiamente del Area de COnservación Pacifico Central, que corre a folio 657 y siguientes. Precia el Tribunal en este documento que tomando en cuenta diferentes variables tales como la zona de vida alterada lo ha sido en una distribución real bajo el indicador numero dos que equivale a un 25% del valor inicial asi como también otro indicador relevante lo es el tipo de categoría de manejo que de acuerdo al area de protección conforme al numeral 33 equivale a un 100% según se desprende del folio 659. Seguidamente vemos que el ecosistema se ha visto afectado en un cincuenta por ciento en el àrea construida, y en relación al grado de susceptibilidad de esa àrea; describiendo también que el área de protección se ha visto afectada en un veinticinco por ciento en las areas de la rivera del cauce. No menos importante resulta ser el daño in situ al que se le asignò un 25% en la cantidad afectada, en tanto que en el suelo la compactación ha sufrido en un 25%, razones por las cuales este Tribunal ha tenido por acreditado el injusto penal. " c) Posición de esta sede: Del anterior análisis efectuado en la sentencia recurrida, se desprende la aplicación adecuada y fundada de la normativa vigente de la Ley Forestal N° 7575 para el momento de comisión de los hechos acreditados y es que deben valorarse varios aspectos relevantes. Se le atribuye al aquí imputado Nombre101637 la construcción de un rancho y unos baños dentro del área de su terreno que se encuentra al margen de la quebrada Chirraca de Acosta, que es una zona de protección, lo que se determina acudiendo al capítulo III de la Ley Forestal, artículo 33, en el que se proporciona un listado de las áreas de protección. Propiamente en el caso particular, en el inciso b) de dicha norma se establece como áreas de protección las riberas de los ríos, quebradas o arroyos que cuentan con un área de protección que en terreno plano comprende una franja de 15 metros en zona rural o 10 metros en zona urbana, a lo largo del río, arroyo o quebrada, medidos horizontalmente a cada lado de la ribera y si el terreno es quebrado, es decir que la pendiente promedio sea mayor de 40%, según la definición del artículo 2 del Reglamento de la Ley Forestal, el área de protección es de una franja de 50 metros, medidos horizontalmente, desde la ribera de la quebrada, río o arroyo, independientemente si es rural o urbana. Esta limitación del uso de estas áreas ha sido establecida por la Ley, en forma independiente de que se trate de terreno públicos o privados y el uso del terreno protegido sólo puede ser mediante autorización de la Autoridad competente, lo que no se dio en el presente asunto. Por otro lado, es correcta la aplicación del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, tomando en cuenta que en dicho inciso se sanciona penalmente a quien invada "un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos". Adicionalmente la aplicación de este artículo 58 inciso a) integrado al artículo 33 de la Ley Forestal como lo hizo el Tribunal juzgador es posible legalmente, tal y como fue establecido en la Resolución N° 2010-74 de la Sala Constitucional, de las quince horas, cero minutos del seis de enero de dos mil diez, relacionado con este proceso penal, en el cual ya se valoró la constitucionalidad de la jurisprudencia emitida por Tribunales de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San Nombre101638 acerca de esta integración de las normas ya indicadas. Las sentencias revisadas por la Sala Constitucional fueron los Votos 2002-00193 de las nueve horas del ocho de marzo del dos mil dos, 2003-00713 de las diez horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de julio del dos mil tres y 2004-00904 de las diez horas cincuenta minutos del dos de setiembre del dos mil cuatro. En dicha acción de inconstitucionalidad, el recurrente cuestionó los anteriores votos porque los mismos interpretaban que el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, sanciona la invasión a un área de protección de cualquier cauce, lo cual estimó contrario al principio de legalidad, dado que a su juicio, cuando la norma señala “área de conservación o protección” se debe interpretar que se trata más bien de las áreas silvestres protegidas previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y que interpretar lo contrario atenta contra lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 de la Constitución Política. Ahora bien, sobre la constitucionalidad de la jurisprudencia cuestionada, se estableció que la misma es ajustada a derecho y específicamente se resolvió lo siguiente: " De una lectura de las sentencias aportadas, se infiere que los juzgadores realizaron una interpretación normativa conforme al contenido del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, que prevé una sanción penal, para quien “Invada un área de conservación o protección…”. El hecho de que la norma se integre con la descripción de áreas de protección que señala el artículo 33 de la Ley Forestal, no implica violación alguna al principio de legalidad, pues se trata de una interpretación sistemática, acorde con la literalidad de la norma. Los jueces, en su tarea de aplicar las normas generales a los casos concretos, pueden acudir a diversos métodos interpretativos, en este supuesto, con las limitaciones propias del derecho penal, donde no se pueden realizar interpretaciones analógicas o extensivas, contrarias a la libertad del imputado o a las facultades de las partes en el proceso. En consecuencia, se estima que la jurisprudencia cuestionada no infringe lo dispuesto en los artículos 11, 28 y 39 de la Constitución Política. En razón de lo señalado, se declara sin lugar este reclamo". En virtud de los argumentos expuestos y de lo resuelto por la misma Sala Constitucional, corresponde declarar sin lugar este motivo, ya que el Tribunal a quo aplicó correctamente la normativa a los hechos que tuvo por acreditados. III.- En el segundo reclamo alega el recurrente la prescripción de la acción penal, ya que considera que entre la primera convocatoria a Audiencia Preliminar, realizado en fecha 30 de mayo de 2006, fecha en la que estaba vigente la Ley N° 9095 del 26 de octubre de 2012 y al día en que fue realizado el señalamiento a debate, operó la misma el día 30 de noviembre de 2007, ello con base en las reglas establecidas en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Posición del Ministerio Público y de la Procuradoría General de la República: la fiscal del Ministerio Público manifestó que dicho reclamo también debía rechazarse, por considerar que no ha operado la prescripción, para lo cual toma en cuenta los hechos acusados que hacen referencia a construcciones realizadas en zona protegida que todavía se mantienen, a la calificación otorgada y a lo establecido en el Voto N° 2008-1158 de las 9:25 horas del 14 de noviembre de 2008, emitido por el Tribunal de Casación de San José, que explicó que en los delitos continuos o permanentes el plazo de prescripción comienza a correr desde el día que cesó su permanencia. En igual sentido, la representante de la Procuradoría General de la República, en la vista oral realizada en fecha 19 de mayo de 2014, solicitó que se declara sin lugar este alegato, por no haber operado la prescripción y citó jurisprudencia de la Sala Constitucional que analizaba este tema. El reclamo no es atendible: Para resolver este cuestionamiento necesariamente debe revisarse cuáles fueron los hechos acreditados en la sentencia impugnada y puede observarse que, tal y como se indicó en el acápite anterior, los mismos encuadran en una infracción a la Ley Forestal que implica una valoración integral de los artículos 33 y 58 inciso a) de dicho cuerpo legal, que establece una sanción de tres meses a tres años de prisión, por lo que para determinar si ha operado la prescripción o no en este proceso penal, debe acudirse necesariamente a lo contemplado en los artículos 31 a 34 del Código Procesal Penal y de acuerdo al artículo 33 se han dado varios actos interruptores de la prescripción, como efectivamente los cita el accionante en su recurso. Sin embargo, en este asunto, debe observarse que en los hechos acreditados se establece que el aquí acusado realizó una construcción invadiendo el cauce del Río Chirraca, en la sección este vértice norte de la construcción en siete metros y la sección oeste vértice norte en 3.6 metros del río Chirraca, sin tener los permisos respectivos emitidos por el MINAE, construcción que se mantiene aún en la actualidad, dado que incluso se ordena al aquí imputado "la inmediata demolición de la construcción en la proporción que invadan el área de protección" (Cfr. F. 720). Para efectos de considerar si ha operado o no la prescripción, si bien es cierto en los artículo 31 y 33 se establecen las reglas de prescripción que ha hecho mención el recurrente, lo cierto del caso es que dados los hechos que se han tenido por demostrados, lo correcto es aplicar las reglas establecidas en el artículo 32 del Código Procesal Penal que estipula: " Los plazos de prescripción se regirán por la penal principal prevista en la ley y comenzará a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia..." Dicha norma es la aplicable porque del cuadro fáctico que se ha tenido por demostrado, en la sentencia impugnada, es evidente que se está en presencia de un delito de efectos permanentes, ya que mientras se mantenga la edificación en el área protegida, no resulta aplicable ninguna de las causales de interrupción del plazo de prescripción, que señala el artículo 33 del Código Procesal Penal (que en todo caso a la norma que remite es al 31 y no al 32 del mismo cuerpo legal). En todo caso, sobre este planteamiento, ya existe vasta jurisprudencia que reitera que en los delitos de efectos permanentes la prescripción empieza a contabilizarse a partir del momento en que cesa la actividad o la obra invasora, lo que no ha ocurrido en el presente asunto como se desprende de lo resuelto a folios 718 a 719. Como votos importantes de referencia, entre otros, está el Voto del anterior Tribunal de Casación Penal de San Nombre101638 Nº 193-2002, de las 09:00 horas del 8 de marzo de 2002, en el que se indica que en el delito de invasión de área de protección, al ser similar al de usurpación y por ser ambos de efectos permanentes, la prescripción comienza a correr a partir del momento en que cese la invasión y se citan otros votos, entre los que se detallan los siguientes: 117-2002, 991-00, 327-00, 436-00, 552-01, 734-01, 64-02, todos del antiguo Tribunal de Casación Penal de San Nombre101638. Sobre este cuestionamiento y en este mismo asunto, ya incluso el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San Nombre101638 había dictado el Voto N° 2008-1158, de las nueve horas veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho , que en lo que interesa señaló lo siguiente: " La sentencia de sobreseimiento No. 95-2008 de las 15:00 horas del 13 de febrero de 2008, dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, en la que se declara la prescripción de la acción penal, se fundamenta en que el delito atribuido tiene como límite superior tres años de prisión, por lo que aplicando el articulo 31 en relación con el 33 del Código Procesal Penal, ese sería el tiempo máximo que tendría que transcurrir para que opere la prescripción, plazo que se redujo a la mitad, en este caso, a partir del 30 de mayo de 2007, en que se convocó a la primera audiencia preliminar, de manera que para el 30 de noviembre de 2007, este caso prescribió... De acuerdo con la acusación de folios 49 a 57, se tiene que esos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como constitutivos de los delitos de Infracción a la ley forestal, previstos en sus artículos 33 y 34 en relación con los artículos 58 y 61, es decir invasión del área de protección de un río y de una naciente. Al tratarse de edificaciones hechas en terrenos declarados áreas protectoras, que se mantienen en el sitio, el delito no cesa hasta que se elimine la construcción en dichas áreas, por lo que la disposición que corresponde aplicar es el articulo 32 del Código Procesal penal, que dispone que el plazo de prescripción comienza a correr "...para los delitos continuados o de efectos permanentes, desde el día que cesó su continuación o permanencia". Para ese tipo de delitos, mientras la edificación se mantenga en el área protegida, no resulta aplicable ninguna de las causales de interrupción del plazo de prescripción que señala el artículo 33 del código de rito, en el tanto no es congruente hablar de interrupción ni suspensión de algo que aún no ha iniciado, como bien lo argumenta el recurrente. A este respecto es pertinente citar el voto 1151-2000 de la Sala Constitucional, emitido ante una consulta de constitucionalidad de la prescripción contemplada en el artículo 32 del Código Procesal Penal, respecto de los delitos de efectos permanentes, el cual explica que por la forma particular de desarrollarse este tipo de delitos, su prescripción tiene otro tipo de tratamiento distinto al de los delitos cuya consumación se agota en forma inmediata: "Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia. Ahora bien, para que proceda la usucapión o prescripción positiva adquisitiva, es necesario contar con un justo título, que la posesión sea pacífica y pública y que exista buena fe del poseedor, es decir, no solamente se adquiere por el transcurso de diez años, por lo que no es ni constitucional ni legalmente válido o posible, en virtud de una usurpación, que como tal es delictuosa y carece de justo y legítimo título, pretender usucapir, debido a que los requisitos esenciales para ello están ausentes". Esta cámara considera que en el delito de invasión de zona protectora de una naciente y un río, a que se refiere este caso concreto, la consumación del delito no se agotaría mientras las construcciones edificadas en esas zonas se mantengan, por ende la prescripción de la acción penal no habría dado inicio, en razón de lo cual la sentencia impugnada debe ser anulada, ordenándose el reenvío a la oficina de origen para una nueva sustanciación. Con respecto al segundo aspecto de este primer motivo, y al segundo motivo del recurso, resulta innecesario entrar a conocerlos, toda vez que al anularse la sentencia de sobreseimiento se está ordenando realizar el juicio oral que no se inició en esta causa, donde se conocerán los extremos de la acción civil y las eventuales consecuencias civiles del hecho acusado. En razón de todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado Juan Carlos Rojas Peñaranda, se declara ineficaz la sentencia de sobreseimiento en todos sus extremos, y consecuentemente se ordena realizar el juicio en dicha causa." Por otro lado, sobre el concepto de los delitos de efectos permanentes, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el Voto N° 1769-2013 de las 11:34:00 a.m., aclaró el concepto de delito permanente, haciendo referencia a la doctrina extranjera y además reafirmó que los plazos de prescripción comienzan a correr para los delitos permanentes desde el día en que cesa su permanencia. Así en dicha resolución, se especifica lo siguiente: "(El delito permanente no prescribe mientras siga realizándose, es decir, la prescripción comienza a correr cuando acabe el estado de permanencia. Esto es una consecuencia natural de considerar el delito permanente como una unidad jurídica de acción...", Nombre101643: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, pág. 373). Conforme a la teoría del delito se distinguen los diferentes supuestos de unidad de conducta (ya sea por acción u omisión) punible o de pluralidad de conductas punibles. Dentro de ese marco se dice que la hipótesis de unidad de conducta y unidad de delito puede adoptar diversas formas, que distingue la doctrina (por ejemplo, delito instantáneo, delito permanente, delito que crea un estado, delito complejo, delito colectivo) y dentro de esta categoría se incluye al delito permanente o continuo, porque todos los actos que tienen por objeto mantener el estado consumativo presentan una unidad de conducta (así, Nombre19556, Eugenio Raúl y otros: Manual de Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2005, pág. 670) o una forma de unidad típica de acción (o de omisión permanente, así Nombre101643: Op. cit., págs. 369 a 370). Jiménez de Asúa explica que el delito permanente o continuo implica una persistencia en el resultado del delito, durante el cual mantiene su actuación la voluntad criminal, como sucede en los delitos de «Rapto» y «Secuestro» (JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis: La ley y el delito , Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 11ª edición, 1980, pág.528) y Nombre100571 indica que se produce el "mantenimiento de una situación antijurídica permanente" (Nombre100571: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 11ª edición, 1997, pág. 267), aunque Nombre101643 precisa que: "...lo particular del delito permanente no es que crea una situación antijurídica o que la mantiene, sino que esta situación antijurídica está contenida en la descripción de un tipo penal, el cual, de manera típica, no puede realizarse normalmente con un solo comportamiento individual, sino por medio de varias acciones u omisiones. El autor actúa u omite de manera continua y de manera continua realiza el resultado. Es la continua realización del tipo penal, por medio de acciones u omisiones, lo que hace que el acontecimiento sea un hecho unitario. Para que haya delito permanente es necesario, además de la acción u omisión inicial que crea la situación antijurídica, que haya nuevas acciones u omisiones, pues sin estas no hay delito permanente" (Nombre101643: Op. cit., págs. 370 a 371). Nombre101644 apunta que el delito permanente "...el mantenimiento de la situación ilícita depende de la voluntad del autor, de modo que se realiza el tipo no sólo al haber provocado la situación, sino también dejar que ésta continúe [...] El hecho punible que aquí, en cierto modo, se reitera continuamente, ya está 'consumado' al producirse la situación ilícita y 'termina' al dejársela sin efecto (y esto es importante respecto del comienzo de la prescripción...)" (Nombre101644: Derecho Penal Parte General , Ediciones Depalma Buenos Aires, 1980, pág. 10). Nombre101645 también enseña que en el delito permanente el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por el mismo: "P. ej., un delito permanente es el allanamiento de morada [...] con la intromisión del autor ya se da un hecho consumado, pero dura tanto tiempo como el sujeto se mantiene dentro del ámbito protegido. Lo mismo ocurre con en la detención ilegal [...], que sigue siendo actual hasta que el autor pone en libertad a la víctima o esta es liberada, o en la conducción en estado de embriaguez [...] que ya es punible como delito consumado con el comienzo del viaje, pero pese a ello no concluye mientras dura la conducción bajo influencia de bebidas» (Nombre101645: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Civitas S.A., España, 1997, pág. 329). Nombre27913 aborda el tema del delito permanente al estudiar los elementos descriptivos del tipo, el núcleo de la acción y circunstancias de lugar, modo, medios o tiempo de la acción, y hace la siguiente observación "...en ocasiones –sin que aparezca el tiempo como circunstancia–, el mismo carácter de la acción descripta implica la posibilidad de su prolongación en el tiempo, sin solución de continuidad; encontramos entonces, la distinción entre los delitos instantáneos, en los que la acción se consuma en un momento y en él termina (p. ej., el homicidio) y los delitos permanentes, en los que la acción consumada puede prolongarse en el tiempo, es decir continuar consumándose por un lapso más o menos prolongado (p. ej., privación ilegítima de libertad)" (Nombre27913: Derecho Penal Parte General: Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155)." Adicionalmente es importante recordar que la Sala Constitucional, en delitos similares como el de Usurpación, ha establecido en los Votos 11515-2000 del 21 de diciembre de 2000, 9917-2001 del 26-09-2001 que el criterio de que no corre la prescripción con respecto a los delitos de efectos permanentes mientras no cese la permanencia y lo establecido en el párrafo primero in fine del artículo 32 del Código Procesal Penal, en cuanto establece que el plazo de prescripción de la acción penal para los delitos de efectos permanentes empieza a correr desde que cesó la permanencia, no causa violación de los derechos y principios constitucionales invocados. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar este segundo y último motivo de apelación, dado que a la fecha no ha operado la prescripción de este asunto. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso interpuesto por el licenciado Jorge Jiménez Cordero, defensor particular del imputado Nombre101637 NOTIFÍQUESE. Susana Wittmann Stengel Edwin Salinas Durán Jorge Luis Arce Víquez Jueza y Jueces de Apelación de Sentencia Penal Exp: 05-200129-0278-PE(5) Contra: Nombre101637 Delito: INFRACCION FORESTAL Ofendido: PATRIMONIO FORESTAL Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:24:24. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José
**Resolución Nº 00233 - 2015**
**Date of Resolution:** January 13, 2015 at 15:45
**Expediente:** 05-200129-0278-PE
**Drafted by:** Susana Wittmann Stengel
**Type of matter:** Recurso de apelación
**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL
**Content of Interest:**
**Strategic Topics:** Environmental
**Type of content:** Voto de mayoría
**Branch of Law:** Criminal Law
**Topic:** Invasion of conservation or protection area
**Subtopics:**
Constitutionality regarding the integration of applied norms.
Similarity with the crime of usurpation for purposes of the statute of limitations.
**Topic:** Usurpation
**Subtopics:**
Permanent effects of the crime equate it to invasion of a protected area regarding the scope of the statute of limitations.
**Topic:** Statute of limitations for criminal action
**Subtopics:**
Similarity in terms of the permanence of effects between usurpation and invasion of a protected area.
“II.- […] The appellant bases his claim on the erroneous application of substantive law, specifically Article 58 subsection a) of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, since, in his opinion, the Courts erroneously interpret that said norm also penalizes invasion of a protection area, when it only regulates the prohibition of cutting trees in those zones, so his client must be acquitted. To resolve this argument, it is necessary to consider the following aspects: a) Facts accredited in the appealed Judgment No. 77-2014 of the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of San José. To establish whether the legal classification given by the lower court (Tribunal a quo) to the accredited facts was adequate, a reading of them must be performed, so they are transcribed below: "1. The accused [Name1] is the owner of a lot located in Chirraca, exactly at [Address1] two kilometers north, located in the Province of San José, Canton of Acosta, District San Ignacio, according to the cadastral map SJ [Phone1]. 2.- On January 20, two thousand five, the accused [Name1] requested and obtained construction permit number 535 from the Municipality of Acosta and, without being able to determine the exact date in the month of January, the accused [Name2] ordered the construction on his property of a ranch-style structure (rancho), a soccer field, and a swimming pool. 3.- On March first, 2005, officials from MINAE and the Ministry of Health warned the accused that the construction was invading the protection zone, indicating to him that he could not continue with the work, which he ignored and thus managed to conclude the construction, invading the channel of the Chirraca River in the east section, north vertex of the construction, by seven meters, and the west section, north vertex, by 3.6 meters of the Chirraca River. 3 (Sic).- The construction ordered by the indicted lacked the respective permits issued by MINAE." b) Appealed legal classification: The previous facts were classified in the appealed condemnatory judgment as configuring the forest infraction contemplated in Article 58 subsection a) integrated with Article 33 subsection b) of the Forest Law number 7575, and in that resolution a legal justification for the application of said norms was made, as is evident from the following extract from the same: "The facts that this Court has deemed accredited respond typically to the infraction of Article 33 subsection b) in relation to Article 58 of the Forest Law number 7575, fully satisfying the objective elements of the criminal type, making it clear that the accused [Name3] proceeded to build a ranch-style structure and some bathrooms within the area of his land that is located on the margin of the Chirraca stream and therefore is a zone decreed as protected. With the evidence that this Court has had, not only the statements of the officials Mr. [Name4] and Mr. [Name5], Minae and the Ministry of Health respectively, but also with the technical evidence, namely the criminalistic analysis at folio 154, the protection area is accredited as well as the distance that must be maintained to construct buildings on the margin of a stream within a public-domain land such as that of the accused. The measurements contained in the expert report at folio 154, which are illustrated in the accompanying map, give credence to the inspection that was carried out by the prosecution, which appears at folios 47 and 48. Both probatory elements support the statements of the person who reported the matter, namely Mr. [Name6] of the ecological association of the community, as well as the aforementioned officials. It was accredited that the property belongs to the accused, since he requested a construction permit before the Municipality of Acosta, and the witness [Name7] confirmed that as a construction foreman he built at the request of the accused. This witness stated that the construction lasted around three months, during which he confirmed that he had received visits from officials; although he does not remember the documents, it is true that his signature appears in the official communication at folio 21. Likewise, the witness [Name8] went to the land where he was able to verify the infraction that had been reported and was initially attended to by the accused himself, whom he warned that he had to present the plans that permitted that construction, a warning that was ignored. Thus, the objective elements are fulfilled in the conduct of the accused, as are the subjective ones, since with full knowledge and will he carried out the construction, infringing the measurements to which he was bound regarding the margins of the Chirraca stream. In the Court’s opinion, the conclusions of the defense counsel are respected but are not in line, since the defense sought to exempt his client from liability, considering that the property of the accused is not part of what the law has termed in its Article 13 the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), which in turn is constituted by forests and forest lands of the national reserves. Precisely in the development of the analysis of the evidence and the typical action of the accused, it was demonstrated that it is a public-domain land, whose protection is provided for in Articles 33 and 58 of the aforementioned law, so the conclusions reached by the defense counsel do not apply in the specific case before us. The documentary evidence is overwhelming in indicating that we are before a protection area, which obligated the accused to respect the distance at which he had to carry out the construction of his recreational areas, and despite the warnings made by state officials, the omission of them was the response given by the accused, and therefore the commission of the proven crime occurs. In the same sense, we have the certification issued by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria) visible at folio 118, in which the lot of the accused, which he had acquired from the IDA through possession proceedings (diligencias de Posesión), and with cadastral map number SJ 842033-2003, the lot measures fourteen thousand four hundred sixty square meters, in which it is described that in sector A of the land there is old coffee with abundant trees, and in sector B there are green areas of grass, gardens, and fruit and forest trees. In the same sense, this certification describes the slopes that exist in both sectors of the land, namely 41.84% for sector A and 58.16% for sector B, so in the description set out in the certification, visible at folio 119, it is described that the land is a recreational property type (quinta) adequately conditioned for recreation. This means that the defense’s thesis vanishes with this document, and therefore the conduct displayed by the accused finds typical fit within Articles 33 and 58, both of the special law, and accordingly, the protected zone by law was invaded with the construction in question. Once the typical fit of the executed conduct has been performed, it is then appropriate to establish whether the same is contrary to the legal order—Formal Unlawfulness—and if, in addition, it has caused any harm to the protected legal interest—Material Unlawfulness. In this sense, it is clear to the Court that in this matter the protected legal interest, which is the Natural Resources, was harmed, which has been accredited with the probatory array, both testimonial, documentary, and expert, that has been available, and which is quantified in an ideal manner through the report made by Engineer [Name9] of the Sub Regional Office of MINAE, specifically of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), appearing at folio 657 and following. The Court appreciates in this document that, taking into account different variables such as the altered life zone, it has been affected in a real distribution under indicator number two, which is equivalent to 25% of the initial value, as well as another relevant indicator, which is the type of management category that, according to the protection area in accordance with Article 33, is equivalent to 100%, as is evident from folio 659. Next, we see that the ecosystem has been affected by fifty percent in the built area, and in relation to the degree of susceptibility of that area; also describing that the protection area has been affected by twenty-five percent in the areas of the riverside of the channel. No less important is the in situ damage, to which 25% was assigned in the affected quantity, while the soil has suffered compaction of 25%, reasons for which this Court has deemed the criminal wrong accredited." c) Position of this Court: From the previous analysis carried out in the appealed judgment, the adequate and well-founded application of the regulations in force of the Forest Law No. 7575 at the time of the commission of the accredited facts is evident, and several relevant aspects must be assessed. The accused [Name2] is attributed with the construction of a ranch-style structure and some bathrooms within the area of his land that is located on the margin of the [Address2] stream in Acosta, which is a protection zone, something that is determined by referring to Chapter III of the Forest Law, Article 33, which provides a list of protection areas. Specifically in the particular case, subsection b) of said norm establishes as protection areas the banks of rivers, streams, or brooks, which have a protection area that on flat terrain comprises a strip of 15 meters in rural zones or 10 meters in urban zones, along the river, brook, or stream, measured horizontally on each side of the bank, and if the terrain is steep, that is, if the average slope is greater than 40%, according to the definition in Article 2 of the Regulation of the Forest Law (Reglamento de la Ley Forestal), the protection area is a strip of 50 meters, measured horizontally, from the bank of the stream, river, or brook, regardless of whether it is rural or urban. This limitation on the use of these areas has been established by Law, independently of whether it involves public or private lands, and the use of protected land can only be through authorization from the competent Authority, which did not occur in this matter. On the other hand, the application of Article 58 subsection a) of the Forest Law is correct, considering that said subsection criminally sanctions anyone who invades "a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forest regime, whatever the area occupied; regardless of whether it involves private lands of the State, other public administration bodies, or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have performed on the invaded lands." Additionally, the application of this Article 58 subsection a) integrated with Article 33 of the Forest Law, as the trial court did, is legally possible, as was established in Resolution No. 2010-74 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), at fifteen hours, zero minutes on January sixth, two thousand ten, related to this criminal proceeding, in which the constitutionality of the jurisprudence issued by the Criminal Cassation Courts of the Second Judicial Circuit of San José regarding this integration of the already indicated norms was already assessed. The judgments reviewed by the Constitutional Chamber were Votos 2002-00193 of nine hours on March eighth, two thousand two, 2003-00713 of ten hours fifty-six minutes on July twenty-fourth, two thousand three, and 2004-00904 of ten hours fifty minutes on September second, two thousand four. In said unconstitutionality action, the appellant questioned the previous votes because they interpreted that Article 58 subsection a) of the Forest Law sanctions the invasion of a protection area of any watercourse, which he considered contrary to the principle of legality, given that, in his opinion, when the norm indicates "conservation or protection area," it should be interpreted that it refers rather to the protected wild areas provided for in Article 32 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and that interpreting otherwise violates the provisions of Articles 11, 28, and 39 of the Political Constitution. Now, regarding the constitutionality of the questioned jurisprudence, it was established that it is in accordance with the law, and specifically the following was resolved: "From a reading of the submitted judgments, it is inferred that the judges performed a normative interpretation in accordance with the content of Article 58 subsection a) of the Forest Law, which provides for a criminal sanction for anyone who 'Invades a conservation or protection area…'. The fact that the norm is integrated with the description of protection areas indicated in Article 33 of the Forest Law does not imply any violation of the principle of legality, as it is a systematic interpretation in accordance with the literal wording of the norm. Judges, in their task of applying general norms to concrete cases, may resort to various interpretative methods, in this instance, with the limitations specific to criminal law, where analogical or extensive interpretations contrary to the freedom of the accused or the powers of the parties in the proceeding cannot be made. Consequently, it is considered that the questioned jurisprudence does not infringe the provisions of Articles 11, 28, and 39 of the Political Constitution. By reason of what has been indicated, this claim is declared without merit." By virtue of the arguments set forth and of what was resolved by the Constitutional Chamber itself, it is appropriate to declare this ground without merit, since the lower court correctly applied the regulations to the facts it deemed accredited. III.- […] To resolve this question, it is necessarily required to review what the accredited facts in the appealed judgment were, and it can be observed that, as indicated in the previous section, they fit into an infraction of the Forest Law that implies an integral assessment of Articles 33 and 58 subsection a) of said legal body, which establishes a penalty of three months to three years in prison. Therefore, to determine whether the statute of limitations (prescripción) has run or not in this criminal proceeding, one must necessarily refer to the provisions of Articles 31 to 34 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), and according to Article 33, several interrupting acts of the statute of limitations have occurred, as the appellant effectively cites in his appeal. However, in this matter, it must be observed that in the accredited facts it is established that the accused here carried out a construction invading the channel of the Chirraca River, in the east section, north vertex of the construction, by seven meters, and the west section, north vertex, by 3.6 meters of the Chirraca River, without having the respective permits issued by MINAE, a construction that is still standing today, given that even the "immediate demolition of the construction in the proportion that invades the protection area" was ordered against the accused here (Cf. F. 720). For purposes of considering whether the statute of limitations has run or not, although it is true that Articles 31 and 33 establish the rules for the statute of limitations that the appellant has mentioned, the truth of the matter is that, given the facts that have been considered proven, the correct approach is to apply the rules established in Article 32 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: "The statute of limitations periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run, for completed infractions, from the day of completion; for attempts, from the day on which the last act of execution was performed, and, for continuous or permanent crimes, from the day on which its permanence ceased..." This norm is the applicable one because, from the factual framework that has been considered proven in the appealed judgment, it is evident that we are in the presence of a crime with permanent effects, since as long as the building remains in the protected area, none of the grounds for interruption of the statute of limitations period indicated in Article 33 of the Code of Criminal Procedure are applicable (which, in any case, refers to Article 31 and not to Article 32 of the same legal body). In any case, on this point, ample jurisprudence already exists that reiterates that in crimes with permanent effects, the statute of limitations begins to run from the moment the activity or the invasive work ceases, which has not occurred in this matter, as is evident from what was resolved at folios 718 to 719. As important reference votes, among others, there is the Voto of the former Criminal Cassation Court of San José No. 193-2002, of 09:00 hours on March 8, 2002, which indicates that in the crime of invasion of a protection area, being similar to that of usurpation and because both have permanent effects, the statute of limitations begins to run from the moment the invasion ceases, and other votes are cited, among which the following are detailed: 117-2002, 991-00, 327-00, 436-00, CED1, 734-01, CED2, all from the former Criminal Cassation Court of San José. Regarding this question, and in this same matter, even the Court of Appeals of the Second Judicial Circuit of San José had previously issued Voto No. [Phone2], of nine hours twenty-five minutes on November fourteenth, two thousand eight, which, in the relevant parts, stated the following: "The dismissal judgment (sobreseimiento) No. 95-2008 of 15:00 hours on February 13, 2008, issued by the Trial Court of the First Judicial Circuit of San José, in which the statute of limitations for the criminal action is declared, is based on the fact that the attributed crime has an upper limit of three years in prison, so applying Article 31 in relation to Article 33 of the Code of Criminal Procedure, that would be the maximum time that would have to elapse for the statute of limitations to run, a period that was reduced by half, in this case, from May 30, 2007, when the first preliminary hearing was convened, so that by November 30, 2007, this case prescribed... According to the accusation at folios 49 to 57, those facts were classified by the Public Ministry as constituting the crimes of Infraction of the forest law, provided for in its Articles 33 and 34 in relation to Articles 58 and 61, that is, invasion of the protection area of a river and a spring (naciente). As it involves buildings made on lands declared as protective areas, which remain on the site, the crime does not cease until the construction in said areas is eliminated, so the provision that applies is Article 32 of the Code of Criminal Procedure, which provides that the statute of limitations period begins to run '...for continued crimes or those with permanent effects, from the day on which its continuation or permanence ceased.' For that type of crime, as long as the building remains in the protected area, none of the grounds for interruption of the statute of limitations period indicated in Article 33 of the procedural code are applicable, insofar as it is not congruent to speak of interruption or suspension of something that has not yet begun, as the appellant well argues. In this respect, it is pertinent to cite Voto 1151-2000 of the Constitutional Chamber, issued in response to a constitutional consultation regarding the statute of limitations contemplated in Article 32 of the Code of Criminal Procedure, with respect to crimes with permanent effects, which explains that, due to the particular manner in which this type of crime develops, its statute of limitations has another type of treatment distinct from that of crimes whose consummation is exhausted immediately: 'The judge who now consults argues that in the case of the crime of usurpation, the statute of limitations period cannot begin its course until the possessor-usurper leaves the property (the effects cease), which makes the crime practically imprescriptible, since even after more than ten years from the invasion of a property, it is sufficient to prove that the invader has always been within the land for it to be determined that not even one day has run for the negative statute of limitations—criminal—nor the positive one—usucapion—to operate, because the latter cannot be computed where the extinctive one has not occurred. It is worth clarifying to the consulting judge that the crime of usurpation would not be imprescriptible, because, as established in the article under question here, the term for counting the statute of limitations for the criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases. In instantaneous crimes with permanent effects, their effects are repeated every day until the "usurper" abandons the property, hence the qualification of permanence. However, for adverse possession (usucapión) or acquisitive prescription to proceed, it is necessary to have a just title, that the possession is peaceful and public, and that the possessor has good faith, that is, it is not acquired simply by the passage of ten years. Therefore, it is neither constitutionally nor legally valid or possible, by virtue of a usurpation, which as such is criminal and lacks a just and legitimate title, to attempt to obtain ownership through adverse possession, because the essential requirements for that are absent.' This chamber considers that in the crime of invasion of a protective zone of a spring and a river, to which this concrete case refers, the consummation of the crime would not be exhausted as long as the constructions built in those zones remain; therefore, the statute of limitations for the criminal action would not have begun. For that reason, the appealed judgment must be annulled, ordering the referral back (reenvío) to the office of origin for a new procedure. With respect to the second aspect of this first ground, and to the second ground of the appeal, it is unnecessary to address them, since, by annulling the dismissal judgment, it is ordered to conduct the oral trial that was not initiated in this case, where the aspects of the civil action and the eventual civil consequences of the accused act will be heard. By reason of all the foregoing, the cassation appeal filed by attorney [Name10] is granted, the dismissal judgment is declared ineffective in all its aspects, and consequently, it is ordered to conduct the trial in said case." On the other hand, regarding the concept of crimes with permanent effects, the Court of Criminal Appeal of the Second Judicial Circuit of San José, in Voto No. 1769-2013 at 11:34:00 a.m., clarified the concept of permanent crime, referencing foreign doctrine, and also reaffirmed that the statute of limitations periods begin to run for permanent crimes from the day on which their permanence ceases. Thus, in said resolution, the following is specified: "(A permanent crime does not prescribe while it continues to be realized, that is, the statute of limitations begins to run when the state of permanence ends. This is a natural consequence of considering the permanent crime as a legal unit of action...", [Name11], : Criminal Law General Part, Volume I, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, p. 373). According to the theory of crime, different scenarios of unity of punishable conduct (whether by action or omission) or plurality of punishable conducts are distinguished. Within that framework, it is said that the hypothesis of unity of conduct and unity of crime can adopt various forms, which doctrine distinguishes (for example, instantaneous crime, permanent crime, crime that creates a state, complex crime, collective crime), and within this category, the permanent or continuous crime is included, because all acts aimed at maintaining the consummative state present a unity of conduct (thus, [Name12], [Name13] and others: Manual of Criminal Law General Part, Buenos Aires, Ediar, 2005, p. 670) or a form of typical unity of action (or of permanent omission, thus [Name14]: Op. cit., pp. 369 to 370). [Name15] explains that the permanent or continuous crime implies a persistence in the result of the crime, during which the criminal will maintains its action, as occurs in the crimes of "Abduction" and "Kidnapping" (JIMÉNEZ [Name16], [Name17]: and the crime, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 11th edition, 1980, p. 528), and [Name18] indicates that it produces the "maintenance of a permanent unlawful situation" ([Name18], [Name19]: German Criminal Law, Editorial Jurídica de Chile, 11th edition, 1997, p. 267), although [Name14] specifies that: "...what is particular about the permanent crime is not that it creates an unlawful situation or that it maintains it, but that this unlawful situation is contained in the description of a criminal type which, typically, cannot normally be realized with a single individual behavior, but through various actions or omissions. The perpetrator acts or omits continuously and continuously realizes the result. It is the continuous realization of the criminal type, through actions or omissions, that makes the event a unitary fact. For a permanent crime to exist, it is necessary, in addition to the initial action or omission that creates the unlawful situation, that there are new actions or omissions, because without these, there is no permanent crime" ([Name14]: Op. cit., pp. 370 to 371). [Name20] notes that in the permanent crime "...the maintenance of the unlawful situation depends on the will of the perpetrator, so the type is realized not only by having caused the situation but also by letting it continue [...] The punishable act that here, in a certain way, is continuously repeated is already 'consummated' when the unlawful situation occurs and 'terminates' when it is rendered without effect (and this is important with respect to the start of the statute of limitations...)" ([Name20], [Name21]: Criminal Law General Part, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1980, p. 10). [Name22] also teaches that in the permanent crime, the crime is not concluded with the realization of the type, but rather is maintained by the criminal will of the perpetrator for as long as the unlawful state created by it subsists: "E.g., a permanent crime is trespassing into a dwelling (allanamiento de morada) [...] with the intrusion of the perpetrator, a consummated act already occurs, but it lasts as long as the subject remains within the protected area. The same occurs with illegal detention [...], which remains ongoing until the perpetrator releases the victim or the victim is freed, or in driving while intoxicated [...] which is already punishable as a consummated crime at the start of the journey, but despite that, it does not conclude for as long as the driving under the influence of drink lasts» ([Name23], : Criminal Law General Part, Volume I, Editorial Civitas S.A., Spain, 1997, p. 329). [Name24] addresses the topic of permanent crime when studying the descriptive elements of the type, the core of the action, and the circumstances of place, manner, means, or time of the action, and makes the following observation: "...on occasions – without time appearing as a circumstance – the very character of the described action implies the possibility of its prolongation in time, without a break in continuity; we then find the distinction between instantaneous crimes, in which the action is consummated in a moment and ends therein (e.g., homicide), and permanent crimes, in which the consummated action can be prolonged in time, that is, continue being consummated for a more or less extended period (e.g., unlawful deprivation of freedom)" ([Name25]: Criminal Law General Part: Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p.
155)." Additionally, it is important to recall that the Constitutional Chamber, in similar crimes such as Usurpation, has established in Votes 11515-2000 of December 21, 2000, 9917-2001 of 09-26-2001, that the criterion that the statute of limitations does not run for permanent-effect crimes as long as the permanence continues, and the provision in the first paragraph in fine of Article 32 of the Code of Criminal Procedure, which establishes that the statute-of-limitations period for criminal prosecution of permanent-effect crimes begins to run from the day the permanence ceased, does not cause a violation of the constitutional rights and principles invoked. Based on the foregoing, this second and final ground of appeal is dismissed, given that, to date, the statute of limitations has not operated in this matter."
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Text of the resolution
Resolution: 2015-0233
Expediente: 05-200129-0278-pe (5)
CRIMINAL SENTENCING APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at fifteen hours forty-five minutes on the thirteenth of January, two thousand fifteen.
APPEAL filed in the present case against Nombre101637, of legal age, married, Mechanical Engineer, Costa Rican, born on May 13, 1970, identity card number CED56482, resident of Escazú, Dirección7035, 150 meters south, Cerros de Escazú condominium, yellow house, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCIÓN LEY FORESTAL) to the detriment of the FOREST PATRIMONY (PATRIMONIO FORESTAL). The judges Susana Wittmann Stengel, Edwin Salinas Durán, and Jorge Luis Arce Víquez participate in the decision on the appeal. Attorneys Jorge Jiménez Cordero, private defender of the accused, and Ana Carolina Campos Camacho, prosecutor of the Adjutant Appeals Prosecutor's Office of the Public Ministry (Ministerio Público), appeared at this venue.
WHEREAS (RESULTANDO):
1. That by judgment No. 77-2014, at fifteen hours thirty minutes on January thirty-first, two thousand fourteen, the Trial Court of the First Judicial Circuit of San Nombre101638 resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 8 subsection 2 of the American Convention on Human Rights; 1, 30, 31, 45, 50, 53, 71, Articles 33 and 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575; 2 and 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) 7554; 109 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) 7788; 1 to 15, 37 to 41, 70, 72 to 74, 111, 119, 124, 127, 141, 142, 143, 180, 184, 239, 240, 243, 258, 265 to 267, 360, 361, 363, 365, 367, and 368 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal); it is resolved: I) REGARDING THE CRIMINAL ACTION: Nombre101637 is declared the responsible perpetrator of the crime of Invasion of a Protected Zone committed to the detriment of Natural Resources (Los Recursos Naturales). and in this capacity, the penalty of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed, a penalty to be served at the place and in the manner indicated by the respective penitentiary regulations, after crediting any preventive detention served. The costs of the criminal proceedings are borne by the State. Once the judgment becomes final, register it in the Judicial Registry and send the corresponding testimonies to the Sentence Enforcement Court (Juzgado de Ejecución de la Pena) and the National Institute of Criminology (Instituto Nacional de Criminología). For a period of THREE YEARS, the BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE is granted in favor of the convicted person, under the warnings of law. II) REGARDING COSTS IN THE CRIMINAL MATTER: For having proceeded at the instance of the Public Ministry but there existing a Private Complaint filed by the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República), the convicted person is ordered to pay the personal costs of this action in favor of the State in the sum of one hundred thousand colones. III) REGARDING THE CONSEQUENCES OF THIS DECISION: the convicted person is ORDERED to the IMMEDIATE DEMOLITION OF THE CONSTRUCTIONS to the extent that they invade the protection area. This shall be done by the convicted person, in coordination with officials of the Central Pacific Conservation Area (Area de Conservación Pacifico Central) of MINAE, as well as with the Directorate of the Governing Health Area of Acosta (Dirección del Area Rectora de Salud de Acosta) of the Ministry of Health (Ministerio de Salud), taking all necessary precautions to avoid a negative environmental impact. Given that the attitude of the accused was one of total disregard for the orders, and in order to guarantee the supreme interests recognized in this judgment, the accused is warned that to comply with the restitution now agreed upon, he has a non-extendable period of SIX MONTHS from the finality of the judgment, and in case of not complying with this order, he may be prosecuted for the crime of Disobedience to Authority, which he will face with the record of this conviction. The parties are notified by reading. Nombre101639. Trial Judge" (sic).
2. That against the above ruling, attorney Jorge Jiménez Cordero, private defender of the accused Nombre101637, filed an appeal against the criminal judgment.
3. That once the respective deliberation was conducted in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered all the issues raised in the appeal.
4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
Drafted by appellate judge Wittmann Stengel; and
CONSIDERING (CONSIDERANDO):
I.- Not all who subscribe to this resolution appeared at the oral hearing held on May nineteenth, two thousand fourteen, at nine o'clock, given that, as of this date, Judge Sandra Zúñiga Morales is working on promotion as Substitute Magistrate of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, being replaced by Judge Susana Wittmann Stengel. Hence, with the purpose of resolving without further delay and definitively the challenges raised in this process, verifying that this does not affect due process, as indicated by the Constitutional Chamber through repeated binding pronouncements, among others votes No. 6681-1996, No. 11508-2000, No. 2007-17553 of November 30, 2007, No. 2011-12593, at 15:44 hours, of September 20, 2011, and No. 2013-6880, at 15:05 hours, of May 22, 2013, and by virtue of the fact that in said hearing, as corroborated by observing and listening to the digital recording thereof (which has also been reviewed by the substitute judge), no evidence was received, nor were the grounds expanded upon or points different from those set forth in the challenge brief or in the response at the hearing conducted by the Public Ministry introduced, we proceed to resolve with this new composition.
II.- Attorney Jorge Jiménez Cordero, private defender of the accused Nombre101637, as the first ground of the appeal against the criminal judgment, alleges the erroneous application of substantive law, specifically Article 58 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, since, in his view, said norm has been erroneously interpreted by the Criminal Courts, due to their having considered that it also criminalizes the invasion of a protection area, which violates the principle "nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege", given that it was not within the legislator's intent to include the invasion of protection areas referred to in Article 33 of the cited Law, and therefore the appropriate action is to issue an acquittal in favor of his defendant. On the other hand, despite the fact that said appellant requested an oral hearing, he did not attend it, as recorded in the Oral Hearing Record at nine o'clock on May nineteenth, two thousand fourteen, visible at folio 774. Position of the Public Ministry and the Attorney General's Office of the Republic: With respect to the filed appeal, the prosecutor of the Public Ministry, Ana Carolina Campos Camacho, requested that this ground be dismissed, considering that in the challenged judgment a legal classification consistent with the accredited facts is provided, which were determined with testimonial and technical evidence, such as the criminalistics analysis, visible at folio 154, which proves the existence of the construction carried out by the accused here on a property owned by him, invading the protection area of the Chirraca stream (quebrada Chirraca), within six meters of the same, despite being warned by state officials that this was not feasible. Likewise, the representative of the Public Ministry indicated that the connection of Article 33 with Article 58 subsection a) of the Forestry Law is possible, given that the accredited facts fit within said norm, which does not refer to a protected wilderness area (área silvestre protegida), but to a protection area, and in that sense the law is very clear in its regulation, since from the year 1969 the crime was already regulated to punish anyone who invaded a protection area, as is the case with the stream in question. Thus, the Forestry Law prior to the current one, No. 4465, of November 25, 1969, in its Article 68 also established streams, among others, as protection zones, and in Article 118 of that same law, anyone who invaded said zones was punished with imprisonment, making it evident that the intent to protect and punish those who invaded these areas dates back a long time, given the State's essential and primary function to conserve and protect these zones. Furthermore, attorney Adriana Chaves, prosecutor who attended the Oral Hearing scheduled for the nineteenth day of May, two thousand fourteen, stated that all the arguments were in the main expediente. For her part, attorney Ileana Bolaños, representative of the Attorney General's Office of the Republic, who appeared at the Oral Hearing scheduled for the nineteenth day of May, two thousand fourteen, also stated that this ground should be rejected, taking into account that the facts considered accredited by the court were duly classified in an integration of Articles 58 subsection a) and 33 of the Forestry Law, basing her position also on jurisprudence issued by this Criminal Sentencing Appeals Court. The claim is not admissible: The appellant bases his claim on the erroneous application of substantive law, specifically Article 58 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, since, in his view, the Courts erroneously interpret that said norm also criminalizes the invasion of a protection area, when only the prohibition of cutting trees in those zones is regulated, and therefore his client should be acquitted. To resolve this argument, it is necessary to consider the following aspects: a) Facts accredited in the Challenged Judgment No. 77-2014 of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of San José. To establish whether the classification given by the lower Court (Tribunal a quo) to the accredited facts was appropriate, a reading of the same must be conducted, so they are transcribed below: " 1. The accused Nombre101637 is the owner of a lot located in Chirraca, exactly at Dirección7036, situated in the Province of San José, Canton of Acosta, District San Ignacio, according to cadastral plan SJ 8422033-03. 2.- On January 20, two thousand five, the accused Nombre101637 requested and obtained construction permit number 535 from the Municipality of Acosta and, without being able to determine the exact date in the month of January, the accused Nombre101637 ordered the construction on his lot of a gazebo (rancho), a soccer field, and a swimming pool within. 3.- On March first, 2005, officials from MINAE and the Ministry of Health (Ministerio de Saludo) warned the accused that the construction invaded the protection zone, indicating that he could not continue with the work, which he ignored and in this way managed to complete the construction, invading the Chirraca River basin in the eastern section, north vertex of the construction, by seven meters, and the western section, north vertex, by 3.6 meters from the Chirraca River. 3 (Sic).- The construction ordered by the defendant lacked the respective permits issued by MINAE." b) Challenged legal classification: The above facts were classified in the challenged condemnatory judgment as constituting the forestry violation (infracción forestal) provided for in Article 58 subsection a) integrated with Article 33 subsection b) of the Forestry Law number 7575, and in said resolution a legal justification for the application of said norms was given, as is evident from the following extract of the same: "The facts that this Court has considered accredited typically constitute a violation of Article 33 subsection b) in relation to Article 58 of the Forestry Law number 7575, fully satisfying the objective elements of the criminal type, it being clear that the accused Nombre101637 proceeded to build a gazebo and some bathrooms within the area of his land that is at the margin of the Chirraca stream (quebrada Chirraca) and therefore is a zone decreed as protected. With the evidence available to this Court, not only the statements of officials Mr. Nombre101640 and Mr. Nombre101641 from MINAE and the Ministry of Health respectively, but also with the technical evidence, namely the criminalistics analysis at folio 154, the protection area is accredited, as well as the distance that must be observed to build constructions at the margin of a stream within a terrain of public domain such as that of the accused. The measurements contained in the expert report at folio 154, which are illustrated in the map attached to it, give credence to the inspection carried out by the prosecutor's office, which appears at folios 47 and 48. Both evidentiary elements support the statements of the complainant, namely Mr. Nombre101642 of the ecological association of the community, and the aforementioned officials. It was accredited that the property is that of the accused, since he requested a construction permit from the Municipality of Acosta, and the witness Nombre101638 stated that, as a master builder, he built at the request of the accused. This witness stated that the construction lasted about three months, during which he assured that he had received visits from officials, and although he does not remember the documents, it is true that his signature appears on the official communication at folio 21. Likewise, the witness Nombre101641 went to the land where he was able to verify the violation that had been reported and was attended to at first by the accused himself, whom he warned that he had to present the plans that allowed him that construction, which was ignored. It is thus that the objective elements are met in the accused's actions, as well as the subjective ones, since with full knowledge and will he carried out the construction, infringing the measurements he was obliged to observe relative to the margins of the Chirraca stream. In the Court's view, the defense attorney's conclusions are respected but not shared, as the defense sought to exempt his client from responsibility, considering that the accused's property is not part of what the law has designated in its Article 13 as The Natural Heritage of the State (El patrimonio natural del Estado), which is in turn constituted by forests and forest lands of the national reserves (reservas nacionales). Precisely in the course of the analysis of the evidence and the typical action of the accused, it was shown that it is a terrain of public domain, whose protection is provided for in Articles 33 and 58 of the cited law, so the conclusions reached by the defense attorney do not apply in the specific case before us. The documentary evidence is overwhelming, indicating that we are before a protection area, which obliged the accused to respect the distance within which he had to carry out the construction of his recreation areas, and despite the warnings given by state officials, the response from the accused was to ignore them, and therefore the commission of the crime that was accredited follows. In the same sense, we have the certification issued by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria), visible at folio 118, in which the lot of the accused, which he acquired from IDA through Possession proceedings (diligencias de Posesion) and with cadastral plan number SJ 842033-2003, has an area of fourteen thousand four hundred sixty square meters, in which it is described that in sector A of the terrain there is old coffee with abundant trees, and in sector B there are green areas of grass, gardens, and fruit and forestry trees. In the same sense, this certification describes the slopes that exist in both sectors of the terrain, namely 41.84% for sector A and 58.16% for sector B, such that in the description contained in the certification, visible at folio 119, it is described that the terrain is a country-house type, adequately conditioned for recreation. This means that the defense's thesis collapses with this document, and therefore the conduct displayed by the accused finds typical fit in Articles 33 and 58, both of the special law, and accordingly, the protected zone was invaded by the construction in question. Once the typical fit of the conduct carried out is established, it is then appropriate to determine whether the same is contrary to the legal order - Formal Unlawfulness (Antijuridicidad Formal) - and whether it has also generated any harm to the protected legal interest - Material Unlawfulness (Antijuridicidad Material). In this sense, it is clear to the Court that in the present matter, the protected legal interest was harmed, which is the Natural Resources, which has been accredited by the testimonial, documentary, and expert evidentiary set available, and which is quantified appropriately through the report prepared by Engineer Wilber Sequeira Vindas from the Sub Regional Office of MINAE, specifically the Central Pacific Conservation Area, which runs at folio 657 and following. The Court values in this document that taking into account different variables, such as the altered life zone, it has been so in a real distribution under indicator number two, which is equivalent to 25% of the initial value, as well as another relevant indicator being the type of management category, which according to the protection area in accordance with Article 33 is equivalent to 100%, as is evident from folio 659. Next, we see that the ecosystem has been affected by fifty percent in the built area, and in relation to the degree of susceptibility of that area; also describing that the protection area has been affected by twenty-five percent in the areas of the riverbank of the watercourse. No less important is the in situ damage, which was assigned a 25% in the quantity affected, while the soil compaction has suffered a 25%, reasons for which this Court has considered the criminal wrong (injusto penal) accredited." c) Position of this venue: From the prior analysis conducted in the appealed judgment, the adequate and well-founded application of the regulations in force in the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 at the time of the commission of the accredited facts is evident, and several relevant aspects must be evaluated. The accused here, Nombre101637, is attributed with the construction of a gazebo and bathrooms within the area of his land that is located at the margin of the Chirraca stream of Acosta, which is a protection zone, as determined by referring to Chapter III of the Forestry Law, Article 33, which provides a list of protection areas. Specifically in this particular case, subsection b) of said norm establishes as protection areas the banks of rivers, streams (quebradas), or brooks that have a protection area which, on flat terrain, comprises a strip of 15 meters in rural zones or 10 meters in urban zones, along the river, brook, or stream, measured horizontally on each side of the bank, and if the terrain is steep, that is, if the average slope is greater than 40%, according to the definition in Article 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento de la Ley Forestal), the protection area is a strip of 50 meters, measured horizontally, from the bank of the stream, river, or brook, regardless of whether it is rural or urban. This limitation on the use of these areas has been established by Law, independently of whether they are public or private lands, and the use of the protected land can only occur through authorization from the competent Authority, which did not occur in the present matter. Moreover, the application of Article 58 subsection a) of the Forestry Law is correct, taking into account that said subsection punishes criminally anyone who invades "an area of conservation or protection, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, regardless of the area occupied; regardless of whether they are private lands of the State or other Public Administration bodies or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall have no right to any compensation for any construction or work they may have carried out on the invaded lands." Additionally, the application of this Article 58 subsection a) integrated with Article 33 of the Forestry Law, as done by the trial Court, is legally possible, as was established in Resolution No. 2010-74 of the Constitutional Chamber, at fifteen hours, zero minutes on January sixth, two thousand ten, related to this criminal process, in which the constitutionality of the jurisprudence issued by Criminal Cassation Courts of the Second Judicial Circuit of San Nombre101638 regarding this integration of the norms already indicated was already assessed. The judgments reviewed by the Constitutional Chamber were Votes 2002-00193 at nine hours on March eighth, two thousand two, 2003-00713 at ten hours fifty-six minutes on July twenty-fourth, two thousand three, and 2004-00904 at ten hours fifty minutes on September second, two thousand four. In said unconstitutionality action, the appellant challenged the previous votes because they interpreted that Article 58 subsection a) of the Forestry Law punishes the invasion of a protection area of any watercourse, which he considered contrary to the principle of legality, given that, in his judgment, when the norm indicates "area of conservation or protection," it must be interpreted as referring rather to the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) provided for in Article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and that interpreting the contrary violates the provisions of Articles 11, 28, and 39 of the Political Constitution. Now, regarding the constitutionality of the challenged jurisprudence, it was established that it is in accordance with the law, and specifically the following was resolved: "From a reading of the judgments provided, it is inferred that the judges carried out a normative interpretation consistent with the content of Article 58 subsection a) of the Forestry Law, which provides a criminal penalty for anyone who 'Invades an area of conservation or protection…'. The fact that the norm is integrated with the description of protection areas indicated in Article 33 of the Forestry Law does not imply any violation of the principle of legality, as it is a systematic interpretation, consistent with the literal nature of the norm. Judges, in their task of applying general norms to specific cases, may resort to various interpretive methods, in this case, with the limitations inherent to criminal law, where analogical or extensive interpretations contrary to the freedom of the accused or the powers of the parties in the process cannot be made. Consequently, it is considered that the challenged jurisprudence does not infringe the provisions of Articles 11, 28, and 39 of the Political Constitution. By reason of the above, this claim is dismissed." By virtue of the arguments set forth and of what was resolved by the Constitutional Chamber itself, it is appropriate to dismiss this ground, since the lower Court correctly applied the regulations to the facts it considered accredited.
III.- In the second claim, the appellant alleges the statute of limitations of the criminal action, since he considers that between the first summons to the Preliminary Hearing, held on May 30, 2006, a date on which Law No. 9095 of October 26, 2012 was in force, and the day on which the trial date was set, it operated on November 30, 2007, based on the rules established in Article 33 of the Code of Criminal Procedure. Position of the Public Ministry and the Attorney General's Office of the Republic: the prosecutor of the Public Ministry stated that this claim should also be rejected, considering that the statute of limitations has not operated, for which she takes into account the facts accused that refer to constructions carried out in a protected zone that still remain, the classification given, and the provisions of Vote No. 2008-1158 at 9:25 hours on November 14, 2008, issued by the Cassation Court of San José, which explained that for continuous or permanent crimes, the statute-of-limitations period begins to run from the day its permanence ceased. In the same sense, the representative of the Attorney General's Office of the Republic, at the oral hearing held on May 19, 2014, requested that this argument be dismissed, as the statute of limitations had not operated, and cited jurisprudence from the Constitutional Chamber that analyzed this issue. The claim is not admissible: To resolve this question, it is necessarily required to review what facts were accredited in the challenged judgment, and it can be observed that, as indicated in the previous section, they fit within a violation of the Forestry Law that implies an integral assessment of Articles 33 and 58 subsection a) of said body of law, which establishes a penalty of three months to three years of imprisonment, so to determine whether the statute of limitations has operated in this criminal process or not, it is necessary to refer to the provisions of Articles 31 to 34 of the Code of Criminal Procedure, and according to Article 33, several acts interrupting the statute of limitations have occurred, as the appellant effectively cites in his appeal. However, in this matter, it must be observed that in the accredited facts, it is established that the accused here carried out a construction invading the Chirraca River basin, in the eastern section, north vertex of the construction, by seven meters, and the western section, north vertex, by 3.6 meters from the Chirraca River, without having the respective permits issued by MINAE, a construction that still remains to this day, given that the accused here is even ordered "the immediate demolition of the construction to the extent that they invade the protection area" (Cf. F. 720). For the purpose of considering whether the statute of limitations has operated or not, although it is true that Articles 31 and 33 establish the statute-of-limitations rules that the appellant has mentioned, the truth of the matter is that, given the facts that have been considered proven, the correct approach is to apply the rules established in Article 32 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: "The statute-of-limitations periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run, for consummated offenses, from the day of consummation; for attempts, from the day on which the last act of execution was performed; and, for continuous or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased..." Said norm is applicable because, from the factual picture that has been considered proven in the challenged judgment, it is evident that we are in the presence of a crime of permanent effects, since as long as the construction remains in the protected area, none of the grounds for interruption of the statute-of-limitations period indicated in Article 33 of the Code of Criminal Procedure is applicable (which in any case refers to the norm in 31 and not 32 of the same body of law). In any case, on this argument, there is already extensive jurisprudence reiterating that for crimes of permanent effects, the statute of limitations begins to run from the moment the activity or the invasive work ceases, which has not occurred in the present matter, as is evident from what was resolved at folios 718 to 719. As important reference votes, among others, there is Vote No. 193-2002 of the former Criminal Cassation Court of San Nombre101638, at 09:00 hours on March 8, 2002, in which it is indicated that in the crime of invasion of a protection area, being similar to usurpation and both being of permanent effects, the statute of limitations begins to run from the moment the invasion ceases, and other votes are cited, among which the following are detailed: 117-2002, 991-00, 327-00, 436-00, 552-01, 734-01, 64-02, all of the former Criminal Cassation Court of San Nombre101638. Regarding this question and in this same matter, the Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San Nombre101638 had even previously issued Vote No. 2008-1158, at nine hours twenty-five minutes on November fourteenth, two thousand eight, which, in relevant part, stated the following: "The dismissal judgment No.
95-2008 of 3:00 p.m. on February 13, 2008, issued by the Trial Court of the First Judicial Circuit of San José, which declares the statute of limitations for the criminal action, is based on the fact that the attributed offense has a maximum penalty of three years in prison, so applying Article 31 in relation to Article 33 of the Code of Criminal Procedure, that would be the maximum time that would have to elapse for the statute of limitations to take effect, a period that was reduced by half, in this case, as of May 30, 2007, when the first preliminary hearing was convened, so that by November 30, 2007, this case was time-barred… According to the accusation on folios 49 to 57, those facts were classified by the Public Prosecutor's Office as constituting the offenses of Infraction of the Forest Law, provided for in its Articles 33 and 34 in relation to Articles 58 and 61, that is, invasion of the protection area of a river and a spring (naciente). Since these are buildings constructed on lands declared protective areas, which remain on the site, the offense does not cease until the construction in said areas is eliminated, so the applicable provision is Article 32 of the Code of Criminal Procedure, which provides that the statute of limitations period begins to run \"...for continuing offenses or those with permanent effects, from the day on which their continuation or permanence ceased.\" For this type of offense, as long as the building remains in the protected area, none of the grounds for interrupting the statute of limitations period indicated in Article 33 of the procedural code are applicable, insofar as it is not consistent to speak of interruption or suspension of something that has not yet begun, as the appellant rightly argues. In this regard, it is pertinent to cite Voto 1151-2000 of the Constitutional Chamber, issued in response to a consultation on the constitutionality of the statute of limitations contemplated in Article 32 of the Code of Criminal Procedure, regarding offenses with permanent effects, which explains that due to the particular way this type of offense develops, its statute of limitations receives a different treatment from that of offenses whose consummation is exhausted immediately: \"The judge now consulting argues that in the case of the offense of usurpation, the statute of limitations period cannot begin to run until the possessor –usurper– leaves the property (the effects cease), which makes the offense practically not subject to a statute of limitations, since even after more than ten years from the invasion of a property, it is sufficient to prove that the invader has always been inside the land for it to be determined that not even one day has run for the statute of limitations to take effect, both the negative one –criminal– and the positive one –prescription of title (usucapión)–, since it cannot be computed where the extinctive one has not occurred. It is worth clarifying to the consultant that the offense of usurpation would not be without a statute of limitations, because as established in the article questioned here, the term for counting the statute of limitations for the criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases. In instantaneous offenses with permanent effects, their effects are repeated every day until the 'usurper' abandons the property, hence the qualification of permanence. Now, for the prescription of title (usucapión) or positive acquisitive prescription to proceed, it is necessary to have a just title, that the possession be peaceful and public, and that there be good faith of the possessor; that is, it is not acquired merely by the passage of ten years, so it is neither constitutionally nor legally valid or possible, by virtue of a usurpation, which as such is criminal and lacks a just and legitimate title, to attempt to acquire by prescription of title (usucapión), because the essential requirements for it are absent.\" This Chamber considers that for the offense of invasion of a protected zone of a spring (naciente) and a river, to which this specific case refers, the consummation of the offense would not be exhausted as long as the buildings constructed in those zones are maintained; therefore, the statute of limitations for the criminal action would not have begun to run, for which reason the contested ruling must be annulled, ordering the referral back to the office of origin for a new proceeding. Regarding the second aspect of this first ground, and the second ground of the appeal, it is unnecessary to address them, since by annulling the dismissal (sobreseimiento) ruling, the conducting of an oral trial that was not initiated in this case is being ordered, where the aspects of the civil action and the potential civil consequences of the accused act will be heard. By reason of all the foregoing, the cassation appeal filed by Attorney Juan Carlos Rojas Peñaranda is declared well-founded, the dismissal (sobreseimiento) ruling is declared ineffective in all its aspects, and consequently, a trial is ordered to be held in said case.\" On the other hand, regarding the concept of offenses with permanent effects, the Trial Sentence Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, in Voto N° 1769-2013 of 11:34:00 a.m., clarified the concept of permanent offense, referring to foreign doctrine and also reaffirmed that the statute of limitations periods begin to run for permanent offenses from the day on which their permanence ceases. Thus, in said resolution, the following is specified: \"(The permanent offense is not time-barred as long as it continues to be carried out; that is, the statute of limitations begins to run when the state of permanence ends. This is a natural consequence of considering the permanent offense as a legal unit of action...\", Name101643: Criminal Law General Part, Volume I, Editorial Jurídica Continental, San José, 2008, p. 373). According to the theory of the offense, a distinction is made among the different assumptions of a unit of punishable conduct (whether by action or omission) or a plurality of punishable conducts. Within this framework, it is said that the hypothesis of unit of conduct and unit of offense can take various forms, which the doctrine distinguishes (for example, instantaneous offense, permanent offense, offense that creates a state, complex offense, collective offense) and within this category the permanent or continuing offense is included, because all the acts intended to maintain the consummative state present a unit of conduct (thus, Name19556, Eugenio Raúl et al.: Manual of Criminal Law General Part, Buenos Aires, Ediar, 2005, p. 670) or a form of typical unit of action (or of permanent omission, thus Name101643: Op. cit., pp. 369 to 370). Jiménez de Asúa explains that the permanent or continuing offense implies a persistence in the result of the offense, during which the criminal will maintains its action, as occurs in the offenses of ' Abduction ' and ' Kidnapping ' (JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis: The Law and the Offense, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 11th edition, 1980, p. 528) and Name100571 indicates that the \"maintenance of a permanent unlawful situation\" occurs (Name100571: German Criminal Law, Editorial Jurídica de Chile, 11th edition, 1997, p. 267), although Name101643 specifies that: \"...what is particular about the permanent offense is not that it creates or maintains an unlawful situation, but rather that this unlawful situation is contained in the description of a criminal type, which, typically, cannot normally be carried out with a single individual behavior, but rather by means of several actions or omissions. The perpetrator acts or omits continuously and continuously brings about the result. It is the continuous execution of the criminal type, by means of actions or omissions, that makes the event a unitary act. For there to be a permanent offense, it is necessary, in addition to the initial action or omission that creates the unlawful situation, that there be new actions or omissions, because without these there is no permanent offense\" (Name101643: Op. cit., pp. 370 to 371). Name101644 points out that in the permanent offense \"...the maintenance of the illicit situation depends on the will of the perpetrator, so that the type is executed not only by having provoked the situation, but also by allowing it to continue [...] The punishable act that here, in a certain way, is continuously repeated, is already 'consummated' when the illicit situation arises and 'ends' when it is rendered ineffective (and this is important regarding the beginning of the statute of limitations...)\" (Name101644: Criminal Law General Part, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1980, p. 10). Name101645 also teaches that in the permanent offense, the offense is not concluded with the execution of the type, but is maintained by the criminal will of the perpetrator for as long as the unlawful state created by it subsists: \"For example, a permanent offense is trespassing into a dwelling [...] with the intrusion of the perpetrator, a consummated act already exists, but it lasts for as long as the subject remains within the protected area. The same occurs with illegal detention [...], which remains current until the perpetrator releases the victim or the victim is freed, or in driving while intoxicated [...] which is already punishable as a consummated offense with the start of the trip, but despite this, it does not conclude while driving under the influence of alcohol lasts\" (Name101645: Criminal Law General Part, Volume I, Editorial Civitas S.A., Spain, 1997, p. 329). Name27913 addresses the issue of the permanent offense when studying the descriptive elements of the type, the core of the action, and circumstances of place, manner, means, or time of the action, and makes the following observation \"...on occasions –without time appearing as a circumstance–, the very character of the described action implies the possibility of its prolongation over time, without a solution of continuity; we find then the distinction between instantaneous offenses, in which the action is consummated in one moment and ends there (e.g., homicide), and permanent offenses, in which the consummated action can be prolonged over time, that is, continue being consummated for a more or less prolonged period (e.g., unlawful deprivation of liberty)\" (Name27913: Criminal Law General Part: Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 155).\" Additionally, it is important to recall that the Constitutional Chamber, in similar offenses such as Usurpation, has established in Votos 11515-2000 of December 21, 2000, and 9917-2001 of 09-26-2001 that the criterion that the statute of limitations does not run for offenses with permanent effects as long as the permanence does not cease, and what is established in the first paragraph in fine of Article 32 of the Code of Criminal Procedure, insofar as it establishes that the statute of limitations period for the criminal action for offenses with permanent effects begins to run from when the permanence ceased, does not cause a violation of the invoked constitutional rights and principles. By reason of the foregoing, this second and last ground of appeal is declared without merit, given that to date, the statute of limitations has not taken effect in this matter.
POR TANTO:
The appeal filed by Attorney Jorge Jiménez Cordero, private defender of the accused Nombre101637, is declared without merit. NOTIFÍQUESE.
Susana Wittmann Stengel
Edwin Salinas Durán Jorge Luis Arce Víquez
Trial Sentence Appeal Judge and Judges
Exp: 05-200129-0278-PE(5)
Against: Nombre101637
Offense: FOREST INFRACTION
Offended Party: FOREST PATRIMONY
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