Res. 00509-2014 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago — Reversal for flawed determination of protected area and failure to analyze Art. 28 Forestry LawAnulación por defectuosa determinación del área de protección y falta de análisis del Art. 28 Ley Forestal

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Resolución Nº 00509 - 2014

Fecha de la Resolución: 31 de Octubre del 2014 a las 14:20

Expediente: 11-000003-0540-TP

Redactado por: Iris Lucia Valverde Usaga

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Pacto internacional de derechos civiles y políticos

Normativa internacional


Texto de la resolución

 

Res: 2014-509

Exp: 11-000003-0540-TP

            Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago. A las catorce horas veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce.

             Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]    , mayor, nacido el treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, con cédula de identidad número CED1      , por el delito de Infracción a la Ley Forestal y otros, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre2]  , Ingrid Estrada Venegas y Gustavo Chan Mora. Se apersonaron en apelación, los licenciados [Nombre3]   en calidad de defensor público del imputado y [Nombre4]    representante de la Procuraduría General de la República.

Resultando:

             1. Que mediante sentencia Número 39-2014 de las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del diez de marzo del año dos mil catorce, el Tribunal de Juicio de Osa, resolvió: " POR TANTO: Conforme a lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 inciso 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 632, 1045, 1163 del Código Civil; 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941; 1, 11, 18, 20, 30, 31, 45, 50, 51, 59 a 63, 71 a 74 del Código Penal, 3, 58 inciso b) de la Ley Forestal, 2 del Reglamento a la Ley Forestal, 1, 2, 3, 42, 43, 142 y siguientes, 324 y siguientes, 360, 361, 363, 364, 365 y 367 del Código Procesal Penal, se declara a [Nombre5]   autor único y responsable del delito de Infracción A La Ley Forestal, En La Modalidad De Aprovechamiento De Recurso Forestal En Área De Protección, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales, imponiéndosele por esos hechos la pena de CUATRO MESES DE PRISIÓN, que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los reglamentos carcelarios. Por un período de Tres Años Se Concede El Beneficio De Ejecución De La Pena , el cual le será revocado si el convicto es condenado a pena igual o superior a seis meses de prisión por nuevo delito doloso. En lo penal se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra del demandado civil [Nombre5]  , condenándolos al pago de TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES por concepto de Daño Ambiental.-  Además se le condena a pagar los intereses que se generen hasta la efectiva cancelación de lo ordenado, según los intereses establecidos en el Sistema Bancario Nacional. Se omite pronunciamiento acerca del comiso de la Motosierra utilizada en el ilícito y del producto forestal, por cuanto dicho material, le fue entregado en Depósito provisional al señor [Nombre6]  . Firme el fallo, inscríbase en el Registro judicial. Mediante Lectura Notifíquese. LIC. [Nombre7]   .-JUEZ DE JUICIO." (sic)

         2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre3]   interpuso el recurso de apelación.

      3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.         

         4 . Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

             Redacta la Jueza [Nombre8] , y;

Considerando:

             I.- El recurso de apelación que interpone el Licenciado [Nombre3]  , Defensor Público del imputado [Nombre5]  , contra la sentencia Número 39-14 de las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del diez de marzo del dos mil catorce dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Osa, reúne los requisitos establecidos en los artículos 459, 460 y 461 del Código Procesal Penal, fue presentado en tiempo y con apego a los presupuestos de admisibilidad establecidos en dichas normas, por lo que se admite para su examen la impugnación.

             II.- El primer motivo del recurso se titula “Falta de correlación entre la prueba y los hechos probados”, sostiene el recurrente que el a quo incurre en graves errores, ya que los hechos que tuvo por probados no se derivan de la prueba recibida en el contradictorio, específicamente, al tener por demostrado que se dio un aprovechamiento de madera en una zona de protección, sin que la prueba testimonial o documental permita establecerlo así, lo que condujo a una errónea aplicación del tipo penal del artículo 58 inciso b) de la Ley Forestal. Cita el contenido del artículo 33 inciso b) de la misma Ley, el cual señala que son áreas protegidas una franja de quince metros en zona rural y diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente, a ambos lados de las riberas de ríos, quebradas o arroyos si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales si el terreno es quebrado, norma que aplica el juez al estimar que los hechos se dieron en un terreno con 60% de pendiente y a una distancia de treinta metros de una quebrada, cuando el único testigo que se refirió a un porcentaje de inclinación del terreno, [Nombre9] , dijo que este era de un 40% y el otro testigo escuchado, [Nombre10]  , indicó que no andaban ningún aparato para medir la inclinación. Menciona lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, cuando define terrenos quebrados como aquellos que tienen una pendiente promedio superior al cuarenta por ciento. Concluye que si no se puede tener por demostrado que el terreno es quebrado, sino plano, no se estaría dentro del área de protección, además de no haberse determinado si se trataba de una quebrada permanente o si solo existe en época de invierno, como se reconoce en sentencia. Razones por las cuales estima que se aplicó un tipo penal que no podía ser utilizado, por lo que solicita la absolutoria de su defendido.  En el segundo motivo del recurso se reclama la falta de aplicación del artículo 28 de la Ley Forestal. Sostiene el recurrente que el Tribunal omitió todo análisis de la versión dada en su defensa por el imputado [Nombre5]  , en el sentido de que el árbol del cual se extrajeron unas [Placa1] que ayudó a aserrar era un árbol plantado. Hace ver cómo el juzgador reconoce en la fundamentación del fallo, que pudo tratarse de una plantación, no obstante ello insiste en que la conducta es típica al considerar que se trataba de un área de protección. Estima el Defensor que, dado que el hecho no se dio en un área de protección, debió aplicarse la excepción del artículo 28 de la Ley Forestal, que exime del trámite de permiso para la corta y aprovechamiento de árboles producto de plantación o que hayan sido individualmente plantados. Al tratarse de árboles plantados no se requería permiso para su corta, por lo que solicita se absuelva al imputado de toda pena y responsabilidad. En el tercer motivo del recurso se reclama falta de fundamentación en cuanto a una correcta definición del daño y en cuanto a la condena civil del imputado.  Alega el reclamante que su Defendido refirió que solo tenía un rato de ayudar al señor [Nombre11]  a sacar unas tablas cuando fueron detenidos por funcionarios del MINAET. Señala que dichos funcionarios hicieron ver que las tablas apiladas en el sitio correspondían al menos a dos días de trabajo. Indica que el juez no realiza una valoración respecto a la verdadera dimensión de la participación en los hechos que tuvo el imputado y su aporte al daño ambiental, condenándolo por la totalidad del monto establecido en el peritaje, sin tomar en cuenta la participación que tuvo el otro imputado, por lo que solicita acoger el recurso y ordenar el reenvío para que se determine en forma correcta el grado de responsabilidad y se cuantifique el monto proporcional del resarcimiento que correspondería a su patrocinado.

             II.- Por las razones que a continuación se exponen, se declara con lugar el recurso. Analizada la sentencia dictada en este proceso se concluye que el a quo omitió el análisis de cuestiones relevantes para la determinación del hecho, que resultan esenciales a efectos de establecer si la acción es subsumible en el tipo penal aplicado. En efecto, en la sentencia impugnada se tuvo por demostrado que el imputado [Nombre5]  , junto con otra persona que no está siendo juzgada en este momento, fueron sorprendidos en labores de aserrío y aprovechamiento de nueve árboles de la especie gallinazo, sin contar con el permiso de la Administración Forestal del Estado, en una finca privada en San Josecito de Uvita, cantón de Osa, y dentro de una zona de protección, “…siendo que el aprovechamiento, en parte, se da en un terreno quebrado con pendiente de 60% de inclinación, a una distancia aproximada de 30 metros de una quebrada” (ver Considerando II, HECHOS PROBADOS, punto 1, folio 154 frente). Revisada la prueba que se utilizó para tener por demostrado el hecho, se observa que el señor [Nombre12]  , funcionario del SINART, declaró que en el sitio donde se estaba dando el aprovechamiento de madera había como siete árboles de gallinazo y tres o cuatro de teca, que algunos estaban cerca de la zona de protección de la quebrada, como a veinte metros, la zona de protección se tomó por la pendiente que era del cuarenta por ciento, la inclinación de la pendiente se toma con un clinómetro (valga el paréntesis para señalar que efectivamente, como señala el señor Defensor, el a quo utiliza la palabra “[Placa2]”, así escrita), que se utilizó dicho aparato para medir la pendiente y una cinta métrica para medir la distancia a la quebrada, que en el sitio hay una corriente de agua, una quebrada, por lo que la zona de protección es de cincuenta metros. Agregó el testigo, en lo que interesa, que la teca es una especie de plantación y que el gallinazo también puede ser sembrado (ver resumen de su declaración a folios 155 y 156 del expediente). El testigo [Nombre13]   , funcionario del MINAE, indicó que sorprendieron al imputado y a otra persona aprovechando un árbol de gallinazo, sacando [Placa3], cerca del lugar había una quebrada, a una distancia de menos de quince metros de donde estaban aserrando la madera, ellos estaban dentro del área de protección, otros tocones estaban fuera del área, utilizan cinta métrica para medir la distancia del árbol a la quebrada, el terreno tenía pendiente, no era muy inclinado, en ese momento no andaban un aparato para medir la inclinación, sólo tenían la cinta métrica, estaban como a cinco metros de la planicie, había una parte plana, midieron la distancia entre el tocón y la quebrada (ver el resumen de su testimonio a folios 156 vuelto a 158). También se utilizó como prueba la Denuncia de folios 1 a 3, las Actas de Inspección Ocular de folios 5 y 6, las Actas de decomiso y depósito judicial de folios 7 a 11, el Oficio del MINAET de folio 32, la valoración del daño ambiental de folios 38 a 44 y 51 a 53 y los juzgamientos del imputado. En la denuncia suscrita por [Nombre12]   se indica que el aprovechamiento abarcó varios árboles caídos y que algunos de estos árboles estaban aproximadamente a 30 metros de una quebrada, con una pendiente de 60%. En el Acta de Inspección Ocular levantada a mano en el sitio por los funcionarios del MINAE (folios 5 y 6) también utilizada como sustento de la sentencia, no se hace mención alguna a la existencia de una quebrada, ni a la distancia entre esta y el aprovechamiento de madera, ni a la inclinación del terreno, ni se consigna en el Acta que se hayan hecho mediciones al respecto. En la Valoración del daño ambiental hay una parte introductoria donde se hace referencia a los servicios a favor del ambiente que brinda el bosque y la prohibición de cambiar el uso de suelo en terrenos de bosques, señalándose: “En el presente caso, se analiza el daño ambiental sucedido en Bahía Ballena de Osa, Puntarenas, debido a la corta árboles en bosque, denuncia interpuesta por funcionarios del Área de Conservación Osa” (cfr. Introducción, página 40 del expediente)  –llama la atención lo anterior, pues no se acusó un cambio de uso de suelo, no se menciona en la acusación que los hechos ocurrieran en terrenos cubiertos de bosque, ni fue ese el hecho que tuvo por demostrado el juzgador-. También se indica en el peritaje que se hizo una visita al sitio y que el daño ambiental consiste en la corta de nueve árboles de la especie schizolobium parthyba, conocida como gallinazo, sin permiso de la Administración Forestal del Estado, sin que se indique como parte del daño que los árboles eliminados hayan afectado el área de protección de una quebrada, ni se mencione la posible pendiente del terreno. Vista la prueba citada, que es la misma en que basó su decisión el juzgador, no queda claro cómo se logra establecer que el terreno tenía una pendiente del 60%, tal como se afirma en sentencia. Y este aspecto es de gran relevancia, pues la condición de terreno -plano o quebrado- tiene repercusiones a la hora de aplicar o excluir la aplicación del tipo penal. Ciertamente en la denuncia se indica que el aprovechamiento se realizó a 30 metros de una quebrada, en un terreno con pendiente del 60%, -sin hacer referencia el documento a la forma en que se determinó el grado de la pendiente-. Pero el a quo no examina de manera integral la prueba, no toma en cuenta lo dicho por el testigo [Nombre12]   en juicio (el mismo que suscribe la denuncia) quien afirmó que la pendiente era de un 40% según los resultados obtenidos con un clinómetro; tampoco se hace una valoración conjunta de la prueba testimonial, ni se expone por qué el señor Juez da plena credibilidad a los funcionarios del MINAE sobre este punto a pesar de que entre ellos no hay coincidencia, toda vez que el testigo [Nombre14]  desmiente a su compañero, afirmando que no contaban con ningún aparato para medir la pendiente del terreno. El Tribunal realiza un extenso discurso sobre el deber de motivación del fallo y la importancia de sustentar el juicio de credibilidad respecto a la prueba escuchada en juicio, pero no logra explicar cómo se subsanan las contradicciones entre los testigos de cargo y entre estos y la denuncia que se interpuso en su momento. Se limita a señalar que si ambos sorprendieron al imputado  participando en los trabajos de aprovechamiento de un árbol de gallinazo y este admitió en juicio que en efecto le estaba ayudando a otra persona a sacar unas tablas, se configuró el delito, sin entrar a examinar los elementos del tipo objetivo que deben estar presentes para aplicar la sanción penal. Es así como se dice en sentencia: “Los dos oficiales de forma clara y precisa fueron contestes en reproducir en un todo el informe confeccionado –aunque cabe informar que en su relato se encuentran algunas inconsistencias, como si llevaron los instrumentos necesarios para la ubicación del lugar, entre otros- lo que no viene a desvirtuar de ninguna manera la acción desplegada por el encartado, atribuyéndole sin ningún lugar a dudas la autoría y responsabilidad de la acción ilícita a [Nombre15] , quien a su vez de forma espontánea, tal y como lo refirió en el juicio, reconoció su responsabilidad por los hechos. Tanto [Nombre9]  como [Nombre16] , son congruentes al indicar que se trataba de una propiedad privada y que el árbol que estaba siendo aprovechado por el ajusticiable (sic.) se encontraba dentro del área de protección de una quebrada, siendo que para la fecha de los hechos que fue en el mes de octubre de dos mil ocho, se trata de una época de invierno, por ello la quebrada se mantenían (sic.) con agua, lo que les permite concluir que la misma debe protegerse, pues no sabemos si para la época de verano la misma no tiene agua, o su naturaleza podría ser permanente” (folio 162 frente). Del párrafo transcrito se desprende que la medida de credibilidad de los testigos del MINAE radica, para el juzgador, en que estos logran reproducir en su totalidad el Informe o denuncia que dio origen al proceso, sin que se haga una verdadera valoración de su contenido. Por otra parte la afirmación no es correcta, pues en el Informe o denuncia se indica que varios árboles de los que se aprovecharon estaban en la zona de protección de una quebrada, a unos 30 metros de distancia, en terreno con declive del 60%, datos que ninguno de los dos testigos ratificó en juicio, donde uno de ellos dijo que no llevaban instrumentos para medir el declive, que había una parte plana y otra con pendiente pero no era muy inclinada y que los árboles estaban a menos de quince metros de la quebrada (Ruiz [Nombre17]) y el otro testigo dijo que sí tenían un clinómetro, que la pendiente era del 40 % y la distancia hasta la quebrada de veinte metros (Jeffry [Nombre18]). Como se aprecia, ninguno de ellos dijo que la pendiente era del 60%, por lo que si el Tribunal, que les otorga plena credibilidad, sí tuvo por demostrado que ese era el declive del terreno, tenía la obligación de exponer de forma razonada cómo llegó a esa conclusión.    Máxime cuando, como señala el Defensor en su recurso, el Reglamento a la Ley Forestal (Decreto Nº 25721-MINAE) dispone: “ Artículo 2 °—Para los efectos de la aplicación de la Ley Forestal y el presente reglamento, los términos que se mencionan tendrán los siguientes significados: (…) - Terrenos quebrados: Son aquellos que tienen una pendiente promedio superior al cuarenta por ciento.” Por su parte el artículo 33  de la Ley Forestal declara como áreas de protección, en lo que interesa: “b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado”. La delimitación de las áreas de protección del artículo 33 necesariamente debe interpretarse a la luz de lo que indica el Reglamento a la Ley Forestal en la norma citada, en cuanto define expresamente qué es un terreno quebrado, no pudiendo darse un sentido distinto, más amplio o extenso a este elemento del tipo, en perjuicio del imputado. En consecuencia, si uno de los testigos afirmó que el declive era del 40% y el otro no supo decir cuál era la inclinación del terreno; si las Actas de Inspección no indican que se haya medido dicho declive con algún instrumento y por otra parte, en la denuncia se afirma que la inclinación era del 60%, con tales elementos de prueba, donde al menos uno de ellos,  -el testimonio del funcionario del MINAE [Nombre12]   escuchado en el debate oral- señala que ese declive era de un 40% (en consecuencia, un declive que no permite calificar el terreno como quebrado), debió el a quo exponer cómo en presencia de tales datos adquirió la certeza de que el aprovechamiento se dio en el área de protección de una quebrada, específicamente a 30 metros de distancia de la misma. Si el terreno no es quebrado la ley dice que el área de protección es una franja de quince metros (por ser zona rural) a lo largo del margen de la quebrada, por lo que si había 30 metros de distancia entre la quebrada y el aprovechamiento forestal, como se tuvo por demostrado, no sería aplicable el tipo penal del artículo 58 de la Ley  Forestal. La forma en que se determinó la condición de “quebrado” del terreno y el declive específico que presenta era esencial, pese a ello sobre este aspecto la motivación es completamente omisa. Concluir, como lo hace el Tribunal, que no cabe duda de que los hechos ocurren en el área de protección de una quebrada porque así lo aseguraron los testigos del MINAE, sin valorar lo que la propia sentencia califica como inconsistencias en las declaraciones de estos testigos ni las contradicciones entre lo que ellos dicen y la prueba documental, provoca la nulidad de la fundamentación. El a quo olvida analizar los distintos aspectos del material probatorio recibido en debate así como la declaración del imputado, limitándose a indicar que este admitió el hecho, cuando lo que el imputado admitió fue que le estaba ayudando a un conocido a aserrar unas tablas de un árbol, pero negó que existiera una quebrada cerca. A lo anterior debe agregarse que no se da en la motivación del fallo ninguna información sobre la quebrada de referencia, salvo la duda expresada en sentencia de si es una quebrada permanente o no. El Diccionario de la Lengua Española define quebrada, en la acepción que interesa, como un arroyo o riachuelo que corre por una quiebra o hendidura. Es de interés para una correcta valoración de los hechos determinar si las aguas que se dice corren cerca del sitio del aprovechamiento forestal son una quebrada permanente o no, si se trata de un cauce que debe ser protegido o una depresión del terreno donde en época de lluvias se acumulan y discurren aguas. El Tribunal expresa duda al respecto, indicando que si la quebrada no es permanente por esa misma razón debe protegerse, lo cual es más bien una opinión personal pero no una conclusión fundada en las normas legales aplicables. Por último, tampoco presta el a quo ninguna atención a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Forestal, pues al concluir que el hecho se dio en un área de protección señala que no tiene ninguna relevancia si se trataba de un árbol de plantación o no. Dado que la sentencia resulta ineficaz precisamente en cuando a los fundamentos que ofrece para tener los hechos como ocurridos dentro del área de protección de una quebrada, sí cobra importancia lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley citada en cuanto dispone: “Artículo 28.- Excepción de permiso de corta. Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirá permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado”. Los hechos ocurren en una finca privada y el imputado afirmó que esos árboles habían sido sembrados, sin que se cite en la sentencia prueba que desvirtúe lo anterior, este aspecto entonces sí debe ser objeto de examen para determinar si es aplicable la norma que exime del permiso correspondiente para la corta y procesamiento de árboles plantados. Por las razones dichas se acoge el recurso, se anula la sentencia impugnada y se ordena el reenvío para una nueva sustanciación conforme a Derecho. En cuanto al tercer motivo del recurso, por innecesario se omite pronunciamiento, debiendo entenderse que la declaratoria de nulidad comprende también la condena dictada en lo civil.

Por tanto:

           Se declara con lugar el recurso interpuesto por el defensor público [Nombre3]  . Se dispone la ineficacia de la sentencia y el debate, tanto en los aspectos penales como civiles. Se ordena el juicio de reenvío para una nueva sustanciación conforme a derecho. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre el tercer motivo del recurso. Notifíquese.                 

 

 

 

[Nombre2] 

 

 

  Ingrid Estrada Venegas                                                                              Gustavo Chan Mora                                                                

 

Jueces del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal

 

 

Exp. 11-000003-0540-TP

C/: [Nombre5] 

Of/: Los Recursos Naturales

D/ Infracción a la Ley Forestal

Csolanog

EXP: 11-000003-0540-TP       

                                

 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Teléfonos: [Telf1] ó [Telf2]. Fax: [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 3

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-02-2026 18:51:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Res: 2014-509

Exp: 11-000003-0540-TP

Cartago Criminal Sentence Appeals Court. At fourteen hours and twenty minutes on the thirty-first of October, two thousand fourteen.

Appeal of criminal sentence filed in this case against [Nombre1], of legal age, born on the thirtieth of November, one thousand nine hundred forty-four, with identity card number CED1, for the offense of Violation of the Forestry Law (Infracción a la Ley Forestal) and others, committed to the detriment of Natural Resources (Los Recursos Naturales). The judges [Nombre2], Ingrid Estrada Venegas, and Gustavo Chan Mora participate in the decision on the appeal. Appearing on appeal were attorneys [Nombre3] as public defender of the accused and [Nombre4] representing the Procuraduría General de la República.

Resultando:

1. That by sentence Number 39-2014 at nineteen hours forty-five minutes on the tenth of March of the year two thousand fourteen, the Trial Court of Osa (Tribunal de Juicio de Osa) resolved: "POR TANTO: Pursuant to the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8 subsection 2° of the American Convention on Human Rights, 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 632, 1045, 1163 of the Civil Code; 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 of the Current Rules on Civil Liability of the 1941 Criminal Code; 1, 11, 18, 20, 30, 31, 45, 50, 51, 59 to 63, 71 to 74 of the Criminal Code, 3, 58 subsection b) of the Forestry Law, 2 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), 1, 2, 3, 42, 43, 142 and following, 324 and following, 360, 361, 363, 364, 365, and 367 of the Criminal Procedure Code, [Nombre5] is declared the sole perpetrator and responsible for the offense of Violation of the Forestry Law, in the Modality of Exploitation of Forest Resources in a Protection Area (Aprovechamiento De Recurso Forestal En Área De Protección), committed to the detriment of Natural Resources, and for these acts is sentenced to the penalty of FOUR MONTHS OF IMPRISONMENT, to be served in the place and manner determined by prison regulations. The Benefit of Suspension of Sentence Execution (Beneficio De Ejecución De La Pena) is granted for a period of Three Years, which shall be revoked if the convict is sentenced to a penalty equal to or greater than six months of imprisonment for a new intentional crime. In the criminal aspect, the matter is resolved without special condemnation in costs. The Civil Damages Action (Acción Civil Resarcitoria) brought by the Procuraduría General de la República against the civil defendant [Nombre5] is granted, condemning them to pay THREE MILLION TWENTY-FOUR THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY-SEVEN COLONES for Environmental Damage (Daño Ambiental). He is also condemned to pay the interest generated until the effective cancellation of what is ordered, according to the interest rates established in the National Banking System. A pronouncement regarding the confiscation of the chainsaw used in the illegal act and the forest product is omitted, as said material was given in provisional Deposit to Mr. [Nombre6]. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry. By Reading, Notify. LIC. [Nombre7].-TRIAL JUDGE." (sic)

2. That against the preceding ruling, attorney [Nombre3] filed the appeal.

3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Sentence Appeal Remedy), the Court considered the issues raised in the appeal.

4. That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Judge [Nombre8] writes, and;

Considerando:

I.- The appeal filed by Attorney [Nombre3], Public Defender of the accused [Nombre5], against sentence Number 39-14 at nineteen hours forty-five minutes on the tenth of March, two thousand fourteen, issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa seat, meets the requirements established in articles 459, 460, and 461 of the Criminal Procedure Code; it was filed on time and in accordance with the admissibility requirements established in said norms, therefore the challenge is admitted for examination.

II.- The first ground of the appeal is titled “Lack of correlation between the evidence and the proven facts.” The appellant argues that the lower court (a quo) incurs in serious errors, as the facts it held as proven are not derived from the evidence received in the adversarial proceedings, specifically, by holding as proven that an exploitation of timber (aprovechamiento de madera) occurred in a protection area (zona de protección), without the testimonial or documentary evidence allowing it to be established as such, which led to an erroneous application of the criminal statute in article 58 subsection b) of the Forestry Law. He cites the content of article 33 subsection b) of the same Law, which states that protected areas are a strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally, on both sides of the banks of rivers, streams (quebradas) or brooks if the land is flat, and fifty horizontal meters if the land is broken (quebrado); a rule the judge applies by considering that the events occurred on land with a 60% slope and at a distance of thirty meters from a stream, when the only witness who referred to a percentage of land inclination, [Nombre9], said it was 40%, and the other witness heard, [Nombre10], indicated that they did not have any apparatus to measure the inclination. He mentions the provisions of article 2 of the Regulation to the Forestry Law, when it defines broken terrain as that which has an average slope greater than forty percent. He concludes that if it cannot be held as proven that the land is broken, but rather flat, they would not be within the protection area, besides not having determined whether it was a permanent stream or if it only exists during the rainy season (época de invierno), as acknowledged in the sentence. For these reasons, he believes a criminal statute was applied that could not be used, and therefore requests the acquittal of his client. In the second ground of the appeal, the lack of application of article 28 of the Forestry Law is claimed. The appellant argues that the Court omitted any analysis of the version given in his defense by the accused [Nombre5], that the tree from which some [Placa1] were extracted that he helped saw was a planted tree. He points out how the judge acknowledges in the grounds of the judgment that it could have been a plantation, yet nonetheless insists that the conduct is typical by considering that it was a protection area. The Defender believes that, given that the event did not occur in a protection area, the exception of article 28 of the Forestry Law should have been applied, which exempts from the permit procedure for the felling and exploitation of trees produced by plantation or that have been individually planted. As these were planted trees, no permit was required for their felling, so he requests that the accused be absolved of all penalty and responsibility. In the third ground of the appeal, a lack of reasoning (falta de fundamentación) is claimed regarding a correct definition of the damage and the civil condemnation of the accused. The claimant alleges that his Client stated he had only been helping Mr. [Nombre11] for a while to extract some boards when they were detained by officials of MINAET. He points out that said officials suggested that the boards stacked at the site corresponded to at least two days of work. He indicates that the judge does not make an assessment regarding the true extent of the accused's participation in the events and his contribution to the environmental damage (daño ambiental), condemning him for the entire amount established in the expert report, without considering the participation of the other accused, therefore he requests that the appeal be upheld and a retrial ordered so that the degree of responsibility can be correctly determined and the proportional amount of compensation corresponding to his client be quantified.

II.- For the reasons set forth below, the appeal is upheld. Upon analyzing the sentence issued in this process, it is concluded that the lower court omitted the analysis of relevant issues for the determination of the fact, which are essential for establishing whether the action is subsumable under the applied criminal statute. Indeed, in the challenged sentence, it was held as proven that the accused [Nombre5], together with another person not currently being tried, were caught in activities of sawmilling and exploitation of nine trees of the gallinazo species, without the permit of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), on a private farm in San Josecito de Uvita, canton of Osa, and within a protection area, “…the exploitation, in part, taking place on broken terrain with a slope of 60% inclination, at an approximate distance of 30 meters from a stream” (see Considerando II, HECHOS PROBADOS, point 1, folio 154 front). Upon reviewing the evidence used to hold the fact as proven, it is observed that Mr. [Nombre12], an official of SINART, declared that at the site where the timber exploitation was taking place there were about seven gallinazo trees and three or four teak trees, that some were close to the protection area of the stream, about twenty meters away; the protection area was taken because of the slope which was forty percent; the inclination of the slope is taken with a clinometer (parenthetically, to note that indeed, as the Defender points out, the lower court uses the word “[Placa2]”) ; that they used said device to measure the slope and a measuring tape to measure the distance to the stream; that there is a current of water, a stream, at the site, so the protection area is fifty meters. The witness added, in what is relevant, that teak is a plantation species and that gallinazo can also be planted (see summary of his declaration on folios 155 and 156 of the case file). The witness [Nombre13], an official of MINAE, indicated that they caught the accused and another person exploiting a gallinazo tree, extracting [Placa3]; nearby there was a stream, at a distance of less than fifteen meters from where they were sawing the wood; they were within the protection area; other stumps were outside the area; they used a measuring tape to measure the distance from the tree to the stream; the land had a slope, it was not very steep; at that moment they did not have a device to measure the inclination; they only had the measuring tape; they were about five meters from the flatland; there was a flat part; they measured the distance between the stump and the stream (see the summary of his testimony on folios 156 verso to 158). Also used as evidence were the Complaint from folios 1 to 3, the On-site Inspection Reports (Actas de Inspección Ocular) from folios 5 and 6, the Seizure and Judicial Deposit Reports (Actas de decomiso y depósito judicial) from folios 7 to 11, the Official Letter from MINAET on folio 32, the environmental damage assessment (valoración del daño ambiental) from folios 38 to 44 and 51 to 53, and the accused's prior judgments. The complaint signed by [Nombre12] indicates that the exploitation involved several fallen trees and that some of these trees were approximately 30 meters from a stream, with a 60% slope. In the On-site Inspection Report drafted by hand at the site by the MINAE officials (folios 5 and 6), also used to support the sentence, no mention is made of the existence of a stream, nor the distance between it and the timber exploitation, nor the inclination of the land, nor is it recorded in the Report that any measurements were taken in that regard. In the environmental damage assessment there is an introductory part that refers to the environmental services provided by the forest and the prohibition of land-use change (cambio de uso de suelo) on forested lands, stating: “In the present case, we analyze the environmental damage that occurred in Bahía Ballena de Osa, Puntarenas, due to the felling of trees in the forest, a complaint filed by officials of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa)” (cf. Introduction, page 40 of the case file) – this calls attention, because no land-use change was charged; the accusation does not mention that the events occurred on land covered by forest, nor was that the fact the judge held as proven. It is also indicated in the expert report that a site visit was made and that the environmental damage consists of the felling of nine trees of the species schizolobium parahyba, known as gallinazo, without a permit from the State Forestry Administration, without indicating as part of the damage that the eliminated trees affected the protection area of a stream, nor mentioning the possible slope of the land. Given the cited evidence, which is the same on which the judge based his decision, it is not clear how it can be established that the land had a 60% slope, as stated in the sentence. And this aspect is of great relevance, because the condition of the land -flat or broken- has repercussions when applying or excluding the application of the criminal statute. Certainly the complaint indicates that the exploitation was carried out 30 meters from a stream, on land with a 60% slope, -without the document referring to the way in which the degree of slope was determined-. But the lower court does not integrally examine the evidence; it does not take into account the statement made by the witness [Nombre12] at trial (the same one who signed the complaint) who affirmed that the slope was 40% according to the results obtained with a clinometer; nor is a joint assessment of the testimonial evidence made, nor is it explained why the Judge gives full credibility to the MINAE officials on this point despite the lack of coincidence between them, given that the witness [Nombre14] contradicts his colleague, affirming that they did not have any apparatus to measure the slope of the land. The Court makes a lengthy discourse about the duty to state reasons for the judgment and the importance of supporting the credibility judgment regarding the evidence heard at trial, but fails to explain how the contradictions between the witnesses for the prosecution and between them and the complaint that was filed at the time are resolved. It merely points out that if both caught the accused participating in the exploitation work of a gallinazo tree and he admitted at trial that he was indeed helping another person extract some boards, the crime was constituted, without examining the elements of the objective type that must be present to apply the criminal sanction. Thus it is stated in the sentence: “The two officers, clearly and precisely, were consistent in reproducing in full the report prepared – although it should be noted that some inconsistencies are found in their accounts, such as whether they had the necessary instruments for the location of the place, among others- which in no way detracts from the action carried out by the defendant, attributing without any doubt the authorship and responsibility of the illegal action to [Nombre15], who in turn spontaneously, as he stated at trial, acknowledged his responsibility for the events. Both [Nombre9] and [Nombre16] are congruent in indicating that it was a private property and that the tree being exploited by the justiciable (sic.) was within the protection area of a stream, and that at the date of the events, which was in the month of October two thousand eight, it was winter, therefore the stream was maintained (sic.) with water, which allows them to conclude that it must be protected, because we do not know if in the summer season it has no water, or its nature could be permanent” (folio 162 front). It is evident from the transcribed paragraph that the measure of credibility of the MINAE witnesses lies, for the judge, in that they manage to reproduce in its entirety the Report or complaint that gave rise to the process, without a real assessment of its content being made. Moreover, the statement is not correct, as the Report or complaint indicates that several of the exploited trees were in the protection area of a stream, about 30 meters away, on land with a 60% slope, data that neither of the two witnesses ratified at trial, where one of them said they did not have instruments to measure the slope, that there was a flat part and another with a slope but it was not very steep, and that the trees were less than fifteen meters from the stream (Ruiz [Nombre17]), and the other witness said they did have a clinometer, that the slope was 40% and the distance to the stream was twenty meters (Jeffry [Nombre18]). As can be seen, neither of them said the slope was 60%, so if the Court, which grants them full credibility, did hold it as proven that this was the slope of the land, it had the obligation to explain in a reasoned manner how it reached that conclusion. All the more so when, as the Defender points out in his appeal, the Regulation to the Forestry Law (Decreto N° 25721-MINAE) provides: “Article 2°— For the purposes of the application of the Forestry Law and these regulations, the mentioned terms shall have the following meanings: (…) - Broken terrain: That which has an average slope greater than forty percent.” For its part, article 33 of the Forestry Law declares as protection areas, in what is relevant: “b) A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams (quebradas) or brooks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is broken.” The delimitation of the protection areas in article 33 must necessarily be interpreted in light of what the Regulation to the Forestry Law indicates in the cited norm, as it expressly defines what broken terrain is, and a different, broader, or more extensive meaning cannot be given to this element of the crime, to the detriment of the accused. Consequently, if one of the witnesses affirmed that the slope was 40% and the other could not say what the inclination of the land was; if the Inspection Reports do not indicate that said slope was measured with any instrument, and on the other hand, the complaint states that the inclination was 60%, with such elements of proof, where at least one of them – the testimony of the MINAE official [Nombre12] heard in the oral debate- indicates that this slope was 40% (consequently, a slope that does not allow qualifying the land as broken), the lower court should have explained how, in the presence of such data, it acquired the certainty that the exploitation occurred in the protection area of a stream, specifically at a distance of 30 meters from it. If the land is not broken, the law says the protection area is a strip of fifteen meters (as it is a rural zone) along the margin of the stream; therefore, if there was a 30-meter distance between the stream and the forest exploitation, as was held as proven, the criminal statute of article 58 of the Forestry Law would not be applicable. The manner in which the "broken" condition of the land and the specific slope it presented was determined was essential, yet the reasoning on this aspect is completely omitted. To conclude, as the Court does, that there is no doubt the events occur in the protection area of a stream because the MINAE witnesses so assured, without assessing what the sentence itself describes as inconsistencies in the statements of these witnesses or the contradictions between what they say and the documentary evidence, causes the nullity of the reasoning. The lower court forgets to analyze the different aspects of the evidentiary material received at trial as well as the accused's statement, merely indicating that he admitted the fact, when what the accused admitted was that he was helping an acquaintance saw some boards from a tree, but he denied there was a stream nearby. To the foregoing must be added that no information is given in the reasoning of the judgment about the referential stream, except for the doubt expressed in the sentence as to whether it is a permanent stream or not. The Dictionary of the Spanish Language defines stream (quebrada), in the relevant sense, as a brook or rivulet that runs through a break or cleft. It is of interest for a correct assessment of the facts to determine whether the waters said to run near the site of the forest exploitation are a permanent stream or not, whether it is a watercourse that must be protected or a depression in the land where water accumulates and flows during the rainy season. The Court expresses doubt in this regard, indicating that if the stream is not permanent, for that very reason it must be protected, which is rather a personal opinion but not a conclusion based on the applicable legal norms. Finally, the lower court pays no attention to the provisions of article 28 of the Forestry Law, because upon concluding that the event occurred in a protection area, it points out that it has no relevance whether it was a plantation tree or not. Given that the sentence is ineffective precisely regarding the foundations it offers to consider the events as having occurred within the protection area of a stream, what is provided in article 28 of the cited Law does gain importance, which stipulates: “Article 28.- Exception from felling permit. Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, will not require felling, transportation, industrialization, or export permits. However, in cases where a forestry contract existed before this law came into effect, signed with the State to receive Forest Bond Certificates or income tax deductions, the felling must be carried out in accordance with what is established in the management plan approved by the State Forestry Administration.” The events occur on a private farm and the accused stated that those trees had been planted, without the sentence citing evidence that contradicts this; this aspect, then, must be subject to examination to determine if the rule that exempts from the corresponding permit for the felling and processing of planted trees is applicable. For the stated reasons, the appeal is upheld, the challenged sentence is annulled, and a retrial is ordered for a new proceeding according to Law. As for the third ground of the appeal, a ruling is omitted as it is unnecessary, it being understood that the declaration of nullity also includes the civil condemnation rendered.

Por tanto:

The appeal filed by public defender [Nombre3] is upheld. The ineffectiveness of the sentence and the trial is ordered, in both criminal and civil aspects. The retrial is ordered for a new proceeding according to law. As unnecessary, a ruling on the third ground of the appeal is omitted. Notify.

[Nombre2]

Ingrid Estrada Venegas Gustavo Chan Mora

Judges of the Criminal Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal)

Exp. 11-000003-0540-TP

C/: [Nombre5]

Of/: Natural Resources

D/ Violation of the Forestry Law

Csolanog

EXP: 11-000003-0540-TP

Cartago Criminal Sentence Appeals Court. Telephone: [Telf1] or [Telf2]. Fax: [Telf3]. Email: [...]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 17-02-2026 18:51:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República