Res. 00339-2009 Tribunal de Casación Penal de Cartago — Acquittal for indirect mistake of law in logging within indigenous reserveAbsolución por error de prohibición indirecto en tala dentro de reserva indígena

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Tribunal de Casación Penal de Cartago

Resolución Nº 00339 - 2009

Fecha de la Resolución: 28 de Octubre del 2009 a las 15:40

Expediente: 07-200405-0634-PE

Redactado por: Ronald Cortés Coto

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Aprovechamiento ilegal de recursos forestales

Subtemas:

Revocatoria de sentencia y dictado de absolutoria basada en error de prohibición indirecto.
Análisis en caso de tala de árboles y cambio de uso de suelo en área boscosa de reserva indígena.

Tema: Cambio no autorizado del uso de la tierra

Subtemas:

Revocatoria de sentencia y dictado de absolutoria basada en error de prohibición indirecto.
Análisis en caso de tala de árboles en área boscosa de reserva indígena.

Tema: Error de prohibición indirecto

Subtemas:

Análisis en caso de tala de árboles y cambio de uso de suelo en área boscosa de reserva indígena.

Tema: Comunidad indígena

Subtemas:

Análisis en caso de tala de árboles y cambio de uso de suelo en área boscosa de reserva indígena.

“II- En su único motivo del recurso, el defensor público de la imputada [Nombre1]   , Licenciado [Nombre2]  , alega falta de fundamentación intelectiva. Estima el defensor que de la declaración de la imputada y del testigo [Nombre3]   , presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires (las cuales resume), se desprende que la encartada pidió la parcela para sembrar, y que le dijeron que podía cortar los árboles. Que pese a que ella les indica que ha oído que es problema cortar árboles, le reiteran que no había problema. Agrega que el testigo [Nombre4]  , Presidente de la Asociación que le asigna la parcela a la imputada, insistió en el debate que de acuerdo con la Ley Indígena y el Convenio 169, los indígenas pueden talar los árboles, lo que significa que él pudo inducir en error a la imputada en ese sentido. Argumenta que el juzgador a la hora de analizar la posible existencia de un error de prohibición por parte de la encartada, lo desecha por cuanto estima que la imputada declaró en el debate ser conocedora de que la corta de árboles era un problema, sin embargo, el recurrente estima que lo que la encartada dijo es que había oído que era un problema, no que tuviera pleno conocimiento de su prohibición. Indica que lo que le manifestaron los miembros de la asociación es suficiente para que incurriera en un error sobre la legalidad de cortar los árboles de su parcela para poder sembrarla. Alega que el Tribunal de Juicio se aparta de lo expuesto por el Tribunal de Casación Penal de Cartago en el Voto 297-2008 cuyo caso es similar, diciendo que no es aplicable por cuanto en este proceso aparece un elemento distinto, cual es que la señora [Nombre5]  manifestó que a ella le habían dicho que había problema en cortar árboles, lo que le daba un conocimiento extra y adicional. Finalmente arguye el señor defensor que el juzgador no analiza adecuadamente el error de prohibición, puesto que si la imputada conocía algo sobre la ilicitud de cortar árboles, ello no hace que pueda determinarse de acuerdo con esa comprensión, es decir no interioriza la norma de modo que, pueda comprender la prohibición, precisamente por su condición de indígena. Con lugar el reclamo. La sentencia tiene por demostrado, y es algo que el propio recurrente acepta, que la encartada procedió entre setiembre de 2006 a febrero de 2007, sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, a cortar tres hectáreas de bosque en el territorio indígena en Las Rosas de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, donde específicamente taló árboles de Targuá, Pilón, Fosforillo, María Espavel, Mayo Colorado y Cristóbal. Que posteriormente sin precisar fecha exacta pero en el mes de marzo de 2007, con posterioridad a la tala realizada en el inmueble en cuestión, la imputada procedió a cambiar el uso del suelo de las tres hactáreas de bosque donde realizó la tala, procediendo a sembrar maíz en el lugar ( folio 118). En el análisis de la tipicidad y antijuridicidad de la conducta, el Tribunal dijo lo siguiente: " La conducta realizada por la acusada se adecua a las previsiones de los numerales 58 inciso b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal vigente, que establecen los delitos de Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado, y de Cambio de Uso de la Tierra. 3.3.1. El numeral 58 inciso b) sanciona a quien aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado. El artículo 13 de la Ley Forestal establece que el Patrimonio Natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales y de las área declaradas inalienables. Por su parte el artículo tercero de la Ley Indígena número 6172, establece que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles. En consecuencia, los bosques y terrenos forestales ubicados en las reservas indígenas son parte del Patrimonio Natural del estado.  El numeral 3 inciso a) de la Ley Forestal define el concepto "aprovechamiento" como la acción o corta de árboles que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja o utilidad para quien lo realiza. En el caso particular es claro, como antes se expuso, que la tala llevada a cabo por la acusada en un área de aproximadamente tres hectáreas de bosque, fue realizada con la finalidad de poder destinar esos terrenos al cultivo de maíz, lo cual no se podía hacer a menos que se eliminara la masa boscosa existente en el sitio. En consecuencia, la tala de dichos árboles era útil a los fines propuestos por la acusada. pues gracias a ella pudo obtener el provecho que le representa el cultivo de maíz desarrollado posteriormente en el sitio.3.3.2. Por otra parte, el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal sanciona a quien realicen actividades que impliquen un cambio de uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de dicha ley. Este último numeral establece que en terrenos cubiertos de bosque no se permitirá cambiar el uso del suelo, sin embargo la Administración Forestal del Estado podrá autorizar las actividades que ese artículo establece. En el caso particular la acusada, sin permiso o autorización, procedió a cambiar el uso del suelo en la zona que interesa, pues una vez talado el bosque existente, dedicó el terreno a la siembra de maíz. 3.3.3. No es cierto lo indicado por [Nombre6]  , en el sentido de que cuando se trata de bosque de regeneración no es necesario contar con permiso alguno para talar, y que esa exigencia solo aplica respecto de los bosques primarios. La Ley Forestal no hace ninguna distinción de ese tipo para efectos de su aplicación. El artículo 3 de dicha ley, en su inciso d) define como "bosque" tanto el ecosistema nativo o autóctono como aquel regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales.De modo que es irrelevante para la adecuación típica de la conducta, que el bosque talado fuera bosque primario o producto de regeneración natural. 3.4. Sobre la antijuridicidad de los hechos objeto de este proceso. No existe en el caso concreto ningún tipo permisivo o causa de justificación que elimine la antijuridicidad formal de los hechos cometidos por la acusada.3.4.1. No es cierto lo afirmado por el testigo [Nombre6]  , en el sentido de que la Ley Indígena número 6172, así como el Convenio 169 de la OIT, autorizan a los pueblos indígenas para talar bosques y destruir, indiscriminadamente, los recursos naturales existentes en las reservas indígenas, de modo que no puede hablarse de que la acusada Etelgive [Nombre7]  hubiera actuado en ejercicio legítimo de algún derecho acordado por el ordenamiento jurídico.El Convenio 169 citado, incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante ley número 7316, señala en su artículo 4.1. que deberán adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos indígenas; el numeral 7.3. del convenio hace ver que los gobiernos deberán velar por la evaluación de la incidencia ambiental que las actividades de desarrollo puedan tener sobre los pueblos indígenas; el numeral 7.4. señala que los gobiernos deben tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan los pueblos indígenas. La preservación del medio ambiente constituye, indiscutiblemente, un derecho fundamental establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, y el Convenio 169 no puede ser interpretado, ni usado, para legitimar una lesión o afectación a ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado: el artículo 8.2. del convenio señala, expresamente, que el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias debe ser reconocido, siempre que estas costumbres no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.Por su parte, la Ley Indígena número 6172 dispone, en su artículo sétimo que “… los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de preservar la vida silvestre de esas regiones …”. Además el párrafo segundo del mismo artículo sétimo, hace ver que los recursos naturales renovables existentes en los terrenos comprendidos dentro de las reservas, deberán ser explotados racionalmente. De lo anterior se concluye que en ningún caso pueden ser usados ni el Convenio 169 citado, ni tampoco la Ley Indígena, para legitimar o amparar un daño ambiental como el realizado en el caso concreto por la acusada Etelgive [Nombre7] " ( folios 130 a 132). Las conclusiones expuestas por el Tribunal en cuanto a la existencia de una acción típica y antijurídica cometida por la imputada, así como la calificación legal de los hechos, se encuentra ajustada a derecho, y es algo que tampoco se discute en el recurso. Sin embargo el Tribunal quiere reafirmar el criterio de que en las Reservas Indígenas es igualmente sancionable penalmente y por ende ilegal, el talar bosques, sean primarios o secundarios, aprovechar los productos forestales de éstos, o cambiar el uso del suelo, salvo que exista autorización del Minaet en los casos que la ley señala. Resultan no solo ser conductas típicas, sino antijurídicas, pues como bien lo analizó el a quo, ni la Ley Indígena ni el Convenio 169, permiten a estas comunidades dañar el ambiente, que por lo demás es un derecho fundamental de la sociedad y se encuentra garantizado por el artículo 50 de la Constitución Política. Ahora bien, el argumento del recurrente va enfocado no hacia la inexistencia de una acción típica y antijurídica en la conducta de la imputada, sino en la existencia de un error de prohibición que excluye la culpabilidad de ésta, por haber creído que tenía autorización para talar los árboles dentro de la parcela que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre de Buenos Aires le había adjudicado, con el objeto de poder sembrar maiz y otros productos para su subsistencia y la de su familia. Es criterio de ésta Cámara que en la especie, existen suficientes elementos que derivan de la prueba recibida para estimar que la encartada Etelgive [Nombre5]  actuó bajo un error de prohibición indirecto, es decir bajo la falsa creencia de que al habérsele adjudicado una parcela dentro de una reserva indígena, con el propósito expreso de que cultivara la tierra, podía talar árboles del bosque para realizar tal actividad. En un proceso fácticamente similar al presente, ésta Cámara había indicado lo siguiente: "Como se observa, en la resolución se hace una interpretación sesgada del error de prohibición indirecto, en tanto se aplica al delito de usurpación desde la sola perspectiva del ingreso a la propiedad que le fue adjudicada a [Nombre8]  por la Junta de Desarrollo Indígena, omitiendo considerar que esa misma adjudicación que permitió su ingreso al inmueble se hizo sin ninguna limitación, es más concretamente se le autorizó para el desarrollo de la agricultura, o sea para sembrar en el terreno. Sobre esa base las conclusiones plasmadas en el fallo resultan evidentemente contradictorias, al pretender dividir la conducta de la acusada, entendida por una parte como el ingreso al terreno y por otra, como la ejecución de la siembra, cuando todo el comportamiento es englobante. En efecto, la realización de la siembra de maíz y ayote conforme se tuvo por demostrado, era la razón por la cual a ella se le dio la parcela, a saber para que la trabajara sin señalarle ninguna limitación, máxime que como lo señaló –en lo conducente– el testigo [Nombre9]   : “…El IDA compra o COANI con el fin de dar tierra a personas para que se dediquen a actividades agrícola, para que tengan ganado, siempre se requiere que se de para la agricultura, siempre las fincas que se dan son con áreas de bosque y áreas de trabajo, en ese entonces se tomaba la decisión que con dos años de plazo se le daba no le diera mantenimiento se le daba a otra persona, pero si la persona la trabajaba se le da por tiempo indefinido o hasta que quisiera… No recuerdo (la cantidad de terreno que le dio a [Nombre10]). Era como una(sic) área para trabajar en agricultura (el terreno que se le dio). No porque si el señor se lo dio a ella para que lo trabajar(sic) no podía ser bosque, porque las fincas tiene área de bosque, de regeneración de bosque de potrero, nosotros entregamos otras tierras igual.” (folio 296). Por su parte, la testigo [Nombre11]   , indicó: “…Yo no entiendo bien más que todo que si voy a explicar es que el en el 2002 yo era parte de la junta directiva de la asociación de Ujarras,  era tesorera, en ese tiempo se presentó la señora  [Nombre10](sic) a pedir un terreno a ella le gusta trabajar en agricultura, llego a la asociación y hizo la solicitud a todos, a ver si le podían dar ese terreno. Entonces el presidente [Nombre12](sic) dijo que le quería dar el terreno que era una señora [Nombre13]) que le gustaba trabajar, se le dio el acuerdo a la junta y estuvimos de acuerdo que se le diera el terreno a la señora… Si cuando estuve en la junta si el requisito era que la persona trabaje siembre y lo aproveche  bien, lo que si se le pide que no se le venda a nadie que sea personal de la persona y que lo cuide, y ahí mismo se le dice que si no lo trabaja la junta se lo quita, y el requisito  es que lo trabaje y si lo va a vender se lo quitan.  Si (se debe especificar cual lote es).  Si ( se comento cual era la propiedad de [Nombre14]). Ella llego a solicitar un lote y se le dijo que se le iba a dar el lote porque estaba acharralado y nadie lo trabajaba.” (folio 299, la negrita es suplida). En igual sentido, se manifestó el testigo [Nombre15]  , en cuanto a que la parcela que se le entregó a [Nombre10] era para que la trabajara (ver, folio 302). En el presente asunto, es evidente que [Nombre10] al realizar la siembra en el terreno actuó en la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga, o sea bajo un error de prohibición indirecto que supuso una defectuosa interpretación del hecho, que llevo a [Nombre8]  a creer falsamente que en la especie se daban las circunstancias que facultaban su conducta típica, es decir, que existe una autorización del ordenamiento jurídico para realizar la acción prevista por el tipo penal, ya que la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Ujarrás, órgano encargado al efecto en la zona donde se ejecutan los hechos, es quien ante su petición le designa la parcela y su tamaño para que ella específicamente según lo señalaron los propios testigos integrantes de la citada Junta Directiva, realizara la labor de siembra, es más ello era parte de las obligaciones que ella debía asumir y en caso de no proceder de esa manera le podían quitar el terreno asignado.  Cabe destacar al respecto, que “…Cuando el Código Penal dice en el artículo 35 que el error invencible debe recaer sobre la situación o "hecho" que se realiza no está sujeta a pena, quiere significar directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a pena, lo que puede suceder cuando:  a) El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la Norma;  b) el sujeto que actúa considera que el Ordenamiento Jurídico le concede un permiso para su actuación; c) El sujeto que actúa piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación cuando en realidad no lo está.  Estos tres supuestos están incluidos en la fórmula legal concebida por el Código, por lo que no parece haber problema alguno para incluir aquí los elementos del error de prohibición directo e indirecto.  En esta nomenclatura, plenamente compatible con nuestro Código, el error directo recae sobre el conocimiento de la Norma prohibitiva (el "No quitarás el terreno a otro ciudadano", norma penal antepuesta al tipo penal de usurpación, por ejemplo), mientras que el error indirecto, viene a significar la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga,...” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 446-F-92, de las 15:25 horas, del 25 de setiembre de 1992). En este orden de ideas, estando en presencia de un vicio de fundamentación contradictoria que incide en forma esencial sobre lo resuelto, procede declara con lugar el recurso de casación planteado por la defensa. En ese sentido, no obstante que la detección en el fallo del vicio ordinariamente impondría anular la sentencia y el debate para darle nueva sustanciación, en este caso por razones de economía procesal en realidad debe procederse directamente a resolver el fondo del asunto, pues se ha detectado que la actuación de la acusada conforme se deriva de la prueba evacuada en el contradictorio, se realizo bajo un error de prohibición indirecto que excluye la culpabilidad, y que por una incorrecta aplicación e interpretación de la juzgadora no se hizo extensivo a la totalidad del comportamiento acusado. Así las cosas, procede casar la sentencia y se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre16]  , de los delitos de invasión al área de protección y cambio de uso de suelo en concurso ideal. El Tribunal de Juicio deberá hacer las comunicaciones que correspondan. En todo lo demás, la sentencia permanece incólume" (Res 2008-297 Tribunal de Casación Penal de Cartago. La transcripción es literal). Lo expuesto en la resolución anterior es plenamente aplicable en este caso. La imputada es indígena, con baja escolaridad, por sus costumbres y creencias, son personas que respetan y actúan guiados por los criterios esbozados por quienes dirigen su comunidad. En el debate, la encartada indicó que ella solicitó a la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, que le asignara una parcela para trabajar la tierra- acción que por miles de años han realizado estas culturas-porción de tierra que le fue adjudicada con esa finalidad, según consta incluso en los documentos de folios 72 y 73. La encartada indicó en su declaración que la petición obedeció a que necesitaba sembrar maíz y otras verduras, para alimentar a su familia. Agregó que le dijeron que no había problema alguno para sembrar. Así mismo, cuando le interponen la denuncia, es que va a preguntarle a los miembros de la Asociación de Desarrollo y éstos le dicen que la Ley Indígena los protegía que siguiera trabajando la tierra. Si bien la imputada mencionó que ella había oído que era problema cortar los árboles, tal duda le es aclarada por el presidente de la Asociación de Desarrollo, el testigo [Nombre6]  , quien le dice que no es problema cortar árboles, que podía sembrar (folios 118-119). Su versión es corroborada por Don [Nombre17] , Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre, quien expuso que ellos son el gobierno local y tienen la potestad dentro de la reserva indígena de adjudicar esas parcelas para trabajar la tierra, lo cual a su juicio implica que pueden talar el bosque secundario que allí se encuentra para cultivar la tierra. Que esa finca la adquirió el Conai para ellos, y que a Doña Etelgive se le dio para sembrar, y ello implica talar árboles, lo que según su criterio, es un derecho que les da la ley indígena ( folios 122-123). Como se colige de lo anterior y de los documentos citados, nos encontramos ante una tala de bosque ocurrida dentro de una reserva indígena, realizada por una persona de esa étnia con el propósito de cultivar la tierra, acción que efectivamente realizó sembrando maíz en el lugar, según se desprende de la prueba recibida. La acción realizada por la encartada es avalada por quien es su jefe político, y a quien definitivamente los indígenas en su cultura y costumbres, le van a otorgar pleno respeto y credibilidad. A lo que se une el hecho de que sabemos que por miles de años, el medio de subsistencia de los indígenas ha sido el cultivo de la tierra. De allí que existen suficientes elementos para estimar que tal y como lo aduce el recurrente, la encartada actuó bajo la falsa creencia- inducida por el Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre- de que al haberle sido adjudicada la parcela dentro de una reserva indígena, y para sembrar maíz y otros alimentos, le era permitido talar parte del bosque. Su cultura, sus costumbres, las circunstancias en las cuales se le otorga la parcela (dentro de una reserva indígena y para el cultivo), así como la creencia de su Jefe Político de que la ley les permite talar bosque secundario para poder sembrar, afectó su conocimiento sobre la antijuridicidad de la conducta. Es claro, como ya se dijo, que la la acción de talar un bosque aún dentro de la Reserva Indígena, no está permitido, y es penalmente castigado, siendo la acción típica y antijurídica. Por ello, es definitivo que tanto Doña Etelgive como el señor [Nombre6]  , quién dirige la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, están bajo un error al creer que la Ley Indígena y el Convenio 169 les permite talar los bosques y sembrar allí sin el permiso del Minaet. Sin embargo, ese error en que se encuentra la imputada no puede llevar a considerar que su conducta sea culpable. La encartada actuó bajo un error de prohibición indirecto, al realizar las acciones prohibidas bajo la falsa creencia de que la ley le permitía talar parte del bosque para sembrar por ser el lugar una reserva indígena. Ese error es invencible, pues por las costumbres tan arraigadas que tienen los pueblos indígenas, el respeto que le tienen a sus jefes políticos, y la baja escolaridad de la encartada, era imposible exigirle que acudiera donde un abogado, o bien ante el Minaet a realizar una consulta, si los dirigentes de la comunidad indígena le estaban autorizando a sembrar en esa parcela boscosa. Es criterio de ésta Cámara que para interpretar tanto la ley como al valorar la prueba en procesos penales seguidos contra personas de etnia indígena, deben tomarse en cuenta algunas disposiciones establecidas en el Convenido 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes ( Ley 7316) a efecto de valorar especialmente su culpabilidad y de existir ésta, la pena a imponer, siempre dentro del marco de derechos fundamentales establecido por la Constitución Política y los Tratados Internacionales. En ese sentido los artículos 9 y 10 del Convenido citado disponen: Artículo 9. 1. "En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Artículo 10 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento" Por su parte el artículo 23 de dicho Convenio estipula: A rtículo 23 1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo". De esta normativa internacional ratificada por Costa Rica, se desprende que a la hora de aplicar la ley penal, las costumbres, tradiciones y cultura de estos pueblos deben ser tomados en cuenta, y es precisamente aplicando esta normativa en relación con la prueba recibida, que se estima que la imputada ha incurrido en un error invencible de prohibición indirecto, regulado en el artículo 35 del Código Penal. La agricultura de subsistencia, que fue la acción que realizó la imputada, es una costumbre arraigada en su cultura que debe tomarse en cuenta al momento de valorar su culpabilidad. Nótese que incluso el artículo 23 del Convenio indica que la artesanía, la industria rural, las actividades tradicionales relacionadas con la economía de subsistencia de estos pueblos, tales como la caza, pesca, caza con trampas y recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico. Sin embargo, el párrafo segundo de la norma, es claro en el sentido de que los Estados deben, a petición de estas comunidades suministrarles asistencia técnica y financiera que tenga en cuenta sus técnicas tradicionales pero a la vez la importancia del desarrollo sostenible y equitativo. Esta norma debe relacionarse con el artículo 50 de la Constitución que establece el derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre este derecho la Sala Constitucional ha indicado: "'El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.'"Introducido de manera tan exigente en la Constitución, en su formulación expresa, el derecho fundamental al ambiente está conformado, como suele reconocer la doctrina, por un haz de posiciones de tipos muy diferentes. En cuanto respecta a la posición del Estado, que es lo que por lo pronto interesa, el derecho fundamental al ambiente comienza por imponer límites a su actuación, límites que, en concreto, han de considerarse y fijarse según los casos; porque lógicamente el Estado, obligado a garantizar, defender y preservar ese derecho, no puede menos que omitir determinadas intervenciones suyas que incidan en el medio ambiente, aunque fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas (como es el caso, por ejemplo, de la explotación de depósitos de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas), si es que como resultado de ellas aquel derecho padece (o puede padecer) en la integridad que la Constitución le reconoce. Pero el derecho fundamental al ambiente es también un derecho a acciones positivas del Estado. Es, entre otras cosas, un derecho a su protección frente a terceros, lo cual incluye hasta la protección mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado; y un derecho a las prestaciones normativas del Estado, en otras áreas distintas del derecho penal, de lo que son expresión concreta las disposiciones legales que someten la exploración y la explotación de hidrocarburos a ciertas cautelas encaminadas a la protección medioambiental. En este último sentido se comprende que las normas de organización y procedimiento incluidas entre las que son el cauce que facilita el aprovechamiento de la riqueza energética, que son parte del ordenamiento jurídico estatal dispuesto para garantizar y preservar el derecho fundamental al ambiente, son lógica consecuencia de lo que la Constitución expresamente demanda del Estado; no ha de mirarse en ellas un obstáculo gratuito o irrazonable para el aprovechamiento de cierta clase de riqueza, socialmente significativa y aprovechable como medio de procurar 'el mayor bienestar a todos los habitantes del país', o bien, meras formalidades burocráticas que han de satisfacerse como tales formalidades. Se inscriben en lo ya dicho acerca de la compleja y diversa posición del Estado con respecto a la garantía y preservación del derecho fundamental al ambiente." (Sala Constitucional Res 2001-13295). En igual forma debe tomarse en cuenta el numeral 7 de la Ley 6172 ( Ley Indígena) que establece que los terrenos dentro de la reserva que tengan vocación forestal deben guardar ese carácter, así como el numeral 19 de la Ley Forestal, que establece la facultad de la Administración Forestal del Estado de autorizar en terrenos cubiertos de bosque, el cambio de uso del suelo en algunas circunstancias. Estas normas permiten al Estado costarricense proteger los bosques que son patrimonio natural del Estado, que incluyen -como afirma el juzgador- los ubicados en reservas indígenas, y a su vez permitir mediante estudio previo, el uso del suelo boscoso de manera equilibrada y racional a los pueblos indígenas, para que puedan ejercer sus actividades agrícolas tradicionales de subsistencia. El problema que ha surgido es que el Estado no ha asesorado debidamente a los indígenas sobre la forma, lugar, número de hectáreas, que pueden utilizar para cumplir con sus labores agrícolas de subsistencia dentro de las reservas indígenas, sin dañar el ecosistema. Es por ello, que surgen problemas como el presente en donde se enfrentan por un lado el derecho de los pueblos aborígenes a cultivar la tierra que se les dio, y el deber del Estado de proteger el ambiente, y dentro de éste, al bosque. Si bien ésta Cámara continúa sosteniendo que la acción desplegada por la imputada es típica (penalmente sancionable), y antijurídica (contraria al ordenamiento jurídico), ello no significa que el Estado fundamentándose en las normas transcritas, no pueda autorizar a los indígenas para que dentro de sus reservas, y acorde con un plan que fomente el desarrollo sostenible, y previos estudios de impacto ambiental, talen algunas áreas boscosas para que realicen una actividad milenaria arraigada a su cultura, como es la agricultura de subsistencia. La tesis sostenida por el juzgador en el sentido de que corresponde a los acusados que lo aleguen el demostrar el error de prohibición, no es de recibo por atentar contra el principio universal del In dubio pro reo del artículo 9 del Código Procesal Penal. Esta norma indica " en caso de duda sobre cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado". La culpabilidad del imputado debe demostrarse, razón por la cual si existe duda sobre su existencia, debe aplicarse el principio señalado y absolver al imputado. Por supuesto que no basta con que el imputado alegue una causa de justificación o de inculpabilidad para que se genere una duda, sino que deben existir algunos elementos de prueba que hagan al menos probable dicha tesis, más no es exigible su demostración con certeza. En ese sentido, refiriéndose a la legítima defensa, la doctrina ha indicado: " El establecimiento de una presunción de dicho tipo con respecto a una causa de justificación parte de la posición equivocada de que en lo relativo a las circunstancias que dan base a una causa de justificación no opera el in dubio pro reo. Debido a la vigencia de dicho principio una persona no puede ser condenada si existe duda con respecto a si actuó conforme a circunstancias que dan lugar a la existencia de una causa de justificación.....Sin embargo, debe reconocerse que el considerar que corresponde al imputado comprobar que actuó en legítima defensa es un error común en que se incurre en Costa Rica. (LLOBET [Nombre18]  Delitos contra la vida y la integridad corporal  Areté, pp 73-74.).  Igual tesis ha sostenido la jurisprudencia de casación indicando: "Empero, ante la alegación de causas de atipicidad, justificación o exculpación tanto al Ministerio Público como al querellante concierne la constatación de los hechos acusados y la correlativa desacreditación de los citados argumentos. Es decir, si se demuestra el delito es porque se tiene certeza de la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad y su acreditación corresponde al ente acusador. Adicionalmente, como la duda favorece al procesado, si se alega alguna de esas causales, aunque no se demostraran los supuestos fácticos para su existencia, ello no implica que deba procederse al rechazo de la tesis, porque basta que no exista certeza de la antijuridicidad o de la culpabilidad para que deba resolverse a su favor (en este sentido cfr .: [Nombre19] , , . La legítima defensa: alcances y límites dogmáticos y jurisprudenciales . Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2004, pp. 101 ss . y [Nombre20] ,  , . En los linderos del ius puniendi . Investigaciones Jurídicas, San José, 2005 pp. 232-235) (Res [Telf1] Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). En el presente caso, tal y como se dijo anteriormente, existen indicios claros, precisos y concordantes que avalan la tesis de la defensa en el sentido de que la imputada creía erróneamente que le asistía el derecho de talar el bosque para poder sembrar maíz y otros tubérculos para su subsistencia, por ser una reserva indígena, y habérsele autorizado a ello por parte del Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, órgano que según la Ley Indígena tiene la representación judicial de la citada reserva. Esta Cámara quiere dejar claro, que es penalmente sancionable, y por ende prohibido talar el bosque o cambiar el uso del suelo en el área boscosa de una reserva indígena, sin la autorización de la Administración Forestal del Estado. En igual forma, es obligación del Estado valorar conforme al Convenio 169 y las disposiciones de la Ley Indígena citadas, el promover el ejercicio de las costumbres y cultura de los indígenas dentro de las reservas que les han sido asignadas, de manera que actividades como la agricultura, la pesca y la caza, puedan ser autorizadas en esas reservas de forma razonable y en armonía con el ambiente, buscando un desarrollo sostenible. De lo contrario, la asignación de tierras a los indígenas no tiene ningún objeto, ni estaría cumpliendo con los objetivos del Convenio 169 ratificado por Costa Rica mediante Ley 7316. Por todo lo anterior, se acoge el único motivo del recurso, y se revoca la sentencia en cuanto condenó a la imputada [Nombre1]    como autora responsable de los delitos de aprovechamiento de recursos forestales  en terreno del Patrimonio Natural del Estado y Cambio de uso de la tierra en concurso material, así como la imposición de la pena de nueve meses de prisión y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena y sus condiciones. En su lugar se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A LA IMPUTADA POR LOS DELITOS ACUSADOS.  NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES, AL CONAI Y A LA OFICINA DEL MINAET CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.”

 

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Texto de la resolución

Res: [Telf1]

Exp: 07-200405-0634-PE

            Tribunal de Casación Penal de Cartago. A las quince horas cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil nueve.

             Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , mayor, casada, nacida el veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y siete, con cédula de identidad número CED1        , por el delito de Infracción a la Ley Forestal, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre2]  , [Nombre3]    y Joe Campos Bonilla. Se apersonaron en casación, el licenciado [Nombre4]    en calidad de defensor público de la imputada y la licenciada [Nombre5]   representante del Ministerio Público.

Resultando:

             1. Que mediante sentencia No. 135-2009 de las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil nueve, el Tribunal de Juicio de la zona sur sede Pérez Zeledón, resolvió: " POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 11, 30, 45, 50, 59 a 63, 71, 73, 74, del Código Penal; numerales 1, 3, 5, 6, 265 a 267, 341 a 365 y 367 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3 inciso d), 19, 58 inciso b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal, así como numerales 3 y 7 de la Ley Indígena número 6172, se declara a [Nombre1]   como autora responsable de los delitos de Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado, y de Cambio de Uso de la Tierra, cometidos en perjuicio de Los Recursos Naturales, en concurso material, y se le impone por el primer delito el tanto de SEIS MESES DE PRISIÓN, y por el segundo delito el tanto de TRES MESES DE PRISIÓN, para una pena total de NUEVE MESES DE PRISIÓN, que deberá descontar la acusada en el establecimiento carcelario respectivo. Se ordena que el área afectada por los hechos que aquí se investigan deberá dejarse regenerar naturalmente, a modo de restablecer en lo posible el daño causado. Se concede a la condenada el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, fijándose el período de prueba en TRES AÑOS, lapso durante el cual deberá respetar las siguientes condiciones: no deberá cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior a los seis meses de prisión; además durante ese lapso deberá abstenerse de realizar actividades agrícolas o agropecuarias de cualquier clase en la zona afectada, así como impedir que terceras personas las realicen, ello con la finalidad de permitir la regeneración natural del terreno. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá encargarse de vigilar que se permita la regeneración natural del área afectada. De no cumplir con las condiciones expuestas, se le revocara el beneficio concedido. Son las costas del proceso penal a cargo de la condenada. Una vez firme inscríbase en el Registro Judicial y comuníquese lo pertinente al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena. (f) Francisco Sánchez Fallas. JUEZ DE JUICIO ." (sic)

2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre4]    interpuso el recurso de casación.

            3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

            4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

             Redacta el Juez [Nombre6] , y;

Considerando:

            I.- El recurso de casación reúne los requisitos establecidos por los numerales 437, 458, 460 a 462 del Código Procesal Penal por lo que se entra a conocer de sus motivos.

            II- En su único motivo del recurso, el defensor público de la imputada Etelgive [Nombre7] , Licenciado [Nombre8]  , alega falta de fundamentación intelectiva. Estima el defensor que de la declaración de la imputada y del testigo [Nombre9]  , presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires (las cuales resume), se desprende que la encartada pidió la parcela para sembrar, y que le dijeron que podía cortar los árboles. Que pese a que ella les indica que ha oído que es problema cortar árboles, le reiteran que no había problema. Agrega que el testigo [Nombre10] , Presidente de la Asociación que le asigna la parcela a la imputada, insistió en el debate que de acuerdo con la Ley Indígena y el Convenio 169, los indígenas pueden talar los árboles, lo que significa que él pudo inducir en error a la imputada en ese sentido. Argumenta que el juzgador a la hora de analizar la posible existencia de un error de prohibición por parte de la encartada, lo desecha por cuanto estima que la imputada declaró en el debate ser conocedora de que la corta de árboles era un problema, sin embargo, el recurrente estima que lo que la encartada dijo es que había oído que era un problema, no que tuviera pleno conocimiento de su prohibición. Indica que lo que le manifestaron los miembros de la asociación es suficiente para que incurriera en un error sobre la legalidad de cortar los árboles de su parcela para poder sembrarla. Alega que el Tribunal de Juicio se aparta de lo expuesto por el Tribunal de Casación Penal de Cartago en el Voto 297-2008 cuyo caso es similar, diciendo que no es aplicable por cuanto en este proceso aparece un elemento distinto, cual es que la señora [Nombre7]  manifestó que a ella le habían dicho que había problema en cortar árboles, lo que le daba un conocimiento extra y adicional. Finalmente arguye el señor defensor que el juzgador no analiza adecuadamente el error de prohibición, puesto que si la imputada conocía algo sobre la ilicitud de cortar árboles, ello no hace que pueda determinarse de acuerdo con esa comprensión, es decir no interioriza la norma de modo que, pueda comprender la prohibición, precisamente por su condición de indígena. Con lugar el reclamo. La sentencia tiene por demostrado, y es algo que el propio recurrente acepta, que la encartada procedió entre setiembre de 2006 a febrero de 2007, sin contar con los permisos de la Administración Forestal del Estado, a cortar tres hectáreas de bosque en el territorio indígena en Las Rosas de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, donde específicamente taló árboles de Targuá, Pilón, Fosforillo, María Espavel, Mayo Colorado y Cristóbal. Que posteriormente sin precisar fecha exacta pero en el mes de marzo de 2007, con posterioridad a la tala realizada en el inmueble en cuestión, la imputada procedió a cambiar el uso del suelo de las tres hactáreas de bosque donde realizó la tala, procediendo a sembrar maíz en el lugar ( folio 118). En el análisis de la tipicidad y antijuridicidad de la conducta, el Tribunal dijo lo siguiente: " La conducta realizada por la acusada se adecua a las previsiones de los numerales 58 inciso b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal vigente, que establecen los delitos de Aprovechamiento de Recursos Forestales en Terreno del Patrimonio Natural del Estado, y de Cambio de Uso de la Tierra. 3.3.1. El numeral 58 inciso b) sanciona a quien aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado. El artículo 13 de la Ley Forestal establece que el Patrimonio Natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales y de las área declaradas inalienables. Por su parte el artículo tercero de la Ley Indígena número 6172, establece que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles. En consecuencia, los bosques y terrenos forestales ubicados en las reservas indígenas son parte del Patrimonio Natural del estado.  El numeral 3 inciso a) de la Ley Forestal define el concepto "aprovechamiento" como la acción o corta de árboles que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja o utilidad para quien lo realiza. En el caso particular es claro, como antes se expuso, que la tala llevada a cabo por la acusada en un área de aproximadamente tres hectáreas de bosque, fue realizada con la finalidad de poder destinar esos terrenos al cultivo de maíz, lo cual no se podía hacer a menos que se eliminara la masa boscosa existente en el sitio. En consecuencia, la tala de dichos árboles era útil a los fines propuestos por la acusada. pues gracias a ella pudo obtener el provecho que le representa el cultivo de maíz desarrollado posteriormente en el sitio.3.3.2. Por otra parte, el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal sanciona a quien realicen actividades que impliquen un cambio de uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de dicha ley. Este último numeral establece que en terrenos cubiertos de bosque no se permitirá cambiar el uso del suelo, sin embargo la Administración Forestal del Estado podrá autorizar las actividades que ese artículo establece. En el caso particular la acusada, sin permiso o autorización, procedió a cambiar el uso del suelo en la zona que interesa, pues una vez talado el bosque existente, dedicó el terreno a la siembra de maíz. 3.3.3. No es cierto lo indicado por [Nombre11]  , en el sentido de que cuando se trata de bosque de regeneración no es necesario contar con permiso alguno para talar, y que esa exigencia solo aplica respecto de los bosques primarios. La Ley Forestal no hace ninguna distinción de ese tipo para efectos de su aplicación. El artículo 3 de dicha ley, en su inciso d) define como "bosque" tanto el ecosistema nativo o autóctono como aquel regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales.De modo que es irrelevante para la adecuación típica de la conducta, que el bosque talado fuera bosque primario o producto de regeneración natural. 3.4. Sobre la antijuridicidad de los hechos objeto de este proceso. No existe en el caso concreto ningún tipo permisivo o causa de justificación que elimine la antijuridicidad formal de los hechos cometidos por la acusada.3.4.1. No es cierto lo afirmado por el testigo [Nombre11]  , en el sentido de que la Ley Indígena número 6172, así como el Convenio 169 de la OIT, autorizan a los pueblos indígenas para talar bosques y destruir, indiscriminadamente, los recursos naturales existentes en las reservas indígenas, de modo que no puede hablarse de que la acusada [Nombre1]   hubiera actuado en ejercicio legítimo de algún derecho acordado por el ordenamiento jurídico.El Convenio 169 citado, incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante ley número 7316, señala en su artículo 4.1. que deberán adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos indígenas; el numeral 7.3. del convenio hace ver que los gobiernos deberán velar por la evaluación de la incidencia ambiental que las actividades de desarrollo puedan tener sobre los pueblos indígenas; el numeral 7.4. señala que los gobiernos deben tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan los pueblos indígenas. La preservación del medio ambiente constituye, indiscutiblemente, un derecho fundamental establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, y el Convenio 169 no puede ser interpretado, ni usado, para legitimar una lesión o afectación a ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado: el artículo 8.2. del convenio señala, expresamente, que el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias debe ser reconocido, siempre que estas costumbres no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.Por su parte, la Ley Indígena número 6172 dispone, en su artículo sétimo que “… los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de preservar la vida silvestre de esas regiones …”. Además el párrafo segundo del mismo artículo sétimo, hace ver que los recursos naturales renovables existentes en los terrenos comprendidos dentro de las reservas, deberán ser explotados racionalmente. De lo anterior se concluye que en ningún caso pueden ser usados ni el Convenio 169 citado, ni tampoco la Ley Indígena, para legitimar o amparar un daño ambiental como el realizado en el caso concreto por la acusada [Nombre1]  " ( folios 130 a 132). Las conclusiones expuestas por el Tribunal en cuanto a la existencia de una acción típica y antijurídica cometida por la imputada, así como la calificación legal de los hechos, se encuentra ajustada a derecho, y es algo que tampoco se discute en el recurso. Sin embargo el Tribunal quiere reafirmar el criterio de que en las Reservas Indígenas es igualmente sancionable penalmente y por ende ilegal, el talar bosques, sean primarios o secundarios, aprovechar los productos forestales de éstos, o cambiar el uso del suelo, salvo que exista autorización del Minaet en los casos que la ley señala. Resultan no solo ser conductas típicas, sino antijurídicas, pues como bien lo analizó el a quo, ni la Ley Indígena ni el Convenio 169, permiten a estas comunidades dañar el ambiente, que por lo demás es un derecho fundamental de la sociedad y se encuentra garantizado por el artículo 50 de la Constitución Política. Ahora bien, el argumento del recurrente va enfocado no hacia la inexistencia de una acción típica y antijurídica en la conducta de la imputada, sino en la existencia de un error de prohibición que excluye la culpabilidad de ésta, por haber creído que tenía autorización para talar los árboles dentro de la parcela que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre de Buenos Aires le había adjudicado, con el objeto de poder sembrar maiz y otros productos para su subsistencia y la de su familia. Es criterio de ésta Cámara que en la especie, existen suficientes elementos que derivan de la prueba recibida para estimar que la encartada Etelgive [Nombre7]  actuó bajo un error de prohibición indirecto, es decir bajo la falsa creencia de que al habérsele adjudicado una parcela dentro de una reserva indígena, con el propósito expreso de que cultivara la tierra, podía talar árboles del bosque para realizar tal actividad. En un proceso fácticamente similar al presente, ésta Cámara había indicado lo siguiente: "Como se observa, en la resolución se hace una interpretación sesgada del error de prohibición indirecto, en tanto se aplica al delito de usurpación desde la sola perspectiva del ingreso a la propiedad que le fue adjudicada a [Nombre12]  por la Junta de Desarrollo Indígena, omitiendo considerar que esa misma adjudicación que permitió su ingreso al inmueble se hizo sin ninguna limitación, es más concretamente se le autorizó para el desarrollo de la agricultura, o sea para sembrar en el terreno. Sobre esa base las conclusiones plasmadas en el fallo resultan evidentemente contradictorias, al pretender dividir la conducta de la acusada, entendida por una parte como el ingreso al terreno y por otra, como la ejecución de la siembra, cuando todo el comportamiento es englobante. En efecto, la realización de la siembra de maíz y ayote conforme se tuvo por demostrado, era la razón por la cual a ella se le dio la parcela, a saber para que la trabajara sin señalarle ninguna limitación, máxime que como lo señaló –en lo conducente– el testigo [Nombre13]  : “…El IDA compra o COANI con el fin de dar tierra a personas para que se dediquen a actividades agrícola, para que tengan ganado, siempre se requiere que se de para la agricultura, siempre las fincas que se dan son con áreas de bosque y áreas de trabajo, en ese entonces se tomaba la decisión que con dos años de plazo se le daba no le diera mantenimiento se le daba a otra persona, pero si la persona la trabajaba se le da por tiempo indefinido o hasta que quisiera… No recuerdo (la cantidad de terreno que le dio a [Nombre14]). Era como una(sic) área para trabajar en agricultura (el terreno que se le dio). No porque si el señor se lo dio a ella para que lo trabajar(sic) no podía ser bosque, porque las fincas tiene área de bosque, de regeneración de bosque de potrero, nosotros entregamos otras tierras igual.” (folio 296). Por su parte, la testigo [Nombre15]  , indicó: “…Yo no entiendo bien más que todo que si voy a explicar es que el en el 2002 yo era parte de la junta directiva de la asociación de Ujarras,  era tesorera, en ese tiempo se presentó la señora  [Nombre16]) a pedir un terreno a ella le gusta trabajar en agricultura, llego a la asociación y hizo la solicitud a todos, a ver si le podían dar ese terreno. Entonces el presidente [Nombre17]) dijo que le quería dar el terreno que era una señora [Nombre18]) que le gustaba trabajar, se le dio el acuerdo a la junta y estuvimos de acuerdo que se le diera el terreno a la señora… Si cuando estuve en la junta si el requisito era que la persona trabaje siembre y lo aproveche  bien, lo que si se le pide que no se le venda a nadie que sea personal de la persona y que lo cuide, y ahí mismo se le dice que si no lo trabaja la junta se lo quita, y el requisito  es que lo trabaje y si lo va a vender se lo quitan.  Si (se debe especificar cual lote es).  Si ( se comento cual era la propiedad de [Nombre19]). Ella llego a solicitar un lote y se le dijo que se le iba a dar el lote porque estaba acharralado y nadie lo trabajaba.” (folio 299, la negrita es suplida). En igual sentido, se manifestó el testigo [Nombre20]  , en cuanto a que la parcela que se le entregó a [Nombre14] era para que la trabajara (ver, folio 302). En el presente asunto, es evidente que [Nombre14] al realizar la siembra en el terreno actuó en la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga, o sea bajo un error de prohibición indirecto que supuso una defectuosa interpretación del hecho, que llevo a [Nombre12]  a creer falsamente que en la especie se daban las circunstancias que facultaban su conducta típica, es decir, que existe una autorización del ordenamiento jurídico para realizar la acción prevista por el tipo penal, ya que la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Ujarrás, órgano encargado al efecto en la zona donde se ejecutan los hechos, es quien ante su petición le designa la parcela y su tamaño para que ella específicamente según lo señalaron los propios testigos integrantes de la citada Junta Directiva, realizara la labor de siembra, es más ello era parte de las obligaciones que ella debía asumir y en caso de no proceder de esa manera le podían quitar el terreno asignado.  Cabe destacar al respecto, que “…Cuando el Código Penal dice en el artículo 35 que el error invencible debe recaer sobre la situación o "hecho" que se realiza no está sujeta a pena, quiere significar directamente que el sujeto debe creer falsamente que el hecho no está sujeto a pena, lo que puede suceder cuando:  a) El sujeto actúa sin saber que lo que realiza se encuentra dentro del ámbito prohibitivo de la Norma;  b) el sujeto que actúa considera que el Ordenamiento Jurídico le concede un permiso para su actuación; c) El sujeto que actúa piensa que está dentro del ámbito de una causa de justificación cuando en realidad no lo está.  Estos tres supuestos están incluidos en la fórmula legal concebida por el Código, por lo que no parece haber problema alguno para incluir aquí los elementos del error de prohibición directo e indirecto.  En esta nomenclatura, plenamente compatible con nuestro Código, el error directo recae sobre el conocimiento de la Norma prohibitiva (el "No quitarás el terreno a otro ciudadano", norma penal antepuesta al tipo penal de usurpación, por ejemplo), mientras que el error indirecto, viene a significar la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga,...” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, N° 446-F-92, de las 15:25 horas, del 25 de setiembre de 1992). En este orden de ideas, estando en presencia de un vicio de fundamentación contradictoria que incide en forma esencial sobre lo resuelto, procede declara con lugar el recurso de casación planteado por la defensa. En ese sentido, no obstante que la detección en el fallo del vicio ordinariamente impondría anular la sentencia y el debate para darle nueva sustanciación, en este caso por razones de economía procesal en realidad debe procederse directamente a resolver el fondo del asunto, pues se ha detectado que la actuación de la acusada conforme se deriva de la prueba evacuada en el contradictorio, se realizo bajo un error de prohibición indirecto que excluye la culpabilidad, y que por una incorrecta aplicación e interpretación de la juzgadora no se hizo extensivo a la totalidad del comportamiento acusado. Así las cosas, procede casar la sentencia y se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre21]  , de los delitos de invasión al área de protección y cambio de uso de suelo en concurso ideal. El Tribunal de Juicio deberá hacer las comunicaciones que correspondan. En todo lo demás, la sentencia permanece incólume" (Res 2008-297 Tribunal de Casación Penal de Cartago. La transcripción es literal). Lo expuesto en la resolución anterior es plenamente aplicable en este caso. La imputada es indígena, con baja escolaridad, por sus costumbres y creencias, son personas que respetan y actúan guiados por los criterios esbozados por quienes dirigen su comunidad. En el debate, la encartada indicó que ella solicitó a la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, que le asignara una parcela para trabajar la tierra- acción que por miles de años han realizado estas culturas-porción de tierra que le fue adjudicada con esa finalidad, según consta incluso en los documentos de folios 72 y 73. La encartada indicó en su declaración que la petición obedeció a que necesitaba sembrar maíz y otras verduras, para alimentar a su familia. Agregó que le dijeron que no había problema alguno para sembrar. Así mismo, cuando le interponen la denuncia, es que va a preguntarle a los miembros de la Asociación de Desarrollo y éstos le dicen que la Ley Indígena los protegía que siguiera trabajando la tierra. Si bien la imputada mencionó que ella había oído que era problema cortar los árboles, tal duda le es aclarada por el presidente de la Asociación de Desarrollo, el testigo [Nombre11]  , quien le dice que no es problema cortar árboles, que podía sembrar (folios 118-119). Su versión es corroborada por Don [Nombre22] , Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre, quien expuso que ellos son el gobierno local y tienen la potestad dentro de la reserva indígena de adjudicar esas parcelas para trabajar la tierra, lo cual a su juicio implica que pueden talar el bosque secundario que allí se encuentra para cultivar la tierra. Que esa finca la adquirió el Conai para ellos, y que a Doña Etelgive se le dio para sembrar, y ello implica talar árboles, lo que según su criterio, es un derecho que les da la ley indígena ( folios 122-123). Como se colige de lo anterior y de los documentos citados, nos encontramos ante una tala de bosque ocurrida dentro de una reserva indígena, realizada por una persona de esa étnia con el propósito de cultivar la tierra, acción que efectivamente realizó sembrando maíz en el lugar, según se desprende de la prueba recibida. La acción realizada por la encartada es avalada por quien es su jefe político, y a quien definitivamente los indígenas en su cultura y costumbres, le van a otorgar pleno respeto y credibilidad. A lo que se une el hecho de que sabemos que por miles de años, el medio de subsistencia de los indígenas ha sido el cultivo de la tierra. De allí que existen suficientes elementos para estimar que tal y como lo aduce el recurrente, la encartada actuó bajo la falsa creencia- inducida por el Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre- de que al haberle sido adjudicada la parcela dentro de una reserva indígena, y para sembrar maíz y otros alimentos, le era permitido talar parte del bosque. Su cultura, sus costumbres, las circunstancias en las cuales se le otorga la parcela (dentro de una reserva indígena y para el cultivo), así como la creencia de su Jefe Político de que la ley les permite talar bosque secundario para poder sembrar, afectó su conocimiento sobre la antijuridicidad de la conducta. Es claro, como ya se dijo, que la la acción de talar un bosque aún dentro de la Reserva Indígena, no está permitido, y es penalmente castigado, siendo la acción típica y antijurídica. Por ello, es definitivo que tanto Doña Etelgive como el señor [Nombre11]  , quién dirige la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, están bajo un error al creer que la Ley Indígena y el Convenio 169 les permite talar los bosques y sembrar allí sin el permiso del Minaet. Sin embargo, ese error en que se encuentra la imputada no puede llevar a considerar que su conducta sea culpable. La encartada actuó bajo un error de prohibición indirecto, al realizar las acciones prohibidas bajo la falsa creencia de que la ley le permitía talar parte del bosque para sembrar por ser el lugar una reserva indígena. Ese error es invencible, pues por las costumbres tan arraigadas que tienen los pueblos indígenas, el respeto que le tienen a sus jefes políticos, y la baja escolaridad de la encartada, era imposible exigirle que acudiera donde un abogado, o bien ante el Minaet a realizar una consulta, si los dirigentes de la comunidad indígena le estaban autorizando a sembrar en esa parcela boscosa. Es criterio de ésta Cámara que para interpretar tanto la ley como al valorar la prueba en procesos penales seguidos contra personas de etnia indígena, deben tomarse en cuenta algunas disposiciones establecidas en el Convenido 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes ( Ley 7316) a efecto de valorar especialmente su culpabilidad y de existir ésta, la pena a imponer, siempre dentro del marco de derechos fundamentales establecido por la Constitución Política y los Tratados Internacionales. En ese sentido los artículos 9 y 10 del Convenido citado disponen: Artículo 9. 1. "En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Artículo 10 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento" Por su parte el artículo 23 de dicho Convenio estipula: A rtículo 23 1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo". De esta normativa internacional ratificada por Costa Rica, se desprende que a la hora de aplicar la ley penal, las costumbres, tradiciones y cultura de estos pueblos deben ser tomados en cuenta, y es precisamente aplicando esta normativa en relación con la prueba recibida, que se estima que la imputada ha incurrido en un error invencible de prohibición indirecto, regulado en el artículo 35 del Código Penal. La agricultura de subsistencia, que fue la acción que realizó la imputada, es una costumbre arraigada en su cultura que debe tomarse en cuenta al momento de valorar su culpabilidad. Nótese que incluso el artículo 23 del Convenio indica que la artesanía, la industria rural, las actividades tradicionales relacionadas con la economía de subsistencia de estos pueblos, tales como la caza, pesca, caza con trampas y recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico. Sin embargo, el párrafo segundo de la norma, es claro en el sentido de que los Estados deben, a petición de estas comunidades suministrarles asistencia técnica y financiera que tenga en cuenta sus técnicas tradicionales pero a la vez la importancia del desarrollo sostenible y equitativo. Esta norma debe relacionarse con el artículo 50 de la Constitución que establece el derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre este derecho la Sala Constitucional ha indicado: "'El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.'"Introducido de manera tan exigente en la Constitución, en su formulación expresa, el derecho fundamental al ambiente está conformado, como suele reconocer la doctrina, por un haz de posiciones de tipos muy diferentes. En cuanto respecta a la posición del Estado, que es lo que por lo pronto interesa, el derecho fundamental al ambiente comienza por imponer límites a su actuación, límites que, en concreto, han de considerarse y fijarse según los casos; porque lógicamente el Estado, obligado a garantizar, defender y preservar ese derecho, no puede menos que omitir determinadas intervenciones suyas que incidan en el medio ambiente, aunque fuesen lícitas o estuviesen destinadas a perseguir finalidades legítimas (como es el caso, por ejemplo, de la explotación de depósitos de petróleo u otras sustancias hidrocarburadas), si es que como resultado de ellas aquel derecho padece (o puede padecer) en la integridad que la Constitución le reconoce. Pero el derecho fundamental al ambiente es también un derecho a acciones positivas del Estado. Es, entre otras cosas, un derecho a su protección frente a terceros, lo cual incluye hasta la protección mediante el ejercicio del poder punitivo del Estado; y un derecho a las prestaciones normativas del Estado, en otras áreas distintas del derecho penal, de lo que son expresión concreta las disposiciones legales que someten la exploración y la explotación de hidrocarburos a ciertas cautelas encaminadas a la protección medioambiental. En este último sentido se comprende que las normas de organización y procedimiento incluidas entre las que son el cauce que facilita el aprovechamiento de la riqueza energética, que son parte del ordenamiento jurídico estatal dispuesto para garantizar y preservar el derecho fundamental al ambiente, son lógica consecuencia de lo que la Constitución expresamente demanda del Estado; no ha de mirarse en ellas un obstáculo gratuito o irrazonable para el aprovechamiento de cierta clase de riqueza, socialmente significativa y aprovechable como medio de procurar 'el mayor bienestar a todos los habitantes del país', o bien, meras formalidades burocráticas que han de satisfacerse como tales formalidades. Se inscriben en lo ya dicho acerca de la compleja y diversa posición del Estado con respecto a la garantía y preservación del derecho fundamental al ambiente." (Sala Constitucional Res 2001-13295). En igual forma debe tomarse en cuenta el numeral 7 de la Ley 6172 ( Ley Indígena) que establece que los terrenos dentro de la reserva que tengan vocación forestal deben guardar ese carácter, así como el numeral 19 de la Ley Forestal, que establece la facultad de la Administración Forestal del Estado de autorizar en terrenos cubiertos de bosque, el cambio de uso del suelo en algunas circunstancias. Estas normas permiten al Estado costarricense proteger los bosques que son patrimonio natural del Estado, que incluyen -como afirma el juzgador- los ubicados en reservas indígenas, y a su vez permitir mediante estudio previo, el uso del suelo boscoso de manera equilibrada y racional a los pueblos indígenas, para que puedan ejercer sus actividades agrícolas tradicionales de subsistencia. El problema que ha surgido es que el Estado no ha asesorado debidamente a los indígenas sobre la forma, lugar, número de hectáreas, que pueden utilizar para cumplir con sus labores agrícolas de subsistencia dentro de las reservas indígenas, sin dañar el ecosistema. Es por ello, que surgen problemas como el presente en donde se enfrentan por un lado el derecho de los pueblos aborígenes a cultivar la tierra que se les dio, y el deber del Estado de proteger el ambiente, y dentro de éste, al bosque. Si bien ésta Cámara continúa sosteniendo que la acción desplegada por la imputada es típica (penalmente sancionable), y antijurídica (contraria al ordenamiento jurídico), ello no significa que el Estado fundamentándose en las normas transcritas, no pueda autorizar a los indígenas para que dentro de sus reservas, y acorde con un plan que fomente el desarrollo sostenible, y previos estudios de impacto ambiental, talen algunas áreas boscosas para que realicen una actividad milenaria arraigada a su cultura, como es la agricultura de subsistencia. La tesis sostenida por el juzgador en el sentido de que corresponde a los acusados que lo aleguen el demostrar el error de prohibición, no es de recibo por atentar contra el principio universal del In dubio pro reo del artículo 9 del Código Procesal Penal. Esta norma indica " en caso de duda sobre cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado". La culpabilidad del imputado debe demostrarse, razón por la cual si existe duda sobre su existencia, debe aplicarse el principio señalado y absolver al imputado. Por supuesto que no basta con que el imputado alegue una causa de justificación o de inculpabilidad para que se genere una duda, sino que deben existir algunos elementos de prueba que hagan al menos probable dicha tesis, más no es exigible su demostración con certeza. En ese sentido, refiriéndose a la legítima defensa, la doctrina ha indicado: " El establecimiento de una presunción de dicho tipo con respecto a una causa de justificación parte de la posición equivocada de que en lo relativo a las circunstancias que dan base a una causa de justificación no opera el in dubio pro reo. Debido a la vigencia de dicho principio una persona no puede ser condenada si existe duda con respecto a si actuó conforme a circunstancias que dan lugar a la existencia de una causa de justificación.....Sin embargo, debe reconocerse que el considerar que corresponde al imputado comprobar que actuó en legítima defensa es un error común en que se incurre en Costa Rica. (LLOBET [Nombre23]  Delitos contra la vida y la integridad corporal  [Nombre24], pp 73-74.).  Igual tesis ha sostenido la jurisprudencia de casación indicando: "Empero, ante la alegación de causas de atipicidad, justificación o exculpación tanto al Ministerio Público como al querellante concierne la constatación de los hechos acusados y la correlativa desacreditación de los citados argumentos. Es decir, si se demuestra el delito es porque se tiene certeza de la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad y su acreditación corresponde al ente acusador. Adicionalmente, como la duda favorece al procesado, si se alega alguna de esas causales, aunque no se demostraran los supuestos fácticos para su existencia, ello no implica que deba procederse al rechazo de la tesis, porque basta que no exista certeza de la antijuridicidad o de la culpabilidad para que deba resolverse a su favor (en este sentido cfr .: [Nombre25] , , . La legítima defensa: alcances y límites dogmáticos y jurisprudenciales . Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2004, pp. 101 ss . y [Nombre26] ,  , . En los linderos del ius puniendi . Investigaciones Jurídicas, San José, 2005 pp. 232-235) (Res [Telf2] Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). En el presente caso, tal y como se dijo anteriormente, existen indicios claros, precisos y concordantes que avalan la tesis de la defensa en el sentido de que la imputada creía erróneamente que le asistía el derecho de talar el bosque para poder sembrar maíz y otros tubérculos para su subsistencia, por ser una reserva indígena, y habérsele autorizado a ello por parte del Presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, órgano que según la Ley Indígena tiene la representación judicial de la citada reserva. Esta Cámara quiere dejar claro, que es penalmente sancionable, y por ende prohibido talar el bosque o cambiar el uso del suelo en el área boscosa de una reserva indígena, sin la autorización de la Administración Forestal del Estado. En igual forma, es obligación del Estado valorar conforme al Convenio 169 y las disposiciones de la Ley Indígena citadas, el promover el ejercicio de las costumbres y cultura de los indígenas dentro de las reservas que les han sido asignadas, de manera que actividades como la agricultura, la pesca y la caza, puedan ser autorizadas en esas reservas de forma razonable y en armonía con el ambiente, buscando un desarrollo sostenible. De lo contrario, la asignación de tierras a los indígenas no tiene ningún objeto, ni estaría cumpliendo con los objetivos del Convenio 169 ratificado por Costa Rica mediante Ley 7316. Por todo lo anterior, se acoge el único motivo del recurso, y se revoca la sentencia en cuanto condenó a la imputada [Nombre27]   como autora responsable de los delitos de aprovechamiento de recursos forestales  en terreno del Patrimonio Natural del Estado y Cambio de uso de la tierra en concurso material, así como la imposición de la pena de nueve meses de prisión y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena y sus condiciones. En su lugar se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A LA IMPUTADA POR LOS DELITOS ACUSADOS.  NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES, AL CONAI Y A LA OFICINA DEL MINAET CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

Por tanto:

             Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública de la imputada. Se revoca la sentencia en cuanto condenó a la imputada [Nombre27]   como autora responsable de los delitos de aprovechamiento de recursos forestales en terreno del Patrimonio Natural del Estado y Cambio de uso de la tierra en concurso material, así como la imposición de la pena de nueve meses de prisión y la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena y sus condiciones. En su lugar se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A LA IMPUTADA POR LOS DELITOS ACUSADOS.   NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES, AL CONAI Y A LA OFICINA DEL MINAET CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD- PACÍFICO.

 

 

 

[Nombre28] 

 

 

 

 [Nombre29]                                                                       Joe Campos Bonilla                                                                                                                                  

 

 

Jueces del Tribunal de Casación Penal

 

Exp. CED2

C/: [Nombre1] 

Of/: Los Recursos Naturales

D/: Infracción a la Ley Forestal

Jaos

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:41:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Casación Penal de Cartago

Resolution No. 00339 - 2009

Date of Resolution: October 28, 2009 at 3:40 p.m.

Case File: 07-200405-0634-PE

Drafted by: Ronald Cortés Coto

Type of matter: Cassation appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Content of Interest:

Strategic Topics: Human Rights, Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Criminal Law

Topic: Illegal harvesting of forest resources

Subtopics:

Revocation of judgment and entry of acquittal based on indirect mistake of prohibition.
Analysis in case of tree felling and land-use change (cambio de uso del suelo) in forested area of indigenous reserve.

Topic: Unauthorized change of land use

Subtopics:

Revocation of judgment and entry of acquittal based on indirect mistake of prohibition.
Analysis in case of tree felling in forested area of indigenous reserve.

Topic: Indirect mistake of prohibition

Subtopics:

Analysis in case of tree felling and land-use change (cambio de uso del suelo) in forested area of indigenous reserve.

Topic: Indigenous community

Subtopics:

Analysis in case of tree felling and land-use change (cambio de uso del suelo) in forested area of indigenous reserve.

“II- In his sole ground of appeal, the public defender of the accused [Nombre1], Attorney [Nombre2], alleges a lack of intellectual reasoning. The defender considers that from the statement of the accused and of the witness [Nombre3], president of the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires (which he summarizes), it is clear that the accused requested the plot to plant, and that they told her she could cut the trees. That even though she tells them that she has heard that cutting trees is a problem, they reiterate that there was no problem. He adds that the witness [Nombre4], President of the Association that assigned the plot to the accused, insisted in the trial that according to the Ley Indígena and Convention 169, indigenous people can fell trees, which means that he could have induced the accused into error in that regard. He argues that when analyzing the possible existence of a mistake of prohibition on the part of the accused, the judge dismisses it because he considers that the accused stated in the trial that she was aware that cutting trees was a problem; however, the appellant considers that what the accused said was that she had heard it was a problem, not that she had full knowledge of its prohibition. He indicates that what the members of the association told her is sufficient for her to have incurred an error regarding the legality of cutting the trees on her plot in order to plant it. He alleges that the Trial Court departs from what was set forth by the Tribunal de Casación Penal de Cartago in Voto 297-2008, whose case is similar, saying that it is not applicable because in this proceeding a different element appears, which is that Mrs. [Nombre5] stated that she had been told that there was a problem in cutting trees, which gave her extra and additional knowledge. Finally, the defense counsel argues that the judge does not adequately analyze the mistake of prohibition, since if the accused knew something about the illegality of cutting trees, this does not mean that it can be determined in accordance with that understanding, that is, she does not internalize the rule in such a way that she can understand the prohibition, precisely because of her condition as an indigenous person. The claim is upheld. The judgment has as proven, and it is something that the appellant himself accepts, that the accused, between September 2006 and February 2007, without having the permits from the Administración Forestal del Estado, proceeded to cut three hectares of forest in the indigenous territory in Las Rosas de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, where she specifically felled trees of Targuá, Pilón, Fosforillo, María Espavel, Mayo Colorado and Cristóbal. That subsequently, without specifying an exact date but in the month of March 2007, after the felling carried out on the property in question, the accused proceeded to change the land use (cambio del uso del suelo) of the three hectares of forest where she carried out the felling, proceeding to plant corn in the place (folio 118). In the analysis of the typicality and unlawfulness of the conduct, the Court stated the following: "The conduct carried out by the accused fits the provisions of numerals 58 subsection b) and 61 subsection c) of the current Ley Forestal, which establish the crimes of Harvesting of Forest Resources on Land of the Natural Heritage of the State, and of Change of Land Use. 3.3.1. Numeral 58 subsection b) punishes whoever harvests forest resources on lands of the natural heritage of the State. Article 13 of the Ley Forestal establishes that the Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves and of the areas declared inalienable. For its part, Article three of the Ley Indígena number 6172 establishes that indigenous reserves are inalienable and imprescriptible. Consequently, the forests and forest lands located in the indigenous reserves are part of the Natural Heritage of the State. Numeral 3 subsection a) of the Ley Forestal defines the concept 'harvesting' (aprovechamiento) as the action or felling of trees that generates or may generate some profit, benefit, advantage, or utility for the person who carries it out. In the particular case, it is clear, as previously set forth, that the felling carried out by the accused in an area of approximately three hectares of forest was carried out with the purpose of being able to allocate those lands to the cultivation of corn, which could not be done unless the existing forest mass on the site was eliminated. Consequently, the felling of said trees was useful for the ends proposed by the accused, since thanks to it she could obtain the benefit represented by the corn cultivation subsequently developed on the site. 3.3.2. On the other hand, Article 61 subsection c) of the Ley Forestal punishes whoever carries out activities that imply a land-use change (cambio de uso de la tierra), contrary to what is stipulated in Article 19 of said law. This last numeral establishes that on lands covered by forest, changing the soil use (cambio del uso del suelo) shall not be permitted; however, the Administración Forestal del Estado may authorize the activities that said article establishes. In the particular case, the accused, without permit or authorization, proceeded to change the soil use (cambio del uso del suelo) in the zone of interest, since once the existing forest was felled, she dedicated the land to the planting of corn. 3.3.3. What was indicated by [Nombre6] is not true, in the sense that when it comes to regeneration forest it is not necessary to have any permit to fell, and that this requirement only applies with respect to primary forests. The Ley Forestal does not make any distinction of this type for the purposes of its application. Article 3 of said law, in its subsection d), defines 'forest' (bosque) as both the native or autochthonous ecosystem and that regenerated by natural succession or other forest techniques. Such that it is irrelevant for the criminal classification of the conduct whether the felled forest was primary forest or a product of natural regeneration. 3.4. On the unlawfulness of the facts subject to this proceeding. In the specific case, there is no permissive type or cause of justification that eliminates the formal unlawfulness of the acts committed by the accused. 3.4.1. What was affirmed by the witness [Nombre6] is not true, in the sense that the Ley Indígena number 6172, as well as Convention 169 of the ILO, authorize indigenous peoples to fell forests and indiscriminately destroy the natural resources existing in the indigenous reserves, such that it cannot be said that the accused Etelgive [Nombre7] acted in the legitimate exercise of some right granted by the legal system. Convention 169 cited, incorporated into the national legal system through Law number 7316, states in its Article 4.1 that the necessary measures shall be adopted to safeguard the environment of indigenous peoples; numeral 7.3 of the convention makes clear that governments shall ensure that environmental impact assessments (evaluaciones de la incidencia ambiental) are carried out for development activities that may affect indigenous peoples; numeral 7.4 states that governments must take measures to protect and preserve the environment of the territories inhabited by indigenous peoples. The preservation of the environment indisputably constitutes a fundamental right established in Article 50 of the Political Constitution, and Convention 169 cannot be interpreted, nor used, to legitimize an injury or affectation to that right to enjoy a healthy and balanced environment: Article 8.2 of the convention expressly states that the right of indigenous peoples to conserve their own customs and institutions must be recognized, provided that these customs are not incompatible with the fundamental rights defined by the national legal system or with internationally recognized human rights. For its part, the Ley Indígena number 6172 provides, in its Article seven, that '... the lands included within the reserves, which are of forestry vocation, shall maintain that character, in order to keep the hydrological balance of the hydrographic basins unaltered and to preserve the wildlife of those regions ...'. Furthermore, the second paragraph of the same Article seven makes clear that the renewable natural resources existing on the lands included within the reserves must be exploited rationally. From the foregoing, it is concluded that in no case can Convention 169 cited, nor the Ley Indígena, be used to legitimize or protect environmental damage like that carried out in the specific case by the accused Etelgive [Nombre7]" (folios 130 to 132). The conclusions set forth by the Court regarding the existence of a criminal and unlawful action committed by the accused, as well as the legal classification of the facts, are in accordance with the law, and this is something also not disputed in the appeal. However, the Court wishes to reaffirm the criterion that in the Indigenous Reserves it is equally punishable criminally and therefore illegal to fell forests, whether primary or secondary, to harvest the forest products thereof, or to change the soil use (cambio del uso del suelo), unless there is authorization from Minaet in the cases provided by law. They are not only criminal conducts, but also unlawful, since as well analyzed by the lower court, neither the Ley Indígena nor Convention 169 permit these communities to damage the environment, which moreover is a fundamental right of society and is guaranteed by Article 50 of the Political Constitution. Now then, the appellant's argument is focused not on the nonexistence of a criminal and unlawful action in the conduct of the accused, but on the existence of a mistake of prohibition that excludes her culpability, for having believed that she had authorization to fell the trees within the plot that the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre de Buenos Aires had assigned to her, in order to be able to plant corn and other products for her subsistence and that of her family. It is the criterion of this Chamber that in the case, there are sufficient elements derived from the evidence received to consider that the accused Etelgive [Nombre5] acted under an indirect mistake of prohibition, that is, under the false belief that, having been assigned a plot within an indigenous reserve, with the express purpose of cultivating the land, she could fell trees from the forest to carry out such activity. In a case factually similar to the present one, this Chamber had indicated the following: "As observed, the resolution makes a biased interpretation of the indirect mistake of prohibition, insofar as it is applied to the crime of usurpation solely from the perspective of entering the property that was assigned to [Nombre8] by the Junta de Desarrollo Indígena, omitting to consider that this same assignment that allowed her entry to the property was made without any limitation; moreover, she was specifically authorized for the development of agriculture, that is, to plant on the land. On that basis, the conclusions captured in the ruling are evidently contradictory, by attempting to divide the conduct of the accused, understood on one hand as entry to the land and on the other, as the execution of planting, when all the behavior is encompassing. Indeed, the carrying out of the planting of corn and squash, as was held as proven, was the reason why the plot was given to her, namely so that she would work it without indicating any limitation to her, especially since as the witness [Nombre9] indicated –in what is relevant-: '...The IDA buys or COANI with the aim of giving land to people so that they engage in agricultural activities, so that they have cattle, it is always required that it be given for agriculture, the farms that are given always have forest areas and work areas, at that time the decision was made that if within two years of it being given no maintenance was done, it would be given to another person, but if the person worked it, it would be given for an indefinite time or until they wanted... I do not remember (the amount of land given to [Nombre10]). It was like a (sic) area to work in agriculture (the land that was given to her). No, because if the man gave it to her so she could work (sic) it, it could not be forest, because the farms have forest areas, areas of forest regeneration, pastureland, we deliver other lands the same way.' (folio 296). For her part, the witness [Nombre11] indicated: '...I do not fully understand, more than anything, that if I am going to explain, it is that in 2002 I was part of the board of directors of the association of Ujarras, I was treasurer, at that time Mrs. [Nombre10] (sic) appeared to request a piece of land, she likes to work in agriculture, she came to the association and made the request to everyone, to see if they could give her that land. Then the president [Nombre12] (sic) said he wanted to give her the land, that she was a lady ([Nombre13]) who liked to work, the agreement was made known to the board and we agreed that the land should be given to the lady... Yes, when I was on the board, the requirement was that the person work, plant, and make good use of it, what is asked is that it not be sold to anyone, that it be personal to the person and that they take care of it, and right there it is said that if they do not work it, the board will take it away, and the requirement is that they work it, and if they are going to sell it, they take it away. Yes (the lot must be specified which one it is). Yes (it was discussed which property belonged to [Nombre14]). She came to request a lot and she was told that she was going to be given the lot because it was overgrown and no one worked it.' (folio 299, boldface supplied). In the same sense, the witness [Nombre15] stated that the plot that was given to [Nombre10] was so that she would work it (see, folio 302). In the present matter, it is evident that [Nombre10], when carrying out the planting on the land, acted under the false assumption of the existence of a permit that the law does not grant, that is, under an indirect mistake of prohibition that supposed a defective interpretation of the fact, which led [Nombre8] to falsely believe that in the case, the circumstances that authorized her criminal conduct were present, that is, that an authorization from the legal system exists to carry out the action provided for by the criminal offense, since the Board of Directors of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Ujarrás, the body in charge for this purpose in the zone where the events were carried out, is the one that, upon her request, designates the plot and its size so that she, specifically as stated by the witness members of said Board of Directors themselves, would carry out the work of planting; moreover, this was part of the obligations she had to assume, and if she failed to proceed in that manner, they could take the assigned land away from her. It is worth highlighting in this regard that '...When the Criminal Code says in Article 35 that the invincible error must fall upon the situation or 'fact' being carried out that is not subject to penalty, it directly means that the subject must falsely believe that the act is not subject to penalty, which can occur when: a) The subject acts without knowing that what they are doing falls within the prohibitive scope of the Norm; b) the subject acting considers that the Legal System grants them a permit for their action; c) The subject acting thinks they are within the scope of a cause of justification when in reality they are not. These three assumptions are included in the legal formula conceived by the Code, so there seems to be no problem in including here the elements of direct and indirect mistake of prohibition. In this nomenclature, fully compatible with our Code, the direct error falls upon the knowledge of the prohibitive Norm (the 'Thou shalt not take the land from another citizen', criminal norm placed before the criminal offense of usurpation, for example), while the indirect error means the false assumption of the existence of a permit that the law does not grant,...' (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, No. 446-F-92, at 3:25 p.m., on September 25, 1992). In this vein, being in the presence of a defect of contradictory reasoning that essentially affects what was resolved, it is appropriate to uphold the cassation appeal filed by the defense. In that sense, although the detection in the ruling of the defect would ordinarily require annulling the judgment and the trial for a new proceeding, in this case, for reasons of procedural economy, it is actually appropriate to proceed directly to resolve the merits of the matter, since it has been detected that the action of the accused, as derived from the evidence produced at trial, was carried out under an indirect mistake of prohibition that excludes culpability, and that due to an incorrect application and interpretation by the judge, it was not extended to the entirety of the accused behavior. Thus, it is appropriate to vacate the judgment and [Nombre16] is acquitted of all penalty and responsibility for the crimes of invasion of the protection area and land-use change (cambio de uso de suelo) in ideal concurrence. The Trial Court shall make the corresponding communications. In all other respects, the judgment remains unscathed" (Res 2008-297 Tribunal de Casación Penal de Cartago. The transcription is literal). What was set forth in the previous resolution is fully applicable in this case. The accused is indigenous, with low schooling, and due to their customs and beliefs, they are people who respect and act guided by the criteria outlined by those who lead their community. At trial, the accused indicated that she requested the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires to assign her a plot to work the land—an action that these cultures have carried out for thousands of years—a portion of land that was assigned to her for that purpose, as recorded even in the documents on folios 72 and 73. The accused indicated in her statement that the request was because she needed to plant corn and other vegetables to feed her family. She added that they told her there was no problem whatsoever in planting. Likewise, when the complaint is filed against her, it is then that she goes to ask the members of the Asociación de Desarrollo, and they tell her that the Ley Indígena protected them, that she should continue working the land. Although the accused mentioned that she had heard that it was a problem to cut the trees, such doubt is clarified by the president of the Asociación de Desarrollo, the witness [Nombre6], who tells her that there is no problem in cutting trees, that she could plant (folios 118-119). Her version is corroborated by Mr. [Nombre17], President of the Asociación de Desarrollo de Salitre, who stated that they are the local government and have the authority within the indigenous reserve to assign those plots to work the land, which in his judgment implies that they can fell the secondary forest found there to cultivate the land. That this farm was acquired by Conai for them, and that it was given to Mrs. Etelgive to plant, and this implies felling trees, which according to his criterion, is a right that the Ley Indígena gives them (folios 122-123). As inferred from the foregoing and from the cited documents, we are faced with forest felling that occurred within an indigenous reserve, carried out by a person of that ethnicity with the purpose of cultivating the land, an action that she effectively carried out by planting corn in the place, as is clear from the evidence received. The action carried out by the accused is endorsed by her political leader, and to whom the indigenous people, in their culture and customs, will definitely grant full respect and credibility. To which is added the fact that we know that for thousands of years, the means of subsistence of indigenous people has been the cultivation of the land. Hence, there are sufficient elements to consider that, as argued by the appellant, the accused acted under the false belief—induced by the President of the Asociación de Desarrollo de Salitre—that having been assigned the plot within an indigenous reserve, and to plant corn and other foods, she was permitted to fell part of the forest. Her culture, her customs, the circumstances under which the plot is granted to her (within an indigenous reserve and for cultivation), as well as her Political Leader's belief that the law allows them to fell secondary forest in order to plant, affected her knowledge of the unlawfulness of the conduct. It is clear, as already stated, that the action of felling a forest even within the Indigenous Reserve is not permitted, and is criminally punished, the action being criminal and unlawful. Therefore, it is definitive that both Mrs. Etelgive and Mr. [Nombre6], who directs the Asociación de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires, are in error in believing that the Ley Indígena and Convention 169 allow them to fell forests and plant there without the permit from Minaet. However, that error in which the accused finds herself cannot lead to considering that her conduct is culpable. The accused acted under an indirect mistake of prohibition, carrying out the prohibited actions under the false belief that the law permitted her to fell part of the forest to plant because the place is an indigenous reserve. That error is invincible, since due to the deeply rooted customs that indigenous peoples have, the respect they have for their political leaders, and the low schooling of the accused, it was impossible to demand that she consult a lawyer, or go to Minaet to make an inquiry, if the leaders of the indigenous community were authorizing her to plant on that forested plot. It is the criterion of this Chamber that in order to interpret both the law and when evaluating the evidence in criminal proceedings brought against persons of indigenous ethnicity, certain provisions established in Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Law 7316) must be taken into account for the purpose of specifically evaluating their culpability and, if it exists, the penalty to be imposed, always within the framework of fundamental rights established by the Political Constitution and International Treaties. In that sense, Articles 9 and 10 of the cited Convention provide: Article 9. 1. "To the extent compatible with the national legal system and with internationally recognized human rights, the methods to which the peoples concerned traditionally resort for the repression of crimes committed by their members shall be respected. 2. The authorities and courts called to rule on criminal matters shall take into account the customs of said peoples in the matter. Article 10 1. When criminal sanctions provided for by general legislation are imposed on members of said peoples, their economic, social, and cultural characteristics shall be taken into account. 2. Preference shall be given to types of sanction other than imprisonment." For its part, Article 23 of said Convention stipulates: Article 23 1. Handicrafts, rural and community industries, and traditional activities related to the subsistence economy of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture and in their economic self-sufficiency and development. With the participation of those peoples, and whenever appropriate, governments shall ensure that these activities are strengthened and promoted. 2. At the request of the peoples concerned, appropriate technical and financial assistance shall be provided, whenever possible, that takes into account the traditional techniques and the cultural characteristics of those peoples and the importance of sustainable and equitable development." From this international regulation ratified by Costa Rica, it is clear that when applying criminal law, the customs, traditions, and culture of these peoples must be taken into account, and it is precisely by applying this regulation in relation to the evidence received that it is considered that the accused has incurred an invincible indirect mistake of prohibition, regulated in Article 35 of the Criminal Code. Subsistence agriculture, which was the action carried out by the accused, is a custom rooted in her culture that must be taken into account when assessing her culpability. Note that even Article 23 of the Convention indicates that handicrafts, rural industry, traditional activities related to the subsistence economy of these peoples, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture, self-sufficiency, and economic development. However, the second paragraph of the norm is clear in the sense that States must, at the request of these communities, provide them with technical and financial assistance that takes into account their traditional techniques but at the same time the importance of sustainable and equitable development. This norm must be related to Article 50 of the Constitution, which establishes the fundamental right of all citizens to have a healthy and ecologically balanced environment. Regarding this right, the Sala Constitucional has indicated: "'The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The Law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.' Introduced in such a demanding manner in the Constitution, in its express formulation, the fundamental right to the environment is composed, as the doctrine usually recognizes, of a bundle of positions of very different types. As far as it concerns the position of the State, which is what is relevant for now, the fundamental right to the environment begins by imposing limits on its action, limits that, specifically, must be considered and set according to the cases; because logically, the State, obliged to guarantee, defend, and preserve that right, can do no less than omit certain interventions of its own that affect the environment, even if they were lawful or were intended to pursue legitimate purposes (as is the case, for example, of the exploitation of petroleum deposits or other hydrocarbon substances), if as a result of them that right suffers (or may suffer) in the integrity that the Constitution recognizes for it. But the fundamental right to the environment is also a right to positive actions by the State. It is, among other things, a right to its protection against third parties, which includes even protection through the exercise of the punitive power of the State; and a right to the normative provisions of the State, in other areas distinct from criminal law, of which the legal provisions that subject the exploration and exploitation of hydrocarbons to certain precautions aimed at environmental protection are a concrete expression. In this latter sense, it is understood that the norms of organization and procedure included among those that are the channel that facilitates the use of energy wealth, which are part of the state legal system arranged to guarantee and preserve the fundamental right to the environment, are a logical consequence of what the Constitution expressly demands of the State; one should not see in them a gratuitous or unreasonable obstacle to the use of a certain type of wealth, socially significant and usable as a means of procuring 'the greatest well-being for all inhabitants of the country,' or mere bureaucratic formalities that must be satisfied as such formalities. They fall within what has already been said about the complex and diverse position of the State with respect to the guarantee and preservation of the fundamental right to the environment." (Sala Constitucional Res 2001-13295). In the same manner, numeral 7 of Law 6172 (Ley Indígena), which establishes that lands within the reserve that have forestry vocation must maintain that character, must be taken into account, as well as numeral 19 of the Ley Forestal, which establishes the authority of the Administración Forestal del Estado to authorize, on lands covered by forest, the land-use change (cambio de uso del suelo) under certain circumstances.

These norms allow the Costa Rican State to protect forests that are part of the State’s natural heritage, which include—as the judge affirms—those located in indigenous reserves, and in turn allow, through prior study, the balanced and rational use of forested land by indigenous peoples, so that they may carry out their traditional subsistence agricultural activities. The problem that has arisen is that the State has not properly advised indigenous people on the manner, location, or number of hectares that they may use to fulfill their subsistence agricultural work within the indigenous reserves, without damaging the ecosystem. That is why problems such as the present one arise, where on one side the right of aboriginal peoples to cultivate the land given to them clashes with the State’s duty to protect the environment, and within it, the forest. Although this Chamber continues to hold that the action carried out by the accused is typical (criminally punishable) and unlawful (contrary to the legal order), this does not mean that the State, relying on the transcribed norms, cannot authorize indigenous people so that within their reserves, and in accordance with a plan that promotes sustainable development, and following prior environmental impact studies, they may fell certain forested areas in order to carry out a millenary activity rooted in their culture, such as subsistence agriculture. The thesis held by the judge to the effect that it falls on the accused who allege a mistake of prohibition (error de prohibición) to prove it is unacceptable, as it violates the universal principle of In dubio pro reo under Article 9 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). This norm states: “in case of doubt on questions of fact, the decision shall be that most favorable to the accused.” The culpability of the accused must be proven, and therefore if doubt exists as to its existence, the stated principle must be applied and the accused acquitted. Of course, it is not sufficient for the accused to merely allege a ground of justification or exculpation to generate doubt; rather, some evidentiary elements must exist that make such a thesis at least probable, but proof to a certainty is not required. In that vein, referring to self-defense, legal doctrine has stated: “The establishment of a presumption of that kind regarding a ground of justification stems from the mistaken position that the in dubio pro reo does not operate with respect to the circumstances giving rise to a ground of justification. Due to the validity of that principle, a person cannot be convicted if doubt exists as to whether he acted in accordance with circumstances giving rise to a ground of justification… However, it must be recognized that considering the accused must prove that he acted in legitimate self-defense is a common error incurred in Costa Rica. (LLOBET [Name18] Crimes Against Life and Bodily Integrity, Areté, pp. 73-74). Cassation case law has held the same thesis, stating: “However, in the face of the allegation of grounds of atypicality, justification, or exculpation, it is incumbent upon both the Public Prosecutor’s Office and the private prosecutor to verify the facts charged and the corresponding discrediting of the cited arguments. That is, if the crime is proven it is because there is certainty of typicality, unlawfulness, and culpability, and proof thereof falls on the accusing body. Additionally, since doubt favors the accused, if any of those grounds are alleged, even if the factual premises for their existence are not proven, that does not mean the thesis must be rejected, because it suffices that there is no certainty of unlawfulness or culpability for the matter to be resolved in his favor (in this regard, cf.: [Name19], , . Self-Defense: Dogmatic and Jurisprudential Scope and Limits, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2004, pp. 101 et seq. and [Name20], , . On the Borders of Ius Puniendi, Investigaciones Jurídicas, San José, 2005 pp. 232-235) (Res [Telf1] Criminal Cassation Chamber, Second Judicial Circuit of San José). In the present case, as stated previously, there exist clear, precise, and concordant indications that support the defense’s thesis that the accused erroneously believed she had the right to fell the forest in order to plant corn and other tubers for her subsistence, because it was an indigenous reserve and she had been authorized to do so by the President of the Salitre de Buenos Aires Development Association, a body that, under the Indigenous Law (Ley Indígena), has judicial representation of said reserve. This Chamber wishes to make it clear that it is criminally punishable, and therefore prohibited, to fell the forest or change land use in the forested area of an indigenous reserve, without authorization from the State Forest Administration. Likewise, it is the obligation of the State, in accordance with Convention 169 and the cited provisions of the Indigenous Law, to promote the exercise of indigenous customs and culture within the reserves assigned to them, so that activities such as agriculture, fishing, and hunting may be authorized in those reserves in a reasonable manner and in harmony with the environment, pursuing sustainable development. Otherwise, the allocation of lands to indigenous people serves no purpose, nor would it be fulfilling the objectives of Convention 169, ratified by Costa Rica through Ley 7316. For all the foregoing, the sole ground of the appeal is upheld, and the judgment is reversed insofar as it convicted the accused [Name1] as the responsible perpetrator of the crimes of exploitation of forest resources (aprovechamiento de recursos forestales) on land belonging to the State’s natural heritage and change of land use (cambio de uso de la tierra) in material concurrence, as well as the imposition of a sentence of nine months’ imprisonment and the granting of the benefit of conditional execution of the sentence and its conditions. In its place, THE ACCUSED IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY FOR THE CHARGED CRIMES. LET THIS JUDGMENT BE NOTIFIED TO THE PARTIES, TO CONAI, AND TO THE OFFICE OF MINAET CORRESPONDING TO THE LA AMISTAD-PACÍFICO CONSERVATION AREA.”


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Text of the Ruling

Res: [Telf1]

Case File: 07-200405-0634-PE

Criminal Cassation Chamber of Cartago. At fifteen hours and forty minutes on the twenty-eighth of October two thousand nine.

Cassation appeal filed in the present case against [Name1], of legal age, married, born on the twenty-fourth of July nineteen sixty-seven, with identity card number CED1, for the crime of Violation of the Forestry Law, to the detriment of Natural Resources. The judges [Name2], [Name3], and Joe Campos Bonilla participate in the decision of the appeal. Attorney [Name4], as public defender of the accused, and Attorney [Name5], representing the Public Prosecutor’s Office, appeared in cassation.

Whereas:

1. That by judgment No. 135-2009 at nine hours on the twenty-third of June two thousand nine, the Trial Court of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, resolved: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited norms, and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 11, 30, 45, 50, 59 to 63, 71, 73, 74 of the Penal Code; numerals 1, 3, 5, 6, 265 to 267, 341 to 365, and 367 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 3 subsection d), 19, 58 subsection b), and 61 subsection c) of the Forestry Law, as well as numerals 3 and 7 of the Indigenous Law number 6172, [Name1] is declared the responsible perpetrator of the crimes of Exploitation of Forest Resources on Land of the State’s Natural Heritage and of Change of Land Use, committed to the detriment of Natural Resources, in material concurrence, and for the first crime the amount of SIX MONTHS’ IMPRISONMENT is imposed, and for the second crime the amount of THREE MONTHS’ IMPRISONMENT, for a total sentence of NINE MONTHS’ IMPRISONMENT, which the accused shall serve in the respective prison establishment. It is ordered that the area affected by the acts investigated herein shall be left to regenerate naturally, so as to restore as far as possible the damage caused. The convicted person is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE, setting the probation period at THREE YEARS, during which time she must comply with the following conditions: she shall not commit a new intentional crime punishable by more than six months’ imprisonment; additionally, during that period she must refrain from carrying out agricultural or livestock activities of any kind in the affected area, as well as prevent third parties from carrying them out, in order to allow natural regeneration of the land. The Ministry of Environment and Energy shall be responsible for monitoring that natural regeneration of the affected area is permitted. Should she fail to comply with the stated conditions, the granted benefit shall be revoked. The costs of the criminal proceedings are borne by the convicted person. Once final, let it be registered in the Judicial Registry and let the pertinent notice be given to the National Institute of Criminology and the Sentence Enforcement Court. (f) Francisco Sánchez Fallas. TRIAL JUDGE.” (sic)

2. That against the preceding pronouncement, Attorney [Name4] filed the cassation appeal.

3. That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Chamber considered the questions raised in the appeal.

4. That in the proceedings the pertinent legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge [Insert Name/Signature], and;

Considering:

I.- The cassation appeal meets the requirements established by numerals 437, 458, 460 to 462 of the Code of Criminal Procedure, and therefore its grounds are addressed.

II- In his sole ground of the appeal, the public defender of the accused Etelgive [Name7], Attorney [Name8], alleges a lack of intellectual reasoning. The defender considers that from the statement of the accused and of the witness [Name9], president of the Salitre de Buenos Aires Development Association (which he summarizes), it follows that the defendant requested the plot of land to sow, and was told she could cut the trees. That although she tells them she has heard there is a problem cutting trees, they reiterate that there is no problem. He adds that the witness [Name10], President of the Association that assigns the plot to the accused, insisted during the trial that according to the Indigenous Law and Convention 169, indigenous people can fell trees, which means he could have induced the accused into error in that sense. He argues that when analyzing the possible existence of a mistake of prohibition on the part of the defendant, the judge rejects it because he considers that the accused stated during the trial that she knew cutting trees was a problem; however, the appellant believes that what the defendant said was that she had heard it was a problem, not that she had full knowledge of its prohibition. He indicates that what the members of the association told her is sufficient for her to have incurred a mistake regarding the legality of cutting the trees on her plot in order to sow it. He alleges that the Trial Court departs from what was stated by the Criminal Cassation Chamber of Cartago in Decision 297-2008, whose case is similar, saying it is not applicable because in this case a different element appears, namely that Mrs. [Name7] stated she had been told there was a problem cutting trees, which gave her extra and additional knowledge. Finally, the defense counsel argues that the judge does not adequately analyze the mistake of prohibition, since if the accused knew something about the illegality of cutting trees, that does not mean it can be determined according to that understanding—that is, she does not internalize the norm so as to comprehend the prohibition, precisely due to her condition as an indigenous person. The claim is upheld. The judgment holds as proven, and it is something the appellant himself accepts, that the defendant proceeded between September 2006 and February 2007, without the permits from the State Forest Administration, to cut three hectares of forest in the indigenous territory of Las Rosas de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, where she specifically felled trees of Targuá, Pilón, Fosforillo, María, Espavel, Mayo Colorado, and Cristóbal. That subsequently, without specifying an exact date but in the month of March 2007, after the felling carried out on the property in question, the accused proceeded to change the land use of the three hectares of forest where she felled, proceeding to plant corn on the site (folio 118). In the analysis of the typicality and unlawfulness of the conduct, the Court stated the following: “The conduct carried out by the accused fits the provisions of numerals 58 subsection b) and 61 subsection c) of the current Forestry Law, which establish the crimes of Exploitation of Forest Resources on Land of the State’s Natural Heritage and of Change of Land Use. 3.3.1. Numeral 58 subsection b) punishes whoever exploits forest resources on lands of the State’s natural heritage. Article 13 of the Forestry Law establishes that the State’s Natural Heritage shall consist of the forests and forest lands of national reserves and of areas declared inalienable. For its part, Article three of the Indigenous Law number 6172 establishes that indigenous reserves are inalienable and imprescriptible. Consequently, the forests and forest lands located in indigenous reserves are part of the State’s Natural Heritage. Numeral 3 subsection a) of the Forestry Law defines the concept ‘exploitation’ as the action or cutting of trees that generates or may generate some profit, benefit, advantage, or utility for the person who performs it. In the particular case, it is clear, as previously set forth, that the felling carried out by the accused in an area of approximately three hectares of forest was done for the purpose of being able to use those lands for maize cultivation, which could not be done unless the existing forest mass on the site was removed. Consequently, the felling of said trees was useful for the purposes proposed by the accused, because thanks to it she could obtain the benefit represented by the maize cultivation subsequently carried out on the site. 3.3.2. On the other hand, Article 61 subsection c) of the Forestry Law punishes whoever carries out activities involving a change of land use, contrary to what is stipulated in Article 19 of said law. This latter numeral establishes that on lands covered with forest, changing the land use shall not be permitted; however, the State Forest Administration may authorize the activities established in that article. In the particular case, the accused, without permit or authorization, proceeded to change the land use in the area of interest, since once the existing forest was felled, she devoted the land to planting corn. 3.3.3. What was stated by [Name11] to the effect that when dealing with regenerated forest it is not necessary to have any permit to fell, and that this requirement only applies to primary forests, is not correct. The Forestry Law makes no such distinction for purposes of its application. Article 3 of said law, in its subsection d), defines ‘forest’ as both the native or autochthonous ecosystem and that regenerated by natural succession or other forestry techniques. Thus, it is irrelevant for the criminal characterization of the conduct whether the felled forest was primary forest or the product of natural regeneration. 3.4. On the unlawfulness of the acts subject to this proceeding. In the specific case, there is no permissive type or ground of justification that eliminates the formal unlawfulness of the acts committed by the accused. 3.4.1. What was affirmed by the witness [Name11] to the effect that the Indigenous Law number 6172, as well as ILO Convention 169, authorize indigenous peoples to fell forests and destroy, indiscriminately, the natural resources existing in the indigenous reserves, so that it cannot be said that the accused [Name1] acted in the legitimate exercise of a right granted by the legal order, is not correct. The cited Convention 169, incorporated into the national legal order through Law number 7316, states in its Article 4.1. that the necessary measures shall be adopted to safeguard the environment of indigenous peoples; numeral 7.3. of the Convention points out that governments shall ensure the assessment of the environmental incidence that development activities may have on indigenous peoples; numeral 7.4. states that governments must take measures to protect and preserve the environment of the territories inhabited by indigenous peoples. Environmental preservation constitutes, indisputably, a fundamental right established in Article 50 of the Political Constitution, and Convention 169 cannot be interpreted, nor used, to legitimize harm or damage to that right to enjoy a healthy and balanced environment: Article 8.2. of the Convention expressly states that the right of indigenous peoples to preserve their own customs and institutions must be recognized, provided these customs are not incompatible with the fundamental rights defined by the national legal system or with internationally recognized human rights. In turn, the Indigenous Law number 6172 provides, in its Article seven, that ‘… the lands comprised within the reserves, which are of forestry vocation, shall maintain that character, in order to keep unaltered the hydrological balance of the hydrographic basins and to preserve the wildlife of those regions …’. Furthermore, the second paragraph of the same Article seven indicates that the renewable natural resources existing on lands comprised within the reserves must be exploited rationally. From the foregoing, it is concluded that under no circumstances can either the cited Convention 169 or the Indigenous Law be used to legitimize or protect environmental damage such as that carried out in the specific case by the accused [Name1]” (folios 130 to 132). The conclusions set forth by the Court regarding the existence of a typical and unlawful action committed by the accused, as well as the legal classification of the facts, are in accordance with the law, and it is something not disputed in the appeal either. However, the Chamber wishes to reaffirm the criterion that in indigenous reserves it is equally criminally punishable, and therefore illegal, to fell forests—whether primary or secondary—to exploit forest products from them, or to change land use, unless there is authorization from MINAET in the cases the law indicates. These are not only typical but unlawful conducts, since, as the lower court correctly analyzed, neither the Indigenous Law nor Convention 169 allows these communities to damage the environment, which moreover is a fundamental right of society and is guaranteed by Article 50 of the Political Constitution. That said, the appellant’s argument is focused not on the nonexistence of a typical and unlawful action in the accused’s conduct, but on the existence of a mistake of prohibition that excludes her culpability, because she believed she had authorization to fell the trees within the plot of land that the Indigenous Integral Development Association of Salitre de Buenos Aires had allocated to her, for the purpose of being able to plant corn and other products for her subsistence and that of her family. It is this Chamber’s view that in the specific case, sufficient elements deriving from the evidence received exist to consider that the defendant Etelgive [Name7] acted under an indirect mistake of prohibition (error de prohibición indirecto), that is, under the false belief that having been allocated a plot within an indigenous reserve, for the express purpose of cultivating the land, she could fell trees from the forest to carry out such activity. In a factually similar case to the present one, this Chamber had indicated the following: “As observed, the decision makes a biased interpretation of the indirect mistake of prohibition, in that it is applied to the crime of usurpation solely from the perspective of entry onto the property that was allocated to [Name12] by the Indigenous Development Board, omitting consideration that this same allocation that permitted her entry onto the property was made without any limitation; indeed, she was specifically authorized to develop agriculture, that is, to sow on the land. On that basis, the conclusions expressed in the judgment are clearly contradictory, by seeking to divide the accused’s conduct, understood on the one hand as entry onto the land and on the other as carrying out the sowing, when the entire conduct is encompassing. Indeed, carrying out the sowing of maize and squash, as was held as proven, was the reason the plot was given to her, namely so that she could work it without indicating any limitation whatsoever, especially since as the witness [Name13] pointed out—in relevant part—: ‘… IDA buys or COANI with the aim of giving land to people to engage in agricultural activities, to keep livestock, it is always required that it be given for agriculture, the farms given always have forested areas and work areas, at that time the decision was made that with a two-year period, if maintenance was not given it would be given to another person, but if the person worked it, it would be given for an indefinite time or until she no longer wanted it… I do not remember (the amount of land given to [Name14]). It was like an area for working in agriculture (the land given to her). No, because if the man gave it to her for her to work it, it could not be forest, because farms have forested areas, forest regeneration areas, and pasture areas, we handed over other lands as well.’ (folio 296). For her part, the witness [Name15] stated: ‘… I don’t understand very well, beyond everything, that if I am going to explain, it is that in 2002 I was part of the board of directors of the Ujarrás association, I was treasurer, at that time the lady [Name16] came to request a plot of land, she likes working in agriculture, she came to the association and made the request to everyone, to see if they could give her that land. So the president [Name17] said he wanted to give her the land because she was a lady [Name18] who liked to work, the matter was put to the board and we agreed that the land be given to the lady… Yes, when I was on the board, the requirement was that the person work it, sow it, and make good use of it, what is asked is that it not be sold to anyone, that it be for the person’s own use and that she take care of it, and right there she is told that if she does not work it, the board will take it away, and the requirement is that she work it and if she is going to sell it, they will take it away. Yes (the specific lot must be specified). Yes (which property belonging to [Name19] was discussed). She came to request a lot and she was told that the lot would be given to her because it was overgrown and no one worked it.’ (folio 299, boldface supplied). In the same vein, the witness [Name20] spoke, stating that the plot given to [Name14] was for her to work it (see, folio 302). In the present matter, it is evident that [Name14], when carrying out the sowing on the land, acted under the false assumption of the existence of a permit that the law does not grant, that is, under an indirect mistake of prohibition that involved a defective interpretation of the fact, which led [Name12] to falsely believe that in the specific case the circumstances existed that authorized her typical conduct—that is, that there exists an authorization from the legal order to perform the action provided for by the criminal type—since the Board of Directors of the Indigenous Integral Development Association of Ujarrás, the body in charge to that effect in the area where the acts were carried out, is the one that, upon her request, assigned her the parcel and its size so that she could specifically, as stated by the witnesses themselves who were members of said Board of Directors, carry out the sowing work. What is more, it was part of the obligations she had to assume, and in case she failed to proceed that way, they could take away the assigned land. It is worth highlighting in this regard that ‘… When the Penal Code states in Article 35 that the invincible error must fall upon the situation or “fact” that is being carried out and is not subject to penalty, it directly means that the subject must falsely believe that the act is not subject to penalty, which may occur when: a) The subject acts without knowing that what he is doing falls within the prohibitive scope of the norm; b) the subject who acts considers that the legal order grants him a permit for his action; c) The subject who acts thinks he is within the scope of a ground of justification when in reality he is not. These three scenarios are included in the legal formula conceived by the Code, so there appears to be no problem in including here the elements of direct and indirect mistake of prohibition. In this nomenclature, fully compatible with our Code, the direct mistake falls upon knowledge of the prohibitive norm (the “Thou shalt not take land from another citizen,” penal norm placed before the criminal type of usurpation, for example), while the indirect mistake signifies the false assumption of the existence of a permit that the law does not grant,…’ (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 446-F-92, at 15:25 hours on September 25, 1992). In this order of ideas, being in the presence of a defect of contradictory reasoning that essentially affects the decision, it is appropriate to uphold the cassation appeal filed by the defense. In that regard, although the detection of the defect in the judgment would ordinarily require annulling the sentence and the trial for a new proceeding, in this case, for reasons of procedural economy, the matter should be resolved directly on its merits, since it has been detected that the accused’s action, as derived from the evidence presented in the adversarial proceeding, was carried out under an indirect mistake of prohibition that excludes culpability, and due to the judge’s incorrect application and interpretation, it was not extended to the entirety of the charged conduct. That being the case, we proceed to vacate the judgment and acquit [Name21] of all penalty and responsibility for the crimes of invasion of a protection area and change of land use in ideal concurrence. The Trial Court shall make the corresponding notifications. In all other respects, the judgment remains intact” (Res 2008-297 Criminal Cassation Chamber of Cartago. The transcription is literal). What was set forth in the preceding decision is fully applicable to this case. The accused is indigenous, with little schooling; according to their customs and beliefs, they are people who respect and act guided by the criteria outlined by those who lead their community. During the trial, the defendant stated that she requested the Salitre de Buenos Aires Development Association to assign her a plot to work the land—an action these cultures have carried out for thousands of years—a portion of land that was allocated to her for that purpose, as is even reflected in the documents at folios 72 and 73. The defendant stated in her testimony that the request was because she needed to plant corn and other vegetables to feed her family. She added that she was told there was no problem whatsoever with planting. Likewise, when the complaint was filed against her, she went to ask the members of the Development Association, and they told her that the Indigenous Law protected them and that she should continue working the land. Although the accused mentioned that she had heard cutting trees was a problem, that doubt was clarified by the president of the Development Association, the witness [Name11], who told her cutting trees is not a problem, that she could plant (folios 118-119). Her version is corroborated by Mr. [Name22], President of the Salitre Development Association, who stated that they are the local government and have the authority within the indigenous reserve to allocate those plots to work the land, which in his judgment implies they can fell the secondary forest found there to cultivate the land. That this farm was acquired by CONAI for them, and that it was given to Doña Etelgive to plant, and that involves cutting down trees, which, according to his criteria, is a right given to them by the Indigenous Law (folios 122-123). As can be inferred from the foregoing and from the cited documents, we are faced with a forest felling that occurred within an indigenous reserve, carried out by a person of that ethnicity with the purpose of cultivating the land, an action she indeed performed by planting corn on the site, as derived from the evidence received. The action carried out by the defendant is endorsed by her political leader, to whom indigenous people, in their culture and customs, will definitively grant full respect and credibility. Added to this is the fact that we know that for thousands of years, the means of subsistence of indigenous people has been the cultivation of the land.

Hence, there are sufficient elements to consider that, as the appellant argues, the defendant acted under the false belief—induced by the President of the Salitre Development Association—that, having been allotted the parcel within an indigenous reserve, and for planting corn and other foodstuffs, she was permitted to cut down part of the forest. Her culture, her customs, the circumstances under which the parcel was granted to her (within an indigenous reserve and for cultivation), as well as her Political Chief’s belief that the law allows them to cut down secondary forest in order to plant, affected her knowledge of the unlawfulness of the conduct. It is clear, as already stated, that the act of cutting down a forest, even within the Indigenous Reserve, is not permitted and is criminally punished, the act being typical and unlawful. Therefore, it is definitive that both Doña Etelgive and Mr. [Name11], who heads the Salitre de Buenos Aires Development Association, are under an error in believing that the Indigenous Law and Convention 169 allow them to cut down forests and plant there without permission from MINAE. However, that error in which the accused finds herself cannot lead to considering her conduct culpable. The defendant acted under an indirect prohibition error (error de prohibición indirecto), carrying out the prohibited actions under the false belief that the law permitted her to cut down part of the forest for planting because the place is an indigenous reserve. That error is invincible, because given the deeply rooted customs of indigenous peoples, the respect they have for their political chiefs, and the accused’s low level of schooling, it was impossible to require her to go to a lawyer, or to MINAE to make an inquiry, if the leaders of the indigenous community were authorizing her to plant on that forested parcel. It is the opinion of this Chamber that, in interpreting the law as well as in evaluating the evidence in criminal proceedings brought against persons of indigenous ethnicity, certain provisions established in Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Law 7316) must be taken into account in order to especially assess their culpability and, should it exist, the penalty to be imposed, always within the framework of fundamental rights established by the Political Constitution and International Treaties. In that regard, Articles 9 and 10 of the cited Convention provide: Article 9. 1. “To the extent compatible with the national legal system and internationally recognized human rights, the methods customarily used by the peoples concerned to repress crimes committed by their members shall be respected. 2. The authorities and courts called upon to rule on criminal matters shall take into account the customs of said peoples in this field.” Article 10. 1. “When penal sanctions provided for by general legislation are imposed on members of said peoples, their economic, social and cultural characteristics shall be taken into account. 2. Preference shall be given to types of sanction other than imprisonment.” For its part, Article 23 of said Convention stipulates: Article 23. 1. “Handicrafts, rural and community industries, and traditional activities and those related to the subsistence economy of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture and in their economic self-sufficiency and development. With the participation of these peoples, and whenever appropriate, governments shall ensure that these activities are strengthened and promoted. 2. Upon the request of the peoples concerned, appropriate technical and financial assistance shall be provided to them whenever possible, taking into account the traditional techniques and cultural characteristics of these peoples and the importance of sustainable and equitable development.” From this international normative framework ratified by Costa Rica, it follows that, when applying criminal law, the customs, traditions, and culture of these peoples must be taken into account, and it is precisely by applying this normative framework in relation to the evidence received that this Chamber finds that the accused has incurred an invincible indirect prohibition error, regulated in Article 35 of the Penal Code. Subsistence agriculture, which was the action carried out by the accused, is a custom deeply rooted in her culture that must be taken into account when assessing her culpability. Note that even Article 23 of the Convention indicates that handicrafts, rural industry, traditional activities related to the subsistence economy of these peoples, such as hunting, fishing, trapping, and gathering, shall be recognized as important factors in the maintenance of their culture, self-sufficiency, and economic development. However, the second paragraph of the norm is clear in the sense that States must, upon the request of these communities, provide them with technical and financial assistance that takes into account their traditional techniques but, at the same time, the importance of sustainable and equitable development. This norm must be related to Article 50 of the Constitution, which establishes the fundamental right of all citizens to a healthy and ecologically balanced environment. Regarding this right, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has held: “’The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The Law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.’ Introduced in such a demanding manner in the Constitution, in its express formulation, the fundamental right to the environment is composed, as legal doctrine usually recognizes, of a bundle of positions of very different types. As far as the position of the State is concerned, which is what matters for the moment, the fundamental right to the environment begins by imposing limits on its action, limits that, in concrete terms, must be considered and established on a case-by-case basis; because logically the State, obliged to guarantee, defend, and preserve that right, cannot but refrain from certain interventions of its own that affect the environment, even if they were lawful or intended to pursue legitimate purposes (as is the case, for example, of the exploitation of oil deposits or other hydrocarbon substances), if as a result of them that right suffers (or may suffer) in the integrity that the Constitution grants it. But the fundamental right to the environment is also a right to positive actions by the State. It is, among other things, a right to its protection against third parties, which includes protection through the exercise of the State’s punitive power; and a right to normative provisions by the State, in areas other than criminal law, of which the legal provisions that subject the exploration and exploitation of hydrocarbons to certain precautions aimed at environmental protection are a concrete expression. In this latter sense, it is understood that the organizational and procedural norms included among those that are the channel facilitating the use of energy wealth, which are part of the state legal system established to guarantee and preserve the fundamental right to the environment, are a logical consequence of what the Constitution expressly demands of the State; they must not be seen as a gratuitous or unreasonable obstacle to the use of a certain class of wealth, socially significant and usable as a means of procuring ‘the greatest well-being for all the inhabitants of the country,’ or as mere bureaucratic formalities to be satisfied as such formalities. They fall within what has already been said about the complex and diverse position of the State regarding the guarantee and preservation of the fundamental right to the environment." (Sala Constitucional Res 2001-13295). In the same manner, consideration must be given to numeral 7 of Law 6172 (Indigenous Law), which establishes that lands within the reserve that have forestry vocation must retain that character, as well as numeral 19 of the Forestry Law, which establishes the power of the State Forestry Administration to authorize, on lands covered by forest, the change in land use in certain circumstances. These norms allow the Costa Rican State to protect forests that are natural heritage of the State, which include—as the trial judge affirms—those located in indigenous reserves, and, in turn, to permit, through prior study, the use of forested land in a balanced and rational manner by indigenous peoples, so that they may carry out their traditional subsistence agricultural activities. The problem that has arisen is that the State has not duly advised indigenous people on the manner, place, and number of hectares they may use to fulfill their subsistence agricultural work within indigenous reserves, without damaging the ecosystem. It is for this reason that problems such as the present one arise, where, on the one hand, the right of the aboriginal peoples to cultivate the land that was given to them, and, on the other, the State's duty to protect the environment, and within it, the forest, confront each other. Although this Chamber continues to maintain that the action carried out by the accused is typical (criminally sanctionable) and unlawful (contrary to the legal system), that does not mean that the State, based on the transcribed norms, cannot authorize indigenous people, within their reserves, and in accordance with a plan that promotes sustainable development, and following environmental impact assessments, to cut down some forested areas to carry out a millenary activity deeply rooted in their culture, such as subsistence agriculture. The thesis maintained by the trial judge, in the sense that it is incumbent upon the defendants who assert it to prove the prohibition error, is not acceptable, as it violates the universal principle of In dubio pro reo set forth in Article 9 of the Code of Criminal Procedure. This norm states, “in case of doubt on matters of fact, that which is most favorable to the accused shall prevail.” The guilt of the accused must be proven, which is why, if doubt exists regarding its existence, the stated principle must be applied and the accused acquitted. Of course, it is not sufficient for the accused to merely assert a defense of justification or exculpation for a doubt to arise; rather, there must be some elements of proof that make such a thesis at least probable, though its demonstration with certainty is not required. In that regard, referring to self-defense, legal doctrine has indicated: “The establishment of a presumption of that type with respect to a defense of justification stems from the mistaken position that the in dubio pro reo principle does not operate in relation to the circumstances that give basis to a defense of justification. Due to the validity of said principle, a person cannot be convicted if there is doubt as to whether they acted in accordance with circumstances giving rise to the existence of a defense of justification..... However, it must be recognized that considering that it falls to the defendant to prove that they acted in self-defense is a common error incurred in Costa Rica. (LLOBET [Name23] Delitos contra la vida y la integridad corporal [Name24], pp 73-74.). Cassation case law has maintained an equal thesis, indicating: “Nevertheless, before the assertion of causes of atypicality, justification, or exculpation, it falls to both the Public Prosecutor's Office and the complainant to establish the facts of the accusation and the correlative discrediting of the cited arguments. That is, if the crime is demonstrated, it is because there is certainty of the typicality, unlawfulness, and culpability, and their proof corresponds to the accusing body. Additionally, since doubt favors the defendant, if any of those causes is asserted, even if the factual assumptions for its existence were not proven, that does not imply that the thesis must be rejected, because it is sufficient that there is no certainty of unlawfulness or culpability for it to be resolved in their favor (in this regard cf.: [Name25], , . La legítima defensa: alcances y límites dogmáticos y jurisprudenciales . Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2004, pp. 101 et seq. and [Name26], , . En los linderos del ius puniendi . Investigaciones Jurídicas, San José, 2005 pp. 232-235) (Res [Phone2] Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). In the present case, as stated above, there are clear, precise, and concordant indications that support the defense’s thesis, in the sense that the defendant mistakenly believed she was entitled to cut down the forest to plant corn and other tubers for her subsistence, because it is an indigenous reserve, and she had been authorized to do so by the President of the Salitre de Buenos Aires Development Association, an organ that, according to the Indigenous Law, holds the judicial representation of the cited reserve. This Chamber wishes to make clear that cutting down the forest or changing the land use in the forested area of an indigenous reserve without authorization from the State Forestry Administration is criminally sanctionable and, therefore, prohibited. Likewise, it is the obligation of the State, in accordance with Convention 169 and the cited provisions of the Indigenous Law, to evaluate and promote the exercise of the customs and culture of indigenous people within the reserves that have been assigned to them, so that activities such as agriculture, fishing, and hunting may be authorized in those reserves in a reasonable manner and in harmony with the environment, seeking sustainable development. Otherwise, the allocation of lands to indigenous people serves no purpose, nor would it be complying with the objectives of Convention 169, ratified by Costa Rica through Law 7316. For all the foregoing, the single ground of the appeal is upheld, and the judgment is reversed insofar as it convicted the accused [Name27] as the responsible perpetrator of the crimes of unlawful taking of forest resources on lands of the State’s Natural Heritage and Change of land use in material concurrence, as well as the imposition of the penalty of nine months’ imprisonment and the granting of the benefit of conditional execution of the sentence and its conditions. In its place, THE ACCUSED IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY FOR THE CHARGED CRIMES. LET THIS JUDGMENT BE NOTIFIED TO THE PARTIES, TO CONAI, AND TO THE MINAET OFFICE CORRESPONDING TO THE LA AMISTAD-PACÍFICO CONSERVATION AREA.

Por tanto:

The cassation appeal filed by the public defense of the accused is granted. The judgment is reversed insofar as it convicted the accused [Name27] as the responsible perpetrator of the crimes of unlawful taking of forest resources on lands of the State’s Natural Heritage and Change of land use in material concurrence, as well as the imposition of the penalty of nine months’ imprisonment and the granting of the benefit of conditional execution of the sentence and its conditions. In its place, THE ACCUSED IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY FOR THE CHARGED CRIMES. LET THIS JUDGMENT BE NOTIFIED TO THE PARTIES, TO CONAI, AND TO THE MINAET OFFICE CORRESPONDING TO THE LA AMISTAD-PACÍFICO CONSERVATION AREA.

 

 

 

[Name28]

 

 

 

 [Name29]                                                                                                                                               Joe Campos Bonilla                                                                                                                                  

 

 

Judges of the Tribunal de Casación Penal

 

Exp. CED2

C/: [Name1]

Of/: Los Recursos Naturales

D/: Infracción a la Ley Forestal

Jaos

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