Res. 00286-2015 Sala Primera de la Corte — Ostional Wildlife Refuge and the non-application of Article 73 of the Maritime-Terrestrial Zone LawRefugio de Vida Silvestre Ostional y la inaplicación del artículo 73 de la Ley 6043 sobre zona marítimo terrestre

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00286 - 2015

Fecha de la Resolución: 06 de Marzo del 2015 a las 09:00

Expediente: 02-000649-0163-CA

Redactado por: Carmenmaría Escoto Fernández

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con nota separada

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Prueba para mejor resolver en materia contencioso administrativa

Subtemas:

Discrecionalidad del juzgador para rechazarla no violenta el derecho de defensa.
Rechazo no constituye causal de casación por razones procesales.

Tema: Recurso de casación en materia contencioso administrativa

Subtemas:

Rechazo de prueba para mejor proveer no constituye causal por razones procesales.

“IV. En lo pertinente a la prueba para mejor resolver, cuyo rechazo objeta el casacionista, en el fallo 383-2008 de las 15 horas 50 minutos del 6 de junio de 2008, este Órgano expresó: “En relación, esta Sala ha señalado de forma reiterada que la prueba para mejor resolver es del juez y no de las partes, siendo él quien decide su conveniencia y necesidad. Se trata de una facultad que le permite incorporar luego de la fase probatoria, cuando el asunto se encuentra listo para dictar el fallo, elementos demostrativos que considere relevantes para la correcta resolución del proceso, lo que puede suceder incluso en instancia de apelación (artículo 575 del Código de cita) –cuando corresponda- y eventualmente, en casación (609 ibídem). En este sentido, resulta claro que no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Sobre el tema, de esta Sala, véase sentencia no. 703 de las 10 horas 30 minutos del 27 de septiembre del 2007. Desde este plano, si bien permite incorporar probanzas que fueron rechazadas en el proceso, declaradas inadmisibles, nulas o inevacuables, ciertamente, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, ergo, corresponde a una valoración discrecional del juzgador, quien  puede prescindir de ella sin necesidad de resolución expresa. En torno a los parámetros que determinan su aplicación, de este órgano colegiado, véase resolución no. 268 de las 16 horas 10 minutos del 3 de abril del 2002”.  (Consúltense en sentido similar las sentencias no. 728 de las 10 horas 5 minutos del 4 de octubre de 2007, no. 555 de las 9 horas con 50 minutos del 6 de mayo de 2010,  y no. 622-2011 de las 9 horas 25 minutos del 26 de mayo de 2011)

V. El Tribunal indicó, al sustanciar la apelación, la actora ofreció con el carácter de prueba para mejor resolver, una serie de documentos que alegó no haber conocido con anterioridad y que detalló a folio 1138 del Tomo II del expediente judicial. Al respecto, opinó, el criterio de admisión reside exclusivamente en el Juez o Tribunal de la causa, dependiendo de si es de influencia decisiva para el proceso (artículo 331 CPC), o que la considere indispensable (artículo 575 párrafos dos y tres del CPC). Agregó, lo anterior en virtud de lo dispuesto en el canon 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA). En esa línea, dijo, con excepción del contrato de arrendamiento suscrito el 27 de setiembre de 1973, procede rechazar en su totalidad la documental aportada en segunda instancia por la accionante, por no ser de “decidida influencia” para la resolución del recurso de apelación interpuesto, pues, habida cuenta de su contenido, no resulta indispensable para ese propósito. Agregó, en segunda instancia está vedada la reapertura del juicio a pruebas como si se tratare de un asunto “ex novo”, en primera instancia, en el que no se haya practicado prueba o en el que no haya recaído sentencia jurisdiccional, pues ya existe la del A quo, la cual  ha sido objeto de impugnación, ya que hacerlo implicaría reabrir el proceso prácticamente en su totalidad, contrariando la naturaleza del recurso de apelación y del derecho, porque se tendrían que resolver en única instancia aspectos que por ley procesal requieren del pronunciamiento de ambas como garantía del debido proceso. Así, arguyó, las probanzas que las partes decidan ofrecer, de conformidad con la facultad que prevé el canon 575 CPC, debe dirigirse a demostrar la pertinencia y legitimidad de lo pretendido en esa instancia del proceso. Aseveró, no se trata entonces de una prueba superflua o dubitativa ni que redunde en lo ya probado o de sesgo superabundante. Aseguró, tampoco puede el Tribunal ordenar ni admitir elementos probatorios abandonados por la parte proponente, o que revele la intensión de retrasar la tramitación o referente a hechos que no son materia de debate. Lo mismo, adujo, en cuanto a la testimonial que se ofrezca en esta instancia, sobre hechos respecto a los cuales se haya recibido en primera instancia. En esa línea, a juicio de los juzgadores, la que se admita ha de ser la indispensable, para fallar el asunto en segunda instancia. Es decir, para resolver el recurso de apelación interpuesto. Continuó el Tribunal, acorde a las citadas normas procesales la decisión de admitir prueba en segunda instancia, y especialmente, la que se ofrece para mejor resolver, debe sustentarse en criterios de indispensabilidad, potestad radicada en y del exclusivo resorte del cuerpo colegiado, teniéndose presente que la prueba aportada para mejor resolver es del Juez (en su caso, del Tribunal), no de las partes, según lo dispone el citado numeral 575 in fine del CPC. Así las cosas, consideró procedente rechazar la documental ofrecida por la parte actora en segunda instancia por no estimarla indispensable para fallar el recurso de alzada. Adicionalmente, denotaron los jueces que se trata de prueba documental consistente en la certificación de votos de la Sala Constitucional no. 2020-2009, 13655-2008, sentencia no. 98-2010 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de Guanacaste; piezas del expediente 08-8554-007-CO tramitado ante la Sala Constitucional y oficios emitidos por el Instituto Geográfico Nacional fechados en enero del 2003;  documentos que si bien se relacionan directa o tangencialmente con la temática ambiental –o más concretamente con el tema del Refugio de Vida Silvestre Ostional-, circundante al tema en la forma y con los alcances que lo ha tratado la Sala Constitucional –lo cual en todo caso es tema ajeno a este proceso-, no son esenciales para resolver la apelación interpuesta. Continuó, mención especial tiene la copia del contrato de arrendamiento suscrito en su momento por el padre del actor y la Municipalidad de Nicoya, respecto al cual destacó que consigna la colindancia oeste del terreno arrendado al padre del actor por el citado ayuntamiento, con la zona inalienable de los 50 metros, lo que permite demostrar que la localización material del terreno arrendado por aquel entonces al señor Páez Umaña no coincide con el lugar donde a la fecha demuestran estar ubicadas las construcciones que fueron objeto del reconocimiento judicial practicado en fecha 25 de Junio de 2009 por la Jueza Claudia Salazar. Enfatizó, dicha infraestructura está inmersa dentro del área de la pleamar como lo muestra lo consignado en el acta de la diligencia constante en autos de folios 695 al 699 en Tomo I del principal (y fotografías en el disco compacto). Acorde a lo anterior, es evidente las probanzas de examen fueron ofrecidas como prueba para mejor resolver, supuesto que acorde al precepto 594 CPC, no constituye una causal de casación por defectos procesales pues no se ajusta al rechazo de prueba admisible. Adiciónese a lo anterior, esta Sala ha señalado en múltiples ocasiones que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, el cual cabe solo contra determinadas resoluciones y en el caso de violaciones procesales por los motivos previamente establecidos por el legislador. Opera en ese tanto un principio de taxatividad impugnaticia. (Fallo no. 1013-2006 de las 15 horas del 21 de diciembre de 2006) El rechazo de la prueba para mejor resolver no constituye una causal del recurso por razones procesales de las previstas en el citado canon 594 de la normativa procesal civil. De este modo, en virtud de lo señalado, el cargo debe ser rechazado. Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento de razones, el Tribunal no incurrió en infracción alguna, porque no estaba obligado a admitir como prueba para mejor resolver los documentos propuestos por el demandante, así que al rechazarlos en su mayoría de manera expresa, lo hizo en ejercicio de una facultad que la ley le brinda.”

 

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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Afectación de dominio público a las áreas silvestres protegidas.
Naturaleza de los bienes demaniales.

Tema: Dominio público

Subtemas:

Afectación a las áreas silvestres protegidas que se encuentran ubicadas dentro de la zona marítimo terrestre.
Naturaleza jurídica de los bienes demaniales.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Afectación de dominio público a las que se encuentran ubicadas dentro de la zona marítimo terrestre.

Tema: Bien demanial

Subtemas:

Concepto, naturaleza y características.
Afectación de dominio público a las áreas silvestres protegidas que se encuentran ubicadas dentro de la zona marítimo terrestre.

“II. Previo a ingresar al análisis de los cargos, conviene precisar la naturaleza de los bienes demaniales. Al respecto, esta Cámara ha indicado: “…resulta fundamental referirse al concepto de dominio público, y en particular, a los alcances del artículo 261 del Código Civil, el cual diferencia entre bienes públicos y privados, así como los criterios con base en los cuales se puede distinguir entre ambos. Al respecto establece: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. / Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. […] Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen (sic) la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.” (Fallo  2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En el mismo sentido, consúltese resolución no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2011). El numeral 9 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, no. 6043, de 3 de marzo de 1977, refiere que la zona marítimo terrestre: “… es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja”. Asimismo, el precepto 10 de la ley de cita, establece que la zona marítimo terrestre: “… se compone de dos secciones: La ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública”. De igual manera, acorde al canon 6 de la ley de cita: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes”. Asimismo, conforme al cardinal 7 de la Ley 6043: “Los terrenos situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizados (sic) a su nombre, por éste u otro medio”. Debe agregarse a lo anterior, conforme al mandato 20 de esta Ley, que: “Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial libre tránsito de las personas (…)”.  Ahora bien, el numeral 20, excepciona su aplicación, al indicar: “Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones”. Por su parte, el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS, incluye dentro del ámbito de cobertura de esa normativa y otorga facultades al SINAC sobre las zonas marítimo terrestres, cuando en estas se incluyan Refugios de Vida Silvestre, al disponer: “El Sistema Nacional de Áreas de Conservación tendrá las facultades y deberes que establece la Ley no. 6043, respecto de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre que incluyen áreas de la zona marítimo terrestre”. De igual importancia, el Transitorio I, de la LCVS, crea el RNVSO, el cual sujeta a esta normativa, al indicar: “Créase el Refugio de Vida Silvestre Ostional que, para los efectos de esta Ley, estará ubicado en los doscientos metros de la zona marítimo terrestre que se extiende desde Punta India hasta Punta Guiones, Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste. El Poder Ejecutivo demarcará el Refugio dentro de las treinta días siguientes a la publicación de esta Ley”.  Ahora bien, el cardinal 32 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 75754, (en lo sucesivo LOA) establece una clasificación de las áreas silvestres protegidas, al referir: “(…) El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas”.  Asimismo, el precepto 34 de la LOA, reitera la potestad de los órganos del MINAE sobre las áreas silvestres protegidas, al establecer: Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”. Evidentemente, al tenor de lo dispuesto por las leyes de cita, las áreas silvestres protegidas ubicadas en la zona marítimo terrestre son bienes afectados al dominio público, respecto de los cuales, el SINAC y el MINAE poseen amplias facultades que incluyen el control, prevención o eliminación de focos de peligrosidad en el manejo de tales zonas para su adecuado aprovechamiento y ocupación.

VIII. En lo medular, referente al primer cargo, el Tribunal indicó, dada su ubicación y características, la posesión como la que alega la actora no resulta útil sobre terrenos públicos. Agregó, si bien la simple detentación o el uso autorizado –permiso de uso-, es una figura que podría reconocerse en el marco de lo aducido por el accionante, ésta no resulta asimilable a la posesión civil para efectos constitutivos de un título como el que alega el actor. Advirtió, dicho órgano decisor el numeral 9 de la Ley 6043, describe los elementos naturales de la zona costera que conforman ese patrimonio público, incluyendo la ubicación física que describe el actor como su ubicación. En igual sentido, afirmó, no le asiste la razón al demandante en cuanto reclama falta de normativa con rango de ley sobre la demarcación de la zona marítimo terrestre, puesto que los ordinales 9 y 10 del citado cuerpo normativo, formulan una descripción precisa del ámbito físico que comprende. En todo caso, apuntó, los preceptos 62 y 63 del Reglamento a la Ley 6043, establecen regulaciones en punto a la demarcación de la zona pública, lo que no constituye un obstáculo jurídico para dilucidar la ubicación de la propiedad del actor apelante en este proceso. Argumentó, si bien tiene sentido lo que reclama en cuanto a que antes de la promulgación de la Ley 6043, la legislación “era más permisible para aceptar la posesión”, acorde al principio de que nadie tiene derecho a la inmutabilidad del derecho, aún cuando otrora existiesen normas que pudieren haber sustentado la detentación del terreno, es lo cierto que esa normativa mutó sensiblemente, generando la insubsistencia del fundamento que ahora pretende. Manifestó, carece de acierto lo aducido en cuanto a que la Ley 6043 no es de aplicación en Playa Guiones Sur, por ser un área declarada Refugio de Vida Silvestre (Ostional), dado que en la realidad el cardinal 73 de la Ley de cita, produce un incremento sustancial en el nivel regulatorio que pesa sobre dicha zona, nunca un efecto liberatorio como lo afirma el recurrente. Aseveró, de acuerdo a la LCVS, al declarar el sitio como refugio, se protege el recurso natural involucrado, frente al cual han de ceder los demás intereses concurrentes. En ese sentido, consideró, la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre recaída sobre Playa Guiones, crea un ámbito ecológicamente relevante, con base en normas de “derecho reforzado”, para el cual se han de observar todas las disposiciones que el Ordenamiento Jurídico prescribe como aplicables al sitio. Continuó, el efecto excluyente que aduce el actor como contenido en el numeral 73 de la Ley 6043, no se produce desde un ángulo jurídico, sino que este es mas bien inclusivo, omnicomprensivo de la legislación respecto de los distintos fenómenos biológicos y ecológicos que se suscitan en el sitio y en los “ecosistemas circundantes y propiciantes” de su permanencia y sostenibilidad. Destacó, el precepto 73 citado tiene otro contenido que no es el aducido por el apelante. Dijo, no tiene razón el inconforme cuando afirma que al edificar, no estaba delimitada la zona pública, puesto que –reitera-, de acuerdo a la letra del contrato de arrendamiento suscrito con la Municipalidad de Nicoya, el límite oeste del derecho concedido al señor Páez, es precisamente la “Zona Inalienable” de los 50 metros. De tal manera, explicó, sí se delimitó el derecho concedido, el cual llegaba hasta el referido límite, sin perjuicio de los derechos de los restantes colindantes y del que posee el Estado sobre esos fundos. Igualmente, enunció, en punto a si el lote objeto de esta litis se ubica sobre un risco, es lo cierto que no existe prueba contundente que así lo demuestre, siendo el reconocimiento judicial practicado por el A quo, prueba de lo contrario, como lo muestra la fotografía recabada por la jueza que lo practicó. De esa manera, adujo, se rechaza lo alegado en cuanto a la aplicación del régimen de excepción previsto en el ordinal 21 de la Ley 6043, por cuanto se reitera, no está acreditado en el proceso que la especie fáctica esté constituida por una construcción levantada sobre un risco. Así, rechazó el argumento de fondo que sostiene el apelante, aquí casacionista, cuando alega que las construcciones se ubican materialmente en un risco, motivo por el cual no resulta aplicable la Ley 6043. Dicho criterio, indicó, carece además de respaldo normativo, pues en efecto, la ley de cita no establece ese evento como causal de exclusión, por el contrario, se ve además atenuado por la opinión que rinde el perito Osbaldo Rodríguez Rodríguez, (folios 767-768 del Tomo I del principal), en el sentido de que el fenómeno de reducción del área de playa por efectos de la dinámica mareal de la zona, reafirma la demanialidad del sitio en que se encuentran las construcciones objeto del proceso. Para esta Sala resulta innegable, el casacionista sustenta su reclamo en una supuesta interpretación indebida del canon 73 de la Ley 6043. Dicho numeral a la letra establece: “La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva”. Evidentemente, el mandato de examen excepciona la aplicación de la Ley 6043, a ciertas secciones calificadas de la zona marítimo terrestre, que se encuentren incluidas en parques nacionales o reservas equiparadas a éstas, las cuales, subraya, estarán regidas por sus propias leyes. Al respecto, el Tribunal interpretó que la disposición de marras, no crea el efecto liberatorio que aduce el recurrente, por el contrario, posee un efecto incluyente, “omnicomprensivo” de la legislación respecto de los distintos fenómenos biológicos y ecológicos presentes en ese tipo de áreas silvestres protegidas, como lo es el RNVSO, tesis que resulta de recibo. Lejos de excluir la zona marítimo terrestre de la aplicación de la Ley 6043, el canon de referencia dispone que cuando tales zonas estén además comprendidas en parques nacionales o reservas equivalentes, entre las  cuales cabe señalar los refugios nacionales de vida silvestre, estos estarán sometidos a sus leyes especiales. De ahí que tales secciones de la zona marítimo terrestre, lejos de quedar exentas de regulación, como parece, reclama el inconforme, estarán sometidas a las leyes especiales del caso, de ahí que les sea aplicables la LCVS, la LOA y la propia Ley 6043. Ahora bien, nota este órgano decisor que el recurrente no se percata de las consecuencias de su afirmación, pues claramente, el ordinal 73 de la de la Ley 6043, lejos de excluir del dominio público a las zonas protectoras o refugios silvestres, por el contrario, sujeta dichas áreas a la aplicación de la legislación anteriormente citada, la cual agrava en muchos sentidos las potestades estatales sobre tales bienes. En ningún modo podría estimarse que una afectación aún mayor respecto de zonas del dominio, pudiese dejar al dominio privado, zonas contenidas en los 200 metros de la pleamar. En consecuencia, las afirmaciones del casacionista no alcanzan para desacreditar el análisis que realiza el Tribunal. De esa manera, no posee la fortaleza para quebrar el fallo, toda vez que son valederas las argumentaciones de los juzgadores, en cuanto al refuerzo normativo que posee la regulación aplicable a las zonas de examen, las cuales, evidentemente, se encuentran sometidas a las disposiciones de la  LCVS, de la LOA y en lo tocante, a la propia Ley 6043, de ahí que el cargo deba ser rechazado. […]

X. En el tercer cargo, el recurrente alega infracción de los numerales 261 del CC, canon 73 y Transitorio VII de la Ley 6043, por indebida aplicación y desaplicación, básicamente por cuanto aduce, solo esta última normativa declara pública a la zona marítimo terrestre, de ahí que, al no ser aplicable al caso concreto, en virtud del precepto 73 de amplia cita, no existe para el caso concreto ninguna otra disposición normativa que establezca la demanialidad de esa zona, en los Parques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre. Estima éste órgano decisor, la tesis del casacionista no es de recibo. Tal y como se esboza en el considerando VII de este fallo, la definición hecha por el numeral 261 CC respecto de los bienes privados, es residual, esto es, que solo pertenecen a esta categoría los bienes que no presenten las características señaladas para los demaniales. Dicha categorización no solo deriva de la disposición de cita, sino también de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala, acorde a la cual, son bienes del dominio público aquellos que poseen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los privados, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servicio a la comunidad, de claro interés público, y que por esa razón, no son susceptibles de apropiación. Se trata en efecto de bienes de titularidad estatal y de una naturaleza jurídica especial, razón por la cual, son imprescriptibles, inembargables, e inalienables. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, de ahí que su utilización y aprovechamiento solo sea posible a través de títulos otorgados por la autoridad competente; bajo el estricto control por parte de la Administración Pública. (Fallo  2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En el mismo sentido, consúltese el fallo no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2011). De lo anterior resulta, no es aceptable el reclamo esbozado por la recurrente, pues no es válido interpretar, respecto de bienes cuyas características particulares han sido ampliamente elaboradas tanto por el Tribunal Constitucional como por esta Cámara, que su naturaleza pública solo derive en forma expresa, de la aplicación de la Ley 6043. Aparte de las definiciones que ese texto legislativo ofrece sobre los conceptos de zona marítimo terrestre, zona pública y zona restringida, también el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS, los cardinales 32 y 34 de la LOA, y 3 inciso i) de la Ley Forestal, no. 7575 de 16 de abril de 1996, definen y someten zonas de ciertas características como áreas especiales bajo control del Estado, depositando en en el caso concreto, en el MINAE, amplias facultades para ello. Referente a la cita hecha por el casacionista, del numeral 20 de la Ley 6043, es inobjetable, si bien crea un supuesto de excepción, es claro que ésta solo opera respecto de terrenos de cierta configuración geográfica, en los cuales su topografía o condiciones especiales: “…no puedan aprovecharse para uso público…”. La norma de examen, no excepciona, como se ha pretendido hacer ver, las áreas de “riscos o acantilados”. De manera diversa, lo que en efecto dispone, es que ante casos excepcionales en los cuales la topografía o condiciones particulares del terreno, impidan el uso público, la normativa no será aplicable. En dichos casos, el numeral 20 refiere, que; “…se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo…”, no de manera indiscriminada, sino, siempre y cuando “…no se enajenen…”, y, se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros. De lo expuesto es evidente, del texto legislativo en cuestión, sin que ello implique una desafectación, puesto que para ello se necesita una norma expresa, se desprende que ante casos de imposibilidad natural para el desarrollo de fundos costeros, podrá autorizarse al ICT o al Ayuntamiento correspondiente, para su desarrollo. No hay alusión alguna en la letra de la disposición que permita concluir, una autorización para el desarrollo directo por parte de sujetos privados. Nótese que tampoco se aportaron a la especie elementos probatorios que permitan establecer que se está ante un escenario de excepción normativa, por tratarse de una zona de imposible acceso al público, en el cual no resulta de aplicación la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Por el contrario, se demostró que la construcción no. 1 para la cual se solicitó el permiso al MINAE, no está construida sobre riscos o acantilados, igualmente, que está edificada en la zona pública, pues invade el mojón no. 11 de la zona pública de Playa Guiones, a su vez delimitada por los mojones 10, 11 y 12. (hechos tenidos por demostrados 16, 17 y 18). De esa manera, resulta incontestable, no se está ante un caso de excepción, ni es esta la única disposición legislativa de la cual pueda desprenderse el carácter público de bienes demaniales como los comprendidos en la zona de referencia, razón que impone el rechazo de la censura.”

 

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Texto de la resolución

*020006490163CA*

EXP: 02-000649-0163-CA

RES: 000286-F-SI-2015

          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las nueve horas del seis de marzo de dos mil quince.

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, por Nombre126758   , casado, doctor en bacteriología; contra el ESTADO, representado por su procurador ambiental José J. Barahona Vargas. Figuran además, como apoderados especiales judiciales del actor,  el Lic. Antonio Biolley Riotte y María Gabriela Biolley Aymerich, ambos de domicilio no indicado. Las personas físicas son mayores de edad y, con las salvedades hechas, abogados,  vecinos de San José y de estado civil no indicado.

RESULTANDO

1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó como inestimable, a fin de que en sentencia se declare: “1. Que el actor, Nombre126758    tiene alrededor de 35 años de poseer en concesión, un terreno cito en Playa Guiones, Barrio Nosara, Nicoya, Cantón Segundo de la Provincia de Guanacaste. 2. Que dicho terreno lo adquirido el actor por compra-venta junto con los derechos de posesión uso y habitación, los cuales adquirido de sus anteriores propietarios señores Nombre126759   y de don Ramón Esquivel Esquivel, hoy fallecidos. 3. Que el actor solicitó el derecho de arrendamiento al municipio de Nombre14358 y siempre canceló cumplidamente el canon correspondiente. 4. Que el actor remodeló una antigua piscina existente en el inmueble arrendado, dotándola de un jacuzzi, una bomba y filtros para purificar el agua, hechos por los cuales fue Juzgado (sic) en vía penal por el delito de infracción a la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, proceso del cual resultó absuelto de toda pena y responsabilidad, fallo éste que pasó en autoridad de cosa juzgada, formal y material. 5. Que el Municipio de Nombre14358 en la Administración Carazo intentó quitar -sin excepción- las viviendas y construcciones de la población flotante de Playa Guiones, intento que abandonó en virtud de un pronunciamiento contrario emitido por el Presidente Ejecutivo del I.C.T., fundado a su vez en un dictamen vinculante emitido por el Procurador General de la República, entonces Lic. Francisco Villa Jiménez, pronunciamiento ése conforme al cual los órganos con competencia resolvieron que la Ley de la Zona Marítimo Terrestre no se aplicaba, en general, a la zona de Guiones, ocupada por la población flotante, entre las cuales se encuentra la del actor don Nombre126758   , pronunciamiento que, además de acabar con el problema, dio lugar a que con posterioridad al mismo, el Municipio Nicoyano extendiera nuevos permisos de construcción, así como de renovación de construcciones y otorgara concesiones de uso particular en la faja de 50 metros aledaña al mar. 6. Que sometido el conflicto a la decisión del I.C.T., este órgano envió a un inspector para que informara quién recomendó lo siguiente: "Observaciones: LOTE SOBRE ACANTILADO A 10 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR. CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ZONA PÚBLICA A 7 M DE ALTURA INCRUSTADA EN CORTE EN EL ACANTILADO. NO INTERFIERE LIBRE TRÁNSITO". "Sugerencias: Por su configuración topográfica de acantilado y por no interferir el libre tránsito de peatones y vehículos, ni el disfrute de la playa se sugiere la aplicación del artículo 21 de la ley 6043”. 7. Que el conflicto lo decidió el I.C.T. mediante resolución firme en la que acogió el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General de la República y el informe y recomendación de su Inspector, declarando que a la zona en conflicto-- Playa Guiones- le era de aplicación la excepción contenida en el artículo 21 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre conforme a la cual dicha Ley no es aplicable a esa parte del territorio nacional. 8. Que por haber transcurrido más de cuatro años desde que adquirió firmeza la resolución o acto administrativo dictado por el I.C.T. sin que el Estado lo declarara lesivo a los intereses públicos y/o impugnará en sede contencioso administrativa, dicho acto o resolución generó "derechos adquiridos" a favor o en beneficio del actor -Nombre126758   - de las cuales no puede privársele por haber caducado cualquier derecho estatal contrario a lo resuelto por el I.C.T. que para entonces era el único órgano público con competencia para resolver en sede administrativa. 9. Que por haber sido juzgado el actor -en sede penal ante autoridad judicial competente- y por haber resultado absuelto de toda pena y irresponsabilidad, ese falló (sic) paso en autoridad de cosa juzgada, formal y material, de tal modo que la administración no pudo privar al actor en su derecho de arrendamiento, uso y habitación sobre el inmueble ubicado en Playa Guiones, derechos que prevalecen y no puede acusarlo nuevamente por esos mismos hechos. 10. Que con motivo del fenómeno marítimo terrestre denominado erosión, que afecta la costa continental que baña el Océano Pacífico, la zona pública correspondiente a Nombre238504 desapareció, dando ello lugar a que la llamada milla marítima o zona marítimo terrestre haya perdido los 50 metros aledaños al mar, fenómeno que afecta al Estado como propietario y no al actor Nombre126758   , ni a su terreno. 11. Que en virtud del principio constitucional relativo a la irretroactividad de la Ley, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), no puede aplicar al actor Nombre126758   , con efecto retroactivo el Decreto Ejecutivo # 16531-MAG del 18 julio 1985 y la ley de conservación de la vida silvestre (sic) # 7317 y su Reglamento, así como las leyes números 7554 y 7788. 12. Que por el mismo principio de irretroactividad de la ley no pueden el Estado ni sus órganos (Area de Conservación del Tempisque y el Ministerio de Ambiente y Energía) desconocer ni dejar de aplicar a Playa Guiones, el calificativo de “playas de interés turístico” que le diera, mediante acuerdo firme, el I.C.T. y que fuera debidamente promulgado y publicado en el periódico oficial La Gaceta, calificativo que se hizo conforme a la ley y que el Estado no ha declarado lesivo a los intereses públicos ni tampoco lo ha impugnado en la vía contencioso administrativa. 13. Que en razón de lo expuesto, son nulas, por nulidad absoluta, y así se declara, las siguientes resoluciones: Número 079-ACT-DR, dictada por el Área de Conservación Tempisque a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día 11 septiembre dos mil. Número 094-ACT-DR, dictada por el Área Conservación Tempisque, a las diez horas con quince minutos del día catorce noviembre del dos mil. Número 006-2002-MINAE dictada por la Ministra de Ambiente y Energía a las once horas del tres enero del año dos mil dos. Número R-220-002-MINAE, dictada por la Ministra de Ambiente y Energía a las ocho horas cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil dos. 14. Se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía prorrogar el permiso del uso bajo la modalidad habitacional al señor Nombre126758   , en cuanto al inmueble objeto de esta litis, sito en Playa Guiones, respetando su posesión, uso y habitación que ha mantenido por más de treinta años. 15. Que se condena al estado al pago de ambas costas del juicio".

2.  La representación estatal contestó conforme a folios 319 a 378 interponiendo las defensas previas de caducidad de la acción y acto no impugnable, las cuales fueron resueltas interlocutoriamente de manera parcial. Asimismo, opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam.

3. El Estado planteó reconvención contra el actor, para que en sentencia se declare: “1) Es titularidad pública estatal la zona marítimo terrestre de Nombre238504  o franja de doscientos metros de ancho a lo largo de los litorales, medidos horizontalmente a partir de la línea de pleamar ordinaria, en sus dos secciones: la Zona Pública o faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y Zona Restringida de ciento cincuenta metros aledaños a ésta, hacia el interior del país. La Zona Pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título, ni en ningún caso, y nadie puede alegar derecho alguno sobre ella. 2) El Decreto 16531-MAG del 18 de julio de 1985, respetando el concepto de zona marítimo terrestre, en sus dos secciones de Zona Pública y Zona Restringida, y su carácter de dominio público, reconocidos por la SALA CONSTITUCIONAL, en el voto 5976 de las 15 horas 42 minutos del 16 de noviembre de 1993, al desestimar la acción de inconstitucionalidad contra ese Decreto, amplió el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional con el área de doscientos metros de ancho, contados a partir de la pleamar ordinaria, comprendida desde la margen izquierda de la desembocadura del Río Nosara hasta Punta Guiones, y puso su protección bajo responsabilidad del Departamento de Vida Silvestre, hoy Area de Conservación Tempisque, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio del Ambiente y Energía Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Lo que implicó en adelante un cambio, de pleno derechos en la administración y manejo de la zona marítimo terrestre de Playa Guiones, preservando la titularidad pública estatal de los bienes, los cuales quedaron sujetos a nuevos objetivos públicos. 3) Los Refugios Nacionales de Vida Silvestre son áreas silvestres protegidas de dominio público, que integran el Patrimonio Natural del Estado, donde la posesión de los particulares no causa derecho alguno a su favor, y el Estado sólo puede realizar y autorizar en él labores de investigación, capacitación y ecoturismo, con dependencia a las evaluaciones de impacto ambiental que se requieran. Además, a consecuencia del principio de inalienabilidad, no cabe ejercer posesión particular sobre bienes del dominio público, como lo ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia constitucional. 4) Aun cuando las áreas de la zona marítimo terrestre de los Refugio Nacionales de Vida Silvestre, en términos generales, se excluyen de la aplicación de la Ley 6043 con el calificativo de “reservas equivalentes” (artículo 73), la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 de 30 de octubre de 1992 restituyó la vigencia del concepto de zona marítimo terrestre, en sus dos segmentos: Zona Pública, dedicada al uso común, en tanto sea compatible con los fines del Refugio, y Zona Restringida, al conferir a la Dirección General de Vida Silvestre, hoy refundida en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las facultades y deberes que para cada una de esas secciones establece la Ley 6043. Reafirman la titularidad demanial del Estado sobre la Zona Pública, con destino a uso común, la Ley de Aguas, al otorgar esa condición a las playas (arts. 1º, inciso I y VIII, 3 inciso I, 69 y 70), y la Ley de Tierras y Colonización, en el artículo 7, inciso b), y asimismo la SALA CONSTITUCIONAL, que ha considerado la Zona Pública o franja de cincuenta metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria “núcleo inamovible” e “intangible para el legislador”, y “como tal, no solamente es imposible apropiársela por ningún modo, sino que ha sido puesta al servicio de todas las personas, sin excepción” (Voto 5210-97, de las 16 horas del 2 de septiembre de 1997, Considerando IV). 5) La salvedad contemplada en el Artículo 21 de la Ley 6043 de 2 de marzo de 1997 lo es del destino a uso común de la Zona Pública que fija el artículo 20 ibidem, con prohibición de constituir derechos particulares sobre ella u ocuparla de manera privativa, más no excepciona la aplicación del resto del articulado de esa Ley al sector, y opera bajo los presupuestos ahí establecidos, aclarados por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-026-2001; a saber: a) Que se trata de áreas bajo administración municipal; b) con características naturales que impidan el uso público, por su configuración geográfica, topográfica u otras, presupuesto de hecho que debe quedar suficientemente fundado, incluso con criterios técnicos; c) que el interesado tramite y obtenga las autorizaciones administrativas debidamente razonadas que se exigen en la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo y del Concejo Municipal del lugar; ch) que el solicitante tramite y, previo cumplimiento de todos los requisitos legales, obtenga la respectiva concesión, de la cual no hay motivo para eximirlo (Ley 6043, arts. 39 y 21); d) que no se privaticen de hecho esas áreas de la zona pública y se establezca una zona de libre tránsito para uso y disfrute de las áreas públicas que el artículo 21 ibid señala y se garantice la seguridad de los peatones; e) que no se dañe a los concesionarios o propietarios de terrenos colindantes; f) además, por mandato constitucional (artículo 50) debe protegerse el ambiente, como límite a la discrecionalidad en el otorgamiento de las autorizaciones y concesión demaniales. 6) En la época que la Municipalidad de Nombre14358 administró la zona marítimo terrestre de Playa Guiones, conforme a la Ley 6043, el contrademandado no tramitó, ni obtuvo de esa Municipalidad e inscribió en el Registro Público de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre, concesión privilegiada para ocupar la Zona Pública de Playa Guiones, en los términos del artículo 21 de la Ley 6043, cumpliendo los requisitos legales que antes se indicaron. 7) Además el inmueble que detenta el señor Nombre126758    en la Zona Pública de Nombre238504  no reuniría los presupuestos exigidos por esa norma (artículo 21, Ley 6043) porque es de topografía plana, no está sobre formaciones rocosas, riscos o acantilados, tiene acceso terrestre, a través de camino, frente a playa de arena para uso público, aprovechable en marea baja, y se privatiza de hecho el lugar en marea alta en razón de que obstruiría por completo el acceso público al sector. 8) El contrademandado no cuenta con concesión municipal otorgada e inscrita en el Registro General de Concesiones para ocupar la zona marítimo terrestre de Playa Guiones, ni tiene contrato de arrendamiento sobre la misma inscrito en ese Registro, otorgado con fundamento en leyes anteriores y legalizado según el Transitorio II de la Ley 6043. La simple solicitud de concesión que en su momento presentó ante la Municipalidad de Nombre14358 no le da derecho alguno a ocupar el inmueble que hoy detenta en la Zona Pública de Playa Guiones, o la Zona Restringida, ni a construir en éstas, conforme lo ha sostenido con reiteración la Sal Constitucional. 9) Al no tener el contrademandado contrato de arrendamiento sobre inmuebles en la zona marítimo de Playa Guiones, otorgado con fundamento en leyes anteriores y legalizado según el Transitorio II de la Ley 6043, no puede derivar ningún derecho de la declaratoria de aptitud turística que de esa Playa hizo el Instituto Costarricense de Turismo para los fines de la ya derogada Ley 4558 de 22 de abril de 1970. 10) El contrademandado no cuenta con permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Nombre14358 para realizar obras (construir o remodelar) en la Zona Pública y Zona Restringida (zona marítimo terrestre) de Playa Guiones, los que no sustituye el pago aislado por dieciséis mil colones hecho el 8 de enero de 1993, recibo Nº 8047, cuyo comprobante aportó a los autos, ni le autorizaba a levantar construcciones en dicha zona pública. 11) Los efectos de la sentencia del Juzgado Penal de Nombre14358 Nº NP 155-93-2 de las 13 horas 50 minutos del 18 de octubre de 1994, dictada en la sumaria Nº226/93 T, que absolvió al señor Nombre126758    por construir en la zona marítimo terrestre de Nombre238504  se limitan a la infracción e imputabilidad penal de los hechos, autoría y caracteres requeridos para aplicar la ley penal bajo la que se le juzgó. Pero no le otorga título de posesión particular sobre la Zona Pública de Playa Guiones, que no lo consiente, transgrediría su régimen jurídico y destino común, implicaría una desafectación que sólo puede hacerse por ley (Sala Constitucional, voto 5226-97, entre otros), y el otorgamiento de títulos habilitantes para ocupar el dominio público marítimo terrestre es un acto inherente al órgano que lo administra; no de los Tribunales Penales. Tampoco legitima su permanencia indefinida en esa Zona Pública. 12) Por la índole pública de los bienes, el contrademandado no puede ejercer posesión particular, a la manera del Derecho Civil, sobre la Zona Restringida, ni menos sobre la Zona Pública de Playa Guiones. 13) El contrademandado carece de título oponible al Estado que le legitime para detentar en forma privativa el inmueble que ocupa en la Zona Pública de Playa Guiones. 14) Es ilegal la detentación o uso especial que ha ejercido y ejerce el señor Nombre126758   en la Zona Pública de la zona marítimo terrestre de Playa Guiones, cantón de Nicoya, por contrariar su régimen de Derecho Público y destino de uso común, hoy en tanto sea compatible con los fines del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, del que forma parte. 15) También son ilegales las construcciones que dicho señor ha levantado en esa Zona Pública de Playa Guiones, entre el mojón 11 y 12 del Instituto Geográfico Nacional, consistentes en dos sectores de cabinas, con varios aposentos o módulos, cocina, horno techado, piscina, yacuzzi, terraza, garaje, planchet y muro de contención cercano al mar. 16) El señor Nombre126758    debe desalojar la Zona Pública de Nombre238504  y demoler las construcciones realizadas en la misma y restituir el inmueble a su estado anterior, dentro del plazo prudencial que se le conceda en sentencia, apercibido de que si lo omite se procederá a ejecutar en forma coactiva el desalojo y derribo de obras y restitución, a cuenta suya, con auxilio de la autoridad de policía, en coordinación con el Área de Conservación Tempisque, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, órgano administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, y con empleo de la maquinaria pesada del MOPT que se requiera para remover las construcciones. Lo anterior, sin perjuicio de las reclamaciones que en vía aparte puedan hacérsele por daños y perjuicios irrogados con motivo del aprovechamiento del inmueble, en proporción al tiempo de su ilícita detentación y la privilegiada ubicación del sitio respecto al mar. 17) Por ir contra su destino de bien de uso común de la Zona Pública de Playa Guiones, en cuanto se concilie con los fines del Refugio Nacional de Vida Silvestre, y no ajustarse el uso que se pretende a las actividades que pueden realizarse dentro del Patrimonio Natural del Estado, son válidas las resoluciones del Director del Área de Conservación Tempisque y de la señora Ministra del Ambiente y Energía, que denegaron al señor Nombre126758  Nombre126758  el permiso de uso para permanecer en la Zona Pública de ese Refugio e impugna en este proceso por ilegalidad. 18) El contrademandado debe pagar ambas costas de este proceso.”

          4. El actor reconvenido contestó negativamente y opuso las excepciones de  falta de derecho, falta de interés, cosa juzgada, falta de legitimación activa y pasiva; así  como la expresión genérica de “sine actione agit”.

5.  El juez Billy Araya Olmos, en sentencia n.° 3029-2010 de las 13 horas del 30 de julio de 2010, resolvió: “PRIMERO: Se acoge la excepción de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa, ambas, interpuestas por el Estado. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, en el proceso promovido por Nombre126758    contra EL ESTADO. TERCERO: Se declara CON LUGAR la contrademanda interpuesta por el Representante del Ente Público Mayor. CUARTO: Se deniegan, las excepciones de sine actione agit, falta de derecho, falta de legitimación en sus dos acepciones y cosa juzgada material, interpuestas por el actor -reconvenido. QUINTO: Se declara que la tenencia del inmueble situado entre el mojón 11 y 12, colocados por el Instituto Geográfico Nacional en Playa Guiones, compuesta de dos sectores de cabinas, garaje y muro contención, es ilegal. SEXTO: Se formula el siguiente pronunciamiento, respecto a la antedicha RECONVENCIÓN, para que una vez firme esta Sentencia, se proceda como en Derecho corresponda: a) El desalojo voluntario, por parte reconvenido del antes citado inmueble, situado en la Zona Pública de Playa Guiones. Para acatar este mandato, se concede un lapso de dos meses, como plazo razonable bajo la doctrina del ordinal 261 de la Ley General de la Administración Pública; b) Una vez hecho lo anterior, deberá derribar la referida construcción, incluido el muro de contención que se indica, por sus propios medios; todo ello dentro del plazo anotado; c) Caso contrario, se ordenará a cuenta suya, realizar dicha demolición con el concurso de la autoridad policial, en asocio con el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, con auxilio de la maquinaria pesada y operarios que preste al efecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En lo no expresamente concedido entiéndase así denegado. Son ambas costas a cargo del señor Nombre126758   .”

6. Ambas partes solicitaron adición y aclaración de la sentencia n.° 3029-2010 de las 13 horas del 30 de julio de 2010; y, el juez Billy Araya Olmos, en sentencia n.° 3029-2010 BIS de las 9 horas del 6 de setiembre de 2010, resolvió: “De conformidad con los motivos de hecho y derecho precedentes, se declara, PARCIALMENTE CON LUGAR, la solicitud de adición y aclaración, gestionada por las partes respecto de la sentencia número 3029-2010, dictada por este Despacho a las 13:00 hrs. del 30 de julio del 2010.”

7. El actor reconvenido apeló y, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, integrada por los jueces Isaac Guillermo Amador Hernández, Sandra Quesada Vargas y Francisco Jiménez Villegas, en sentencia n.° 148-2012-VII de las 11 horas del 30 de octubre de 2012, dispuso: “Se rechaza la prueba para mejor resolver proveída por la parte actora. Se rechaza por improcedente el incidente de documento nuevo interpuesto por la representación del Estado. En lo que ha sido objeto de impugnación, se confirma la sentencia recurrida.”

8. La licenciada María Gabriela Biolley Aymerich, en su expresado carácter,  formula recurso de casación indicando expresamente las razones en las que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia. 

9. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto el magistrado suplente Jorge Alberto López González.

Redacta la magistrada Escoto Fernández, salvo el Considerando VII que lo redacta el magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I. El señor Nombre126758    demandó al Estado en julio de 2007.  Esbozó, por más de siete lustros antes de que entrara a regir la Ley no. 4558, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre (en adelante Ley 4558), su padre Nombre126759  , fue dueño de un terreno que compró a don Ramón Esquivel Esquivel, en Nombre238504  de Nosara, Nicoya, con los derechos de posesión, uso y habitación. Afirmó, conforme a la división territorial administrativa de la República, (Decreto Ejecutivo no. 6672-G de 23 de diciembre de 1976, y Ley 4366 de 19 de agosto de 1969), Nombre238504 es un poblado, con una población estable de lugareños. Señaló, en su frente al mar, Nombre238504  presenta riscos y acantilados con formaciones rocosas y pequeñas entradas de arena, que no permiten y/o limitan su uso para bañarse y desembarcar, por el peligro que implican. Alegó, cuando fue adquirida, el acceso por tierra se limitaba al verano, porque no había puentes ni carretera. Aseguró, otros propietarios eran pilotos privados, quienes se transportaban en avioneta a playas cercanas. Apuntó, antes del final de los años 60, la totalidad de las tierras ribereñas de “Playa Nombre238504 Sur”, pertenecía a tres familias de la zona. No obstante, agregó, solo Nombre238505  , (conocido como Nombre238506) tituló su posesión hasta los 50 metros al amparo de la Ley 4558. Adujo, Nombre238504  forma parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional (en adelante RNVSO), desde la promulgación de la Ley de Vida Silvestre, Ley 7317 de 7 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo LCVS). Anotó, aunque el RNVSO es anterior a 1992, (17 de noviembre de 1983), sus límites anteriores no comprendían la zona marítimo terrestre, al suroeste de la desembocadura del Río Nosara. Agregó, no fue sino hasta 1992, cuando se ampliaron los límites incluyendo el sector de Playa Guiones. Así, esbozó, en el periodo entre la entrada en vigencia de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre no. 6043 del 2 de marzo de 1977,  (en lo subsecuente Ley 6043), y diciembre de 1992, cuando Nombre238504  pasó a formar parte del RNVSO, la normativa jurídica aplicable a la zona  era la Ley 6043, y con anterioridad, las leyes que le precedieron. Afirmó, aunque Nombre238504  formaba parte del RNVSO, no es sino hasta mediados de 1998, que la Dirección de Vida Silvestre y concretamente el Área de Conservación Tempisque del SINAC (en adelante ACTSINAC), tomó un control efectivo de la zona. Adicionó, con anterioridad, se entendían con la Municipalidad de Nicoya, que mantenía vigente el cobro de cánones como si continuara vigente la Ley 6043. Arguyó, don Nombre126759  , continuó ocupando las viviendas y ranchos que existían en el terreno de examen, incluso los ubicados sobre riscos y acantilados en un área sin playa. Mencionó, don Hernán le cedió una porción de ese terreno hace mas de 30 años, con derechos de uso y habitación, de modo que resulta ser causahabiente de don Ramón Esquivel Esquivel. Manifestó, desde entonces, realizó construcciones, mejorando las antiguas, construyó la casa que ahí mantiene, para lo cual contó con los permisos municipales y construyó una “lanchera”, para pequeñas embarcaciones. Nombre572, nunca hubo queja de las autoridades, realizó sus actuaciones en forma pública, a título de arrendatario, carácter que fue confirmado por las autoridades administrativas y judiciales. Argumentó, al promulgarse la Ley 6043, puso a derecho su situación, solicitando la concesión a la Municipalidad, la cual le fijó un canon que pagó religiosamente. Nombre635, Nombre238504 cuenta con unas 20 casas. Adicionó, la suya está construida sobre riscos y acantilados, parte de ella ocupa los 50 metros inmediatos a la pleamar. Expresó, aunque en los años 1978-1982, la Corporación de Nombre14358 intentó eliminar viviendas y construcciones en la zona, no obstante, ante dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR), desistió de ello. Comentó, ello debido a que la PGR y el Instituto Costarricense de Turismo (en lo subsiguiente ICT), decidieron no aplicar la Ley 6043 a las áreas de riscos y acantilados. De ahí en adelante, dijo, el municipio nicoyano, ha extendido permisos de construcción, de renovación de construcciones y otorgado concesiones en esa faja. Explicó, en enero de 1993, solicitó permiso a esa corporación para remodelar una antigua piscina, edificada con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 6043, el cual le fue extendido. Aseveró, en junio de ese año recibió cédula de citación de la Agencia Fiscal de Nicoya, donde se le previno declarar como imputado, en la sumaria 226/93 T (expediente 155-1-93), del Juzgado Penal de Nicoya, por el delito de infracción a la Ley 6043, en relación con las referidas construcciones. No obstante, apuntó, fue absuelto. Transcribió piezas del expediente relativas a la prueba. Arguyó, aunque en diversas oportunidades se ha querido cuestionar su posesión, tanto administrativa o judicialmente, siempre se le ha dado la razón. Sostuvo, además de la sentencia absolutoria (no. 155-93-2 de las 13 horas 50 minutos del 18 de octubre de 1994), en sede penal,  numerosos antecedentes confirman su derecho. Acusó, cuando solicitó al ayuntamiento de Nicoya, el monto correspondiente al canon del año 2000, para cancelarlo, se le indicó que en el futuro, debía realizar ese trámite ante el Ministerio de Ambiente y Energía (en lo sucesivo MINAE), Área de Conservación Tempisque. Comentó, mediante resoluciones 079-ACT-DR de las 16 horas con 35 minutos del 11 de setiembre de 2000, y 094-ACT-DR de las 10 horas 15 minutos del 14 de noviembre de 2000 dicha instancia le denegó el permiso de uso. Para ello, indicó, el MINAE sostuvo que una casa se localiza dentro de la zona pública, por lo que solo le otorgó permiso de uso bajo la modalidad habitacional en el inmueble sito en zona restringida, siempre y cuando cumpliera con los requisitos de la LCVS. Relató, los funcionarios, quienes realizaron la inspección no son topógrafos ni agrimensores, de ahí que sus informes, en su criterio, no puedan determinar si se encontraba o no en la zona pública o restringida, además, no indican el tipo de aparato utilizado para las mediciones. Adicionó, tampoco establecen si los acompañó un topógrafo, donde llegó la pleamar, antigüedad de la ocupación, existencia de permisos de construcción, pago de cánones, entre otros aspectos que estima necesarios. Narró, la resolución 006-2002-MINAE de las 11 horas del 3 de enero de 2002, confirmó los actos impugnados y dio por agotada la vía administrativa. Igualmente, mediante resolución R-220-2002-MINAE de las 8 horas 40 minutos del 19 de abril de 2002, fue rechazado su recurso de reposición. Afirmó, conforme a la Ley Orgánica del ICT, la administración de las playas de interés turístico se mantuvo bajo el dominio y administración de ese Instituto. Explicó, el 26 de agosto de 1970, el ICT declaró 43 playas como zonas de interés turístico, realizando un levantamiento topográfico de cada ocupante. Subrayó, de esa manera, la Administración levantó un plano a escala, el cual aparece sellado por el Registro General de Concesiones (en lo sucesivo RGC). Ahí, dijo, consta que entre las estaciones 1 a 4 y 2 a 3, hay una distancia de 33 metros, de ahí que la totalidad del lote se ubica en la zona restringida de 150 metros, mientras que la zona pública fue erosionada por el mar. Adicionó, éste permite evidenciar, que el terreno se ha visto erosionado por la acción del mar, por lo que debe establecerse, cuál es el área afectada para determinar si el resto forma parte de la zona pública o no. Añadió, conforme a la potestad que refiere el numeral 2 de la Ley 6043, el 25 de setiembre de 1981, el RGC, envió un inspector, quien en su informe indicó: “Lote sobre acantilado de 10 metros sobre el nivel del mar. Construcción dentro de la Zona Pública a 7 metros de altura inscrustada en corte en el acantilado. No interfiere el libre tránsito” “Sugerencias: Por su configuración topográfica de acantilado y por no interferir el libre tránsito de peatones y vehículos, ni el disfrute de la playa se sugiere la aplicación del Artículo 21 de la Ley 6043”. Esbozó, dicho numeral contiene una excepción para zonas cuya topografía impida el uso público, caso en el cual, bajo ciertas condiciones, autorizará su uso turístico. Invocó, la concesión es un acto declarativo de derechos, que solo puede ser eliminado a través del proceso de lesividad. Estimó, se está ante un derecho adquirido y situación jurídica consolidada. Precisó, aunque la LCVS, (publicada en La Gaceta del 7 de diciembre de 1992); creó en su Transitorio I el RNVSO, tal declaratoria no posee efecto retroactivo en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas.

II. Solicita en sentencia se declare que: a) tiene 35 años de poseer en concesión, el terreno de cita; b) adquirió dicho fundo por compraventa junto a los derechos de posesión, uso y habitación, de sus anteriores propietarios; Nombre126759   y Ramón Esquivel Esquivel; c) solicitó el derecho de arrendamiento a la Municipalidad de Nicoya, a quien siempre canceló el canon; d) remodeló una antigua piscina existente en el bien, hechos por los cuales fue juzgado y absuelto de toda pena y responsabilidad en sede penal, por el delito de infracción a la Ley 6043, fallo que pasó en autoridad de cosa juzgada; e) aunque durante la Administración Carazo, el Ayuntamiento de cita, intentó erradicar las viviendas y construcciones de la población flotante de Playa Guiones, abandonó esa política en virtud de un dictamen vinculante de la PGR, conforme al cual los órganos con competencia resolvieron que la Ley 6043 no era aplicable a la zona de interés, pronunciamiento que, acabó con el problema y dio lugar a que la Corporación de Nicoya, extendiera nuevos permisos de construcción y renovación y otorgara concesiones de uso particular en la faja de 50 metros aledaña al mar; f) el ICT envió un inspector a la zona, quien recomendó lo siguiente: "Observaciones: lote sobre acantilado a 10 m sobre el nivel del mar.  Construcción dentro de la zona pública a 7 m de altura incrustada En corte en el acantilado. No interfiere libre tránsito". "Sugerencias: Por su configuración topográfica de acantilado y por no interferir el libre tránsito de peatones y vehículos, ni el disfrute de la playa se sugiere la aplicación del artículo 21 de la ley 6043”; g) el ICT acogió el pronunciamiento vinculante de la PGR y el informe y recomendación de su inspector, declarando que a la zona en conflicto-- Playa Guiones- le era de aplicación la excepción contenida en el precepto 21 de la Ley 6043; h) por haber transcurrido más de cuatro años desde que adquirió firmeza la resolución del ICT, sin que mediara declaración de lesividad, dicho acto generó "derechos adquiridos" a su favor; i) por haber sido absuelto de toda pena y irresponsabilidad en el proceso penal de referencia, fallo que pasó en autoridad de cosa juzgada, formal y material, la Administración no puede privarle de su derecho de arrendamiento, uso y habitación; j) en virtud de la erosión que afecta la costa Pacífica, la zona pública de Nombre238504 desapareció, pues perdió los 50 metros aledaños al mar, fenómeno que solo afecta al Estado; no a su persona ni a su terreno; k) el MINAE no puede aplicarle con efecto retroactivo el Decreto Ejecutivo no. 16531-MAG del 18 julio 1985, la LCVS y su Reglamento, ni las leyes no. 7554 y 7788; tampoco puede el ACTSINAC desconocer ni dejar de aplicar a Playa Guiones, el calificativo de “playa de interés turístico” que le diera el ICT, que se hizo conforme a la ley y que el Estado no ha declarado lesivo a los intereses públicos ni impugnado en la vía contencioso administrativa; m) se declare la nulidad absoluta de las resoluciones: no. 079-ACT-DR; no. 094-ACT-DR, no. 006-2002-MINAE; no. R-220-002-MINAE; n) se ordene al MINAE prorrogarle el permiso de uso bajo la modalidad habitacional, en cuanto al inmueble objeto de esta litis, respetando su posesión, uso y habitación que ha mantenido por más de 30 años; y, o) se condene al Estado al pago de ambas costas. El Estado contestó negativamente. Opuso las defensas previas de caducidad de la acción y acto no impugnable en la vía jurisdiccional respecto de la resolución no. 220-2002-MINAE, las cuales fueron acogidas interlocutoriamente. Opuso las excepciones de falta de: derecho y legitimación en su doble modalidad. Reconvino. Solicitó declarar: a) que la zona marítimo terrestre de Nombre238504  es de titularidad pública, por lo que no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título, ni se puede alegar derecho alguno sobre ella; b) que el Decreto 16531-MAG, respetando el concepto de zona marítimo terrestre y su carácter de dominio público, reconocidos por la Sala Constitucional en el voto 5976 de las 15 horas 42 minutos del 16 de noviembre de 1993, amplió el RNVSO con el área de 200 metros de ancho, contados a partir de la pleamar ordinaria, desde la margen izquierda de la desembocadura del Río Nosara hasta Punta Guiones, cuya protección asignó al ACTSINAC, lo cual implicó un cambio de pleno derecho en la administración y manejo de la zona señalada, preservando la titularidad pública y sujetando los bienes a nuevos objetivos públicos; c) que los Refugios Nacionales de Vida Silvestre son áreas protegidas de dominio público, que integran el Patrimonio Natural del Estado, donde la posesión de los particulares no causa derecho alguno a su favor, y, el Estado sólo puede realizar y autorizar en él labores de investigación, capacitación y ecoturismo, sujetas al impacto ambiental que generen. Además, a consecuencia del principio de inalienabilidad, no cabe ejercer posesión particular sobre bienes del dominio público, como lo ha reconocido ampliamente la jurisprudencia constitucional; d) aún y cuando las áreas de la zona marítimo terrestre de los Refugio Nacionales de Vida Silvestre, en términos generales, se excluyen de la aplicación de la Ley 6043 con el calificativo de “reservas equivalentes” (artículo 73), la LCVS restituyó la vigencia del concepto de zona marítimo terrestre, en sus dos segmentos: Zona Pública, dedicada al uso común, en tanto sea compatible con los fines del Refugio, y Zona Restringida, al conferir a la Dirección General de Vida Silvestre, hoy refundida en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las facultades y deberes que para cada una de esas secciones establece la Ley 6043. Reafirman la titularidad demanial del Estado sobre la Zona Pública, con destino a uso común, la Ley de Aguas, al otorgar esa condición a las playas (numerales 1º, inciso I y VIII, 3 inciso I, 69 y 70), y la Ley de Tierras y Colonización, en el artículo 7, inciso b). Asimismo, que la Sala Constitucional  ha considerado la Zona Pública o franja de 50 metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria “núcleo inamovible” e “intangible para el legislador”, y “como tal, no solamente es imposible apropiársela por ningún modo, sino que ha sido puesta al servicio de todas las personas, sin excepción” (Voto 5210-97, de las 16 horas del 2 de septiembre de 1997, Considerando IV); e) la salvedad contemplada en el precepto 21 de la Ley 6043, refiere el destino a uso común de la Zona Pública que fija el artículo 20 ibidem, con prohibición de constituir derechos particulares sobre ella u ocuparla de manera privativa, más no excepciona la aplicación del resto del articulado de esa Ley al sector, y opera bajo los presupuestos ahí establecidos, aclarados por la PGR en el dictamen C-026-2001; a saber: i) Que se trata de áreas bajo administración municipal; ii) con características naturales que impidan el uso público, por su configuración geográfica, topográfica u otras, presupuesto de hecho que debe quedar suficientemente fundado, incluso con criterios técnicos; iii) que el interesado tramite y obtenga las autorizaciones administrativas debidamente razonadas que exige el ICT y del Concejo Municipal del lugar; iv) que el solicitante obtenga la respectiva concesión, (Ley 6043, arts. 39 y 21); v) que no se privaticen de hecho esas áreas de la zona pública y se establezca una zona de libre tránsito para uso y disfrute de las áreas públicas que el mandato 21 citado señala, garantizando la seguridad de los peatones; vi) que no se dañe a los concesionarios o propietarios de terrenos colindantes; vii) además, por el ordinal 50 Constitucional debe protegerse el ambiente, como límite a la discrecionalidad en el otorgamiento de las autorizaciones y concesión demaniales; f) en la época que la Municipalidad de Nombre14358 administró la zona marítimo terrestre de Playa Guiones, conforme a la Ley 6043, el contrademandado no tramitó, no obtuvo de esa Municipalidad, ni  inscribió en el Registro Público de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre, concesión privilegiada para ocupar la Zona Pública de examen en los términos del mandato 21 de la Ley 6043; g) el inmueble que detenta el actor en la Zona Pública de Nombre238504  no reuniría los presupuestos exigidos por esa norma (artículo 21, Ley 6043) porque es de topografía plana, no está sobre formaciones rocosas, riscos o acantilados, tiene acceso terrestre a través de camino, frente a playa de arena para uso público, aprovechable en marea baja, privatizándose de hecho el lugar en marea alta al obstruir por completo el acceso público al sector; h) el contrademandado no cuenta con concesión municipal inscrita en el RGC para ocupar la zona de interés, ni contrato de arrendamiento sobre aquella con fundamento en leyes anteriores y legalizado según el Transitorio II de la Ley 6043. La simple solicitud de concesión que en su momento presentó ante el Ayuntamiento de Nombre14358 no le da derecho a ocupar el inmueble que hoy detenta ni a construir en ese lugar, conforme lo ha sostenido la Sala Constitucional; i) al carecer de contrato de arrendamiento sobre inmuebles en dicha zona fundamento y legalizado conforme a leyes anteriores a la Ley 6043, no puede derivar ningún derecho de la declaratoria de aptitud turística que de esa Playa hizo el ICT para los fines de la ya derogada Ley 4558; j) el contrademandado no cuenta con permisos de construcción o remodelación otorgados por esa corporación en la  zona marítimo terrestre de examen, los que no sustituye el pago aislado por ¢16.000,00 hecho el 8 de enero de 1993, ni le autorizaba a levantar construcciones en dicha zona pública; k) los efectos de la sentencia del Juzgado Penal de Nombre14358 no. 155-93-2 se limitan a la infracción e imputabilidad penal de los hechos, sin otorgarle título de posesión particular sobre la zona de cita reiterada, cuya transgresión implicaría una desafectación que sólo puede hacerse por ley (Sala Constitucional, voto 5226-97, entre otros), y el otorgamiento de títulos habilitantes para ocupar el dominio público marítimo terrestre es un acto inherente al órgano que lo administra; no de los Tribunales Penales. Tampoco legitima su permanencia indefinida en esa Zona Pública; l) por la índole pública de los bienes, el contrademandado no puede ejercer posesión particular, a la manera del Derecho Civil sobre la Zona en cuestión; m) el contrademandado carece de título oponible al Estado que le legitime para detentar en forma privativa el inmueble; n) es ilegal la detentación o uso especial que ha ejercido y ejerce el actor en esa zona, por contrariar su régimen de Derecho Público y destino de uso común, hoy en tanto sea compatible con los fines del RNVSO, del que forma parte; o) son ilegales las construcciones que dicho señor ha levantado en esa zona pública entre el mojón 11 y 12 del IGN; p) el actor debe desalojar la Zona Pública de Nombre238504  y demoler las construcciones realizadas en ella y restituir el inmueble a su estado anterior, dentro del plazo prudencial que se le conceda en sentencia, apercibido de que si lo omite se procederá a ejecutar en forma coactiva el desalojo y derribo de obras y restitución, a cuenta suya, con auxilio de la autoridad de policía, en coordinación con el ACTSINAC, y con empleo de la maquinaria del MOPT que se requiera. Lo anterior, sin perjuicio de otras reclamaciones por daños y perjuicios; q) son válidas las resoluciones del Director del ACT y de la señora Ministra de Ambiente y Energía, que denegaron al accionante el permiso de uso para permanecer en la Zona Pública de ese Refugio; y, que el contrademandado debe pagar ambas costas de este proceso. La actora reconvenida opuso la expresión genérica de sine actione agit. El Juzgado acogió la falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa, interpuestas por el Estado. Declaró sin lugar la demanda. Acogió la contrademanda. Denegó las excepciones del actor -reconvenido. Declaró que la tenencia del inmueble situado entre el Dirección25676      en Playa Guiones, es ilegal. Ordenó el desalojo voluntario del reconvenido, para lo cual le concedió dos meses, quien debe derribar la construcción por sus propios medios; caso contrario, se ordenará la demolición a cuenta suya con el concurso de la autoridad policial, en asocio con el ACTSINAC, con auxilio de la maquinaria pesada y operarios del MOPT. En lo no expresamente concedido debe entenderse denegado. Son ambas costas a cargo del actor reconvenido. El Tribunal confirmó. El actor inconforme acude a casación.

Recursos por motivos procesales

III. En la única censura admitida de esta naturaleza, el recurrente endilga indebida aplicación de los incisos 2 y 3 del precepto 575 del Código Procesal Civil (en adelante CPC), y falta de aplicación de las reglas contenidas en los ordinales 5, 330 y 575 párrafo primero de ese cuerpo normativo. Esboza, el numeral 575 del CPC en sus incisos 2 y 3, establece la posibilidad para el apelante de ofrecer prueba documental con el escrito de expresión de agravios, cuando hubiere ocurrido algún hecho que importe excepción superviniente, o cuando el demandado ausente a quien se le hubiere nombrado curador, se apersone en el proceso después de la oportunidad para ofrecer prueba en primera instancia. Dice, acorde al cardinal 5 de ese texto procesal, dicha regla es de orden público y acatamiento obligatorio. Considera, ninguno de los supuestos que establecen los incisos 2 y 3 citados, son aplicables al caso concreto, de ahí que haga mal el Tribunal al aplicarlos en el considerando II del fallo impugnado. Agrega, en su escrito de expresión de agravios ofreció prueba documental que según indicó, no existía al momento de la presentación de la demanda, por ende no la conocía. De conformidad, estima, a la luz de dichas normas los juzgadores solo podían apreciar las probanzas, con base en los principios de la sana crítica al momento del dictado de la sentencia, no como lo hicieron al rechazar la prueba documental que aportaron.  Enfatiza, el Tribunal se equivoca al considerar que se trataba de prueba para mejor resolver. Asevera, entre lo ofrecido figuran dos sentencias judiciales, una de ellas vinculante, donde se alegan violaciones a la Ley de la Jurisdicción Constitucional (en lo sucesivo LJC). Asimismo, asegura, en el considerando II de su fallo, los jueces se refieren nuevamente a dichos elementos demostrativos como prueba para mejor resolver, a pesar de que habían surgido cuando ya se había trabado la litis, la cual resulta indispensable para dirimir el conflicto. De esa manera, aduce, se viola el mandato 330 del CPC por falta de aplicación, al considerar que no es indispensable para la resolución del asunto. Concluye, se le ha colocado en estado de indefensión, cercenando su derecho de defensa. 

IV. En lo pertinente a la prueba para mejor resolver, cuyo rechazo objeta el casacionista, en el fallo 383-2008 de las 15 horas 50 minutos del 6 de junio de 2008, este Órgano expresó: “En relación, esta Sala ha señalado de forma reiterada que la prueba para mejor resolver es del juez y no de las partes, siendo él quien decide su conveniencia y necesidad. Se trata de una facultad que le permite incorporar luego de la fase probatoria, cuando el asunto se encuentra listo para dictar el fallo, elementos demostrativos que considere relevantes para la correcta resolución del proceso, lo que puede suceder incluso en instancia de apelación (artículo 575 del Código de cita) –cuando corresponda- y eventualmente, en casación (609 ibídem). En este sentido, resulta claro que no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Sobre el tema, de esta Sala, véase sentencia no. 703 de las 10 horas 30 minutos del 27 de septiembre del 2007. Desde este plano, si bien permite incorporar probanzas que fueron rechazadas en el proceso, declaradas inadmisibles, nulas o inevacuables, ciertamente, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, ergo, corresponde a una valoración discrecional del juzgador, quien  puede prescindir de ella sin necesidad de resolución expresa. En torno a los parámetros que determinan su aplicación, de este órgano colegiado, véase resolución no. 268 de las 16 horas 10 minutos del 3 de abril del 2002”.  (Consúltense en sentido similar las sentencias no. 728 de las 10 horas 5 minutos del 4 de octubre de 2007, no. 555 de las 9 horas con 50 minutos del 6 de mayo de 2010,  y no. 622-2011 de las 9 horas 25 minutos del 26 de mayo de 2011)

V. El Tribunal indicó, al sustanciar la apelación, la actora ofreció con el carácter de prueba para mejor resolver, una serie de documentos que alegó no haber conocido con anterioridad y que detalló a folio 1138 del Tomo II del expediente judicial. Al respecto, opinó, el criterio de admisión reside exclusivamente en el Juez o Tribunal de la causa, dependiendo de si es de influencia decisiva para el proceso (artículo 331 CPC), o que la considere indispensable (artículo 575 párrafos dos y tres del CPC). Agregó, lo anterior en virtud de lo dispuesto en el canon 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA). En esa línea, dijo, con excepción del contrato de arrendamiento suscrito el 27 de setiembre de 1973, procede rechazar en su totalidad la documental aportada en segunda instancia por la accionante, por no ser de “decidida influencia” para la resolución del recurso de apelación interpuesto, pues, habida cuenta de su contenido, no resulta indispensable para ese propósito. Agregó, en segunda instancia está vedada la reapertura del juicio a pruebas como si se tratare de un asunto “ex novo”, en primera instancia, en el que no se haya practicado prueba o en el que no haya recaído sentencia jurisdiccional, pues ya existe la del A quo, la cual  ha sido objeto de impugnación, ya que hacerlo implicaría reabrir el proceso prácticamente en su totalidad, contrariando la naturaleza del recurso de apelación y del derecho, porque se tendrían que resolver en única instancia aspectos que por ley procesal requieren del pronunciamiento de ambas como garantía del debido proceso. Así, arguyó, las probanzas que las partes decidan ofrecer, de conformidad con la facultad que prevé el canon 575 CPC, debe dirigirse a demostrar la pertinencia y legitimidad de lo pretendido en esa instancia del proceso. Aseveró, no se trata entonces de una prueba superflua o dubitativa ni que redunde en lo ya probado o de sesgo superabundante. Aseguró, tampoco puede el Tribunal ordenar ni admitir elementos probatorios abandonados por la parte proponente, o que revele la intensión de retrasar la tramitación o referente a hechos que no son materia de debate. Lo mismo, adujo, en cuanto a la testimonial que se ofrezca en esta instancia, sobre hechos respecto a los cuales se haya recibido en primera instancia. En esa línea, a juicio de los juzgadores, la que se admita ha de ser la indispensable, para fallar el asunto en segunda instancia. Es decir, para resolver el recurso de apelación interpuesto. Continuó el Tribunal, acorde a las citadas normas procesales la decisión de admitir prueba en segunda instancia, y especialmente, la que se ofrece para mejor resolver, debe sustentarse en criterios de indispensabilidad, potestad radicada en y del exclusivo resorte del cuerpo colegiado, teniéndose presente que la prueba aportada para mejor resolver es del Juez (en su caso, del Tribunal), no de las partes, según lo dispone el citado numeral 575 in fine del CPC. Así las cosas, consideró procedente rechazar la documental ofrecida por la parte actora en segunda instancia por no estimarla indispensable para fallar el recurso de alzada. Adicionalmente, denotaron los jueces que se trata de prueba documental consistente en la certificación de votos de la Sala Constitucional no. 2020-2009, 13655-2008, sentencia no. 98-2010 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de Guanacaste; piezas del expediente 08-8554-007-CO tramitado ante la Sala Constitucional y oficios emitidos por el Instituto Geográfico Nacional fechados en enero del 2003;  documentos que si bien se relacionan directa o tangencialmente con la temática ambiental –o más concretamente con el tema del Refugio de Vida Silvestre Ostional-, circundante al tema en la forma y con los alcances que lo ha tratado la Sala Constitucional –lo cual en todo caso es tema ajeno a este proceso-, no son esenciales para resolver la apelación interpuesta. Continuó, mención especial tiene la copia del contrato de arrendamiento suscrito en su momento por el padre del actor y la Municipalidad de Nicoya, respecto al cual destacó que consigna la colindancia oeste del terreno arrendado al padre del actor por el citado ayuntamiento, con la zona inalienable de los 50 metros, lo que permite demostrar que la localización material del terreno arrendado por aquel entonces al señor Nombre126759  no coincide con el lugar donde a la fecha demuestran estar ubicadas las construcciones que fueron objeto del reconocimiento judicial practicado en fecha 25 de Junio de 2009 por la Jueza Claudia Salazar. Enfatizó, dicha infraestructura está inmersa dentro del área de la pleamar como lo muestra lo consignado en el acta de la diligencia constante en autos de folios 695 al 699 en Tomo I del principal (y fotografías en el disco compacto). Acorde a lo anterior, es evidente las probanzas de examen fueron ofrecidas como prueba para mejor resolver, supuesto que acorde al precepto 594 CPC, no constituye una causal de casación por defectos procesales pues no se ajusta al rechazo de prueba admisible. Adiciónese a lo anterior, esta Sala ha señalado en múltiples ocasiones que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, el cual cabe solo contra determinadas resoluciones y en el caso de violaciones procesales por los motivos previamente establecidos por el legislador. Opera en ese tanto un principio de taxatividad impugnaticia. (Fallo no. 1013-2006 de las 15 horas del 21 de diciembre de 2006) El rechazo de la prueba para mejor resolver no constituye una causal del recurso por razones procesales de las previstas en el citado canon 594 de la normativa procesal civil. De este modo, en virtud de lo señalado, el cargo debe ser rechazado. Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento de razones, el Tribunal no incurrió en infracción alguna, porque no estaba obligado a admitir como prueba para mejor resolver los documentos propuestos por el demandante, así que al rechazarlos en su mayoría de manera expresa, lo hizo en ejercicio de una facultad que la ley le brinda. 

Recurso por razones sustantivas

VI. El casacionista esgrime cuatro reparos por el fondo. En el primero, arguye, los jueces se basan en normas inexistentes, a saber, las comprendidas en la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977. Considera, todo estriba en la aplicación e interpretación del numeral 73 de dicha normativa, cuya violación acusa. Dice, la disposición establece que: “La presente Ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva”. Aduce, etimológicamente la frase “no se aplica”, no admite interpretaciones, por el contrario, es un término categórico y absoluto. Agrega, dicha disposición indica además al final, que se regirán por la legislación respectiva, que obviamente no es la Ley 6043. Cita dictámenes de la PGR en apoyo de su tesis. En consecuencia, acusa violada la Ley 6043, por indebida aplicación de los preceptos 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38 y 73, así como los numerales 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley.  En el segundo motivo, esgrime quebranto de las reglas relativas a la cosa juzgada material. Refiere, los jueces lesionan la cosa juzgada, al volver a conocer de un asunto que ya había sido resuelto por otra autoridad judicial. Señala, a principios de junio de 1993, se le imputaron cargos por infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, relacionadas con las construcciones que mantiene en el terreno objeto de este proceso, incluida la piscina. Aduce, mediante sentencia 155-93-2 de las 13 horas 50 minutos del 18 de octubre de 1994 fue absuelto de dicha acusación. Transcribe los hechos probados en el proceso penal de cita. Alega, a pesar de haber sido absuelto, el Estado planteó un segundo proceso penal en su contra, (sumaria 98-001385-042-PE), por usurpación de bienes de dominio público, donde también intentó el derribo de las construcciones levantadas en ese terreno, esta vez como usurpación del dominio público, pues tiene claro que en la zona no se aplica la Ley 6043. Añade, en ese proceso se dictó la sentencia del 9 de agosto de 2010, la cual dice, no se encuentra firme en cuanto a la restitución de la zona pública a favor del Estado, no así en cuanto a la condenatoria penal, que si adquirió firmeza, toda vez que fue apelada. Copia el considerando IV del fallo 98-2010 de las 16 horas 30 minutos del 9 de agosto de 2010. Considera obvio que el Estado intenta por tercera vez, se declare que las construcciones levantadas en el terreno, usurpan la Zona Marítimo Terrestre y por ende deben ser demolidas. De ahí que al acoger la contrademanda, esboza, tanto el Juzgado como el Ad quem, violen por falta de la debida aplicación, las reglas relativas a la cosa juzgada, contenidas en los ordinales 162 del CPC, 42 de la Constitución Política y párrafo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). También estima violado el principio o garantía procesal de cosa juzgada material. Arguye, antes de que el MINAE tomara posesión del territorio que vino a conformar la ampliada RNVSO, conforme a la LCVS, la Municipalidad de Nicoya, ente encargado de la administración de la Zona Marítimo Terrestre en su jurisdicción, no le acusó de ocupar la zona pública. Por el contrario, afirma, le imputó haber construido en el terreno que ocupaba en forma quieta, pública y pacífica, ininterrumpida, desde hacía mas de 20 años en aquel momento (1992).  Expresa, los juzgadores no se han cuestionado lo anterior. Responde, ello se debe a que la corporación de cita, ente encargado de la administración de la zona en aquella época, le había autorizado a poseer la parcela que ocupaba. Así, esgrime, las sentencias citadas de los Tribunales Penales de Nicoya, conocieron su posesión y le absolvieron, declarando su buena fe, hechos que en su opinión causaron estado. Asevera, su posesión fue conocida por un Tribunal de la República y ese pronunciamiento adquirió firmeza, lo cual constituye cosa juzgada material, que no puede ser rebatida, sin menoscabo de sus derechos y sin violentar la ley. Concibe, de ello también se colige el quebranto del numeral 34 de la Constitución Política, al aplicar una norma en forma retroactiva. Concluye, también existe litis pendencia, pues la sentencia 98-2010 se dictó dentro un proceso iniciado con anterioridad, la cual no está firme aún. En su tercer motivo, alega infracción de los numerales 261 del Código Civil (en adelante CC), ordinal 73 y Transitorio VII de la Ley 6043, por indebida aplicación y desaplicación. Aduce, para el caso concreto, la ley que determina que la zona marítimo terrestre es pública es la Ley 6043. Agrega, dicha legislación define tal concepto, así como los de zona pública y restringida. Asegura, acorde al ordinal 261 del CC, solo son públicos los bienes propiedad del Estado que están destinados por ley al uso público; y en el caso de la zona marítimo terrestre, la única disposición que la declara pública, es la Ley 6043. Asevera, en vista de la desaplicación que ese texto legislativo hace en su ordinal 73, no existe para el caso concreto ninguna otra disposición normativa que establezca la demanialidad de la zona marítimo terrestre, en los Parques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre o zonas equivalentes. Considera de importancia el derecho de posesión que ha ejercido con anterioridad a la promulgación de la Ley 6043, asimismo, el pago que ha realizado del canon respectivo, como contraprestación al ejercicio de la posesión ejercida sobre la zona marítimo terrestre, norma que respalda tal derecho a su favor. En el cuarto reproche, reclama indebida aplicación del precepto 221 del CPC y desaplicación del numeral 222 de ese cuerpo normativo, por cuanto ha litigado de buena fe, de ahí que no procediera la condenatoria en costas, sino mas bien su exoneración. Estima, no hay duda de que realizó las construcciones en recta aplicación de disposiciones legislativas contenidas en las Leyes 4558 y 6043, además que recibió la posesión de parte de su padre, quien había obtenido un contrato de arrendamiento de las autoridades competentes. Así, enfatiza, actuó al amparo del ICT y de la Municipalidad de Nicoya, quienes le otorgaron permisos, pagando además los impuestos que para ello le fijaron, cancelando además por mucho tiempo el canon del Ayuntamiento de Nicoya. Nombre9272, además fue juzgado con autoridad de cosa juzgada, por supuesta invasión de la zona marítimo terrestre, en diversas causas, por las construidas levantadas en ese terreno. Así las cosas, concluye, tenía sobrados fundamentos legales para ser considerado litigante de buena fe.  

VII. Previo a ingresar al análisis de los cargos, conviene precisar la naturaleza de los bienes demaniales. Al respecto, esta Cámara ha indicado: “…resulta fundamental referirse al concepto de dominio público, y en particular, a los alcances del artículo 261 del Código Civil, el cual diferencia entre bienes públicos y privados, así como los criterios con base en los cuales se puede distinguir entre ambos. Al respecto establece: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. / Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. […] Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen (sic) la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.” (Fallo  2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En el mismo sentido, consúltese resolución no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2011). El numeral 9 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, no. 6043, de 3 de marzo de 1977, refiere que la zona marítimo terrestre: “… es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja”. Asimismo, el precepto 10 de la ley de cita, establece que la zona marítimo terrestre: “… se compone de dos secciones: La ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública”. De igual manera, acorde al canon 6 de la ley de cita: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes”. Asimismo, conforme al cardinal 7 de la Ley 6043: “Los terrenos situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizados (sic) a su nombre, por éste u otro medio”. Debe agregarse a lo anterior, conforme al mandato 20 de esta Ley, que: “Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial libre tránsito de las personas (…)”.  Ahora bien, el numeral 20, excepciona su aplicación, al indicar: “Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones”. Por su parte, el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS, incluye dentro del ámbito de cobertura de esa normativa y otorga facultades al SINAC sobre las zonas marítimo terrestres, cuando en estas se incluyan Refugios de Vida Silvestre, al disponer: “El Sistema Nacional de Áreas de Conservación tendrá las facultades y deberes que establece la Ley no. 6043, respecto de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre que incluyen áreas de la zona marítimo terrestre”. De igual importancia, el Transitorio I, de la LCVS, crea el RNVSO, el cual sujeta a esta normativa, al indicar: “Créase el Refugio de Vida Silvestre Ostional que, para los efectos de esta Ley, estará ubicado en los doscientos metros de la zona marítimo terrestre que se extiende desde Punta India hasta Punta Guiones, Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste. El Poder Ejecutivo demarcará el Refugio dentro de las treinta días siguientes a la publicación de esta Ley”.  Ahora bien, el cardinal 32 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 75754, (en lo sucesivo LOA) establece una clasificación de las áreas silvestres protegidas, al referir: “(…) El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas”.  Asimismo, el precepto 34 de la LOA, reitera la potestad de los órganos del MINAE sobre las áreas silvestres protegidas, al establecer: Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”. Evidentemente, al tenor de lo dispuesto por las leyes de cita, las áreas silvestres protegidas ubicadas en la zona marítimo terrestre son bienes afectados al dominio público, respecto de los cuales, el SINAC y el MINAE poseen amplias facultades que incluyen el control, prevención o eliminación de focos de peligrosidad en el manejo de tales zonas para su adecuado aprovechamiento y ocupación.

VIII. En lo medular, referente al primer cargo, el Tribunal indicó, dada su ubicación y características, la posesión como la que alega la actora no resulta útil sobre terrenos públicos. Agregó, si bien la simple detentación o el uso autorizado –permiso de uso-, es una figura que podría reconocerse en el marco de lo aducido por el accionante, ésta no resulta asimilable a la posesión civil para efectos constitutivos de un título como el que alega el actor. Advirtió, dicho órgano decisor el numeral 9 de la Ley 6043, describe los elementos naturales de la zona costera que conforman ese patrimonio público, incluyendo la ubicación física que describe el actor como su ubicación. En igual sentido, afirmó, no le asiste la razón al demandante en cuanto reclama falta de normativa con rango de ley sobre la demarcación de la zona marítimo terrestre, puesto que los ordinales 9 y 10 del citado cuerpo normativo, formulan una descripción precisa del ámbito físico que comprende. En todo caso, apuntó, los preceptos 62 y 63 del Reglamento a la Ley 6043, establecen regulaciones en punto a la demarcación de la zona pública, lo que no constituye un obstáculo jurídico para dilucidar la ubicación de la propiedad del actor apelante en este proceso. Argumentó, si bien tiene sentido lo que reclama en cuanto a que antes de la promulgación de la Ley 6043, la legislación “era más permisible para aceptar la posesión”, acorde al principio de que nadie tiene derecho a la inmutabilidad del derecho, aún cuando otrora existiesen normas que pudieren haber sustentado la detentación del terreno, es lo cierto que esa normativa mutó sensiblemente, generando la insubsistencia del fundamento que ahora pretende. Manifestó, carece de acierto lo aducido en cuanto a que la Ley 6043 no es de aplicación en Nombre238504  Sur, por ser un área declarada Refugio de Vida Silvestre (Ostional), dado que en la realidad el cardinal 73 de la Ley de cita, produce un incremento sustancial en el nivel regulatorio que pesa sobre dicha zona, nunca un efecto liberatorio como lo afirma el recurrente. Aseveró, de acuerdo a la LCVS, al declarar el sitio como refugio, se protege el recurso natural involucrado, frente al cual han de ceder los demás intereses concurrentes. En ese sentido, consideró, la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre recaída sobre Playa Guiones, crea un ámbito ecológicamente relevante, con base en normas de “derecho reforzado”, para el cual se han de observar todas las disposiciones que el Ordenamiento Jurídico prescribe como aplicables al sitio. Continuó, el efecto excluyente que aduce el actor como contenido en el numeral 73 de la Ley 6043, no se produce desde un ángulo jurídico, sino que este es mas bien inclusivo, omnicomprensivo de la legislación respecto de los distintos fenómenos biológicos y ecológicos que se suscitan en el sitio y en los “ecosistemas circundantes y propiciantes” de su permanencia y sostenibilidad. Destacó, el precepto 73 citado tiene otro contenido que no es el aducido por el apelante. Dijo, no tiene razón el inconforme cuando afirma que al edificar, no estaba delimitada la zona pública, puesto que –reitera-, de acuerdo a la letra del contrato de arrendamiento suscrito con la Municipalidad de Nicoya, el límite oeste del derecho concedido al señor Nombre126758, es precisamente la “Zona Inalienable” de los 50 metros. De tal manera, explicó, sí se delimitó el derecho concedido, el cual llegaba hasta el referido límite, sin perjuicio de los derechos de los restantes colindantes y del que posee el Estado sobre esos fundos. Igualmente, enunció, en punto a si el lote objeto de esta litis se ubica sobre un risco, es lo cierto que no existe prueba contundente que así lo demuestre, siendo el reconocimiento judicial practicado por el A quo, prueba de lo contrario, como lo muestra la fotografía recabada por la jueza que lo practicó. De esa manera, adujo, se rechaza lo alegado en cuanto a la aplicación del régimen de excepción previsto en el ordinal 21 de la Ley 6043, por cuanto se reitera, no está acreditado en el proceso que la especie fáctica esté constituida por una construcción levantada sobre un risco. Así, rechazó el argumento de fondo que sostiene el apelante, aquí casacionista, cuando alega que las construcciones se ubican materialmente en un risco, motivo por el cual no resulta aplicable la Ley 6043. Dicho criterio, indicó, carece además de respaldo normativo, pues en efecto, la ley de cita no establece ese evento como causal de exclusión, por el contrario, se ve además atenuado por la opinión que rinde el perito Nombre80055  , (folios 767-768 del Tomo I del principal), en el sentido de que el fenómeno de reducción del área de playa por efectos de la dinámica mareal de la zona, reafirma la demanialidad del sitio en que se encuentran las construcciones objeto del proceso. Para esta Sala resulta innegable, el casacionista sustenta su reclamo en una supuesta interpretación indebida del canon 73 de la Ley 6043. Dicho numeral a la letra establece: “La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva”. Evidentemente, el mandato de examen excepciona la aplicación de la Ley 6043, a ciertas secciones calificadas de la zona marítimo terrestre, que se encuentren incluidas en parques nacionales o reservas equiparadas a éstas, las cuales, subraya, estarán regidas por sus propias leyes. Al respecto, el Tribunal interpretó que la disposición de marras, no crea el efecto liberatorio que aduce el recurrente, por el contrario, posee un efecto incluyente, “omnicomprensivo” de la legislación respecto de los distintos fenómenos biológicos y ecológicos presentes en ese tipo de áreas silvestres protegidas, como lo es el RNVSO, tesis que resulta de recibo. Lejos de excluir la zona marítimo terrestre de la aplicación de la Ley 6043, el canon de referencia dispone que cuando tales zonas estén además comprendidas en parques nacionales o reservas equivalentes, entre las  cuales cabe señalar los refugios nacionales de vida silvestre, estos estarán sometidos a sus leyes especiales. De ahí que tales secciones de la zona marítimo terrestre, lejos de quedar exentas de regulación, como parece, reclama el inconforme, estarán sometidas a las leyes especiales del caso, de ahí que les sea aplicables la LCVS, la LOA y la propia Ley 6043. Ahora bien, nota este órgano decisor que el recurrente no se percata de las consecuencias de su afirmación, pues claramente, el ordinal 73 de la de la Ley 6043, lejos de excluir del dominio público a las zonas protectoras o refugios silvestres, por el contrario, sujeta dichas áreas a la aplicación de la legislación anteriormente citada, la cual agrava en muchos sentidos las potestades estatales sobre tales bienes. En ningún modo podría estimarse que una afectación aún mayor respecto de zonas del dominio, pudiese dejar al dominio privado, zonas contenidas en los 200 metros de la pleamar. En consecuencia, las afirmaciones del casacionista no alcanzan para desacreditar el análisis que realiza el Tribunal. De esa manera, no posee la fortaleza para quebrar el fallo, toda vez que son valederas las argumentaciones de los juzgadores, en cuanto al refuerzo normativo que posee la regulación aplicable a las zonas de examen, las cuales, evidentemente, se encuentran sometidas a las disposiciones de la  LCVS, de la LOA y en lo tocante, a la propia Ley 6043, de ahí que el cargo deba ser rechazado.

IX. En el segundo motivo, el recurrente esgrime el quebranto de la cosa juzgada material. La cosa juzgada material consiste en el impedimento para discutir, en una nueva ocasión, una contienda ya resuelta por el órgano jurisdiccional competente, lo que significa que esa decisión tiene carácter inmutable y definitivo. Es un instituto que recae sobre la relación sustancial, requiere coincidencia plena entre la controversia decidida y la ulteriormente planteada, esto es, identidad en los sujetos, el objeto y la causa. Así, esta Sala ha señalado que se produce cuando “[…] entre dos procesos tramitados en sede judicial existe identidad respecto de las partes, del objeto y de la causa. Desde el plano subjetivo, el fallo firme vincula y obliga a los intervinientes, quienes se hayan impedidos, jurídicamente, para someter, de nuevo, la disputa ante otro órgano. Por su parte, el objeto y la causa son los criterios objetivos con base en los cuales se debe determinar si en un caso concreto existe cosa juzgada material. El primero consiste en aquello que se reclama, es decir, se encuentra constituido por “el derecho reconocido, declarado o modificado en la sentencia, en relación con una cosa o varias cosas determinadas, relación jurídica declarada, según el caso” (sentencia 740 de las 14 horas 45 minutos del 1 de diciembre de 1999, reiterada mediante cita en los fallos 933 de las 9 horas 40 minutos del 24 de noviembre de 2006 y 710 de las 14 horas 15 minutos del 23 de octubre de 2008). La segunda, también denominada causa petendi, se identifica como el fundamento de lo pretendido, es “la razón de hecho enunciada en la demanda como fundamento de la pretensión. Esta [sic] conformada por el conjunto de hechos alegados como base de la demanda” (Consúltense las sentencias no. 985-F-S1-2009 de las 11 horas 5 minutos del 18 de setiembre de 2009 y 1-2013 de las 9 horas 30 minutos del 17 de enero de 2013). Sostiene el recurrente, existe cosa juzgada material con relación a dos procesos penales seguidos en su contra, sumaria 226/93 T (expediente 155-1-93), y la no. 98-001385-042-PE. Reclama, en dichos asuntos, mediante sentencia 155-93-2 de las 13 horas 50 minutos del 18 de octubre de 1994 fue absuelto de dicha acusación, asimismo, por sentencia del 9 de agosto de 2010, dictada en el segundo proceso, la cual dice, no se encuentra firme en cuanto a la restitución de la zona pública a favor del Estado, si adquirió firmeza en cuanto a la condenatoria penal, toda vez que no fue apelada. En dichos procesos se pretendió establecer la responsabilidad penal del actor, en el primero, por infracción a la Ley 6043, y, en el segundo, por usurpación de bienes del dominio público. En ambos casos, es claro, a fin de establecer su autoría, resultaba esencial acreditar el elemento subjetivo del tipo penal, esto es, el dolo necesario para configurar la conducta. Luego, resulta incontestable, no existe coincidencia entre ese objeto, y el del presente asunto, entendido como el derecho reconocido, declarado o modificado en las sentencias penales,  en relación con una cosa o varias cosas determinadas, o la relación jurídica discutida en este proceso. Si bien, mediante acción punitiva, en el primer fallo (sentencia no. 155-93-2 dictada por el Juzgado Penal de Nombre14358 a las 13 horas 50 minutos del 18 de octubre de 1994) se exoneró de toda responsabilidad penal al accionante por los delitos imputados, ello se debió a una falta del elemento subjetivo del tipo, esto es, ausencia del dolo, por desconocimiento de la ilicitud, respecto de la construcción sin mediar ningún permiso de la piscina rústica sobre el inmueble de la Zona Pública. En efecto es claro, en dicho proceso no existió duda en cuanto a que la posesión ejercida, o la construcción realizada, se encontraran en parte sobre la Zona Pública. En el segundo, con similares hechos de base, se peticiona la declaratoria de legitimidad de su posesión en la zona, la nulidad de actos administrativos y se otorguen los permisos correspondientes a efecto de mantenerse en la posesión del inmueble. Sin embargo, la exoneración de la responsabilidad penal, no implica el derecho automático a reclamar lo peticionado en el presente proceso. Particularmente por cuanto, en la especie, la absolutoria se ha presentado como consecuencia de la ausencia de dolo, al determinar el Tribunal Penal, que al momento de realizarse las construcciones, no habían sido colocados aún los mojones. Mas aún, por el hecho de que efectivamente se declaró, existían construcciones sobre la Zona Pública. Así las cosas, ni la legitimidad de la posesión ejercida por el actor, ni la nulidad de los actos administrativos y resoluciones reclamada en el presente asunto y el otorgamiento del permiso en cuestión, fueron aspectos declarados por la jurisdicción penal. Por consiguiente, al no existir identidad en el objeto, no se reconoce el efecto de cosa juzgada material a dichos fallos en relación con el asunto que se discute en este proceso. Como corolario, no se verifica la violación a la cosa juzgada que alega el casacionista.

X. En el tercer cargo, el recurrente alega infracción de los numerales 261 del CC, canon 73 y Transitorio VII de la Ley 6043, por indebida aplicación y desaplicación, básicamente por cuanto aduce, solo esta última normativa declara pública a la zona marítimo terrestre, de ahí que, al no ser aplicable al caso concreto, en virtud del precepto 73 de amplia cita, no existe para el caso concreto ninguna otra disposición normativa que establezca la demanialidad de esa zona, en los Parques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre. Estima éste órgano decisor, la tesis del casacionista no es de recibo. Tal y como se esboza en el considerando VII de este fallo, la definición hecha por el numeral 261 CC respecto de los bienes privados, es residual, esto es, que solo pertenecen a esta categoría los bienes que no presenten las características señaladas para los demaniales. Dicha categorización no solo deriva de la disposición de cita, sino también de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala, acorde a la cual, son bienes del dominio público aquellos que poseen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los privados, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servicio a la comunidad, de claro interés público, y que por esa razón, no son susceptibles de apropiación. Se trata en efecto de bienes de titularidad estatal y de una naturaleza jurídica especial, razón por la cual, son imprescriptibles, inembargables, e inalienables. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, de ahí que su utilización y aprovechamiento solo sea posible a través de títulos otorgados por la autoridad competente; bajo el estricto control por parte de la Administración Pública. (Fallo  2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En el mismo sentido, consúltese el fallo no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2011). De lo anterior resulta, no es aceptable el reclamo esbozado por la recurrente, pues no es válido interpretar, respecto de bienes cuyas características particulares han sido ampliamente elaboradas tanto por el Tribunal Constitucional como por esta Cámara, que su naturaleza pública solo derive en forma expresa, de la aplicación de la Ley 6043. Aparte de las definiciones que ese texto legislativo ofrece sobre los conceptos de zona marítimo terrestre, zona pública y zona restringida, también el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS, los cardinales 32 y 34 de la LOA, y 3 inciso i) de la Ley Forestal, no. 7575 de 16 de abril de 1996, definen y someten zonas de ciertas características como áreas especiales bajo control del Estado, depositando en en el caso concreto, en el MINAE, amplias facultades para ello. Referente a la cita hecha por el casacionista, del numeral 20 de la Ley 6043, es inobjetable, si bien crea un supuesto de excepción, es claro que ésta solo opera respecto de terrenos de cierta configuración geográfica, en los cuales su topografía o condiciones especiales: “…no puedan aprovecharse para uso público…”. La norma de examen, no excepciona, como se ha pretendido hacer ver, las áreas de “riscos o acantilados”. De manera diversa, lo que en efecto dispone, es que ante casos excepcionales en los cuales la topografía o condiciones particulares del terreno, impidan el uso público, la normativa no será aplicable. En dichos casos, el numeral 20 refiere, que; “…se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo…”, no de manera indiscriminada, sino, siempre y cuando “…no se enajenen…”, y, se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros. De lo expuesto es evidente, del texto legislativo en cuestión, sin que ello implique una desafectación, puesto que para ello se necesita una norma expresa, se desprende que ante casos de imposibilidad natural para el desarrollo de fundos costeros, podrá autorizarse al ICT o al Ayuntamiento correspondiente, para su desarrollo. No hay alusión alguna en la letra de la disposición que permita concluir, una autorización para el desarrollo directo por parte de sujetos privados. Nótese que tampoco se aportaron a la especie elementos probatorios que permitan establecer que se está ante un escenario de excepción normativa, por tratarse de una zona de imposible acceso al público, en el cual no resulta de aplicación la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Por el contrario, se demostró que la construcción no. 1 para la cual se solicitó el permiso al MINAE, no está construida sobre riscos o acantilados, igualmente, que está edificada en la zona pública, pues invade el mojón no. 11 de la zona pública de Playa Guiones, a su vez delimitada por los mojones 10, 11 y 12. (hechos tenidos por demostrados 16, 17 y 18). De esa manera, resulta incontestable, no se está ante un caso de excepción, ni es esta la única disposición legislativa de la cual pueda desprenderse el carácter público de bienes demaniales como los comprendidos en la zona de referencia, razón que impone el rechazo de la censura.

XI. La norma 221 del CPC, establece la condena al vencido al pago de las costas personales y procesales. El casacionista alega, debió establecerse que actuó de buena fue, de ahí que la condena en ese extremo resulte improcedente. Sin embargo, para la mayoría de los integrantes de este órgano decisor, la condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho de serlo, es decir, por perder el litigio, sin que ello signifique que no haya habido buena fe ni que su motivo para litigar haya sido insuficiente. Así, la exoneración es una facultad del juzgador; que como tal, si no hace uso de ella, no incurre en la violación señalada, puesto que el Tribunal se limitó a actuar la norma, que de manera imperativa impone el pago de las costas a quien perdió el litigio, tal y como en la especie sucedió, por lo que debe rechazarse el reproche (Consúltese votos no. 306-2006, de las 10 horas 20 minutos del 25 de mayo de 2006 y 1325-2011 de las 9 horas 15 minutos del 20 de octubre de 2011).

XII. En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso, y establecer sus costas a cargo de la recurrente conforme al canon 611 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

          Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 




 

Román Solís Zelaya

	

 

Carmenmaría Escoto Fernández




 

 

Rocío Rojas Morales

	

 

 

Jorge Alberto López González

 

Nota de la magistrada Escoto Fernández

I. La suscrita integrante no comparte el criterio plasmado por la mayoría de esta Sala en el considerando VII del fallo anterior, en cuanto deniega el control casacional para aquellos casos donde sólo se hace uso de la regla general de la condena al vencido en el pago de ambas costas, es decir, cuando no se actúa o aplica ninguna norma atinente a la exoneración de ellas. En efecto, el fundamento jurisprudencial de mayoría, parte de que la exoneración en el pago de las costas es una facultad, en la que no se produce yerro ni infracción normativa cuando no se ejercita o aplica; por ello, se dice, si no hay violación legal, no es posible en casación entrar a valorar o modificar lo resuelto sobre la condena al vencido, pues se repite, para la mayoría de esta Sala, sólo puede haber infracción jurídica cuando se actúa la norma correspondiente a la exoneración (entre muchas pueden verse las sentencias de esta Sala no.  1001- F-2002, de las 11 horas 50 minutos del 20 de diciembre de 2002; la 249-F-2003, de las 11 horas 45 minutos del 7 de mayo de 2003 y la 306-F-2006, de las 10 horas 20 minutos del 25 de mayo de 2006). La concatenación parece en principio lógica, pues con esta premisa, si la exoneración constituye una facultad, el juzgador no está obligado a exonerar; y por ende, si no ordena o realiza tal exoneración, no viola las normas que corresponden al tema. En consecuencia, si no se da  violación de normas, no puede haber revisión casacional (consúltense las resoluciones de esta Sala no. 765 de las 16 horas del 26 de septiembre de 2001 y 561-F-2003, de las 10 horas 30 minutos del 10 de septiembre de 2003). Esta relación de ideas, les permite concluir, que en ese supuesto específico (la simple condena o la inaplicación de las exoneraciones) “no puede ser objeto de examen en esta sede” (de este mismo órgano decisor, sentencia n° 419-F-03, de las 9 horas 20 minutos del 18 de julio de 2003), pues se trata de una hipótesis “no pasible de casación”  (fallo n° 653-F-2003, de las 11 horas 20 minutos del 8 de octubre de 2003). Así, en opinión de los distinguidos compañeros: no tiene cabida el recurso de casación cuando no se hace uso de la facultad exoneratoria (véanse a contrario sensu los considerandos III y VIII, por su orden de las resoluciones 541-F-2003, de las 11 horas 10 minutos del día 3  y 563-F-2003 de las 10 horas 50 minutos del  día 10, ambas de septiembre de 2003). De esta forma se ha estimado por la mayoría que “… la condena en costas al vencido, como aquí sucedió no es revisable en esta Sede, habida cuenta de que el Tribunal se limitó a actuar la norma en los términos por ella dispuestos” (Véase el considerando X del voto no. 68-F-2005, de las 14 horas 30 minutos del 15 de diciembre de 2005). Y en materia notarial, con mayor contundencia, se ha señalado: “…el Tribunal le impuso el pago de las costas de la pretensión resarcitoria a la denunciante, pronunciamiento que, se repite, no tiene casación”. (considerando X de la sentencia n° 928-F-2006, de las 9 horas 15 minutos del 24 de noviembre de 2006).

II. Sin embargo, en parecer de la suscrita, la indebida inaplicación de los preceptos que permiten la exoneración de costas, infringe, sin duda, el Ordenamiento Jurídico y, en concreto,  las normas que la autorizan, ya sea por error o inadecuada apreciación de las juezas en el conflicto específico. En ese tanto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de  arbitrariedad, en tal caso, cometida  por el propio Juzgador. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia.  En consecuencia, en este particular aspecto, estimo que con la sola aplicación de la regla general del artículo 221 del CPC (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues al contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de la disposición legal que autoriza la exoneración de dichas costas (precepto 222 del CPC). No obstante lo anterior, en el caso concreto de examen, esta integrante comparte lo dispuesto en el fondo por el Tribunal, en cuanto se impuso a la parte vencida el pago de ellas, porque al denegarse todos los argumentos para impugnar la sentencia, no se varía lo resuelto y por ende no les es posible entrar al análisis de este extremo, circunstancia que nos lleva a rechazar el agravio, y con él, el recurso que en este sentido se formula.

 

 

Carmenmaría Escoto Fernández

 

 

Nombre165500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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IV. With respect to evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), the rejection of which is challenged by the appellant, this Chamber stated in ruling 383-2008 of 3:50 p.m. on June 6, 2008: “In relation to this, this Chamber has repeatedly indicated that evidence for better judgment belongs to the judge and not to the parties, and it is the judge who decides on its convenience and necessity. It is a power that allows the judge, after the evidentiary phase and when the matter is ready for judgment, to incorporate demonstrative elements that are considered relevant for the correct resolution of the proceeding, which can even occur at the appellate instance (article 575 of the cited Code) – when applicable – and eventually, at the cassation instance (609 ibid.). In this sense, it is clear that it is not meant to correct the omissions, negligence, or carelessness of the parties regarding their evidentiary burden, or to remedy deficiencies in defense techniques, given that under this hypothesis, the equality between the litigants would be seriously harmed and the impartiality of the judge would be compromised. Hence, when ordering it, the guarantee of due process for each person involved in the litigation must be respected. On this topic, from this Chamber, see judgment no. 703 of 10:30 a.m. on September 27, 2007. From this standpoint, while it allows the incorporation of evidence that was rejected in the proceeding, declared inadmissible, null, or impossible to produce, the decision to gather such evidence is indeed discretionary for the jurisdictional body; ergo, it corresponds to a discretionary assessment by the judge, who may dispense with it without needing an express resolution. Regarding the parameters that determine its application, from this collegiate body, see resolution no. 268 of 4:10 p.m. on April 3, 2002.” (See, in a similar sense, judgments no. 728 of 10:05 a.m. on October 4, 2007, no. 555 of 9:50 a.m. on May 6, 2010, and no. 622-2011 of 9:25 a.m. on May 26, 2011)

V. The Tribunal indicated that, when substantiating the appeal, the plaintiff offered, with the character of evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), a series of documents she alleged not to have known previously and which she detailed on folio 1138 of Volume II of the judicial file (expediente). In this regard, it opined that the admission criterion resides exclusively with the Judge or Court of the case, depending on whether it has decisive influence for the proceeding (article 331 CPC), or whether it is considered indispensable (article 575, paragraphs two and three, CPC). It added that the foregoing is by virtue of the provisions of canon 103 of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, hereinafter LRJCA). In this vein, it stated that, with the exception of the lease contract signed on September 27, 1973, it is appropriate to reject in its entirety the documentary evidence submitted at the second instance by the plaintiff, because it is not of “decisive influence” for the resolution of the appeal filed, as, given its content, it is not indispensable for that purpose. It added that at the second instance, the reopening of the trial for evidence as if it were a matter “ex novo” in the first instance—where no evidence has been examined or where no jurisdictional judgment has been issued—is forbidden, because the ruling of the lower court (A quo), which has been challenged, already exists; doing so would imply reopening the proceeding virtually in its entirety, contradicting the nature of the appeal and of the law, because aspects requiring pronouncements from both instances as a guarantee of due process would have to be resolved in a single instance. Thus, it argued, the evidence that the parties decide to offer, in accordance with the power provided in canon 575 CPC, must be directed at demonstrating the pertinence and legitimacy of what is sought at that instance of the proceeding. It asserted that it is not, then, superfluous or doubtful evidence, nor evidence that repeats what has already been proven or is overwhelmingly excessive. It affirmed that the Tribunal may not order or admit evidentiary elements abandoned by the proposing party, those that reveal an intention to delay the proceeding, or those referring to facts not under debate. The same, it contended, applies to testimonial evidence offered at this instance on facts regarding which evidence was already received in the first instance. In this vein, in the judges' opinion, the evidence admitted must be the indispensable evidence for deciding the matter at the second instance; that is, for resolving the appeal filed. The Tribunal continued, stating that according to the cited procedural rules, the decision to admit evidence at the second instance, and especially evidence offered for better judgment (prueba para mejor resolver), must be based on criteria of indispensability, a power vested in and exclusively belonging to the collegiate body, bearing in mind that evidence provided for better judgment belongs to the Judge (or, where applicable, the Tribunal), not to the parties, as provided in the cited final part of ordinal 575 CPC. Accordingly, it considered it appropriate to reject the documentary evidence offered by the plaintiff at the second instance because it was not deemed indispensable for deciding the appeal. Additionally, the judges noted that the documentary evidence consists of certification of rulings from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) no. 2020-2009, 13655-2008, judgment no. 98-2010 of the Trial Court of the Second Circuit of Guanacaste (Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de Guanacaste); documents from file (expediente) 08-8554-007-CO processed before the Constitutional Chamber, and official letters issued by the National Geographic Institute (IGN) dated January 2003; documents that, although directly or tangentially related to environmental issues—or more specifically to the subject of the Ostional National Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Ostional)—surrounding the matter in the form and with the scope treated by the Constitutional Chamber—which in any case is a matter foreign to this proceeding—are not essential for resolving the appeal filed. It continued, stating that special mention must be made of the copy of the lease contract signed at the time by the plaintiff's father and the Municipality of Nicoya, regarding which it highlighted that the western boundary of the land leased to the plaintiff's father by the cited municipality borders the inalienable area of 50 meters, which demonstrates that the material location of the land leased at that time to Mr. Páez Umaña does not coincide with the place where the constructions that were the subject of the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted on June 25, 2009, by Judge Claudia Salazar are currently shown to be located. It emphasized that said infrastructure is immersed within the high-water mark area, as shown by the record of the diligence contained in the court file (autos) on folios 695 to 699 in Volume I of the main file (and photographs on the compact disc). In accordance with the foregoing, it is evident that the evidence under examination was offered as evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), a situation that, under precept 594 CPC, does not constitute a ground for cassation based on procedural defects, since it does not correspond to the rejection of admissible evidence. In addition to the above, this Chamber has indicated on multiple occasions that the cassation appeal (recurso de casación) is extraordinary in nature, admissible only against certain resolutions and, in the case of procedural violations, for the reasons previously established by the legislator. A principle of challenge by closed list applies in this regard. (Ruling no. 1013-2006 of 3:00 p.m. on December 21, 2006) The rejection of evidence for better judgment (prueba para mejor resolver) does not constitute a ground for the appeal based on procedural reasons among those provided for in the cited canon 594 of the civil procedural regulations. Thus, by virtue of the foregoing, the charge must be dismissed. Notwithstanding the foregoing and for greater abundance of reasoning, the Tribunal did not incur any violation, because it was not obligated to admit the documents proposed by the plaintiff as evidence for better judgment; therefore, by expressly rejecting most of them, it acted in exercise of a power granted by law.”

II. Before entering into the analysis of the charges, it is pertinent to specify the nature of public domain property (bienes demaniales). In this regard, this Chamber has indicated: “…it is fundamental to refer to the concept of public domain (dominio público), and in particular, to the scope of article 261 of the Civil Code, which differentiates between public and private property, as well as the criteria upon which the two can be distinguished. In this regard, it establishes: 'Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those of which everyone may avail themselves by being open to public use. / All other things are private and subject to individual ownership, even if they belong to the State or to the Municipalities, who in this case, as civil persons, do not differ from any other person.' As can be extracted, the definition of private property is made in a residual manner; that is, all property that does not present any of the characteristics indicated for public domain property (demaniales) belongs to this category. Constitutional jurisprudence, taking into account the provisions of the cited norm, has referred to property comprising the public domain in the following terms: 'those which have a nature and legal regime different from private property—which is governed by the right of property under the terms of article 45 of the Political Constitution—insofar as, by the express will of the legislator, they are dedicated to a special destiny of serving the community, i.e., the public interest, and which for this reason, cannot be subject to private property, such that they are outside the commerce of men; therefore, they cannot belong individually to private parties, nor to the State, in the strict sense, since the latter is limited to their administration and custody. […] Thus, these are goods whose ownership the State holds in its capacity as administrator; it must be understood that they are goods belonging to the “Nation,” thereby forming part of the public patrimony; and which, due to their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that the right of property over them cannot be acquired through the passage of time, not even that of mere possession; that is, they cannot be acquired through adverse possession, nor can they be lost through prescription; for which reason the use permits that the Administration grants over them are always precarious in nature, meaning they may be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration—under the terms provided in articles 154 and 155 of the General Law of Public Administration; and the concessions themselves granted over them for their use may be cancelled, through a procedure to that effect; they are unseizable, meaning they cannot be subject to any lien or seizure, neither by private parties nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside the commerce of men; hence, they cannot be alienated, sold, or acquired, neither gratuitously nor for consideration, neither by private parties nor by the State, such that they are exempted from the commerce of men and subject to a special and reinforced legal regime. Moreover, their use and enjoyment are subject to police power, insofar as, being property that cannot be subject to possession, and much less to ownership, their utilization and enjoyment are possible only through duly authorized acts, whether by concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control by the Public Administration. Thus, it comprises real property that has a nature and legal regime virtually opposite to private property, which derives from the provisions of article 45 of the Constitution.'” (Ruling 2007-2408 of 4:13 p.m. on February 21, 2007. In the same sense, consult resolution no. 189-2011, of 9:15 a.m. on March 3, 2011). Ordinal 9 of the Law of the Maritime Terrestrial Zone (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), no. 6043, of March 3, 1977, states that the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre): “… is the strip of two hundred meters wide along the entire Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the line of the ordinary high tide (pleamar ordinaria) and the lands and rocks left exposed by the sea at low tide”. Likewise, precept 10 of the cited law establishes that the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre): “… is composed of two sections: The PUBLIC ZONE (ZONA PUBLICA), which is the strip of fifty meters wide counting from the ordinary high tide, and the areas left exposed during low tide; and the RESTRICTED ZONE (ZONA RESTRINGIDA), constituted by the remaining strip of one hundred fifty meters, or by the remaining lands in the case of islands. The islets, large rocks, and other small areas and natural formations that protrude from the sea correspond to the public zone”. Similarly, according to canon 6 of the cited law: “The provisions of this law shall not apply to the areas of cities situated on the coasts, nor to properties duly registered, in accordance with the law, in the name of private individuals, nor to those whose legitimacy is recognized by the laws”. Likewise, pursuant to cardinal 7 of Law 6043: “The lands situated in the maritime terrestrial zone may not be the subject of possessory information proceedings (informaciones posesorias), and private individuals may not appropriate them nor have them legalized in their name, by this or any other means”. In addition to the above, it must be added that according to mandate 20 of this Law: “Except for the exceptions established by law, the public zone may not be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it. It shall be dedicated to public use and especially to the free transit of persons (…)”. Now, ordinal 20 exempts its application by indicating: “Excepted from the above are those sections that, due to their geographic configuration, their topography, or their special conditions, cannot be utilized for public use, in which case their development shall be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute, provided that they are not alienated and a zone of free transit is established to facilitate the public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries, and to guarantee the safety of pedestrians”. For its part, paragraph 2 of precept 83 of the LCVS, includes within the coverage scope of that regulation and grants powers to SINAC over maritime terrestrial zones, when these include National Wildlife Refuges (Refugios de Vida Silvestre), by providing: “The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) shall have the powers and duties established by Law no. 6043, regarding National Wildlife Refuges that include areas of the maritime terrestrial zone”. Of equal importance, Transitory Provision I of the LCVS creates the RNVSO, which it subjects to this regulation, by indicating: “The Ostional National Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Ostional) is created, which, for the effects of this Law, shall be located in the two hundred meters of the maritime terrestrial zone extending from Punta India to Punta Guiones, Canton of Nicoya, Province of Guanacaste. The Executive Branch shall demarcate the Refuge within thirty days following the publication of this Law”. Now, cardinal 32 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) no. 7554, (hereinafter LOA) establishes a classification of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), by stating: “(…) The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy (MINAE), may establish protected wild areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves. b) Protective zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), except for those established in article 33 of this law. The municipalities must collaborate in the preservation of these areas”. Likewise, precept 34 of the LOA reiterates the power of MINAE organs over protected wild areas, by establishing: “Article 34.- Preventive measures. In protected wild areas owned by the State, it corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to adopt adequate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the use or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that have determined its establishment”. Evidently, under the tenor of the provisions of the cited laws, protected wild areas located in the maritime terrestrial zone are property dedicated to the public domain (afectados al dominio público), over which SINAC and MINAE possess broad powers including the control, prevention, or elimination of risk factors in the management of such zones for their adequate use and occupation.

VIII. In its core considerations, regarding the first charge, the Tribunal indicated that, given its location and characteristics, possession like that claimed by the plaintiff is not useful over public lands. It added that, although simple holding or authorized use—use permit (permiso de uso)—is a figure that could be recognized within the framework of what the plaintiff alleged, this is not comparable to civil possession for the constitutive effects of a title such as the one the plaintiff claims. Said decision-making body warned that ordinal 9 of Law 6043 describes the natural elements of the coastal zone that make up that public patrimony, including the physical location that the plaintiff describes as his location. In the same sense, it affirmed that the plaintiff is not right in claiming a lack of regulations with the force of law on the demarcation of the maritime terrestrial zone, since ordinals 9 and 10 of the cited regulatory body formulate a precise description of the physical scope it covers. In any case, it noted, precepts 62 and 63 of the Regulation to Law 6043 establish regulations regarding the demarcation of the public zone, which does not constitute a legal obstacle for elucidating the location of the appellant plaintiff's property in this proceeding. It argued that, while what he claims regarding the fact that before the enactment of Law 6043, the legislation “was more permissible in accepting possession” makes sense, according to the principle that no one has a right to the immutability of the law, even though norms previously existed that could have supported the holding of the land, the truth is that said regulations changed substantially, generating the lack of sustainability of the foundation he now seeks to assert. It stated that the argument that Law 6043 is not applicable in Playa Guiones Sur, because it is an area declared a National Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre) (Ostional), lacks merit, given that, in reality, cardinal 73 of the cited Law produces a substantial increase in the regulatory level weighing upon said zone, never a liberating effect as the appellant claims. It asserted that, according to the LCVS, upon declaring the site a refuge (refugio), the involved natural resource is protected, before which other concurrent interests must yield. In that sense, it considered that the declaration of Ostional National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre) over Playa Guiones creates an ecologically relevant area, based on norms of “reinforced law,” for which all the provisions that the Legal System prescribes as applicable to the site must be observed. It continued that the excluding effect that the plaintiff claims to be contained in ordinal 73 of Law 6043 does not arise from a legal standpoint; rather, this is more inclusive, all-encompassing of the legislation regarding the different biological and ecological phenomena that occur on the site and in the “surrounding and sustaining ecosystems” of its permanence and sustainability. It highlighted that the cited precept 73 has a different content than that alleged by the appellant. It said that the dissenter is not correct when he affirms that at the time of building, the public zone was not delimited, since—it reiterates—according to the text of the lease contract signed with the Municipality of Nicoya, the western boundary of the right granted to Mr. Páez is precisely the “Inalienable Zone” of 50 meters. In this way, it explained, the granted right was indeed delimited, reaching up to the aforementioned boundary, without prejudice to the rights of the remaining adjacent landowners and the right the State holds over those estates. Likewise, it stated, regarding whether the lot subject to this litigation (litis) is located on a cliff, the truth is that no conclusive evidence exists to demonstrate this, with the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted by the lower court being proof of the contrary, as shown by the photograph taken by the judge who conducted it. In this manner, it argued, the allegation regarding the application of the exception regime provided in ordinal 21 of Law 6043 is rejected, because it is reiterated that it is not proven in the proceeding that the factual situation consists of a construction built on a cliff. Thus, it rejected the substantive argument held by the appellant, the cassation appellant here, when he alleges that the constructions are materially located on a cliff, for which reason Law 6043 is not applicable. Said criterion, it indicated, also lacks regulatory support, because indeed, the law cited does not establish that event as a ground for exclusion; on the contrary, it is also attenuated by the opinion rendered by the expert Osbaldo Rodríguez Rodríguez, (folios 767-768 of Volume I of the main file), to the effect that the phenomenon of reduction of the beach area due to the effects of the tidal dynamics of the zone reaffirms the public domain nature of the site where the constructions subject to the proceeding are located. For this Chamber, it is undeniable that the cassation appellant bases his claim on a supposed erroneous interpretation of canon 73 of Law 6043. Literally, said ordinal establishes: “This law does not apply to the maritime terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation”. Evidently, the mandate under examination exempts the application of Law 6043 to certain qualified sections of the maritime terrestrial zone that are included in national parks or reserves equivalent to these, which, it underlines, shall be governed by their own laws. In this regard, the Tribunal interpreted that the provision in question does not create the liberating effect alleged by the appellant; on the contrary, it has an inclusive, “all-encompassing” effect of the legislation regarding the different biological and ecological phenomena present in these types of protected wild areas, such as the RNVSO, a thesis that is acceptable. Far from excluding the maritime terrestrial zone from the application of Law 6043, the referenced canon provides that when such zones are also comprised within national parks or equivalent reserves—among which national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre) may be noted—these shall be subject to their special laws. Hence, such sections of the maritime terrestrial zone, far from being exempt from regulation, as the dissenter seems to claim, shall be subject to the special laws of the case, which is why the LCVS, the LOA, and Law 6043 itself are applicable to them. Now, this decision-making body notes that the appellant fails to realize the consequences of his affirmation, as clearly, ordinal 73 of Law 6043, far from excluding protective zones or national wildlife refuges from the public domain, on the contrary, subjects said areas to the application of the previously cited legislation, which aggravates the State's powers over such property in many respects. In no way could it be considered that an even greater dedication regarding public domain zones could leave zones contained within the 200 meters of the high-water mark in the private domain. Consequently, the cassation appellant's affirmations are not sufficient to discredit the analysis made by the Tribunal. Thus, they lack the strength to overturn the ruling, since the judges' arguments are valid regarding the regulatory reinforcement possessed by the regulation applicable to the zones under examination, which, evidently, are subject to the provisions of the LCVS, the LOA, and, in relevant part, to Law 6043 itself, hence the charge must be dismissed. […]

X. In the third charge, the appellant alleges infringement of ordinals 261 of the CC, canon 73 and Transitory Provision VII of Law 6043, due to erroneous application and non-application, basically because he argues that only this last regulation declares the maritime terrestrial zone to be public, and that, therefore, since it is not applicable to the specific case by virtue of widely cited precept 73, no other regulatory provision exists for the specific case that establishes the public domain nature of that zone in National Parks and National Wildlife Refuges. This decision-making body considers that the cassation appellant's thesis is not acceptable. As outlined in recital VII of this ruling, the definition provided by numeral 261 CC regarding private property is residual, meaning that only property that does not present the characteristics indicated for public domain property (demaniales) belongs to this category. This categorization derives not only from the cited provision but also from constitutional jurisprudence and that of this Chamber, according to which property of the public domain is that which has a nature and legal regime different from private property, insofar as, by express will of the legislator, it is dedicated to a special destiny of service to the community, of clear public interest, and for that reason, is not susceptible to appropriation. These are indeed goods of state ownership and of a special legal nature, for which reason they are imprescriptible, unseizable, and inalienable. Moreover, their use and enjoyment are subject to police power, which is why their utilization and enjoyment are possible only through titles granted by the competent authority; under strict control by the Public Administration. (Ruling 2007-2408 of 4:13 p.m. on February 21, 2007. In the same sense, consult ruling no. 189-2011, of 9:15 a.m. on March 3, 2011). From the foregoing, it follows that the claim raised by the appellant is not acceptable, for it is not valid to interpret, regarding property whose particular characteristics have been amply elaborated by both the Constitutional Court and this Chamber, that its public nature derives only expressly from the application of Law 6043. Apart from the definitions that this legislative text provides regarding the concepts of maritime terrestrial zone, public zone, and restricted zone, also paragraph 2 of precept 83 of the LCVS, cardinals 32 and 34 of the LOA, and subparagraph i) of article 3 of the Forest Law (Ley Forestal), no. 7575, of April 16, 1996, define and subject zones of certain characteristics as special areas under State control, depositing, in the specific case, broad powers to that effect in MINAE.

Regarding the citation made by the appellant of section 20 of Law 6043, it is unobjectionable; although it creates an exception, it is clear that this exception only operates with respect to lands of a certain geographical configuration, where their topography or special conditions: “…cannot be used for public use…”. The rule under examination does not except, as has been attempted to be shown, areas of “cliffs or bluffs (riscos o acantilados)”. Differently, what it in effect provides is that in exceptional cases where the topography or particular conditions of the land prevent public use, the regulation shall not be applicable. In such cases, section 20 states that: “…their development shall be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo)…”, not indiscriminately, but rather, provided that “…they are not alienated…”, and a zone of free transit is established to facilitate the public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries. From the foregoing, it is evident from the legislative text in question—without this implying a declassification (desafectación), since an express rule is required for that—that in cases of natural impossibility for the development of coastal properties, the ICT or the corresponding Municipality may be authorized for their development. There is no allusion whatsoever in the wording of the provision that would allow concluding an authorization for direct development by private subjects. Note that no evidentiary elements were provided in the case that would allow establishing that we are facing a scenario of regulatory exception, because it is an area of impossible public access, in which the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) is not applicable. On the contrary, it was demonstrated that construction no. 1, for which the permit was requested from MINAE, is not built on cliffs or bluffs (riscos o acantilados); likewise, that it is built in the public zone, as it encroaches upon boundary marker no. 11 of the public zone of Playa Guiones, delimited in turn by boundary markers 10, 11, and 12. (facts held as proven 16, 17, and 18). In this way, it is irrefutable that we are not facing an exceptional case, nor is this the only legislative provision from which the public character of public domain assets such as those comprised in the reference zone can be derived, a reason that imposes the rejection of the objection.”


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Text of the resolution

*020006490163CA*

EXP: 02-000649-0163-CA

RES: 000286-F-S-I-2015

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine o'clock on March sixth, two thousand fifteen.

Ordinary proceeding established in the Administrative and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, by [Name126758], married, doctor in bacteriology; against the STATE, represented by its environmental prosecutor José J. Barahona Vargas. Appearing also, as special judicial attorneys-in-fact for the plaintiff, are Lic. Antonio Biolley Riotte and María Gabriela Biolley Aymerich, both of unstated domicile. The natural persons are of legal age and, with the exceptions noted, lawyers, residents of San José, and of unstated marital status.

WHEREAS

1. Based on the facts set forth and legal provisions cited, the plaintiff filed an ordinary lawsuit, the amount of which was set as inestimable, so that the judgment declares: “1. That the plaintiff, [Name126758], has possessed in concession, for about 35 years, a land located in Playa Guiones, Barrio Nosara, Nicoya, Second Canton of the Province of Guanacaste. 2. That said land was acquired by the plaintiff through purchase-sale along with the rights of possession, use, and habitation, which he acquired from its previous owners, Mr. [Name126759] and Mr. Ramón Esquivel Esquivel, now deceased. 3. That the plaintiff requested the lease right from the municipality of [Name14358] and always duly paid the corresponding fee. 4. That the plaintiff remodeled an old swimming pool existing on the leased property, equipping it with a jacuzzi, a pump, and filters to purify the water, acts for which he was tried in criminal court for the crime of violation of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), a proceeding in which he was acquitted of all penalty and responsibility, a ruling that acquired the authority of formal and material res judicata. 5. That the Municipality of [Name14358] under the Carazo Administration attempted to remove—without exception—the dwellings and constructions of the floating population of Playa Guiones, an attempt it abandoned by virtue of a contrary pronouncement issued by the Executive President of the I.C.T., based in turn on a binding opinion issued by the Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), then Lic. Francisco Villa Jiménez, a pronouncement in accordance with which the competent bodies resolved that the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) did not apply, in general, to the Guiones zone, occupied by the floating population, among which is the plaintiff Mr. [Name126758], a pronouncement which, in addition to ending the problem, resulted in the Nicoya Municipality subsequently issuing new construction permits, as well as construction renovations, and granting concessions for private use within the 50-meter strip adjacent to the sea. 6. That the conflict being submitted for decision to the I.C.T., that body sent an inspector to report who recommended the following: "Observations: LOT ON CLIFF (ACANTILADO) AT 10 M ABOVE SEA LEVEL. CONSTRUCTION WITHIN THE PUBLIC ZONE (ZONA PÚBLICA) AT 7 M HEIGHT EMBEDDED IN A CUT IN THE CLIFF (ACANTILADO). DOES NOT INTERFERE WITH FREE TRANSIT." "Suggestions: Due to its topographical cliff (acantilado) configuration and because it does not interfere with the free transit of pedestrians and vehicles, nor the enjoyment of the beach, the application of article 21 of Law 6043 is suggested.” 7. That the conflict was decided by the I.C.T. through a final resolution that accepted the binding pronouncement of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) and the report and recommendation of its Inspector, declaring that the exception contained in article 21 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) applied to the area in conflict—Playa Guiones—pursuant to which said Law is not applicable to that part of the national territory. 8. That because more than four years have passed since the resolution or administrative act dictated by the I.C.T. became final without the State having declared it harmful to public interests and/or having contested it in the administrative litigation venue, said act or resolution generated "acquired rights" in favor of or for the benefit of the plaintiff—[Name126758]—of which he cannot be deprived because any state right contrary to that resolved by the I.C.T., which at that time was the only public body with competence to resolve in the administrative venue, has expired. 9. That because the plaintiff was tried—in criminal venue before competent judicial authority—and because he was acquitted of all penalty and non-responsibility, that ruling acquired the authority of formal and material res judicata, such that the administration could not deprive the plaintiff of his lease, use, and habitation right over the property located in Playa Guiones, rights that prevail and it cannot accuse him again for these same acts. 10. That due to the maritime-terrestrial phenomenon called erosion, which affects the continental coast bathed by the Pacific Ocean, the public zone (zona pública) corresponding to [Name238504] disappeared, resulting in the so-called maritime mile or maritime terrestrial zone having lost the 50 meters adjacent to the sea, a phenomenon that affects the State as owner and not the plaintiff [Name126758], nor his land. 11. That by virtue of the constitutional principle regarding the non-retroactivity of the Law, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), cannot apply to the plaintiff [Name126758], with retroactive effect, Executive Decree # 16531-MAG of July 18, 1985, and the wildlife conservation law (sic) # 7317 and its Regulation, as well as laws number 7554 and 7788. 12. That by the same principle of non-retroactivity of the law, neither the State nor its bodies (Tempisque Conservation Area (Área de Conservación del Tempisque) and the Ministry of Environment and Energy) can disregard or fail to apply to Playa Guiones the designation of “beaches of tourist interest” given to it, by final agreement, by the I.C.T., which was duly promulgated and published in the official newspaper La Gaceta, a designation made in accordance with the law and which the State has not declared harmful to public interests nor challenged in the administrative litigation venue. 13. That by reason of the foregoing, the following resolutions are null, due to absolute nullity, and are so declared: Number 079-ACT-DR, issued by the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) at sixteen thirty-five on September eleventh, two thousand. Number 094-ACT-DR, issued by the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), at ten fifteen on November fourteenth, two thousand. Number 006-2002-MINAE issued by the Minister of Environment and Energy at eleven o'clock on January third, two thousand two. Number R-220-002-MINAE, issued by the Minister of Environment and Energy at eight forty on April nineteenth, two thousand two. 14. The Ministry of Environment and Energy is ordered to extend the use permit under the residential modality to Mr. [Name126758], regarding the property subject to this litis, located in Playa Guiones, respecting his possession, use, and habitation that he has maintained for more than thirty years. 15. That the state is ordered to pay both costs of the lawsuit.”

2. The state representation answered as per folios 319 to 378, raising the preliminary defenses of expiration of the action and non-appealable act, which were resolved interlocutorily in a partial manner. Likewise, it raised the exceptions of lack of right and lack of standing ad causam.

3. The State filed a counterclaim (reconvención) against the plaintiff, so that the judgment declares: “1) The maritime terrestrial zone of [Name238504] is state public property, a strip two hundred meters wide along the shorelines, measured horizontally from the ordinary high tide line, in its two sections: the Public Zone (Zona Pública) or strip fifty meters wide from the ordinary high tide line, and the Restricted Zone (Zona Restringida) of one hundred fifty meters adjacent to it, towards the interior of the country. The Public Zone (Zona Pública) cannot be occupied under any title, nor in any case, and no one can claim any right over it. 2) Decree 16531-MAG of July 18, 1985, respecting the concept of maritime terrestrial zone, in its two sections of Public Zone (Zona Pública) and Restricted Zone (Zona Restringida), and its nature of public domain, recognized by the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL), in vote 5976 at 15:42 on November 16, 1993, by dismissing the action of unconstitutionality against that Decree, expanded the Ostional National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional) with the area two hundred meters wide, counted from the ordinary high tide line, comprising from the left bank of the mouth of the Río Nosara to Punta Guiones, and placed its protection under the responsibility of the Wildlife Department, today Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), of the Ministry of Environment and Energy Ostional National Wildlife Refuge. Which implied henceforth a change, by operation of law, in the administration and management of the maritime terrestrial zone of Playa Guiones, preserving the state public ownership of the assets, which remained subject to new public objectives. 3) The National Wildlife Refuges (Refugios Nacionales de Vida Silvestre) are protected wildlife areas of public domain, which form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), where possession by private individuals does not create any right in their favor, and the State may only carry out and authorize therein research, training, and ecotourism activities, in dependence on the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) that may be required. Furthermore, as a consequence of the principle of inalienability, private possession cannot be exercised over public domain assets, as has been widely recognized by constitutional jurisprudence. 4) Even though the areas of the maritime terrestrial zone of the National Wildlife Refuges, in general terms, are excluded from the application of Law 6043 with the designation of “equivalent reserves” (article 73), the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 30, 1992, restored the validity of the concept of maritime terrestrial zone, in its two segments: Public Zone (Zona Pública), dedicated to common use, as long as it is compatible with the purposes of the Refuge, and Restricted Zone (Zona Restringida), by conferring upon the General Directorate of Wildlife, today merged into the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), the faculties and duties that Law 6043 establishes for each of these sections. Reaffirming the public domain (demanial) ownership of the State over the Public Zone (Zona Pública), destined for common use, are the Water Law (Ley de Aguas), by granting this condition to the beaches (arts. 1, subsections I and VIII, 3 subsection I, 69 and 70), and the Lands and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), in article 7, subsection b), and likewise the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL), which has considered the Public Zone (Zona Pública) or strip fifty meters wide from the ordinary high tide line as an “immovable nucleus” and “intangible for the legislator”, and “as such, it is not only impossible to appropriate it in any way, but it has been placed at the service of all persons, without exception” (Vote 5210-97, at 16:00 on September 2, 1997, Considering IV). 5) The exception contemplated in Article 21 of Law 6043 of March 2, 1997, is from the destination for common use of the Public Zone (Zona Pública) established in article 20 ibidem, with prohibition of constituting private rights over it or occupying it in a private manner, but it does not exempt from the application of the rest of the articles of that Law to the sector, and it operates under the assumptions established therein, clarified by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) in opinion C-026-2001; namely: a) That it involves areas under municipal administration; b) with natural characteristics that prevent public use, due to their geographical, topographical, or other configuration, a factual prerequisite that must be sufficiently substantiated, including with technical criteria; c) that the interested party processes and obtains the duly reasoned administrative authorizations required from the Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) and the Municipal Council of the place; d) that the applicant processes and, upon fulfillment of all legal requirements, obtains the respective concession (concesión), from which there is no reason to exempt him (Law 6043, arts. 39 and 21); e) that these areas of the public zone (zona pública) are not de facto privatized and a zone of free transit is established for the use and enjoyment of the public areas that article 21 ibidem indicates, and the safety of pedestrians is guaranteed; f) that no harm is caused to concessionaires (concesionarios) or owners of adjacent lands; g) furthermore, by constitutional mandate (article 50) the environment must be protected, as a limit to discretion in the granting of authorizations and public domain concessions (concesiones demaniales). 6) At the time when the Municipality of [Name14358] administered the maritime terrestrial zone of Playa Guiones, in accordance with Law 6043, the counterclaim defendant neither processed nor obtained from that Municipality and registered in the Public Registry of Concessions of the Maritime Terrestrial Zone (Registro Público de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre) a privileged concession (concesión privilegiada) to occupy the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones, under the terms of article 21 of Law 6043, fulfilling the legal requirements previously indicated. 7) Furthermore, the property held by Mr. [Name126758] in the Public Zone (Zona Pública) of [Name238504] would not meet the prerequisites required by that norm (article 21, Law 6043) because it is of flat topography, is not on rocky formations, cliffs or bluffs (riscos o acantilados), has terrestrial access, via a road, in front of a sandy beach for public use, usable at low tide, and the place is de facto privatized at high tide because it would completely obstruct public access to the sector. 8) The counterclaim defendant does not have a municipal concession (concesión) granted and registered in the General Registry of Concessions (Registro General de Concesiones) to occupy the maritime terrestrial zone of Playa Guiones, nor does he have a lease contract over the same registered in that Registry, granted based on previous laws and legalized according to Transitory Provision II of Law 6043. The mere request for a concession (concesión) that he at the time presented before the Municipality of [Name14358] does not give him any right to occupy the property he today holds in the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones, or the Restricted Zone (Zona Restringida), nor to build therein, as the Constitutional Chamber (Sal Constitucional) has repeatedly held. 9) As the counterclaim defendant does not have a lease contract over properties in the maritime zone of Playa Guiones, granted based on previous laws and legalized according to Transitory Provision II of Law 6043, he cannot derive any right from the declaration of tourist suitability that the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) made of that Beach for the purposes of the now repealed Law 4558 of April 22, 1970. 10) The counterclaim defendant does not have construction permits granted by the Municipality of [Name14358] to carry out works (build or remodel) in the Public Zone (Zona Pública) and Restricted Zone (Zona Restringida) (maritime terrestrial zone) of Playa Guiones, which are not substituted by the isolated payment of sixteen thousand colones made on January 8, 1993, receipt No. 8047, the voucher of which was provided to the case file, nor did it authorize him to erect constructions in said public zone (zona pública). 11) The effects of the judgment of the Criminal Court of [Name14358] No. NP 155-93-2 at 13:50 on October 18, 1994, issued in summary proceeding No. 226/93 T, which acquitted Mr. [Name126758] for building in the maritime terrestrial zone of [Name238504], are limited to the criminal infraction and imputability of the acts, authorship, and characteristics required to apply the criminal law under which he was tried. But it does not grant him a title of private possession over the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones, which does not consent to it, would transgress its legal regime and common purpose, would imply a declassification (desafectación) that can only be done by law (Sala Constitucional, vote 5226-97, among others), and the granting of enabling titles to occupy the maritime terrestrial public domain (dominio público marítimo terrestre) is an act inherent to the body that administers it; not to the Criminal Courts. Nor does it legitimize his indefinite permanence in that Public Zone. 12) Given the public nature of the assets, the counterclaim defendant cannot exercise private possession, in the manner of Civil Law, over the Restricted Zone (Zona Restringida), much less over the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones. 13) The counterclaim defendant lacks a title enforceable against the State that legitimizes him to privately hold the property he occupies in the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones. 14) The possession or special use that Mr. [Name126758] has exercised and exercises in the Public Zone (Zona Pública) of the maritime terrestrial zone of Playa Guiones, canton of Nicoya, is illegal, as it contravenes its Public Law regime and common use purpose, today insofar as it is compatible with the purposes of the Ostional National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional), of which it forms part. 15) Also illegal are the constructions that said gentleman has erected in that Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones, between boundary markers 11 and 12 of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), consisting of two sectors of cabins, with several rooms or modules, kitchen, roofed oven, swimming pool, jacuzzi, terrace, garage, a concrete slab (planchet), and a retaining wall (muro de contención) close to the sea. 16) Mr. [Name126758] must vacate the Public Zone (Zona Pública) of [Name238504] and demolish the constructions made therein, and restore the property to its prior state, within a reasonable period to be granted in the judgment, warned that if he fails to do so, the eviction, demolition of works, and restoration will be proceeded with coercively, at his expense, with the assistance of the police authority, in coordination with the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of MINAE, the administrative body of the Ostional National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional), and with the use of heavy machinery from MOPT that may be required to remove the constructions. The foregoing, without prejudice to the claims that may be made against him in a separate proceeding for damages and losses caused as a result of the use of the property, in proportion to the time of his illegal possession and the privileged location of the site with respect to the sea. 17) Because they go against its purpose as a common use asset of the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones, insofar as it conciliates with the purposes of the National Wildlife Refuge, and because the intended use does not conform to the activities that can be carried out within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), the resolutions of the Director of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) and the Minister of Environment and Energy are valid, which denied Mr. [Name126758] [Name126758] the use permit to remain in the Public Zone (Zona Pública) of that Refuge and which he challenges in this proceeding for illegality. 18) The counterclaim defendant must pay both costs of this proceeding.”

4. The counterclaim defendant- plaintiff answered negatively and raised the exceptions of lack of right, lack of interest, res judicata, lack of active and passive standing; as well as the generic expression of “sine actione agit”.

5. Judge Billy Araya Olmos, in judgment no. 3029-2010 at 13:00 on July 30, 2010, resolved: “FIRST: The exceptions of lack of right and lack of active standing ad causam, both raised by the State, are upheld. SECOND: The ADMINISTRATIVE LITIGATION lawsuit, in the proceeding brought by [Name126758] against THE STATE, is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. THIRD: The counterclaim (contrademanda) filed by the Representative of the Major Public Entity is declared WITH MERIT. FOURTH: The exceptions of sine actione agit, lack of right, lack of standing in its two meanings, and material res judicata, raised by the plaintiff-counterclaim defendant, are denied. FIFTH: It is declared that the tenure of the property located between boundary markers 11 and 12, placed by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) in Playa Guiones, consisting of two sectors of cabins, garage, and retaining wall (muro contención), is illegal. SIXTH: The following pronouncement is made, regarding the aforementioned COUNTERCLAIM, so that once this Judgment is final, proceed as corresponding in Law: a) The voluntary eviction, by the counterclaim defendant, from the aforementioned property, located in the Public Zone (Zona Pública) of Playa Guiones. To comply with this order, a period of two months is granted, as a reasonable period under the doctrine of section 261 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); b) Once the foregoing is done, they must demolish the referred construction, including the retaining wall (muro de contención) indicated, by their own means; all within the noted period; c) Otherwise, it will be ordered at their expense, to carry out said demolition with the assistance of the police authority, together with the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of MINAE, with the aid of heavy machinery and workers provided for this purpose by the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes). Where not expressly granted, it is understood as denied. Both costs are charged to Mr. [Name126758].”

6. Both parties requested addition and clarification of judgment no. 3029-2010 at 13:00 on July 30, 2010; and, Judge Billy Araya Olmos, in judgment no. 3029-2010 BIS at 9:00 on September 6, 2010, resolved: “In accordance with the preceding reasons of fact and law, the request for addition and clarification, filed by the parties regarding judgment number 3029-2010, issued by this Office at 13:00 hrs. on July 30, 2010, is declared PARTIALLY WITH MERIT.”

7. The plaintiff-counterclaim defendant appealed and, the Administrative Litigation Tribunal, Seventh Section, composed of judges Isaac Guillermo Amador Hernández, Sandra Quesada Vargas, and Francisco Jiménez Villegas, in judgment no. 148-2012-VII at 11:00 on October 30, 2012, ordered: “The evidence for better resolution provided by the plaintiff is rejected. The new document motion filed by the State's representation is rejected as improper. In what has been the subject of appeal, the appealed judgment is confirmed.”

8. Licda. María Gabriela Biolley Aymerich, in her stated capacity, files a cassation appeal (recurso de casación), expressly indicating the reasons on which she relies to refute the thesis of the lower court.

9. In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed. Substitute Magistrate Jorge Alberto López González participates in the decision of this matter.

Magistrate Escoto Fernández writes, except for Considering VII, which is written by Magistrate Rivas Loáiciga.

CONSIDERING

I. Mr. [Name126758] sued the State in July 2007. He outlined that for more than seven decades before Law no. 4558, the Tourism Urbanization Law of the Maritime Terrestrial Zone (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre) (hereinafter Law 4558), came into force, his father [Name126759] was the owner of a land he bought from Mr. Ramón Esquivel Esquivel, in [Name238504] of Nosara, Nicoya, with the rights of possession, use, and habitation. He affirmed, according to the administrative territorial division of the Republic (Executive Decree no. 6672-G of December 23, 1976, and Law 4366 of August 19, 1969), [Name238504] is a settlement, with a stable population of locals. He pointed out that on its sea front, [Name238504] presents cliffs and bluffs (riscos y acantilados) with rocky formations and small sand inlets, which do not permit and/or limit its use for bathing and disembarking, due to the danger they entail. He alleged that when it was acquired, land access was limited to summer, because there were no bridges or roads. He asserted that other owners were private pilots, who transported themselves by small plane to nearby beaches. He noted that before the end of the 60s, the entirety of the riparian lands of “Playa [Name238504] Sur”, belonged to three families of the zone. However, he added, only [Name238505] (known as [Name238506]) titled his possession up to the 50 meters under the protection of Law 4558. He argued that [Name238504] forms part of the Ostional National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional) (hereinafter RNVSO), since the enactment of the Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre), Law 7317 of December 7, 1992 (hereinafter LCVS). He noted, although the RNVSO predates 1992 (November 17, 1983), its previous boundaries did not include the maritime terrestrial zone, southwest of the mouth of the Río Nosara. He added, it was not until 1992 that the boundaries were expanded to include the Playa Guiones sector. Thus, he outlined that in the period between the entry into force of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) no. 6043 of March 2, 1977 (hereinafter Law 6043), and December 1992, when [Name238504] became part of the RNVSO, the legal regulations applicable to the zone were Law 6043, and previously, the laws that preceded it. He affirmed, although [Name238504] formed part of the RNVSO, it was not until mid-1998 that the Wildlife Directorate and specifically the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of SINAC (hereinafter ACTSINAC), took effective control of the zone. He added, previously, they dealt with the Municipality of Nicoya, which kept the collection of fees (cánones) as if Law 6043 were still in force. He argued that Mr. [Name126759] continued to occupy the dwellings and ranches that existed on the land under examination, including those located on cliffs and bluffs (riscos y acantilados) in an area without a beach. He mentioned that Mr. Hernán ceded a portion of that land to him more than 30 years ago, with rights of use and habitation, so that he is a successor in interest of Mr. Ramón Esquivel Esquivel. He stated that, since then, he carried out constructions, improving the old ones; he built the house he maintains there, for which he had municipal permits, and built a "boathouse" (lanchera) for small vessels. [Name572], there was never a complaint from the authorities; he carried out his actions publicly, as a lessee, a status that was confirmed by the administrative and judicial authorities. He argued, upon the enactment of Law 6043, he legalized his situation, requesting the concession (concesión) from the Municipality, which set a fee (canon) that he religiously paid. [Name635], [Name238504] has about 20 houses. He added that his house is built on cliffs and bluffs (riscos y acantilados), part of it occupies the 50 meters immediately adjacent to the high tide line. He expressed that, although in the years 1978-1982, the Corporation of [Name14358] attempted to eliminate dwellings and constructions in the zone, nonetheless, in light of a binding opinion from the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) (hereinafter PGR), it desisted from that. He commented that this was because the PGR and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) (hereinafter ICT) decided not to apply Law 6043 to the cliff and bluff (riscos y acantilados) areas. From then on, he said, the Nicoya municipality has issued construction permits, construction renovations, and granted concessions (concesiones) in that strip. He explained that in January 1993, he requested a permit from that corporation to remodel an old swimming pool, built prior to the entry into force of Law 6043, which was issued to him. He affirmed that in June of that year he received a summons from the Prosecution Office of Nicoya, where he was ordered to testify as an accused, in summary proceeding 226/93 T (file 155-1-93), of the Criminal Court of Nicoya, for the crime of violation of Law 6043, in relation to the referred constructions. Nonetheless, he noted, he was acquitted.

He transcribed pieces of the file related to the evidence. He argued that, although on various occasions his possession has been sought to be questioned, both administratively and judicially, he has always been proven right. He maintained that, besides the acquittal (no. 155-93-2 of 1:50 p.m. on October 18, 1994), in the criminal courts, numerous precedents confirm his right. He accused that, when he requested from the Municipality of Nicoya the amount corresponding to the annual fee for the year 2000, in order to pay it, he was told that in the future, he must carry out that procedure before the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, hereinafter MINAE), Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque). He commented that, through resolutions 079-ACT-DR of 4:35 p.m. on September 11, 2000, and 094-ACT-DR of 10:15 a.m. on November 14, 2000, said body denied him the use permit. For that purpose, he indicated, MINAE maintained that a house is located within the public zone, so it only granted him a use permit under the residential modality for the property located in the restricted zone, provided he complied with the requirements of the LCVS. He recounted that the officials who carried out the inspection are not topographers or land surveyors, hence their reports, in his opinion, cannot determine whether or not he was in the public or restricted zone; moreover, they do not indicate the type of device used for the measurements. He added that they also do not establish if they were accompanied by a topographer, where the high tide reached, the age of the occupation, the existence of construction permits, the payment of fees, among other aspects he deems necessary. He narrated that resolution 006-2002-MINAE of 11:00 a.m. on January 3, 2002, confirmed the challenged acts and deemed the administrative process exhausted. Likewise, through resolution R-220-2002-MINAE of 8:40 a.m. on April 19, 2002, his appeal for reconsideration (recurso de reposición) was rejected. He affirmed that, in accordance with the Organic Law of the ICT, the administration of beaches of tourist interest remained under the ownership and administration of that Institute. He explained that, on August 26, 1970, the ICT declared 43 beaches as zones of tourist interest, carrying out a topographic survey of each occupant. He stressed that, in this way, the Administration drew up a scaled plan, which appears sealed by the General Registry of Concessions (Registro General de Concesiones, hereinafter RGC). There, he said, it is recorded that between stations 1 to 4 and 2 to 3, there is a distance of 33 meters, hence the entire lot is located in the 150-meter restricted zone, while the public zone was eroded by the sea. He added that this makes it evident that the land has been eroded by the action of the sea, so it must be established what the affected area is to determine if the rest forms part of the public zone or not. He further added that, according to the power referred to in numeral 2 of Law 6043, on September 25, 1981, the RGC sent an inspector, who in his report indicated: "Lot on a cliff 10 meters above sea level. Construction within the Public Zone 7 meters high, embedded in a cut in the cliff. Does not interfere with free transit." "Suggestions: Due to its cliff topography and because it does not interfere with the free transit of pedestrians and vehicles, nor the enjoyment of the beach, the application of Article 21 of Law 6043 is suggested." He outlined that said numeral contains an exception for zones whose topography prevents public use, in which case, under certain conditions, it will authorize its tourist use. He invoked that the concession (concesión) is a declaratory act of rights, which can only be eliminated through the lesivity process. He considered that this is an acquired right and a consolidated legal situation. He specified that although the LCVS (published in La Gaceta on December 7, 1992) created the RNVSO in its Transitory Provision I, such a declaration does not have retroactive effect to the detriment of consolidated legal situations.

II. He requests in the judgment that it be declared: a) he has possessed, under concession, the cited land for 35 years; b) he acquired said property through a sale, together with the rights of possession, use, and habitation, from its previous owners; Nombre126759 and Ramón Esquivel Esquivel; c) he requested the right to a lease from the Municipality of Nicoya, to which he always paid the fee; d) he remodeled an existing old pool on the property, acts for which he was tried and acquitted of all penalty and responsibility in the criminal courts for the crime of violating Law 6043, a ruling that passed into the authority of res judicata; e) although during the Carazo Administration, the cited Municipality tried to eradicate the dwellings and constructions of the transient population of Playa Guiones, it abandoned that policy by virtue of a binding opinion from the PGR, according to which the competent bodies resolved that Law 6043 was not applicable to the zone of interest, a pronouncement that ended the problem and led the Nicoya Corporation to extend new construction and renovation permits and grant concessions for private use in the 50-meter strip adjacent to the sea; f) the ICT sent an inspector to the zone, who recommended the following: "Observations: lot on a cliff 10 m above sea level. Construction within the public zone 7 m high embedded in a cut in the cliff. Does not interfere with free transit." "Suggestions: Due to its cliff topography and because it does not interfere with the free transit of pedestrians and vehicles, nor the enjoyment of the beach, the application of Article 21 of Law 6043 is suggested"; g) the ICT accepted the binding pronouncement of the PGR and the report and recommendation of its inspector, declaring that the exception contained in precept 21 of Law 6043 was applicable to the zone in conflict-- Playa Guiones; h) because more than four years have passed since the ICT resolution became final, without a lesivity declaration having been made, said act generated "acquired rights" in his favor; i) because he was acquitted of all penalty and responsibility in the referenced criminal process, a ruling that passed into the authority of formal and material res judicata, the Administration cannot deprive him of his right of lease, use, and habitation; j) by virtue of the erosion affecting the Pacific coast, the public zone of Nombre238504 disappeared, because it lost the 50 meters adjacent to the sea, a phenomenon that only affects the State, not his person or his land; k) MINAE cannot retroactively apply to him Executive Decree no. 16531-MAG of July 18, 1985, the LCVS and its Regulations, nor laws no. 7554 and 7788; neither can ACTSINAC ignore or fail to apply to Playa Guiones the designation of "beach of tourist interest" given to it by the ICT, which was done according to the law and which the State has not declared harmful to public interests or challenged in the contentious-administrative jurisdiction; m) the absolute nullity of resolutions: no. 079-ACT-DR; no. 094-ACT-DR, no. 006-2002-MINAE; no. R-220-002-MINAE be declared; n) MINAE be ordered to extend his use permit under the residential modality, regarding the property subject to this litigation, respecting his possession, use, and habitation that he has maintained for more than 30 years; and, o) the State be ordered to pay both costs. The State denied the claim. It raised the preliminary defenses of expiration of the action and act not challengeable in the jurisdictional process regarding resolution no. 220-2002-MINAE, which were admitted in an interlocutory ruling. It raised the exceptions of lack of: right and standing in its dual form. It counterclaimed. It requested a declaration that: a) the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Nombre238504 is publicly owned, so it cannot be subject to occupation under any title, nor can any right be claimed over it; b) Decree 16531-MAG, respecting the concept of the maritime terrestrial zone and its character as public domain, recognized by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in vote 5976 of 3:42 p.m. on November 16, 1993, expanded the RNVSO with an area 200 meters wide, counted from the ordinary high tide line, from the left bank of the mouth of the Río Nosara to Punta Guiones, the protection of which it assigned to ACTSINAC, which implied a change by operation of law in the administration and management of the indicated zone, preserving public ownership and subjecting the assets to new public objectives; c) the National Wildlife Refuges (Refugios Nacionales de Vida Silvestre) are protected areas of public domain, which form part of the Natural Heritage of the State, where possession by private individuals creates no right in their favor, and the State can only carry out and authorize research, training, and ecotourism activities therein, subject to the environmental impact they generate. Furthermore, as a consequence of the principle of inalienability, it is not possible to exercise private possession over public domain assets, as constitutional jurisprudence has widely recognized; d) even though the areas of the maritime terrestrial zone of the National Wildlife Refuges, in general terms, are excluded from the application of Law 6043 with the qualifier of "equivalent reserves" (article 73), the LCVS restored the validity of the concept of the maritime terrestrial zone, in its two segments: Public Zone, dedicated to common use, as long as it is compatible with the purposes of the Refuge, and Restricted Zone, by conferring on the General Directorate of Wildlife, now merged into the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), the powers and duties that Law 6043 establishes for each of those sections. The public ownership rights (titularidad demanial) of the State over the Public Zone, intended for common use, are reaffirmed by the Water Law, which grants that condition to beaches (numerals 1, sections I and VIII, 3 section I, 69 and 70), and the Land and Colonization Law, in article 7, section b). Likewise, the Constitutional Chamber has considered the Public Zone or strip 50 meters wide from the ordinary high tide line an "immovable core" and "intangible for the legislator," and "as such, not only is it impossible to appropriate it in any manner, but it has been placed at the service of all persons, without exception" (Vote 5210-97, of 4:00 p.m. on September 2, 1997, Considering IV); e) the exception contemplated in precept 21 of Law 6043 refers to the intended common use of the Public Zone established by article 20 ibidem, with a prohibition on constituting private rights over it or occupying it exclusively, but it does not except the application of the rest of the articles of that Law to the sector, and it operates under the assumptions established therein, clarified by the PGR in opinion C-026-2001; namely: i) They are areas under municipal administration; ii) with natural characteristics that prevent public use, due to their geographic, topographic, or other configuration, a factual assumption that must be sufficiently substantiated, including with technical criteria; iii) the interested party processes and obtains the duly reasoned administrative authorizations required by the ICT and the Municipal Council of the place; iv) the applicant obtains the respective concession (concesión) (Law 6043, arts. 39 and 21); v) these areas of the public zone are not de facto privatized and a zone of free transit is established for the use and enjoyment of the public areas indicated by mandate 21 cited, guaranteeing the safety of pedestrians; vi) the concession holders or owners of adjoining lands are not harmed; vii) furthermore, by Constitutional article 50, the environment must be protected, as a limit on the discretion in granting public domain authorizations and concessions; f) during the period when the Municipality of Nombre14358 administered the maritime terrestrial zone of Playa Guiones, in accordance with Law 6043, the counter-defendant did not process, did not obtain from that Municipality, nor register in the Public Registry of Concessions of the Maritime Terrestrial Zone, a privileged concession to occupy the Public Zone under examination under the terms of mandate 21 of Law 6043; g) the property held by the plaintiff in the Public Zone of Nombre238504 would not meet the requirements demanded by that norm (article 21, Law 6043) because it is of flat topography, it is not on rocky formations, crags, or cliffs, it has land access via a road, facing a sandy beach for public use, usable at low tide, the place being de facto privatized at high tide by completely obstructing public access to the sector; h) the counter-defendant does not have a municipal concession registered in the RGC to occupy the zone of interest, nor a lease contract over it based on previous laws and legalized according to Transitory Provision II of Law 6043. The simple concession request that he presented at the time before the Municipality of Nombre14358 does not give him the right to occupy the property he currently holds or to build in that place, as the Constitutional Chamber has held; i) lacking a lease contract over properties in said zone based on and legalized according to laws prior to Law 6043, he cannot derive any right from the declaration of tourist suitability that the ICT made for that Beach for the purposes of the now repealed Law 4558; j) the counter-defendant does not have construction or remodeling permits granted by that corporation in the maritime terrestrial zone under examination, which are not substituted by the isolated payment of ₡16,000.00 made on January 8, 1993, nor did it authorize him to erect constructions in said public zone; k) the effects of the judgment of the Criminal Court of Nombre14358 no. 155-93-2 are limited to the criminal violation and imputability of the facts, without granting him a title of private possession over the repeatedly cited zone, the violation of which would imply a reclassification (desafectación) that can only be done by law (Constitutional Chamber, vote 5226-97, among others), and the granting of enabling titles to occupy the public maritime terrestrial domain is an act inherent to the body that administers it, not the Criminal Courts. Nor does it legitimize his indefinite permanence in that Public Zone; l) due to the public nature of the assets, the counter-defendant cannot exercise private possession, in the manner of Civil Law, over the Zone in question; m) the counter-defendant lacks a title enforceable against the State that legitimizes him to hold the property exclusively; n) the exclusive possession or special use that the plaintiff has exercised and exercises in that zone is illegal, because it contravenes its Public Law regime and intended common use, today as long as it is compatible with the aims of the RNVSO, of which it forms part; o) the constructions that said gentleman has erected in that public zone between IGN boundary markers 11 and 12 are illegal; p) the plaintiff must vacate the Public Zone of Nombre238504 and demolish the constructions made in it and restore the property to its previous state, within a reasonable period granted in the judgment, with the warning that if he fails to do so, the eviction and demolition of works and restitution will be executed coercively at his expense, with the assistance of the police authority, in coordination with ACTSINAC, and using the machinery of the MOPT as required. The foregoing, without prejudice to other claims for damages; q) the resolutions of the Director of the ACT and the Minister of Environment and Energy, which denied the plaintiff the use permit to remain in the Public Zone of that Refuge, are valid; and, the counter-defendant must pay both costs of this process. The counter-defendant plaintiff raised the generic expression of sine actione agit. The Trial Court admitted the lack of right and lack of active standing to sue (legitimación ad causam activa), raised by the State. It declared the claim without merit. It admitted the counterclaim. It denied the exceptions of the plaintiff-counter-defendant. It declared that the tenure of the property located between Dirección25676 in Playa Guiones is illegal. It ordered the voluntary eviction of the counter-defendant, for which it granted him two months, who must demolish the construction by his own means; otherwise, the demolition will be ordered at his expense with the concurrence of the police authority, in association with ACTSINAC, with the assistance of the heavy machinery and workers of the MOPT. Anything not expressly granted is to be understood as denied. Both costs are to be borne by the plaintiff-counter-defendant. The Court confirmed. The dissatisfied plaintiff appeals to cassation.

Appeals for procedural grounds

III. In the only censure admitted of this nature, the appellant attributes undue application of sections 2 and 3 of precept 575 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil, hereinafter CPC), and lack of application of the rules contained in articles 5, 330, and 575 first paragraph of that body of norms. He outlines that numeral 575 of the CPC in its sections 2 and 3, establishes the possibility for the appellant to offer documentary evidence with the statement of grievances (escrito de expresión de agravios), when some fact has occurred that constitutes a supervening exception, or when the absent defendant for whom a guardian has been appointed appears in the process after the opportunity to offer evidence in the first instance. He says that in accordance with article 5 of that procedural text, said rule is of public order and mandatory compliance. He considers that none of the assumptions established by sections 2 and 3 cited are applicable to the specific case, hence the Court erred in applying them in considering II of the challenged ruling. He adds that in his statement of grievances he offered documentary evidence that, as he indicated, did not exist at the time of filing the claim, therefore he did not know of it. Consequently, he estimates, in the light of said norms, the judges could only assess the evidence based on the principles of sound judgment at the time of issuing the judgment, not as they did by rejecting the documentary evidence they provided. He emphasizes that the Court is mistaken in considering that it was evidence for better resolution. He asserts that among the items offered are two court judgments, one of them binding, where violations of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional, hereinafter LJC) are alleged. Likewise, he assures that in considering II of its ruling, the judges again refer to said evidentiary elements as evidence for better resolution, even though they had arisen when the litigation was already joined, which is indispensable to resolve the conflict. In this way, he argues, mandate 330 of the CPC is violated by lack of application, by considering that it is not indispensable for the resolution of the matter. He concludes that he has been placed in a state of defenselessness, curtailing his right of defense.

IV. In what is pertinent to evidence for better resolution, the rejection of which the cassation appellant objects to, in ruling 383-2008 of 3:50 p.m. on June 6, 2008, this Body stated: "In this regard, this Chamber has repeatedly indicated that evidence for better resolution belongs to the judge and not the parties, and it is he who decides on its convenience and necessity. It is a power that allows him, after the evidentiary phase, when the matter is ready for judgment, to incorporate evidentiary elements he considers relevant for the correct resolution of the process, which can happen even at the appeal stage (article 575 of the cited Code) –when appropriate– and eventually, in cassation (609 ibidem). In this sense, it is clear that it is not about correcting the omissions, negligence, or carelessness of the parties regarding their evidentiary burden or remedying deficiencies in defense techniques, given that in this scenario, equality between the litigants would be seriously harmed and the impartiality of the judge would be compromised. Hence, when ordering it, the guarantee of defense in trial for each of those involved in the litigation must be respected. On the subject, from this Chamber, see judgment no. 703 of 10:30 a.m. on September 27, 2007. From this standpoint, although it allows incorporating evidence that was rejected in the process, declared inadmissible, null, or unavoidable, certainly, the decision to gather it is optional for the jurisdictional body, ergo, it corresponds to a discretionary assessment by the judge, who may dispense with it without the need for an express resolution. Regarding the parameters that determine its application, from this collegiate body, see resolution no. 268 of 4:10 p.m. on April 3, 2002." (Consult in a similar sense judgments no. 728 of 10:05 a.m. on October 4, 2007, no. 555 of 9:50 a.m. on May 6, 2010, and no. 622-2011 of 9:25 a.m. on May 26, 2011)

V. The Court indicated that, when considering the appeal, the plaintiff offered, with the character of evidence for better resolution, a series of documents she claimed not to have known about previously and which she detailed on page 1138 of Volume II of the court file. In this regard, it opined that the criterion for admission rests exclusively with the Judge or Court hearing the case, depending on whether it has decisive influence for the process (article 331 CPC), or is considered indispensable (article 575 second and third paragraphs of the CPC). It added, the foregoing by virtue of the provisions of canon 103 of the Regulatory Law on Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, hereinafter LRJCA). In that vein, it said, with the exception of the lease contract signed on September 27, 1973, it is appropriate to reject in its entirety the documentary evidence provided in the second instance by the plaintiff, as it is not of "decisive influence" for the resolution of the appeal filed, because, given its content, it is not indispensable for that purpose. It added that in the second instance, the reopening of the trial for evidence as if it were a matter "ex novo," in the first instance, where no evidence has been practiced or where no jurisdictional judgment has been issued, is prohibited, because the judgment of the lower court (A quo) already exists, which has been subject to challenge, since doing so would imply practically reopening the process in its entirety, contradicting the nature of the appeal and the law, because aspects that by procedural law require the pronouncement of both instances as a guarantee of due process would have to be resolved in a single instance. Thus, it argued, the evidence that the parties decide to offer, in accordance with the power provided by canon 575 CPC, must be aimed at demonstrating the pertinence and legitimacy of what is sought at that stage of the process. It asserted that it is then not about superfluous or dubitative evidence nor evidence that duplicates what has already been proven or is superabundant in nature. It assured that the Court cannot order or admit evidentiary elements abandoned by the proposing party, or that reveal the intention to delay the proceedings or refer to facts that are not the subject of debate. The same, it argued, regarding testimonial evidence offered at this stage, about facts for which evidence was already received in the first instance. In that vein, in the opinion of the judges, that which is admitted must be indispensable for deciding the matter in the second instance. That is, to resolve the appeal filed. The Court continued that according to the cited procedural norms, the decision to admit evidence in the second instance, and especially, that offered for better resolution, must be based on criteria of indispensability, a power vested in and exclusive to the collegiate body, bearing in mind that the evidence provided for better resolution belongs to the Judge (or the Court, as the case may be), not the parties, as provided by the aforementioned numeral 575 in fine of the CPC. This being the case, it considered it appropriate to reject the documentary evidence offered by the plaintiff in the second instance for not deeming it indispensable to decide the appeal. Additionally, the judges denoted that this is documentary evidence consisting of certified copies of Constitutional Chamber votes no. 2020-2009, 13655-2008, judgment no. 98-2010 from the Trial Court of the Second Circuit of Guanacaste; pieces from file 08-8554-007-CO processed before the Constitutional Chamber, and official letters issued by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) dated January 2003; documents that, although they relate directly or tangentially to the environmental theme –or more specifically to the theme of the Refugio de Vida Silvestre Ostional–, surrounding the theme in the manner and with the scope that the Constitutional Chamber has treated it –which in any case is a matter alien to this process–, are not essential to resolve the appeal filed. It continued, special mention is made of the copy of the lease contract signed in its day by the plaintiff's father and the Municipality of Nicoya, regarding which it highlighted that it records the western boundary of the land leased to the plaintiff's father by the cited municipality as the inalienable 50-meter zone, which allows demonstrating that the material location of the land leased at that time to Mr. Nombre126759 does not coincide with the place where the constructions that were the subject of the judicial inspection carried out on June 25, 2009 by Judge Claudia Salazar are shown to be located today. It emphasized that said infrastructure is immersed within the high tide area as shown by what is recorded in the report of the procedure contained in the case file on pages 695 to 699 in Volume I of the main file (and photographs on the compact disc). In accordance with the foregoing, it is evident the evidence under examination was offered as evidence for better resolution, an assumption which, in accordance with precept 594 CPC, does not constitute a ground for cassation due to procedural defects because it does not correspond to the rejection of admissible evidence. In addition to the foregoing, this Chamber has stated on multiple occasions that the cassation appeal is of an extraordinary nature, which is admissible only against certain resolutions and, in the case of procedural violations, for the reasons previously established by the legislator. To that extent, a principle of strict challengeability applies. (Ruling no. 1013-2006 of 3:00 p.m. on December 21, 2006) The rejection of evidence for better resolution does not constitute a ground for the appeal on procedural grounds as provided in the cited canon 594 of the civil procedural norms. In this way, by virtue of what has been indicated, the challenge must be rejected. Without prejudice to the foregoing and by way of further reasoning, the Court did not incur any violation, because it was not obliged to admit the documents proposed by the plaintiff as evidence for better resolution, so by expressly rejecting most of them, it did so in the exercise of a power that the law grants it.

Appeal on substantive grounds

VI. The cassation appellant raises four objections on the merits. In the first one, he argues that the judges base themselves on nonexistent norms, namely, those contained in Law 6043 of March 2, 1977. He considers that everything hinges on the application and interpretation of numeral 73 of said normative, whose violation he accuses. He says the provision establishes that: "This Law does not apply to maritime terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation." He argues that etymologically the phrase "does not apply" admits no interpretations; on the contrary, it is a categorical and absolute term. He adds that said provision also indicates at the end, that they shall be governed by the respective legislation, which is obviously not Law 6043. He cites opinions from the PGR in support of his thesis. Consequently, he accuses Law 6043 of having been violated, by undue application of precepts 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 38, and 73, as well as numerals 62 and 63 of the Regulations to said Law. In the second ground, he alleges a breach of the rules relating to material res judicata. He states that the judges harm res judicata, by re-hearing a matter that had already been resolved by another judicial authority. He points out that in early June 1993, charges were brought against him for violating the Maritime Terrestrial Zone Law, related to the constructions he maintains on the land subject to this process, including the pool. He argues that through judgment 155-93-2 of 1:50 p.m. on October 18, 1994, he was acquitted of said accusation. He transcribes the facts proven in the cited criminal process. He claims that, despite having been acquitted, the State filed a second criminal process against him (summary 98-001385-042-PE), for usurpation of public domain assets, where it also sought the demolition of the constructions erected on that land, this time as usurpation of the public domain, because it is clear that Law 6043 does not apply in the zone. He adds that in that process, the judgment of August 9, 2010, was issued, which he says is not final regarding the restitution of the public zone in favor of the State, but is final regarding the criminal conviction, which did become final, since it was appealed. He copies considering IV of ruling 98-2010 of 4:30 p.m. on August 9, 2010. He considers it obvious that the State is attempting for the third time to have it declared that the constructions erected on the land usurp the Maritime Terrestrial Zone and therefore must be demolished. Hence, by admitting the counterclaim, he outlines, both the Trial Court and the appellate court (Ad quem) violate, by lack of due application, the rules relating to res judicata, contained in articles 162 of the CPC, 42 of the Political Constitution, and paragraph 4 of the American Convention on Human Rights (Pact of San José). He also estimates that the principle or procedural guarantee of material res judicata has been violated.

He argues that, before MINAE took possession of the territory that came to form the expanded RNVSO, pursuant to the LCVS, the Municipality of Nicoya, the entity responsible for the administration of the Maritime Terrestrial Zone in its jurisdiction, did not accuse him of occupying the public zone. On the contrary, he affirms, it accused him of having built on the land he occupied in a quiet, public, and peaceful manner, uninterruptedly, for more than 20 years at that time (1992). He expresses that the judges have not questioned the above. He responds that this is because the aforementioned corporation, the entity responsible for the administration of the zone at that time, had authorized him to possess the parcel he occupied. Thus, he argues, the cited judgments of the Criminal Courts of Nicoya acknowledged his possession and acquitted him, declaring his good faith, facts which in his opinion became final (causaron estado). He asserts that his possession was acknowledged by a Court of the Republic and that pronouncement became final, which constitutes material res judicata (cosa juzgada material), which cannot be rebutted, without undermining his rights and without violating the law. He conceives that from this the violation of numeral 34 of the Political Constitution can also be inferred, by applying a norm retroactively. He concludes that lis pendens (litis pendencia) also exists, since judgment 98-2010 was issued within a process initiated previously, which is not yet final. In his third argument, he alleges an infringement of numerals 261 of the Civil Code (hereinafter CC), ordinal 73 and Transitory VII of Law 6043, due to improper application and non-application. He adduces that, for the specific case, the law that determines that the maritime terrestrial zone is public is Law 6043. He adds that said legislation defines that concept, as well as those of the public zone and the restricted zone. He assures that, according to ordinal 261 of the CC, only those State-owned assets that are designated by law for public use are public; and in the case of the maritime terrestrial zone, the only provision that declares it public is Law 6043. He asserts that, in view of the non-application that this legislative text makes in its ordinal 73, there is no other normative provision for the specific case that establishes the public domain status (demanialidad) of the maritime terrestrial zone, in National Parks and Wildlife Refuges or equivalent zones. He considers of importance the right of possession he has exercised prior to the enactment of Law 6043, likewise, the payment he has made of the respective fee, as consideration for the exercise of possession exercised over the maritime terrestrial zone, a norm that supports such right in his favor. In the fourth objection, he claims improper application of precept 221 of the CPC and non-application of numeral 222 of that normative body, since he has litigated in good faith, hence the condemnation of costs was improper, but rather his exoneration. He considers there is no doubt that he carried out the constructions in strict application of legislative provisions contained in Laws 4558 and 6043, and that he received possession from his father, who had obtained a lease contract from the competent authorities. Thus, he emphasizes, he acted under the protection of the ICT and the Municipality of Nicoya, who granted him permits, also paying the taxes they established for this, additionally paying for a long time the fee to the Municipality of Nicoya. Nombre9272, was also tried with the authority of res judicata, for the alleged invasion of the maritime terrestrial zone, in various cases, for the constructions erected on that land. As such, he concludes, he had ample legal grounds to be considered a litigant in good faith.

VII. Before proceeding to the analysis of the charges, it is pertinent to specify the nature of public domain assets (bienes demaniales). In this regard, this Chamber has indicated: "…it is fundamental to refer to the concept of public domain, and in particular, to the scope of Article 261 of the Civil Code, which differentiates between public and private assets, as well as the criteria based on which one can distinguish between both. In this regard, it establishes: 'Things are public which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those from which everyone can benefit by being given over to public use. / All other things are private and subject to private property, even if they belong to the State or the Municipalities, who in this case, as civil persons, are no different from any other person.' As can be extracted, the definition of private assets is made residually, that is, all those that do not present any of the characteristics indicated for public domain assets (demaniales) belong to this category. Constitutional jurisprudence, taking into account the provisions of the cited norm, has referred to the assets that make up the public domain in the following terms: 'those are those which have a nature and legal regime diverse from private assets –which are governed by the right of property under the terms of Article 45 of the Political Constitution–, inasmuch as, by the express will of the legislator, they are affected by a special destiny to serve the community, namely the public interest, and that for this reason, they cannot be subject to private property, so that they are outside the commerce of men, for which reason, they cannot belong individually to private parties, nor to the State, in a strict sense, since the latter is limited to its administration and guardianship. […] Thus, these are assets whose ownership is held by the State in its capacity as administrator, it must be understood that these are assets that belong to the "Nation", with which, they form part of the public patrimony; and which, due to their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that by the passage of time, the right of property over them cannot be acquired, not even of mere possession, that is, they cannot be acquired through usucapion (usucapión), just as they cannot be lost by prescription; reason for which the use permits that the Administration grants over them, always have a precarious character, which means they can be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration –under the terms provided in Articles 154 and 155 of the General Law of Public Administration–; and the same concessions granted over them for their use, can be cancelled, through a procedure to that effect; they are unattachable, which means they cannot be subject to any lien or embargo, neither by private parties, nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside the commerce of men; from which they cannot be sold, transferred, or acquired, neither for free or for a price, neither by private parties, nor by the State, so that they are exempted from the commerce of men and subject to a special and reinforced legal regime. Moreover, their use and exploitation is subject to the police power, inasmuch as they are assets that cannot be subject to possession, much less to property, their utilization and exploitation is possible only through duly authorized acts, namely through a concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control by the Public Administration. So, it comprises real property that has a nature and legal regime virtually opposite to private property, which derives from the provisions of Article 45 of the Constitution." (Ruling 2007-2408 of 4:13 p.m. on February 21, 2007. In the same sense, see Resolution No. 189-2011, of 9:15 a.m. on March 3, 2011). Numeral 9 of the Maritime Terrestrial Zone Law, No. 6043, of March 3, 1977, refers that the maritime terrestrial zone: "… is the strip of two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, whatever its nature may be, measured horizontally from the ordinary high tide line and the lands and rocks that the sea leaves uncovered at low tide". Likewise, precept 10 of the cited law, establishes that the maritime terrestrial zone: "… is composed of two sections: The PUBLIC ZONE, which is the strip of fifty meters wide counting from the ordinary high tide, and the areas that are uncovered during low tide; and the RESTRICTED ZONE, constituted by the remaining strip of one hundred fifty meters, or by the remaining lands in the case of islands. The islets, crags, and other small areas and natural formations that protrude from the sea belong to the public zone". In the same manner, according to canon 6 of the cited law: "The provisions of this law shall not apply to the areas of cities situated on the coastlines, nor to properties registered, subject to the law, in the name of private individuals, nor to those whose legitimacy is recognized by the laws". Likewise, in accordance with cardinal 7 of Law 6043: "The lands situated in the maritime terrestrial zone cannot be subject to possessory information proceedings and private individuals shall not be able to appropriate them nor have them legalized in their name, by this or any other means". To the above must be added, in accordance with mandate 20 of this Law, that: "Except for the exceptions established by law, the public zone cannot be subject to occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it. It shall be dedicated to public use and especially to the free transit of persons (…)". Now then, numeral 20, exempts its application, when indicating: "Excepted from the foregoing are those sections that, due to their geographic configuration, their topography, or their special conditions, cannot be used for public use, in which case their development shall be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute, provided they are not alienated and a zone of free transit is established that facilitates the public use and enjoyment of beaches, cliffs (riscos) and estuaries and guarantees the safety of pedestrians". For its part, paragraph 2 of precept 83 of the LCVS, includes within the scope of coverage of that norm and grants powers to SINAC over the maritime terrestrial zones, when these include Wildlife Refuges, by providing: "The National System of Conservation Areas shall have the powers and duties established by Law No. 6043, with respect to the National Wildlife Refuges that include areas of the maritime terrestrial zone". Of equal importance, Transitory I, of the LCVS, creates the RNVSO, which is subject to this norm, by indicating: "The Ostional Wildlife Refuge is created which, for the purposes of this Law, shall be located in the two hundred meters of the maritime terrestrial zone that extends from Punta India to Punta Guiones, Canton of Nicoya, Province of Guanacaste. The Executive Branch shall demarcate the Refuge within thirty days following the publication of this Law". Now then, cardinal 32 of the Organic Law of the Environment No. 75754, (hereinafter LOA) establishes a classification of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), when referring: "(…) The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wilderness areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves. b) Protective zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. Those management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except for those established in Article 33 of this law. The municipalities must collaborate in the preservation of these areas". Likewise, precept 34 of the LOA, reiterates the authority of the MINAE bodies over protected wilderness areas, when establishing: Article 34.- Preventive measures. In protected wilderness areas owned by the State, it corresponds to the Ministry of Environment and Energy, to adopt adequate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the exploitation or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that have determined its establishment". Evidently, according to the provisions of the cited laws, protected wilderness areas located in the maritime terrestrial zone are assets affected to the public domain, with respect to which, SINAC and MINAE possess broad powers that include control, prevention, or elimination of sources of danger in the management of such zones for their adequate use and occupation.

VIII. In essence, regarding the first charge, the Tribunal indicated, given its location and characteristics, possession such as that claimed by the plaintiff is not useful on public lands. It added that, while simple holding (detentación) or authorized use –use permit–, is a figure that could be recognized within the framework of what is alleged by the plaintiff, this is not comparable to civil possession for the constitutive purposes of a title such as that claimed by the plaintiff. It warned, said decision-making body, that numeral 9 of Law 6043, describes the natural elements of the coastal zone that make up that public patrimony, including the physical location that the plaintiff describes as his location. In the same sense, it affirmed that the petitioner is not right in claiming a lack of norms with the rank of law regarding the demarcation of the maritime terrestrial zone, since ordinals 9 and 10 of the cited normative body formulate a precise description of the physical scope it comprises. In any case, it pointed out, precepts 62 and 63 of the Regulation to Law 6043, establish regulations regarding the demarcation of the public zone, which does not constitute a legal obstacle to elucidate the location of the appealing plaintiff's property in this process. It argued that, while what he claims makes sense regarding the fact that before the enactment of Law 6043, the legislation "was more permissible in accepting possession", in accordance with the principle that no one has the right to the immutability of the law, even though rules that could have supported the holding of the land may have existed in the past, it is true that this norm underwent a significant change, generating the insubsistence of the foundation he now seeks. It stated that what was argued lacks correctness regarding the fact that Law 6043 is not applicable in Nombre238504 Sur, because it is an area declared a Wildlife Refuge (Ostional), given that in reality cardinal 73 of the cited Law produces a substantial increase in the regulatory level that weighs on said zone, never a liberating effect as the appellant affirms. It asserted that, according to the LCVS, upon declaring the site as a refuge, the involved natural resource is protected, before which all other concurrent interests must yield. In that sense, it considered that the declaration of National Wildlife Refuge over Playa Guiones, creates an ecologically relevant scope, based on norms of "reinforced law", for which all the provisions that the Legal System prescribes as applicable to the site must be observed. It continued that the excluding effect that the plaintiff alleges as contained in numeral 73 of Law 6043, does not occur from a legal standpoint, but rather it is inclusive, all-encompassing (omnicomprensivo) of the legislation regarding the different biological and ecological phenomena that occur in the site and in the "surrounding and fostering ecosystems" of its permanence and sustainability. It highlighted that the aforementioned precept 73 has another content that is not that alleged by the appellant. It said that the non-conforming party is not right when he affirms that upon building, the public zone was not delimited, since –it reiterates–, according to the letter of the lease contract signed with the Municipality of Nicoya, the western limit of the right granted to Mr. Nombre126758, is precisely the "Inalienable Zone" of the 50 meters. In such a way, it explained, the granted right was indeed delimited, which reached up to the referred limit, without prejudice to the rights of the remaining adjoining landowners and the right that the State possesses over those lands. Likewise, it enunciated, regarding whether the lot subject to this litis is located on a cliff (risco), it is true that there is no conclusive evidence demonstrating this, the judicial inspection carried out by the lower court being proof to the contrary, as shown by the photograph collected by the judge who performed it. In that way, it argued, what is alleged regarding the application of the exception regime provided in ordinal 21 of Law 6043 is rejected, since it is reiterated that it is not accredited in the process that the factual scenario is constituted by a construction erected on a cliff. Thus, it rejected the substantive argument that the appellant, here appellant in cassation, maintains, when he alleges that the constructions are materially located on a cliff, reason for which Law 6043 is not applicable. Said criterion, it indicated, also lacks normative support, for in effect, the cited law does not establish that event as a cause for exclusion, on the contrary, it is further attenuated by the opinion rendered by expert Nombre80055, (pages 767-768 of Volume I of the main file), in the sense that the phenomenon of reduction of the beach area due to the effects of the tidal dynamics of the zone, reaffirms the public domain status (demanialidad) of the site where the constructions subject to the process are found. For this Court, it is undeniable, the appellant in cassation bases his claim on a supposed improper interpretation of canon 73 of Law 6043. Said numeral literally establishes: "This law does not apply to the maritime terrestrial zones, included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation". Evidently, the mandate under examination exempts the application of Law 6043 to certain qualified sections of the maritime terrestrial zone, that are included in national parks or reserves comparable to these, which, it underlines, shall be governed by their own laws. In this regard, the Tribunal interpreted that the provision in question does not create the liberating effect alleged by the appellant; on the contrary, it possesses an inclusive, "all-encompassing" effect of the legislation regarding the different biological and ecological phenomena present in that type of protected wilderness areas, such as the RNVSO, a thesis that is acceptable. Far from excluding the maritime terrestrial zone from the application of Law 6043, the canon of reference provides that when such zones are also comprised within national parks or equivalent reserves, among which national wildlife refuges can be mentioned, these shall be subject to their special laws. Hence, such sections of the maritime terrestrial zone, far from being exempt from regulation, as the non-conforming party seems to claim, shall be subject to the special laws of the case, hence the LCVS, the LOA, and Law 6043 itself are applicable to them. Now then, this decision-making body notes that the appellant does not perceive the consequences of his affirmation, for clearly, ordinal 73 of Law 6043, far from excluding protected zones or wildlife refuges from the public domain, on the contrary, subjects said areas to the application of the previously cited legislation, which aggravates in many senses the state powers over such assets. In no way could it be considered that an even greater affectation regarding domain zones could leave areas contained within the 200 meters from the high tide line to the private domain. Consequently, the appellant's affirmations are not sufficient to discredit the analysis carried out by the Tribunal. In that way, they do not possess the strength to break the judgment, since the judges' arguments are valid, regarding the normative reinforcement that the regulation applicable to the examination zones possesses, which, evidently, are subject to the provisions of the LCVS, the LOA, and in relevant matters, to Law 6043 itself, hence the charge must be rejected.

IX. In the second argument, the appellant alleges the violation of material res judicata (cosa juzgada material). Material res judicata consists of the impediment to discuss, on a new occasion, a dispute already resolved by the competent jurisdictional body, meaning that this decision has an immutable and definitive character. It is an institution that falls upon the substantive relationship, requiring full coincidence between the decided controversy and the one subsequently raised, that is, identity in the subjects, the object, and the cause. Thus, this Court has indicated that it occurs when "[…] between two processes processed in judicial venue there is identity regarding the parties, the object, and the cause. From the subjective plane, the final judgment binds and obligates the participants, who are legally prevented, from again submitting the dispute before another body. For their part, the object and the cause are the objective criteria based on which one must determine if in a specific case material res judicata exists. The first consists of that which is claimed, that is, it is constituted by 'the right recognized, declared, or modified in the judgment, in relation to one or several determined things, legal relationship declared, depending on the case' (judgment 740 of 2:45 p.m. on December 1, 1999, reiterated by citation in rulings 933 of 9:40 a.m. on November 24, 2006 and 710 of 2:15 p.m. on October 23, 2008). The second, also called causa petendi, is identified as the foundation of what is claimed, it is 'the reason of fact set forth in the complaint as the basis of the claim. This [sic] is formed by the set of facts alleged as the basis of the complaint' (See judgments No. 985-F-S1-2009 of 11:05 a.m. on September 18, 2009 and 1-2013 of 9:30 a.m. on January 17, 2013). The appellant maintains that material res judicata exists in relation to two criminal proceedings pursued against him, summary 226/93 T (file 155-1-93), and No. 98-001385-042-PE. He claims that, in said matters, through judgment 155-93-2 of 1:50 p.m. on October 18, 1994 he was acquitted of said accusation, likewise, by judgment of August 9, 2010, issued in the second process, which he says, is not final regarding the restitution of the public zone in favor of the State, but did become final regarding the criminal conviction, since it was not appealed. In said processes, it was sought to establish the criminal responsibility of the plaintiff, in the first, for infringement of Law 6043, and, in the second, for usurpation of public domain assets. In both cases, it is clear, in order to establish his authorship, it was essential to prove the subjective element of the criminal type, that is, the dolus (dolo) necessary to configure the conduct. Then, it is incontestable that there is no coincidence between that object, and that of the present matter, understood as the right recognized, declared, or modified in the criminal judgments, in relation to one or several determined things, or the legal relationship discussed in this process. While, through punitive action, in the first ruling (judgment No. 155-93-2 issued by the Criminal Court of Nombre14358 at 1:50 p.m. on October 18, 1994) the plaintiff was exonerated from all criminal responsibility for the imputed crimes, this was due to a lack of the subjective element of the type, that is, absence of dolus, due to ignorance of the illegality, regarding the construction without any permit of the rustic pool on the property of the Public Zone. In effect, it is clear, in said process there was no doubt regarding the fact that the exercised possession, or the carried-out construction, was located partly on the Public Zone. In the second, with similar base facts, the petition was for the declaration of legitimacy of his possession in the zone, the nullity of administrative acts and for the corresponding permits to be granted in order to maintain possession of the property. However, the exoneration from criminal responsibility does not imply the automatic right to claim what was petitioned in the present process. Particularly since, in the specific case, the acquittal has been presented as a consequence of the absence of dolus, upon the Criminal Tribunal determining that at the time of carrying out the constructions, the boundary markers (mojones) had not yet been placed. Moreover, due to the fact that it was effectively declared that there were constructions on the Public Zone. As such, neither the legitimacy of the possession exercised by the plaintiff, nor the nullity of the administrative acts and resolutions claimed in the present matter and the granting of the permit in question, were aspects declared by the criminal jurisdiction. Consequently, since there is no identity in the object, the effect of material res judicata is not recognized for said rulings in relation to the matter discussed in this process. As a corollary, the violation of res judicata alleged by the appellant in cassation is not verified.

X. In the third charge, the appellant alleges infringement of numerals 261 of the CC, canon 73 and Transitory VII of Law 6043, due to improper application and non-application, basically because he argues that only this latter norm declares the maritime terrestrial zone to be public, hence, since it is not applicable to the specific case, by virtue of precept 73 widely cited, there is no other normative provision for the specific case that establishes the public domain status (demanialidad) of that zone, in National Parks and Wildlife Refuges. This decision-making body considers that the appellant's thesis is not acceptable. Just as outlined in considerando VII of this ruling, the definition made by numeral 261 of the CC regarding private assets is residual, that is, only those assets that do not present the characteristics indicated for public domain assets (demaniales) belong to this category. Said categorization not only derives from the cited provision, but also from constitutional jurisprudence and that of this Court, according to which, public domain assets are those that possess a nature and legal regime diverse from private ones, inasmuch as, by the express will of the legislator, they are affected by a special destiny of service to the community, of clear public interest, and for that reason, they are not susceptible to appropriation. They are indeed assets of state ownership and of a special legal nature, reason for which they are imprescriptible, unattachable, and inalienable. Moreover, their use and exploitation is subject to the police power, hence their utilization and exploitation is only possible through titles granted by the competent authority; under the strict control by the Public Administration. (Ruling 2007-2408 of 4:13 p.m. on February 21, 2007. In the same sense, see ruling No. 189-2011, of 9:15 a.m. on March 3, 2011). From the foregoing, it results that the claim outlined by the appellant is not acceptable, for it is not valid to interpret, regarding assets whose particular characteristics have been widely elaborated both by the Constitutional Court and by this Chamber, that their public nature only derives expressly from the application of Law 6043. Apart from the definitions that this legislative text offers on the concepts of maritime terrestrial zone, public zone, and restricted zone, also paragraph 2 of precept 83 of the LCVS, cardinals 32 and 34 of the LOA, and 3 subsection i) of the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of April 16, 1996, define and subject zones of certain characteristics as special areas under State control, depositing, in the specific case, in MINAE, broad powers for this. Regarding the citation made by the appellant in cassation, of numeral 20 of Law 6043, it is beyond objection, while it creates an exception scenario, it is clear that this only operates regarding lands of a certain geographic configuration, in which their topography or special conditions: "…cannot be used for public use…". The norm under examination does not exempt, as it has been sought to imply, the areas of "cliffs or escarpments (acantilados)". In a different manner, what it in effect provides, is that in exceptional cases in which the topography or particular conditions of the land prevent public use, the norm shall not be applicable. In such cases, numeral 20 refers, that: "…its development shall be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute…", not indiscriminately, but provided that "…they are not alienated…", and a zone of free transit is established that facilitates the public use and enjoyment of beaches, cliffs (riscos) and estuaries. From the foregoing, it is evident from the legislative text in question, without this implying a release from the public domain (desafectación), for which an express norm is needed, it flows that in cases of natural impossibility for the development of coastal lands, the ICT or the corresponding Municipality may be authorized for its development. There is no allusion whatsoever in the letter of the provision that allows concluding, an authorization for direct development by private subjects. Note that no probative elements were provided in the specific case either that allow establishing that we are before a scenario of normative exception, because it is a zone of impossible public access, in which the Maritime Terrestrial Zone Law is not applicable. On the contrary, it was demonstrated that construction No.

1 for which the permit was requested from MINAE, is not built on crags or cliffs; likewise, that it is built in the public zone, as it encroaches upon boundary marker no. 11 of the public zone of Playa Guiones, in turn delimited by boundary markers 10, 11, and 12. (facts held as proven 16, 17, and 18). Thus, it is incontestable that this is not a case of exception, nor is this the only legislative provision from which the public character of public domain assets such as those comprised in the referenced zone can be inferred, a reason that compels rejection of the challenge.

XI. Rule 221 of the CPC establishes the condemnation of the losing party to pay personal and procedural costs. The cassation appellant alleges that it should have been established that he acted in good faith, and therefore the condemnation on that point is inappropriate. However, for the majority of the members of this deciding body, the condemnation of costs against the losing party proceeds by the mere fact of being the losing party, that is, for losing the litigation, without this meaning that there was no good faith or that the reason for litigating was insufficient. Thus, exoneration is a power of the judge; as such, if the judge does not make use of it, they do not incur the cited violation, since the Court limited itself to applying the rule that imperatively imposes payment of costs on whoever lost the litigation, just as happened in this case, so the reproach must be rejected (See votes no. 306-2006, of 10 hours 20 minutes of May 25, 2006, and 1325-2011 of 9 hours 15 minutes of October 20, 2011).

XII. By virtue of the foregoing, it shall proceed to deny the appeal, and levy its costs against the appellant in accordance with canon 611 of the Code of Civil Procedure.

THEREFORE

The appeal is declared without merit. Its costs are to be borne by the party who filed it.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís Zelaya

Carmenmaría Escoto Fernández

Rocío Rojas Morales

Jorge Alberto López González

Note of Judge Escoto Fernández

I. The undersigned member does not share the opinion expressed by the majority of this Chamber in consideration VII of the preceding ruling, insofar as it denies cassation review for those cases where only the general rule of condemnation of the losing party to pay both costs is applied, that is, when no rule pertaining to exoneration from costs is invoked or applied. Indeed, the majority's jurisprudential foundation rests on the premise that exoneration from payment of costs is a power, in which no error or regulatory violation occurs when it is not exercised or applied; therefore, it is argued, if there is no legal violation, it is not possible in cassation to assess or modify the ruling on the condemnation of the losing party, since, it is repeated, for the majority of this Chamber, a legal violation can only occur when the rule corresponding to exoneration is applied (among many, see judgments of this Chamber no. 1001-F-2002, of 11 hours 50 minutes of December 20, 2002; 249-F-2003, of 11 hours 45 minutes of May 7, 2003; and 306-F-2006, of 10 hours 20 minutes of May 25, 2006). The logical chain seems sound in principle, because under this premise, if exoneration constitutes a power, the judge is not obliged to exonerate; and therefore, if the judge does not order or carry out such exoneration, they do not violate the rules governing the matter. Consequently, if there is no violation of norms, there can be no cassation review (see resolutions of this Chamber no. 765 of 16 hours of September 26, 2001, and 561-F-2003, of 10 hours 30 minutes of September 10, 2003). This chain of reasoning allows them to conclude that in that specific scenario (simple condemnation or non-application of exonerations) “it cannot be the subject of examination in this venue” (from this same deciding body, judgment No. 419-F-03, of 9 hours 20 minutes of July 18, 2003), since it is a hypothesis “not subject to cassation” (ruling No. 653-F-2003, of 11 hours 20 minutes of October 8, 2003). Thus, in the opinion of the distinguished colleagues: the cassation appeal has no place when the power to exonerate is not used (see, to the contrary, considerations III and VIII, in their order, of resolutions 541-F-2003, of 11 hours 10 minutes of the 3rd, and 563-F-2003 of 10 hours 50 minutes of the 10th, both of September 2003). In this way, the majority has considered that “… the condemnation of costs against the losing party, as happened here, is not reviewable in this Venue, given that the Court limited itself to applying the rule in the terms it establishes” (See consideration X of vote no. 68-F-2005, of 14 hours 30 minutes of December 15, 2005). And in notarial matters, with greater forcefulness, it has been stated: “…the Court imposed the payment of costs for the compensatory claim on the complainant, a pronouncement which, it is repeated, is not subject to cassation.” (consideration X of judgment No. 928-F-2006, of 9 hours 15 minutes of November 24, 2006).

II. However, in the undersigned’s opinion, the improper non-application of the precepts that allow exoneration from costs undoubtedly violates the Legal System and, specifically, the norms that authorize it, whether due to error or inadequate assessment by the judges in the specific conflict. To that extent, even though it involves a power, it is a fact that it is not immune to cassation review, since a violation of law can be committed both in its exercise and in its non-application, and to that extent, the improper omission is not, and should not be, synonymous with arbitrariness committed, in such a case, by the Judge themselves. Especially if it concerns a mandate given to the judge with specific assumptions that limit their discretionary power in this matter. Consequently, on this particular aspect, I believe that the mere application of the general rule of article 221 of the CPC (condemnation of the losing party to pay both costs) does not close the doors to the cassation appeal; on the contrary, the matter is admissible for examination on the merits (as long as the legal requirements are met) given a potential omission defect in the application of the legal provision that authorizes exoneration from said costs (precept 222 of the CPC). Notwithstanding the foregoing, in the specific case under review, this member agrees with what the Court decided on the merits, in that payment of costs was imposed on the losing party, because when all the arguments to challenge the judgment are denied, the ruling is not altered and therefore it is not possible to enter into the analysis of this point, a circumstance that leads us to reject the grievance, and with it, the appeal formulated in this regard.

Carmenmaría Escoto Fernández

Name165500

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