Res. 01073-2014 Tribunal Agrario — Environmental function of property and wetlands in possessory information proceedingsFunción ambiental de la propiedad y humedales en información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01073 - 2014

Fecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2014 a las 11:02

Expediente: 10-000221-0298-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Función ambiental de la propiedad agraria
Subtemas:
Análisis sobre las limitaciones legales establecidas para su cumplimiento.
Temas (descriptores): Biodiversidad
Subtemas:
Análisis normativo sobre las limitaciones agroambientales a la propiedad.
Temas (descriptores): Política ambiental
Subtemas:
Análisis normativo sobre las limitaciones agroambientales a la propiedad.
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Análisis normativo sobre las limitaciones agroambientales a la propiedad.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*100002210298AG*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

        

  

 VOTO N°  1073-F-14

 

 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas y dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.-

             Con fundamento en el ordinal 161 del Código Procesal Civil aplicado en forma supletoria, se  permite a los Tribunales corregir de oficio en cualquier tiempo, los errores puramente materiales que contuvieran sus resoluciones. En este caso particular por un error involuntario se anexó al voto N° 989-F-14, que fue dictado en fecha de las quince horas treinta cinco minutos del treinta de octubre del dos mil catorce una sentencia no correspondiente a las presentes diligencias de información posesoria, siendo la correcta la siguiente: " PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por  [Nombre1]  , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Guayabito de Guatusa, Alajuela, cédula  de identidad CED1 -   -    . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica  número CED2 -    -          - , representado Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de Guachipelín, [Nombre2], cédula de identidad CED3 -     -    , en su condición de apoderada general judicial. Actúa como abogada directora del promovente, la licenciada Lolita Arias Sánchez, colegiada cinco mil doscientos treinta y seis. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos.- RESULTANDO: 1.- El promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se  describe así:"...terreno de frutales, con suampo, yurro y naciente, debidamente protegidos, sito en el [Dirección1] ,   de Alajuela, linda al NORTE con [Dirección2]  con un ancho de catorce metros, y un frente a ella de diecisiete metros noventa centímetros lineales Pancracio Salguero Centeno, al SUR con [Nombre3]   al ESTE con Pancracio Salguero Centeno y [Dirección2]  con ancho de catorce metros y un frente de ciento cincuenta y un metros diecinueve centímetros lineales, al OESTE con [Nombre4]  , mide ocho mil cuatrocientos ochenta y tres metros cuadrados según plano catastrado numero A- 1535755-2011 de fecha 04 de noviembre del 2011, a nombre del promovente. ...".( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San Carlos, expediente digitalizado, imagen 18, 28; sentencia de primera instancia con fecha 05/03/2014).- 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren a folio  29 a 34; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural se apersono al proceso  a folio 42. (ver escritorio Virtual del Juzgado Agrario de  San Carlos, documentos asociados, expediente principal).- 3.- La jueza Zoila Flor Ramírez Arce, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Alajuela, San Carlos, mediante sentencia número 30-2014, de las catorce horas cincuenta y siete minutos del cinco de marzo del año dos mil catorce, resolvió: “POR TANTO:  De conformidad con lo expuesto: SE APRUEBA la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y otras limitaciones que se dirá, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, libre de gravámenes y con la carga real que se dirá, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de [Nombre1]  , mayor, casado una vez, agricultor, con cédula número CED4-   -    , vecino de Guayabito de Guatusa Alajuela de la escuela quinientos metros al este, la finca que se describe así: terreno de frutales, con suampo, yurro y naciente, debidamente protegidos, sito en el [Dirección1] ,   de Alajuela, linda al NORTE con [Dirección2]  con un ancho de catorce metros, y un frente a ella de diecisiete metros noventa centímetros lineales [Nombre5]  , al SUR con [Nombre3]   al ESTE con Pancracio Salguero Centeno y [Dirección2]  con ancho de catorce metros y un frente de ciento cincuenta y un metros diecinueve centímetros lineales, al OESTE con [Nombre4]  , mide ocho mil cuatrocientos ochenta y tres metros cuadrados según plano catastrado numero A- 1535755-2011 de fecha 04 de noviembre del 2011, a nombre del promovente. El titulante lo adquirió por compra que le hizo a su hermano [Nombre6]  , mayor, soltero en unión de hecho, cédula CED5, agricultor, vecino de Guayabito de Guatuso, Alajuela, de la Escuela quinientos metros al oeste, quien le transmitió la posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida ejercida sobre el terreno por más de diez años sumadas las posesiones de los anteriores dueños, mediante escritura pública número ochenta y uno, otorgada ante la Notaria Pública Lolita Arias Sánchez, en fecha veintisiete de agosto del dos mil diez. El inmueble se estimó en la suma de la suma de CINCO MILLONES DE COLONES. Limitaciones de Ley: El área contigua a la naciente, yurro y suampo que se ubican dentro del terreno a inscribir, según señala el artículo 33, incisos b), de la Ley Forestal Número 7575, constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III). Así como - de existir en el inmueble- las aguas superficiales y subterráneas son de dominio estatal y no forman   parte de la finca. (Ley de Aguas, artículos 1, inciso a y b, y 3, inciso 111 y Código de Mineria, artículo 4).- 2.- En vista de la situación del camino que corre al norte y este de la finca inscrita mediante esta información, ésta quedará afectada por las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos, en cuanto a que el ancho mínimo de las carreteras es de veinte metros y de los caminos vecinales de catorce metros (artículos  19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y 4 de la Ley General de Caminos Públicos). Sirva la certificación de la parte dispositiva de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada. NOTA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO. Se hace saber a las partes que esta resolución es impugnable de conformidad con lo dispuesto en el numera 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria, por lo que si alguna de las partes va a presentar recurso de apelación contra la misma, favor remitir además, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria. Asimismo, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, lo deberán hacer saber en el mismo escrito de apelación, o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar. Exp: 10-000221-298- AG." (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San Carlos, sentencia de primera instancia incorporada el 05/03/2014 ).- 4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, solicitó aclaración y adición de la sentencia número 30-2014, de las catorce horas cincuenta y siete minutos del cinco de marzo del año dos mil catorce; por lo que el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, en resolución de las quince horas cincuenta y uno minutos del veinte de marzo del año dos mil catorce, en la que dispuso adicionar: "El inmueble a titular queda sujeto a las restricciones que contempla la ley de Conservación de Vida Silvestre (artículos 98, 100 y 128), así también quedan prohibidas todas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas del posible humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas (art. 45 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554)." (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San Carlos, documentos asociados,  incorporado el 20/03/2014).- 5.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de San Carlos, ver escrito incorporado el 13/03/2014).- 6. En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

Redacta el Juez DARCIA CARRANZA, y,:

CONSIDERANDO:

I.- El Tribunal comparte los hechos probados, al tener buen sustento en lo autos. II.- La Procuradora Adjunta, en su escrito presentado en fecha 13 de marzo de 2014, Bandeja de Escritos, Apelación Procuraduría 13/0/2014 03:35:04 pm, presentó apelación aduciendo como motivo de inconformidad que el fallo es anticipado por cuanto se aprobó sin contar con un oficio emitido por el ärea de Conservación Huetar Norte del SINAC - MINAE en el que se indicara si el terreno abarca o no áreas del patriminio Natural del Estado constituido por humedal, bien demanial no susceptible de apropiación por particulares (artículos 2 y 3 de Decreto Ejecutivo N° 35803-MINAET y Voto de la Sala Constitucional 16938-11, con lo cual las diligencias no podrían ser aprobadas.  III.- En relación al agravio de la Procuraduría, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en asuntos similares al que nos ocupa, señalando lo siguiente: "VI.- Finalmente, tocante al segundo agravio, referente a que los humedales no son susceptibles de apropiación por los particulares, aún cuando aquellos no se encuentren decretados, tampoco lleva razón la recurrente. De reciente data, este Tribunal ha señalado: "IV.- No lleva razón la recurrente en sus agravios. Las limitaciones agroambientales de la propiedad, alcanzan gran cantidad de aspectos en el ejercicio de actividades productivas y en el ámbito de la conservación de los recursos naturales, la Biodiversidad, el uso y conservación de suelos, la protección del bosque y los ecosistemas, el uso y control de los plaguicidas y productos de síntesis química, el control fitosanitario y sanitario animal y vegetal, los desechos agrícolas, la conservación de las aguas, la utilización y manejo de aguas residuales en agricultura, la recuperación de suelos y cuencas hidrográficas, etcétera. En el próximo apartado, haremos referencia solo a algunas de dichas limitaciones. Dentro del contexto de los principios y valores constitucionales descritos, comienza a dictarse gran cantidad de leyes agroambientales, que no solo marcan la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible, sino que además, imponen una serie de limitaciones agroambientales a la propiedad y la libertad de empresa, buscando consolidar también una nueva cultura agraria y ambiental o ecológica. 1) La Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 del 4 de octubre de 1995) establece la obligación del Estado de propiciar un desarrollo económico y ambiental sostenible, lo que implica, necesariamente imponer límites ambientales al ejercicio de las actividades económicas productivas y al ejercicio del derecho de propiedad. Pero para que esos límites tengan una verdadera aplicación, es necesario un cambio cultural. De la cultura agraria tradicional, en donde solo importaba lo económico, debe pasarse a una cultura ambiental o agroambiental para el desarrollo sostenible (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12, 13, 14, 15 y 16). Entre los límites más importantes impuestos a la propiedad, para garantizar la función económica, social y ambiental, pueden destacarse los siguientes: A.- El ejercicio de toda actividad agroambiental, que pueda alterar o destruir elementos del ambiente, requiere necesariamente de una evaluación de impacto ambiental, cuya aprobación debe ser previa al proyecto. También se exige la evaluación cuando por obras o infraestructura puedan afectarse recursos marinos, costeros y humedales. B.- El ordenamiento territorial, para equilibrar el desarrollo sostenible, implica la reubicación territorial de las actividades productivas, lo que podría significar límites importantes al derecho de propiedad, pues deben tomarse en consideración, entre otros aspectos, los recursos naturales, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de consideraciones ecológicas y productivas. C- El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de las áreas silvestres protegidas las fincas de particulares necesarias para el cumplimiento de la función ambiental, o crear las servidumbres legales para la protección ecológica. En los casos donde la Ley exija indemnización, los particulares pueden someterse voluntariamente al régimen forestal, caso en el cual la propiedad queda afectada en el Registro Público (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37). D.- Están prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedales, que puedan provocar su deterioro y la eliminación (Ley orgánica del Ambiente, artículo 45). E.- Las actividades productivas deben evitar la contaminación del agua, dar tratamiento a las aguas residuales, impedir o minimizar el deterioro o contaminación de cuencas hidrográficas, así como del suelo. F.- La agricultura orgánica, como forma de ejercicio de actividades agrarias sostenibles, implica una forma de cumplimiento de la función económica, social y ambiental, pues se exige una certificación ambiental de los productos orgánicos que se hayan obtenido sin aplicar insumos o productos de síntesis química (artículos 73-75). G.- El crédito ambiental: está destinado a financiar los costos de reducción de la contaminación en procesos productivos. Cuando implican el uso del suelo se requiere un plan de manejo y uso de tierras de conformidad con la capacidad de uso (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 113). Indudablemente, la estructura de la propiedad y su función está condicionada, en este caso por el elemento ambiental, requerido en el ejercicio empresarial. 2) La Ley Forestal (No. 7575 de 5 de febrero de 1996, reformada por leyes No. 7609 de 11 de junio de 1996, 7761 de 2 de abril de 1998 y 7788 de 30 de abril de 1998), orientada por los principios constitucionales de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, establece regulaciones en cuanto a la conservación, protección y administración de los bosques naturales, y por la producción, aprovechamiento, industrialización y fomento de los recursos forestales, buscando la incorporación de los particulares al ejercicio sostenido de actividades silviculturales. Si bien es cierto, el MINAE está facultado para crear áreas silvestres protegidas en terrenos privados, ello requiere indemnización, salvo que el propietario decida someterse voluntariamente al régimen forestal, o sean ya propiedad del Estado, dentro de su patrimonio de Reservas Nacionales. La Ley prevé dos claros límites, en interés de las áreas protegidas: a: “Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de recursos.” (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37, en relación con el artículo 2 de la Ley Forestal. Dicha reforma fue introducida por la Ley de Biodiversidad, en el artículo 14). Lo cual constituye un claro límite para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. B.“Cuando, previa justificación científica y técnica de interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público.” (Ley Forestal, artículo 2 párrafo segundo). Como se observa, no se trata de un límite irrazonable. Por el contrario el propietario podría ejercer su actividad siempre y cuando sea compatible con la función ambiental que, por naturaleza, viene asignada al inmueble, para conservar recursos hídricos o diversidad biológica. El Título III de la Ley, referido a la propiedad forestal privada, como propiedad especial, establece un conjunto de derechos y obligaciones para los propietarios de bosques que condicionan el cumplimiento de la función ambiental, atendiendo a la naturaleza del bien: a) No es permitido a los titulares cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado puede otorgar permiso para realizar obras complementarias a la actividad agroforestal, siempre y cuando la corta del bosque sea limitada, proporcional y razonable (Ley Forestal, artículo 19. Cuando sea necesario, se exigiría evaluación de impacto ambiental); b) El aprovechamiento del bosque solo se puede realizar si el propietario cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar al ambiente, según criterios de sostenibilidad científica; c) El pago por servicios ambientales (La Ley define los servicios ambientales como: “Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.), constituye una de las manifestaciones más modernas de ejercicio de la función ambiental, pues el propietario se compromete a conservar el bosque por un período no inferior a los veinte años, para recibir el Certificado de Conservación del Bosque. También lo reciben los propietarios que deseen someter su inmueble a la regeneración del bosque, para áreas que por su estado deteriorado y necesidades ambientales, deben convertirse al uso forestal. Las afectaciones y limitaciones, así como los incentivos se inscribe en el Registro Público como afectación a la propiedad; d) Las plantaciones forestales, incluidos sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, no requieren permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, salvo cuanto exista plan de manejo derivado de un contrato forestal con el Estado; e) Todo propietario tiene prohibiciones de cortar o eliminar árboles en las áreas de protección establecidas por Ley para las nacientes permanentes, ríos, lagos y manantiales (Ley Forestal, artículo 33 y 34.). f) Está prohibido realizar quemas en terrenos forestales, ni aledaños, sin obtener el permiso respectivo de la Administración Forestal del Estado; g) Como parte de la función ambiental, los inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal o dedicados a esa actividad, gozan de una protección especial respecto de invasiones, pudiendo solicitar la protección inmediata de las autoridades de policía; h) El crédito forestal, se consolida como instituto para financiar a pequeños y medianos productores, mediante créditos y otros mecanismos de fomento del manejo de bosques, procesos de reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas. El financiamiento comprende, además, el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques y plantaciones forestales. La tierra con bosque y los árboles en pie servirán como garantía de dichos créditos, quedando anotadas como afectaciones a la propiedad (Ley Forestal, artículos 46, 48 y 49). 3).- La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 de 30 de abril de 1998), es de fundamental importancia para el cumplimiento de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Se pretende lograr el manejo, conservación y recuperación de suelos en forma sostenible, integrada con los demás recursos naturales, logrando una participación más activa de las comunidades y los productores, e impulsando la implementación y control de prácticas mejoradas en los sistemas de uso, para evitar la erosión y degradación del recurso. Se plantea la agroecología, como una forma de lograr la convergencia entre los objetivos de la producción agrícola y la conservación de los recursos suelo y agua. La Ley plantea un conjunto de limitaciones agroambientales, para lograr cumplir con los objetivos señalados: En áreas críticas de cuencas o subcuencas (con gravedad en degradación del suelo y su entorno, como limitante a cualquier actividad), sean de dominio público o privado, los dueños de terrenos deben aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas que conlleven la recuperación del suelo y preservación del ambiente en general. Toda adjudicación de terrenos que realice el Instituto de Desarrollo Agrario, tendrá como limitación que el uso del terreno no puede ir en contra de su capacidad de uso, cuyo incumplimiento se convierte en causal para revocarla. Como obligaciones de los particulares se establecen entre otras: Fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, conservación y recuperación de suelos; es un derecho obligación vigilar y controlar el cumplimiento de la legislación en materia de suelos; prevenir la degradación de los suelos que pueda ser causada por las aguas, para lo cual deberán aplicarse todas las prácticas que aumenten la capacidad de infiltración en sus terrenos o la evacuación de aguas sobrantes hacia cauces naturales; prevenir o impedir la contaminación de acuíferos y capas de agua subterránea; permitir el ingreso de técnicos autorizados para verificar el mantenimiento de las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos. 4) Quizás se han mencionado las limitaciones más importantes, establecidas por el Legislador, para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. V.- El reglamento a la Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No 29375-, MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT), contiene en el Título IV "De las acciones punibles", el capítulo III "De la Jurisdicción Agraria", en la cual se le otorgan suficientes poderes el juez agrario, para solicitar en cualquier proceso un estudio de uso y manejo de suelos y aguas, disponiéndose que "En caso de que se demostrare incumplimiento, indistintamente del resultado del proceso, deberá ordenar a las partes incumplientes que dentro del plazo que se otorgará al efecto, procedan a adecuar su actividad y prácticas a los planes de manejo del suelo..." (artículo 159) además, "...podrá ordenar que el empresario agrario adopte las medidas que a ese efecto establezca el Plan Nacional, el Plan de Manejo del Área o en su caso el estudio de uso manejo y conservación de suelos, aguas y caminos específico para la finca o la microcuenca que se trate...." (artículo 161), en el caso de que no se cumplan dichas prevenciones, cumpliendo con las prácticas de manejo de suelos de acuerdo con la tecnología aprobada al efecto, debe denegarse el trámite de la información posesoria." (véase entre otros voto N° 659-F-10 de las 11:00 hrs. del 9 de julio de 2010, voto N° 897-F-2013 de este Tribunal). En el presente caso, existe certificación extendida por el Área de Conservación Arenal Huetar Norte visible a imagen 30 del Expediente Digitalizado 28/02/2013 08:07:30 am, en el cual se indica que el fundo a titular se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida. Aparte de lo anterior a imagen 12 del  Expediente Digitalizado, se indica en el Certificado Conforme de Uso de Suelos que el terreno se dedica a cultivos permanentes y cumple con el Uso Conforme de Suelos. Partiendo de lo anterior se trataría de un suampo no declarado como Humedal por cuanto si así hubiese sido estaría dentro de un área silvestre protegida, por lo que se traataría en todo caso de un humedal en un terreno privado, que no es parte del Patrimonio Natural del Estado, ni está bajo la administración del MINAET, como lo interpreta la Procuraduría. Ello por cuanto la acción de inconstitucionalidad se dirigió a determinar la administración de los bienes que son Patrimonio Natural del Estado únicamente, sean declarados o no como zonas o áreas protegidas. Mientras que en el presente caso nos encontramos frente a un bien sometido a dominio privado desde hace más de diez años. En el presente caso, también se desprende que el inmueble a titular cumple con la función económica, social y ambiental de la propiedad. Según el informe del INTA, el mismo cumple el uso conforme del suelo.  Se trata, evidentemente, de zonas de protección legal, previstos en la Ley Forestal, como limitaciones del derecho de propiedad, pero el área de protección sigue formando parte del inmueble, artículos 33 y 34 de la Ley, como lo hizo ver el juez de instancia en su sentencia. Por ello se cumple con los requerimientos de tutela del interés público (Ver en sentido similar el voto de este Tribunal No. 636-F-13 y el 515-F-2012 ). Es importante tener presente si bien existe un humedal, la importante de lo anterior radica en que es un área que se debe proteger por cuanto los humedales son ecosistemas de gran vulnerabilidad, fragilidad y que prestan una serie de servicios ambientales por lo que es importante su protección y conservación, independientemente estén o no declarados como tales, y ello fue lo precisamente declarado por la Sala Constitucional en el Voto 16938-11, ya antes citado.  Además la sentencia establece esas limitaciones tendientes a su conservación y protección.  IV.- En virtud de lo anteriormente expuesto, en lo apelado procede confirmar la resolución. POR TANTO: En lo que fue objeto de apelación, se confirma la sentencia." . Siendo esta la sentencia correcta se tiene por corregido el error material contenido en el Voto N° 989-F-14 de las quince horas treinta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil catorce y se declara firme esta resolución.

 

 

*Y047Z47EXQZ43M61*

Y047Z47EXQZ43M61

[Nombre7] - JUEZ/A

DECISOR/A

 

 

*CVUYT3ZANQS61*                               *YZELCP1NE6Y61*

CVUYT3ZANQS61                                                                      YZELCP1NE6Y61

[Nombre8]   -                                              [Nombre9]   -

JUEZ/A DECISOR/A                                                                             JUEZ/A  DECISOR/A

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:19:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

EXPN1

PROCESO:

INFORMACIÓN POSESORIA

ACTOR/A:

DEMANDADO/A:

       

  

 VOTO N°  1073-F-14

 

 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At eleven hours and two minutes of the twenty-fifth of November of two thousand fourteen.-

             Based on the provisions of article 161 of the Code of Civil Procedure applied by supplement, it is permitted for the Courts to correct at any time, on their own motion, purely material errors contained in their resolutions. In this particular case, due to an involuntary error, a judgment not corresponding to the present “información posesoria” (possessory information) proceedings was attached to Voto N° 989-F-14, which was issued at fifteen hours thirty-five minutes of the thirtieth of October of two thousand fourteen, the correct one being the following: " PROCESS OF INFORMACIÓN POSESORIA (POSSESSORY INFORMATION), filed by [Name1], of legal age, married once, farmer, resident of Guayabito de Guatusa, Alajuela, identity card number CED1 - - . Appearing in the process are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of unknown qualifications in the case file, in her capacity as deputy attorney; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED2 - - - , represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced once, attorney, resident of Guachipelín, [Name2], identity card number CED3 - - , in her capacity as general judicial representative. Acting as legal counsel for the petitioner is licensed attorney Lolita Arias Sánchez, bar number five thousand two hundred thirty-six. Processed before the Juzgado Agrario of the Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos.- RESULTANDO: 1.- The petitioner filed a process of “información posesoria” (possessory information) in order to have the following property registered in his name in the Public Registry of Property: "...land with fruit trees, with swamp (suampo), stream (yurro) and spring (naciente), duly protected, located at [Address1], of Alajuela, bordered to the NORTH by [Address2] with a width of fourteen meters, and a frontage along it of seventeen meters ninety linear centimeters Pancracio Salguero Centeno, to the SOUTH by [Name3], to the EAST by Pancracio Salguero Centeno and [Address2] with a width of fourteen meters and a frontage of one hundred fifty-one meters nineteen linear centimeters, to the WEST by [Name4], measuring eight thousand four hundred eighty-three square meters according to cadastral plan number A- 1535755-2011 dated 04 November 2011, in the petitioner's name. ...".( see virtual desk of the Juzgado Agrario de San Carlos, digitized case file, image 18, 28; first-instance judgment dated 05/03/2014).- 2.- The Procuraduría General de la República appeared in the process in the terms appearing on folios 29 to 34; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the process on folio 42. (see Virtual Desk of the Juzgado Agrario de San Carlos, associated documents, main case file).- 3.- Judge Zoila Flor Ramírez Arce, of the Juzgado Agrario of the Segundo Circuito Judicial de la Alajuela, San Carlos, by judgment number 30-2014, of fourteen hours fifty-seven minutes of the fifth of March of the year two thousand fourteen, resolved: “POR TANTO: In accordance with the foregoing: THE “información posesoria” (possessory information) IS APPROVED. With the encumbrances referred to in article 17 of the “Ley de Informaciones Posesorias” and other limitations to be stated, and without prejudice to third parties with better right, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, free of encumbrances and with the real burden that will be stated, without prejudice to third parties with better right, in the name of [Name1], of legal age, married once, farmer, with identity card number CED4- - , resident of Guayabito de Guatusa Alajuela, five hundred meters east of the school, the property described as follows: land with fruit trees, with swamp (suampo), stream (yurro) and spring (naciente), duly protected, located at [Address1], of Alajuela, bordered to the NORTH by [Address2] with a width of fourteen meters, and a frontage along it of seventeen meters ninety linear centimeters [Name5], to the SOUTH by [Name3], to the EAST by Pancracio Salguero Centeno and [Address2] with a width of fourteen meters and a frontage of one hundred fifty-one meters nineteen linear centimeters, to the WEST by [Name4], measuring eight thousand four hundred eighty-three square meters according to cadastral plan number A- 1535755-2011 dated 04 November 2011, in the petitioner's name. The titleholder acquired it by purchase from his brother [Name6], of legal age, single in a common-law union, identity card CED5, farmer, resident of Guayabito de Guatuso, Alajuela, five hundred meters west of the School, who transferred to him the quiet, public, peaceful and uninterrupted possession exercised over the land for more than ten years, adding the possessions of previous owners, by public deed number eighty-one, executed before Notary Public Lolita Arias Sánchez, on the twenty-seventh of August of two thousand ten. The property was valued at the sum of FIVE MILLION COLONES. Legal Limitations: The area adjacent to the spring (naciente), stream (yurro) and swamp (suampo) located within the land to be registered, as indicated in article 33, subsection b), of the “Ley Forestal” Number 7575, constitutes a protection area and the cutting or elimination of trees is prohibited; the channel and waters of that watercourse are of public domain (“Ley de Aguas”, articles 1, section IV, and 3, section III). Likewise - if existing on the property - the surface and underground waters are of state domain and do not form part of the property. (“Ley de Aguas”, articles 1, section a and b, and 3, section 111 and Código de Minería, article 4).- 2.- In view of the situation of the road that runs to the north and east of the property registered through this process, it shall be encumbered by the reservations indicated by the “Ley General de Caminos Públicos”, in that the minimum width of highways is twenty meters and of neighborhood roads is fourteen meters (articles 19 section a) of the “Ley de Informaciones Posesorias” and 4 of the “Ley General de Caminos Públicos”). The certification of the operative part of this judgment shall serve to register the related property in the Property Registry. NOTE REQUESTED BY THE TRIBUNAL AGRARIO. The parties are advised that this resolution is appealable in accordance with the provisions of article 59 of the “Ley de Jurisdicción Agraria”, therefore, if any of the parties is going to file an appeal against it, please also submit the appeal in electronic format. Due to the introduction of orality in agrarian matters. Likewise, if the party desires that the Court of Appeals grant them an oral hearing, they must so advise in the same appeal brief, or in its absence, indicate an email address where they can be notified. Exp: 10-000221-298- AG." (see virtual desk of the Juzgado Agrario de San Carlos, first-instance judgment incorporated 05/03/2014).- 4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy attorney, requested clarification and addition of judgment number 30-2014, of fourteen hours fifty-seven minutes of the fifth of March of the year two thousand fourteen; therefore, the Juzgado Agrario of the Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, in a resolution at fifteen hours fifty-one minutes of the twentieth of March of the year two thousand fourteen, ordered to add: "The property to be titled is subject to the restrictions contemplated by the “Ley de Conservación de Vida Silvestre” (articles 98, 100 and 128), and all activities aimed at interrupting the natural cycles of the ecosystems of the possible wetland are also prohibited, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, drying, filling or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems (art. 45 of the “Ley Orgánica del Ambiente” No. 7554)." (see virtual desk of the Juzgado Agrario de San Carlos, associated documents, incorporated 20/03/2014).- 5.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy attorney, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the trial court's thesis, (see virtual desk of the Juzgado Agrario de San Carlos, see brief incorporated 13/03/2014).- 6. In the substantiation of the process, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.

Drafted by Judge DARCIA CARRANZA, and,:

CONSIDERANDO:

I.- The Tribunal shares the proven facts, as they have good support in the case file. II.- The Deputy Attorney, in her brief presented on 13 March 2014, Brief Tray, Appeal Procuraduría 13/0/2014 03:35:04 pm, filed an appeal alleging as a reason for disagreement that the ruling is premature since it was approved without an official communication issued by the Área de Conservación Huetar Norte of SINAC - MINAE indicating whether or not the land encompasses areas of the State's Natural Heritage constituted by wetland, a public domain property not susceptible to appropriation by private individuals (articles 2 and 3 of Decreto Ejecutivo N° 35803-MINAET and Voto de la Sala Constitucional 16938-11), with which the proceedings could not be approved. III.- Regarding the grievance of the Procuraduría, this Tribunal has had the opportunity to rule on matters similar to the one at hand, stating the following: "VI.- Finally, regarding the second grievance, concerning the fact that wetlands are not susceptible to appropriation by private individuals, even when they have not been officially declared, the appellant is also incorrect. In recent times, this Tribunal has stated: "IV.- The appellant is not correct in her grievances. The agro-environmental limitations on property cover a great many aspects in the exercise of productive activities and in the field of natural resource conservation, biodiversity, the use and conservation of soils, the protection of forest and ecosystems, the use and control of pesticides and chemical synthesis products, phytosanitary and animal and plant health control, agricultural waste, water conservation, the use and management of residual water in agriculture, the recovery of soils and hydrographic basins, etcetera. In the next section, we will refer only to some of those limitations. Within the context of the described constitutional principles and values, a large number of agro-environmental laws began to be enacted, which not only mark the consolidation of a sustainable development model but also impose a series of agro-environmental limitations on property and freedom of enterprise, also seeking to consolidate a new agrarian and environmental or ecological culture. 1) The “Ley Orgánica del Ambiente” (No. 7554 of October 4, 1995) establishes the State's obligation to foster sustainable economic and environmental development, which necessarily implies imposing environmental limits on the exercise of productive economic activities and on the exercise of property rights. But for those limits to have true application, a cultural change is necessary. From the traditional agrarian culture, where only the economic mattered, a transition must be made to an environmental or agro-environmental culture for sustainable development (“Ley Orgánica del Ambiente”, articles 12, 13, 14, 15 and 16). Among the most important limits imposed on property, to guarantee its economic, social and environmental function, the following can be highlighted: A.- The exercise of any agro-environmental activity that may alter or destroy elements of the environment necessarily requires an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), whose approval must be prior to the project. The assessment is also required when works or infrastructure may affect marine, coastal and wetland resources. B.- Territorial planning, to balance sustainable development, implies the territorial relocation of productive activities, which could mean significant limits on property rights, since considerations must be taken into account, among other aspects, of natural resources, predominant economic activities, the land-use capacity (capacidad de uso de los suelos) and zoning by agricultural products and activities, for ecological and productive reasons. C- The Executive Branch is empowered to include within the protected wild areas private properties necessary for the fulfillment of the environmental function, or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection. In cases where the Law requires compensation, private individuals may voluntarily submit to the forest regime, in which case the property is encumbered in the Public Registry (“Ley Orgánica del Ambiente”, article 37). D.- Activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, which could cause their deterioration and elimination, are prohibited (“Ley Orgánica del Ambiente”, article 45). E.- Productive activities must avoid water contamination, treat residual waters, prevent or minimize the deterioration or contamination of hydrographic basins, as well as the soil. F.- Organic agriculture, as a form of exercising sustainable agrarian activities, implies a way of fulfilling the economic, social and environmental function, since an environmental certification is required for organic products that have been obtained without applying chemical synthesis inputs or products (articles 73-75). G.- Environmental credit: is intended to finance the costs of reducing pollution in productive processes. When they involve the use of soil, a land use and management plan is required in accordance with its land-use capacity (“Ley Orgánica del Ambiente”, article 113). Undoubtedly, the structure of property and its function is conditioned, in this case, by the environmental element, required in business activity. 2) The “Ley Forestal” (No. 7575 of February 5, 1996, amended by laws No. 7609 of June 11, 1996, 7761 of April 2, 1998 and 7788 of April 30, 1998), guided by the constitutional principles of adequate and sustainable use of renewable natural resources, establishes regulations regarding the conservation, protection and management of natural forests, and for the production, utilization, industrialization and promotion of forest resources, seeking the incorporation of private individuals into the sustained exercise of silvicultural activities. While it is true that MINAE is empowered to create protected wild areas on private lands, this requires compensation, unless the owner decides to voluntarily submit to the forest regime, or they are already State property within its National Reserve heritage. The Law provides for two clear limits, in the interest of protected areas: a: “In the case of forest reserves, protective zones and wildlife refuges, and in the event that payment or expropriation has not been carried out and while it is carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment (EIA) and subsequently, the management, recovery and restoration of resources plan.” (“Ley Orgánica del Ambiente”, article 37, in relation to article 2 of the “Ley Forestal”. Said reform was introduced by the “Ley de Biodiversidad”, in article 14). This constitutes a clear limit for the fulfillment of the environmental function of property. B.“When, upon prior scientific and technical justification of public interest, it is determined by law that the land is indispensable to conserve biological diversity or water resources, a limitation on the property shall be constituted that will prevent cutting trees and changing the land use (cambio de uso del suelo). This restriction must be registered as an encumbrance in the Public Registry.” (“Ley Forestal”, article 2 second paragraph). As can be seen, it is not an unreasonable limit. On the contrary, the owner could exercise their activity provided it is compatible with the environmental function that, by nature, is assigned to the property, to conserve water resources or biological diversity. Title III of the Law, referring to private forest property, as special property, establishes a set of rights and obligations for forest owners that condition the fulfillment of the environmental function, attending to the nature of the good: a) Titleholders are not permitted to change the land use (cambio de uso del suelo), nor to establish forest plantations. However, the State Forest Administration may grant permission to carry out works complementary to the agroforestry activity, provided that the forest cut is limited, proportional and reasonable (“Ley Forestal”, article 19. When necessary, an environmental impact assessment (EIA) would be required); b) Forest utilization can only be carried out if the owner has a management plan that contains the impact it may cause to the environment, according to scientific sustainability criteria; c) The payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales, PSA) (The Law defines environmental services as: “Those provided by the forest and forest plantations that directly impact the protection and improvement of the environment. They are the following: mitigation of greenhouse gas emissions (fixation, reduction, sequestration, storage and absorption), water protection for urban, rural or hydroelectric use, biodiversity protection for its conservation and sustainable, scientific and pharmaceutical use, research and genetic improvement, protection of ecosystems, life forms and scenic natural beauty for tourist and scientific purposes.), constitutes one of the most modern manifestations of exercising the environmental function, since the owner commits to conserve the forest for a period of no less than twenty years, to receive the Forest Conservation Certificate (Certificado de Conservación del Bosque). It is also received by owners who wish to submit their property to forest regeneration, for areas that, due to their deteriorated state and environmental needs, must be converted to forest use. Encumbrances and limitations, as well as incentives, are registered in the Public Registry as an encumbrance on the property; d) Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees, do not require a permit for cutting, transport, industrialization or export, except where a management plan exists derived from a forest contract with the State; e) Every owner is prohibited from cutting or eliminating trees in the protection areas established by Law for permanent springs (nacientes), rivers, lakes and water sources (“Ley Forestal”, articles 33 and 34.). f) It is prohibited to carry out burns on forest land, nor adjacent lands, without obtaining the respective permit from the State Forest Administration; g) As part of the environmental function, properties voluntarily submitted to the forest regime or dedicated to that activity enjoy special protection against invasions, able to request immediate protection from police authorities; h) Forest credit is consolidated as an institution to finance small and medium-scale producers, through credits and other promotion mechanisms for forest management, reforestation processes, forest nurseries, agroforestry systems, recovery of denuded areas. The financing also includes payment for the environmental services provided by forests and forest plantations. Land with forest and standing trees will serve as collateral for said credits, being recorded as encumbrances on the property (“Ley Forestal”, articles 46, 48 and 49). 3).- The “Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos” (No. 7779 of April 30, 1998), is of fundamental importance for the fulfillment of the economic, social and environmental function of property. It seeks to achieve the management, conservation and recovery of soils in a sustainable manner, integrated with other natural resources, achieving more active participation from communities and producers, and promoting the implementation and control of improved practices in use systems, to prevent erosion and degradation of the resource. Agroecology is proposed as a way to achieve convergence between the objectives of agricultural production and the conservation of soil and water resources. The Law proposes a set of agro-environmental limitations to achieve the stated objectives: In critical areas of basins or sub-basins (with severity in soil degradation and its environment, as a limitation to any activity), whether of public or private domain, landowners must necessarily apply all measures and practices that lead to soil recovery and preservation of the environment in general. Every land adjudication made by the Instituto de Desarrollo Agrario, shall have as a limitation that the land use cannot go against its land-use capacity, the breach of which becomes a cause for revocation. Among the obligations of private individuals, the following are established: Promote, contribute to and execute all practices and activities necessary for the management, conservation and recovery of soils; it is a right and an obligation to monitor and control compliance with soil legislation; prevent soil degradation that may be caused by water, for which all practices that increase the infiltration capacity on their lands or the evacuation of excess water to natural channels must be applied; prevent or impede the contamination of aquifers and underground water layers; permit the entry of authorized technicians to verify the maintenance of soil management, conservation and recovery practices. 4) Perhaps the most important limitations established by the Legislator for the fulfillment of the environmental function of property have been mentioned. V.- The regulation to the “Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos” (No 29375-, MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT), contains in Title IV “De las acciones punibles” (Punishable actions), Chapter III “De la Jurisdicción Agraria” (Agrarian Jurisdiction), in which the agrarian judge is granted sufficient powers to request in any process a study of soil and water use and management, providing that “In the event that non-compliance is demonstrated, regardless of the outcome of the process, the judge must order the non-compliant parties, within the period granted for that purpose, to proceed to adapt their activity and practices to the soil management plans...” (article 159) furthermore, “...may order the agrarian entrepreneur to adopt the measures established for that purpose by the National Plan, the Area Management Plan or, where applicable, the specific study of soil and water use, management and conservation for the property or micro-basin in question....” (article 161), in the event that such provisions are not complied with, in accordance with soil management practices and the technology approved for that purpose, the processing of the “información posesoria” (possessory information) must be denied." (see among others Voto N° 659-F-10 of 11:00 hrs. of July 9, 2010, Voto N° 897-F-2013 of this Tribunal). In the present case, there exists a certification issued by the Área de Conservación Arenal Huetar Norte visible at image 30 of the Digitized Case File 28/02/2013 08:07:30 am, which indicates that the property to be titled is located outside any protected wild area. Apart from the above, at image 12 of the Digitized Case File, the Certificate of Conforming Land Use (Certificado Conforme de Uso de Suelos) indicates that the land is dedicated to permanent crops and complies with the Conforming Land Use. Based on the foregoing, it would be a swamp (suampo) not declared as a Wetland, since if it had been, it would be within a protected wild area, so it would be, in any case, a wetland on private land, which is not part of the State's Natural Heritage, nor is under the administration of MINAET, as the Procuraduría interprets. This is because the unconstitutionality action was directed solely at determining the administration of goods that are the State's Natural Heritage, whether declared or not as protected zones or areas. Whereas in the present case we are faced with a good subject to private domain for more than ten years. In the present case, it also emerges that the real estate to be titled fulfills the economic, social and environmental function of property. According to the INTA report, it complies with the conforming land use. It concerns, evidently, legal protection zones, provided for in the “Ley Forestal”, as limitations on property rights, but the protection area continues to form part of the real estate, articles 33 and 34 of the Law, as the trial judge stated in her judgment. Therefore, the requirements for the protection of the public interest are met (See to the same effect Voto No. 636-F-13 and 515-F-2012 of this Tribunal). It is important to bear in mind that, while a wetland exists, the importance of the foregoing lies in that it is an area that must be protected because wetlands are ecosystems of great vulnerability and fragility that provide a series of environmental services, making their protection and conservation important, regardless of whether or not they have been declared as such, and that was precisely what the Sala Constitucional declared in Voto 16938-11, already cited above. Furthermore, the judgment establishes those limitations aimed at their conservation and protection. IV.- By virtue of the foregoing, regarding the appealed matter, it is appropriate to confirm the resolution. POR TANTO: Regarding what was the object of appeal, the judgment is confirmed." . This being the correct judgment, the material error contained in Voto N° 989-F-14 of fifteen hours thirty-five minutes of the thirtieth of October of two thousand fourteen is hereby corrected, and this resolution is declared final.

 

 

*Y047Z47EXQZ43M61*

Y047Z47EXQZ43M61

[Name7] - JUEZ/A

DECISOR/A

 

 

*CVUYT3ZANQS61*                               *YZELCP1NE6Y61*

CVUYT3ZANQS61                                                                      YZELCP1NE6Y61

[Name8]   -                                              [Name9]   -

JUEZ/A DECISOR/A                                                                             JUEZ/A  DECISOR/A

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:19:53.