Res. 01145-2014 Tribunal Agrario — Forest titling by adverse possession requires proof of decennial ecological possessionTitulación de bosque por usucapión acredita posesión ecológica decenal

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01145 - 2014

Fecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2014 a las 15:22

Expediente: 08-000047-0699-AG

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*080000470699AG*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

       

   

VOTO N°  1145-F-14

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y veintidós minutos del once de diciembre de dos mil catorce.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por ARTESANÍAS CABUYA DEL HIGUITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica CED1 -   -         , representada por su gerente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma [Nombre1]   , mayor, casado una vez, artesano, vecino de Higuito de San Isidro del Guarco, Cartago, cédula de identidad CED2 -     -  . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED3 -    -          - , representado Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad CED4 -     -    , colegiada cinco mil trescientos setenta y dos, en su condición de apoderada general judicial. Actúa como abogado director de la sociedad promovente el licenciado William Cordero Navarro, colegiado seis mil sesenta y ocho. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

RESULTANDO:

1.- La sociedad promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así:"... terreno de bosque secundario, graficado en el plano catastrado número C - UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA - DOS MIL SIETE, con fecha del diez de agosto de dos mil siete, sito en [Dirección1],   ,   , de la Provincia de Cartago, mide VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS, tiene los siguientes linderos: al NOROESTE: Río Reventazón, al NORESTE: [Nombre2]  , al SUROESTE: [Nombre2]  , y al SURESTE: calle pública con un frente a ella de ciento veinticinco metros con tres centímetros lineales ..."(folio 14 vuelto,106 vuelto).-

2.- El Instituto de Desarrollo Rural se apersonó al proceso en los términos que corren a folio 49; a su vez la Procuraduría General de la República se apersono al proceso de folio 51 a 57.-

3.- El juez Yeison Dario Rodríguez Fernández, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 74-2014, de las dieciséis horas y veinticuatro minutos del quince de julio de dos mil catorce., resolvió: “POR TANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de ley SE APRUEBAN las presentes diligencias de información posesoria; trámite que se cumplió apegado a la Ley de Informaciones Posesorias número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno, sus reformas y adiciones, Ley de Jurisdicción Agraria número seis mil setecientos treinta y cuatro del veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos y sus reformas. En consecuencia, libre de gravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derechos, proceda el Registro Público, Sección Registro Inmobiliario, inscribir a nombre de la sociedad ARTESANÍAS CABUYA DEL HIGUITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica número CED1 -   -         , el siguiente fundo: terreno de bosque secundario, graficado en el plano catastrado número C - UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA - DOS MIL SIETE, con fecha del diez de agosto de dos mil siete, sito en [Dirección1],   ,   , de la Provincia de Cartago, mide VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS, tiene los siguientes linderos: al NOROESTE: Río Reventazón, al NORESTE: [Nombre2]  , al SUROESTE: [Nombre2]  , y al SURESTE: [Dirección2]  con un frente a ella de ciento veinticinco metros con tres centímetros lineales (puntos 11 al 17 del plano). La promovente adquirió dicho terreno por donación realizada a su anterior poseedor el señor [Nombre1]    a título personal. Se estimó el inmueble en la suma de cinco millones de colones y las diligencias en la suma de un millón de colones. Conforme lo solicita la Procuraduría General de la República (folios 102 a 103) se indica que el inmueble a titular, de conformidad con el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias, queda afecto a las reservas en cuanto al derecho de vía de catorce metros de la calle [Dirección3] colindante por el rumbo sureste conforme lo dispone el artículo cuatro de la Ley General de Caminos Públicos. Asimismo el área contiguo al Río Reventazón queda afectada a las limitaciones de la Ley Forestal número siete mil quinientos setenta y cinco, por lo que queda prohibida la corta o eliminación de árboles en ese sector (artículos 33 y 34), además el cauce y las aguas de esas corrientes , y demás aguas superficiales o subterráneas existentes en el inmueble, son de dominio público y no forman parte de la finca (Ley de Aguas, artículo 1 inciso IV y 3 inciso III). Una vez firme la presente resolución, y a solicitud de la parte interesada, expídase la ejecutoria correspondiente.", (folio 106 vuelto a 107).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folio 108 a 121).-

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

Redacta el juez ULATE CHACÓN, y,

CONSIDERANDO:

I.- El Tribuna prohija la relación de hechos, tenidos por demostrados al tener buen sustento en los autos.

II.- La Procuradora Adjunta, Lydiana Rodríguez Paniagua, interpuso recurso de apelación, aduciendo en forma general que de las "...pruebas que constan en autos, que la naturaleza del inmueble a titular es boscosa (montaña)...", por lo cual forma parte de las reservas nacionales y está afecto al dominio público desde la Ley Forestal 4465 de 1969, siendo por ende imprescriptible e inalienable, y no susceptible de prescripción positiva, citando como fundamento, entre otras la sentencia No. 4587-97 de la Sala Constitucional.- Además, aduce, que las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión apta para usucapir en cabeza de la sociedad promovente (escrito de folios 115 a 121).

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.

IV.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113). V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

VI.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, se tiene por demostrado en el primer hecho, que se trata de un inmueble de bosque secundario (ver acta de reconocimiento judicial a folio 70 y testimonios en registro de audio). En las fotografías adjuntas al Estudios de suelos verificado por el INTA, indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido el uso conforme a la actividad, siendo que un pequeño sector se dedica a construcción, y el resto es bosque secundario el cual se aconseja mantener como zona de protección, para no poner en riesgo el recurso suelo y agua (folios 28 y 29). Por otra parte en cuanto a la posesión decenal, en el hecho segundo se tiene por demostrado, que el titulante adquirió el inmueble el 29 de diciembre del 2007, mediante escritura pública, donde se le transmitió una posesión que, según indican los testigos tiene más de diez años de ejercicio, consistente en el mantenimiento, la hechura de carriles y el cuidado del bosque (Ver declaraciones en audio de [Nombre3]  , [Nombre4]    y [Nombre5]  ). Con todo lo anterior se demuestra que se ha conservado el bosque, ejerciéndose la función económica, social y ambiental de la propiedad. Además, debe agregarse que el fundo se encuentra fuera de cualquier area silvestre protegida (certificación a folio 12). De ahí que no lleve razón la Procuradora en sus agravios, al indicar que forma parte del patrimonio natural del Estado.-

VII.- En razón de lo anterior, deberá confirmarse la resolución apelada.-

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

*1T4FKPZI43SY61*

1T4FKPZI43SY61

[Nombre6]   –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

*CGWKRT0NOAQ61*                                                                *DN62DCY8GUM61*

CGWKRT0NOAQ61                                                                                                                        DN62DCY8GUM61

 [Nombre7]   -                                                                                   [Nombre8]    -

JUEZ/A DECISOR/A                                                                                                                      JUEZ/A  DECISOR/A

 

 

             

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:19:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE No. 1145-F-14

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and twenty-two minutes on the eleventh of December of two thousand fourteen.-

POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING, brought by ARTESANÍAS CABUYA DEL HIGUITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID number CED1, represented by its manager with powers of unlimited general agent [Name1], of legal age, married once, artisan, resident of Higuito de San Isidro del Guarco, Cartago, ID number CED2. Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the record, in her capacity as deputy procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal ID number CED3, represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of Guachipelín, Escazú, ID number CED4, bar association number five thousand three hundred seventy-two, in her capacity as general judicial agent. The attorney directing the promoting company is William Cordero Navarro, bar association number six thousand sixty-eight. Processed before the Agrarian Court of Cartago.-

WHEREAS:

1.- The promoting company filed a possessory information proceeding for the purpose of having the property described as follows registered in its name in the Public Property Registry: "... land of secondary forest, plotted on cadastral map number C - ONE MILLION TWO HUNDRED FOURTEEN THOUSAND EIGHTY - TWO THOUSAND SEVEN, dated the tenth of August of two thousand seven, located at [Address1], , , in the Province of Cartago, measuring TWENTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-SIX SQUARE METERS AND EIGHTY-THREE SQUARE DECIMETERS, with the following boundaries: to the NORTHWEST: Reventazón River, to the NORTHEAST: [Name2], to the SOUTHWEST: [Name2], and to the SOUTHEAST: public road with a frontage along it of one hundred twenty-five lineal meters and three centimeters ..." (folio 14 verso, 106 verso).-

2.- The Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding on the terms set forth at folio 49; in turn, the Procuraduría General de la República appeared in the proceeding at folios 51 to 57.-

3.- Judge Yeison Dario Rodríguez Fernández, of the Agrarian Court of Cartago, by judgment number 74-2014, at sixteen hours and twenty-four minutes on the fifteenth of July of two thousand fourteen, resolved: “POR TANTO: In accordance with the foregoing and legal citations, THESE possessory information proceedings ARE APPROVED; the procedure was carried out in compliance with the Ley de Informaciones Posesorias number one hundred thirty-nine of the fourteenth of July of nineteen forty-one, its amendments and additions, the Ley de Jurisdicción Agraria number six thousand seven hundred thirty-four of the twenty-fifth of March of nineteen eighty-two and its amendments. Consequently, free of liens and real encumbrances, without co-owners, and without prejudice to third parties with superior rights, the Public Registry, Real Estate Registry Section, shall proceed to register in the name of the company ARTESANÍAS CABUYA DEL HIGUITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal ID number CED1, the following property: land of secondary forest, plotted on cadastral map number C - ONE MILLION TWO HUNDRED FOURTEEN THOUSAND EIGHTY - TWO THOUSAND SEVEN, dated the tenth of August of two thousand seven, located at [Address1], , , in the Province of Cartago, measuring TWENTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-SIX SQUARE METERS AND EIGHTY-THREE SQUARE DECIMETERS, with the following boundaries: to the NORTHWEST: Reventazón River, to the NORTHEAST: [Name2], to the SOUTHWEST: [Name2], and to the SOUTHEAST: [Address2] with a frontage along it of one hundred twenty-five lineal meters and three centimeters (points 11 to 17 of the map). The petitioner acquired said land through a gift made to its previous possessor, Mr. [Name1], in a personal capacity. The property was valued at the sum of five million colones and the proceedings at the sum of one million colones. As requested by the Procuraduría General de la República (folios 102 to 103), it is noted that the property to be titled, in accordance with Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, is subject to reservations regarding the fourteen-meter right-of-way of the [Address3] street bordering on the southeast, as provided in Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos. Likewise, the area contiguous to the Reventazón River is subject to the limitations of the Ley Forestal number seven thousand five hundred seventy-five, for which reason the cutting or elimination of trees in that sector is prohibited (Articles 33 and 34); furthermore, the channel and waters of those streams, and other surface or underground waters existing on the property, are in the public domain and do not form part of the property (Ley de Aguas, Article 1, subsection IV and 3, subsection III). Once this resolution becomes final, and at the request of the interested party, the corresponding writ of execution shall be issued." (folio 106 verso to 107).-

4.- Ms. Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy procurator, filed an appeal with express indication of the reasons why she refutes the lower court's thesis (folio 108 to 121).-

5. In the processing of the proceeding, the legal requirements have been observed, and no errors or omissions capable of causing nullity are noted in the judgment.

Judge ULATE CHACÓN writes, and,

WHEREAS:

I.- The Tribunal adopts the statement of facts, held as proven as they have good support in the record.

II.- The Deputy Procurator, Lydiana Rodríguez Paniagua, filed an appeal, generally alleging that from the "... evidence in the record, the nature of the property to be titled is forested (montaña) ...", for which reason it forms part of the national reserves and has been subject to the public domain since the Ley Forestal 4465 of 1969, thus being imprescriptible and inalienable, and not susceptible to adverse possession, citing as a basis, among others, judgment No. 4587-97 of the Constitutional Chamber. Additionally, she argues that the witness statements do not demonstrate possession suitable for adverse possession on the part of the promoting company (brief at folios 115 to 121).

III.- While it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered with forest, without private occupation, were part of the national reserves, that designation as public domain has been changing with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 amended Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to allow adverse possession on lands covered with forest, but upon demonstrating ecological possession, through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to take advantage of transmitted possession (see judgment of the Constitutional Chamber No. 4587-97). The Agrarian Tribunal held the criterion that such possession must be of a personal nature, but the Chamber declared that criterion unconstitutional.

IV.- On the matter of the interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias and the Natural Heritage of the State, the Tribunal has repeatedly stated: “The Ley de Informaciones Posesorias, in its Article 7, as well as the Forest Laws have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management (manejo forestal). Although the titling of such areas has been permitted, which once declared conservation areas become part of the State Forest Heritage, the fulfillment of other more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession (posesión ecológica) and the criterion of the ecological function (función ecológica) of forest property (propiedad forestal). In repeated judgments, both of the First Chamber of Cassation and of this Superior Agrarian Tribunal, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situations have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession (posesión agraria) and ecological possession. The same jurisprudence has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The same Jurisprudence has sought to distinguish business property and possession, where an activity directed at cultivating the forest is carried out, from that where simply an extractive or merely conservative activity is carried out. In these latter cases, one would be in the presence of forest property or possession (without a business). Precisely in these cases is where the Ley Forestal comes to establish an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner to the forest regime on a mandatory basis and in other cases on a voluntary basis. Thus, in forest possession (posesión forestal), the de facto power is exercised over a property of forest vocation or one largely destined to protect forest resources, without aims of exploitation or, instead, dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In either case, there would be no development of a plant or animal biological cycle, nor would man assume any risk. That is why the law does not protect, but rather represses, possession through which the forest resources of protected areas are destroyed. It also denies the possibility of acquiring possessory rights over lands of the national reserves when a harmful action has been carried out against the forest resources. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest Law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or conceived independently, begins to take shape from the Código Fiscal of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests whose regulations tend toward their conservation. Subsequently, the Ley de Terrenos Baldíos No. 13 of January 6, 1939 incorporates said principles. Later, the Ley de Tierras y Colonización in its Article 7 expands the national reserves for the protection of such resources.- VII. The special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35 [sic], 1969. The second opens through a better-conceived regulation through Law No. 7032 of April 7, 1986, which was later declared unconstitutional. The last operates with the enactment of the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, recently amended by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in supplement 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). In them, various regimes of forest property are contained, and the use and exploitation of resources by private individuals is limited. It is not possible to acquire ownership over lands with forest cover (cobertura boscosa) if one does not demonstrate having protected the forest resource. Its constitutional basis is found in the second paragraph of Article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institute of forest property and possession is protected. This is not the same as civil or agrarian property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forest Laws. It falls upon a specific asset: lands covered with forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such assets has the obligation to conserve the forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal resolution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. The Ley Forestal establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources (Article 1). All lands of forest aptitude and all forests in the country, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the forests and lands of forest aptitude in the country. Therefore, to acquire forest property by adverse possession, the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, amended by the Ley Forestal, established, before its reform: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the applicant shall have to demonstrate having exercised decennial possession for at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating that wild area. Properties that are outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten or more years and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or lanes." In other words, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude", and the possessory acts must be directed toward their protection and conservation. Only if that is demonstrated can lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would form part of the natural heritage of the state (Article 13 of the new Ley Forestal), with an unseizable and inalienable character, and their possession shall not create any right in favor of private individuals (Article 14 of the new Ley Forestal).- IX. The Agrarian Tribunal had interpreted Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, before being amended by the new Ley Forestal, in the sense of requiring personal possession, exercised ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in this sense Votes No. 169 of 9:40 a.m. on March 22, 1991 and No. 251 of 2:00 p.m. on April 17, 1991)...". However, that interpretation of Article 7 of the Ley Forestal was challenged as "unconstitutional" by the applicant herein, and the Constitutional Chamber, in Vote No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997) declared, in the pertinent part, as follows: "The action is partially granted and, consequently, the interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941, the text of which corresponds to the amendment made by the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, according to which, in order to title lands comprised within national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession of ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wild area is required, and that the possession transmitted by previous possessors does not benefit in these cases, is unconstitutional. This judgment is declaratory and has retroactive effects, without prejudice to rights acquired in good faith...". In such a way that current possessors can take advantage of transmitted possession...X. The Ley Forestal No. 7575 also maintained the restrictions in the Ley de Informaciones Posesorias for being able to title lands comprised in protected areas. In this regard, the current provision states: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wild area (área silvestre protegida), whatever its management category, the applicant shall demonstrate being the holder of legal rights over decennial possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area." (Our emphasis). That is, the legislator's intention is that those areas have been kept protected, conserved during all this time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution of 2:50 p.m. on February 20, 1998, corresponding to Vote No. 113). V.- In more recent cases, the Tribunal has rejected the allegations that the appellant now reiterates regarding the supposed interpretation or retroactive application of Article 7 of the Ley Forestal. In a case similar to the one at hand, it was stated: V.- Regarding the appellant's claim that the lower court judge errs in applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and that the proceedings must therefore be analyzed in light of the provisions of Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct, because the cited Article 7 was not declared unconstitutional; rather, what was declared unconstitutional was the interpretation that the Tribunal had been making regarding not counting the possession exercised by previous transferors. Hence, with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being in force, the petitioner must demonstrate decennial possession prior to the declaration of the protected wild area, as indicated by the Constitutional Chamber in vote No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law is not being applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code, and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of the possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In that sense, it is important to point out what was stated by the Constitutional Chamber in this regard in the aforementioned vote: "...Article 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias challenged, the text of which predates the last amendment by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real property comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the applicant shall have to demonstrate having exercised decennial possession for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling real property that has been designated as public domain by the declaration of a protected wild area, whatever its specific nature. It is now necessary to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for adverse possession, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire property over real estate, that imposes specific requirements that may infringe the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for adverse possession, set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire property of real estate by adverse possession. The extension of the period that the plaintiff alleges infringes the right to property does not occur, because given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must elapse before the property is designated as public domain. That is, the declaration of a protected wild area prevents subsequent possession after the designation from counting, and prevents the requirements for adverse possession from being met if at that time the right has not been acquired, that is, the ten years of possession suitable for adverse possession have not elapsed with the conditions established by law. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise in the capacity of owner, necessary for possession ad usucapionem. Recall that assets designated as public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by adverse possession if the necessary conditions for the acquisition of the right did not occur before the designation. In that sense, the challenged provision, although apparently regulating a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of the possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the status of public-domain property of the object to be titled. Hence, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the text of which is challenged, has introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession that could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Tribunal, No. 173 of 4:29 p.m. on March 31, 2003).

VI.- Thus, the possessor who intends to acquire by adverse possession a land covered with forest that formed part of the national reserves must demonstrate decennial possession (original or transmitted) and having conserved the forest resource. In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its Articles 1, 6, and 7, is considered proven. Indeed, it is held as proven in the first fact that the property is one of secondary forest (see judicial inspection record at folio 70 and testimonies in the audio recording). In the photographs attached to the Soil Studies verified by INTA, it indicates that, pursuant to Article 58 of the Regulation to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, and based on the field visit, it was determined that use has been exercised in accordance with the activity, with a small sector being dedicated to construction, and the remainder being secondary forest, which it is advisable to maintain as a protection zone to avoid putting the soil and water resource at risk (folios 28 and 29). Furthermore, with regard to decennial possession, in the second fact it is held as proven that the applicant acquired the property on December 29, 2007, by public deed, whereby a possession was transmitted to it that, according to the witnesses, has been exercised for more than ten years, consisting of maintenance, the making of lanes, and the care of the forest (See audio statements of [Name3], [Name4] and [Name5]). With all the foregoing, it is demonstrated that the forest has been conserved, exercising the economic, social, and environmental function of the property. Additionally, it must be added that the property is located outside any protected wild area (certification at folio 12). Hence, the Procuradora is not correct in her grievances in indicating that it forms part of the natural heritage of the State.-

VII.- In view of the foregoing, the appealed resolution must be upheld.-

POR TANTO:

The appealed judgment is confirmed, as to what was the subject of the appeal.

[Name6] –

DECIDING JUDGE

[Name7] -                                                                   [Name8] -
DECIDING JUDGE                                                                                     DECIDING JUDGE

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-22-2026 08:19:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República