Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La apelante expresa al existir manifestaciones en el reconocimiento judicial de que es bosque secundario que la naturaleza del inmueble a inscribir es boscosa (montaña) no es posible titularlo. Estima esta Sede que la mención de la existencia de una zona de "montaña" en el inmueble, que fue manifestada por el juez de instancia, no puede desprenderse, ni se demuestra con ello, la existencia de zonas boscosas en los términos técnicos que define la Ley Forestal N. 7575. Como se puede extraer de la misma acta de reconocimiento judicial a folio 61, el a quo consignó que el terreno se encuentra dedicado a montaña en reforestación, término que es improcedente equiparar a bosque, por cuanto se puede deducir del acta en mención que el terreno se encuentra en proceso de recuperación natural. Aunado a ello, debe tomarse en consideración que el procedimiento cuenta con una serie de criterios técnicos vertidos por profesionales competentes legalmente, que coadyuvan al juez o jueza en la determinación de la existencia o no de bosques y de qué clase, según las definiciones técnicas en la Ley Forestal Nº 7575, por lo que el mismo Estudio de suelos indica que son pastos naturales, no bosque. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno no existe bosque en los términos expuestos por la apelante, sino un área de tacotal. No lleva razón en su argumento la apelante, y no es posible por ello considerar que el inmueble esté cubierto de zonas boscosas pertenecientes al patrimonio natural del Estado.
English (translation)The appellant argues that because there are indications in the judicial inspection that it is secondary forest, the nature of the property to be registered is forested (mountains) and thus it cannot be titled. This Court considers that the mention of a "mountains" zone on the property, as noted by the lower court judge, does not imply, nor does it prove, the existence of forested areas under the technical terms defined in Forestry Law No. 7575. As can be inferred from the same judicial inspection record at folio 61, the lower court recorded that the land is dedicated to mountain undergoing reforestation, a term that cannot be equated to forest, since it can be deduced from that record that the land is in a process of natural recovery. Additionally, one must consider that the proceeding has a series of technical criteria provided by legally competent professionals, which assist the judge in determining whether or not forests exist and of what class, according to the technical definitions in Forestry Law No. 7575, and the Soil Study itself indicates natural pasture, not forest. In this case, from the assessment of the cited testimony and the soil study in the record, it is possible to deduce that there is no forest on the land under the terms argued by the appellant, but rather an area of scrubland. The appellant's argument lacks merit, and it is therefore not possible to consider that the property is covered by forested areas belonging to the State's natural heritage.
Confirmed
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00114 - 2014 Fecha de la Resolución: 07 de Febrero del 2014 a las 15:26 Expediente: 08-160005-0642-AG Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. Temas (descriptores): Posesión agraria Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *081600050642AG* EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA ACTOR/A: KAREN LUCRECIA MENDEZ VARELA DEMANDADO/A: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL VOTO N° 114-F-14 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y veintiséis minutos del siete de febrero de dos mil catorce.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1] , mayor, casada una vez, profesora, vecina de Abangares, cédula de identidad número CED1 - - . Intervienen como partes la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representado por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, actual INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica número CED2 - - - , representada por su apoderada general judicial Carmelina [Nombre2] Hidalgo, mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad número CED3 - - , colegiado número cinco mil trescientos setenta y dos, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, cédula de persona jurídica número CED4 - - , representada por su alcaldesa Agnes Gómez Franceschi, mayor, divorciada, licenciada en psicología clínica, cédula de identidad número CED5 - - . Actúa como abogado director de la parte promovente, el letrado Didier Solórzano Ruiz, de calidades desconocidas en autos. Tramitado ante el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas.- RESULTANDO: 1.- La parte promovente interpuso el presente proceso de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: "...El terreno que corresponde al plano catastrado número P-1348060-2009- Sito en Guacimal, [Dirección1] , Cantón Puntarenas de la Provincia de Puntarenas.- Se describe así: terreno de potrero, con los siguientes linderos: NORTE: [Nombre3] SUR: En la actualidad con calle [Dirección2] con un ancho de catorce metros lineales y [Nombre4] , Este: [Dirección3] metros lineales y OESTE: [Nombre5] . Mide: veinte hectáreas tres mil seiscientos cincuenta y seis metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados...", (folios 16, 33, 66, 123, 216 al 218).- 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos visibles a folios 34 al 45; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural, se apersonó al proceso en los términos visibles a folios 46 al 47.- 3.- La jueza Xinia González Grajales, del Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, mediante la sentencia Nº 57-2013 de las ocho horas del veintitrés de octubre del dos mil trece, resolvió: “POR TANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de ley se aprueba las presentes diligencias de información posesoria a nombre de [Nombre1] - En consecuencia: Libre de gravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, proceda el Registro Público, Sección Propiedad a inscribir a nombre de la promovente [Nombre1] , mayor, casada una vez, educadora, portadora de la cédula de identidad número CED6- , vecina de Abangares [Dirección4] .- El terreno que corresponde al plano catastrado número P-1348060-2009- Sito en Guacimal, [Dirección1] , Cantón Puntarenas de la Provincia de Puntarenas.- Se describe así: terreno de potrero, con los siguientes linderos: NORTE: [Nombre3] SUR: En la actualidad con calle pública con un ancho de catorce metros lineales y [Nombre4] , Este: [Dirección3] metros lineales y OESTE: [Nombre5] . Mide: veinte hectáreas tres mil seiscientos cincuenta y seis metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados.- Se estimo el terreno en la suma de nueve millones de colones. La causa adquisitiva es por donación.- Se advierte que la presente titulación queda afecta a las limitaciones y reservas que establece la Ley de Informaciones Posesorias en sus artículos 16 y 19. Asimismo, para la eliminación de árboles se debe contar con el permiso respectivo (artículo 27 de la Ley Forestal), recomendando además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del medio ambiente. Referente a las reservas que ha solicitado se consigne la representación estatal, se hace ver que las reservas de orden público son inherentes al derecho de propiedad privada, de ahí que son de acatamiento obligatorio y oponibles independientemente de su inscripción en el Registro, no obstante por tratarse de un asunto de publicidad registral, se solicita al Registro en la medida de sus funciones, y siempre que el sistema digitalizado lo permita se incluyan las reservas solicitadas por la Procuradora, siguientes: a) Que el derecho de vías de las calles públicas que colindan por los rumbos [Dirección5] con el predio a titular, es de catorce metros lineales. (artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias), b) el área contigua a las corrientes, según el artículo 33 inciso b y 34 de la Ley Forestal No.7575 queda prohibida la corta o eliminación de árboles y las aguas de esa corriente son de dominio público, ver artículo 1 inciso IV y 3 de la Ley de Aguas y Código de Minería artículo 4, c) Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble (pozos, etc, son de dominio estatal, d) El inmueble a titular queda sujeto a las restricciones que contempla la ley de Conservación de Vida Silvestre (artículos 98,100, y128), así como también quedan prohibidas todas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas del humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas. (artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente No 7554). Se le solicita la Registro suspender la caducidad del plano P-1348060-2009, resultante de las presentes diligencias por cuanto ha estado en trámite judicial desde el día veintiuno de enero del año dos mil ocho hasta la fecha del dictado de la resolución de fondo para la inscripción respectiva.", (folios 216 al 218).- 4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (folios 223 al 234).- 5.- Asimismo, dicha procuradora solicita por medio de sus escritos presentados el doce y dieciocho de noviembre del dos mil trece (Ver folios 223 al 226 y 227 al 234 respectivamente), adicionar la sentencia Nº 57-2013 de las ocho horas del veintitrés de octubre del dos mil trece. En vista de lo anterior el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas dicta auto-sentencia número 61-2013 de las quince horas diez minutos del veintisiete de noviembre del dos mil trece, en la cual resuelve: “POR TANTO: Con base en las normativas y consideraciones indicadas, se corrigen los errores materiales contenidos en el POR TANTO de la sentencia de primera instancia número cincuenta y siete - dos mil trece, dictada a las ocho horas del veintitrés de octubre de dos mil trece, en el siguiente sentido: Para que se lea correctamente que el derecho de vía a respetar de catorce metros de las calles públicas colindantes con el inmueble a titular lo son por lo rumbos [Dirección6] y ESTE, y no por el rumbo [Dirección7] como por error se indicó. Asimismo, que con vista en el plano catastrado número P-UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA-DOS MIL NUEVE, el cual es utilizado como base de las presente diligencias, el inmueble a titular tiene una medida de VEINTE HECTÁREAS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS. Por improcedente se rechaza la solicitud de adición. Firme la presente resolución se resolverá lo correspondiente respecto al recurso de apelación interpuesto por el ente procurador contra la sentencia indicada.", (folios 235 vuelto y 236).- 6.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- Redacta el Juez Picado Vargas, y, CONSIDERANDO: I.- Se prohijan los hechos tenidos por demostrado al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos. II.- La Procuradora licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua apela el fallo dictado indicando en lo fundamental: 1).- Que el terreno a titular tiene naturaleza montaña, cita la ley 4465 de 25 de noviembre de 1969 en la cual se establecía el patrimonio forestal del estado incluyendo las áreas de las reservas nacionales que tuvieran bosques, por lo que se trata de un bien de caracter demanial al amparo de los dispuestos por los ordinales 13 , 14 y 15 de la Ley Forestal 7575. Cita una serie de votos entre los que destaca el 4587-97. Indica, los bosques son parte del dominio público al formar parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que no podría titularse. 2.- Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias (folios 223 a 226).- III. Sobre el agravio referido a la existencia de una zona con cobertura boscosa que no es apta para usucapir, por ser parte del Patrimonio Natural del Estado, no lleva razón la apelante. Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble de potrero (pastops) y charral (tacotal) ubicado en [Dirección8] de la provincia de Puntarenas, mide veinte hectáreas tres mil seiscientos cincuenta y seis metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados, según plano P-1995688-2005 (folio 12). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada a los autos (folio 10). En el estudio de suelos que consta a folio 64 se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo; en el que se certifica el uso actual es de Pastos y Charral/Tacotal (folio 26). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, del que se levantó un acta que consignó que el terreno a titular es una finca dedicada a pastos, tacotal y montaña en reforestaciòn, que se encuentra debidamente delimitada, con carriles buen estado con postería muerta en todas las colindancias (folio 107); sin embargo, de conformidad con el artículo 3 inciso d) de la Ley Forestal no puede considerársele bosque a un tacotal. También se recibió la declaración de los testigos [Nombre6] , [Nombre7] y [Nombre8] (folios 103 a 105). Los testigos aducen conocer la propiedad desde hacía más de veinticinco, veinte y treinta años, respectivamente. Los testigos manifestaron que el inmueble es poseído actualmente por la promovente y la dedica a ganadería y los tacotales en reforestación. La apelante expresa al existir manifestaciones en el reconocimiento judicial de que es bosque secundario que la naturaleza del inmueble a inscribir es boscosa (montaña) no es posible titularlo. Estima esta Sede que la mención de la existencia de una zona de "montaña" en el inmueble, que fue manifestada por el juez de instancia, no puede desprenderse, ni se demuestra con ello, la existencia de zonas boscosas en los términos técnicos que define la Ley Forestal N. 7575. Como se puede extraer de la misma acta de reconocimiento judicial a folio 61, el a quo consignó que el terreno se encuentra dedicado a montaña en reforestación, término que es improcedente equiparar a bosque, por cuanto se puede deducir del acta en mención que el terreno se encuentra en proceso de recuperación natural. Aunado a ello, debe tomarse en consideración que el procedimiento cuenta con una serie de criterios técnicos vertidos por profesionales competentes legalmente, que coadyuvan al juez o jueza en la determinación de la existencia o no de bosques y de qué clase, según las definiciones técnicas en la Ley Forestal Nº 7575, por lo que el mismo Estudio de suelos indica que son pastos naturales, no bosque. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno no existe bosque en los términos expuestos por la apelante, sino un área de tacotal. No lleva razón en su argumento la apelante, y no es posible por ello considerar que el inmueble esté cubierto de zonas boscosas pertenecientes al patrimonio natural del Estado. Sobre la definición de bosque secundario, dado que la apelante ha querido equipararlo al área de tacotal existente en el fundo a titular, la Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como “... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies." (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Asimismo el concepto de Tacotal es "matorral espeso" y no debe entenderse que es un bosque. La Ley Forestal N. 7575, define bosque de la siguiente forma: "Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho". En este caso, no se precisa área en el fundo que acredite esos presupuestos. Por su parte, la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo sétimo indica que las fincas ubicadas fuera de áreas silvestres protegidas y con bosques, podrían ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal y haber protegido el recurso, sin hacer diferencias si son bosques secundarios o primarios. Partiendo de estas definiciones y del estudio técnico del INTA visible a folio 64. Declarar ese tipo de vegetación como bien demanial o bosque, sería no aplicar la legislación correctamente, ni incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques. Esta actividad es necesaria para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques, denegándoles la obtención de su título de propiedad. De acuerdo a lo anterior, no se comparte lo señalado por la representante estatal, que el terreno al estar regenerando en forma natural forme parte del patrimonio natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión. Por ende, conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente se acreditó con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovió este proceso, y el terreno objeto de las presentes diligencias es apto para usucapir al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual fuere su categoría de manejo y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales. (Al respecto puede ser consultado el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). IV- Sobre el agravio referente a que la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal, tampoco lleva razón la apelante. Aún y cuando no indica en forma específica el motivo por el cual considera que los mismos no son aptos para acreditar la posesión decenal, del estudio de lo que cada uno depuso se concluye que los tres testigos son contestes en describir una cadena posesoria que comprueba que se ha ejercido la posesión en forma ininterrumpida por parte de la promovente y su transmitente y que conocen el terreno desde hace veinte, veinticnco y treinta años, así como no conocen la existencia de conflictos posesorios originados en la posesión ejercida sobre el terreno, por lo que se rechaza tal agravio. V.- En razón de lo anterior, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto por el Juzgado de Instancia.- POR TANTO: Se confirma la sentencia, en lo apelado. *GGYRKW4QWYG61* GGYRKW4QWYG61 [Nombre9] [Nombre2] - JUEZ/A DECISOR/A *MXFRY8YAV43I61* *EB9Q7GMMJMG61* MXFRY8YAV43I61 EB9Q7GMMJMG61 [Nombre10] - [Nombre11] JUEZ/A DECISOR/A [Nombre12] - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:18:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
NEXUS DOCUMENT **File Number:** 08-160005-0642-AG **Process:** POSSESSORY INFORMATION **Plaintiff:** KAREN LUCRECIA MENDEZ VARELA **Defendant:** INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL) **Vote No. 114-F-14** **AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** At fifteen hours and twenty-six minutes on February seventh, two thousand fourteen. POSSESSORY INFORMATION PROCESS (PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA) initiated by [Nombre1], of legal age, married once, teacher, resident of Abangares, identity card number CED1 - - . The parties appearing are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy attorney general, the AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE, currently the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal entity number CED2 - - , represented by its general judicial attorney Carmelina [Nombre2] Hidalgo, of legal age, divorced once, attorney, resident of Guachipelín, Escazú, identity card number CED3 - - , bar number five thousand three hundred seventy-two, and the MUNICIPALITY OF THE CENTRAL CANTON OF THE PROVINCE OF PUNTARENAS, legal entity number CED4 - - , represented by its mayor Agnes Gómez Franceschi, of legal age, divorced, licensed in clinical psychology, identity card number CED5 - - . Acting as legal counsel for the applicant is attorney Didier Solórzano Ruiz, whose qualifications are unknown in the record. Processed before the Civil and Agrarian Court of Puntarenas. **WHEREAS:** 1. The applicant filed the present possessory information process so that, through this proceeding, the property described as follows may be registered in the Public Property Registry: "...The land corresponding to cadastral map number P-1348060-2009- Located in Guacimal, [Dirección1], Canton Puntarenas, Province of Puntarenas.- Described as: pasture land, with the following boundaries: NORTH: [Nombre3] SOUTH: Currently with [Dirección2] street, with a width of fourteen linear meters, and [Nombre4], EAST: [Dirección3] linear meters and WEST: [Nombre5]. Measurement: twenty hectares, three thousand six hundred fifty-six square meters and thirty-four square decimeters...", (folios 16, 33, 66, 123, 216 to 218). 2. The Office of the Attorney General appeared in the proceedings in the terms set forth at folios 34 to 45; likewise, the Institute of Rural Development appeared in the terms set forth at folios 46 to 47. 3. Judge Xinia González Grajales, of the Civil and Agrarian Court of Puntarenas, through judgment No. 57-2013 at eight hours on October twenty-third, two thousand thirteen, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and legal citations, these possessory information proceedings are approved in the name of [Nombre1] - Consequently: Free of liens and encumbrances, without co-owners, and without prejudice to third parties with superior rights, let the Public Registry, Property Section, proceed to register in the name of the applicant [Nombre1], of legal age, married once, educator, holder of identity card number CED6- , resident of Abangares [Dirección4] .- The land corresponding to cadastral map number P-1348060-2009- Located in Guacimal, [Dirección1], Canton Puntarenas, Province of Puntarenas.- Described as: pasture land, with the following boundaries: NORTH: [Nombre3] SOUTH: Currently with a public road with a width of fourteen linear meters and [Nombre4], EAST: [Dirección3] linear meters and WEST: [Nombre5]. Measurement: twenty hectares, three thousand six hundred fifty-six square meters and thirty-four square decimeters.- The land was appraised at the sum of nine million colones. The cause of acquisition is by donation.- It is warned that this titling is subject to the limitations and reservations established by the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias) in its articles 16 and 19. Furthermore, for the removal of trees, the respective permit must be obtained (article 27 of the Forest Law), also recommending practices aimed at promoting the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the environment. Regarding the reservations that the state representation has requested be recorded, it is noted that public order reservations are inherent to the right of private property, hence they are mandatory and enforceable regardless of their registration in the Registry; however, as this is a matter of registry publicity, the Registry is requested, within the scope of its functions, and provided the digitized system allows it, to include the reservations requested by the Attorney General, as follows: a) That the right-of-way of the public roads bordering the property to be titled on the [Dirección5] boundaries is fourteen linear meters. (article 4 of the General Public Roads Law and 19 subsection a) of the Law of Possessory Information), b) the area contiguous to the watercourses, according to article 33 subsection b and 34 of Forest Law No. 7575, the cutting or removal of trees is prohibited, and the waters of that watercourse are public domain, see article 1 subsection IV and 3 of the Water Law and Mining Code article 4, c) The surface and underground waters existing on the property (wells, etc., are state domain), d) The property to be titled is subject to the restrictions contemplated by the Wildlife Conservation Law (articles 98, 100, and 128), as well as all activities aimed at interrupting the natural cycles of the wetland ecosystems being prohibited, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, desiccation, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems. (article 45 of the Organic Environmental Law No. 7554). The Registry is requested to suspend the expiration of map P-1348060-2009, resulting from these proceedings, as it has been in judicial processing from January twenty-first, two thousand eight, until the date of the issuance of the final resolution for the respective registration.", (folios 216 to 218). 4. Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as attorney general, filed an appeal expressly stating the reasons on which she bases her refutation of the lower court's argument, (folios 223 to 234). 5. Likewise, said attorney general requests through her briefs filed on November twelfth and eighteenth, two thousand thirteen (See folios 223 to 226 and 227 to 234 respectively), to supplement judgment No. 57-2013 at eight hours on October twenty-third, two thousand thirteen. In view of the foregoing, the Civil and Agrarian Court of Puntarenas issued order-judgment number 61-2013 at fifteen hours ten minutes on November twenty-seventh, two thousand thirteen, in which it resolves: "THEREFORE: Based on the regulations and considerations indicated, the material errors contained in the THEREFORE section of the first instance judgment number fifty-seven - two thousand thirteen, issued at eight hours on October twenty-third, two thousand thirteen, are corrected, as follows: So that it is correctly read that the fourteen-meter right-of-way to be respected for the public roads adjacent to the property to be titled are on the [Dirección6] and EAST boundaries, and not on the [Dirección7] boundary as erroneously indicated. Furthermore, that in view of cadastral map number P-ONE MILLION THREE HUNDRED FORTY-EIGHT THOUSAND SIXTY-TWO THOUSAND NINE, which is used as the basis for these proceedings, the property to be titled measures TWENTY HECTARES THREE THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-SIX SQUARE METERS. The request for supplementation is rejected as improper. Once this resolution is final, the corresponding action will be taken regarding the appeal filed by the attorney general's office against the indicated judgment.", (folios 235 verso and 236). 6. In the substantiation of the proceedings, the legal requirements have been observed, and no errors or omissions capable of producing a nullity of the judgment are noted. Drafted by Judge Picado Vargas, and, **CONSIDERING:** I. The facts held as proven are adopted as they are a faithful reflection of what occurred in the record. II. The Attorney General, licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, appeals the judgment issued, stating fundamentally: 1).- That the land to be titled is of a mountain nature, citing Law 4465 of November 25, 1969, which established the state forest patrimony including areas of national reserves that had forests, and therefore it is a public domain asset under the provisions of articles 13, 14, and 15 of Forest Law 7575. She cites a series of votes, among which 4587-97 stands out. She indicates that forests are part of the public domain as they form part of the Nation's Natural Patrimony and thus could not be titled. 2.- She argues that the witnesses' testimony does not demonstrate the ten-year possession suitable for usucaption on the part of its owner, and she requests reversal to decree the disapproval of these proceedings (folios 223 to 226). III. Regarding the argument concerning the existence of an area with forest cover (cobertura boscosa) that is not suitable for usucaption because it is part of the Nation's Natural Patrimony, the appellant is incorrect. These proceedings are formulated with the purpose of registering in the Public Property Registry the pasture and scrubland (potrero and charral/tacotal) property located in [Dirección8] of the province of Puntarenas, measuring twenty hectares, three thousand six hundred fifty-six square meters and thirty-four square decimeters, according to map P-1995688-2005 (folio 12). Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) provided in the record (folio 10). In the soil study recorded at folio 64, it is indicated that usage has been exercised in accordance with the land; in which it is certified that the current use is Pasture and Scrubland (Charral/Tacotal) (folio 26). The Court conducted a judicial inspection of the property, from which a report was drawn up stating that the land to be titled is a farm dedicated to pasture, scrubland (tacotal), and mountain area in reforestation, which is duly delimited, with roads in good condition and dead post fencing on all boundaries (folio 107); however, in accordance with article 3 subsection d) of the Forest Law, scrubland cannot be considered forest. The testimony of witnesses [Nombre6], [Nombre7], and [Nombre8] was also received (folios 103 to 105). The witnesses claim to have known the property for more than twenty-five, twenty, and thirty years, respectively. The witnesses stated that the property is currently possessed by the applicant and is used for cattle ranching and the scrublands are under reforestation. The appellant asserts that because there are statements in the judicial inspection indicating it is secondary forest, the nature of the property to be registered is forest (mountain) and it is not possible to title it. This Court considers that the mention of the existence of a "mountain" area on the property, which was stated by the trial judge, cannot be inferred from this, nor does it demonstrate, the existence of forested areas in the technical terms defined by Forest Law No. 7575. As can be extracted from the same judicial inspection report at folio 61, the lower court recorded that the land is dedicated to mountain area in reforestation, a term that is inappropriate to equate with forest, because it can be deduced from the mentioned report that the land is in a process of natural recovery. In addition to this, it must be taken into consideration that the proceeding has a series of technical criteria provided by legally competent professionals, which assist the judge in determining the existence or not of forests and what type, according to the technical definitions in Forest Law No. 7575, for which the Soil Study itself indicates that they are natural pastures, not forest. In this case, from the evaluation of the cited testimonies and the soil study in the record, it is possible to deduce that there is no forest on the land under the terms expressed by the appellant, but rather an area of scrubland (tacotal). The appellant's argument is incorrect, and it is therefore not possible to consider that the property is covered by forested areas belonging to the nation's natural patrimony. Regarding the definition of secondary forest, given that the appellant has attempted to equate it with the scrubland area existing on the estate to be titled, the National Forest Certification Commission of Costa Rica defines secondary forest as "... that land with woody vegetation of secondary successional character that develops once the original vegetation was eliminated by human activities or natural phenomena; with a minimum surface area of 0.5 ha and a density no less than 500 trees per ha of all species." (CNCF 1999, National Forest Certification Commission. 1999. Standards and procedures for sustainable management and forest certification in Costa Rica. San José, Costa Rica. 54 p.) Likewise, the concept of Tacotal is "thick undergrowth" and should not be understood as a forest. Forest Law No. 7575 defines forest as follows: "Native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, occupying a surface area of two or more hectares characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies that cover more than 70% of that surface and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height." In this case, no area on the estate is specified that meets these criteria. For its part, the Law of Possessory Information in its seventh article indicates that properties located outside protected wilderness areas and with forests may be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession and having protected the resource, without making distinctions as to whether they are secondary or primary forests. Based on these definitions and the technical study from INTA visible at folio 64. To declare that type of vegetation as a public domain asset (bien demanial) or forest would be to not apply the legislation correctly, nor to encourage that type of forest regenerating activity. This activity is necessary for carbon sequestration in the atmosphere and therefore environmental measures against global warming, activities beneficial to the environment, so it would be inconsistent to punish possessors who have such forest regenerating activity by denying them the obtaining of their title deed. Based on the foregoing, the contention of the state representative that the land, being regenerating naturally, forms part of the nation's natural patrimony is not shared, because in accordance with article 856 of the Civil Code, the estate is suitable for acquisition by usucaption. Therefore, in accordance with article 7 of the Law of Possessory Information, this Tribunal considers that the exercise of the required legal possession over the estate was effectively proven with the evidence provided, for ten years prior to the date on which this process was initiated, and the land subject to these proceedings is suitable for usucaption as it is located outside any protected wilderness area, regardless of its management category, and having exercised possessory acts of conservation of natural resources. (In this regard, vote No. 51 at 15 hours 15 minutes on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice may be consulted). IV. Regarding the argument that the witnesses' testimony does not demonstrate the ten-year possession, the appellant is also incorrect. Even though she does not specifically indicate the reason why she considers they are not suitable to prove the ten-year possession, from the study of what each one stated, it is concluded that the three witnesses are consistent in describing a possessory chain that proves possession has been exercised uninterruptedly by the applicant and her transferor, and that they have known the land for twenty, twenty-five, and thirty years, as well as not being aware of possessory conflicts originating from the possession exercised over the land, therefore this argument is rejected. V. By reason of the foregoing, with respect to the appeal, the decision of the Lower Court shall be confirmed. **THEREFORE:** The judgment is confirmed, as appealed.