Res. 00045-2015 Tribunal Agrario — Titling forested lands through possessory information and ecological possessionTitulación de terrenos con bosque mediante información posesoria y posesión ecológica

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00045 - 2015

Fecha de la Resolución: 14 de Enero del 2015 a las 14:26

Expediente: 12-000223-0419-AG

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*120002230419AG*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

       

   

VOTO N°  45-F-15

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y veintiséis minutos del catorce de enero de dos mil quince.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por RIO CLARO LAND COMPANY LLC, cédula jurídica CED1 -   -       , representada por su apoderada generalísima sin limite de suma Kristi Aileen Penland, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Dominical de Osa, Puntarenas, cédula de residencia CED2           . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED3 -    -          - , representado por  MARJORIE MAYELA MADRIGAL MUÑOZ, mayor, casada, abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula de identidad CED4 -     -  , colegiada veintiún mil trescientos cuarenta y dos, en su condición de  apoderada general judicial. Actúa como apoderado especial judicial  de la parte  promovente, el licenciado Carlos Corrales Barrientos, cédula de identidad CED5 -     -    , colegiado número ocho mil novecientos cuarenta y nueve. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo  Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.-

RESULTANDO:

          1.- La parte promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriban a su nombre en el Registro Público de la Propiedad las fincas que se  describen así:"...  LOTE UNO: Plano P-999459-2055, que se describe así: Terreno sin inscribir en el Registro Público dedicado a pasto. Linda actualmente al Norte: Río Sandalo de la Osa S.A., Sur: [Nombre1]  , [Nombre2]  , [Nombre3]   Este: [Nombre4]  , Oeste: Río Coto Colorado. Situada en Bajo Cedros, [Dirección1]       , Provincia de Puntarenas, posee una extensión de cincuenta mil ochocientos ochenta y tres metros con setenta y cinco decímetros cuadrados, el cual se estima en la suma de tres millones de colones. LOTE DOS: Plano P-1016061-2005, que se describe así: Terreno sin inscribir en el Registro Público dedicado a pastos, cacao y Montaña Linda actualmente al Norte: [Nombre5]  , Sur: Río Sándalo de la Osa S.A., Este: [Dirección2]  con un frente de novecientos catorce metros con cuarenta centímetros del vértice del 1 al 23, y con un frente de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con noventa centímetros correspondiente a los vértices del treinta y cuatro al cuarenta y seis, Oeste: [Nombre6]  . situada en [Dirección3]     del Cantón sétimo Golfito, Provincia de Puntarenas. Posee una extensión de: un millón doscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis metros con cuarenta y un decímetros cuadrados, el cual se estima en la suma de tres millones de colones.LOTE TRES: Plano P-1020375-2005, que se describe así: Terreno sin inscribir en el Registro Público dedicado a pastos. Linda actualmente al Norte:[Nombre7]   , Sur: [Nombre8]   y [Nombre9]   Este: Río Lagarto, Oeste: [Nombre10]  . situada en San Francisco [Dirección4]      Golfito, Provincia de Puntarenas. Posee una extensión de: veintiocho hectáreas dos mil novecientos noventa y tres metros con veintiocho decímetros cuadrados, el cual se estima en la suma de tres millones de colones...".( folio 17, 114)-

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren a folio  94 a 101; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural se apersono al proceso  a folio 106.-

            3.- La jueza Maricel Zamora Arias, del Juzgado Agrario del Segundo  Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, mediante sentencia número 95-2014, de las nueve horas cuarenta y nueve minutos del diecisiete de julio del dos mil catorce, resolvió: “POR TANTO: SE APRUEBAN las diligencias de información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de RIO CLARO LAND COMPANY LLC, cédula jurídica CED6       , representada por su Apoderado Generalísimo [Nombre11]   cédula de residencia CED7           , mayor, casada una vez, abogada y vecina de Dominical de Osa, [Dirección5] , Puntarenas, las fincas descritas en los planos inscritos en el Catastro Nacional bajo los números: LOTE UNO: Plano P-999459-2055, que se describe así: Terreno sin inscribir en el Registro Público dedicado a pasto. Linda actualmente al Norte: Río Sandalo de la Osa S.A., Sur: [Nombre1]  , [Nombre2]  , [Nombre3]   Este: [Nombre4]  , Oeste: Río Coto Colorado. Situada en Bajo Cedros, [Dirección1]       , Provincia de Puntarenas, posee una extensión de cincuenta mil ochocientos ochenta y tres metros con setenta y cinco decímetros cuadrados, el cual se estima en la suma de tres millones de colones. LOTE DOS: Plano P-1016061-2005, que se describe así: Terreno sin inscribir en el Registro Público dedicado a pastos, cacao y Montaña Linda actualmente al Norte: [Nombre5]  , Sur: Río Sándalo de la Osa S.A., Este: [Dirección2]  con un frente de novecientos catorce metros con cuarenta centímetros del vértice del 1 al 23, y con un frente de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con noventa centímetros correspondiente a los vértices del treinta y cuatro al cuarenta y seis, Oeste: [Nombre6]  . situada en [Dirección6]    Guaycará del Cantón sétimo Golfito, Provincia de Puntarenas. Posee una extensión de: un millón doscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa y seis metros con cuarenta y un decímetros cuadrados, el cual se estima en la suma de tres millones de colones.LOTE TRES: Plano P-1020375-2005, que se describe así: Terreno sin inscribir en el Registro Público dedicado a pastos. Linda actualmente al Norte:[Nombre7]   , Sur: [Nombre8]   y [Nombre9]   Este: Río Lagarto, Oeste: [Nombre10]  . situada en San Francisco [Dirección7]  Guaycará del Cantón sétimo Golfito, Provincia de Puntarenas. Posee una extensión de: veintiocho hectáreas dos mil novecientos noventa y tres metros con veintiocho decímetros cuadrados, el cual se estima en la suma de tres millones de colones. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES: 1- Las contenidas en el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias. . 2) Que los inmuebles a titular quedan afectos a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. 3) Que el área contigua a las corrientes, constituye área de protección, según el artículo 33, incisos a) y b), de la Ley Forestal nº 7575, y queda prohibida la corta o eliminación de árboles(artículo 34 ibídem). Asimismo, que el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3, Inciso III). 4) Que las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, son de dominio público estatal y no forman parte de la finca, con fundamento en la Ley de Aguas, Artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III y Código de Minería, artículo 4.  Sirva la certificación de esta resolución como documento para la inscripción en el Registro Público (artículo 10 de la Ley de Informaciones Posesorias)." (  folio 179  vuelto a 180).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (192 a 198).

5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y,

CONSIDERANDO:

I.- El Tribunal comparte la relación de hechos probados, por tener buen sustento en los autos.

II.- La Procuradora plantea en su escrito apelación que consta en autos y la sentencia lo tiene por acreditado, que la naturaleza del bien a titular es boscoso (montaña), por lo cual forma parte de las reservas nacionales y está afecto al dominio público desde la Ley Forestal 4465 de 1969, siendo por ende imprescriptible e inalienable,  y no susceptible de prescripción positiva, citando como fundamento, entre otras la sentencia No. 4587-97 de la Sala Constitucional.- Además, aduce, que las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión apta para usucapir en cabeza del promovente (recurso a folios 192 a 198).

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.  Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público.  (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección8]       Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

VI.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó los planos catastrados No. P-999459-2005, que describe un terreno de pastos, el Plano No. P-1016061-2005, que describe un terreno de pastos, cacao y montaña, y el Plano No. P-1020375-2005, que describe un terreno de pastos (folios 4, 6 y 9), lo que significa que han sido dedicados a actividades agropecuarias. Pese a lo anterior, se nota en las certificaciones del INTA (folios 4 a 6), conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido el uso conforme a la actividad, que casi en su totalidad los terrenos han recuperado la cobertura de tacotal y bosque (folios 36 a 47), lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial practicado el 20 de mayo del 2014 (folio 159), en donde se indica que en los terrenos hay tacotal, bosque secundario y potreros en abandono. En cuanto al tema de la posesión,  dan fe los testigos [Nombre12]    (folio 160, quien se refiere a una posesión de m{as de treinta a treinta y cinco años,  [Nombre4]  , quien dice conocer los inmuebles desde hace más de cuarenta años (folio 161 vuelto), [Nombre13]   , quien dice conocer los inmuebles desde el año 1999 (folio 160 vuelto), [Nombre9]  , quien dice haber sido poseedor y colindante por más de treinta años (folio 161), y [Nombre14]   y [Nombre15]  , quienes refieren a una posesión de aproximadamente treinta años, indicando que esas fincas que eran potreros ahora están dedicadas a charrales y no han existido problemas en cuanto al ejercicio de la posesión por parte de los titulantes y sus transmitentes. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.      

 

 

 

	

*XD5HXXBX47461*

XD5HXXBX47461

[Nombre16]   –

JUEZ/A DECISOR/A

	

 




*YSQJBCDFMNC61*

YSQJBCDFMNC61

[Nombre17]   –

JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*CLNFJS753XY61*

CLNFJS753XY61

[Nombre18]    –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

             

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:19:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

EXPN1

PROCESS:

INFORMACIÓN POSESORIA

PLAINTIFF:

DEFENDANT:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

       

VOTO N°  45-F-15

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours and twenty-six minutes on the fourteenth of January two thousand fifteen.-

PROCESS OF INFORMACIÓN POSESORIA, brought by RIO CLARO LAND COMPANY LLC, legal identification number CED1 -   -       , represented by its general proxyholder without limit of sum Kristi Aileen Penland, of legal age, married once, attorney, resident of Dominical de Osa, Puntarenas, residency card CED2           . Appearing in the process are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as deputy procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED3 -    -          - , represented by MARJORIE MAYELA MADRIGAL MUÑOZ, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón, Alajuela, identity card CED4 -     -  , bar association number twenty-one thousand three hundred forty-two, in her capacity as general judicial proxyholder. Acting as special judicial proxyholder for the petitioner is attorney Carlos Corrales Barrientos, identity card CED5 -     -    , bar association number eight thousand nine hundred forty-nine. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.-

WHEREAS:

          1.- The petitioner filed a process of información posesoria with the aim of registering in its name with the Public Property Registry the properties described as follows: "... LOT ONE: Plan P-999459-2055, described as follows: Unregistered land in the Public Registry dedicated to pasture. Bounded currently on the North: Río Sandalo de la Osa S.A., South: [Name1], [Name2], [Name3], East: [Name4], West: Río Coto Colorado. Located in Bajo Cedros, [Address1]    , Province of Puntarenas, it has an area of fifty thousand eight hundred eighty-three square meters and seventy-five square decimeters, estimated at the sum of three million colones. LOT TWO: Plan P-1016061-2005, described as follows: Unregistered land in the Public Registry dedicated to pastures, cacao, and Montaña Linda. Bounded currently on the North: [Name5], South: Río Sándalo de la Osa S.A., East: [Address2] with a frontage of nine hundred fourteen meters and forty centimeters from vertex 1 to 23, and with a frontage of four hundred fifty-nine meters and ninety centimeters corresponding to vertices thirty-four to forty-six, West: [Name6]. Located in [Address3]  of the seventh Canton Golfito, Province of Puntarenas. It has an area of: one million two hundred thirty-eight thousand six hundred ninety-six square meters and forty-one square decimeters, estimated at the sum of three million colones. LOT THREE: Plan P-1020375-2005, described as follows: Unregistered land in the Public Registry dedicated to pastures. Bounded currently on the North: [Name7], South: [Name8] and [Name9], East: Río Lagarto, West: [Name10]. Located in San Francisco [Address4]  Golfito, Province of Puntarenas. It has an area of: twenty-eight hectares two thousand nine hundred ninety-three square meters and twenty-eight square decimeters, estimated at the sum of three million colones...". (folio 17, 114)-

2.- The Procuraduría General de la República appeared in the process under the terms set forth in folios 94 to 101; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the process at folio 106.-

            3.- Judge Maricel Zamora Arias, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, by means of judgment number 95-2014, at nine hours forty-nine minutes on the seventeenth of July two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE: THE proceedings of información posesoria are APPROVED. With the affects referred to in Article 17 of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with superior rights, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of RIO CLARO LAND COMPANY LLC, legal identification number CED6      , represented by its General Proxyholder [Name11], residency card CED7          , of legal age, married once, attorney and resident of Dominical de Osa, [Address5], Puntarenas, the properties described in the plans registered with the National Cadastre under the numbers: LOT ONE: Plan P-999459-2055, described as follows: Unregistered land in the Public Registry dedicated to pasture. Bounded currently on the North: Río Sandalo de la Osa S.A., South: [Name1], [Name2], [Name3], East: [Name4], West: Río Coto Colorado. Located in Bajo Cedros, [Address1]    , Province of Puntarenas, it has an area of fifty thousand eight hundred eighty-three square meters and seventy-five square decimeters, estimated at the sum of three million colones. LOT TWO: Plan P-1016061-2005, described as follows: Unregistered land in the Public Registry dedicated to pastures, cacao, and Montaña Linda. Bounded currently on the North: [Name5], South: Río Sándalo de la Osa S.A., East: [Address2] with a frontage of nine hundred fourteen meters and forty centimeters from vertex 1 to 23, and with a frontage of four hundred fifty-nine meters and ninety centimeters corresponding to vertices thirty-four to forty-six, West: [Name6]. Located in [Address6] Guaycará of the seventh Canton Golfito, Province of Puntarenas. It has an area of: one million two hundred thirty-eight thousand six hundred ninety-six square meters and forty-one square decimeters, estimated at the sum of three million colones. LOT THREE: Plan P-1020375-2005, described as follows: Unregistered land in the Public Registry dedicated to pastures. Bounded currently on the North: [Name7], South: [Name8] and [Name9], East: Río Lagarto, West: [Name10]. Located in San Francisco [Address7] Guaycará of the seventh Canton Golfito, Province of Puntarenas. It has an area of: twenty-eight hectares two thousand nine hundred ninety-three square meters and twenty-eight square decimeters, estimated at the sum of three million colones. RESTRICTIONS AND LIMITATIONS: 1- Those contained in Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias. 2) That the properties to be titled are subject to the reservations regarding rights-of-way for public roads provided for in Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and Article 19, subsection a, of the Ley de Informaciones Posesorias. 3) That the area adjacent to the watercourses constitutes a protection area, according to Article 33, subsections a) and b), of the Ley Forestal No. 7575, and the cutting or removal of trees is prohibited (Article 34 ibidem). Likewise, that the channel and waters of said watercourse are in the public domain (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3, Subsection III). 4) That the surface and subterranean waters existing on the property are state public domain and do not form part of the farm, based on the Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3, subsection III and Código de Minería, Article 4. Let the certification of this resolution serve as the document for registration in the Public Registry (Article 10 of the Ley de Informaciones Posesorias)." (folio 179 verso to 180).-

4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy procurator, filed an appeal with an express indication of the reasons by which she refutes the thesis of the Court of first instance (folios 192 to 198).-

5.- In the substantiation of the process, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of causing its nullity are noted in the ruling.-

Written by Judge ULATE CHACÓN, and,

WHEREAS:

I.- The Tribunal agrees with the statement of proven facts, as it has solid support in the case file.-

II.- The Procurator proposes in her appellate brief, which appears in the case file and the judgment takes as accredited, that the nature of the property to be titled is forested (montaña), and therefore it forms part of the national reserves and is affected by public domain since the Ley Forestal 4465 of 1969, being therefore imprescriptible and inalienable, and not subject to adverse possession (prescripción positiva), citing as grounds, among others, Judgment No. 4587-97 of the Constitutional Chamber.- In addition, she alleges that the witnesses' statements do not demonstrate the possession suitable for usucapion (usucapir) in the petitioner's name (appeal folios 192 to 198).-

III.- Although it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that forest-covered lands without private occupation were part of the national reserves, said classification as public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 amended Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to permit adverse possession on forest-covered lands by demonstrating ecological possession (posesión ecológica) through the conservation of the forest resource for more than ten years, and the transmitted possession may be utilized (see Constitutional Chamber Judgment No. 4587-97). The Agrarian Tribunal held the criterion that said possession had to be of a personal nature, but the Chamber declared that interpretation unconstitutional. Therefore, the Tribunal has rectified the criterion in later resolutions, stating: "V.- As to what the appellant alleges that the judge of first instance makes an error in applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of Article 1 of said Law, this Tribunal considers that he is not correct because the cited Article 7 was not declared unconstitutional; what was declared unconstitutional was the interpretation that the Tribunal had been making regarding not counting the possession exercised by previous transferors. Hence, with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias in force, the petitioner must demonstrate ten-year possession (posesión decenal) before the declaration of the protected wilderness area as indicated by the Constitutional Chamber in Voto No. 4587-97 (published in Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for adverse possession is already established in the Civil Code, and the provision in question simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In this sense, it is important to note what the Constitutional Chamber said on the matter in the cited vote: '…The first paragraph of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being challenged, whose text predates the latest amendment by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, governs the case of titling real property encompassed within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. This Article states that the titleholder must demonstrate having exercised ten-year possession for at least ten years prior to the date of entry into force of the law or decree that created the wilderness area. The provision in question governs the case of titling real property that has been affected into the public domain by the declaration of a protected wilderness area, whatever its specificity. It now corresponds to determine whether, in accordance with the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for it, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it should be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for adverse possession, set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real property by adverse possession. The extension of the term that the petitioner alleges as an infringement of the right to property does not occur, because given the nature of the property one seeks to title (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must elapse before the property's classification as public domain occurs. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession subsequent to the classification from counting, and prevents the fulfillment of the requirements for adverse possession if at that moment the right had not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession under the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of being exercised as an owner, necessary for possession "ad usucapionem." Recall that property classified as public domain, whatever its specifications, is not subject to acquisition by adverse possession if the necessary conditions for the acquisition of the right did not occur before the classification. In this sense, the provision in question, despite the fact that it apparently regulates a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for adverse possession is already established in the Civil Code, and the provision in question simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the norm does not establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of public domain property of the object to be titled. Hence, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements for adverse possession, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession "ad usucapionem" on lands that were declared of public interest.' (Agrarian Tribunal, No. 173 of 16:29 hours on March 31, 2003).-

IV.- So, a possessor who seeks to acquire by adverse possession a forest-covered land, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. Said criterion was recently ratified by the Constitutional Chamber in Voto No. [Telf1], of 9 hours on January 7, 2015, upon answering a judicial consultation of constitutionality related to titling in the national reserves: "VI.- TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE NATURAL PATRIMONY OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH SUPERIOR RIGHTS, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for our knowledge, deems it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves, and that of the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado), formerly called the Agricultural Patrimony of the State. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called Agricultural Patrimony of the State, based on a conception of agrarian property as originally belonging to the Nation. The Agricultural Patrimony of the State comprised all inalienable lands not subject to acquisition by denouncement or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, and National Parks (Articles 7 to 10). That is, the Patrimony encompasses those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in Article 11, indicating that 'Until proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the boundaries of the Republic not registered as private property, or as property of Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not covered by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services.' From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, such as lands for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private parties for more than ten years and not forming part of the Agricultural Patrimony of the State, were subject to legal recognition. Such recognition was achieved by private parties through Información Posesoria proceedings, or through the instrument created via the Multiple Titling of Lands (Titulación Múltiple de Tierras), later called 'Titling of Lands Located in National Reserves'. Later, the Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduced the concept of the Forest Patrimony of the State, conferring the forest administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that time, the Public Administration realized that within the so-called 'national reserves', the two regimes coexisted, and so in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización, and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of national reserves with agricultural/livestock vocation to the Instituto de Tierras y Colonización, the body responsible for plot distribution and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wilderness areas (áreas silvestre protegidas), indicating that they form part of the natural patrimony of the state and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, sole chapter, the concept of Natural Patrimony of the State, clarifying even what it comprises from the national reserves: 'The Natural Patrimony of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, the properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties guaranteeing credit operations with the National Banking System that enter to form part of its patrimony. The Ministry of Environment and Energy shall administer the patrimony.' The foregoing excludes lands of agricultural suitability from the Natural Patrimony of the State, as they are not forest lands, which continue to be part of the national reserves and are subject to adverse possession by private parties. Finally, the same Ley Forestal of 1996 amended Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize adverse possession, and therefore registration via información posesoria (and the repealed procedure for titling in national reserves), of lands belonging to the national reserves, with forest vocation and, even, lands in private possession that were encompassed within some category of protected wilderness area (Natural Patrimony of the State), provided that ten-year possession prior to the date of creation of the respective area was demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities tending toward forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de Tierras (later, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to allow the expediting of titling procedures for agrarian possessors who had completed a short adverse possession period (first three and then five years), so they could obtain a title of ownership and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with superior rights, understood as those private parties who could have exercised an action for superior right of possession within the zones considered national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be completely consolidated, as the period of negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later Instituto de Desarrollo Agrario, would overlap with properties registered in the name of private parties (since the requirement was that in the delimited geographic zone, there be at least 20% of lands without a title registered in the public registry). This implied, consequently, that the title granted by the ITCO was on lands from the national reserves, not on lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows us to clarify that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to recover it (reivindicar), as the same norm establishes, but not within the three-year period applicable to third parties with superior rights, but within the ten-year period." (END OF QUOTE).-

VI.- In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its Articles 1, 6, and 7, is considered proven. Indeed, the titleholder provided the cadastral plans No. P-999459-2005, which describes a land of pastures, Plan No. P-1016061-2005, which describes a land of pastures, cacao, and montaña, and Plan No. P-1020375-2005, which describes a land of pastures (folios 4, 6, and 9), which means they have been dedicated to agricultural and livestock activities. Despite the foregoing, it is noted in the certifications from the INTA (folios 4 to 6), in accordance with Article 58 of the Regulation to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, and based on the field visit, that it was determined that the use has been exercised in accordance with the activity, and that almost entirely the lands have recovered the cover of scrub (tacotal) and forest (bosque) (folios 36 to 47), which means that, far from affecting the resource, an agroforestry activity has taken place, for which it is concluded that sustainable possession (posesión sostenible) has been exercised, which can also be verified in the judicial inspection record (acta de reconocimiento judicial) conducted on May 20, 2014 (folio 159), where it is indicated that the lands contain scrub, secondary forest (bosque secundario), and abandoned pastures (potreros en abandono). Regarding the matter of possession, the witnesses attest: [Name12] (folio 160, who refers to a possession of more than thirty to thirty-five years), [Name4], who states he has known the properties for more than forty years (folio 161 verso), [Name13], who says he has known the properties since 1999 (folio 160 verso), [Name9], who says he was a possessor and adjoining landowner for more than thirty years (folio 161), and [Name14] and [Name15], who refer to a possession of approximately thirty years, indicating that those farms, which were pastures, are now dedicated to brushland (charrales) and there have been no problems regarding the exercise of possession by the titleholders and their transferors. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

THEREFORE:

The appealed judgment is confirmed, with respect to what was the object of the appeal.