Res. 00046-2015 Tribunal Agrario — Adverse possession of forest land and ecological possession in national reservesUsucapión de monte y posesión ecológica en reservas nacionales

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00046 - 2015

Fecha de la Resolución: 14 de Enero del 2015 a las 14:37

Expediente: 12-000036-0391-AG

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*120000360391AG*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

       

   

VOTO N°  46-F-15

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y treinta y siete minutos del catorce de enero de dos mil quince.-

            INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]  , mayor, casada, agricultora, vecina de El Roble de Alajuela, cédula de identidad número CED1 -     -  . Interviene en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED2 -    -       - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED3 -     -  , en condición de presidenta ejecutiva con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como defensora pública agraria de la parte promovente, la licenciada Mariela Angulo Pizarro. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.-

 

RESULTANDO:

            1.- La parte promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: "...Terreno de montaña, charral y frutales sito  [Dirección1]  ,    ,    Cruz, de la Provincia de Guanacaste, Mide: cinco hectáreas cinco mil novecientos cincuenta y tres metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados. Linda al NORTE: [Nombre2]   , [Nombre3]  , y servidumbre de paso SUR: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A. ESTE: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A. OESTE: Consultora Socio Ambiental del Neotrópico S.A., [Nombre2]    y [Nombre3]   , la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número CED4," (folio 15, 19, 24, 43 y 83 vuelto).-

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en los folios 33 al 35; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 41, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-

3.- El juez José Joaquín Piñar Ballesteros, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, mediante sentencia número 212-2014 de las dieciséis horas siete minutos del dieciocho de setiembre de dos mil catorce, resolvió: "POR TANTO: Se aprueba la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de  [Nombre1]   , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Alajuela, El Roble, [Dirección2]       , Residencial La Lucha, [Dirección3]  , portadora de la cédula de identidad número  CED5, la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número G-603886-2000, que se describe así: Terreno de montaña, charral y frutales sito  Vista del Mar, [Dirección4]   , Cantón [Dirección5] Santa Cruz, de la Provincia de Guanacaste, Mide: cinco hectáreas cinco mil novecientos cincuenta y tres metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados. Linda al NORTE: [Nombre2]   , [Nombre3]  , y servidumbre de paso SUR: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A. ESTE: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A. OESTE: Consultora Socio Ambiental del Neotrópico S.A., [Nombre2]    y [Nombre3]   . El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de un millón de colones. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada. a) Que el ancho de vía de la calle pública que colinda con el predio a titular es de 14.00 metros (artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias)," (folios 82 al 83 y vuelto).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 93 al 100).-        

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y,

CONSIDERANDO:

I.- El Tribunal comparte la relación de hechos probados, por tener buen sustento en los autos.

II.- La Procuradora plantea en su escrito apelación dos motivos de disconformidad: El primero, está relacionado con la descripción de la servidumbre, en la colindancia norte, aduciendo que debe rectificarse, por cuanto no se demostró la constitución de una servidumbre (artículos 376 y 379 del Código Civil, por lo que a su juicio se está constituyendo un gravamen. Los fundos, aduce, se presumen libres hasta que no se demuestre la constitución legal de la servidumbre.  En segundo lugar, agrega la recurrente que consta en autos y la sentencia lo tiene por acreditado, que la naturaleza del bien a titular es boscoso (montaña), por lo cual forma parte de las reservas nacionales y está afecto al dominio público desde la Ley Forestal 4465 de 1969, siendo por ende imprescriptible e inalienable,  y no susceptible de prescripción positiva, citando como fundamento, entre otras la sentencia No. 4587-97 de la Sala Constitucional.- Además, aduce, que las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión apta para usucapir en cabeza del promovente (recurso a folios 93 a 100).

III.- En lo relativo a la servidumbre por la [Dirección6] , ciertamente, la información posesoria no constituye derechos reales de servidumbre, pues es un trámite de jurisdicción no contenciosa para el otorgamiento de un título de propiedad en casos de usucapión. De ahí que no pueda concluirse, como lo hace la recurrente, que por este medio se están constituyendo otros derechos reales distintos al de propiedad. Por ello no observa el Tribunal ningún impedimento para inscribir el inmueble, si se está haciendo con base a una realidad fáctica, independientemente de la existencia de la servidumbre, como derecho real agrario.

IV.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.  Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público.  (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

V.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección7]       Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

VI.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó Plano Catastrado número G- 603886-2000, donde se indica que el inmueble está dedicado en su mayor parte a frutales, casa, charral y montaña (folio 1), lo que significa que se ha permitido la regeneración natural y se ha conservado el bosque. De ahí que la certificación del INTA (folios 4 a 6), indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido el uso conforme a la actividad, que tiene dos hectáreas de infraestructura  y charral, una hectárea de pasturas mejoradas y el resto es tacotal con árboles de diferentes especies, lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible. En cuanto al tema de la posesión, el titulante aportó escritura pública  del 14 de noviembre del 2005 (folio 10), mediante la cual el anterior transmitente, [Nombre4]  , le traspasa la posesión decenal, de lo cual también dan fe los testigos [Nombre5]  , quien se refiere a una posesión de más de treinta años (folio 52), [Nombre6]  , a quien le consta el ejercicio de la posesión desde hace más de treinta y dos años, y  [Nombre7]  , quien se refiere a una posesión de más de cincuenta años (folio 52 vuelto). Además, del reconocimiento judicial se desprende que el inmueble acusa una larga posesión, al indicarse lo siguiente:  "Está dedicado a tacotal, charral y frutales como níspero, mango y guayabas, también se observa un chaqüite y una casa de habitación de madera vieja deshabitada, en la cual vivieron los padres de la promovente y su familia, y algunos sectores pequeños de pasto, no se observa nacientes, quebradas ni ríos dentro de esta finca, tampoco se observa tala de arboles, tanto las rondas como las cercas se encuentran limpias y en buen estado de conservación". De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.    

 

 

	

*J9GBZXTTQUA61*

J9GBZXTTQUA61

[Nombre8]   –

JUEZ/A DECISOR/A

	

 




*TDRVAC43TZ43K61*

TDRVAC43TZ43K61

[Nombre9]   – JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*X9UEAFGKGYC61*

X9UEAFGKGYC61

[Nombre10]    –

JUEZ/A DECISOR/A

             

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:19:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours and thirty-seven minutes on the fourteenth of January of two thousand fifteen.-

POSSESSORY INFORMATION proceeding brought by [Nombre1], of legal age, married, farmer, resident of El Roble de Alajuela, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose details are unknown in the case file, in her capacity as assistant attorney general (procuradora adjunta); and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identity number CED2 - - - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED3 - - , in her capacity as executive president with powers of unlimited general attorney-in-fact. Acting as agrarian public defender for the applicant is attorney Mariela Angulo Pizarro. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz.-

WHEREAS:

1.- The applicant filed these possessory information proceedings so that, through this channel, the property described as follows may be registered in the Public Property Registry: "...Mountain, scrubland (charral), and fruit-tree land located [Dirección1] , , Cruz, of the Province of Guanacaste. It measures: five hectares, five thousand nine hundred fifty-three square meters, and eight square decimeters. It borders to the NORTH: [Nombre2] , [Nombre3] , and an easement (servidumbre de paso); SOUTH: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A.; EAST: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A.; WEST: Consultora Socio Ambiental del Neotrópico S.A., [Nombre2] and [Nombre3] , the property described in the map registered in the National Cadastre under number CED4," (folio 15, 19, 24, 43 and 83 verso).-

2.- The Office of the Attorney General appeared in the proceeding in the terms appearing in folios 33 to 35; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so in folio 41, neither of them expressing opposition to these proceedings.-

3.- Judge José Joaquín Piñar Ballesteros, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, by judgment number 212-2014 at sixteen hours seven minutes on the eighteenth of September of two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE: The possessory information is approved. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with better right, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of [Nombre1] , of legal age, married once, farmer, resident of Alajuela, El Roble, [Dirección2] , Residencial La Lucha, [Dirección3] , bearer of identity card number CED5, the property described in map number G-603886-2000 registered in the National Cadastre, which is described as follows: Mountain, scrubland (charral), and fruit-tree land located Vista del Mar, [Dirección4] , Canton [Dirección5] Santa Cruz, of the Province of Guanacaste. It measures: five hectares, five thousand nine hundred fifty-three square meters, and eight square decimeters. It borders to the NORTH: [Nombre2] , [Nombre3] , and an easement (servidumbre de paso); SOUTH: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A.; EAST: Consultora socio ambiental del Neotropico S.A.; WEST: Consultora Socio Ambiental del Neotrópico S.A., [Nombre2] and [Nombre3] . The property subject to this proceeding is valued at the sum of one million colones. Let the certification of this judgment serve to register the related property in the Property Registry. a) That the roadway width of the public road bordering the land to be titled is 14.00 meters (articles 4 of the General Law of Public Roads and 19, subsection a, of the Ley de Informaciones Posesorias)," (folios 82 to 83 and verso).-

4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as assistant attorney general (procuradora adjunta), filed an appeal explicitly stating the reasons for which she refutes the lower court's thesis, (folios 93 to 100).-

5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.-

Judge ULATE CHACÓN writes, and,

WHEREAS:

I.- The Tribunal concurs with the list of proven facts, as it has good support in the case file.

II.- In her appeal brief, the Attorney General raises two grounds for disagreement: The first relates to the description of the easement, on the north boundary, arguing that it must be rectified, since the constitution of an easement (servidumbre) (articles 376 and 379 of the Civil Code) was not demonstrated, and therefore, in her opinion, an encumbrance is being constituted. Lands, she argues, are presumed free until the legal constitution of the easement (servidumbre) is demonstrated. Secondly, the appellant adds that it is evident in the case file—and the judgment accepts it as proven—that the nature of the property to be titled is forested (mountain), and therefore it forms part of the national reserves and has been subject to public domain since the Ley Forestal 4465 of 1969, being consequently imprescriptible and inalienable, and not susceptible to adverse possession (prescripción positiva), citing as grounds, among others, judgment No. 4587-97 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional).- Furthermore, she argues that the witnesses' statements do not demonstrate possession suitable for usucapion (usucapir) on the part of the applicant (appeal at folios 93 to 100).

III.- Regarding the easement (servidumbre) for the [Dirección6], certainly, possessory information does not constitute real easement rights, as it is a non-contentious jurisdiction proceeding for granting a property title in cases of usucapion (usucapión). Hence, it cannot be concluded, as the appellant does, that other real rights distinct from ownership are being constituted through this means. Therefore, the Tribunal does not observe any impediment to registering the property, if it is being done based on factual reality, regardless of the existence of the easement, as an agrarian real right.

IV.- While it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered by forest, without private occupation, were part of the national reserves, said allocation to public domain has been changing with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 reformed Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to allow usucapion (usucapión) on lands covered by forest, but by demonstrating ecological possession, through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to utilize transferred possession (see judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 4587-97). The Agrarian Tribunal held the criterion that such possession had to be personal, but the Chamber declared that this was unconstitutional. Therefore, the Tribunal has rectified the criterion in subsequent resolutions stating: "V.- Regarding what the appellant alleges that the lower court judge made an error by applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings should be analyzed in light of Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct because Article 7 cited was not declared unconstitutional; rather, it was the interpretation that the Tribunal had been making, in that possession exercised by previous transferors was not counted. Hence, with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being in effect, the applicant must demonstrate decennial possession (posesión decenal) prior to the declaration of the protected wild area, as indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in vote No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for usucapion (usucapir) is established in the Civil Code, and the challenged provision merely highlights certain elements inherent to usucapion (usucapión) that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion (usucapión). In that sense, it is important to note what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated in this regard in the cited vote: “…The challenged Article 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text predates the last reform by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real property included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the titleholder must demonstrate having exercised decennial possession (posesión decenal) at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling a real property that has been allocated to public domain by the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now necessary to determine whether, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria informing the institutes of usucapion (usucapión) and the possession necessary for usucapion (usucapión), set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year possession period necessary for usucapion (usucapir), set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which it is intended to acquire ownership of real property by adverse possession (prescripción positiva). The extension of the period that the appellant alleges violates the right to property does not occur, because given the nature of the property to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion (usucapión) must elapse before the allocation of the property to public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the allocation from counting, and prevents the requirements of usucapion (usucapión) from materializing if, at that moment, the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for usucapion (usucapir) with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise in the capacity of holder, necessary for possession ad usucapionem. Remember that property allocated to public domain, whatever its specifications, is not susceptible to acquisition by usucapion (usucapión), if the necessary conditions for acquiring the right did not materialize before the allocation occurred. In that sense, the challenged provision, although it seemingly regulates a specific case of usucapion (usucapión), does not create a regime with different requirements from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year possession period for usucapion (usucapir) is established in the Civil Code, and the challenged provision merely highlights certain elements inherent to usucapion (usucapión) that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion (usucapión). That is, the norm does not establish any different principle—or more rigorous requirement—regarding the application of the general rules of usucapion (usucapión). It simply specifies how those rules must be applied, which coincides with a logical result given the status of public domain property (bien demanial) of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is challenged, introduced a different regime regarding the requirements of usucapion (usucapión), which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Tribunal, No. 173 at 16:29 hours on March 31, 2003).

V.- Thus, the possessor who intends to acquire by usucapion (usucapión) a forest-covered land that was part of the national reserves must demonstrate decennial possession (posesión decenal) (original or transferred) and that the forest resource has been conserved. This criterion was recently ratified by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Vote No. [Telf1], at 9 hours on January 7, 2015, in response to a judicial consultation of constitutionality related to titling in national reserves: "VI.- THE TITLING OF LANDS IN NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves and that of the State's Natural Heritage, formerly called the State's Agricultural Heritage (Patrimonio Agrícola del Estado). The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called State's Agricultural Heritage, based on a concept of agrarian property as originating from the Nation. The State's Agricultural Heritage included all inalienable lands not susceptible to acquisition by denouncement or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the [Dirección7] National Parks (articles 7 to 10). That is, the Heritage (Patrimonio) includes those lands with characteristics of inalienability, subject to public domain, and contained within some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves in Article 11, stating that “Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the limits of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or of Autonomous Institutions; b) Those not protected by decennial possession (posesión decenal); c) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services.” From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, as lands with agricultural, livestock, or forest vocation, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the State's Agricultural Heritage, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private individuals through possessory information proceedings or, alternatively, through the instrument created via Multiple Land Titling, later denominated “Titling of Lands Located in National Reserves.” Subsequently, Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduced the concept of the State's Forest Heritage, conferring the forest administration of the forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that moment, the Public Administration realized that the two regimes coexisted within the so-called “national reserves,” so in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (under which the Dirección General Forestal fell), the Instituto de Tierras y Colonización, and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three agencies over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). This occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of national reserves with agricultural/livestock vocation to the Instituto de Tierras y Colonización, the agency responsible for land subdivision (parcelación) and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas, indicating that they form part of the state's natural heritage and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) character (articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), even clarifying what it comprises of the national reserves: “The State's natural heritage shall consist of the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage.” The foregoing excludes, as part of the State's natural heritage, lands of agricultural/livestock suitability, which are not forestal and continue to be part of the national reserves, susceptible to usucapion (usucapión) by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996 amended Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize usucapion (usucapión), and thus the registration via possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), of lands belonging to the national reserves with forest vocation, and even lands in private possession that were included within some category of protected wild area (State's Natural Heritage), provided that decennial possession (posesión decenal) prior to the date of creation of the respective area is demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (subsequently, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales) came to allow expediting the titling procedures of agrarian possessors who had completed a short usucapion (usucapión) (first of three and then of five years), so that they could obtain a property title and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understood as those private individuals who could have exercised an action for better right of possession within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be totally consolidated, since the period of negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that upon creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, subsequently Instituto de Desarrollo Agrario, would overlap with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographical zone, at least 20% of the lands had no title registered in the public registry). This consequently meant that the title granted by ITCO was for lands of the national reserves, not for lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, upon a previously registered private property, the record owner would have the right to claim (reivindicar), as established by that same norm, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period." (END OF QUOTE).

VI.- In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias in its articles 1, 6, and 7 is deemed proven. Indeed, the titleholder provided Cadastral Map number G- 603886-2000, which indicates that the property is mostly dedicated to fruit trees, house, scrubland (charral), and mountain (folio 1), meaning that natural regeneration has been allowed and the forest has been conserved. Hence, the INTA certification (folios 4 to 6) indicates that, pursuant to Article 58 of the Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, and based on the field visit, it was determined that the use has been exercised according to the activity, that there are two hectares of infrastructure and scrubland (charral), one hectare of improved pastures, and the rest is overgrown pasture with trees of different species, which means that, far from affecting the resource, sustainable agroforestry activity has occurred, thus it is concluded that sustainable possession has been exercised. Regarding the issue of possession, the titleholder provided a public deed dated November 14, 2005 (folio 10), through which the previous transferor, [Nombre4] , transferred the decennial possession (posesión decenal) to her, which is also attested to by witnesses [Nombre5], who refers to possession of more than thirty years (folio 52), [Nombre6], who has knowledge of the exercise of possession for more than thirty-two years, and [Nombre7], who refers to possession of more than fifty years (folio 52 verso). Furthermore, from the judicial inspection it is evident that the property shows long possession, as the following is stated: "It is dedicated to overgrown pasture, scrubland (charral), and fruit trees such as loquat, mango, and guavas; a banana patch and an old, uninhabited wooden dwelling house are also observed, in which the applicant's parents and family lived, and some small areas of pasture; no springs (nacientes), streams, or rivers are observed within this property; no tree felling is observed; both the firebreaks and fences are clean and in good condition." Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

THEREFORE:

The appealed judgment is confirmed, in the matters that were subject to appeal.