Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)A partir de lo transcrito, es dable afirmar que el dominio público forestal se genera por la existencia de los bosques y no por su declaración formal en un catastro nacional o su inscripción registral, de acuerdo a la normativa transcrita. Desde esta perspectiva, tenemos que los terrenos forestales y bosques descritos por las normas de análisis son inembargables, inalienables e imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado, de toda suerte que la posesión de los mismos por parte de los particulares no causa derecho alguno a su favor, ni pueden titularlos e inscribirlos a su nombre en el Registro de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Forestal. Por último, es importante precisar que por voluntad legislativa sin que medie más requisito, aquellos territorios que sean considerados reservas nacionales con ocasión de su condición natural y cualidades físicas, se encuentran afectados de forma inmediata a la normativa forestal, entendiéndose en consecuencia que el régimen de demanialidad de los bienes que implica la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de la acción del Estado para recuperar esos bienes, permite la conservación y protección de los mismos.
English (translation)From the foregoing, it can be affirmed that the public forest domain arises from the existence of forests and not from their formal declaration in a national cadastre or their registry inscription, pursuant to the aforementioned regulations. From this perspective, the forest lands and forests described by the analyzed provisions are unattachable, inalienable, and the State’s reivindication action is imprescriptible, such that private possession thereof generates no right whatsoever, nor may they be titled or inscribed in the Registry in accordance with Article 14 of the Forestry Law. Finally, it is important to specify that by legislative will, with no further requirement, those territories considered national reserves due to their natural condition and physical qualities are immediately subject to forestry regulations, and consequently the public domain regime—which entails inalienability, unattachability and imprescriptibility of the State’s action to recover those assets—enables their conservation and protection.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Resolución Nº 00044 - 2015 Fecha de la Resolución: 13 de Mayo del 2015 a las 13:20 Expediente: 11-002357-1027-CA Redactado por: Claudia Bolaños Salazar Clase de asunto: Proceso de lesividad Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso de lesividad Subtemas: Nulidad de acuerdo del IDA que adjudica terreno que constituye patrimonio natural del Estado. Presupuestos y análisis con respecto a la caducidad y la prescripción para interponer la acción referente a la tutela de bienes de dominio público. Temas (descriptores): Instituto de Desarrollo Rural Subtemas: Análisis con respecto a la caducidad y prescripción de la declaratoria de lesividad. Nulidad de acuerdo del IDA que adjudica terreno que constituye patrimonio natural del Estado. Temas (descriptores): Bienes públicos Subtemas: Análisis con respecto a la caducidad y prescripción de la declaratoria de lesividad. Nulidad de acuerdo del IDA que adjudica terreno que constituye patrimonio natural del Estado. Temas (descriptores): Patrimonio natural Subtemas: Deber constitucional y legal del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nulidad de acuerdo del IDA que adjudica terreno que constituido por bosque. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Deber constitucional y legal del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nulidad de acuerdo del IDA que adjudica terreno que constituye patrimonio natural del Estado. Temas (descriptores): Medio ambiente Subtemas: Deber constitucional y legal del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Temas (descriptores): Caducidad de la acción Subtemas: Análisis con respecto a la declaratoria de lesividad referente a la tutela de bienes de dominio público. Temas (descriptores): Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas: Deber constitucional y legal del Estado de garantizarlo, defenderlo y preservarlo. Temas (descriptores): Intangibilidad de los actos propios Subtemas: Alcances. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico [email protected] Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A Proceso: Lesividad Expediente: 11-00 2357-1027-CA Actor: Instituto de Desarrollo Agrario Demandados: Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. Cities of the Future S.A. No.44 - 2015-I Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos, a las trece horas veinte minutos del trece de mayo de dos mil quince. Proceso de lesividad interpuesto por el Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, representado por el señor Rolando González Ulloa, educador, vecino de Alajuela y portador de la cédula de identidad número dos - doscientos setenta y cuatro- quinientos cuarenta en contra de las sociedades Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. y Cities of the Future S.A. , representadas ambas por su apoderado especial judicial, el licenciado Juan Carlos Retana Otárola, vecino de San José, casado y portador de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y cinco- setecientos treinta y siete. Interviene como tercero interesado el Estado, representado por la Procuradora Adjunta Heilyn Sáenz Calderón, portadora de la cédula de identidad número siete- ciento veintiuno- ciento sesenta y tres.- RESULTANDO I.- Que en fecha 29 de abril del 2011, en representación del Instituto de Desarrollo Agrario se interpone proceso de lesividad, en el cual se formulan las siguientes pretensiones: "Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, que autorizó la segregación y traspaso a favor de los demandados de la parcela 1-4 del programa de Titulación Múltiple Cuenca del Río Aranjuez. 2. Por conexidad, que se anule parcialmente la escritura pública número 70, otorgada ante el Notario Público Fernando González Rojas, a las 08:00 horas del día 23 de octubre del 2003 en Puntarenas, en relación a la parcela 1-4 del Proyecto Cuenca Río Aranjuez. 3- Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca del partido de Puntarenas, folio real 134.978-000. 4.- Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la reunión de fincas que formaron el folio real de la provincia de Puntarenas 167241-000, en relación a la finca del Partido de Puntarenas, folio real 134.978-000. 5. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio." (Ver demanda a folios 01 a 19 y audiencia preliminar respaldada en disco compacto y minuta a folios 667 y 668 del expediente judicial) II- Que otorgado el traslado de ley, la representación de las accionadas se opone a la demanda y formula la excepciones de prescripción, caducidad y falta de agotamiento de la vía administrativa, las cuales son declaradas sin lugar a través de la resolución n°1589-2011, de las 15 horas del 29 de setiembre del 2011 por el Juez de Trámite en la audiencia preliminar. Aunado a lo anterior, también interponen las accionadas la defensa de fondo de falta de derecho, y opone como excepciones de fondo en caso que sean rechazadas interlocutoriamente la prescripción y la caducidad de la acción. (Ver folios 471 a 518, 667 y 668 del expediente judicial) III.-Que la audiencia preliminar fue celebrada a las 15:29 horas del 29 de setiembre del 2011, con la presencia de ambas partes del proceso. En dicha audiencia se fijan las pretensiones, se resuelve el rechazo de las defensas de prescripción, caducidad y falta de agotamiento de la vía administrativa opuesta por la parte accionada, se tienen todos los hechos por controvertidos, se admite la prueba documental y el peritaje solicitado por la parte actora. (Ver audiencia preliminar respaldada en disco compacto y minuta a folios 667 y 668 del expediente judicial) IV. Que a través de la resolución de las 14:19 horas del 23 de mayo del 2014, se notifica al Estado y a la Contraloría General de la República acerca de la existencia del presente proceso, apersonándose únicamente como tercero interesado la representación del Estado. (Ver folios 759, 776, 786 a 790 y 798, del expediente judicial) V.- Que el juicio oral y público se encontraba programado para las ocho horas treinta minutos del nueve de febrero del 2015, no obstante, en virtud de no hacerse presente el perito judicial, única prueba a evacuar en el juicio oral y público, se dispone reprogramar la audiencia para las ocho horas treinta minutos del veintisiete de marzo del 2015, además se dispone como prueba para mejor resolver requerirle al Estado la rendición de un informe por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que determine el tema del patrimonio natural del Estado, si hay inventario forestal por parte del Ministerio del Ambiente y Tecnología y determinar si se han otorgado autorizaciones o permisos de aprovechamiento forestal por parte del mismo órgano ministerial y de ser así, cuales son los números de permisos que se han gestionado. (Ver folio 820 del expediente judicial) VI. Que el juicio oral y público fue celebrado a las 08:52 horas del 27 de marzo del 2015, con la presencia de todas las partes y el Estado como tercero interesado. En dicha audiencia se evacuó la prueba pericial rendida por el perito judicial y el perito, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que había sido requerido por el Tribunal como prueba para mejor resolver. Asimismo, se rinden conclusiones por todos los agentes procesales. (Ver folios 864 y 865 del expediente judicial) VII. Que a través de la resolución de las trece horas cuarenta y cinco minutos del siete de abril del año en curso, por resultar necesario para el dictado de la sentencia, el Tribunal solicita como prueba para mejor resolver al Instituto de Desarrollo Rural copia certificada del expediente administrativo de titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez y una vez recibido éste, a través de la resolución de las catorce horas trece minutos del veinte de abril se ordena la reapertura de la audiencia de juicio oral y público para las once horas del día 27 de abril del 2015, en el cual participan todas las partes procesales. (Ver folios 866 y 883 del expediente judicial) VIII.-Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. Redacta la Juez Bolaños Salazar , con el voto afirmativo de los juzgadores Loaiza Sánchez y Espinoza Salas. CONSIDERANDO I.- Sobre los hechos probados.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) Que el plano catastrado número P-817040-2002 que es parte del folio real 6115788-000, indica que es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario y su poseedor es Ganadera Sonora S.A. Además señala que se encuentra situado en el Distrito San Jerónimo, Cantón Esparza de la Provincia de Puntarenas y mide 611.632,32 metros cuadrados. (Ver folio 18 del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez); 2) Que la oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, a través del oficio OFAU-C-3829-2002, del 11 de noviembre del 2002, certifica que: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-817040-2002 a nombre de INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO poseedor Ganadera Sonora S.A. que ese describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. Sin embargo, sí le afecta las áreas de protección según artículos 33 y 34 de la Ley Forestal del 16 de abril de 1996. Asimismo, certifico que para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo permiso (art. 27 Ley Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque.- ES PARTE DE FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL 6115788-000, SEGÚN CONSTA EN EL PLANO." (Ver folio 10 del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez); 3) Que en fecha 12 de noviembre del 2002, la firma Ganadera Sonora S.A. vende su derecho de posesión sobre el inmueble descrito en el plano catastrado número P-817040-2002 que es parte del folio real 6115788-000, a la firma Desarrollo Cerdeña Menorca S.A, mediante escritura pública número 73, del tomo de los notarios públicos Carlos Fernando Hernández Aguiar y Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno. (Ver folios 13 a 16 del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez); 4) Que en fecha 08 de mayo del 2003, en representación de la firma Desarrollo Cerdeña Meñorca S.A, se formula ante la Oficina Sub Regional de Orotina del Instituto de Desarrollo Agrario, solicitud para el trámite de titulación en reservas nacionales con fundamento en los artículos 10 y 11 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales al amparo de la Ley número 2825, del 10 de setiembre del 2002, con relación al inmueble ubicado en el Distrito San Jerónimo, Cantón Esparza de la Provincia de Puntarenas que se describe en el plano catastrado número P-817040-2002, con una medida de 61 hectáreas, 1632. 32 metros cuadrados. (Ver folios 19 a 21 del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez); 5) Que en la fórmula denominada "Declaración de Colindantes" respecto a la parcela número 4, del proyecto "Cuenca Ar" (sic), se indica en lo que interesa en el espacio "Declaración del funcionario del IDA" lo siguiente: "El suscrito Rodolfo Salazar Alfaro, céd. N° 6-065-241 en mi calidad de técnico c, funcionario de la oficina regional de Coyolar y con facultades para ello manifiesto que de acuerdo a la inspección practicada a la parcela arriba descrita, he verificado los requisitos contemplados en el artículo 10 del reglamento para la titulación de tierras de Reservas Nacionales, por tanto recomiendo que esta parcela puede titularse". Aunado a lo anterior, se consigna en el mismo documento respecto a la naturaleza del terreno y el área correspondiente lo siguiente: "pasto 6.00, tacotal 25.00, bosque 30-16, total 61.1632.32, valor estimado de la parcela 500.00.°°" (Ver folio 22 del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez); 6) Que a través del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, se autorizó la segregación y traspaso de 73 lotes y parcelas del Proyecto Cuenca del Río Aranjuez, sito Chomes Central de la Provincia de Puntarenas, entre los cuales se encuentra la parcela 1-4 a favor de la sociedad denominada Desarrollos Cerdeña Menorca S.A. (Ver folios 32 a 38 del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez); 7) Que la finca con el número de matrícula 6-134978-000, mide seiscientos once mil seiscientos treinta y dos metros cuadrados y se encuentra situada en el distrito 05, San Jerónimo, Cantón 02 Esparza, de la Provincia de Puntarenas. (Ver folio 80 del expediente judicial); 8) Que en el año 2005 la demandada Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. traspasó su dominio del inmueble con el número 6-134978-000 a favor del señor Jeffrey Petry, quien a su vez en fecha 8 de abril del 2008 lo vende a la firma Cities of the Future S.A. y ésta lo reune con las fincas de Puntarenas a folios reales 8384-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000 y 132373-000, formando el inmueble con el número de finca 167241-000. (Hecho no controvertido, Ver folios 65 a 72, 381 a 398 del expediente judicial); 9) Que la finca con el número 6-134978-000 forma parte de la reunión de fincas que da origen al inmueble con el número 6-167241-000, ubicado en el Distrito 05, San Jerónimo, Cantón 02 Esparza de la Provincia de Puntarenas, con una medida de cinco millones doscientos noventa y tres mil ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados, propiedad de Cities of the Future S.A. (Hecho no controvertido, ver folios 84 y 85 del expediente judicial); 10) Que el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes emite a través del oficio DEGEO-096-08, el "Estudio para apoyar trabajo de fiscalización sobre titulación de tierras en los proyectos Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz y Zona Norte 041 del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)", en cuyo folio 27 señala que: " 6. Interpretación del Uso de Suelo, Topografía y Capacidad de Uso de Suelo en el Proyecto Titulación de Tierras Cuenca del Río Aranjuez del IDA. 6-1. propiedad Desarrollo MENORCA S.A. del IDA. En esta propiedad existen áreas de cultivos y pastos hacia el sector central de la propiedad, hacia el sector sureste se encuentran manchas de bosque primario. A pesar que esta área es considerada como potencial de acuíferos se observa una gran deforestación en el sitio (Ver figura No. 2 Uso de Suelo Propiedad Desarrollo MENORCA SA. del IDA). En lo que se refiere a la topografía, presenta terrenos quebrados (pendientes 45° a 60 grados) en el sector este de propiedad y hacia el sector oeste terrenos muy accidentados (pendientes 30° a 45 grados). (Ver figura No.3 Pendientes propiedad Desarrollo Menorca S.A. del IDA). Por otra parte, esta propiedad presenta limitaciones o condiciones que lo ubican dentro de la clase 4P. La clase 4P, presenta limitaciones más severas que las 3P, pero aún se considera apta para todo tipo de uso, sin embargo en ellas se restringe en alto grado la agricultura a elegir, además de que se requiere métodos intensivos de manejo y conservación de suelos. En cuanto a las limitaciones escasa profundidad efectiva del suelo, alta susceptibilidad a la erosión, altas precipitaciones (5000 mm), suelos con fertilidad baja. (Ver Figura No. 4 capacidad de uso de suelo Propiedad Desarrollo Menorca S.A. del IDA)". (Ver folios 87 a 160 del expediente judicial); 11) Que a través del informe DFOE-PGAA-20-2008, de fecha 27 de agosto del 2008, el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la Contraloría General de la República se dirige al Presidente de la Junta Directiva de Desarrollo Agrario, remitiéndole el informe rendido en relación con los resultados del estudio de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, entre las cuales incluye a las propiedades con bosques o terrenos de aptitud forestal ubicados en el proyecto de titulación múltiple Cuenca del Río Aranjuez, refiriéndose puntualmente a las parcelas número 4 del bloque I, 1 del bloque 5, 68 del bloque 4 y 6 del bloque 7. En dicho informe se emiten disposiciones obligatorias para el Instituto entre las que se encuentran realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho corresponda ante las instancias correspondientes, a efecto que se inicie un proceso de recuperación de las tierras tituladas por el IDA que pertenecen al patrimonio natural del Estado y que corresponden a los 15 casos que se detallan en ese documento. (Ver folios 161 a 173 del expediente judicial); 12) Que a través del artículo 17 de la sesión ordinaria número 16-2010, celebrada el 03 de mayo del 2010, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario realiza "la declaratoria de lesividad de proceso de nulidad ordenados por la Contraloría General de la República" que comprende la titulación de la parcela 4 del bloque 1 a favor de Desarrollo Cerdeña Menorca S.A, cédula jurídica 3-101-016462, en el proyecto de titulación múltiple Cuenca del Río Aranjuez, por cuanto se indica que en el expediente de la titulación consta certificación del MINAE OFAU-C-3829-2002, según la cual el área indicada en el plano está fuera de áreas silvestres protegidas, sin embargo la certificación es omisa respecto a si se encuentra o no dentro del patrimonio natural del Estado. Aunado a lo anterior, se agrega que el expediente de la titulación no consta que se haya realizado el estudio de suelos del INTA. (Ver folios 175 a 181 del expediente judicial); 13) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, a través del artículo 10, adoptado en la sesión ordinaria número 015-2011, celebrada el 25 de abril del 2011, modifica el acuerdo indicado en el hecho anterior y declara lesivos al interés público un serie de actos administrativos, entre los que se encuentra el comprendido dentro del expediente número 4, que corresponde a la titulación de la parcela 4 del bloque 1 a favor de Desarrollo Cerdeña Menorca S.A, cédula jurídica 3-101-016462, en el proyecto de titulación múltiple Cuenca del Río Aranjuez, refiriendo al acuerdo número 66 adoptado en la sesión 45-03, del 29 de setiembre del 2002, aprobado mediante el artículo 2 de la sesión 046-03 del 13 de octubre del 2003, fundamentado en el hecho que según el informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, contenida en el oficio DEGEO-096-08 del 05 de agosto del 2008, indicándose que: "con base en el mapa de Cobertura Forestal de Costa Rica de FONAFIFO, el mapa de pendientes y de capacidad de uso de suelo en Costa Rica del Instituto Geográfico Nacional y la base de datos del SENARA, sobre áreas de potenciales acuíferos en Costa Rica del año 2007, determina que en la ubicación de la parcela se observan áreas de cultivos y pastos hacia el sector central de la propiedad, hacia el sector sureste de la propiedad se encuentran manchas de bosque primario, a pesar de que esa área es considerada como potencial de acuíferos se observa una gran deforestación en el sitio, en lo que se refiere a la topografía presentada terrenos quebrados (con pendientes de 45 a 60 grados) en el sector este de la propiedad y hacia el sector oeste terrenos muy accidentados (con pendientes de 30 a 45 grados), e indica que la propiedad presenta limitaciones que la ubican en la clase 4P, sea con limitaciones más severas que las de la clase 3, pero que aún se consideran aptas para todo tipo de uso, sin embargo en ellas se restringe en alto grado la agricultura a elegir, además que se requieren métodos intensivos de manejo y conservación de suelos. En el expediente de la titulación, no consta que se haya realizado el estudio de uso conforme de suelos del INTA." (Ver folios 182 a 188 del expediente judicial); 14) Que en el oficio DST-152-11, emitido por el Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria, se hace saber que ese órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Agricultura y Ganadería no es competente para emitir criterio técnico para determinar si el inmueble con el plano catastrado P-817040-2002, se encuentra geográficamente dentro o fuera del patrimonio natural del Estado, estimando que ello es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Ver folio 529 del expediente judicial); 15) Que el peritaje rendido por el ingeniero Gustavo Alvarado Salazar denominado "Estudio de campo para la determinación del uso actual y ubicación de un terreno privado, San Jerónimo, Esparza, Puntarenas"; concluye lo siguiente:" 1. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 presenta una ubicación catastral correcta, acorde a lo que indica su plano catastrado. 2. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 presenta un área de 17 hectáreas 2952.72 m² (28%) que califica técnica y legalmente como un área de bosque según Ley Forestal 7575. 3. Existe actualmente un 45% del área de la propiedad con plano catastrado P-817040- 2002 cubierta bajo un uso pecuario o agrícola (27 ha 1746.01 m²). 4. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 cuenta en la actualidad con un área de 16 hectáreas 6933.59 m² que se encuentran bajo un proceso de regeneración, pero que en el pasado constituían área de uso agrícola o pecuario (antes del año 2005). 5. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 no se encuentra dentro de ningún Área Silvestre Protegida del Estado. 6. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 no se encuentra dentro de ningún acuífero de importancia nacional. 7. No se pudo realizar la ubicación de la propiedad con plano castastrado P-817040-2002, respecto al Patrimonio Natural del Estado, debido a que no se contó con información digital disponible para la zona, sin embargo dicha potestad le corresponde al MINAET según Ley Forestal 7575." En el informe pericial se contempla un mapa del uso actual del inmueble que indica: regeneración natural 16 ha. 6933.59 m², pastos arbolados 10 ha. 4071.76 m², plantación Melina 4 ha 0818.44 m², bosque 17 ha. 2952 m² y pastos 12 ha 6855.81 m². (Ver folios 716 a 742 del expediente judicial); 16) Que la Oficina Subregional Esparza- Orotina, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), a través del oficio ACOPAC- OSREO-310-2015, del 11 de marzo del 2015, informa el resultado del estudio realizado a la finca con el número de folio real 134978-000, con el plano catastrado 817040-2002, siendo de interés el siguiente extracto: "...Para un mejor detalle del uso actual de este inmueble se levantaron dos parcelas en dos sitios diferentes dentro de inmueble de marras: Parcela n° 01, N. 1112534, E:429619 CR TM 05, diámetro 13.5 , Área 572 m², pendiente 35%, uso actual pastos variedad brachiaria, un árbol de laurel diámetro 14.25 cm y uno de guayaba no comercial. Parcela N°02, N: 1112388, E: 429204, diámetro 13.5 m, Área 572 m², pendiente 63%. Uso actual regeneración natural, suelos con una pérdida de más del 50% de horizonte A, especie predominante chumino (nance de montaña). Forma parte de un área de cobertura forestal clases de tierra VII y VIII, clasificadas como de protección forestal según Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y Aguas N°7779. Localizada sobre las tierras de mayor pendiente del Río Guatuso, sub -cuenca del Río Barranca. Manteniendo un uso conforme. De acuerdo al levantamiento de coordenadas con GPS, sistemas de referencia CRTM-05, se localizaron dos puntos dentro de las zonas de protección forestal, (01) N: 111388 E:429204 y (02) N:1112304 E:429229. Según montaje en la ortofoto del año 2006, del catastro nacional hoja MIRAMAR 3246-II archivo ECW, el área bajo protección forestal clasificada como tierras clases VII y VII, donde el factor limitante que cataloga estas tierras es la fuerte pendiente mayor al 60% (escarpada). Es de 21.1 has de protección forestal (...) En cuanto al inventario forestal solicitado, el mismo no procede técnicamente, debido a lo inaccesible, por lo escarpado de estos terrenos, además el uso actual es conforme de tierras clase VII y VIII de protección y regeneración forestal. Se deriva de esta inspección de campo y teniendo como base los datos técnicos y de georeferenciación aportados, que el inmueble folio real 6-134978-000 bajo el plano catastrado P-817040-2002, con un área de 61 ha 1732 m², se localiza fuera de cualquier Área Silvestre Protegida administrada por MINAE-SINAC-ACOPAC, de acuerdo con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal N°7575. El predio en mención no forma parte del Patrimonio Natural del Estado". ( Ver folios 830 a 837 del expediente judicial);17) Que en el juicio oral y público, el perito Gustavo Alvarado, Ingeniero forestal en su declaración indicó que no existe una delimitación física o base catastral que determine las áreas que componen el patrimonio natural del Estado. Agrega que el área de bosque observada en el inmueble está casi inalterado desde el año 1998 hasta la rendición de su informe pericial, que las áreas que tenían uso pecuario han tenido uso regenerativo tendiente a un bosque secundario y que las áreas pecuarias no han sido ampliadas sino disminuidas por un proceso voluntario de regeneración. Además, señala que observó ganado y pasto más actividad de reforestación de cuatro hectáreas con plantación de Melina. Del análisis fotointerpretativo más la visita de campo que indica realizó, señala que parte de la finca tiene vocación forestal por pendientes y cercanía a cuerpos de agua, parte de la finca posee área productiva, pecuaria, otras áreas no son productivas por la ausencia de suelo al observarse rocas, otra parte está en regeneración. Concluye además que hay fragmentos de bosque en la finca y que de acuerdo con su informe, el cual rinden a tomando en cuenta fotografía del año 2005 más el proceso de verificación en el campo, el uso de la tierra no ha cambiado significativamente desde el año 1998 y que áreas que antes eran áreas de pasto ahora están en proceso regenerativo. (Registro de audiencia en formato digital); 18) Que el perito Donald Vásquez Pacheco, Ingeniero agrícola y funcionario de la Oficina Subregional Esparza- Orotina, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), que elabora el oficio ACOPAC- OSREO-310-2015, indica de importancia para la resolución del presente asunto en su declaración en el juicio oral y público que en el inmueble número de folio real 134978-000, con el plano catastrado 817040-2002 lo siguiente: que el área de cobertura ha aumentado en los últimos años, se observan aproximadamente 21 hectáreas con un uso actual de protección forestal en correspondencia a las condiciones de pendiente, cobertura y ecología y que el criterio técnico para definir el patrimonio natural del Estado no es necesariamente que hayan árboles. (Registro de audiencia en formato digital) y 19) Que el inmueble con el número 6-134978-000 de finca comprende entre 17 y 21.1 hectáreas de área forestal. (Ver declaración de los peritos Ingeniero Donald Vásquez Pacheco, Coordinador del Proyecto Manejo Integral de la Cuenca del Río Jesús María, del Área de Conservación Pacífico Central y el ingeniero Gustavo Alvarado Salazar, perito del Poder Judicial) II.- Sobre los hechos no probados: No acreditaron los demandados los hechos de interés: 1) Que toda el área del inmueble 6-134978-000 objeto de adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Agrario a través del acuerdo de Junta Directiva número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, tenga vocación agraria y 2) Que la totalidad del inmueble con el número de matrícula 6-134978-000 objeto de adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, cuente con estudios de suelos por parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). III. Sobre el argumento de la parte accionante: En resumen indica que con fundamento en la Ley de Titulación Múltiple de Tierras, Ley 5064 del 22 de agosto de 1972, posteriormente la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599 del 9 de agosto de 1996 y el Reglamento a dicha ley, aprobado por la Junta Directiva en la sesión 055-02 del 12 de agosto del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de setiembre del 2002, impulsó una serie de programas de titulación en reservas nacionales, que surgió como una necesidad nacional ante el hecho que existían grandes extensiones del territorio nacional que eran ocupadas por terceras personas, en su mayoría campesinos que no poseían título de propiedad, por lo que la institución mediante un Decreto del Poder Ejecutivo inscribía grandes áreas de terreno en el Registro Público para realizar segregaciones y traspasos a favor de personas que demostraran tener una posesión de más de 10 años y que no tuvieran título de propiedad dentro de esas áreas, procediendo en consecuencia a realizar el levantamiento y catastro de los inmuebles para otorgarle al ocupante el título respectivo, debiendo pagar los beneficiarios los costos de titulación y agrimensura. Indica que mediante el Decreto Ejecutivo número 28745 -MINAE-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 133 del 11 de junio del 2000, se traspasó al Instituto de Desarrollo Agrario un área de reserva nacional para la creación del programa de titulación en reservas nacionales denominado Programa de Titulación Cuenca Río Aranjuez, que generó la inscripción de la finca del Partido de Puntarenas, a folio real 115788-000. Dentro de ese marco, en fecha 13 de mayo del 2003 la sociedad Desarrollo Cerdeña Menorca gestionó la titulación de la parcela 1-4, que se describe en el plano catastrado P-817040-2002, con un área de 61 hectáreas 1632.32 metros cuadrados. Agrega que la gestionante aportó el oficio OFAU-C-3829-2002, del 11 de noviembre del 2002 emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que indicaba que dicho predio se encontraba fuera de las áreas silvestres protegidas más sí afecto a las áreas de protección según los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. Aunado a lo anterior, advierte que la demandada no presentó documento idóneo que demostrara que el predio se encontraba fuera del patrimonio natural del Estado ni el estudio de uso conforme de suelos, según lo ordenan los artículos 58 y 60 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, no se cumplieron los requisitos que fundamentaron su inscripción. Pese lo anterior, mediante acuerdo de Junta Directiva, número 66 de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del 2003, se autoriza la segregación y traspaso a favor de los demandados y mediante escritura pública número 70, otorgada ante el notario público Fernando González Rojas, el 23 de octubre del 2003, el Instituto de Desarrollo Agrario segrega y traspasa el inmueble objeto del proceso a favor de los demandados, finca que se inscribe en el Partido de Puntarenas, bajo el folio real 134.978-000, que se describe como Proyecto Cuenca Río Aranjuez, parcela 1-4, ubicado en Distrito 5, San Jerónimo, Cantón 2, Esparza, de la Provincia de Puntarenas, linda al norte, sur, este y oeste con Ganadera Sonara S.A., mide 61 ha. 1632.32 metros cuadrados según el plano catastrado P-817140-2002. Posteriormente, la demandada Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. traspasó su dominio y lo obtuvo Cities of the Future S.A. quien reúne el inmueble con las fincas de Puntarenas a folios reales 8384-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000 y 132373-000, formando el inmueble con el número de finca 167241-000 pero aún subsistiendo el patrimonio natural del Estado. Indica que mediante estudio de fecha 16 de julio del 2008 elaborado por el Departamento de Geografía del Instituto Geográfico Nacional a petición de la Contraloría General de la República, se realiza una interpretación del uso de suelo y la topografía del inmueble objeto del proceso y se concluye que dentro de la titulación que realizó el Instituto se incorporó bosque primario y secundario que constituyen patrimonio natural del Estado, igualmente áreas con potencial acuífero y por lo tanto, era inalienable y no podía ser objeto de titulación. Continua su exposición de argumentos indicando que a través del informe DFOE-PGAA-20-2008, de 27 de agosto del 2008, la Contraloría General de la República indica que varios proyectos de titulación contravienen lo indicado en los artículos 13, 14, 15 y 33 de la Ley Forestal, al titular el Instituto actor propiedades con cobertura parcial o totalmente boscosa o que poseían características de uso de suelo y topográficas que les otorgaban la categoría de terrenos de aptitud forestal y áreas de protección y que por lo tanto, no podían salir de la Administración del Estado y en razón de ello, el órgano contralor ordena al Instituto de Desarrollo Agrario realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho procedan para recuperar dichas tierras. Es así, que la Junta Directiva de dicha institución adopta el artículo 17 de la sesión ordinaria 16-2010 celebrada el 3 de mayo del 2010, modificado por acuerdo número 10 de la sesión 15-2011, de fecha 25 de abril del 2011, declarando lesivo a los intereses públicos el acto administrativo que ordenó la segregación, traspaso e inscripción en el Registro Público del inmueble objeto de este proceso, toda vez que el proceso de titulación de la parcela incumplió los requerimientos normativos necesarios. Al abordar el fundamento de la acción, indica el Instituto de Desarrollo Agrario que los demandados aportaron prueba de haber poseído los terrenos lo cual evidenció la preexistencia de la tenencia posesoria con anterioridad al acuerdo de Junta Directiva, en tal sentido, el Instituto no podía más que traspasar el inmueble a quien demostrara haber cumplido los requisitos legales en este caso, en razón de la posesión no se podían traspasar los terrenos al mejor oferente, siendo actos meramente declarativos ya que se limitaban a reconocer el derecho de propiedad adquirido por medio de la figura de la usucapión. Al sustentar la solicitud de declaratoria de nulidad absoluta, indica que se dieron en el caso concreto una serie de incumplimientos a la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599, del 9 de agosto de 1996, precisando que consisten en la falta de certificaciones de MINAET que determine que el terreno no se encuentra afectado o inmerso dentro de las áreas de conservación, patrimonio natural del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ambiente y 13 de la Ley Forestal. Además, extraña el estudio de suelos requerido por el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Usos de Suelo, número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- MOPT, normativa que si bien entró en vigencia en fecha posterior a la titulación del predio, se torna en obligatorio demostrar que el inmueble no forma parte del patrimonio natural del Estado. Amén de sustentar la solicitud de nulidad absoluta en normativa legal y reglamentaria, advierte que también se dio en el caso la inobservancia de normas prohibitivas. A saber, los artículos 133, 158, 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública que refieren a la nulidad del acto administrativo ante la falta de los elementos constitutivos del mismo aunado al hecho de violentar el acto administrativo que autorizó el traspaso las normas prohibitivas contenidas en los artículos 50 de la Constitución Política y 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho HUmano al Ambiente", con la consecuente afectación al interés público. IV. Sobre el argumento de las accionadas: La representación de las sociedades demandadas indica en cuanto a los hechos primero a noveno así como décimo cuatro y décimo quinto de la demanda que se rechazan por cuanto no le constan. En lo demás, acepta que la adjudicataria del inmueble con el número de matrícula folio real 6-134978-000, traspasó su dominio a su favor, siendo reunido el inmueble con aquellos con el número de matrícula 8348-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000 y 132373-000. Agrega que el inmueble objeto del proceso comprende solo 611.632.32 metros cuadrados de los 5,293.853. metros cuadrados de la propiedad 167241-000. Agrega que el inmueble objeto del proceso no ha sido ni es patrimonio natural del Estado. Además, señala que el Instituto Geográfico Nacional no es el ente que determina si existe bosque primario o secundario en la finca, pues de acuerdo con la Ley Forestal y el oficio DST-152-11, emitido por el Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria, es el MINAET quien ostenta tal competencia, órgano que nunca ha realizado estudios en el inmueble adjudicado. Es por ello que afirma que el informe DEFOE-PGAA-20-2008 de la Contraloría General de la República se basa en estudios emanados de quien no es competente para determinar el patrimonio natural del Estado, siendo una aseveración subjetiva e infundada la del Instituto de Desarrollo Agrario, dado que el MINAET nunca ha valorado la finca, de manera que calificar como patrimonio natural del Estado un área de la parcela de su mandante por un criterio emanado del Instituto Geográfico Nacional es inconstitucional y violatorio del principio de legalidad. En cuanto al fondo de la oposición, indica que de faltar un requisito que versa en una certificación de uso de suelo, impone una nulidad relativa y no absoluta como reclama el IDA, pero que en todo caso, tampoco la institución actora aportó certificación que indicara que la parcela 1-4 forma parte del patrimonio natural del Estado, debiendo ser un experto quien así lo indique. Advierte que muchos de los requisitos que se omitieron para la adjudicación según el dicho del IDA, se encuentran regulados en el reglamento a la ley 7779 que entró en vigencia en fecha posterior a la adjudicación de la finca en cuestión, por lo que no se le pueden exigir dichos requerimientos en infracción al principio de irretroactividad de las normas y la seguridad jurídica. Por otra parte, advierte que no se ha generado afectación alguna al interés público, por cuanto contrariamente a lo que afirma, ha sido siempre conteste su conducta con las políticas de reforestación y resguardo de los recursos naturales, actuando de buena fe y voluntad, tal y como se desprende de los peritajes rendidos que obran en el expediente, siendo la sociedad Cities of the Future y no el Estado quien ha velado por el desarrollo sostenible del inmueble, dedicando gran parte de su fundo agrario a la reforestación. Afirma que la utilidad que se le otorga al predio en cuestión es de un uso no forestal, hasta residencial por el propio Gobierno Local, y de "pasto, para agricultura y charral"; siendo finalmente utilizado por la sociedad como fundo agrario para la siembra de pastos y producción ganadera, esto es, únicamente se explota mediante cultivo de herbajes, que en el caso del inmueble en referencia es mínimo, ya que el uso que se le da a la parcela es únicamente para alimentación de ganadería y reforestación. Agrega que el Instituto Geográfico Nacional calificó al inmueble en la clase 4P, de manera que se considera apta para todo tipo de uso y actividad. Por otra parte indica que el gravamen que pesa sobre la finca número 167241-000 responde al artículo 15 de la Ley Forestal y venció el día 1° de junio del 2008, el cual versa sobre un plan de manejo ambiental forestal al cual voluntariamente se sometió y que involucra a la parcela 1-4. Por último, aduce violación al debido proceso ya que no consta que el IDA al adoptar el acuerdo que dispone la declaración de lesividad que da origen a este proceso, le haya otorgado la audiencia en sede administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, considerando además que la decisión adoptada afectaba derechos consolidados en un plazo que excede los 10 años de usucapión y que si el acto es considerado absolutamente nulo, de forma absoluta y manifiesta no instruyó en procedimiento en los términos que impone la norma dicha. Al exponer el fundamento de las defensas de fondo de prescripción y/o caducidad como lo define, indica que el plazo de un año previsto en el artículo 39 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo para declarar lesivo un acto administrativo se encuentra superado ya que no se trata de una acción dirigida sobre un bien demanial, por lo que solicita se declare prescrita o caduca la acción. Para fundamentar la excepción de falta de derecho, cita una serie de dictámenes de la Procuraduría General de la República y resoluciones de la Sala Constitucional, referentes a la competencia del Estado en la delimitación de la áreas de protección y su régimen jurídico, el concepto de patrimonio natural del Estado, las limitaciones a la propiedad y los alcances de las áreas silvestres. Por último, en el juicio oral y público alegó el representante de las accionadas que de reconocerle la razón a la acción del Instituto de Desarrollo Rural significaría provocar un grave daño a la empresa y al ambiente, toda vez que de los peritajes rendidos en el proceso se desprende la regeneración de algunas áreas y la función proteccionista desplegada por las demandadas que no afectan el interés público. Al exponer sus alegatos en razón de la reapertura del juicio con ocasión del requerimiento del expediente de la titulación al Instituto de Desarrollo Rural, agregó que de conformidad con el acuerdo aquí impugnado, sí cumplió con los requisitos exigidos para el trámite de titulación. V. Sobre el argumento del tercero interesado: El Estado: En síntesis, la representación estatal alega que la ley demanializa los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal de los entes estatales, por lo que la expresión "quedan incorporados" con la clasificación debe ser correctamente interpretada, por lo que no podría significar que hasta ese momento tales inmuebles ingresan al patrimonio natural del Estado, pues ya lo estaban por su afectación legal inmediata sin la concurrencia de la Administración de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, normativa al amparo de la cual, amén de los artículos 15, 16, 17 y 18, determinan la competencia en la materia al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Al rendir las conclusiones dentro del proceso, se precisa que de los informes rendidos por los peritos traídos al proceso, se desprende que si bien es cierto parte del área del inmueble de estudio está destinado a finca ganadera, lo cierto es que existen aproximadamente 20 hectáreas de bosque, de toda suerte que en su origen sí existió patrimonio natural del Estado en éste y pese ello fue titulado. Afirma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Forestal, todos los terrenos que tengan bosque responden a reservas nacionales, operando de conformidad con el artículo 15 de dicha ley, una afectación automática de los bienes. Al otorgarse audiencia con ocasión de la reapertura del juicio, se hizo referencia a una serie de normativa contemplada en la Ley Forestal, Ley de Parques Nacionales, Ley de Biodiversidad y la Ley Orgánica del Ambiente así como resoluciones de la Sala Constitucional y antecedentes del Tribunal Contencioso Administrativo en torno a la conceptualización y tutela que el régimen de dominio público impone al patrimonio natural del Estado, existiendo una prohibición legal expresa en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos así como en su Reglamento, para traspasar terrenos sin una previa calificación de aptitud efectuada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Tecnología, de manera que se obligaba al Instituto de Desarrollo Agrario a contar con estudios de suelos. Por último, advierte que el inmueble objeto del proceso previo a la titulación era propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, por lo que no puede operar la figura de la usucapión en este caso. VI. Sobre el patrimonio natural del Estado y su régimen demanial: Particularmente los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal número 7575, del 13 de febrero del 1996, recogen el concepto de patrimonio natural del Estado que ha sido objeto de contenido normativo en otras leyes de la misma naturaleza, prescribiendo que: "Artículo 13.- Constitución y administración. El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este". ARTICULO 14.- "Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural. Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". Bajo esta premisa, se ha delegado por ministerio de ley (artículo 5) en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la competencia para regir este sector y realizar las funciones de la Administración Forestal del Estado, lo que impone su deber de velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables que prescribe el artículo primero de la Ley Forestal. De forma articulada e integral, el mismo numeral en asocio con el artículo 18 del mismo cuerpo legal disponen que en virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley -relativo a la autorización de labores de investigación, capacitación y ecoturismo autorizadas-, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. Es el artículo 13 de la Ley de estudio recién transcrito que puntualiza la conformación del patrimonio natural del Estado, al señalar que éste estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, cuya única excepción prevista versa sobre aquellos bosques y terrenos forestales inicialmente de particulares, sobre los que constituyen garantías reales a favor del Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio, de toda suerte que cuando proceda, inscribirá el Ministerio rector a a través de la Procuraduría General de la República los terrenos en el Registro Público, más debemos tener claro su incorporación al régimen demanial opera por ministerio de ley y en ese tanto, este acto es meramente constatativo y no constitutivo como tal. Ahora bien, tomando como punto de partida las disposiciones normativas contenidas en el artículo 276, 486 del Código Civil y el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que: "Dentro de los lineamientos establecidos por el legislador desde los primeros años de la República es que pertenecen al Estado todos los terrenos que no se encuentren debidamente inscritos en el Registro a nombre de particulares. Es éste el sentido de los artículos 267 y 486 del Código Civil y 11 de la Ley de Tierras y Colonización". (Sala Primera, sentencia N° 243 de 1990, de las 16:35 del 27 de julio de 1990). Los artículos señalados disponen en su orden lo siguiente: artículo 276: "La propiedad de las aguas y de las minas y los derechos que con ellas se relacionan; sólo se regirán por las leyes comunes en cuanto éstas no se opongan a las leyes especiales sobre aguas y minas"; artículo 486: "Los inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado"; Artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización: "Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos". La Ley Forestal en el artículo 15 sistematiza tal concepción, al introducir al demanio público aquellos bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal de los entes estatales, encontrándose los terrenos afectos por ministerio de ley sin la necesidad que concurra voluntad expresa administrativa que así lo declararse, como ocurriría con una clasificación forestal. Desde esta perspectiva una clasificación forestal no determina el ingreso del inmueble al demanio, sino que registra su existencia formal para efectos de tutela y administración. El artículo 15 de la Ley de comentario es claro al señalar que: "Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". A partir de lo transcrito, es dable afirmar que el dominio público forestal se genera por la existencia de los bosques y no por su declaración formal en un catastro nacional o su inscripción registral, de acuerdo a la normativa transcrita. Desde esta perspectiva, tenemos que los terrenos forestales y bosques descritos por las normas de análisis son inembargables, inalienables e imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado, de toda suerte que la posesión de los mismos por parte de los particulares no causa derecho alguno a su favor, ni pueden titularlos e inscribirlos a su nombre en el Registro de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Forestal. Por último, es importante precisar que por voluntad legislativa sin que medie más requisito, aquellos territorios que sean considerados reservas nacionales con ocasión de su condición natural y cualidades físicas, se encuentran afectados de forma inmediata a la normativa forestal, entendiéndose en consecuencia que el régimen de demanialidad de los bienes que implica la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de la acción del Estado para recuperar esos bienes, permite la conservación y protección de los mismos. Conviene precisar acá, que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado el tema de la propiedad Forestal, refiriéndose a ésta de la siguiente manera: "la propiedad forestal es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial; la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres; la normativa forestal presenta tres momentos, pero no es sino a partir de la promulgación de la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, que se contó con un instrumento mejor concebido para hacerle frente al complejo problema forestal; la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, fue declarada inconstitucional, y la No.7171 de 28 de junio de 1990, se promulgó nuevamente con el texto de la anterior; la tutela de los recursos naturales ha sufrido avances significativos en los últimos tiempos; los instrumentos internacionales de derechos fundamentales y el desarrollo jurisprudencial han provocado cambios en la legislación interna tendientes a proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; los cambios en la legislación han alcanzado a la propia constitución y actualmente se concibe al derecho al ambiente como un verdadero derecho humano; el desarrollo en este tema ha sido tal que se ha podido formular una verdadera clasificación jurídica: el derecho ecológico; de acuerdo con la Ley Forestal el patrimonio forestal del Estado incluye todo el territorio nacional y se subdivide en tres áreas: la comprendida por el régimen forestal, los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada y las reservas nacionales; el régimen forestal se define como el conjunto de disposiciones jurídicas, económicas y técnicas que dan contenido a la conservación; el régimen forestal tiene tres subáreas: a.- zonas protectoras, b.- parques nacionales, reservas forestales y biológicas, y c.- bosques y terrenos forestales; el término reservas nacionales se utiliza a partir de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 del 14 de octubre de 1961, para identificar todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de 1865, y luego por la Ley No.13 de 19 de enero de 1939, como baldíos nacionales; se trata de los inmuebles que no están sometidos a la propiedad privada -no están inscritos en el Registro Público en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil- y aquellos que tampoco están inscritos a nombre del Estado o de sus instituciones; los baldíos nacionales resultan ser el remanente de las dos formas de propiedad anteriores; siguiendo los lineamientos del Código Civil, la Ley General de Baldíos Nacionales No.13 de 10 de enero de 1939, los declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República; La Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961, mantuvo la misma orientación y amplió las zonas declaradas por la ley anterior como inalienables; en general esas reservas han tenido límites -en cuanto a la superficie-, límites para poseerlas y para inscribirlas mediante el procedimiento de informaciones posesorias; todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar; de acuerdo con la regulación vigente el aprovechamiento en reservas nacionales solo se puede practicar mediante concesión otorgada por el Estado; el aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada no excluye estas tierras del patrimonio forestal del Estado; el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales; en las tierras donde existan recursos naturales, para poder explotar los recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales y obtener concesiones a largo plazo; el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular; en cuanto a los parques nacionales y reservas biológicas, El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias para lograr sus objetivos, y esos terrenos serán adquiridos por compra o expropiación; para la creación de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, el Estado deberá comprar o expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo; los bosques y terrenos de aptitud forestal son de utilidad pública y -en consecuencia- susceptibles de expropiación, salvo los sometidos voluntariamente al régimen forestal; los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyen las áreas forestales públicas y las privadas están sometidos al respectivo plan de manejo, para su conservación y fomento; la normativa forestal establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales; las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen porque pertenecen al Estado; solo procede la expropiación cuando se trata de bienes privados que se afectan para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales; en las fincas de propiedad privada para poder constituir la propiedad forestal necesariamente su titular debe someterse voluntariamente al régimen jurídico establecido por la ley, específicamente a las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad; para la creación de zonas protectoras en fincas sometidas a régimen privado, la ley somete a las mismas a un régimen forestal obligatorio, limitado a efectuar labores agrícolas o destrucción de vegetales -salvo autorización expresa- con las mismas ventajas otorgadas a los privados sometidos voluntariamente al régimen (véanse sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 189 de las 10:20 horas del 30 de octubre de 1991 y 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 1995)..." (resolución número 4587-1997, de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997 de la Sala Constitucional). Teniendo claro entonces la conceptualización y alcances del Patrimonio Natural del Estado así como su fundamento normativo, de seguido se analiza los efectos de la declaratoria de lesividad del Instituto de Desarrollo Agrario con respecto al inmueble objeto de este proceso. VII. Sobre la declaratoria de lesividad del Instituto de Desarrollo Agrario respecto al inmueble con el número de finca: De acuerdo al elenco de hechos probados, tenemos que el plano catastrado número P-817040-2002 que es parte del folio real 6115788-000, indica que el inmueble es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario pero su poseedor es Ganadera Sonora S.A. Además señala que se encuentra situado en el Distrito San Jerónimo, Cantón Esparza de la Provincia de Puntarenas y mide 611.632,32 metros cuadrados. En el mismo año de la confección del plano, pero el día 12 de noviembre, la firma firma Ganadera Sonora S.A. vende su derecho de posesión sobre el inmueble descrito a la firma Desarrollo Cerdeña Menorca S.A, la cual presenta solicitud en fecha 08 de mayo del 2003 ante la Oficina Sub Regional de Orotina del Instituto de Desarrollo Agrario, para el trámite de titulación en reservas nacionales. El inmueble en mención, corresponde a la parcela número 1-4 del proyecto Cuenca Río Aranjuez y de acuerdo a su expediente administrativo, existen dos documentos de relevancia para la resolución de presente asunto que merecen mención, el primero, el oficio OFAU-c-3829-2002, del 11 de noviembre del 2002, emitido por la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en el cual se indica que efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-817040-2002 a nombre de Instituto de Desarrollo Agrario poseedor Ganadera Sonora S.A. que ese describe un inmueble que se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo administrada por el ministerio del ambiente y energía. No obstante, señala que sí le afecta las áreas de protección según artículos 33 y 34 de la Ley Forestal del 16 de abril de 1996 y que para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo permiso (art. 27 Ley Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque. El segundo documento, es la fórmula denominada "Declaración de Colindantes" respecto a la parcela en estudio, en la cual el funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario consigna respecto a la naturaleza del terreno y el área correspondiente lo siguiente: "pasto 6.00, tacotal 25.00, bosque 30-16, total 61.1632.32, valor estimado de la parcela 500.00.°°". Es a través del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, que se autorizó la segregación y traspaso de 73 lotes y parcelas del Proyecto Cuenca del Río Aranjuez, situado en Chomes, Central, de la Provincia de Puntarenas, entre los cuales se encuentra la parcela 1-4 del a favor de la sociedad denominada Desarrollo Cerdeña Menorca S.A, adquiriendo el inmueble el número de matrícula 6-134978-000. Una vez ocurrido esto, la demandada Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. traspasó el dominio de dicho inmueble a favor de la firma Cities of the Future S.A. quien finalmente lo reune con las fincas de Puntarenas a folios reales 8384-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000 y 132373-000, formando el inmueble con el número de finca 167241-000. Posteriormente, el Instituto de Desarrollo Agrario es impuesto del contenido del informe DFOE-PGAA-20-2008, de fecha 27 de agosto del 2008, emitido por el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la Contraloría General de la República, el cual se encuentra dirigido al Presidente de la Junta Directiva de Desarrollo Agrario, remitiéndole el informe rendido en relación con los resultados del estudio de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, entre las cuales incluye a las propiedades con bosques o terrenos de aptitud forestal ubicados en el proyecto de titulación múltiple Cuenca del Río Aranjuez, refiriéndose puntualmente a las parcelas número 4 del bloque I, 1 del bloque 5, 68 del bloque 4 y 6 del bloque 7. En dicho informe se emiten disposiciones obligatorias para el Instituto entre las que se encuentran realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho corresponda ante las instancias competentes, a efecto que se inicie un proceso de recuperación de las tierras tituladas pro el IDA que pertenecen al patrimonio natural del Estado y que corresponden a los 15 casos que se detallan en ese documento. Es así, que a través del artículo 17 de la sesión ordinaria número 16-2010, celebrada el 03 de mayo del 2010, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario realiza "la declaratoria de lesividad de proceso de nulidad ordenados por la Contraloría General de la República" que comprende la titulación de la parcela 4 del bloque 1 a favor de Desarrollo Cerdeña Menorca S.A, cédula jurídica 3-101-016462, en el proyecto de titulación múltiple Cuenca del Río Aranjuez, por cuanto se indica que en el expediente de la titulación consta certificación del MINAE OFAU-C-3829-2002, según la cual el área indicada en el plano está fuera de áreas silvestres protegidas, sin embargo la certificación es omisa respecto a si se encuentra o no dentro del patrimonio natural del Estado. Aunado a lo anterior, se agrega que en el expediente de la titulación no consta que se haya realizado el estudio de suelos del INTA. Posteriormente, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adiciona el acuerdo anterior a través del artículo 10, adoptado en la sesión ordinaria número 015-2011, celebrada el 25 de abril del 2011, fundamentando también la declaratoria en el hecho que según el informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, contenido en el oficio DEGEO-096-08 del 05 de agosto del 2008: "con base en el mapa de Cobertura Forestal de Costa Rica de FONAFIFO, el mapa de pendientes y de capacidad de uso de suelo en Costa Rica del Instituto Geográfico Nacional y la base de datos del SENARA, sobre áreas de potenciales acuíferos en Costa Rica del año 2007, determina que en la ubicación de la parcela se observan áreas de cultivos y pastos hacia el sector central de la propiedad, hacia el sector sureste de la propiedad se encuentran manchas de bosque primario, a pesar de que esa área es considerada como potencial de acuíferos se observa una gran deforestación en el sitio, en lo que se refiere a la topografía presentada terrenos quebrados (con pendientes de 45 a 60 grados) en el sector este de la propiedad y hacia e sector oeste terrenos muy accidentados (con pendientes de 30 a 45 grados), e indica que la propiedad presenta limitaciones que la ubican en la clase 4P, sea con limitaciones más severas que las de la clase 3, pero que aún se consideran aptas para todo tipo de uso, sin embargo en ellas se restringe en alto grado la agricultura a elegir, además que se requieren métodos intensivos de manejo y conservación de suelos. En el expediente de la titulación, no consta que se haya realizado el estudio de uso conforme de suelos del INTA.". De lo transcrito se concluye que el Instituto de Desarrollo Agrario declara lesivo al interés público el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, que autorizó la segregación y traspaso de 73 lotes y parcelas del Proyecto Cuenca del Río Aranjuez y puntualmente, la parcela 1-4 del proyecto, bajo tres ejes temáticos en razón del incumplimiento de requisitos que provocan su nulidad: primero, la certificación MINAE OFAU-C-3829-2002 extendida por el Ministerio del Ambiente, Energía y Tecnología que obra en el expediente del trámite de titulación es omisa respecto a determinar si el inmueble en cuestión se encuentra o no dentro del patrimonio natural del Estado; segundo, que el expediente de la titulación es omiso en torno a que se haya realizado el estudio de suelos del INTA y tercero, en razón del contenido del informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, oficio DEGEO-096-08 del 05 de agosto del 2008, en torno a las condiciones del suelo observadas en el inmueble de interés. Teniendo claro lo anterior, se analiza de seguido el fondo del asunto a la luz del elenco de hechos probados y pruebas traídas al proceso, no sin antes advertir que ni la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 7599 ni del Decreto Ejecutivo 28745-MINAE-MAG del 12 de junio del 2000 al amparo del cual se segregó el inmueble objeto del presente proceso, el cual fue declarado inconstitucional en el voto número 8457-2007, de las 16:08 horas del 13 de junio del 2007, que es dictado por la Sala Constitucional de forma adicional a otras resoluciones que analizaron los alcances de la inconstitucionalidad del Reglamento a la Ley de Titulación en Reservas Forestales en función de la ley que le da origen, fueron el sustento del acto que declara la lesividad que aquí se analiza. En este caso en particular, la Sala Constitucional decide dejar sin efecto los decretos a través de los cuales fueron traspasadas áreas de reservas nacionales al Instituto de Desarrollo Agrario, con el fin de que fueran tituladas, según lo autorizaba la ley No. 7599 de 29 de abril de 1996 denominada "Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales", y su reglamento, ambas normativas que fueron declaradas inconstitucionales mediante las sentencias No. 2001-08560 y 2007-2063, por lo que el Tribunal Constitucional considera que sí procede declarar por conexidad la inconstitucionalidad de los decretos 27726- MINAE-MAG del 22 de diciembre de 1998, 27861-MINAE-MAG del 12 de marzo de 1999, 28743-MINAE-MAG del 12 de junio del 2000, 28744-MINAE-MAG del 12 de junio del 2000, 28745-MINAE-MAG del 12 de junio del 2000 y 28746-MINAE-MAG del 12 de junio del 2000, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consecuentemente, pese que este alegato fue invocado por la representación del Instituto de Desarrollo Rural en el juicio oral y público, no fue la declaratoria de inconstitucionalidad de los cuerpos normativos en mención el sustento jurídico de la declaratoria de lesividad realizada por el Instituto de Desarrollo Agrario que es objeto de análisis en esta causa, lo que constituye el marco de análisis de este Tribunal, razón por la cual, no merecen un análisis pormenorizado al no constituir el sustento de la presente acción judicial. Por otra parte, mención merece también la confusión del representante de las sociedades demandadas al estimar que el dictado del acto de lesividad le violentó el debido proceso al no otorgarse audiencia a sus representadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, considerando que la decisión adoptada afectaba derechos consolidados en un plazo que excede los 10 años de usucapión. Esto, por cuanto dicho procedimiento está dispuesto para la declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta en sede administrativa, lo cual no opera en este caso, al tratarse de un proceso de lesividad que debe ser ventilado en sede judicial con todas las garantías a los afectados y en resguardo de sus derechos. Consecuentemente, no le asiste la razón al estimar violentado su derecho al debido proceso al tratarse de procesos de naturaleza y tramitación diversa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 173 y 183 de la Ley General de la Administración Pública. Por último y no por ello menos importante es advertir que los argumentos de inconstitucionalidad que expone el representante de las demandadas, deben ser ventilados si a bien lo tiene en la sede correspondiente, no encontrándose habilitada esta Cámara para emitir pronunciamientos de dicha naturaleza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política. Teniendo claro lo anterior, se analiza de seguido el fondo del asunto. VIII.- Sobre la procedencia de la lesividad promovida: Una vez claro el escenario de estudio del caso concreto, se analizan en su orden los fundamentos de la declaratoria de lesividad declarada por el Instituto de Desarrollo Agrario en torno al acuerdo número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, atendiendo a la línea argumentativa expuesta por las partes. Es importante entonces para tales efectos, recordar que la solicitud de declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo que autorizó la segregación y titulación de la parcela 1-4 del proyecto de titulación Cuenca del Río Aranjuez, gira en función de los tres ejes indicados en el considerando anterior en torno al incumplimiento de requisitos para la validez del acto administrativo así como destino y naturaleza de los suelos observados en el inmueble. En virtud de lo expuesto, debemos advertir que el representante de las demandadas aduce en el juicio oral y público el incumplimiento del artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo al estimar que estamos en presencia de un supuesto de nulidad relativa y no absoluta, al tratarse en esencia del incumplimiento de una serie de requisitos para el dictado del acto administrativo cuestionado que sí se pueden allegar a los autos y que en todo caso, estima se han cumplido a lo largo del presente proceso; argumento que no comparte esta Cámara de Jueces al tenor del análisis que se realizará en este apartado, por determinarse la existencia previa al acto administrativo cuestionado, de la constitución de un área del inmueble afecta al patrimonio natural del Estado, lo cual no puede ser subsanado y en ese tanto, impone la declaratoria de nulidad. De seguido se analizan los argumentos en su orden: 1) La certificación MINAE OFAU-C-3829-2002 extendida por el Ministerio del Ambiente, Energía y Tecnología que obra en el expediente del trámite de titulación es omisa respecto a determinar si el inmueble en cuestión se encuentra o no dentro del patrimonio natural del Estado: La Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599, del 9 de agosto de 1996, fue la ley marco que estableció los requerimientos para la titulación del proyecto de la Cuenca Aranjuez, cuya adjudicación de la parcela 1-4 nos ocupa. Dicho cuerpo legislativo fue declarado inconstitucional a través de la resolución número 8560-2001, de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001, al estimar la Sala Constitucional que tal cuerpo legislativo era contrario al orden jurídico, por violentar los artículos 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 121 inciso 14 de la Constitución Política. Al realizar el análisis, el órgano constitucional advierte que al igual y como lo indicó en la sentencia número 2988-99, en la cual se declaró inconstitucional la Ley de Titulación de Vivienda Campesina, la ley que se conoce pretende solucionar la situación en la cual se encuentran poseedores en zonas de reserva nacional, permitiendo vía legislativa que se llevara a cabo la titulación de dichas tierras, para así poder acceder sus poseedores a créditos bancarios e intensificar y sistematizar su producción. A fin de ello, el Poder Ejecutivo traspasa al otrora Instituto de Desarrollo Agrario las reservas nacionales cuyos terrenos no estén inscritos a nombre de personas físicas o jurídicas, los que no pertenezcan a instituciones del Estado y los de aptitud agropecuaria que el MINAE traspase al IDA, donde exista por lo menos, una proporción del 20% de poseedores de fincas no inscritas en el Registro Público, cuyas cabidas no sean superiores a trescientas hectáreas. Una vez inscritos en el Registro Público los inmuebles traspasados por el Poder Ejecutivo a favor del IDA, se promulga un Decreto que declara el área sujeta al programa, para así proceder a realizar la titulación de tierras mediante el traspaso e inscripción a nombre de aquellos poseedores que demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la ley, bajo el levantamiento de una información sumarísima a cargo de funcionarios del Departamento del IDA. Los requisitos del artículo 3 de la Ley 7599 son:"Artículo 3º- Prueba de posesión. Las tierras mencionadas en el artículo precedente, que no estén sujetas a la administración por parte del Ministerio del Ambiente y Energía, serán traspasadas e inscritas a nombre de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, se entenderá que ejerce la posesión quien haya usado racionalmente la tierra en forma pacífica, permanente, pública e ininterrumpida, y a título de dueño durante un lapso no menor de cinco años. La prueba de la posesión se efectuará mediante información sumarísima a cargo de funcionarios calificados del Departamento de Titulación del Instituto de Desarrollo Agrario. Deberá comprender, necesariamente, los siguientes requisitos: a) Nombre, apellidos, calidades, domicilio y cédula de identidad del poseedor o los poseedores. (…) f) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida, la localización y el uso de la tierra, con la revisión expresa de que ha conservado el recurso natural." Del artículo transcrito, se desprende que de las tierras a traspasar e inscribir a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, la Ley 7599 excluía expresamente a aquellas "sujetas a administración por parte del Ministerio del Ambiente y Energía". En razón de ello, previo a que el Instituto de Desarrollo Agrario comunicara al Poder Ejecutivo la zona de titulación escogida para elaborar el Decreto respectivo, era insoslayable determinar si en esas tierras se generaba la la afectación de tierras de uso forestal, áreas de conservación o patrimonio del Estado. Los artículos 6 y 7 de dicho texto legislativo establecían: "Artículo 6°."Cuando la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario haya escogido la zona donde ha de efectuarse el programa de titulación, se lo comunicará al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto, declare el área sujeta al programa. Igual comunicación hará al finalizar el programa en cada zona para que, por decreto, se levante la afectación del área respectiva. Antes de que el Instituto se comunique con el Poder Ejecutivo para que elabore el decreto correspondiente, habrá de informar al Ministerio del Ambiente y Energía con el fin de que se pronuncie si no existe afectación sobre tierras de uso forestal ubicadas en las áreas de conservación patrimonio del Estado"; Artículo 7º-" Información sobre las áreas. El Ministerio del Ambiente y Energía estará obligado a comunicar al Instituto de Desarrollo Agrario, de previo al decreto ejecutivo mencionado en el artículo 6 y dentro del término de dos meses contados desde la fecha de recibo de la solicitud, si las áreas comprendidas en la zona a que se refiere este decreto están declaradas, según las leyes y los decretos vigentes, como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, humedales u otras categorías de manejo dentro de las áreas de conservación del país. Para los efectos de este artículo, no operará el silencio positivo administrativo." El Reglamento para la titulación de Tierras en Reservas Nacionales, número 55 del 12 de agosto del 2002, en el artículo 10 al enumerar los requisitos para el trámite de titulación, precisa en su encabezado que: "Las tierras mencionadas en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de este Reglamento y que no estén sujetas a la administración por parte del MINAE, serán traspasadas e inscritas a nombre de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, se entenderá como poseedor a la persona física o jurídica quién haya ejercido posesión sobre el fundo a titular en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a titulo de propietario durante un lapso no menor de diez años..." (El texto resaltado no corresponde al original). Nótese a la luz de lo transcrito, que tanto el legislador como el Poder Ejecutivo procuró al dictar las pautas normativas para la titulación de tierras en reservas nacionales la no afectación al patrimonio natural del Estado. Desde este escenario, debemos recordar que el primer mérito para la declaratoria de lesividad del acto de adjudicación que se analiza, versa en el inobservancia del requisito de acreditar la no afectación a este tipo de bienes, lo cual efectivamente sucede, al tenor de la prueba traída a los autos, según se explica a continuación. Particularmente del expediente administrativo de la titulación de la parcela 1-4 del proyecto de titulación denominado "Cuenca Aranjuez" así como de los peritajes rendidos y allegados al proceso, se concluye que dicha parcela sí contempla un área que responde a patrimonio natural del Estado y en ese tanto, le asiste al Instituto de Desarrollo Agrario la razón al invocar un vicio de nulidad absoluta del acto administrativo aquí cuestionado. Esto encuentra sustento por cuanto en el trámite seguido dentro del expediente administrativo de la titulación del inmueble que nos ocupa, el funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario realiza una descripción de éste al referirse a su naturaleza en la fórmula denominada "Declaración de Colindantes", señalando en lo que interesa lo siguiente:"El suscrito Rodolfo Salazar Alfaro, céd. N° 6-065-241 en mi calidad de técnico c, funcionario de la oficina regional de Coyolar y con facultades para ello manifiesto que de acuerdo a la inspección practicada a la parcela arriba descrita, he verificado los requisitos contemplados en el artículo 10 del reglamento para la titulación de tierras de Reservas Nacionales, por tanto recomiendo que esta parcela puede titularse". Aunado a lo anterior, se consigna en el mismo documento respecto a la naturaleza del terreno y el área correspondiente lo siguiente: "pasto 6.00, tacotal 25.00, bosque 30-16, total 61.1632.32, valor estimado de la parcela 500.00.°°". (El texto resaltado no corresponde al original) . Nótese entonces que el servidor institucional advierte en el documento la observación de un área importante de bosque y que pese a ello se continuó con el trámite, recomendando su titulación. Por otro lado y como bien apunta el Instituto accionante, la certificación extendida por el Ministerio del Ambiente y Tecnología, es omisa en torno a la determinación del patrimonio natural del Estado, al referirse únicamente a las Áreas de Conservación de la Vida Silvestre, por cuanto la oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, a través del oficio OFAU-c-3829-2002, del 11 de noviembre del 2002, certifica únicamente que: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-817040-2002 a nombre de INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO poseedor Ganadera Sonora S.A. que ese describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. Sin embargo, sí le afecta las áreas de protección según artículos 33 y 34 de la Ley Forestal del 16 de abril de 1996. Asimismo, certifico que para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo permiso (art. 27 Ley Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque.- ES PARTE DE FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL 6115788-000, SEGÚN CONSTA EN EL PLANO." Es por ello, que resulta de suma importancia abordar los peritajes traídos al proceso, a partir de los cuales se precisa en primer término que no existe una delimitación física o base catastral que determine las áreas que componen el patrimonio natural del Estado, más concluye a partir de un método de análisis regresivo fotointerpretativo que sí existe patrimonio natural del Estado en el inmueble con el número de finca 6-134978-000 previo al dictado del acto administrativo que autoriza la segregación y adjudicación, al estimarse por los peritos que el uso del suelo en el inmueble prácticamente ha sido inalterado desde el año 1998 y que mas bien, ha aumentado el área de regeneración, comprendiendo entre 17 y 21.1 hectáreas de área forestal. De las declaraciones recibidas en el juicio oral y público por parte del ingeniero Gustavo Alvarado Salazar así como del informe rendido por escrito, se fundamentan sus conclusiones, las cuales son: "1. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 presenta una ubicación catastral correcta, acorde a lo que indica su plano catastrado. 2. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 presenta un área de 17 hectáreas 2952.72 m² (28%) que califica técnica y legalmente como un área de bosque según Ley Forestal 7575. 3. Existe actualmente un 45% del área de la propiedad con plano catastrado P-817040- 2002 cubierta bajo un uso pecuario o agrícola (27 ha 1746.01 m²). 4. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 cuenta en la actualidad con un área de 16 hectáreas 6933.59 m² que se encuentran bajo un proceso de regeneración, pero que en el pasado constituían área de uso agrícola o pecuario (antes del año 2005). 5. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 no se encuentra dentro de ningún Área Silvestre Protegida del Estado. 6. La propiedad con plano catastrado P-817040-2002 no se encuentra dentro de ningún acuífero de importancia nacional. 7. No se pudo realizar la ubicación de la propiedad con plano castastrado P-817040-2002, respecto al Patrimonio Natural del Estado, debido a que no se contó con información digital disponible para la zona, sin embargo dicha potestad le corresponde al MINAET según Ley Forestal 7575." Bajo la misma línea de exposición y advirtiendo además que no existe un registro oficial del patrimonio natural del Estado, el ingeniero Donald Vásquez Pacheco, Coordinador del Proyecto Manejo Integral de la Cuenca del Río Jesús María, del Área de Conservación Pacífico Central, expuso ante el Tribunal sus conclusiones vertidas en el oficio ACOPAC- OSREO-310-2015, del 11 de marzo del 2015, que reafirman que: "...Para un mejor detalle del uso actual de este inmueble se levantaron dos parcelas en dos sitios diferentes dentro de inmueble de marras: Parcela n° 01, N. 1112534, E:429619 CR TM 05, diámetro 13.5 , Área 572 m², pendiente 35%, uso actual pastos variedad brachiaria, un árbol de laurel diámetro 14.25 cm y uno de guayaba no comercial. Parcela N°02, N: 1112388, E: 429204, diámetro 13.5 m, Área 572 m², pendiente 63%. Uso actual regeneración natural, suelos con una pérdida de más del 50% de horizonte A, especie predominante chumino (nance de montaña). Forma parte de un área de cobertura forestal clases de tierra VII y VIII, clasificadas como de protección forestal según Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y Aguas N°7779. Localizada sobre las tierras de mayor pendiente del Río Guatuso, sub -cuenca del Río Barranca. Manteniendo un uso conforme. De acuerdo al levantamiento de coordenadas con GPS, sistemas de referencia CRTM-05, se localizaron dos puntos dentro de las zonas de protección forestal, (01) N: 111388 E:429204 y (02) N:1112304 E:429229. Según montaje en la ortofoto del año 2006, del catastro nacional hoja MIRAMAR 3246-II archivo ECW, el área bajo protección forestal clasificada como tierras clases VII y VII, donde el factor limitante que cataloga estas tierras es la fuerte pendiente mayor al 60% (escarpada). Es de 21.1 has de protección forestal (...) En cuanto al inventario forestal solicitado, el mismo no procede técnicamente, debido a lo inaccesible, por lo escarpado de estos terrenos, además el uso actual es conforme de tierras clase VII y VIII de protección y regeneración forestal. Se deriva de esta inspección de campo y teniendo como base los datos técnicos y de georeferenciación aportados, que el inmueble folio real 6-134978-000 bajo el plano catastrado P-817040-2002, con un área de 61 has 1732 m², se localiza fuera de cualquier Área Silvestre Protegida administrada por MINAE-SINAC-ACOPAC, de acuerdo con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal N°7575. El predio en mención no forma parte del Patrimonio Natural del Estado". Pese que el informe concluye que el inmueble no forma parte del patrimonio natural del Estado, lo cierto es que el perito en el juicio oral y público precisó que que el área de cobertura ha aumentado en los últimos años, se observan aproximadamente 21 hectáreas con un uso actual de protección forestal en correspondencia a las condiciones de pendiente, cobertura y ecología del inmueble y que el criterio técnico para definir el patrimonio natural del Estado no es necesariamente que hayan árboles. Bajo esta inteligencia, es claro que a la luz de los criterios técnicos recabados en el juicio en el cual se expone la existencia de patrimonio natural del Estado en la parcela 1-4 de la Cuenca del Río Aranjuez, amén de la prueba documental que obra en autos, particularmente la fórmula y el oficio OFAU-c-3829-2002, del 11 de noviembre del 2002 emitido por el Ministerio del Ambiente y Energía en el cual solo se limita a referenciar la inexistencia de áreas silvestres de conservación, no así el patrimonio natural del Estado. Así las cosas es dable concluir que en el inmueble con el número de finca 6-134978-000 se comprenden entre 17 y 21.1 hectáreas de área forestal, las cuales no pudieron ser objeto de titulación de conformidad con el bloque de legalidad que protege este régimen demanial y su incorporación automática al demanio forestal al tenor de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, indicando particularmente éste último numeral que: "Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". Bajo este escenario y siendo que el dominio público forestal se genera por la existencia de los bosques y no por su declaración formal en un catastro nacional o su inscripción registral, de acuerdo a la normativa transcrita y los peritajes expuestos que son coincidentes en torno a la existencia de bosque y su práctica inalterabilidad desde el año 1998, fecha previa a su titulación, no queda duda que el patrimonio natural del Estado fue indebidamente titulado, pese las propias limitaciones que la Ley 7599 y su Reglamento establecían al respecto, de conformidad con lo citado líneas atrás. También debemos precisar que el hecho que no exista formalmente un registro o catastro del patrimonio natural del Estado, no impide a través de los medios técnicos definir su existencia, sobre todo bajo la premisa que la incorporación de esos bienes opera por ministerio de ley, generándose su incorporación al demanio nacional sin necesidad que medie acto administrativo alguno, por lo que no debemos perder de vista que no es el acto en sí mismo que impone su afectación, sino su propia naturaleza, de toda suerte que la clasificación extrañada que es de resorte exclusivo del Ministerio del Ambiente y Tecnología es un mecanismo de tutela y registro de los inmuebles forestales o boscosos, más no es la razón constitutiva de su afectación, ostentando en consecuencia un efecto declarativo. Desde esta perspectiva, podemos concluir que la clasificación del patrimonio natural del Estado constituye un acto de constatación y no de afectación de los bienes, cuyo efecto esencial es el de neutralizar su enajenación y permitir su reivindicación en cualquier tiempo por parte del Estado, de toda suerte que no le es oponible acto administrativo alguno que pretenda su enajenación. La Sala Constitucional ha sido conteste en precisar que: "Los bienes del Estado se caracterizan por ser de su exclusiva titularidad y porque tienen un régimen jurídico especial; integran la unidad del Estado y junto con su organización política, económica y social, persiguen la satisfacción -en plano de igualdad- de los intereses generales; su objetivo final es alcanzar, plenamente, el bien común. Es ésta la principal razón para justificar la existencia de un impedimento, por lo menos en principio, para la libre disposición de esta categoría de bienes. El régimen especial que los cobija, sin embargo, no alcanza por igual a todos los bienes públicos; la mayor, menor o inexistente cobertura dependerá del tipo de bien de que se trate. Es por ello que la doctrina del Derecho público habla de diversos tipos de bienes que pertenecen al Estado. La tradición jurídica costarricense ha estructurado su propio régimen a partir de esas ideas, de manera que esos bienes, entendidos en el sentido más amplio del concepto, se clasifican en demaniales por naturaleza o por disposición de la ley, los bienes privados del Estado, los derechos reales sobre bienes ajenos (servidumbres), los derechos económicos o financieros (como lo valores o bonos del Estado) y los bienes comunales, entre otros. Los bienes demaniales o dominicales, como también se les conoce, tienen ese carácter en virtud de una afectación legal, que es la que determina su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su demanialidad. De esta suerte, la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Ello conlleva, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les pueda privar o modificar el régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados. Requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado, sin que sea posible una desafectación genérica, y mucho menos implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete. Debe asimismo hacerse la advertencia de que toda desafectación, como proviene de un acto legislativo, está sujeta a los controles jurisdiccionales corrientes." (voto 10466-2000, de las 10:17 horas del 24 de noviembre del año 2000, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Se colige de lo transcrito, que nuestro legislador ha dispuesto de forma expresa cuales bienes en razón de su naturaleza y especial interés para el bien común, revisten la condición de bienes demaniales, aplicando así el principio de reserva de ley para decretar la enajenación de los bienes destinados a servir al uso o fin público. Dicho principio, a su vez impone que solamente por voluntad del legislador, un bien se abstrae de la condición de demanial; lo que provoca que deba valorarse no solo la potestad legislativa de tal medida, sino que también, los derechos fundamentales a la vida, la salud y sobre todo, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, puesto que si bien nuestra Constitución Política deposita la potestad de desafectación en el legislador, la decisión legislativa debe guardar armonía con todo el ordenamiento jurídico y el fin teleológico de nuestras normas, requiriéndose al efecto un criterio técnico, tal y como lo expresa el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y la jurisprudencia de la Sala Constitucional (entre ellos, el voto 6240, de las 14 horas del 26 de noviembre de 1993 y el voto 13099, de las 14:56 del 04 de agosto del 2010) al abordar temas relacionados con el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siendo la Sala Constitucional conteste a través de su jurisprudencia al exigir un criterio técnico para amparar la conducta administrativa, tal y como lo expresó en el voto número 6240-93 de las 14 horas del 26 de noviembre de 1993, al indicar que en todo proyecto de orden ambiental, debe exigirse a la Administración la realización de estudios técnicos que garanticen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, toda vez que la tutela efectiva de este derecho obliga al Estado a procurar una protección adecuada al ambiente, adoptando las medidas necesarias para evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana constituyan una lesión al ambiente. Desde esta perspectiva, habiéndose acreditado la existencia de patrimonio natural del Estado en el inmueble con el número de matrícula 6-134978-000, plano catastrado P-817040-2002, se constituye un vicio de nulidad absoluta en cuanto al acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, que autorizó la segregación y traspaso a favor de los demandados de la parcela 1-4 del programa de Titulación Múltiple Cuenca del Río Aranjuez. 2) Inexistencia de estudio de suelos del INTA: El Instituto promovente indica al fundamentar su acción, que dentro del trámite de titulación se observa la ausencia de un estudio de suelos del inmueble de conformidad con lo requerido por el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Usos de Suelo, número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- MOPT, normativa que aún y cuando la vigencia de su texto sea en fecha posterior a la titulación del predio, se torna en obligatorio. Por su parte, el representante de las sociedades demandadas argumenta que no se le puede exigir retroactivamente un requisito a sus representadas, por cuanto los requisitos que presuntamente se omiten, se encuentran regulados en el reglamento a la Ley 7759, mismo que entró en vigencia en fecha posterior a la adjudicación de la finca en cuestión, no encontrándose en consecuencia obligada a presentarlos para la usucapión. Criterio del Tribunal: En atención al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la normativa comprendida en nuestro ordenamiento jurídico ha impuesto la obligatoriedad de verificación del cumplimiento de los fines de las tierras objeto de adjudicación por el otrora Instituto de Desarrollo Agrario. Es por ello que el segundo de los fundamentos de la declaratoria de lesividad que nos ocupa es la ausencia de un estudio de suelos emitido por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA); requisito previsto por la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, número 7779, del 30 de abril de 1998 y no solo en su Reglamento, de plena aplicación al momento de dictarse la adjudicación por encontrarse vigente. Dicho cuerpo legal establece que el Instituto de Desarrollo Agrario no puede adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos. El artículo 27 establece al respecto que:"Será obligatorio para el Instituto de Desarrollo Agrario disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirir terrenos para fines de titulación. Toda adjudicación de terrenos deberá tener como limitación que el uso del terreno adjudicado no pueda ir en contra de su capacidad de uso. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación, aparte de otras penas con que se pueda castigar por los delitos que le sean imputables". Bajo la misma inteligencia, el artículo 64 de la mencionada ley agrega al final del artículo 69 de la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825, de 14 de octubre de 1961, un párrafo cuyo texto indicaba antes de su última reforma en torno a la denominación del Instituto, hoy Instituto de Desarrollo Rural (en razón del artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012 que "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural"), lo siguiente: "El Instituto de Desarrollo Agrario deberá considerar las directrices definidas por la Ley de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos, para valorar la adquisición y adjudicación de terrenos. Es obligación suya disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirirla, para fines de titulación. Toda adjudicación de terrenos deberá limitarse a que la utilización del terreno adjudicado no pueda ir en contra de la capacidad de uso del terreno. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación." Por su parte, el Reglamento a la Ley de Usos de Suelo, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto número 29375, del 08 de agosto del 2000, el cual contrario a lo que argumenta la representación de los demandados, sí se encontraba vigente al momento del dictado del acto administrativo que aquí se acusa viciado de nulidad absoluta que autorizó la segregación y traspaso a favor de los demandados de la parcela 1-4 del programa de Titulación Múltiple Cuenca del Río Aranjuez, toda vez que éste fue dictado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, y el Reglamento data del año 2000, indica en su artículo 58 que: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley Nº 7779 y este Reglamento." De particular interés es citar los numerales 61, 62 y 63 contemplados en este Reglamento, por cuanto no dejan duda alguna de la relevancia y trascendencia del estudio de suelos para el cumplimiento de los fines del Instituto de Desarrollo Agrario, por cuanto establecen que: "Artículo 61.-Por ningún concepto el IDA podrá adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos"; "Artículo 62.-Si del estudio de suelos y la clasificación de las tierras, no sea procedente la titulación para fines agrarios o urbanos, el IDA las destinará en su caso a reserva nacional traspasándolas en su caso al MINAE." y "Artículo 63.-En el contrato o título de arrendamiento o adjudicación de tierras por parte del IDA, se incluirá necesariamente bajo pena de caducidad o revocación, la condición de que en el terreno el adjudicatario, no podrá realizar ninguna actividad contraria al uso, manejo y conservación de suelos y aguas. Conforme lo dispone el artículo 27 y 64 de la Ley Nº 7779. Demostrado su incumplimiento el IDA iniciará el procedimiento de revocación del título, para lo que se anotará preventivamente en el Folio Real de la respectiva finca." Nótese entonces que no solo el acto administrativo que declara la lesividad del acto de segregación y titulación invoca la ausencia de un estudio de suelos, sino que además, no se sustenta únicamente y ni siquiera cita el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Usos de Suelo, número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA- MOPT, por lo que no se limita por ello, el análisis que a la luz del ordenamiento jurídico vigente en ese momento debe realizar este Tribunal, toda vez que la conducta administrativa del ente público debe ajustarse sin duda alguna al bloque de legalidad exigido, por lo que encontrándose vigentes las disposiciones normativas antes transcritas que imponían la obligatoriedad del estudio de suelos de los inmuebles objeto de adjudicación, so pena que derivar la revocatoria de ésta, las mismas son plenamente aplicables al caso concreto. Debemos hacer notar tras un análisis de los textos normativos citados, que sin duda alguna, al Instituto de Desarrollo Agrario se le exigía el estudio de suelos a efecto de garantizar el destino del inmueble a una actividad acorde a sus fines, de toda suerte que la determinación de un uso de suelo no apto para la titulación para fines agrarios o urbanos, imponía que el Instituto las destinara en su caso a reserva nacional traspasándolas al Ministerio del Ambiente y Energía, máxime que la Ley Forestal en los artículos 58 inciso b) y 61 inciso c) sanciona como delito la realización de actividades que impliquen cambio de uso de la tierra en terrenos cubiertos de bosque, y el aprovechamiento de recursos forestales en terrenos del Patrimonio Natural del Estado. Por último y no por ello menos importante es precisar que la ley 7599 "ley para la Titulación de Reservas Nacionales", la cual fue declarada inconstitucional y con fundamento en la cual se dictó el acto administrativo que aquí se analiza, exigía en su artículos 3 y 7, que siempre se debía respetar la normativa existente al momento de realizar las titulaciones. Consecuentemente, podemos concluir que no se acreditó en autos que la totalidad del inmueble con el número de matrícula 6-134978-000 objeto de adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, cuente con estudios de suelos por parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y que a su vez, su totalidad tenga vocación agraria. Por último y no por ello menos importante es advertir que en el caso de análisis no nos encontramos ante un supuesto de titulación bajo la figura de la usucapión, toda vez que la titulación se amparó en el texto de la Ley de Titulación de Reservas Nacionales y su Reglamento y normativa conexa por parte del Instituto de Desarrollo Agrario y no al amparo de una figura del Derecho Privado. 3) Alcances del informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, contenido en el oficio DEGEO-096-08 del 05 de agosto del 2008: El Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes emite a través del oficio DEGEO-096-08, el "Estudio para apoyar trabajo de fiscalización sobre titulación de tierras en los proyectos Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz y Zona Norte 041 del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)", en cuyo folio 27 señala que: " 6. Interpretación del Uso de Suelo, Topografía y Capacidad de Uso de Suelo en el Proyecto Titulación de Tierras Cuenca del Río Aranjuez del IDA. 6-1. propiedad Desarrollo MENORCA S.A. del IDA. En esta propiedad existen áreas de cultivos y pastos hacia el sector central de la propiedad, hacia el sector sureste se encuentran manchas de bosque primario. A pesar que esta área es considerada como potencial de acuíferos se observa una gran deforestación en el sitio (Ver figura No. 2 Uso de Suelo Propiedad Desarrollo MENORCA SA. del IDA). En lo que se refiere a la topografía, presenta terrenos quebrados (pendientes 45° a 60 grados) en el sector este de propiedad y hacia el sector oeste terrenos muy accidentados (pendientes 30° a 45 grados). (Ver figura No.3 Pendientes propiedad Desarrollo MENORCA s.a. del IDA). Por otra parte, esta propiedad presenta limitaciones o condiciones que lo ubican dentro de la clase 4P. La clase 4P, presenta limitaciones más severas que las 3P, pero aún se considera apta para todo tipo de uso, sin embargo en ellas se restringe en alto grado la agricultura a elegir, además de que se requiere métodos intensivos de manejo y conservación de suelos. En cuanto a las limitaciones escasa profundidad efectiva del suelo, alta susceptibilidad a la erosión, altas precipitaciones (5000 mm), suelos con fertilidad baja. (Ver Figura No. 4 capacidad de uso de suelo Propiedad Desarrollo MENORCA S.A. del IDA)". La declaratoria de lesividad del acto administrativo que aquí se analiza, fue realizada a través del acuerdo número 17 adoptado en la sesión ordinaria número 16-2010, del 03 de mayo del 2010 y modificado por el artículo 10 de la sesión ordinaria 015-2011, del 25 de abril del 2011, siendo en éste último, en el cual se hace mención acerca del informe parcialmente transcrito y se concluye reiterando que en el expediente de la titulación no consta que se haya realizado el estudio de uso conforme de suelos del INTA. Por su parte, la representación de la accionada alega la incompetencia del Instituto Nacional Geográfico para la determinación de la existencia de bosque primario o secundario en la finca, pues de acuerdo con la Ley Forestal y el oficio DST-152-11, emitido por el Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria, es el MINAET quien ostenta tal competencia, órgano que nunca ha realizado estudios en el inmueble adjudicado. Es por ello que afirma que el criterio emanado del Instituto Geográfico Nacional es inconstitucional y violatorio del principio de legalidad. En primer término, debemos advertir que este Tribunal no es competente para analizar la constitucionalidad o no del texto indicado, toda vez que su competencia opera en función de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política y bajo ese marco se realiza el análisis de la conducta administrativa descrita. Teniendo claro lo anterior, resta señalar que ciertamente de conformidad con el artículo 5 de la Ley Forestal, el legislador ha delegado en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la competencia para regir este sector y realizar las funciones de la Administración Forestal del Estado, lo que impone su deber de velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables que prescribe el artículo primero de la Ley Forestal. De conformidad con la distribución de competencias que a lo interno del órgano ministerial privan, tenemos que por ministerio de ley, corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación el ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica y ejercer esa Administración. La Sala Constitucional ha precisado al respecto que:"...el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)". (voto número 16975, de las 14:53 del 12 de noviembre del 2008). Bajo esta premisa, si bien es cierto es el Ministerio del Ambiente, Energía y Tecnología a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación el órgano rector que ostenta la competencia para determinar la tutela de patrimonio natural del Estado, ello no obsta, para que otros entes u órganos públicos puedan emitir criterio técnico que pueda sustentar, orientar y coadyuvar las acciones administrativas y/o jurisdiccionales tendientes a determinar su existencia así como descripción de los usos de suelos observados en el sitio, constituyendo los mismos insumos para la valoración correspondiente. Debe hacer notar esta Cámara de Jueces que no observa de forma alguna que sea justamente ese informe el que permita al Instituto de Desarrollo Rural realizar la declaratoria de lesividad por estimar que es el Instituto Geográfico Nacional quien ostente la competencia para determinar la existencia del patrimonio natural del Estado, sino que el oficio parcialmente transcrito es tomado en cuenta por el ente accionante para modificar la declaratoria de lesividad y abonar un fundamento más para el sustento de su acción, la cual como se ha analizado, gira primordialmente en torno a la falta de requisitos para la validez del acto administrativo que autorizó la segregación y titulación de la parcela 1-4 del proyecto Cuenca del Río Aranjuez. Así las cosas, se mantiene el criterio en torno a los vicios de nulidad absoluta que presenta el acuerdo número 66, adoptado en la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, que autorizó la segregación y traspaso a favor de los demandados de la parcela 1-4 del programa de Titulación Múltiple Cuenca del Río Aranjuez, en virtud de la existencia de patrimonio natural del Estado dentro del inmueble tal y como se acreditó a partir de los peritajes rendidos dentro del proceso y la inobservancia del cumplimiento del requisitos del estudio de suelos exigido por la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, ley 7779, del 30 de abril de 1998 y su Reglamento, Decreto número 29375, del 08 de agosto del 2000 así como los artículos 6 y 7 de la Ley La Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599, del 9 de agosto de 1996 y artículo 10 del Reglamento para la titulación de Tierras en Reservas Nacionales, número 55 del 12 de agosto del 2002. IX.-Sobre los argumentos de oportunidad y conveniencia alegados por las accionadas en torno al uso actual del inmueble: La representación de las accionadas señala como uno de sus argumentos que de declararse con lugar la acción se le generaría un grave daño a la sociedad así como al ambiente. En cuanto al daño patrimonial que la declaratoria provoca, debemos advertir que ello no es objeto de pronunciamiento en este proceso, pudiendo ser ventilado en otra instancia ya que el análisis de un proceso de lesividad versa en los presupuestos de nulidad de un acto administrativo a instancia de la Administración activa. Por otra parte, si bien es cierto, el perito Gustavo Alvarado, Ingeniero forestal en su declaración indicó que el área de bosque observada en el inmueble está casi inalterado desde el año 1998 hasta la rendición de su informe pericial, que las áreas que tenían uso pecuario han tenido uso regenerativo tendiente a un bosque secundario y que las áreas pecuarias no han sido ampliadas sino disminuidas por un proceso voluntario de regeneración, ello no impide la declaratoria de nulidad del acto administrativo que autoriza la segregación y titulación de un inmueble se materialice en función de los vicios de nulidad analizados en el considerando anterior. No obstante, deben tomar nota las partes que en el tanto se observe el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que el ordenamiento jurídico establezca para la titulación de tierras con vocación agrícola, nada obsta para que se realice el análisis de una nueva solicitud de adjudicación de aquellas tierras no afectas al patrimonio natural del Estado, en el tanto ello sea jurídica y técnicamente viable y que por supuesto, el gestionante cumpla en tiempo y forma con los requerimientos establecidos para tal efecto. X.- Sobre la excepciones: Otorgado el traslado de ley, la representación de las accionadas se opone a la demanda y formula la excepciones de prescripción, caducidad y falta de agotamiento de la vía administrativa, las cuales son declaradas sin lugar a través de la resolución n°1589-2011, de las 15 horas del 29 de setiembre del 2011 por el Juez de Trámite en la audiencia preliminar. No obstante lo anterior, advierte el apoderado de las demandas que opone nuevamente como excepciones de fondo la prescripción y la caducidad amén de la falta de derecho, en el evento que éstas sean rechazadas interlocutoriamente como en efecto se hizo. La prescripción y/o caducidad que interpone la representación de la parte demandada bajo la tesitura que cualquiera de ellas opera respecto a la acción, la fundamenta en el hecho que el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece un año para formular la demanda de lesividad, existiendo presuntas nulidades relativas y no absolutas. Además, estima que no hay documentos que determinen que la propiedad está en patrimonio natural del Estado por lo que la acción no es imprescriptible. Analizados los autos debe precisar esta Cámara de Jueces que las tres excepciones merecen ser rechazadas. En cuanto a la caducidad de la acción que confunde la parte demandada como prescripción, debemos recordar que el artículo 34 inciso 2) establece que la lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo, toda vez que le es aplicable el régimen de tutela del demanio público entre los cuales se encuentra la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria. Aunado a lo anterior, de acuerdo a los autos, la declaratoria de lesividad del acto administrativo que aquí se analiza, fue realizada a través del acuerdo número 17 adoptado en la sesión ordinaria número 16-2010, del 03 de mayo del 2010 y modificado por el artículo 10 de la sesión ordinaria 015-2011, del 25 de abril del 2011 y la demanda fue interpuesta en fecha 29 de abril del 2011, por lo que el plazo máximo establecido en el artículo 39 inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo no fue superado. Respecto a la excepción de falta de derecho ésta también se rechaza toda vez que al tenor del análisis realizado en el considerando VIII, al Instituto de Desarrollo Agrario le asiste la razón en torno al mérito de la nulidad reclamada y que aquí se declara con ocasión de la falta de requisitos para el dictado del acto de adjudicación así como la existencia de patrimonio natural del Estado comprendido dentro del inmueble. XI.- De la condenatoria en costas: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar la excepción, toda vez que con ocasión de un actuar ilegítimo del ente accionante, se otorgaron derechos a las demandadas que por medio de esta resolución se dejan sin efecto sobre un inmueble afecto al patrimonio natural del Estado y en ese tanto, existe mérito para litigar por parte de las accionadas. Así las cosas, se resuelve el presente proceso sin especial condenatoria en costas. POR TANTO Se declara sin lugar la excepción de falta de derecho , caducidad y prescripción alegadas y en consecuencia con lugar la demanda. Se anula el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, número 66, de la sesión 045-03 celebrada el 29 de setiembre del año 2003, que autorizó la segregación y traspaso a favor de la sociedad denominada Desarrollo Cerdeña S.A. la parcela 1-4 del programa de Titulación Múltiple Cuenca del Río Aranjuez; se anula parcialmente la escritura pública número 70, otorgada ante el Notario Público Fernando González Rojas, a las 08:00 horas del día 23 de octubre del 2003 en Puntarenas, en relación a la parcela 1-4 del Proyecto Cuenca Río Aranjuez, se anula el asiento registral de inscripción de la finca del partido de Puntarenas, folio real 134.978-000 y el asiento registral de inscripción de la reunión de fincas que formaron el folio real de la provincia de Puntarenas 167241-000, en tanto comprende a la finca del Partido de Puntarenas, folio real 134.978-000, ubicada en el Distrito San Jerónimo, Cantón Esparza de la Provincia de Puntarenas que se describe en el plano catastrado número P-817040-2002, con una medida de 61 hectáreas, 1632. 32 metros cuadrados. Tomen nota las partes de lo indicado en el considerando IX de la presente resolución. Se dicta esta resolución sin especial condenatoria en costas. Notifíquese. Claudia Bolaños Salazar Grace Loaiza Sánchez Carlos Espinoza Salas Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 04:39:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico [email protected] Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A Proceeding: Lesividad Case File: 11-00 2357-1027-CA Plaintiff: Instituto de Desarrollo Agrario Defendants: Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. Cities of the Future S.A. No.44 - 2015-I Section One of the Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos, at thirteen hours twenty minutes on the thirteenth of May two thousand fifteen. Lesividad proceeding filed by the Instituto de Desarrollo Agrario, now Instituto de Desarrollo Rural, represented by Mr. Rolando González Ulloa, educator, resident of Alajuela and bearer of identity card number two - two hundred seventy-four- five hundred forty against the companies Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. and Cities of the Future S.A., both represented by their special judicial attorney, licensed attorney Juan Carlos Retana Otárola, resident of San José, married and bearer of identity card number one- seven hundred fifty-five- seven hundred thirty-seven. The State intervenes as an interested third party, represented by the Deputy Procuradora Heilyn Sáenz Calderón, bearer of identity card number seven- one hundred twenty-one- one hundred sixty-three.- WHEREAS I.- That on April 29, 2011, on behalf of the Instituto de Desarrollo Agrario, a lesividad proceeding was filed, in which the following claims are made: "That, on the grounds that they are harmful to the public interest, the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, which authorized the segregation and transfer in favor of the defendants of parcel 1-4 of the Multiple Titling Program Cuenca del Río Aranjuez, be annulled. 2. By connection, that public deed number 70, executed before Notary Public Fernando González Rojas, at 08:00 hours on October 23, 2003 in Puntarenas, be partially annulled in relation to parcel 1-4 of the Proyecto Cuenca Río Aranjuez. 3- By connection, that the registry entry for the registration of the property of the district of Puntarenas, real folio 134.978-000, be annulled. 4.- By connection, that the registry entry for the registration of the consolidation of properties that formed real folio 167241-000 of the province of Puntarenas be annulled in relation to the property of the District of Puntarenas, real folio 134.978-000. 5. That the defendant be ordered to pay both costs of this proceeding." (See complaint at folios 01 to 19 and preliminary hearing recorded on compact disc and minute at folios 667 and 668 of the judicial file) II- That once the statutory transfer was granted, the representation of the defendants opposes the complaint and raises the defenses of statute of limitations (prescripción), expiry (caducidad), and failure to exhaust the administrative remedy (falta de agotamiento de la vía administrativa), which are dismissed through resolution No. 1589-2011, of 15:00 hours on September 29, 2011, by the Procedural Judge at the preliminary hearing. In addition to the foregoing, the defendants also raise the substantive defense of lack of right (falta de derecho), and raise as substantive defenses, in the event that the statute of limitations (prescripción) and expiry (caducidad) of the action are dismissed interlocutorily. (See folios 471 to 518, 667 and 668 of the judicial file) III.-That the preliminary hearing was held at 15:29 hours on September 29, 2011, with the presence of both parties to the proceeding. In said hearing, the claims are established, the dismissal of the defenses of statute of limitations (prescripción), expiry (caducidad), and failure to exhaust the administrative remedy (falta de agotamiento de la vía administrativa) raised by the defendant is resolved, all facts are deemed controverted, and the documentary evidence and the expert opinion requested by the plaintiff are admitted. (See preliminary hearing recorded on compact disc and minute at folios 667 and 668 of the judicial file) IV. That through the resolution of 14:19 hours on May 23, 2014, the State and the Contraloría General de la República are notified of the existence of the present proceeding, with only the representation of the State appearing as an interested third party. (See folios 759, 776, 786 to 790, and 798 of the judicial file) V.- That the oral and public trial was scheduled for eight hours thirty minutes on February nine, two thousand fifteen; however, by virtue of the failure of the judicial expert to appear, the only evidence to be presented at the oral and public trial, it was ordered that the hearing be rescheduled for eight hours thirty minutes on March twenty-seven, two thousand fifteen; furthermore, it was ordered as evidence for a better resolution to require the State to render a report by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación that determines the issue of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), whether there is a forest inventory by the Ministerio del Ambiente y Tecnología, and to determine whether authorizations or forest harvesting permits have been granted by the same ministerial body, and if so, what are the permit numbers that have been processed. (See folio 820 of the judicial file) VI. That the oral and public trial was held at 08:52 hours on March 27, 2015, with the presence of all parties and the State as an interested third party. In said hearing, the expert evidence rendered by the judicial expert and the expert, an official of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) who had been required by the Tribunal as evidence for a better resolution, was presented. Likewise, conclusions are rendered by all the procedural agents. (See folios 864 and 865 of the judicial file) VII. That through the resolution of thirteen hours forty-five minutes on April seven of the current year, because it was necessary for the issuance of the judgment, the Tribunal requested as evidence for a better resolution from the Instituto de Desarrollo Rural a certified copy of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project, and once this was received, through the resolution of fourteen hours thirteen minutes on April twenty, the reopening of the oral and public trial hearing was ordered for eleven hours on April 27, 2015, in which all the procedural parties participated. (See folios 866 and 883 of the judicial file) VIII.-This judgment is issued within the statutory time limit, unanimously and after prior deliberation by the members of the Tribunal, without any grounds capable of invalidating the proceedings having been observed. Drafted by Judge Bolaños Salazar, with the affirmative vote of judges Loaiza Sánchez and Espinoza Salas. WHEREAS I.- Regarding the proven facts.- Of importance for the resolution of this matter, the following has been duly accredited: 1) That cadastral plan number P-817040-2002, which is part of real folio 6115788-000, indicates that it is the property of the Instituto de Desarrollo Agrario and its possessor is Ganadera Sonora S.A. It also indicates that it is located in Distrito San Jerónimo, Cantón Esparza, Provincia de Puntarenas and measures 611,632.32 square meters. (See folio 18 of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project); 2) That the User Service Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, through official letter OFAU-C-3829-2002, dated November 11, 2002, certifies that: "Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a scale of 1:50,000, it has been determined, based on the location stated in cadastral plan number P-817040-2002 in the name of INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO possessor Ganadera Sonora S.A., that it describes a property located OUTSIDE ANY PROTECTED WILD AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. However, it is affected by the protection areas according to articles 33 and 34 of the Ley Forestal of April 16, 1996. Likewise, I certify that for the removal of trees, the respective permit must be obtained (art. 27 Ley Forestal); also recommending practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest.- IT IS PART OF THE PROPERTY REGISTERED UNDER REAL FOLIO 6115788-000, AS STATED IN THE PLAN." (See folio 10 of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project); 3) That on November 12, 2002, the firm Ganadera Sonora S.A. sold its possessory right over the property described in cadastral plan number P-817040-2002, which is part of real folio 6115788-000, to the firm Desarrollo Cerdeña Menorca S.A., by means of public deed number 73, of the notarial protocol of notaries public Carlos Fernando Hernández Aguiar and Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno. (See folios 13 to 16 of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project); 4) That on May 08, 2003, on behalf of the firm Desarrollo Cerdeña Meñorca S.A., a request was made before the Orotina Sub Regional Office of the Instituto de Desarrollo Agrario for the titling process in national reserves (reservas nacionales) based on articles 10 and 11 of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales under Law number 2825, of September 10, 2002, in relation to the property located in Distrito San Jerónimo, Cantón Esparza, Provincia de Puntarenas, described in cadastral plan number P-817040-2002, with a measurement of 61 hectares, 1632.32 square meters. (See folios 19 to 21 of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project); 5) That in the form called "Declaración de Colindantes" regarding parcel number 4, of the "Cuenca Ar" (sic) project, the following is indicated, relevantly, in the space "Declaración del funcionario del IDA": "The undersigned Rodolfo Salazar Alfaro, ID card No. 6-065-241, in my capacity as technician c, official of the regional office of Coyolar and with authority to do so, state that according to the inspection carried out on the parcel described above, I have verified the requirements set forth in article 10 of the regulation for the titling of Tierras de Reservas Nacionales, therefore I recommend that this parcel may be titled." In addition to the foregoing, the same document records regarding the nature of the land and the corresponding area the following: "pasture 6.00, brushland (tacotal) 25.00, forest (bosque) 30-16, total 61.1632.32, estimated value of the parcel 500.00.°°" (See folio 22 of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project); 6) That through the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, the segregation and transfer of 73 lots and parcels of the Proyecto Cuenca del Río Aranjuez, located in Chomes Central, Provincia de Puntarenas, was authorized, among which is parcel 1-4 in favor of the company called Desarrollos Cerdeña Menorca S.A. (See folios 32 to 38 of the administrative file for the titling of parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project); 7) That the property with registration number 6-134978-000 measures six hundred eleven thousand six hundred thirty-two square meters and is located in distrito 05, San Jerónimo, Cantón 02 Esparza, Provincia de Puntarenas. (See folio 80 of the judicial file); 8) That in the year 2005, the defendant Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. transferred its ownership of the property with number 6-134978-000 to Mr. Jeffrey Petry, who in turn, on April 8, 2008, sold it to the firm Cities of the Future S.A., and the latter consolidated it with the Puntarenas properties under real folios 8384-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000, and 132373-000, forming the property with number 167241-000. (Uncontroverted fact, See folios 65 to 72, 381 to 398 of the judicial file); 9) That the property with number 6-134978-000 forms part of the consolidation of properties that gives rise to the property with number 6-167241-000, located in Distrito 05, San Jerónimo, Cantón 02 Esparza, Provincia de Puntarenas, with a measurement of five million two hundred ninety-three thousand eight hundred fifty-three square meters, owned by Cities of the Future S.A. (Uncontroverted fact, see folios 84 and 85 of the judicial file); 10) That the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes issues, through official letter DEGEO-096-08, the "Study to support oversight work on land titling in the Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Llanuras de San Carlos and Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz and Zona Norte 041 projects of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)", in which folio 27 states that: "6. Interpretation of Land Use, Topography and Land Use Capacity in the IDA Cuenca del Río Aranjuez Land Titling Project. 6-1. DESARROLLO MENORCA S.A. property of the IDA. In this property, there are areas of crops and pastures towards the central sector of the property; towards the southeast sector, patches of primary forest (bosque primario) are found. Although this area is considered a potential aquifer zone, significant deforestation is observed at the site (See Figure No. 2 Land Use DESARROLLO MENORCA SA. Property of the IDA). Regarding topography, it presents broken terrain (slopes 45° to 60 degrees) in the eastern sector of the property and towards the western sector, very rugged terrain (slopes 30° to 45 degrees). (See Figure No. 3 Slopes DESARROLLO MENORCA S.A. Property of the IDA). On the other hand, this property presents limitations or conditions that place it within class 4P. Class 4P presents more severe limitations than 3P, but it is still considered suitable for all types of use; however, agriculture to be chosen is highly restricted in them, in addition to requiring intensive soil management and conservation methods. Regarding limitations, shallow effective soil depth, high susceptibility to erosion, high rainfall (5000 mm), soils with low fertility. (See Figure No. 4 Land Use Capacity DESARROLLO MENORCA S.A. Property of the IDA)". (See folios 87 to 160 of the judicial file); 11) That through report DFOE-PGAA-20-2008, dated August 27, 2008, the General Public, Environmental and Agricultural Services Area of the Contraloría General de la República addressed the President of the Board of Directors of Desarrollo Agrario, sending him the report rendered in relation to the results of the study on land titling in national reserves (reservas nacionales) on lands belonging to the State's natural heritage (Patrimonio Natural del Estado), among which it includes properties with forests or lands of forestry suitability located in the multiple titling project Cuenca del Río Aranjuez, specifically referring to parcels number 4 of block I, 1 of block 5, 68 of block 4 and 6 of block 7. In said report, mandatory provisions are issued for the Institute, among which are to carry out the administrative procedures and the actions that legally correspond before the corresponding instances, to the effect that a recovery process be initiated for the lands titled by the IDA that belong to the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) and that correspond to the 15 cases detailed in that document. (See folios 161 to 173 of the judicial file); 12) That through article 17 of ordinary session number 16-2010, held on May 03, 2010, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario makes "the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) of nullity proceedings ordered by the Contraloría General de la República" that includes the titling of parcel 4 of block 1 in favor of Desarrollo Cerdeña Menorca S.A., legal ID 3-101-016462, in the multiple titling project Cuenca del Río Aranjuez, because it is indicated that in the titling file there is a certification from MINAE OFAU-C-3829-2002, according to which the area indicated on the plan is outside protected wild areas (áreas silvestres protegidas); however, the certification is silent as to whether or not it is within the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado). In addition to the foregoing, it is added that the titling file does not show that the INTA soil study was carried out. (See folios 175 to 181 of the judicial file); 13) That the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, through article 10, adopted in ordinary session number 015-2011, held on April 25, 2011, modifies the agreement indicated in the previous fact and declares a series of administrative acts harmful to the public interest, among which is the one included in file number 4, which corresponds to the titling of parcel 4 of block 1 in favor of Desarrollo Cerdeña Menorca S.A., legal ID 3-101-016462, in the multiple titling project Cuenca del Río Aranjuez, referring to agreement number 66 adopted in session 45-03, of September 29, 2002, approved through article 2 of session 046-03 of October 13, 2003, based on the fact that according to the report rendered by the Instituto Geográfico Nacional, contained in official letter DEGEO-096-08 of August 05, 2008, it is indicated that: "based on the Costa Rica Forest Cover Map of FONAFIFO, the slope and land use capacity map of Costa Rica from the Instituto Geográfico Nacional, and the SENARA database on potential aquifer areas in Costa Rica from the year 2007, it determines that at the location of the parcel, areas of crops and pastures are observed towards the central sector of the property; towards the southeast sector of the property, patches of primary forest (bosque primario) are found; although this area is considered a potential aquifer zone, significant deforestation is observed at the site; regarding topography, it presents broken terrain (with slopes of 45 to 60 degrees) in the eastern sector of the property and towards the western sector, very rugged terrain (with slopes of 30 to 45 degrees), and indicates that the property presents limitations that place it in class 4P, that is, with more severe limitations than those of class 3, but which are still considered suitable for all types of use; however, agriculture to be chosen is highly restricted in them, in addition to requiring intensive soil management and conservation methods. In the titling file, it is not recorded that the INTA compliant use of soils study was carried out." (See folios 182 to 188 of the judicial file); 14) That in official letter DST-152-11, issued by the Department of Technical Services of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Agropecuaria, it is made known that this body of maximum deconcentration of the Ministerio de Agricultura y Ganadería is not competent to issue a technical opinion to determine whether the property with cadastral plan P-817040-2002 is geographically within or outside the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), considering that this is the exclusive responsibility of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones within the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (See folio 529 of the judicial file); 15) That the expert report rendered by engineer Gustavo Alvarado Salazar, called "Field study for the determination of current use and location of a private land, San Jerónimo, Esparza, Puntarenas", concludes the following: "1. The property with cadastral plan P-817040-2002 has a correct cadastral location, consistent with what its cadastral plan indicates. 2. The property with cadastral plan P-817040-2002 has an area of 17 hectares 2952.72 m² (28%) that qualifies technically and legally as a forest area according to Ley Forestal 7575. 3. Currently, 45% of the area of the property with cadastral plan P-817040-2002 is covered under livestock or agricultural use (27 ha 1746.01 m²). 4. The property with cadastral plan P-817040-2002 currently has an area of 16 hectares 6933.59 m² that is under a regeneration process, but which in the past constituted an area of agricultural or livestock use (before the year 2005). 5. The property with cadastral plan P-817040-2002 is not within any State Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida del Estado). 6. The property with cadastral plan P-817040-2002 is not within any aquifer of national importance. 7. The location of the property with cadastral plan P-817040-2002 could not be determined regarding the State's natural heritage (Patrimonio Natural del Estado), because no digital information was available for the area; however, said power corresponds to MINAET according to Ley Forestal 7575." The expert report includes a map of the current use of the property indicating: natural regeneration 16 ha. 6933.59 m², wooded pastures 10 ha. 4071.76 m², Melina plantation 4 ha 0818.44 m², forest (bosque) 17 ha. 2952 m², and pastures 12 ha 6855.81 m². (See folios 716 to 742 of the judicial file); 16) That the Esparza-Orotina Subregional Office, of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), through official letter ACOPAC-OSREO-310-2015, dated March 11, 2015, reports the result of the study carried out on the property with real folio number 134978-000, with cadastral plan 817040-2002, the following excerpt being of interest: "...For a better detail of the current use of this property, two plots were set up in two different sites within the property in question: Plot No. 01, N. 1112534, E:429619 CR TM 05, diameter 13.5, Area 572 m², slope 35%, current use Brachiaria variety pastures, one laurel tree diameter 14.25 cm and one non-commercial guava. Plot No. 02, N: 1112388, E: 429204, diameter 13.5 m, Area 572 m², slope 63%. Current use natural regeneration, soils with a loss of more than 50% of horizon A, predominant species chumino (mountain nance). It forms part of a forest cover (cobertura forestal) area, land classes VII and VIII, classified as for forest protection according to Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y Aguas No. 7779. Located on the steeper lands of the Río Guatuso, a sub-basin of the Río Barranca. Maintaining a compliant use. According to the GPS coordinate survey, CRTM-05 reference systems, two points were located within the forest protection zones, (01) N: 111388 E:429204 and (02) N:1112304 E:429229. According to overlay on the 2006 orthophoto from the national cadastre, sheet MIRAMAR 3246-II ECW file, the area under forest protection classified as class VII and VII lands, where the limiting factor that categorizes these lands is the steep slope greater than 60% (escarpment). It is 21.1 has of forest protection (...) Regarding the requested forest inventory, it is not technically appropriate, due to the inaccessibility and steepness of these lands; furthermore, the current use is compliant for class VII and VIII protection and forest regeneration lands. It is deduced from this field inspection, and based on the technical and georeferencing data provided, that the property real folio 6-134978-000 under cadastral plan P-817040-2002, with an area of 61 ha 1732 m², is located outside any Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida) administered by MINAE-SINAC-ACOPAC, in accordance with articles 13, 14, and 15 of Ley Forestal No. 7575. The property in question does not form part of the State's natural heritage (Patrimonio Natural del Estado)." (See folios 830 to 837 of the judicial file); 17) That in the oral and public trial, expert Gustavo Alvarado, Forestry Engineer, stated in his declaration that there is no physical delimitation or cadastral base that determines the areas that make up the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado). He adds that the forest area observed on the property has been almost unchanged from 1998 until the rendering of his expert report, that the areas that had livestock use have had regenerative use tending towards a secondary forest, and that the livestock areas have not been expanded but rather diminished by a voluntary regeneration process. Furthermore, he notes that he observed cattle and pasture plus reforestation activity on four hectares with a Melina plantation. From the photo-interpretive analysis plus the field visit he indicates he carried out, he notes that part of the property has forestry vocation due to slopes and proximity to water bodies, part of the property has productive, livestock area, other areas are not productive due to the absence of soil as rocks are observed, another part is in regeneration. He further concludes that there are forest fragments on the property and that, according to his report, which was rendered taking into account 2005 photography plus the field verification process, the land use has not changed significantly since 1998 and that areas that were formerly pasture areas are now in a regenerative process. (Hearing recording in digital format); 18) That expert Donald Vásquez Pacheco, Agricultural Engineer and official of the Esparza-Orotina Subregional Office, of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), who prepared official letter ACOPAC-OSREO-310-2015, indicates the following of importance for the resolution of this matter in his declaration at the oral and public trial regarding property real folio number 134978-000, with cadastral plan 817040-2002: that the cover area has increased in recent years, approximately 21 hectares are observed with a current use of forest protection corresponding to the slope, cover, and ecology conditions, and that the technical criterion for defining the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) is not necessarily that there be trees. (Hearing recording in digital format) and 19) That the property with number 6-134978-000 comprises between 17 and 21.1 hectares of forest area. (See declaration of experts Engineer Donald Vásquez Pacheco, Coordinator of the Proyecto Manejo Integral de la Cuenca del Río Jesús María, of the Área de Conservación Pacífico Central, and engineer Gustavo Alvarado Salazar, expert of the Poder Judicial) II.- Regarding the unproven facts: The defendants did not prove the facts of interest: 1) That the entire area of the property 6-134978-000, subject to adjudication by the Instituto de Desarrollo Agrario through the Board of Directors agreement number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, has an agrarian vocation, and 2) That the entirety of the property with registration number 6-134978-000, subject to adjudication by the Instituto de Desarrollo Agrario, has soil studies by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). III. Regarding the argument of the plaintiff: In summary, it states that based on the Multiple Land Titling Law, Law 5064 of August 22, 1972, subsequently the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves number 7599 of August 9, 1996, and the Regulation to said law, approved by the Board of Directors in session 055-02 of August 12, 2002, published in the Official Gazette La Gaceta on September 10, 2002, it promoted a series of titling programs in national reserves, which arose as a national necessity due to the fact that large extensions of the national territory were occupied by third persons, mostly farmers who did not possess a property title, so the institution, through an Executive Branch Decree, registered large areas of land in the Public Registry to carry out segregations and transfers in favor of persons who demonstrated possession of more than 10 years and who did not have a property title within those areas, consequently proceeding to carry out the survey and cadastre of the properties to grant the occupant the respective title, with the beneficiaries having to pay the costs of titling and surveying. It indicates that through Executive Decree number 28745-MINAE-MAG, published in the Official Gazette La Gaceta number 133 of June 11, 2000, an area of national reserve was transferred to the Institute of Agrarian Development for the creation of the titling program in national reserves called the Aranjuez River Basin Titling Program, which generated the registration of the farm of the Party of Puntarenas, under real folio 115788-000. Within that framework, on May 13, 2003, the company Desarrollo Cerdeña Menorca managed the titling of parcel 1-4, which is described in cadastral plan P-817040-2002, with an area of 61 hectares and 1632.32 square meters. It adds that the applicant provided official letter OFAU-C-3829-2002, of November 11, 2002, issued by the National System of Conservation Areas, which indicated that said property was located outside the protected wilderness areas but was indeed affected by protection areas according to articles 33 and 34 of the Forest Law. In addition to the foregoing, it warns that the defendant did not present a suitable document proving that the property was outside the natural heritage of the State, nor the study of conforming land use (estudio de uso conforme de suelos), as ordered by articles 58 and 60 of the Regulation to the Law on the Use, Management and Conservation of Soils, and the requirements that supported its registration were not met. Despite the foregoing, through Board of Directors agreement number 66 of session 045-03 held on September 29, 2003, the segregation and transfer in favor of the defendants was authorized, and through public deed number 70, granted before notary public Fernando González Rojas, on October 23, 2003, the Institute of Agrarian Development segregated and transferred the property subject to the proceeding in favor of the defendants, a farm that is registered in the Party of Puntarenas, under real folio 134.978-000, which is described as Aranjuez River Basin Project, parcel 1-4, located in District 5, San Jerónimo, Canton 2, Esparza, of the Province of Puntarenas, bounded to the north, south, east, and west by Ganadera Sonara S.A., measuring 61 ha. 1632.32 square meters according to cadastral plan P-817140-2002. Subsequently, the defendant Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. transferred its ownership, and Cities of the Future S.A. obtained it, which consolidated the property with the farms of Puntarenas under real folios 8384-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000, and 132373-000, forming the property with farm number 167241-000, but with the natural heritage of the State still subsisting. It indicates that through a study dated July 16, 2008, prepared by the Department of Geography of the National Geographic Institute at the request of the Comptroller General of the Republic, an interpretation of the land use and topography of the property subject to the proceeding was carried out, and it was concluded that within the titling carried out by the Institute, primary and secondary forest (bosque primario y secundario) that constitutes natural heritage of the State was incorporated, likewise areas with aquifer potential, and therefore, it was inalienable and could not be subject to titling. It continues its exposition of arguments, indicating that through report DFOE-PGAA-20-2008, of August 27, 2008, the Comptroller General of the Republic indicates that several titling projects contravene the provisions of articles 13, 14, 15, and 33 of the Forest Law, as the plaintiff Institute titled properties with partially or totally forested forest cover (cobertura boscosa) or that possessed land-use and topographic characteristics that granted them the category of lands of forest aptitude and protection areas, and that therefore, they could not leave the Administration of the State, and by reason thereof, the oversight body orders the Institute of Agrarian Development to carry out the administrative procedures and the actions that are procedurally appropriate to recover said lands. Thus, the Board of Directors of said institution adopted article 17 of ordinary session 16-2010 held on May 3, 2010, modified by agreement number 10 of session 15-2011, dated April 25, 2011, declaring the administrative act that ordered the segregation, transfer, and registration in the Public Registry of the property subject to this proceeding as harmful to the public interests, since the titling process of the parcel failed to comply with the necessary regulatory requirements. In addressing the basis of the action, the Institute of Agrarian Development indicates that the defendants provided proof of having possessed the lands, which evidenced the pre-existence of possessory tenure prior to the Board of Directors agreement; in that sense, the Institute could do nothing but transfer the property to whoever demonstrated having fulfilled the legal requirements—in this case, by reason of possession, the lands could not be transferred to the highest bidder, the acts being merely declaratory since they were limited to recognizing the property right acquired through the figure of adverse possession (usucapión). In supporting the request for a declaration of absolute nullity, it indicates that in the specific case a series of breaches of the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves number 7599, of August 9, 1996, occurred, specifying that they consist of the lack of certifications from MINAET determining that the land is not affected or immersed within conservation areas, natural heritage of the State in accordance with the provisions of article 12 of the Organic Environmental Law and 13 of the Forest Law. Furthermore, it misses the study of soils required by article 58 of the Regulation to the Law on Land Use, number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, a regulation that, although it came into force after the titling of the property, becomes obligatory to demonstrate that the property does not form part of the natural heritage of the State. In addition to supporting the request for absolute nullity with legal and regulatory provisions, it warns that in the case there was also non-observance of prohibitive norms. Namely, articles 133, 158, 166, and 167 of the General Public Administration Law, which refer to the nullity of the administrative act due to the absence of its constitutive elements, coupled with the fact that the administrative act that authorized the transfer violated the prohibitive norms contained in article 50 of the Political Constitution and 13, 14, 15, 33, and 34 of the Forest Law, as well as the Universal Declaration of Human Rights and the 1988 Lisbon Declaration issued within the framework of the International Conference on guarantees of the Human Right to the Environment, with the consequent impact on the public interest. IV. Regarding the argument of the defendants: The representation of the defendant companies states regarding facts one through nine, as well as fourteen and fifteen of the complaint, that they are denied insofar as they are not known to them. As for the rest, it accepts that the awardee of the property with registration number real folio 6-134978-000 transferred its ownership in its favor, with the property being consolidated with those with registration number 8348-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000, and 132373-000. It adds that the property subject to the proceeding comprises only 611,632.32 square meters of the 5,293,853 square meters of property 167241-000. It adds that the property subject to the proceeding has not been and is not natural heritage of the State. Furthermore, it points out that the National Geographic Institute is not the entity that determines whether there is primary or secondary forest on the farm, since according to the Forest Law and official letter DST-152-11, issued by the Department of Technical Services of the National Institute of Agricultural Innovation and Transfer, it is MINAET that holds such competence, an body that has never conducted studies on the awarded property. It is for this reason that it affirms that report DEFOE-PGAA-20-2008 of the Comptroller General of the Republic is based on studies emanating from an entity that is not competent to determine the natural heritage of the State, the assertion of the Institute of Agrarian Development being subjective and unfounded, given that MINAET has never assessed the farm, so qualifying an area of its principal's parcel as natural heritage of the State based on an opinion emanating from the National Geographic Institute is unconstitutional and violates the principle of legality. As to the merits of the opposition, it indicates that the absence of a requirement consisting of a certification of land use imposes a relative nullity and not an absolute one as claimed by the IDA, but that in any case, the plaintiff institution also did not provide a certification indicating that parcel 1-4 forms part of the natural heritage of the State, which must be stated by an expert. It warns that many of the requirements that were omitted for the award, according to the IDA's statement, are regulated in the regulation to law 7779, which came into force after the award of the farm in question, so such requirements cannot be demanded without infringing the principle of non-retroactivity of norms and legal certainty. On the other hand, it warns that no impact on the public interest has been generated, since contrary to what is affirmed, its conduct has always been consistent with reforestation policies and the safeguarding of natural resources, acting in good faith and willingly, as is evident from the expert opinions rendered that appear in the file, with the company Cities of the Future, and not the State, being the one that has ensured the sustainable development of the property, dedicating a large part of its agricultural land to reforestation. It affirms that the use granted to the property in question is of a non-forest use, even residential by the Local Government itself, and of "pasture, for agriculture and scrubland"; being finally used by the company as agricultural land for planting pasture and livestock production, that is, it is only exploited through herbage cultivation, which in the case of the property in reference is minimal, since the use given to the parcel is only for livestock feeding and reforestation. It adds that the National Geographic Institute classified the property in class 4P, meaning it is considered suitable for all types of use and activity. On the other hand, it indicates that the encumbrance on farm number 167241-000 derives from article 15 of the Forest Law and expired on June 1, 2008, which concerns a forest environmental management plan to which it voluntarily submitted and that involves parcel 1-4. Finally, it alleges a violation of due process, since there is no record that the IDA, when adopting the agreement ordering the declaration of harmfulness that gives rise to this proceeding, granted it a hearing in the administrative venue in accordance with the provisions of article 173 of the General Public Administration Law, considering also that the decision adopted affected rights consolidated within a period exceeding 10 years of adverse possession (usucapión) and that if the act is considered absolutely null, in an absolute and manifest manner, it did not institute a proceeding in the terms imposed by said norm. In setting forth the basis of the substantive defenses of statute of limitations and/or expiration as it defines it, it indicates that the one-year period provided in article 39, subsection 1) of the Contentious Administrative Procedure Code for declaring an administrative act harmful has been exceeded, since this is not an action directed at a public domain asset (bien demanial), and therefore requests that the action be declared time-barred or lapsed. To support the exception of lack of right, it cites a series of opinions from the Office of the Attorney General of the Republic and rulings of the Constitutional Chamber, concerning the State's competence in the delimitation of protection areas and their legal regime, the concept of natural heritage of the State, limitations on property, and the scope of wilderness areas. Finally, in the oral and public trial, the defendants' representative argued that upholding the action of the Institute of Rural Development would cause serious damage to the company and the environment, since from the expert opinions rendered in the proceeding, the regeneration of some areas and the protectionist function deployed by the defendants, which do not affect the public interest, are evident. In presenting its arguments in view of the reopening of the trial on the occasion of the request for the titling file from the Institute of Rural Development, it added that in accordance with the agreement challenged herein, it did comply with the requirements demanded for the titling process. V. Regarding the argument of the interested third party: The State: In summary, the State's representation alleges that the law designates as public domain (demanializa) the forests and forest lands or lands of forest aptitude of state entities, so the expression "are incorporated" with the classification must be correctly interpreted, meaning it could not mean that only at that moment do such properties enter the natural heritage of the State, since they were already so by their immediate legal affectation without the concurrence of the Administration, in accordance with the provisions of articles 13 and 14 of the Forest Law, a regulation under the protection of which, in addition to articles 15, 16, 17, and 18, the competence in the matter is determined to belong to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications. When rendering conclusions within the proceeding, it is specified that from the reports rendered by the experts brought into the proceeding, it is clear that although it is true that part of the area of the property under study is destined for a livestock farm, the truth is that there are approximately 20 hectares of forest, so that originally there indeed existed natural heritage of the State in it, and despite that, it was titled. It affirms that in accordance with the provisions of article 13 of the Forest Law, all lands that have forest correspond to national reserves, with an automatic affectation of the assets operating in accordance with article 15 of said law. When a hearing was granted on the occasion of the reopening of the trial, reference was made to a series of regulations contained in the Forest Law, the National Parks Law, the Biodiversity Law, and the Organic Environmental Law, as well as rulings of the Constitutional Chamber and precedents of the Contentious Administrative Court regarding the conceptualization and protection that the public domain regime imposes on the natural heritage of the State, with an express legal prohibition in the Law on the Use, Management and Conservation of Soils as well as in its Regulation against transferring lands without a prior aptitude classification carried out by the Ministry of Environment, Energy, and Technology, so that the Institute of Agrarian Development was obligated to have soil studies. Finally, it warns that the property subject to the proceeding, prior to the titling, was the property of the Institute of Agrarian Development, so the figure of adverse possession (usucapión) cannot operate in this case. VI. Regarding the natural heritage of the State and its public domain regime: Particularly, articles 13 and 14 of the Forest Law number 7575, of February 13, 1996, encompass the concept of natural heritage of the State, which has been the object of normative content in other laws of the same nature, prescribing that: "Article 13.- Constitution and administration. The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Office of the Attorney General of the Republic, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized farms owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the State." ARTICLE 14.- "Unattachable and inalienable condition of the natural heritage. The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the previous article, shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both the invasion and occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." Under this premise, by operation of law (article 5), competence has been delegated to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications to govern this sector and carry out the functions of the State's Forest Administration, which imposes on it the duty to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, utilization, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources prescribed by article one of the Forest Law. In an articulated and comprehensive manner, the same numeral in association with article 18 of the same body of law provides that, by virtue of the public interest and except as stipulated in article 18 of this law—relating to the authorization of authorized research, training, and ecotourism activities—the cutting or utilization of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges, and state-owned forest reserves is prohibited. It is article 13 of the Law under study just transcribed that specifies the composition of the natural heritage of the State, by stating that it shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, the sole exception provided for being those forests and forest lands initially belonging to private individuals, which constitute security interests in favor of the National Banking System and become part of its assets; in any event, when appropriate, the governing Ministry, through the Office of the Attorney General of the Republic, shall register the lands in the Public Registry, but we must be clear that their incorporation into the public domain regime operates by operation of law, and to that extent, this act is merely confirmatory and not constitutive as such. Now, taking as a starting point the normative provisions contained in articles 276 and 486 of the Civil Code and article 11 of the Land and Colonization Law, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has specified that: "Within the guidelines established by the legislator since the first years of the Republic, all lands that are not duly registered in the Registry in the name of private individuals belong to the State. This is the sense of articles 267 and 486 of the Civil Code and 11 of the Land and Colonization Law." (First Chamber, judgment No. 243 of 1990, of 16:35 on July 27, 1990). The indicated articles provide, in their order, as follows: article 276: "The property of waters and mines and the rights related thereto shall only be governed by the common laws insofar as they do not conflict with the special laws on waters and mines"; article 486: "Real properties not reduced to private property belong to the State"; Article 11 of the Land and Colonization Law: "Unless proved otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the limits of the Republic that are not registered as private property, that of the Municipalities, or that of the Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being of private property, are not occupied in public services." The Forest Law, in article 15, systematizes such a conception by introducing into the public domain those forests and forest lands or lands of forest aptitude of state entities, the lands being affected by operation of law without the need for an express administrative will declaring them so, as would occur with a forest classification. From this perspective, a forest classification does not determine the entry of the property into the public domain, but rather records its formal existence for purposes of protection and administration. Article 15 of the Law in question is clear in stating that: "The bodies of the Public Administration may not exchange, cede, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands of their property or under their administration, without them first having been classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they will automatically become incorporated into the natural heritage of the State, and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry." From the foregoing, it is possible to affirm that the forest public domain is generated by the existence of forests and not by their formal declaration in a national cadastre or their registration, according to the transcribed regulation. From this perspective, we have that the forest lands and forests described by the norms under analysis are unattachable, inalienable, and the State's action to recover them is imprescriptible, so that the possession thereof by private individuals does not give rise to any right in their favor, nor can they title and register them in their name in the Registry, in accordance with article 14 of the Forest Law. Finally, it is important to specify that by legislative will, without any further requirement, those territories that are considered national reserves by reason of their natural condition and physical qualities are immediately subject to the forest regulation, it being understood consequently that the public domain regime of the assets, which implies the inalienability, unattachability, and imprescriptibility of the State's action to recover those assets, allows for their conservation and protection. It is worth clarifying here that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has developed the subject of forest property (propiedad forestal), referring to it as follows: "forest property is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime; forest property is conceived fundamentally to conserve, not to produce or be part of human commerce; forestry regulations present three moments, but it was not until the enactment of Law No. 7032 of April 7, 1986, that there was a better-conceived instrument to face the complex forest problem; Law No. 7032 of April 7, 1986, was declared unconstitutional, and Law No. 7171 of June 28, 1990, was reenacted with the text of the previous one; the protection of natural resources has seen significant advances in recent times; international human rights instruments and jurisprudential development have caused changes in domestic legislation aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; changes in legislation have even reached the constitution itself, and currently the right to the environment is conceived as a true human right; the development on this subject has been such that a true legal classification has been formulated: ecological law; according to the Forestry Law (Ley Forestal), the forest heritage of the State (patrimonio forestal del Estado) includes all of the national territory and is subdivided into three areas: that comprised by the forest regime (régimen forestal), forest harvests on privately owned lands, and national reserves; the forest regime is defined as the set of legal, economic, and technical provisions that give content to conservation; the forest regime has three sub-areas: a.- protective zones (zonas protectoras), b.- national parks, forest and biological reserves, and c.- forests and forest lands (bosques y terrenos forestales); the term national reserves (reservas nacionales) has been used since the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, to identify all those lands referred to by the Fiscal Code of 1865 and later by Law No. 13 of January 19, 1939, as national vacant lands (baldíos nacionales); these are properties that are not subject to private ownership—not registered in the Public Registry under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code—and those that are also not registered in the name of the State or its institutions; national vacant lands turn out to be the remainder of the two previous forms of property; following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939, declared them belonging to the State, within the limits of the Republic; the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and expanded the zones declared by the previous law as inalienable; in general, these reserves have had limits—in terms of surface area—, limits for possessing them and for registering them through the procedure of possessory information (informaciones posesorias); all lands considered as national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations; upon them, the State may create forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest heritage; to colonize or alienate them requires legislative authorization, and when they are possessed by third parties, these acquire no right, with the State’s right to reclaim being imprescriptible; according to current regulations, harvesting in national reserves may only be carried out by means of a concession granted by the State; the harvesting of forest resources on privately owned lands does not exclude these lands from the forest heritage of the State; the forest heritage of the State is applicable to all national assets where forest natural resources exist; on lands where natural resources exist, in order to exploit timber resources, private parties must prepare forest technical plans and obtain long-term concessions; the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands under private ownership; with respect to national parks and biological reserves, the Executive Branch is empowered to include within their limits the farms or parts of private farms necessary to achieve their objectives, and those lands will be acquired by purchase or expropriation; for the creation of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, the State must purchase or expropriate, unless, at the request of the Dirección General Forestal, their owners accept submission to the respective forest regime; forests and forest-suitable lands are of public utility and—consequently—subject to expropriation, except those voluntarily subjected to the forest regime; forests and forest-suitable lands that constitute public and private forest areas are subject to the respective management plan, for their conservation and promotion; forestry regulations establish a special regime applicable to all forest resources; national reserves are subjected by law to the regime because they belong to the State; expropriation proceeds only when it involves private assets that are affected to form national parks, forest or biological reserves, forests, or forest lands; on privately owned farms, in order to constitute forest property, the titleholder must necessarily submit voluntarily to the legal regime established by law, specifically to the limitations of social interest imposed on property; for the creation of protective zones on farms subject to a private regime, the law subjects them to a mandatory forest regime, limited to carrying out agricultural activities or destruction of vegetation—except with express authorization—with the same advantages granted to private parties voluntarily subjected to the regime (see judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 189 of 10:20 a.m. on October 30, 1991, and number 51 of 3:15 p.m. on May 26, 1995)…" (resolution number 4587-1997, of 3:45 p.m. on August 5, 1997, of the Constitutional Chamber). Having clarified the conceptualization and scope of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) as well as its regulatory foundation, the effects of the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) by the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA) with respect to the property that is the subject of this proceeding are analyzed below. VII. On the declaration of harmfulness by the Institute of Agrarian Development regarding the property with farm number: According to the list of proven facts, we have that the cadastral map number P-817040-2002, which is part of the real folio 6115788-000, indicates that the property is owned by the Institute of Agrarian Development but its possessor is Ganadera Sonora S.A. It also indicates that it is located in the District of San Jerónimo, Canton of Esparza, Province of Puntarenas, and measures 611,632.32 square meters. In the same year the map was made, but on November 12, the firm Ganadera Sonora S.A. sold its right of possession over the described property to the firm Desarrollo Cerdeña Menorca S.A., which filed an application on May 8, 2003, before the Orotina Sub-Regional Office of the Institute of Agrarian Development, for the titling procedure in national reserves. The property in question corresponds to parcel number 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez project, and according to its administrative file, there are two documents of relevance for resolving this matter that deserve mention. The first, official note OFAU-c-3829-2002, of November 11, 2002, issued by the User Assistance Office of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), in which it is stated that, having conducted the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a scale of 1:50,000, it has been determined, based on the location recorded in cadastral map number P-817040-2002 in the name of the Institute of Agrarian Development, possessor Ganadera Sonora S.A., that it describes a property located OUTSIDE ANY PROTECTED WILDLAND AREA, WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. However, it notes that it is affected by protection areas under Articles 33 and 34 of the Forestry Law of April 16, 1996, and that the removal of trees requires the respective permit (Art. 27 Forestry Law); also recommending practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest. The second document is the form called "Declaración de Colindantes" regarding the parcel under study, in which the official of the Institute of Agrarian Development records, regarding the nature of the land and the corresponding area, the following: "pasture 6.00, brushland 25.00, forest 30-16, total 61.1632.32, estimated value of the parcel 500.00.°°". It is through the resolution adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, that the segregation and transfer of 73 lots and parcels of the Cuenca del Río Aranjuez Project, located in Chomes, Central, of the Province of Puntarenas, was authorized, among which is parcel 1-4 in favor of the company called Desarrollo Cerdeña Menorca S.A., acquiring the property with registration number 6-134978-000. Once this occurred, the defendant Desarrollo Cerdeña Menorca S.A. transferred ownership of said property in favor of the firm Cities of the Future S.A., which finally consolidated it with the farms of Puntarenas under real folios 8384-000, 41389-000, 51196-000, 127224-000, and 132373-000, forming the property with farm number 167241-000. Subsequently, the Institute of Agrarian Development was notified of the content of report DFOE-PGAA-20-2008, dated August 27, 2008, issued by the Area of General Public Services, Environmental, and Agricultural Affairs of the Comptroller General of the Republic, which is addressed to the President of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, sending him the report rendered in relation to the results of the study of land titling in national reserves on lands belonging to the Natural Heritage of the State, which includes properties with forests or forest-suitable lands located in the multiple titling project Cuenca del Río Aranjuez, specifically referring to parcels number 4 of block I, 1 of block 5, 68 of block 4, and 6 of block 7. Said report issues binding provisions for the Institute, among which are to carry out the administrative procedures and the actions that legally correspond before the competent authorities, so that a recovery process is initiated for the lands titled by the IDA that belong to the natural heritage of the State and that correspond to the 15 cases detailed in that document. Thus, through Article 17 of ordinary session number 16-2010, held on May 3, 2010, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development makes "the declaration of harmfulness of nullity proceedings ordered by the Comptroller General of the Republic" that encompasses the titling of parcel 4 of block 1 in favor of Desarrollo Cerdeña Menorca S.A., legal ID 3-101-016462, in the multiple titling project Cuenca del Río Aranjuez, because it is indicated that in the titling file, MINAE certification OFAU-C-3829-2002 certifies that the area indicated on the map is outside protected wildland areas; however, the certification is silent as to whether or not it is within the natural heritage of the State. Added to the above, it is noted that the titling file does not show that an INTA soil study was carried out. Subsequently, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development supplemented the previous resolution through Article 10, adopted in ordinary session number 015-2011, held on April 25, 2011, also basing the declaration on the fact that, according to the report rendered by the National Geographic Institute (IGN), contained in official note DEGEO-096-08 of August 5, 2008: "based on the Forest Cover Map of Costa Rica from FONAFIFO, the slope map and land-use capability map of Costa Rica from the National Geographic Institute, and the database of SENARA on potential aquifer areas in Costa Rica from 2007, it determines that at the location of the parcel, areas of crops and pastures are observed toward the central sector of the property; toward the southeastern sector of the property, patches of primary forest are found. Despite that area being considered a potential aquifer, a large deforestation is observed at the site. Regarding topography, it presents broken terrain (slopes of 45 to 60 degrees) in the eastern sector of the property, and toward the western sector, very rugged terrain (slopes of 30 to 45 degrees), and indicates that the property presents limitations that place it in class 4P, that is, with more severe limitations than those of class 3, but still considered suitable for all types of use; however, agriculture is highly restricted in terms of choice, and intensive soil management and conservation methods are required. The titling file does not show that the INTA soil suitability study was carried out." From the foregoing, it is concluded that the Institute of Agrarian Development declares harmful to the public interest the resolution adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, which authorized the segregation and transfer of 73 lots and parcels of the Cuenca del Río Aranjuez Project and, specifically, parcel 1-4 of the project, under three thematic axes based on non-compliance with requirements that cause its nullity: first, the MINAE certification OFAU-C-3829-2002 issued by the Ministry of Environment, Energy, and Technology that is in the titling procedure file is silent regarding determining whether the property in question is or is not within the natural heritage of the State; second, the titling file is silent as to whether the INTA soil study was carried out; and third, based on the content of the report rendered by the National Geographic Institute, official note DEGEO-096-08 of August 5, 2008, regarding the soil conditions observed on the property of interest. Having clarified the above, the merits of the matter are analyzed below in light of the list of proven facts and evidence brought to the proceeding, but not without first noting that neither the declaration of unconstitutionality of Law 7599 nor of Executive Decree 28745-MINAE-MAG of June 12, 2000, under which the property subject to this proceeding was segregated—which was declared unconstitutional in vote number 8457-2007, at 4:08 p.m. on June 13, 2007, issued by the Constitutional Chamber in addition to other resolutions that analyzed the scope of the unconstitutionality of the Regulation to the Law on Titling in Forest Reserves as a function of the law that gave it origin—were the basis for the act declaring the harmfulness under analysis here. In this particular case, the Constitutional Chamber decided to set aside the decrees through which areas of national reserves were transferred to the Institute of Agrarian Development, so that they could be titled, as authorized by Law No. 7599 of April 29, 1996, called "Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales," and its regulation, both of which were declared unconstitutional through judgments No. 2001-08560 and 2007-2063; therefore, the Constitutional Court considers that it does proceed to declare, by connection, the unconstitutionality of Decrees 27726-MINAE-MAG of December 22, 1998, 27861-MINAE-MAG of March 12, 1999, 28743-MINAE-MAG of June 12, 2000, 28744-MINAE-MAG of June 12, 2000, 28745-MINAE-MAG of June 12, 2000, and 28746-MINAE-MAG of June 12, 2000, in accordance with Article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Consequently, although this argument was invoked by the representative of the Institute of Rural Development (INDER) at the oral and public hearing, the declaration of unconstitutionality of the regulatory bodies mentioned was not the legal basis for the declaration of harmfulness made by the Institute of Agrarian Development that is the subject of analysis in this case, which constitutes the framework of analysis of this Court; therefore, they do not merit a detailed analysis as they do not constitute the basis for this judicial action. On the other hand, mention also deserves the confusion of the representative of the defendant companies in considering that the issuance of the act of harmfulness violated their due process by not granting an audience to his clients in accordance with the provisions of Article 173 of the General Law of Public Administration, considering that the adopted decision affected rights consolidated over a period exceeding 10 years of usucapion. This is because said procedure is provided for the declaration of absolute, evident, and manifest nullity in administrative proceedings, which does not apply in this case, as it involves a process of harmfulness that must be ventilated in judicial proceedings with all the guarantees for the affected parties and in protection of their rights. Consequently, he is not correct in considering his right to due process violated, given that these are procedures of different nature and processing, in accordance with the provisions of Articles 173 and 183 of the General Law of Public Administration. Lastly, and no less important, it should be noted that the arguments of unconstitutionality presented by the defendants’ representative must be ventilated, if he deems fit, in the corresponding venue; this Chamber is not authorized to issue pronouncements of such nature in accordance with the provisions of Article 49 of the Political Constitution. Having clarified the above, the merits of the matter are analyzed below. VIII.- On the appropriateness of the harmfulness petition: Once the study scenario of the specific case is clear, the grounds for the declaration of harmfulness declared by the Institute of Agrarian Development regarding resolution number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, are analyzed in order, considering the argumentative line presented by the parties. For these purposes, it is important to recall that the request to declare the absolute nullity of the administrative act that authorized the segregation and titling of parcel 1-4 of the Cuenca del Río Aranjuez titling project revolves around the three axes indicated in the preceding recital regarding non-compliance with requirements for the validity of the administrative act as well as the destination and nature of the soils observed on the property. By virtue of the foregoing, we must note that at the oral and public hearing, the defendants’ representative alleges non-compliance with Article 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, considering that we are in the presence of a case of relative nullity and not absolute nullity, since it essentially involves non-compliance with a series of requirements for issuing the challenged administrative act that can be added to the case file and that, in any event, he believes have been fulfilled throughout this proceeding; an argument that this Chamber of Judges does not share in light of the analysis to be carried out in this section, because the existence, prior to the challenged administrative act, of an area of the property that is part of the natural heritage of the State is determined, which cannot be cured and, therefore, imposes the declaration of nullity. The arguments are analyzed below in order: 1) The MINAE certification OFAU-C-3829-2002 issued by the Ministry of Environment, Energy, and Technology that is in the titling procedure file is silent regarding determining whether the property in question is or is not within the natural heritage of the State: The Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales number 7599, of August 9, 1996, was the framework law that established the requirements for the titling of the Cuenca Aranjuez project, whose adjudication of parcel 1-4 concerns us. This legislative body was declared unconstitutional through resolution number 8560-2001, at 3:37 p.m. on August 28, 2001, as the Constitutional Chamber considered that such legislative body was contrary to the legal order, violating Articles 7, 33, 39, 45, 50, 89, and 121 subsection 14 of the Political Constitution. When conducting the analysis, the constitutional body warns that, just as it indicated in judgment number 2988-99, in which the Ley de Titulación de Vivienda Campesina was declared unconstitutional, the law in question seeks to resolve the situation in which possessors in national reserve zones find themselves, allowing, through legislation, the titling of said lands so that their possessors could access bank credit and intensify and systematize their production. To this end, the Executive Branch transfers to the then Institute of Agrarian Development the national reserves whose lands are not registered in the name of natural or legal persons, those that do not belong to State institutions, and those of agricultural suitability that MINAE transfers to the IDA, where there exists at least a proportion of 20% of possessors of farms not registered in the Public Registry, whose areas do not exceed three hundred hectares. Once the properties transferred by the Executive Branch in favor of the IDA are registered in the Public Registry, a Decree is enacted declaring the area subject to the program, in order to proceed with titling the lands by transferring and registering them in the name of those possessors who demonstrate compliance with the requirements set forth in Article 3 of the law, based on a summary information collected by officials of the IDA Department. The requirements of Article 3 of Law 7599 are: "Article 3º - Proof of possession. The lands mentioned in the preceding article, which are not subject to administration by the Ministry of Environment and Energy, shall be transferred and registered in the name of their respective possessors. For these purposes, a person is understood to exercise possession who has used the land rationally in a peaceful, permanent, public, and uninterrupted manner, and as owner for a period of no less than five years. Proof of possession shall be carried out through summary information by qualified officials of the Titling Department of the Institute of Agrarian Development. It must necessarily include the following requirements: a) Name, surnames, qualities, domicile, and identity card number of the possessor or possessors. (…) f) Ocular inspection by the official to verify the measure, location, and use of the land, with express verification that the natural resource has been conserved." From the transcribed article, it follows that of the lands to be transferred and registered in the name of the Institute of Agrarian Development, Law 7599 expressly excluded those "subject to administration by the Ministry of Environment and Energy." For this reason, prior to the Institute of Agrarian Development informing the Executive Branch of the titling zone chosen to prepare the respective Decree, it was unavoidable to determine whether those lands involved an affectation of lands for forest use, conservation areas, or heritage of the State. Articles 6 and 7 of said legislative text established: "Article 6°. When the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development has chosen the zone where the titling program is to be carried out, it shall inform the Executive Branch so that, by decree, it declares the area subject to the program. It shall provide equal notice upon finishing the program in each zone so that, by decree, the affectation of the respective area is lifted. Before the Institute communicates with the Executive Branch to prepare the corresponding decree, it must inform the Ministry of Environment and Energy so that it may pronounce on whether there is no affectation over forest-use lands located in State heritage conservation areas"; Article 7º "Information on the areas. The Ministry of Environment and Energy shall be obliged to inform the Institute of Agrarian Development, prior to the executive decree mentioned in Article 6 and within a term of two months from the date of receipt of the request, whether the areas comprised in the zone to which this decree refers are declared, according to current laws and decrees, as forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, wildlife refuges, wetlands, or other management categories within the country's conservation areas. For the purposes of this article, administrative positive silence shall not apply." The Reglamento para la titulación de Tierras en Reservas Nacionales, number 55 of August 12, 2002, in Article 10, when enumerating the requirements for the titling procedure, specifies in its heading that: "The lands mentioned in Articles 6º, 7º, 8º, and 9º of this Regulation and that are not subject to administration by MINAE shall be transferred and registered in the name of their respective possessors. For these purposes, a possessor is understood as the natural or legal person who has exercised possession over the tract to be titled in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owner for a period of no less than ten years…" (The highlighted text does not correspond to the original). Notice, in light of the foregoing, that both the legislator and the Executive Branch sought, when issuing the regulatory guidelines for titling lands in national reserves, the non-affectation of the natural heritage of the State. From this scenario, we must recall that the first basis for the declaration of harmfulness of the adjudication act under analysis concerns the failure to observe the requirement of proving the non-affectation of this type of assets, which indeed occurs, according to the evidence brought to the case file, as explained below. In particular, from the administrative file of the titling of parcel 1-4 of the titling project called "Cuenca Aranjuez" as well as from the expert opinions rendered and submitted to the proceeding, it is concluded that said parcel does include an area that corresponds to the natural heritage of the State, and to that extent, the Institute of Agrarian Development is correct in invoking a defect of absolute nullity of the administrative act challenged here. This is supported by the fact that, in the procedure followed within the administrative file for the titling of the property in question, the official of the Institute of Agrarian Development describes it when referring to its nature in the form called "Declaración de Colindantes," noting, in what is relevant, the following: "The undersigned Rodolfo Salazar Alfaro, ID No. 6-065-241, in my capacity as technician c, official of the Coyolar regional office and authorized to do so, declare that, according to the inspection carried out on the above-described parcel, I have verified the requirements set forth in Article 10 of the regulation for the titling of lands in National Reserves; therefore, I recommend that this parcel may be titled." Added to the above, the same document records regarding the nature of the land and the corresponding area the following: "pasture 6.00, brushland 25.00, forest 30-16, total 61.1632.32, estimated value of the parcel 500.00.°°" (The highlighted text does not correspond to the original). Notice, then, that the institutional servant notes in the document the observation of a significant forest area and that, despite this, the procedure continued, recommending its titling. On the other hand, and as the plaintiff Institute correctly points out, the certification issued by the Ministry of Environment and Technology is silent on the determination of the natural heritage of the State, referring only to the Wildlife Conservation Areas, since the User Assistance Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, through official note OFAU-c-3829-2002, of November 11, 2002, only certifies that: "Having conducted the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a scale of 1:50,000, it has been determined, based on the location recorded in cadastral map number P-817040-2002 in the name of INSTITUTE OF AGRARIAN DEVELOPMENT, possessor Ganadera Sonora S.A., that it describes a property located OUTSIDE ANY PROTECTED WILDLAND AREA, WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. However, it is affected by the protection areas under Articles 33 and 34 of the Forestry Law of April 16, 1996." I further certify that the removal of trees requires the respective permit (art. 27 Ley Forestal); additionally recommending practices aimed at fostering the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest.- IT IS PART OF A PROPERTY REGISTERED UNDER FOLIO REAL 6115788-000, AS RECORDED IN THE MAP." Therefore, it is of utmost importance to address the expert reports brought into the proceedings, from which it is first established that there is no physical delineation or cadastral basis that determines the areas comprising the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), yet it concludes, based on a regressive photo-interpretation analysis method, that natural heritage of the State does exist on the property with farm number 6-134978-000 prior to the issuance of the administrative act authorizing the segregation and adjudication, given that the experts estimate that land use on the property has been practically unaltered since 1998 and that, rather, the regeneration area has increased, comprising between 17 and 21.1 hectares of forest area. From the statements received during the oral and public trial from engineer Gustavo Alvarado Salazar and from the written report submitted, his conclusions are based on the following, which are: "1. The property with cadastral map P-817040-2002 has a correct cadastral location, consistent with what its cadastral map indicates. 2. The property with cadastral map P-817040-2002 has an area of 17 hectares 2952.72 m² (28%) that technically and legally qualifies as a forest area under Ley Forestal 7575. 3. Currently, 45% of the area of the property with cadastral map P-817040-2002 is under livestock or agricultural use (27 ha 1746.01 m²). 4. The property with cadastral map P-817040-2002 currently has an area of 16 hectares 6933.59 m² that is under a regeneration process, but which in the past constituted an area of agricultural or livestock use (before 2005). 5. The property with cadastral map P-817040-2002 is not located within any State Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida del Estado). 6. The property with cadastral map P-817040-2002 is not located within any aquifer of national importance. 7. The location of the property with cadastral map P-817040-2002 could not be determined with respect to the Natural Heritage of the State, because no digital information was available for the area; however, that authority corresponds to MINAET under Ley Forestal 7575." Along the same line of presentation and further noting that there is no official registry of the natural heritage of the State, engineer Donald Vásquez Pacheco, Coordinator of the Integrated Management Project of the Jesús María River Basin, of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), presented before the Court his conclusions set forth in official communication ACOPAC-OSREO-310-2015, dated March 11, 2015, which reaffirm that: "...For a better detail of the current use of this property, two plots were surveyed at two different sites within the property in question: Plot No. 01, N. 1112534, E:429619 CR TM 05, diameter 13.5, Area 572 m², slope 35%, current use Brachiaria variety pastures, one laurel tree diameter 14.25 cm and one non-commercial guava tree. Plot No. 02, N: 1112388, E: 429204, diameter 13.5 m, Area 572 m², slope 63%. Current use natural regeneration, soils with a loss of more than 50% of horizon A, predominant species chumino (mountain nance). It forms part of a forest cover (cobertura forestal) area on land classes VII and VIII, classified as forest protection under Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y Aguas N°7779. Located on the steeper lands of the Guatuso River, a sub-basin of the Barranca River. Maintaining a conforming use. According to the GPS coordinate survey, CRTM-05 reference systems, two points were located within the forest protection zones, (01) N: 111388 E:429204 and (02) N:1112304 E:429229. According to overlay on the 2006 orthophoto, from the national cadastre sheet MIRAMAR 3246-II ECW file, the area under forest protection classified as class VII and VII lands, where the limiting factor cataloging these lands is the steep slope greater than 60% (escarpment). There are 21.1 has of forest protection (...) Regarding the requested forest inventory, it is technically not feasible, due to the inaccessibility and steepness of these terrains; furthermore, the current use is conforming for class VII and VIII lands for protection and forest regeneration. It follows from this field inspection, based on the technical and georeferencing data provided, that the property under folio real 6-134978-000 under cadastral map P-817040-2002, with an area of 61 has 1732 m², is located outside any Protected Wilderness Area administered by MINAE-SINAC-ACOPAC, in accordance with articles 13, 14, and 15 of Ley Forestal N°7575. The aforementioned property does not form part of the Natural Heritage of the State." Despite the report concluding that the property does not form part of the natural heritage of the State, the truth is that the expert witness during the oral and public trial specified that the cover area has increased in recent years, that approximately 21 hectares with a current use of forest protection are observed in correspondence with the slope, cover, and ecological conditions of the property, and that the technical criterion for defining the natural heritage of the State is not necessarily that there are trees. Under this reasoning, it is clear that in light of the technical criteria gathered at the trial in which the existence of natural heritage of the State on parcel 1-4 of the Aranjuez River Basin is presented, in addition to the documentary evidence in the record, particularly the form and official communication OFAU-c-3829-2002, dated November 11, 2002, issued by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), in which it merely references the non-existence of protected wilderness areas, but not the natural heritage of the State. Thus, it can be concluded that the property with farm number 6-134978-000 comprises between 17 and 21.1 hectares of forest area, which could not have been subject to titling in accordance with the body of law protecting this public domain regime and its automatic incorporation into the forest public domain under articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, the latter provision particularly indicating that: "Public Administration bodies may not exchange, assign, alienate in any way, deliver, or lease rural lands owned by them or under their administration, without first having them classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they will automatically be incorporated into the natural heritage of the State and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry." Under this scenario, and given that the forest public domain is generated by the existence of forests and not by its formal declaration in a national cadastre or its registry inscription, according to the transcribed regulations and the expert reports presented that coincide regarding the existence of forest and its practical unalterability since 1998, a date prior to its titling, there is no doubt that the natural heritage of the State was improperly titled, despite the limitations that Law 7599 and its Regulation established in this regard, as cited above. We must also specify that the fact that there is formally no registry or cadastre of the natural heritage of the State does not prevent defining its existence through technical means, especially under the premise that the incorporation of such assets operates by operation of law, generating their incorporation into the national public domain without the need for any administrative act; therefore, we must not lose sight that it is not the act itself that imposes its designation, but its own nature, such that the absent classification, which is the exclusive purview of the Ministry of Environment and Technology (Ministerio del Ambiente y Tecnología), is a mechanism for the protection and registration of forest or wooded properties, but is not the constitutive reason for their designation, consequently having a declaratory effect. From this perspective, we can conclude that the classification of the natural heritage of the State constitutes an act of verification and not of designation of the assets, whose essential effect is to neutralize their alienation and allow their reclamation at any time by the State, such that no administrative act purporting their alienation is opposable to it. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has consistently specified that: "State assets are characterized by being of its exclusive ownership and because they have a special legal regime; they integrate the unity of the State and together with its political, economic, and social organization, pursue the satisfaction—on an equal footing—of general interests; their final objective is to fully achieve the common good. This is the main reason justifying the existence of an impediment, at least in principle, to the free disposal of this category of assets. The special regime that covers them, however, does not apply equally to all public assets; the greater, lesser, or non-existent coverage will depend on the type of asset in question. That is why public law doctrine speaks of various types of assets belonging to the State. Costa Rican legal tradition has structured its own regime based on those ideas, such that these assets, understood in the broadest sense of the concept, are classified into public domain assets by nature or by provision of law, private assets of the State, real rights over third-party assets (easements (servidumbres)), economic or financial rights (such as State bonds or securities), and communal assets, among others. Public domain or domanial assets, as they are also known, have that character by virtue of a legal designation, which determines their subjection to a specific public purpose, as it marks the destination of the asset to public use or service or to another determining purpose justifying its public domain status. In this way, the designation is the link, whether by a formal act or not, by which a public asset is integrated into the national heritage by virtue of its purpose and the corresponding legal provisions. This entails, as a logical consequence, that only by law can the special regime regulating them be deprived or modified, de-designating them, which means separating them from the public purpose to which they are linked. It requires an express and specific legislative act, such that there is no doubt whatsoever about the legislator's will to remove a determined and individualized asset from the public domain, without generic, and much less implicit, de-designation being possible; that is, in this matter, there cannot exist an 'open type of de-designation,' which the Administration, through its discretionary acts, could complete. It must also be cautioned that any de-designation, as it originates from a legislative act, is subject to ordinary jurisdictional controls." (Voto 10466-2000, issued at 10:17 a.m. on November 24, 2000, by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). From what is transcribed, it is inferred that our legislator has expressly provided which assets, by reason of their nature and special interest for the common good, hold the status of public domain assets, thus applying the principle of legal reserve to decree the alienation of assets intended to serve public use or purpose. That principle, in turn, requires that only by the legislator's will can an asset be removed from its public domain status; which requires evaluating not only the legislative power for such a measure, but also the fundamental rights to life, health, and above all, to a healthy and ecologically balanced environment, since although our Political Constitution places the power of de-designation in the legislator, the legislative decision must be in harmony with the entire legal system and the teleological purpose of our norms, requiring for this purpose a technical criterion, as expressed in Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente and the jurisprudence of the Constitutional Chamber (among them, Voto 6240, at 2:00 p.m. on November 26, 1993, and Voto 13099, at 2:56 p.m. on August 4, 2010) when addressing issues related to the right to a healthy and ecologically balanced environment, with the Constitutional Chamber being consistent through its jurisprudence in demanding a technical criterion to support administrative conduct, as expressed in Voto number 6240-93 at 2:00 p.m. on November 26, 1993, indicating that in any environmental project, the Administration must be required to carry out technical studies that guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the effective protection of this right obliges the State to ensure adequate protection of the environment, adopting the necessary measures to prevent alterations caused by human activity from constituting harm to the environment. From this perspective, the existence of natural heritage of the State having been proven on the property with registration number 6-134978-000, cadastral map P-817040-2002, an absolute nullity defect is constituted with respect to the agreement made by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario), number 66, at session 045-03 held on September 29, 2003, which authorized the segregation and transfer in favor of the defendants of parcel 1-4 of the Multiple Titling Program for the Aranjuez River Basin. 2) Non-existence of an INTA soil study: The promoting Institute states when founding its action, that within the titling process, the absence of a soil study of the property is observed, in accordance with what is required by Article 58 of the Regulation to the Land Use Law, number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, a regulation whose text, although its effective date is subsequent to the titling of the land, becomes mandatory. For its part, the representative of the defendant companies argues that a requirement cannot be retroactively demanded of their represented parties, because the requirements allegedly omitted are regulated in the regulation to Law 7759, which came into force on a date subsequent to the adjudication of the farm in question, and therefore, they were not obliged to present them for the usucapion. Court's Criterion: In consideration of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, the regulations within our legal system have imposed the mandatory verification of compliance with the purposes of lands subject to adjudication by the former Agrarian Development Institute. This is why the second basis for the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) before us is the absence of a soil study issued by the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA); a requirement provided for by the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, number 7779, of April 30, 1998, and not only in its Regulation, fully applicable at the time the adjudication was issued because it was in force. Said legal body establishes that the Agrarian Development Institute may not acquire, adjudicate, or title lands that do not classify for agrarian purposes according to the soil study. Article 27 establishes in this regard that: "It shall be mandatory for the Agrarian Development Institute to have land use capacity studies before acquiring land for titling purposes. Every land adjudication shall have as a limitation that the use of the adjudicated land may not go against its use capacity. Failure to comply with this provision will result in the revocation of the adjudication, in addition to other penalties that may be imposed for the attributable crimes." Under the same reasoning, Article 64 of the aforementioned law adds at the end of Article 69 of the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825, of October 14, 1961, a paragraph whose text stated before its last reform regarding the denomination of the Institute, today the Rural Development Institute (INDER) (by reason of Article 14 of Law No. 9036 of May 11, 2012, which "Transforms the Agrarian Development Institute (IDA) into the Rural Development Institute (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development"), the following: "The Agrarian Development Institute shall consider the guidelines defined by the Soil Management, Conservation and Recovery Law to assess the acquisition and adjudication of lands. It is its obligation to have land use capacity studies before acquiring it for titling purposes. Every land adjudication shall be limited so that the use of the adjudicated land may not go against the land's use capacity. Failure to comply with this provision will result in the revocation of the adjudication." For its part, the Regulation to the Land Use, Management and Conservation of Soils Law, Decree number 29375, of August 8, 2000, which, contrary to what the defendants' representation argues, was indeed in force at the time the administrative act challenged here as absolutely null and void was issued, authorizing the segregation and transfer in favor of the defendants of parcel 1-4 of the Multiple Titling Program for the Aranjuez River Basin, since it was issued by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute at session 045-03 held on September 29, 2003, and the Regulation dates from the year 2000, indicates in its Article 58 that: "In all possessory information or that presented before the IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that they have exercised possession in compliance with the conforming use of the soil for the activity carried out according to the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology, in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of Law No. 7779 and this Regulation." Of particular interest is citing provisions 61, 62, and 63 contained in this Regulation, as they leave no doubt whatsoever about the relevance and significance of the soil study for fulfilling the purposes of the Agrarian Development Institute, as they establish that: "Article 61.- Under no circumstances may the IDA acquire, adjudicate, or title lands that do not classify for agrarian purposes according to the soil study"; "Article 62.- If from the soil study and land classification, titling for agrarian or urban purposes is not appropriate, the IDA shall destine them, as appropriate, to a national reserve, transferring them in such case to MINAE." and "Article 63.- In the contract or title of lease or adjudication of lands by the IDA, the condition shall necessarily be included, under penalty of expiration or revocation, that on the land the adjudicatee may not carry out any activity contrary to the use, management, and conservation of soils and waters. In accordance with the provisions of Articles 27 and 64 of Law No. 7779. Upon demonstration of non-compliance, the IDA shall initiate the title revocation procedure, for which a preventive annotation shall be made in the Folio Real of the respective farm." Note then that not only does the administrative act declaring the harmfulness of the segregation and titling act invoke the absence of a soil study, but moreover, it is not solely based on and does not even cite Article 58 of the Regulation to the Land Use Law, number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, so the analysis that this Court must conduct in light of the legal system in force at that time is not limited thereby, since the administrative conduct of the public entity must undoubtedly conform to the required body of law; therefore, with the regulatory provisions transcribed above being in force, which imposed the mandatory soil study of the properties subject to adjudication, under penalty of resulting in its revocation, they are fully applicable to the specific case. We must note, after an analysis of the cited regulatory texts, that undoubtedly, the Agrarian Development Institute was required to conduct a soil study to ensure the destination of the property for an activity consistent with its purposes, such that a determination of land use not suitable for titling for agrarian or urban purposes required the Institute to destine them, as appropriate, to a national reserve by transferring them to the Ministry of Environment and Energy, especially since the Ley Forestal, in Articles 58 subparagraph b) and 61 subparagraph c), penalizes as a crime the performance of activities involving land-use change (cambio de uso del suelo) on land covered by forest, and the exploitation of forest resources on lands of the Natural Heritage of the State. Lastly and not less importantly, it is necessary to specify that Law 7599 "Law for the Titling of National Reserves," which was declared unconstitutional and upon which the administrative act analyzed here was based, required in its Articles 3 and 7, that the existing regulations at the time of carrying out the titling always had to be respected. Consequently, we can conclude that it was not proven in the record that the entirety of the property with registration number 6-134978-000, subject to adjudication by the Agrarian Development Institute, has soil studies by the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA) and that, in turn, its entirety has an agrarian vocation. Lastly and not less importantly, it is worth noting that in the case under analysis we are not faced with a scenario of titling under the figure of usucapion, since the titling was based on the text of the Ley de Titulación de Reservas Nacionales and its Regulation and related regulations on the part of the Agrarian Development Institute, and not under a Private Law figure. 3) Scope of the report issued by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), contained in official communication DEGEO-096-08 of August 5, 2008: The National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) issues through official communication DEGEO-096-08, the "Study to support oversight work on land titling in the Coto Brus, Aranjuez River Basin, Llanuras de San Carlos and Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz, and Zona Norte 041 projects of the Agrarian Development Institute (IDA)," in which folio 27 states that: "6. Interpretation of Land Use, Topography, and Land Use Capacity in the Aranjuez River Basin Land Titling Project of the IDA. 6-1. property Desarrollo MENORCA S.A. of the IDA. On this property, there are areas of crops and pastures toward the central sector of the property; toward the southeastern sector, there are patches of primary forest. Although this area is considered as a potential aquifer zone, significant deforestation is observed at the site (See Figure No. 2 Land Use Property Desarrollo MENORCA SA. of the IDA). Regarding topography, it presents broken terrain (slopes 45° to 60 degrees) in the eastern sector of the property and toward the western sector, highly rugged terrain (slopes 30° to 45 degrees). (See Figure No.3 Slopes property Desarrollo MENORCA s.a. of the IDA). Moreover, this property has limitations or conditions that place it within class 4P. Class 4P presents more severe limitations than 3P, but is still considered suitable for all types of use; however, the choice of agriculture is highly restricted, in addition to requiring intensive soil management and conservation methods. The limitations include scarce effective soil depth, high susceptibility to erosion, high precipitation (5000 mm), low fertility soils. (See Figure No. 4 land use capacity Property Desarrollo MENORCA S.A. of the IDA)." The declaration of harmfulness of the administrative act analyzed here was made through Agreement number 17 adopted at ordinary session number 16-2010, of May 3, 2010, and modified by Article 10 of ordinary session 015-2011, of April 25, 2011, the latter being where mention is made of the partially transcribed report and it concludes by reiterating that in the titling file there is no record that the conforming soil use study was carried out by INTA. For its part, the respondent's representation alleges the lack of competence of the National Geographic Institute to determine the existence of primary or secondary forest on the farm, since according to the Ley Forestal and official communication DST-152-11, issued by the Department of Technical Services of the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology, it is MINAET who holds such competence, an entity that has never carried out studies on the adjudicated property. This is why it asserts that the criterion issued by the National Geographic Institute is unconstitutional and violates the principle of legality. First, we must note that this Court is not competent to analyze the constitutionality or not of the mentioned text, since its competence operates under the provisions of Article 49 of the Political Constitution, and under that framework the analysis of the described administrative conduct is carried out. With the foregoing clear, it remains to point out that indeed, in accordance with Article 5 of the Ley Forestal, the legislator has delegated to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) the competence to govern this sector and perform the functions of the State Forestry Administration, which imposes its duty to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, use, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources prescribed in Article 1 of the Ley Forestal. In accordance with the distribution of competences that prevail within the ministerial body, we have that by operation of law, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is responsible for executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources and exercising that Administration. The Constitutional Chamber has specified in this regard that: "...the Natural Heritage of the State is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Ley Forestal, arts. 6 sub. a and 13 para. 2, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32, para. 2). It comprises two important components: a) Protected Wilderness Areas, regardless of their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1, para. 2, 3 subparagraph i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, Article 3 subs. d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE N° 7152 and its Regulation; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, Article 82, subparagraph a). b) The other forests and forest lands or lands of forestry aptitude of the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal), which have an immediate legal designation. For the maritime-terrestrial zone, Law 6043 itself (Article 73) excludes Protected Wilderness Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forestry aptitude on the coastlines are also under the administration of the Ministry of Environment and are governed by its specific regulations (Ley Forestal, Article 13 and concordant articles)." (Voto number 16975, at 2:53 p.m. on November 12, 2008). Under this premise, while it is true that the Ministry of Environment, Energy, and Technology, through the National System of Conservation Areas, is the governing body holding the competence to determine the protection of the natural heritage of the State, this does not prevent other public entities or bodies from issuing a technical criterion that can support, guide, and contribute to administrative and/or jurisdictional actions aimed at determining its existence as well as describing the soil uses observed at the site, constituting inputs for the corresponding assessment. This Chamber of Judges must note that it does not observe in any way that it is precisely that report that allows the Rural Development Institute to issue the declaration of lesividad on the grounds that the National Geographic Institute is the one that holds the competence to determine the existence of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado); rather, the partially transcribed official communication is taken into account by the plaintiff entity to modify the declaration of lesividad and to provide an additional basis for the support of its action, which, as has been analyzed, revolves primarily around the lack of requirements for the validity of the administrative act that authorized the segregation (segregación) and titling of parcel 1-4 of the Cuenca del Río Aranjuez project. Thus, the criterion is maintained regarding the defects of absolute nullity that agreement number 66 presents, adopted in session 045-03 held on September 29, 2003, which authorized the segregation and transfer in favor of the defendants of parcel 1-4 of the Multiple Titling Program Cuenca del Río Aranjuez, by virtue of the existence of State's natural heritage within the property as was accredited from the expert reports rendered within the process and the failure to comply with the soil study requirement demanded by the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, law 7779, of April 30, 1998 and its Reglamento, Decreto number 29375, of August 8, 2000 as well as articles 6 and 7 of the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales number 7599, of August 9, 1996 and article 10 of the Reglamento para la titulación de Tierras en Reservas Nacionales, number 55 of August 12, 2002. IX.- Regarding the arguments of opportunity and convenience alleged by the defendants concerning the current use of the property: The defendants' representation points out as one of their arguments that if the action were granted, it would cause serious harm to society as well as to the environment. As for the patrimonial harm that the declaration causes, we must warn that this is not a matter for pronouncement in this process, and it may be aired in another instance since the analysis of a lesividad process deals with the nullity presuppositions of an administrative act at the instance of the active Administration. On the other hand, while it is true that the expert Gustavo Alvarado, Forestry Engineer, stated in his declaration that the forest area (área de bosque) observed on the property has been almost unaltered from 1998 until the rendering of his expert report, that the areas that had livestock use have had regenerative use tending toward secondary forest (bosque secundario), and that the livestock areas have not been expanded but rather diminished through a voluntary regeneration process, this does not prevent the declaration of nullity of the administrative act that authorizes the segregation and titling of a property from materializing based on the defects of nullity analyzed in the preceding considerando. Nevertheless, the parties must take note that as long as compliance with the legal and regulatory requirements established by the legal system for the titling of lands with agricultural vocation is observed, nothing precludes the analysis of a new request for adjudication of those lands not encumbered by the State's natural heritage, provided that this is legally and technically viable and that, of course, the applicant complies in a timely manner with the requirements established for that purpose. X.- Regarding the defenses: Once the legal transfer was granted, the defendants' representation opposes the complaint and formulates the defenses of prescripción, caducidad, and failure to exhaust the administrative channel (falta de agotamiento de la vía administrativa), which are declared without merit through resolution No. 1589-2011, of 3:00 p.m. on September 29, 2011, by the Processing Judge in the preliminary hearing. Notwithstanding the foregoing, the defendants' legal representative warns that he again raises prescripción and caducidad as substantive defenses in addition to lack of right (falta de derecho), in the event that these are rejected in an interlocutory manner as indeed occurred. The prescripción and/or caducidad raised by the defendants' representation under the reasoning that either of them operates with respect to the action is based on the fact that article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes one year to file the complaint of lesividad, there being alleged relative and not absolute nullities. Additionally, it considers that there are no documents determining that the property is under the State's natural heritage, so the action is not imprescriptible. Upon analyzing the record, this Chamber of Judges must specify that all three defenses deserve to be rejected. As for the caducidad of the action, which the defendant confuses with prescripción, we must recall that article 34, subsection 2) establishes that lesividad concerning the protection of public domain (dominio público) property shall not be subject to a time limit, since the regime of protection of the public domain applies, among which is the imprescriptibility of the action for recovery (acción reivindicatoria). In addition to the above, according to the record, the declaration of lesividad of the administrative act analyzed here was made through agreement number 17 adopted in ordinary session number 16-2010, of May 3, 2010, and modified by article 10 of ordinary session 015-2011, of April 25, 2011, and the complaint was filed on April 29, 2011, so the maximum period established in article 39, subsection e) of the Código Procesal Contencioso Administrativo was not exceeded. Regarding the defense of lack of right, this is also rejected since, pursuant to the analysis carried out in Considerando VIII, the Agrarian Development Institute is entitled to the merit of the nullity claimed, which is now declared on account of the lack of requirements for the issuance of the adjudication act as well as the existence of State's natural heritage encompassed within the property. XI.- Regarding the imposition of costs: In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the very fact of being so. A dispensation from this imposition is only viable when, in the Judgment of the Court, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Collegiate Body finds reason to apply the exception, since as a result of an illegitimate act of the plaintiff entity, rights were granted to the defendants which, by means of this resolution, are rendered without effect over a property encumbered to the State's natural heritage, and to that extent, there is merit for the defendants to have litigated. Thus, the present process is resolved without a special imposition of costs. POR TANTO The defense of lack of right, caducidad, and prescripción alleged are denied, and consequently, the complaint is granted. The agreement adopted by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, number 66, of session 045-03 held on September 29, 2003, which authorized the segregation and transfer in favor of the corporation named Desarrollo Cerdeña S.A. of parcel 1-4 of the Multiple Titling Program Cuenca del Río Aranjuez, is annulled; public deed number 70, granted before Notary Public Fernando González Rojas, at 08:00 on October 23, 2003 in Puntarenas, is partially annulled in relation to parcel 1-4 of the Cuenca Río Aranjuez Project; the registry entry of inscription of the property of the Puntarenas district, real folio 134.978-000, and the registry entry of inscription of the merger of properties that formed the real folio of the province of Puntarenas 167241-000, insofar as it comprises the property of the Puntarenas District, real folio 134.978-000, located in San Jerónimo District, Esparza Canton of the Province of Puntarenas, which is described in cadastral plan number P-817040-2002, measuring 61 hectares, 1632.32 square meters, are annulled. Let the parties take note of what is indicated in Considerando IX of this resolution. This resolution is issued without special imposition of costs. Notify. Claudia Bolaños Salazar Grace Loaiza Sánchez Carlos Espinoza Salas It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 04:39:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República