Res. 00343-2015 Tribunal Agrario — Titling of forested lands in national reserves through possessory informationTitulación de terrenos boscosos en reservas nacionales mediante información posesoria

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 00343 - 2015

Fecha de la Resolución: 16 de Abril del 2015 a las 16:41

Expediente: 09-000082-0391-AG

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*090000820391AG**

* *

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

* * * * * * *  *

* * *  *

VOTO N°*  343-F-15* *

* *

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas y cuarenta y uno minutos del dieciséis de abril de dos mil quince.-*

* * *  * Proceso de INFORMACIÓN POSESORIA promovido por [Nombre1]   , mayor, casada una vez pero separada de hecho, pensionada, cédula de identidad número CED1 -     -    ; [Nombre2]   , mayor, casada una vez, de oficios del hogar, cédula de identidad número CED2 -     -    ; y [Nombre1]   , mayor, soltero, agricultor, cédula de identidad número CED3 -   -    , todos vecinos de Las Delicias de Veintisiete de Abril de Santa Cruz. Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua,* de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED4 -    -          - , representado por la licenciada Carmelina Vargas* Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED5 -     -     calidad de apoderada generalísima sin limite de suma. Actúa como apoderado especial judicial de los promoventes, el licenciado Eusebio Aguero Araya, colegiado cuatro mil ochocientos ochenta y tres. Tramitada ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en Santa Cruz.- *

RESULTANDO:*

* * * * * * * * * * *  1.- La parte promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: "Terreno de pastos y montaña, Situada en Las Delicias de [Dirección1]  ,  ,  , Provincia Guanacaste, Mide: setenta y nueve hectáreas siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco con veinticinco metros cuadrados. Linda al  Norte: [Nombre3]  , Sur: Sucesión de [Nombre4]  , Este: Sucesión de [Nombre5] y [Nombre6]  , y Servidumbre Agrícola no constituida, y Oeste: [Nombre7]    y Sucesión de [Nombre4]  , la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número G-1089722-2006,"* (folios 20, 27, 40, 49, 209 y 281).-*

* * * * * * * * * * *  2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folio 59 a 62; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 70, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-*

* * * * * * * * * * *  3.-* El juez José Joaquín Piñar Ballestero, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, mediante sentencia número 05-15 de las siete horas cuarenta y tres minutos del nueve de enero de dos mil quince, resolvió: “POR TANTO: Se aprueba la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de [Nombre1] , mayor, casada una vez pero separada de hecho, pensionada, portadora de la cédula de identidad CED6 -     -    ; [Nombre2] , mayor, casada una vez, de oficios del hogar, portadora de la cédula de identidad número CED7     ; y [Nombre1] , mayor, soltero, agricultor, portador de la cédula de identidad número CED8  -    , todos los anteriores de apellidos [Nombre1] , y vecinos de Las Delicias de Veintisiete de Abril de Santa Cruz, [Dirección2]    de la Escuela, la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número G-1089722-2006, que se describe así: Terreno de pastos y montaña, Situada en Las Delicias de Veintisiete de Abril, [Dirección3] , Cantón [Dirección4], Provincia Guanacaste, Mide: SETENTA Y NUEVE HECTÁREAS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO METROS CUADRADOS. Linda al  Norte: [Nombre3]  , Sur: Sucesión de [Nombre4]  , Este: Sucesión de [Nombre5] y [Nombre6]  , y Servidumbre Agrícola no constituida, y Oeste: [Nombre7]    y Sucesión de [Nombre4]  . El derecho de vía de las calles públicas que colinda con el predio a titular es de 14 metros (artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias). El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de QUINCE MILLONES DE COLONES. a) Que el inmueble a titular queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos*  y 19, inciso a), de la Ley de Informaciones Posesorias. b) Que el área contigua a las corrientes es área de protección, según el artículo 33, inciso b) de la Ley Forestal Número 7575, y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, debiéndose consignar en sentencia para efectos de inscripción en el Registro (artículo 34 ibídem). Asimismo, que el cause y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1 inciso IV, y 3 inciso III). c)* Que las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, son de dominio público estatal y no forman parte de la finca, con fundamento en la Ley de Aguas, artículos 1 inciso IV y 3 inciso III y Código de Minería, artículo 4° (al respecto ver los votos 2004-01923, 2006-018051 y [Telf1] de la Sala Constitucional), lo cual produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas y superficiales del país, reservadas para el Estado. La Ley Orgánica del Ambiente reforzó esta declaratoria de demanialidad en el artículo 50, que "supone una afectación expresa de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas- al demanio público del Estado)". Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada," (folios 279 al 281 y vuelto).-*

4.-* La procuradora adjunta, Lydiana Rodríguez Paniagua, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 286 al 292).-*

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-*

* *  Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y,*

CONSIDERANDO:*

I.- El Tribunal comparte la relación de hechos probados, por tener buen sustento en los autos.*

II.- La Procuradora plantea en su escrito apelación que consta en autos y la sentencia lo tiene por acreditado, que la naturaleza del bien a titular es boscoso (montaña), por lo cual forma parte de las reservas nacionales y está afecto al dominio público desde la Ley Forestal 4465 de 1969, siendo por ende imprescriptible e inalienable,  y no susceptible de prescripción positiva, citando como fundamento, entre otras la sentencia No. 4587-97 de la Sala Constitucional.- Además, aduce, que las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión apta para usucapir en cabeza del promovente (ver apelación de folios 286 a 292).*

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.  Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:*  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:*  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público.  (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).*

IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf2], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección5]        Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA). *

VI.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó el plano catastrado No. G-1089722-2006, que describe un terreno de bosques (folio 2), lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles. Además, en el hecho probado sétimo, no desvirtuado por la recurrente, se determina que la promovente ha ejercido la posesión conforme al uso del suelo, lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual se puede verificar en el estudio de suelos y patrón de uso de la tierra (folios 76 a 78,  100, 101), de donde se desprende que más bien se ha recuperado la cobertura forestal.  Asímismo, en el acta de reconocimiento judicial (folio 203), donde se indica que el terreno está dedicado a bosque secunhdario, y hay árboles propios de la región, tales como cocobolo, pochote, cedro y guanacaste, siendo que el área contigua a la quebrada está bien protegida. En cuanto al tema de la posesión, en el mismo reconocimiento judicial el a-quo indicó que el inmueble aparenta una larga posesión (folio 203), y de los testigos que declararon,  a saber [Nombre8]   (folio 128 vuelto), [Nombre9]   (folio 129), y  [Nombre10]    (folio 143), se desprende que el bien acusa una larga posesión, de más de diez años, siendo que siempre se le ha dado mantenimiento al inmueble, limpieza de de rondas, arreglo de cercas, conservación del bosque y actividad ganadera (repastos). De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.*

POR TANTO:*

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación. * * * * * *

* *

* *

 

	

*0V43BUUQDYUW61*

0V43BUUQDYUW61

[Nombre11]   –

JUEZ/A DECISOR/A

	

 




 

*DC5LQHCACG461*

DC5LQHCACG461

[Nombre12]   –

JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*VH43K6ZTP1DQ61*

VH43K6ZTP1DQ61

[Nombre13]    -

JUEZ/A DECISOR/A

* *

* *

* *

* * * * * * * * * * *  * 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:18:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Agrario

Resolution No. 00343 - 2015

Date of Resolution: April 16, 2015 at 16:41

Expediente: 09-000082-0391-AG

Drafted by: Enrique Ulate Chacón

Type of Matter: Process of possessory information (proceso de información posesoria)

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Type of Content: Majority vote
Topics (descriptors): Agrarian possessory information (Información posesoria agraria)
Subtopics:
Possibility of titling land with forest by demonstrating decennial possession and the protection of natural resources.
Topics (descriptors): Forests and forest lands (Bosques y terrenos forestales)
Subtopics:
Right to register lands within or outside protected wilderness areas through agrarian possessory information (información posesoria agraria).
Rulings in the same sense

Text of the resolution

*090000820391AG**

* *

EXPEDIENTE:

EXPN1

PROCESO:

INFORMACIÓN POSESORIA

ACTOR/A:

DEMANDADO/A:

* * * * * * * *

* * * *

VOTO N°* 343-F-15* *

* *

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At sixteen hours and forty-one minutes of the sixteenth of April of two thousand fifteen.-

* * * * Process of INFORMACIÓN POSESORIA promoted by [Nombre1] , of legal age, married once but separated in fact, pensioner, identity card number CED1 - - ; [Nombre2] , of legal age, married once, homemaker, identity card number CED2 - - ; and [Nombre1] , of legal age, single, farmer, identity card number CED3 - - , all residents of Las Delicias de Veintisiete de Abril de Santa Cruz. Appearing in the process, the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua,* whose qualities are unknown in the case file, in her capacity as deputy procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal ID CED4 - - , represented by licensed attorney Carmelina Vargas* Hidalgo, of legal age, divorced, lawyer, resident of San José, identity card number CED5 - - in the capacity of unlimited general attorney-in-fact without limit of sum. Acting as special judicial attorney for the promoters is licensed attorney Eusebio Aguero Araya, bar number four thousand eight hundred eighty-three. Processed before the Juzgado Agrario of the Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, based in Santa Cruz.- *

RESULTANDO:*

* * * * * * * * * * * 1.- The promoting party filed the present proceedings of possessory information (información posesoria) so that through this channel the following described land be registered in the Public Property Registry: "Pasture and mountain land, Located in Las Delicias de [Dirección1] , , , Provincia Guanacaste, Measuring: seventy-nine hectares seven thousand four hundred fifty-five and twenty-five square meters. Bounded to the North: [Nombre3] , South: Sucesión de [Nombre4] , East: Sucesión de [Nombre5] and [Nombre6] , and Agricultural Easement not constituted, and West: [Nombre7] and Sucesión de [Nombre4] , the property described in the plan registered in the Catastro Nacional under number G-1089722-2006,"* (folios 20, 27, 40, 49, 209 and 281).-*

* * * * * * * * * * * 2.- The Procuraduría General de la República appeared in the process in the terms that run from folio 59 to 62; in turn the Instituto de Desarrollo Rural did so at folio 70, neither of them expressing their opposition to the present proceedings.-*

* * * * * * * * * * * 3.-* Judge José Joaquín Piñar Ballestero, of the Juzgado Agrario of the Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, by judgment number 05-15 at seven hours forty-three minutes of the ninth of January of two thousand fifteen, resolved: “POR TANTO: The possessory information (información posesoria) is approved. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias) and without prejudice to third parties with superior right, the Registrar of the Public Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of [Nombre1] , of legal age, married once but separated in fact, pensioner, bearer of identity card CED6 - - ; [Nombre2] , of legal age, married once, homemaker, bearer of identity card number CED7 ; and [Nombre1] , of legal age, single, farmer, bearer of identity card number CED8 - , all of the foregoing with surnames [Nombre1] , and residents of Las Delicias de Veintisiete de Abril de Santa Cruz, [Dirección2] from the School, the property described in the plan registered in the Catastro Nacional under number G-1089722-2006, described as follows: Pasture and mountain land, Located in Las Delicias de Veintisiete de Abril, [Dirección3] , Cantón [Dirección4], Provincia Guanacaste, Measuring: SEVENTY-NINE HECTARES SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-FIVE AND TWENTY-FIVE SQUARE METERS. Bounded to the North: [Nombre3] , South: Sucesión de [Nombre4] , East: Sucesión de [Nombre5] and [Nombre6] , and Agricultural Easement not constituted, and West: [Nombre7] and Sucesión de [Nombre4] . The right-of-way of the public roads bordering the property to be titled is 14 meters (articles 4 of the General Law of Public Roads and 19, subsection a, of the Law of Possessory Information). The property object of this process is valued at the sum of FIFTEEN MILLION COLONES. a) That the property to be titled is subject to the reservations regarding rights-of-way of public roads provided for in article 4 of the General Law of Public Roads* and 19, subsection a), of the Law of Possessory Information. b) That the area adjacent to the watercourses is a protection area, according to article 33, subsection b) of the Forest Law (Ley Forestal) Number 7575, and the cutting or removal of trees is prohibited, which must be set out in the judgment for purposes of registration in the Registry (article 34 ibidem). Likewise, that the channel and the waters of that watercourse are public domain (Ley de Aguas, articles 1 section IV, and 3 section III). c)* That the surface and underground waters existing on the property are state public domain and do not form part of the farm, based on the Ley de Aguas, articles 1 section IV and 3 section III and the Mining Code, article 4° (regarding this see votes 2004-01923, 2006-018051 and [Telf1] of the Sala Constitucional), which produced a publicization and nationalization of all underground and surface waters of the country, reserved for the State. The Ley Orgánica del Ambiente reinforced this declaration of public ownership (demanialidad) in article 50, which \"implies an express encumbrance of continental waters (surface and underground waters -without distinguishing them- to the public domain of the State)\". Let the certification of this judgment serve to register the related farm in the Property Registry,\" (folios 279 to 281 and reverse).-*

4.-* The deputy procurator, Lydiana Rodríguez Paniagua, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the lower Court, (folios 286 to 292).-*

5.- In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.-*

* * Drafted by Judge ULATE CHACÓN, and,*

CONSIDERANDO:*

I.- The Tribunal shares the statement of proven facts, as it has good support in the case file.*

II.- The Procurator states in her appeal brief that is in the case file and that the judgment holds as accredited, that the nature of the property to be titled is forested (montaña), for which reason it forms part of the national reserves and is encumbered to the public domain since the Forest Law (Ley Forestal) 4465 of 1969, thus being imprescriptible and inalienable, and not susceptible to adverse possession (prescripción positiva), citing as grounds, among others, Judgment No. 4587-97 of the Sala Constitucional.- Furthermore, she argues, that the testimony of the witnesses does not demonstrate possession suitable for usucapion (usucapir) in the person of the promoter (see appeal at folios 286 to 292).*

III.- While it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Forest Law (Ley Forestal) of 1969 established that lands covered by forest, without private occupation, were part of the national reserves, that encumbrance to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Forest Law (Ley Forestal) of 1996 reformed article 7 of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias), to permit usucapion on lands covered by forest, but by demonstrating ecological possession, through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to take advantage of transmitted possession (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The Tribunal Agrario held the criterion that said possession had to be personal in nature, but the Sala declared that this was unconstitutional. Therefore the Tribunal has rectified the criterion in subsequent resolutions stating: \"V.- Regarding what is alleged by the appellant that the lower court judge makes an error in applying article 7 of the Law of Possessory Information, which he considers was declared unconstitutional, so the proceedings should be analyzed in light of the provisions of article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct because the cited article 7 was not declared unconstitutional, but rather it was the interpretation that the Tribunal had been making regarding not counting the possession exercised by previous transferors. Hence, with ordinal 7 of the Law of Possessory Information being in force, the promoter must demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wilderness area (área silvestre protegida) as indicated by the Sala Constitucional in Vote No. 4587-97 (published in Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year term of possession for usucapion is established in the Civil Code and the provision under question simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in the general regulations, such as:* the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. In that sense, it is important to point out what was said by the Sala Constitucional regarding this in the cited vote “…Article 7, first paragraph of the challenged Law of Possessory Information, the text of which predates the last reform by the Forest Law No.7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling immovable property included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve or protective zone. That article states that the title applicant must demonstrate having exercised ten-year possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area. The provision under question regulates the case of titling an immovable property that has been encumbered to the public domain with the declaration of a protected wilderness area, whatever its specificity. It is now necessary to determine if, in accordance with the hypothesis that the challenged norm contemplates, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucapion and the possession necessary for usucapion, set forth previously, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over immovable property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. Firstly, it must be pointed out that the challenged article does not modify -increase or decrease- the ten-year term of possession necessary for usucapion, set forth in article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which it is intended to acquire the ownership of immovable property by adverse possession. The extension of the term alleged by the plaintiff as infringing the right to property does not occur, because given the nature of the property intended to be titled (public thing), the term of possession suitable for usucapion must elapse before the encumbrance of the property to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession subsequent to the encumbrance from counting, and prevents the requirements of usucapion from materializing if, at that moment, the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for usucapion with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise in the capacity of titleholder, necessary for possession ad usucapionem. Remember that property encumbered to the public domain, whatever its specifications, is not susceptible of acquisition by usucapion, if before the encumbrance occurred the conditions necessary for the acquisition of the right were not met. In that sense, the challenged provision, despite apparently regulating a specific case of usucapion, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year term of possession for usucapion is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in the general regulations, such as:* the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. That is, the norm does not come to establish any different principle -or more rigorous requirement- in relation to the application of the general rules of usucapion. It simply specifies the way in which those rules should be applied, which coincides with a logical result given the status of public domain property (bien demanial) of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to article 7 of the Law of Possessory Information, the text of which is challenged, has introduced a different regime in relation to the requirements of usucapion, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Tribunal Agrario, No. 173 at 16:29 hours of March 31, 2003).*

IV.- So that the possessor who seeks to acquire by usucapion land covered by forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate decennial possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. Said criterion was ratified, recently by the Sala Constitucional, in Vote No. [Telf2], at 9 hours of January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality, related to titling in the national reserves: \"VI.- LAND TITLING IN THE NATIONAL RESERVES, THE NATURAL PATRIMONY OF THE STATE, THE THIRD PARTIES WITH SUPERIOR RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Tribunal Constitucional, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves (Reservas Nacionales), and that of Patrimonio Natural del Estado, formerly called Patrimonio Agrícola del Estado. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called Patrimonio Agrícola del Estado, based on a conception of agrarian property as originating from the Nation. The Patrimonio Agrícola del Estado comprised all lands inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the [Dirección5] Nacionales (articles 7 to 10). That is, the Patrimony comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained within some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in article 11, by indicating that “Unless proven otherwise, they belong to the State in the character of national reserves: a) All the lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities or of the Autonomous Institutions; b) Those not sheltered by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being of private property, are not occupied in public services.” From the foregoing, it is inferred that the lands that form part of the national reserves, as lands of agricultural, livestock or forestry vocation, possessed by private parties for more than ten years and that do not form part of the Patrimonio Agrícola del Estado, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private parties through the processes of Possessory Information (Información Posesoria), or else, through the instrument created through the Multiple Land Titling, later called “Titling of Lands Located in the National Reserves”. Then, the Forest Law No. 4465 of 1969 introduces the concept of State Forest Patrimony (Patrimonio Forestal del Estado), conferring the forest administration, of the forest reserves, the national parks, the state forest nurseries, the protective zones and the biological reserves, to the Dirección General Forestal. At that moment, the Public Administration realizes that within the so-called “national reserves”, the two regimes coexist, for which reason in 1972, representatives of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (on whom the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three organizations over the national reserves (MAG-ITCO-ICT Agreement), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the still valid Ley de Tierras y Colonización entrusts the administration of the national reserves, with agricultural vocation, to the Instituto de Tierras y Colonización, the body in charge of parceling and colonization. On its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wilderness areas (áreas silvestre protegidas), indicating that they form part of the natural patrimony of the state and establishing their lifetime tenure (irreductible) character (articles 32 to 38). Subsequently, the current Forest Law No. 7575 of 1996 incorporates, in the Second Title, single chapter, the concept of Patrimonio Natural del Estado, clarifying even what it comprises of the national reserves: “The natural patrimony of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except immovable property that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its patrimony. The Ministerio del Ambiente y Energía shall administer the patrimony.” The foregoing excludes as part of the natural patrimony of the State, for not being forested, the lands of agricultural suitability, which continue to be part of the national reserves, and susceptible to usucapion by private parties. Finally, the same Forest Law of 1996 amended article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and article 7 of the Law of Possessory Information, to authorize usucapion, and therefore registration through possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), lands belonging to the national reserves, with forestry vocation and, even, lands in private possession, which were comprised within some category of protected wilderness area (Patrimonio Natural del Estado), provided that decennial possession prior to the date of creation of the respective area was demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the above, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (later, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to allow speeding up the titling procedures of agrarian possessors, who had completed a short usucapion (first of three and then of five years), so that they could obtain a title of ownership, and have possibilities of access to land, to agrarian credit and to decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with superior right, understood as such, those private parties who could have exercised an action of superior right of possession, within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it, otherwise the title would be totally consolidated, because the term of negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property encumbered in those processes of multiple land titling. It was logical that upon creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private parties (since the requirement was that in the delimited geographic zone there be at least 20% of lands without a title registered in the public registry). That consequently implied that the title granted by the ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to reivindicate, as established by the same norm, but not within the three-year term, applicable to third parties with superior right, but within the ten-year term.\" (END OF QUOTE). *

VI.- In this particular case, the requirement demanded by the Law of Possessory Information, in its articles 1, 6 and 7, is deemed proven. Indeed, the title applicant provided the cadastral plan No. G-1089722-2006, which describes a land of forests (folio 2), meaning that they have been dedicated to sustainable activities. Moreover, in the seventh proven fact, not rebutted by the appellant, it is determined that the promoter has exercised possession in accordance with the use of the land (uso del suelo), which means that, far from affecting the resource, there has been a sustainable agroforestry activity, for which it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can be verified in the soil study and land use pattern (folios 76 to 78, 100, 101), from which it is inferred that rather the forest cover (cobertura forestal) has been recovered. Likewise, in the record of judicial inspection (reconocimiento judicial) (folio 203), where it is indicated that the land is dedicated to secondary forest, and there are trees native to the region, such as cocobolo, pochote, cedro and guanacaste, with the area adjacent to the ravine being well protected. Regarding the issue of possession, in the same judicial inspection the a-quo indicated that the property appears to have a long possession (folio 203), and from the witnesses who testified, namely [Nombre8] (folio 128 reverse), [Nombre9] (folio 129), and [Nombre10] (folio 143), it is inferred that the property shows a long possession, of more than ten years, and that the property has always been maintained, with cleaning of firebreaks (rondas), fixing of fences, conservation of the forest and livestock activity (repastos). Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.*

POR TANTO:*

The appealed judgment is confirmed, in what was the subject of the appeal. * * * * * *

* *

* *

 

*0V43BUUQDYUW61*

0V43BUUQDYUW61

[Nombre11] –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

*DC5LQHCACG461*

DC5LQHCACG461

[Nombre12] –

JUEZ/A DECISOR/A

 

*VH43K6ZTP1DQ61*

VH43K6ZTP1DQ61

[Nombre13] -

JUEZ/A DECISOR/A

* *

* *

* *

* * * * * * * * * * * *

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:18:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República