Res. 00395-2015 Tribunal Agrario — Titling forested land through possessory information and resource conservationTitulación de terrenos con bosque mediante información posesoria y conservación del recurso

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00395 - 2015

Fecha de la Resolución: 28 de Abril del 2015 a las 13:50

Expediente: 14-000065-0419-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*140000650419AG*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

       

   

VOTO N°  395-F-15

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas y cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por EL PARAÍSO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica CED1 -   -       , representada por su tesorera con facultades de apoderada generalísima sin limite de suma [Nombre1]   , cédula  de identidad CED2 -     -    , mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de San Isidro del General, Pérez Zeledón. Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED3 -    -          - , representado por  [Nombre2]   , mayor, casada, abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula de identidad CED4 -     -  , colegiada veintiún mil trescientos cuarenta y dos, en su condición de  apoderada general judicial. Actúa como apoderado especial judicial  de la parte  promovente, el licenciado Billy Latouche Ortiz, cédula de identidad CED5 -   -    , colegiado número diecisiete mil seiscientos ochenta y siete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo  Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.-

RESULTANDO:

          1.- La parte promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriban a su nombre en el Registro Público de la Propiedad las fincas que se  describen así:"... LOTE UNO: Terreno de montaña en un sesenta por ciento y para construir en un cuarenta por ciento con una medida de cuatro hectáreas ocho mil novecientos ochenta y nueve metros con setenta y un decímetros cuadrados. Linda actualmente al Norte: [Nombre3]  , Sur: [Nombre4]  , Este: [Dirección1]        metros [Dirección2]   , Oeste: [Nombre4]  . situada en [Dirección3]         Osa, Provincia de Puntarenas, cuyo plano catastrado es el número P-1299212-2008. El inmueble se estima en la suma de siete millones de colones.LOTE DOS: Terreno de potrero en un setenta por ciento y de montaña en un treinta por ciento con una medida de dieciocho hectáreas ocho mil dos metros con cero decímetros cuadrados. Linda actualmente al Norte: [Nombre3]  , Sur: [Nombre5]   y Firehorizons Landviews S.A., Este: [Nombre3]   y Río Caña Blancal Oeste: [Dirección4]   un [Dirección5] de [Dirección6]          , situada en [Dirección3]         Osa, Provincia de Puntarenas, cuyo plano catastrado es el número P-1345640-2009...".( folio 19 A 20 y 84 frente y vuelto)-

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren a folio  40 a 44; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural se apersono al proceso  a folio 47.-

            3.- La jueza Maricel Zamora Arias, del Juzgado Agrario del Segundo  Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, mediante sentencia número 27-2015, de las quince horas quince minutos del dos de marzo del dos mil quince, resolvió: “POR TANTO: SE APRUEBAN las diligencias de información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de EL PARAÍSO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica CED6       , domiciliada en Palmar Norte, frente a la Botica Costa Rica, representada por [Nombre1]   , cédula CED7      , mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de San Isidro del General, Pérez Zeledón, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma, las fincas, que se describen así: LOTE UNO: Terreno de montaña en un sesenta por ciento y para construir en un cuarenta por ciento con una medida de cuatro hectáreas ocho mil novecientos ochenta y nueve metros con setenta y un decímetros cuadrados. Linda actualmente al Norte: [Nombre3]  , Sur: [Nombre4]  , Este: [Dirección7]            , Oeste: [Nombre4]  . situada en Santa Rosa [Dirección8]       , Provincia de Puntarenas, cuyo plano catastrado es el número P-CED8. El inmueble se estima en la suma de siete millones de colones.LOTE DOS: Terreno de potrero en un setenta por ciento y de montaña en un treinta por ciento con una medida de dieciocho hectáreas ocho mil dos metros con cero decímetros cuadrados. Linda actualmente al Norte: [Nombre3]  , Sur: [Nombre5]   y Firehorizons Landviews S.A., Este: [Nombre3]   y Río Caña Blancal Oeste: [Dirección9]  con un frente de [Dirección6]          , situada en Santa Rosa [Dirección8]       , Provincia de Puntarenas, cuyo plano catastrado es el número CED9-. El inmueble se estima en la suma de tres millones de colones. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES:  1- Las contenidas en el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias. 2)Que los inmuebles a titular quedan afectos a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. 3) Que el área contigua a las corrientes es área de protección según artículo 33 incisos b)  de la Ley Forestal Nº 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. El cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, inciso III) . 4)Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, son de dominio público estatal y no forman parte de la finca. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada." (folio 84 frente y vuelto).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (98 a 100).

5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

Redacta el Juez DARCIA CARRANZA, y,

CONSIDERANDO:

I.- El Tribunal comparte la relación de hechos probados, por tener buen sustento en los autos. De dicha naturaleza téngase el siguiente:  9) La naturaleza de los terrenos es actualmente de bosque secundario y charral (ver certificado de uso conforme de suelos a folios 14 a 17).

II.- La Procuradora Adjunta, licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado Agrario de Cartago señalando: Dice,  consta en autos que la naturaleza del terreno a titular es boscosa (montaña). Considera que esos terrenos, por ubicarse en reservas nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969 (artículo 33), reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y su carácter demanial lo mantiene la Ley 7575 (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la parte promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, como haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Pero para la PGR solo es posible titular si la usucapión se consolidó antes de que los terrenos formasen parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, con la declaración de los testigos, no se demostró la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de la parte promovente. Cita en su apoyo los votos [Telf1], 1119-90, 15753-2005, [Telf2], 783-2003 de la Sala Constitucional, también otros precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma PGR (dictámenes C-321-2003 y C-146-2008), que en lo medular se refieren a: i) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, en lo que respecta a la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que establece la necesidad de demostrar una posesión decenal apta para usucapir. ii) el impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, dado que la inalienabilidad de tales imposibilita su traspaso y posesión privada. iii) la improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. iv) el principio de la inalienabilidad, por cuanto esos bienes se sustraen del comercio de los hombres. v) los bienes no susceptibles de adquirirse por posesión. vi) la imprescriptibilidad de tales bienes como consecuencia directa del principio de inalienabilidad, pues al no ser objeto de posesión ni de dominio privado, existe imposibilidad jurídica para usucapirlos. Todos esos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, no son susceptibles de ser poseídos por particulares ni adquiridos por usucapión. Al pretenderse titular bienes de dominio público, como lo es el patrimonio natural del Estado y las vías públicas, solicita la improbación de estas diligencias, conforme a los artículos 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, 13 y 14 de la Ley Forestal. Indica, los testigos no  demuestran la posesión decenal (ver folios 94 a 100).

 III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que

venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado. El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf3], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales , y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección10]       Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que 􀂳Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal ; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.􀂴De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada 􀂳Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales􀂴. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas 􀂳reservas nacionales􀂴, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: 􀂳El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.􀂴 Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales , no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

V.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante,aportó el plano catastrado No. P-1299212-2008 que describe terreno de repastos  y P-1345640-2009 que describe  terrenos de repastos (folios 1 y 2), lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles por cuanto según se indica en el Certificado de Uso Conforme de Suelos los mismos se han dejado regenerar y hoy día son terrenos de [Dirección11]    (ver folios 14 al 17), lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual se puede verificar en el estudio de suelos y patrón de uso de la tierra, de donde se desprende que más bien se ha recuperado la cobertura forestal. Asímismo, en el acta de reconocimiento judicial (folio 64), donde se indica que el terreno está dedicado a bosque secundario, y charral, que el área contigua al río Cañablancal está bien protegida. En cuanto al tema de la posesión, los testigos que declararon, a saber [Nombre6]   (folio 62), [Nombre7]   (folio 62 vuelto), y [Nombre8]   (folio 62 vuelto y 63), se desprende que el bien acusa una larga posesión, de más de diez años, siendo que siempre se le ha dado mantenimiento al inmueble, limpieza de de rondas. En este caso se ha dejado regenerar el recurso y terrenos de repastos se han abandonado formando charrales y bosque secundario. De conformidad con el Decreto Nº 27998-MINAE, en su artículo 1, se define el Bosque Secundario:  "Para efectos de este decreto se considera bosque secundario lo siguiente: Tierra con vegetación leñosa de caracter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original ha sido eliminada por actividades humanas y / o fenómenos naturales, con una superficie mínima de 0.5 hectáreas, y con densidad menor a 500 árboles por hectárea de todas las especies, con diámetro mínimo a la altura de pecho de 5 centímetros." . De lo expuesto, resulta evidente que se trata de una segunda sucesión regeneracional, lo cual implica la persona titulante se ha preocupado por recuperar los terrenos permitiendo los mismos se regeneren después de que en algún momento fueron desprovistos de toda vegetación, lo cual evidencia su intención de conservación de los recursos naturales. Considera este Tribunal que no permitirles la titulación sería un castigo por tratar de regenerar los recursos, lo cual podría más bien servir para incentivar que los terrenos no provistos de cobertura vegetal, no se les permita regenerarse pues de hacerlo no se les permitiría la  titulación, ello podría mal interpretarse, lo cual considera este despacho sería un contrasentido si lo que se `persigue es proteger los recursos.  De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

	

*EWGVD43PMV3061*

EWGVD43PMV3061

[Nombre9]   –

JUEZ/A DECISOR/A

	

 




*DLTIEQ4LY2461*

DLTIEQ4LY2461

[Nombre10]    -

JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*J4NIJW3JJSQ61*

J4NIJW3JJSQ61

[Nombre11]   –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

             

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:18:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE No.**

**PROCEEDING:**

POSSESSORY INFORMATION

**PLAINTIFF:**

**DEFENDANT:**

**VOTE No. 395-F-15**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** At one fifty in the afternoon on the twenty-eighth of April two thousand fifteen.

**POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING**, brought by EL PARAÍSO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1 - - , represented by its treasurer with powers of general attorney-in-fact without limit of amount [Name1], identity card number CED2 - - , of legal age, divorced once, an attorney, resident of San Isidro del General, Pérez Zeledón. Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose details are unknown in the case file, in her capacity as deputy attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identification number CED3 - - , represented by [Name2], of legal age, married, an attorney, resident of San Ramón, Alajuela, identity card number CED4 - - , Bar Association number twenty-one thousand three hundred forty-two, in her capacity as general judicial attorney-in-fact. Acting as special judicial attorney-in-fact for the moving party is Lic. Billy Latouche Ortiz, identity card number CED5 - - , Bar Association number seventeen thousand six hundred eighty-seven. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.

**WHEREAS:**

1. The moving party filed a possessory information proceeding in order to have the following described properties registered in their name in the Public Property Registry: "... LOT ONE: Mountainous land sixty percent and buildable forty percent, measuring four hectares eight thousand nine hundred eighty-nine square meters and seventy-one square decimeters. Currently bounded on the North: [Name3], South: [Name4], East: [Address1] meters [Address2], West: [Name4]. Situated in [Address3] Osa, Province of Puntarenas, whose cadastral map is number P-1299212-2008. The property is valued at seven million colones. LOT TWO: Pastureland seventy percent and mountainous land thirty percent, measuring eighteen hectares eight thousand two square meters and zero square decimeters. Currently bounded on the North: [Name3], South: [Name5] and Firehorizons Landviews S.A., East: [Name3] and Río Caña Blancal, West: [Address4] a [Address5] by [Address6], situated in [Address3] Osa, Province of Puntarenas, whose cadastral map is number P-1345640-2009..." (pages 19, 20, and 84, front and back).

2. The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceeding in the terms set out on pages 40 to 44; in turn, the Institute of Rural Development appeared in the proceeding at page 47.

3. Judge Maricel Zamora Arias, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, by judgment number 27-2015, at three fifteen in the afternoon on the second of March two thousand fifteen, resolved: "THEREFORE: THE possessory information proceedings ARE APPROVED. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias) and without prejudice to third parties having superior right, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of EL PARAÍSO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED6, domiciled in Palmar Norte, in front of the Botica Costa Rica, represented by [Name1], identity card number CED7, of legal age, divorced once, an attorney, resident of San Isidro del General, Pérez Zeledón, in her capacity as general attorney-in-fact without limit of amount, the properties described as follows: LOT ONE: Mountainous land sixty percent and buildable forty percent, measuring four hectares eight thousand nine hundred eighty-nine square meters and seventy-one square decimeters. Currently bounded on the North: [Name3], South: [Name4], East: [Address7], West: [Name4]. Situated in Santa Rosa [Address8], Province of Puntarenas, whose cadastral map is number P-CED8. The property is valued at seven million colones. LOT TWO: Pastureland seventy percent and mountainous land thirty percent, measuring eighteen hectares eight thousand two square meters and zero square decimeters. Currently bounded on the North: [Name3], South: [Name5] and Firehorizons Landviews S.A., East: [Name3] and Río Caña Blancal, West: [Address9] with a frontage on [Address6], situated in Santa Rosa [Address8], Province of Puntarenas, whose cadastral map is number CED9-. The property is valued at three million colones. RESTRICTIONS AND LIMITATIONS: 1- Those contained in Article 19 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias). 2) That the properties to be titled are subject to the reservations regarding public road rights-of-way provided for in Article 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) and Article 19, subsection a) of the Law of Possessory Informations. 3) That the area adjacent to the watercourses is a protection area according to Article 33, subsection b) of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, and the cutting or removal of trees is prohibited. The channel and waters of that watercourse are of public domain (Water Law, Articles 1, subsection IV, subsection III). 4) The surface and underground waters existing on the property are of state public domain and do not form part of the farm. The certification of this judgment shall serve to register the related farm in the Property Registry." (page 84, front and back).

4. Lic. Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy attorney general, filed an appeal, expressly indicating the reasons why she refutes the lower court's thesis (pages 98 to 100).

5. In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the judgment.

Written by Judge DARCIA CARRANZA, and,

**WHEREAS:**

I. The Tribunal agrees with the list of proven facts, as it has good support in the case file. Of the proven facts, note the following: 9) The nature of the lands is currently secondary forest (bosque secundario) and scrubland (charral) (see certificate of compliant land use on pages 14 to 17).

II. The Deputy Attorney General, Lic. Lydiana Rodríguez Paniagua, filed an appeal against the resolution issued by the Agrarian Court of Cartago, stating: She says that it is evident in the case file that the nature of the land to be titled is forested (mountainous). She considers that these lands, because they are located in national reserves (reservas nacionales), form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since Forestry Law No. 4465 of 1969 (Article 33), as amended by Forestry Law No. 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and their public domain (demanial) character is maintained by Law No. 7575 (Articles 13 and 14). She argues that the Law allows for the titling of properties outside of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the moving party demonstrates their legitimate rights to ten-year possession (posesión decenal), with the other conditions required for that purpose, such as having protected the resource and having the property duly demarcated. But for the PGR, titling is only possible if the adverse possession (usucapión) was consolidated before the lands became part of the Natural Heritage of the State. She contends that the witness statements did not demonstrate the ten-year possession suitable for adverse possession held by the moving party. She cites in support votes [Telf1], 1119-90, 15753-2005, [Telf2], and 783-2003 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as well as other jurisprudential precedents and pronouncements issued by the PGR itself (opinions C-321-2003 and C-146-2008), which in essence refer to: i) the survival of the repealed law to regulate legal situations that arose under its protection, concerning the protection of the right to public forest domain established by prior legislation against retroactive applications to its detriment, and binding jurisprudence of the Constitutional Chamber establishing the need to demonstrate ten-year possession suitable for adverse possession; ii) the impediment of private individuals from exercising possession with owner's intent (ánimo de dueños) over public domain assets, given that the inalienability of such assets makes their transfer and private possession impossible; iii) the impropriety of adverse possession and titling against public domain; iv) the principle of inalienability, insofar as those assets are removed from commerce; v) assets not susceptible to acquisition by possession; vi) the imprescriptibility of such assets as a direct consequence of the principle of inalienability, since, not being the object of possession or private domain, there is a legal impossibility of acquiring them by adverse possession. All of these allegations revolve around arguing that, since forests are public domain assets, they are not susceptible to being possessed by individuals or acquired by adverse possession. In seeking to title public domain assets, such as the natural heritage of the state and public roads, she requests the disapproval of these proceedings, in accordance with Articles 11 of the Law of Possessory Informations, and 13 and 14 of the Forestry Law. She indicates that the witnesses do not demonstrate ten-year possession (see pages 94 to 100).

III. Although it is true that the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) of 1961 and the Forestry Law of 1969 established that lands with forest cover (terrenos cubiertos de bosque), without private occupation, were part of the national reserves, such encumbrance to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Forestry Law of 1996 reformed Article 7 of the Law of Possessory Informations, to allow adverse possession on lands with forest cover, but demonstrating ecological possession, through the conservation of the forest resource, for more than ten years, with the possibility of taking advantage of transferred possession (see judgment of the Constitutional Chamber No. 4587-97). The Agrarian Tribunal maintained the view that such possession had to be personal in nature, but the Chamber declared that view unconstitutional. Therefore, the Tribunal has rectified its view in subsequent resolutions, stating: "V.- Regarding what was alleged by the appellant that the lower court judge committed an error by applying Article 7 of the Law of Possessory Informations, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of the provisions of Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct, because the cited Article 7 was not declared unconstitutional; rather, it was the interpretation that this Tribunal had been making, of not counting the possession exercised by previous transferors. Hence, with Article 7 of the Law of Possessory Informations being in force, the moving party must demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wilderness area (área silvestre protegida), as indicated by the Constitutional Chamber in vote No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively as the appellant claims, either, because the ten-year possession period for adverse possession is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements specific to adverse possession that are also defined in general regulations, such as: the object of the possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In this sense, it is important to note what the Constitutional Chamber stated in this regard in the aforementioned vote: 'The challenged first paragraph of Article 7 of the Law of Possessory Informations, the text of which predates the last reform by Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real property included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the title applicant must demonstrate having exercised ten-year possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area. The challenged provision regulates the case of titling real property that has been encumbered to the public domain with the declaration of a protected wilderness area, whatever its specificity may be. It is now necessary to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary to obtain adverse possession, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real property, imposing specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the questioned article does not modify—increase or decrease—the ten-year possession period necessary for adverse possession, set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which ownership of real property is sought to be acquired by adverse possession. The extension of the period alleged by the plaintiff as infringing the right to property does not occur, because given the nature of the asset being titled (public thing), the possession period suitable for adverse possession must elapse before the encumbrance of the asset to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession subsequent to the encumbrance from counting, and prevents the requirements of adverse possession from being met if, at that moment, the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession, with the conditions established by law, have not elapsed. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of being exercised as owner (calidad de titular), necessary for possession ad usucapionem. It must be remembered that assets encumbered to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by adverse possession if, before the encumbrance occurred, the necessary conditions for acquiring the right had not been met. In that sense, the challenged provision, although it apparently regulates a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year possession period for adverse possession is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements specific to adverse possession that are also defined in general regulations, such as: the object of the possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies how those rules should be applied, which coincides with a logical result given the status of the object to be titled as a public domain asset (bien demanial). Hence, it is not considered that the reform of Article 7 of the Law of Possessory Informations, the text of which is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession, that could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest.' (Agrarian Tribunal, No. 173 at 16:29 hours on March 31, 2003)."

IV. Thus, a possessor seeking to acquire land with forest cover, which was part of the national reserves, by adverse possession, must demonstrate ten-year possession (originating or transferred) and having conserved the forest resource. This view was recently ratified by the Constitutional Chamber in Vote No. [Telf3], at 9:00 a.m. on January 7, 2015, in response to a judicial inquiry regarding constitutionality, related to titling in the national reserves: "VI.- THE TITLING OF LAND IN THE NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH SUPERIOR RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the inquiry submitted for consideration, deems it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves (Reservas Nacionales) and that of Natural Heritage of the State, formerly called Agricultural Heritage of the State (Patrimonio Agrícola del Estado). The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a concept of agrarian property as originating from the Nation. The Agricultural Heritage of the State included all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim (denuncio) or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, and National Parks (Articles 7 to 10). That is, the Heritage includes those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves in Article 11, stating that 'Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands included within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, or as property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession (posesión decenal); c) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services.' From the foregoing, it is clear that lands forming part of the national reserves, as lands for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the Agricultural Heritage of the State, were susceptible to legal recognition. Private individuals achieve such recognition through Possessory Information (Información Posesoria) proceedings, or through the instrument created through Multiple Land Titling (Titulación Múltiple de Tierras), later called 'Titling of Lands Located in the National Reserves.' Later, Forestry Law No. 4465 of 1969 introduced the concept of Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado), conferring the forestry administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the General Forestry Directorate. At that moment, the Public Administration realized that within the so-called 'national reserves,' the two regimes coexisted, for which reason, in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the General Forestry Directorate depended), the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), and the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), entered into an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (Agreement MAG-ITCO-ICT), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Land and Colonization Law, still in force, entrusts the administration of the national reserves, with agricultural/livestock suitability, to the Institute of Lands and Colonization, the body in charge of parceling and colonization. Meanwhile, the Organic Environmental Law No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wilderness areas, indicating they form part of the natural heritage of the state and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Forestry Law No. 7575 of 1996 incorporates, in the Second Title, sole chapter, the concept of Natural Heritage of the State, even clarifying what it comprises from the national reserves: 'The natural heritage of the state shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties guaranteeing credit operations with the National Banking System and which become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage.' The foregoing excludes, as part of the natural heritage of the state, lands of agricultural/livestock suitability—because they are not forested—which continue to be part of the national reserves and are susceptible to adverse possession by private individuals. Finally, the same Forestry Law of 1996 modified Article 37 of the Organic Environmental Law and Article 7 of the Law of Possessory Informations, to authorize adverse possession, and therefore registration through possessory information (and the repealed titling procedure in national reserves) for lands belonging to the national reserves with forestry suitability, and even lands in private possession that were included within some category of protected wilderness area (Natural Heritage of the State), provided that ten-year possession prior to the creation date of the respective area is demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Multiple Land Titling Law (later, the Law of Titling in National Reserves) came to expedite the titling procedures for agrarian possessors who had completed a short adverse possession period (first three years, then five years), so they could obtain a property title and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with superior right, understanding as such those private individuals who may have brought an action for superior right of possession within the areas considered national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be completely consolidated, since the negative prescription period was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected by those multiple land titling processes. It was logical that, when creating a Multiple Titling Program, property constituted and registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, later the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic area there be at least 20% untitled land in the public registry). This implied, consequently, that the title granted by ITCO was over lands from the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing clarifies that if a titling was authorized, and that title fell, wholly or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to claim (reivindicar), just as established by the same rule, but not within the three-year period applicable to third parties with superior right, but within the ten-year period." (END OF QUOTATION).

V.- In this particular case, the requirement demanded by the Law of Possessory Informations, in its Articles 1, 6, and 7, has been demonstrated. Indeed, the title applicant provided cadastral map No. P-1299212-2008, describing pastureland (terreno de repastos), and P-1345640-2009, describing pasturelands (folios 1 and 2), which means they have been dedicated to sustainable activities, since according to the Certificate of Compliant Land Use (Certificado de Uso Conforme de Suelos), these lands have been allowed to regenerate and today are [Address11] lands (see folios 14 to 17), meaning that, far from affecting the resource, sustainable agroforestry activity has occurred, from which it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can be verified in the soil study and land use pattern, from which it can be deduced that the forest cover (cobertura forestal) has, rather, been recovered. Likewise, in the judicial inspection report (folio 64), it is indicated that the land is dedicated to secondary forest and scrubland, that the area adjacent to the Río Cañablancal is well protected. Regarding the issue of possession, from the witnesses who testified, namely [Name6] (folio 62), [Name7] (folio 62 back), and [Name8] (folios 62 back and 63), it is evident that the property shows a long possession, of more than ten years, with the property always having been maintained and firebreaks (rondas) cleaned. In this case, the resource has been allowed to regenerate, and pasturelands have been abandoned, forming scrublands and secondary forest. Pursuant to Decree No. 27998-MINAE, in its Article 1, Secondary Forest is defined as: "For the purposes of this decree, secondary forest is considered as follows: Land with woody vegetation of secondary successional character that develops once the original vegetation has been eliminated by human activities and/or natural phenomena, with a minimum area of 0.5 hectares, and with a density of less than 500 trees per hectare of all species, with a minimum diameter at breast height of 5 centimeters." From the foregoing, it is evident that this involves a second successional regeneration, which implies that the title applicant has been concerned with recovering the lands by allowing them to regenerate after having, at some point, been stripped of all vegetation, demonstrating their intention to conserve natural resources. This Tribunal considers that not allowing them titling would be a punishment for trying to regenerate the resources, which could rather serve as an incentive for lands lacking plant cover not to be allowed to regenerate, because doing so would prevent their titling; this could be misinterpreted, which this court considers would be a contradiction if what is being pursued is the protection of resources.

Therefore, the appellant is not correct in its grievances, and the appealed judgment must be affirmed.

THEREFORE:

The appealed judgment is affirmed, as to the matters that were the subject of the appeal.

 

 

\t

*EWGVD43PMV3061*

EWGVD43PMV3061

[Nombre9]   –

JUEZ/A DECISOR/A

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*DLTIEQ4LY2461*

DLTIEQ4LY2461

[Nombre10]    -

JUEZ/A DECISOR/A

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*J4NIJW3JJSQ61*

J4NIJW3JJSQ61

[Nombre11]   –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

             

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:18:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República