Res. 00194-2015 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Environmental impact assessment during geological investigation phase of the Térraba PHDEvaluación de impacto ambiental en fase de investigación geológica del PHD Térraba

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00194 - 2015

Fecha de la Resolución: 17 de Noviembre del 2015 a las 15:15

Expediente: 11-001691-1027-CA

Redactado por: Cynthia Abarca Gómez

Clase de asunto: Proceso de trámite preferente

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convenio sobre protección de pueblos indígenas y tribales, Convenio OIT N° 107, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio OIT N° 169

Normativa internacional


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Estudio de impacto ambiental

Subtemas:

Consideraciones sobre su procedimiento y fases constitutivas.
Definición de "Evaluación estratégica ambiental".

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

Definición y características.

“I. Tomando en cuenta lo expuesto supra en relación con las precisiones efectuadas en torno al objeto de este proceso, el Tribunal entiende que la pretensión primera de las demandantes se orienta a que se le ordene al ICE que, en caso de ejecute obras constructivas o ingrese a la fase de inversión u operativa del proyecto, cumpla con efectuar la evaluación de impacto ambiental que corresponda. Lo anterior porque, según se infiere de las argumentaciones expuestas por la parte actora, algunas de las actividades impactantes autorizadas ambientalmente en el expediente No. 366-2005-SETENA, van más allá de la investigación geológica, en tanto constituyen obras constructivas que se corresponden más con una fase de inversión u operativa del proyecto; sin que éstas fueran evaluadas con el instrumento ambiental exigido tomando en cuenta su verdadera naturaleza. Sobre este punto, cabe reiterar que en este proceso no se ha formulado ninguna pretensión anulatoria que habilite al Tribunal a revisar la legalidad de las actuaciones y actos mediante los cuales la SETENA otorgó las viabilidades ambientales correspondientes para el proyecto "Estudios geológicos en el Sitio Térraba". Sin embargo, de las argumentaciones y la pretensión material de las actoras, sí se infiere que se reclama una conducta omisiva de la SETENA al no exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y permitir que, con una viabilidad ambiental sustentada en una DJCA, se permitiera la ejecución de obras u actividades propias de una fase constructiva o de inversión, que requerían de un instrumento ambiental diferente, como lo sería, a juicio de las demandantes, una Evaluación Ambiental Estratégica o un Estudio de Impacto Ambiental. Desde esta perspectiva, la forma en que se fijó la pretensión permite a este Tribunal analizar la naturaleza de las actividades impactantes autorizadas, en su momento, por la SETENA para establecer si las mismas corresponden a actividades meramente de investigación geológica o a obras constructivas asociadas a esta fase o una etapa de inversión que hiciesen necesario un instrumento de evaluación ambiental diverso al que, en su momento, se autorizó. Lo anterior no para anular lo actuado porque, insistimos, ese extremo no fue pedido por la parte actora; sino únicamente para fijar los límites y reglas impuestas por el ordenamiento jurídico y los hechos, para el ejercicio legítimo de las potestades administrativas que, en este caso, el ICE y la SETENA ejercerían en el supuesto de que se reabriera una nueva fase de investigación geológica del PHD. Lo anterior, claro está, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que ese ente y órgano conserven, tal cual se deriva del inciso f) de los artículos 42 y 122 del CPCA, así como los numerales 15, 15 y 158 inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido y para efectos de delimitar el examen que se efectuará, debemos iniciar señalando que en este proceso no se demostró que el ICE hubiese ejecutado actividades o labores propias de la fase de inversión, operativa o de ejecución del PHD en el territorio indígena de Térraba. Para el Tribunal, no se allegaron los elementos demostrativos suficientes y necesarios que permitieran establecer, con la contundencia debida, ese hecho. Por el contrario, las probanzas recabadas se orientan mucho más a confirmar que las labores y actividades ejecutadas por el ICE dentro del expediente No. 366-2005-SETENA hasta aproximadamente mayo del 2011 eran, en general, propias de la investigación, exploración y experimentación geológica requerida previo a aquella, sea, la ejecución del PHD. Así se infiere de los testimonios rendidos por Mauricio Varela Ramírez, quien ocupaba el cargo de Coordinador del Área de Ingeniería Geotécnica del ICE, y en lo medular, señaló que el informe rendido por INGETEC en noviembre del 2005 no suponía el inicio de las obras constructivas ni contemplaba los planos o diseños finales. Por su parte, el Ingeniero Diego Campos García, quien fuera Coordinador de Obras Subterráneas, insistió en que las actividades ejecutadas con ocasión del referido expediente fueron de investigación geológica y estaban autorizadas por la SETENA, tanto para las obras como para sus dimensiones. Elías Alfaro Zamora, Ingeniero Forestal quien ocupó el cargo de Coordinador Ambiental del PHD, manifestó que las actividades efectuadas en el expediente No. 366-2005-SETENA fueron investigativas y de obras asociadas. Finalmente, Pablo Bermúdez Vives, analista de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA señaló que las actividades que se describían en el referido expediente eran propias de la etapa de investigación y, aunque en lo referido a la magnitud no estaba claro, no parecían ser de inicio de labores. El único testigo que difiere sobre este aspecto es Leonel Chacón Castro, quien es geólogo e ingeniero en construcción e indicó que, en su criterio, el PHD se encontraba en la fase constructiva. Según expuso, llega a esa conclusión por distintos indicadores como lo eran la organización que el ICE mantiene aún en la página oficial del Diquís, por el tipo de obras que se ejecutaban, así como por la cantidad de recursos y material que se manejó. Sin embargo, en este punto el Tribunal se inclina por dar credibilidad al testimonio rendido por Varela Ramírez, Campos García, Alfaro Zamora y Bermúdez Vives por encima del de don Leonel, por las siguientes razones. Aún y cuando este último trabajó para el ICE en distintos proyectos hidroeléctricos como el de Arenal y el de Corobicí y no dudamos de la experiencia que, en el tema de proyectos hidroeléctricos, posee; lo cierto es que casi no mantuvo relación con el PHD dado a que dejó de laborar para ese ente en el año 2006. Por ende, no tuvo relación directa con las labores efectuadas al amparo del expediente No. 366-2005-SETENA ni estuvo en el sitio en que se ejecutaron éstas. Sus apreciaciones sobre la organización que rodea al proyecto se basan, en lo fundamental, en lo que señala la página oficial del sitio la que, en nuestro criterio, no es un elemento contundente para concluir que se corresponde con una fase constructiva o de inversión. Lo anterior por cuanto nada obsta que ese organigrama fuese proyectado para cuando el proyecto hubiese alcanzado todas sus fases ni que esté actualizado. Por otra parte, los datos que brindó el deponente referidos a la cantidad de personal y recursos que se manejaron, no se sustentan en fuentes idóneas. Si a lo anterior se le agrega que el señor Rojas Castro no estuvo en el sitio mientras se ejecutaron las obras, solo es posible concluir que se trata de apreciaciones subjetivas que carecen de certeza. En relación con las obras que se ejecutaron y conforme analizaremos infra, estimamos que tampoco es un elemento distintivo de la fase de inversión toda vez que existen actividades de investigación que, por sí, tienen una naturaleza constructiva como lo es la excavación, según lo manifestó el propio don Leonel. Ahora bien, descartando que las actividades efectuadas en el expediente No. 366-2005-SETENA correspondan a una fase de inversión u operativa, corresponde analizar si dentro de la fase de investigación geológica a la que hemos venido hacienda referencia se ejecutaron obras de naturaleza constructiva y, en caso de que así se hubiera hecho, cuál es el instrumento ambiental idóneo para evaluar esas actividades impactantes. Pues bien, se ha tenido por acreditado que al amparo de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 2766-2009-SETENA citada, el ICE llevó a cabo, en la margen derecha del Río General y en la Reserva Indígena de Térraba, actividades cuya naturaleza es de investigación geológica como perforaciones y exploraciones; pero también ejecutó obras constructivas asociadas a esa investigación, tales como movimientos de tierra, excavaciones (del portal, de la ventana de acceso, de la intersección y de la galería de investigación que se situaba en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) y la construcción de muro de gaviones. A esa conclusión se llega luego de valorar, con base en las reglas de la sana crítica racional, distintos elementos probatorios como lo son el cuaderno de bitácora, el reconocimiento judicial y las declaraciones de Leonel Campos, Elías Alfaro Zamora, Diego Campos García y Pablo Bermúdez Vives. Veamos. La primera de las obras de naturaleza constructiva efectuada en esa fase de investigación fue el muro de gaviones, autorizado en resolución No, 2766-2009-SETENA de la siguiente manera "(...) 2.6.1 Dique de protección con muro de gaviones: Con el fin de brindar una terraza de trabajo segura y dar seguridad al personal operativo en la época de lluvias fuertes, ayudando a la contención del agua del río en caso de crecientes. Tiene 6 m de altura, 110 m de longitud y el ancho varía según la altura, entre tres y un metro de ancho, con unos 1540 m3 de volumen de piedra (...). Desde el inicio de las anotaciones que constan en el expediente administrativo denominado "Bitácora", se indicó que se había tomado la decisión de intensificar el llenado de gaviones en la zona de aguas arriba del muro para generar una defensa en caso de que río creciera (folio 01). Ese proceso continúa hasta el 22 de mayo del 2010, fecha en la que finaliza y posteriormente se lanza concreto en la cara del muro que da al río (folios 13 y 15). La existencia de ese muro de gaviones la constató el Tribunal durante el reconocimiento judicial, tal cual consta en la grabación respectiva. Consideramos que se trata de una obra de naturaleza constructiva para la cual se requiere, incluso, el permiso de construcción respectivo tal y como se infiere de los artículos 1,2 y 74 de la Ley de Construcciones. Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que se trata de una obra efectuada en la margen derecha del cauce del Río General, aspecto sobre el cual, y pese a la declaración del Ingeniero Alfaro Zamora (que omite referirse a la construcción del muro de gaviones como una obra efectuada en el cauce del río), el Tribunal no tiene ninguna duda, dado a lo que se observó en el reconocimiento judicial. El lugar donde se construyó ese muro de gaviones hacía necesario que se gestionara la autorización a la que hacen referencia los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. Pues bien, no consta en autos que el ICE hubiese gestionado u obtenido el permiso de construcción respectivo para levantar ese muro ni la autorización a la que refiere la Ley Forestal. Otra de las obras de naturaleza constructiva efectuada en la fase de investigación son los movimientos de tierras efectuados, al menos, en dos supuestos. El primero de ellos es el que refiere el Ingeniero Forestal Elías Alfaro Zamora, quien ante una pregunta del Tribunal señaló que sí los hubo y que estaban asociados al mejoramiento de las vías de acceso, particularmente en relación con los trillos existentes en la finca y porque se requerían para el ingreso de la maquinaria perforadora. Nuevamente, tampoco se demostró que ese movimiento contara con los permisos municipales que se derivan de los numerales 1, 2 y 74 de la Ley de Construcciones. El Ingeniero Alfaro Zamora manifestó que, hasta donde él entendía y para los efectos del ICE ese tipo de movimientos que realizara esa institución no demandan ni requieren este tipo de permisos. El Tribunal no comparte esa posición. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, entre ellas, la sentencia No. 115 -2011-VI, dictada a las 15 horas 15 minutos del 3 de mayo de 2011, no concebimos que el ICE ostente una suerte de tratamiento especial que le permita no sujetarse a los permisos u autorizaciones que el ordenamiento jurídico impone para ejecutar obras constructivas, explotar o aprovechar bienes de dominio público; y ello no se deriva, ni siquiera, de la norma que lo crea, a saber, el Decreto Ley No. 449. Esa normativa lo que crea son potestades (poderes-deberes) en favor del ICE, entre ellos encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar de los habitantes del país; situación que no conlleva persé una exención o exclusión de las autorizaciones o permisos que el mismo ordenamiento establece para actividades específicas, ni tampoco confiere un derecho de aprovechamiento de las aguas de la Nación. Por el contrario, una interpretación integral del Decreto Ley No. 449 en relación con el ordenamiento jurídico, en especial, de las normas que regulan la planificación urbana, el medio ambiente, el derecho a edificar, la protección el recurso hídrico y las regulaciones referidas a la prestación de los servicios públicos, permiten concluir que esa potestad debe ejercerse dentro de los límites que el propio ordenamiento dispone, siendo uno de ellos, precisamente, la obtención de estos permisos, autorizaciones o concesiones, según corresponda dependiendo de la actividad que se realice. El artículo 2 del Decreto Ley señala que esa institución debe procurar la utilización racional de los recursos naturales, evitando una explotación destructiva y desperdiciada de los mismos. Asimismo, se le encomienda conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los ríos y corrientes de agua. Así, una correcta hermenéutica del Decreto Ley No. 449 no puede llevarnos a afirmar que existe una desaplicación de la normas legales que imponen condiciones y limites al ejercicio de actividades constructivas y menos aún que se exima al ICE de solicitar las respectivas habilitaciones para tales efectos. Más bien, es indispensable que el ICE se someta a toda la normativa de tutela del ambiente y de los recursos naturales, lo que implica que se solicite y apruebe las referidas autorizaciones. No ignora este Tribunal la necesidad de desarrollar y ejecutar proyectos hidroeléctricos que faciliten el cumplimiento de los fines encomendados al ICE. Sin duda este tipo de actividad es de interés público, sin embargo, los fines legales que persigue no pueden ser logrados al margen de las regulaciones y condiciones establecidas por normas legales para tales efectos. Lo anterior porque el ICE está sometido al ordenamiento jurídico por lo que, previo al ejercicio de este tipo de actividades (obras en cauce de río, movimientos de tierras y excavaciones) debe contar con las autorizaciones respectivas. Sobre este tema, puede consultarse también, la sentencia No. 0001309-F-S1-13, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14 horas 5 minutos del primero de octubre del 2013, que confirmó la resolución No. 115-2011-VI citada. El segundo supuesto en el que identificamos los movimientos de tierras es en la actividad referida a la excavación, según analizaremos de seguido. En su deposición Don Leonel explicó que, tratándose de túneles, existen dos etapas constructivas, a saber, la excavación y el revestimiento. Luego, ante una pregunta de este Tribunal, don Pablo manifestó que cualquier excavación era una obra constructiva. Lo anterior resulta conteste con el artículo 55 del Decreto Ley de Construcciones, norma que establece que para llevar a cabo cualquier trabajo de excavación deberá recabarse por un Ingeniero el permiso previo de la Municipalidad la que lo concederá previa aprobación del proyecto o memoria sobre precaución. Por su parte, el ordinal 56 del mismo Decreto Ley establece que se deberán tomar precauciones para impedir que los movimientos del terreno en donde se excava, causen perjuicios a las construcciones y a los servicios públicos situados en su inmediación. Pues bien, ya desde el inicio de su declaración, Don Elías Alfaro indicó que en el expediente No. 366-2005-SETENA se autorizaron actividades investigativas y obras asociadas. Si se observa con cuidado, el expediente administrativo rotulado como "Bitácora" refiere al control de las obras relacionadas con la galería exploratoria en la margen derecha del sitio de presa (folio 00 de la bitácora) e indica expresamente la excavación de la galería exploratoria propiamente dicha. Si se observan las anotaciones diarias efectuadas en el cuaderno de bitácora de obra, se refleja todo el proceso seguido para tales efectos, que inició con el ingreso de la excavadora hasta el sitio del portal, entendiendo por éste la protección que se hace para ingresar al macizo rocoso (declaración de Diego Campos García). Se anotó que el material se mostraba muy inestable cuando se inició con la excavación y que se profundizó la excavación del primer banco con el fin de buscar un terreno más estable a una profundidad mayor (folio 11 de la bitácora). Ese proceso de excavación continúa hasta el 21 de junio del 2010, día en que se finalizó el proceso de barrenación del cuarto y último banqueo para la conformación del portal (folio 18 de la bitácora). Posteriormente, se inició con la colocación de los arcos en el exterior del talud para la conformación del portal e iniciar con la excavación de la galería (folio 19 de la bitácora). Se continúa con el proceso de excavación subterránea aplicando el método de voladuras. Primero se excavó la ventana de acceso, que es la distancia o el corredor que existe entre el portal y el sitio de investigación, y que constituye el medio de acceso a la galería exploratoria (declaración del Ingeniero Campos García). Se avanzó con la excavación de la ventana de acceso, utilizando como refuerzo temporal pernos de anclaje y concreto lanzado (folio 24 de la bitácora). Conforme a la declaración del Ingeniero Campos García, esos soportes temporales se utilizan porque al realizar las voladuras el material queda expuesto, se descompresiona, trata de caerse y requieren de un soporte hasta que que se haga el revestimiento de la ventana. Don Leonel Rojas Castro manifestó que cuando se hacen excavaciones, si la roca se cae era necesario colocar pernos que la sostuvieran. Agregó que si el material era malo, se utilizaba otro soporte temporal como por ejemplo arcos. Ambos testigos coinciden en que se les denomina soportes temporales, no porque estén ligados a un tiempo determinado o luego se quiten; sino porque se mantienen hasta que se aplica el revestimiento. El proceso de excavación de la ventana finalizó con un avance de 145.15 metros y lo que seguía era iniciar el proceso de excavación de la ampliación de la intersección (folio 28 de la bitácora). Explicó el Ingeniero Campos García que la intersección es el entronque entre la ventana y la galería; y que cuando se ingresa por la ventana llega un momento en que la galería es perpendicular y se ocupa que la maquinaria que ingrese pueda girar. Por eso se hace la ampliación de la intersección, para que el equipo pueda girar. Para esa ampliación no se utilizaron soportes temporales de marcos de acero, porque el material era bueno y estable (así se indica también en el folio 28 del cuaderno de bitácora). Una vez ampliada la intersección, se avanzó en la excavación sobre el alineamiento de la galería exploratoria, utilizando soportes temporales de malla electrosoldada, pernos de anclaje y concreto lanzado (folios 29 y 30 de la bitácora). Cabe resaltar que durante el avance de la excavación de la galería, se tomaron algunas previsiones relacionadas directamente con la construcción de los túneles de desvío y la corona de éstos. Así se infiere de los folios 30, 31, 37 del cuaderno de bitácora, y será un punto que analizaremos infra. La excavación continúa, también, a la sección ampliada de la galería y en dirección opuesta, sea, río abajo (folios 37, 38 y 39) hasta el cierre técnico de la galería de exploración de la margen derecha del Río General cuando se había excavado 215,5 metros en el sentido aguas arriba y 166,7 metros en el sentido aguas abajo, para un total del 382, 23 metros excavados (folio 43). Para el Tribunal, lo expuesto deja en evidencia que las excavaciones efectuadas en la ventana de acceso y la galería de investigación sí constituyen obras constructivas que, aunque se hubiesen autorizado por la SETENA, se hubieran efectuado en la fase de investigación y fuesen necesarias para ésta, no pierden esa naturaleza. Y esa condición es importante, sobre todo, para efectos ambientales, según veremos supra. Pero, además, también se acreditó que con la excavación de la galería de investigación, el ICE también excavó aproximadamente 43 metros cuadrados (correspondientes al área de la galería de investigación ubicada en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) de los 175 metros cuadrados que tendría uno de los futuros túneles de desvío (declaración de Diego Campos García, expediente administrativo rotulado "Bitácora"). En este sentido, debemos tener presente que con la resolución No. 2766-2009-SETENA citada y los informes técnicos que le sirven de sustento, se autorizó la ampliación de actividades dentro de la fase de investigación del proyecto "Estudios geológicos Sitio Térraba". Una de las actividades adicionales que se autorizó fue la "(...) Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Térraba (en la margen derecha del río General) para los túneles de desvío. (...) 2.6 Galería de exploración geológica de los túneles de desvío: Se refiere a los túneles de desvío del río, requeridos para la protección del área de construcción de la presa, y consistirán en dos excavaciones subterráneas sobre la cota 141 m .s.n.m. Las características de los túneles y sus dimensiones fueron modificadas en la propuesta de la Adenda a la solicitud de ampliación de la viabilidad ambiental (ver punto 1). (...)". Como se observa, desde el momento en que se solicitó la ampliación y adenda a la viabilidad ambiental otorgada en el expediente No. 366-2005-SETENA citado, el ICE conocía que la galería que se habilitaría en el sitio Térraba lo sería para la investigación geológica de los futuros túneles de desvío. El Ingeniero Campos García manifestó que siempre se indicó que la galería de investigación tenía que ser en el eje de los futuros túneles de desvío y justificó esa decisión porque si lo que se necesitaba era investigar los referidos túneles, se tenía que hacer en ese eje, porque si no la información obtenida no sería representativa. Por su parte, del cuaderno de bitácora puede inferirse que hubo un momento a partir del cual con el avance de la excavación de la galería de investigación, se avanzó también en la excavación de, al menos, uno de los futuros túneles de desvío. Por ejemplo, el 13 de octubre del 2010 se anotó que "(...) Se decide no realizar chorreas de piso ya que la solera sería removida durante la construcción del túnel de desvío 2, de tal modo que no se colará la solera en el piso hasta tanto no sea absolutamente necesario (...) (folio 30); el 21 de octubre de ese mismo año se indicó que "(...) La excavación continúa sin problemas. La próxima semana se tomará la decisión de donde (sic) se realizarán las excavaciones a sección completa de la corona de los túneles de desvío para las investigaciones de geología y geotecnia. (...)" (folio 31); y el 14 de diciembre se señaló que "(...) El 03 de diciembre se comenzó con el proceso de ampliación de la galería desde la estación 223,04 en adelante, esto para investigar el comportamiento del terreno con el arco del túnel definitivo de desvío. (...)" (folio 37). El Ingeniero Campos García refuerza esta posición cuando señaló que si los túneles de desvío se hacen ya eso está excavado porque se hizo investigación, y que era una ganancia adicional aunque no una excavación como tal. Luego, explicó que el área de la galería era de 43 metros cuadrados y la del futuro túnel de desvío era de 175 metros cuadrados, por lo que se había excavado simplemente un 24% del área futura de los túneles de desvío. También, que se habían previsto dos túneles de desvío gemelos, paralelos de 14 metros cada uno para lo que se excavaría en total aproximadamente 250.000 metros cúbicos de material, y que lo se excavó hasta el momento del cierre técnico fue de 12.000 a 13.000 metros cúbicos, lo que corresponde a menos de un 6% de la excavación total. De las probanzas analizadas, concluimos que con la excavación de la galería de investigación geológica, el ICE también excavó un porcentaje de lo que en el futuro sería, uno de los túneles de desvío del PHD; lo que refuerza que sí se efectuaron obras de naturaleza constructiva en esa fase de investigación, algunas referidas a la corona de uno de los futuros túneles de desvío. Y estimamos que esa decisión adoptada por el ICE no necesariamente es indebida, como tampoco lo es la modificación aprobada para que las dimensiones de esa galería de investigación coincida con la de los futuros túneles de desvío. Por el contrario, del testimonio de don Alexis Cerdas Salas y don Diego Campos García se evidenció la importancia de las investigaciones o exploraciones geológicas en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico de la naturaleza y dimensiones del Diquís. Por ende, si era posible investigar el comportamiento del macizo rocoso en el sitio exacto o lo más aproximado al eje de los túneles de desvío y que con la excavación de la galería se avanzara con la de los túneles; todo parece indicar que técnicamente era debido hacerlo para conocer la calidad y características del material, su estabilidad, lograr que una mayor eficiencia en los costos, una mayor seguridad, en tanto se minimizan los riesgos así como un uso más adecuado de la tecnología. Sin embargo, estimamos que si junto a la investigación geológica se excavó parte de los túneles de desvío, aunque fuese en un porcentaje pequeño, así debió indicarse a SETENA por las implicaciones ambientales que ello puedo haber traído, según analizaremos de seguido.

VII.- Precisamente, en sus argumentaciones la parte actora reclama una conducta omisiva de SETENA a la hora de establecer el instrumento ambiental con base en el cual se autorizó la ejecución de actividades como las señaladas en el Considerando anterior en el proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba". Si bien en este proceso no se formula ninguna pretensión anulatoria de actuaciones (formales o materiales) de la SETENA en el procedimiento ambiental tramitado bajo el expediente No. 366-2005-SETENA, lo cierto es que los pedimentos de las actoras se dirigen a que se ordene a los entes públicos involucrados adoptar algunas acciones correctivas en materia ambiental, para que en el supuesto de que el proyecto se reanude o continúe se cumpla con la normativa ambiental vigente y considerando que su desarrollo lo será, al menos, en el territorio indígena de Térraba, donde ellas habitan. Bajo esa línea, estimamos necesario efectuar algunas consideraciones respecto de lo actuado en SETENA para que sirva de parámetro a efectos de resolver lo pedido. Como hemos venido señalando, mediante la resolución No. 1584-2005-SETENA se autorizó la viabilidad ambiental para el proyecto "Estudios Geológicos en Sitio Térraba", cuyo desarrollador era el ICE. En lo fundamental, en esa resolución se autorizaron actividades como perforaciones geológicas, excavación de galerías de investigación y la habilitación de trillos y senderos (así se infiere de la propia conducta administrativa y de la declaración de Elías Alfaro Zamora). En ese expediente el ICE aportó un FEAP y el instrumento de evaluación ambiental con base en el cual, en definitiva, se autorizó la viabilidad ambiental indicada fue una DJCA. Lo anterior conforme a lo establecido en las resoluciones No. 587-1997-SETENA y No. 693-1997-SETENA, vigentes a la fecha de presentación del FEAP. Posteriormente, en el año 2009 el ICE gestionó ante la SETENA una ampliación a la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución No. 1584-2005-SETENA citada y una adenda a la solicitud de ampliación referida. La primera solicitud (ampliación) se fundamentó en la necesidad obtener datos geológicos relacionados con los sitios de obras del referido proyecto a efectos de recabar información fundamental para los diseños ingenieriles y que no había sido posible obtener con las exploraciones efectuadas hasta el momento. Además, manifestó que las actividades adicionales de investigación que se planteaban y sus impactos ambientales no diferían en nada de lo planteado originalmente en ese expediente (folios 222 al 495 tomos I y II del expediente administrativo SETENA No. 366-2007). La solicitud de adenda a la de ampliación se justificó técnicamente en los recientes cambios en las galerías pedidas en la solicitud de ampliación, adjuntando dos informes técnicos suscritos por el Ingeniero Diego Campos García, Coordinador de Obras Subterráneas del PHD (folios 12 al 27 de la carpeta administrativa correspondiente a la Adenda planteada en el expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA, la SETENA aprobó la nueva DJCA sometida a evaluación por el ICE con base en la solicitud de ampliación de viabilidad ambiental y a la adenda a la solicitud de ampliación referida. En lo que interesa, con esa ampliación a la viabilidad ambiental se autorizaron actividades como: 1) Perforaciones adicionales en el sitio Térraba. 2) La habilitación de una galería de exploración geológica de los túneles de desvío requeridos para la protección del área de construcción de la presa. Eso incluía dos excavaciones subterráneas sobre la cota 141 m.s.n.m. Las características de los túneles y sus dimensiones fueron modificadas en la propuesta técnica de la Adenda a la solicitud de ampliación de la viabilidad ambiental. Como parte de los cambios autorizados se incrementó el tamaño de los túneles de desvío a un diámetro de excavación de 175 metros cuadrados, y se redujo su longitud a 675 metros y 789 metros; una m odificación en el diámetro de excavación de la ventana de acceso a 6 metros de altura y 6 metros de ancho del piso para un área de excavación de 32.14 metros cuadrados; una modificación en el diámetro de excavación de la galería de investigación de 4 2.73 metros cuadrados con una altura de 4.5 metros y un ancho de piso de 134.08 metros. 3) Un dique de protección con muro de gaviones de una altura de 6 metros, 110 metros de longitud y el ancho varía según la altura, entre tres y un metro de ancho, con unos 1540 m3 de volumen de piedra. 4) La habilitación de una terraza de maniobras para la excavación de la ventana y la galería. 5) Instalaciones necesarias para atender al personal: comedor, dispensario, bodegas, oficinas, etc. 6) La rehabilitación de camino interno existente en la finca. 7) La habilitación y manejo de escombreras y la rehabilitación de sus acceso s. 8) La construcción de un plantel tipo bodega-patio de materiales. 9) Corta de árboles en un área de potrero (folios 522 al 534 del tomo II del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). En lo fundamental, las actoras reclaman que esa ampliación a la viabilidad ambiental no debió aprobarse como tal ni con una declaración jurada de compromisos ambientales porque, por la naturaleza de las obras y el porcentaje de modificación de éstas respecto del proyecto originalmente evaluado, requería de un EsIA. Además, sostienen, lo imponía la normativa vigente a la fecha de presentación de la solicitud de ampliación y adenda. Al respecto, debemos insistir que en este proceso no estamos discutiendo sobre la legalidad de lo actuado por SETENA en la ampliación a la viabilidad ambiental o sobre la invalidez de esta última, ya que fueron las propias accionantes quienes desistieron de estos pedimentos anulatorios. El examen de legalidad que efectuará este Tribunal lo será únicamente a efectos de establecer si existió alguna conducta omisiva de la SETENA al momento de autorizar otorgar viabilidad ambiental a las actividades indicadas en la gestión de ampliación y adenda referidas; y ello únicamente para que, en caso de que el proyecto en cuestión se retomara, el órgano ambiental ajuste su actuación al ordenamiento jurídico. Bajo esa línea, el Tribunal considera que la ampliación y modificación a la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 1584-2005-SETENA citada que fueran gestionadas por el ICE en el año 2009, debió tramitarse como una nueva y diferente solicitud por razones jurídicas y técnicas, según explicamos. Según se tuvo por acreditado, las gestiones de ampliación y adenda a la viabilidad ambiental inicialmente otorgadas por la SETENA para el proyecto "Estudios geológicos en Sitio Térraba", fueron presentadas en julio y setiembre del 2009. Para esa fecha, ya estaba vigente el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 del 24 de mayo del 2004, que fue publicado en La Gaceta No. 125 del 28 de junio del 2004. Los transitorios de esa norma señalaban que "(...) I.— La SETENA, en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la publicación del presente reglamento, procederá a publicar el nuevo "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental" —Manual de EIA, o los Manuales específicos para los artículos que así lo requieran y procederá a actualizar los montos de los costos de todos los instrumentos técnicos, documentos y servicios que presta. Los aspectos regulados mediante las Resoluciones Administrativas N° 588-97, publicada en La Gaceta N° 215 del 07 de noviembre de 1997, y la N° 643 -97-SETENA, publicada en La Gaceta N° 201 del 20 de octubre de 1997, se mantienen vigentes, hasta tanto se publiquen las resoluciones que las modifiquen; excepción hecha de los aspectos contenidos en este reglamento. (...)". (el resaltado no corresponde al original). Los manuales a los que hace referencia la norma indicada fueron adoptados en el Decreto No. 32712, del 19 de julio del 2005 y publicados en La Gaceta No. 223 del 18 de noviembre del 2005, y en el artículo 12 de ese conjunto normativo se derogó la Resolución No 588-1997 SETENA citada. Así las cosas, el Tribunal no encuentra ningún fundamento jurídico para que esa norma no haya sido aplicada, máxime cuando el propio transitorio establece que, aún partiendo de la vigencia de la resolución No. 588-1997-SETENA citada, los aspectos contenidos en el reglamento debían ser aplicados, en cumplimiento del Principio de Inderogabilidad Singular de las Normas que regula el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Si la norma reglamentaria hubiese sido aplicada, la modificación a la viabilidad ambiental ya autorizada debió haber sido valorada a partir de parámetros diferentes. Por ejemplo, el artículo 1 define las actividades, obras o proyectos nuevos como aquellos que pretendan desarrollarse con posterioridad a la entrada en vigencia de ese reglamento y que cumplieran con una o una combinación de las siguientes características: a. Que implique un cambio de uso del suelo. b. Que se encuentren señalados dentro la lista incluida en el Anexo Nº 2 de ese reglamento. c. Que sin generar un cambio en el uso del suelo, propicie una modificación de la categoría de impacto ambiental potencial (IAP), hacia un nivel mayor, conforme a la lista incluida en el Anexo Nº 2 indicado. Además, las categorías de impacto ambiental cambian (artículo 6) y van desde alto, moderado o bajo impacto ambiental, según se establece en el Anexo Nº 2 de ese reglamento. Conforme al numeral 20, los rutas de decisión dependerán de las calificación final de la significancia ambiental de modo que en los proyectos, obras o actividades de baja significancia ambiental el instrumento ambiental que se exija será una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales; los de moderada, un Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental y los de alta, un Estudio de Impacto Ambiental. Por su parte, el ordinal 46 señala que en su inciso 2) que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la LOA y el indicado reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el referido reglamento. Y el inciso 3) de la misma norma establece que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación y que cuenten con EsIA aprobado, y para los cuales, como producto de su desarrollo deba realizarse un ajuste al diseño original, podrán mantener su viabilidad (licencia) ambiental ya otorgada, siempre y cuando se ajusten a los siguientes términos: a. Que se presente un informe técnico ambiental, elaborado por un consultor ambiental responsable, de Readecuación Ambiental del Diseño Original, según el formato que la SETENA defina. b. Que el ajuste del diseño, no implique cambios sustanciales al diseño original, es decir que tales cambios, no impliquen una modificación de la categoría de Impacto Ambiental Potencial (IAP), aprobado por la SETENA en el proyecto original, tales como el cambio de la actividad, obra o proyecto, cambio del sitio de ubicación del área de proyecto y que el proceso productivo planteado sea similar al que originalmente se planteó. c. Que se haga una comparación de los impactos ambientales evaluados y sus medidas y una ampliación necesaria de los mismos, cuando así sea requerido, de forma tal que el proyecto, obra o actividad, mantenga el estatus de equilibrio ambiental que se le otorgó durante la evaluación de impacto ambiental. Además, deberá realizarse el ajuste al Pronóstico Plan de Gestión cuando técnicamente se justifique, con las medidas ambientales producto de dicho análisis. La verificación del cambio de estas condiciones será avalada por la SETENA con base en una resolución administrativa, en un plazo máximo de diez días hábiles, a efecto de mantener la vigencia de la Licencia Ambiental. Para el Tribunal, estos aspectos debieron ser valorados por la SETENA para establecer si la ampliación implicaba modificaciones a la categoría ambiental otorgada inicialmente al proyecto a efectos de mantener el equilibrio ambiental, dada los impactos que las actividades adicionales podrían provocar. Lo anterior por cuanto se ha tenido por acreditado que al amparo de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 2766-2009-SETENA citada el ICE llevó a cabo actividades investigativas (como perforaciones y exploraciones geológicas), pero también obras constructivas asociadas a éstas, en la margen derecha del Río General y en la Reserva Indígena de Térraba tales como movimientos de tierra, construcción de muro de gaviones, excavación del portal, la ventana de acceso, la intersección y la galería de investigación (cuaderno de bitácora, reconocimiento judicial, declaración de Diego Campos García); incluso, que al amparo de esa misma viabilidad ambiental el ICE excavó aproximadamente 43 metros cuadrados (correspondientes al área de la galería de investigación ubicada en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) de los 175 metros cuadrados que tendría uno de los futuros túneles de desvío (declaración de Diego Campos García, expediente administrativo rotulado "Bitácora"). Recordemos que todo impacto ambiental debe ser objeto de medición, lo que se materializa en distintos instrumentos, entre éstos los estudios de impacto ambiental, a efectos de otorgar la correspondiente licencia de viabilidad ambiental. En este sentido, el citado reglamento, en el numeral 3, en su inciso 37 conceptualiza la Evaluación de Impacto Ambiental como el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación del Impacto Ambiental, abarca tres fases constitutivas esenciales: a) una primera es la Evaluación Ambiental Inicial, b) la segunda es la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) un tercero se refiere al Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. Por su parte, el inciso 18 del artículo 7 de la Ley de Biodiversidad considera los estudios de impacto ambiental de la siguiente manera: “Procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental.” De lo anterior se desprende que la licencia o viabilidad ambiental, tal y como lo señala el inciso 63 del ordinal tercero del Reglamento de previa cita, representa la condición de armonía y equilibrio aceptable, entre el desarrollo y ejecución de la obra humana y sus impactos ambientales potenciales en el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de evaluación inicial, estudio propiamente o de otro documento del impacto. Ahora bien, las implicaciones de las obras humanas en el ambiente justifica y exige la evaluación de ese impacto en el medio. Consideramos que el tipo de actividades de naturaleza constructiva que llevó a cabo el ICE en este asunto (movimientos de tierra, construcción de túnel de gaviones y excavaciones), aunque se lleven a cabo en una fase de investigación, podrían tener una significancia ambiental más alta que las que son de simple investigación o exploración geológica (como perforaciones), en tanto, además infieren a una obra de gran envergadura como lo es una planta hidroeléctrica. Ese aspecto pudo ser valorado si se hubiese aplicado la normativa vigente al momento en que se solicitó la ampliación a la viabilidad ambiental ya otorgada. Y es que entre las actividades originalmente evaluadas y las que se incluyeron con la ampliación a la viabilidad ambiental, el proyecto sufrió modificaciones relevantes y sustanciales tanto en obras constructivas como en superficie y perforaciones. En este sentido, se tuvo por acreditado que entre las obras constructivas de investigación autorizadas en la resolución No. 1584-2005-SETENA (dos galerías de 150 m de longitud cada una) y las autorizadas mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA (una ventana de acceso de 130 m de longitud y una galería de investigación de 675 m de longitud), dentro del territorio indígena de Térraba, el proyecto autorizado en el expediente No. 366-2005-SETENA sufrió una modificación de obras constructivas de un 168%; que el porcentaje de modificación entre la superficie autorizada en la resolución No. 1584-2005-SETENA y la autorizada mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA dentro del territorio indígena de Térraba, tanto en áreas comparables como no comparables fue de un 427% y que el porcentaje de modificación entre las perforaciones autorizadas en la resolución No. 1584-2005-SETENA (una perforación de 100m y otra de 250 m de profundidad) y la autorizada mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA (cinco perforaciones que suman 540 m de profundidad en MD) dentro del territorio indígena de Térraba fue de un 50% (certificación visible a folios 2225 y 2226 del expediente judicial). En conclusión, resulta evidente,porque así se acreditó en esta litis, que la ampliación sí suponía una modificación sustancial, en magnitud y obras a realizar, al proyecto "Estudios Geológicos en Sitio Térraba" inicialmente autorizado; aspecto que es importante únicamente para que sirva de rector de las actuaciones que, a corto, mediano o largo plazo, efectúen tanto el ICE como la SETENA para la investigación y ejecución del PHD.

VIII.- A este nivel de análisis, estimamos importante señalar lo siguiente. Como explicamos, el expediente No. 366-2005-SETENA referido a los estudios de investigación geológica en el sitio Térraba fue cerrado y archivado, al menos en lo que refiere al sitio Térraba. Sin embargo, ante una pregunta del Tribunal sobre si esa fase se encontraba terminada para efectos ambientales, el Ingeniero Forestal Elías Alfaro Zamora manifestó, en lo medular, que en principio sí lo estaba, pero que si cuando se efectuara la consulta indígena surgiera algún elemento adicional de relevancia en esta materia, habría que considerarlo y, de ser necesario, se podría reabrir nuevamente esa fase. Lo mismo sucedería respecto de aspectos pendientes que no fueron considerados en aquella fase de investigación como por ejemplo, los arqueológicos. Si a lo anterior le agregamos el tiempo transcurrido entre la fecha en que el ICE concluyó esa investigación en Térraba (junio del 2011) hasta el día de hoy; resulta evidente que tanto la investigación como los riesgos geológicos que en ese momento se ponderaron, y los aspectos ambientales que en aquel momento fueron valorados podrían haber cambiado; lo que puede llevar a que el ICE estime necesario reabrir o retomar la fase de investigación geológica previo a la ejecución del PHD. En ese supuesto y dentro del marco de lo pedido por las demandantes, estimamos necesario establecer algunos límites al ejercicio de las potestades tanto del ICE como de las autoridades ambientales, con la finalidad de que su actuación se ajuste al ordenamiento jurídico. Lo anterior, claro está, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que resulta propio de cada uno de ellos. En ese sentido, si el ICE decide, a corto, mediano o largo plazo, retomar la fase de investigación geológica del PHD en el sitio Térraba deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, el cual se tramitará bajo un nuevo expediente (no como una modificación o ampliación) y se regirá por la normativa vigente al momento de su presentación, conforme a la cual deberá determinarse la calificación del proyecto, el nivel de significancia ambiental y el instrumento que deberá exigirse. Respecto de este último aspecto, la pretensión de la parte actora propone que la evaluación ambiental en el Territorio Indígena de Térraba lo sea a través de una Evaluación Ambiental Estratégica o un Estudio de Impacto Ambiental. De inicio, hay que advertir que la definición del instrumento de evaluación ambiental es una potestad que corresponde, en exclusiva, a la SETENA conforme, claro está, a las particularidades que para cada caso impone la normativa vigente. No obstante, estimamos conveniente advertir que, conforme a la prueba recabada, la EAE no parece ser el instrumento idóneo para tales efectos. Conforme al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica es el p roceso de evaluación de impacto ambiental aplicado a políticas, planes y programas. Por su característica y naturaleza, este tipo de proceso, se puede aplicar, además, a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano, o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Respecto de este instrumento, el Ingeniero Forestal Alfaro Zamora manifestó que tiene como ventaja que permite planificar un conjunto de situaciones impactantes pero que, en rigor, sirven para el análisis ambiental orientado a políticas planes y programas y que, en todo caso, no elimina ni descarta la aplicación de un estudio de impacto ambiental si las condiciones lo hicieran necesario. Explicó que no tiene mayor sentido en un territorio específico ni para espacios pequeños, ya que existen otros instrumentos ambientales más idóneos. Por su parte, Pablo Bermúdez Vives manifestó que la rigurosidad de una EAE no es comparable con la del EsIA ya que son instrumentos de diferente naturaleza; y que, en todo caso, la realización del primero no eximiría de la presentación de un estudio de impacto ambiental ya que, a lo sumo, dotaría de información de base a este último.

IX.- En definitiva, el Tribunal estima que la primera pretensión de las demandantes debe ser acogida parcialmente. Por las razones expuestas en los Considerandos precedentes, estimamos que no es procedente ordenarle al ICE que, de inmediato, complete la evaluación de impacto ambiental en la zona de la Reserva Indígena de Térraba (porque uno de los expedientes ya está cerrado y archivado en cuanto a la investigación geológica en Térraba refiere y la tramitación del otro, el No. 843-2007-SETENA, se encuentra suspendida), así como tampoco lo es definir el instrumento ambiental que debe aplicarse ni que lo sea únicamente para la zona de la Reserva Indígena de Térraba. Sin embargo, sí estimamos procedente advertir al ICE que, si decide, a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológico en el Sitio Térraba previo a la ejecución del PHD deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud y que la SETENA deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación establezca el ordenamiento jurídico, así como la significancia ambiental de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. Asimismo, el ICE deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en cauce de río como diques o muros de gaviones […]

 

X.- Sobre el análisis de la procedencia de la segunda pretensión. Las demandantes piden que se ordene al Estado y al ICE la generación de un plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias de todos los impactos y daños ambientales causados por las acciones u omisiones de las demandados ocasionadas en la Reserva Indígena de Térraba, sea por efecto directo o indirecto de la omisión de contar con un instrumento de evaluación de impacto ambiental propio de la etapa constructiva y operativa del proyecto, lo cual debe ser fiscalizado y aprobado por la SETENA. Luego de un mesurado análisis, estimamos que lo pedido es improcedente por las siguientes razones. La primera, es que parte del supuesto de que el ICE no contó con un instrumento de evaluación ambiental, cuando ya se ha establecido que sí se otorgó la viabilidad ambiental en las resoluciones No. 1584-2005-SETENA y No. 2766-2009-SETENA. Además, parte de que el PHD estaba en etapa constructiva, de inversión u operativa, aspecto que no fue demostrado en esta litis. Lo que se demostró fue que, estando en fase de investigación geológica, el ICE llevó a cabo obras y actividades constructivas. Si el instrumento ambiental autorizado por SETENA para éstas era o no el que correspondía conforme a la normativa vigente, ello en si mismo no incide enla producción de daños o impactos negativos en el ambiente, con ocasión de la obras constructivas realizadas por el ICE. Segundo, lo que se solicita (el plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias) lo es para reparar los supuestos daños o impactos ambientales que, se afirma, ocasionaron las acciones y omisiones de los demandados en la Reserva Indígena de Térraba. Pues bien, aún y cuando en este proceso se ha establecido que dentro de la fase de investigación correspondiente a los Estudios Geológicos en Sitio Térraba el ICE ejecutó obras constructivas, lo cierto es que las accionantes no prueban que éstas hayan provocado daños o impactos negativos ambientales dentro del Territorio Indígena de Térraba. El artículo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental define el impacto ambiental como el efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras características. También, define el daño ambiental como aquel impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de evaluación de impacto ambiental (evaluado ex –ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA). La norma diferencia el impacto negativo del daño ambiental, en la medida en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación para disminuir su alcance en el ambiente. En aplicación de la anterior disposición, el Ingeniero Forestal Alfaro Zamora, el impacto ambiental es cualquier alteración de una acción humana en el medio, que modifica los factores que componen el ambiente. Son causados por el ser humano, son potenciales en el tanto pueden proyectarse en el tiempo y pueden ser positivos o negativos. Devienen de una situación planificable, son controlables y en ese tanto se pueden establecer medidas correctoras a través de la verificación de su cumplimiento ya sea por monitoreo in situ o auditoría y seguimiento ambiental. Conforme al testigo, el criterio diferenciador con el daño ambiental, es que los impactos son situaciones derivadas de una autorización previa; mientras que el primero (daño ambiental) son impactos negativos que no cuentan con un aval previo, calificación ni tiene control. Otras características del daño ambiental es que es real y medible, antes y después, es negativo y tiene alta significancia, su origen es no planificado y lo que procede, una vez ocurrido es restaurar, reparar y compensar. A criterio del señor Alfaro Zamora, en el daño ambiental no hay autorización previa o bien puede provenir de un desacato a los compromisos ambientales adquiridos. En atención a lo indicado, estima pertinente este Tribunal llamar la atención en que la definición conceptual establecida en la regulación de cita conlleva el riesgo de tener como lícito y legítimo afectaciones graves al ambiente y sus diversos componentes. En efecto, para esta Cámara de Juzgadores, no resulta posible distinguir entre los conceptos "impacto negativo al ambiente" de "daño al ambiente", desde la óptica de la mera existencia de una autorización previa -emanada de parte del órgano competente, en este caso la SETENA- de la actividad generadora generadora del impacto y de la supuesta valuación (que necesariamente debe sustentarse en criterio objetivo, esto es, técnico y/o científico) de sus efectos en los componentes del ambiente. Nótese que cuando en la doctrina jurídica y normativa nacional en sentido genérico se habla de daño, se atiende al menoscabo, pérdida o detrimento que se produce en la esfera jurídica del damnificado, afectación que genera el deber de su reparación. Así, tratándose del bien jurídico "ambiente", cuya definición -al tenor del desarrollo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, al menos en las sentencias No. 2003-2864 y No. 2003-3656-, no está limitado a los elementos y/o recursos de la naturaleza (suelo, agua, aire, recursos marinos, costeros, minerales, bosques, biodiversidad biológica y paisaje), sino que se extiende al concepto de "entorno" (comprendiendo aspectos de planificación urbana, tutela del patrimonio histórico arquitectónico y el arqueológico); es que reviste de importancia el grado de afectación o alteración en sus elementos conformadores (bióticos y abióticos), en tanto con ello se puede quebrar el equilibrio ecológico y poner en riesgo la salud y vida de las personas (criterio antroporcentrista de la tutela del ambiente). En este sentido, un rasgo característico del daño al ambiente es que deriva de la conducta humana, tanto por acción, como por omisión; y tal virtud, podría elucubrarse que toda conducta humana en el planeta -en cualquier medio- genera un impacto en el ambiente, la mayoría de veces, de connotación negativa. Por ello, se requiere del factor de la trascendencia en ese impacto, lo que está contemplado en las regulaciones de tutela del ambiente -deber ser-, en donde se regulan y permiten límites permisibles de "contaminación" o afectación, superados o pasados los cuales, se está ante conductas ilegítimas o ilícitas. Consecuentemente, resulta un grave riesgo para la efectiva tutela del ambiente establecida como un derecho fundamental y una potestad pública para todo el aparato estatal -incluido el Poder Judicial a través del ejercicio de la función jurisdiccional-, en los términos impuestos en el artículo 50 de la Carta Fundamental, intentar legitimar impactos negativos en el ambiente, por la sola consideración de que los mismos han sido previamente sometidos al control y evaluación de la autoridad técnica de la materia (SETENA), a través de los diversos instrumentos de valuación ambiental establecidos en nuestro ordenamiento. Ello no sólo no resulta conforme con los principios rectores de la tutela del ambiente, tales como el precautorio -positivizado en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Declaración de Río) y el canon 11 de la Ley de Biodiversidad-; sino que riñe de manera abierta contra el principio de la objetivación de la tutela del ambiente, que deriva de la incorporación al bloque de legalidad de las reglas de la ciencia y de la técnica, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 inciso 1) y 158. inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública; en franca desnaturalización de los instrumentos de valuación ambiental en nuestro país. Pues bien, en lo que viene relevante a este proceso, es menester señalar que las actoras no demostraron la existencia de un daño ambiental en el territorio indígena de Térraba que tenga como origen las actividades autorizadas en las resoluciones de viabilidad ambiental autorizadas en el expediente No. 366-2005-SETENA. La única prueba que aportan las actoras para intentar acreditar los supuestos daños o impactos ambientales es el documento denominado "Diagnóstico de Cumplimiento Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en su componente de estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal, con énfasis en el sector de la Reserva Indígena de Térraba"; suscrito, entre otros, por el Ingeniero Miguel Ángel García Jiménez. Sin embargo, en criterio del Tribunal, el documento es insuficiente para tales efectos. Por una parte, tal y como lo advertimos durante la audiencia única, por tratarse de un criterio de un experto en la materia, era indispensable que su contenido fuese sometido al contradictorio. Para ello, se admitió como testigo perito al señor García Jiménez, a efectos de que los demandados pudiesen interrogarlo respecto de las conclusiones a las que ahí arribaba. Sin embargo, el Tribunal declaró inevacuable su testimonio ante la manifestación de la parte actora de que no había podido traerlo al proceso, así como que tampoco había requerido la citación de este Tribunal para tales efectos. Así, el Tribunal no podría otorgar credibilidad a una prueba de esta naturaleza que no ha sido debatida por las partes. Aunado a lo anterior, lo cierto es que se trata de un documento que fue ampliamente cuestionado por otros de los testigos peritos que declararon. Por ejemplo, el Ingeniero Alfaro Zamora señaló que entre las falencias del documento en cuestión es que partía de la premisa de que no existió evaluación de impacto ambiental, cuando en realidad sí la hubo y que calificaba los futuros impactos en el medio -de construirse la represa- como daños al ambiente, sin que se aportara elementos que permitieran acreditar su existencia. Además, que en la valoración cualitativa de los presuntos daños se usó una metodología de carácter predictivo, que no es el método para valorar daños. Agregó que la determinación y cuantificación de los impactos partía de informes técnicos no constatados en el campo. El testigo insistió en que no hay prueba de que el ICE haya incumplido las medidas correctoras y que los supuestos daños que enuncia son actividades u obras que son futuras e inciertas porque no corresponden a una fase de investigación sino de ejecución: por ejemplo, la creación del embalse, que corresponde al expediente No. 843-2007-SETENA. En una línea similar, el testigo Pablo Bermúdez Vives manifestó que el referido diagnóstico era un ejercicio teórico, que asumía que había un daño cuando no se han ejecutado acciones. Insistió en que el PHD no ha bía sido ejecutado por lo que no era posible hablar de daños y que p ara las obras a realizadas, el ICE ha bía cumplido con lo los requerimientos ambientales le ha pedido. Concluyó que no era posible valorar daños futuros por obras no ejecutadas y que, a lo sumo, se trataría de riesgos ambientales. Finalmente, Víctor Guzmán Arguedas, funcionario de la SETENA que efectuó el cierre técnico del PHD en la parte relativa al margen derecho del Río General y la Reserva Indígena de Térraba manifestó que a él no le constaban los supuestos daños que ahí se enlistaban. Además, que no se sabe cuáles parámetros se utilizaron para saber si hubo contaminación o erosión y que no era exacto porque no se tienen datos para comparar. Para el Tribunal, esas falencias son las que hacían necesario someter la pr obanza al contradictorio y, al no haber sido posible (porque debido a la desatención de la parte actora que lo propuso, el testimonio de uno de los autores del documento fue declarado inevacuable) son las que impiden darle credibilidad. Más bien, existen elementos demostrativos que permiten concluir que al momento del cierre técnico y archivo del expediente No. 366-2005-SETENA, los funcionarios competentes no encontraron daños o impactos ambientales negativos, ni ninguna inconformidad en esa materia. Así por ejemplo, mediante oficio ASA- 1290-2011, de 18 de julio del 2011, la SETENA rindió informe técnico sobre el seguimiento ambiental al proyecto "Estudios geológicos en el sitio Térraba". En lo que interesa, señaló que "(...) 4. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha cumplido con la presentación de informes ambientales, el nombramiento del responsable ambiental, según lo solicitado en las resoluciones No. 1584-2005-SETENA y 2766-2009-SETENA otorgadas por esta Secretaría. Conclusiones 1. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ha cumplido con los compromisos ambientales asumidos ante esta Secretaría durante la etapa constructiva del proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba", expediente Administrativo 366-2005-SETENA, específicamente en el Sitio Térraba, dentro del Territorio Indígena Térraba. 2. No se observan en el área del proyecto impactos significativos que requieran ser mitigados antes de dar por cerrado el frente del Sitio Térraba, al margen derecho aguas abajo del Río General Superior, dentro del Territorio Indígena Térraba. (...)" (folios 595 al 610 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Luego, mediante oficio SG-ASA-1072-2011-SETENA, de 18 de julio del 2011, la SETENA comunicó al ICE y a la responsable ambiental del referido proyecto que con base en el informe técnico respectivo, no se determinaron no conformidades, quedando de esta forma clausuradas las obras realizadas por el ICE en la margen derecha aguas abajo del Río General Superior dentro del Territorio Indígena de Térraba (folios 612 y 613 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Lo anterior fue confirmado por el señor Víctor Guzmán Arguedas, quien fue el funcionario de la SETENA encargado de la visita de cierre técnico del expediente No. 366-2005-SETENA y quien indicó , en lo medular, que en esa oportunidad corroboró que las actividades y obras fueran las autorizadas por la SETENA y que el desarrollador cumplió con lo propuesto a la SETENA. Debe tenerse presente, además, que las actoras no impugnaron los actos mediante los cuales se estableció que no existían inconformidades ambientales de relevancia. Como último aspecto, es menester señalar que somos del criterio de que la determinación de la existencia de los daños que se alegaban es un aspecto que no podría dejarse para la fase de ejecución de sentencia por dos motivos fundamentales. Primero, porque así no fue pedido por las accionantes. En ningún momento su pretensión se fijó para que ese aspecto se determinara en sentencia. Ese punto lo propone hasta la fase de juicio cuando ya no es el momento procesal oportuno para tales efectos. Segundo, el Tribunal no encuentra siquiera evidencia de que esos daños se hubieran producido. La carga de demostrar ese aspecto correspondía a los accionantes, de conformidad con los artículos 317 del Código Procesal Civil en relación con el ordinal 82 del CPCA. Por ende, deberán asumir las consecuencias procesales de su desatención. Como no se han demostrado los supuestos daños o impactos , el Tribunal no encuentra ninguna justificación que permita obligar a que se adopte un Plan Remedial o medidas compensatorias. Por las razones expuestas, lo debido es rechazar la pretensión como en efecto se hace […].”

 

... Ver más

Otras Referencias: Art. 15. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Declaración de Río).

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

 Tribunal Contencioso Administrativo,

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

Central 2545-00-03                                                                   Fax 2545-00-33

                                         Correo Electrónico ...01

________________________________________________________________________

EXPEDIENTE: 11-001691-1027-CA

PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE

ACTORAS: Nombre139472   

DEMANDADOS: EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EL ESTADO

TERCERO INTERESADO SIN PRETENSIONES PROPIAS: Nombre96534  

No.  194-2015-VI

 

            TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA. Dirección01 , a las quince horas quince minutos del diecisiete de noviembre  del dos mil quince.

            Proceso declarado de trámite preferente formulado por las señoras Nombre139473  y Nombre139472, ambas de apellidos Nombre139472 , la primera casada una vez y portadora de la cédula de identidad CED110016, la segunda portadora de la cédula de identidad CED110017, ambas indígenas y vecinas de Bijagual de Buenos Aires, Puntarenas,  representadas por su apoderado especial judicial Walter Brenes Soto, soltero, abogado, cédula de identidad CED32840 y vecino de Alajuela, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (en adelante ICE) representado por sus apoderados especiales judiciales Nombre82313   , soltera, abogada, cédula de identidad CED30335, vecina de Heredia  y Nombre82381   , casado, abogado, cédula de identidad CED84178, vecino de San José, y el ESTADO representado por el procurador Alonso Arnesto Moya, casado, abogado, cédula de identidad CED683 y vecino de San José. En condición de tercero interesado sin pretensiones propias participa el señor Nombre96534   , divorciado dos veces, agricultor, cédula de identidad CED74010 y vecino de Dirección16763     , Puntarenas, representado por su apoderado especial judicial  Guido Humberto Rojas Sánchez, abogado, cédula de identidad CED90961 y vecino de Qutirrisí.

RESULTANDO

            1.- Este proceso fue inicialmente formulado por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba (en adelante la ADI) y declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las 10 horas 53 minutos del 27 de abril del 2011 (folios 306 y 307 de este expediente). Dentro de esta litis, las hermanas Nombre139472  interpusieron una tercería con pretensiones propias y una ampliación a ésta formulando las siguientes pretensiones: 1) La anulación total de la resolución No. 2278-2012-SETENA, de las 8 horas del 5 de setiembre  de 2012, al ser dictada contrariando la orden emitida en el voto No. 2011-12975, dictado por la Sala Constitucional a las 14 horas 30 minutos del 23 de setiembre de 2011. 2) Se ordene a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (en adelante SETENA) y al Estado proceder con el archivo definitivo del expediente D1-843-2007-SETENA denominado Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (en adelante PHD).  3) Que se ordene al ICE cumplir con el deber de tramitar de inmediato una completa e integral evaluación de impacto ambiental para la zona de la Reserva Indígena de Térraba, todo bajo la supervisión y fiscalización de la SETENA, la cual incluso debe realizarse mediante la utilización del instrumento ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica, o en su lugar mediante la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental para la etapa de inversión (constructiva y operativa) en esa zona del PHD. 4) Que se ordene al Estado y al ICE la generación de un plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias de todos los impactos y daños ambientales causados por las acciones u omisiones de los demandados ocasionadas en la Reserva Indígena de Térraba, sea por efecto directo o indirecto de la omisión de contar con un instrumento de evaluación de impacto ambiental propio de la etapa constructiva y operativa del proyecto, lo cual debe ser fiscalizado y aprobado por la SETENA. 5) Que se ordene al ICE y al Estado que se abstengan de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que por acción u omisión pueda afectar los intereses del medio ambiente o de la biodiversidad ubicada en el área del proyecto y que a su vez puedan afectar o afecten a la Reserva Indígena de Térraba hasta tanto no se cuente con la evaluación de impacto ambiental correspondiente. 6) Que se condene al ICE y al Estado al pago de ambas costas. Además, pidió se integrara a la Nombre139474 como parte de este proceso (folios 1356 a 1364, 1545 a 1549 y así fijadas durante la audiencia única celebrada los días 14 de julio de 2014 y 25 de agosto de 2014). Como medida cautelar provisionalísima, solicitaron que se ordenara al ICE la suspensión inmediata de todo tipo de acciones relacionadas con el PHD, específicamente en la Reserva Indígena, hasta tanto no se tuviera certeza científica de que no se están realizando obras propias de un proceso constructivo. Como medida cautelar definitiva, pidieron que se mantuviera suspendidas todo tipo de obras constructivas o similares relacionadas con el referido proyecto en la Reserva Indígena Térraba de Buenos Aires hasta tanto la Nombre139474 no apruebe integralmente la correspondiente evaluación de impacto ambiental (folios 1361 y 1362 de esta carpeta).

              2.- El 15 de noviembre del 2012, este Tribunal efectuó un reconocimiento judicial en la finca No. 145342-000, del Partido de Puntarenas, ubicada en la Reserva Indígena de Térraba. A esa diligencia acudió la parte actora (en ese momento la ADI) y los demandados (grabación que corre agregada al expediente).

 

 

              3.- Durante la audiencia celebrada el 16 de julio del 2014, se rechazó la medida cautelar provisionalísima gestionada y se otorgó audiencia a los demandados y al tercero respecto de la tutela cautelar gestionada (grabación que corre agregada al expediente).

              4.- El ICE contestó la tercería y su ampliación, sin oponer defensas previas; únicamente formuló la excepción de falta de derecho. Pidió, se  rechacen ambas gestiones y se condene a las terceristas al pago de ambas costas (folios 1422 al 1458, 1565 a 1578 de este expediente).

              5.- El Estado contestó la tercería y su ampliación. Formuló las defensas previas de indebida acumulación de pretensiones, acto no susceptible de impugnación y caducidad de la acción. También, formuló las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, falta de interés actual y falta de derecho  (folios 1492 a 1506, 1590 a 1601 de este expediente).

             6.- El tercero Nombre96534  contestó la tercería y su ampliación. No formuló defensas previas pero, en la tercería sí opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, así como la de falta de interés actual (folios 1462 al 1465, 1586 al 1588 de esta carpeta).

             7.- La audiencia única que establece el numeral 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) inició el 14 de julio de 2014 y continuó los días 15 de julio, 18, 25, y 26 de agosto, 31 de octubre, 5 y 6 de noviembre, todos del 2014; resolviéndose sobre los aspectos que regula el artículo 90 del CPCA. Se fijaron las pretensiones de la demanda inicialmente formulada por la ADI y las de la tercería planteada por las señoras Nombre139472 , así como sus ampliaciones. Además, se resolvieron las defensas previas formuladas por las partes, excepto las de caducidad de la acción que formulara tanto el ICE como el Estado, cuyo conocimiento se reservó para el momento de dictar sentencia. Respecto de la tercería y su ampliación, se rechazaron las defensas de indebida acumulación de pretensiones y actos no susceptibles de impugnación que opusiera el Estado, en resoluciones dictadas en forma oral en la audiencia única del 25 de agosto del 2014. Ese mismo día, en resolución No. 131-14-VI, también dictada en forma oral, se rechazó la defensa de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario que formularan las terceristas para que se trajera a la Nombre139474 a esta causa. Además, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba documental, testimonial y testimonial pericial pertinente, así como el reconocimiento judicial efectuado el 15 de noviembre de 2012. Tomando en cuenta que la Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad  No. 14-12592-007-CO, en la que se pretende se declaren inconstitucionales los artículos 34, 40 y el Transitorio III del CPCA; y que en este proceso está alegada la defensa de caducidad de la acción respecto de conductas formales dictadas con anterioridad a la vigencia del CPCA, respecto de otras dictadas en vigencia del CPCA, lo que refiere a la aplicación del Transitorio indicado, aunado a que la defensa de la parte actora y los terceros en ese tema ha sido que se trata de actos con efectos continuados y ello refiere a la aplicación del artículo 40 del CPCA, por lo que el Tribunal suspendió  la realización de la segunda parte de la audiencia única (sea, el juicio oral y público) hasta tanto aquella acción no hubiese sido resuelta. Lo anterior de conformidad con los artículos 81 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y el 111 del CPCA; aunado a los principios de inmediatez y concentración probatoria (grabación  de la audiencia que corre agregada a este expediente).

              8.- Mediante resolución No. 186-2014, dictada a las 15 horas 10 minutos del 19 de noviembre del 2014, este Tribunal acogió el desistimiento parcial de la tercería presentada por las señoras Nombre139472 y Nombre139472  , únicamente respecto de las pretensiones dirigidas a que se anulara la resolución No. 2278-2012-SETENA, de las 8 horas del 5 de setiembre  de 2012 y se ordenara a la Nombre139474 y al Estado proceder con el archivo definitivo del expediente D1-843-2007-SETENA denominado Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Respecto de tales pedimentos, se dio por terminado proceso sin especial condenatoria en costas, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo  artículo 197 inciso 2) del CPCA y ordenó continuar con la tramitación del proceso respecto de las restantes pretensiones de la tercería, las que conforme se fijaron en la audiencia única son las siguientes:  1) Que se ordene al ICE cumplir con el deber de tramitar de inmediato una completa e integral evaluación de impacto ambiental para la zona de la Reserva Indígena de Térraba, todo bajo la supervisión y fiscalización de la SETENA, la cual incluso debe realizarse mediante la utilización del instrumento ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica, o en su lugar mediante la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental para la etapa de inversión (constructiva y operativa) en esa zona del PHD. 2) Que se ordene al Estado y al ICE la generación de un plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias de todos los impactos y daños ambientales causados por las acciones u omisiones de las demandados ocasionadas en la Reserva Indígena de Térraba, sea por efecto directo o indirecto de la omisión de contar con un instrumento de evaluación de impacto ambiental propio de la etapa constructiva y operativa del proyecto, lo cual debe ser fiscalizado y aprobado por la SETENA. 3) Que se ordene al ICE y al Estado que se abstengan de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que por acción u omisión pueda afectar los intereses del medio ambiente o de la biodiversidad ubicada en el área del proyecto y que a su vez puedan afectar o afecten a la Reserva Indígena de Térraba hasta tanto no se cuente con la evaluación de impacto ambiental correspondiente. 4) Que se condene al ICE y al Estado al pago de ambas costas (folios 2002 al 2019 de esta carpeta).

              9.- En escrito recibido mediante fax el 29 de junio del 2015 , el señor Jenaro Gutiérrez Reyes, actual presidente de la ADI, comunicó a este Tribunal que "(...) es voluntad expresa de mi representada, tal y como consta en autos desde vieja data, solicitar el archivo definitivo de esta causa. Así mismo (sic), hago saber que en este acto revoco todos los poderes especiales judiciales que han sido otorgados hasta el momento en esta litis (...)" (folio 2155 de este expediente).

              10.- Mediante resolución No. 127-2015-VI, dictada a las 9 horas 50 minutos del 30 de julio del 2015, este Tribunal acogió el desistimiento que formuló el presidente de la ADI y se dio por terminado este proceso respecto de la demanda que ella formuló en contra del ICE, el Estado y Nombre136636   , sin especial condenatoria en costas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo  artículo 197 inciso 2) del CPCA.  Dado el carácter accesorio que ostentaba la coadyuvancia activa que formuló la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en favor de la Asociación y en virtud del desistimiento acogido, se tuvo por finalizada ésta. Finalmente, ordenó continuar con el proceso respecto de las pretensiones que formulan las señoras Nombre139472     en contra del ICE y el Estado, así como respecto del Nombre139275   quien actuaba como tercero sin pretensiones propias (folios 1244 a 1259 del expediente judicial).

              11.- El Estado formuló recurso de revocatoria así como de apelación, ambos con con nulidad concomitante, en contra de la referida resolución No. 127-2015-VI. El primero fue rechazado en auto dictado por este Tribunal a las 16 horas del 20 de agosto de este año. El de apelación  fue rechazado de plano por la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en resolución No. 457-2015, de las 11 horas 30 minutos del 17 de setiembre del 2015 (folios 2281 a 2306 del expediente judicial).

              12.- En auto dictado a las 13 horas del 30 de julio del 2015 este Tribunal transcribió las pretensiones de las señoras Nombre139472 , que ahora constituyen el objeto de esta causa, y que se corresponden con el Resultando octavo de este fallo. Asimismo, tomando en cuenta que los referidos pedimentos no incluían ninguna pretensión anulatoria, estimó innecesario mantener la suspensión de la realización de la segunda parte de la audiencia única que originalmente fue decretada en virtud de la acción de inconstitucionalidad a la que hace referencia el Resultando Sexto de este pronunciamiento, citando a las partes para tales efectos (folios 2268 y 2269 de esta carpeta). 

              13.-  La audiencia única continuó los días 20, 21 22, 23 y 30 de octubre del 2015, con la presencia de las partes que se mantuvieron en el proceso y sus representantes. Durante el saneamiento, el representante del Estado desistió de la defensa previa de la caducidad de la acción que había formulado y se admitió como prueba nueva el documento denominado "Diagnóstico de Cumplimiento Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en su componente de estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal con énfasis en el sector de la Reserva Indígena de Térraba", únicamente para tenerlo de base en la declaración del testigo perito Nombre39189    y la certificación emitida por Nombre139475   y Nombre139476  , Coordinadores de Construcción así como de Perforaciones y Servicios Conexos, respectivamente, del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, agregada del folio 2224 al 2226 de esta carpeta. Asimismo, se admitió la declaración de los señores Nombre139477  , Nombre139475  , Nombre139476  , Nombre139478   y Nombre139479   , en condición de testigos peritos. También, se informó al representante de las hermanas Nombre139472 , ahora actoras, que "Las reglas prácticas para facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones indígenas", aprobadas por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 77-08 promovían, entre otras, la realización de las audiencias en el territorio indígena, una ayuda económica para el transporte, la alimentación y hospedaje, el derecho a un intérprete; por lo que partiendo del reconocimiento de la plena capacidad jurídica que los convenios internacionales y el ordenamiento jurídico otorgan a los indígenas, sin que las autoridades públicas puedan sustituir su voluntad, se les consultara a sus representadas si deseaban efectuar la audiencia en el territorio indígena de Térraba, si requerían intérprete o ayuda económica. La respuesta de las accionantes fue negativa excepto para la ayuda económica, la que fue gestionada por el Tribunal y otorgada a la señora Nombre139472  . Posteriormente, se evacuó la declaración de los testigos peritos admitidos , excepto de Nombre139480  , cuyo testimonio fue declarado inevacuable. Finalmente, las partes rindieron conclusiones y al finalizar éstas se declaró este proceso como uno muy complejo,  para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del CPCA, en relación al numeral 82, inciso 1), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

14.- En los procedimientos ante este Tribunal no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. De conformidad con el artículo 111 del citado Código Procesal en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento, previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley,  con redacción de la jueza ponente Abarca Gómez y el voto afirmativo de la jueza Fernández Brenes y el juez Hess Araya . 

CONSIDERANDO

I.- Precisión necesaria. Para una mejor compresión de lo que se resolverá, el Tribunal estima necesario señalar lo siguiente. A modo de antecedente y tal cual se anticipó supra, este proceso fue inicialmente interpuesto por la ADI de Térraba cuestionando, en lo fundamental,  la validez de una serie de conductas formales y materiales del ICE y del Estado relacionadas con el PHD que, estimaban, se llevaron a cabo dentro de esa Reserva Indígena de manera ilegítima y lesionaron la situación jurídica de ese pueblo. En el iter procesal, las hermanas Nombre139472  presentaron una tercería con pretensiones propias que incluían, en su momento, declaraciones de nulidad de una serie de conductas formales dictadas por la Nombre139474 con ocasión del procedimiento ambiental seguido por el ICE para obtener la correspondiente licencia de viabilidad ambiental para la ejecución del PHD. Luego, ellas desisten de las pretensiones anulatorias referidas, limitando sus pedimentos a los que se establecieron en el Resultando sétimo de esta sentencia. Posteriormente, en la sentencia No. 127-15-VI citada, se acogió el desistimiento que formulara el presidente de la ADI y se dio por terminado este proceso respecto de la demanda que esa entidad corporativa formuló en contra del ICE, el Estado y Nombre136636   , sin especial condenatoria en costas. Asimismo, dado el carácter accesorio que ostentaba la coadyuvancia activa que formuló la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en favor de la Asociación y en virtud del desistimiento acogido, se tuvo por finalizada ésta. Dado lo acontecido y considerando que las pretensiones formuladas por las señoras Nombre139472  eran propias e independientes de las que ejerció, hasta ese momento, la parte actora, se ordenó la continuación del proceso respecto de los pedimentos que formularon. Así las cosas, tal y como se explicó en resoluciones dictadas con posterioridad a que se acogió el desistimiento indicado y durante la segunda fase de la audiencia única celebrada en el mes de octubre de este año, si bien las señoras Nombre139472  habían venido participando en esta causa como terceras con pretensiones propias, lo cierto es que en virtud del desistimiento de la demanda que presentó la parte actora y que fue acogido por este Tribunal, es necesario precisar su situación procesal ya que, a la fecha, el objeto de esta causa abarca, únicamente, las pretensiones que ellas dirimen. Así las cosas,  las señoras Nombre139472  se constituyen en las únicas que formulan esta acción y sus pretensiones serán las que se resolverán en esta litis.  Tomando en cuenta lo anterior y la forma en que se fijaron las pretensiones que aquí se van a resolver es necesario, desde ya, excluir del análisis de legalidad que se efectuará cualquier reclamo o cuestionamiento referido a los alcances de la consulta  establecida en el artículo 6 del convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", aprobado en nuestro país mediante Ley No. 7316, de 3 de noviembre de 1992 que señala, en lo que interesa que  "(...) 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (...)". Pero, además, debe reiterarse que en esta causa no se está formulando ninguna pretensión anulatoria que habilite a este Tribunal a ejercer un control de legalidad de lo actuado (formal y materialmente) hasta el momento por los entes públicos demandados. Como se verá infra, esta precisión es fundamental a efectos de determinar el alcance del examen de legalidad que se efectuará en relación con lo pedido.  

             II.- Hechos probados. De importancia para lo que se resuelve se tiene por demostrado lo siguiente: 1) En el año 2003 el ICE contrató a la empresa INGETEC para efectuar un estudio de factibilidad referido a un proyecto hidroeléctrico, tomando como antecedentes la información recopilada y estudios realizados por ese ente por treinta o cuarenta años, entre los que destacaban los estudios sobre la factibilidad del Proyecto Boruca elaborados en los años 1974, 1979 y 1980, el informe de revisión del Proyecto Hidroeléctrico Boruca realizado por Marubeni Corporation, Nippon Koei Co., Japón en los años  1993 y 1994;   el Plan Maestro Cuenca Media del Río Grande de Térraba: evaluación preliminar del potencial hidroeléctrico aprovechable de Costa Rica., elaborado por el ICE en 1998; el Estudio de evaluación de alternativas para el Proyecto Hidroeléctrico Boruca, elaborado por el ICE en el año 2000 y el Estudio de selección de la opción de desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Boruca realizado por el ICE en el año 2001. La empresa consultora se mantuvo en nuestro país por aproximadamente veinticuatro meses  (declaración de Nombre139477  ). 2) En la primera fase del estudio realizado por INGETEC se efectuaron los análisis preliminares, se evaluaron las opciones y se efectuaron estudios complementarios. En febrero del 2005 se rindió un primer informe referido a la evaluación y comparación de las opciones para establecer donde se ubicaría la presa del proyecto (entre Cajón, Veraguas y el Proyecto Kamankrawa) y, posteriormente, definir el esquema del proyecto, aspecto que se analizaría en la segunda fase. Además, se rindió un informe de soporte que comprendía los siguientes aspectos: obras subterráneas, estudios de conexión de las alternativas del Proyecto Hidroeléctrico Boruca al sistema interconectado, estudios de entorno financiero, potencia y energía, ambiente, conceptualización y prediseño hidráulico de las opciones, obras electromecánicas, obras geotécnicas superficiales, impacto macroeconómico del proyecto Boruca, estructuras, sedimentos, aspectos sociales y vías. El informe final de esa primera fase concluyó que la mejor opción era ubicar la presa en Veraguas  con un embalse máximo normal a la cota 300 con casa de máquinas subterránea, 622 MW.  (declaración de Nombre139477  , informes de INGETEC que constan en el disco compacto así rotulado y que está agregado al expediente). 3) El 15 de marzo de 2005, el ICE presentó a la Nombre139474 un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (en adelante FEAP) mediante el cual sometió a evaluación ambiental el Proyecto "Estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal" con el cual se pretendía "(...) caracterizar desde el punto de vista geológico, hidrogeológico y geofísico los sitios escogidos, que técnicamente pueden ser  viables, para posteriormente definir si son los adecuados para utilizarlos en proyectos de desarrollo hidroeléctrico. Esta investigación involucra el conocimiento de los espesores de suelo, la roca descompresionada, y la profundidad de la roca sana, así como la deformabilidad de esas rocas y su resistencia, aspectos que podrían comprometer la estructura de las obras civiles que el ICE construya en sitios factibles técnicamente. Para obtener la información y datos de campo de estos estudios se requiere de la construcción de galerías de investigación y la realización de perforaciones geológicas. (...)". Acompañó la gestión con un informe en el que se establecía la ubicación del proyecto, el área estimada y de influencia, las actividades a realizar, el tiempo de ejecución y el cronograma de actividades. A esa solicitud se le asignó el número de expediente  366-2005-SETENA. Posteriormente, la consultora del proyecto, bióloga Sussy Segura Solís, presentó un adendum al FEAP, justificándolo en la necesidad de cambiar la ubicación de las actividades de perforación en el sitio de Cañablancal por razones ambientales  (folios 1 al 50 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005).  4) Mediante resolución No. 1056-2005-SETENA, de las 12 horas 50 minutos del 11 de mayo del 2005, la Comisión Plenaria de la Nombre139474 acordó, en lo que interesa, solicitar al ICE, en su condición de desarrollador, una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (en adelante DJCA) manifestando expresamente que se comprometía a cumplir con los compromisos ambientales adquiridos en el proceso de evaluación ambiental y establecidos en la normativa vigente en esa materia (folios 55 al 59 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). 5) El 26 de mayo del 2005, el ICE presentó a la Nombre139474 la DJCA a la que se hace referencia en el hecho probado anterior (folios 65 al 68 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). 6) Mediante resolución No. Nombre139474 de las 9 horas 30 minutos del primero de julio del 2005, la Comisión Plenaria de la Nombre139474 aprobó la DJCA que fuera sometida a evaluación por el ICE y le ordenó nombrar un responsable ambiental, presentar un libro de actas de cien folios para habilitarlo como bitácora, un mes antes del inicio de la actividad; así como presentar informes regenciales cada tres meses durante la fase de investigación. Además, le comunicó a ese ente que se había cumplido con el proceso de evaluación ambiental para el proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba", el cual describió de la siguiente manera: "(...) Perforaciones de investigación desde el punto de vista geológico, hidrogeológico, y geofísico de los sitios indicados para la fase de prefactibilidad de un futuro proyecto hidroeléctrico. Los trabajos a realizar son la perforación con recuperación de núcleo en los dos sitios con mayor detalle o cantidad de perforaciones en el sitio denominado Térraba, en las márgenes del Río General, completándose con la perforación de galerías en cada margen, en el Sitio denominado Cañablancal solo se desarrollaran (sic) perforaciones con recuperación de núcleo. Perforaciones de investigación desde el punto de vista geológico, Hidrogeológico y geofísico de los sitios indicados para la fase de prefactibilidad de un futuro proyecto hidroeléctrico. Los trabajos a realizar son la perforación con recuperación de núcleo en los dos sitios, con mayor detalle o cantidad de perforaciones en el sitio denominado Térraba, en las márgenes del Río General, completándose con la perforación de galerías en cada margen, en el Sitio denominado Cañablancal solo se solo se desarrollaran (sic) perforaciones con recuperación de núcleo, con profundidades máximas de 500 m. Los sitios se caracterizan por presentar una topografía fuerte y estar cubiertos principalmente por tacotales o pastizales. No cuentan con disponibilidad de servicios lo cual es natural por la naturaleza del proyecto. El desarrollador cuenta con amplia experiencia en proyectos similares para lo cual presentó dentro del formulario de manera satisfactoria y detallada la prevención y mitigación de los impactos ambientales significativos previsibles para el proyecto. Es más para la prevención de los impactos ambientales en el Sitio Cañablancal se ha ingresado la maquinaria por medios aéreos, esto con el fin de eliminar la construcción de caminos de acceso. El sitio Térraba o Ocochol posee acceso hasta el sitio por servidumbre interna de la finca. El proyecto se considera efectuar en un plazo de tres años y medio. (...)"; otorgándole la viabilidad ambiental respectiva y dejando abierta la etapa de gestión ambiental (folios 55 al 84 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). 7) El 5 de julio del 2005 la Bióloga Sussy Segura Solís comunicó a la Nombre139474 que había aceptado el nombramiento de Responsable Ambiental del proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba" que realizaría el ICE (folios 86 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). 8) Mediante oficio SG-2223-2005, del 9 de setiembre del 2005, la Nombre139474 dio apertura y oficializó la Bitácora Ambiental que sería llevada por la Bióloga Sussy Segura Solís como responsable ambiental del proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba" (folios 95 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). 9) En la segunda fase del estudio realizado por INGETEC se efectuó el estudio de factibilidad técnica del proyecto junto con el del componente ambiental.  Dentro de las labores efectuadas como parte de esos estudios están la ejecución de las investigaciones necesarias, la revisión de los estudios realizados para determinar la necesidad de proponer variantes, recolección de datos, reconocimientos geológicos de superficies, análisis de cartografías y topográficas, recorrido de quebradas, labores geotérmicas, toma de muestras, perforaciones, excavaciones para establecer las galerías de investigación. Esos informes se rinden entre octubre y noviembre del 2005 y contemplan los siguientes aspectos: ambiental, optimización, geología, hidrogeología e hidráulica, geotecnia presas, obras subterráneas, estructuras, equipos electromecánicos, vías, transmisión, estudios financieros, estudios económicos, estudios macroeconómicos. El estudio de factibilidad concluye, en lo que interesa,  que "(...) desde el punto de vista de Costa Rica, la mejor opción de desarrollo del potencial hidroeléctrico de la cuenca media y baja del río Grande de Térraba, consistía en la construcción de una presa sobre el río General en el sitio Veraguas, con altura de cresta entre las cotas 300 a 320 aproximadamente, para el aprovechamiento hidroeléctrico de la mayor parte del caudal represado en el salto generado entre el embalse y el río Grande de Térraba cerca de la población de Palmar, y el aprovechamiento energético al pie de presa del caudal de compensación que se requiere descargar para mantener condiciones mínimas para la vida acuática en el curso bajo del río General. Factibilidad del P H Boruca-Veraguas. Los estudios técnicos, ambientales, sociales, de mercado, económicos y financieros realizados permiten concluir que el P.H. Boruca - Veraguas optimizado en la segunda fase, es factible y presenta significativos beneficios económicos para Costa Rica en todos los escenarios analizados. Con los estudios realizados durante la segunda fase se confirma que el P H Boruca-Veraguas se constituye en una opción sólida para el desarrollo hidroeléctrico de la cuenca media y baja del río Grande de Térraba y reduce significativamente los principales impactos ambientales y sociales que son inherentes a este tipo de proyectos. (...) Aspectos Técnicos. (...) Respecto al programa de construcción del proyecto, el primer año se dedica a las obras de infraestructura, las cuales están constituidas por los accesos y portales de los túneles de desviación y de acceso a la central subterránea. El Año 2 corresponde a la construcción de los túneles de desviación y de acceso a la central subterránea. Paralelamente con los trabajos de ataguías y excavación del lecho aluvial se da inicio a la colocación de rellenos de la presa. Esta actividad se desarrolla durante los siguientes 5 años e involucra además la cara de concreto y demás obras anexas. La construcción de las obras subterráneas principales del proyecto se ejecutan de manera paralela a las obras de la presa y no hacen parte de la ruta crítica del proyecto. Al finalizar los rellenos y después de terminar la última etapa de los concretos de la cara para poder realizar los trabajos de cierre de los túneles, construcción de los tapones y llenado del embalse. Luego en el segundo semestre del Año 7, se procede a la realización de las pruebas de las unidades, actividad que se realiza hasta la terminación de la construcción y la puesta en operación de la central en el segundo trimestre del Año 8. (...) Las investigaciones geotécnicas y topográficas adicionales que se adelanten en la siguiente etapa permitirán precisar con mayor detalle el alcance de las excavaciones para la fundación del plinto, las características de permeabilidad de la roca para estimar con mayor precisión los tratamientos de las inyecciones y una cuantificación más detallada de los volúmenes de excavaciones y rellenos de la presa. El esquema del vertedero lateral ha sido planteado con base en resultados de la investigación geofísica adelantada por el ICE, de los levantamientos topográficos y los reconocimientos geológicos adelantados conjuntamente entre el ICE e INGETEC en esta etapa de los estudios. (...) Aspectos Ambientales y Sociales. (...) El único aspecto que requiere especial atención y que podría eventualmente, mediante recursos de amparo y trámite del derecho internacional, entorpecer los procesos licitatorios y el desarrollo del proyecto, sería el inadecuado manejo del tema indígena y fundamentalmente en relación con el reemplazo de las tierras de protección especial y la identidad cultural de estas comunidades. Se recomienda ante todo agotar las disposiciones previstas de concertación a nivel nacional e internacional y finalmente lograr convenios marco concertados con las comunidades afectadas. El estudio ambiental de la opción Veraguas, se encuentra en un estado preliminar, en donde se han identificado los aspectos importantes que en esta etapa indican que el proyecto con la introducción de manejos adecuados, los cuales en esta fase se exponen como propuestas, puede ser ambientalmente viable. El Estudio de Impacto Ambiental exhaustivo, profundizará en aquellos aspectos que requieren la recolección y análisis de información de campo a través de investigaciones diseñadas y programadas para ello y que permitirán evaluar y cuantificar los impactos que con la información existente no lograron ser detallados, y así de esta manera se podrán diseñar los manejos más adecuados. (...)". Como recomendaciones indicó lo siguiente: "(...) De acuerdo con los términos del Contrato, La Consultora ha estudiado la información existente suministrada por el ICE y complementado algunos aspectos directamente o en colaboración con los funcionarios del ICE. Con base en lo anterior, La Consultora, usando además su criterio y experiencia ha elaborado los esquemas del proyecto que se presentan en este informe. No obstante lo anterior, una parte de la información necesaria para la elaboración del Informe Final de Factibilidad aun está pendiente por que está en proceso o no se ha iniciado su obtención por parte del ICE. Esta información permitirá en un futuro lograr un mayor refinamiento en algunos aspectos de los esquemas presentados en este informe y en consecuencia, una optimización de los esquemas. A continuación se presenta una relación de las investigaciones que La Consultora recomienda llevar a cabo para complementar el Estudio de Factibilidad presentado en este informe. La ubicación y los detalles de ejecución de las investigaciones han sido previamente discutidas con personal del ICE. (...) •Investigaciones geológicas: Completar levantamientos geológicos de la conducción, central subterránea y descarga, realizar los levantamientos geológicos de la zona de fuentes de materiales, zonas de depósito, investigación de la génesis de las formaciones Paso Real y Valle del General. (...) • Perforaciones: Quinientos metros de perforación (4 perforaciones) en la zona de presa, Cuatrocientos metros de perforación (5 perforaciones) en el vertedero, doscientos metros de perforación en los túneles de desviación, cien metros de perforación (2 perforaciones) en la toma y pozo de compuertas, ciento cincuenta metros de perforación (2 perforaciones) en la ventana 1 del túnel de conducción, setecientos metros de perforación (5 perforaciones) en el túnel de conducción, mil quinientos metros de perforación (3 perforaciones) en la Central subterránea y chimenea de equilibrio, ciento cincuenta metros de perforación (2 perforaciones) en la Ventana 2 y túnel de acceso a la central, y trescientos cincuenta metros de perforación (3 perforaciones) en el túnel de descarga. Adicionalmente es necesaria la construcción de dos galerías de cien metros cada una en la zona de la presa, apiques y trincheras: en las fuentes de materiales y la instalación de piezómetros de tubo abierto en las perforaciones con nivel freático. • Ensayos geotécnicos: ensayos de permeabilidad en perforaciones de la zona de presa, medición de temperatura del agua durante avance de perforaciones de la conducción, ensayos de carga puntual en afloramientos, ensayos de carga puntual, placa y corte directo en galerías de exploración, ensayos de laboratorio sobre materiales de afloramientos, galerías y núcleos de perforaciones y ensayos de fracturamiento hidráulico en la zona de la central. (...)"  (declaración de Nombre139477  , disco compacto rotulado Informe INGETEC que consta agregado al expediente). 10) En oficio DAP-637-2006, de 21 de setiembre del 2006, el Geólogo Esau Chaves Aguilar y el Ingeniero Luis Fernando González López comunicaron a la Nombre139474 que el 31 de agosto de ese año realizaron una visita de inspección en el sitio del proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba", acompañados por la responsable ambiental del proyecto,  para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales consignados en el Plan de Gestión Ambiental, comprobando que el proyecto se ejecutaba conforme a lo programado, sin que se observaran problemas ambientales provocados por la ejecución del proyecto. Asimismo, indicaron que los informes regenciales se habían presentado conforme lo establecido y en los mismos no se han reportado irregularidades ambientales (no conformidades) generadas por la ejecución del proyecto  (folios 95 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). 11) El 20 de julio del 2007, el ICE presentó ante la Nombre139474 un formulario D1 correspondiente al PHD, para realizar la apertura del respectivo expediente de gestión ambiental, a efectos de que la Nombre139474 brindara los términos de referencia requeridos para el estudio de impacto ambiental de una obra de esa magnitud. Advirtió que no presentaba los estudios requeridos por el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental porque el nivel de planificación actual del proyecto presentaba tan solo un diseño preliminar de localización de las obras y que el ICE posteriormente ejecutaría los estudios necesarios para asegurar la estabilidad de las obras y la integridad del medio afectado, entre los que están, el análisis geológico de suelos, de resistividad de suelos y geológico de los sitios. Asimismo, indicó que por encontrarse el proyecto en la etapa de preinversión no era posible adjuntar planos catastrados de de inmuebles donde se desarrollarían actividades constructivas. A esa solicitud se le asignó el número de expediente 843-2007-SETENA  (folios 1 al 25 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007).  12) Mediante resolución No. 2174-2007-SETENA, de las 9 horas del 7 de noviembre del 2007, la Comisión Plenaria de la Nombre139474 acordó, en lo que interesa,  aprobar la propuesta de los términos de referencia presentada por el ICE y le otorgó un plazo máximo de dos años para la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para el PHD (folios 36 al 48 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007). 13) El 31 de marzo del 2008, el ICE informó a la Nombre139474 la sustitución de la Regente Ambiental del proyecto Estudios Geológico en el Sitio Térraba, cargo que ahora ocuparía la Ingeniera Nombre139481   (folio 117 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2007). 14) Mediante oficio SG-ASA-147-2008, del 10 de junio del 2008, la Nombre139474 avaló adicionar, dentro de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto Estudios Geológico en el Sitio Térraba, la habilitación de una galería de exploración geológica para la futura casa de máquinas del PHD, así como varias actividades complementarias asociadas a tal galería. Condicionó el aval a la ejecución de las obras conforme a la legislación vigente y al Código de Buenas Prácticas Ambientales, así como la correcta aplicación de los compromisos ambientales adquiridos (folios 105 y 106 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2007). 15) Mediante resolución No. 1526-2009-SETENA, de las 8 horas del 6 de julio del 2009, la Comisión Plenaria de la Nombre139474 acordó, en lo que interesa,  aprobar la propuesta de términos de referencia presentada por el ICE dentro del expediente N0. 843-2007-SETENA, con ocasión de modificaciones solicitadas por el ICE en marzo del 2009 relacionadas con observaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (folios 122 a 125 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007 y el expediente administrativo rotulado Anexo Términos de Referencia, testimonio de Nombre139478  ). 16) Entre julio y noviembre del año 2009, la empresa consultora INGETEC presentó al ICE el Informe Código PHDQ-HDR-002-007 con el Diseño Básico de las Obras de Desvío y la Descarga del Fondo; el cual brindó más información y detalle sobre obras civiles, eléctricas y mecánicas a realizar en el PHD y presentó varias modificaciones a las obras de desvío así como en la longitud y sección de la excavación de los futuros túneles de desvío del PHD. En lo que interesa, se señaló: "(...) 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El sistema de desviación temporal del río del proyecto hidroeléctrico El Diquís presenta las siguientes características: · Se tendrán dos túneles de desviación localizados en el estribo derecho de la presa. El sistema de desviación prevé la construcción de una pre-ataguía (cota de la cresta 155 msnm), una ataguía en RCC con la cresta a la cota 170 msnm que permite contener la creciente anual de 10 años y una contra-ataguía que está integrada al espaldón de la presa. Para el primer verano se considera que la contra-ataguía debe llegar a la cota 204 msnm con el fin de contener la creciente anual de 100 años. · Para aumentar rápidamente la seguridad del proyecto a más de 300 años a partir del segundo año de construcción del proyecto se ha especificado la construcción del relleno del espaldón de aguas abajo de la presa hasta la cota 226 msnm, esto debido a que la construcción de este relleno no requiere las excavaciones para la fundación del plinto, necesario para adelantar los rellenos de la zona de aguas arriba de la presa. · Los túneles tienen una sección útil tipo baúl de 12,6 m de diámetro útil, los cuales serán revestidos con concreto convencional en su totalidad debido a las condiciones geológicas. El espesor de la solera será de 0,50 m y el de las paredes y la bóveda de 0,70 m. · Los portales de entrada son estructuras de concreto que tienen dos vanos de 6,2 m de ancho, una altura útil de 11,6 m y ranuras para compuertas de cierre. La estructura de entrada del portal 1 está diseñada para soportar una cabeza de 158 m, y la del túnel 2, para 75 m. Se colocará un blindaje que inicia desde la entrada de la estructura y que se extiende hasta 10 m después de iniciar el túnel con sección tipo baúl. El blindaje se colocará en la solera y hasta 1 m de altura en las paredes. · El portal de salida presenta un corto canal del orden de 14 m de longitud y tiene un ángulo de expansión del orden de 5° con respecto al eje del túnel. Se ha dispuesto un diente de protección a la salida de 5 m. · La descarga de fondo se construirá en una galería paralela al túnel de desviación 2 en su margen derecha. Se tendrá un tramo a presión hasta la cámara de compuertas y de allí en adelante se tendrá una descarga a flujo libre. · La sección típica de los túneles de la descarga de fondo será tipo baúl de 8,7 m de diámetro de excavación con revestimiento completo en concreto convencional de 0,45 m de espesor, obteniéndose una sección útil de 7,8 m de diámetro. Se tendrá un tramo blindado aguas arriba de las compuertas del orden de 52 m de longitud y en dicho tramo las secciones serán variables. Hasta aproximadamente 40 m aguas abajo de la compuerta radial se tendrá una sección tipo baúl con bóveda achatada. · La descarga de fondo tiene como fin realizar el desvío del río durante la construcción del tapón del túnel de desviación 1, permitir la inspección y mantenimiento de la mayor parte de la cara aguas arriba de la presa (especialmente entre las cotas 250 msnm y 200 msnm) y otras obras sumergidas y permitir el paso del caudal de compensación durante el llenado del embalse. · El proceso de cierre de los túneles de desviación se puede iniciar en cualquier mes con excepción de los meses de agosto, septiembre y octubre, que son los más lluviosos del año, ni en el mes de julio si se estima que se requiere un mes para la construcción del tapón y la habilitación de la descarga de fondo, es decir, la descarga de fondo debe estar habilitada a más tardar en agosto (...)". (disco compacto rotulado como "Diseño Básico Obras Desvío, declaración de Nombre139477  ). 17) El 16 de julio del 2009, el ICE solicitó a la Nombre139474 una ampliación de la viabilidad ambiental otorgada en el proyecto  Estudios Geológico en el Sitio Térraba y Cañablancal (expediente No. 366-2005-SETENA), ya que debían ampliar la obtención de datos geológicos relacionados con los sitios de obras del referido proyecto a efectos de recabar información fundamental para los diseños ingenieriles y que no ha sido posible obtener con las exploraciones efectuadas hasta el momento. Manifestó que, en resumen, las actividades adicionales que se solicitaban eran: "(...) 1. Perforaciones varias de exploración geológica de los sitios de Cañablancal, Térraba (contemplando ambas márgenes del río General y Ceibo. 2. Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Térraba (en la margen derecha del Río General) para los futuros túneles de desvío. 3. Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Colinas para evaluación de falla geológica a ser atravesada eventualmente por la línea del futuro túnel de conducción. (...)". Además, manifestó que las actividades adicionales de investigación que se planteaban y sus impactos ambientales no diferían en nada de lo planteado originalmente en ese expediente. Adjuntó a la solicitud una DJCA y una serie de anexos en los que se detallaban las obras solicitadas (folios 222 al 495 tomos  I y II del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2007). 18) El 28 de setiembre del 2009, el ICE presentó a la Nombre139474 una adenda a la solicitud de ampliación de viabilidad ambiental del expediente No. 366-2005-SETENA, justificándola técnicamente en los recientes cambios en las galerías pedidas en la solicitud de ampliación. Le adjuntó dos informes técnicos suscritos por el Ingeniero Nombre139475  , Coordinador de Obras Subterráneas del PHD. En el primero de ellos, se indicó que "(...) Siguiendo las recomendaciones de los diseñadores expertos del ICE, la empresa INGETEC realiza una revisión de la combinación de la altura de ataguía y tamaño de túneles propuestos para garantizar un período de retorno para el desvío de por lo menos 100 años. Como resultado de este análisis se concluyó que la ataguía tendría una altura de 30 m (con un volumen de concreto de 100000 m3) y los túneles de desvío tendrían un diámetro de excavación de 14 m, un ancho en el piso de 14 m, para un área total de excavación de 175 m2. Además la longitud de los túneles de desvío se optimizó y se redujeron las mismas. Las nuevas longitudes de los túneles de desvío serían de 675 m y 789 m. (...)". También se señaló que "(...) Al tener un mayor diámetro los túneles de desvío, es necesario dejar previsto que por la ventana de acceso se puedan colocar dos ductos de ventilación de 2 m de diámetro y el ingreso de equipos de mayor tamaño para el proceso posterior de construcción de los túneles de desvío. Analizados los puntos indicados anteriormente, se define que las dimensiones que debería tener la ventana de acceso para garantizar un funcionamiento óptimo sería de 6 m de altura y 6 m de ancho de piso, para un área de excavación de 32.14 m2. (...) Con el nuevo diseño de los túneles de desvío, el diámetro de excavación sería de 14 m, que implicaría un área de excavación de 175 m2. El porcentaje de excavación que representaría la ventana de acceso propuesta, respecto del área de los túneles de desvío (propuestos recientemente) es de solamente un 18%. (...) 4. Modificación en el diámetro de excavación de la galería de investigación. (...) Para mantener el nivel de seguridad en la colocación de los arcos de acero y evitar quitarlos durante el proceso de ampliación de la galería a la sección final del eventual túnel de desvío, se debe de adaptar la excavación de la galería de investigación a la sección superior del futuro túnel de desvío de 14 m de diámetro. La nueva galería de investigación propuesta tendría una sección de excavación de 42.73 m2, con una altura de 4.5 m y un ancho de piso de 13.08 m. (...) Con el nuevo diseño propuesto para los túneles de desvío, el diámetro de excavación sería de 14 m y el ancho de piso de 14 m, lo que implica un área de excavación de 175 m2. El porcentaje de excavación  que representaría la nueva galería de investigación propuesta, respecto del área de los túneles de desvío es de un 24% (...) En resumen, aunque la sección propuesta de la nueva galería de investigación tiene dimensiones mayores, ya que pasa de un área de excavación en la galería original de 27.52 m2 a una de 42.73 m2, en porcentaje de área excavada respecto a la sección definitiva de los túneles de desvío, es mucho menor, ya que la nueva galería de investigación propuesta significa un 24% respecto de la sección final de excavación, mientras que en la galería original significaba el 30%. (...). 6. Resumen. Debido al cambio en el diseño básico planteado por la empresa consultora INGETEC y que se justifica ampliamente en el punto 2 de este informe, los túneles de desvío tendrían ahora un diámetro de excavación de 14 m, para un área de excavación de 175 m2. Con esta modificación en el tamaño final de los túneles de desvío, sería necesario dejar prevista una ventana de acceso en que se puedan colocar los 2 ductos de ventilación de 2 m de diámetro que se requerirán en una etapa posterior de construcción de los túneles de desvío y además que permita el ingreso de equipo especializado de mayor tamaño. Por lo anterior se propone, cambiar el diámetro de la ventana de acceso de 4.8 m (Figura 1) a un diámetro de excavación de 6 m (Figura 2). De no excavarse la ventana de acceso en 6 m de diámetro, posteriormente se debería ampliar la sección de excavación, lo cual desde un punto de vista constructivo no sería lo ideal ya que se debería quitar el soporte temporal para ampliar la ventana, lo que significa un gasto económico adicional, pero sobre todo y lo trascendental es que implicaría un riesgo constructivo importante para los trabajadores, ya que estarían vulnerables a la caída de fragmentos de roca. Respecto a la galería de investigación, es necesario por aspectos de seguridad constructiva, hacer coincidir la corona de excavación de la galería con la corona final de los túneles de desvío, para que no sea necesario quitar la corona del arco y así evitar el desprendimiento de material. Por lo anterior, es necesario modificar el tamaño de la galería de investigación, el cual originalmente se había planteado en 3.76 m de alto y 9.92 m de ancho para un área de excavación de 27.52 m2 (Figura 5). La galería de investigación propuesta tendría una altura de 4.5 m y ancho de piso de 13.08 m, para un área de excavación de 42.73 m2 (Figura 7). (...)". (folios 12 al 27 de la carpeta administrativa correspondiente a la Adenda planteada en el expediente administrativo No. 366-2005-SETENA).  19) Mediante resolución No. 2766-2009-SETENA de las 10 horas 25 minutos del 18 de noviembre del 2009, la Comisión Plenaria de la Nombre139474 aprobó la nueva DJCA sometida a evaluación por el ICE con base en la solicitud de ampliación de viabilidad ambiental y en la adenda referidas, dentro del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA. En la parte dispositiva de esa resolución se dispuso, en los que interesa: "(...) PRIMERO: Se aprueba la nueva Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, sometido a evaluación (...) con base en la Solicitud de Ampliación de Viabilidad (Licencia) Ambiental y a la Adenda a la Solicitud de Ampliación de Viabilidad (Licencia) Ambiental del Expediente Administrativo No. 366-2005-SETENA. (…)CUARTO: Se le comunica al interesado que de conformidad con los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto: Nombre Proyecto: ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN SITIO TÉRRABA. No. Exp: 366-2005-SETENA.  Propietario: Instituto Costarricense de Electricidad. Ubicación: Provincia: Puntarenas. Cantón: Buenos Aires. Distrito: Potrero Grande y Palmar. Hoja Cartográfica : General y Changuena Esc: 1:50.000. Coordenadas: 337.006.337.351 Norte/ 540.053. 540.054 Este. 326.767 Norte/ 521.662 Este. Descripción del Proyecto actual, evaluado y remitido por la UEN Proyectos y Servicios Asociados-UEN PySA a la SETENA: a) Mediante nota 4501.0178-2009 del 14 de julio del 2009 del Ing. Nombre139482 .  , Director y Apoderado por Sustitución de Poder del Desarrollador Instituto Costarricense de Electricidad y que forma parte del documento Solicitud de Ampliación de Viabilidad (Licencia) Ambiental del Proyecto Estudios Geológicos en los sitios Térraba y Cañablancal, Expediente No. 366-2005-SETENA, se incluye un cuadro comparativo de las obras aprobadas originalmente versus las obras solicitadas en esta nota y el informe técnico adjunto que las justifica. Comparativo de obras originalmente aprobadas mediante Resolución Nombre139474 y obras solicitadas en la actualidad.

 

Obras originalmente aprobadas

	

Resolución No.

	

Obras solicitadas

	

Características de las modificaciones

	

Análisis de posibles impactos ambientales




Perforaciones de exploración geológica en los sitios Cañablancal, Térraba, Ceiba y Colinas

	

Nombre139474

	

a) Perforaciones varias de exploración geológica en los sitios Cañablancal, Térraba (contemplando ambas márgenes del río General) y Ceibo. 

	

Ver detalle en los ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3 del documento adjunto a la presente nota.

	

Ver detalle en el ítem 6 del documento adjunto a la presente nota




Trincheras de investigación geológica en los sitios Ceibo, Cañablancal, Kramankrawa y Ocochovi

	

1584-2005-SETENA.

	

b) Trincheras de investigación geológicas en los sitios Cañablancal y Térraba.

	

Ver detalle en los ítems 1.3 y 2.7 del documento adjunto a la presente nota.

	

Ver detalle en el ítem 6 del documento adjunto a la presente nota




Galerías de investigación geológica en el sitio Térraba.

 

 

 

 

 

 

Una galería de exploración geológica para la futura casa de máquinas así como para actividades complementarias asociadas a tal galería 

 

 

	

Nombre139474

 

 

 

 

 

 

 

SG-ASA-147-2008-SETENA

	

c) Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Térraba (en la margen derecha del río General) para los túneles de desvío.

 

d) Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Colinas para evaluación de falla geológica a ser atravesada eventualmente por la línea del túnel.

	

Ver detalle en el ítem 2.6 del documento adjunto a la presente nota.

 

 

 

 

 

Ver detalle en el ítem 4.1 del documento adjunto a la presente nota. 

	

Ver detalle en el ítem 6 del documento adjunto a la presente nota

 

 

 

Ver detalle en el ítem 6 del documento adjunto a la presente nota

 

(…) 2. Exploración geológica en el sitio Térraba: Se proyecta construir ahí una minicentral de producción de energía eléctrica (28MW) donde se requiere una investigación por medio de una perforación de 75.7 mm del diámetro y 50 m de profundidad con el fin de determinar las características geomecánicas del sitio de fundación de la estructura.  2.1 Perforación PHED-49-MC 2.2 Perforaciones del plinto: (1) PHED-50-PL. (2) PHED-51-PL, (3) PHED-52-PL, (4)  PHED-53-PL, (5) PHED-54-PL, (6) PHED-55-PL, (7) PHED-56-PL, (8) PHED-57-PL, (9) PHED-58-PL, (10) PHED-59-PL El plinto constituye la base donde se anclaría la estructura de la presa (la cara que sostiene el agua)  con el macizo rocoso donde la estructura se fundaría, por lo que se debe hacer investigación geológica en los sitios de fundación. Consiste en diez perforaciones de 75.7 mm y 12º m de profundidad.  (…) 2.3 Perforación PHED-60-PZ: Para la construcción de la presa es necesario construir dos túneles de desvío del río General. Se requiere investigación geológica para determinar las características del material presente en este sitio a través de una perforación de 100 m de profundidad y 75.7 mm de diámetro. 2.4 Geofísica: en el plinto, la minicentral y su conducción: El diseño de la estructura del plinto requiere de información técnica respaldada por una amplia investigación geológica e implica sondeos geofísicos en 1500 m sobre el eje del plinto para el alineamiento de la fundación. La ejecución de los ensayos sería sobre un carril que no supera el 05 m de ancho y una longitud de 1500 m. Se utilizarán accesos ya existentes para el traslado del equipo y personal.  2.5 Ensayos de anclaje en el vertedero: El vertedero de excedentes requiere de anclajes para la losa de concreto. Se requiere de una serie de perforaciones cortas, para diez pruebas de anclaje, entre los 3 y los 11 m de profundidad 5 cm de diámetro.  2.6 Galería de exploración geológica de los túneles de desvío: Se refiere a los túneles de desvío del río, requeridos para la protección del área de construcción de la presa, y consistirán en dos excavaciones subterráneas sobre la cota 141 m.s.n.m. Las características de los túneles y sus dimensiones fueron modificadas en la propuesta de la Adenda a la solicitud de ampliación de la viabilidad ambiental (ver punto 1).  2.6.1 Dique de protección con muro de gaviones: Con el fin de brindar una terraza de trabajo segura y dar seguridad al personal operativo en la época de lluvias fuertes, ayudando a la contención del agua del río en caso de crecientes. Tiene 6 m de altura, 110 m de longitud y el ancho varía según la altura, entre tres y un metro de ancho, con unos 1540 m3 de volumen de piedra,  2.6.2 Terraza de maniobras para la excavación de la ventana y la galería: Habilitar un área de 2152 m2 de espacio para colocar la maquinaria, el equipo, las herramientas y los suministros, que permitan facilitar la apertura del portal de la galería y la eventual excavación. Además, debe ubicar las instalaciones necesarias para atender al personal: comedor, dispensario, bodegas, oficinas, etc. 2.6.3 Rehabilitación de camino interno existente en la finca: Dadas las características del camino y las dimensiones de los equipos de la obra, se hace necesario mejorarlo con el movimiento de tierra de 12.398 m3 de que se dispondría en las escombreras y en la terraza de trabajo. Se ampliará el camino a una superficie de rodamiento de 5 m.  2.6.4 Habilitación y manejo de escombreras: Los sitios de escombreras se ubican a 1.5 km de la terraza de la ventana de acceso a la galería.  Son áreas dedicadas a la ganadería y con poca cobertura vegetal. Tienen una capacidad de almacenamiento de 51039 m3. Existe una trocha de acceso al sitio de escombreras que debe mejorarse. No hay evidencia de rasgos arqueológicos y la presencia de animales silvestres es escaza (sic). 2.6.5. Rehabilitación de acceso a las escombreras: El acceso se realizará por el camino público existente, que requiere mejorar la superficie de rodamiento.  2.6.6 Instalación de una acometida eléctrica que abastezca la obra: Es necesario la construcción de aproximadamente 819 m de línea de distribución con una capacidad de 3450 voltios para abastecer los equipos de excavación de la galería exploratoria.  2.6.7 Construcción de un plantel tipo bodega-patio de materiales: En la terraza del portal de (sic) construirán los edificios necesarios par (sic) las obras de la galería: un consultorio médico, comedor, servicios sanitarios, bodegas, plantas y compresores., transformadores, fogón-cemento-agregados y oficinas. (886 m2 de construcción). Es necesario habilitar otras zonas de patio y almacén de materiales: area (sic) techada para cemento, area  (sic) para agregados, almacén de materiales y patio de materiales.  2.6.8 Corta de árboles en un área de potrero: Previo a la corta de árboles se tramitará los permisos ante el MINAET. Según los inventarios forestales hay en los sitios seleccionados potreros y vegetación riparia (se ubicaron 21 árboles con diámetro mayor a los 15 cm) y sobre los sitios de escombreras no hay árboles mayores a los 15 cm de diámetro. (….) 2.6.9 Trincheras para investigación geológica del camino Térraba-Águila: Es necesario la construcción de caminos adecuados; el camino desde la entrada de Térraba hasta la comunidad El Águila que lleva a la futura boca toma, debe ser habilitado como ruta nacional y comunicará a la comunidad de Pacuar con Nombre265  hasta Térraba de Buenos Aires. Para este tramo del camino se han ubicado ocho puntos de investigación geológicas a través de ocho trincheras (…) b. Mediante nota PHED-78100-0384-2009 del 9 de setiembre del 2009 del Ing. Franklin Ávila Pérez, Director y Apoderado por Sustitución de Poder del Desarrollador Instituto Costarricense de Electricidad y que forma parte del documento Adenda a la solicitud de Ampliación de Viabilidad (Licencia) Ambiental del Proyecto: Estudios Geológicos en los sitios Térraba y Cañablancal, Expediente No. 366-2005-SETENA, donde se plantea el asunto: “Justificación técnica sobre los recientes cambios en las galerías pedidas en la solicitud de ampliación y ajuste de la licencia ambiental vigentes, Expediente Administrativo No. Nombre139483 denominado: Estudios geológicos de los Sitios Térraba y Cañablancal”, con el fin de plantear en base a dos informes técnicos cambios al contenido de la propuesta de solicitud de ampliación de la viabilidad ambiental  planteada el pasado 16 de julio del 2009, donde se solicita:  1. Modificación al tamaño de la galería exploratoria de los túneles de desvío. 1.1 Antecedentes: La empresa consultora INGETEC presentó el pasado 30 de julio el Informe Código PHDQ-HDR-002-007 con el Diseño Básico de las Obras de Desvío y la Descarga del Fondo, que presentan varias modificaciones del (sic) importancia a la (sic) obras de desvió (sic) y un (sic) variación en la longitud y sección de la excavación de los futuros túneles de desvió (sic).  1.2 Justificación de incremento en el tamaño de los túneles de desvío: el objetivo principal del (sic) desviar el agua del río por los túneles es secar el área de trabajo para la cimentación y construcción de la presa. El tamaño del (sic) los túneles de  desvío está determinado por el volumen de agua a transportar y por la altura de la ataguía. Se concluyó que la ataguía tendría una altura del (sic) 30 m (con un volumen de concreto de 100.000 m3) y los túneles de desvió (sic) tendrían un diámetro de excavación de 175 m2; la longitud de los túneles de desvió (sic) se redujo a 675 m y 789 m.  1.3 Modificación en el diámetro de excavación de la ventana de acceso: inicialmente se planteó que para acceder a la galería de los túneles de desvió (sic), sería necesaria una ventana de acceso de 130 m de longitud con un diámetro de excavación de 4.8 m y un área de excavación de 21.1 m2. Con base en los estudios indicados, las dimensiones de la ventana de acceso para su funcionamiento óptimo serían de 6 m de altura y 6 m de ancho del piso para un área de excavación de 32.14 m 2. Con el  nuevo diseño de los túneles de desvió (sic), del (sic) diámetro de excavación sería de 14 m de (sic) y el ancho del piso de 14  m, con un área de excavación de 175 m2. 1.4 Modificación en el diámetro de excavación  de la galería de investigación: originalmente tendría una sección de excavación de 27.5 m2, correspondiente a la sección mínima constructiva para que ingresen los equipos especiales de excavación. Debido a una razón de seguridad operativa se propone usar arcos de acero como refuerzo temporal y de acuerdo con el diseño básico presentado por INGETEC, la dimensión de los túneles de desvió (sic) presentaría un diámetro de excavación de 14 m y un ancho de piso de 14 m, que implica un área de excavación de 175 m2. La nueva galería de investigación propuesta tendría una sección de excavación de 42.73 m2 con una altura del (sic) 4.5 m y un ancho de piso de 134.08 m. 1.5 Análisis de los volúmenes de excavación: El volumen de material suelto producto de las excavaciones a colocar en las escombreras producto de la ventana de acceso planteada originalmente sería de 3703 m3 y el volumen de la galería de investigación planteada sería de 33413 m3 para un total de 37106 m3. Con las modificaciones, el volumen de la ventana de acceso propuesta en la actualidad sería de 5641 m3 y el volumen de la galería de investigación actual sería de 38938 m3 para un total de 44578 m3, sin embargo, las escombreras propuestas tienen una capacidad de 51039 m3 y no sería necesario habilitar otro sitio para escombreras. (…) Por lo que se le otorga la VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental. (…)” (folios 522 al 534 del tomo II del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). 20) Mediante resolución No. 2849-2009-SETENA, de las 8 horas 18 minutos del 8 de diciembre del 2009 la Nombre139474  aprobó una prórroga de un año del plazo originalmente otorgado al ICE para la presentación del estudio de impacto ambiental en el expediente administrativo No. 843-2007-SETENA correspondiente al PHD (folios 141 a 144 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007).  21) El 16 de febrero del 2010, el Ingeniero Nombre139475  , funcionario del ICE, abrió el cuaderno de bitácora que sería utilizado para llevar el control de las obras relacionadas con la galería exploratoria en la margen derecha del sitio de presa. Se indicó que, específicamente, esa obras son: instalaciones provisionales, camino de acceso, muro de gaviones y portal, la excavación de la galería exploratoria propiamente; y que la apertura de la bitácora se daba con posterioridad al inicio de la obra (folio 00 del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). 22) El 16 de febrero del 2010 se inició con el levantamiento de las instalaciones provisionales, específicamente con la colocación de paredes en el edificio de oficinas ya que los demás edificios se encontraban techados a nivel de cerchas. Dentro de las instalaciones provisionales y temporales que fueron levantadas están bodegas, edificios, área de mantenimiento mecánico, caseta de vigilancia, comedor, bodega para perforadores, batería de servicios sanitarios, dispensario. El 28 de abril del 2011 se dio la orden de desmantelar las instalaciones provisionales, lo que tardó aproximadamente veintidós días (expediente administrativo rotulado "Bitácora", declaración de Nombre139475  ). 23) En el cuaderno de bitácora, se indicó que el 16 de febrero del 2010,  se tomó la decisión de intensificar el llenado de gaviones en la zona de aguas arriba del muro para generar una defensa en caso de que el río crezca. Asimismo, el 24 de febrero de ese año se anotó que, en reunión con Nombre25848 , Nombre139475  y Franklin Ávila, se decidió acarrear piedra desde la margen izquierda del río para llenar gaviones dado que la piedra en la margen derecha era insuficiente, y que se tramitaría el permiso con Nombre139481 . Ese proceso continuó durante los meses de marzo, abril y el 22 de mayo de ese mismo año se anotó que finalizó el llenado de los gaviones en el turno de la noche. Esas anotaciones fueron firmadas por el Ingeniero Nombre139475  y Nombre139484   (folio 01, 02,03, 05, 06, 10 y 13  del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). 24) El 16 de febrero del 2010 se indicó en el cuaderno de bitácora que se coordinaría con Nombre139481  (Regente Ambiental) para tramitar la autorización para cortar los árboles (5) que se encontraban en la zona del portal. El 24 de abril del mismo año se anotó que por parte de Nombre139481  se autorizó la corta de árboles frutales para los trabajos requeridos por el grupo de redes eléctricas para la alimentación de energía a las instalaciones provisionales y que Nombre139484  sería el encargado de inventariar los árboles que se corten para incluirlos en el avalúo por pago de daños al propietario. Esas anotaciones fueron firmadas por el Ingeniero Nombre139475  y Nombre139484   (folio 01 y 09 del expediente administrativo rotulado "Bitácora").  25) Conforme al cuaderno de bitácora, el 6 de mayo se ingresó con una excavadora de 24 TDN hasta el sitio del portal para iniciar con la excavación. El proceso de conformación del portal se dio en cuatro etapas o banqueos, iniciando el 8 de mayo y concluyendo 21 de junio del 2010.  El 24 de junio de ese año se inició de inmediato con la colocación de los arcos del portal, anotándose que se planeaba colocar cinco arcos en la parte exterior del talud para iniciar ahí con la excavación de la galería. Esas anotaciones fueron firmadas por el Ingeniero Nombre139475  y Nombre139484   (folio 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del expediente administrativo rotulado "Bitácora").  26) Conforme al cuaderno de bitácora, el 2 de julio del 2010 se realizó la primera voladura en la galería, el 7 de julio de ese mismo año se celebró una misa para marcar el inicio de la excavación y el 13 de julio continuó la excavación subterránea. Para el 29 de agosto del 2010, se tenía un avance de 90.22 m en la excavación de la ventana de acceso a la galería exploratoria. Además, el 2 de setiembre de ese año, se continuaba avanzando con concreto lanzado y pernos de anclaje como refuerzo temporal. El 16 de setiembre del 2010 se tenía un avance de 145.15 m, lo que representaba la totalidad de la excavación de la ventana. Esas anotaciones fueron firmadas por el Ingeniero Nombre139475  y Nombre139484   (folios 20 al 28 del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). 27) Conforme al cuaderno de bitácora, el 30 de setiembre del 2010 se contaba con un avance de 29.39 m de excavación sobre el alineamiento de la galería exploratoria y se había finalizado la ampliación de la intersección. Esa excavación continuó durante el resto de ese mes y el de octubre. El 21 de octubre del 2010 se anotó que la excavación continuaba sin problemas y que la semana próxima se tomaría la decisión de adonde se realizarían las excavaciones a sección completa de la corona de los túneles de desvío para las investigaciones de geología y geotecnia. La excavación se suspende el 2 de noviembre del 2010 por inundaciones provocadas por la crecida del Río General. Esas anotaciones fueron firmadas por el Ingeniero Nombre139475  y Nombre139484   (folios 29 al 35 del expediente administrativo rotulado "Bitácora").  28) Conforme al cuaderno de bitácora, el 20 de noviembre del 2010 se reinició con el proceso de excavación. Según una anotación del 14 de diciembre, el 3 de ese mes se comenzó con el proceso de ampliación de la galería desde la estación 223,04 en adelante, esto para investigar el comportamiento del terreno con el arco del túnel definitivo de desvío.  Para el 28 de abril del 2011 se completaron 380,13 m de galería excavada. Esas anotaciones fueron firmadas por el Ingeniero Nombre139475  y Nombre139484   hasta el 17 de febrero del 2011. A partir de esa fecha las anotaciones las suscriben los Ingenieros Nombre139475  y Andrés Loría Solera (folios 35 42 del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). 29) En diciembre del 2010 el ICE solicitó a la Nombre139474 una segunda prórroga para la presentación del estudio de impacto ambiental en el expediente No. 843-2007-SETENA correspondiente al PHD y en mayo del 2011 le pidió la suspensión de ese plazo en virtud de la imposibilidad de efectuar la consulta a las poblaciones indígenas que se verían afectadas con el PHD y la exigencia de que este aspecto esté comprendido en el estudio en cuestión (testimonio de Nombre139478  ). 30) A partir del 27 de abril del 2011, el ICE suspendió el avance de la excavación de la galería de investigación de los túneles de desvío (se infiere de los folios 581 y 582 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). 31) Conforme al cuaderno de bitácora, por orden de la dirección del proyecto, el 3 de mayo del 2011 se comienza con las labores de cierre técnico de la galería de exploración del margen derecho del Río General. Ese día se realizó la última voladura en la galería con un avance final de 383,23 m excavados. Esas anotaciones fueron firmadas por los Ingenieros Nombre139475  y Andrés Loría Solera (folio 43 35 42 del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). 32) El 23 de junio del 2011, el señor Víctor Mauricio Guzmán Arguedas, funcionario de la Nombre139474 se apersonó y realizó una inspección en lugar donde se llevaba a cabo el proyecto "Estudios geológicos en el sitio Térraba", expediente No. 366-2005-SETENA, para realizar el cierre oficial del Sitio Galería de Investigación. En lo medular, se destacó que "(...) se realizó un recorrido general por todo el área del proyecto, en la parte inicial muy cerca de la entrada de acceso donde antes se ubicaban las oficinas, dispensario, comedor y otros, no hay evidencia alguna de esta infraestructura. Algunas áreas se han recuperado con siembra de zacate. Existe una escombrera producto de las galerías de aprox. 4000 m2 (según indica el Ing. Nombre139475 ) este material no lo piensa utilizar el ICE. Posteriormente se visitó otro sector donde se encuentra una línea trifásica y una perforación #57. Durante este recorrido se observó ganado, un área quemada y corta de algunos árboles en cerca, estas actividades las realizó el poseer (sic) del terreno. Posteriormente se visitó la galería principal cerca del río General Superior (...) esta (sic) se encuentra clausurada y presenta una estructura de hierro soldada, tampoco se evidenció maquinaria ni personal laborando. También se visitaron otras dos galerías (...)" (acta visible de folio 587 al 589 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA, folio 45 del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). 33) Mediante oficio ASA- 1290-2011, de 18 de julio del 2011, la Nombre139474 rindió informe técnico sobre el seguimiento ambiental al proyecto "Estudios geológicos en el sitio Térraba". En lo que interesa, señaló que "(...) 4. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha cumplido con la presentación de informes ambientales, el nombramiento del responsable ambiental, según lo solicitado en las resoluciones No. Nombre139474 y 2766-2009-SETENA otorgadas por esta Secretaría. Conclusiones 1. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ha cumplido con los compromisos ambientales asumidos ante esta Secretaría durante la etapa constructiva del proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba", expediente Administrativo 366-2005-SETENA, específicamente en el Sitio Térraba, dentro del Territorio Indígena Térraba. 2. No se observan en el área del proyecto impactos significativos que requieran ser mitigados antes de dar por cerrado el frente del Sitio Térraba, al margen derecho aguas abajo del Río General Superior, dentro del Territorio Indígena Térraba. 3. Que de acuerdo con el personal del ICE, la escombrera (material producto de la construcción de las galerías) de aproximadamente 4000m3, no la piensa utilizar; por tanto se quedará en el sitio. Debido a esta particularidad, tanto el poseedor actual del terreno como la Asociación del Territorio Indígena Térraba u cualquier tercero; no están autorizado por esta Secretaría ni por la Dirección de Geología y Minas del MINAET para aprovechar u utilizar este material. 4. El poseedor del inmueble, quemó un área de pastos y cortó algunos árboles en cerca sin el consentimiento de la Autoridad Forestal del Estado (AFE). Recomendaciones 1. Mediante oficio SG-ASA, informarle al Desarrollador y a la Responsable Ambiental de la visita al área del proyecto, que fue lo que se observó en dicha visita y dar por cerrado el Sitio Térraba en el margen derecho aguas abajo del Río General Superior dentro del Territorio Indígena Térraba. 2. Mediante oficio SG-ASA, informarle al Director de la Dirección de Geología y Minas del MINAET, sobre la situación de la escombrera para lo que corresponda. (...)" (folios 595 al 610 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). 34) Mediante oficio SG-ASA-1072-2011-SETENA, de 18 de julio del 2011, la Nombre139474 comunicó al ICE y a la responsable ambiental del proyecto "Estudios geológicos en el Sitio Térraba", que con base en el informe técnico respectivo, no se determinaron no conformidades, quedando de esta forma clausuradas las obras realizadas por el ICE en la margen derecha aguas abajo del Río General Superior dentro del Territorio Indígena de Térraba. Además indicó que los demás frentes de trabajo, así como el sector o margen izquierdo aguas abajo del Río General Superior fuera del Territorio Indígena de Térraba, se encontraban activos para esa Secretaria (folios 612 y 613 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). 35) Mediante resolución No. 2278-2012-SETENA, de las 8 horas del 5 de setiembre del 2012,  la Comisión Plenaria de la Nombre139474 acordó suspender el plazo para que el ICE entregara el Estudio de Impacto Ambiental completo en el expediente No. 843-2007-SETENA correspondiente al PHD, imponiéndole el deber de presentar informes semestrales a la Nombre139474 en los cuales indique con apropiado detalle el estado de resolución de las condiciones sobre las que se ha sustentado la imposibilidad de aporte del referido estudio. En la parte considerativa de esa resolución se señaló que la solicitud de suspensión de ese plazo se justificó en que para cumplir a cabalidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo era necesario resolver una serie de requerimientos indispensables para poder desarrollar el proceso participativo y concertado de consulta a los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto. Aunado a lo anterior, también se consideró que la Sala Constitucional, mediante el Voto No. 2975-2011, de 23 de setiembre del 2011, ordenó al ICE realizar la consulta previa a las comunidades indígenas donde se llevará a cabo el proyecto, lo que implicaba que existía una imposibilidad del ICE para presentar el estudio de impacto ambiental hasta tanto no se concrete esa consulta (folios 536 al 545 del tomo III del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007). 36) A la fecha, el expediente No. 843-2007-SETENA se mantiene suspendido y la consulta indígena a los pueblos que se verán afectados por el PHD no se ha efectuado (testimonio de Nombre139478  ). 37) Al amparo de la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución No. Nombre139474 citada, en el expediente NO. 366-2005-SETENA, el ICE llevó a cabo las siguientes obras: habilitación de ciertos accesos a ciertos puntos del proyecto, manejo de escombreras, dos galerías de 150 m de longitud cada una, instalaciones provisionales de 576 m2, una perforación de 100 m de profundidad y otra de 250 m (se infiere del folio 195 del tomo I del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA, del testimonio de Nombre139478   y los folios 2225 y 2226 del expediente judicial). 38) Al amparo de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 2766-2009-SETENA citada el ICE llevó a cabo actividades investigativas y obras constructivas asociadas a éstas, en la margen derecha del Río General y en la Reserva Indígena de Térraba tales como: perforaciones, investigación geológica, investigación y excavación en el eje de uno de los futuros túneles de desvío, construcción de muro de gaviones, movimientos de tierra, excavación del portal, la ventana de acceso, la intersección y la galería de investigación e instalaciones provisionales (como comedor, dispensario, bodegas, oficinas)  (cuaderno de bitácora, reconocimiento judicial, declaración de Nombre139475  ,  los folios 2225 y 2226 del expediente judicial). 39) Al amparo de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 2766-2009-SETENA citada para la fase de investigación del PHD, el ICE excavó aproximadamente 43 metros cuadrados (correspondientes al área de la galería de investigación ubicada en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) de los 175 metros cuadrados que tendría uno de los futuros túneles de desvío (declaración de Nombre139475  , expediente administrativo rotulado "Bitácora").  40) Con ocasión de la fase de investigación del expediente No. Nombre139483 hubo corta de árboles (cuaderno de bitácora, declaración de Nombre139478  ). 41) Con ocasión de la fase de investigación del expediente No. 366-2005-SETENA, el ICE no construyó caminos de acceso en el sitio o hacia la margen derecha del Río General, únicamente mejoró los ya existentes (expediente administrativo rotulado "Bitácora", reconocimiento judicial,  declaración de Nombre139475  ). 42) Entre las obras constructivas de investigación autorizadas en la resolución No. Nombre139474 (excavación de dos galerías de 150 m de longitud cada una) y las autorizadas mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA (excavaciones para una ventana de acceso de 130 m de longitud y una galería de investigación de 675 m de longitud), dentro del territorio indígena de Térraba, el proyecto autorizado en el expediente No. Nombre139483 sufrió una modificación de obras constructiva de un 168% (certificación visible a folios 2225 y 2226 del expediente judicial).  43) El porcentaje de modificación entre la superficie del PHD  autorizada en la resolución No. Nombre139474 y la autorizada mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA dentro del territorio indígena de Térraba, tanto en áreas comparables como no comparables fue de un 427% (certificación visible a folios 2225 y 2226 del expediente judicial).  44) El porcentaje de modificación entre las perforaciones para el PHD autorizadas en la resolución No. Nombre139474 (una perforación de 100 m y otra de 250 m de profundidad) y las autorizadas mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA (cinco perforaciones que suman 540 m de profundidad en MD) dentro del territorio indígena de Térraba fue de un 50% (certificación visible a folios 2225 y 2226 del expediente judicial).

III.- Hechos no probados. De relevancia para el presente proceso y por no haber prueba en el expediente que lo sustente, se tiene por indemostrado lo siguiente:  1) Que las labores o actividades de la fase de investigación o las obras constructivas asociadas a ésta, ejecutadas por el ICE dentro del territorio indígena de Térraba con ocasión del expediente No. Nombre139483 hubiera causado daños ambientales. 2) Que el ICE hubiese gestionado ante los entes u órganos públicos competentes, las autorizaciones o permisos requeridos para la corta de árboles, los movimientos de tierra, excavaciones  y para la construcción del muro de gaviones en la margen derecha del cauce derecho del Río General.  3) Que el ICE hubiese ejecutado actividades o labores propias de la fase de inversión o ejecución del PHD en el territorio indígena de Térraba. 4) Que de previo a la modificación autorizada mediante resolución No. 2766-2009-SETENA, la Nombre139474 hubiese realizado una visita al área del proyecto "Estudios Geológicos Sitio Térraba".

IV.- Objeto del proceso.   En esta causa, las accionantes formulan, en lo medular, una serie de pretensiones de condena para que: 1) Se ordene al ICE cumplir con el deber de tramitar de inmediato una completa e integral evaluación de impacto ambiental para la zona de la Reserva Indígena de Térraba, todo bajo la supervisión y fiscalización de la SETENA, la cual incluso debe realizarse mediante la utilización del instrumento ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica, o en su lugar mediante la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental para la etapa de inversión (constructiva y operativa) en esa zona del PHD. 2) Se ordene al Estado y al ICE la generación de un plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias de todos los impactos y daños ambientales causados por las acciones u omisiones de las demandados ocasionadas en la Reserva Indígena de Térraba, sea por efecto directo o indirecto de la omisión de contar con un instrumento de evaluación de impacto ambiental propio de la etapa constructiva y operativa del proyecto, lo cual debe ser fiscalizado y aprobado por la SETENA. 3) Se ordene al ICE y al Estado que se abstengan de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que por acción u omisión pueda afectar los intereses del medio ambiente o de la biodiversidad ubicada en el área del proyecto y que a su vez puedan afectar o afecten a la Reserva Indígena de Térraba hasta tanto no se cuente con la evaluación de impacto ambiental correspondiente.  La forma en que se fijó la pretensión, obliga al Tribunal a pronunciarse, de inicio, sobre algunos aspectos que resultan indispensables a efectos de delimitar el objeto de esta litis y establecer el alcance del control de legalidad que se ejercerá.  El primero de ellos es que, como adelantamos, en esta causa no se está ejerciendo ninguna pretensión anulatoria respecto de las distintas conductas y actuaciones del ICE y la Nombre139474 relacionadas con los procedimientos de evaluación ambiental tramitados en los expedientes No. Nombre139483 y 843-2007-SETENA. Si bien es cierto inicialmente las señoras Nombre139472  sí habían formulado pedimentos dirigidos a que se declarara la nulidad de algunos actos dictados en aquellos procedimientos, lo cierto es que, tal y como se indicó en los Resultandos de este fallo, éstos fueron desistidos por las propias demandantes. Esa decisión de la parte, evidentemente conlleva una limitación en el control de legalidad que ejerce este Tribunal en tanto impide que podamos pronunciarnos sobre si lo actuado por los demandados en aquella sede administrativa resulta o no sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico. Si se observa con cuidado, en rigor,  más que cuestionar la legalidad de lo actuado en los procedimientos ambientales referidos y relacionados con el PHD, las pretensiones de las actoras se dirigen a que se ordene a los entes públicos involucrados adoptar algunas acciones correctivas en materia ambiental, para el caso de que el proyecto se reanude o continúe. Es más, las demandantes en ningún momento manifiestan expresamente una oposición rotunda al desarrollo del PHD. Lo que piden, es que éste se ejecute con el cabal cumplimiento de la normativa ambiental vigente y su particular interés lo es, entiende el Tribunal, considerando que su desarrollo lo será, al menos, en el territorio indígena de Térraba, donde ellas habitan. Aunado a lo anterior, ha de advertirse que lo pretendido por las accionantes impone un límite espacial en el examen que efectuará este Tribunal. Lo anterior en tanto refiere a las obras efectuadas por el ICE o el Estado en el marco del PHD dentro de la Reserva Indígena de Térraba. Por ende, no se abordará el análisis de obras o actividades que, aunque comprendidas del PHD, hayan sido  desarrolladas fuera de ese territorio indígena, como es el caso, por ejemplo, de las actividades llevadas a cabo en la Falla Chánguena o el Sitio Colinas. Finalmente, cabe advertir que el examen de legalidad que se efectuará a efectos de establecer la procedencia o no de lo pedido por las actoras, parte de una premisa fundamental, que es el ineludible deber de los entes públicos involucrados en el PHD, de efectuar la consulta a la que hace referencia el artículo 6 del Convenio No. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en nuestro país mediante Ley No. 7316, de 3 de noviembre de 1992; conforme a la cual los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Tomando en cuenta que el área del PHD afecta directamente a varios territorios indígenas, entre ellos el de Térraba, esa consulta se torna indispensable, según explicaremos infra. Con estas precisiones abordamos el examen de lo pedido aclarando que, dadas las diversas manifestaciones que en abono a sus posiciones aportan las partes litigantes y para lo que se considera un mejor orden, se examinará cada una las pretensiones de las demandantes y los ejes temáticos que comprenden junto con las argumentaciones de los accionados y el tercero sin pretensiones propias, con el debido análisis, claro está, de todo lo argüido.

              V.- Sobre el caso concreto. La primera pretensión que formulan las accionantes es para que se ordene al ICE cumplir con el deber de tramitar de inmediato una completa e integral evaluación de impacto ambiental para la zona de la Reserva Indígena de Térraba, todo bajo la supervisión y fiscalización de la SETENA, la cual incluso debe realizarse mediante la utilización del instrumento ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE), o en su lugar mediante la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) para la etapa de inversión (constructiva y operativa) en esa zona del PHD. Para definir la procedencia o no de este extremo petitorio es necesario analizar varios aspectos que tienen que ver con el momento a partir  de cual el ICE debe de cumplir con el requisito de la evaluación del impacto ambiental de las actividades u obras que, para la investigación y el desarrollo del PHD, lleve a cabo dentro del territorio indígena de Térraba y el tipo de instrumento que, para tales efectos, debe solicitar. Este último punto debe vincularse, además, con la naturaleza de las obras u actividades que se ejecuten.  En este sentido y en relación tanto con el objeto de esta litis como con los hechos que se han tenido por acreditados, conviene iniciar recordando que con ocasión del PHD, el ICE gestionó ante la Nombre139474 dos procedimientos tendentes a obtener la viabilidad ambiental para diferentes actividades impactantes que ejecutaría. El primero de ellos lo fue bajo el expediente No. Nombre139483 para el proyecto "Estudios geológicos en el Sitio Térraba". En lo medular, las actividades impactantes que se solicitaba evaluar estaban relacionadas con la investigación o exploración geológica. Conforme al testimonio del geólogo Nombre139476  , la finalidad de las investigaciones geológicas y geotécnicas es,  en lo fundamental, conocer como se va comportar el medio físico, en este caso el macizo rocoso, en relación con la obra que se va a ejecutar, los parámetros que van a permitir definir cómo construir la obra, por ejemplo, la resistencia, la deformabilidad del medio, así como los eventuales riegos que se puede enfrentar en la ejecución del proyecto, por ejemplo, las presiones de agua, temperatura, presiones de gases o la presencia de roca explosiva y fluyente.  Señaló que este tipo de investigaciones puede efectuarse a través de perforaciones, la excavación de pozos o galerías y que para definir el alcance y la naturaleza de este tipo de investigaciones se ponderan criterios como la eficiencia, la tecnología, la oportunidad, la seguridad y la incertidumbre o riesgos geológicos. La información que se obtenga de la investigación resulta fundamental para otras etapas del proyecto como el diseño de obra, el proceso constructivo y el plan de manejo de riesgos. Pues bien, se tuvo por acreditado que mediante la resolución No. Nombre139474 citada la Nombre139474 aprobó la DJCA sometida a evaluación por el ICE dentro del expediente No. Nombre139483 citado y le comunicó que se había cumplido con el proceso de evaluación ambiental para el proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba", el cual, en lo que interesa,  describió de la siguiente manera: "(...) Perforaciones de investigación desde el punto de vista geológico, hidrogeológico, y geofísico de los sitios indicados para la fase de prefactibilidad de un futuro proyecto hidroeléctrico. Los trabajos a realizar son la perforación con recuperación de núcleo en los dos sitios con mayor detalle o cantidad de perforaciones en el sitio denominado Térraba, en las márgenes del Río General, completándose con la perforación de galerías en cada margen (...) Los trabajos a realizar son la perforación con recuperación de núcleo en los dos sitios, con mayor detalle o cantidad de perforaciones en el sitio denominado Térraba, en las márgenes del Río General, (...)" (los resaltados no corresponden al original); otorgándole la viabilidad ambiental respectiva y dejando abierta la etapa de gestión ambiental (folios 55 al 84 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2005). Posteriormente, en julio del 2009, el ICE solicitó a la Nombre139474 una ampliación de la viabilidad ambiental otorgada en el referido proyecto, ya que debían ampliar la obtención de datos geológicos relacionados con los sitios de obras del referido proyecto a efectos de recabar información fundamental para los diseños ingenieriles y que no había sido posible obtener con las exploraciones efectuadas hasta el momento. En lo que interesa, manifestó que dentro de las actividades adicionales que se solicitaban estaban "(...) 1. Perforaciones varias de exploración geológica de los sitios de Cañablancal, Térraba (contemplando ambas márgenes del río General y Ceibo. 2. Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Térraba (en la margen derecha del Río General) para los futuros túneles de desvío. (...)". Además, manifestó que las actividades adicionales de investigación que se planteaban y sus impactos ambientales no diferían en nada de lo planteado originalmente en ese expediente. Adjuntó a la solicitud una declaración jurada de compromisos ambientales y una serie de anexos que detallaban las obras solicitadas (folios 222 al 495 tomos  I y II del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2007) (el resaltado no corresponde al origina). El 28 de setiembre de ese mismo año, el ICE presentó a la Nombre139474 una adenda a la solicitud de ampliación de viabilidad ambiental del expediente No. 366-2005-SETENA, justificándola técnicamente en los recientes cambios en las galerías pedidas en las solicitud de ampliación, adjuntando dos informes técnicos suscritos por el Ingeniero Nombre139475  , Coordinador de Obras Subterráneas del PHD (folios 12 al 27 de la carpeta administrativa correspondiente a la Adenda planteada en el expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Y, en definitiva, mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA citada, la Nombre139474 aprobó la nueva DJCA sometida a evaluación por el ICE con base en la solicitud de ampliación de viabilidad ambiental y a la adenda referidas, dentro del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA. En la parte dispositiva de esa resolución se describen y autorizan una serie de actividades adicionales relacionadas con la investigación geológica y, según ampliaremos en un Considerando posterior, algunas obras constructivas asociadas a ésta, en la margen derecha del Río General y en la Reserva Indígena de Térraba. Entre ellas destacan perforaciones, investigación geológica, investigación y excavación en el eje de uno de los futuros túneles de desvío, construcción de muro de gaviones, excavación del portal, la ventana de acceso, la intersección y la galería de investigación e instalaciones provisionales (como comedor, dispensario, bodegas, oficinas), las que fueron efectuadas durante el año 2010 y hasta mayo del 2011 ( folios 522 al 534 del tomo II del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA, cuaderno de bitácora, reconocimiento judicial, declaración de Nombre139475  ). Finalmente, cabe agregar que,  por orden de la dirección del proyecto, el 3 de mayo del 2011 se comenzó con las labores de cierre técnico de la galería de exploración del margen derecho del Río General (folio 43 35 42 del expediente administrativo rotulado "Bitácora"). Luego, el 23 de junio del 2011, el señor Víctor Mauricio Guzmán Arguedas, funcionario de la Nombre139474 se apersonó y realizó una inspección en lugar donde se llevaba a cabo el proyecto "Estudios geológicos en el sitio Térraba", para realizar el cierre oficial del Sitio Galería de Investigación y mediante oficio SG-ASA-1072-2011-SETENA, de 18 de julio del 2011, la Nombre139474 comunicó al ICE y a la responsable ambiental del proyecto que con base en el informe técnico respectivo, no se determinaron no conformidades, quedando de esta forma clausuradas las obras realizadas por el ICE en la margen derecha aguas abajo del Río General Superior dentro del Territorio Indígena de Térraba. Además indicó que los demás frentes de trabajo, así como el sector o margen izquierdo aguas abajo del Río General Superior fuera del Territorio Indígena de Térraba, se encontraban activos para esa Secretaria (el resaltado no corresponde al original) (folios 612 y 613 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Por otra parte, en julio del año 2007, el ICE también gestionó el procedimiento de evaluación ambiental para el proyecto denominado Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, a través de un formulario D1, a efectos de que la Nombre139474 brindara los términos de referencia requeridos para el estudio de impacto ambiental de una obra de esa magnitud. A esa solicitud se le asignó el número de expediente 843-2007-SETENA  (folios 1 al 25 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007). Mediante la resolución No. 2174-2007-SETENA ya citada la Comisión Plenaria de la Nombre139474 aprobó la propuesta de los términos de referencia presentada por el ICE y le otorgó un plazo máximo de dos años para la presentación de un EsIA para el PHD (folios 36 al 48 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007). Luego, en la resolución No. 1526-2009-SETENA citada, se aprobó la propuesta de términos de referencia presentada por el ICE, con ocasión de modificaciones solicitadas por el ICE en marzo del 2009 relacionadas con observaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (folios 122 a 125 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007 y el expediente administrativo rotulado Anexo Términos de Referencia, testimonio de Nombre139478  ). El plazo de dos años que otorgara la Nombre139474 al ICE para la presentación del EsIA fue prorrogado, en diciembre del 2009, por un año (folios 141 a 144 del tomo I del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007). Sin embargo, en diciembre del 2010 el ICE solicitó a la Nombre139474 una segunda prórroga para la presentación del referido estudio y en mayo del 2011 le pidió la suspensión de ese plazo en virtud de la imposibilidad de efectuar la consulta a las poblaciones indígenas que se verían afectadas con el PHD y la exigencia de que este aspecto esté comprendido en el estudio en cuestión (testimonio de Nombre139478  ). En definitiva, mediante resolución No. 2278-2012-SETENA, de las 8 horas del 5 de setiembre del 2012,  la Comisión Plenaria de la Nombre139474 acordó suspender el plazo para que el ICE entregara el EsIA completo en el expediente del PHD, imponiéndole el deber de presentar informes semestrales a la Nombre139474 en los cuales indique, con apropiado detalle, el estado de resolución de las condiciones sobre las que se ha sustentado la imposibilidad de aporte del referido estudio. En la parte considerativa de esa resolución se señaló que la solicitud de suspensión de ese plazo se justificó en que para cumplir a cabalidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo era necesario resolver una serie de requerimientos indispensables para poder desarrollar el proceso participativo y concertado de consulta a los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto. Aunado a lo anterior, también se consideró que la Sala Constitucional, mediante el Voto No. 2975-2011, de 23 de setiembre del 2011, ordenó al ICE realizar la consulta previa a las comunidades indígenas donde se llevará a cabo el proyecto, lo que implicaba que existía una imposibilidad del ICE para presentar el estudio de impacto ambiental hasta tanto no se concrete esa consulta (folios 536 al 545 del tomo III del expediente administrativo Nombre139474 No. 843-2007). A la fecha, el expediente No. 843-2007-SETENA se mantiene suspendido y la consulta indígena a los pueblos que se verán afectados por el PHD no se ha efectuado (testimonio de Nombre139478  ). Del recuento anterior, podemos concluir que el proyecto al cual se le otorgó viabilidad ambiental en el expediente No. Nombre139483 (para la investigación geológica en el sitio Térraba) ya se cerró y fue clausurado, al menos, en lo que refiere a la investigación geológica a efectuar en el territorio indígena de Térraba. Aunado a lo anterior, el procedimiento de evaluación ambiental relativo al PHD que se tramita bajo el expediente No. 843- 2007-SETENA, se encuentra suspendido desde el setiembre del 2012 en virtud de que es imperativo que se realice la consulta a las poblaciones indígenas que se verían afectadas con el desarrollo y ejecución del proyecto (entre ellas, la de Térraba) y ese aspecto constituye un componente del EsIA que el ICE debe presentar a la SETENA. Como la referida consulta no se ha efectuado, la suspensión se mantiene al día de hoy. En virtud de lo expuesto, estimamos que resulta material y jurídicamente inviable,  ordenar al ICE cumplir, de inmediato, con el deber de completar una completa e integral evaluación de impacto ambiental para la zona de la Reserva Indígena de Térraba. No es posible completar esa evaluación en un expediente de investigación geológica que ya concluyó, se cerró técnicamente y fue clausurado; ni en un expediente de ejecución del PHD que está suspendido, precisamente, porque el ICE no ha podido entregar el estudio de impacto ambiental que fuera solicitado por la SETENA. A la fecha, falta un componente esencial de esa evaluación, a saber, la consulta indígena onforme al mandato del artículo 6 del Convenio No. 169 citado.  Ahora, para este Tribunal se encuentra fuera de toda duda la relevancia que el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado ostenta en nuestro régimen jurídico. Se trata de un derecho tutelado en el ordinal 50 párrafos 2º y 3º de la Carta Magna que ha sido objeto de un prolijo desarrollo legal, reglamentario jusrisprudencial, dentro de una materia que ha sido objeto de tratamiento además por tratados internacionales de los cuales, Costa Rica es Estado signatario. En ese sentido, conviene recordar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (en adelante LOA) , señala que “ Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.”. Bajo esta línea, se establece como regla común la necesidad de contar con instrumentos de medición de la variable ambiental en las diversas conductas y actividades humanas que puedan considerarse intrusivas al ambiente. La Evaluación de Impacto Ambiental se constituye, entonces, como un procedimiento que ostenta una compleja convergencia de variables jurídico-técnico-administrativas, cuya finalidad no es otra que la medición, identificación, predicción o proyección de los impactos que una determinada actividad humana producirá, con probabilidad, en el ambiente, caso de que sea llevado a cabo o se concretice su ejecución material. Dicho procedimiento se emite como base en un requerimiento previo de un procedimiento autorizatorio, en el cual se estiman los efectos y consecuencias que un proyecto de obra o actividad humana va a generar en el ambiente y constituye un importante mecanismo de ejercicio de política ambiental, que tiene una aplicación directa e inmediata en las actividades productivas, de manera que logre la armonía y compatibilidad de esas explotaciones económicas o sociales, con la preservación del medio, dentro de una visión de sostenibilidad o desarrollo sostenible. Es por ello que estimamos necesario advertir que, si el ICE como desarrollador del PHD decide retomar la fase de investigación geológica de este proyecto, evidentemente deba de ajustarse a lo dispuesto por la normativa ambiental vigente (en especial, el artículo 17 de la LOA) y solicitar, dentro de un nuevo expediente, la evaluación de impacto ambiental respectiva, la cual deberá corresponder al tipo de actividades u obras que, en esa fase de investigación, se requiera desarrollar, según explicaremos de seguido.

              VI.- Tomando en cuenta lo expuesto supra en relación con las precisiones efectuadas en torno al objeto de este proceso, el Tribunal entiende que la pretensión primera de las demandantes se orienta a que se le ordene al ICE que, en caso de ejecute obras constructivas o ingrese a la fase de inversión u operativa del proyecto, cumpla con efectuar la evaluación de impacto ambiental que corresponda. Lo anterior porque, según se infiere de las argumentaciones expuestas por la parte actora, algunas de las actividades impactantes autorizadas ambientalmente en el expediente No. 366-2005-SETENA, van más allá de la investigación geológica, en tanto constituyen obras constructivas que se corresponden más con una fase de inversión u operativa del proyecto; sin que éstas fueran evaluadas con el instrumento ambiental exigido tomando en cuenta su verdadera naturaleza. Sobre este punto,   cabe reiterar que en este proceso no se ha formulado ninguna pretensión anulatoria que habilite al Tribunal a revisar la legalidad de las actuaciones y actos mediante los cuales la Nombre139474 otorgó las viabilidades ambientales correspondientes para el proyecto "Estudios geológicos en el Sitio Térraba". Sin embargo, de las argumentaciones y la pretensión material de las actoras, sí se infiere que se reclama una conducta omisiva de la Nombre139474 al no exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y permitir que, con una viabilidad ambiental sustentada en una DJCA, se permitiera la ejecución de obras u actividades propias de una fase constructiva o de inversión, que requerían de un instrumento ambiental diferente, como lo sería, a juicio de las demandantes, una Evaluación Ambiental Estratégica o un Estudio de Impacto Ambiental.  Desde esta perspectiva, la forma en que se fijó la pretensión permite a este Tribunal analizar la naturaleza de las actividades impactantes autorizadas, en su momento, por la Nombre139474 para establecer si las mismas corresponden a actividades meramente de investigación geológica o a obras constructivas asociadas a esta fase o una etapa de inversión que hiciesen necesario un instrumento de evaluación ambiental diverso al que, en su momento, se autorizó. Lo anterior no para anular lo actuado porque, insistimos, ese extremo no fue pedido por la parte actora; sino únicamente para fijar los límites y reglas impuestas por el ordenamiento jurídico y los hechos, para el ejercicio legítimo de las potestades administrativas que, en este caso, el ICE y la Nombre139474 ejercerían en el supuesto de que se reabriera una nueva fase de investigación geológica del PHD. Lo anterior, claro está, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que ese ente y órgano conserven, tal cual se deriva del inciso f) de los artículos 42  y 122  del CPCA, así como los numerales 15, 15 y 158 inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido y para efectos de delimitar el examen que se efectuará, debemos iniciar señalando que en este proceso no se demostró que el ICE hubiese ejecutado actividades o labores propias de la fase de inversión, operativa o de ejecución del PHD en el territorio indígena de Térraba. Para el Tribunal, no se allegaron los elementos demostrativos suficientes y necesarios que permitieran establecer, con la contundencia debida, ese hecho. Por el contrario, las probanzas recabadas se orientan mucho más a confirmar que las labores y actividades ejecutadas por el ICE dentro del expediente No. Nombre139483 hasta aproximadamente mayo del 2011 eran, en general, propias de la investigación,  exploración y experimentación geológica requerida previo a aquella, sea, la ejecución del PHD.  Así se infiere de los testimonios rendidos por Nombre139477  , quien ocupaba el cargo de Coordinador del Área de Ingeniería Geotécnica del ICE, y en lo medular,  señaló que el informe rendido por INGETEC en noviembre del 2005 no suponía el inicio de las obras constructivas ni contemplaba los planos o diseños finales. Por su parte, el Ingeniero Nombre139475  , quien fuera Coordinador de Obras Subterráneas, insistió en que las actividades ejecutadas con ocasión del referido expediente fueron de investigación geológica y estaban autorizadas por la SETENA, tanto para las obras como para sus dimensiones. Nombre139478  , Ingeniero Forestal quien ocupó el cargo de Coordinador Ambiental del PHD, manifestó que las actividades efectuadas en el expediente No. Nombre139483 fueron investigativas y de obras asociadas. Finalmente, Nombre139479  , analista de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la Nombre139474 señaló que las actividades que se describían en el referido expediente eran propias de la etapa de investigación y, aunque en lo referido a la magnitud no estaba claro,  no parecían ser de inicio de labores. El único testigo que difiere sobre este aspecto es Nombre139485  , quien es geólogo e ingeniero en construcción e indicó que, en su criterio, el PHD se encontraba en la fase constructiva. Según expuso, llega a esa conclusión por distintos indicadores como lo eran la organización que el ICE mantiene aún en la página oficial del Diquís,  por el tipo de obras que se ejecutaban, así como por la cantidad de recursos y material que se manejó.  Sin embargo, en este punto el Tribunal se inclina por dar credibilidad al testimonio rendido por Nombre139477 , Nombre139475 , Nombre139478  y Nombre139479  por encima del de don Nombre139485, por las siguientes razones. Aún y cuando este último trabajó para el ICE en distintos proyectos hidroeléctricos como el de Arenal y el de Corobicí y no dudamos de la experiencia que, en el tema de proyectos hidroeléctricos, posee; lo cierto es que casi no mantuvo relación con el PHD dado a que dejó de laborar para ese ente en el año 2006. Por ende, no tuvo relación directa con las labores efectuadas al amparo del expediente No. Nombre139483 ni estuvo en el sitio en que se ejecutaron éstas. Sus apreciaciones sobre la organización que rodea al proyecto se basan, en lo fundamental, en lo que señala la página oficial del sitio la que, en nuestro criterio, no es un elemento contundente para concluir que se corresponde con una fase constructiva o de inversión. Lo anterior por cuanto nada obsta que ese organigrama fuese proyectado para cuando el proyecto hubiese alcanzado todas sus fases ni que esté actualizado. Por otra parte, los datos que brindó el deponente referidos a la cantidad de personal y recursos que se manejaron, no se sustentan en fuentes idóneas. Si a lo anterior se le agrega que el señor Nombre139485  no estuvo en el sitio mientras se ejecutaron las obras, solo es posible concluir que se trata de apreciaciones subjetivas que carecen de certeza. En relación con las obras que se ejecutaron y conforme analizaremos infra, estimamos que tampoco es un elemento distintivo de la fase de inversión toda vez que existen actividades de investigación que, por sí, tienen una naturaleza constructiva como lo es la excavación, según lo manifestó el propio don Nombre139485. Ahora bien, descartando que las actividades efectuadas en el expediente No. Nombre139483 correspondan a una fase de inversión u operativa, corresponde analizar si dentro de la fase de investigación geológica a la que hemos venido hacienda referencia se ejecutaron obras de naturaleza constructiva y, en caso de que así se hubiera hecho, cuál es el instrumento ambiental idóneo para evaluar esas actividades impactantes. Pues bien, se ha tenido por acreditado que al amparo de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 2766-2009-SETENA citada, el ICE llevó a cabo, en la margen derecha del Río General y en la Reserva Indígena de Térraba, actividades cuya naturaleza es de investigación geológica como perforaciones y exploraciones; pero también ejecutó obras constructivas asociadas a esa investigación, tales como movimientos de tierra, excavaciones (del portal, de la ventana de acceso, de la intersección y de la galería de investigación que se situaba en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) y la construcción de muro de gaviones. A esa conclusión se llega luego de valorar, con base en las reglas de la sana crítica racional, distintos elementos probatorios como lo son el cuaderno de bitácora, el reconocimiento judicial y las declaraciones de Nombre139486 , Nombre139478  , Nombre139475   y Nombre139479  . Veamos. La primera de las obras de naturaleza constructiva efectuada en esa fase de investigación fue el muro de gaviones, autorizado en resolución No, 2766-2009-SETENA de la siguiente manera "(...)  2.6.1 Dique de protección con muro de gaviones: Con el fin de brindar una terraza de trabajo segura y dar seguridad al personal operativo en la época de lluvias fuertes, ayudando a la contención del agua del río en caso de crecientes. Tiene 6 m de altura, 110 m de longitud y el ancho varía según la altura, entre tres y un metro de ancho, con unos 1540 m3 de volumen de piedra (...). Desde el inicio de las anotaciones que constan en el expediente administrativo denominado "Bitácora", se indicó que se había tomado la decisión de intensificar el llenado de gaviones en la zona de aguas arriba del muro para generar una defensa en caso de que río creciera (folio 01). Ese proceso continúa hasta el 22 de mayo del 2010, fecha en la que finaliza y posteriormente se lanza concreto en la cara del muro que da al río (folios 13 y 15). La existencia de ese muro de gaviones la constató el Tribunal durante el reconocimiento judicial, tal cual consta en la grabación respectiva. Consideramos que se trata de una obra de naturaleza constructiva para la cual se requiere, incluso, el permiso de construcción respectivo tal y como se infiere de los artículos 1,2 y 74 de la Ley de Construcciones. Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que se trata de una obra efectuada en la margen derecha del cauce del Río General, aspecto sobre el cual, y pese a la declaración del Ingeniero Nombre139478  (que omite referirse a la construcción del muro de gaviones como una obra efectuada en el cauce del río), el Tribunal no tiene ninguna duda, dado a lo que se observó en el reconocimiento judicial. El lugar donde se construyó ese muro de gaviones hacía necesario que se gestionara la autorización a la que hacen referencia los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. Pues bien, no consta en autos que el ICE hubiese gestionado u obtenido el permiso de construcción respectivo para levantar ese muro ni la autorización a la que refiere la Ley Forestal.  Otra de las obras de naturaleza constructiva efectuada en la fase de investigación son los movimientos de tierras efectuados, al menos, en dos supuestos. El primero de ellos es el que refiere el Ingeniero Forestal Nombre139478  , quien ante una pregunta del Tribunal señaló que sí los hubo y que estaban asociados al mejoramiento de las vías de acceso, particularmente en relación con los trillos existentes en la finca y porque se requerían para el ingreso de la maquinaria perforadora. Nuevamente, tampoco se demostró que ese movimiento contara con los permisos municipales que se derivan de los numerales 1, 2 y 74 de la Ley de Construcciones. El Ingeniero Nombre139478  manifestó que, hasta donde él entendía y para los efectos del ICE ese tipo de movimientos que realizara esa institución no demandan ni requieren este tipo de permisos. El Tribunal no comparte esa posición. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, entre ellas, la sentencia No. 115 -2011-VI, dictada a las 15 horas 15 minutos del 3 de mayo de 2011, no concebimos que el ICE ostente una suerte de tratamiento especial que le permita no sujetarse a los permisos u autorizaciones que el ordenamiento jurídico impone para ejecutar obras constructivas, explotar o aprovechar bienes de dominio público; y ello no se deriva, ni siquiera, de la norma que lo crea, a saber, el Decreto Ley No. 449. Esa normativa lo que crea son potestades (poderes-deberes) en favor del ICE, entre ellos encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar de los habitantes del país; situación que no conlleva persé una exención o exclusión de las autorizaciones o permisos que el mismo ordenamiento establece para actividades específicas, ni tampoco confiere un derecho de aprovechamiento de las aguas de la Nación. Por el contrario, una interpretación integral del Decreto Ley No. 449 en relación con el ordenamiento jurídico, en especial, de las normas que regulan la planificación urbana, el medio ambiente, el derecho a edificar, la protección el recurso hídrico y las regulaciones referidas a la prestación de los servicios públicos, permiten concluir que esa potestad debe ejercerse dentro de los límites que el propio ordenamiento dispone, siendo uno de ellos, precisamente, la obtención de estos permisos, autorizaciones o concesiones, según corresponda dependiendo de la actividad que se realice.  El artículo 2 del Decreto Ley señala que esa institución  debe procurar la utilización racional de los recursos naturales, evitando una explotación destructiva y desperdiciada de los mismos. Asimismo, se le encomienda conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los ríos y corrientes de agua.  Así, una correcta hermenéutica del Decreto Ley No. 449 no puede llevarnos a afirmar que existe una desaplicación de la normas legales que imponen condiciones y limites al ejercicio de actividades constructivas y menos aún que se exima al ICE de solicitar las respectivas habilitaciones para tales efectos. Más bien, es indispensable que el ICE se someta a toda la normativa de tutela del ambiente y de los recursos naturales, lo que implica que se solicite y apruebe las referidas autorizaciones. No ignora este Tribunal la necesidad de desarrollar y ejecutar proyectos hidroeléctricos que faciliten el cumplimiento de los fines encomendados al ICE.  Sin duda este tipo de actividad es de interés público, sin embargo, los fines legales que persigue no pueden ser logrados al margen de las regulaciones y condiciones establecidas por normas legales para tales efectos.  Lo anterior porque el ICE está sometido al ordenamiento jurídico por lo que, previo al ejercicio de este tipo de actividades (obras en cauce de río, movimientos de tierras y excavaciones) debe contar con las autorizaciones respectivas. Sobre este tema, puede consultarse también, la sentencia No.  0001309-F-S1-13, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14 horas 5 minutos del primero de octubre del 2013, que confirmó la resolución No. 115-2011-VI citada. El segundo supuesto en el que identificamos los movimientos de tierras es en la actividad referida a la excavación, según analizaremos de seguido. En su deposición Don Nombre139485 explicó que, tratándose de túneles, existen dos etapas constructivas, a saber, la excavación y el revestimiento. Luego, ante una pregunta de este Tribunal, don Nombre139479 manifestó que cualquier excavación era una obra constructiva. Lo anterior resulta conteste con el artículo 55 del Decreto Ley de Construcciones, norma que establece que para llevar a cabo cualquier trabajo de excavación deberá recabarse por un Ingeniero el permiso previo de la Municipalidad la que lo concederá previa aprobación del proyecto o memoria sobre precaución. Por su parte, el ordinal 56 del mismo Decreto Ley establece que se deberán tomar precauciones para impedir que los movimientos del terreno en donde se excava, causen perjuicios a las construcciones y a los servicios públicos situados en su inmediación. Pues bien, ya desde el inicio de su declaración, Don Nombre139478  indicó que en el expediente No. Nombre139483 se autorizaron actividades investigativas y obras asociadas. Si se observa con cuidado, el expediente administrativo rotulado como "Bitácora"  refiere al control de las obras relacionadas con la galería exploratoria en la margen derecha del sitio de presa (folio 00 de la bitácora) e indica expresamente la excavación de la galería exploratoria propiamente dicha. Si se observan las anotaciones diarias efectuadas en el cuaderno de bitácora de obra, se refleja todo el proceso seguido para tales efectos, que inició con el ingreso de la excavadora hasta el sitio del portal, entendiendo por éste la protección que se hace para ingresar al macizo rocoso (declaración de Nombre139475  ). Se anotó que el material se mostraba muy inestable cuando se inició con la excavación y que se profundizó la excavación del primer banco con el fin de buscar un terreno más estable a una profundidad mayor (folio 11 de la bitácora). Ese proceso de excavación continúa hasta el 21 de junio del 2010, día en que se finalizó el proceso de barrenación del cuarto y último banqueo para la conformación  del portal (folio 18 de la bitácora). Posteriormente, se inició con la colocación de los arcos en el exterior del talud para la conformación  del portal e iniciar con la excavación de la galería (folio 19 de la bitácora).   Se continúa con el proceso de excavación subterránea aplicando el método de voladuras. Primero se excavó la ventana de acceso, que es la distancia o el corredor que existe entre el portal y el sitio de investigación, y que constituye el medio de acceso a la galería exploratoria (declaración del Ingeniero Nombre139475 ). Se avanzó con la excavación de la ventana de acceso, utilizando como refuerzo temporal pernos de anclaje y concreto lanzado (folio 24 de la bitácora).  Conforme a la declaración del Ingeniero Nombre139475 , esos soportes temporales se utilizan porque al realizar las voladuras el material queda expuesto, se descompresiona, trata de caerse y requieren de un soporte hasta que que se haga el revestimiento de la ventana. Don Nombre139485   manifestó que cuando se hacen excavaciones, si la roca se cae era necesario colocar pernos que la sostuvieran. Agregó que si el material era malo, se utilizaba otro soporte temporal como por ejemplo arcos. Ambos testigos coinciden en que se les denomina soportes temporales, no porque estén ligados a un tiempo determinado o luego se quiten; sino porque se mantienen hasta que se aplica el revestimiento.  El proceso de excavación de la ventana finalizó con un avance de 145.15 metros y lo que seguía era iniciar el proceso de excavación de la ampliación de la intersección (folio 28 de la bitácora). Explicó el Ingeniero Nombre139475  que la intersección es el entronque entre la ventana y la galería; y que cuando se  ingresa por la ventana llega un momento en que la galería es perpendicular y se ocupa que la maquinaria que ingrese pueda girar. Por eso se hace la ampliación de la intersección, para que el equipo pueda girar. Para esa ampliación no se utilizaron soportes temporales de marcos de acero, porque el material era bueno y estable (así se indica también en el folio 28 del cuaderno de bitácora). Una vez ampliada la intersección, se avanzó en la excavación  sobre el alineamiento de la galería exploratoria, utilizando soportes temporales de malla electrosoldada, pernos de anclaje y concreto lanzado (folios 29 y 30 de la bitácora). Cabe resaltar que durante el avance de la excavación de la galería, se tomaron algunas previsiones relacionadas directamente con la construcción de los túneles de desvío y la corona de éstos. Así se infiere de los folios 30, 31, 37 del cuaderno de bitácora, y será un punto que analizaremos infra. La excavación continúa, también, a la sección ampliada de la galería y en dirección opuesta, sea, río abajo (folios 37, 38 y 39) hasta el cierre técnico de la galería de exploración de la margen derecha del Río General cuando se había excavado 215,5 metros en el sentido aguas arriba y 166,7 metros en el sentido aguas abajo, para un total del 382, 23 metros excavados (folio 43). Para el Tribunal, lo expuesto deja en evidencia que las excavaciones efectuadas en la ventana de acceso y la galería de investigación sí constituyen obras constructivas que, aunque se hubiesen autorizado por la SETENA, se hubieran efectuado en la fase de investigación  y fuesen necesarias para ésta, no pierden esa naturaleza. Y esa condición es importante, sobre todo, para efectos ambientales, según  veremos supra. Pero, además, también se acreditó que con la excavación de la galería de investigación,  el ICE también excavó aproximadamente 43 metros cuadrados (correspondientes al área de la galería de investigación ubicada en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) de los 175 metros cuadrados que tendría uno de los futuros túneles de desvío (declaración de Nombre139475  , expediente administrativo rotulado "Bitácora"). En este sentido, debemos tener presente que con la resolución No. 2766-2009-SETENA citada y los informes técnicos que le sirven de sustento, se autorizó la ampliación de actividades dentro de la fase de investigación del proyecto "Estudios geológicos Sitio Térraba". Una de las actividades adicionales que se autorizó fue la "(...) Habilitación de una galería de exploración geológica en el sitio Térraba (en la margen derecha del río General) para los túneles de desvío. (...) 2.6 Galería de exploración geológica de los túneles de desvío: Se refiere a los túneles de desvío del río, requeridos para la protección del área de construcción de la presa, y consistirán en dos excavaciones subterráneas sobre la cota 141 m .s.n.m. Las características de los túneles y sus dimensiones fueron modificadas en la propuesta de la Adenda a la solicitud de ampliación de la viabilidad ambiental (ver punto 1). (...)". Como se observa, desde el momento en que se solicitó la ampliación y adenda a la viabilidad ambiental otorgada en el expediente No. Nombre139483 citado, el ICE conocía que la galería que se habilitaría en el sitio Térraba lo sería para la investigación geológica de los futuros túneles de desvío. El Ingeniero Nombre139475  manifestó que siempre se indicó que la galería de investigación tenía que ser en el eje de los futuros túneles de desvío y justificó esa decisión porque si lo que se necesitaba era investigar los referidos túneles, se tenía que hacer en ese eje, porque si no la información obtenida no sería representativa. Por su parte, del cuaderno de bitácora puede inferirse que hubo un momento a partir del cual con el avance de la excavación de la galería de investigación, se avanzó también en la excavación de, al menos, uno de los futuros túneles de desvío. Por ejemplo, el 13 de octubre del 2010 se anotó que "(...) Se decide no realizar chorreas de piso ya que la solera sería removida durante la construcción del túnel de desvío 2, de tal modo que no se colará la solera en el piso hasta tanto no sea absolutamente necesario (...) (folio 30); el 21 de octubre de ese mismo año se indicó que "(...) La excavación continúa sin problemas. La próxima semana se tomará la decisión de donde (sic) se realizarán las excavaciones a sección completa de la corona de los túneles de desvío para las investigaciones de geología y geotecnia. (...)" (folio 31); y el 14 de diciembre se señaló que "(...) El 03 de diciembre se comenzó con el proceso de ampliación de la galería desde la estación 223,04 en adelante, esto para investigar el comportamiento del terreno con el arco del túnel definitivo de desvío. (...)" (folio 37).  El Ingeniero Nombre139475  refuerza esta posición cuando señaló que si los túneles de desvío se hacen ya eso está excavado porque se hizo investigación, y que era una ganancia adicional aunque no una excavación como tal. Luego, explicó que el área de la galería era de 43 metros cuadrados y la del futuro túnel de desvío era de 175 metros cuadrados, por lo que se había excavado simplemente un 24% del área futura de los túneles de desvío.  También, que se habían previsto dos túneles de desvío gemelos, paralelos de 14 metros cada uno para lo que se excavaría en total aproximadamente 250.000 metros cúbicos de material, y que lo se excavó hasta el momento del cierre técnico fue de 12.000 a 13.000 metros cúbicos, lo que corresponde a menos de un 6% de la excavación total. De las probanzas analizadas, concluimos que con la excavación de la galería de investigación geológica,  el ICE también excavó un porcentaje de lo que en el futuro sería, uno de los túneles de desvío del PHD; lo que refuerza que sí se efectuaron obras de naturaleza constructiva en esa fase de investigación, algunas referidas a la corona de uno de los futuros túneles de desvío. Y estimamos que esa decisión adoptada por el ICE no necesariamente es indebida, como tampoco lo es la modificación aprobada para que las dimensiones de esa galería de investigación coincida con la de los futuros túneles de desvío.  Por el contrario, del testimonio de don Nombre139476   y don Nombre139475   se evidenció la importancia de las investigaciones o exploraciones geológicas en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico de la naturaleza y dimensiones del Diquís. Por ende, si era posible investigar el comportamiento del macizo rocoso en el sitio exacto o lo más aproximado al eje de los túneles de desvío y que con la excavación de la galería se avanzara con la de los túneles; todo parece indicar que técnicamente era debido hacerlo para conocer la calidad y características del material, su estabilidad, lograr que una mayor eficiencia en los costos, una mayor seguridad, en tanto se minimizan los riesgos así como un uso más adecuado de la tecnología. Sin embargo, estimamos que si junto a la investigación geológica se excavó parte de los túneles de desvío, aunque fuese en un porcentaje pequeño, así debió indicarse a Nombre139474 por las implicaciones ambientales que ello puedo haber traído, según analizaremos de seguido.

              VII.- Precisamente, en sus argumentaciones la parte actora reclama una conducta omisiva de Nombre139474 a la hora de establecer el instrumento ambiental con base en el cual se autorizó la ejecución de actividades como las señaladas en el Considerando anterior en el proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba". Si bien en este proceso no se formula ninguna pretensión anulatoria de actuaciones (formales o materiales) de la Nombre139474 en el procedimiento ambiental tramitado bajo el expediente No. 366-2005-SETENA, lo cierto es que los pedimentos de las actoras se dirigen a que se ordene a los entes públicos involucrados adoptar algunas acciones correctivas en materia ambiental, para que en el supuesto de que  el proyecto se reanude o continúe se cumpla con la normativa ambiental vigente y considerando que su desarrollo lo será, al menos, en el territorio indígena de Térraba, donde ellas habitan. Bajo esa línea, estimamos necesario efectuar algunas consideraciones respecto de lo actuado en Nombre139474 para que sirva de parámetro a efectos de resolver lo pedido. Como hemos venido señalando, mediante la resolución No. Nombre139474 se autorizó la viabilidad ambiental para el proyecto "Estudios Geológicos en Sitio Térraba", cuyo desarrollador era el ICE. En lo fundamental, en esa resolución se autorizaron actividades como perforaciones geológicas, excavación de galerías de investigación y la habilitación de trillos y senderos (así se infiere de la propia conducta administrativa y de la declaración de Nombre139478  ).  En ese expediente el ICE aportó un FEAP y el instrumento de evaluación ambiental con base en el cual, en definitiva,  se autorizó la viabilidad ambiental indicada fue una DJCA. Lo anterior conforme a lo establecido en las resoluciones No. 587-1997-SETENA y No. 693-1997-SETENA, vigentes a la fecha de presentación del FEAP. Posteriormente, en el año 2009 el ICE gestionó ante la Nombre139474 una ampliación a la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución No. Nombre139474 citada y una adenda a la solicitud de ampliación referida. La primera solicitud (ampliación) se fundamentó en la necesidad obtener datos geológicos relacionados con los sitios de obras del referido proyecto a efectos de recabar información fundamental para los diseños ingenieriles y que no había sido posible obtener con las exploraciones efectuadas hasta el momento. Además, manifestó que las actividades adicionales de investigación que se planteaban y sus impactos ambientales no diferían en nada de lo planteado originalmente en ese expediente (folios 222 al 495 tomos  I y II del expediente administrativo Nombre139474 No. 366-2007).  La solicitud de adenda a la de ampliación se justificó técnicamente en los recientes cambios en las galerías pedidas en la solicitud de ampliación, adjuntando dos informes técnicos suscritos por el Ingeniero Nombre139475  , Coordinador de Obras Subterráneas del PHD  (folios 12 al 27 de la carpeta administrativa correspondiente a la Adenda planteada en el expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA, la Nombre139474 aprobó la nueva DJCA sometida a evaluación por el ICE con base en la solicitud de ampliación de viabilidad ambiental y a la adenda a la solicitud de ampliación referida. En lo que interesa, con esa ampliación a la viabilidad ambiental se autorizaron actividades como: 1) Perforaciones adicionales en el sitio Térraba. 2) La habilitación de una galería de exploración geológica de los túneles de desvío requeridos para la protección del área de construcción de la presa. Eso incluía dos excavaciones subterráneas sobre la cota 141 m.s.n.m. Las características de los túneles y sus dimensiones fueron modificadas en la propuesta técnica de la Adenda a la solicitud de ampliación de la viabilidad ambiental. Como parte de los cambios autorizados se incrementó el tamaño de los túneles de desvío a un diámetro de excavación de 175 metros cuadrados, y se redujo su longitud a 675 metros  y 789 metros;  una m odificación en el diámetro de excavación de la ventana de acceso a 6 metros de altura y 6 metros de ancho del piso para un área de excavación de 32.14 metros cuadrados; una modificación en el diámetro de excavación  de la galería de investigación de 4 2.73 metros cuadrados con una altura de  4.5 metros y un ancho de piso de 134.08 metros. 3) Un dique de protección con muro de gaviones de una altura de 6 metros, 110 metros de longitud y el ancho varía según la altura, entre tres y un metro de ancho, con unos 1540 m3 de volumen de piedra. 4) La habilitación de una terraza de maniobras para la excavación de la ventana y la galería. 5) Instalaciones necesarias para atender al personal: comedor, dispensario, bodegas, oficinas, etc. 6) La rehabilitación de camino interno existente en la finca. 7) La habilitación y manejo de escombreras y la rehabilitación de sus acceso s. 8) La construcción de un plantel tipo bodega-patio de materiales. 9)  Corta de árboles en un área de potrero (folios 522 al 534 del tomo II del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). En lo fundamental, las actoras reclaman que esa ampliación a la viabilidad ambiental no debió aprobarse como tal ni con una declaración jurada de compromisos ambientales porque, por la naturaleza de las obras y el porcentaje de modificación  de éstas respecto del proyecto originalmente evaluado, requería de un EsIA.  Además, sostienen, lo imponía la normativa vigente a la fecha de presentación de la solicitud de ampliación y adenda. Al respecto, debemos insistir que en este proceso no estamos discutiendo sobre la legalidad de lo actuado por Nombre139474 en la ampliación a la viabilidad ambiental o sobre la invalidez de esta última, ya que fueron las propias accionantes quienes desistieron de estos pedimentos anulatorios. El examen de legalidad que efectuará este Tribunal lo será únicamente a efectos de establecer si existió alguna conducta omisiva de la Nombre139474 al momento de autorizar otorgar viabilidad ambiental a las actividades indicadas en la gestión de ampliación y adenda referidas; y ello únicamente para que, en caso de que el proyecto en cuestión se retomara, el órgano ambiental ajuste su actuación al ordenamiento jurídico. Bajo esa línea, el Tribunal considera que la ampliación y modificación a la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. Nombre139474 citada que fueran gestionadas por el ICE en el año 2009, debió tramitarse como una nueva y diferente solicitud por razones jurídicas y técnicas, según explicamos. Según se tuvo por acreditado, las gestiones de ampliación y adenda a la viabilidad ambiental inicialmente otorgadas por la Nombre139474 para el proyecto "Estudios geológicos en Sitio Térraba", fueron presentadas en julio y setiembre del 2009. Para esa fecha, ya estaba vigente el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 del 24 de mayo del 2004, que fue publicado en La Gaceta No. 125 del 28 de junio del 2004. Los transitorios de esa norma señalaban que "(...) I.— La SETENA, en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la publicación del presente reglamento, procederá a publicar el nuevo "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental" —Manual de EIA, o los Manuales específicos para los artículos que así lo requieran y procederá a actualizar los montos de los costos de todos los instrumentos técnicos, documentos y servicios que presta. Los aspectos regulados mediante las Resoluciones Administrativas N° 588-97, publicada en La Gaceta N° 215 del 07 de noviembre de 1997, y la N° 643 -97-SETENA, publicada en La Gaceta N° 201 del 20 de octubre de 1997, se mantienen vigentes, hasta tanto se publiquen las resoluciones que las modifiquen; excepción hecha de los aspectos contenidos en este reglamento. (...)". (el resaltado no corresponde al original). Los manuales a los que hace referencia la norma indicada fueron adoptados en el Decreto No. 32712, del 19 de julio del 2005 y publicados en La Gaceta No. 223 del 18 de noviembre del 2005, y en el artículo 12 de ese conjunto normativo se derogó la Resolución No 588-1997 Nombre139474 citada. Así las cosas, el Tribunal no encuentra ningún fundamento jurídico para que esa norma no haya sido aplicada, máxime cuando el propio transitorio establece que, aún partiendo de la vigencia de la resolución No. 588-1997-SETENA citada, los aspectos contenidos en el reglamento debían ser aplicados, en cumplimiento del Principio de Inderogabilidad Singular de las Normas que regula el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Si la norma reglamentaria hubiese sido aplicada, la modificación a la viabilidad ambiental ya autorizada debió haber sido valorada a partir de parámetros diferentes. Por ejemplo, el artículo 1 define las actividades, obras o proyectos nuevos como aquellos que pretendan desarrollarse con posterioridad a la entrada en vigencia de ese reglamento y que cumplieran con una o una combinación de las siguientes características:  a. Que implique un cambio de uso del suelo.  b. Que se encuentren señalados dentro la lista incluida en el Anexo Nº 2 de ese reglamento.  c. Que sin generar un cambio en el uso del suelo, propicie una modificación de la categoría de impacto ambiental potencial (IAP), hacia un nivel mayor, conforme a la lista incluida en el Anexo Nº 2 indicado. Además, las categorías de impacto ambiental cambian (artículo 6) y van desde alto, moderado o bajo impacto ambiental, según se establece en el Anexo Nº 2 de ese reglamento.  Conforme al numeral 20, los rutas de decisión dependerán de las calificación final de la significancia ambiental de modo que en los proyectos, obras o actividades de baja significancia ambiental el instrumento ambiental que se exija será una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales; los de moderada, un Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental y los de alta, un Estudio de Impacto Ambiental. Por su parte, el ordinal 46 señala que en su inciso 2) que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la LOA y el indicado reglamento, a un proceso de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos en el referido reglamento. Y el inciso 3) de la misma norma establece que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación y que cuenten con EsIA aprobado, y para los cuales, como producto de su desarrollo deba realizarse un ajuste al diseño original, podrán mantener su viabilidad (licencia) ambiental ya otorgada, siempre y cuando se ajusten a los siguientes términos: a. Que se presente un informe técnico ambiental, elaborado por un consultor ambiental responsable, de Readecuación Ambiental del Diseño Original, según el formato que la Nombre139474 defina. b. Que el ajuste del diseño, no implique cambios sustanciales al diseño original, es decir que tales cambios, no impliquen una modificación de la categoría de Impacto Ambiental Potencial (IAP), aprobado por la Nombre139474 en el proyecto original, tales como el cambio de la actividad, obra o proyecto, cambio del sitio de ubicación del área de proyecto y que el proceso productivo planteado sea similar al que originalmente se planteó. c. Que se haga una comparación de los impactos ambientales evaluados y sus medidas y una ampliación necesaria de los mismos, cuando así sea requerido, de forma tal que el proyecto, obra o actividad, mantenga el estatus de equilibrio ambiental que se le otorgó durante la evaluación de impacto ambiental. Además, deberá realizarse el ajuste al Pronóstico Plan de Gestión cuando técnicamente se justifique, con las medidas ambientales producto de dicho análisis. La verificación del cambio de estas condiciones será avalada por la Nombre139474 con base en una resolución administrativa, en un plazo máximo de diez días hábiles, a efecto de mantener la vigencia de la Licencia Ambiental. Para el Tribunal, estos aspectos debieron ser valorados por la Nombre139474 para establecer si la ampliación implicaba modificaciones a la categoría ambiental otorgada inicialmente al proyecto a efectos de mantener el equilibrio ambiental, dada los impactos que las actividades adicionales podrían provocar. Lo anterior por cuanto se ha tenido por acreditado que al amparo de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución No. 2766-2009-SETENA citada el ICE llevó a cabo actividades investigativas (como perforaciones y exploraciones geológicas), pero también obras constructivas asociadas a éstas, en la margen derecha del Río General y en la Reserva Indígena de Térraba tales como movimientos de tierra,  construcción de muro de gaviones, excavación del portal, la ventana de acceso, la intersección y la galería de investigación (cuaderno de bitácora, reconocimiento judicial, declaración de Nombre139475  ); incluso, que al amparo de esa misma viabilidad ambiental el ICE excavó aproximadamente 43 metros cuadrados (correspondientes al área de la galería de investigación ubicada en el eje de uno de los futuros túneles de desvío) de los 175 metros cuadrados que tendría uno de los futuros túneles de desvío (declaración de Nombre139475  , expediente administrativo rotulado "Bitácora").  Recordemos que todo impacto ambiental debe ser objeto de medición, lo que se materializa en distintos instrumentos, entre éstos los estudios de impacto ambiental, a efectos de otorgar la correspondiente licencia de viabilidad ambiental. En este sentido, el citado reglamento, en el numeral 3, en su inciso 37 conceptualiza la Evaluación de Impacto Ambiental como el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación del Impacto Ambiental, abarca tres fases constitutivas esenciales: a) una primera es la Evaluación Ambiental Inicial, b) la segunda es la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) un tercero se refiere al Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. Por su parte, el inciso 18 del artículo 7 de la Ley de Biodiversidad considera los estudios de impacto ambiental de la siguiente manera: “Procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental.” De lo anterior se desprende que la licencia o viabilidad ambiental, tal y como lo señala el inciso 63 del ordinal tercero del Reglamento de previa cita, representa la condición de armonía y equilibrio aceptable, entre el desarrollo y ejecución de la obra humana y sus impactos ambientales potenciales en el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de evaluación inicial, estudio propiamente o de otro documento del impacto. Ahora bien, las implicaciones de las obras humanas en el ambiente justifica y exige la evaluación de ese impacto en el medio. Consideramos que el tipo de actividades de naturaleza constructiva que llevó a cabo el ICE en este asunto (movimientos de tierra, construcción de túnel de gaviones y excavaciones), aunque se lleven a cabo en una fase de investigación, podrían tener una significancia ambiental más alta que las que son de simple investigación o exploración geológica (como perforaciones), en tanto, además infieren a una obra de gran envergadura como lo es una planta hidroeléctrica. Ese aspecto pudo ser valorado si se hubiese aplicado la normativa vigente al momento en que se solicitó la ampliación a la viabilidad ambiental ya otorgada.  Y es que entre las actividades originalmente evaluadas y las que se incluyeron con la ampliación a la viabilidad ambiental, el proyecto sufrió modificaciones relevantes y sustanciales tanto en obras constructivas como en superficie y perforaciones. En este sentido, se tuvo por acreditado que entre las obras constructivas de investigación autorizadas en la resolución No. Nombre139474 (dos galerías de 150 m de longitud cada una) y las autorizadas mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA (una ventana de acceso de 130 m de longitud y una galería de investigación de 675 m de longitud), dentro del territorio indígena de Térraba, el proyecto autorizado en el expediente No. Nombre139483 sufrió una modificación de obras constructivas de un 168%; que el porcentaje de modificación entre la superficie autorizada en la resolución No. Nombre139474 y la autorizada mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA dentro del territorio indígena de Térraba, tanto en áreas comparables como no comparables fue de un 427% y que el porcentaje de modificación entre las perforaciones autorizadas en la resolución No. Nombre139474 (una perforación de 100m y otra de 250 m de profundidad) y la autorizada mediante la resolución No. 2766-2009-SETENA (cinco perforaciones que suman 540 m de profundidad en MD) dentro del territorio indígena de Térraba fue de un 50% (certificación visible a folios 2225 y 2226 del expediente judicial). En conclusión, resulta evidente,porque así se acreditó en esta litis, que la ampliación sí suponía una modificación sustancial, en magnitud y obras a realizar, al proyecto "Estudios Geológicos en Sitio Térraba" inicialmente autorizado; aspecto que es importante únicamente para que sirva de rector de las actuaciones que, a corto, mediano o largo plazo, efectúen tanto el ICE como la Nombre139474 para la investigación y ejecución del PHD.

              VIII.- A este nivel de análisis, estimamos importante señalar lo siguiente. Como explicamos, el expediente No. Nombre139483 referido a los estudios de investigación geológica en el sitio Térraba fue cerrado y archivado, al menos en lo que refiere al sitio Térraba. Sin embargo, ante una pregunta del Tribunal sobre si esa fase se encontraba terminada para efectos ambientales, el Ingeniero Forestal Nombre139478   manifestó, en lo medular, que en principio sí lo estaba, pero que si cuando se efectuara la consulta indígena surgiera algún elemento adicional de relevancia en esta materia, habría que considerarlo y, de ser necesario, se podría reabrir nuevamente esa fase. Lo mismo sucedería respecto de aspectos pendientes que no fueron considerados en aquella fase de investigación como por ejemplo, los arqueológicos. Si a lo anterior le agregamos el tiempo transcurrido entre la fecha en que el ICE concluyó esa investigación en Térraba (junio del 2011) hasta el día de hoy; resulta evidente que tanto la investigación como los riesgos geológicos que en ese momento se ponderaron, y los aspectos ambientales que en aquel momento fueron valorados podrían haber cambiado; lo que puede llevar a que el ICE estime necesario reabrir o retomar la fase de investigación geológica previo a la ejecución del PHD. En ese supuesto y dentro del marco de lo pedido por las demandantes, estimamos necesario establecer algunos límites al ejercicio de las potestades tanto del ICE como de las autoridades ambientales, con la finalidad de que su actuación se ajuste al ordenamiento jurídico. Lo anterior, claro está, sin perjuicio del margen de discrecionalidad que resulta propio de cada uno de ellos. En ese sentido, si el ICE decide, a corto, mediano o largo plazo, retomar la fase de investigación geológica del PHD en el sitio Térraba deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente, el cual se tramitará bajo un nuevo expediente (no como una modificación o ampliación) y se regirá por la normativa vigente al momento de su presentación, conforme a la cual deberá determinarse la calificación del proyecto, el nivel de significancia ambiental y el instrumento que deberá exigirse. Respecto de este último aspecto, la pretensión de la parte actora propone que la evaluación ambiental en el Territorio Indígena de Térraba lo sea a través de una Evaluación Ambiental Estratégica o un Estudio de Impacto Ambiental. De inicio, hay que advertir que  la definición del instrumento de evaluación ambiental es una potestad que corresponde, en exclusiva, a la Nombre139474 conforme, claro está, a las particularidades que para cada caso impone la normativa vigente. No obstante, estimamos conveniente advertir que, conforme a la prueba recabada, la EAE  no parece ser el instrumento idóneo para tales efectos.  Conforme al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica es el p roceso de evaluación de impacto ambiental aplicado a políticas, planes y programas. Por su característica y naturaleza, este tipo de proceso, se puede aplicar, además, a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano, o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Respecto de este instrumento, el Ingeniero Forestal Nombre139478  manifestó que tiene como ventaja que permite planificar un conjunto de situaciones impactantes pero que, en rigor, sirven para el análisis ambiental orientado a políticas planes y programas y que, en todo caso, no elimina ni descarta la aplicación de un estudio de impacto ambiental si las condiciones lo hicieran necesario. Explicó que no tiene mayor sentido en un territorio específico ni para espacios pequeños, ya que existen otros instrumentos ambientales más idóneos. Por su parte, Nombre139479   manifestó que la rigurosidad de una EAE no es comparable con la del EsIA ya que son instrumentos de diferente naturaleza; y que, en todo caso, la realización del primero no eximiría de la presentación de un estudio de impacto ambiental ya que, a lo sumo, dotaría de información de base a este último. 

              IX.- En definitiva, el Tribunal estima que la primera pretensión de las demandantes debe ser acogida parcialmente. Por las razones expuestas en los Considerandos precedentes, estimamos que no es procedente ordenarle al ICE que, de inmediato, complete la evaluación de impacto ambiental en la zona de la Reserva Indígena de Térraba (porque uno de los expedientes ya está cerrado y archivado en cuanto a la investigación geológica en Térraba refiere y la tramitación del otro, el No. 843-2007-SETENA, se encuentra suspendida), así como tampoco lo es definir el instrumento ambiental que debe aplicarse ni que lo sea únicamente para la zona de la Reserva Indígena de Térraba. Sin embargo, sí estimamos procedente advertir al ICE que, si decide, a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológico en el Sitio Térraba previo a la ejecución del PHD deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud y que la Nombre139474 deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación establezca el ordenamiento jurídico, así como la significancia ambiental de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. Asimismo, el ICE deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en cauce de río como diques o muros de gaviones.

              X.- Sobre el análisis de la procedencia de la segunda pretensión. Las demandantes piden que se ordene al Estado y al ICE la generación de un plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias de todos los impactos y daños ambientales causados por las acciones u omisiones de las demandados ocasionadas en la Reserva Indígena de Térraba, sea por efecto directo o indirecto de la omisión de contar con un instrumento de evaluación de impacto ambiental propio de la etapa constructiva y operativa del proyecto, lo cual debe ser fiscalizado y aprobado por la SETENA.  Luego de un mesurado análisis, estimamos que lo pedido es improcedente por las siguientes razones. La primera, es que parte del supuesto de que el ICE no contó con un instrumento de evaluación ambiental, cuando ya se ha establecido que sí se otorgó la viabilidad ambiental en las resoluciones No. Placa26572 y No. 2766-2009-SETENA. Además, parte de que el PHD estaba en etapa constructiva, de inversión u operativa, aspecto que no fue demostrado en esta litis. Lo que se demostró fue que, estando en fase de investigación geológica, el ICE llevó a cabo obras y actividades constructivas. Si el instrumento ambiental autorizado por Nombre139474 para éstas era o no el que correspondía conforme a la normativa vigente, ello en si mismo no incide enla producción de daños o impactos negativos en el ambiente, con ocasión de la obras constructivas realizadas por el  ICE. Segundo, lo que se solicita (el plan de reparación integral, remedial y de medidas compensatorias) lo es para reparar los supuestos daños o impactos ambientales que, se afirma, ocasionaron las acciones y omisiones de los demandados en la Reserva Indígena de Térraba. Pues bien, aún y cuando en este proceso se ha establecido que dentro de la fase de investigación correspondiente a los Estudios Geológicos en Sitio Térraba el ICE ejecutó obras constructivas, lo cierto es que las accionantes no prueban que éstas hayan provocado daños o impactos negativos ambientales dentro del Territorio Indígena de Térraba. El artículo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental define el impacto ambiental como el efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras características. También, define el daño ambiental como aquel impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de evaluación de impacto ambiental (evaluado ex –ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA). La norma diferencia el impacto negativo del daño ambiental, en la medida en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación para disminuir su alcance en el ambiente. En aplicación de la anterior disposición, el Ingeniero Forestal Nombre139478 , el impacto ambiental es cualquier alteración de una acción humana en el medio, que modifica los factores que componen el ambiente. Son causados por el ser humano, son potenciales en el tanto pueden proyectarse en el tiempo y pueden ser positivos o negativos. Devienen de una situación planificable, son controlables y en ese tanto se pueden establecer medidas correctoras  a través de la verificación de su cumplimiento ya sea por monitoreo in situ o auditoría y seguimiento ambiental. Conforme al testigo, el criterio diferenciador con el daño ambiental, es que los impactos son situaciones derivadas de una autorización previa; mientras que el primero (daño ambiental) son impactos negativos que no cuentan con un aval previo, calificación ni tiene control. Otras características del daño ambiental es que es real y medible, antes y después, es negativo y tiene alta significancia, su origen es no planificado y lo que procede, una vez ocurrido es restaurar, reparar y compensar.  A criterio del señor Nombre139478 , en el daño ambiental no hay autorización previa o bien puede provenir de un desacato a los compromisos ambientales adquiridos. En atención a lo indicado, estima pertinente este Tribunal llamar la atención en que la definición conceptual establecida en la regulación de cita conlleva el riesgo de tener como lícito y legítimo afectaciones graves al ambiente y sus diversos componentes. En efecto, para esta Cámara de Juzgadores, no resulta posible distinguir entre los conceptos "impacto negativo al ambiente" de "daño al ambiente", desde la óptica de la mera existencia de una autorización previa -emanada de parte del órgano competente, en este caso la SETENA- de la actividad generadora generadora del impacto y de la supuesta valuación (que necesariamente debe sustentarse en criterio objetivo, esto es, técnico y/o científico) de sus efectos en los componentes del ambiente. Nótese que cuando en la doctrina jurídica y normativa nacional en sentido genérico se habla de daño, se atiende al menoscabo, pérdida o detrimento que se produce en la esfera jurídica del damnificado, afectación que genera el deber de su reparación. Así, tratándose del bien jurídico "ambiente", cuya definición -al tenor del desarrollo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, al menos en las sentencias No. Placa26573 y No. 2003-3656-, no está limitado a los elementos y/o recursos de la naturaleza (suelo, agua, aire, recursos marinos, costeros, minerales, bosques, biodiversidad biológica y paisaje), sino que se extiende al concepto de "entorno" (comprendiendo aspectos de planificación urbana, tutela del patrimonio histórico arquitectónico y el arqueológico); es que reviste de importancia el grado de afectación o alteración en sus elementos conformadores (bióticos y abióticos), en tanto con ello se puede quebrar el equilibrio ecológico y poner en riesgo la salud y vida de las personas (criterio antroporcentrista de la tutela del ambiente). En este sentido, un rasgo característico del daño al ambiente es que deriva de la conducta humana, tanto por acción, como por omisión; y tal virtud, podría elucubrarse que toda conducta humana en el planeta -en cualquier medio- genera un impacto en el ambiente, la mayoría de veces, de connotación negativa. Por ello, se requiere del factor de la trascendencia en ese impacto, lo que está contemplado en las regulaciones de tutela del ambiente -deber ser-, en donde se regulan y permiten límites permisibles de "contaminación" o afectación, superados o pasados los cuales, se está ante conductas ilegítimas o ilícitas. Consecuentemente, resulta un grave riesgo para la efectiva tutela del ambiente establecida como un derecho fundamental y una potestad pública para todo el aparato estatal -incluido el Poder Judicial a través del ejercicio de la función jurisdiccional-, en los términos impuestos en el artículo 50 de la Carta Fundamental, intentar legitimar impactos negativos en el ambiente, por la sola consideración de que los mismos han sido previamente sometidos al control y evaluación de la autoridad técnica de la materia (SETENA), a través de los diversos instrumentos de valuación ambiental establecidos en nuestro ordenamiento. Ello no sólo no resulta conforme con los principios rectores de la tutela del ambiente, tales como el precautorio -positivizado en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como Declaración de Río) y el canon 11 de la Ley de Biodiversidad-; sino que riñe de manera abierta contra el principio de la objetivación de la tutela del ambiente, que deriva de la incorporación al bloque de legalidad de las reglas de la ciencia y de la técnica, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 inciso 1) y 158. inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública; en franca desnaturalización de los instrumentos de valuación ambiental en nuestro país. Pues bien, en lo que viene relevante a este proceso, es menester señalar que las actoras no demostraron la existencia de un daño ambiental en el territorio indígena de Térraba que tenga como origen las actividades autorizadas en las resoluciones de viabilidad ambiental autorizadas en el expediente No. 366-2005-SETENA. La única prueba que aportan las actoras para intentar acreditar los supuestos daños o impactos ambientales es el documento denominado "Diagnóstico de Cumplimiento Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en su componente de estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal, con énfasis en el sector de la Reserva Indígena de Térraba"; suscrito, entre otros, por el Ingeniero Nombre39189   . Sin embargo, en criterio del Tribunal, el documento es insuficiente para tales efectos. Por una parte, tal y como lo advertimos durante la audiencia única,  por tratarse de un criterio de un experto en la materia, era indispensable que su contenido fuese sometido al contradictorio. Para ello, se admitió como testigo perito al señor Nombre39189 , a efectos de que los demandados pudiesen interrogarlo respecto de las conclusiones a las que ahí arribaba. Sin embargo, el Tribunal declaró inevacuable su testimonio ante la manifestación de la parte actora de que no había podido traerlo al proceso, así como que tampoco había requerido la citación de este Tribunal para tales efectos.  Así, el Tribunal no podría otorgar credibilidad a una prueba de esta naturaleza que no ha sido debatida por las partes. Aunado a lo anterior, lo cierto es que se trata de un documento que fue ampliamente cuestionado por otros de los testigos peritos que declararon. Por ejemplo, el Ingeniero Nombre139478  señaló que entre las falencias del documento en cuestión es que partía de la premisa de que no existió evaluación de impacto ambiental, cuando en realidad sí la hubo y que calificaba los futuros impactos en el medio -de construirse la represa- como daños al ambiente, sin que se aportara elementos que permitieran acreditar su existencia. Además, que en la valoración cualitativa de los presuntos daños se usó una metodología de carácter predictivo, que no es el método para valorar daños. Agregó que la determinación y cuantificación de los impactos partía de informes técnicos no constatados en el campo. El testigo insistió en que no hay prueba de que el ICE haya incumplido las medidas correctoras y que los supuestos daños que enuncia son actividades u obras  que son futuras e inciertas porque no corresponden a una fase de investigación sino de ejecución: por ejemplo, la creación del embalse, que corresponde al expediente No. 843-2007-SETENA. En una línea similar, el testigo Nombre139479   manifestó que el referido diagnóstico era un ejercicio teórico, que asumía que había un daño cuando no se han ejecutado acciones. Insistió en que el PHD no ha bía sido ejecutado por lo que no era posible hablar de daños y que p ara las obras a realizadas, el ICE ha bía cumplido con lo los requerimientos ambientales le ha pedido. Concluyó que no era posible valorar daños futuros por obras no ejecutadas y que, a lo sumo, se trataría de riesgos ambientales. Finalmente, Víctor Guzmán Arguedas, funcionario de la Nombre139474 que efectuó el cierre técnico del PHD en la parte relativa al margen derecho del Río General  y la Reserva Indígena de Térraba manifestó que a él no le constaban los supuestos daños que ahí se enlistaban. Además, que no se sabe cuáles parámetros se utilizaron para saber si hubo contaminación o erosión y que no era exacto porque no se tienen datos para comparar. Para el Tribunal, esas falencias son las que hacían necesario someter la pr obanza al contradictorio y, al no haber sido posible (porque debido a la desatención de la parte actora que lo propuso, el testimonio de uno de los autores del documento fue declarado inevacuable)  son las que impiden darle credibilidad. Más bien, existen elementos demostrativos que permiten concluir que al momento del cierre técnico y archivo del expediente No. 366-2005-SETENA, los funcionarios competentes no encontraron daños o impactos ambientales negativos, ni ninguna inconformidad en esa materia. Así por ejemplo, mediante oficio ASA- 1290-2011, de 18 de julio del 2011, la Nombre139474 rindió informe técnico sobre el seguimiento ambiental al proyecto "Estudios geológicos en el sitio Térraba". En lo que interesa, señaló que "(...) 4. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha cumplido con la presentación de informes ambientales, el nombramiento del responsable ambiental, según lo solicitado en las resoluciones No. Nombre139474 y 2766-2009-SETENA otorgadas por esta Secretaría. Conclusiones 1. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ha cumplido con los compromisos ambientales asumidos ante esta Secretaría durante la etapa constructiva del proyecto "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba", expediente Administrativo 366-2005-SETENA, específicamente en el Sitio Térraba, dentro del Territorio Indígena Térraba. 2. No se observan en el área del proyecto impactos significativos que requieran ser mitigados antes de dar por cerrado el frente del Sitio Térraba, al margen derecho aguas abajo del Río General Superior, dentro del Territorio Indígena Térraba.  (...)" (folios 595 al 610 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Luego, mediante oficio SG-ASA-1072-2011-SETENA, de 18 de julio del 2011, la Nombre139474 comunicó al ICE y a la responsable ambiental del referido proyecto  que con base en el informe técnico respectivo, no se determinaron no conformidades, quedando de esta forma clausuradas las obras realizadas por el ICE en la margen derecha aguas abajo del Río General Superior dentro del Territorio Indígena de Térraba (folios 612 y 613 del tomo III del expediente administrativo No. 366-2005-SETENA). Lo anterior fue confirmado por el señor Víctor Guzmán Arguedas, quien fue el funcionario de la Nombre139474 encargado de la visita de cierre técnico del expediente No. Nombre139483 y quien indicó , en lo medular, que  en esa oportunidad corroboró que las actividades y obras fueran las autorizadas por la Nombre139474 y que el desarrollador cumplió con lo propuesto a la SETENA. Debe tenerse presente, además, que las actoras no impugnaron los actos mediante los cuales se estableció que no existían inconformidades ambientales de relevancia. Como último aspecto, es menester señalar que somos del criterio de que  la determinación de la existencia de los daños que se alegaban es un aspecto que no podría dejarse para la fase de ejecución de sentencia por dos motivos fundamentales. Primero, porque así no fue pedido por las accionantes. En ningún momento su pretensión se fijó para que ese aspecto se determinara en sentencia.  Ese punto lo propone hasta la fase de juicio cuando ya no es el momento procesal oportuno para tales efectos. Segundo, el Tribunal no encuentra siquiera evidencia de que esos daños se hubieran producido. La carga de demostrar ese aspecto correspondía a los accionantes, de conformidad con los artículos 317 del Código Procesal Civil en relación  con  el ordinal  82 del CPCA. Por ende, deberán asumir las consecuencias procesales de su desatención. Como no se han demostrado los supuestos daños o impactos , el Tribunal no encuentra ninguna justificación que permita obligar a que se adopte un Plan Remedial o medidas compensatorias. Por las razones expuestas, lo debido es rechazar la pretensión como en efecto se hace.

             X I.- Sobre el análisis de procedencia de la tercera pretensión.  Las actoras piden que se ordene al ICE y al Estado que se abstengan de adoptar cualquier conducta administrativa que por acción u omisión pueda afectar los intereses del medio ambiente o la biodiversidad ubicada en el área del proyecto y que pueda afectar la reserva, hasta tanto no cuente con la evaluación ambiental correspondiente.  Al respecto debemos señalar lo siguiente. Como explicamos supra, a la fecha la fase de investigación geológica en el sitio Térraba se cerró y el expediente se encuentra archivado (No. 366-2005-SETENA); mientras que el expediente relativo a la evaluación  ambiental del PHD (No. 843-2007-SETENA) se encuentra suspendido. Sin embargo, de los testimonios evacuados, no se concluye que el ICE haya perdido interés en continuar con el PHD.  Así por ejemplo, del testimonio de Nombre139477  , Nombre139475   y Nombre139478   se puede inferir la posibilidad de que se requiera realizar nuevos estudios de investigación geológica debido a que se han planteado la posibilidad de que sea necesario construir un tercer túnel del desvío o ampliar el diámetro de los dos previstos originalmente. Incluso, el testigo Nombre139478  manifestó que, una vez que se efectuara la consulta indígena, podrían surgir nuevos elementos no previstos originalmente que hiciesen necesaria una nueva investigación, por ejemplo en aspectos arqueológicos. Ese mismo testigo hizo un recuento de la evolución  temporal del expediente No. 843-2007-SETENA del que se desprende que el ICE ha estado llevando a cabo acciones y que se han estado rindiendo informes semestrales a la SETENA.  También, que el PHD es una obra de grandes dimensiones, cuya área de influencia  incluye, entre otras, a la Reserva Indígena de Térraba; así como que las actividades (de investigación propiamente dichas, de naturaleza constructiva en fase de investigación o propias de una fase de inversión u ejecución) que ahí se realicen son impactantes, en mayor o menor medida, del medio ambiente.  Por ello, el Tribunal estima que es necesario fijar reglas que orienten el ejercicio de las potestades administrativas, al menos en dos aspectos generales e ineludibles, para que estas resulten conformes con el ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, es necesario que previo al ejercicio de cualquier conducta administrativa del ICE que se relacione con las fases de investigación, inversión  o de ejecución referidas al PHD, en la reserva indígena en cuestión, ese ente cuente con la evaluación ambiental que requiera cada una de las fases del proyecto, dependiendo del impacto que ocasionen las actividades ahí previstas.  Además, es necesario que efectúe la consulta indígena previa, libre e informada que exige el numeral 6 del Convenio No. 169 citado. Debe tenerse presente que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de la comunidad indígena, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras, para así evitar que ello implique una denegación de su subsistencia como pueblo indígena (Caso Comunidad Indígena Nombre139487  vs Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010, Fondo, Reparaciones y Costas). También, se ha manifestado sobre el momento a partir del cual debe efectuarse la esa consulta indicando, por ejemplo, que "(...) 133. Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Nombre14492 en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). (...) Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo.  Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión (...) El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado.  El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Nombre14492 tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad (...)  Caso del Pueblo Nombre14492 vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Finalmente, respecto del carácter previo de la consulta, la Corte ha señalado que  "(...) 181. Al respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al examinar una reclamación en que se alegaba el incumplimiento por Colombia del Convenio Nº 169 de la OIT, que el requisito de consulta previa implica que ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, incluyendo medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes posible al proceso (...) 184. En este sentido, no ha sido controvertido que el Estado no realizó alguna forma de consulta con Nombre41947, en ninguna de las fases de ejecución de los actos de exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de representación. En particular, el Pueblo no fue consultado antes de que se construyeran helipuertos, se cavaran trochas, se sembraran explosivos o se destruyeran zonas de alto valor para su cultura y cosmovisión. (...)" PUEBLO INDíGENA KICHWA DE Nombre41947 VS. ECUADOR, SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2012, (Fondo y Reparaciones). Por todo lo expuesto, el Tribunal se inclina por acoger la pretensión que plantean las actoras, razón por la cual se ordena a la Nombre139474 y al ICE que, mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo indígena de Térraba ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, se abstengan de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambiente o la biodiversidad de esa Reserva Indígena. 

              XII.- Sobre la tercería sin pretensiones propias. El señor Nombre96534    formuló una tercería en la que no ejerció ninguna pretensión . Su participación se justificó en la supuesta posesión que ejercía sobre la finca No. 145342-000, inscrita en el partido de Puntarenas, inmueble que está dentro de la Reserva Indígena de Térraba y que,  alegaba,  el ICE arrendó en su momento para ingresar al sitio en el cual se llevó a cabo la fase investigativa del PHD. Analizados los motivos en los que el tercerista funda su gestión, el Tribunal estima que ésta debe ser rechazada de plano. En rigor, su participación pudo tener alguna relevancia para la demanda originalmente planteada por la ADI, en la que se pedía la nulidad del contrato suscrito entre el ICE y Nombre136636  . Pero en relación con las pretensiones de la tercería y su ampliación, no se observa que su interés guarde alguna relación ya que ninguna de las pretensiones que se formulan y las que han sido acogidas le afecta o incide de manera directa. Así, respecto de su participación debemos declarar una falta de interés actual sobrevenida y rechazar de plano su gestión. Lo anterior hace innecesario que nos pronunciemos sobre las defensas que fueran alegadas por el apoderado del tercerista. En relación con las costas, deberá estarse al pronunciamiento que efectuaremos infra. Por la forma que se resuelve no tiene ninguna relación con el objeto de esta litis. Por ende, debe rechazarse la tercería interpuesta.

             XIII.- A modo de cierre. Sin lugar a dudas, la decisión de ejecutar o no un proyecto hidroeléctrico como el PHD le corresponde a la Administración activa. La función de este Tribunal se limitaría, únicamente , a controlar la legalidad de las actuaciones que en las diferentes fases para la ejecución del proyecto se efectúen. Y es en este marco que el Tribunal debe manifestar lo siguiente. De los testimonios evacuados es posible inferir que el PHD es necesario para que el país pueda enfrentar la crisis energética que podría presentarse en los años futuros. Además, que existen las condiciones requeridas para desarrollarlo. También es innegable el interés general en que se desarrolle ese tipo de proyectos hidroeléctricos, pero todo ello conforme al ordenamiento jurídico. Y precisamente en ese punto se han observado falencias que podrían frustar un proyecto de esa magnitud y relevancia. A modo de ejemplo, tenemos que se realizó una fase de investigación que supuso una cuantiosa inversión de recursos públicos. De las probanzas ponderadas se advirtió que el ICE conocía desde que se rindieron los informes de INGETEC que debía efectuar la consulta indígena previa, libre e informada que exige el numeral 6 del Convenio 169 citado, a los pueblos indígenas que se verían afectados por el desarrollo y ejecución del PHD. Se trata de un aspecto que en todo caso, como deriva de una norma jurídica con rango superior a la ley, no debería ser desconocida para los operadores jurídicos del ICE. Hay también una línea definida y constante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con que esa consulta debe efectuarse desde las fases de planeación e investigación de los proyectos y no cuando éste ya se esté ejecutando. Pese a ello, el ICE omitió constatar que se cumpliera con esa condición ineludible en tutela de los derechos de las poblaciones indígenas involucradas. Efectuó actividades y labores de investigación geológica y obras de naturaleza constructiva asociadas a ésta sin que se hubiese cumplido con ese requerimiento y sin obtener los permisos, autorizaciones y concesiones que el ordenamiento jurídico exige para cada una de las actividades que efectuó en esa fase de investigación. Si el proyecto se reanuda, debe ajustarse al ordenamiento jurídico. A efectos de que no se dé al traste con la inversión de recursos en la que se incurrió ni con la experiencia adquirida de la investigación ya realizada, la coyuntura actual exige que tanto el Estado como el ICE examinen sus actuaciones, retomen sus esfuerzos y valoren la necesidad de que, en atención al interés público entendiendo por tal la expresión de los intereses individuales coincidentes de los adminsitrados (artículo 113 de la LGAP) se decida si debe o no continuarse con la implementación del PHD. Si la respuesta fuera afirmativa, no cabe duda de que ello debe serlo en absoluto respeto del ordenamiento jurídico y de los derechos de las poblaciones indígenas que puedan ser afectadas con la investigación geológica, la inversión, el desarrollo y la ejecución del PHD. Se trata de un examen y una decisión que corresponde, en forma exclusiva e impostergable, al ICE y al Estado, cada uno dentro del marco de sus competencias; pero que reiteramos debe adoptarse con estricto apego al bloque de legalidad  y orientada siempre hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.

             XIV.- Sobre las excepciones. El ICE no opuso ninguna excepción de fondo en la tercería, pero en la ampliación formuló una falta de derecho. Teniendo presente que la legitimación y el interés son presupuestos de fondo de la sentencia, cuyo análisis es, incluso, oficioso para los juzgadores; iniciaremos refiriéndonos a ambas condiciones.  Para el Tribunal las señoras Nombre139472  cuentan con suficiente legitimación activa para formular esta acción, de conformidad con el artículo 10 del CPCA. Por una parte, alegan ser indígenas que habitan la Reserva Indígena de Térraba y por otra su acción se legitima en procura de la defensa del ambiente, existiendo en relación con la tutela de ese derecho una acción popular al tenor del artículo 50 de la Constitución Política.  Por su parte, el ICE cuenta con la necesaria legitimación pasiva en tanto, conforme al numeral 12 del CPCA, es uno de los entes a los que se les imputa una serie de omisiones, específicamente relacionadas con una afectación del ambiente en la Reserva Indígena de Térraba con ocasión de la investigación y ejecución del PHD, y contra el cual se pide una serie de pretensiones de condena. Asimismo, es evidente que el asunto reviste interés, en tanto lo que se alega son afectaciones al ambiente. La excepción de falta de derecho debe ser acogida parcialmente y solo en cuanto no resulta procedente ordenar una evaluación ambiental del PHD ni de inmediato ni únicamente en el territorio indígena de Térraba, así como que tampoco es procedente ordenarla mediante una Evaluación Ambiental Estratégica. También se acoge en cuanto es improcedente e innecesario ordenar que se adopte un Plan Remedial o Medidas Compensatorias porque no se ha demostrado la existencia de impactos o los daños ambientales en la Reserva Indígena de Térraba con ocasión a las actuaciones del ICE referidas al PHD. En lo demás se rechaza, en tanto es criterio de este Tribunal que debe ordenarse al ICE que, si decide, a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológico en el Sitio Térraba previo a la ejecución del PHD deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud y que la Nombre139474 deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación establezca el ordenamiento jurídico, así como la significancia ambiental de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. Asimismo, el ICE deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en cauce de río como diques o muros de gaviones. También, estimamos que es necesario fijar los límites al ejercicio de la potestad administrativa del ICE y ordenarle que, mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo indígena de Térraba ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambiente o la biodiversidad de esa Reserva Indígena.  Por su parte, el Estado formuló las excepciones de falta de legitimación activa, la cual debe ser rechazada por las mismas razones expuestas supra respecto del ICE; falta de legitimación pasiva que debe, igualmente, ser rechazada toda vez que se reclaman omisiones del órgano competente en materia de evaluaciones ambientales y se pretende que se ordene al Estado conductas específicas y condenas concretas; y la falta de interés, la que también rechazamos por  las razones indicadas supra. La falta de derecho se acoge excepto en cuanto que se ordena a la Nombre139474 que en caso de que el ICE decidiera a corto, mediano o largo plazo retomar la fase de investigación  del PHD, deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación establezca el ordenamiento jurídico, así como la significancia ambiental de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar; así como que mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo indígena de Térraba ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambiente o la biodiversidad de esa Reserva Indígena. En consecuencia, la demanda deber ser acogida parcialmente, en los términos ya expuestos.

                 XV.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Igual dispensa se impone cuando en el caso concurra el denominado plus petitio, sea, conforme lo estatuye el canon 194.1 del CPCA, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido exceda del 15%, salvo que las bases de la demanda sean provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos. En la especie, el Tribunal estima que este proceso debe terminarse sin especial condenatoria en costas por diversas razones. Primero, dado el vencimiento recíproco de las partes; pero además, atendiendo luego de la complejidad técnica y jurídica del asunto.  Se trata de un proceso que supuso una importante cantidad de audiencias y prueva que evacuar y valorar, así como que los temas involucrados obligaron a un amplio análisis. Adicionales, somos del criterio de que las posiciones vertidas por cada parte involucrada, tanto actoras como los demandados y el tercero que actuó sin pretensiones propias, reflejan buena fe y motivo suficiente para ejercitar la defensa de sus respectivas posiciones. En consecuencia, estima esta Cámara, por las razones expuestas, lo debido es resolver el presente asunto sin especial condenatoria en costas, como en efecto se hace.

POR TANTO

De oficio, se declara una falta de interés actual de la tercería sin pretensiones propias que formuló Nombre96534    y se rechaza de plano esa gestión. Se rechazan las defensas de falta de legitimación tanto activa como pasiva, así como la de falta de interés actual formuladas por el Instituto Costarricense de Electricidad y el Estado. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por ambos demandados únicamente en cuanto no resulta procedente ordenar, de inmediato,  una evaluación ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, ni únicamente para el territorio indígena de Térraba, así como que tampoco es procedente ordenarla mediante una Evaluación Ambiental Estratégica. También se acoge en cuanto es improcedente e innecesario ordenar que se adopte un Plan Remedial o Medidas Compensatorias porque no se ha demostrado la existencia de daños ambientales en la Reserva Indígena de Térraba con ocasión a las actuaciones del Instituto Costarricense de Electricidad ni del Estado referidas al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. En lo demás se rechaza. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente: 1) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, si decide a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá iniciar el procedimiento de evaluación ambiental respectivo bajo la normativa vigente al momento de la presentación de su solicitud. 2) Se ordena a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente que, si la fase de investigación a la que hicimos referencia se retoma, deberá definir el instrumento de evaluación ambiental que deba exigirse al ICE de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente y tomando en cuenta los parámetros que para efectos de esa clasificación se establezcan, así como la significancia ambiental de cada una de las obras o actividades impactantes que se vayan a realizar. 3) Se ordena al Instituto Costarricense de Electricidad que, en caso de que decida a corto, mediano o largo plazo, reabrir o retomar la fase de investigación geológica en el Sitio Térraba previo a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, deberá gestionar ante los entes y órganos competentes las autorizaciones o permisos que el ordenamiento jurídico exige para realizar actividades como la corta de árboles, movimiento de tierras, excavaciones, construcción de obras en el cauce de río como diques o muros de gaviones. 4) Se ordena a ambos demandados que mientras no se haya efectuado la consulta indígena previa, libre e informada al pueblo indígena de Térraba ni se cuente con el instrumento de evaluación ambiental que corresponda según las actividades que se efectúen, deberá abstenerse de adoptar cualquier conducta administrativa, ya sea referida a la fase de investigación o a la de inversión del PHD, que pueda afectar el medio ambiente o la biodiversidad de esa Reserva Indígena.  5) Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.

 

 

              

Cynthia Abarca Gómez

 

 

Silvia Consuelo Fernández Brenes                                             Christian Hess Araya                                                    

EXPEDIENTE: 11-001691-1027-CA

PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE

ACTORAS: Nombre139472   

DEMANDADOS: EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EL ESTADO

TERCERO INTERESADO SIN PRETENSIONES PROPIAS: Nombre96534  

 

 

  

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:41:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolution No. 00194 - 2015

Date of Resolution: November 17, 2015 at 15:15

Case File: 11-001691-1027-CA

Drafted by: Cynthia Abarca Gómez

Type of matter: Preferential processing proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



International Regulations: Convention concerning the Protection of Indigenous and Tribal Peoples, ILO Convention No. 107, Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, ILO Convention No. 169

International regulations


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Environmental Law

Topic: Environmental impact study

Subtopics:

Considerations on its procedure and constitutive phases.
Definition of "Strategic environmental assessment."

Topic: Environmental damage

Subtopics:

Definition and characteristics.

"I. Taking into account the above in relation to the clarifications made regarding the object of this proceeding, the Tribunal understands that the plaintiffs' first claim is aimed at ordering ICE that, if it executes construction works or enters the investment or operational phase of the project, it must carry out the corresponding environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). This is because, as inferred from the party's arguments, some of the environmentally authorized impacting activities in file No. 366-2005-SETENA go beyond geological research, insofar as they constitute construction works that correspond more to an investment or operational phase of the project; without these having been evaluated with the required environmental instrument considering their true nature. On this point, it is worth reiterating that no annulment claim has been formulated in this proceeding that would enable the Tribunal to review the legality of the actions and acts through which SETENA granted the corresponding environmental viabilities for the project "Estudios geológicos en el Sitio Térraba". However, from the arguments and the material claim of the plaintiffs, it is indeed inferred that an omissive conduct by SETENA is being claimed for not requiring compliance with environmental regulations and for allowing, under an environmental viability based on a DJCA, the execution of works or activities typical of a construction or investment phase, which required a different environmental instrument, such as, in the plaintiffs' opinion, a Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica) or an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). From this perspective, the way the claim was formulated allows this Tribunal to analyze the nature of the authorized impacting activities, at the time, by SETENA to establish whether they correspond to merely geological research activities or to construction works associated with this phase or an investment stage that made an environmental assessment instrument different from the one authorized at the time necessary. The foregoing is not to annul what was done because, we insist, that point was not requested by the plaintiffs; but solely to set the limits and rules imposed by the legal system and the facts for the legitimate exercise of the administrative powers that, in this case, ICE and SETENA would exercise in the event that a new geological research phase of the PHD were to reopen. This, of course, without prejudice to the margin of discretion that that entity and body retain, as derived from subsection f) of Articles 42 and 122 of the CPCA, as well as numerals 15, 15 and 158 subsection 4) of the Ley General de la Administración Pública. In that sense, and for the purpose of delimiting the examination to be carried out, we must begin by pointing out that in this proceeding it was not demonstrated that ICE had executed activities or works typical of the investment, operational, or execution phase of the PHD in the indigenous territory of Térraba. For the Tribunal, sufficient and necessary demonstrative elements were not provided to allow establishing that fact with due forcefulness. On the contrary, the evidence gathered is much more oriented towards confirming that the works and activities carried out by ICE within file No. 366-2005-SETENA until approximately May 2011 were, in general, typical of the geological research, exploration, and experimentation required prior to that, that is, the execution of the PHD. This is inferred from the testimonies given by Mauricio Varela Ramírez, who held the position of Coordinator of the Geotechnical Engineering Area of ICE, and essentially indicated that the report issued by INGETEC in November 2005 did not imply the start of construction works nor did it contemplate the final plans or designs. For his part, Engineer Diego Campos García, who was Coordinator of Underground Works, insisted that the activities carried out on the occasion of the referenced file were of geological research and were authorized by SETENA, both for the works and for their dimensions. Elías Alfaro Zamora, a Forest Engineer who held the position of Environmental Coordinator of the PHD, stated that the activities carried out in file No. 366-2005-SETENA were research and associated works. Finally, Pablo Bermúdez Vives, an Environmental Audit and Follow-up analyst of SETENA, pointed out that the activities described in the referenced file were typical of the research stage and, although the magnitude was not clear, they did not appear to be the start of construction. The only witness who differs on this aspect is Leonel Chacón Castro, who is a geologist and construction engineer and indicated that, in his opinion, the PHD was in the construction phase. As he explained, he reached that conclusion based on different indicators such as the organization that ICE still maintains on the official Diquís page, the type of works being carried out, as well as the amount of resources and material handled. However, on this point, the Tribunal is inclined to give credibility to the testimony given by Varela Ramírez, Campos García, Alfaro Zamora, and Bermúdez Vives over that of Mr. Leonel, for the following reasons. Even though the latter worked for ICE on different hydroelectric projects such as Arenal and Corobicí, and we do not doubt the experience he possesses in the field of hydroelectric projects; the fact is that he had almost no relationship with the PHD since he stopped working for that entity in 2006. Therefore, he had no direct relationship with the works carried out under file No. 366-2005-SETENA nor was he at the site where these were carried out. His assessments about the organization surrounding the project are fundamentally based on what the official page of the site states, which, in our opinion, is not a conclusive element to conclude that it corresponds to a construction or investment phase. The foregoing because nothing prevents that organization chart from having been projected for when the project had reached all its phases nor that it is up to date. On the other hand, the data provided by the deponent regarding the amount of personnel and resources handled are not supported by suitable sources. If to the above we add that Mr. Rojas Castro was not at the site while the works were being carried out, it is only possible to conclude that these are subjective assessments that lack certainty. In relation to the works that were carried out and as we will analyze infra, we consider that this is also not a distinctive element of the investment phase, since there are research activities that, by themselves, have a constructive nature, such as excavation, as stated by Mr. Leonel himself. Now, discarding that the activities carried out in file No. 366-2005-SETENA correspond to an investment or operational phase, it is appropriate to analyze whether works of a constructive nature were carried out within the geological research phase to which we have been referring, and, in the event that they had been done so, what the ideal environmental instrument for assessing those impacting activities is. Well, it has been accredited that under the environmental viability granted in resolution No. 2766-2009-SETENA cited, ICE carried out, on the right bank of the Río General and in the Térraba Indigenous Reserve, activities whose nature is geological research such as drilling and explorations; but it also executed construction works associated with that research, such as earthworks (movimientos de tierra), excavations (of the portal, the access window, the intersection, and the research gallery located on the axis of one of the future diversion tunnels) and the construction of a gabion wall. This conclusion is reached after assessing, based on the rules of sound rational criticism, various evidentiary elements such as the logbook, the judicial inspection, and the statements of Leonel Campos, Elías Alfaro Zamora, Diego Campos García, and Pablo Bermúdez Vives. Let us see. The first of the works of a constructive nature carried out in that research phase was the gabion wall, authorized in resolution No. 2766-2009-SETENA as follows "(...) 2.6.1 Protection dike with gabion wall: In order to provide a safe working terrace and give security to operational personnel during heavy rains, helping to contain river water in case of flooding. It is 6 m high, 110 m long, and the width varies according to height, between three and one meter wide, with about 1540 m3 of stone volume (...)." From the beginning of the entries contained in the administrative file denominated "Bitácora", it was indicated that the decision had been made to intensify the filling of gabions in the upstream area of the wall to generate a defense in case the river rose (folio 01). That process continued until May 22, 2010, a date on which it ended, and subsequently concrete was sprayed on the face of the wall facing the river (folios 13 and 15). The existence of that gabion wall was verified by the Tribunal during the judicial inspection, as recorded in the respective recording. We consider that this is a work of a constructive nature for which the respective construction permit is even required, as inferred from Articles 1, 2, and 74 of the Ley de Construcciones. The foregoing is aggravated if one takes into account that it is a work carried out on the right bank of the channel of the Río General, an aspect on which, and despite the statement of Engineer Alfaro Zamora (who omits referring to the construction of the gabion wall as a work carried out in the river channel), the Tribunal has no doubt, given what was observed during the judicial inspection. The place where that gabion wall was built made it necessary to manage the authorization referred to in Articles 33 and 34 of the Ley Forestal. Well, it does not appear in the record that ICE had managed or obtained the respective construction permit to erect that wall nor the authorization referred to in the Ley Forestal. Another of the works of a constructive nature carried out in the research phase is the earthworks (movimientos de tierras) carried out, at least, in two cases. The first of these is the one referred to by Forest Engineer Elías Alfaro Zamora, who, in response to a question from the Tribunal, indicated that there were earthworks and that they were associated with the improvement of access roads, particularly in relation to the existing trails on the farm and because they were required for the entry of drilling machinery. Again, it was not demonstrated either that this earthwork had the municipal permits derived from numerals 1, 2, and 74 of the Ley de Construcciones. Engineer Alfaro Zamora stated that, as far as he understood and for the purposes of ICE, this type of earthwork carried out by that institution did not demand or require this type of permit. The Tribunal does not share that position. As we have already indicated on other occasions, among them, judgment No. 115 -2011-VI, issued at 3:15 p.m. on May 3, 2011, we do not conceive that ICE holds a sort of special treatment that allows it not to be subject to the permits or authorizations that the legal system imposes for carrying out construction works, exploiting or using public domain assets; and this is not derived, not even, from the regulation that created it, namely, Decree Law No. 449. That regulation creates powers (duties-powers) in favor of ICE, among them, to channel the use of hydroelectric energy in order to strengthen the national economy and promote the greater well-being of the country's inhabitants; a situation that does not inherently entail an exemption or exclusion from the authorizations or permits that the same legal system establishes for specific activities, nor does it confer a right to use the waters of the Nation. On the contrary, an integral interpretation of Decree Law No. 449 in relation to the legal system, especially the regulations governing urban planning, the environment, the right to build, the protection of water resources, and the regulations concerning the provision of public services, allows concluding that this power must be exercised within the limits established by the system itself, one of them being, precisely, obtaining these permits, authorizations, or concessions, as appropriate depending on the activity carried out. Article 2 of the Decree Law states that this institution must ensure the rational use of natural resources, avoiding their destructive and wasteful exploitation. Likewise, it is entrusted with conserving and defending the hydraulic resources of the country, protecting the basins, sources, and channels of rivers and water currents. Thus, a correct hermeneutics of Decree Law No. 449 cannot lead us to affirm that there is a disapplication of the legal norms that impose conditions and limits on the exercise of construction activities, and even less so that ICE is exempted from requesting the respective authorizations for such purposes. Rather, it is essential that ICE submits to all environmental and natural resource protection regulations, which implies that the referenced authorizations are requested and approved. This Tribunal does not ignore the need to develop and execute hydroelectric projects that facilitate the fulfillment of the purposes entrusted to ICE. Undoubtedly, this type of activity is of public interest; however, the legal purposes it pursues cannot be achieved outside the regulations and conditions established by legal norms for such purposes. This is because ICE is subject to the legal system, thus, prior to carrying out this type of activity (works in river channels, earthworks, and excavations), it must have the respective authorizations. On this matter, one may also consult judgment No. 0001309-F-S1-13, issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice at 2:05 p.m. on October 1, 2013, which confirmed resolution No. 115-2011-VI cited. The second case in which we identify earthworks (movimientos de tierras) is in the activity related to excavation, as we will analyze below. In his deposition, Mr. Leonel explained that, in the case of tunnels, there are two construction stages, namely, excavation and lining. Then, in response to a question from this Tribunal, Mr. Pablo stated that any excavation was a construction work. The foregoing is consistent with Article 55 of the Decreto Ley de Construcciones, a regulation that establishes that to carry out any excavation work, an Engineer must obtain prior permission from the Municipality, which will grant it upon approval of the project or precautionary report. For its part, ordinal 56 of the same Decree Law establishes that precautions must be taken to prevent ground movements at the excavation site from causing damage to constructions and public services located in its vicinity. Well, from the beginning of his statement, Mr. Elías Alfaro indicated that in file No. 366-2005-SETENA, research activities and associated works were authorized. If one observes carefully, the administrative file labeled as "Bitácora" refers to the control of the works related to the exploratory gallery on the right bank of the dam site (folio 00 of the logbook) and expressly indicates the excavation of the exploratory gallery itself. If the daily entries made in the work logbook are observed, the entire process followed for such purposes is reflected, which began with the entry of the excavator to the portal site, the portal being understood as the protection made to enter the rock mass (statement of Diego Campos García). It was noted that the material appeared very unstable when the excavation began and that the excavation of the first bench was deepened in order to seek more stable ground at a greater depth (folio 11 of the logbook). That excavation process continued until June 21, 2010, the day on which the drilling process for the fourth and final benching for the conformation of the portal was completed (folio 18 of the logbook). Subsequently, the placement of arches on the exterior of the slope began for the portal conformation and to start the gallery excavation (folio 19 of the logbook). The underground excavation process continued using the blasting method. First, the access window was excavated, which is the distance or corridor that exists between the portal and the research site, and which constitutes the means of access to the exploratory gallery (statement of Engineer Campos García). The excavation of the access window advanced, using rock bolts and shotcrete as temporary reinforcement (folio 24 of the logbook). According to the statement of Engineer Campos García, these temporary supports are used because when blasting is done, the material is left exposed, decompresses, tries to fall, and requires support until the window lining is done. Mr. Leonel Rojas Castro stated that when excavations are made, if the rock falls, it was necessary to place bolts to hold it. He added that if the material was poor, another temporary support was used, such as arches. Both witnesses agree that they are called temporary supports, not because they are linked to a specific time or are later removed; but because they are maintained until the lining is applied. The excavation process of the window ended with an advance of 145.15 meters, and what followed was to begin the excavation process for the widening of the intersection (folio 28 of the logbook). Engineer Campos García explained that the intersection is the junction between the window and the gallery; and that when entering through the window, there comes a moment when the gallery is perpendicular, and it is necessary for the machinery entering to be able to turn. That is why the intersection widening is done, so that the equipment can turn. For that widening, temporary steel frame supports were not used because the material was good and stable (this is also indicated in folio 28 of the logbook). Once the intersection was widened, the excavation advanced along the alignment of the exploratory gallery, using temporary supports of welded wire mesh, rock bolts, and shotcrete (folios 29 and 30 of the logbook). It is worth highlighting that during the advance of the gallery excavation, some precautions were taken directly related to the construction of the diversion tunnels and their crown. This is inferred from folios 30, 31, 37 of the logbook, and it will be a point we will analyze infra. The excavation also continued to the widened section of the gallery and in the opposite direction, that is, downstream (folios 37, 38, and 39) until the technical closure of the exploration gallery on the right bank of the Río General when 215.5 meters had been excavated in the upstream direction and 166.7 meters in the downstream direction, for a total of 382.23 meters excavated (folio 43). For the Tribunal, the foregoing makes it evident that the excavations carried out in the access window and the research gallery do constitute construction works which, even if they were authorized by SETENA, were carried out in the research phase, and were necessary for it, do not lose that nature. And that condition is important, especially for environmental purposes, as we will see infra. But, in addition, it was also certified that with the excavation of the research gallery, ICE also excavated approximately 43 square meters (corresponding to the area of the research gallery located on the axis of one of the future diversion tunnels) out of the 175 square meters that one of the future diversion tunnels would have (statement of Diego Campos García, administrative file labeled "Bitácora"). In this sense, we must bear in mind that with resolution No. 2766-2009-SETENA cited and the technical reports that support it, the expansion of activities within the research phase of the project "Estudios geológicos Sitio Térraba" was authorized. One of the additional activities that was authorized was the "(...) Enabling of a geological exploration gallery at the Térraba site (on the right bank of the Río General) for the diversion tunnels. (...) 2.6 Geological exploration gallery of the diversion tunnels: Refers to the river diversion tunnels, required for the protection of the dam construction area, and will consist of two underground excavations at elevation 141 m.a.s.l. The characteristics of the tunnels and their dimensions were modified in the proposal of the Addendum to the request for expansion of the environmental viability (see point 1). (...)". As can be seen, from the moment the expansion and addendum to the environmental viability granted in file No. 366-2005-SETENA cited were requested, ICE knew that the gallery to be enabled at the Térraba site would be for the geological research of the future diversion tunnels. Engineer Campos García stated that it was always indicated that the research gallery had to be on the axis of the future diversion tunnels and justified that decision because if what was needed was to investigate the referenced tunnels, it had to be done on that axis, because otherwise the information obtained would not be representative. For its part, it can be inferred from the logbook that there was a moment from which, with the advance of the excavation of the research gallery, the excavation of at least one of the future diversion tunnels also advanced. For example, on October 13, 2010, it was noted that "(...) It was decided not to pour floor jets since the sill would be removed during the construction of diversion tunnel 2, in such a way that the sill will not be poured on the floor until absolutely necessary (...)" (folio 30); on October 21 of that same year, it was indicated that "(...) Excavation continues without problems. Next week a decision will be made on where the full-section excavations of the crown of the diversion tunnels will be carried out for geology and geotechnics investigations. (...)" (folio 31); and on December 14, it was noted that "(...) On December 3, the process of widening the gallery began from station 223.04 onwards, this in order to investigate the behavior of the ground with the arch of the definitive diversion tunnel. (...)" (folio 37). Engineer Campos García reinforces this position when he stated that if the diversion tunnels are built, that is already excavated because research was done, and that it was an additional gain although not an excavation as such. Later, he explained that the area of the gallery was 43 square meters and that of the future diversion tunnel was 175 square meters, so only 24% of the future area of the diversion tunnels had been excavated. Also, that two twin, parallel diversion tunnels of 14 meters each had been planned, for which a total of approximately 250,000 cubic meters of material would be excavated, and that what was excavated up to the moment of technical closure was 12,000 to 13,000 cubic meters, which corresponds to less than 6% of the total excavation. From the evidence analyzed, we conclude that with the excavation of the geological research gallery, ICE also excavated a percentage of what would in the future be one of the diversion tunnels of the PHD; which reinforces that construction works were indeed carried out in that research phase, some referring to the crown of one of the future diversion tunnels. And we consider that the decision adopted by ICE is not necessarily improper, just as the modification approved so that the dimensions of that research gallery coincide with that of the future diversion tunnels is not improper either. On the contrary, the testimony of Mr. Alexis Cerdas Salas and Mr. Diego Campos García evidenced the importance of geological research or explorations in the development of a hydroelectric project of the nature and dimensions of Diquís. Therefore, if it was possible to investigate the behavior of the rock mass at the exact site or as close as possible to the axis of the diversion tunnels and with the excavation of the gallery to advance with the excavation of the tunnels; everything seems to indicate that it was technically appropriate to do so in order to know the quality and characteristics of the material, its stability, to achieve greater cost efficiency, greater safety, insofar as risks are minimized, as well as a more adequate use of technology. However, we consider that if, along with the geological research, part of the diversion tunnels was excavated, even if in a small percentage, this should have been indicated to SETENA due to the environmental implications that this may have brought, as we will analyze below.

VII.- Precisely, in their arguments, the plaintiffs claim an omissive conduct by SETENA when establishing the environmental instrument based on which the execution of activities such as those indicated in the preceding Considering clause was authorized in the project "Estudios Geológicos en el Sitio Térraba". Although no annulment claim is formulated in this proceeding against SETENA's actions (formal or material) in the environmental procedure processed under file No. 366-2005-SETENA, the truth is that the plaintiffs' requests are aimed at ordering the involved public entities to adopt some corrective actions in environmental matters, so that in the event the project is resumed or continued, it complies with current environmental regulations, and considering that its development will be, at least, in the indigenous territory of Térraba, where they live. Under that line, we consider it necessary to make some considerations regarding what was done in SETENA so that it serves as a parameter for the purposes of resolving what was requested. As we have been pointing out, through resolution No. 1584-2005-SETENA, the environmental viability for the project "Estudios Geológicos en Sitio Térraba", whose developer was ICE, was authorized. Fundamentally, activities such as geological drilling, excavation of research galleries, and the enabling of trails and paths were authorized in that resolution (this is inferred from the administrative conduct itself and from the statement of Elías Alfaro Zamora). In that file, ICE provided a FEAP, and the environmental assessment instrument based on which, ultimately, the indicated environmental viability was authorized was a DJCA. The foregoing in accordance with the provisions of resolutions No. 587-1997-SETENA and No. 693-1997-SETENA, in force on the date of submission of the FEAP. Subsequently, in 2009, ICE managed before SETENA an expansion of the environmental viability granted through resolution No. 1584-2005-SETENA cited and an addendum to the referenced expansion request. The first request (expansion) was based on the need to obtain geological data related to the works sites of the referenced project in order to gather fundamental information for the engineering designs that had not been possible to obtain with the explorations carried out up to that time. Furthermore, it stated that the additional research activities being proposed and their environmental impacts did not differ at all from what was originally proposed in that file (folios 222 to 495 volumes I and II of the SETENA administrative file No. 366-2007). The addendum request to the expansion request was technically justified by the recent changes in the galleries requested in the expansion request, attaching two technical reports signed by Engineer Diego Campos García, Coordinator of Underground Works of the PHD (folios 12 to 27 of the administrative folder corresponding to the Addendum raised in administrative file No. 366-2005-SETENA).

Through Resolution No. 2766-2009-SETENA, SETENA approved the new DJCA submitted for evaluation by ICE based on the request for extension of environmental feasibility and the addendum to said extension request. Of relevance, this extension of environmental feasibility authorized activities such as: 1) Additional drilling at the Térraba site. 2) The opening of a geological exploration gallery for the diversion tunnels required to protect the dam construction area. This included two underground excavations at elevation 141 m.a.s.l. The characteristics of the tunnels and their dimensions were modified in the technical proposal of the Addendum to the request for extension of environmental feasibility. As part of the authorized changes, the size of the diversion tunnels was increased to an excavation diameter of 175 square meters, and their length was reduced to 675 meters and 789 meters; a modification in the excavation diameter of the access adit (ventana de acceso) to 6 meters in height and 6 meters in floor width for an excavation area of 32.14 square meters; a modification in the excavation diameter of the investigation gallery (galería de investigación) to 42.73 square meters with a height of 4.5 meters and a floor width of 134.08 meters. 3) A protection dike with a gabion wall (muro de gaviones) 6 meters high, 110 meters long, with width varying according to height, between three and one meter wide, with approximately 1540 m3 of stone volume. 4) The opening of a maneuvering terrace for the excavation of the adit and the gallery. 5) Facilities needed to attend to personnel: dining hall, infirmary, warehouses, offices, etc. 6) Rehabilitation of an existing internal road on the property. 7) The opening and management of spoil heaps (escombreras) and the rehabilitation of their access roads. 8) The construction of a warehouse-storage yard type facility. 9) Tree felling in a pasture area (folios 522 to 534 of volume II of administrative file No. 366-2005-SETENA). Fundamentally, the plaintiffs claim that this extension of environmental feasibility should not have been approved as such or with a sworn statement of environmental commitments (declaración jurada de compromisos ambientales) because, given the nature of the works and the percentage of modification thereof relative to the originally evaluated project, it required an EIA. Furthermore, they maintain, that was required by the regulations in force at the date the extension request and addendum were submitted. In this regard, we must reiterate that in this proceeding we are not discussing the legality of SETENA's actions in the extension of environmental feasibility or the invalidity of the latter, since the plaintiffs themselves withdrew these annulment requests. The legality review that this Court will conduct shall be solely for the purpose of establishing whether there was any omission by SETENA when authorizing and granting environmental feasibility to the activities indicated in the referenced extension and addendum process; and that only so that, should the project in question be resumed, the environmental authority may adjust its actions to the legal system. Along these lines, the Court considers that the extension and modification to the environmental feasibility granted in the cited Resolution No. 1584-2005-SETENA, which were processed by ICE in 2009, should have been processed as a new and different request for legal and technical reasons, as explained below. According to what was proven, the extension and addendum processes to the environmental feasibility initially granted by SETENA for the project “Estudios geológicos en Sitio Térraba” were submitted in July and September 2009. By that date, the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004, was already in force. The transitory provisions of that regulation stated that “(...) I.— SETENA, within a maximum period of three months from the publication of this regulation, shall proceed to publish the new ‘Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental’ —Manual de EIA, or the specific Manuals for the articles that so require, and shall proceed to update the cost amounts of all technical instruments, documents, and services it provides. The aspects regulated by Administrative Resolutions No. 588-97, published in La Gaceta No. 215 of November 7, 1997, and No. 643-97-SETENA, published in La Gaceta No. 201 of October 20, 1997, shall remain in force until any resolutions modifying them are published; except for the aspects contained in this regulation. (...)” (highlighting does not correspond to the original). The manuals referred to by said regulation were adopted in Decree No. 32712 of July 19, 2005, and published in La Gaceta No. 223 of November 18, 2005, and Article 12 of that normative body repealed the cited Resolution No. 588-1997-SETENA. Thus, the Court finds no legal basis for that regulation not to have been applied, especially when the transitory provision itself establishes that, even assuming the continued validity of the cited Resolution No. 588-1997-SETENA, the aspects contained in the regulation had to be applied, in compliance with the Principle of Singular Non-Derogability of Regulations (Principio de Inderogabilidad Singular de las Normas) governed by Article 13 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter LGAP). If the regulatory provision had been applied, the modification to the already-authorized environmental feasibility should have been assessed based on different parameters. For example, Article 1 defines new activities, works, or projects as those intended to be developed after the entry into force of that regulation and that meet one or a combination of the following characteristics: a. That it involves a land-use change (cambio de uso del suelo). b. That they are included within the list contained in Annex No. 2 of that regulation. c. That without generating a land-use change, it causes a modification of the potential environmental impact (IAP) category towards a higher level, according to the list included in said Annex No. 2. Furthermore, the environmental impact categories change (Article 6) and range from high, moderate, or low environmental impact, as established in Annex No. 2 of that regulation. According to numeral 20, decision pathways shall depend on the final qualification of environmental significance, such that for projects, works, or activities of low environmental significance, the required environmental instrument shall be a Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales); for moderate, a Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental; and for high, an Estudio de Impacto Ambiental. For its part, ordinal 46 states in subsection 2) that activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA shall be subject, pursuant to the provisions of the LOA and said regulation, to an environmental control and monitoring process under the terms established in the referenced regulation. And subsection 3) of the same provision establishes that activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA, and for which, as a product of their development, an adjustment to the original design must be made, may maintain their already-granted environmental viability (license), provided they conform to the following terms: a. That a technical environmental report be submitted, prepared by a responsible environmental consultant, regarding Environmental Readjustment of the Original Design (Readecuación Ambiental del Diseño Original), according to the format defined by SETENA. b. That the design adjustment does not involve substantial changes to the original design, that is, that such changes do not imply a modification of the Potential Environmental Impact (IAP) category approved by SETENA in the original project, such as a change in the activity, work, or project, a change in the location site of the project area, and that the proposed production process is similar to what was originally proposed. c. That a comparison be made of the evaluated environmental impacts and their measures, and a necessary expansion thereof, when so required, so that the project, work, or activity maintains the environmental balance status granted during the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). Additionally, the adjustment to the Management Plan Prognosis shall be made when technically justified, with the environmental measures resulting from said analysis. The verification of the change in these conditions shall be endorsed by SETENA based on an administrative resolution, within a maximum period of ten business days, in order to maintain the validity of the Environmental License. For the Court, these aspects should have been assessed by SETENA to establish whether the extension implied modifications to the environmental category initially granted to the project for the purpose of maintaining environmental balance, given the impacts that the additional activities could cause. The foregoing because it has been proven that, under the environmental feasibility granted in the cited Resolution No. 2766-2009-SETENA, ICE carried out investigative activities (such as drilling and geological explorations), but also constructive works associated with them, on the right bank of the Río General and in the Térraba Indigenous Reserve, such as earthworks (movimientos de tierra), construction of a gabion wall, excavation of the portal, the access adit, the intersection, and the investigation gallery (logbook, judicial inspection, testimony of Diego Campos García); indeed, that under that same environmental feasibility, ICE excavated approximately 43 square meters (corresponding to the area of the investigation gallery located on the axis of one of the future diversion tunnels) out of the 175 square meters that one of the future diversion tunnels would have (testimony of Diego Campos García, administrative file labeled “Logbook”). Let us recall that every environmental impact must be measured, which is materialized through various instruments, including environmental impact studies, for the purpose of granting the corresponding environmental feasibility license. In this sense, the cited regulation, in numeral 3, subsection 37, conceptualizes Environmental Impact Assessment as the scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making. Generally, the Environmental Impact Assessment encompasses three essential constitutive phases: a) the first is the Initial Environmental Assessment; b) the second is the preparation of the Environmental Impact Study or other corresponding environmental assessment instruments; and c) a third refers to the Environmental Control and Monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. For its part, subsection 18 of Article 7 of the Ley de Biodiversidad considers environmental impact studies as follows: “Scientific-technical procedure that allows identifying and predicting what effects a specific action or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making. It includes the specific effects, their global assessment, the alternatives with the greatest environmental benefit, a program for controlling and minimizing negative effects, a monitoring program, a recovery program, as well as a guarantee of environmental compliance.” From the foregoing, it follows that the environmental license or feasibility, as indicated in subsection 63 of the third ordinal of the previously cited Regulation, represents the condition of acceptable harmony and balance between the development and execution of human works and their potential environmental impacts on the environment of the geographic area where it is to be implemented. From an administrative and legal standpoint, it corresponds to the act approving the Environmental Impact Assessment process, whether in its initial assessment phase, the study itself, or another impact document. Now, the implications of human works on the environment justify and demand the assessment of that impact on the surroundings. We consider that the type of activities of a constructive nature that ICE carried out in this matter (earthworks, construction of a gabion wall (túnel de gaviones), and excavations), even if carried out during an investigation phase, could have a higher environmental significance than those that are purely research or geological exploration (such as drilling), insofar as they also imply a work of great magnitude such as a hydroelectric plant. That aspect could have been assessed if the regulations in force at the time the extension to the already-granted environmental feasibility was requested had been applied. And indeed, between the activities originally evaluated and those included with the extension of environmental feasibility, the project underwent relevant and substantial modifications, both in constructive works and in surface area and drilling. In this regard, it was proven that between the constructive research works authorized in Resolution No. 1584-2005-SETENA (two galleries 150 m long each) and those authorized by Resolution No. 2766-2009-SETENA (an access adit 130 m long and an investigation gallery 675 m long), within the Térraba indigenous territory, the project authorized in file No. 366-2005-SETENA underwent a modification of constructive works of 168%; that the percentage of modification between the surface area authorized in Resolution No. 1584-2005-SETENA and that authorized by Resolution No. 2766-2009-SETENA within the Térraba indigenous territory, in both comparable and non-comparable areas, was 427%; and that the percentage of modification between the drilling authorized in Resolution No. 1584-2005-SETENA (one 100 m drilling and another 250 m deep) and that authorized by Resolution No. 2766-2009-SETENA (five drillings totaling 540 m in depth at MD) within the Térraba indigenous territory was 50% (certification visible at folios 2225 and 2226 of the judicial file). In conclusion, it is evident, because it was proven in this litigation, that the extension did entail a substantial modification, in magnitude and works to be performed, to the initially authorized project “Estudios Geológicos en Sitio Térraba”; an aspect that is important only to serve as a guide for the actions that, in the short, medium, or long term, both ICE and SETENA may undertake for the investigation and execution of the PHD.

VIII.- At this level of analysis, we consider it important to point out the following. As explained, file No. 366-2005-SETENA, referring to geological research studies at the Térraba site, was closed and archived, at least with respect to the Térraba site. However, in response to a question from the Court about whether that phase was completed for environmental purposes, Forestry Engineer Elías Alfaro Zamora stated, in essence, that in principle it was, but that if any additional element of relevance in this matter arose when the indigenous consultation was conducted, it would have to be considered and, if necessary, that phase could be reopened. The same would apply regarding pending aspects that were not considered in that research phase, such as archaeological ones. If we add to the above the time elapsed between the date ICE concluded that research in Térraba (June 2011) and the present day, it is evident that both the investigation and the geological risks that were weighed at that time, and the environmental aspects that were assessed at that time, could have changed; which may lead ICE to deem it necessary to reopen or resume the geological research phase prior to the execution of the PHD. In that scenario and within the framework of what was requested by the plaintiffs, we deem it necessary to establish certain limits on the exercise of the powers of both ICE and the environmental authorities, so that their actions conform to the legal system. The foregoing, of course, without prejudice to the margin of discretion inherent to each of them. In that sense, if ICE decides, in the short, medium, or long term, to resume the geological research phase of the PHD at the Térraba site, it must initiate the corresponding environmental assessment procedure, which shall be processed under a new file (not as a modification or extension) and shall be governed by the regulations in force at the time of its submission, pursuant to which the project's classification, level of environmental significance, and the instrument to be required must be determined. Regarding this last aspect, the plaintiffs' claim proposes that the environmental assessment in the Térraba Indigenous Territory be conducted through a Strategic Environmental Assessment or an Environmental Impact Study. From the outset, it must be noted that the definition of the environmental assessment instrument is a power that belongs exclusively to SETENA in accordance, of course, with the particularities that the regulations in force impose for each case. However, we deem it advisable to note that, according to the evidence gathered, the SEA does not appear to be the suitable instrument for such purposes. According to the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, the Strategic Environmental Assessment is the environmental impact assessment process applied to policies, plans, and programs. Due to its characteristic and nature, this type of process may also be applied to projects of national, binational, Central American regional significance, or by multilateral agreements, as established in the regulations in force. Regarding this instrument, Forestry Engineer Alfaro Zamora stated that it has the advantage of allowing the planning of a set of impacting situations but that, strictly speaking, it serves for environmental analysis oriented towards policies, plans, and programs and that, in any case, it does not eliminate or rule out the application of an environmental impact study if conditions made it necessary. He explained that it does not make much sense in a specific territory or for small spaces, as there are other, more suitable environmental instruments. For his part, Pablo Bermúdez Vives stated that the rigor of an SEA is not comparable to that of an EIA since they are instruments of a different nature; and that, in any case, conducting the former would not exempt from the submission of an environmental impact study since, at most, it would provide baseline information for the latter.

IX.- Ultimately, the Court considers that the plaintiffs' first claim must be partially granted. For the reasons set forth in the preceding Considerandos, we consider that it is not appropriate to order ICE to immediately complete the environmental impact assessment in the Térraba Indigenous Reserve area (because one of the files is already closed and archived as far as the geological research in Térraba is concerned, and the processing of the other, No. 843-2007-SETENA, is suspended), nor is it appropriate to define the environmental instrument to be applied, nor that it be only for the Térraba Indigenous Reserve area. However, we do deem it appropriate to advise ICE that, if it decides, in the short, medium, or long term, to reopen or resume the geological research phase at the Térraba Site prior to the execution of the PHD, it must initiate the respective environmental assessment procedure under the regulations in force at the time of the submission of its request, and that SETENA must define the environmental assessment instrument to be required, taking into account the parameters that the legal system establishes for such classification, as well as the environmental significance of the impacting works or activities to be carried out. Likewise, ICE must process before the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as tree felling, earthworks, excavations, construction of works in riverbeds such as dikes or gabion walls [...]

X.- Regarding the analysis of the appropriateness of the second claim. The plaintiffs request that the State and ICE be ordered to generate a comprehensive, remedial, and compensatory reparations plan for all environmental impacts and damages caused by the actions or omissions of the defendants in the Térraba Indigenous Reserve, whether as a direct or indirect effect of the failure to have an environmental impact assessment instrument appropriate to the construction and operational stage of the project, which must be supervised and approved by SETENA. After a measured analysis, we consider that this request is inappropriate for the following reasons. First, it is based on the assumption that ICE did not have an environmental assessment instrument, when it has already been established that environmental feasibility was granted in Resolutions No. 1584-2005-SETENA and No. 2766-2009-SETENA. Furthermore, it assumes that the PHD was in the construction, investment, or operational stage, an aspect that was not demonstrated in this litigation. What was demonstrated was that, while in the geological research phase, ICE carried out constructive works and activities. Whether the environmental instrument authorized by SETENA for these was or was not the one corresponding according to the regulations in force does not, in itself, affect the production of damages or negative impacts on the environment occasioned by the constructive works carried out by ICE. Second, what is requested (the comprehensive, remedial, and compensatory reparations plan) is to repair the alleged environmental damages or impacts that, it is claimed, the defendants' actions and omissions caused in the Térraba Indigenous Reserve. Well, even though it has been established in this proceeding that within the research phase corresponding to the Estudios Geológicos en Sitio Térraba, ICE executed constructive works, the truth is that the plaintiffs do not prove that these caused environmental damages or negative impacts within the Térraba Indigenous Territory. Article 3 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental defines environmental impact as the effect that an activity, work, or project, or any of its actions and components, has on the environment or its constituent elements. It may be positive or negative, direct or indirect, cumulative or non-cumulative, reversible or irreversible, extensive or limited, among other characteristics. It also defines environmental damage as that negative environmental impact, unforeseen, uncontrolled, and unplanned in an environmental impact assessment process (evaluated ex-ante), produced directly or indirectly by an activity, work, or project, on all or any component of the environment, for which no prevention, mitigation, or compensation measure was provided, and which implies an alteration assessed as having high Environmental Impact Significance (SIA). The regulation differentiates negative impact from environmental damage, insofar as the environmental impact is assessed in an ex-ante process, so that prevention, mitigation, and compensation aspects can be considered to reduce its scope on the environment. Applying the above provision, Forestry Engineer Alfaro Zamora stated that environmental impact is any alteration of a human action on the environment that modifies the factors that make up the environment. They are caused by humans, are potential in that they can be projected over time, and can be positive or negative. They arise from a plannable situation, are controllable, and to that extent, corrective measures can be established through verification of their compliance, whether by in-situ monitoring or environmental audit and follow-up. According to the witness, the differentiating criterion from environmental damage is that impacts are situations derived from prior authorization; whereas the former (environmental damage) consists of negative impacts that lack prior endorsement, qualification, or control. Other characteristics of environmental damage are that it is real and measurable, before and after, is negative and has high significance, its origin is unplanned, and what is appropriate, once it has occurred, is to restore, repair, and compensate. In the opinion of Mr. Alfaro Zamora, in environmental damage there is no prior authorization, or it may arise from a breach of the environmental commitments undertaken. In light of the foregoing, this Court deems it pertinent to draw attention to the fact that the conceptual definition established in the cited regulation carries the risk of treating serious impacts on the environment and its various components as lawful and legitimate. Indeed, for this Panel of Judges, it is not possible to distinguish between the concepts of “negative environmental impact” and “environmental damage” from the perspective of the mere existence of prior authorization —issued by the competent body, in this case SETENA— for the activity generating the impact and the supposed valuation (which must necessarily be based on objective criteria, i.e., technical and/or scientific) of its effects on the components of the environment. Note that when, in national legal doctrine and legislation, the term damage is used generically, it refers to the harm, loss, or detriment produced in the legal sphere of the injured party, an impact that generates a duty to repair it. Thus, regarding the legal right of “environment”, whose definition —according to the development of the Constitutional Chamber's jurisprudence, at least in rulings No. 2003-2864 and No. 2003-3656— is not limited to elements and/or natural resources (soil, water, air, marine, coastal, and mineral resources, forests, biological biodiversity, and landscape), but extends to the concept of “surroundings” (including aspects of urban planning and protection of architectural and archaeological historical heritage), the degree of impact or alteration on its constituent elements (biotic and abiotic) is of importance, insofar as it can break the ecological balance and put the health and lives of people at risk (anthropocentrist criterion of environmental protection). In this sense, a characteristic feature of environmental damage is that it derives from human conduct, both by action and omission; and by such virtue, one could speculate that all human conduct on the planet —in any environment— generates an impact on the environment, most often with a negative connotation. Therefore, the factor of transcendence in that impact is required, which is contemplated in environmental protection regulations —ought to be—, where permissible limits of “pollution” or impact are regulated and permitted, beyond which one is faced with illegitimate or unlawful conduct. Consequently, it poses a serious risk to the effective protection of the environment, established as a fundamental right and a public power for the entire state apparatus —including the Judicial Branch through the exercise of its jurisdictional function—, under the terms imposed in Article 50 of the Carta Fundamental, to attempt to legitimize negative impacts on the environment, based solely on the consideration that they have been previously subjected to the control and evaluation of the technical authority on the matter (SETENA), through the various environmental valuation instruments established in our legal system. This is not only inconsistent with the guiding principles of environmental protection, such as the precautionary principle —positivized in Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development (known as the Río Declaration) and canon 11 of the Ley de Biodiversidad—; but it openly conflicts with the principle of objectification of environmental protection, which derives from the incorporation into the legal framework of the rules of science and technique, as provided in Articles 16 subsection 1) and 158 subsection 4) of the Ley General de la Administración Pública; in a clear distortion of the environmental valuation instruments in our country. Well, with respect to what is relevant to this proceeding, it must be noted that the plaintiffs did not demonstrate the existence of environmental damage in the Térraba indigenous territory originating from the activities authorized in the environmental feasibility resolutions authorized in file No. 366-2005-SETENA. The only evidence the plaintiffs provide to attempt to prove the alleged environmental damages or impacts is the document titled “Diagnóstico de Cumplimiento Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en su componente de estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal, con énfasis en el sector de la Reserva Indígena de Térraba”; signed, among others, by Engineer Miguel Ángel García Jiménez. However, in the Court's view, this document is insufficient for such purposes.

On the one hand, as we noted during the single hearing, because it was an expert opinion in the field, it was essential that its content be subjected to cross-examination. For this purpose, Mr. García Jiménez was admitted as an expert witness, so that the defendants could question him regarding the conclusions he reached therein. However, the Tribunal declared his testimony unevaluable upon the plaintiff's statement that she had been unable to bring him to the proceeding, and that she had also not requested a summons from this Tribunal for such purposes. Thus, the Tribunal could not grant credibility to evidence of this nature that has not been debated by the parties. In addition to the foregoing, the truth is that this is a document that was widely questioned by other expert witnesses who testified. For example, Engineer Alfaro Zamora pointed out that among the shortcomings of the document in question is that it started from the premise that no environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) existed, when in fact there was one, and that it classified the future impacts on the environment—if the dam were built—as environmental damage (daños al ambiente), without providing elements to prove their existence. Furthermore, that in the qualitative assessment of the alleged damage, a predictive methodology was used, which is not the method for assessing damage. He added that the determination and quantification of the impacts were based on technical reports not verified in the field. The witness insisted that there is no proof that ICE has breached the corrective measures and that the supposed damage it lists are activities or works that are future and uncertain because they do not correspond to an investigation phase but rather to an execution phase: for example, the creation of the reservoir, which corresponds to file No. 843-2007-SETENA. Along similar lines, witness Pablo Bermúdez Vives stated that the aforementioned diagnosis was a theoretical exercise, which assumed that there was damage when no actions have been executed. He insisted that the PHD had not been executed and therefore it was not possible to speak of damage, and that for the works carried out, ICE had complied with the environmental requirements it was asked to fulfill. He concluded that it was not possible to assess future damage from unexecuted works and that, at most, they would constitute environmental risks. Finally, Víctor Guzmán Arguedas, a SETENA official who conducted the technical closure of the PHD in the part relating to the right bank of the Río General and the Reserva Indígena de Térraba, stated that he could not attest to the supposed damage listed therein. Furthermore, that it is not known what parameters were used to determine if there was contamination or erosion and that it was not accurate because there is no data to compare. For the Tribunal, it is these shortcomings that made it necessary to subject the evidence to cross-examination, and, given that this was not possible (because due to the neglect of the plaintiff who proposed it, the testimony of one of the authors of the document was declared unevaluable), they are what prevent granting it credibility. Rather, there are demonstrative elements that allow us to conclude that at the time of the technical closure and archiving of file No. 366-2005-SETENA, the competent officials found no damage or negative environmental impacts, nor any non-conformity in this matter. Thus, for example, by official letter ASA-1290-2011, dated July 18, 2011, SETENA issued a technical report on the environmental monitoring of the project "Estudios geológicos en el sitio Térraba". In relevant part, it noted that "(...) 4. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has complied with the submission of environmental reports, the appointment of the environmental manager, as requested in resolutions No. 1584-2005-SETENA and 2766-2009-SETENA issued by this Secretariat. Conclusions 1. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), has complied with the environmental commitments assumed before this Secretariat during the construction phase of the project 'Estudios Geológicos en el Sitio Térraba,' Administrative file 366-2005-SETENA, specifically at the Térraba Site, within the Territorio Indígena Térraba. 2. No significant impacts are observed in the project area that require mitigation before closing the Térraba Site front, on the right bank downstream of the Upper Río General, within the Territorio Indígena Térraba. (...)" (folios 595 to 610 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). Later, by official letter SG-ASA-1072-2011-SETENA, dated July 18, 2011, SETENA notified ICE and the environmental manager of the aforementioned project that, based on the respective technical report, no non-conformities were determined, with the works carried out by ICE on the right bank downstream of the Upper Río General within the Territorio Indígena de Térraba hereby closed (folios 612 and 613 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). The foregoing was confirmed by Mr. Víctor Guzmán Arguedas, who was the SETENA official in charge of the technical closure visit for file No. 366-2005-SETENA and who indicated, in essence, that on that occasion he verified that the activities and works were those authorized by SETENA and that the developer complied with what was proposed to SETENA. It must also be borne in mind that the plaintiffs did not challenge the acts by which it was established that there were no environmental non-conformities of relevance. As a final aspect, it is necessary to point out that we are of the opinion that the determination of the existence of the alleged damage is an aspect that could not be left for the judgment enforcement phase for two fundamental reasons. First, because it was not requested by the plaintiffs. At no time was their claim framed for that aspect to be determined in the judgment. That point was raised only at the trial phase when it was no longer the opportune procedural moment for such purposes. Second, the Tribunal does not find even evidence that this damage occurred. The burden of proving that aspect fell on the plaintiffs, in accordance with article 317 of the Código Procesal Civil in relation to article 82 of the CPCA. Therefore, they must bear the procedural consequences of their neglect. Since the alleged damage or impacts have not been demonstrated, the Tribunal finds no justification that would require the adoption of a Remedial Plan or compensatory measures. For the reasons stated, the claim must be rejected, as is hereby done […].”


... See more

Other References: Art. 15. United Nations Conference on Environment and Development (known as the Rio Declaration).

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution

 Tribunal Contencioso Administrativo,

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

Central 2545-00-03                                                                   Fax 2545-00-33

                                         Correo Electrónico ...01

________________________________________________________________________

EXPEDIENTE: 11-001691-1027-CA

PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE

ACTORAS: Nombre139472   

DEMANDADOS: EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EL ESTADO

TERCERO INTERESADO SIN PRETENSIONES PROPIAS: Nombre96534  

No. 194-2015-VI

 

            TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA. Dirección01 , at fifteen hours fifteen minutes on November seventeenth, two thousand fifteen.

            Proceeding declared of preferential processing filed by Ms. Nombre139473  and Nombre139472, both with surnames Nombre139472, the first married once and bearer of identity card CED110016, the second bearer of identity card CED110017, both indigenous and residents of Bijagual de Buenos Aires, Puntarenas, represented by their special judicial representative Walter Brenes Soto, single, attorney, identity card CED32840 and resident of Alajuela, against EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (hereinafter ICE) represented by its special judicial representatives Nombre82313   , single, attorney, identity card CED30335, resident of Heredia  and Nombre82381   , married, attorney, identity card CED84178, resident of San José, and the ESTADO represented by the procurador Alonso Arnesto Moya, married, attorney, identity card CED683 and resident of San José. Participating as an interested third party without its own claims is Mr. Nombre96534   , divorced twice, farmer, identity card CED74010 and resident of Dirección16763     , Puntarenas, represented by his special judicial representative Guido Humberto Rojas Sánchez, attorney, identity card CED90961 and resident of Qutirrisí.

RESULTANDO

            1.- This proceeding was initially filed by the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba (hereinafter the ADI) and declared of preferential processing by resolution issued by this Tribunal at 10 hours 53 minutes on April 27, 2011 (folios 306 and 307 of this file). Within this litigation, the Nombre139472 sisters filed a third-party claim with their own claims and an extension to it, making the following claims: 1) The total annulment of resolution No. 2278-2012-SETENA, of 8 hours on September 5, 2012, as it was issued contrary to the order issued in vote No. 2011-12975, issued by the Sala Constitucional at 14 hours 30 minutes on September 23, 2011. 2) That the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (hereinafter SETENA) and the State be ordered to proceed with the definitive archiving of file D1-843-2007-SETENA called Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (hereinafter PHD). 3) That ICE be ordered to comply with the duty to immediately process a complete and comprehensive environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for the area of the Reserva Indígena de Térraba, all under the supervision and oversight of SETENA, which must even be carried out using the environmental instrument called Evaluación Ambiental Estratégica, or alternatively through the processing of an Estudio de Impacto Ambiental for the investment phase (construction and operation) in that area of the PHD. 4) That the State and ICE be ordered to generate a comprehensive reparation, remedial, and compensatory measures plan for all the environmental impacts and damage caused by the actions or omissions of the defendants within the Reserva Indígena de Térraba, whether by direct or indirect effect of the omission to have an environmental impact assessment instrument specific to the construction and operation phase of the project, which must be overseen and approved by SETENA. 5) That ICE and the State be ordered to refrain from adopting or executing any administrative conduct that by action or omission could affect the interests of the environment or the biodiversity located in the project area and that, in turn, could affect or do affect the Reserva Indígena de Térraba, until the corresponding environmental impact assessment is in place. 6) That ICE and the State be ordered to pay both sets of costs. Additionally, it requested that Nombre139474 be joined as a party to this proceeding (folios 1356 to 1364, 1545 to 1549 and as established during the single hearing held on July 14, 2014 and August 25, 2014). As a provisionalísima interim measure, they requested that ICE be ordered to immediately suspend all types of actions related to the PHD, specifically in the Reserva Indígena, until there is scientific certainty that works inherent to a construction process are not being carried out. As a definitive interim measure, they requested that all types of construction works or similar related to the aforementioned project in the Reserva Indígena Térraba de Buenos Aires be kept suspended until Nombre139474 fully approves the corresponding environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) (folios 1361 and 1362 of this folder).

              2.- On November 15, 2012, this Tribunal conducted a judicial inspection at farm No. 145342-000, of the Partido de Puntarenas, located in the Reserva Indígena de Térraba. The plaintiff (at that time the ADI) and the defendants attended this proceeding (recording added to the file).

 

 

              3.- During the hearing held on July 16, 2014, the requested provisionalísima interim measure was rejected and the defendants and the third party were granted a hearing regarding the requested interim relief (recording added to the file).

              4.- ICE answered the third-party claim and its extension, without raising preliminary defenses; it only raised the defense of lack of right. It requested that both actions be rejected and that the third-party claimants be ordered to pay both sets of costs (folios 1422 to 1458, 1565 to 1578 of this file).

              5.- The State answered the third-party claim and its extension. It raised the preliminary defenses of improper joinder of claims, act not subject to challenge, and expiration of the action. It also raised the defenses of lack of passive standing (legitimación ad causam pasiva), lack of current interest, and lack of right (folios 1492 to 1506, 1590 to 1601 of this file).

              6.- The third party Nombre96534 answered the third-party claim and its extension. He did not raise preliminary defenses but, in the third-party claim, he did raise the defenses of lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva), as well as lack of current interest (folios 1462 to 1465, 1586 to 1588 of this folder).

              7.- The single hearing established by article 60 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA) began on July 14, 2014 and continued on July 15, August 18, 25, and 26, October 31, November 5 and 6, all in 2014; ruling on the aspects regulated by article 90 of the CPCA. The claims of the initial complaint filed by the ADI and those of the third-party claim filed by Ms. Nombre139472 were established, as well as their extensions. Furthermore, the preliminary defenses raised by the parties were resolved, except for the expiration of the action raised by both ICE and the State, the consideration of which was reserved for the moment of issuing judgment. Regarding the third-party claim and its extension, the defenses of improper joinder of claims and acts not subject to challenge raised by the State were rejected, in resolutions issued orally at the single hearing on August 25, 2014. That same day, in resolution No. 131-14-VI, also issued orally, the defense of failure to join a necessary passive litisconsortium raised by the third-party claimants to bring Nombre139474 into this case was rejected. Furthermore, the disputed facts were determined, and the pertinent documentary, testimonial, and expert testimonial evidence was admitted, as well as the judicial inspection conducted on November 15, 2012. Considering that the Sala Constitucional granted leave to proceed on the unconstitutionality action No. 14-12592-007-CO, which seeks to declare articles 34, 40, and Transitory Provision III of the CPCA unconstitutional; and that in this proceeding the defense of expiration of the action has been alleged regarding formal conduct issued prior to the entry into force of the CPCA, and regarding other conduct issued under the CPCA, which refers to the application of the indicated Transitory Provision, coupled with the fact that the defense of the plaintiff and the third parties on this issue has been that these are acts with continuing effects, and this refers to the application of article 40 of the CPCA, the Tribunal therefore suspended the holding of the second part of the single hearing (i.e., the oral and public trial) until that action had been resolved. The foregoing in accordance with articles 81 of the Ley de Jurisdicción Constitucional and 111 of the CPCA; in addition to the principles of immediacy and evidentiary concentration (recording of the hearing added to this file).

              8.- By resolution No. 186-2014, issued at 15 hours 10 minutes on November 19, 2014, this Tribunal accepted the partial withdrawal of the third-party claim filed by Ms. Nombre139472 and Nombre139472, only with respect to the claims seeking the annulment of resolution No. 2278-2012-SETENA, of 8 hours on September 5, 2012, and ordering Nombre139474 and the State to proceed with the definitive archiving of file D1-843-2007-SETENA called Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Regarding such requests, the proceeding was terminated without a special ruling on costs, without prejudice to the provisions of article 197, subsection 2) of the CPCA, and it ordered the continuation of the proceeding with respect to the remaining claims of the third-party claim, which, as established at the single hearing, are the following: 1) That ICE be ordered to comply with the duty to immediately process a complete and comprehensive environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for the area of the Reserva Indígena de Térraba, all under the supervision and oversight of SETENA, which must even be carried out using the environmental instrument called Evaluación Ambiental Estratégica, or alternatively through the processing of an Estudio de Impacto Ambiental for the investment phase (construction and operation) in that area of the PHD. 2) That the State and ICE be ordered to generate a comprehensive reparation, remedial, and compensatory measures plan for all the environmental impacts and damage caused by the actions or omissions of the defendants within the Reserva Indígena de Térraba, whether by direct or indirect effect of the omission to have an environmental impact assessment instrument specific to the construction and operation phase of the project, which must be overseen and approved by SETENA. 3) That ICE and the State be ordered to refrain from adopting or executing any administrative conduct that by action or omission could affect the interests of the environment or the biodiversity located in the project area and that, in turn, could affect or do affect the Reserva Indígena de Térraba, until the corresponding environmental impact assessment is in place. 4) That ICE and the State be ordered to pay both sets of costs (folios 2002 to 2019 of this folder).

              9.- In a writing received by fax on June 29, 2015, Mr. Jenaro Gutiérrez Reyes, current president of the ADI, informed this Tribunal that "(...) it is the express will of my represented party, as has been on record for a long time, to request the definitive archiving of this case. Likewise, I make it known that in this act I revoke all special judicial powers that have been granted up to this point in this litigation (...)" (folio 2155 of this file).

              10.- By resolution No. 127-2015-VI, issued at 9 hours 50 minutes on July 30, 2015, this Tribunal accepted the withdrawal filed by the president of the ADI and this proceeding was terminated with respect to the complaint it filed against ICE, the State, and Nombre136636, without a special ruling on costs, without prejudice to the provisions of article 197, subsection 2) of the CPCA. Given the accessory nature of the active joinder filed by the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas in favor of the Asociación and by virtue of the accepted withdrawal, it was deemed concluded. Finally, it ordered the continuation of the proceeding with respect to the claims filed by Ms. Nombre139472 against ICE and the State, as well as with respect to Nombre139275, who was acting as a third party without its own claims (folios 1244 to 1259 of the judicial file).

              11.- The State filed a motion for reversal as well as an appeal, both with concomitant nullity, against the aforementioned resolution No. 127-2015-VI. The first was rejected in an order issued by this Tribunal at 16 hours on August 20 of this year. The appeal was rejected outright by the Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, in resolution No. 457-2015, of 11 hours 30 minutes on September 17, 2015 (folios 2281 to 2306 of the judicial file).

              12.- In an order issued at 13 hours on July 30, 2015, this Tribunal transcribed the claims of Ms. Nombre139472, which now constitute the subject matter of this case, and which correspond to the eighth Resultando of this ruling. Likewise, considering that the aforementioned claims did not include any annulment claim, it deemed it unnecessary to maintain the suspension of the holding of the second part of the single hearing that was originally decreed by virtue of the unconstitutionality action referred to in the Sixth Resultando of this pronouncement, summoning the parties for such purposes (folios 2268 and 2269 of this folder).

              13.- The single hearing continued on October 20, 21, 22, 23, and 30, 2015, with the presence of the parties who remained in the proceeding and their representatives. During the screening phase, the State representative withdrew the preliminary defense of expiration of the action that he had raised, and the document entitled "Diagnóstico de Cumplimiento Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en su componente de estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal con énfasis en el sector de la Reserva Indígena de Térraba" was admitted as new evidence, solely to serve as a basis in the statement of expert witness Nombre39189 and the certification issued by Nombre139475 and Nombre139476, Coordinadores de Construcción as well as de Perforaciones y Servicios Conexos, respectively, of the Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, added from folio 2224 to 2226 of this folder. Likewise, the statements of Mr. Nombre139477, Nombre139475, Nombre139476, Nombre139478, and Nombre139479 were admitted, as expert witnesses. Furthermore, the representative of the Nombre139472 sisters, now plaintiffs, was informed that "Las reglas prácticas para facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones indígenas", approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session 77-08, promoted, among other things, holding hearings in the indigenous territory, economic assistance for transportation, food, and lodging, and the right to an interpreter; therefore, based on the recognition of the full legal capacity that international conventions and the legal system grant to indigenous people, without public authorities being able to substitute their will, their represented clients were consulted regarding whether they wished to hold the hearing in the indigenous territory of Térraba, whether they required an interpreter or economic assistance. The plaintiffs' response was negative except for economic assistance, which was arranged by the Tribunal and granted to Ms. Nombre139472. Subsequently, the statements of the admitted expert witnesses were taken, except for Nombre139480, whose testimony was declared unevaluable. Finally, the parties presented closing arguments, and upon their conclusion, this proceeding was declared very complex, for the purposes of the provisions of article 111, subsection 1) of the CPCA, in relation to article 82, subsection 1), of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

14.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities are observed that need to be corrected or that cause defenselessness. In accordance with article 111 of the cited Código Procesal in relation to articles 79 and 82 of its Reglamento, upon deliberation, we proceed with the issuance, drafting, and communication of this judgment within the legal term, drafted by Judge ponente Abarca Gómez and with the affirmative vote of Judge Fernández Brenes and Judge Hess Araya.

CONSIDERANDO

I.- Necessary clarification. For a better understanding of what will be decided, the Tribunal deems it necessary to point out the following. As background and as previously mentioned, this proceeding was initially filed by the ADI of Térraba fundamentally questioning the validity of a series of formal and material conduct by ICE and the State related to the PHD that, they considered, were carried out within that Reserva Indígena illegitimately and harmed the legal situation of that people. In the procedural iter, the Nombre139472 sisters filed a third-party claim with their own claims that included, at the time, declarations of nullity of a series of formal conduct issued by Nombre139474 on the occasion of the environmental procedure followed by ICE to obtain the corresponding environmental viability license (licencia de viabilidad ambiental) for the execution of the PHD. Later, they withdraw the aforementioned annulment claims, limiting their requests to those established in the seventh Resultando of this judgment. Subsequently, in judgment No. 127-15-VI cited, the withdrawal filed by the president of the ADI was accepted, and this proceeding was terminated with respect to the complaint that that corporate entity filed against ICE, the State, and Nombre136636, without a special ruling on costs. Likewise, given the accessory nature of the active joinder filed by the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas in favor of the Asociación and by virtue of the accepted withdrawal, it was deemed concluded. Given what had occurred and considering that the claims filed by Ms. Nombre139472 were their own and independent of those exercised, up to that point, by the plaintiff, the continuation of the proceeding was ordered with respect to the claims they filed. Thus, as explained in resolutions issued after the indicated withdrawal was accepted and during the second phase of the single hearing held in October of this year, although Ms. Nombre139472 had been participating in this case as third parties with their own claims, the truth is that by virtue of the withdrawal of the complaint filed by the plaintiff and accepted by this Tribunal, it is necessary to clarify their procedural situation since, to date, the subject matter of this case only encompasses the claims they are litigating. Thus, Ms. Nombre139472 constitute the only parties filing this action, and their claims will be those resolved in this litigation. Considering the foregoing and the manner in which the claims to be resolved here were established, it is necessary, from the outset, to exclude from the legality analysis that will be conducted any claim or questioning referring to the scope of the consultation established in Article 6 of Convention No. 169 "Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries", approved in our country by Law No. 7316 of November 3, 1992, which states, in relevant part, that "(...) 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly (...)". But, furthermore, it must be reiterated that in this case no annulment claim is being made that enables this Tribunal to exercise a legality review of what has been done (formally and materially) to date by the defendant public entities. As will be seen infra, this clarification is fundamental for the purpose of determining the scope of the legality examination that will be conducted in relation to what was requested.

             II.- Proven facts. Of importance for what is resolved, the following is demonstrated: 1) In 2003, ICE contracted the company INGETEC to carry out a feasibility study regarding a hydroelectric project, taking as background the information gathered and studies carried out by that entity over thirty or forty years, among which stood out the studies on the feasibility of the Boruca Project prepared in 1974, 1979 and 1980, the review report of the Proyecto Hidroeléctrico Boruca conducted by Marubeni Corporation, Nippon Koei Co., Japan in 1993 and 1994; the Plan Maestro Cuenca Media del Río Grande de Térraba: preliminary assessment of the usable hydroelectric potential of Costa Rica, prepared by ICE in 1998; the Study of assessment of alternatives for the Proyecto Hidroeléctrico Boruca, prepared by ICE in 2000, and the Study of selection of the development option for the Proyecto Hidroeléctrico Boruca conducted by ICE in 2001. The consulting company remained in our country for approximately twenty-four months (statement of Nombre139477). 2) In the first phase of the study conducted by INGETEC, preliminary analyses were carried out, options were evaluated, and complementary studies were conducted. In February 2005, a first report was issued regarding the assessment and comparison of the options to establish where the project dam would be located (between Cajón, Veraguas and the Kamankrawa Project) and, subsequently, to define the project scheme, an aspect that would be analyzed in the second phase.

Additionally, a supporting report was submitted covering the following aspects: underground works, connection studies for the Boruca Hydroelectric Project alternatives to the interconnected system, financial environment studies, power and energy, environment, hydraulic conceptualization and preliminary design of the options, electromechanical works, surface geotechnical works, macroeconomic impact of the Boruca project, structures, sediments, social aspects, and roads. The final report of that first phase concluded that the best option was to locate the dam in Veraguas with a normal maximum reservoir at elevation 300 with an underground powerhouse, 622 MW. (testimony of Nombre139477, INGETEC reports contained on the compact disc so labeled and added to the file). 3) On March 15, 2005, ICE submitted to Nombre139474 a Preliminary Environmental Assessment Form (Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, hereinafter FEAP) through which it submitted the project "Geological Studies at the Térraba and Cañablancal Sites" for environmental assessment (evaluación ambiental), which sought to "(...) characterize from a geological, hydrogeological, and geophysical point of view the chosen sites, which may be technically viable, in order to subsequently define whether they are suitable for use in hydroelectric development projects. This research involves understanding soil thicknesses, decompressed rock, and the depth of sound rock, as well as the deformability of those rocks and their resistance, aspects that could compromise the structure of the civil works that ICE may construct at technically feasible sites. To obtain the information and field data for these studies, the construction of investigation adits (galerías de investigación) and the execution of geological drilling (perforaciones geológicas) are required. (...)". The application was accompanied by a report establishing the project location, the estimated area and area of influence, the activities to be carried out, the execution timeline, and the activity schedule. This application was assigned file number 366-2005-SETENA. Subsequently, the project consultant, biologist Sussy Segura Solís, submitted an addendum to the FEAP, justifying it based on the need to change the location of the drilling activities at the Cañablancal site for environmental reasons (folios 1 to 50 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 4) Through resolution No. 1056-2005-SETENA, at 12:50 p.m. on May 11, 2005, the Plenary Commission of Nombre139474 agreed, as relevant, to request from ICE, in its capacity as developer, a Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, hereinafter DJCA) expressly stating that it committed to comply with the environmental commitments acquired during the environmental assessment process and established in the applicable regulations on this matter (folios 55 to 59 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 5) On May 26, 2005, ICE submitted to Nombre139474 the DJCA referred to in the preceding proven fact (folios 65 to 68 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 6) Through resolution No. Nombre139474 at 9:30 a.m. on July 1, 2005, the Plenary Commission of Nombre139474 approved the DJCA that had been submitted for evaluation by ICE and ordered it to appoint an environmental manager (responsable ambiental), to submit a logbook (libro de actas) of one hundred folios to be enabled as a field log (bitácora), one month before the start of the activity; as well as to submit compliance reports (informes regenciales) every three months during the research phase. Furthermore, it informed that entity that the environmental assessment process had been completed for the project "Geological Studies at the Térraba Site," which it described as follows: "(...) Research drilling (Perforaciones de investigación) from the geological, hydrogeological, and geophysical point of view of the indicated sites for the pre-feasibility phase of a future hydroelectric project. The works to be carried out are core drilling (perforación con recuperación de núcleo) at the two sites, with greater detail or quantity of drilling at the site called Térraba, on the banks of the General River, complemented by the drilling of adits (galerías) on each bank; at the Site called Cañablancal, only core drilling will be carried out. Research drilling from the geological, hydrogeological, and geophysical point of view of the indicated sites for the pre-feasibility phase of a future hydroelectric project. The works to be carried out are core drilling at the two sites, with greater detail or quantity of drilling at the site called Térraba, on the banks of the General River, complemented by the drilling of adits on each bank; at the Site called Cañablancal, only core drilling will be carried out, with maximum depths of 500 m. The sites are characterized by presenting steep topography and being covered mainly by scrubland (tacotales) or pastures. They do not have service availability, which is natural given the nature of the project. The developer has extensive experience in similar projects, for which it satisfactorily and in detail presented within the form the prevention and mitigation of the foreseeable significant environmental impacts for the project. Moreover, for the prevention of environmental impacts at the Cañablancal Site, the machinery has been brought in by air means, in order to eliminate the construction of access roads. The Térraba or Ocochol site has access to the site via an internal easement (servidumbre) of the property. The project is considered to be carried out within a period of three and a half years. (...)"; granting the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental) and leaving open the environmental management stage (folios 55 to 84 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 7) On July 5, 2005, Biologist Sussy Segura Solís notified Nombre139474 that she had accepted the appointment as Environmental Manager (Responsable Ambiental) for the project "Geological Studies at the Térraba Site" to be carried out by ICE (folio 86 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 8) Through official communication SG-2223-2005, dated September 9, 2005, Nombre139474 opened and formalized the Environmental Field Log (Bitácora Ambiental) to be maintained by Biologist Sussy Segura Solís as environmental manager for the project "Geological Studies at the Térraba Site" (folio 95 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 9) In the second phase of the study conducted by INGETEC, the technical feasibility study of the project was carried out along with the environmental component. Among the tasks performed as part of these studies were the execution of the necessary investigations, review of the studies carried out to determine the need to propose variants, data collection, geological surface reconnaissance, analysis of cartography and topography, creek traverses, geothermal tasks, sampling, drilling, excavations to establish the investigation adits. These reports were submitted between October and November 2005 and cover the following aspects: environment, optimization, geology, hydrogeology and hydraulics, dam geotechnics, underground works, structures, electromechanical equipment, roads, transmission, financial studies, economic studies, macroeconomic studies. The feasibility study concludes, as relevant, that "(...) from Costa Rica's point of view, the best option for developing the hydroelectric potential of the middle and lower basin of the Grande de Térraba River consisted of building a dam on the General River at the Veraguas site, with a crest height between elevations 300 and 320 approximately, for the hydroelectric utilization of most of the dammed flow in the drop generated between the reservoir and the Grande de Térraba River near the town of Palmar, and the energy utilization at the dam toe of the compensation flow required to discharge to maintain minimum conditions for aquatic life in the lower course of the General River. Feasibility of the Boruca-Veraguas Hydroelectric Project (P H Boruca-Veraguas). The technical, environmental, social, market, economic, and financial studies carried out allow concluding that the P.H. Boruca - Veraguas, optimized in the second phase, is feasible and presents significant economic benefits for Costa Rica in all the analyzed scenarios. The studies conducted during the second phase confirm that the P H Boruca-Veraguas constitutes a solid option for the hydroelectric development of the middle and lower basin of the Grande de Térraba River and significantly reduces the main environmental and social impacts inherent to this type of project. (...) Technical Aspects. (...) Regarding the project construction schedule, the first year is dedicated to infrastructure works, which consist of the accesses and portals of the diversion tunnels (túneles de desviación) and the access tunnel to the underground powerhouse (central subterránea). Year 2 corresponds to the construction of the diversion tunnels and the access tunnel to the underground powerhouse. In parallel with the cofferdam (ataguías) work and excavation of the alluvial bed, the placement of dam fills begins. This activity is carried out over the following 5 years and also involves the concrete face (cara de concreto) and other ancillary works. The construction of the main underground works of the project is executed in parallel with the dam works and is not part of the project's critical path. Upon finishing the fills and after completing the last stage of the concrete of the face to be able to carry out the tunnel closure works, plug construction, and reservoir filling. Then, in the second semester of Year 7, unit testing proceeds, an activity carried out until the completion of construction and the commissioning of the powerhouse in the second quarter of Year 8. (...) The additional geotechnical and topographical investigations to be advanced in the next stage will allow specifying in greater detail the extent of excavations for the plinth (plinto) foundation, the permeability characteristics of the rock to estimate grouting treatments more precisely, and a more detailed quantification of the excavation and fill volumes for the dam. The lateral spillway layout has been proposed based on results from the geophysical investigation advanced by ICE, topographic surveys, and geological reconnaissances conducted jointly by ICE and INGETEC during this stage of studies. (...) Environmental and Social Aspects. (...) The only aspect requiring special attention and that could eventually, through amparo appeals and international law proceedings, hinder bidding processes and project development would be inadequate handling of the indigenous issue, fundamentally in relation to the replacement of special protection lands and the cultural identity of these communities. It is recommended, above all, to exhaust the planned consultation provisions at the national and international level and ultimately achieve framework agreements agreed upon with the affected communities. The environmental study for the Veraguas option is at a preliminary stage, where important aspects have been identified which at this stage indicate that the project, with the introduction of adequate management practices, which in this phase are presented as proposals, can be environmentally viable. The exhaustive Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) will delve into those aspects requiring the collection and analysis of field information through investigations designed and scheduled for this purpose, which will allow evaluating and quantifying the impacts that could not be detailed with the existing information, and in this way, the most adequate management practices can be designed. (...)". As recommendations, it indicated the following: "(...) In accordance with the Contract terms, the Consultant has studied the existing information supplied by ICE and complemented some aspects directly or in collaboration with ICE officials. Based on the above, the Consultant, also using its judgment and experience, has prepared the project layouts presented in this report. Notwithstanding the foregoing, part of the information necessary for the preparation of the Final Feasibility Report is still pending because it is in process or its acquisition by ICE has not yet begun. This information will allow, in the future, achieving greater refinement in some aspects of the layouts presented in this report and, consequently, optimization of the layouts. Below is a list of investigations that the Consultant recommends carrying out to complement the Feasibility Study presented in this report. The location and execution details of the investigations have been previously discussed with ICE personnel. (...) • Geological investigations: Complete geological surveys of the headrace tunnel (conducción), underground powerhouse, and tailrace (descarga); carry out geological surveys of the material source zones, deposit zones; investigate the genesis of the Paso Real and Valle del General formations. (...) • Drilling: Five hundred meters of drilling (4 drill holes) in the dam zone; Four hundred meters of drilling (5 drill holes) in the spillway; two hundred meters of drilling in the diversion tunnels; one hundred meters of drilling (2 drill holes) in the intake and gate shaft; one hundred fifty meters of drilling (2 drill holes) in window 1 of the headrace tunnel; seven hundred meters of drilling (5 drill holes) in the headrace tunnel; one thousand five hundred meters of drilling (3 drill holes) in the underground powerhouse and surge chamber; one hundred fifty meters of drilling (2 drill holes) in Window 2 and the powerhouse access tunnel; and three hundred fifty meters of drilling (3 drill holes) in the tailrace tunnel. Additionally, the construction of two adits of one hundred meters each in the dam zone, test pits and trenches in the material sources, and the installation of open standpipe piezometers in drill holes encountering the water table are necessary. • Geotechnical tests: permeability tests in drill holes in the dam zone; water temperature measurement during drilling advancement of the headrace tunnel; point load tests on outcrops; point load, plate, and direct shear tests in exploration adits; laboratory tests on materials from outcrops, adits, and drill cores; and hydraulic fracturing tests in the powerhouse zone. (...)" (testimony of Nombre139477, compact disc labeled INGETEC Report that is added to the file). 10) In official communication DAP-637-2006, dated September 21, 2006, Geologist Esau Chaves Aguilar and Engineer Luis Fernando González López communicated to Nombre139474 that on August 31 of that year, they conducted an inspection visit at the site of the project "Geological Studies at the Térraba Site," accompanied by the project's environmental manager, to verify compliance with the environmental commitments recorded in the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), confirming that the project was being executed as scheduled, without observing environmental problems caused by the project execution. Likewise, they indicated that the compliance reports (informes regenciales) had been submitted as established, and no environmental irregularities (non-conformities) generated by the project execution had been reported in them (folio 95 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). 11) On July 20, 2007, ICE submitted to Nombre139474 a D1 form corresponding to the PHD, to open the respective environmental management file, so that Nombre139474 could provide the required terms of reference (términos de referencia) for the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) of a work of that magnitude. It noted that it was not submitting the studies required by the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) because the project's current planning level only presented a preliminary locational design of the works and that ICE would subsequently execute the necessary studies to ensure the stability of the works and the integrity of the affected environment, including geological soil analysis, soil resistivity analysis, and geological analysis of the sites. It also indicated that because the project was in the pre-investment stage, it was not possible to attach cadastral plans of properties where construction activities would take place. This application was assigned file number 843-2007-SETENA (folios 1 to 25 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). 12) Through resolution No. 2174-2007-SETENA, at 9:00 a.m. on November 7, 2007, the Plenary Commission of Nombre139474 agreed, as relevant, to approve the terms of reference proposal submitted by ICE and granted it a maximum period of two years for the submission of an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) for the PHD (folios 36 to 48 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). 13) On March 31, 2008, ICE informed Nombre139474 of the substitution of the Environmental Manager (Regente Ambiental) for the Geological Studies at the Térraba Site project, a position now to be held by Engineer Nombre139481 (folio 117 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2007). 14) Through official communication SG-ASA-147-2008, dated June 10, 2008, Nombre139474 endorsed adding, within the environmental feasibility granted to the Geological Studies at the Térraba Site project, the enabling of a geological exploration adit for the future PHD powerhouse, as well as several complementary activities associated with said adit. It conditioned its endorsement on the execution of works in accordance with current legislation and the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), as well as the correct application of the environmental commitments acquired (folios 105 and 106 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2007). 15) Through resolution No. 1526-2009-SETENA, at 8:00 a.m. on July 6, 2009, the Plenary Commission of Nombre139474 agreed, as relevant, to approve the terms of reference proposal submitted by ICE within file No. 843-2007-SETENA, on the occasion of modifications requested by ICE in March 2009 related to observations from the Inter-American Development Bank (folios 122 to 125 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007 and the administrative file labeled Annex Terms of Reference, testimony of Nombre139478). 16) Between July and November 2009, the consulting firm INGETEC submitted to ICE Report Code PHDQ-HDR-002-007 with the Basic Design of the Diversion Works and the Bottom Outlet (Descarga de Fondo); which provided more information and detail on civil, electrical, and mechanical works to be performed in the PHD and presented several modifications to the diversion works as well as in the length and excavation cross-section of the future PHD diversion tunnels. As relevant, it stated: "(...) 14. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The temporary river diversion system for the El Diquís Hydroelectric Project presents the following characteristics: · There will be two diversion tunnels located on the right abutment of the dam. The diversion system provides for the construction of a pre-cofferdam (pre-ataguía) (crest elevation 155 masl), an RCC cofferdam (ataguía) with the crest at elevation 170 masl capable of handling the 10-year annual flood, and a counter-cofferdam (contra-ataguía) that is integrated into the downstream shoulder of the dam. For the first dry season, it is considered that the counter-cofferdam should reach elevation 204 masl in order to contain the 100-year annual flood. · To rapidly increase project safety to over 300 years starting from the second year of the project construction, it has been specified to build the downstream dam shoulder fill up to elevation 226 masl, because the construction of this fill does not require the excavations for the plinth foundation necessary to advance the fills in the upstream zone of the dam. · The tunnels have a useful horseshoe cross-section of 12.6 m useful diameter, which will be completely lined with conventional concrete due to the geological conditions. The invert slab thickness will be 0.50 m and the walls and roof will be 0.70 m. · The intake portals are concrete structures with two openings 6.2 m wide, an effective height of 11.6 m, and slots for closure gates. The intake structure for portal 1 is designed to withstand a head of 158 m, and that for tunnel 2, for 75 m. Steel lining (blindaje) will be placed starting from the structure entrance and extending up to 10 m after the tunnel starts with the horseshoe cross-section. The lining will be placed on the invert and up to 1 m high on the walls. · The outlet portal has a short channel of approximately 14 m in length and an expansion angle of approximately 5° with respect to the tunnel axis. A 5 m protection tooth has been provided at the outlet. · The bottom outlet will be built in a gallery parallel to diversion tunnel 2 on its right side. There will be a pressurized section up to the gate chamber, and from there onward, there will be a free-flow discharge. · The typical cross-section of the bottom outlet tunnels will be a horseshoe shape of 8.7 m excavation diameter with complete conventional concrete lining 0.45 m thick, yielding a useful cross-section of 7.8 m diameter. There will be a steel-lined section upstream of the gates of approximately 52 m in length, and in this section, the cross-sections will be variable. Up to approximately 40 m downstream of the radial gate, there will be a horseshoe cross-section with a flattened roof. · The bottom outlet's purpose is to divert the river during construction of the diversion tunnel 1 plug, allow inspection and maintenance of most of the upstream dam face (especially between elevations 250 masl and 200 masl) and other submerged works, and allow the passage of the compensation flow (caudal de compensación) during reservoir filling. · The diversion tunnel closure process can begin in any month except August, September, and October, which are the rainiest months of the year, and not in July if it is estimated that one month is required for plug construction and bottom outlet commissioning, that is, the bottom outlet must be commissioned by August at the latest (...)". (compact disc labeled "Basic Design Diversion Works," testimony of Nombre139477). 17) On July 16, 2009, ICE requested from Nombre139474 an extension of the environmental feasibility granted to the Geological Studies at the Térraba and Cañablancal Sites project (file No. 366-2005-SETENA), since it needed to expand the collection of geological data related to the worksites of the referenced project in order to gather fundamental information for engineering designs that had not been possible to obtain with the explorations conducted to date. It stated that, in summary, the additional activities requested were: "(...) 1. Various geological exploration drill holes at the Cañablancal and Térraba sites (including both banks of the General River) and Ceibo. 2. Enabling a geological exploration adit at the Térraba site (on the right bank of the General River) for the future diversion tunnels. 3. Enabling a geological exploration adit at the Colinas site for evaluation of a geological fault to be potentially crossed by the future headrace tunnel alignment. (...)". Furthermore, it stated that the additional research activities proposed and their environmental impacts did not differ at all from what was originally proposed in that file. It attached a DJCA and a series of annexes detailing the requested works (folios 222 to 495, volumes I and II of administrative file Nombre139474 No. 366-2007). 18) On September 28, 2009, ICE submitted to Nombre139474 an addendum to the request for extension of environmental feasibility for file No. 366-2005-SETENA, technically justifying it based on recent changes in the adits requested in the extension application. It attached two technical reports signed by Engineer Nombre139475, Coordinator of Underground Works for the PHD. The first of these indicated that "(...) Following the recommendations of ICE's expert designers, the firm INGETEC carried out a review of the combination of cofferdam height and proposed tunnel size to guarantee a return period for diversion of at least 100 years. As a result of this analysis, it was concluded that the cofferdam would have a height of 30 m (with a concrete volume of 100,000 m3) and the diversion tunnels would have an excavation diameter of 14 m, a width at the invert of 14 m, for a total excavation area of 175 m2. In addition, the length of the diversion tunnels was optimized and reduced. The new lengths of the diversion tunnels would be 675 m and 789 m. (...)". It was also noted that "(...) Having a larger diameter for the diversion tunnels, it is necessary to provide for the access window (ventana de acceso) to be able to accommodate two 2 m diameter ventilation ducts and the entry of larger equipment for the subsequent construction process of the diversion tunnels. Having analyzed the points indicated above, it is defined that the dimensions that the access window should have to guarantee optimal operation would be 6 m in height and 6 m in floor width, for an excavation area of 32.14 m2. (...) With the new design of the diversion tunnels, the excavation diameter would be 14 m, which would imply an excavation area of 175 m2. The percentage of excavation that the proposed access window would represent, relative to the area of the diversion tunnels (recently proposed), is only 18%. (...) 4. Modification in the excavation diameter of the investigation adit. (...) To maintain the level of safety in placing the steel arch supports and avoid removing them during the expansion process of the adit to the final section of the eventual diversion tunnel, the excavation of the investigation adit must be adapted to the upper section of the future 14 m diameter diversion tunnel. The new proposed investigation adit would have an excavation section of 42.73 m2, with a height of 4.5 m and a floor width of 13.08 m. (...) With the new design proposed for the diversion tunnels, the excavation diameter would be 14 m and the floor width 14 m, which implies an excavation area of 175 m2. The percentage of excavation that the new proposed investigation adit would represent, relative to the area of the diversion tunnels, is 24% (...) In summary, although the proposed section of the new investigation adit has larger dimensions, since it goes from an excavation area in the original adit of 27.52 m2 to one of 42.73 m2, as a percentage of excavated area relative to the final section of the diversion tunnels, it is much smaller, since the new proposed investigation adit represents 24% of the final excavation section, whereas the original adit represented 30%. (...). 6. Summary. Due to the change in the basic design proposed by the consulting firm INGETEC, extensively justified in point 2 of this report, the diversion tunnels would now have an excavation diameter of 14 m, for an excavation area of 175 m2. With this modification in the final size of the diversion tunnels, it would be necessary to provide for an access window in which the 2 ventilation ducts of 2 m diameter, which will be required in a later stage of diversion tunnel construction, can be placed, and that also allows the entry of larger specialized equipment. Therefore, it is proposed to change the diameter of the access window from 4.8 m (Figure 1) to an excavation diameter of 6 m (Figure 2). If the access window is not excavated at 6 m in diameter, the excavation section would later have to be enlarged, which from a constructive point of view would not be ideal, as the temporary support would have to be removed to enlarge the window, meaning an additional economic cost, but above all, and crucially, it would imply a significant construction risk for workers, as they would be vulnerable to falling rock fragments. Regarding the investigation adit, it is necessary for construction safety reasons to align the excavation crown of the adit with the final crown of the diversion tunnels, so that it is not necessary to remove the crown of the arch and thus avoid material detachment. Therefore, it is necessary to modify the size of the investigation adit, which originally had been proposed at 3.76 m high and 9.92 m wide for an excavation area of 27.52 m2 (Figure 5).

The proposed exploratory adit (galería de investigación) would have a height of 4.5 m and a floor width of 13.08 m, for an excavation area of 42.73 m2 (Figure 7). (...)". (folios 12 to 27 of the administrative folder corresponding to the Addendum submitted in administrative file No. 366-2005-SETENA). 19) By resolution No. 2766-2009-SETENA of 10:25 a.m. on November 18, 2009, the Plenary Commission of Nombre139474 approved the new DJCA submitted for evaluation by ICE based on the application for extension of environmental viability and the addendum referenced, within administrative file No. 366-2005-SETENA. The operative part of that resolution stated, as relevant: "(...) FIRST: The new Sworn Declaration of Environmental Commitments is approved, submitted for evaluation (...) based on the Application for Extension of Environmental Viability (License) and the Addendum to the Application for Extension of Environmental Viability (License) of Administrative File No. 366-2005-SETENA. (...) FOURTH: The interested party is notified that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Environmental Organic Law, the Environmental Evaluation Process has been completed for the Project: Project Name: GEOLOGICAL STUDIES AT THE TÉRRABA SITE. Exp. No: 366-2005-SETENA. Owner: Instituto Costarricense de Electricidad. Location: Province: Puntarenas. Canton: Buenos Aires. District: Potrero Grande and Palmar. Topographic Map Sheet: General and Changuena Scale: 1:50,000. Coordinates: 337,006 - 337,351 North / 540,053 - 540,054 East. 326,767 North / 521,662 East. Description of the current Project, evaluated and submitted by UEN Proyectos y Servicios Asociados-UEN PySA to SETENA: a) By official note 4501.0178-2009 of July 14, 2009, from Engineer Nombre139482, Director and Substitute Power of Attorney for the Developer Instituto Costarricense de Electricidad, which forms part of the document Application for Extension of Environmental Viability (License) for the Project Geological Studies at the Térraba and Cañablancal Sites, File No. 366-2005-SETENA, a comparative table of the originally approved works versus the works requested in this note and the attached technical report justifying them is included. Comparison of works originally approved by Resolution Nombre139474 and works currently requested.

 
Works Originally Approved

Resolution No.

Works Requested

Characteristics of the Modifications

Analysis of Possible Environmental Impacts

Geological exploration drilling at the Cañablancal, Térraba, Ceiba, and Colinas sites

Nombre139474

a) Various geological exploration drillings at the Cañablancal, Térraba (covering both banks of the General River), and Ceibo sites.

See details in items 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3 of the document attached to this note.

See details in item 6 of the document attached to this note.

Geological investigation trenches at the Ceibo, Cañablancal, Kramankrawa, and Ocochovi sites

1584-2005-SETENA.

b) Geological investigation trenches at the Cañablancal and Térraba sites.

See details in items 1.3 and 2.7 of the document attached to this note.

See details in item 6 of the document attached to this note.

Geological investigation adits at the Térraba site.
A geological exploration adit for the future powerhouse as well as complementary activities associated with said adit.

Nombre139474

SG-ASA-147-2008-SETENA

c) Construction of a geological exploration adit at the Térraba site (on the right bank of the General River) for the diversion tunnels.
d) Construction of a geological exploration adit at the Colinas site for evaluation of a geological fault to be eventually crossed by the tunnel alignment.

See details in item 2.6 of the document attached to this note.
See details in item 4.1 of the document attached to this note.

See details in item 6 of the document attached to this note.
See details in item 6 of the document attached to this note.

(...) 2. Geological exploration at the Térraba site: It is planned to build a mini-power plant for electricity production (28MW) there, requiring investigation by means of a 75.7 mm diameter and 50 m deep drilling to determine the geomechanical characteristics of the structure's foundation site. 2.1 Drilling PHED-49-MC 2.2 Plinth drillings: (1) PHED-50-PL, (2) PHED-51-PL, (3) PHED-52-PL, (4) PHED-53-PL, (5) PHED-54-PL, (6) PHED-55-PL, (7) PHED-56-PL, (8) PHED-57-PL, (9) PHED-58-PL, (10) PHED-59-PL. The plinth constitutes the base where the dam structure (the face retaining the water) would be anchored to the rock mass where the structure would be founded; therefore, geological investigation must be performed at the foundation sites. It consists of ten drillings of 75.7 mm and 12 m deep. (...) 2.3 Drilling PHED-60-PZ: For the construction of the dam, it is necessary to build two diversion tunnels for the General River. Geological investigation is required to determine the characteristics of the material present at this site through one drilling 100 m deep and 75.7 mm in diameter. 2.4 Geophysics: on the plinth, the mini-power plant, and its conduit: The design of the plinth structure requires technical information supported by extensive geological investigation and involves geophysical surveys over 1500 m along the plinth axis for the foundation alignment. The execution of the tests would be on a track not exceeding 0.5 m wide and a length of 1500 m. Existing accesses will be used for transporting equipment and personnel. 2.5 Anchorage tests at the spillway: The spillway requires anchors for the concrete slab. A series of short drillings is required for ten anchorage tests, between 3 and 11 m deep, 5 cm in diameter. 2.6 Geological exploration adit for the diversion tunnels: This refers to the river diversion tunnels, required for protecting the dam construction area, and will consist of two underground excavations at elevation 141 m.a.s.l. The characteristics of the tunnels and their dimensions were modified in the proposed Addendum to the application for extension of environmental viability (see point 1). 2.6.1 Protection dike with gabion wall: To provide a safe working terrace and ensure the safety of operating personnel during the heavy rainy season, helping to contain the river water in case of flooding. It is 6 m high, 110 m long, and the width varies according to height, between three and one meter wide, with approximately 1540 m3 of stone volume. 2.6.2 Maneuvering terrace for the excavation of the access window and the adit: To enable an area of 2152 m2 of space to place machinery, equipment, tools, and supplies, which will facilitate opening the portal (portal) of the adit and the eventual excavation. In addition, the necessary facilities must be located to attend to personnel: dining room, infirmary, warehouses, offices, etc. 2.6.3 Rehabilitation of an existing internal road on the farm: Given the road characteristics and the dimensions of the construction equipment, it is necessary to improve it by moving earthworks (movimiento de tierra) of 12,398 m3 available from the spoil heaps (escombreras) and the work terrace. The road will be widened to a running surface of 5 m. 2.6.4 Construction and management of spoil heaps: The spoil heap sites are located 1.5 km from the access window terrace for the adit. They are areas dedicated to cattle ranching and have little vegetative cover. They have a storage capacity of 51,039 m3. There is a trail for access to the spoil heap site that must be improved. There is no evidence of archaeological features, and the presence of wild animals is scarce (sic). 2.6.5 Rehabilitation of access to the spoil heaps: Access will be via the existing public road, which requires improvement of the running surface. 2.6.6 Installation of an electrical connection to supply the work: The construction of approximately 819 m of distribution line with a capacity of 3450 volts is necessary to supply the excavation equipment for the exploratory adit. 2.6.7 Construction of a warehouse-material yard type facility: On the portal terrace, the necessary buildings for the adit works will be constructed: a medical office, dining room, sanitary facilities, warehouses, plants and compressors, transformers, a cement-aggregate-mixing area, and offices. (886 m2 of construction). It is necessary to build other yard and material storage areas: covered area for cement, area for aggregates, material warehouse, and material yard. 2.6.8 Felling of trees in a pasture area: Prior to felling, permits will be processed with MINAET. According to forest inventories, the selected sites have pastures and riparian vegetation (21 trees with a diameter greater than 15 cm were located), and on the spoil heap sites, there are no trees larger than 15 cm in diameter. (....) 2.6.9 Trenches for geological investigation of the Térraba-Águila road: The construction of suitable roads is necessary; the road from the Térraba entrance to the community of El Águila, which leads to the future intake mouth, must be enabled as a national route and will connect the community of Pacuar with Nombre265 to Térraba de Buenos Aires. For this road segment, eight geological investigation points have been located through eight trenches (...) b. By official note PHED-78100-0384-2009 of September 9, 2009, from Engineer Franklin Ávila Pérez, Director and Substitute Power of Attorney for the Developer Instituto Costarricense de Electricidad, which forms part of the document Addendum to the Application for Extension of Environmental Viability (License) of the Project: Geological Studies at the Térraba and Cañablancal Sites, File No. 366-2005-SETENA, where the matter is raised: "Technical justification for the recent changes in the adits requested in the application for extension and adjustment of the current environmental license, Administrative File No. Nombre139483 called: Geological Studies of the Térraba and Cañablancal Sites," with the purpose of proposing, based on two technical reports, changes to the content of the proposal for the application for extension of environmental viability submitted on July 16, 2009, wherein the following is requested: 1. Modification to the size of the exploratory adit for the diversion tunnels. 1.1 Background: The consulting firm INGETEC submitted, on July 30, Report Code PHDQ-HDR-002-007 with the Basic Design of the Diversion Works and Bottom Discharge, which presents several significant modifications to the diversion works and a variation in the length and section of the excavation of the future diversion tunnels. 1.2 Justification for the increase in the size of the diversion tunnels: the main objective of diverting the river water through the tunnels is to dry the work area for the foundation and construction of the dam. The size of the diversion tunnels is determined by the volume of water to be transported and by the height of the cofferdam. It was concluded that the cofferdam would have a height of 30 m (with a concrete volume of 100,000 m3) and the diversion tunnels would have an excavation diameter of 175 m2; the length of the diversion tunnels was reduced to 675 m and 789 m. 1.3 Modification to the excavation diameter of the access window: Initially, it was proposed that to access the adit of the diversion tunnels, an access window 130 m long would be necessary, with an excavation diameter of 4.8 m and an excavation area of 21.1 m2. Based on the indicated studies, the dimensions of the access window for its optimal operation would be 6 m high and 6 m floor width, for an excavation area of 32.14 m2. With the new design of the diversion tunnels, the excavation diameter would be 14 m and the floor width 14 m, with an excavation area of 175 m2. 1.4 Modification to the excavation diameter of the exploratory adit: Originally, it would have an excavation section of 27.5 m2, corresponding to the minimum constructive section for the entry of special excavation equipment. For operational safety reasons, it is proposed to use steel arches as temporary reinforcement, and according to the basic design presented by INGETEC, the dimension of the diversion tunnels would have an excavation diameter of 14 m and a floor width of 14 m, which implies an excavation area of 175 m2. The new proposed exploratory adit would have an excavation section of 42.73 m2 with a height of 4.5 m and a floor width of 13.08 m. 1.5 Analysis of excavation volumes: The volume of loose material resulting from the excavations to be placed in the spoil heaps from the originally proposed access window would be 3,703 m3, and the volume from the proposed exploratory adit would be 33,413 m3, for a total of 37,106 m3. With the modifications, the volume of the currently proposed access window would be 5,641 m3, and the volume of the current exploratory adit would be 38,938 m3, for a total of 44,578 m3; however, the proposed spoil heaps have a capacity of 51,039 m3, and it would not be necessary to enable another site for spoil heaps. (...) Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY is granted to the project, leaving the Environmental Management stage open. (...)” (folios 522 to 534 of volume II of administrative file No. 366-2005-SETENA). 20) By resolution No. 2849-2009-SETENA, of 8:18 a.m. on December 8, 2009, Nombre139474 approved a one-year extension of the deadline originally granted to ICE for the submission of the environmental impact assessment in administrative file No. 843-2007-SETENA corresponding to the PHD (folios 141 to 144 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). 21) On February 16, 2010, Engineer Nombre139475, an ICE official, opened the logbook (cuaderno de bitácora) that would be used to keep a record of the works related to the exploratory adit on the right bank of the dam site. It was indicated that, specifically, these works were: temporary facilities, access road, gabion wall and portal, the excavation of the exploratory adit itself; and that the opening of the logbook occurred after the start of the work (folio 00 of the administrative file labeled "Bitácora"). 22) On February 16, 2010, the erection of temporary facilities began, specifically with the placement of walls in the office building, as the other buildings were already roofed at the truss level. Among the temporary facilities that were erected were warehouses, buildings, a mechanical maintenance area, a guard booth, a dining hall, a warehouse for drillers, a sanitary facility block, and an infirmary. On April 28, 2011, the order was given to dismantle the temporary facilities, which took approximately twenty-two days (administrative file labeled "Bitácora," statement of Nombre139475). 23) In the logbook, it was indicated that on February 16, 2010, the decision was made to intensify the filling of gabions in the area upstream of the wall to create a defense in case the river rises. Likewise, on February 24 of that year, it was recorded that in a meeting with Nombre25848, Nombre139475, and Franklin Ávila, it was decided to haul stone from the left bank of the river to fill gabions, given that the stone on the right bank was insufficient, and that the permit would be processed with Nombre139481. That process continued during the months of March and April, and on May 22 of that same year, it was recorded that the filling of the gabions had finished on the night shift. These entries were signed by Engineer Nombre139475 and Nombre139484 (folios 01, 02, 03, 05, 06, 10, and 13 of the administrative file labeled "Bitácora"). 24) On February 16, 2010, it was indicated in the logbook that coordination would be made with Nombre139481 (Environmental Regent) to process the authorization to cut the trees (5) located in the portal zone. On April 24 of the same year, it was recorded that Nombre139481 authorized the cutting of fruit trees for the work required by the electrical networks group to supply power to the temporary facilities, and that Nombre139484 would be responsible for inventorying the cut trees to include them in the valuation for payment of damages to the landowner. These entries were signed by Engineer Nombre139475 and Nombre139484 (folios 01 and 09 of the administrative file labeled "Bitácora"). 25) According to the logbook, on May 6, a 24-ton excavator was brought to the portal site to begin excavation. The portal formation process occurred in four stages or benches, starting on May 8 and concluding on June 21, 2010. On June 24 of that year, the placement of the portal arches began immediately, with the note that the plan was to place five arches on the outer part of the slope to begin the adit excavation from there. These entries were signed by Engineer Nombre139475 and Nombre139484 (folios 11, 14, 15, 16, 17, 18, and 19 of the administrative file labeled "Bitácora"). 26) According to the logbook, on July 2, 2010, the first blasting in the adit was carried out; on July 7 of that same year, a mass was held to mark the start of the excavation; and on July 13, the underground excavation continued. By August 29, 2010, a progress of 90.22 m had been made in the excavation of the access window to the exploratory adit. Furthermore, on September 2 of that year, work continued with shotcrete and rock bolts as temporary reinforcement. On September 16, 2010, a progress of 145.15 m had been made, representing the entire excavation of the window. These entries were signed by Engineer Nombre139475 and Nombre139484 (folios 20 to 28 of the administrative file labeled "Bitácora"). 27) According to the logbook, on September 30, 2010, a progress of 29.39 m of excavation along the alignment of the exploratory adit had been made, and the widening of the intersection had been completed. That excavation continued during the rest of that month and October. On October 21, 2010, it was recorded that the excavation continued without problems and that the following week a decision would be made on where full-section excavations of the diversion tunnel crown would be conducted for geological and geotechnical investigations. The excavation was suspended on November 2, 2010, due to flooding caused by the rise of the General River. These entries were signed by Engineer Nombre139475 and Nombre139484 (folios 29 to 35 of the administrative file labeled "Bitácora"). 28) According to the logbook, on November 20, 2010, the excavation process restarted. According to an entry on December 14, on the 3rd of that month, the process of widening the adit from station 223.04 onwards began, to investigate the behavior of the ground with the arch of the final diversion tunnel. By April 28, 2011, 380.13 m of adit had been excavated. These entries were signed by Engineer Nombre139475 and Nombre139484 until February 17, 2011. From that date onwards, the entries were signed by Engineers Nombre139475 and Andrés Loría Solera (folios 35 to 42 of the administrative file labeled "Bitácora"). 29) In December 2010, ICE requested a second extension from Nombre139474 for the submission of the environmental impact assessment in file No. 843-2007-SETENA corresponding to the PHD, and in May 2011, it requested the suspension of that deadline due to the impossibility of carrying out the consultation with the indigenous populations that would be affected by the PHD and the requirement that this aspect be contained in the study in question (testimony of Nombre139478). 30) As of April 27, 2011, ICE suspended the advancement of the excavation of the exploration adit for the diversion tunnels (inferred from folios 581 and 582 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). 31) According to the logbook, by order of the project management, on May 3, 2011, the technical closure works of the exploration adit on the right bank of the General River began. That day, the last blasting in the adit was carried out with a final progress of 383.23 m excavated. These entries were signed by Engineers Nombre139475 and Andrés Loría Solera (folio 43 of the administrative file labeled "Bitácora"). 32) On June 23, 2011, Mr. Víctor Mauricio Guzmán Arguedas, an official of Nombre139474, appeared at and conducted an inspection at the place where the project "Geological studies at the Térraba site," file No. 366-2005-SETENA, was being carried out, to perform the official closure of the Exploration Adit Site. In essence, it was highlighted that "(...) a general tour was conducted throughout the project area; in the initial part, very close to the access entrance where the offices, infirmary, dining hall, and others were previously located, there is no evidence whatsoever of this infrastructure. Some areas have been recovered by planting grass. There is a spoil heap resulting from the adits of approximately 4000 m2 (as indicated by Engineer Nombre139475); ICE does not plan to use this material. Subsequently, another sector was visited where a three-phase line and drilling #57 are located. During this tour, cattle, a burned area, and the cutting of some trees on the fence were observed; these activities were carried out by the possessor of the land. Subsequently, the main adit near the Upper General River was visited (...) it is closed and has a welded iron structure; no machinery or personnel working were observed either. Two other adits were also visited (...)" (report visible from folio 587 to 589 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA, folio 45 of the administrative file labeled "Bitácora"). 33) By official communication ASA-1290-2011, of July 18, 2011, Nombre139474 issued a technical report on the environmental follow-up of the project "Geological studies at the Térraba site." As relevant, it stated that "(...) 4. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has complied with the submission of environmental reports and the appointment of the environmental officer, as requested in resolutions No. Nombre139474 and 2766-2009-SETENA issued by this Secretariat. Conclusions 1. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has complied with the environmental commitments made before this Secretariat during the construction phase of the project 'Geological Studies at the Térraba Site,' administrative file 366-2005-SETENA, specifically at the Térraba Site, within the Térraba Indigenous Territory. 2. No significant impacts requiring mitigation are observed in the project area before closing the front at the Térraba Site, on the right bank downstream of the Upper General River, within the Térraba Indigenous Territory. 3. According to ICE personnel, the spoil heap (material resulting from the construction of the adits) of approximately 4000 m3 is not intended to be used; therefore, it will remain on site. Due to this particularity, neither the current possessor of the land, nor the Association of the Térraba Indigenous Territory, nor any third party are authorized by this Secretariat or by the Directorate of Geology and Mines of MINAET to utilize or exploit this material. 4. The possessor of the property burned a pasture area and cut some trees on the fence without the consent of the State Forestry Authority (AFE). Recommendations 1. By official communication SG-ASA, inform the Developer and the Environmental Officer of the visit to the project area, what was observed during said visit, and hereby close the Térraba Site on the right bank downstream of the Upper General River within the Térraba Indigenous Territory. 2. By official communication SG-ASA, inform the Director of the Directorate of Geology and Mines of MINAET about the situation of the spoil heap for the corresponding purposes. (...)" (folios 595 to 610 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). 34) By official communication SG-ASA-1072-2011-SETENA, of July 18, 2011, Nombre139474 informed ICE and the environmental officer for the project "Geological studies at the Térraba Site," that based on the respective technical report, no non-conformities were determined, thus closing the works carried out by ICE on the right bank downstream of the Upper General River within the Indigenous Territory of Térraba. It also indicated that the other work fronts, as well as the sector or left bank downstream of the Upper General River outside the Indigenous Territory of Térraba, remained active for that Secretariat (folios 612 and 613 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). 35) By resolution No. 2278-2012-SETENA, of 8:00 a.m. on September 5, 2012, the Plenary Commission of Nombre139474 agreed to suspend the deadline for ICE to submit the complete Environmental Impact Assessment in file No. 843-2007-SETENA corresponding to the PHD, imposing upon it the duty to submit semi-annual reports to Nombre139474 indicating, with appropriate detail, the status of resolution of the conditions upon which the impossibility of providing the referred study has been based. The recital section of that resolution stated that the request for suspension of that deadline was justified by the fact that, to fully comply with Convention 169 of the International Labour Organization, it was necessary to resolve a series of indispensable requirements to be able to develop the participatory and concerted process of consultation with the indigenous peoples directly affected by the project. In addition to the foregoing, it was also considered that the Constitutional Chamber, by means of Ruling (Voto) No. 2975-2011, of September 23, 2011, ordered ICE to conduct a prior consultation with the indigenous communities where the project will be carried out, which implied that there was an impossibility for ICE to submit the environmental impact assessment until said consultation is finalized (folios 536 to 545 of volume III of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). 36) To date, file No. 843-2007-SETENA remains suspended, and the indigenous consultation with the peoples who will be affected by the PHD has not been carried out (testimony of Nombre139478). 37) Under the environmental viability granted through the cited resolution No. Nombre139474, in file No. 366-2005-SETENA, ICE carried out the following works: enabling certain access routes to certain project points, management of spoil heaps, two adits of 150 m in length each, temporary facilities of 576 m2, one drilling of 100 m depth, and another of 250 m (inferred from folio 195 of volume I of administrative file No. 366-2005-SETENA, the testimony of Nombre139478, and folios 2225 and 2226 of the judicial file). 38) Under the environmental viability granted in the cited resolution No. 2766-2009-SETENA, ICE carried out investigative activities and construction works associated therewith, on the right bank of the General River and in the Térraba Indigenous Reserve, such as: drillings, geological investigation, investigation and excavation on the axis of one of the future diversion tunnels, construction of a gabion wall, earthworks (movimientos de tierra), excavation of the portal, the access window, the intersection, and the exploration adit, and temporary facilities (such as dining hall, infirmary, warehouses, offices) (logbook, judicial inspection, statement of Nombre139475, folios 2225 and 2226 of the judicial file). 39) Under the environmental viability granted in the cited resolution No. 2766-2009-SETENA for the investigation phase of the PHD, ICE excavated approximately 43 square meters (corresponding to the area of the exploration adit located on the axis of one of the future diversion tunnels) out of the 175 square meters that one of the future diversion tunnels would have (statement of Nombre139475, administrative file labeled "Bitácora"). 40) On the occasion of the investigation phase of file No. Nombre139483, there was felling of trees (logbook, statement of Nombre139478). 41) On the occasion of the investigation phase of file No. 366-2005-SETENA, ICE did not build access roads at the site or to the right bank of the General River; it only improved the existing ones (administrative file labeled "Bitácora," judicial inspection, statement of Nombre139475).

42) Between the constructive research works authorized in Resolution No. Nombre139474 (excavation of two galleries of 150 m in length each) and those authorized through Resolution No. 2766-2009-SETENA (excavations for an access window 130 m in length and a research gallery 675 m in length), within the indigenous territory of Térraba, the project authorized in file No. Nombre139483 underwent a modification of constructive works of 168% (certification visible at folios 2225 and 2226 of the judicial file). 43) The percentage of modification between the surface area of the PHD authorized in Resolution No. Nombre139474 and that authorized through Resolution No. 2766-2009-SETENA within the indigenous territory of Térraba, both in comparable and non-comparable areas, was 427% (certification visible at folios 2225 and 2226 of the judicial file). 44) The percentage of modification between the drillings for the PHD authorized in Resolution No. Nombre139474 (one drilling of 100 m and another of 250 m in depth) and those authorized through Resolution No. 2766-2009-SETENA (five drillings totaling 540 m in depth on the right bank) within the indigenous territory of Térraba was 50% (certification visible at folios 2225 and 2226 of the judicial file).

III.- Unproven facts. Of relevance to this proceeding, and for lack of evidence in the file to support them, the following are deemed unproven: 1) That the works or activities of the research phase or the constructive works associated with it, carried out by ICE within the indigenous territory of Térraba under file No. Nombre139483, caused environmental damage. 2) That ICE had processed, with the competent public entities or bodies, the authorizations or permits required for the felling of trees, earthworks (movimientos de tierra), excavations, and for the construction of the gabion wall on the right bank of the right channel of the Río General. 3) That ICE had carried out activities or works typical of the investment or execution phase of the PHD in the indigenous territory of Térraba. 4) That prior to the modification authorized through Resolution No. 2766-2009-SETENA, Nombre139474 had conducted a visit to the area of the project "Geological Studies Térraba Site."

IV.- Object of the proceeding. In this case, the plaintiffs essentially formulate a series of claims for relief so that: 1) ICE be ordered to comply with the duty to immediately process a complete and comprehensive environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for the zone of the Térraba Indigenous Reserve, all under the supervision and oversight of SETENA, which must even be carried out using the environmental instrument called Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica), or alternatively by processing an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) for the investment phase (constructive and operational) in that zone of the PHD. 2) The State and ICE be ordered to generate a comprehensive, remedial, and compensatory measures plan for all environmental impacts and damage caused by the actions or omissions of the defendants in the Térraba Indigenous Reserve, whether by direct or indirect effect of the omission of having an environmental impact assessment instrument specific to the constructive and operational phase of the project, which must be overseen and approved by SETENA. 3) ICE and the State be ordered to refrain from adopting or executing any administrative conduct that, by action or omission, may affect the interests of the environment or biodiversity located in the project area and that may in turn affect or affects the Térraba Indigenous Reserve, until the corresponding environmental impact assessment is in place. The manner in which the claim was framed obliges the Court to rule, at the outset, on certain aspects that are indispensable for delimiting the object of this dispute and establishing the scope of the legality review to be exercised. The first of these is that, as we have anticipated, this case does not involve any annulment claim with respect to the various actions and proceedings of ICE and Nombre139474 related to the environmental assessment procedures processed in files No. Nombre139483 and 843-2007-SETENA. While it is true that initially the plaintiffs Nombre139472 had indeed formulated requests aimed at declaring the nullity of certain acts issued in those proceedings, the truth is that, as indicated in the Resultandos of this judgment, these were withdrawn by the plaintiffs themselves. That decision by the party evidently entails a limitation on the legality review exercised by this Court, as it prevents us from ruling on whether the actions of the defendants in that administrative venue were or were not substantially in conformity with the legal system. Upon careful observation, strictly speaking, rather than questioning the legality of the actions taken in the environmental procedures referenced and related to the PHD, the plaintiffs' claims are aimed at ordering the public entities involved to adopt certain corrective actions in environmental matters, in the event that the project is resumed or continued. Furthermore, the plaintiffs at no time expressly state a firm opposition to the development of the PHD. What they request is that it be executed in full compliance with existing environmental regulations, and their particular interest, as the Court understands it, considering that its development will be, at least, in the indigenous territory of Térraba, where they reside. In addition to the foregoing, it must be noted that what is sought by the plaintiffs imposes a spatial limit on the examination to be conducted by this Court. The foregoing refers to the works carried out by ICE or the State within the framework of the PHD within the Térraba Indigenous Reserve. Therefore, the analysis will not address works or activities that, although included in the PHD, were developed outside that indigenous territory, as is the case, for example, of activities carried out at the Chánguena Fault or the Colinas Site. Finally, it is worth noting that the legality review to be conducted to establish whether what the plaintiffs request is appropriate or not starts from a fundamental premise, which is the unavoidable duty of the public entities involved in the PHD to carry out the consultation referred to in Article 6 of Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, approved in our country through Law No. 7316 of November 3, 1992; according to which governments shall consult the indigenous peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever legislative or administrative measures that may affect them directly are foreseen. Considering that the PHD area directly affects several indigenous territories, including that of Térraba, this consultation becomes indispensable, as we will explain below. With these clarifications, we approach the examination of what is requested, clarifying that, given the various statements that the litigating parties provide in support of their positions, and for what is considered better order, each of the plaintiffs' claims and the thematic axes they comprise will be examined together with the arguments of the defendants and the third party without its own claims, with due analysis, of course, of all that has been argued.

              V.- On the specific case. The first claim formulated by the plaintiffs is that ICE be ordered to comply with the duty to immediately process a complete and comprehensive environmental impact assessment for the zone of the Térraba Indigenous Reserve, all under the supervision and oversight of SETENA, which must even be carried out using the environmental instrument called Strategic Environmental Assessment (hereinafter EAE), or alternatively by processing an Environmental Impact Study (hereinafter EsIA) for the investment phase (constructive and operational) in that zone of the PHD. To determine the appropriateness or not of this petition, it is necessary to analyze several aspects having to do with the moment from which ICE must comply with the requirement of the environmental impact assessment for the activities or works that, for the research and development of the PHD, it carries out within the indigenous territory of Térraba, and the type of instrument that, for such purposes, must be requested. This last point must also be linked to the nature of the works or activities that are executed. In this regard and in relation both to the object of this dispute and to the facts that have been deemed proven, it is appropriate to begin by recalling that, on the occasion of the PHD, ICE processed before Nombre139474 two procedures aimed at obtaining environmental viability (viabilidad ambiental) for different impactful activities it would execute. The first of these was under file No. Nombre139483 for the project "Geological studies at the Térraba Site." Essentially, the impactful activities requested for evaluation were related to geological research or exploration. According to the testimony of geologist Nombre139476, the purpose of geological and geotechnical investigations is, fundamentally, to understand how the physical environment will behave, in this case the rock mass, in relation to the work to be executed, the parameters that will allow defining how to build the work, for example, the resistance, the deformability of the medium, as well as the potential risks that may be faced in the project's execution, for example, water pressures, temperature, gas pressures, or the presence of explosive and flowing rock. He stated that this type of investigation can be carried out through drillings, the excavation of shafts or galleries, and that to define the scope and nature of this type of investigation, criteria such as efficiency, technology, opportunity, safety, and geological uncertainty or risks are weighed. The information obtained from the investigation is fundamental for other stages of the project such as work design, the construction process, and the risk management plan. Well, it was deemed proven that through the referenced Resolution No. Nombre139474, Nombre139474 approved the DJCA submitted for evaluation by ICE within the cited file No. Nombre139483 and informed it that the environmental assessment process had been completed for the project "Geological Studies at the Térraba Site," which, as relevant, it described as follows: "(...) Research drillings from a geological, hydrogeological, and geophysical point of view at the indicated sites for the pre-feasibility phase of a future hydroelectric project. The works to be carried out are core drilling at the two sites with greater detail or quantity of drillings at the site called Térraba, on the banks of the Río General, complemented by the drilling of galleries on each bank (...) The works to be carried out are core drilling at the two sites, with greater detail or quantity of drillings at the site called Térraba, on the banks of the Río General, (...)" (highlighting does not correspond to the original); granting the respective environmental viability and leaving the environmental management phase open (folios 55 to 84 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 366-2005). Subsequently, in July 2009, ICE requested from Nombre139474 an expansion of the environmental viability granted in said project, since they needed to expand the gathering of geological data related to the worksites of said project in order to collect fundamental information for the engineering designs that had not been possible to obtain with the explorations carried out up to that point. As relevant, it stated that among the additional activities requested were "(...) 1. Various geological exploration drillings at the Cañablancal, Térraba sites (considering both banks of the Río General) and Ceibo. 2. Enabling of a geological exploration gallery at the Térraba site (on the right bank of the Río General) for the future diversion tunnels. (...)". Furthermore, it stated that the additional research activities being proposed and their environmental impacts did not differ in any way from what was originally proposed in that file. It attached to the request a sworn statement of environmental commitments (declaración jurada de compromisos ambientales) and a series of annexes detailing the requested works (folios 222 to 495 volumes I and II of administrative file Nombre139474 No. 366-2007) (highlighting does not correspond to the original). On September 28 of that same year, ICE submitted to Nombre139474 an addendum to the request for expansion of environmental viability of file No. 366-2005-SETENA, technically justifying it based on recent changes in the galleries requested in the expansion application, attaching two technical reports signed by Engineer Nombre139475, Coordinator of Underground Works of the PHD (folios 12 to 27 of the administrative folder corresponding to the Addendum raised in administrative file No. 366-2005-SETENA). And, in definitive terms, through the cited Resolution No. 2766-2009-SETENA, Nombre139474 approved the new DJCA submitted for evaluation by ICE based on the referred request for expansion of environmental viability and the addendum, within administrative file No. 366-2005-SETENA. In the operative part of that resolution, a series of additional activities related to geological research are described and authorized, and, as we will expand upon in a later Considerando, some constructive works associated with it, on the right bank of the Río General and in the Térraba Indigenous Reserve. Among them, drillings, geological research, research and excavation along the axis of one of the future diversion tunnels, construction of a gabion wall, excavation of the portal, the access window, the intersection, and the research gallery, and provisional installations (such as a dining hall, dispensary, warehouses, offices), which were executed during 2010 and until May 2011 (folios 522 to 534 of volume II of administrative file No. 366-2005-SETENA, logbook, judicial inspection, statement of Nombre139475). Finally, it should be added that, by order of the project management, on May 3, 2011, the technical closure works of the exploration gallery on the right bank of the Río General began (folio 43 35 42 of the administrative file labeled "Logbook"). Later, on June 23, 2011, Mr. Víctor Mauricio Guzmán Arguedas, an official of Nombre139474, appeared and conducted an inspection at the site where the project "Geological studies at the Térraba site" was being carried out, to perform the official closure of the Research Gallery Site, and through official letter SG-ASA-1072-2011-SETENA, dated July 18, 2011, Nombre139474 informed ICE and the environmental manager of the project that, based on the respective technical report, no non-conformities were determined, thus closing the works carried out by ICE on the right bank downstream of the Upper Río General within the Térraba Indigenous Territory. It also indicated that the other work fronts, as well as the sector or left bank downstream of the Upper Río General outside the Térraba Indigenous Territory, remained active for that Secretariat (highlighting does not correspond to the original) (folios 612 and 613 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). On the other hand, in July 2007, ICE also processed the environmental assessment procedure for the project called Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, through a D1 form, so that Nombre139474 would provide the terms of reference required for the environmental impact study of a work of that magnitude. That request was assigned file number 843-2007-SETENA (folios 1 to 25 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). Through the already cited Resolution No. 2174-2007-SETENA, the Plenary Commission of Nombre139474 approved the proposal of terms of reference presented by ICE and granted it a maximum period of two years for the submission of an EsIA for the PHD (folios 36 to 48 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). Then, in the cited Resolution No. 1526-2009-SETENA, the proposal of terms of reference presented by ICE was approved, on the occasion of modifications requested by ICE in March 2009 related to observations from the Inter-American Development Bank (folios 122 to 125 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007 and the administrative file labeled Anexo Términos de Referencia, testimony of Nombre139478). The two-year period granted by Nombre139474 to ICE for the submission of the EsIA was extended, in December 2009, by one year (folios 141 to 144 of volume I of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). However, in December 2010, ICE requested from Nombre139474 a second extension for the submission of said study, and in May 2011, it requested the suspension of that period due to the impossibility of conducting the consultation with the indigenous populations that would be affected by the PHD and the requirement that this aspect be included in the study in question (testimony of Nombre139478). In definitive terms, through Resolution No. 2278-2012-SETENA, at 8:00 a.m. on September 5, 2012, the Plenary Commission of Nombre139474 agreed to suspend the period for ICE to deliver the complete EsIA in the PHD file, imposing on it the duty to submit semi-annual reports to Nombre139474 stating, in appropriate detail, the status of resolution of the conditions upon which the impossibility of providing said study has been based. The recital part of that resolution stated that the request for suspension of that period was justified by the fact that, in order to fully comply with Convention 169 of the International Labour Organization, it was necessary to resolve a series of indispensable requirements to be able to develop the participatory and concerted process of consultation with the indigenous peoples directly affected by the project. In addition to the foregoing, it was also considered that the Constitutional Chamber, through Vote No. 2975-2011 of September 23, 2011, ordered ICE to carry out the prior consultation with the indigenous communities where the project will be carried out, which implied that there was an impossibility for ICE to submit the environmental impact study until that consultation is finalized (folios 536 to 545 of volume III of administrative file Nombre139474 No. 843-2007). To date, file No. 843-2007-SETENA remains suspended and the indigenous consultation with the peoples that will be affected by the PHD has not been carried out (testimony of Nombre139478). From the foregoing account, we can conclude that the project to which environmental viability was granted in file No. Nombre139483 (for geological research at the Térraba site) has already ended and was closed, at least, with respect to the geological research to be conducted in the indigenous territory of Térraba. In addition to the foregoing, the environmental assessment procedure related to the PHD being processed under file No. 843-2007-SETENA has been suspended since September 2012 because it is imperative that the consultation with the indigenous populations that would be affected by the development and execution of the project (among them, that of Térraba) be carried out, and that aspect constitutes a component of the EsIA that ICE must submit to SETENA. Since said consultation has not been carried out, the suspension remains in effect today. By virtue of the foregoing, we consider that it is materially and legally unfeasible to order ICE to immediately comply with the duty to complete a complete and comprehensive environmental impact assessment for the zone of the Térraba Indigenous Reserve. It is not possible to complete that assessment in a geological research file that has already concluded, was technically closed, and was shut down; nor in a PHD execution file that is suspended, precisely because ICE has not been able to deliver the environmental impact study that was requested by SETENA. To date, an essential component of that assessment is lacking, namely, the indigenous consultation in accordance with the mandate of Article 6 of the cited Convention No. 169. Now, for this Court, there is no doubt whatsoever about the relevance that the right to a healthy and ecologically balanced environment holds in our legal system. It is a right protected in Article 50, paragraphs 2 and 3, of the Magna Carta, which has been the subject of extensive legal, regulatory, and jurisprudential development, within a matter that has also been addressed by international treaties to which Costa Rica is a signatory State. In that sense, it is worth recalling that Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente, hereinafter LOA) states that "Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Technical Secretariat of the Environment created in this law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment." Under this line, the need to have instruments for measuring the environmental variable in the various human conducts and activities that may be considered intrusive to the environment is established as a common rule. The Environmental Impact Assessment is thus constituted as a procedure that holds a complex convergence of legal-technical-administrative variables, whose purpose is none other than the measurement, identification, prediction, or projection of the impacts that a given human activity will probably produce on the environment, should it be carried out or its material execution be realized. This procedure is issued based on a prior request for an authorizing procedure, in which the effects and consequences that a project, work, or human activity will generate on the environment are estimated, and it constitutes an important mechanism for exercising environmental policy, which has a direct and immediate application in productive activities, so as to achieve harmony and compatibility of those economic or social exploitations with the preservation of the environment, within a vision of sustainability or sustainable development. That is why we consider it necessary to warn that, if ICE, as the developer of the PHD, decides to resume the geological research phase of this project, it must evidently comply with the provisions of current environmental regulations (especially Article 17 of the LOA) and request, within a new file, the respective environmental impact assessment, which must correspond to the type of activities or works that, in that research phase, need to be developed, as we will explain below.

              VI.- Taking into account the foregoing regarding the clarifications made concerning the object of this proceeding, the Court understands that the plaintiffs' first claim is aimed at having ICE be ordered that, should it execute constructive works or enter the investment or operational phase of the project, it comply with conducting the corresponding environmental impact assessment. The foregoing because, as inferred from the arguments put forth by the plaintiff side, some of the impactful activities environmentally authorized in file No. 366-2005-SETENA go beyond geological research, in that they constitute constructive works that correspond more to an investment or operational phase of the project; without these having been evaluated with the environmental instrument required taking into account their true nature. On this point, it should be reiterated that no annulment claim has been formulated in this proceeding that would enable the Court to review the legality of the actions and acts through which Nombre139474 granted the corresponding environmental viabilities for the project "Geological studies at the Térraba Site." However, from the arguments and the material claim of the plaintiffs, it is indeed inferred that what is being claimed is an omissive conduct by Nombre139474 in not demanding compliance with environmental regulations and allowing that, with an environmental viability based on a DJCA, the execution of works or activities typical of a constructive or investment phase be permitted, which required a different environmental instrument, such as, in the plaintiffs' opinion, a Strategic Environmental Assessment or an Environmental Impact Study. From this perspective, the manner in which the claim was framed allows this Court to analyze the nature of the impactful activities authorized, at the time, by Nombre139474 to establish whether they correspond to merely geological research activities or to constructive works associated with this phase or an investment stage that would necessitate a different environmental assessment instrument than the one that was, at the time, authorized. The foregoing is not to annul what was done because, we insist, that point was not requested by the plaintiff side; but solely to set the limits and rules imposed by the legal system and the facts, for the legitimate exercise of the administrative powers that, in this case, ICE and Nombre139474 would exercise in the event that a new geological research phase of the PHD were reopened. The foregoing, of course, without prejudice to the margin of discretion that said entity and body retain, as derived from subsection f) of Articles 42 and 122 of the CPCA, as well as numerals 15, 15, and 158 subsection 4) of the General Law of Public Administration. In that sense, and for purposes of delimiting the examination to be conducted, we must begin by pointing out that this proceeding did not demonstrate that ICE had executed activities or works typical of the investment, operational, or execution phase of the PHD in the indigenous territory of Térraba. For the Court, the sufficient and necessary evidentiary elements were not provided to establish, with due force, that fact. On the contrary, the evidence gathered tends much more to confirm that the works and activities executed by ICE within file No. Nombre139483 until approximately May 2011 were, in general, typical of the geological research, exploration, and experimentation required prior to that, i.e., the execution of the PHD. This is inferred from the testimonies given by Nombre139477, who held the position of Coordinator of the Geotechnical Engineering Area of ICE, and essentially indicated that the report rendered by INGETEC in November 2005 did not entail the start of constructive works nor did it contemplate the final plans or designs. For his part, Engineer Nombre139475, who was Coordinator of Underground Works, insisted that the activities executed on the occasion of the referenced file were geological research and were authorized by SETENA, both for the works and for their dimensions. Nombre139478, a Forestry Engineer who held the position of Environmental Coordinator of the PHD, stated that the activities carried out in file No. Nombre139483 were investigative and associated works. Finally, Nombre139479, Environmental Audit and Monitoring analyst at Nombre139474, indicated that the activities described in the referenced file were typical of the research stage, and, although regarding magnitude it was not clear, they did not appear to be the start of construction. The only witness who differs on this aspect is Nombre139485, who is a geologist and construction engineer and stated that, in his opinion, the PHD was in the constructive phase. According to his explanation, he reaches that conclusion based on various indicators such as the organization that ICE still maintains on the official Diquís page, the type of works being executed, as well as the amount of resources and material handled. However, on this point the Court is inclined to give credibility to the testimony rendered by Nombre139477, Nombre139475, Nombre139478, and Nombre139479 over that of Mr. Nombre139485, for the following reasons. Even though the latter worked for ICE on various hydroelectric projects such as Arenal and Corobicí, and we do not doubt the experience he possesses on the subject of hydroelectric projects; the truth is that he had almost no relationship with the PHD given that he stopped working for that entity in 2006. Therefore, he had no direct relationship with the works carried out under file No. Nombre139483 nor was he at the site where they were executed.

Their assessments regarding the organization surrounding the project are based, fundamentally, on what is stated on the official website, which, in our opinion, is not a conclusive element to determine that it corresponds to a construction or investment phase. The foregoing because nothing prevents that organizational chart from having been planned for when the project had reached all its phases, nor that it is up to date. Furthermore, the data provided by the deponent referring to the amount of personnel and resources managed are not supported by suitable sources. If to the foregoing we add that Mr. Nombre139485 was not at the site while the works were executed, it is only possible to conclude that these are subjective assessments lacking certainty. In relation to the works executed and as we will analyze below, we consider that this is also not a distinctive element of the investment phase, since there are research activities that, in themselves, have a construction nature, such as excavation, as stated by Mr. Nombre139485 himself. Now then, having ruled out that the activities carried out in file No. Nombre139483 correspond to an investment or operational phase, it is necessary to analyze whether, within the geological research phase to which we have been referring, works of a construction nature were executed, and, if so, what is the appropriate environmental instrument to evaluate those impactful activities. Well then, it has been established that, under the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted in resolution No. 2766-2009-SETENA cited, ICE carried out, on the right bank of the Río General and in the Térraba Indigenous Reserve, activities whose nature is geological research, such as drilling and explorations; but it also executed construction works associated with that research, such as earthworks (movimientos de tierra), excavations (of the portal, the access window, the intersection, and the research tunnel located on the axis of one of the future diversion tunnels) and the construction of a gabion wall. This conclusion is reached after evaluating, based on the rules of sound rational criticism, various evidentiary elements, such as the logbook, the judicial inspection, and the statements of Nombre139486, Nombre139478, Nombre139475, and Nombre139479. Let us examine. The first of the works of a construction nature carried out in that research phase was the gabion wall, authorized in resolution No. 2766-2009-SETENA as follows: "(...) 2.6.1 Protection dike with gabion wall: In order to provide a safe working terrace and provide safety to operational personnel during the heavy rainy season, helping to contain the river water in case of flooding. It is 6 m high, 110 m long, and the width varies according to the height, between three and one meter wide, with approximately 1540 m3 of stone volume (...)." From the beginning of the notes contained in the administrative file called "Logbook" (Bitácora), it was indicated that the decision had been made to intensify the filling of gabions in the upstream area of the wall to create a defense in case the river rose (folio 01). This process continued until May 22, 2010, the date on which it concluded, and concrete was subsequently sprayed on the face of the wall facing the river (folios 13 and 15). The existence of this gabion wall was verified by the Tribunal during the judicial inspection, as recorded in the respective recording. We consider this to be a work of a construction nature for which the respective construction permit is even required, as inferred from Articles 1, 2, and 74 of the Construction Law (Ley de Construcciones). The foregoing is aggravated if one takes into account that it is a work carried out on the right bank of the Río General riverbed, an aspect about which, and despite the statement of Engineer Nombre139478 (who omits referring to the construction of the gabion wall as a work carried out in the riverbed), the Tribunal has no doubt, given what was observed during the judicial inspection. The place where this gabion wall was built made it necessary to manage the authorization referred to in Articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal). Well then, it does not appear in the case file that ICE managed or obtained the respective construction permit to erect this wall, nor the authorization referred to in the Forestry Law. Another of the works of a construction nature carried out in the research phase are the earthworks carried out, at least, in two situations. The first is the one referred to by Forestry Engineer Nombre139478, who, when asked by the Tribunal, indicated that they did occur and were associated with the improvement of access roads, particularly in relation to the existing trails on the property and because they were required for the entry of drilling machinery. Again, it was not demonstrated that this movement had the municipal permits derived from numerals 1, 2, and 74 of the Construction Law. Engineer Nombre139478 stated that, as far as he understood and for the purposes of ICE, this type of movement carried out by that institution does not require or demand this type of permit. The Tribunal does not share that position. As we have already indicated on other occasions, among them, judgment No. 115-2011-VI, delivered at 3:15 p.m. on May 3, 2011, we do not conceive that ICE holds a sort of special treatment that allows it not to be subject to the permits or authorizations that the legal system imposes to execute construction works, exploit, or utilize public domain assets; and this is not derived, not even, from the norm that created it, namely, Decree Law No. 449. That regulation creates powers (powers-duties) in favor of ICE, among them channeling the utilization of hydroelectric energy to strengthen the national economy and promote the greater well-being of the country's inhabitants; a situation that does not in itself entail an exemption or exclusion from the authorizations or permits that the same legal system establishes for specific activities, nor does it confer a right to utilize the Nation's waters. On the contrary, a comprehensive interpretation of Decree Law No. 449 in relation to the legal system, especially the norms that regulate urban planning, the environment, the right to build, the protection of water resources, and the regulations referring to the provision of public services, allows us to conclude that this power must be exercised within the limits set forth by the legal system itself, one of them being, precisely, the obtaining of these permits, authorizations, or concessions, as applicable depending on the activity carried out. Article 2 of the Decree Law indicates that this institution must seek the rational use of natural resources, avoiding their destructive and wasteful exploitation. Likewise, it is entrusted with conserving and defending the country's hydraulic resources, protecting the basins, sources, and channels of rivers and water currents. Thus, a correct hermeneutics of Decree Law No. 449 cannot lead us to affirm that there is a disapplication of the legal norms that impose conditions and limits on the exercise of construction activities, and even less so that ICE is exempt from requesting the respective authorizations for such purposes. Rather, it is essential that ICE submits to all the environmental and natural resource protection regulations, which implies that the referred authorizations be requested and approved. This Tribunal does not ignore the need to develop and execute hydroelectric projects that facilitate the fulfillment of the purposes entrusted to ICE. Undoubtedly, this type of activity is of public interest; however, the legal purposes it pursues cannot be achieved outside the regulations and conditions established by legal norms for such purposes. The foregoing because ICE is subject to the legal system, so prior to exercising this type of activity (works in a riverbed, earthworks, and excavations), it must have the respective authorizations. On this topic, one may also consult judgment No. 0001309-F-S1-13, delivered by the First Chamber of the Supreme Court of Justice at 2:05 p.m. on October 1, 2013, which confirmed the cited resolution No. 115-2011-VI. The second situation in which we identify earthworks is in the excavation activity, as we will analyze next. In his statement, Mr. Nombre139485 explained that, in the case of tunnels, there are two construction stages, namely, excavation and lining. Then, when asked by this Tribunal, Mr. Nombre139479 stated that any excavation was a construction work. The foregoing is consistent with Article 55 of the Construction Decree Law, a norm that establishes that to carry out any excavation work, prior permission from the Municipality must be obtained by an Engineer, which will grant it after prior approval of the project or memorandum on precautions. For its part, numeral 56 of the same Decree Law establishes that precautions must be taken to prevent the ground movements where excavation is taking place from causing damage to constructions and public services located in its vicinity. Well then, from the very beginning of his statement, Mr. Nombre139478 indicated that in file No. Nombre139483, investigative activities and associated works were authorized. If one looks carefully, the administrative file labeled "Logbook" refers to the control of the works related to the exploratory tunnel (galería exploratoria) on the right bank of the dam site (folio 00 of the logbook) and expressly indicates the excavation of the exploratory tunnel itself. If one observes the daily notes made in the work logbook, the entire process followed for such purposes is reflected, which began with the entry of the excavator to the portal site, understanding the portal as the protection made to enter the rock mass (statement of Nombre139475). It was noted that the material appeared very unstable when excavation began, and that the excavation of the first bench was deepened to seek more stable ground at a greater depth (folio 11 of the logbook). This excavation process continued until June 21, 2010, the day the drilling process for the fourth and final benching for the portal's formation was completed (folio 18 of the logbook). Subsequently, the placement of arches on the exterior of the slope began for the portal's formation and to begin the excavation of the tunnel (folio 19 of the logbook). The underground excavation process continued, applying the blasting method. First, the access window was excavated, which is the distance or corridor between the portal and the research site, and which constitutes the means of access to the exploratory tunnel (statement of Engineer Nombre139475). Excavation of the access window advanced, using anchor bolts and shotcrete as temporary reinforcement (folio 24 of the logbook). According to the statement of Engineer Nombre139475, these temporary supports are used because when carrying out blasting, the material is exposed, decompresses, tries to fall, and requires support until the window is lined. Mr. Nombre139485 stated that when excavations are made, if the rock falls, it was necessary to place bolts to hold it. He added that if the material was bad, another temporary support was used, such as arches. Both witnesses agree that they are called temporary supports, not because they are linked to a specific time or are later removed; but because they are maintained until the lining is applied. The excavation process of the window ended with an advance of 145.15 meters, and the next step was to begin the excavation process for the intersection enlargement (folio 28 of the logbook). Engineer Nombre139475 explained that the intersection is the junction between the window and the tunnel; and that when entering through the window, there comes a moment when the tunnel is perpendicular, and it is necessary for the machinery entering to be able to turn. That is why the intersection enlargement is made, so the equipment can turn. For that enlargement, temporary steel frame supports were not used because the material was good and stable (as also indicated on folio 28 of the logbook). Once the intersection was enlarged, excavation advanced along the alignment of the exploratory tunnel, using temporary supports of electrowelded mesh, anchor bolts, and shotcrete (folios 29 and 30 of the logbook). It is worth highlighting that during the advance of the tunnel excavation, some precautions directly related to the construction of the diversion tunnels and their crown were taken. This is inferred from folios 30, 31, and 37 of the logbook, and it will be a point we will analyze below. Excavation also continued to the enlarged section of the tunnel and in the opposite direction, i.e., downstream (folios 37, 38, and 39) until the technical closure of the exploration tunnel on the right bank of the Río General when 215.5 meters had been excavated upstream and 166.7 meters downstream, for a total of 382.23 meters excavated (folio 43). For the Tribunal, the foregoing reveals that the excavations carried out in the access window and the research tunnel do constitute construction works that, even if they were authorized by SETENA, were carried out in the research phase and were necessary for it, they do not lose that construction nature. And that condition is important, especially for environmental purposes, as we will see below. But, in addition, it was also established that with the excavation of the research tunnel, ICE also excavated approximately 43 square meters (corresponding to the area of the research tunnel located on the axis of one of the future diversion tunnels) of the 175 square meters that one of the future diversion tunnels would have (statement of Nombre139475, administrative file labeled "Logbook"). In this sense, we must keep in mind that with the cited resolution No. 2766-2009-SETENA and the technical reports that serve as its support, the expansion of activities within the research phase of the project "Geological Studies at the Térraba Site" (Estudios geológicos Sitio Térraba) was authorized. One of the additional activities authorized was the "(...) Enabling of a geological exploration tunnel at the Térraba site (on the right bank of the Río General) for the diversion tunnels. (...) 2.6 Geological exploration tunnel for the diversion tunnels: This refers to the river diversion tunnels, required for the protection of the dam construction area, and will consist of two underground excavations at elevation 141 masl. The characteristics of the tunnels and their dimensions were modified in the proposal of the Addendum to the request for expansion of environmental feasibility (see point 1). (...)". As observed, from the moment the expansion and addendum to the environmental feasibility granted in the cited file No. Nombre139483 were requested, ICE knew that the tunnel to be enabled at the Térraba site would be for the geological research of the future diversion tunnels. Engineer Nombre139475 stated that it was always indicated that the research tunnel had to be on the axis of the future diversion tunnels and justified that decision because if what was needed was to investigate those tunnels, it had to be done on that axis, because otherwise the information obtained would not be representative. For its part, from the logbook it can be inferred that there was a moment after which, with the advance of the excavation of the research tunnel, progress was also made on the excavation of at least one of the future diversion tunnels. For example, on October 13, 2010, it was noted that "(...) It is decided not to carry out floor pours since the floor slab would be removed during the construction of diversion tunnel 2, in such a way that the floor slab will not be poured until it is absolutely necessary (...) (folio 30); on October 21 of that same year, it was indicated that "(...) Excavation continues without problems. Next week, the decision will be made on where the full-section excavations of the crown of the diversion tunnels will be carried out for the geology and geotechnics investigations. (...)" (folio 31); and on December 14, it was noted that "(...) On December 3, the process of enlarging the tunnel began from station 223.04 onwards, this to investigate the behavior of the ground with the arch of the definitive diversion tunnel. (...)" (folio 37). Engineer Nombre139475 reinforces this position when he stated that if the diversion tunnels are made, that is already excavated because research was done, and that it was an additional gain, although not an excavation as such. Later, he explained that the area of the tunnel was 43 square meters and that of the future diversion tunnel was 175 square meters, meaning that simply 24% of the future area of the diversion tunnels had been excavated. Also, that two twin, parallel diversion tunnels of 14 meters each had been planned, for which a total of approximately 250,000 cubic meters of material would be excavated, and that what had been excavated up to the time of technical closure was 12,000 to 13,000 cubic meters, which corresponds to less than 6% of the total excavation. From the analyzed evidence, we conclude that with the excavation of the geological research tunnel, ICE also excavated a percentage of what, in the future, would be one of the diversion tunnels of the PHD; which reinforces that construction works were indeed carried out in that research phase, some referring to the crown of one of the future diversion tunnels. And we consider that this decision adopted by ICE is not necessarily improper, nor is the modification approved so that the dimensions of that research tunnel coincide with those of the future diversion tunnels. On the contrary, from the testimony of Mr. Nombre139476 and Mr. Nombre139475, the importance of geological investigations or explorations in the development of a hydroelectric project of the nature and dimensions of Diquís was evident. Therefore, if it was possible to investigate the behavior of the rock mass at the exact site or as close as possible to the axis of the diversion tunnels, and for the excavation of the tunnel to advance that of the tunnels; everything seems to indicate that it was technically appropriate to do so to know the quality and characteristics of the material, its stability, to achieve greater cost efficiency, greater safety, insofar as risks are minimized, as well as a more adequate use of technology. However, we consider that if, along with the geological research, part of the diversion tunnels was excavated, even if it was a small percentage, this should have been indicated to SETENA due to the environmental implications it may have brought, as we will analyze next.

VII.- Precisely, in their arguments, the plaintiff party claims an omission by SETENA when establishing the environmental instrument based on which the execution of activities, such as those indicated in the preceding Considering (Considerando), was authorized in the project "Geological Studies at the Térraba Site". Although in this proceeding no annulment claim is formulated against actions (formal or material) of SETENA in the environmental procedure processed under file No. 366-2005-SETENA, the truth is that the plaintiffs' requests aim at ordering the involved public entities to adopt some corrective actions in environmental matters, so that in the event the project is resumed or continued, it complies with current environmental regulations and considering that its development will be, at least, in the indigenous territory of Térraba, where they live. Along those lines, we consider it necessary to make some considerations regarding what was done by SETENA to serve as a parameter for resolving what is requested. As we have been pointing out, through resolution No. 2766-2009-SETENA, environmental feasibility was authorized for the project "Geological Studies at the Térraba Site", whose developer was ICE. Fundamentally, in that resolution, activities such as geological drilling, excavation of research tunnels, and the enabling of trails and paths were authorized (as inferred from the administrative conduct itself and the statement of Nombre139478). In that file, ICE submitted an FEAP and the environmental assessment instrument based on which, ultimately, the indicated environmental feasibility was authorized was a DJCA. The foregoing was in accordance with the provisions in resolutions No. 587-1997-SETENA and No. 693-1997-SETENA, in force at the date of submission of the FEAP. Subsequently, in 2009, ICE managed before SETENA an expansion of the environmental feasibility granted through the cited resolution No. 2766-2009-SETENA, and an addendum to the referred expansion request. The first request (expansion) was based on the need to obtain geological data related to the project's worksites to gather fundamental information for engineering designs that had not been possible to obtain with the explorations carried out so far. Furthermore, it stated that the additional research activities proposed and their environmental impacts did not differ at all from what was originally proposed in that file (folios 222 to 495, volumes I and II of administrative file SETENA No. 366-2007). The request for an addendum to the expansion was technically justified by recent changes in the tunnels requested in the expansion application, attaching two technical reports signed by Engineer Nombre139475, Underground Works Coordinator of the PHD (folios 12 to 27 of the administrative folder corresponding to the Addendum filed in administrative file No. 366-2005-SETENA). Through resolution No. 2766-2009-SETENA, SETENA approved the new DJCA submitted for evaluation by ICE based on the request for expansion of environmental feasibility and the referred addendum to the expansion request. For what is relevant, with that expansion of environmental feasibility, activities such as the following were authorized: 1) Additional drilling at the Térraba site. 2) The enabling of a geological exploration tunnel for the diversion tunnels required for the protection of the dam construction area. This included two underground excavations at elevation 141 masl. The characteristics of the tunnels and their dimensions were modified in the technical proposal of the Addendum to the request for expansion of environmental feasibility. As part of the authorized changes, the size of the diversion tunnels was increased to an excavation diameter of 175 square meters, and their length was reduced to 675 meters and 789 meters; a modification in the excavation diameter of the access window to 6 meters high and 6 meters floor width for an excavation area of 32.14 square meters; a modification in the excavation diameter of the research tunnel to 42.73 square meters with a height of 4.5 meters and a floor width of 134.08 meters. 3) A protection dike with a gabion wall 6 meters high, 110 meters long, and width varying according to height, between three and one meter wide, with approximately 1540 m3 of stone volume. 4) The enabling of a maneuvering terrace for the excavation of the window and the tunnel. 5) Necessary facilities to attend to personnel: dining room, infirmary, warehouses, offices, etc. 6) The rehabilitation of an existing internal road on the property. 7) The enabling and management of spoil banks and the rehabilitation of their accesses. 8) The construction of a warehouse-yard type facility for materials. 9) Tree cutting in a pasture area (folios 522 to 534 of volume II of administrative file No. 366-2005-SETENA). Fundamentally, the plaintiffs claim that this expansion of environmental feasibility should not have been approved as such, nor with an affidavit of environmental commitments (DJCA), because, due to the nature of the works and the percentage of modification of these with respect to the originally evaluated project, it required an EIA (EsIA). Furthermore, they maintain, this was required by the regulations in force at the date of submission of the expansion and addendum request. In this regard, we must insist that in this proceeding we are not discussing the legality of what was done by SETENA in the expansion of environmental feasibility or the invalidity of the latter, since it was the plaintiffs themselves who abandoned these annulment claims. The legality review that this Tribunal will conduct will be solely for the purpose of establishing whether there was any omission by SETENA at the time of authorizing, granting environmental feasibility to the activities indicated in the referred expansion and addendum management; and this only so that, in the event the project in question is resumed, the environmental authority adjusts its actions to the legal system. Along those lines, the Tribunal considers that the expansion and modification of the environmental feasibility granted in the cited resolution No. 2766-2009-SETENA, which were managed by ICE in 2009, should have been processed as a new and different request for legal and technical reasons, as we explain. According to what was established, the expansion and addendum procedures for the environmental feasibility initially granted by SETENA for the project "Geological Studies at the Térraba Site" were submitted in July and September 2009. By that date, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004, was already in force. The transitory provisions of that norm indicated that "(...) I.— SETENA, within a maximum period of three months, counted from the publication of this regulation, will proceed to publish the new "Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process" —EIA Manual, or the specific Manuals for the articles that require it, and will proceed to update the cost amounts for all technical instruments, documents, and services it provides. The aspects regulated through Administrative Resolutions No. 588-97, published in La Gaceta No. 215 of November 7, 1997, and No. 643-97-SETENA, published in La Gaceta No. 201 of October 20, 1997, remain in force until the resolutions that modify them are published; with the exception of the aspects contained in this regulation. (...)". (the highlighting does not belong to the original). The manuals referred to by the indicated norm were adopted in Decree No. 32712, of July 19, 2005, and published in La Gaceta No. 223 of November 18, 2005, and in Article 12 of that regulatory body, the cited Resolution No. 588-1997-SETENA was repealed. Thus, the Tribunal finds no legal basis for that norm not to have been applied, especially when the transitory provision itself establishes that, even starting from the validity of the cited resolution No. 588-1997-SETENA, the aspects contained in the regulation had to be applied, in compliance with the Principle of Singular Non-Derogability of Norms regulated by Article 13 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP). If the regulatory norm had been applied, the modification to the already authorized environmental feasibility should have been evaluated based on different parameters. For example, Article 1 defines new activities, works, or projects as those intended to be developed after the entry into force of that regulation and that meet one or a combination of the following characteristics: a. That implies a land-use change (cambio de uso del suelo). b. That are listed within the list included in Annex Nº 2 (Anexo 2) of that regulation. c. That without generating a change in land use, prompts a modification of the potential environmental impact category (IAP), towards a higher level, according to the list included in the indicated Annex Nº 2. Furthermore, environmental impact categories change (Article 6) and range from high, moderate, or low environmental impact, as established in Annex Nº 2 of that regulation. According to numeral 20, the decision routes will depend on the final qualification of the environmental significance, such that for projects, works, or activities of low environmental significance, the required environmental instrument will be a DJCA; those of moderate significance, a Prognosis - Environmental Management Plan; and those of high significance, an Environmental Impact Assessment (EIA, Estudio de Impacto Ambiental).

For its part, Article 46 provides in subsection 2) that activities, works, or projects that are in operation and have an approved EIA will be subject, in accordance with the provisions of the LOA and the indicated regulation, to an environmental control and monitoring process under the terms established in the referenced regulation. And subsection 3) of the same article provides that activities, works, or projects that are in operation and have an approved EsIA, and for which, as a result of their development, an adjustment to the original design must be made, may maintain their environmental viability (licencia) already granted, provided they comply with the following terms: a. That an environmental technical report be submitted, prepared by a responsible environmental consultant, on Environmental Readjustment of the Original Design, according to the format defined by Nombre139474. b. That the design adjustment does not imply substantial changes to the original design, that is, that such changes do not imply a modification of the Potential Environmental Impact (IAP) category approved by Nombre139474 in the original project, such as a change in the activity, work, or project, a change in the location site of the project area, and that the proposed productive process be similar to what was originally proposed. c. That a comparison be made of the environmental impacts evaluated and their measures, and a necessary expansion thereof, when required, so that the project, work, or activity maintains the environmental balance status granted to it during the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). In addition, the Forecast-Management Plan adjustment must be made when technically justified, with the environmental measures resulting from such analysis. The verification of the change in these conditions will be endorsed by Nombre139474 based on an administrative resolution, within a maximum period of ten business days, in order to maintain the validity of the Environmental License. In the Court’s view, these aspects should have been evaluated by Nombre139474 to establish whether the extension implied modifications to the environmental category initially granted to the project for the purpose of maintaining environmental balance, given the impacts that the additional activities could cause. This is because it has been proven that, under the environmental viability granted in resolution No. 2766-2009-SETENA cited above, ICE carried out investigative activities (such as drilling and geological explorations), but also construction works associated with these, on the right bank of the Río General and in the Térraba Indigenous Reserve, such as earthworks (movimientos de tierra), construction of a gabion wall, excavation of the portal, the access window, the intersection, and the investigation gallery (logbook, judicial inspection, statement of Nombre139475); even that, under that same environmental viability, ICE excavated approximately 43 square meters (corresponding to the area of the investigation gallery located on the axis of one of the future diversion tunnels) of the 175 square meters that one of the future diversion tunnels would have (statement of Nombre139475, administrative file labeled "Bitácora"). We should recall that every environmental impact must be subject to measurement, which materializes in different instruments, among these environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), for the purpose of granting the corresponding environmental viability license. In this regard, the aforementioned regulation, in Article 3, in its subsection 37, conceptualizes Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) as the scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting which effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. Generally, the Environmental Impact Assessment encompasses three essential constitutive phases: a) the first is the Initial Environmental Assessment, b) the second is the preparation of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) or other corresponding environmental assessment instruments, and c) a third refers to the Environmental Control and Monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. For its part, subsection 18 of Article 7 of the Biodiversity Law considers environmental impact studies as follows: “Scientific-technical procedure that allows identifying and predicting which effects a specific action or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making. It includes the specific effects, their global evaluation, the alternatives of greatest environmental benefit, a program for the control and minimization of negative effects, a monitoring program, a recovery program, as well as the guarantee of environmental compliance.” From the foregoing, it follows that the license or environmental viability, as indicated in subsection 63 of Article 3 of the Regulation cited above, represents the condition of harmony and acceptable balance between the development and execution of human work and its potential environmental impacts on the environment of the geographical space where it is desired to be implemented. From the administrative and legal point of view, it corresponds to the act in which the Environmental Impact Assessment process is approved, whether in its initial assessment phase, the study itself, or another impact document. Now, the implications of human works on the environment justify and demand the assessment of that impact on the environment. We consider that the type of constructive activities carried out by ICE in this matter (earthworks, construction of a gabion tunnel, and excavations), even if carried out in an investigation phase, could have a higher environmental significance than those that are simple investigation or geological exploration (such as drilling), insofar as they also infer a work of great magnitude such as a hydroelectric plant. This aspect could have been assessed if the regulations in force at the time the extension to the environmental viability already granted was requested had been applied. And it is that among the activities originally evaluated and those included with the extension to the environmental viability, the project underwent relevant and substantial modifications both in construction works and in surface area and drilling. In this regard, it was proven that between the investigation construction works authorized in resolution No. Nombre139474 (two galleries of 150 m in length each) and those authorized by resolution No. 2766-2009-SETENA (an access window of 130 m in length and an investigation gallery of 675 m in length), within the Térraba indigenous territory, the project authorized in file No. Nombre139483 underwent a modification of construction works of 168%; that the percentage of modification between the surface area authorized in resolution No. Nombre139474 and that authorized by resolution No. 2766-2009-SETENA within the Térraba indigenous territory, both in comparable and non-comparable areas, was 427%; and that the percentage of modification between the drillings authorized in resolution No. Nombre139474 (one drilling of 100 m and another of 250 m in depth) and that authorized by resolution No. 2766-2009-SETENA (five drillings totaling 540 m in depth on the right bank) within the Térraba indigenous territory was 50% (certification visible on folios 2225 and 2226 of the judicial file). In conclusion, it is evident, because it was so proven in this litigation, that the extension did imply a substantial modification, in magnitude and works to be carried out, to the initially authorized “Estudios Geológicos en Sitio Térraba” project; an aspect that is important only to serve as a guide for the actions that, in the short, medium, or long term, both ICE and Nombre139474 carry out for the investigation and execution of the PHD.

VIII.- At this level of analysis, we consider it important to point out the following. As we explained, file No. Nombre139483 referring to the geological investigation studies at the Térraba site was closed and archived, at least as regards the Térraba site. However, in response to a question from the Court as to whether that phase was completed for environmental purposes, the Forestry Engineer Nombre139478 stated, in essence, that in principle it was, but that if, when the indigenous consultation was carried out, some additional element of relevance in this matter arose, it would have to be considered and, if necessary, that phase could be reopened. The same would occur regarding pending aspects that were not considered in that investigation phase, such as, for example, archaeological ones. If we add to the foregoing the time elapsed between the date on which ICE concluded that investigation in Térraba (June 2011) and today, it is evident that both the investigation and the geological risks that were weighted at that time, and the environmental aspects that were assessed at that time, could have changed; which may lead ICE to deem it necessary to reopen or resume the geological investigation phase prior to the execution of the PHD. In that scenario and within the framework of what was requested by the plaintiffs, we consider it necessary to establish certain limits on the exercise of the powers of both ICE and the environmental authorities, in order that their actions conform to the legal system. The foregoing, of course, without prejudice to the margin of discretion inherent to each of them. In that sense, if ICE decides, in the short, medium, or long term, to resume the geological investigation phase of the PHD at the Térraba site, it must initiate the corresponding environmental assessment procedure, which will be processed under a new file (not as a modification or extension) and will be governed by the regulations in force at the time of its submission, in accordance with which the project classification, the level of environmental significance, and the instrument that must be required shall be determined. Regarding this last aspect, the plaintiff’s claim proposes that the environmental assessment in the Térraba Indigenous Territory be by means of a Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica) or an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). At the outset, it must be noted that the definition of the environmental assessment instrument is a power that corresponds, exclusively, to Nombre139474 in accordance, of course, with the particularities that the regulations in force impose for each case. However, we consider it advisable to note that, based on the evidence gathered, the SEA does not appear to be the suitable instrument for such purposes. According to the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, the Strategic Environmental Assessment is the environmental impact assessment process applied to policies, plans, and programs. Due to its characteristic and nature, this type of process may also be applied to projects of national, binational, regional Central American, or multilateral agreement significance, in accordance with the provisions of the regulations in force. Regarding this instrument, the Forestry Engineer Nombre139478 stated that its advantage is that it allows planning for a set of impacting situations, but that, strictly speaking, it serves for environmental analysis oriented to policies, plans, and programs, and that, in any event, it does not eliminate or rule out the application of an environmental impact study if the conditions made it necessary. He explained that it does not make much sense in a specific territory or for small spaces, since there are other more suitable environmental instruments. For his part, Nombre139479 stated that the rigor of an SEA is not comparable to that of the EsIA, since they are instruments of a different nature; and that, in any event, carrying out the former would not exempt from the submission of an environmental impact study, since, at most, it would provide baseline information for the latter.

IX.- Ultimately, the Court considers that the first claim of the plaintiffs must be partially granted. For the reasons set forth in the preceding Considerandos, we consider that it is not appropriate to order ICE to immediately complete the environmental impact assessment in the area of the Térraba Indigenous Reserve (because one of the files is already closed and archived as regards the geological investigation in Térraba and the processing of the other, No. 843-2007-SETENA, is suspended), nor is it appropriate to define the environmental instrument to be applied, nor that it be solely for the area of the Térraba Indigenous Reserve. However, we do consider it appropriate to warn ICE that, if it decides, in the short, medium, or long term, to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the PHD, it must initiate the respective environmental assessment procedure under the regulations in force at the time of the submission of its application, and that Nombre139474 must define the environmental assessment instrument to be required, taking into account the parameters that the legal system establishes for the purposes of that classification, as well as the environmental significance of the impacting works or activities to be carried out. Likewise, ICE must process before the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as the felling of trees, earthworks (movimiento de tierras), excavations, and construction of works in the riverbed such as dikes or gabion walls.

X.- On the analysis of the merits of the second claim. The plaintiffs request that the State and ICE be ordered to generate a comprehensive, remedial repair plan and compensatory measures for all environmental impacts and damages caused by the actions or omissions of the defendants in the Térraba Indigenous Reserve, whether due to the direct or indirect effect of the omission to have an environmental impact assessment instrument corresponding to the construction and operational stage of the project, which must be supervised and approved by SETENA. After a measured analysis, we consider that what is requested is without merit for the following reasons. First, it is based on the assumption that ICE did not have an environmental assessment instrument, when it has already been established that environmental viability was indeed granted in resolutions No. Placa26572 and No. 2766-2009-SETENA. Furthermore, it assumes that the PHD was in the construction, investment, or operational stage, an aspect that was not demonstrated in this litigation. What was demonstrated was that, while in the geological investigation phase, ICE carried out construction works and activities. Whether the environmental instrument authorized by Nombre139474 for these was or was not the one corresponding under the regulations in force does not in itself affect the production of damages or negative impacts on the environment, on the occasion of the construction works carried out by ICE. Second, what is requested (the comprehensive, remedial repair plan and compensatory measures) is to repair the alleged damages or environmental impacts that, it is affirmed, were caused by the actions and omissions of the defendants in the Térraba Indigenous Reserve. Well, even though it has been established in this process that within the investigation phase corresponding to the Estudios Geológicos en Sitio Térraba, ICE executed construction works, the truth is that the plaintiffs do not prove that these caused negative environmental damages or impacts within the Térraba Indigenous Territory. Article 3 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental defines environmental impact (impacto ambiental) as the effect that an activity, work, or project, or any of its actions and components, has on the environment or its constituent elements. It may be of a positive or negative, direct or indirect, cumulative or non-cumulative, reversible or irreversible, extensive or limited type, among other characteristics. It also defines environmental damage (daño ambiental) as that negative environmental impact, not foreseen, nor controlled, nor planned in an environmental impact assessment process (evaluated ex-ante), produced directly or indirectly by an activity, work, or project, on all or any component of the environment, for which no prevention, mitigation, or compensation measure was foreseen and which implies an alteration valued as of high Environmental Impact Significance (SIA). The regulation differentiates negative impact from environmental damage, to the extent that the environmental impact is evaluated in an ex-ante process, so that prevention, mitigation, and compensation aspects may be considered to reduce its scope on the environment. Applying the foregoing provision, Forestry Engineer Nombre139478 stated that environmental impact is any alteration by a human action on the environment that modifies the factors that compose the environment. They are caused by humans, are potential in that they can be projected over time, and can be positive or negative. They arise from a plannable situation, are controllable, and to that extent corrective measures can be established through verification of their compliance, whether by on-site monitoring or environmental auditing and monitoring. According to the witness, the differentiating criterion from environmental damage is that impacts are situations derived from a prior authorization; whereas the former (environmental damage) are negative impacts that do not have prior endorsement, qualification, or control. Other characteristics of environmental damage are that it is real and measurable, before and after, it is negative and has high significance, its origin is unplanned, and what is appropriate, once it has occurred, is to restore, repair, and compensate. In Mr. Nombre139478’s opinion, in environmental damage there is no prior authorization, or it may come from a disregard of acquired environmental commitments. In light of the above, this Court deems it pertinent to draw attention to the fact that the conceptual definition established in the cited regulation carries the risk of considering serious effects on the environment and its various components as lawful and legitimate. Indeed, for this Chamber of Judges, it is not possible to distinguish between the concepts of "negative environmental impact" and "environmental damage," from the perspective of the mere existence of a prior authorization —issued by the competent body, in this case SETENA— of the activity generating the impact and the supposed assessment (which must necessarily be based on objective criteria, that is, technical and/or scientific) of its effects on the components of the environment. Note that when national legal and regulatory doctrine speaks generically of damage, it addresses the impairment, loss, or detriment produced in the legal sphere of the injured party, an effect that generates the duty to repair it. Thus, in the case of the legal right "environment," whose definition —according to the development of the case law of the Constitutional Chamber, at least in rulings No. Placa26573 and No. 2003-3656— is not limited to the elements and/or resources of nature (soil, water, air, marine, coastal, and mineral resources, forests, biological biodiversity, and landscape), but extends to the concept of "surroundings" (including aspects of urban planning, protection of the architectural and archaeological historical heritage); the degree of effect or alteration on its constituent elements (biotic and abiotic) becomes important, insofar as this can break the ecological balance and put at risk the health and life of people (anthropocentric criterion of environmental protection). In this sense, a characteristic feature of environmental damage is that it derives from human conduct, both by action and by omission; and by virtue of this, one could speculate that all human conduct on the planet —in any environment— generates an impact on the environment, most often with a negative connotation. Therefore, the factor of the significance of that impact is required, which is contemplated in environmental protection regulations —the ought-to-be—, where permissible limits of "pollution" or effect are regulated and allowed, beyond which one is faced with illegitimate or illicit conduct. Consequently, it poses a serious risk to the effective protection of the environment established as a fundamental right and a public power for the entire state apparatus —including the Judicial Branch through the exercise of the jurisdictional function—, under the terms imposed in Article 50 of the Constitution, to try to legitimize negative impacts on the environment by the mere consideration that they have been previously subjected to the control and assessment of the technical authority in the matter (SETENA), through the various environmental assessment instruments established in our legal system. This is not only inconsistent with the guiding principles of environmental protection, such as the precautionary principle —positivized in Article 15 of the United Nations Conference on Environment and Development (known as the Rio Declaration) and canon 11 of the Biodiversity Law— but also openly conflicts with the principle of the objectification of environmental protection, which derives from the incorporation into the legal framework of the rules of science and technique, in accordance with the provisions of Articles 16 subsection 1) and 158 subsection 4) of the General Law on Public Administration; in a clear denaturing of the environmental assessment instruments in our country. Now, what is relevant to this proceeding is that it must be noted that the plaintiffs did not demonstrate the existence of environmental damage in the Térraba indigenous territory originating from the activities authorized in the environmental viability resolutions authorized in file No. 366-2005-SETENA. The only evidence provided by the plaintiffs to attempt to prove the alleged damages or environmental impacts is the document entitled “Diagnóstico de Cumplimiento Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en su componente de estudios geológicos en los sitios de Térraba y Cañablancal, con énfasis en el sector de la Reserva Indígena de Térraba”; signed, among others, by Engineer Nombre39189. However, in the Court’s opinion, the document is insufficient for such purposes. On the one hand, as we advised during the sole hearing, since it is the opinion of an expert in the field, it was essential that its content be subjected to cross-examination. To this end, Mr. Nombre39189 was admitted as an expert witness, so that the defendants could question him regarding the conclusions he reached therein. However, the Court declared his testimony unavoided given the statement by the plaintiff that they had not been able to bring him to the process, and that they had also not requested the Court’s summons for such purposes. Thus, the Court could not give credibility to evidence of this nature that has not been debated by the parties. In addition to the foregoing, the truth is that it is a document that was widely questioned by other expert witnesses who testified. For example, Engineer Nombre139478 pointed out that among the shortcomings of the document in question is that it started from the premise that there was no environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when in reality there was one, and that it classified future impacts on the environment —if the dam were built— as damage to the environment, without providing elements that would allow proving their existence. Furthermore, that in the qualitative assessment of the alleged damages a predictive methodology was used, which is not the method for assessing damages. He added that the determination and quantification of the impacts were based on technical reports not verified in the field. The witness insisted that there is no evidence that ICE failed to comply with the corrective measures and that the alleged damages he lists are activities or works that are future and uncertain because they do not correspond to an investigation phase but to an execution phase: for example, the creation of the reservoir, which corresponds to file No. 843-2007-SETENA. Along similar lines, the witness Nombre139479 stated that the aforementioned diagnosis was a theoretical exercise, which assumed that there was damage when no actions have been executed. He insisted that the PHD had not been executed and therefore it was not possible to speak of damages, and that for the works carried out, ICE had complied with the environmental requirements requested of it. He concluded that it was not possible to assess future damages for works not executed and that, at most, they would be environmental risks. Finally, Víctor Guzmán Arguedas, an official of Nombre139474 who carried out the technical closure of the PHD in the part relating to the right bank of the Río General and the Térraba Indigenous Reserve, stated that he could not attest to the alleged damages listed therein. Furthermore, that it is not known what parameters were used to determine if there was contamination or erosion, and that it was not accurate because there are no data for comparison. For the Court, those shortcomings are what made it necessary to subject the evidence to cross-examination, and, since that was not possible (because due to the neglect of the plaintiff who proposed it, the testimony of one of the authors of the document was declared unavoided), they are what prevent it from being given credibility. Rather, there are demonstrative elements that allow concluding that at the time of the technical closure and archiving of file No. 366-2005-SETENA, the competent officials did not find damages or negative environmental impacts, nor any non-compliance in that matter. Thus, for example, by official letter ASA-1290-2011, dated July 18, 2011, Nombre139474 issued a technical report on the environmental monitoring of the project “Estudios geológicos en el sitio Térraba.” Of relevance, it noted that “(...) 4. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has complied with the submission of environmental reports, the appointment of the environmental responsible person, as requested in resolutions No. Nombre139474 and 2766-2009-SETENA issued by this Secretariat. Conclusions 1. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) has complied with the environmental commitments assumed before this Secretariat during the construction phase of the project ‘Estudios Geológicos en el Sitio Térraba,’ Administrative file 366-2005-SETENA, specifically at the Térraba Site, within the Térraba Indigenous Territory. 2. No significant impacts are observed in the project area that require mitigation before closing the Térraba Site front, on the right bank downstream of the Río General Superior, within the Térraba Indigenous Territory. (...)” (folios 595 to 610 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). Then, by official letter SG-ASA-1072-2011-SETENA, dated July 18, 2011, Nombre139474 informed ICE and the environmental responsible person of the referenced project that, based on the respective technical report, no non-conformities were determined, thus closing the works carried out by ICE on the right bank downstream of the Río General Superior within the Térraba Indigenous Territory (folios 612 and 613 of volume III of administrative file No. 366-2005-SETENA). The foregoing was confirmed by Mr. Víctor Guzmán Arguedas, who was the official of Nombre139474 in charge of the technical closure visit of file No. Nombre139483 and who indicated, in essence, that on that occasion he verified that the activities and works were those authorized by Nombre139474 and that the developer complied with what was proposed to SETENA. It must also be borne in mind that the plaintiffs did not challenge the acts by which it was established that there were no relevant environmental non-conformities. As a final aspect, it must be noted that we are of the opinion that the determination of the existence of the alleged damages is an aspect that could not be left for the enforcement-of-judgment phase for two fundamental reasons. First, because this was not requested by the plaintiffs. At no time was their claim fixed so that this aspect would be determined in the judgment. They only proposed that point up until the trial phase, which is no longer the appropriate procedural moment for such purposes. Second, the Court does not even find evidence that those damages occurred. The burden of demonstrating that aspect fell on the plaintiffs, in accordance with Article 317 of the Civil Procedure Code in relation to Article 82 of the CPCA. Therefore, they must bear the procedural consequences of their neglect. Since the alleged damages or impacts have not been demonstrated, the Court finds no justification that would require the adoption of a Remedial Plan or compensatory measures. For the reasons set forth, the proper course is to dismiss the claim, as we hereby do.

XI.- On the analysis of the merits of the third claim.

The plaintiffs request that ICE and the State be ordered to refrain from adopting any administrative conduct that, by action or omission, could affect the interests of the environment or the biodiversity located in the project area and that could affect the reserve, until such time as the corresponding environmental assessment is available. In this regard, we must point out the following. As we explained supra, to date the geological investigation phase at the Térraba site has closed and the case file is archived (No. 366-2005-SETENA); while the case file relating to the environmental impact assessment (evaluación ambiental) of the PHD (No. 843-2007-SETENA) is suspended. However, from the evidence taken, it cannot be concluded that ICE has lost interest in continuing with the PHD. For example, from the testimony of Nombre139477, Nombre139475 and Nombre139478 it can be inferred that there is a possibility that new geological investigation studies may be required because the possibility has been raised that it may be necessary to build a third diversion tunnel or to widen the diameter of the two originally planned. Indeed, witness Nombre139478 stated that, once the indigenous consultation was carried out, new elements not originally foreseen could arise that would necessitate a new investigation, for example in archaeological aspects. That same witness gave an account of the temporal evolution of case file No. 843-2007-SETENA from which it can be deduced that ICE has been carrying out actions and that semiannual reports have been submitted to SETENA. Also, that the PHD is a large-scale project, whose area of influence includes, among others, the Térraba Indigenous Reserve; as well as that the activities (investigation activities strictly speaking, those of a constructive nature in the investigation phase, or those proper to an investment or execution phase) carried out there are impactful, to a greater or lesser extent, on the environment. Therefore, the Court considers that it is necessary to establish rules to guide the exercise of administrative powers, at least in two general and unavoidable aspects, so that these are in conformity with the legal system. Thus, for example, it is necessary that prior to the exercise of any administrative conduct by ICE related to the investigation, investment, or execution phases relating to the PHD, in the indigenous reserve in question, that entity must have the environmental assessment required for each of the project phases, depending on the impact caused by the activities planned there. Furthermore, it is necessary that it carry out the prior, free, and informed indigenous consultation required by numeral 6 of Convention No. 169 cited. It must be borne in mind that according to the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, the State must ensure the effective participation of the members of the indigenous community, in accordance with their customs and traditions, in relation to any plan or decision that affects their traditional lands and that may entail restrictions on the use, enjoyment, and usufruct of said lands, in order to prevent this from implying a denial of their subsistence as an indigenous people (Case of the Indigenous Community Nombre139487 v. Paraguay, judgment of August 24, 2010, Merits, Reparations and Costs). It has also ruled on the moment from which that consultation must be carried out, indicating, for example, that "(...) 133. First, the Court has stated that in guaranteeing the effective participation of the members of the Nombre14492 people in development or investment plans within their territory, the State has the duty to actively consult with that community, according to its customs and traditions (supra para. 129). (...) Consultations must be carried out in good faith, through culturally appropriate procedures and must have the goal of reaching an agreement. Likewise, the Saramaka people must be consulted, in accordance with their own traditions, in the early stages of the development or investment plan (...) Early notice provides time for internal discussion within the communities and to provide an adequate response to the State. The State must also ensure that the members of the Nombre14492 people are aware of the possible risks, including environmental and health risks (...) Case of the Nombre14492 People v. Suriname. Judgment of November 28, 2007. (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs). Finally, regarding the prior nature of the consultation, the Court has indicated that "(...) 181. In this regard, the ILO Committee of Experts has established, when examining a claim alleging Colombia's non-compliance with ILO Convention No. 169, that the requirement of prior consultation implies that it must be carried out before taking the measure or carrying out the project that is likely to affect the communities, including legislative measures, and that the affected communities be involved as early as possible in the process (...) 184. In this sense, it has not been disputed that the State did not carry out any form of consultation with Nombre41947, in any of the execution phases of the oil exploration acts and through its own institutions and representative bodies. In particular, the People were not consulted before heliports were built, trails were cut, explosives were planted, or areas of high value for their culture and worldview were destroyed. (...)" KICHWA INDIGENOUS PEOPLE OF Nombre41947 v. ECUADOR, JUDGMENT OF JUNE 27, 2012, (Merits and Reparations). For all the foregoing, the Court is inclined to grant the claim raised by the plaintiffs, which is why Nombre139474 and ICE are ordered that, as long as the prior, free, and informed indigenous consultation of the Térraba indigenous people has not been carried out and the environmental assessment instrument corresponding to the activities to be carried out is not in place, they shall refrain from adopting any administrative conduct, whether relating to the investigation phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve.

XII.- On the third-party proceeding without its own claims. Mr. Nombre96534 filed a third-party proceeding in which he asserted no claim. His participation was justified on the basis of the alleged possession he exercised over property No. 145342-000, registered in the Puntarenas district, an immovable property located within the Térraba Indigenous Reserve and which, he alleged, ICE leased at the time to access the site where the investigative phase of the PHD was carried out. Having analyzed the grounds on which the third-party claimant bases his action, the Court considers that it must be rejected outright. Strictly speaking, his participation could have had some relevance for the lawsuit originally filed by the ADI, in which the nullity of the contract signed between ICE and Nombre136636 was sought. But in relation to the claims of the third-party proceeding and its expansion, it is not observed that his interest bears any relationship since none of the claims formulated and those that have been granted affect or have a direct impact on him. Thus, regarding his participation, we must declare a supervening lack of current interest and reject his action outright. The foregoing makes it unnecessary for us to rule on the defenses alleged by the representative of the third-party claimant. Regarding costs, the ruling we will make infra shall apply. By the way it is resolved, it has no relationship with the subject matter of this dispute. Therefore, the third-party proceeding filed must be rejected.

XIII.- By way of closing. Without a doubt, the decision whether or not to execute a hydroelectric project such as the PHD rests with the active Administration. This Court's function would be limited, solely, to controlling the legality of the actions carried out in the different phases for the execution of the project. And it is within this framework that the Court must state the following. From the evidence taken, it is possible to infer that the PHD is necessary for the country to face the energy crisis that could arise in the coming years. Furthermore, that the required conditions exist to develop it. The general interest in developing that type of hydroelectric projects is also undeniable, but all of this in accordance with the legal system. And precisely on that point, shortcomings have been observed that could frustrate a project of that magnitude and relevance. As an example, we have that an investigation phase was carried out that involved a substantial investment of public resources. From the evidence weighed, it was noted that ICE knew since the INGETEC reports were issued that it had to carry out the prior, free, and informed indigenous consultation required by numeral 6 of Convention 169 cited, with the indigenous peoples that would be affected by the development and execution of the PHD. This is an aspect that in any case, as it derives from a legal norm with a rank superior to law, should not be unknown to ICE's legal operators. There is also a defined and constant line in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights that such consultation must be carried out from the planning and investigation phases of projects and not when it is already being executed. Despite this, ICE failed to verify compliance with that unavoidable condition in protection of the rights of the indigenous populations involved. It carried out geological investigation activities and works of a constructive nature associated with it without that requirement having been met and without obtaining the permits, authorizations, and concessions that the legal system requires for each of the activities carried out in that investigation phase. If the project resumes, it must conform to the legal system. To ensure that the investment of resources already incurred and the experience gained from the investigation already carried out are not wasted, the current situation demands that both the State and ICE examine their actions, resume their efforts, and assess the need for, in consideration of the public interest—understood as the expression of the coinciding individual interests of the governed (article 113 of the LGAP)—a decision to be made on whether or not to continue with the implementation of the PHD. If the answer is affirmative, there is no doubt that this must be done in absolute respect for the legal system and the rights of the indigenous populations that may be affected by the geological investigation, the investment, the development, and the execution of the PHD. This is an examination and a decision that corresponds, exclusively and without delay, to ICE and the State, each within the framework of their powers; but which, we reiterate, must be adopted in strict adherence to the body of law (bloque de legalidad) and always oriented towards the satisfaction of the interests of the community.

XIV.- On the defenses. ICE did not oppose any substantive defense in the third-party proceeding, but in the expansion, it raised a lack of right. Bearing in mind that standing and interest are substantive presuppositions of the judgment, the analysis of which is even ex officio for judges; we will begin by referring to both conditions. For the Court, the ladies Nombre139472 have sufficient active standing to bring this action, in accordance with article 10 of the CPCA. On the one hand, they claim to be indigenous persons who inhabit the Térraba Indigenous Reserve, and on the other hand, their action is legitimized in pursuit of the defense of the environment, there existing in relation to the protection of that right a popular action in accordance with article 50 of the Political Constitution. For its part, ICE has the necessary passive standing insofar as, pursuant to numeral 12 of the CPCA, it is one of the entities to which a series of omissions is imputed, specifically related to an impact on the environment in the Térraba Indigenous Reserve on the occasion of the investigation and execution of the PHD, and against which a series of condemnation claims is sought. Likewise, it is evident that the matter is of interest, as what is alleged are impacts on the environment. The defense of lack of right must be partially granted and only insofar as it is not appropriate to order an environmental assessment of the PHD, nor immediately, nor solely in the indigenous territory of Térraba, just as it is also not appropriate to order it through a Strategic Environmental Assessment. It is also granted insofar as it is improper and unnecessary to order the adoption of a Remedial Plan or Compensatory Measures because the existence of environmental impacts or damages in the Térraba Indigenous Reserve on the occasion of ICE's actions relating to the PHD has not been demonstrated. In all other respects, it is rejected, as it is this Court's criterion that ICE should be ordered that, if it decides, in the short, medium, or long term, to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the PHD, it must initiate the respective environmental assessment procedure under the regulations in force at the time of filing its application and that Nombre139474 must define the environmental assessment instrument that must be required, taking into account the parameters established by the legal system for the purposes of that classification, as well as the environmental significance of the impactful works or activities to be carried out. Likewise, ICE must seek from the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as tree felling, earthworks (movimiento de tierras), excavations, construction of works in riverbeds such as dikes or gabion walls. We also consider it necessary to set limits on the exercise of ICE's administrative power and to order it that, as long as the prior, free, and informed indigenous consultation of the Térraba indigenous people has not been carried out and the environmental assessment instrument corresponding to the activities to be carried out is not in place, it must refrain from adopting any administrative conduct, whether relating to the investigation phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve. For its part, the State raised the defenses of lack of active standing, which must be rejected for the same reasons set forth supra regarding ICE; lack of passive standing which must likewise be rejected since omissions by the competent body in environmental assessment matters are claimed and it is sought that the State be ordered to take specific conduct and face specific condemnations; and lack of interest, which we also reject for the reasons indicated supra. The lack of right is granted except insofar as Nombre139474 is ordered that, if ICE should decide in the short, medium, or long term to resume the investigation phase of the PHD, it must define the environmental assessment instrument that must be required, taking into account the parameters established by the legal system for the purposes of that classification, as well as the environmental significance of the impactful works or activities to be carried out; and that as long as the prior, free, and informed indigenous consultation of the Térraba indigenous people has not been carried out and the environmental assessment instrument corresponding to the activities to be carried out is not in place, it must refrain from adopting any administrative conduct, whether relating to the investigation phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve. Consequently, the lawsuit must be partially granted, in the terms already set forth.

XV.- On costs. In accordance with numeral 193 of the CPCA, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. Exemption from this condemnation is only viable when there is, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence the existence of which was unknown to the opposing party. The same exemption is imposed when the so-called "plus petitio" occurs, that is, pursuant to canon 194.1 of the CPCA, when the difference between what was claimed and what was obtained exceeds 15%, unless the bases of the claim are provisional or their determination depends on judicial discretion or expert opinion. In the instant case, the Court considers that this proceeding should be terminated without special condemnation in costs for various reasons. First, given the reciprocal defeat of the parties; but also, in consideration of the technical and legal complexity of the matter. This is a proceeding that involved a significant number of hearings and evidence to be taken and evaluated, as well as the fact that the issues involved required extensive analysis. Additionally, we are of the opinion that the positions expressed by each involved party, both the plaintiffs and the defendants and the third party who acted without its own claims, reflect good faith and sufficient reason to exercise the defense of their respective positions. Consequently, this Chamber considers, for the reasons stated, that the proper course is to resolve this matter without special condemnation in costs, as is hereby done.

THEREFORE

Ex officio, a lack of current interest in the third-party proceeding without its own claims filed by Nombre96534 is declared, and that action is rejected outright. The defenses of lack of standing, both active and passive, as well as the defense of lack of current interest raised by the Costa Rican Electricity Institute and the State are rejected. The defense of lack of right raised by both defendants is granted only insofar as it is not appropriate to order, immediately, an environmental assessment of the El Diquís Hydroelectric Project, nor solely for the indigenous territory of Térraba, just as it is also not appropriate to order it through a Strategic Environmental Assessment. It is also granted insofar as it is improper and unnecessary to order the adoption of a Remedial Plan or Compensatory Measures because the existence of environmental damages in the Térraba Indigenous Reserve on the occasion of the actions of the Costa Rican Electricity Institute or the State relating to the El Diquís Hydroelectric Project has not been demonstrated. In all other respects it is rejected. Consequently, the lawsuit is declared partially with merit in the following terms, it being understood to be denied in what is not expressly granted: 1) The Costa Rican Electricity Institute is ordered that, if it decides in the short, medium, or long term, to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, it must initiate the respective environmental assessment procedure under the regulations in force at the time of filing its application. 2) The National Technical Secretariat for the Environment is ordered that, if the investigation phase to which we have referred resumes, it must define the environmental assessment instrument that must be required of ICE in accordance with the provisions of the legal system in force and taking into account the parameters established for the purposes of that classification, as well as the environmental significance of each of the impactful works or activities to be carried out. 3) The Costa Rican Electricity Institute is ordered that, if it decides in the short, medium, or long term, to reopen or resume the geological investigation phase at the Térraba Site prior to the execution of the El Diquís Hydroelectric Project, it must seek from the competent entities and bodies the authorizations or permits that the legal system requires to carry out activities such as tree felling, earthworks (movimiento de tierras), excavations, construction of works in the riverbed such as dikes or gabion walls. 4) Both defendants are ordered that as long as the prior, free, and informed indigenous consultation of the Térraba indigenous people has not been carried out and the environmental assessment instrument corresponding to the activities to be carried out is not in place, they must refrain from adopting any administrative conduct, whether relating to the investigation phase or the investment phase of the PHD, that could affect the environment or the biodiversity of that Indigenous Reserve. 5) This matter is resolved without special condemnation in costs.


Cynthia Abarca Gómez

Silvia Consuelo Fernández Brenes                                             Christian Hess Araya

EXPEDIENTE: 11-001691-1027-CA

PREFERENTIAL PROCEEDING

PLAINTIFFS: Nombre139472

DEFENDANTS: THE COSTA RICAN ELECTRICITY INSTITUTE, THE STATE

INTERESTED THIRD PARTY WITHOUT ITS OWN CLAIMS: Nombre96534

Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 07:41:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República