Res. 00053-2016 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Illegal timber transportation does not require proof of exact place of originMovilización ilícita de madera no requiere acreditar lugar exacto de origen

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00053 - 2016

Fecha de la Resolución: 09 de Marzo del 2016 a las 15:21

Expediente: 15-000225-1259-PE

Redactado por: Lucila Monge Pizarro

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Movilización ilícita de madera
Subtemas:
Excepción de permiso de corta no incluye el certificado de origen.
Imposibilidad exigir que en el requerimiento fiscal se indique el lugar exacto de procedencia del producto.
Temas (descriptores): Tala de árboles
Subtemas:
Excepción de permiso de corta no incluye el certificado de origen.
Temas (descriptores): Acusación
Subtemas:
Improcedente exigir que en el requerimiento fiscal formulado en procesos por transporte ilegal de madera se indique el lugar exacto de procedencia del producto.

Temas estratégicos: Ambiental

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Texto de la resolución

*150002251259PE*

 

VOTO 53-16

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, a las quince horas veintiun minutos  de nueve de marzo de dos mil dieciséis.

          Recurso de apelación interpuesto en la presente causa número 15-000225-1259-PE seguida contra [Nombre1]   , cédula de identidad número CED1, nació el 13 de junio de 1972, hijo de [Nombre2]   y [Nombre3]  , por el delito de TRANSPORTE ILEGAL DE MADERA en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso las juezas [Nombre4] Lucila Monge Pizarro, Cynthia Dumani Stradtmann y el juez Gerardo Rubén Alfaro Vargas. Se apersonó en esta sede, la licenciada [Nombre5]  , representante del Ministerio Público.

                                                    RESULTANDO

           1.- Mediante sentencia n.°173-2015 de ocho horas diez minutos de veintinueve de junio de dos mil quince, el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto artículos 39 y 41 de la Constitución Política, en relación con los artículos 21, 4, 9, 142, 184, 266, 300, 365, 366, inciso a 313-340-367 del Código Procesal  Penal, SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR DE [Nombre1]    POR EL DELITO DE TRANSPORTE DE MADERA OFENDIDO LOS RECURSOS NATURALES. Sin especialidad en condenatoria en costas. Una vez firme la sentencia inscríbase en el Registro Judicial. Quedan notificadas las partes en forma oral. La grabación del debate y la sentencia oral queda a disposición de las partes en disco DVD para lo que a bien tengan disponer. GUSTAVO GILLEN BERMÚDEZ JUEZ DE FLAGRANCIA". (sic). 

          2.- Contra el anterior pronunciamiento, la licenciada [Nombre5]  , representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación.

           3.- Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

           4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza [Nombre6] ; y,                

CONSIDERANDO

          ÚNICO.- La representación fiscal interpuso recurso de apelación contra la sentencia número 173-15 de las ocho horas diez minutos de veintinueve de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, que sobreseyó en forma definitiva al imputado [Nombre7]   Nipote del delito de transporte ilegal de madera, previsto y sancionado en el artículo 56 de la Ley Forestal, por estimar que la conducta investigada por el Ministerio Público era atípica, en virtud de que no se acreditó que la madera transportada proviniera de un bosque o plantación, en los términos que lo conceptualiza esa misma Ley. El juez estimó que, como en la inspección de campo consignada en el oficio 009-15 (folios 17 y 18) realizada por el MINAE, se establece que la troza de la especie maderable guapinol, que en apariencia transportaba el imputado, provenía de una propiedad privada, que era un potrero destinado a la ganadería, procedía el dictado de un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, por faltar uno de los elementos normativos del tipo penal y por ende estar ante una conducta atípica. Refiere la fiscala que de lo dispuesto en los artículos 3, 19 a 27 y 33 a 35 de la Ley Forestal, se deriva que se restringe la corta de árboles en terrenos privados, en los casos en que se trate de terrenos destinados a la agricultura y sin bosque. Señala que si la Ley establece límites y sanciones para autorizar la tala de árboles en terreno privado, tal como la solicitud de permisos, dichos requisitos no se eliminan cuando se busca por parte del sujeto activo realizar el aprovechamiento de la madera, procediendo a contratar a terceras personas o trasladando de forma personal una troza de madera de un terreno privado para su procesamiento. Sostiene que la sentencia no hace un análisis sistemático de las normas, lo cual constituye una clara afectación a los recursos naturales y a la persecución penal correspondiente, pues constituye un portillo para que el sujeto activo que transporte madera de una finca privada no boscosa sea eximido de su sanción. Con lugar el reclamo. Esta Cámara de Apelación ya se ha referido al tema en cuestión, específicamente en la sentencia número 75-15 de dieciséis horas veinte minutos de veintinueve de abril de dos mil quince, se señaló: " En la especie, el juzgador consideró que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa procesal, afirmando que esta no era precisa, circunstanciada y específica, pues omitió indicar el lugar de procedencia de la madera decomisada, lo que resulta necesario, según su criterio, para determinar si es aplicable el artículo 63 inciso a) en relación con el 56 de la Ley Forestal. Consideró asimismo que no existía prueba sobre la procedencia de la madera y que tal vacío probatorio no podría superarse remitiendo la causa a juicio, pues la investigación había concluido. No comparte esta Cámara la apreciación del a quo sobre la ineficacia de la acusación, que fue transcrita en el acta de la audiencia inicial (ver folio 7 frente) y oralmente se expuso al dictar sentencia. Esta describe en forma clara y circunstanciada los hechos atribuidos al imputado [Nombre8]  , los que este voluntariamente aceptó al solicitar la aplicación del procedimiento especial abreviado. Exigir que en los requerimientos fiscales formulados en procesos por transporte ilegal de madera se indique el lugar exacto de procedencia del producto, vedaría al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en un sinnúmero de casos, con la consiguiente impunidad y afectación al ambiente, pues es sabido que este delito –el transporte o movilización de la madera- resulta esencial en la cadena de destrucción de los recursos forestales, al ser el que permite en última instancia el aprovechamiento de los productos ilícitamente obtenidos. Siguiendo el razonamiento del a quo, solo podría perseguirse el hecho si se conoce el lugar preciso de origen de la madera, sin embargo el artículo 56 de la Ley Forestal sanciona la acción del transporte o movilización realizada sin contar con las autorizaciones correspondientes, sea que provenga de un bosque o que haya sido plantada, circunstancia que podrá acreditarse, por supuesto, por cualquier medio probatorio permitido (artículo 182 del Código Procesal Penal) incluyendo la prueba indiciaria. Dispone la norma: "Movilización de madera . No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva”. Para entender el tipo objetivo es importante tener presente que no solo los árboles provenientes de un “bosque” o una “plantación forestal” reciben la tutela del ordenamiento jurídico. El artículo 27 dispone que podrán aprovecharse, en terrenos sin bosque, hasta tres árboles por hectárea “…después de obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental”, y si la tala sobrepasa los diez árboles por inmueble “…se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado”. Lo anterior revela que los permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de árboles maderables no se exigen únicamente cuando los mismos procedan de un bosque o de una plantación forestal. Siempre en torno a la necesidad de contar con permiso para el transporte, el artículo 31 de la ley en comentario indica: “ Permiso para trasegar. Para sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un CED2   expedido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona. En caso de que este documento sea expedido por el regente forestal, la copia deberá contar con el CED3   de la Administración Forestal del Estado…”. Según lo expuesto, si bien el artículo 28 de la Ley Forestal exime de la necesidad de obtener permiso para la corta o el transporte de madera cuando se trate de árboles procedentes de plantaciones forestales o que hayan sido plantados individualmente, sí deberá contarse con el CED2   exigido en el numeral 31 de previa cita. Así lo ha entendido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al señalar: “Considera esta Sala, que, con base en la lectura integrada de estas normas, debe interpretarse que, la madera cortada de plantaciones, como la del presente caso, no requerirán permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Forestal. Sin embargo, ello no exime al propietario de la madera y al transportista, de portar consigo los documentos que acrediten el origen de dicha madera, tal como lo ordena el artículo 31 del mismo cuerpo legal, siendo a esa documentación a la que se refiere el artículo 56. Debe tenerse claro que, si bien no se requiere permiso estatal para cortar o trasportar la madera, sí se exige la expedición de un CED2   para que circule de un sitio a otro, ello con el fin, como es lógico suponer, de garantizar la procedencia legítima de la madera…” (Sala Tercera, resolución 2014-01043 de las 10:13 horas del 27 de junio de 2014). Por otra parte, del mismo modo que no cabe entender cuando la Ley  utiliza el término “forestal” que se refiere necesariamente a bosques, como lo han analizado los tribunales nacionales (cfr. voto 2013-00385 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer  Circuito Judicial de Alajuela, sección primera, de 14:45 horas del 26 de junio de 2013; y voto [Telf1] del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José,  de 11:15 horas del 23 de diciembre de 2010); tampoco la palabra “plantación” alude, necesariamente, al concepto de “plantación forestal” en los términos del artículo 3 inciso f) de la citada Ley, que la define como: “Terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera”. El vocablo “plantación” según el Diccionario de la Lengua Española se refiere tanto a la acción y efecto de plantar (primera acepción), como a la finca o conjunto de lo plantado (segunda acepción), así como al terreno en el que se cultivan plantas de una misma clase (tercera acepción). Una interpretación amplia del concepto “plantación” es la que se impone, de conformidad con los fines de la Ley Forestal y el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables que consagra su artículo primero. Y es que como se indicó, la ley de referencia no solo tutela la corta y explotación de árboles y recursos procedentes de bosques y plantaciones forestales. En su artículo 61 inciso a)  sanciona la corta y aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada que se realice sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, sin requerir el tipo penal que procedan de un bosque o plantación forestal; a su vez el artículo 61 inciso d) tipifica como delito el transporte de productos forestales sustraídos de una propiedad privada, igualmente sin hacer referencia a los conceptos de bosque o plantación. Concluir entonces que solo es sancionable el transporte de madera si se demuestra que procede de un bosque o una plantación forestal en los términos definidos en el artículo 3 de la Ley antedicha, es erróneo. El transporte de madera sin los permisos de corta exigidos en las distintas normas, o los certificados de origen en su caso, se tipifica como delito conforme a lo establecido en el numeral 63 inciso a) en relación con el artículo 56, que prohíbe la movilización de la madera, ya sea en trozas, escuadrada o aserrada, “si no se cuenta con la documentación respectiva”. Madera que puede provenir de un bosque o  plantación en sentido amplio, ya se trate de una “plantación forestal” como la define el artículo 3 inciso f), o de árboles plantados en propiedad privada individualmente, o en dimensiones menores que las establecidas en el numeral 3 de repetida cita. De lo anterior se colige que, además de las plantaciones forestales definidas expresamente por la ley, existen otras formas de plantación de especies maderables cuya conservación y protección también cae dentro de las previsiones legales. Y si bien la normativa invocada por el Ministerio Público y con base en la cual se pactó el procedimiento abreviado permite diversas interpretaciones, no se puede concluir que el hecho acusado sea atípico, o que la acusación sea ineficaz, por la sola circunstancia de que no se indicara el lugar de origen de la madera decomisada."  El criterio expuesto se mantiene por esta integración del Tribunal y se estima entonces que para el transporte de madera se requiere contar con la documentación respectiva, que dependerá de cada supuesto (CED4   , CED2  , etc.) lo cual deriva de una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los diversos artículos de la Ley Forestal indicados, a través de los cuales se pretende una protección integral del recurso forestal. El transporte de la madera es una actividad esencial para su aprovechamiento y comercialización, razón por la cual el legislador decidió asegurar una forma de controlar que las trozas transportadas provengan de una tala o aprovechamiento debidamente autorizado. Si no fuese así, bastaría con que el transportista indicara que la madera no proviene de un bosque ni de una plantación para que se le eximiera de toda responsabilidad. Por lo expuesto, se acoge el recurso planteado por el Ministerio Público, se anula la sentencia recurrida y en su lugar se ordena el reenvío para una nueva sustanciación.

POR TANTO

          Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público. Se anula la sentencia recurrida y se ordena el reenvío para una nueva sustanciación. NOTIFÍQUESE.

 

 

LUCILA MONGE PIZARRO

 

CYNTHIA DUMANI STRADTMANN      GERARDO  RUBÉN ALFARO VARGAS        

 

JUEZAS Y JUEZ DE APELACIÓN DE SENTENCIA

 

  

EXP: 15-000225-1259-PE

 

Circuito Judicial de Santa Cruz, [Dirección1] ,   Teléfonos: [Telf2]. Fax: [Telf3]. Correo electrónico: [...]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:02:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE 53-16

CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, at fifteen hours twenty-one minutes on nine March two thousand sixteen.

Appeal filed in the present case number 15-000225-1259-PE against [Name1], identity card number CED1, born 13 June 1972, child of [Name2] and [Name3], for the crime of ILLEGAL TRANSPORT OF WOOD to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges [Name4] Lucila Monge Pizarro, Cynthia Dumani Stradtmann, and Judge Gerardo Rubén Alfaro Vargas participate in the decision of the appeal. The licensed attorney [Name5], representative of the Public Prosecutor's Office, appeared at this venue.

WHEREAS

1.- By judgment no. 173-2015 of eight hours ten minutes on twenty-nine June two thousand fifteen, the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, in relation to Articles 21, 4, 9, 142, 184, 266, 300, 365, 366, subparagraph a 313-340-367 of the Criminal Procedure Code, a DEFINITIVE DISMISSAL IS ISSUED IN FAVOR OF [Name1] FOR THE CRIME OF TRANSPORT OF WOOD, OFFENDED PARTY NATURAL RESOURCES. Without specialty in costs award. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry. The parties are notified orally. The recording of the debate and the oral judgment are available to the parties on DVD disc for whatever purpose they deem appropriate. GUSTAVO GILLEN BERMÚDEZ FLAGRANCY JUDGE". (sic).

2.- Against the preceding pronouncement, the licensed attorney [Name5], representative of the Public Prosecutor's Office, filed an appeal.

3.- Having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.

4.- The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge [Name6]; and,

WHEREAS

ONLY.- The prosecutorial representation filed an appeal against judgment number 173-15 of eight hours ten minutes on twenty-nine June two thousand fifteen, issued by the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, which definitively dismissed the accused [Name7] Nipote of the crime of illegal transport of wood, as provided and sanctioned in Article 56 of the Forestry Law (Ley Forestal), considering that the conduct investigated by the Public Prosecutor's Office was atypical, by virtue of the fact that it was not proven that the transported wood came from a forest (bosque) or plantation, in the terms conceptualized by that same Law. The judge considered that, since the field inspection set out in official communication 009-15 (folios 17 and 18) carried out by MINAE established that the log of the timber species guapinol, which in appearance the accused was transporting, came from a private property that was a pastureland (potrero) destined for cattle ranching, a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) in favor of the accused was appropriate, because one of the normative elements of the criminal offense was lacking and, therefore, it was an atypical conduct. The prosecutor states that from the provisions of Articles 3, 19 to 27, and 33 to 35 of the Forestry Law, it is derived that the felling (corta) of trees on private land is restricted in cases involving land destined for agriculture and without forest. She points out that if the Law establishes limits and sanctions for authorizing tree felling on private land, such as the request for permits, these requirements are not eliminated when the active subject seeks to carry out the timber harvesting, proceeding to contract third parties or personally moving a log of wood from private land for processing. She maintains that the judgment does not make a systematic analysis of the rules, which constitutes a clear impact on natural resources and the corresponding criminal prosecution, as it constitutes a loophole for the active subject who transports wood from a non-forested private property to be exempted from penalty. The claim is upheld. This Appeals Chamber has already addressed the issue at hand, specifically in judgment number 75-15 of sixteen hours twenty minutes on twenty-nine April two thousand fifteen, it was stated: "In the case, the judge considered that the accusation did not meet the requirements established in procedural regulations, affirming that it was not precise, detailed, and specific, since it omitted to indicate the place of origin of the seized wood, which is necessary, in his view, to determine if Article 63, subsection a) in relation to Article 56 of the Forestry Law is applicable. He also considered that there was no proof of the origin of the wood and that such evidentiary gap could not be overcome by remitting the case to trial, since the investigation had concluded. This Chamber does not share the a quo's appreciation regarding the ineffectiveness of the accusation, which was transcribed in the initial hearing record (see folio 7 front) and was stated orally when issuing judgment. This describes in a clear and detailed manner the facts attributed to the accused [Name8], which he voluntarily accepted when requesting the application of the special abbreviated procedure. Requiring that the prosecutorial requests (requerimientos fiscales) formulated in proceedings for illegal transport of wood indicate the exact place of origin of the product would bar the Public Prosecutor's Office from exercising criminal action in countless cases, with the consequent impunity and impact on the environment, since it is well known that this crime—the transport or movement (movilización) of wood—is essential in the chain of destruction of forest resources, as it ultimately enables the use of the illicitly obtained products. Following the reasoning of the a quo, the act could only be prosecuted if the precise place of origin of the wood is known, however, Article 56 of the Forestry Law punishes the action of transport or movement carried out without the corresponding authorizations, whether it comes from a forest or has been planted, a circumstance that may be proven, of course, by any permitted evidentiary means (Article 182 of the Criminal Procedure Code), including circumstantial evidence. The provision states: 'Movement of wood (Movilización de madera). Wood in logs, squared or sawn, coming from a forest or from a plantation, may not be moved if the respective documentation is not held'. To understand the objective offense, it is important to bear in mind that not only trees coming from a 'forest' or a 'forest plantation (plantación forestal)' receive the protection of the legal system. Article 27 provides that, on land without forest, up to three trees per hectare may be harvested '…after obtaining authorization from the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental)', and if the felling exceeds ten trees per property '…authorization from the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado) will be required'. The foregoing reveals that permits and authorizations for the harvesting of timber trees are not required only when they come from a forest or a forest plantation. Always concerning the need to have a permit for transport, Article 31 of the law under discussion indicates: 'Permit for transit (Permiso para trasegar). To remove from the property to any part of the national territory, wood in logs, squared or sawn, coming from forest plantations, a CED2 issued by the forest regent (regente forestal) or the Regional Environmental Council of the area will be required. In the event that this document is issued by the forest regent, the copy must bear the CED3 of the State Forestry Administration…'. As stated, although Article 28 of the Forestry Law exempts from the need to obtain a permit for the felling or transport of wood when dealing with trees coming from forest plantations or that have been individually planted, the CED2 required in the previously cited numeral 31 must be held. The Third Chamber of the Supreme Court of Justice has understood it this way, stating: 'This Chamber considers that, based on an integrated reading of these norms, it must be interpreted that wood cut from plantations, as in the present case, will not require a felling, transport, industrialization, or export permit, in accordance with Article 28 of the Forestry Law. However, this does not exempt the wood owner and the transporter from carrying with them the documents proving the origin of said wood, as ordered by Article 31 of the same legal body, with that documentation being what Article 56 refers to. It must be clear that, although a state permit is not required to cut or transport the wood, the issuance of a CED2 is required for it to circulate from one place to another, for the purpose, as is logical to suppose, of guaranteeing the legitimate origin of the wood…' (Third Chamber, resolution 2014-01043 of 10:13 hours on 27 June 2014). On the other hand, just as it should not be understood, when the Law uses the term 'forestal' (forestry), that it necessarily refers to forests, as national courts have analyzed (cf. vote 2013-00385 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, first section, of 14:45 hours on 26 June 2013; and vote [Telf1] of the Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, of 11:15 hours on 23 December 2010); nor does the word 'plantation (plantación)' necessarily allude to the concept of 'forest plantation' in the terms of Article 3, subsection f) of the cited Law, which defines it as: 'Land of one or more hectares, cultivated with one or more forestry species whose main, but not sole, objective will be the production of wood'. The word 'plantación' according to the Dictionary of the Spanish Language refers both to the action and effect of planting (first meaning), as well as the property or set of what is planted (second meaning), and the land on which plants of the same class are cultivated (third meaning). A broad interpretation of the concept 'plantation' is what is required, in accordance with the purposes of the Forestry Law and the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources enshrined in its first article. An extensive interpretation of the concept 'plantation' is necessary, in accordance with the purposes of the Forestry Law and the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources established in its first article. And as indicated, the reference law not only protects the felling and exploitation of trees and resources coming from forests and forest plantations. In its Article 61, subsection a), it punishes the felling and harvesting of forest products on private property carried out without the permission of the State Forestry Administration, without the criminal offense requiring that they come from a forest or forest plantation; in turn, Article 61, subsection d) classifies as a crime the transport of forest products stolen from private property, likewise without referring to the concepts of forest or plantation. Therefore, concluding that transport of wood is only punishable if it is proven that it comes from a forest or a forest plantation under the terms defined in Article 3 of the aforementioned Law is erroneous. Transporting wood without the felling permits required by the different norms, or the certificates of origin (certificados de origen), as applicable, constitutes a crime in accordance with the provisions of numeral 63, subsection a) in relation to Article 56, which prohibits the movement of wood, whether in logs, squared, or sawn, 'if the respective documentation is not held'. Wood that may come from a forest or plantation in a broad sense, whether it is a 'forest plantation' as defined by Article 3, subsection f), or trees planted individually on private property, or in dimensions smaller than those established in the repeatedly cited numeral 3. From the foregoing it follows that, in addition to forest plantations defined expressly by law, there are other forms of planting timber species whose conservation and protection also fall within the legal provisions. And although the regulations invoked by the Public Prosecutor's Office, and on the basis of which the abbreviated procedure was agreed, allow for various interpretations, it cannot be concluded that the accused act is atypical, or that the accusation is ineffective, for the sole circumstance that the place of origin of the seized wood was not indicated." The exposed criterion is maintained by this panel of the Court, and it is therefore considered that for the transport of wood, it is necessary to have the respective documentation, which will depend on each situation (CED4, CED2, etc.), which derives from a harmonious and systematic interpretation of the provisions of the various articles of the Forestry Law indicated, through which integral protection of the forest resource is sought. The transport of wood is an essential activity for its use and commercialization, which is why the legislator decided to secure a means of controlling that the transported logs come from properly authorized felling or harvesting. If it were not so, it would suffice for the transporter to indicate that the wood does not come from a forest or a plantation to be exempted from all liability. For the foregoing reasons, the appeal filed by the Public Prosecutor's Office is upheld, the appealed judgment is annulled, and in its place, a remittal (reenvío) is ordered for new processing.

THEREFORE

The appeal filed by the representative of the Public Prosecutor's Office is declared upheld. The appealed judgment is annulled, and a remittal is ordered for new processing. NOTIFY.

LUCILA MONGE PIZARRO

CYNTHIA DUMANI STRADTMANN       GERARDO  RUBÉN ALFARO VARGAS

APPEALS JUDGES

EXP: 15-000225-1259-PE

Judicial Circuit of Santa Cruz, [Address1], Telephones: [Telf2]. Fax: [Telf3]. Email: [...]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:02:47.

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