Res. 00118-2016 Tribunal Agrario — Approval of possessory information on forested landAprobación de información posesoria sobre terrenos con cobertura boscosa

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00118 - 2016

Fecha de la Resolución: 10 de Febrero del 2016 a las 09:33

Expediente: 08-000299-0419-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad.
Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques.
Temas (descriptores): Posesión agraria
Subtemas:
Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad.
Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad.
Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques.
Temas (descriptores): Posesión forestal
Subtemas:
Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad.
Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques.
Temas (descriptores): Propiedad agraria forestal
Subtemas:
Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad.
Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

*080002990419AG*

  

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

 




DEMANDADO/A:

	

 

       

   

VOTO N°  118-F-16

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas y treinta y tres minutos del diez de febrero de dos mil dieciséis.-

             PROCESO DE INFORMACIÓN PO S ESORIA promovid o por [Nombre1]  , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Santo Domingo de Agua Buena de Coto Brus, cédula de identidad número CED1 -   -    . I nterviene n en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , representado por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta ; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica número CED2 -    -       - , representad o por su apoderada general judicial Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad número CED3 -    -   . Actúa como abogado director de la parte promovente, el licenciado Roger Santiago Mora Calderón, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número CED4 -     -    . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.-

RESULTANDO:

            1.- La parte promovente interpuso el presente proceso de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: "...terreno de potrero, montaña y una casa de habitación, ubicado en [Dirección1]         de la provincia de Puntarenas, el cual colinda al norte con [Nombre2]   y [Nombre3]   y calle pública con un frente a calle pública de  trescientos dieciséis metros con setenta y ocho centímetros  lineales, al sur: [Nombre4]  , [Nombre5]  , al este; [Nombre3]   y al oeste [Nombre6]  , tiene una cabida de ciento cincuenta y un hectáreas y mil ciento treinta y un metros veinticuatro decímetros cuadrados, según el plano catastrado número P ciento dieciséis ochocientos sesenta y uno tres- dos mil siete... " , (folios 7, 8, 61, 62, 75, 92, 104 y 137 vuelto).-

             2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos visibles a folio s 51 al 53, quien se opuso a las presentes diligencias. A su vez el Instituto de Desarrollo Rural, s e apersonó al proceso en los términos visibles a folio 54.-

            3 .- La jueza Marisel Zamora Arias, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores , mediante la sentencia N° 176-2015 de las quince horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince , resolvió: “POR TANTO:   De conformidad con lo expuesto se APRUEBAN las diligencias de Información Posesoria promovidas por el señor [Nombre1]  , en consecuencia se ordena al Registro Público inscribir a su nombre el terreno que se describe de la siguiente forma: terreno de potrero, montaña y una casa de habitación, ubicado en [Dirección1]         de la provincia de Puntarenas, el cual colinda al norte con [Nombre2]   y [Nombre3]   y calle pública con un frente a calle pública de  tresceintos (sic) dieciséis metros con setenta y ocho centímetros lineales, SUR: [Nombre4]  , [Nombre5]  , Este; [Nombre3]   y oeste [Nombre6]  , tiene una cabida de  ciento cincuenta y un hectárea (sic) y mil ciento treinta y un metros veinticuatro decímetros cuadrados, según el plano catastrado número P ciento dieciséis ochocientos sesenta y uno tres- dos mil siete. Se aclara que las Aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble ( pozos, etc) son de dominio público estatal y no forman parte de la finca ( Ley de aguas artículos 1,inciso a, y b y 3 inciso III ). Igualmente el área contigua a las corrientes constituye un área de protección según el articulo 33 inciso a) y b) de la Ley Forestal 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, el cauce y las aguas de esas corrientes don de dominio público( Ley de Aguas articulo 1 inciso IV y 3 inciso III.", ( folios 134 a 138 ). -

            4 .- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (folios 151 al 156).-

            5 .- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-  

Redacta el [Nombre7] Picado Vargas, y,

CONSIDERANDO:

            I.- Se prohíjan los hechos tenidos por demostrado al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

            II.- La Procuradora licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua apela el fallo dictado indicando en lo fundamental:  Que el terreno a titular tiene naturaleza montaña, cita la ley 4465 de 25 de noviembre de 1969 en la cual se establecía el patrimonio forestal del estado incluyendo las áreas de las reservas nacionales que tuvieran bosques, por lo que se trata de un bien de carácter demanial al amparo de los dispuestos por los ordinales 13 , 14 y 15 de la Ley Forestal 7575. Cita una serie de votos entre los que destaca el 4587-97. Indica, los bosques son parte del dominio público al formar parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que no podría titularse. Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias (folios 142 a 147).-

            III.-  No lleva razón la recurrente en su agravio de fondo. Este Tribunal ha venido a reforzar el criterio mantenido en los últimos años con reciente jurisprudencia en materia constitucional sobre la titulación de los terrenos con cobertura boscosa, como lo es en el reciente Voto No. 44-F-15 dictado a las 14:20 horas del 14 de enero del 2015, a saber:  "III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección2]        Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

            IV.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó el plano catastrado No. P-1168613-2007 (visible a folio 27) que describe un terreno de área repasto y montaña, lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles. No se encuentra dentro de ninguna área protegida (certificación visible a folio 34) y del reconocimiento judicial visible a folio 116 se determina que se dedica a bosque y charral con potreros abandonados, por lo que se determina que la promovente y su transmitente han dedicado el inmueble a la conservación y protección del bosque y determinación de linderos, lo cual concuerda con el estudio de suelos que indica que la finca se dedica a a actividad de regeneración natural y bosque primario (certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible a folio 4)  lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial citado, donde se indica que hay bosque debidamente cuidado. En cuanto al tema de la posesión, En este caso se recibió el testimonio de [Nombre8]  , [Nombre9]   y [Nombre10]   a folio 115, de cuyas declaraciones se desprende que la promovente demostró, sumada la posesión de sus anteriores transmitentes, haber poseído dicho inmueble, por más de diez años, con todos los atributos del dominio y además claramente protegió el recurso forestal existente en el inmueble. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

            Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

 

 

	

HWSSZOL0QAU61

[Nombre11]    -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

GTIBIJS7CWQ61

[Nombre12] –

JUEZ/A DECISOR/A

	

2ZQGUXVN7E461

[Nombre13]   –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección3] ,     , [Dirección4]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf2]. Fax: [Telf3] ó [Telf4]. Correo electrónico: [...]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:28:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Agrarian Tribunal

Resolution No. 00118 - 2016

Date of Resolution: February 10, 2016, at 09:33

Expediente: 08-000299-0419-AG

Drafted by: Carlos Adolfo Picado Vargas

Type of matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Type of content: Majority vote
Topics (descriptors): Agrarian possessory information
Subtopics:
Considerations regarding ecological possession (posesión ecológica), forest possession (posesión forestal), agrarian possession (posesión agraria), and forms of property.
Approval of possessory information on lands consisting of forests.
Topics (descriptors): Agrarian possession (posesión agraria)
Subtopics:
Considerations regarding ecological possession (posesión ecológica), forest possession (posesión forestal), agrarian possession (posesión agraria), and forms of property.
Approval of possessory information on lands consisting of forests.
Topics (descriptors): Ecological possession (posesión ecológica)
Subtopics:
Considerations regarding ecological possession (posesión ecológica), forest possession (posesión forestal), agrarian possession (posesión agraria), and forms of property.
Approval of possessory information on lands consisting of forests.
Topics (descriptors): Forest possession (posesión forestal)
Subtopics:
Considerations regarding ecological possession (posesión ecológica), forest possession (posesión forestal), agrarian possession (posesión agraria), and forms of property.
Approval of possessory information on lands consisting of forests.
Topics (descriptors): Agrarian forest property
Subtopics:
Considerations regarding ecological possession (posesión ecológica), forest possession (posesión forestal), agrarian possession (posesión agraria), and forms of property.
Approval of possessory information on lands consisting of forests.
Decisions in the same sense


Text of the resolution

 

*080002990419AG*

  

EXPEDIENTE:

	
EXPN1




PROCESS:

	
INFORMACIÓN POSESORIA




PLAINTIFF:

	
 


DEFENDANT:

	
 

       

   

VOTE No. 118-F-16

 

TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At nine hours and thirty-three minutes of the tenth of February, two thousand sixteen.-

             POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING brought by [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of Santo Domingo de Agua Buena de Coto Brus, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, qualifications unknown in the case file, in her capacity as deputy procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal entity number CED2 -   -   , represented by its general judicial attorney-in-fact Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced once, attorney, resident of Guachipelín, Escazú, identity card number CED3 - - . Acting as directing attorney for the petitioner is attorney Roger Santiago Mora Calderón, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card number CED4 - - . Processed before the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of the Zona Sur, Corredores.-

WHEREAS:

            1.- The petitioner filed this possessory information proceeding so that, through this channel, the property described as follows may be recorded in the Public Property Registry: "...land consisting of pastureland, forest (montaña) and a dwelling house, located in [Dirección1] of the province of Puntarenas, which is bounded on the north by [Nombre2] and [Nombre3] and a public road with a frontage onto a public road of three hundred sixteen meters and seventy-eight linear centimeters, on the south: [Nombre4] , [Nombre5] , on the east; [Nombre3] and on the west [Nombre6] , with an area of one hundred fifty-one hectares and one thousand one hundred thirty-one meters twenty-four square decimeters, according to cadastral plan number P one hundred sixteen eight hundred sixty-one three - two thousand seven..." , (folios 7, 8, 61, 62, 75, 92, 104 and 137 verso).-

            2.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding in the terms visible at folios 51 to 53, opposing the present proceedings. In turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding in the terms visible at folio 54.-

            3.- Judge Marisel Zamora Arias, of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of the Zona Sur, Corredores, by judgment No. 176-2015 issued at fifteen hours and forty minutes of the twenty-third of November, two thousand fifteen, resolved: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, the possessory information proceedings brought by Mr. [Nombre1] are APPROVED; consequently, the Public Registry is ordered to register in his name the land described as follows: land consisting of pastureland, forest (montaña) and a dwelling house, located in [Dirección1] of the province of Puntarenas, which is bounded on the north by [Nombre2] and [Nombre3] and a public road with a frontage onto a public road of three hundred (sic) sixteen meters and seventy-eight linear centimeters, SOUTH: [Nombre4] , [Nombre5] , East; [Nombre3] and west [Nombre6] , with an area of one hundred fifty-one hectares (sic) and one thousand one hundred thirty-one meters twenty-four square decimeters, according to cadastral plan number P one hundred sixteen eight hundred sixty-one three - two thousand seven. It is clarified that the surface and underground waters existing on the property (wells, etc.) are state public domain and do not form part of the property (Water Law articles 1, subsection a, and b and 3 subsection III). Likewise, the area adjacent to watercourses constitutes a protection area pursuant to article 33 subsection a) and b) of the Ley Forestal 7575, and the cutting or elimination of trees is prohibited; the channel and the waters of those watercourses are public domain (Water Law article 1 subsection IV and 3 subsection III).” (folios 134 to 138).-

            4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy procurator, filed an appeal with express indication of the grounds on which she bases her challenge to the lower court's thesis (folios 151 to 156).-

            5.- In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of causing the nullity of the judgment are noted.-

Drafted by [Nombre7] Picado Vargas, and,

WHEREAS:

            I.- The facts held as proven are adopted, being a faithful reflection of what occurred in the case file.

            II.- The Procurator, attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, appeals the judgment rendered, indicating fundamentally: That the land to be titled is of a forest nature, citing Law 4465 of November 25, 1969, which established the state forest patrimony including the areas of national reserves that contained forests, thus it is a demanial asset under the provisions of articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575. She cites a series of decisions, highlighting decision number 4587-97. She indicates that forests are part of the public domain as they form part of the Natural Patrimony of the State, so they cannot be titled. She claims as a grievance that the witnesses' statements do not demonstrate ten-year possession suitable for adverse possession (usucapir) attributable to its owner and requests reversal to decree the disapproval of these proceedings (folios 142 to 147).-

            III.- The appellant is not correct in her fundamental grievance. This Tribunal has come to reinforce the criterion maintained in recent years with recent constitutional jurisprudence on the titling of lands with forest cover (cobertura boscosa), as in the recent Vote No. 44-F-15 issued at 14:20 hours of January 14, 2015, namely: "III.- While it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered with forest, without private occupation, were part of the national reserves, such public domain designation has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 reformed article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to allow adverse possession on lands covered with forest, but by demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource, for more than ten years, with transmitted possession being able to be utilized (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The Tribunal Agrario held the criterion that such possession must be of a personal nature, but the Sala declared that criterion unconstitutional. Therefore, the Tribunal has rectified the criterion in subsequent decisions, indicating: "V.- Regarding the appellant's claim that the lower court judge commits an error in applying article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of article 1 of that Law, this Tribunal considers he is incorrect, as the cited article 7 was not declared unconstitutional; rather, it was the interpretation that this Tribunal had been making regarding not counting possession exercised by previous transferors that was declared unconstitutional. Hence, with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being in force, the petitioner must demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wild area, as indicated by the Sala Constitucional in decision No. 4587-97 (published in Boletín Judicial No. 188 of October 1, 1997). It is important to mention that the law is not being applied retroactively either, as the appellant claims, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In this sense, it is important to note what the Sala Constitucional stated in this regard in the cited decision: '…Article 7, first paragraph, of the challenged Ley de Informaciones Posesorias, whose text predates the latest reform by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real property included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the title applicant must demonstrate having exercised ten-year possession for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling a real property that has been designated as public domain by the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now appropriate to determine whether, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for adverse possession, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for adverse possession, set in article 860 of the Civil Code for the generality of cases where ownership of real property is sought to be acquired by positive prescription. The extension of the period that the plaintiff alleges as infringing the right to property does not occur, because given the nature of the property to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must elapse before the designation of the property to the public domain. That is, the declaration of a protected wild area prevents subsequent possession from counting and prevents the fulfillment of the requirements for adverse possession if, at that time, the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession under the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of being exercised as owner, necessary for possession ad usucapionem. Recall that property designated to the public domain, whatever its specifications, is not susceptible to acquisition by adverse possession if, before the designation, the necessary conditions for the acquisition of the right did not occur. In this sense, the challenged provision, despite appearing to regulate a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code, and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the norm does not establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the demanial condition of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession that could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest.' (Tribunal Agrario, No. 173 of 16:29 hours of March 31, 2003). IV.- Thus, the possessor who seeks to acquire by adverse possession land covered with forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (original or transmitted) and having conserved the forest resource. This criterion was recently ratified by the Sala Constitucional in Vote No. [Telf1], of 9 hours of January 7, 2015, in response to a judicial constitutional query related to titling in the national reserves: "VI.- THE TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the query submitted for consideration, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves and that of Patrimonio Natural del Estado, formerly called Patrimonio Agrícola del Estado. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called Patrimonio Agrícola del Estado, based on a conception of agrarian property as originating from the Nation. The Patrimonio Agrícola del Estado comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by denouncement or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, islands, the border strip, the strips of navigable rivers, and the National [Dirección2] (articles 7 to 10). That is, the Patrimonio comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves in article 11, by indicating that 'Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or of Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services.' From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, such as lands with agricultural, livestock, or forestry vocation, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the Patrimonio Agrícola del Estado, were susceptible to legal recognition. Private individuals achieved such recognition through possessory information proceedings, or through the instrument created via Multiple Land Titling, subsequently called 'Titling of Lands Located in the National Reserves.' Later, the Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduces the concept of Patrimonio Forestal del Estado, conferring the forestry administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that time, the Public Administration realized that within the so-called 'national reserves,' both regimes coexisted, leading to the signing in 1972 of an agreement between representatives of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (upon which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización, and the Instituto Costarricense de Turismo, which precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (MAG-ITCO-ICT Agreement, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of the national reserves with agricultural-livestock vocation to the Instituto de Tierras y Colonización, the body responsible for parceling and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), indicating that they form part of the natural patrimony of the State and establishing their lifetime tenure (carácter irreductible) (articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of Patrimonio Natural del Estado, even clarifying what it comprises of the national reserves: 'The natural patrimony of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real property that secures credit operations with the National Banking System and becomes part of its patrimony. The Ministerio del Ambiente y Energía shall administer the patrimony.' The foregoing excludes from the natural patrimony of the State, due to not being forest land, the lands with agricultural-livestock aptitude that remain part of the national reserves and susceptible to adverse possession by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996 modified article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to authorize adverse possession, and therefore registration through possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), for lands belonging to the national reserves with forestry vocation, and even lands in private possession that fell within some category of protected wild area (Patrimonio Natural del Estado), provided that ten-year possession prior to the creation date of the respective area was demonstrated and that the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de Tierras (subsequently, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to streamline the titling proceedings for agrarian possessors who had completed a short adverse possession period (first of three and then of five years), so they could obtain a property title and have access to land, agrarian credit, and decent housing. This is without prejudice to third parties with better right, understood as those private individuals who may have exercised a better right of possession action within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would become fully consolidated, as the negative prescription period was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later the Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private individuals (as the requirement was that in the delimited geographic zone, at least 20% of the lands had no registered title in the public registry). Consequently, this meant that the title granted by ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to recover possession (reivindicar), as established by the same norm, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period." (END OF CITATION).

            IV.- In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its articles 1, 6, and 7, is held to be proven. Indeed, the title applicant provided cadastral plan No. P-1168613-2007 (visible at folio 27), which describes a land with pasture (repasto) and forest (montaña) areas, meaning they have been dedicated to sustainable activities. It is not located within any protected area (certification visible at folio 34), and from the judicial view (reconocimiento judicial) visible at folio 116, it is determined that it is dedicated to forest and scrub (charral) with abandoned pastures (potreros), so it is determined that the petitioner and her transferor have dedicated the property to the conservation and protection of the forest and boundary determination, which agrees with the soil study indicating that the property is dedicated to natural regeneration activity and primary forest (certification from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible at folio 4), which means that, far from affecting the resource, sustainable agroforestry activity has occurred, thus it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the cited judicial view record, where it is indicated that there is a properly cared-for forest. Regarding the matter of possession, in this case, the testimony of [Nombre8], [Nombre9], and [Nombre10] was received at folio 115, from whose statements it follows that the petitioner demonstrated, adding the possession of her previous transferors, having possessed said property for more than ten years, with all the attributes of ownership and furthermore clearly protected the forest resource existing on the property. Hence, the appellant is incorrect in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

THEREFORE:

            The appealed judgment is confirmed, in what was the object of appeal.

 

 

 

 

	
HWSSZOL0QAU61

[Nombre11] -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

GTIBIJS7CWQ61

[Nombre12] –

JUEZ/A DECISOR/A

	
2ZQGUXVN7E461

[Nombre13] –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección3], , [Dirección4] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf2]. Fax: [Telf3] ó [Telf4]. Correo electrónico: [...]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:28:49.

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