Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En lo apelado se revoca la sentencia dictada. En su lugar se aprueban las diligencias de información posesoria tramitadas por [Nombre1]. En consecuencia proceda el Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles a inscribir a nombre de [Nombre1], mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, cédula de identidad CED8 - - , el terreno que se describe de la siguiente manera: naturaleza de terreno tacotal y cultivos, ubicado en [Dirección15] de la Provincia de Cartago, con una medida de Ciento treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro metros cuadrados, linda al norte con [Nombre2], al Sur con el Ministerio del Ambiente y Energía, al este con [Nombre2], al Oeste con [Nombre1] y [Nombre4]. El terreno se grafica con el plano N° plano C-1513787-2011.
English (translation)On appeal, the lower court's judgment is reversed. Instead, the possessory information proceedings filed by [Name1] are approved. Consequently, the Public Registry of Real Property shall proceed to register in the name of [Name1], of legal age, married once, farmer, resident of San Isidro de Pérez Zeledón, identity card number [ID8], the property described as follows: land of pasture and cultivation, located in [Address15], Province of Cartago, measuring one hundred thirty-nine thousand five hundred ninety-four square meters, bounded on the north by [Name2], on the south by the Ministry of Environment and Energy, on the east by [Name2], on the west by [Name1] and [Name4]. The land is depicted on cadastral map No. C-1513787-2011.
Appeal granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00352 - 2016 Fecha de la Resolución: 26 de Abril del 2016 a las 14:11 Expediente: 13-000143-0699-AG Redactado por: Antonio Darcia Carranza Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Titulación de inmueble ubicado en zona declarada reserva forestal. Posesión decenal debe ser anterior a la declaratoria de protección. Temas (descriptores): Usucapión agraria Subtemas: Información posesoria de bien ubicado en zona declarada reserva forestal. Posesión decenal debe ser anterior a la declaratoria de protección. Temas (descriptores): Posesión forestal Subtemas: Fundo ubicado dentro de área declarada reserva forestal. Posesión decenal debe ser anterior a la declaratoria de protección. Deber de probar actos encaminados a su protección y conservación. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *130001430699AG* VOTO N° 352-F-2016 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y once minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.- INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, cédula de identidad número CED1 - - . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 - - , en su condición de procuradora adjunta ; y e l INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL , cédula jurídica CED3 - - - , representado por Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 - - . Actúa como apoderado especial judicial del promovente , el licenciado David Salazar Mora, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número CED5 - - . Tramitada ante el Juzgado Agrario de Cartago.- RESULTANDO: 1.- La parte promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: "terreno de tacotal y siembras anuales, situado en [Dirección1] , del [Dirección2] de la Provincia de Cartago, con una medida de ciento treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro metros cuadrados, linda al Norte con [Nombre2] , al Sur con [Nombre3]. al este [Nombre2] , al oeste [Nombre1] y [Nombre4] ," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 27/10/15, de las 11:51:46 a.m., imágenes 30 a 38, folios 22 a 29).- 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual, archivo del 27/10/15 de las 11:51:46 a.m, imágenes 70 a 71; a su vez e l Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en el archivo del 27/10/15 de las 11:51:46 a.m, imagen 74 , la Procuraduría General de la República, solicitó el rechazo en sentencia de la presente información, de conformidad con el artículo 7 y 11 de la Ley de Informaciones Posesorias; 13, 14 y 15 de la Ley Forestal y numerales 261 y 262 del Código Civil, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago) . - 3 .- La jueza Andrea Ruiz Ramírez, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 24-2016 de las doce horas y uno minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis , resolvió: “ POR TANTO: SE RECHAZAN la Información Posesoria promovida por [Nombre1] .," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 25/02/16, de las 12:01:15 p.m.).- 4 .- El licenciado David Salazar Mora , en su condición de apoderado especial judicial del promovente, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia , (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 02/03/16, de las 8:25:02 a.m) . - 5 . - En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. - Redacta el Juez Darcia Carranza y, CONSIDERANDO: I.- El Tribunal comparte el hecho tenido por demostrado. De dicha naturaleza téngase los siguientes: 2. la parte promovente demostró tener una posesión ejercida desde los años de 1949, 1950 (ver testimonios de [Nombre5] , [Nombre6] , y [Nombre7] en imágenes 82 a 85 del escritorio virtual). II.- No se comparte el hecho tenido por no demostrado por considerarse existe prueba suficiente de que el terreno se adquirió desde muchos años antes de la declaratoria de Reserva Forestal. III.- El promovente recurre el fallo dictado en primera instancia con base en los siguientes agravios: PRIMERO: Que según se manifiesta la juzgadora [Nombre8]. ANDREA RUIZ RAMÍREZ, en el CONSIDERANDO, 11 HECHO NO PROBADO, su representado,sea el señor [Nombre1] , no ha demostrado "una posesión decenal privada del terreno anterior a 1964". SEGUNDO: Que en el CONSIDERANDO, 111 SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, la juzgadora recalca que su representado adquirió el terreno que se pretende titular desde el día dieciséis de mayo del dos mil novecientos setenta y tres, y que anterior a esto lo tuvo su padre, sea el señor [Nombre9] , el cual tuvo el terreno desde el año mil novecientos cincuenta y uno, mediante un denuncio realizado sobre dicho terreno, todo lo cual consta en autos, posteriormente establece claramente que los testigos comprueban el dicho de mi representado, que el terreno lo ha poseído su familia desde el año mil novecientos cuarenta y nueve. También deja claro que el artículo siete de la Ley de Informaciones Posesorias establece que "cuando el inmueble a que se refiere la información este comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquier que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decena!, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre" ( la negrita y el subrayado son del apelante). Manifiesta en el apartado V, que "el inmueble afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserva Forestal Río Macho, la posesión acreditar debió remontarse al menos al año 1954", lo cual si se ve la prueba documental junto con la testimonial sí se ha cumplido a cabalidad ya que se tiene la posesión desde el año 1949, lo cual también la juzgadora tiene claro ya que determina que "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a una época anterior a dicho año". Posterior a eso, la juzgadora hace mención a lo alegado por la representación del estado, sin emitir a su criterio, un juicio valor propio, ya que simplemente copia casi textual el argumento de la Procuraduría del Estado, y al final agrega que "el promovente únicamente acreditó una posesión de aproximadamente dos años y meses previa a la declaratoria de Reserva Forestal", lo cual no es cierto, ya que como ha quedado demostrado en autos, la posesión ha sido ejercida desde el año mil novecientos cuarenta y nueve, teniendo a la fecha de creación de la reserva forestal Rio Macho más de doce años de tener el padre de su representado el bien en cuestión. De la anterior se desprende que el juez que dicta la sentencia recurrida, analizó enteramente la prueba, bajos las normas de la sana critica racional, pero su fallo no va de acuerdo con su análisis. TERCERO: Que se tiene por acreditado que mi representado ha poseído a título de dueño el inmueble a titular, que ha cumplido con los requisitos formales exigidos por la Ley de Informaciones Posesorias y con los actos posesorios con el uso conforme al suelo, que se ha cuidado el recurso forestal, conservado la flora y la fauna (véase prueba testimonial evacuada). CUARTO: Que el marco jurídico que regula los procedimientos del proceso Información Posesoria es la Ley número 139, junto con sus reformas. Dicho cuerpo normativo, en su artículo siete, establece que "cuando el inmueble a que se refiera la información este comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la Ley o decreto en que se creó esa aérea silvestre"; como se puede apreciar de lo anterior, el legislador al dictar dicho numeral, tuvo la intención de determinar que los inmuebles comprendidos en áreas protegidas (sin importar su categoría de manejo) se puede titular por sus poseedores, bastándoles únicamente como requisito acreditar una posesión sobre dichos inmuebles de diez años de antelación a la fecha que crea el área protegida y proteger el recurso forestal, con lo cual queda meridianamente claro, que el espíritu de dicho numeral, que es la norma que marca la pauta a seguir, es permitir titular terrenos comprendidos en áreas protegidas por sus poseedores. Dice, nuestro derecho evoluciona, y por lo tanto surge la necesidad de crear leyes especiales que venga a regular las necesidades de los sujetos de derecho, dentro de las cuales encontramos la propiedad privada, en el caso bajo estudio, dichas normas especiales son la Ley de Informaciones Posesorias así como la Ley Forestal. Los legisladores previeron con dichas leyes que se pudiera titular terrenos que se encuentran en manos de particulares, que cuidan y velan por sus tierras, independientemente del lugar donde dichos inmuebles se ubiquen, llamasen estas zonas, áreas protegidas o no, lo que se pretende con dichos cuerpos legales, es que los individuos tengan por parte de nuestra legislación, una herramienta con la cual poder garantizar sus derechos constitucionales a la propiedad privada, claro esto, siempre que se cuide el Recurso Forestal, tal como lo ha hecho su representado así como sus anteriores homólogos y que ha quedado demostrado con la prueba testimonial. En cuanto al oficio del MINAE, hace referencia a que dicho terrenos se encuentra en la franja de [Dirección3] contiguo a la interamericana, dicho estribillo nace de la Ley del ITCO, artículo siete, inciso uno, y artículo diez, ambos que se encuentran derogados, por lo que su aplicación no es de acogimiento actualmente, si bien, la Ley de Tierras y Colonización, declaró de dominio público esas áreas, también hacia la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, situación que cumple a cabalidad el bien que se pretende titular por parte de su representado. La reforma hecha a la ley de Informaciones posesorias prevé la titulación de los terrenos comprendidos en áreas protegidas, y los únicos requisitos establecidos por los legisladores, tomando en cuenta la evolución de nuestro derecho, fue que se cumpliera con una posesión ecológica y ambiental decenal anterior a la fecha de creación del área protegida, sea esta área la Reserva Forestal Los Santos, por lo que lo esgrimido por la Procuraduría General de la República, así como por el MINAE, y lo establecido en la Sentencia recurrida, no es de recibo, ya que si nuestros legisladores pretendieran obviar el hecho que el derecho evoluciona no dictarían o reformarían nuestras leyes y aún estaríamos aplicando normas de antaño, las cuales no se adaptarían a las necesidades actuales, a la época ni a las situaciones a las cuales nos exponemos todos los usuarios del derecho, principalmente los cobijados bajo el derecho agrario. Actualmente, esa evolución mencionada nos ha llevado a tener una norma especial que regula la situación jurídica actual de los terrenos sin titular, que se encuentren en áreas protegidas pertenecientes a sujetos privados, tal es el caso de la Ley Forestal y de la Ley de Informaciones Posesorias. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente, en su numeral treinta y siete, establece que si bien es cierto, el Poder Ejecutivo de nuestro Estado de Derecho es el encargado de dictar cuales terrenos serán áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, dichos terrenos quedarán comprendidos dentro de las áreas protegidas estatales, solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo que en forma voluntaria se sometan al régimen forestal creado, situaciones que en el caso en cuestión no se han dado, por lo que no se debe de tener como un terreno que forme parte del Patrimonio Natural del Estado. QUINTO: Que existe una larga línea jurisprudencia! referente a los casos en que se pretende titular terrenos ubicados dentro áreas forestales protegidas, y el criterio prevaleciente de nuestro Tribunal Agrario, es que se debe de cumplir primero con demostrar que se ha protegido el recurso forestal, cumpliendo con una posesión ecológica, manteniendo el criterio ecológico de la propiedad y vocación forestal de los terrenos en cuestión, y segundo, que se haya demostrado por lo menos una posesión decenal anterior al respectivo decreto o ley que crea el área forestal protegida donde se encuentra el fundo a titular, situación que el caso que nos ocupa sean cumplido cabalmente, dejando meridianamente claro, que mi representado cumple con los requisitos materiales y de forma para obtener el título inscribible en el Registro Público, y así gozar de los derechos de propiedad, consagrado en nuestra Constitución Política. Para hacer un poco de referencia a la línea de criterio, con lo que se ha creado toda una línea jurisprudencia, que ha dominado este tipo de asuntos, haremos mención de algunos votos destacados, dentro de los cuales tenemos un primer grupo de votos en los cuales se han improbado diligencias de información posesoria por diversas situaciones, pero todos los votos son consistentes en que se debe demostrar posesión con diez años antes de la creación de la Reserva Forestal Los Santos, sea esta posesión desde el año mil novecientos sesenta y cinco (posesión que cumple su representado), o en otros casos con diez años antes de la creación de la Reserva donde se ubica el bien a titular: 1) VOTO 0027-F-06; en lo que nos interesa se establece: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el hecho que el bien estuviera dentro de la Reserva Forestal Río Macho, surgió en el transcurso del proceso, pues desde que se inicia el procedimiento ello es sabido pues uno de los requisitos iniciales es la certificación del Ministerio del Ambiente y Energía donde se hace constar tal circunstancia (véase folio 2), presentada por el promovente al iniciar el proceso. Este documento indica, el bien objeto de titulación se encuentra dentro de dicha área silvestre protegida creada por Decreto Ejecutivo No 1-A del 23 de enero de 1964. Partiendo de los expuesto es claro tal circunstancia era de conocimiento y por lo tanto era su obligación demostrar una posesión decenal con anterioridad a la fecha indicada en que se creó al Reserva Forestal Río Macho. VI.- En cuanto al alegato referido a la prueba para mejor resolver que señala no fue evacuada por el juzgador, se hace necesario indicarles al recurrente dicha prueba es facultativa del juez no de las partes. La parte titulante además, debía desde el momento en que ofreció prueba testimonial, corroborar los testigos conociesen el terreno durante el tiempo suficiente para poder probar los hechos por ella afirmados. Si por error o ignorancia, del peticionante o de su asesor legal, no los acredita en la forma debida en el momento oportuno, es una carga que solo debe imputarse en su contra bajo su responsabilidad. No corresponde al juez subsanar dicha situación, salvo que, sin violentar sus funciones y en tutela de los derechos de la parte y con respecto del ordenamiento vigente, considere en forma fundada, sea estrictamente necesario recibir alguna prueba adicional. Si el promovente no logró demostrar la posesión decenal previo a la declaratoria de área silvestre protegida en fecha 23 de enero de 1964, es un problema de prueba propio del promovente no del Despacho como lo pretende hacer ver el apelante, tal y como se indicó. Los testigos ofrecidos no pudieron demostrar la posesión decenal antes de la fecha indicada pues el deponente [Nombre10] ni siquiera había nacido para la fecha en que se afectó al demanio público el bien al declararse área silvestre protegida y otro de ellos nació dos años antes de la declaratoria ([Nombre11] ). En síntesis no lleva razón el promovente pues no demostró la posesión decenal previa a la creación del área silvestre protegida; por lo que se comparte el fallo dictado." 2) VOTO N° 199-F-05; en lo que nos interese dice: "III- En este caso, de conformidad con la certificación del Ministerio de Ambiente y Energía a folio 20, el inmueble se ubica aproximadamente 77% dentro de la Reserva Forestal Los Santos creada por Decreto Ejecutivo No 5389-A de 12-10-75. Por ello habría que demostrar una posesión efectiva de diez años previo a ese Decreto o sea desde el año 65 como mínimo. También el inmueble se encuentra ubicado 23% dentro de la Reserva Forestal Río Macho, creada por Decreto Ejecutivo No. 1-A del23-0l-64, lo cual obligaría a la demostración de una posesión diez años previa a ese Decreto. En el presente caso, pese a que solo parte del inmueble está dentro de un área protegida, con la exigencia de demostrar posesión previa al año 54, por tratarse de un solo plano, no podría avalarse el mismo y por ello resulta correcto lo dispuesto por el Juez a quo.... ". 3) VOTO No 0169-F-06; referente a los que nos interesa destaca: "IV. En este asunto se recibieron la testifical de [Nombre12] a folio 23, quien alegó conocer el fundo hace aproximadamente 24 años, y que fue adquirido por el promovente entre los años 1988 y 1989 pues era funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y él visitaba el fundo. El deponente [Nombre13] (folio 43 vuelto), manifestó conocer el fundo de toda su vida por cuanto ha vivido en la zona de Santa María de Dota. Por último [Nombre14] declaró haber sido el dueño en el año 1973; además agregó conocerlo de toda una vida. De acuerdo a la certificación expedida por el Ministerio de Ambiente y Energía sefiala, el inmueble objeto de la titulación se ubica aproximadamente en un 83% dentro de la Reserva Forestal Los Santos. Esta reserva fue creada mediante decreto ejecutivo [Placa1] del 12 de noviembre de 197 5. De acuerdo a lo anterior y de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias el promovente deberá demostrar haber consolidado su derecho al menos 1 O años antes de la declaratoria de creación tal zona, computo que se inicia a partir de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó la misma. Para este caso, la testifical de referir la posesión ejercida desde antes del 11 de noviembre de 1965. Nótese de la declaración de [Nombre12] afirmó conocerlo hace 24 años, o sea entre el año de 1975 y 1976 aproximadamente, porque la declaración fue rendida el 08 de octubre del 2000. Los otros dos testigos dicen que de toda la vida. Sin embargo los testigos, de conformidad al artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias deben rendir la declaración para demostrar entre otros la justificación de la posesión ejercida por el promovente y la cadena de transmitentes, lo cual es por imperativo legal. El criterio sobre la función probatoria de los testigos está determinada por la ley, y en este caso el requisito no fue cumplido." 4) VOTO 0624-F-08; en lo que nos interesa dice: "IV.- En cuanto a la valoración de la prueba testimonial cuyo objeto sea la demostración de la posesión en áreas protegidas, ha dicho este Tribunal: "El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias reza: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos vecinos del cantón donde se halle situado el imnueble, Así mismo el artículo 7 de la citada ley expone: " Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decena/, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre".- Los requisitos expuestos para la titulación de tierras son claros en la Ley de Informaciones Posesorias, así como en leyes especiales como la Ley de Suelos entre otras, siendo uno de esos requisitos la necesaria demostración de la posesión decena/ con tres testigos, a falta de uno sólo de éstos, la información posesoria deberá denegarse. "Tribunal Agrario, Voto No. 118-F-06 de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis.- En el caso bajo examen, el inmueble se encuentra ubicado tanto dentro de la Reserva Forestal Los Santos, según Decreto Ejecutivo Número [Placa2] del12 de noviembre de 1975, como en la Reserva Forestal Río Macho, creada mediante Decreto Ejecutivo 1-A del23 de enero de 1964; por lo que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7° transcrito supra. Se recibió la declaración de tres testigos, sin embargo, ninguno de ellos acredita los requisitos de una posesión ecológica desde antes del año 1954 .... ". 5) VOTO No 0688-F-07; en lo referente al caso en cuestión indica: "V.-Este Tribunal de forma reiterada ha considerado que:" •.. La Información Posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes. Se exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida (artículos 1 Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código Civil). El titulante, aparte de carecer de título inscrito o inscribible en el Registro Público, debe manifestar expresamente que la fmca no ha sido inscrita en el Registro Público anteriormente. Por razones de interés público, y para evitar una doble inscripción registra! sobre un mismo bien, o bien, para tutelar a terceros de mejor derecho que el titulante, la Ley exige notificar a ciertos sujetos. También estableció un trámite de oposición dentro de la Información Posesoria, en caso de que alguno de los interesados se sienta perjudicado por la titulación (artículo 8). La Ley de Informaciones Posesorias ordena al Juez tener como partes y por tanto notificarles personalmente desde el inicio de las diligencias, a los colindantes, ello por cuanto la titulación podría abarcar parte de las tierras que les pertenecen... se ordena notificar a los condueños o condóminos. Igualmente, en resguardo de los intereses del Estado, se ordena tener como parte a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, para el resguardo de la propiedad sujeta al dominio público, y de la Propiedad Agraria estatal (artículo 5). Finalmente, la ley manda a citar a todos los interesados, mediante la publicación de un Edicto en el Boletín Judicial, que puedan tener un interés legítimo en el proceso. (Ver numeral 5 de la Ley de Informaciones Posesorias) ... La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal...X. La Ley Forestal N° 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7 .-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decena(ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. "(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tiempo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas ... ". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No 113). Partiendo de lo anterior se hace necesario que la promovente logre demostrar la posesión decena! antes de la declaratoria de área silvestre protegida Reserva Forestal Golfo Dulce, la cual en este caso se creo en fecha 28 de abril de 1978. Además de ello debe probar de conformidad con el numeral 6 de la Ley de Informaciones Posesorias con la declaración de tres testigos. VII.- Del análisis de la prueba testimonial evacuada en el presente caso, el Tribunal llega a la misma conclusión del juzgador de instancia, en cuanto a que no logró demostrar la posesión decena! previa a la declaratoria de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto " ... El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal N° 7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público ... "(Voto 4587). Por las razones anteriormente expuestas no lleva razón el recurrente, pues no logró demostrar con la declaración de tres testigos la posesión decenal previa a la declaratoria de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada el 28 de abril de 1978. Es importante hacer mención al hecho de que ninguno de los deponentes cuyos testimonios fueron evacuados, se refieren a si el titulante o los anteriores poseedores han protegido el recurso, el cual es otro requisito debe ser cumplido para poder titular tratándose de este tipo de áreas en la que la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. No obstante lo anterior el documento de compraventa presentado por sí solo no hace prueba fehaciente, pues se trata del otorgamiento de un contrato de carácter privado ante Notario Público de donde se dice que el señor [Nombre15] le transmite la posesión por él tenida desde diez años antes, es decir de aproximadamente febrero de 1968. Partiendo de lo expuesto resulta evidente los testigos dan una versión diferente a la documental y a lo dicho por el promovente en el memorial de solicitud, pues estos indican que el señor [Nombre16] se encuentra en el fundo desde aproximadamente el año de mil novecientos sesenta y cinco, cuando de tal prueba documental y lo dicho por éste de que adquirió en el año de 1978, contradice totalmente lo dicho por los testigos, por lo que los mismos no le merecen credibilidad a éste Tribunal. En síntesis no lleva razón la promovente por cuanto no demostró la posesión decenal previa a la creación del área silvestre protegida; y tampoco ha demostrado la protección del recurso, de ahí, deba confimnarse lo resuelto por el juzgador de instancia. ". 6) VOTO N° 0038 -F-11; se pronuncian al respecto: " ... VI.-No lleva razón la recurrente el legislador estableció una serie de requisitos mayores, justamente para evitar que el Patrimonio Natural del Estado y las áreas protegidas se vean afectadas, así como su biodiversidad. Por ello la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo 7 exige demostrar, no solo la posesión decena! anterior a la creación de la respectiva área protegida, sino también que se ha conservado el bosque. Los diez años anteriores a la creación se exige~ justamente, para proteger a aquellos sujetos privados que habían consolidado su derecho de posesión diez años antes de la creación del área, es decir, antes de que ocurriera la afectación al dominio público (Ver, entre otros, Tribunal Agrario, No.l24 de las 11:30 horas del 14 de marzo del 2003). En la causa que nos ocupa, la titulante no demostró el ejercicio de esa posesión de al menos, 10 años de antelación a la creación de la Reserva Forestal de Los Santos (pues debía acreditarla desde antes de 1965). La recurrente de modo genérico combate el razonamiento de la juzgadora indicando que si bien los testigos al momento de conocer la finca tenían apenas 4, 3 y 1 año de edad sus testimonios son idóneos. Sin embargo, este Tribunal considera, al igual que la a quo, que dichas declaraciones son insuficientes para considerar que está demostrada una posesión agraria o ecológica decena!, anterior a la creación de la Reserva Forestal Río Macho. La prueba testimonial fue recibida el 17 de febrero del 2010. El testigo [Nombre17] , indicó que tiene sesenta y cuatro años de edad, y que llegó a la finca a la edad de cinco años, es decir, nació en el año 1946, que la conoce desde aproximadamente 1951, siendo que la Reserva Forestal Río Macho fue creada en 1964. Por otra parte el testigo [Nombre18] , declara que tiene 62 años de edad, y que conoce la finca desde hace sesenta años, es decir, desde el año 1950. El último testigo, [Nombre19] llama, dice tener 57 años de edad y que conoce la finca desde que "tiene uso de razón" (folio 69), ello seria más o menos desde el año 1960, si la hubiese conocido desde los tres años. Este último testimonio es el que no resulta idóneo, pues no la conoció antes de 1954. Esto sería suficiente para rechazar las diligencias de información posesoria. Eso no puede ser un motivo o criterio para establecer la posesión de una persona, es decir, no puede llegarse a concluir ni en un tiempo de posesión válido de forma pública, pacífica e ininterrumpida, y menos tener certeza de la cadena a la cual refiere el testigo, por lo que difícilmente estaría en capacidad cognositiva y volitiva en sus primeros años como para poder tener conocimiento de quién o quiénes poseían esos inmuebles. Para poder demostrar esa posesión, se requiere la idoneidad de tres testimonios y el dicho de [Nombre19] llama resulta insuficiente. Por otra parte, la prueba documental tampoco resulta idónea para dichos menesteres, pues lo único que demuestra es que la titulan te adquirió la posesión en el año 1982 (folio 1 ). En razón de lo expuesto, se confirma la sentencia recurrida." 7) VOTO 0199-F-11; al respecto dice: "VI.-En cuanto a los agravios de fondo, deben rechazarse por no llevar razón el recurrente. En la Ley de Informaciones Posesorias, el legislador estableció una serie de requisitos cuando se tratase de titular terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado y en las áreas protegidas. Por ello, el artículo 7 de dicha Ley exige demostrar, no solo la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, sino también que se ha conservado el bosque. Los diez años anteriores a la creación se exigen, justamente, para proteger a aquellos sujetos privados que habían consolidado su derecho de posesión diez años antes de la creación del área, es decir, antes de que ocurriera la afectación al dominio público (Ver, entre otros, Tribunal Agrario, No.l24 de las 11:30 horas del 14 de marzo del2003). Tal posesión decenal debe acreditarse con la declaración de tres testigos (artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias), a falta de uno sólo de éstos, la petición deberá denegarse. Dichas declaraciones testimoniales son obligado requisito según el artículo 6 citado supra, no siendo sustituibles por prueba documental, pues la posesión incluso la derivada sólo es demostrable con la declaración de tres testigos. (véase Voto número 118- 2006 de este Tribunal). En estas diligencias, el promovente no demostró el ejercicio de esa posesión con, al menos, 10 años de antelación a la creación de la Reserva Forestal de Los Santos, pues debía acreditarla desde antes de 1965, toda vez que la Reserva fue creada el doce de noviembre de mil novecientos setenta y cinco. Las declaraciones de los testigos presentados en autos son insuficientes para considerar que está demostrada una posesión agraria o ecológica decena!, anterior a la creación de la Reserva Forestal Los Santos. La prueba testimonial fue recibida el 15 de noviembre del 2006. El testigo [Nombre20] manifiesta conocer la finca "desde hace como unos siete años, que fue la primera ocasión en que pasé por allí" y que desde que conoce la finca le pertenece a esta sociedad, refiriéndose a la promovente. Además, expresamente el testigo menciona que "yo nunca conocí a Don [Nombre21] ", quien según la información aportada por el promovente era el anterior poseedor (folio 78), siendo también insuficiente para demostrar la cadena de transmisión de la posesión, la cual el promovente pretende aprovechar. De manera que mediante esta declaración testimonial no se demuestra la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Los Santos, lo cual es razón suficiente para improbar las diligencias. Sin embargo, a mayor abundamiento, el testigo [Nombre22] , indica que conoce la finca desde hace como unos veinte años, o sea aproximadamente desde el año 1986, según la fecha en que rindió su declaración, siendo que la Reserva Forestal fue creada en 1975. Incluso, el deponente [Nombre22] , al momento de su declaración tenía 45 años de edad, sea que nació en 1961 y a la fecha de creación de la Reserva Forestal tenia escasos 4 años de edad, por lo que difícilmente estaría en capacidad en sus primeros años como para poder tener conocimiento de quién o quiénes poseían esos inmuebles en aquél tiempo." 8) VOTO N° 0926-F-07; en lo que nos incumbe dice: "V.-En cuanto a la valoración de la prueba testimonial cuyo objeto sea la demostración de la posesión en áreas protegidas, ha dicho este Tribunal: "El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias reza: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble ... " Así mismo el artículo 7 de la citada ley expone: "Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decena/, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre".- Los requisitos expuestos para la titulación de tierras son claros en la Ley de Informaciones Posesorias, as[ como en leyes especiales como la Ley de Suelos entre otras, siendo uno de esos requisitos la necesaria demostración de la posesión decena/ con tres testigos, a falta de uno sólo de éstos, la información posesoria deberá denegarse. " Tribunal Agrario, Voto No. 118-F-06 de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis.- En el caso bajo examen, el inmueble se encuentra ubicado dentro de la Reserva Forestal Los Santos, según Decreto Ejecutivo Número [Placa2] del 12 de noviembre de 1975, por lo que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7° transcrito supra. Se recibió la declaración de tres testigos, sin embargo, ninguno de ellos conoce el inmueble desde antes del año 1965. El deponente [Nombre23] a folio 87 no es conteste al referirse a la existencia de una posesión decenal antes de la creación de la limitación; ya que indica que conoce la finca desde hace veinticinco años, siendo que el testigo declaró el 4 de abril del 2006, quiere decir que no conoce la finca desde antes de esa fecha, sino desde 1981, por lo que su testimonio no es idóneo para demostrar la tesis probática del promovente. El segundo testigo, [Nombre24] , a folio 188, declaró el mismo día que el anterior testigo y asegura conocer la finca "desde el año 80", por lo que tampoco logra demostrar el promovente la posesión decenal anterior al año 1975. Asimismo, dicho testigo asegurar desconocer cómo adquirió el promovente. El tercer testigo, [Nombre25] , dijo tener 39 añ.os de edad, lo cual quiere decir que nació en el año 1967, por lo que su testimonio tampoco contribuye en nada en demostrar la posesión decenal anterior al año 1975 (folio 88). Este último testigo se refiere a la cadena posesoria en el sentido de que el promovente adquirió por medio de compraventa de "[Nombre26]" , quien a la vez recibió el derecho de posesión de [Nombre27] . Por su parte, el mencionado testigo [Nombre23] quien a folio 87 afirma que dicha cadena inicia con [Nombre28] , luego [Nombre26] quien lo adquirido de [Nombre27] quien inicialmente se lo compró a [Nombre28] . Pero ninguno de los testigos pudo referirse a las fechas en que se dieron esos traspasos ni tampoco describieron la forma en que dichos señores ejercieron la posesión, ni cuánto tiempo se mantuvieron en el terreno y si fue en forma pública, continua y pacífica, aspectos que no pueden ser demostrados con las escrituras de los traspasos posesorios, ya que dicha documental demuestra el título traslativo de la posesión, mas no los requisitos de la posesión misma, entre ellos la decenalidad. Por ende, no se ha demostrado cuándo el primer transmitente entró en posesión del inmueble ni cómo ejerció dicho poder de hecho sobre el mismo.- No cumpliéndose por ende con las tres declaraciones testimoniales requeridas según el artículo citado. " 9) VOTO N°1 055-F-1 O; en lo que interesa establece: " ... V.-En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tnbunal, en una resolución reciente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección4] metros a ambos lados del trazado de la [Dirección5] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7° de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley N° 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto No 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos N° 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada-la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona . . . de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección6] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6° en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley N° 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección8] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo No 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso~ aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.-" (Tribunal Agrario, No. 306-F-1 O, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010). VI.-Lleva razón la recurrente en cuanto no se demostró la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Los Santos con los tres testigos que exige la ley. En este proceso, de igual manera, el testigo [Nombre29] (folio 58), afirma conocer la finca objeto de estas diligencias hace 15 o 20 años, cuando ya el área estaba afectada. El testigo [Nombre30] (folio 57) es hermano del promovente y dice conocer la finca desde el año 1957, mientras que el testigo [Nombre31] (folio 59) conoce la finca desde hace cincuenta años (...) : Con ello NO se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al NO demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Los Santos, y no haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá revocarse el fallo e improbarse las diligencias .... ". Como podemos apreciar todos los anteriores fallos son congruentes en un aspecto, que se debe de demostrar la posesión del fundo a titular por lo menos con diez años de anterioridad a la creación de la Reserva Forestal, o al decreto ejecutivo que crea el área forestal protegida, en caso de mi representado, es necesario demostrar posesión desde el año mil novecientos sesenta y cinco, situación que quedó claramente demostrada, contrario a lo indicado por el a-quo. Seguidamente veremos otros Votos en los cuales efectivamente se ha obtenido el título inscribible del terreno que se pretendía titular: 10)VOTO 306-F-10, establece: "III. Con este proceso se pretende la titulación de un inmueble ubicado en San Gerardo de Copey, [Dirección10] , cantón diecisiete de la provincia de San José, con una medida de 1 hectárea 2.629 metros cuadrados, destinada a la agricultura, según el plano catastrado SJ-744261-2001 (folio 1°). Se localiza en la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto Ejecutivo ~ 5389-A del 28 de octubre de 1975 (folio 2°). En dicho bien se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada, según certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el cual agregó en su informe: "Se tiene el suelo cubierto de repasto natural con algunas plantas de mora y sectores con árboles remanentes de Bosque. La zona es de recreación y descanso no hay actividades agrícolas o forestales productivas."(folio 7). La naturaleza de los árboles remanentes de bosque que ahí se citan, es de robledales, según se anotó en el acta de reconocimiento judicial al señalarse: "El sector sur y central de la finca es un solar, con algunos árboles de roble ... El sector norte es de montaña, con especies como robles y cipreses ... "(folios 55 y 56). Lo anterior coincide con la información consignada por el ingeniero Pablo César Sánchez Núñez, de la Oficina Subregional Los Santos del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (folio 71 ). Como prueba de la posesión se aportó un documento mediante el cual la señora [Nombre32] donó al promovente el 28 de abril de 2009, los actos posesorios que dice haber realizado desde hace 15 años en el inmueble en forma personal y mediante transmisión que le hiciera su esposo, [Nombre33] , quien le transmitió los derechos posesorios ejercidos por él y dueños,anteriores desde hacía más de 40 años, en forma pública, pacífica, continua y con el carácter de dueños (folio 4 ). De acuerdo a ese documento, la posesión que se donó al titulante se remonta a más de 55 años, es decir, a antes del año 1954. Se indicó en el documento que la donación se formalizó en la fecha citada pero se había materializado un año antes, manifestación que no podría tener efecto alguno debido a que la, donación debe hacerse en escritura pública para que tenga validez. Por su parte, los testigos [Nombre34] , [Nombre35] y [Nombre36] , quienes declararon el 8 de octubre de 2009, dijeron conocer el inmueble desde 1963 (folio 52), 1960 (folio 53) y 1958 (folio 54), época en que estaba en posesión del fundo [Nombre37] , respectivamente. De acuerdo a lo expuesto, si se parte de que el inmueble fue afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserva Forestal Los Santos, N° 5389-A del28 de octubre de 1975, la posesión a acreditar debió remontarse al menos al año 1965. En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección7] a ambos lados del trazado de la [Dirección5] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7° de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley N° 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto N° 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos~ 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona . .. de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección6] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6° en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley N° 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley Genera) de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección8] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado pero la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización N' 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo N' 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.- ... " 11) VOTO 0777 -F-1 O, indica lo siguiente: "111.-La Procuradora adjunta, impugna la sentencia, al considerar que de acuerdo al oficio No. ACOPAC-OSRS-932-09 que consta en el expediente, el inmueble a titular está ubicado en la franja de [Dirección11] kilómetros contigua a la [Dirección12] , en un sector con cobertura de robledales. Sostiene que en 1965, los terrenos comprendidos en el Plano Catastrado SJ-822389-2002 no era susceptibles de posesión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General sobre Terrenos Baldíos de 1939, los cuales únicamente eran susceptibles de contratos de arrendamiento, por lo que no se podía poseer en calidad de propietarios. Además, sostiene que la Ley 197 del 29 de agosto de 1945, declaró parques nacionales los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección13] y que tengan robles, lo cual se mantuvo en la Ley de Tierras y Colonización, artículos 7 inciso a) y 10. Aduce que existió una derogatoria el 9 de noviembre de 1973, por Ley 5385 del30 de octubre de 1973, pero dos años después se dictó el Decreto No. 5389-A del 28 de octubre de 1975, por lo que no es factible que los ocupantes en dos años pudieran consolidar la prescripción positiva o usucapión. Por ello considera que la a-quo desconoce el régimen de dominio público, tratándose de inmuebles insprescriptibles, siendo que no es posible aplicar aquí la posesión ad usucapionem. IV.- En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en una resolución reciente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección7] a ambos lados del trazado de la [Dirección5] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7° de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley N° 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto N° 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decena/ anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldios N° 13 de JO de enero de 1939 -ya derogada-la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección6] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6° en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas ... ".Agrega, la Ley N° 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional/os terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección8] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esafecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decena/ hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo No 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado." (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010). V.- En este proceso, de igual manera, los testigos [Nombre38] (folio 59), [Nombre36] (folio 60) y [Nombre34] (folio 61), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1965, incluso el último testigo se refiere al año 1958. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Los Santos, y haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá confirmarse el fallo .... " 12)VOTO 1 044-F-1 O; establece: "IV.-En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en una resolución reciente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección7] a ambos lados del trazado de la [Dirección5] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7° de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley No 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto N° 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decena/ anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos N° 13 de JO de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: ''No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección14] . "; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6° en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos (...) Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección7] a ambos lados de la [Dirección8] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección4] metros a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decena/ hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo N° 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado." (Tribunal Agrario, No. 306-F-1 O, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010). V.-En este proceso, de igual manera, los testigos [Nombre39] (folio 51), [Nombre36] (folio 52) y [Nombre40] (folio 52), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1965, incluso el primer testigo se refiere al año 1956 y el último testigo se refiere al año 1957. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Los Santos, y haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá confirmarse el fallo. . .. " 13)VOTO 1185-F-1 O; indica: "IV.-Lleva razón la recurrente, de la prueba testimonial se desprende, efectivamente que la titulante [Nombre32] , adquirió de su esposo [Nombre33] hace más de veinte años, mediante donación verbal, quien la había heredado de su padre [Nombre37] quien tenía la posesión del fundo desde el año de mil novecientos cincuenta y cuatro según lo corroboran los testigos. El testigo [Nombre39] dijo conocer el terreno desde el afio de mil novecientos cincuenta y cuatro y que en el año de mil novecientos cincuenta y ocho ingresó don [Nombre37] al fundo, que este luego le dio a sus hijos, y que [Nombre33] , le donó a [Nombre32] desde hace más de veinte años (ver declaración folio 68). El deponente [Nombre36] dijo conocer el fundo desde el año de mil novecientos sesenta y que le pertenecía en dicho momento a [Nombre37] , luego fue de los hijos de dicho señor y [Nombre33] le donó a la señora [Nombre32] hace unos veinte años y ésta le cedió un derecho a su hija (ver testimonio a folio 69). El testigo [Nombre34] , dijo conocer el fundo desde el año de mil novecientos cincuenta y ocho, cuando llegó [Nombre37] , luego este como en el sesenta y cinco se lo dio a su hijo [Nombre33] y este se lo dio a Doña [Nombre32] como en el año de mil novecientos ochenta y cinco, y este le dio un pedazo a su hija (ver testimonio a folio 70). De lo expuesto no le queda la menor duda a este Tribunal se demostró que quien le dio el terreno a [Nombre32] fue su esposo [Nombre33] y que esta le cedió un derecho a la mitad a su hija [Nombre41] , según se desprende de la documental visible a folio 8 consistente en testimonio de escritura y de la testimonial de [Nombre39] , [Nombre36] y [Nombre34] (ver testimonios a folios 68 al 70). De lo anterior resulta evidente demostró la posesión decenal necesaria para usucapir un terreno inmerso dentro de un área silvestre protegida, en este caso la Reserva Forestal Los Santos creada según Decreto Ejecutivo N' 5389-A del l2 de noviembre de 1975. Por otra parte el ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias es claro en señalar " ... Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes, según lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil; pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores.". En este caso particular no estamos ante la situación regulada por el ordinal indicado pues la señora Blanca Rosa Vega Coto, ha ejercido una posesión personal por más de veinte años, de ahí no requiera la presentación del documento mediante el cual adquirió tal y como lo pretende la juzgadora, pues en este caso bastará con la acreditación de la posesión por parte de tres testigos según lo dispone el numeral 6 de la Ley de Informaciones, lo cual fue cumplido en este proceso de jurisdicción voluntaria. . .. ". 14) VOTO No 0908- F -11 las trece horas treinta minutos del treinta de agosto del dos mil once; en lo que nos interesa indica: "IV.-Este Tribunal, en el Voto No. 274-F-09, de las 15:10 horas del 24 de abril del 2009, explicó las razones por las cuales sí es posible rectificar la medida de los inmuebles inscritos con posterioridad al 23 de febrero de 1930( mediante el trámite de información posesoria, que exige los . mismos requisitos de un trámite normal para fincas que no están, del todo, inscritas (...). V.-Con fundamento en lo anterior, se observa que en este caso, la titulante, [Nombre42] , lo que pretende es rectificar la medida de su inmueble anteriormente inscrito, del Partido de San José, Folio Real matrícula número [Placa3], que actualmente mide según registro CED6, 67 metros cuadrados para ajustarlo a la realidad catastral y material del área por ella poseída, que es actualmente una área de 220.092,97 metros cuadrados. Lo anterior, según se desprende del Plano Catastrado SJ-1158659-2007, que fue el plano nuevo presentado por la titulante (VER FOLIO 1).- El inmueble está dentro de la Reserva Forestal de Los Santos, creado por Decreto No. 5389-A del año 1975, por lo que la titulan te tenia que demostrar, al tratarse de una rectificación de medida por información posesoria, una posesión decenal anterior a dicha fecha de creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Según el estudio de suelos, en el inmueble se ha ejercido el uso conforme de suelos, y en su mayor parte está dedicado a actividad agropecuaria (pastos mejorados, con breñones y charrales. El fundo acusa una larga posesión y se observa conservado el bosque en el caso de las nacientes de agua (ver acta de reconocimiento judicial de folio 103 ). Los tres testigos conocen la cadena de trasmitentes, todos coincidente en que [Nombre43] fue el primer poseedor antes del año 1960, quien después le trasmitió en los setentas a [Nombre44] , éste a [Nombre45] y finalmente [Nombre45] a la actual titulante. Es decir una posesión de más de cuarenta y cinco años (ver testimonios de [Nombre46] (folio 104}, [Nombre47] (folio 105), y [Nombre25] (folio 106). Si bien es cierto, algunas fechas no son coincidentes, lo importante es que se demuestre la cadena de trasmitentes, pues es lógico que con el transcurso del tiempo los testigos no puedan precisar con exactitud esas fechas y ello puede llevar a dudar sobre la posesión ejercida. Sin embargo, en este caso, revisada que ha sido la prueba por parte de este Tribunal, se considera que está perfectamente demostrada no solo la posesión decenal anterior a la creación de la reserva, sino también el ejercicio de una actividad agraria productiva y sostenible. Por otra parte, la escritura CED7. inscrita en 1988, coincide con el inicio del ejercicio de la posesión por parte de la parte titulante, pero hay que agregar, que en este caso particular, la finca que se rectifica fue inscrita por primera vez el 28 de mayo de 1929.-... ". De igual forma que en el primer grupo de votos, los segundos reflejan cual es el criterio que está dominando nuestra jurisprudencia, si bien es cierto, la misma puede cambiar, existe una cantidad de votos indiscutible que reflejan cual es el camino a seguir en determinados casos, como lo es el actual; son esos votos los que le dan certeza y seguridad jurídica al usuario del derecho costarricense, acerca de si su situación jurídica podría resolverse en la vía jurisdiccional. Todos los anteriores votos son algunos de los que se han dictado en situaciones similares a las que nos ocupa, e indiscutiblemente podemos apreciar que la posición de nuestros tribunales es que se debe demostrar posesión con diez años de antelación a la creación de la Reserva Forestal, debía de estar en posesión de terceras personas, situación que se cumple en el caso de mi representado puesto que si vemos las declaraciones todas son consistentes, en que desde mil novecientos cuarenta y nueve los anteriores homólogos de mi representado, así como él mismo, han tenido la posesión del terreno en cuestión; de igual forma también se tiene por demostrado haber cumplido con la posesión ecológica; por lo que se deben de aprobar las presentes diligencias. En el presente caso, es necesario valorar la prueba, así como la jurisprudencia que se ha dictado referente a determinados casos, con criterio de equidad y derecho, pues es el objetivo de la titulación no es solo tener un terreno inscrito en nuestro nombre en el Registro Público de la Propiedad, sino el garantizar seguridad jurídica y de darle la posibilidad a los productores agropecuarios y campesinos que accediendo a la propiedad de la tierra sean sujetos de derecho y puedan accesar a una mejor condición de vida, citando las palabras de nuestros legisladores: "son esos realmente los fines que están detrás del Derecho Agrario Sustantivo"; cumpliendo ciertos requisitos especiales por la ubicación del terreno al ubicarse dentro de un área silvestre protegida, tal es el caso de la posesión antes de mil novecientos setenta y cinco y haber cuidado el recuso forestal, fecha en la que se crea la Reserva Forestal Los Santos. Con la Actual Ley Forestal, la Ley de Informaciones Posesorias, y La Jurisprudencia Indicada anteriormente, se viene a dar solución a una incertidumbre jurídica que viven muchos de nuestros agricultores y campesinos, la cual es el tener un terreno y no saber si algún día lo lograrán inscribir a su nombre, el no saber si tienen un derecho consolidado de tener el terreno que han cuidado protegido, si el día de mañana llegará el gobierno y les ordenará salir de sus propiedades sin ninguna indemnización solo por el hecho de no tener un titulo inscribible en el Registro Público, terrenos que de no ser por estos campesinos laboriosos, estaría sin protección, ya que para nadie es un secreto que el estado no tiene el recurso humano suficiente para velar por las extensiones de terrenos que abarca nuestro país, y son las personas como mi representado los que velan e intentan proteger los recurso naturales existentes. Por los razonamientos expuestos anteriormente, siendo que su representado cumplió con los requisitos materiales y de forma, que existe toda una línea jurisprudencial que indica desde cuando tiene que demostrarse la posesión, lo cual se ha cumplido en este proceso, solicita que se revoque el fallo impugnado y se proceda a aprobar las presentes diligencias. III.- Los artículos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 9 y 15 de la Ley de Informaciones Posesorias disponen los requisitos que deben cumplirse al plantearse el proceso, como de trámite y de fondo. En ese sentido, el Tribunal ha explicado, la “…Información Posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes. Se exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida (artículos 1 de la Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código Civil). El titulante, aparte de carecer de título inscrito o inscribible en el Registro Público, debe manifestar expresamente que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público anteriormente. Por razones de interés público, y para evitar una doble inscripción registral sobre un mismo bien, o bien, para tutelar a terceros de mejor derecho que el titulante, la Ley exige notificar a ciertos sujetos. También estableció un trámite de oposición dentro de la Información Posesoria, en caso de que alguno de los interesados se sienta perjudicado por la titulación (artículo 8). La Ley de Informaciones Posesorias ordena al Juez tener como partes y por tanto notificarles personalmente desde el inicio de las diligencias, a los colindantes, ello por cuanto la titulación podría abarcar parte de las tierras que les pertenecen. También se ordena notificar a los condueños o condóminos. Igualmente, en resguardo de los intereses del Estado, se ordena tener como parte a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, para el resguardo de la propiedad sujeta al dominio público, y de la Propiedad Agraria estatal (artículo 5). Finalmente, la Ley manda a citar a todos los interesados, mediante la publicación de un Edicto en el Boletín Judicial, que puedan tener un interés legítimo en el proceso.(Ver numeral 5 de la Ley de Informaciones Posesorias) ( ver voto Nº755 de las 9:45 horas del 13 de noviembre del 2003). Se exige también la existencia de linderos bien señalados (cercas, carriles, etc.). Deben aportarse los siguientes documentos: marca de ganado si la finca se dedica a ganadería; cédula de identidad o documento de identificación respectivo del titulante; el plano catastrado; certificación actualizada del Registro Público que aclare si se han titulado otras fincas por el promovente y cual es su medida; certificación actualizada del Ministerio del Ambiente de Energía sobre si está o no comprendido el terreno dentro de alguna área protegida. La legislación vigente sobre suelos exige se demuestre el uso del terreno conforme a su aptitud (estudio de suelo). También está obligado el juez, para velar por la protección del recurso hídrico con fines de utilidad pública, de existir nacientes o fuentes de agua, a solicitar el informe respectivo del ente competente para ello (artículos 50 de la Ley Orgánica del Ambiente, inciso 14 del numeral 121 de la Constitución Política, 1, 3 y 17 de la Ley de Aguas N°276 de 27 de agosto de 1942, 33 de la Ley Forestal vigente Nº7575 de 5 de febrero de 1996 y Decreto Ejecutivo N°26237-MINAE de 19 de junio de 1997). IV.- Aparte de lo indicado, el escrito inicial debe contener cada uno de los datos requeridos en el artículo 1º de la Ley de Informaciones Posesorias: Nombre y calidades del promovente; naturaleza, situación, medida y linderos del terreno; nombres y dirección de los colindantes (si son personas jurídicas debe acreditarse su personería actualizada); indicación de sí existen condueños y cargas reales (entre ellas, servidumbres, usufructos, etc.), de haberlos especificar quiénes y cuáles (probar además la constitución de las últimas); tiempo de posesión; descripción de los actos posesorios; extensión de cultivos, zonas boscosas o de pasto; existencia de construcciones y mejoras realizadas; cantidad de apartos de ser ganadera la finca; causa y fecha de adquisición; nombre y apellidos de la persona que transmitió, en caso de tratarse de un modo derivado, así como su domicilio; estimación del inmueble y las diligencias; indicación de tres testigos vecinos del mismo cantón donde se ubique el inmueble, cuando sea necesario de acuerdo con lo indicado en el numerales 4 y 6 de la Ley de Informaciones Posesorias. Debe además necesariamente declararse que: la finca no se encuentra ya inscrita en el Registro Público, se carece de título de dominio inscribible y no se pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. De no tenerse la posesión decenal al momento de iniciar la diligencia, puede el promovente sumar la de sus transmitentes, pero además de aclarar eso en el escrito, debe aportar el documento público en el cual conste el traspaso de su derecho. La documental y el resto de la prueba que se debe aportar, vienen a ratificar o probar precisamente lo informado en el escrito. Por ello no resulta procedente se remita al contenido de la documental que acompañe al escrito inicial. En cuanto a la prueba testimonial exigida, en un mínimo de tres, el legislador impuso el requisito de ser vecinos del cantón donde se ubica el inmueble. Ello con el fin de permitir fuesen realmente personas conocedoras de la situación las que se presentaran a declarar. En otras palabras, se presume los vecinos de la zona son quienes mejor pueden dar fe de los dueños de los terrenos cercanos a los suyos y que sucede en ellos, por frecuentar o vivir en el mismo lugar. Todos estos requisitos y la prueba pertinente para corroborar lo declarado en el memorial inicial están claramente especificados en la normativa citada. No puede entonces alegarse desconocimiento al respecto, mucho menos si se cuenta con asesoría legal profesional, como sucedió en el caso. La omisión en cuanto a ellos, o el ofrecimiento de prueba no pertinente, es responsabilidad únicamente del promovente, que el juzgador no puede asumir ni intentar solventar. V.- En este caso particular la a quo no tiene por demostrada la posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida, sin embargo en el Considerando "V", entra en una serie de contradicciones por cuanto en el mismo se indica lo siguiente: "...V. En el presente caso, nos encontramos ante la titulación de un inmueble que está sometido a fuertes restricciones de carácter agro-ambiental, esto debido a que el terreno objeto de estas diligencias se encuentra ubicado dentro de la Reserva Forestal Río Macho, creada según decreto 1-A del 23 de enero de 1964 y sus modificaciones. Para titular los terrenos dentro de esta área se tiene que demostrar una posesión de diez años anteriores a la promulgación del decreto respectivo. El plano C-1513787-2011, presentado por el promovente, ubica el fundo dentro de esta área protegida. En consecuencia, para poder alegarse usucapión en el mismo tendría que haber demostrado que ya existía posesión decenal anterior a mil novecientos sesenta y cuatro, presupuesto que lamentablemente de conformidad con los autos no logró comprobar. Si bien el promovente acredito en dicho bien se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada, según certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, en el cual, se describió el inmueble con un 77,35 % de Bosque Primario y un 22, 65% destinado a un sistema agroforestal, además se agregó como recomendación: "Se recomienda mantener la finca bajo las mismas condiciones de uso, las cuales son acorde para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada" (certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible imágenes 8 y 9 Carpeta Doc. Asociados, EXPEDIENTE DIGITALIZADO ). Aportó como prueba de la posesión, documento mediante el cual el señor [Nombre48] le vendió el inmueble a titular, siendo dicho traspaso en fecha 16 de mayo de 1973. Además de la copia del documento en el cual consta la autorización que emitió el Juzgado Civil de Hacienda al señor [Nombre48] a entrar en posesión del inmueble por denunció de acuerdo con la ley número 13 de 10 de enero de 1939 (Carpeta Doc. Asociados, EXPEDIENTE DIGITALIZADO imágenes 23, 24, 32 y 45). De acuerdo a ese documento, la posesión que se vendió al titulante se remonta al día dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno. Los testigos [Nombre5] , [Nombre6] y [Nombre49] , quienes declararon el 23 de setiembre del 2014, dijeron conocer el inmueble entre los años 1949 y 1950. Manifestaron ademas que el promovente tiene la finca más o menos desde el año 1973 y anterior a eso, la posesión la tenía el papá del titulante, (ver declaraciones testimoniales en imágenes 82 a 85). Dicha prueba no fue suficiente, ello por cuanto el inmueble fue afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserva Forestal Río Macho, la posesión a acreditar debió remontarse al menos al año 1954. En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a una época anterior a dicho año. No obstante, el representante del Estado alega que la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que está ubicado en la franja de dos kilómetros contigua a la [Dirección12] , con presencia de robles, cuya afectación al dominio público es previa a la Reserva Forestal Río Macho. Inclusive, cita normativa anterior a la creación de dicha Reserva que imponía limitaciones a ese sector. Sobre este tema, el Tribunal ha expuesto: "... al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la representante del Estado no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección6] ."; y "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección8] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento de lo cual consta prueba en el expediente al haberse aportado a imagen 23 la certificación emitida por el Secretario del Juzgado Civil de Hacienda, en el que se le autorizó al señor [Nombre48] a la utilización del terreno que denunció de acuerdo con la Ley Número 13 de 10 de enero de 1939, pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. ". No comparte este Tribunal el análisis realizado por la juzgadora en cuanto a que no se demostró la posesión decenal previa a la declaratoria de la Reserva Forestal Río Macho en el mes de enero de 1964. Consta incluso a imagen visible a folio 16 del Expediente Digitalizado 13-000143-0699 AG, 27/10/2015 11:51:46 certificación de la Secretaría del Juzgado Civil de Hacienda expedida en fecha 18 de diciembre de 1951, el denuncio de posesión realizado por el señor [Nombre48] , quien luego en fecha 16 de mayo de 1973, le traslada la posesión al señor [Nombre1] (ver imagen 17 del Expediente Digitalizado). Es importante mencionar que luego la Ley N° 2825 de 1961 (Ley de Tierras y Colonización), estableció un regimen especial para definir las propiedades de las reservas nacionales, así como las que se consideraban de dominio privado, indicando en su artículo 11 en lo que interesa dice: “…Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal;…”. Es decir, se reconoce como privados los terrenos que estén amparados en la posesión decenal como lo es el caso del terreno objeto de titulación por cuanto incluso los testigos conocen al finca desde 1949, lo cual a criterio de esta Cámara le da derecho a titularlo, ello contrario a lo resuelto por la jueza ad quo. Incluso lo dicho en cuanto a la franja de los dos kilómetros contiguo a la [Dirección5] , quedó posteriormente sin efecto a derogarse la norma respectiva en cuanto a los robledales, de ahí, dichos terrenos pasaron a formar parte del dominio privado. Considera este Tribunal debe revocarse lo resuelto y aprobarse estas diligencias de Información Posesoria interpuesta por [Nombre1] dado demostró una posesión decenal diez años antes de la Declaratoria del Area Silvestre Protegida según lo relataron los testigos [Nombre5] , [Nombre6] y [Nombre49] , quienes declararon el 23 de setiembre del 2014, y dijeron conocer el inmueble entre los años 1949 y 1950, aparte de la prueba documental antes referida del denuncio de posesión en el año de 1951 (ver Expediente Digitalizado EXPN1 imagenes 23 y 24), que sin lugar a dudas deja plenamente demostrado la posesión decenal antes del año de 1964. En consecuencia se aprueban las presentes diligencias de Información Posesoria tramitada por [Nombre1] . En consecuencia proceda el Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles a inscribir a nombre de [Nombre1] , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, cédula de identidad CED8 - - , el terreno que se describe de la siguiente manera: naturaleza de terreno tacotal y cultivos, ubicado en [Dirección15] de la Provincia de Cartago, con una medida de Ciento treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro metros cuadrados, linda al norte con [Nombre2] , al Sur con el Ministerio del Ambiente y Energía, al este con [Nombre2] , al Oeste con [Nombre1] y [Nombre4] . El terreno se grafica con el plano N° plano C-1513787-2011-. Declararon como testigos los señores [Nombre5] , [Nombre6] , y [Nombre7] . Se estiman estas diligencias en la suma de tres millones de colones y el bien objeto de estas diligencias en la suma de quince millones de colones. POR TANTO: En lo apelado se revoca la sentencia dictada. En su lugar se aprueban las diligencias de información posesoria tramitadas por [Nombre1] . En consecuencia proceda el Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles a inscribir a nombre de [Nombre1] , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Isidro de Pérez Zeledón, cédula de identidad CED8 - - , el terreno que se describe de la siguiente manera: naturaleza de terreno tacotal y cultivos, ubicado en [Dirección15] de la Provincia de Cartago, con una medida de Ciento treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro metros cuadrados, linda al norte con [Nombre2] , al Sur con el Ministerio del Ambiente y Energía, al este con [Nombre2] , al Oeste con [Nombre1] y [Nombre4] . El terreno se grafica con el plano N° plano C-1513787-2011. Se estiman estas diligencias en la suma de tres millones de colones y el bien objeto de estas diligencias en la suma de quince millones de colones. ZVI2KENVOXI61 [Nombre50] – JUEZ/A DECISOR/A BE60SLKXLU861 [Nombre51] - JUEZ/A DECISOR/A MPLCTN3AMG061 VANNESSA FISHER GONZÁLEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN2 II Circuito Judicial San José, [Dirección16] , , [Dirección17] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:36:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**VOTE N° 352-F-2016** **AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** At fourteen hours and eleven minutes on the twenty-sixth of April of two thousand sixteen. **POSSESSORY INFORMATION** initiated by [Name1], of legal age, married, farmer, resident of San Isidro de Pérez Zeledón, identity card number CED1. Appearing in the proceedings are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, represented by Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card number CED2, in her capacity as deputy attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, legal ID number CED3, represented by Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED4. Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is David Salazar Mora, of legal age, unmarried, attorney, identity card number CED5. Processed before the Agrarian Court of Cartago. **WHEREAS:** 1. The petitioner filed the present possessory information proceedings so that, through this avenue, the following described land may be registered in the Public Property Registry: "land consisting of scrubland (tacotal) and annual plantings, located at [Address1], [Address2] of the Province of Cartago, measuring one hundred thirty-nine thousand five hundred ninety-four square meters, bounded on the North by [Name2], on the South by [Name3], on the East by [Name2], and on the West by [Name1] and [Name4]." (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, under Associated Documents, file dated 10/27/15 at 11:51:46 a.m., images 30 to 38, folios 22 to 29). 2. The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceedings under the terms set forth in the brief incorporated into the virtual desktop, file dated 10/27/15 at 11:51:46 a.m., images 70 to 71; in turn, the Institute of Rural Development did so under the terms set forth in the file dated 10/27/15 at 11:51:46 a.m., image 74. The Office of the Attorney General of the Republic requested the rejection of the present information in the judgment, in accordance with Articles 7 and 11 of the Law on Possessory Information; 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal); and provisions 261 and 262 of the Civil Code. (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago). 3. Judge Andrea Ruiz Ramírez, of the Agrarian Court of Cartago, by judgment number 24-2016 at twelve hours and one minute on the twenty-fifth of February of two thousand sixteen, resolved: "THEREFORE: THE Possessory Information initiated by [Name1] IS REJECTED." (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, under Associated Documents, file dated 02/25/16 at 12:01:15 p.m.). 4. David Salazar Mora, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the petitioner, filed an appeal expressly stating the reasons why he refutes the lower Court's thesis. (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, under Briefs Tray, file dated 03/02/16 at 8:25:02 a.m.). 5. In the processing of the proceedings, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the decision. Judge Darcia Carranza writes the opinion, and; **WHEREAS:** I. The Tribunal shares the fact held as proven. Consider the following as proven facts: 2. The petitioner proved possession exercised since the years 1949, 1950 (see testimonies of [Name5], [Name6], and [Name7] in images 82 to 85 of the virtual desktop). II. The fact held as not proven is not shared, as it is considered that there is sufficient proof that the land was acquired many years before the declaration as a Forest Reserve (Reserva Forestal). III. The petitioner appeals the decision rendered at first instance based on the following grievances: FIRST: That as stated by Judge [Name8] ANDREA RUIZ RAMÍREZ, in CONSIDERANDO, II UNPROVEN FACT, his principal, Mr. [Name1], has not demonstrated "private ten-year possession (posesión decenal) of the land prior to 1964". SECOND: That in CONSIDERANDO, III ON THE MERITS OF THE CASE, the judge emphasizes that his principal acquired the land sought to be titled on the sixteenth of May of two thousand seventy-three, and that prior to this, his father, Mr. [Name9], held it, who had the land since the year nineteen fifty-one, through a denouncement (denuncio) made on said land, all of which is on record. Subsequently, she clearly establishes that the witnesses corroborate his principal's statement that his family has possessed the land since the year nineteen forty-nine. She also makes it clear that Article 7 of the Law on Possessory Information establishes that "when the property to which the information refers is included within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the title applicant must prove to be the holder of the legal rights over the ten-year possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created said wilderness area" (the bold and underlining are the appellant's). It states in section V that "the property is affected to the public domain as of the effectiveness of the decree that created the Río Macho Forest Reserve, the possession accredited must date back to at least the year 1954," which, looking at the documentary evidence together with the testimonial evidence, has been fully complied with since possession has been held since 1949, which the judge also clearly understands as she determines that "In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to said year." After that, the judge mentions the arguments of the State's representation, without issuing her own reasoned judgment, as she simply copies almost verbatim the argument of the State Attorney General's Office, and at the end adds that "the petitioner only accredited possession of approximately two years and months prior to the declaration of the Forest Reserve," which is not true, since, as demonstrated in the record, possession has been exercised since the year nineteen forty-nine, with the petitioner's father having held the property in question for more than twelve years at the date of creation of the Río Macho Forest Reserve. From the above, it is clear that the judge issuing the appealed decision fully analyzed the evidence under the rules of sound rational criticism, but her decision does not align with her analysis. THIRD: That it is considered accredited that my principal has possessed, as owner, the property to be titled; that he has fulfilled the formal requirements demanded by the Law on Possessory Information and the possessory acts with land-conforming use; that the forest resource has been cared for, and the flora and fauna conserved (see testimonial evidence submitted). FOURTH: That the legal framework regulating the Possessory Information proceeding is Law number 139, along with its amendments. Said body of law, in its article seven, establishes that "when the property to which the information refers is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must prove to be the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the Law or decree that created that wilderness area"; as can be seen from the above, the legislator, when dictating said provision, intended to determine that properties located in protected areas (regardless of their management category) can be titled by their possessors, with the sole requirement of accrediting possession of said properties for ten years prior to the date the protected area was created and protecting the forest resource, which makes it abundantly clear that the spirit of said provision—which sets the standard to follow—is to allow possessors to title lands located in protected areas. Our law evolves, and therefore the need arises to create special laws to regulate the needs of legal subjects, among which we find private property. In the case under study, such special laws are the Law on Possessory Information and the Forestry Law. The legislators foresaw with these laws that lands held by private individuals, who care for and look after their lands, could be titled, regardless of where said properties are located—whether these zones are called protected areas or not. What is intended with these bodies of law is for individuals to have, through our legislation, a tool with which to guarantee their constitutional rights to private property, provided, of course, that the Forest Resource is cared for, just as my principal and his predecessors have done, as demonstrated by the testimonial evidence. Regarding the official communication from MINAE, it refers to the fact that said land is located in the strip of [Address3] adjacent to the Inter-American Highway; this refrain originates from the ITCO Law, article seven, subsection one, and article ten, both of which are repealed, so their application is not currently acceptable. Although the Law of Lands and Colonization declared those areas to be public domain, it also exempted those already under private domain, a situation fully met by the property my principal seeks to title. The amendment to the Law on Possessory Information provides for the titling of lands located in protected areas, and the only requirements established by the legislators, considering the evolution of our law, were to comply with a decennial ecological and environmental possession prior to the date of creation of the protected area, in this case, the Los Santos Forest Reserve. Therefore, the arguments made by the Office of the Attorney General of the Republic, as well as by MINAE, and what is established in the Appealed Decision, are not acceptable, since if our legislators intended to ignore the fact that law evolves, they would not dictate or amend our laws, and we would still be applying outdated norms, which would not adapt to current needs, the era, or the situations we all, as users of the law, face—primarily those protected under agrarian law. Currently, this aforementioned evolution has led us to have a special norm that regulates the current legal situation of untitled lands located in protected areas belonging to private parties; such is the case of the Forestry Law and the Law on Possessory Information. For its part, the Organic Law of the Environment, in its provision thirty-seven, establishes that although it is true that the Executive Branch of our Rule-of-Law State is responsible for declaring which lands shall be protected wilderness areas—whatever their management category—said lands will be included within the state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, unless voluntarily submitted to the established forest regime, situations that have not occurred in the case in question, and therefore it should not be considered land forming part of the State's Natural Heritage. FIFTH: That there is a long jurisprudential line regarding cases seeking to title lands located within protected forest areas, and the prevailing criterion of our Agrarian Tribunal is that, first, it must be demonstrated that the forest resource has been protected, complying with an ecological possession, maintaining the ecological criterion of property and the forest vocation of the lands in question; and second, that at least a ten-year possession prior to the respective decree or law creating the protected forest area where the property to be titled is located must have been demonstrated—a situation that has been fully met in the matter before us, making it abundantly clear that my principal fulfills the material and formal requirements to obtain an inscribable title in the Public Registry and thus enjoy the property rights enshrined in our Political Constitution. To refer briefly to the line of criteria that has generated an entire jurisprudential line, which has dominated this type of matter, we will mention some notable votes, among which we have a first group of votes in which possessory information proceedings have been rejected for various situations, but all votes are consistent in that possession must be demonstrated ten years before the creation of the Los Santos Forest Reserve, that is, possession from the year nineteen sixty-five (possession that my principal fulfills), or in other cases, ten years before the creation of the Reserve where the property to be titled is located: 1) VOTE 0027-F-06; stating in relevant part: "V. Regarding the appellant's claim that the fact that the property was within the Río Macho Forest Reserve arose during the proceedings, this was known from the beginning of the procedure because one of the initial requirements is the certification from the Ministry of Environment and Energy confirming such circumstance (see folio 2), submitted by the petitioner at the start of the proceedings. This document indicates that the property subject to titling is located within that protected wilderness area created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 1-A of January 23, 1964. Based on the foregoing, it is clear that this circumstance was known, and therefore it was his obligation to demonstrate a ten-year possession prior to the indicated date when the Río Macho Forest Reserve was created. VI. Regarding the argument concerning the evidence for better decision-making that the appellant claims was not heard by the judge, it is necessary to indicate that such evidence is discretionary for the judge, not for the parties. The title applicant party should also, from the moment they offered testimonial evidence, corroborate that the witnesses knew the land for sufficient time to prove the facts affirmed by them. If due to error or ignorance of the petitioner or their legal advisor, they do not accredit it properly at the appropriate time, it is a burden that must be imputed solely against them under their responsibility. It is not the judge's role to remedy that situation, unless, without violating their functions and in protection of the party's rights and with respect for the current legal system, they consider, on well-founded grounds, that it is strictly necessary to receive additional evidence. If the petitioner failed to demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wilderness area on January 23, 1964, it is an evidentiary problem of the petitioner, not of the Court, as the appellant attempts to portray, as indicated. The witnesses offered could not demonstrate ten-year possession before the indicated date because the deponent [Name10] was not even born by the date the property was affected to the public domain by being declared a protected wilderness area, and another of them was born two years before the declaration ([Name11]). In summary, the petitioner's argument lacks merit as he did not demonstrate ten-year possession prior to the creation of the protected wilderness area; therefore, the rendered judgment is concurred with." 2) VOTE N° 199-F-05; stating in relevant part: "III. In this case, according to the certification from the Ministry of Environment and Energy at folio 20, the property is located approximately 77% within the Los Santos Forest Reserve created by Executive Decree No. 5389-A of 10/12/75. Therefore, effective possession of ten years prior to that Decree, that is, at least from the year '65, would have to be demonstrated. Furthermore, the property is also located 23% within the Río Macho Forest Reserve, created by Executive Decree No. 1-A of 01/23/64, which would require demonstration of possession ten years prior to that Decree. In the present case, although only part of the property is within a protected area, with the requirement to demonstrate possession prior to the year '54, since it involves a single plan (plano), it could not be endorsed, and therefore the decision by the A-quo Judge is correct..." 3) VOTE No. 0169-F-06; highlighting in relevant part: "IV. In this matter, the testimony of [Name12] was received at folio 23, who claimed to have known the property for approximately 24 years, and that it was acquired by the petitioner between the years 1988 and 1989, as he was an official of the Ministry of Agriculture and Livestock and he visited the property. The deponent [Name13] (folio 43 verso), stated having known the property all his life as he has lived in the area of Santa María de Dota. Finally, [Name14] declared having been the owner in 1973; he also added knowing it his whole life. According to the certification issued by the Ministry of Environment and Energy, the property subject to titling is located approximately 83% within the Los Santos Forest Reserve. This reserve was created by executive decree [Plate1] of November 12, 1975. According to the above, and in accordance with provision 7 of the Law on Possessory Information, the petitioner must demonstrate having consolidated their right at least 10 years before the declaration of creation of such zone, a computation that begins from the effective date of the law or decree that created it. For this case, the testimonial evidence must refer to possession exercised since before November 11, 1965. Note that from [Name12]'s declaration, he claimed to have known it for 24 years, that is, between the years 1975 and 1976 approximately, because the declaration was given on October 8, 2000. The other two witnesses say 'all their lives'. However, the witnesses, in accordance with Article 6 of the Law on Possessory Information, must render their declaration to demonstrate, among other things, the justification of the possession exercised by the petitioner and the chain of transferors, which is by legal imperative. The criterion on the evidentiary function of witnesses is determined by law, and in this case, the requirement was not met." 4) VOTE 0624-F-08; stating in relevant part: "IV. Regarding the assessment of testimonial evidence whose purpose is to demonstrate possession in protected areas, this Tribunal has stated: 'Article 6 of the Law on Possessory Information reads: "The justification of possession shall be accredited by the declaration of three witnesses residing in the canton where the property is located, who attest to facts that prove the possession, with specification of the acts that allow it to be identified as a legitimate possession; likewise, the time thereof and that of the transferors in the corresponding cases." Likewise, Article 7 of the cited law states: "When the property to which the information refers is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must prove to be the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area." The requirements set forth for land titling are clear in the Law on Possessory Information, as well as in special laws such as the Soils Law, among others; one of these requirements is the necessary demonstration of ten-year possession by three witnesses; lacking even one of these, the possessory information must be denied.' Agrarian Tribunal, Vote No. 118-F-06 at fourteen hours thirty minutes on the sixteenth of February of two thousand six. In the case under review, the property is located both within the Los Santos Forest Reserve, according to Executive Decree Number [Plate2] of November 12, 1975, and within the Río Macho Forest Reserve, created by Executive Decree 1-A of January 23, 1964; therefore, the provisions of Article 7 transcribed above are applicable. The declaration of three witnesses was received; however, none of them accredited the requirements of ecological possession since before 1954..." 5) VOTE No. 0688-F-07; indicating regarding the case at hand: "V. This Tribunal has repeatedly considered that: '... Possessory Information is a non-contentious judicial activity proceeding for the formalization of a registrable title over a property right that has been acquired through adverse possession (usucapión), thereby complying with the corresponding legal requirements. It requires demonstration of possession as owner, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner (Articles 1 of the Law on Possessory Information and 856 of the Civil Code). The title applicant, apart from lacking a title registered or registrable in the Public Registry, must expressly state that the farm has not been previously registered in the Public Registry. For reasons of public interest, and to avoid double registration of the same property, or to protect third parties with a better right than the title applicant, the Law requires notifying certain subjects. It also established an opposition procedure within the Possessory Information, in case any of the interested parties feels harmed by the titling (Article 8). The Law on Possessory Information orders the Judge to consider as parties, and therefore to personally notify from the start of the proceedings, the adjoining landowners, because the titling could encompass part of the lands belonging to them... it orders notification to co-owners. Likewise, in safeguarding the interests of the State, it orders to consider as a party the Office of the Attorney General of the Republic and the Institute of Agrarian Development, for the protection of property subject to the public domain and State Agrarian Property (Article 5). Finally, the law mandates summoning all interested parties, through the publication of an Edict in the Judicial Bulletin, who may have a legitimate interest in the proceeding. (See provision 5 of the Law on Possessory Information)... The Law on Possessory Information, in its Article 7, as well as the Forestry Laws, have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of said areas, which once declared as conservation areas become part of the State's Forest Heritage, has been permitted, compliance with other, more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession, and to the criterion of the ecological function of forest property... X. Forestry Law No. 7575 (Ley Forestal N° 7575) also maintained the restrictions in the Law on Possessory Information for titling lands within protected areas. In this regard, the current provision states: "Article 7.- When the property to which the information refers is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must prove to be the holder of the legal rights over the ten-year possession (posesión decenal) exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area." (Bolding is ours). That is, the legislator's intention is that these areas have been kept protected and conserved throughout this entire time, even before the creation of the Reserves and protected areas...' (Resolution at 14:50 hours on February 20, 1998, corresponding to Vote No. 113). Based on the foregoing, it is necessary for the petitioner to demonstrate the ten-year possession prior to the declaration of the Golfo Dulce Forest Reserve protected wilderness area, which in this case was created on April 28, 1978. Additionally, they must prove, in accordance with provision 6 of the Law on Possessory Information, by the declaration of three witnesses. VII. From the analysis of the testimonial evidence presented in the present case, the Tribunal reaches the same conclusion as the lower court judge, in that they failed to demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the Golfo Dulce Forest Reserve. It is important to note what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated in this regard: '... Article 7, first paragraph, of the Law on Possessory Information challenged, the text of which predates the last reform by Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of the titling of real property located within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article indicates that the title applicant must prove having exercised ten-year possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area. The challenged provision regulates the case of titling real property that has been affected to the public domain by the declaration as a protected wilderness area, whatever its specificity. The task now is to determine whether, in accordance with the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria informing the institutes of adverse possession (usucapión) and the possession necessary to acquire by adverse possession, as set out above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real property, which would infringe the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for adverse possession, established in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the period alleged by the claimant as infringing the right to property does not occur because, given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession (usucapión) must elapse before the property is affected to the public domain. That is, the declaration as a protected wilderness area prevents the possession subsequent to the affectation from counting and prevents the requirements for adverse possession from being met if the right had not been acquired by that moment, i.e., if the ten years of possession suitable for adverse possession with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of being exercised as owner, necessary for possession ad usucapionem. It should be recalled that properties affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by adverse possession if, before the affectation occurred, the necessary conditions for acquiring the right were not met. In that sense, the challenged provision, despite appearing to regulate a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code, and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the norm does not establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the way those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of the object to be titled as a public domain asset." Therefore, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the text of which is being challenged, introduced a different regime regarding the requirements for adverse possession (usucapión) that could have aggravated the situation of persons who were in possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest ... " (Voto 4587). For the reasons stated above, the appellant is incorrect, as they failed to demonstrate, through the declaration of three witnesses, the ten-year possession prior to the declaration of the Reserva Forestal Golfo Dulce, created on April 28, 1978. It is important to mention that none of the deponents whose testimonies were taken refer to whether the title applicant or the previous possessors have protected the resource, which is another requirement that must be met to obtain title in this type of area where the forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal)," and the possessory acts must be directed toward their protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Notwithstanding the foregoing, the presented sale-purchase document alone does not constitute reliable proof, as it involves the granting of a private contract before a Notary Public stating that Mr. [Name15] transferred the possession he had held for ten years prior, that is, from approximately February 1968. Based on the foregoing, it is evident that the witnesses give a version different from the documentary evidence and from what the petitioner stated in the application brief, as they indicate that Mr. [Name16] has been on the property since approximately the year nineteen sixty-five, whereas such documentary evidence and his statement that he acquired it in the year 1978 totally contradicts what the witnesses said, so they do not merit credibility before this Court. In summary, the petitioner is incorrect because she did not demonstrate the ten-year possession prior to the creation of the protected wilderness area; nor has she demonstrated the protection of the resource, hence, the decision of the lower court must be confirmed. ". 6) VOTO N° 0038 -F-11; regarding this, it states: " ... VI.-The appellant is incorrect. The legislator established a series of stricter requirements precisely to prevent the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and protected areas, as well as their biodiversity, from being affected. Therefore, Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias requires demonstrating not only the ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, but also that the forest has been conserved. The ten years prior to the creation are required precisely to protect those private individuals who had consolidated their right of possession ten years before the area's creation, that is, before the public domain encumbrance occurred (See, among others, Tribunal Agrario, No. 124 of 11:30 a.m. on March 14, 2003). In the case before us, the title applicant did not demonstrate the exercise of that possession for at least 10 years prior to the creation of the Reserva Forestal de Los Santos (as she had to prove it from before 1965). The appellant generically combats the judge's reasoning by indicating that even though the witnesses were only 4, 3, and 1 year old, respectively, when they first knew the farm, their testimonies are suitable. However, this Court considers, like the lower court (a quo), that said declarations are insufficient to consider that a ten-year agrarian or ecological possession prior to the creation of the Reserva Forestal Río Macho has been demonstrated. The testimonial evidence was received on February 17, 2010. The witness [Name17] indicated that he is sixty-four years old and that he came to the farm at the age of five, that is, he was born in the year 1946, that he has known it since approximately 1951, given that the Reserva Forestal Río Macho was created in 1964. On the other hand, the witness [Name18] declares that he is 62 years old and that he has known the farm for sixty years, that is, since the year 1950. The last witness, [Name19], says he is 57 years old and that he has known the farm since 'he has had the use of reason' (folio 69), which would be more or less since the year 1960 if he had known it since he was three years old. This last testimony is the one that is not suitable, as he did not know it before 1954. This would be sufficient to reject the possessory information proceedings. That cannot be a reason or criterion to establish a person's possession; that is, one cannot conclude a valid time of public, peaceful, and uninterrupted possession, much less be certain of the chain to which the witness refers, so he would hardly have the cognitive and volitional capacity in his first years to be able to know who possessed those properties. To demonstrate that possession, the suitability of three testimonies is required, and the statement of [Name19] is insufficient. On the other hand, the documentary evidence is also not suitable for such purposes, as it only demonstrates that the title applicant acquired the possession in the year 1982 (folio 1). Due to the foregoing, the appealed judgment is confirmed." 7) VOTO 0199-F-11; regarding this, it says: "VI.-As for the substantive grievances, they must be rejected because the appellant is incorrect. In the Ley de Informaciones Posesorias, the legislator established a series of requirements when dealing with the titling of lands belonging to the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and in protected areas. Therefore, Article 7 of said Law requires demonstrating not only the ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, but also that the forest has been conserved. The ten years prior to the creation are required precisely to protect those private individuals who had consolidated their right of possession ten years before the area's creation, that is, before the public domain encumbrance occurred (See, among others, Tribunal Agrario, No. 124 of 11:30 a.m. on March 14, 2003). Such ten-year possession must be proven by the declaration of three witnesses (Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias); lacking even one of these, the petition must be denied. Said testimonial declarations are a mandatory requirement under Article 6 cited above, and are not substitutable by documentary evidence, since possession, even derived possession, is only demonstrable with the declaration of three witnesses (see Voto number 118-2006 of this Court). In these proceedings, the petitioner did not demonstrate the exercise of that possession for at least 10 years prior to the creation of the Reserva Forestal de Los Santos, as they had to prove it from before 1965, given that the Reserve was created on November 12, nineteen seventy-five. The declarations of the witnesses presented in the case file are insufficient to consider that a ten-year agrarian or ecological possession prior to the creation of the Reserva Forestal Los Santos has been demonstrated. The testimonial evidence was received on November 15, 2006. The witness [Name20] states that he has known the farm 'for about seven years, which was the first time I passed by there' and that since he has known the farm it belongs to this company, referring to the petitioner. Furthermore, the witness expressly mentions that 'I never met Don [Name21],' who according to the information provided by the petitioner was the previous possessor (folio 78), also being insufficient to demonstrate the chain of transmission of possession, which the petitioner intends to benefit from. Therefore, through this testimonial declaration, the ten-year possession prior to the creation of the Reserva Forestal Los Santos is not demonstrated, which is sufficient reason to disapprove the proceedings. However, for greater abundance, the witness [Name22] indicates that he has known the farm for about twenty years, or approximately since the year 1986, according to the date he gave his declaration, given that the Forest Reserve was created in 1975. Indeed, the deponent [Name22] was 45 years old at the time of his declaration, meaning he was born in 1961, and on the date of the creation of the Forest Reserve he was barely 4 years old, so he would hardly have the capacity in his early years to be able to know who possessed those properties at that time." 8) VOTO N° 0926-F-07; regarding what concerns us, it states: "V.-Regarding the evaluation of testimonial evidence whose purpose is the demonstration of possession in protected areas, this Court has said: 'Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias reads: "The justification of possession shall be proven by the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located ..." Likewise, Article 7 of the cited law states: "When the property to which the information refers is included within a protected wilderness area, regardless of its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of legal rights over the ten-year possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wilderness area." - The requirements stated for the titling of lands are clear in the Ley de Informaciones Posesorias, as well as in special laws such as the Forestry Law and others, with one of those requirements being the necessary demonstration of ten-year possession with three witnesses; lacking even one of these, the possessory information must be denied.' Tribunal Agrario, Voto No. 118-F-06 of two thirty p.m. on February 16, 2006.- In the case under examination, the property is located within the Reserva Forestal Los Santos, according to Executive Decree Number [Placa2] of November 12, 1975, so the provisions of Article 7 transcribed above apply to it. The declaration of three witnesses was received; however, none of them knew the property from before the year 1965. The deponent [Name23] at folio 87 is not consistent when referring to the existence of a ten-year possession prior to the creation of the restriction, as he indicates that he has known the farm for twenty-five years; given that the witness testified on April 4, 2006, this means he has not known the farm since before that date, but since 1981, so his testimony is not suitable to prove the petitioner's probative theory. The second witness, [Name24], at folio 188, testified on the same day as the previous witness and claims to have known the farm 'since the year 80,' so the petitioner also fails to demonstrate the ten-year possession prior to 1975. Likewise, this witness claims to not know how the petitioner acquired it. The third witness, [Name25], said he was 39 years old, which means he was born in the year 1967, so his testimony also contributes nothing to demonstrate the ten-year possession prior to the year 1975 (folio 88). This last witness refers to the possessory chain in the sense that the petitioner acquired by means of a sale-purchase from '[Name26],' who in turn received the right of possession from [Name27]. For his part, the aforementioned witness [Name23] at folio 87 affirms that said chain begins with [Name28], then [Name26] who acquired it from [Name27], who initially bought it from [Name28]. But none of the witnesses could refer to the dates on which these transfers occurred, nor did they describe the manner in which those individuals exercised possession, nor how long they remained on the land and whether it was in a public, continuous, and peaceful manner, aspects that cannot be demonstrated with the deeds of the possessory transfers, since said documentary evidence proves the transferable title of possession, but not the requirements of possession itself, including the ten-year duration. Therefore, it has not been demonstrated when the first transferor entered into possession of the property or how he exercised said de facto power over it.- Thus, the requirement of the three testimonial declarations required under the cited article is not met.' " 9) VOTO N°1 055-F-1 O; regarding what is of interest, it establishes: " ... V.-In a case similar to the one now before us, this Court, in a recent resolution, pointed out regarding the objections of the Procuraduría the following: 'In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. However, the representative of the State alleges the public domain encumbrance is prior to that date, since it involves a property with oaks and located in a zone of [Dirección4] meters on both sides of the [Dirección5] route, as provided in subparagraph a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she points out, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created by Decree No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites regulations prior to that one that imposed limitations on that sector. In this regard, the Court finds that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias came into force, allowing the titling of properties with forest located within protected areas, a declassification (desafectación) from the public domain occurred, and a ten-year possession prior to the validity of the law or decree that created the protected area must be proven. That possession evidently had to be exercised as an owner (a título de dueño); a situation that, in the appellant's opinion, did not occur because according to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939 -now repealed- possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those regulations provided: "Baldíos (public lands) located in an area ... 2000 meters wide on each side of the [Dirección6] route shall not be alienable."; and: "The Executive Branch may lease, by contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an area not exceeding two hundred fifty hectares, if dedicated to cattle raising or fattening, and not exceeding one hundred twenty-five hectares, if destined for agricultural crops..." She adds, Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the Ley General de Terrenos Baldíos, adding the element of oaks, declaring as a National Park the lands included in the zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección8] of the rest of the route yet to be built that have oaks. According to the list of cited regulations, possession in the character of lease could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to begin possessing those lands in the character of owner. However, on that date, the lands included in the zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección9] of the rest of the route yet to be built that have oaks were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Ley de Tierras y Colonización came into force, which declared the lands located in that sector and having oaks as public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is included, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could be exercised until the validity of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, and those lands could be possessed in a ten-year period until the Reserva Forestal Los Santos was created by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided in the process. Certainly, the Ley de Tierras y Colonización declared those areas public domain, excepting those that were under private domain, as occurs in this case; added to this, such declaration was made through a subparagraph that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the State's representative is not shared.-' (Tribunal Agrario, No. 306-F-1 O, of 8:40 a.m. on April 9, 2010). VI.-The appellant is correct in that the ten-year possession prior to the creation of the Los Santos Reserve was not demonstrated with the three witnesses required by law. In this process, similarly, the witness [Name29] (folio 58) claims to have known the property subject to these proceedings for 15 or 20 years, when the area was already encumbered. The witness [Name30] (folio 57) is the petitioner's brother and says he has known the farm since 1957, while the witness [Name31] (folio 59) has known the farm for fifty years (...): With this, the provisions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias are NOT met, as a ten-year possession prior to the creation of the Reserva Forestal Los Santos was NOT demonstrated, and the forest resource was not proved to have been protected. Consequently, the ruling must be revoked and the proceedings disapproved .... " As can be appreciated, all the previous rulings are congruent in one aspect: that possession of the farm to be titled must be demonstrated for at least ten years prior to the creation of the Forest Reserve, or the executive decree creating the protected forest area. In my client's case, it is necessary to demonstrate possession since the year nineteen sixty-five, a situation that was clearly demonstrated, contrary to what the lower court (a-quo) indicated. Next, we will see other Votos in which an registrable title for the land sought to be titled was indeed obtained: 10) VOTO 306-F-10, states: "III. Through this process, the titling of a property located in San Gerardo de Copey, [Dirección10], canton seventeen of the province of San José, is intended, with an area of 1 hectare 2,629 square meters, destined for agriculture, according to cadastral map SJ-744261-2001 (folio 1). It is located in the Reserva Forestal Los Santos, created by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975 (folio 2). On said property, the proper use of the soil for the activity being carried out has been exercised according to the approved methodology, as per certification issued by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, which added in its report: 'The soil is covered with natural pasture with some blackberry plants and sectors with remnant forest trees. The zone is for recreation and rest; there are no productive agricultural or forestry activities.' (folio 7). The nature of the remnant forest trees cited there is oak groves (robledales), as noted in the judicial inspection record, stating: 'The southern and central sector of the farm is a cleared area, with some oak trees ... The northern sector is mountainous, with species such as oaks and cypresses ...' (folios 55 and 56). The foregoing coincides with the information recorded by engineer Pablo César Sánchez Núñez, from the Los Santos Subregional Office of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (folio 71). As proof of possession, a document was provided by which Mrs. [Name32] donated to the petitioner on April 28, 2009, the possessory acts she claims to have carried out for 15 years on the property personally and through transmission made to her by her husband, [Name33], who transmitted the possessory rights exercised by him and previous owners for more than 40 years, in a public, peaceful, continuous manner and with the character of owners (folio 4). According to that document, the possession donated to the title applicant dates back more than 55 years, i.e., to before the year 1954. It was indicated in the document that the donation was formalized on the cited date but had materialized a year earlier, a statement that could not have any effect because the donation must be made by public deed to be valid. For their part, the witnesses [Name34], [Name35], and [Name36], who testified on October 8, 2009, said they knew the property since 1963 (folio 52), 1960 (folio 53), and 1958 (folio 54), a time when the farm was in the possession of [Name37], respectively. According to the foregoing, if we start from the premise that the property was encumbered to the public domain starting from the effectiveness of the decree that created the Reserva Forestal Los Santos, No. 5389-A of October 28, 1975, the possession to be proven had to date back to at least the year 1965. In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. However, the representative of the State alleges the public domain encumbrance is prior to that date, since it involves a property with oaks and located in a zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección5] route, as provided in subparagraph a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she points out, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created by Decree No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites regulations prior to that one that imposed limitations on that sector. In this regard, the Court finds that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias came into force, allowing the titling of properties with forest located within protected areas, a declassification (desafectación) from the public domain occurred, and a ten-year possession prior to the validity of the law or decree that created the protected area must be proven. That possession evidently had to be exercised as an owner (a título de dueño); a situation that, in the appellant's opinion, did not occur because according to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939 -now repealed- possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those regulations provided: "Baldíos (public lands) located in an area ... 2000 meters wide on each side of the [Dirección6] route shall not be alienable."; and: "The Executive Branch may lease, by contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an area not exceeding two hundred fifty hectares, if dedicated to cattle raising or fattening, and not exceeding one hundred twenty-five hectares, if destined for agricultural crops..." She adds, Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the Ley General de Terrenos Baldíos, adding the element of oaks, declaring as a National Park the lands included in the zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección8] of the rest of the route yet to be built that have oaks. According to the list of cited regulations, possession in the character of lease could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to begin possessing those lands in the character of owner. However, on that date, the lands included in the zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección9] of the rest of the route yet to be built that have oaks were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Ley de Tierras y Colonización came into force, which declared the lands located in that sector and having oaks as public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is included, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could be exercised until the validity of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, and those lands could be possessed in a ten-year period until the Reserva Forestal Los Santos was created by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided in the process. Certainly, the Ley de Tierras y Colonización declared those areas public domain, excepting those that were under private domain, as occurs in this case; added to this, such declaration was made through a subparagraph that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the State's representative is not shared.- ... " 11) VOTO 0777 -F-1 O, indicates the following: "111.-The Deputy Procuradora appeals the judgment, considering that according to official letter No. ACOPAC-OSRS-932-09 in the case file, the property to be titled is located in the strip of [Dirección11] kilometers adjacent to the [Dirección12], in a sector with oak grove cover. She maintains that in 1965, the lands included in Cadastral Map SJ-822389-2002 were not susceptible to possession, by virtue of Article 6 of the Ley General sobre Terrenos Baldíos of 1939, which were only susceptible to lease contracts, so they could not be possessed as owners (en calidad de propietarios). Furthermore, she holds that Law No. 197 of August 29, 1945 declared national parks the lands included in the zone of [Dirección13] and that have oaks, which was maintained in the Ley de Tierras y Colonización, Articles 7 subparagraph a) and 10. She argues that there was a repeal on November 9, 1973 by Law 5385 of October 30, 1973, but two years later Decree No. 5389-A of October 28, 1975 was enacted, so it is not feasible for the occupants to have consolidated positive prescription or adverse possession (usucapión) in two years. Therefore, she considers that the A-quo disregards the public domain regime, dealing with imprescriptible properties, making it impossible to apply possession ad usucapionem here. IV.- In a case similar to the one now before us, this Court, in a recent resolution, pointed out regarding the objections of the Procuraduría the following: 'In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. However, the representative of the State alleges the public domain encumbrance is prior to that date, since it involves a property with oaks and located in a zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección5] route, as provided in subparagraph a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she points out, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created by Decree No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites regulations prior to that one that imposed limitations on that sector. In this regard, the Court finds that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias came into force, allowing the titling of properties with forest located within protected areas, a declassification (desafectación) from the public domain occurred, and a ten-year possession prior to the validity of the law or decree that created the protected area must be proven. That possession evidently had to be exercised as an owner (a título de dueño); a situation that, in the appellant's opinion, did not occur because according to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939 -now repealed- possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those regulations provided: "Baldíos (public lands) located in an area ... 2000 meters wide on each side of the [Dirección6] route shall not be alienable."; and: "The Executive Branch may lease, by contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an area not exceeding two hundred fifty hectares, if dedicated to cattle raising or fattening, and not exceeding one hundred twenty-five hectares, if destined for agricultural crops..." She adds, Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the Ley General de Terrenos Baldíos, adding the element of oaks, declaring as a National Park the lands included in the zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección8] of the rest of the route yet to be built that have oaks. According to the list of cited regulations, possession in the character of lease could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to begin possessing those lands in the character of owner. However, on that date, the lands included in the zone of [Dirección7] on both sides of the [Dirección9] of the rest of the route yet to be built that have oaks were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Ley de Tierras y Colonización came into force, which declared the lands located in that sector and having oaks as public domain. The foregoing means that during the period when that area, within which the property to be titled is located, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could have been exercised until the entry into force of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, and those lands could be possessed in a ten-year period (decenal) until the Los Santos Forest Reserve was created, by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided to the proceeding. Certainly, the Land and Colonization Law declared those areas to be public domain, making an exception for those that were under private domain, as is the case here; coupled with this, such declaration was made through a subsection that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the State’s representative is not shared." (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10, at 8:40 a.m. on April 9, 2010). V.- In this proceeding, likewise, witnesses [Name38] (folio 59), [Name36] (folio 60), and [Name34] (folio 61), attest not only to the chain of transferors, but also to the ten-year possession (posesión decenal) prior to 1965, and the last witness even refers to the year 1958. This fulfills the provisions of Article 7 of the Possessory Information Law, by demonstrating a ten-year possession prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve, and that the forest resource has been protected. Consequently, the judgment must be upheld.... " 12) VOTO 1 044-F-1 O; states: "IV.-In a case similar to the one now before us, this Tribunal, in a recent ruling, stated regarding the objections of the Procuraduría, as follows: "In this case, both the testimonial and documentary evidence refer to a period prior to 1965. However, the State’s representative claims that the encumbrance on the public domain is prior to that date, since it is a property that has oak trees and is located in an area of [Address7] on both sides of the route of [Address5], as provided in subsection a) of Article 7 of the Land and Colonization Law, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she notes, two years later the Los Santos Forest Reserve was created, by Decree No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites prior regulations that imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that upon the entry into force of Article 7 of the Possessory Information Law, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, a release from the public domain (desafectación al dominio público) occurred, requiring proof of a ten-year possession (posesión decenal) prior to the entry into force of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as an owner (a título de dueño), that is, a situation that in the appellant’s opinion did not occur because, pursuant to Articles 6 and 62 of the General Law on Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) No. 13 of January 10, 1939 – already repealed – possession of that area could only have been exercised through a lease agreement. Those rules provided: 'Vacant lands located in a zone ... 2000 meters wide on each side of the roadway of the [Address14] may not be alienated.'; and: 'The Executive Branch may lease through contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land mentioned in Article 6°, in an area no greater than two hundred and fifty hectares, if used for cattle breeding or fattening, and no greater than one hundred and twenty-five hectares, if used for agricultural crops (...)' General Law on Vacant Lands, adding the element of the oaks, declaring as a National Park the lands within the zone of [Address7] on both sides of the [Address8] of the rest of the route to be built that have oaks. According to the relationship of cited rules, possession in the character of a lease could have occurred until the repeal of the General Law on Vacant Lands, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, it was possible to have entered into possession of those lands as an owner. Now, on that date, the lands within the zone of [Address4] meters on both sides of the [Address9] of the rest of the route to be built that have oaks were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Land and Colonization Law entered into force, in which the lands located in that sector and having oaks were declared public domain. The foregoing means that during the period when that area, within which the property to be titled is located, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could have been exercised until the entry into force of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, and those lands could be possessed in a ten-year period (decenal) until the Los Santos Forest Reserve was created, by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided to the proceeding. Certainly, the Land and Colonization Law declared those areas to be public domain, making an exception for those that were under private domain, as is the case here; coupled with this, such declaration was made through a subsection that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the State’s representative is not shared." (Agrarian Tribunal, No. 306-F-1 O, at 8:40 a.m. on April 9, 2010). V.-In this proceeding, likewise, witnesses [Name39] (folio 51), [Name36] (folio 52), and [Name40] (folio 52), attest not only to the chain of transferors, but also to the ten-year possession prior to 1965, and the first witness even refers to the year 1956 and the last witness refers to the year 1957. This fulfills the provisions of Article 7 of the Possessory Information Law, by demonstrating a ten-year possession prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve, and that the forest resource has been protected. Consequently, the judgment must be upheld. . .. " 13) VOTO 1185-F-1 O; indicates: "IV.-The appellant is correct; it is clear from the testimonial evidence, indeed, that the titleholder [Name32], acquired from her husband [Name33] more than twenty years ago, by verbal gift, who had inherited it from his father [Name37], who had possession of the land since nineteen fifty-four, as corroborated by the witnesses. Witness [Name39] said he knew the land since nineteen fifty-four and that in nineteen fifty-eight, Mr. [Name37] entered the land, who later gave it to his children, and that [Name33] gifted it to [Name32] more than twenty years ago (see declaration, folio 68). The deponent [Name36] said he knew the land since nineteen sixty and that at that time it belonged to [Name37], later it was the children’s of said gentleman, and [Name33] gifted it to Mrs. [Name32] about twenty years ago, and she transferred a right (derecho) to her daughter (see testimony at folio 69). Witness [Name34] said he knew the land since nineteen fifty-eight, when [Name37] arrived, then he gave it to his son [Name33] around sixty-five, and he gave it to Doña [Name32] around nineteen eighty-five, and she gave a piece to her daughter (see testimony at folio 70). From the foregoing, this Tribunal has not the slightest doubt that it was demonstrated that the person who gave the land to [Name32] was her husband [Name33], and that she transferred a half-interest right (derecho) to her daughter [Name41], as is clear from the documentary evidence visible at folio 8, consisting of a deed certification, and from the testimonial evidence of [Name39], [Name36], and [Name34] (see testimony at folios 68 to 70). From the above, it is evident that she demonstrated the ten-year possession necessary to usucape a land immersed within a protected wilderness area (área silvestre protegida), in this case the Los Santos Forest Reserve created by Executive Decree No. 5389-A of November 12, 1975. On the other hand, section 1 of the Possessory Information Law is clear in stating "... When the titleholder has not had the ten-year possession of the property, they may benefit from that exercised by their transferors, as provided in Article 863 of the Civil Code; but in this case, they must present a public document stating the transfer of their right, though not that of previous possessors." In this particular case, we are not facing the situation regulated by the indicated section because Mrs. Blanca Rosa Vega Coto has exercised personal possession for more than twenty years, hence she does not require the presentation of the document by which she acquired it, as the judge intends, because in this case it will suffice to prove the possession through three witnesses as provided in numeral 6 of the Possessory Information Law, which was fulfilled in this voluntary jurisdiction proceeding. . .. ". 14) VOTO No. 0908- F -11 at one thirty p.m. on August thirtieth, two thousand eleven; regarding what interests us, it indicates: "IV.-This Tribunal, in Voto No. 274-F-09, at 3:10 p.m. on April 24, 2009, explained the reasons why it is possible to rectify the measurement of properties registered after February 23, 1930, through the possessory information procedure (trámite de información posesoria), which requires the same requisites as a normal procedure for properties that are not entirely registered (...). V.-Based on the foregoing, it is observed that in this case, the titleholder, [Name42], seeks to rectify the measurement of her previously registered property, from the Partido de San José, Real Folio registration number [Placa3], which currently measures according to the registry CED6, 67 square meters, to adjust it to the cadastral and material reality of the area possessed by her, which is currently an area of 220,092.97 square meters. The foregoing, as is clear from Cadastral Map SJ-1158659-2007, which was the new map presented by the titleholder (SEE FOLIO 1).- The property is within the Los Santos Forest Reserve, created by Decree No. 5389-A of 1975, so the titleholder had to demonstrate, as it concerns a measurement rectification by possessory information (rectificación de medida por información posesoria), a ten-year possession prior to said creation date, in accordance with the provisions of Article 7 of the Possessory Information Law. According to the soil study, the land use conforming to its suitability (uso conforme) has been exercised on the property, and the majority of it is dedicated to agricultural and livestock activity (improved pastures, with fruit trees and scrublands. The land exhibits a long possession and the forest is observed to be conserved in the case of the water springs (nacientes de agua) (see judicial inspection record of folio 103). The three witnesses know the chain of transferors, all coincident that [Name43] was the first possessor before 1960, who later transferred it in the seventies to [Name44], he to [Name45], and finally [Name45] to the current titleholder. That is, a possession of more than forty-five years (see testimony of [Name46] (folio 104), [Name47] (folio 105), and [Name25] (folio 106). While it is true that some dates do not coincide, what is important is that the chain of transferors is demonstrated, because it is logical that with the passage of time, the witnesses cannot precisely specify those dates, and this could lead to doubt about the exercised possession. However, in this case, having reviewed the evidence by this Tribunal, it is considered that it has been perfectly demonstrated not only the ten-year possession prior to the creation of the reserve, but also the exercise of a productive and sustainable agrarian activity. On the other hand, the deed CED7, registered in 1988, coincides with the start of the exercise of possession by the titleholder, but it must be added, that in this particular case, the property being rectified was first registered on May 28, 1929.-... ". In the same way as the first group of votes, the second ones reflect what criterion is dominating our jurisprudence; while it is true that it can change, there is an indisputable quantity of votes that reflect the path to follow in certain cases, such as the current one; it is these votes that provide certainty and legal security (seguridad jurídica) to the user of Costa Rican law, about whether their legal situation could be resolved in the jurisdictional route. All the previous votes are some of those that have been issued in situations similar to the one that occupies us, and indisputably we can appreciate that the position of our tribunals is that possession with ten years prior to the creation of the Forest Reserve must be demonstrated, it must have been in the possession of third parties, a situation that is met in the case of my represented client, since if we look at the declarations, they are all consistent that since nineteen forty-nine the previous counterparts of my represented client, as well as he himself, have had possession of the land in question; likewise, having fulfilled the ecological possession (posesión ecológica) is also considered proven; therefore, these proceedings must be approved. In this case, it is necessary to assess the evidence, as well as the jurisprudence that has been issued regarding certain cases, with criteria of equity and law, because the objective of titling is not just to have a land registered in our name in the Public Property Registry, but to guarantee legal security and to give the possibility to agricultural producers and farmers, by accessing land ownership, to become subjects of rights and to access a better living condition, quoting the words of our legislators: "those are truly the goals behind Substantive Agrarian Law"; fulfilling certain special requirements due to the location of the land being located within a protected wilderness area, such is the case of possession before nineteen seventy-five and having taken care of the forest resource, the date on which the Los Santos Forest Reserve was created. With the current Forestry Law (Ley Forestal), the Possessory Information Law, and the Jurisprudence indicated above, a legal uncertainty experienced by many of our farmers and peasants is being resolved, which is having a piece of land and not knowing if someday they will manage to register it in their name, not knowing if they have a consolidated right to the land they have cared for and protected, if tomorrow the government will come and order them to leave their properties without any compensation just because they do not have a registrable title in the Public Registry, lands that, if it were not for these hardworking peasants, would be unprotected, since it is no secret that the State does not have enough human resources to watch over the land extensions that cover our country, and it is the people like my represented client who watch over and try to protect the existing natural resources. For the reasons set forth above, given that my represented client fulfilled the material and formal requirements, that there is an entire jurisprudential line indicating from when possession must be demonstrated, which has been fulfilled in this proceeding, he requests that the appealed judgment be revoked and that these proceedings be approved. III.- Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 15 of the Possessory Information Law provide the requirements that must be met when filing the process, both procedural and substantive. In that sense, the Tribunal has explained that "…Possessory Information is a non-contentious judicial activity procedure (trámite de actividad judicial no contenciosa) for the formalization of a registrable title over a property right that has been acquired by adverse possession (usucapión), fulfilling the corresponding legal requirements. It is required to demonstrate possession as an owner (a título de dueño), in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner (Articles 1 of the Possessory Information Law and 856 of the Civil Code). The titleholder, besides lacking a registered or registrable title in the Public Registry, must expressly state that the property has not been previously registered in the Public Registry. For reasons of public interest, and to avoid a double registry inscription over the same property, or to protect third parties with better right than the titleholder, the Law requires notifying certain subjects. It also established an opposition procedure within the Possessory Information, in case one of the interested parties feels harmed by the titling (Article 8). The Possessory Information Law orders the Judge to consider as parties and therefore to personally notify the adjacent landowners (colindantes) from the beginning of the proceedings, because the titling could cover part of the lands belonging to them. It also orders to notify co-owners (condueños) or condominium owners (condóminos). Similarly, in protection of the interests of the State, it orders to consider as a party the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Agrario, for the protection of property subject to the public domain, and of the State Agrarian Property (Article 5). Finally, the Law mandates to summon all interested parties, through the publication of an Edict in the Judicial Bulletin, who may have a legitimate interest in the process. (See numeral 5 of the Possessory Information Law) (see Vote No. 755 at 9:45 a.m. on November 13, 2003). It is also required the existence of well-defined boundaries (fences, tracks, etc.). The following documents must be provided: livestock brand if the property is dedicated to livestock; identity card or respective identification document of the titleholder; the cadastral map; updated certification from the Public Registry clarifying if other properties have been titled by the petitioner and what their measurement is; updated certification from the Ministry of Environment and Energy on whether or not the land is within any protected area. The current legislation on soils requires demonstrating the land use conforming to its suitability (uso del terreno conforme a su aptitud) (soil study). The judge is also obligated, to ensure the protection of water resources for public utility purposes, if there are water springs or water sources, to request the respective report from the competent entity (Articles 50 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), subsection 14 of numeral 121 of the Political Constitution, 1, 3, and 17 of the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942, 33 of the current Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, and Executive Decree No. 26237-MINAE of June 19, 1997). IV.- Aside from what has been indicated, the initial writ must contain each one of the data required in Article 1 of the Possessory Information Law: Name and qualifications of the petitioner; nature, situation, measurement, and boundaries (linderos) of the land; names and address of the adjacent landowners (if they are legal entities, their updated legal representation must be accredited); indication if there are co-owners and encumbrances (cargas reales) (among them, easements, usufructs, etc.), if there are, specifying which and who (also proving the constitution of the latter); time of possession; description of the possessory acts; extent of crops, forested or pasture areas; existence of constructions and improvements made; number of livestock units if the farm is for livestock; cause and date of acquisition; full name of the person who transferred it, in case of a derivative mode, as well as their address; estimation of the property and the proceedings; indication of three witnesses who are neighbors of the same canton where the property is located, when necessary according to what is indicated in numerals 4 and 6 of the Possessory Information Law. It must also necessarily be declared that: the property is not already registered in the Public Registry, there is no registrable title of ownership and it is not intended to evade the consequences of a succession proceeding. If the titleholder does not have the ten-year possession at the time of initiating the proceeding, the petitioner may add that of their transferors, but in addition to clarifying this in the writ, they must provide the public document in which the transfer of their right is recorded. The documentary evidence and the rest of the evidence that must be provided come to ratify or prove precisely what was informed in the writ. Therefore, it is not appropriate to simply refer to the content of the documentary evidence accompanying the initial writ. Regarding the required testimonial evidence, a minimum of three, the legislator imposed the requirement of them being neighbors of the canton where the property is located. This was in order to allow that people truly knowledgeable about the situation were the ones who came to testify. In other words, it is presumed that the local residents are the ones who can best attest to the owners of the lands near theirs and what happens on them, because they frequent or live in the same place. All these requirements and the relevant evidence to corroborate what was declared in the initial brief are clearly specified in the cited regulations. Ignorance regarding this cannot be alleged, much less if one has professional legal counsel, as happened in the case. The omission regarding them, or the offering of irrelevant evidence, is solely the responsibility of the petitioner, which the adjudicator cannot assume nor attempt to resolve. V.- In this particular case, the lower court judge (a quo) did not consider the ten-year possession prior to the declaration of the protected wilderness area to be proven; however, in Considerando "V", she enters into a series of contradictions because it indicates the following: "...V. In the present case, we are before the titling of a property that is subject to strong agro-environmental restrictions, because the land object of these proceedings is located within the Río Macho Forest Reserve, created by decree 1-A of January 23, 1964 and its modifications. To title lands within this area, a possession of ten years prior to the promulgation of the respective decree must be demonstrated. Map C-1513787-2011, presented by the petitioner, places the land within this protected area. Consequently, to be able to claim adverse possession (usucapión) on it, he would have had to demonstrate that a ten-year possession already existed prior to nineteen sixty-four, a condition that, unfortunately, according to the case file, he failed to prove. While the petitioner accredited that the land use conforming to its suitability (uso conforme del suelo) has been exercised on said property for the activity carried out according to the approved methodology, according to a certification issued by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, in which the property was described as 77.35% Primary Forest and 22.65% designated for an agroforestry system, and it was added as a recommendation: "It is recommended to keep the farm under the same conditions of use, which are in accordance with the activity carried out according to the approved methodology" (certification of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible images 8 and 9 Associated Docs. Folder, DIGITIZED FILE). He provided as proof of possession, a document through which Mr. [Name48] sold the property to the titleholder, said transfer being on May 16, 1973. In addition, a copy of the document containing the authorization issued by the Civil Treasury Court (Juzgado Civil de Hacienda) to Mr. [Name48] to enter into possession of the property by claim (denuncio) according to Law No. 13 of January 10, 1939 (Associated Docs. Folder, DIGITIZED FILE images 23, 24, 32 and 45). According to that document, the possession that was sold to the titleholder dates back to December eighteenth, nineteen fifty-one. Witnesses [Name5], [Name6], and [Name49], who testified on September 23, 2014, stated they knew the property between 1949 and 1950. They also stated that the petitioner has had the farm more or less since 1973, and before that, the possession was held by the titleholder's father (see testimonial declarations in images 82 to 85). Said evidence was not sufficient, because the property was encumbered to the public domain as of the effective date of the decree that created the Río Macho Forest Reserve; the possession to be proven had to date back to at least the year 1954. In this case, both the testimonial and documentary evidence refer to a period prior to said year. However, the State’s representative claims that the encumbrance on the public domain is prior to that date, since it is a property that is located in the strip of two kilometers adjacent to the [Address12], with the presence of oaks, whose encumbrance to the public domain is prior to the Río Macho Forest Reserve. She even cites regulations prior to the creation of said Reserve that imposed limitations on that sector. On this subject, the Tribunal has stated: "... upon the entry into force of Article 7 of the Possessory Information Law, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, a release from the public domain (desafectación al dominio público) occurred, requiring proof of a ten-year possession prior to the entry into force of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as an owner (a título de dueño), that is, a situation that in the State representative's opinion did not occur because, pursuant to Articles 6 and 62 of the General Law on Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) No. 13 of January 10, 1939 – already repealed – possession of that area could only have been exercised through a lease agreement. Those rules provided: 'Vacant lands located in a zone ... 2000 meters wide on each side of the roadway of the [Address6] may not be alienated.'; and 'The Executive Branch may lease through contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land mentioned in Article 6°, in an area no greater than two hundred and fifty hectares, if used for cattle breeding or fattening, and no greater than one hundred and twenty-five hectares, if used for agricultural crops... '. It adds, Law No. 197 of August 29, 1945, reformed the General Law on Vacant Lands, adding the element of the oaks, declaring as a National Park the lands within the zone of two thousand meters on both sides of the [Address8] of the rest of the route to be built that have oaks. According to the relationship of cited rules, possession in the character of a lease, of which there is proof in the file, the certification issued by the Secretary of the Civil Treasury Court having been provided at image 23, in which Mr. [Name48] was authorized to use the land he claimed in accordance with Law Number 13 of January 10, 1939, could have occurred until the repeal of the General Law on Vacant Lands, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, it was possible to have entered into possession of those lands as an owner. ". This Tribunal does not share the analysis made by the judge in that the ten-year possession prior to the declaration of the Río Macho Forest Reserve in January 1964 was not demonstrated. There is even evidence visible at image, at folio 16 of the Digitized File 13-000143-0699 AG, 10/27/2015 11:51:46 a certification from the Secretariat of the Civil Treasury Court issued on December 18, 1951, the claim of possession (denuncio de posesión) made by Mr. [Name48], who later, on May 16, 1973, transferred the possession to Mr. [Name1] (see image 17 of the Digitized File). It is important to mention that later Law No. 2825 of 1961 (Land and Colonization Law), established a special regime to define the properties of the national reserves, as well as those considered private domain, indicating in its Article 11, in what interests us: “…Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, of Municipalities, or of Autonomous Institutions; b) Those not protected by the ten-year possession (posesión decenal);…”. That is, lands protected by the ten-year possession are recognized as private, as is the case of the land object of titling, since even the witnesses have known the farm since 1949, which, in the opinion of this Chamber, gives him the right to title it, contrary to what was resolved by the lower court judge (ad quo). Even what was said regarding the strip of two kilometers adjacent to the [Address5], was subsequently rendered ineffective when the respective regulation regarding the oak forests was repealed, hence, those lands became part of the private domain. This Court considers that the decision must be revoked and these possessory information proceedings (diligencias de Información Posesoria) filed by [Nombre1] must be approved, given that he demonstrated ten-year possession (posesión decenal) ten years before the Declaration of the Protected Wilderness Area (Declaratoria del Area Silvestre Protegida), as recounted by the witnesses [Nombre5], [Nombre6], and [Nombre49], who testified on September 23, 2014, and stated they knew the property between the years 1949 and 1950, apart from the documentary evidence previously referenced regarding the claim of possession (denuncio de posesión) in the year 1951 (see Digitized File EXPN1 images 23 and 24), which unquestionably fully demonstrates the ten-year possession (posesión decenal) before the year 1964. Consequently, these possessory information proceedings (diligencias de Información Posesoria) processed by [Nombre1] are approved. Consequently, the Public Registry of Property over Real Estate (Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles) shall proceed to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of San Isidro de Pérez Zeledón, identity card CED8 - - , the land described as follows: nature of scrubland and crops (tacotal y cultivos), located at [Dirección15] of the Province of Cartago, measuring one hundred thirty-nine thousand five hundred ninety-four square meters, bounded on the north by [Nombre2], on the south by the Ministerio del Ambiente y Energía, on the east by [Nombre2], on the west by [Nombre1] and [Nombre4]. The land is depicted on plan No. C-1513787-2011-. The witnesses Mr. [Nombre5], [Nombre6], and [Nombre7] testified. These proceedings are valued at the sum of three million colones, and the property that is the subject of these proceedings is valued at the sum of fifteen million colones. POR TANTO: On appeal, the judgment issued is reversed. In its place, the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) processed by [Nombre1] are approved. Consequently, the Public Registry of Property over Real Estate (Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles) shall proceed to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of San Isidro de Pérez Zeledón, identity card CED8 - - , the land described as follows: nature of scrubland and crops (tacotal y cultivos), located at [Dirección15] of the Province of Cartago, measuring one hundred thirty-nine thousand five hundred ninety-four square meters, bounded on the north by [Nombre2], on the south by the Ministerio del Ambiente y Energía, on the east by [Nombre2], on the west by [Nombre1] and [Nombre4]. The land is depicted on plan No. C-1513787-2011. These proceedings are valued at the sum of three million colones, and the property that is the subject of these proceedings is valued at the sum of fifteen million colones. ZVI2KENVOXI61 [Nombre50] – JUEZ/A DECISOR/A BE60SLKXLU861 [Nombre51] - JUEZ/A DECISOR/A MPLCTN3AMG061 VANNESSA FISHER GONZÁLEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN2 II Circuito Judicial San José, [Dirección16], , [Dirección17] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:36:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República