Res. 00720-2016 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Reversal of acquittal for lack of reasoning in forestry and usurpation offensesAnulación de absolución por falta de fundamentación en delitos forestales y usurpación

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00720 - 2016

Fecha de la Resolución: 25 de Agosto del 2016 a las 10:30

Expediente: 12-000886-0332-PE

Redactado por: José Alberto Rojas Chacón

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [email protected] Fax: [Telf1]

____________________________________________________________________________________________

Exp: 12-000886-0332-PE

Res: 2016-00720

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las diez horas treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.

RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , costarricense, CED1    , [Nombre2]   , costarricense, CED2     y [Nombre3]  , costarricense, CED3    , por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y OTROS, en perjuicio de [Nombre [Nombre4]]. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces José Alberto Rojas Chacón, Alberto Alpízar Chaves y David Fallas Redondo. Se apersonan en apelación de sentencia, el licenciado [Nombre5]    en condición de representante legal del querellante y actor civil [[Nombre6]  ]. Asimismo, la representante del Ministerio Público, la licenciada Marcela Araya Rojas y el licenciado [Nombre7]   en condición de defensor particular del justiciable [Nombre1]  .

RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 152-2015 de las nueve horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil quince, el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas legales citadas, además artículos 1, 34, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 31 a 35, 70 a 80, 111 y 112, 175 a 179, 258, 265, 303, 324 a 340, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal; 1, 11, 30, 45, 50, 216 inciso 2), 225, 367, 372, del Código Penal y 3 inciso a), 33, 58 inciso a) y 61 inciso a) de la Ley Forestal Número 7575; 221 y 222 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente; y 1048 del Código Civil, este Tribunal Colegiado por unanimidad de sus votos resuelve: Se rechaza la solicitud de actividad procesal defectuosa presentada por los defensa técnica. Absolver de toda pena y responsabilidad, en aplicación del principio in dubio pro reo, a los imputados [Nombre1]  , [Nombre8]    y [Nombre3]   a quienes se les viene siguiendo causa por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, USURPACIÓN, INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL y ESTAFA en perjuicio de [Nombre [Nombre4]]. Se declara sin lugar en todos sus extremos la acción civil resarcitoria. Se resuelve la presente querella, corriendo los gastos del proceso penal a cargo del Estado y la acción civil resarcitoria sin especial condena en costas. Levántese cualquier medida cautelar en contra de los encartados. [Nombre9]  . [Nombre10]   . [Nombre11]   ".

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre5]   , interpuso recurso de apelación de sentencia.

3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia [Nombre12] ; y,

CONSIDERANDO:

I.- El abogado [Nombre5]   , en su condición de representante legal del querellante y actor civil [[Nombre6]  ], mediante escrito visible de folios 332 a 349, interpone recurso de apelación de sentencia contra la resolución dictada por el Tribunal Penal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón, No. 152-2015 de las 09:30 horas del 4 de diciembre del año 2015, en la que se absuelve de toda pena y responsabilidad, en aplicación del principio in dubio pro reo, a los imputados [Nombre1]  , [Nombre2]    y [Nombre3]  , por los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, usurpación, infracción a la ley forestal y estafa, en perjuicio de [[Nombre6]  ], resolución en que la también se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por el señor [[Nombre6]  ].

II.- Como primer motivo del recurso, se reclama falta de fundamentación de las consideraciones que realiza el tribunal de juicio, mediante las cuales concluye que la querella no contiene una imputación de los delitos. Luego de transcribir extractos de los argumentos expuestos en el fallo, señala el apelante que en el hecho #9 de la querella se afirma, expresamente, que los querellados [Nombre13]  y [Nombre14], ambos de apellidos [Nombre15]  y [Nombre1]   suscribieron una escritura pública en la cual los dos primeros expresaron ser poseedores de una finca sin inscribir, de 41 hectáreas 5465 metros cuadrados, con plano catastrado [Valor 004], la que afirmaron era parte de una finca de aproximadamente 70 hectáreas que habían comprado a Nautilio [Nombre16] . Señala que se consignó también en dicho instrumento público que ellos mantenían la posesión que recibieron de este último, afirmaciones éstas que -según se indica en la querella- resultaban falsas porque se trataba de un negocio simulado entre los tres querellados, para dotar a [Nombre17]  de un supuesto título que le permitiera estar legitimado para invadir la finca cuya posesión ejercía [[Nombre6]  ], alegando el apelante que la querella debía analizarse en forma integral. Explica el quejoso que en los hechos #1 a #7 de la querella se describen los antecedentes en relación a las fincas sin inscribir, descritas en los planos catastrados [Valor [Nombre4]] y [Valor 003], donde se relata que los derechos que sobre ambos inmuebles tenía el señor [Nombre18]   , fueron traspasados a favor del querellante [[Nombre6]  ], así como la forma en que éste entró en posesión como único dueño y realizó trabajos en dichas fincas, con actos tales como levantamientos de cercas, mejoras de pasto, etc. Sostiene el apelante que, analizada en su totalidad, la querella también describe que la negociación realizada por los querellados [Nombre15]  y [Nombre17] , la cual se insertó en una escritura pública del protocolo del Notario Público [Nombre19]   , era simulada y la finca a que se refiere dicha negociación está totalmente incluida dentro de la finca que adquirió el querellante, de manera que los querellantes insertaron un dato falso en dicho instrumento público cuando afirman mantener la posesión sobre la finca de marras, para justificar así la invasión de los inmuebles del querellante, quien es su legítimo propietario y poseedor. Alega también el recurrente que los hechos de la querella no se limitan a los expresados bajo el listado que normalmente se hace en las acusación, sino que los mismos se deben tener por integrados con los que se afirman en otras partes de la acusación, tales como la fundamentación y la calificación jurídica. En el caso concreto -continúa el apelante- en el hecho #4 de la querella se expresa que los querellados realizaron las acciones en forma voluntaria y con conocimiento de su carácter antijurídico, pues [Nombre2]    insertó en la escritura pública suscrita en el mes de junio de 2012 hechos falsos, acerca de que había adquirido y ejercía actos de posesión sobre el inmueble al que corresponde el plano catastrado [Valor 007]. Señala el quejoso que en la fundamentación de la querella se explica que [Nombre1]   era conocedor de los problemas judiciales que se habían dado entre su pariente [Nombre20] , como también conocía los derechos del querellante sobre el inmueble de marras, pese a lo cual usó el documento con contenido falso para realizar una serie de actos de usurpación que también se describen en la querella. Reclama también el recurrente que la fundamentación del fallo es contradictoria, porque por un lado se afirma que la querella no imputa hechos concretos, pero por otro absuelve a los imputados en aplicación del principio in dubio pro reo. Como segundo motivo del recurso, se reclama falta de fundamentación probatoria intelectiva. Señala el apelante que para cerrar cualquier portillo, el tribunal de juicio intenta hacer una análisis de fondo para concluir que hay dos versiones contradictorias en cuanto a quien estaba en legítima posesión de la finca de marras, pero omite completamente hacer la valoración de la prueba conforme a la sana crítica racional. Reclama el quejoso que no se valoró la certificación parcial del proceso [Nombre21] 03-000223-296-CI, el cual demuestra que [Nombre18]    era quien tenía el derecho de posesión, sino que además se acredita que [Nombre3]   fue debidamente notificado de la sentencia definitiva. Alega también que no se valoró la prueba documental que demuestra que el querellante adquirió las fincas de [Nombre18]   , como tampoco se analizó el peritaje de folios 56 a 63, el cual acredita que la finca a que se refiere este proceso está totalmente incluida en la finca que adquirió el ofendido [[Nombre6]  ], de la misma forma que no se valoraron los testimonios de [Nombre22]   , [Nombre23]  , [Nombre24]   y [[Nombre6]  ]. Asimismo -prosigue el recurrentes- los juzgadores citan algunas manifestaciones de los querellados, sin explicar por qué merecían credibilidad. Finalmente, reclama el represente legal de la parte querellante y actora civil que los documentos aportados por [Nombre17]  no acreditan que la finca que originalmente adquirieron los hermanos [Nombre15]  de su padre, fuere la misma que ellos posteriormente le traspasaron a él, lo cual el tribunal de juicio da por un hecho, sólo porque los querellados así lo manifestaron, pese a que en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, No. 001-F-07 se estableció que esa escritura, mediante la cual los querellados [Nombre15]  adquirieron los derechos de posesión de su padre sobre una finca, realmente no corresponde al área de conflicto. Solicita se anule el fallo impugnado y se ordene reenvío.

III.- Por estar estrechamente vinculados entre sí, ambos motivos se conocen en un mismo considerando, declarándose con lugar: Como bien señala el apelante, al igual que ocurre con la sentencia, tanto la acusación del Ministerio Público como la querella constituyen unidades lógico-jurídicas que deben se analizadas de manera integral. En el caso concreto, esta Cámara de Apelación no comparte la forma en que el tribunal de juicio analizó unos cuantos fragmentos de la querella interpuesta por [[Nombre6]  ] contra [Nombre1]  , [Nombre2]    y [Nombre3]  , extrayéndolos fuera de contexto general de los hechos atribuidos a estas persona, para arribar a la conclusión de que dicha pieza no contenía una imputación clara y precisa. En efecto, los hechos #1 a #7 de la querella describen cómo el señor [Nombre18]    adquirió, en el año 2001, las fincas sin inscribir a que se refieren los planos [Valor [Nombre4]] y [Valor 003], que se trata de dos inmuebles continuos, divididos por calle pública conocida como “calle [Dirección2] [Nombre25]”, en los cuales el querellante [Nombre [Nombre4]] laboró como empleado del señor [Nombre26] , realizando tareas agrícolas. Se describe que desde el año 2001 el querellado [Nombre3]   comenzó a perturbar la posesión que sobre dichos inmuebles ejercía el señor [Nombre18]   , por lo que este último decidió vender al querellante -mediante escritura pública de fecha 18 de mayo de 2002- la mitad de los derechos posesorios que tenía sobre los citados inmuebles, a fin de que el señor [[Nombre6]  ], quien vivía más cerca, ejerciera una mejor defensa de la posesión de dichos terrenos. Se narra que en razón de que el querellado [Nombre3]   siguió perturbando la posesión de ambas fincas, el señor [Nombre20]  entabló contra éste un proceso ordinario [Nombre21], en que se dictó la sentencia 56-2006 que declaró parcialmente con lugar la demanda, resolución que fue confirmada en alzada y adquirió firmeza, luego de lo cual el querellante [[Nombre6]  ] adquirió el resto de los derechos de posesión de ambas fincas, en fecha 19 de enero de 2007. Relata el cuadro fáctico que el Juzgado Agrario de Alajuela puso en posesión al actor de las dos fincas indicadas en fecha 10 de agosto de 2007 y a partir de ese momento el querellante [[Nombre6]  ] comenzó a realizar tareas agrícolas en sobre ambas fincas, con la ayuda de [Nombre27]   y [Nombre28]   (cf. folios 2 a 5 del legajo de querella). Asimismo, se describe en el hecho #8 que el querellado [Nombre2]    había traspasado, desde el año 1995 la finca sin inscribir que corresponde al plano [Valor 003]. Pues bien, en el hecho #9 se describe que el 7 de julio de 2012, los querellados [Nombre13]  y [Nombre14], ambos [Nombre15] , y [Nombre1]  , suscribieron una escritura pública -la No. 435 del Tomo I del protocolo del notario [Nombre19]   - en la cual los dos primeros manifestaban ser poseedores de una finca sin inscribir, de 41 hectáreas 5465 metros cuadrados, con plano catastrado [Valor 004], afirmando que dicho fundo formaba parte de una finca que habían comprado a [Nombre29]   en el año 1979. Se indica además que en dicha escritura se consignó que el querellado [Nombre17]  aceptaba la venta en términos consignados, a pesar de que en ninguna parte del instrumento público se consignaba que la voluntad de los querellantes [Nombre15]  de vender dicho inmueble, como tampoco correspondía a la realidad lo afirmado por éstos, pues se trataba de un negocio simulado con la intención de dotar a [Nombre17]  de un supuesto título que le permitiera invadir las fincas del querellante [Nombre [Nombre4]]. En el hecho siguiente se explica que la finca que los querellados afirmaron poseer en la citada escritura pública No. 435, con [Placa1] [ ], estaba totalmente incluida en la finca que el 19 de abril de 1995 [Nombre2]    vendió a [Nombre30]   (cf. hecho #8) y que, luego de una serie de traspasos, fue adquirida por [Nombre18]    y finalmente por el querellante [Nombre [Nombre4]] (cf. hechos #1 a #7), correspondiendo a la finca que tiene el plano catastrado [Valor 003] y sobre la cual el querellante venía ejerciendo la posesión (cf. folios 5 y 6 del legajo de querella). Luego, en los hechos #11 y #15 (admitidos en el acta de apertura a juicio, cf. folio 194 vto.) se describen los actos perturbatorios de la posesión que el querellante [[Nombre6]  ] estaba ejerciendo sobre ambas fincas, a saber: i).- se atribuye a [Nombre17]  haber ingresado de manera furtiva a la finca del plano [Valor 003], donde realizó un trillo de 300 metros en la colindancia norte de esta finca, propiamente en la zona protectora de la quebrada “[Dirección3] Rodríguez”; ii).- Se atribuye a [Nombre17]  que en el mes de agosto de 2012 realizó una chapia dentro de su propiedad, propiamente en la zona protectora de dicha quebrada, así como la corta de árboles, con lo que ocasionó daños forestales y afectando el derecho de posesión del querellante; iii).- Se describe que la finca a que corresponde el plano [Valor 003] aún permanece invadida por [Nombre17] , quien a pesar de estar pendiente los derechos de la víctima, ha realizado de mala fe trabajos y mejoras, entre ellos haber metido un tractor, que amplió la entrada de la finca, la construcción de un plantel, etc. (cf. folios 7 y 8 del legajo de querella). Ahora bien, en la fundamentación de la querella, se explica que se atribuye a los querellados actuaciones de mala fe, que han realizado en perjuicio del querellante con el conocimiento de su ilicitud. En lo que respecta a [Nombre3]  , se indica que él figuró como parte en el proceso [Nombre21] antes indicado, en el cual se denegaron sus pretensiones y más bien se reconocieron los derechos de [Nombre18]   , dentro de las cuales está la finca del planos [Valor 003], de que incluso fue expulsado para poner en posesión al actor, por lo que resultaba falsa la manifestación que este querellado hizo en la escritura pública del 7 de julio de 2012, en la que decía ser poseedor de una finca sin inscribir que correspondía al plano [Valor 004], pues resulta claro que éste se traslapa con el plano [Valor 003], resultando obvio que él no podía estar en posesión de ese terreno del que había sido desalojado judicialmente, de ahí que hizo una afirmación falsa para dotar a [Nombre17]  de un título para invadir su propiedad. En lo que respecta a [Nombre2]    se explica en los fundamentos de la querella que, luego de haber vendido a [Nombre30]   la finca sin inscribir del plano [Valor 003], que finalmente llegó a pertenecer a [Nombre18]    (como fue establecido en el proceso [Nombre21]), dicho querellado se atrevió a afirmar falsamente en la citada escritura pública que él había recibido esa propiedad de su padre y estaba ejerciendo la posesión, correspondiente al plano [Valor 004], cuando la verdad es que ese terreno formaba parte de la finca que él mismo vendió a [Nombre31] . En lo que respecta a [Nombre17] , señalan los fundamentos de la querella que tiene vínculos de parentesco con los hermanos [Nombre15] , ya que pues está casado con una sobrina de éstos y era conocedor no sólo de los problemas legales con [Nombre20] , sino también de los derechos que sobre dichas fincas tenía el querellante, sobre todo por el hecho de que él fue maestro en la escuela de [Nombre32]  (cf. folios 8 a 10 del legajo de querella). Con fundamento en lo expuesto, considera esta Cámara de Apelación que no le asiste razón al tribunal de juicio cuando afirma que la querella no contiene una imputación precisa y circunstanciada. Si bien es cierto que la redacción empleada por el representante legal del señor [[Nombre6]  ] no es la más adecuada, puesto que se relatan los hechos en primera persona, desde la perspectiva de quien sufre las consecuencias del delito, no es cierto que por esta situación se debe interpretar que lo que ahí se describe son meras apreciaciones subjetivas del ofendido. Tal como se indicó anteriormente, una revisión integral de la querella permite comprender cuáles son las conductas específicas que -concretamente- se atribuyen a [Nombre14] y [Nombre2]   , así como a [Nombre1]  , de manera que estas personas sí podían ejercer su derecho de defensa. En efecto, además de que la redacción del argumento que proponen los juzgadores a folio 313 es confusa, yerra el a quo cuando concluye que el hecho #9 de la querella no contiene una imputación, pues lo analiza desvinculándolo del resto de los hechos, concretamente del #4, #5, #8 y #10, en relación con los fundamentos de la querella, donde se explica cómo las pretensiones de [Nombre3]   fueron rechazadas en el proceso ordinario [Nombre21], de manera que los querellados estaban al tanto, no sólo de dónde estaban ubicadas las fincas a que corresponden los planos [Valor [Nombre4]] y [Valor 003], sino además el mejor derecho que sobre éstas tenía [[Nombre6]  ]. No se trata entonces de conclusiones o apreciaciones subjetivas, como afirman los juzgadores. Integrando este cuadro fáctico con los fundamentos de la querella, se comprende que se atribuye a [Nombre14] y [Nombre2]    haber afirmado falsamente en una escritura pública ser poseedores de un inmueble, del que estaban conscientes que habían vendido años atrás y que formaba parte de las fincas cuya posesión legítima estaba siendo ejercida por el querellante, además de que se le atribuye a [Nombre33]  el tener conocimiento de la falsedad de esa información, pues todo el negocio descrito en el instrumento público resultaba ser simulado y su objetivo era proveer a este último de un documento que usaría para invadir los terrenos del ofendido. El mismo error se observa en el análisis que el hace el a quo en el hecho #11, pues éste no se puede desvincular de lo descrito en el hecho #9, de manera que contrariamente a lo que se afirma en el fallo, se comprende que lo que atribuye el querellante a [Nombre17]  es haber ingresado sin autorización a la finca que corresponde al [Placa2] [ ], valiéndose del negocio falso que hizo con los hermanos [Nombre15] , a realizar actos perturbatorios de la posesión que sobre ésta ejercía el ofendido, pues con la ayuda de peones realizó un trillo en la zona protectora de la quebrada Los Rodríguez. En este mismo hecho se dice que posteriormente este mismo imputado realizó una chapia de dos manzanas en la zona protectora de dicha quebrada, por lo que se entiende claramente que se trata del mismo inmueble, de manera que no es cierto lo que afirman los juzgadores de que en querella se omite precisar quién realiza los actos, en qué consistieron éstos y en cuál finca se realizaron. Igualmente, en sentencia se analiza el hecho #15 desvinculándolo de los hechos #4, #5, #9 y #11, así como de los fundamentos de la querella, pues ahí se describe claramente que la mala fe con que actúa el querellado [Nombre17] , consiste en que éste se valió de un negocio simulado que realizó con los hermanos [Nombre15] , así como un documento ideológicamente falso (pues estos últimos no eran poseedores), para invadir la finca con el plano [Valor 003] y mantenerse en ella, realizando trabajos que perturban la legítima posesión que sobre dicho inmueble venía ejerciendo el agraviado [[Nombre6]  ], de manera que tampoco es cierto lo que se afirma en el fallo, acerca de que se desconoce en dónde radica a mala fe de esta persona, en cuál finca se realizan los trabajos o el sujeto pasivo de las distintas acciones. Como bien señala el apelante, resulta incoherente sostener que los hechos descritos en la querella no contienen una imputación clara y precisa de hechos delictivos, pero al mismo tiempo darse a la tarea de analizar la prueba, para terminar absolviendo a los querellados, no por atipicidad de las conductas que se les endilgan, sino más bien en aplicación del principio in dubio pro reo, sosteniendo que no hay prueba de que los querellados [Nombre15]  y [Nombre17]  insertaran hechos falsos en un instrumento público, que no hay prueba de que este último utilizara dicho documento a sabiendas de la falsedad de su contenido y que tampoco había prueba de que fuere [Nombre17]  el responsable de los actos perturbatorios que se realizaron en las fincas objeto de la presente causa, con lo cual los juzgadores claramente incurren en contradicción, pues reconocen que la querella sí contiene una imputación de hechos delictivos. Además, lleva razón el apelante en que la sentencia impugnada adolece de una adecuada fundamentación intelectiva, apreciando esta Cámara de Apelación que el tribunal de juicio efectuó un análisis muy superficial de la prueba testimonial y documental. En efecto, señala el a quo que los querellados [Nombre14] y [Nombre2]    declararon haber realizado un negocio jurídico con [Nombre1]  , del derecho de posesión que los primeros tenían sobre las finca al que corresponde el plano [[Placa3]  ], sin que pueda acreditarse que este negocio fuere ficticio, pues la secuencia del negocio se prueba mediante documentos de folios 27 y 28 del principal, y mediante el plano de folios 31 y 32 de principal se demuestra la identidad derecho. Además -prosiguen los juzgadores- se contó con la declaración de [Nombre34]   , quien afirmó ser colindante de dicha finca y que siempre había observado como poseedores a los querellados [Nombre15]  y últimamente a [Nombre1]  , lo que a criterio del tribunal deja dudas acerca de quiénes son los verdaderos poseedores, además de que el testigo [Nombre35]   declaró que nadie, aparte de los querellados, ha ejercido posesión de dicho fundo. Sin embargo, en sentencia no se explica por qué lo relatado por estas personas resultaba creíble, en especial porque la sentencia soslaya un aspecto fundamental, como lo es que la falsedad de los datos que -según se describe en la querella- se insertaron en la escritura confeccionada en el año 2012, no radica en la afirmación de que el año 1979 los hermanos [Nombre15]  recibieron de su padre una finca sin inscribir, sino que para el año 2012 ellos todavía estaban ejerciendo la posesión de la finca que corresponde al plano [Valor 004]. Específicamente sobre este punto, como bien señala el apelante, el tribunal de juicio omitió por completo analizar el peritaje elaborado por el ingeniero [Nombre36]  (cf. folios 56 a 63 del legajo de querella), según el cual la finca a que corresponde el plano que citan los querellados en el instrumento público, como aquella en que supuestamente ejercían la posesión en el 2012, se encuentra contenida dentro de los linderos de la finca descrita en el plano [Valor 003], que ya había sido vendida por los querellados [Nombre15]  y que según lo dispuesto en la sentencia 56-2006 dictada por el Juzgado Agrario de Alajuela (cf. folio 171 a 189 del legajo de pruebas), fue puesta en posesión de [Nombre18]    en fecha 10 de agosto de 2007, haciéndose constar en el proceso [Nombre21] la entrega, en su totalidad, de las fincas descritas en los planos [Valor 003] y [Valor 006] al representante del señor [Nombre26] , tal como consta en el acta visible de folios 297 a 299 del legajo de pruebas. Incluso, con respecto a la primera finca, se consigna en dicha acta que en su mayoría constaba de charral y montaña, no se observaban construcciones, ni animales, ni persona alguna que habitara dicho inmueble (cf. folio 298), lo que contrasta abiertamente con la versión de los imputados. Sin embargo, nada de esto es analizado por el tribunal de juicio. También lleva razón el apelante en que los juzgadores se limitan a hacer una simple referencia genérica a los testimonios de cargo rendidos por [Nombre23]  , [Nombre24]  , [Nombre22]    y el ofendido [[Nombre6]  ]. En sentencia el a quo se limita a indicar que con lo relatado por estas personas, no se podía tener por demostrados los tipos penales acusados. Sin embargo, los juzgadores no justificaron esta afirmación, pues omitieron por completo analizador lo declarado por estos testigos, como tampoco explicaron por qué resultaba insuficiente para sustentar los hechos acusados. Observa esta Cámara que el testigo [Nombre23]   aportó datos relevantes acerca de la puesta en posesión de ambas fincas en manos del querellante, relatando que: “El proceso concluyó con una sentencia favorable a favor de [Nombre37]  , en el que el Juzgado Agrario de Alajuela era quien tenia mejor derecho de posesión. Para el momento de la puesta en posesión, don [Nombre20]  ya había llegado a un acuerdo con [[Nombre6]  ] y yo fui como su apoderado, esa puesta en posesión fue en dos mil siete, fue bochornoso porque en la casa había una finca de nicaragüense, que eran de apellido [Nombre38]  , la fuerza publica intervino, se hizo un recorrido breve por el frente de la finca, a la señora la fuerza publica la ayudo a sacar las cosas de la finca, [Nombre [Nombre4]] y yo fuimos un poco adelantado, cuando nosotros íbamos por el frente de la finca, aparece un señor discutiendo con don [Nombre [Nombre4]], el me indica que el señor que le estaba haciendo esas reclamaciones es el maestro de [Nombre32] , porque por ahí se pasa para [Nombre32] . Ese día cuando llegamos a la parte de abajo, estaba un hermano de [Nombre14] que le llaman “[Nombre39]”, la licenciada [Nombre40] con nosotros los que se hizo fue caminar ese lindero que esta colindando con el de “[Nombre39]”, al que pusieron en posesión la finca fue a mí, en mi condición de apoderado y la que lo hizo fue la licenciada [Nombre41]  o [Nombre42], hubo varias negociaciones, la primera por unas vacas, pero yo no estaba presente y la segunda vez fue por un dinero en efectivo y un ganado, para traspasar la otra mitad de la finca a don [Nombre [Nombre4]], no consta todo el negocio pero si se me dio la orden. Si me consta que se llevo a cabo, yo llevaba un proceso de división de gananciales porque lleve el proceso de una gente de esa zona. Yo era amigo de [Nombre43], y tengo mucho gente conocida por eso me he mantenido informado. Yo conozco esa zona porque llegue a esa zona a raíz del litigio de [Nombre20]  y luego el proceso de [Nombre44]  de gananciales, ella me ofreció un derecho, posteriormente [Nombre45]  con una información posesoria. Cuando se gano el pleito de [Nombre44] , me quedo un derecho de once manzanas que quedaban con Heriberto y hubo que hacer la localización de derecho y los planos, por eso iba mucho, posteriormente lo vendí a un muchacho de Zapotal a un muchacho que se murió hace poco de un problema en la sangre. La persona que estaba discutiendo ese día en la puesta en posesión era este señor de pelo canoso. SEÑALA A [Nombre1]  . Le dijo de todo pero ese día solo lo identificaron por que era el maestro de [Nombre32] . La puesta en posesión fue un suceso en Carrera y [Nombre32] , porque fueron tres oficiales de la fuerza publica y doña [Nombre46] se puso violenta, la voz corrió. No hubo persona, porque son como diez personas, que no se diera cuenta. Estuvimos cuatro horas en el desalojo de la propiedad. No creo que ese día en Carrera Buena no se diera cuenta de la puesta en posesión. Después de la puesta en posesión pase varias veces por la propiedad, incluso después seguí visitando la finca. Inclusive en la finca había un árbol de cedro que habían cortado y nosotros hicimos un proceso para hacer una donación del árbol para la escuela de Carrera Buena y para sacar el árbol con un tractor y luego el asunto de [Nombre47]  y luego la localización y también la información posesoria de [Nombre48] , en el dos mil diez y dos mil once, incluso ahora tengo otro asunto en el Salvador detrás de la iglesia. En posesión real quedo don [Nombre [Nombre4]], porque después de eso sacamos el árbol de cedro. Don [Nombre [Nombre4]] en la finca de abajo, de ahí saco postes de guinocuabe y puso la cerca, y [Nombre43] pusieron herbicida para sembrar brisanta, pero se dijo que no iba a nacer por que no llovía, a mi me consta haber visto a [Nombre43] y [Nombre [Nombre4]] sembrando, en la parte de abajo [Nombre [Nombre4]] se fue a vivir a la casa de abajo. Eso de la posesión no solo lo sabia yo sino todo el pueblo” (cf. folio 282 a 283). Más adelante, este mismo testigo agregó: “Cuando nosotros fuimos a la puesta en posesión, ese día llegamos a la casa de [Nombre46] y luego nos fuimos a [Nombre32]  y ahí nos encontramos a un señor que [Nombre [Nombre4]] me dijo que es el maestro de la escuela, y el señor le dijo que se estaba robando la finca, en el pueblo se decía que don [Nombre14] hizo dos manifestaciones una que decía se iba del pueblo y luego que iba matar a don [Nombre [Nombre4]] y al abogado, si perdía el juicio. [Nombre14] me hacia caras cuando lo veía pero yo no le hacia caso. Don [Nombre14] fue notificado de la puesta en posesión, pero no estaba. En esa época conocía bien el proceso ordinario [Nombre21], pero ahora me acuerdo algo nada más. Existe en el proceso una solicitud de cancelación de planos del 95 de don [Nombre20] , se que había algunos de [Nombre49], pero no de don [Nombre20]  que yo me acuerde. Las manifestaciones eran de que se estaba robando la finca que eso no se iba a quedar así, no escuche que lo iba a matar, sino que ese pleito apenas iba empezando” (cf. folio 285). En sentencia no se brinda razón alguna para restar credibilidad a lo dicho por este testigo, quien no sólo confirma que los querellados [Nombre15]  estaban al tanto de que ambas fincas fueron puestas en posesión del señor [Nombre20] , sino que además éstas pasaron a ser poseídas por el querellante, tal como se hizo constar en el proceso [Nombre21]. Incluso este testigo ubica en el mismo momento de la puesta en posesión de las fincas al imputado [Nombre17] , discutiendo con las autoridades. El tribunal de juicio no explica por qué, a pesar de lo que relató el testigo [Nombre50] , resultaba razonable afirmar -como se hace en sentencia- que no existe prueba de que [Nombre17]  tuviere conocimiento de que los datos que se consignaron en la escritura pública suscrita en junio de 2012, en donde los hermanos [Nombre51]  afirmaban seguir siendo los poseedores de ese terreno, fueren falsos. Igualmente, el testigo [Nombre52]   declaró que la persona que ejercía la posesión de ambas fincas era [[Nombre6]  ], con quien realizaba trabajos en dichos inmuebles (cf. folios 286 a 287). Los juzgadores no explican por qué lo dicho por esta persona no era creíble, o por qué resultaba insuficiente para respaldar la versión del querellante acerca de que solamente él ejercía la posesión sobre ambas fincas. Tampoco lleva razón el órgano sentenciador al justificar la absolutoria del querellado [Nombre1]  , con el argumento de que la conducta que se le atribuye resulta atípica del delito de usurpación, pues no utilizó la clandestinidad para ingresar a la finca, sino que ha ocupado dicho fundo en forma pública, tal como lo relataron los testigos [Nombre35]  , [Nombre34]   , [Nombre53]   y [Nombre54]  . El tipo penal previsto en el artículo 225 del Código Penal no solamente describe la clandestinidad como una forma de despojar a la víctima de la legítima posesión que ejerce sobre un inmueble, sino que también está previsto el engaño. En el caso de estudio la querella atribuye a [Nombre17]  haber participado en un negocio simulado, así como en la confección de un instrumento público de contenido falso, que utilizó precisamente para invadir la finca objeto de litigio y mantenerse ilegítimamente en ella, realizando todo tipo de actos de posesión. De esta forma, el ingresar por medio de engaño a una finca y realizar -sin autorización del legítimo poseedor- trabajos tales como los descritos en la querella (meter peones para que hagan trillos, chapias, corta de árboles, levantamiento de edificaciones, etc.), de ser ciertos, constituirían actos de despojo que encuadran en el tipo penal de usurpación, pues a través de éstos efectivamente se perturba la posesión que sobre dicha finca -según se describe en la querella y relataron los testigos de cargo- venía ejerciendo desde años atrás [[Nombre6]  ], contrario a lo que se afirma en sentencia. Sobre este punto el querellante brindó una amplia declaración en debate (cf. folios 291 a 294), sin que los juzgadores expliquen por qué no mereció credibilidad. Resulta un contrasentido justificar la absolutoria de [Nombre17]  argumentando, como se hace a folio 323, que ninguno de los testigos identificó haber visto ingresar a esta persona a la finca sobre la que supuestamente ejercía actos posesorios el ofendido, a la vez que los propios juzgadores admiten que dicho querellado ha venido ejerciendo la posesión pública y pacífica precisamente sobre dicho el inmueble. Además, el tribunal de juicio arguye que no es claro que el ofendido tuviese la posesión de esas fincas, sin explicar por qué y -más importante aún- sin hacer el más mínimo análisis del contenido del expediente [Nombre21] 03-000223-296-CI y lo declarado por los testigos [Nombre23]   (cf. folios 281 a 286), [Nombre52]   (cf. folios 286 a 287) y [Nombre22]    (cf. folios 294 a 298), precisamente con respecto de ese tema. Por todo lo expuesto, concluye esta Cámara de Apelación que el fallo impugnado inobserva los requerimientos de fundamentación previstos en los artículos 142, 184, 363 y 363 del Código Procesal Penal, de manera que se justifica anular en su totalidad lo resuelto. El tribunal de juicio declaró sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por [[Nombre6]  ] contra los demandados [Nombre14] y [Nombre2]    y [Nombre1]  , argumentando que no se pudo demostrar los hechos delictivos que generan la responsabilidad civil extracontractual (cf. folios 327 y 328). En virtud de lo que se está resolviendo en la presente sentencia, corresponde también anular lo dispuesto por el tribunal de juicio con respecto a la responsabilidad civil de los demandados. Por todo lo anterior, en atención a lo dispuesto por los numerales 465 y 466 del Código Procesal Penal, se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el abogado [Nombre5]   . Se anula en su totalidad en fallo impugnado, en cuanto absuelve tanto penal como civilmente a los querellados y demandados civiles [Nombre1]  , [Nombre2]    y [Nombre3]  , así como también se anula el debate que precedió la resolución aquí impugnada. Se ordena el reenvío de la presente causa al tribunal de origen, para que con distinta integración proceda a la sustanciación de un nuevo juicio.

POR TANTO :

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado [Nombre5]   . Se anula en su totalidad en fallo impugnado, en cuanto absuelve tanto penal como civilmente a los querellados y demandados civiles [Nombre1]  , [Nombre2]    y [Nombre3]  , así como el debate que la precedió. Se ordena el reenvío de la presente causa al tribunal de origen, para que con distinta integración proceda a la sustanciación de un nuevo juicio. NOTIFÍQUESE.

 

 

José Alberto Rojas Chacón

 

 

 

Alberto Alpízar Chaves David Fallas Redondo Jue ce s de Apelación de Sentencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E xpediente: 12-000886-0332-PE

C o ntra : [Nombre2]    y otros

Delito: Abuso de Autoridad y otros

En perjuicio de: [[Nombre6] ]

[Nombre55]

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:41:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Third Circuit Court of Appeal of Criminal Sentences of Alajuela, San Ramón

Resolution No. 00720 - 2016

Date of Resolution: August 25, 2016 at 10:30

Case File: 12-000886-0332-PE

Drafted by: José Alberto Rojas Chacón

Type of matter: Appeal

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

 

JUDICIAL BRANCH

THIRD CIRCUIT COURT OF APPEAL OF SENTENCES OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [email protected] Fax: [Telf1]

____________________________________________________________________________________________

Case File: 12-000886-0332-PE

Res: 2016-00720

THIRD CIRCUIT COURT OF APPEAL OF SENTENCES OF ALAJUELA, SECTION [Dirección1]. San Ramón, at ten thirty hours on August twenty-fifth, two thousand sixteen.

APPEAL OF JUDGMENT filed in the present case against [Nombre1] , Costa Rican, CED1 , [Nombre2] , Costa Rican, CED2 and [Nombre3] , Costa Rican, CED3 , for the crime of ABUSE OF AUTHORITY, IDEOLOGICAL FALSEHOOD AND OTHERS, to the detriment of [Name [Nombre4]]. Participating in the decision of the appeal are judges José Alberto Rojas Chacón, Alberto Alpízar Chaves and David Fallas Redondo. Appearing on the appeal of the judgment is attorney [Nombre5] in his capacity as legal representative of the complainant and civil plaintiff [[Nombre6] ]. Also appearing are the representative of the Public Prosecutor's Office, attorney Marcela Araya Rojas, and attorney [Nombre7] in his capacity as private defense counsel for the defendant [Nombre1] .

WHEREAS:

1.- That through judgment number 152-2015 of nine thirty hours on December fourth, two thousand fifteen, the Trial Court of the Third Circuit of Alajuela, San Ramón venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited legal norms, additionally Articles 1, 34, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 31 to 35, 70 to 80, 111 and 112, 175 to 179, 258, 265, 303, 324 to 340, 363, 364, 365 and 366 of the Criminal Procedure Code; 1, 11, 30, 45, 50, 216 subsection 2), 225, 367, 372, of the Penal Code and 3 subsection a), 33, 58 subsection a) and 61 subsection a) of the Ley Forestal Number 7575; 221 and 222 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily; and 1048 of the Civil Code, this Collegiate Court by unanimous vote resolves: The request for defective procedural activity presented by the defense counsel is rejected. Absolve from all penalty and responsibility, in application of the principle in dubio pro reo, the defendants [Nombre1] , [Nombre8] and [Nombre3] who are being prosecuted for the crimes of IDEOLOGICAL FALSEHOOD, USE OF FALSE DOCUMENT, USURPATION, VIOLATION OF THE LEY FORESTAL and FRAUD to the detriment of [Name [Nombre4]]. The civil action for damages is declared without merit in all its aspects. The present complaint is resolved, with the costs of the criminal proceedings borne by the State and the civil action for damages without special award of costs. Lift any precautionary measure against the defendants. [Nombre9] . [Nombre10] . [Nombre11] ".

2.- That against the preceding pronouncement, attorney [Nombre5] filed an appeal of the judgment.

3.- That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court proceeded to hear the appeal.

4.- That in the proceedings the pertinent legal prescriptions have been observed.

Drafted by the Judge of Appeal of Sentences [Nombre12] ; and,

WHEREAS:

I.- Attorney [Nombre5] , in his capacity as legal representative of the complainant and civil plaintiff [[Nombre6] ], by means of a brief visible at folios 332 to 349, files an appeal of judgment against the resolution issued by the Criminal Trial Court of the Third Circuit of Alajuela, San Ramón venue, No. 152-2015 at 09:30 hours on December 4, 2015, in which [Nombre1] , [Nombre2] and [Nombre3] are absolved of all penalty and responsibility, in application of the principle in dubio pro reo, for the crimes of ideological falsehood, use of false document, usurpation, violation of the ley forestal and fraud, to the detriment of [[Nombre6] ], a resolution in which the civil action for damages filed by Mr. [[Nombre6] ] was also declared without merit.

II.- As the first ground of the appeal, a lack of reasoning is claimed regarding the considerations made by the trial court, through which it concludes that the complaint does not contain an accusation of the crimes. After transcribing excerpts from the arguments set forth in the judgment, the appellant points out that in fact #9 of the complaint it is expressly stated that the defendants [Nombre13] and [Nombre14], both with the last names [Nombre15] and [Nombre1] signed a public deed in which the first two claimed to be possessors of an unregistered property, of 41 hectares 5465 square meters, with cadastral plan [Valor 004], which they claimed was part of a property of approximately 70 hectares that they had bought from Nautilio [Nombre16]. He notes that it was also recorded in said public instrument that they maintained the possession they received from the latter, assertions that—as stated in the complaint—were false because it was a simulated transaction between the three defendants, to provide [Nombre17] with a supposed title that would allow him to be legitimized to invade the property whose possession was exercised by [[Nombre6] ], the appellant alleging that the complaint should be analyzed as a whole. The complainant explains that facts #1 to #7 of the complaint describe the background regarding the unregistered properties, described in cadastral plans [Valor [Nombre4]] and [Valor 003], where it is recounted that the rights that Mr. [Nombre18] had over both properties were transferred in favor of the complainant [[Nombre6] ], as well as the manner in which the latter entered into possession as the sole owner and carried out works on said properties, with acts such as building fences, improving pasture, etc. The appellant argues that, analyzed in its entirety, the complaint also describes that the negotiation carried out by the defendants [Nombre15] and [Nombre17], which was inserted into a public deed from the protocol of the Notary Public [Nombre19] , was simulated and the property referred to in said negotiation is entirely included within the property acquired by the complainant, so that the complainants inserted a false statement into said public instrument when they claim to maintain possession over the property in question, in order to justify the invasion of the complainant's properties, who is its legitimate owner and possessor. The appellant also alleges that the facts of the complaint are not limited to those expressed under the list normally made in accusations, but that they must be considered integrated with those asserted in other parts of the accusation, such as the legal reasoning and the legal classification. In the specific case—continues the appellant—in fact #4 of the complaint it is stated that the defendants carried out the actions voluntarily and with knowledge of their unlawful nature, since [Nombre2] inserted into the public deed signed in June 2012 false facts, about having acquired and exercising acts of possession over the property corresponding to cadastral plan [Valor 007]. The complainant points out that in the legal reasoning of the complaint, it is explained that [Nombre1] was aware of the judicial problems that had occurred between his relative [Nombre20], and also knew the complainant’s rights over the property in question, despite which he used the document with false content to carry out a series of acts of usurpation that are also described in the complaint. The appellant also claims that the reasoning of the judgment is contradictory, because on one hand it is stated that the complaint does not accuse specific facts, but on the other hand it absolves the defendants in application of the principle in dubio pro reo. As the second ground of the appeal, a lack of intellectual probative reasoning is claimed. The appellant points out that to close any gap, the trial court attempts to make a substantive analysis to conclude that there are two contradictory versions regarding who was in legitimate possession of the property in question, but completely omits evaluating the evidence according to sound criticism (sana crítica). The complainant claims that the partial certification of process [Nombre21] 03-000223-296-CI was not evaluated, which demonstrates that [Nombre18] was the one who had the right of possession, and also proves that [Nombre3] was duly notified of the final judgment. He also alleges that the documentary evidence demonstrating that the complainant acquired the properties from [Nombre18] was not evaluated, nor was the expert report at folios 56 to 63 analyzed, which proves that the property referred to in this process is entirely included in the property acquired by the offended party [[Nombre6] ], just as the testimonies of [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] and [[Nombre6] ] were not evaluated. Likewise—the appellant continues—the judges cite some statements from the defendants, without explaining why they deserved credibility. Finally, the legal representative of the complainant and civil plaintiff claims that the documents provided by [Nombre17] do not prove that the property originally acquired by the brothers [Nombre15] from their father was the same one that they later transferred to him, which the trial court takes as a fact, only because the defendants said so, despite the fact that in the second-instance judgment of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, No. 001-F-07 it was established that this deed, through which the defendants [Nombre15] acquired the possession rights from their father over a property, actually does not correspond to the area of conflict. He requests that the challenged judgment be annulled and a retrial be ordered.

III.- As they are closely linked, both grounds are heard in a single whereas clause, and are granted: As the appellant correctly points out, as occurs with the judgment, both the accusation of the Public Prosecutor's Office and the complaint constitute logical-legal units that must be analyzed comprehensively. In the specific case, this Court of Appeal does not share the manner in which the trial court analyzed a few fragments of the complaint filed by [[Nombre6] ] against [Nombre1] , [Nombre2] and [Nombre3] , extracting them out of the general context of the facts attributed to these persons, to arrive at the conclusion that said document did not contain a clear and precise accusation. Indeed, facts #1 to #7 of the complaint describe how Mr. [Nombre18] acquired, in the year 2001, the unregistered properties referred to by plans [Valor [Nombre4]] and [Valor 003], that they are two continuous properties, divided by a public road known as “calle [Dirección2] [Nombre25]”, on which the complainant [Name [Nombre4]] worked as an employee of Mr. [Nombre26], performing agricultural tasks. It is described that from the year 2001 the defendant [Nombre3] began to disturb the possession that Mr. [Nombre18] exercised over said properties, for which reason the latter decided to sell to the complainant—by public deed dated May 18, 2002—half of the possessory rights he had over the cited properties, so that Mr. [[Nombre6] ], who lived closer, could exercise a better defense of the possession of said lands. It is narrated that because the defendant [Nombre3] continued disturbing the possession of both properties, Mr. [Nombre20] brought an ordinary process [Nombre21] against him, in which judgment 56-2006 was issued that partially granted the lawsuit, a resolution that was confirmed on appeal and became final, after which the complainant [[Nombre6] ] acquired the rest of the possession rights of both properties, on January 19, 2007. The factual picture relates that the Agrarian Court of Alajuela placed the plaintiff in possession of the two indicated properties on August 10, 2007, and from that moment on the complainant [[Nombre6] ] began to carry out agricultural tasks on both properties, with the help of [Nombre27] and [Nombre28] (cf. folios 2 to 5 of the complaint file). Likewise, it is described in fact #8 that the defendant [Nombre2] had transferred, since the year 1995, the unregistered property corresponding to plan [Valor 003]. Now then, in fact #9 it is described that on July 7, 2012, the defendants [Nombre13] and [Nombre14], both [Nombre15] , and [Nombre1] , signed a public deed—No. 435 of Volume I of the protocol of notary [Nombre19] —in which the first two claimed to be possessors of an unregistered property, measuring 41 hectares 5465 square meters, with cadastral plan [Valor 004], stating that said property was part of a property they had bought from [Nombre29] in 1979. It is further indicated that in said deed it was recorded that the defendant [Nombre17] accepted the sale in the terms stated, even though nowhere in the public instrument was it recorded as the will of the complainants [Nombre15] to sell said property, nor did what they stated correspond to reality, since it was a simulated transaction with the intention of providing [Nombre17] with a supposed title that would allow him to invade the properties of the complainant [Name [Nombre4]]. In the following fact, it is explained that the property that the defendants claimed to possess in the cited public deed No. 435, with [Placa1] [ ], was entirely included in the property that on April 19, 1995, [Nombre2] sold to [Nombre30] (cf. fact #8) and which, after a series of transfers, was acquired by [Nombre18] and finally by the complainant [Name [Nombre4]] (cf. facts #1 to #7), corresponding to the property that has cadastral plan [Valor 003] and over which the complainant had been exercising possession (cf. folios 5 and 6 of the complaint file). Later, in facts #11 and #15 (admitted in the trial opening record, cf. folio 194 vto.), the acts disturbance of the possession that the complainant [[Nombre6] ] was exercising over both properties are described, namely: i).- [Nombre17] is attributed with having entered furtively the property of plan [Valor 003], where he made a 300-meter trail on the northern boundary of this property, specifically in the protection zone of the “Quebrada [Dirección3] Rodríguez”; ii).- [Nombre17] is attributed with having carried out a clearing in August 2012 within his property, specifically in the protection zone of said spring (quebrada), as well as the felling of trees, causing forestry damages and affecting the complainant's right of possession; iii).- It is described that the property corresponding to plan [Valor 003] still remains invaded by [Nombre17], who, despite the victim's pending rights, has performed work and improvements of bad faith, among them having brought in a tractor, which widened the entrance to the property, the construction of a site, etc. (cf. folios 7 and 8 of the complaint file). Now, in the legal reasoning of the complaint, it is explained that the defendants are attributed with acts of bad faith, which they have carried out to the detriment of the complainant with knowledge of their illegality. Regarding [Nombre3] , it is indicated that he appeared as a party in the aforementioned process [Nombre21], in which his claims were denied and rather the rights of [Nombre18] were recognized, which include the property of plan [Valor 003], from which he was even expelled to place the plaintiff in possession, so the statement that this defendant made in the public deed of July 7, 2012, in which he claimed to be possessor of an unregistered property corresponding to plan [Valor 004], was false, since it is clear that this plan overlaps with plan [Valor 003], making it obvious that he could not be in possession of that land from which he had been judicially evicted, hence he made a false statement to provide [Nombre17] with a title to invade his property. Regarding [Nombre2] it is explained in the legal reasoning of the complaint that, after having sold to [Nombre30] the unregistered property of plan [Valor 003], which finally came to belong to [Nombre18] (as was established in process [Nombre21]), said defendant dared to falsely claim in the cited public deed that he had received that property from his father and was exercising possession, corresponding to plan [Valor 004], when the truth is that said land was part of the property that he himself sold to [Nombre31]. Regarding [Nombre17], the legal reasoning of the complaint points out that he has kinship ties with the brothers [Nombre15], since he is married to a niece of theirs and was aware not only of the legal problems with [Nombre20], but also of the rights that the complainant had over said properties, especially due to the fact that he was a teacher at the school of [Nombre32] (cf. folios 8 to 10 of the complaint file). Based on the foregoing, this Court of Appeal considers that the trial court is not right when it claims that the complaint does not contain a precise and detailed accusation. While it is true that the wording used by the legal representative of Mr. [[Nombre6] ] is not the most appropriate, since the facts are recounted in the first person, from the perspective of the person suffering the consequences of the crime, it is not true that this situation should lead to the interpretation that what is described there are merely subjective assessments of the offended party. As indicated previously, a comprehensive review of the complaint allows one to understand what specific conduct is—concretely—attributed to [Nombre14] and [Nombre2] , as well as to [Nombre1] , so that these individuals could indeed exercise their right of defense. Indeed, in addition to the fact that the wording of the argument the judges put forward at folio 313 is confusing, the lower court (a quo) errs when it concludes that fact #9 of the complaint does not contain an accusation, because it analyzes it in isolation from the rest of the facts, specifically from #4, #5, #8 and #10, in relation to the legal reasoning of the complaint, where it is explained how the claims of [Nombre3] were rejected in the ordinary process [Nombre21], so that the defendants were aware, not only of where the properties corresponding to plans [Valor [Nombre4]] and [Valor 003] were located, but also of the better right that [[Nombre6] ] had over them. It is therefore not a matter of conclusions or subjective assessments, as the judges claim. Integrating this factual picture with the legal reasoning of the complaint, it is understood that [Nombre14] and [Nombre2] are attributed with having falsely claimed in a public deed to be possessors of a property, which they were aware they had sold years before and which formed part of the properties whose legitimate possession was being exercised by the complainant, in addition to [Nombre33] being attributed with having knowledge of the falsehood of that information, since the entire transaction described in the public instrument turned out to be simulated and its objective was to provide the latter with a document he would use to invade the lands of the offended party. The same error is observed in the analysis the lower court (a quo) makes regarding fact #11, since this cannot be detached from what is described in fact #9, so that contrary to what is stated in the judgment, it is understood that what the complainant attributes to [Nombre17] is having entered without authorization the property corresponding to [Placa2] [ ], using the false transaction he made with the brothers [Nombre15], to carry out acts disturbance of the possession that the offended party exercised over it, since with the help of laborers he made a trail in the protection zone of the Quebrada Los Rodríguez. In this same fact it is stated that later this same defendant carried out a clearing (chapie) of two manzanas in the protection zone of said spring (quebrada), so it is clearly understood that it is the same property, and it is therefore not true what the judges claim, that the complaint omits specifying who carries out the acts, what they consisted of, and on which property they were carried out. Likewise, in the judgment, fact #15 is analyzed detaching it from facts #4, #5, #9 and #11, as well as from the legal reasoning of the complaint, since it is clearly described there that the bad faith with which the defendant [Nombre17] acts, consists of the fact that he used a simulated transaction he conducted with the brothers [Nombre15], as well as an ideologically false document (since the latter were not possessors), to invade the property with plan [Valor 003] and remain on it, carrying out work that disturbs the legitimate possession that the aggrieved party [[Nombre6] ] had been exercising over said property, so it is also not true what is stated in the judgment, about it being unknown where the bad faith of this person lies, on which property the work is carried out, or the passive subject of the different actions. As the appellant rightly points out, it is incoherent to maintain that the facts described in the complaint do not contain a clear and precise accusation of criminal acts, but at the same time to undertake the task of analyzing the evidence, ending up absolving the defendants, not due to the atypical nature of the conduct attributed to them, but rather in application of the principle in dubio pro reo, maintaining that there is no proof that the defendants [Nombre15] and [Nombre17] inserted false facts into a public instrument, that there is no proof that the latter used said document knowing its content was false, and that there was also no proof that [Nombre17] was responsible for the disturbing acts that were carried out on the properties subject to this case, whereby the judges clearly fall into contradiction, as they acknowledge that the complaint does contain an accusation of criminal acts. Furthermore, the appellant is correct that the contested judgment suffers from a lack of adequate intellectual reasoning, this Court of Appeal finding that the trial court carried out a very superficial analysis of the testimonial and documentary evidence. Indeed, the lower court (a quo) points out that the defendants [Nombre14] and [Nombre2] declared having conducted a legal transaction with [Nombre1] , regarding the right of possession that the former had over the property corresponding to plan [[Placa3] ], without it being possible to prove that this transaction was fictitious, since the sequence of the transaction is proven through documents at folios 27 and 28 of the main file, and through the plan at folios 31 and 32 of the main file the identity of the right is demonstrated. In addition—the judges continue—the declaration of [Nombre34] was available, who claimed to be an adjoining landowner of said property and stated that he had always observed the defendants [Nombre15] as possessors and most recently [Nombre1] , which in the court's view leaves doubts as to who the true possessors are, in addition to the witness [Nombre35] having declared that no one, apart from the defendants, has exercised possession of said property. However, the judgment does not explain why what was recounted by these persons was credible, especially because the judgment sidesteps a fundamental aspect, which is that the falsehood of the data that—as described in the complaint—were inserted into the deed executed in 2012, does not lie in the assertion that in 1979 the brothers [Nombre15] received an unregistered property from their father, but rather that in 2012 they were still exercising possession of the property corresponding to plan [Valor 004]. Specifically on this point, as the appellant correctly notes, the trial court completely omitted to analyze the expert report prepared by engineer [Nombre36] (cf. folios 56 to 63 of the complaint file), according to which the property corresponding to the plan cited by the defendants in the public instrument, as the one in which they were supposedly exercising possession in 2012, is contained within the boundaries of the property described in plan [Valor 003], which had already been sold by the defendants [Nombre15] and which, according to the provisions of judgment 56-2006 issued by the Agrarian Court of Alajuela (cf. folio 171 to 189 of the evidence file), was placed in the possession of [Nombre18] on August 10, 2007, with the delivery, in its entirety, of the properties described in plans [Valor 003] and [Valor 006] to the representative of Mr. [Nombre26] being recorded in process [Nombre21], as documented in the record visible at folios 297 to 299 of the evidence file. Even, with respect to the first property, it is recorded in said record that it mostly consisted of scrubland and forest, no buildings, animals, or any person inhabiting said property were observed (cf. folio 298), which contrasts sharply with the version of the defendants. However, none of this is analyzed by the trial court. The appellant is also correct that the judges merely make a simple generic reference to the prosecution testimonies given by [Nombre23] , [Nombre24] , [Nombre22] and the offended party [[Nombre6] ]. In the judgment, the lower court (a quo) merely indicates that with what was recounted by these persons, the criminal types accused could not be considered proven. However, the judges did not justify this assertion, as they completely omitted to analyze what was declared by these witnesses, nor did they explain why it was insufficient to support the accused facts. This Court observes that the witness [Nombre23] provided relevant data about the placement into possession of both properties into the hands of the complainant, recounting that: “The process concluded with a favorable judgment in favor of [Nombre37] , in which the Agrarian Court of Alajuela determined who had the better right of possession. At the time of the placement into possession, Mr. [Nombre20] had already reached an agreement with [[Nombre6] ] and I went as his attorney-in-fact, that placement into possession was in two thousand seven, it was embarrassing because at the house there was a property with Nicaraguans, whose last name was [Nombre38] , the public force intervened, a brief tour was made along the front of the property, the public force helped the lady remove her things from the property, [Name [Nombre4]] and I went a little ahead, when we were going by the front of the property, a man appeared arguing with Mr. [Name [Nombre4]], he indicates to me that the man making those claims is the teacher from [Nombre32], because that's the way through to [Nombre32]. That day when we reached the lower part, there was a brother of [Nombre14] they call “[Nombre39]”, attorney [Nombre40] with us, what was done was to walk that boundary that is adjacent to “[Nombre39]”'s, the person placed in possession of the property was me, in my capacity as attorney-in-fact, and the one who did it was attorney [Nombre41] or [Nombre42], there were several negotiations, the first over some cows, but I was not present, and the second time was for cash and cattle, to transfer the other half of the property to Mr. [Name [Nombre4]], the whole deal is not on record but I was indeed given the order. I do know for certain that it took place, I was handling a division of community property process because I handled the process for some people from that area. I was a friend of [Nombre43], and I have many acquaintances there, that's why I have kept informed. I know that area because I went there as a result of [Nombre20]'s litigation and then [Nombre44]'s community property process, she offered me a right, later [Nombre45] with a possessory information. When [Nombre44]'s lawsuit was won, I was left with a right to eleven manzanas that remained with Heriberto, and the location of the right and the plans had to be done, that's why I went there often, I later sold it to a young man from Zapotal, a young man who died recently from a blood problem. The person arguing that day at the placement into possession was this gray-haired man. POINTS AT [Nombre1] . He said all sorts of things but that day he was only identified because he was the teacher from [Nombre32]. The placement into possession was an event in Carrera and [Nombre32], because there were three officers from the public force and Mrs. [Nombre46] became violent, the word spread. There wasn't a person, because they are about ten people, who didn't find out. We were there for four hours during the eviction of the property. I don't believe that in Carrera Buena that day one didn't find out about the placement into possession. After the placement into possession I passed by the property several times, even later I continued visiting the property.

In fact, on the farm there was a cedar tree that they had cut down and we carried out a process to make a donation of the tree to the Carrera Buena school and to extract the tree with a tractor and then the matter of [Nombre47] and then the location and also the possessory information of [Nombre48], in two thousand ten and two thousand eleven, even now I have another matter in El Salvador behind the church. In real possession it remains to don [Nombre [Nombre4]], because after that we extracted the cedar tree. Don [Nombre [Nombre4]] on the lower farm, from there he took guinocuabe posts and put up the fence, and [Nombre43] applied herbicide to plant brisanta, but it was said that it would not sprout because it was not raining, I can attest to having seen [Nombre43] and [Nombre [Nombre4]] planting, in the lower part [Nombre [Nombre4]] went to live in the lower house. That matter of possession was known not only by me but by the whole town” (cf. folio 282 to 283). Later, this same witness added: “When we went to the investiture of possession (puesta en posesión), that day we arrived at the house of [Nombre46] and then we went to [Nombre32] and there we met a man whom [Nombre [Nombre4]] told me is the school teacher, and the man told him that he was stealing the farm, in the town it was said that don [Nombre14] made two statements, one saying he was leaving the town and then that he was going to kill don [Nombre [Nombre4]] and the lawyer, if he lost the lawsuit. [Nombre14] would make faces at me when I saw him but I paid no attention to him. Don [Nombre14] was notified of the investiture of possession, but he was not there. At that time I knew well the ordinary proceeding [Nombre21], but now I remember only something. There exists in the proceeding a request for cancellation of plans from '95 by don [Nombre20], I know there were some from [Nombre49], but not from don [Nombre20] that I recall. The statements were that he was stealing the farm and that it would not end like that, I did not hear that he was going to kill him, but rather that this litigation was just beginning” (cf. folio 285). In the judgment, no reason is given to detract credibility from what was said by this witness, who not only confirms that the accused parties [Nombre15] were aware that both farms were placed in possession of Mr. [Nombre20], but also that these passed to be possessed by the petitioner, as was recorded in proceeding [Nombre21]. This witness even places the accused [Nombre17] at the very moment of the investiture of possession of the farms, arguing with the authorities. The trial court does not explain why, despite what witness [Nombre50] recounted, it was reasonable to affirm—as is done in the judgment—that there is no evidence that [Nombre17] had knowledge that the information entered in the public deed executed in June 2012, in which the [Nombre51] brothers affirmed they continued to be the possessors of that land, was false. Likewise, witness [Nombre52] declared that the person who exercised possession of both farms was [[Nombre6]], with whom he carried out work on said immovable properties (cf. folios 286 to 287). The judges do not explain why what this person said was not credible, or why it was insufficient to support the petitioner’s version that only he exercised possession over both farms. Nor is the sentencing body correct in justifying the acquittal of the accused [Nombre1] with the argument that the conduct attributed to him is atypical of the crime of usurpation (usurpación), because he did not use clandestinity (clandestinidad) to enter the farm, but rather has occupied said property publicly, as related by witnesses [Nombre35], [Nombre34], [Nombre53], and [Nombre54]. The criminal offense provided for in Article 225 of the Penal Code does not only describe clandestinity as a way of dispossessing the victim of the legitimate possession they exercise over an immovable property, but deception (engaño) is also provided for. In the case under study, the complaint attributes to [Nombre17] having participated in a simulated transaction, as well as in the preparation of a public instrument of false content, which he used precisely to invade the farm under litigation and remain illegitimately on it, carrying out all kinds of acts of possession. In this way, entering a farm through deception and carrying out—without authorization from the legitimate possessor—works such as those described in the complaint (bringing in laborers to make trails, clearings (chapias), cutting of trees, erection of buildings, etc.), if true, would constitute acts of dispossession (despojo) that fit within the criminal offense of usurpation, since through these the possession that—according to what is described in the complaint and related by the witnesses for the prosecution—[[Nombre6]] had been exercising over said farm for years is effectively disturbed, contrary to what is affirmed in the judgment. On this point, the petitioner gave an extensive statement at trial (cf. folios 291 to 294), without the judges explaining why it did not merit credibility. It is a contradiction to justify the acquittal of [Nombre17] by arguing, as is done at folio 323, that none of the witnesses identified having seen this person enter the farm over which the offended party supposedly exercised possessory acts, while at the same time the judges themselves admit that said accused has been exercising public and peaceful possession precisely over that immovable property. Furthermore, the trial court argues that it is not clear that the offended party had possession of those farms, without explaining why and—more importantly—without making the slightest analysis of the content of case file [Nombre21] 03-000223-296-CI and the testimony of witnesses [Nombre23] (cf. folios 281 to 286), [Nombre52] (cf. folios 286 to 287), and [Nombre22] (cf. folios 294 to 298), precisely regarding that issue. For all the foregoing, this Chamber of Appeals concludes that the challenged decision fails to observe the requirements of reasoning provided for in Articles 142, 184, 363, and 363 of the Code of Criminal Procedure, such that it is justified to annul in its entirety what was decided. The trial court dismissed the civil compensating action (acción civil resarcitoria) brought by [[Nombre6]] against the defendants [Nombre14] and [Nombre2] and [Nombre1], arguing that the criminal acts generating extracontractual civil liability could not be proven (cf. folios 327 and 328). By virtue of what is being decided in this judgment, it is also appropriate to annul what was ordered by the trial court with respect to the civil liability of the defendants. For all the above, pursuant to the provisions of numbers 465 and 466 of the Code of Criminal Procedure, the appeal of judgment brought by attorney [Nombre5] is granted. The challenged decision is annulled in its entirety, insofar as it acquits both criminally and civilly the accused and civil defendants [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre3], and the trial hearing that preceded the decision challenged here is also annulled. The referral of this case to the court of origin is ordered, so that with a different composition it proceeds with the substantiation of a new trial.

THEREFORE:

The appeal brought by attorney [Nombre5] is granted. The challenged decision is annulled in its entirety, insofar as it acquits both criminally and civilly the accused and civil defendants [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre3], as well as the trial hearing that preceded it. The referral of this case to the court of origin is ordered, so that with a different composition it proceeds with the substantiation of a new trial. LET IT BE NOTIFIED.

 

 

José Alberto Rojas Chacón

 

 

 

Alberto Alpízar Chaves David Fallas Redondo Judges of Appeal of Judgment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case file: 12-000886-0332-PE

Against: [Nombre2] and others

Offense: Abuse of Authority and others

To the detriment of: [[Nombre6]]

[Nombre55]

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:41:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República