Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias estableció a partir de su entrada en vigencia el 13 de febrero de 1996 por reforma de la Ley Forestal N. 7575., la posibilidad expresa de titular terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas siempre que se demuestre la posesión diez años antes de la creación de esa zona en cualquiera de las categorías de manejo. [...] Cabe reiterar que al estar inmersa la finca dentro de la Zona Protectora Río Toro creada por decreto N. 22838 de 9 de febrero de 1994, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se debe acreditar una posesión en respecto de los recursos naturales al menos 10 años antes de la creación de esa área silvestre protegida. Es decir, se debe acreditar una posesión idónea anterior al año 1984. Analizadas estas declaraciones, observa este Tribunal que los tres testigos son coincidentes y congruentes en describir una posesión idónea para titular que data de un periodo mayor al decenal antes de 1994.
English (translation)Article seven of the Possessory Information Law, in force since 13 February 1996 following the reform of Forestry Law No. 7575, expressly allows the titling of lands within protected wild areas provided that possession of ten years prior to the area’s creation under any management category is demonstrated. [...] Given that the property lies within the Río Toro Protective Zone, created by Decree No. 22838 of 9 February 1994, Article 7 requires proof of possession respectful of natural resources at least ten years before the protected area was created. That is, suitable possession prior to 1984 must be proven. On analysing this evidence, this Tribunal finds that the three witnesses are consistent and coherent in describing possession suitable for titling dating back more than ten years before 1994.
Affirmed
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00741 - 2016 Fecha de la Resolución: 12 de Agosto del 2016 a las 14:02 Expediente: 15-000015-0993-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Titulación de área dentro de zona protectora Río Toro. Requisitos. Tema: Zonas naturales protegidas Subtemas: Titulación de finca en Río Toro mediante informació posesoria. “ III- El artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias estableció a partir de su entrada en vigencia el 13 de febrero de 1996 por reforma de la Ley Forestal N. 7575., la posibilidad expresa de titular terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas siempre que se demuestre la posesión diez años antes de la creación de esa zona en cualquiera de las categorías de manejo. Dicho artículo ha sido, en dos ocasiones, cuestionado ante la Sala Constitucional y se ha rechazado la declaratoria de su inconstitucionalidad dejando vigente así esa norma, sin que ningún órgano judicial pueda desconocer su vigencia. (ver última consulta constitucional en Sentencia N.01667 del 27/01/2010 de las 15:11: de la Sala Constitucional). Sobre la posesión, el representante de la Procuraduría General de la República apela, las declaraciones de las personas testigas no resultan útiles a fin de demostrar la posesión ejercida por el promovente y sus transmitentes. Reprocha, debido a contradicciones con el escrito inicial y lo declarado por los testigos donde no se hace mención del tiempo de posesión del promovente. Además de invocar han mediado dos procesos anteriores donde se ha denegado el tramite por la imposibilidad de demostrar con prueba testimonial la posesión requerida. Dados esos alegatos, se avocará esta Cámara analizar la prueba testimonial vertida y contrastarla con el escrito inicial. Consta que en audiencia de recepción de prueba del 11 de junio del 2015 (expediente digital/documentos/fecha 11/06/2015 0143:23 p.m. declaraciones en imágenes 1 a 4), se levantaron actas de las declaraciones testimoniales de [Nombre1] (imagen 1), [Nombre2] (imagen 2) y [Nombre3] (imagen 3). El testigo [Nombre1] declaró tener 61 años y conocer el fundo de toda su vida. Explica, desde que tenía 5 años de edad frecuentaba el inmueble para ir a jugar. Agrega, tiene una finca a [Dirección1] y por ello le constaba que la heredad le perteneció al padre del promovente cuyo nombre es también [Nombre4] . Que aún vive y posee propiedades colindantes desde hace más de 40 años. Depuso, a su vez [Nombre5] , abuelo del titulante había poseído el terreno desde principio de los años 50 y los traspasos se han efectuado por donación. Afirmó, hacia 60 años la finca había sido un potrero, al igual que todas las demás de la zona y había ganado. Le consta que desde que el promovente [Nombre4] la adquirió, más bien ha dedicado buena parte a la protección de los recursos naturales. Una parte, señala, se ha dejado regenerar de forma natural y se han sembrado árboles de [Nombre6] y [Nombre7], aunque en el caso de éstos últimos por razones de clima y altura no han crecido lo suficiente y luego se secan. Sabe que al fondo del terreno hay una naciente que se seca en verano y esta bien protegida con árboles y plantas a su alrededor. No hay construcciones, se encuentra el terreno cercado en su totalidad con postes de cemento y alambre de púas, y al frente a calle pública con cerca de madera. Identificó a las personas colindantes y señaló nunca haber observado que el promovente, su padre y abuelo hubieran tenido problemas por este terreno; siendo una posesión continua por más de diez años y al que se conoce como el dueño es a [Nombre4]. Este testimonio describe una cadena posesoria de forma contínua desde los años 60, primero a favor de [Nombre5] (abuelo del promovente), en forma posterior [Nombre4] (padre del promovente) y actualmente por su hijo [Nombre4] . Aunado a lo anterior, se indicó que ha sido desarrollada por el titulante una actividad de regeneración boscosa en parte de la finca, cambiando el uso anterior del suelo de ganado a regeneración y estar la naciente que calificó de inverniz protegida a su alrededor. El testigo [Nombre2] , se identificó como tío del promovente e indicó tener 79 años. Declaró conoce el fundo toda su vida, pues eran de su padre [Nombre5] ; que a su vez la adquirió de [Nombre8] . Describió, su padre procede a dividir el fundo entre sus hijos y a [Nombre4] , su hermano, le correspondió la zona que se pretende inscribir. Indicó, su hermano la poseyó por 40 años y la dedicó a la ganadería. Luego se la donó a [Nombre4] su hijo, pero entiende que se suscribió la escritura años después. Menciona, el adquirente la ha dedicado a la reforestación y tiene un pequeño sector de pasto donde se alimentan un par de caballos. Sabe, [Nombre4] ha sembrado arbolitos de diversas especies. Le consta, existe una naciente al fondo que se seca en verano y lo ha observado cultivando árboles a su alrededor. Señaló, la finca tiene cercas de postes muertos, vivos y alambre de púas. Además de una cerca de madera frente a la calle pública. Manifestó que en sus 79 años nunca ha habido problema alguno por la posesión del terreno. Para este Tribunal, este testigo acredita que se ha ejercido posesión sobre el fundo de forma contínua, pacífica y ejerciendo en primer lugar actividades de ganadería, pero que el promovente ha cambiado a reforestación y una mínima parte al pastoreo de dos caballos. Se describió una cadena posesoria mayor que la citada por el anterior testigo, a saber [Nombre8] que lo vendió a [Nombre5] que la poseyó por 40 años, quién le donó a su hijo [Nombre4] y éste a su hijo [Nombre4] ; que solicita titular. De importancia, se declaró que se ejercen actos de protección de la naciente que se seca en verano y de reforestación. Lo mismo indicó el testigo anterior. Finalmente, el testigo [Nombre3] , depuso tener 57 años y conocer el fundo desde que tenía 12 años de edad (sea desde el año 1970). Indicó saber que [Nombre4] padre poseyó por muchos años y luego le donó a [Nombre4] hijo. Mencionó, anteriormente la finca se dedicó a potrero y en la actualidad a reforestación y conservación de la naciente y para ese fin se ha buscado para ello asesoría por el MINAE. El fundo se encuentra cercado totalmente, [Nombre4] es el único dueño y nunca se han suscitado problemas por el terreno. El anterior declarante acredita la posesión ejercida desde el año 1970, haber sido poseída por el padre del promovente y luego por su hijo, el promovente. Además de consignar se ejercer actos de conservación del bosque y la naciente inverniz que se ubica en el terreno. Cabe reiterar que al estar inmersa la finca dentro de la Zona Protectora Río Toro creada por decreto N. 22838 de 9 de febrero de 1994, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se debe acreditar una posesión en respecto de los recursos naturales al menos 10 años antes de la creación de esa área silvestre protegida. Es decir, se debe acreditar una posesión idónea anterior al año 1984. Analizadas estas declaraciones, observa este Tribunal que los tres testigos son coincidentes y congruentes en describir una posesión idónea para titular que data de un periodo mayor al decenal antes de 1994. Cumpliendo con la exigencia del artículo 7 ibídem respecto del tiempo a demostrarse en posesión en caso de ubicarse el fundo a titular dentro de un área silvestre protegida o con terrenos boscosos. IV- Sobre el agravio segundo del apelante que ataca contradicciones de lo declarado por los testigos, el contenido de las escrituras públicas aportadas N. 48 y 265-25 y manifestaciones del período de posesión del titulante. Analizadas las declaraciones testimoniales vertidas en este proceso, se procede a contrastarlas con las manifestaciones del escrito inicial y las escrituras públicas a fin de verificas las contradicciones acusadas por el ente apelante. En el escrito inicial (expediente digital/ escritos/ fecha 10/02/2015 01:19:28 p.m.. imagen a 6), se indicó por [Nombre4] que solicita inscribir finca reflejada en plano A-1771.919-2014 por haber poseído el fundo desde el 2 de diciembre del año 2014 por donación que aporta y que los anteriores poseedores la mantuvieron bajo su dominio por 63 años. Los actos de posesión descritos lo fueron mantenimiento de cercas, chapea, y lo relacionados con el funcionamiento de la finca. Describió, fue adquirida de [Nombre4] y éste de [Nombre5] . La escritura N. 268-25 de las 17:10 horas del 2 de diciembre del 2014 otorgada ante notario público, consigna que [Nombre4] dona a [Nombre4] una posesión de 63 años sobre la finca a titular. Por su parte, en la escritura N. 48 del 15 de enero del 1991, [Nombre5] le dona la posesión y mejoras a [Nombre4] el fundo de interés. Estos documentos de traspaso a título gratuito se muestran coincidentes con la cadena posesoria descrita por los testigos, en cuando se poseyó la heredad por [Nombre5] , que le donó a su hijo [Nombre4] y éste a su vez le transmite a título gratuito a su hijo [Nombre4] , el promovente. Respecto al tiempo de posesión indicado en el escrito inicial del titulante ( 2 meses y 8 días) y lo manifestado por las personas testigas que refieren a períodos mucho mayores, bajo un análisis integral y acorde con las reglas del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, estima este Tribunal que de lo descrito por las personas testigas se nota que efectivamente el plazo de posesión material del promovente data de muchos años antes. Ello se deduce de la descripción que hacen de los actos posesorios, así como de la actividad para reforestación y protección de naciente que identifican y endilgan al titulante. No entiende esa Cámara medie una contradicción real en cuanto a la cadena posesoria que describen los testigos pues fueron claros en sus afirmaciones, sin que se contradijeran entre ellos. En el escrito inicial se citó por el promovente que se tenía de poseer 2 meses y 8 días ( expediente digital/ escrito inicial y memorial en documento asociado el 03/03/2015 08:55:33 a.m.). La escritura de donación N. 268-25 aportada por el promovente donde le dona su padre, tiene fecha el 2 de diciembre del 2014 y este proceso se presenta ante estrados judiciales el 10 de febrero del 2015 (sello de recibido en escrito inicial asociado el 10/02/2015 01:19:28 p.m.). Es decir, que [Nombre4] entendió que su posesión legal inició cuando su padre suscribe a su favor la escritura de donación, cuando de los autos se deduce que su posesión material inició mucho antes. Así lo indicaron los testigos ya citados y analizados, cuando refieren a una posesión real y material del promovente en el terreno ejerciendo actos de conservación y reforestación. Nótese que el testigo [Nombre2] , de forma expresa manifestó que su hermano [Nombre4] poseyó la finca por 40 años y la dedicó a la ganadería, luego se la donó a [Nombre4] su hijo, pero entiende que se suscribió la escritura años después. Por lo que se rechaza el agravio de la apelante en cuanto al periodo de posesión del titulante y la contradicción al respecto. Sobre lo argumentado respecto a que en el expediente N. EXPN1- y EXPN2- se utilizó el plano A-1101643-2006 y se manifestó fue adquirida por donación el 24 de octubre del 2006 y se aportó escritura CED1. y en proceso 09- 100240-295-CI se pretendió titular bajo el plano A- 21527-2008 y se manifestó haber adquirido por donación de su padre el 29 de setiembre del 2008 y se aportó la escritura CED2. 277, se rechaza. En este proceso, se acreditó la sucesión posesoria en la cadena de transmisión y se aportó el titulo de donación suscrito ante notario público que no ha sido cuestionada su legalidad ni se ha demostrado falsedad alguna. En los procesos anteriores en los cuales se resolvió con lo que en autos constaba en cada uno de los expedientes se resolvió denegar la inscripción por lo expuesto en cada sentencia de fondo. Las donaciones ahí aportadas lo eran para la titulación del terreno que estaba separado en dos fundos y con otros planos, sin saber si entre la suscripción de esas anteriores donaciones y la aquí aportada se celebró alguna forma de negociación entre esas partes. Lo que interesa a efectos de este proceso, es tener por acreditada la cadena posesoria y por demostrada la posesión idónea para titular. Con prueba testimonial se demostró quienes han ejercido la posesión de forma sucesiva y la ausencia de conflicto alguno por la misma a lo largo de tantos años. Además de haberse aportado el documento de donación a efectos de aprovecharse la posesión de los transmitentes, al tenor del ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Mismos que no ha sido cuestionado. Lo que para esta sede en este proceso esta demostrado. En la sentencia recurrida en este proceso se analiza a profundidad el instituto del derecho de propiedad, sus implicaciones constitucionales y el hecho de que en este proceso se ha encontrado una realidad material diversa a la relacionada con el proceso anterior donde se denegó el proceso bajo expediente N. 09- 100240-295-CI, por lo que se procedió a su aprobación. V - Sobre el agravio tercero respecto a la naturaleza del terreno afectado a área de protección de naciente y que el estudio se suelo lo identifica como cien por ciento de potrero. Sobre las áreas silvestres protegidas, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del P atrimonio N atural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En el caso concreto estamos ante un terreno que se piden titular, ubicado dentro de la Zona Protectora Río Toro creada por decreto ejecutivo N.22838 MIRENEM del 9 de febrero de 1994. Lo que conlleva a entender que para poder ser inscrito debe acreditarse una posesión al menos desde el mes de febrero de 1984. La categoría de manejo de Zona Protectora, se incorporó como tal en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías de manejo que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal numero 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones las ha definido como: " como terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969, derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “….aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a esta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004). En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió : “El t é rmino de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc).” Estima esta sede, de lo que consta en autos a valorarse en los siguientes considerandos y éste , las referencias normativas y técnicas y lo declarado las personas testigas no se concluye el promovente, al contener zona de pastos en su fundo, ha incumplido el ejercicio de la posesión en los términos del numeral sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, pues ha protegido el recurso suelo , lo tiene en sucesión forestal y ha sido asesorado por el MINAE en su manejo en cuanto la naciente existente en su fundo, y demostrar el periodo de posesión legal. Como se citó, el fundo esta dentro de la zona protectora aludida. En el caso en estudio, en el estudio de uso de suelo de julio del 2015 (expediente digital/ documentos/ fecha 08/07/2015 04:25:40 p.m) se consignó el terreno es de potrero en sucesión forestal, sin uso pecuario y ubicado a una gran altitud. En el reconocimiento judicial se describió por el juzgador, haber encontrado un terreno debidamente delimitado en todo su contorno, con pasto en el sector ubicados en los vértices 1 a 5 del plano A- 771919-2014 por donde ingresaron y al avanzar al norte, contiene vegetación y árboles propios de las zonas montañosas altas. Se encontró el suelo húmedo con mucha neblina. La naciente se ubicó y observó a su alrededor con gran cantidad de árboles. No se observaron construcciones, animales, ni señas o rastros de extracción de madera. Se anotó haber observado el recurso hídrico protegido y se tomaron fotografías que muestran lo visualizado en el acto. Mismas que constan en el expediente digital y de las cuales se logra concluir que lo descrito por el A quo es coincidente con la materialidad del terreno observado. (expediente digital/escritos/ fecha 11/06/2015 08:45:37 a.m.). Aunado a lo anterior existe Informe N. SB-AID-GA-2015-1188 del 15 de octubre del 2015 donde se indica que la naciente ubicada en el fundo no tiene registros de captaciones de acueductos y sobre tal no existe aprovechamiento alguno de agua, o planes o proyectos que justifiquen solicitar la reserva del recurso hídrico para incorporarlo a algún sistema de abastecimiento. (expediente digital/ escritos/ 12/11/2015 02:23:08 p.m.). Es decir, el área del protección de la naciente no le afecta el régimen de dominio público establecido en el artículo 31 inciso a) de la Ley de Aguas N. 276. De lo descrito por el juez y lo observado por el certificador de uso de suelo que consignó encontrar un potrero en sucesión forestal, no se nota ningún daño ocasionado al recurso suelo o hídrico. Lo citado debe ser complementado por lo descrito por las personas testigas cuando afirman que el padre del promovente tenía el terreno dedicado a ganado, y el titulante el dio un uso de regeneración forestal y conservación de la naciente ubicada en el sitio. Por otra parte, en memorial aportado a los autos se observa un oficio emanado por el el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del MINAE N. OG-1088 del 16 de junio del 2015, en donde se evacúa consulta del promovente sobre practicas de manejo de su fundo dada la existencia de una naciente. En la que se emiten una serie recomendaciones al respecto. En primer orden se indicó que de visita realizada por funcionarios del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central se determinó que no toda la finca se ubica dentro del área de protección de la naciente, pero si dentro de los límites de la Zona Protectora Río Toro. Cita ese documento de forma literal: " En razón de lo anterior, es importante indicar, que la parte de su propiedad que se localiza fuera del área del protección de los 100 metros de radio alrededor de la naciente, cuyo uso actual es repasto, sobre terrenos planos a orillas del camino, no cuenta con ninguna limitación legal, excepto que si desea construir cualquier infraestructura, debe tramitar ante la SETENA la Viabilidad Ambiental, por encontrarse dentro de la Zona Protectora Toro. Caso contrario sucede con el sector de su propiedad, que se localiza dentro de los 100 metros de radio dell la ( sic) área del protección de la naciente permanente, por ahí se ve afectada por lo establecido en la Ley Forestal 7575 y la Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317..... dentro de esos 100 metros existe limitación de corta vegetación, corta árboles y de construcción de cualquier tipo de infraestructura, por lo que las prácticas de protección dentro de esta área, consistirán básicamente en cercar el sector en cuestión para evitar el ingreso de ganado, y permitir que se de un proceso de regeneración natural, lo cual le dará la mejor protección a la naciente, máxime con la riqueza florística que existe en ese sitio. ... " .(expediente digital/ escritos/ fecha 24/06/2015 10:10:57 a.m.). En el estudio de suelos y el reconocimiento judicial no se describió actividad alguna que transgrediera las recomendaciones técnico ambientales dictadas por la oficina competente del MINAE. Tampoco ha aportado el ente apelante o cualquier interesado, prueba alguna de que el promovente o los anteriores poseedores hubieran sido prevenidos, sancionados o culpados de haber transgredido la normativa nacional tutelar del ambiente, de donde se pudiera inferir han transgredido su obligación de ejercer una posesión en respeto de los recursos naturales la ejercer posesión de un inmueble con limitaciones de orden ambiental dada la naturaleza de esa finca. Al respecto se agrega, los tres testigos, no manifestaron que desde que conocieron el fundo en un periodo mayor al decenal antes de 1984 se talara madera o se lesionara la naciente. Es decir, nunca medió un cambio de uso de suelo en las fincas a titular en perjuicio del ambiente, desde antes de la creación de la categoría de manejo de Zona Protectora en cuestión hasta la actualidad, o al menos no consta ninguna prueba al respecto. Por lo que su reclamo no es atendible. Nótese, que cada categoría de manejo tiene sus propios fines técnico científicos, sin que pueda entenderse que la existencia de alguna de ella excluye en forma absoluta actividades humanas de producción o recreo. Lo que se define en los respectivos planes de ordenamiento territorial de cada una. En este caso el agravio en estudio esta ayuno de fundamentación debida, en cuanto al motivo por el cual estima el apelante las actividades existentes lesionan los fines de esa zona con los actos actuales y cuales directrices, órdenes o normas del plan de manejo de esa área se han incumplido. No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N. 144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respecto del uso del suelo, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso hídrico alguna, ni se ha demostrado que se hubiere causado daño al ambiente alguno. Se rechaza el agravio. VI- No resulta de recibo el alegato referido a la imposibilidad de resolver este proceso al haber mediado a un rechazo de procesos anteriores del promovente sobre el fundo. Constan en autos copias de las resoluciones de los expedientes de los procesos de información posesoria previamente rechazados al titulante. (expediente digital/escritos/fecha 17/06/2015 09:55:32 a.m). Respecto al número EXPN3- consta la sentencia de primera instancia del Juzgado Civil de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia (imagen 10), donde se rechazó por no haberse aportado prueba testimonial idónea para demostrar el ejercicio de la posesión en un plazo decenal anterior a la creación de la Zona Protectora Río Toro de las 15 :00 horas del 9 de mayo del 2008. Pues uno de los testigos indicó que un año antes de la declaración emitida en ese proceso el promovente adquirió el terreno de su padre. Esos testimonios se complementan con los que fueron recibidos en este proceso. No existe contradicción alguna ni discordancias respecto a lo depuesto por los testigos en este nuevo proceso. En el proceso tramitado bajo expediente EXPN2- se rechazó por contener el fundo zona de potrero, lo que en este caso también se logra subsanar al aportarse los elementos técnicos (estudio de suelos, recomendaciones técnicas de MINAE sobre gestión de naciente y uso del suelo) y lo observado en el reconocimiento judicial de este proceso, que acredita el ejercicio de una posesión acorde con las exigencias del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. (imagen 18). Cabe anotar, que en el caso de este fundo recayó la afectación a categoría de manejo de zona protectora en el año 1994 y la posesión ejercida hasta esa fecha no podría ser castigada como violatoria a lo regulado por el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias por haber tenido pasto y haber ejercido una actividad productiva ganadera, pues es posteriormente que se afecta como zona protectora. El poseedor no incumplió lo que no estaba aún vigente para el año 1994, ni tampoco se demostró de ninguna manera que hubiese hecho un uso abusivo del bien ni de los recursos naturales que contiene, de tal magnitud que pueda enervar su derecho de propiedad agraria consolidada hace más de cuarenta años. No sería posible invalidarle el reconocimiento de la posesión de vieja data que se acreditó en este proceso había ejercido él, su padre y aún su abuelo, pues la declaratoria se hace siempre sin perjuicio de los derechos de propiedad ya consolidados por la usucapion. No obstante, como se indicó, ningún elemento de prueba denota que mediara un cambio de uso de suelo, tala o lesión a la naciente, a partir de la declaratoria referida o antes, pues se señalaba era de pastos para ganado, y se protegía esa naciente. Se observa que el promovente más bien ha ajustado la actividad (pastos en sucesión forestal, reforestación y protección de naciente) a las limitaciones impuestas a su inmueble al integrarla a la Zona Protectora Río Toro en el año 1994. En proceso con expediente EXPN4- igualmente se rechazó por insuficiencia de las declaraciones en cuanto al tiempo que debía de tener los testigos de conocer el fundo, pero no porque se hubiese acreditado algo significativamente distinto a lo que se verificó en este proceso, de manera que el material probatorio de ambos lejos de ser antagónicos resultan complementarios. No se comparte la tesis de la apelante, cuando indica que al haber sido ya rechazada la pretensión de inscribir por este trámite el fundo no procede volver a conocer por esta vía de jurisdicción no contenciosa esa solicitud. Sobre el tema, en esta jurisdicción especializada agraria se ha resuelto: " No podría el juzgador atribuirse potestades tales como para dejar de recibir la prueba y en aras de procurar una supuesta economía al Poder Judicial, y paradógicamente también a los promoventes, dictar de una vez sentencia de fondo. No debe perder de vista el Juzgado que el fallo eventualmente podía ser objeto de apelación, como en efecto lo fue, supuesto en el cual el Tribunal no necesariamente tendría que compartir su criterio, de manera tal que es preciso sea evacuada la prueba ofrecida a fin de poder analizar la procedencia o no del criterio esgrimido en la resolución recurrida para dictar la sentencia de segunda instancia. Aunado a ello y sobre todo, la promovente tiene derecho a tratar de acreditar la posesión exigida por ley mediante este trámite, sin que le esté vedada tal vía por el simple hecho de que ya una vez se les denegó otra Información Posesoria, pues independientemente de la cantidad de veces que la planteen, nunca adquirirá eficacia de cosa juzgada material. Considerar lo contrario, implicaría una denegación de justicia, pues como bien lo señala la recurrente, el artículo 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente conforme al numeral 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, refiriéndose a las sentencias dictadas en procesos no contenciosos, lo siguiente: "... Esta resolución no producirá cosa juzgada ni aún cuando haya existido objeto de pronunciamiento del superior, salvo lo dispuesto expresamente para el proceso sucesorio y el de divorcio o separación por mutuo consentimiento."(Voto N. 1033-F-07). Por lo que se rechaza el agravio primero de su apelación, con fundamento en el artículo 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, y los efectos de cosa jugada formal que otorga a las resoluciones emitidas dentro de los procesos de actividad judicial no contenciosa.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Titulación de área dentro de zona protectora Río Toro. Requisitos. “ VIII- VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre1] : No se comparte el voto de mayoría al considerar la parte promovente no demostró haber protegido el recurso natural durante los años que aduce como posesión válida para usucapir. Ese tipo de posesión ecológica es la que debió demostrar conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, en asocio a la Ley Forestal 4465 del 25 de noviembre de 1969 y normativa posterior, que regula la demanialidad de los bosques, y adquiere mayor relevancia si cumplen una función de protección de algún ecosistema que da origen al motivo de declaratoria de Refugio de Vida Silvestre o Zona Protectora como en este caso, en que el inmueble se encuentra dentro de la Zona Protectora Rio Toro. El haber subsanado los yerros en su posesión después de tres intentos de informaciones posesorias, demostrando cuido del recurso al final de la posesión que se pretende sea reconocida, ello no deja sin efecto el hecho que la posesión decenal que se debe contabilizar ahora sea válida, pues en su momento no lo fue ya que se había desprotegido el recurso agua y bosque, máxime en una zona de alta fragilidad hídrica como lo indica el estudio técnico de Acueductos y Alcantarillados y de difícil recuperación -como lo indica la misma parte promovente.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución *150000150993AG* EXPEDIENTE: EXPN5 - 8 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: [Nombre2] BARRANTES GONZALEZ VOTO [Nombre1]° 741-F-16 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y dos minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovid a po r [Nombre2] , mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Alajuela, cédula de identidad número CED1 - - . I ntervienen como parte s la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , representad a por la licenciada Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 - - , en su condición de procuradora , el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, actual INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica número CED3 - - - , representada por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula de identidad número CED4 - - , carné número CED5 , y la MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA, cédula de persona jurídica número CED6 - - , representada por su alcalde Luis Antonio Barrantes Castro, mayor, casado una vez, licenciado en Economía Agrícola, vecino de Alajuela, cédula de identidad número CED7 - - . Actúa [Nombre1] como abogados directores; de la parte promovente, el letrado Carlos [Nombre2] Villalobos Ugalde, cédula de identidad número CED8 - - , carné número cinco siete seis uno; y de la Municipalidad de Valverde Vega, la letrada Lineth Arce Valverde, carné número dos dos siete cero cuatro. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón.- RESULTANDO: 1. - La parte promovente interpuso la presente informaci ón posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe [Nombre1] así: "...terreno de pasto, en sucesión forestal, con naciente, situado en Alto Palomo, [Dirección1] ° , , Provincia de Alajuela, con un área de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE metros cuadrados, según plano catastrado número A- 1879589- 2016, tiene actualmente a los siguientes linderos: NORTE: [Nombre2] ; SUR: calle pública con un frente de 92.36 metros lineales; ESTE: [Nombre2] , [Nombre3] y [Nombre4] ; y al OESTE: [Nombre5] y [Nombre6] , situado en 100% en Zona Protectora Río Toro, creada mediante Decreto Ejecutivo 22838 MIRENEM del 9 de febrero de 1994. " , ( Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, escritos, de las trece horas diecinueve minutos con veintiocho segundos del diez de febrero del dos mil quince, Asociar Demanda Inicial/Incorporar Documento Externo - 10-02-2015 13:19:28, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos con treinta y tres segundos del tres de marzo del dos mil quince, Escrito Electrónico/Mar 3 2015 8:55AM/NI, y de las diez horas quince minutos con veintiuno segundos del dos de marzo del dos mil dieciséis, Incorporar Escrito - ESCRITO PRINCIPAL DE 1 F, SOLICITUD CANC PLANO, FOTOC PLANO/Agregar documento - 02 Mar 2016 10:15AM; y documentos asociados, de las catorce horas veintiséis minutos con tres segundos del diecisiete de junio del dos mil dieciséis, Sentencia primera instancia (plantilla) (actualiza fase conclusiva)/EV=17/06/2016 14:27 ).- 2.- La Procuraduría General de la República , el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Valverde Vega se aperson aron al proceso (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, escritos; de las catorce horas treinta y dos minutos con treinta y cinco segundos del diecinueve de mayo del dos mil quince, Incorporar Escrito - ESCRITO PGR-[1,36MB] /Agregar Documento -May 19 2015 2:32PM; de las ocho horas veinte minutos con cinco segundos del veintiséis de mayo del dos mil quince, Incorporar Escrito - ESCRITO INDER-[1,13MB] /Agregar Documento -May 26 2015 8:20AM; y de las quince horas quince minutos con veintiuno segundos del cinco de octubre del dos mil quince, Incorporar Escrito - ESCRITO PRINCIPAL 01 FOLIO, APORTA: CERTIF DE PERSONERÍA JURÍDICA DEL ALCALDE, FOTOCOPIAS 05 FOLIOS/Agregar documento - 05 Oct 2015 03:15PM, respectivamente).- 3 .- El juez Carlos Eduardo González Mora, del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela , San Ramón, mediante la sentencia N° 2016000087, de las catorce horas veintiséis minutos del diecisiete de junio del dos mil dieciséis , resolvió: “POR TANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de ley SE APRUEBAN las presentes diligencias de información posesoria; trámite que se cumplió apegado a la Ley de Informaciones Posesorias Nº 139 del catorce de julio de 1941, sus reformas y adiciones, Ley de Jurisdicción Agraria Nº 6734 del veinticinco de marzo de 1982 y sus reformas. En consecuencia, libre de gravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derechos, proceda el Registro Público, Sección Propiedad Inmueble, a inscribir a nombre de [Nombre7] , mayor, casado en primeras nupcias, comerciante (SIC), cédula de identidad número CED9 - - , vecino de Sarchí Norte, el inmueble que se describe así: terreno de pasto, en sucesión forestal, con naciente, situado en Alto Palomo, [Dirección2] ° , [Dirección3] Vega, Provincia de Alajuela, con un área de CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE metros cuadrados, según plano catastrado número A- 1879589- 2016, tiene actualmente a los siguientes linderos: NORTE: [Nombre2] ; SUR: calle pública con un frente de 92.36 metros lineales; ESTE: [Nombre2] , [Nombre3] y [Nombre4] ; y al OESTE: [Nombre5] y [Nombre6] , situado en 100% en Zona Protectora Río Toro, creada mediante Decreto Ejecutivo 22838 MIRENEM del 9 de febrero de 1994.- El terreno se adquirió por donación. Se estimó el inmueble en doscientos cincuenta mil colones. Queda afecto el inmueble a las reservas en cuanto a derechos de vía que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias. El área contigua a las corrientes constituye área de protección según el artículo 33, lnciso b) de la Ley Forestal N° 7575 y queda prohibida la corta o eliminación (SIC) de árboles (artículo 34 ibídem). El cauce y las aguas de esa corrientes son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III; artículo 50 Ley Orgánica del Ambiente). Firme esta resolución, expídase la certificación correspondiente.", ( Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, documentos asociados, de las catorce horas veintiséis minutos con tres segundos del diecisiete de junio del dos mil dieciséis, Sentencia primera instancia (plantilla) (actualiza fase conclusiva)/EV=17/06/2016 14:27 ). - 4 .- E l Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela , San Ramón, mediante la resolución de las quince horas cuatro minutos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, se corrige el error material de la sentencia N° 2016000087, de las catorce horas veintiséis minutos del diecisiete de junio del dos mil dieciséis, en cuanto el nombre correcto del promovente es [Nombre2] , y no [Nombre7], como por error se consignó, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, documentos asociados, de las quince horas cuatro minutos con cincuenta y siete segundos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, Corrige error material/EV=21/06/2016 15:06).- 5 .- La licenciada Susana Fallas Cubero, en su condición de procuradora, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, escritos, de las trece horas cuarenta y cinco minutos con cero segundos del veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, y de las quince horas treinta y siete minutos con nueve segundos del veintiocho de junio del dos mil dieciséis, REUBICADO->Incorporar Escrito - ESCRITO DE PROCURADURÍA-[2,88MB] /Agregar Documento -Jun 24 2016 1:45PM; Incorporar Escrito - ESCRITO PGR-[6,96MB] /Agregar Documento -Jun 28 2016 3:37PM).- 6 .- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- Redacta la jueza Castro García;y, CONSIDERANDOS: I-H echos probados . Se avalan los hechos probados de la sentencia recurrida por contener prueba que les da sustento. II- El ente procurador interpone recurso de apelación ( escritorio virtual/ escritos/fecha 24/06/2016 01:45:00 p.m.) contra la sentencia N. 2016000087 de las 14:26 horas del 17 de junio del 2016 ( expediente digital/ documentos/fecha 17/06/2016 02:26:03 p.m). Como reproches invoca: 1) En los expedientes 07-1000209-295-295-CI, 08--100411-295-CI y EXPN1, al promovente se le denegó la titulación del terreno que en este asunto se solicita expedir título inscribible. ACtualmente el fundo cuenta con el plano A-1879582-2016, pero en los procesos anteriores la finca estaba dividida en dos secciones reflejadas en los plano A-1101643-2006 y A-1215271-2008. Menciona, en los dos primeros procesos citados se rechazó su pretensión por no haber demostrado con prueba testimonial su posesión requerida de la finca que esta inmersa en la zona protectora. Indica, en voto del Tribunal Agrario se confirmó esa resolución y cita parcialmente el Voto N. 480-F-10. Aduce, la resolución de fondo de un proceso de esta naturaleza puede ser revertido solamente en proceso de conocimiento o por un incidente de nulidad e invoca voto del Tribunal Contencioso Administrativo N. 49-2012-11. Reprocha, las manifestaciones en cada uno de los procesos que ha instado el promovente lo han sido con el carácter de declaración jurada y ha dado versiones diversas. Al respecto señala que en proceso EXPN2 y EXPN3 donde se utilizó el plano A- 1101643-2006 indicó haber adquirido por donación de su padre el 24 de octubre del 2006 y aportó testimonio de escritura pública [Nombre8]. Menciona, en el expediente EXPN1 con plano A- 1215271-2008 afirmó haber adquirido por donación de su padre el 29 de setiembre del 2008 y adjuntó testimonio de escritura pública [Nombre1]. 227. Apela, en este proceso se manifestó que todo el terreno (14.589 metros cuadrados) se adquirió por donación privada de [Nombre2] el 2 de diciembre del 2014 y suministra la escritura pública [Nombre1]. 268-25. Apunta que las contradicciones fueron advertidas en el escrito de audiencia final del 5 de mayo de los corrientes sin que analizara el punto. 2) El inmueble se ubica en la Zona Protectora Río Toro, creada por Decreto Ejecutivo N. 22838- MIRENEN del 9 de febrero de 1994. Según es escrito inicial y testimonios de la escritura CED10. y 268-25 [Nombre9] se mantuvo en el fundo hasta 1991 y [Nombre2] (padre del promovente) hasta diciembre del 2014. Es decir, una ocupación de 23 años. En memorial del 3 de marzo del 2015 el promovente indicó que su posesión personal había sido de 2 meses y 8 días. Acusa, los testigos no son congruentes con lo indicado por el promovente en este proceso o los anteriores. Detalla, [Nombre10] y [Nombre11] ubican al transmitente [Nombre2] en una ocupación de 40 años. Agrega, [Nombre12] ni siquiera declaró los años en que estuvieron en el terreno los anteriores poseedores y solo él se refiere someramente a la ocupación del promovente, manifestando que "lo posee hace varios años." Recrimina, acorde con el Tribunal debe mediar congruencia entre todos los elementos del proceso (escritos, testimonios y documentos aportados) para poder hacer valer la posesión transmitida y merezcan credibilidad a la persona juzgadora. Extracta parcialmente votos de este Tribunal sobre el tema. 3) Según la descripción del terreno con plano A-1879589-2016 la mayor parte del fundo se ubica dentro de la zona de protección de la naciente (artículo 33 inc. a de la Ley Forestal) y el estudio de uso del suelo lo describe en un cien por ciento como potrero. Lo que le impide al promovente adquirir derechos de propiedad por no haberse protegido el recurso natural. Cita parcialmente votos de este Tribunal. Argumenta, la protección de los recursos debe exigirse a las personas promoventes durante toda la posesión y no restringirse al periodo en que se tramita el proceso. Se afectó la zona protectora desde 1984, sin embargo al 2010 cuando se dictó el voto N. 480-F-10 citado inicialmente, no se habían ejercido actos acordes con lo exigido en el artículo 7° de la Ley de Informaciones Posesorias. Pide sea revocada la sentencia. III- El artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias estableció a partir de su entrada en vigencia el 13 de febrero de 1996 por reforma de la Ley Forestal N. 7575., la posibilidad expresa de titular terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas siempre que se demuestre la posesión diez años antes de la creación de esa zona en cualquiera de las categorías de manejo. Dicho artículo ha sido, en dos ocasiones, cuestionado ante la Sala Constitucional y se ha rechazado la declaratoria de su inconstitucionalidad dejando vigente así esa norma, sin que ningún órgano judicial pueda desconocer su vigencia. (ver última consulta constitucional en Sentencia N.01667 del 27/01/2010 de las 15:11: de la Sala Constitucional). Sobre la posesión, el representante de la Procuraduría General de la República apela, las declaraciones de las personas testigas no resultan útiles a fin de demostrar la posesión ejercida por el promovente y sus transmitentes. Reprocha, debido a contradicciones con el escrito inicial y lo declarado por los testigos donde no se hace mención del tiempo de posesión del promovente. Además de invocar han mediado dos procesos anteriores donde se ha denegado el tramite por la imposibilidad de demostrar con prueba testimonial la posesión requerida. Dados esos alegatos, se avocará esta Cámara analizar la prueba testimonial vertida y contrastarla con el escrito inicial. Consta que en audiencia de recepción de prueba del 11 de junio del 2015 (expediente digital/documentos/fecha 11/06/2015 0143:23 p.m. declaraciones en imágenes 1 a 4), se levantaron actas de las declaraciones testimoniales de [Nombre10] (imagen 1), [Nombre11] (imagen 2) y [Nombre12] (imagen 3). El testigo [Nombre10] declaró tener 61 años y conocer el fundo de toda su vida. Explica, desde que tenía 5 años de edad frecuentaba el inmueble para ir a jugar. Agrega, tiene una finca a [Dirección4] y por ello le constaba que la heredad le perteneció al padre del promovente cuyo nombre es también [Nombre2] . Que aún vive y posee propiedades colindantes desde hace más de 40 años. Depuso, a su vez [Nombre9] , abuelo del titulante había poseído el terreno desde principio de los años 50 y los traspasos se han efectuado por donación. Afirmó, hacia 60 años la finca había sido un potrero, al igual que todas las demás de la zona y había ganado. Le consta que desde que el promovente [Nombre2] la adquirió, más bien ha dedicado buena parte a la protección de los recursos naturales. Una parte, señala, se ha dejado regenerar de forma natural y se han sembrado árboles de [Nombre13] y [Nombre14], aunque en el caso de éstos últimos por razones de clima y altura no han crecido lo suficiente y luego se secan. Sabe que al fondo del terreno hay una naciente que se seca en verano y esta bien protegida con árboles y plantas a su alrededor. No hay construcciones, se encuentra el terreno cercado en su totalidad con postes de cemento y alambre de púas, y al frente a calle pública con cerca de madera. Identificó a las personas colindantes y señaló nunca haber observado que el promovente, su padre y abuelo hubieran tenido problemas por este terreno; siendo una posesión continua por más de diez años y al que se conoce como el dueño es a [Nombre2]. Este testimonio describe una cadena posesoria de forma contínua desde los años 60, primero a favor de [Nombre9] (abuelo del promovente), en forma posterior [Nombre2] (padre del promovente) y actualmente por su hijo [Nombre2] . Aunado a lo anterior, se indicó que ha sido desarrollada por el titulante una actividad de regeneración boscosa en parte de la finca, cambiando el uso anterior del suelo de ganado a regeneración y estar la naciente que calificó de inverniz protegida a su alrededor. El testigo [Nombre11] , se identificó como tío del promovente e indicó tener 79 años. Declaró conoce el fundo toda su vida, pues eran de su padre [Nombre9] ; que a su vez la adquirió de [Nombre15] . Describió, su padre procede a dividir el fundo entre sus hijos y a [Nombre2] , su hermano, le correspondió la zona que se pretende inscribir. Indicó, su hermano la poseyó por 40 años y la dedicó a la ganadería. Luego se la donó a [Nombre2] su hijo, pero entiende que se suscribió la escritura años después. Menciona, el adquirente la ha dedicado a la reforestación y tiene un pequeño sector de pasto donde se alimentan un par de caballos. Sabe, [Nombre2] ha sembrado arbolitos de diversas especies. Le consta, existe una naciente al fondo que se seca en verano y lo ha observado cultivando árboles a su alrededor. Señaló, la finca tiene cercas de postes muertos, vivos y alambre de púas. Además de una cerca de madera frente a la calle [Dirección5]. Manifestó que en sus 79 años nunca ha habido problema alguno por la posesión del terreno. Para este Tribunal, este testigo acredita que se ha ejercido posesión sobre el fundo de forma contínua, pacífica y ejerciendo en primer lugar actividades de ganadería, pero que el promovente ha cambiado a reforestación y una mínima parte al pastoreo de dos caballos. Se describió una cadena posesoria mayor que la citada por el anterior testigo, a saber [Nombre15] que lo vendió a [Nombre9] que la poseyó por 40 años, quién le donó a su hijo [Nombre2] y éste a su hijo [Nombre2] ; que solicita titular. De importancia, se declaró que se ejercen actos de protección de la naciente que se seca en verano y de reforestación. Lo mismo indicó el testigo anterior. Finalmente, el testigo [Nombre12] , depuso tener 57 años y conocer el fundo desde que tenía 12 años de edad (sea desde el año 1970). Indicó saber que [Nombre2] padre poseyó por muchos años y luego le donó a [Nombre2] hijo. Mencionó, anteriormente la finca se dedicó a potrero y en la actualidad a reforestación y conservación de la naciente y para ese fin se ha buscado para ello asesoría por el MINAE. El fundo se encuentra cercado totalmente, [Nombre2] es el único dueño y nunca se han suscitado problemas por el terreno. El anterior declarante acredita la posesión ejercida desde el año 1970, haber sido poseída por el padre del promovente y luego por su hijo, el promovente. Además de consignar se ejercer actos de conservación del bosque y la naciente inverniz que se ubica en el terreno. Cabe reiterar que al estar inmersa la finca dentro de la Zona Protectora Río Toro creada por decreto N. 22838 de 9 de febrero de 1994, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se debe acreditar una posesión en respecto de los recursos naturales al menos 10 años antes de la creación de esa área silvestre protegida. Es decir, se debe acreditar una posesión idónea anterior al año 1984. Analizadas estas declaraciones, observa este Tribunal que los tres testigos son coincidentes y congruentes en describir una posesión idónea para titular que data de un periodo mayor al decenal antes de 1994. Cumpliendo con la exigencia del artículo 7 ibídem respecto del tiempo a demostrarse en posesión en caso de ubicarse el fundo a titular dentro de un área silvestre protegida o con terrenos boscosos. IV- Sobre el agravio segundo del apelante que ataca contradicciones de lo declarado por los testigos, el contenido de las escrituras públicas aportadas N. 48 y 265-25 y manifestaciones del período de posesión del titulante. Analizadas las declaraciones testimoniales vertidas en este proceso, se procede a contrastarlas con las manifestaciones del escrito inicial y las escrituras públicas a fin de verificas las contradicciones acusadas por el ente apelante. En el escrito inicial (expediente digital/ escritos/ fecha 10/02/2015 01:19:28 p.m.. imagen a 6), se indicó por [Nombre2] que solicita inscribir finca reflejada en plano A-1771.919-2014 por haber poseído el fundo desde el 2 de diciembre del año 2014 por donación que aporta y que los anteriores poseedores la mantuvieron bajo su dominio por 63 años. Los actos de posesión descritos lo fueron mantenimiento de cercas, chapea, y lo relacionados con el funcionamiento de la finca. Describió, fue adquirida de [Nombre2] y éste de [Nombre9] . La escritura N. 268-25 de las 17:10 horas del 2 de diciembre del 2014 otorgada ante notario público, consigna que [Nombre2] dona a [Nombre2] una posesión de 63 años sobre la finca a titular. Por su parte, en la escritura N. 48 del 15 de enero del 1991, [Nombre9] le dona la posesión y mejoras a [Nombre2] el fundo de interés. Estos documentos de traspaso a título gratuito se muestran coincidentes con la cadena posesoria descrita por los testigos, en cuando se poseyó la heredad por [Nombre9] , que le donó a su hijo [Nombre2] y éste a su vez le transmite a título gratuito a su hijo [Nombre2] , el promovente. Respecto al tiempo de posesión indicado en el escrito inicial del titulante ( 2 meses y 8 días) y lo manifestado por las personas testigas que refieren a períodos mucho mayores, bajo un análisis integral y acorde con las reglas del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, estima este Tribunal que de lo descrito por las personas testigas se nota que efectivamente el plazo de posesión material del promovente data de muchos años antes. Ello se deduce de la descripción que hacen de los actos posesorios, así como de la actividad para reforestación y protección de naciente que identifican y endilgan al titulante. No entiende esa Cámara medie una contradicción real en cuanto a la cadena posesoria que describen los testigos pues fueron claros en sus afirmaciones, sin que se contradijeran entre ellos. En el escrito inicial se citó por el promovente que se tenía de poseer 2 meses y 8 días ( expediente digital/ escrito inicial y memorial en documento asociado el 03/03/2015 08:55:33 a.m.). La escritura de donación N. 268-25 aportada por el promovente donde le dona su padre, tiene fecha el 2 de diciembre del 2014 y este proceso se presenta ante estrados judiciales el 10 de febrero del 2015 (sello de recibido en escrito inicial asociado el 10/02/2015 01:19:28 p.m.). Es decir, que [Nombre2] entendió que su posesión legal inició cuando su padre suscribe a su favor la escritura de donación, cuando de los autos se deduce que su posesión material inició mucho antes. Así lo indicaron los testigos ya citados y analizados, cuando refieren a una posesión real y material del promovente en el terreno ejerciendo actos de conservación y reforestación. Nótese que el testigo [Nombre11] , de forma expresa manifestó que su hermano [Nombre2] poseyó la finca por 40 años y la dedicó a la ganadería, luego se la donó a [Nombre2] su hijo, pero entiende que se suscribió la escritura años después. Por lo que se rechaza el agravio de la apelante en cuanto al periodo de posesión del titulante y la contradicción al respecto. Sobre lo argumentado respecto a que en el expediente N. EXPN2 y EXPN3 se utilizó el plano A-1101643-2006 y se manifestó fue adquirida por donación el 24 de octubre del 2006 y se aportó escritura CED11. y en proceso 09- 100240-295-CI se pretendió titular bajo el plano A- 21527-2008 y se manifestó haber adquirido por donación de su padre el 29 de setiembre del 2008 y se aportó la escritura CED12. , se rechaza. En este proceso, se acreditó la sucesión posesoria en la cadena de transmisión y se aportó el titulo de donación suscrito ante notario público que no ha sido cuestionada su legalidad ni se ha demostrado falsedad alguna. En los procesos anteriores en los cuales se resolvió con lo que en autos constaba en cada uno de los expedientes se resolvió denegar la inscripción por lo expuesto en cada sentencia de fondo. Las donaciones ahí aportadas lo eran para la titulación del terreno que estaba separado en dos fundos y con otros planos, sin saber si entre la suscripción de esas anteriores donaciones y la aquí aportada se celebró alguna forma de negociación entre esas partes. Lo que interesa a efectos de este proceso, es tener por acreditada la cadena posesoria y por demostrada la posesión idónea para titular. Con prueba testimonial se demostró quienes han ejercido la posesión de forma sucesiva y la ausencia de conflicto alguno por la misma a lo largo de tantos años. Además de haberse aportado el documento de donación a efectos de aprovecharse la posesión de los transmitentes, al tenor del ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Mismos que no ha sido cuestionado. Lo que para esta sede en este proceso esta demostrado. En la sentencia recurrida en este proceso se analiza a profundidad el instituto del derecho de propiedad, sus implicaciones constitucionales y el hecho de que en este proceso se ha encontrado una realidad material diversa a la relacionada con el proceso anterior donde se denegó el proceso bajo expediente [Nombre1]. 09- 100240-295-CI, por lo que se procedió a su aprobación. V - Sobre el agravio tercero respecto a la naturaleza del terreno afectado a área de protección de naciente y que el estudio se suelo lo identifica como cien por ciento de potrero. Sobre las áreas silvestres protegidas, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del P atrimonio [Nombre1] atural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En el caso concreto estamos ante un terreno que se piden titular, ubicado dentro de la Zona Protectora Río Toro creada por decreto ejecutivo N.22838 MIRENEM del 9 de febrero de 1994. Lo que conlleva a entender que para poder ser inscrito debe acreditarse una posesión al menos desde el mes de febrero de 1984. La categoría de manejo de Zona Protectora, se incorporó como tal en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías de manejo que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal numero 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones las ha definido como: " como terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969, derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “….aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a esta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004). En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió : “El t é rmino de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc).” Estima esta sede, de lo que consta en autos a valorarse en los siguientes considerandos y éste , las referencias normativas y técnicas y lo declarado las personas testigas no se concluye el promovente, al contener zona de pastos en su fundo, ha incumplido el ejercicio de la posesión en los términos del numeral sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, pues ha protegido el recurso suelo , lo tiene en sucesión forestal y ha sido asesorado por el MINAE en su manejo en cuanto la naciente existente en su fundo, y demostrar el periodo de posesión legal. Como se citó, el fundo esta dentro de la zona protectora aludida. En el caso en estudio, en el estudio de uso de suelo de julio del 2015 (expediente digital/ documentos/ fecha 08/07/2015 04:25:40 p.m) se consignó el terreno es de potrero en sucesión forestal, sin uso pecuario y ubicado a una gran altitud. En el reconocimiento judicial se describió por el juzgador, haber encontrado un terreno debidamente delimitado en todo su contorno, con pasto en el sector ubicados en los vértices 1 a 5 del plano A- 771919-2014 por donde ingresaron y al avanzar al norte, contiene vegetación y árboles propios de las zonas montañosas altas. Se encontró el suelo húmedo con mucha neblina. La naciente se ubicó y observó a su alrededor con gran cantidad de árboles. No se observaron construcciones, animales, ni señas o rastros de extracción de madera. Se anotó haber observado el recurso hídrico protegido y se tomaron fotografías que muestran lo visualizado en el acto. Mismas que constan en el expediente digital y de las cuales se logra concluir que lo descrito por el A quo es coincidente con la materialidad del terreno observado. (expediente digital/escritos/ fecha 11/06/2015 08:45:37 a.m.). Aunado a lo anterior existe Informe N. SB-AID-GA-2015-1188 del 15 de octubre del 2015 donde se indica que la naciente ubicada en el fundo no tiene registros de captaciones de acueductos y sobre tal no existe aprovechamiento alguno de agua, o planes o proyectos que justifiquen solicitar la reserva del recurso hídrico para incorporarlo a algún sistema de abastecimiento. (expediente digital/ escritos/ 12/11/2015 02:23:08 p.m.). Es decir, el área del protección de la naciente no le afecta el régimen de dominio público establecido en el artículo 31 inciso a) de la Ley de Aguas N. 276. De lo descrito por el juez y lo observado por el certificador de uso de suelo que consignó encontrar un potrero en sucesión forestal, no se nota ningún daño ocasionado al recurso suelo o hídrico. Lo citado debe ser complementado por lo descrito por las personas testigas cuando afirman que el padre del promovente tenía el terreno dedicado a ganado, y el titulante el dio un uso de regeneración forestal y conservación de la naciente ubicada en el sitio. Por otra parte, en memorial aportado a los autos se observa un oficio emanado por el el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del MINAE N. OG-1088 del 16 de junio del 2015, en donde se evacúa consulta del promovente sobre practicas de manejo de su fundo dada la existencia de una naciente. En la que se emiten una serie recomendaciones al respecto. En primer orden se indicó que de visita realizada por funcionarios del Area de Conservación Cordillera Volcánica Central se determinó que no toda la finca se ubica dentro del área de protección de la naciente, pero si dentro de los límites de la Zona Protectora Río Toro. Cita ese documento de forma literal: " En razón de lo anterior, es importante indicar, que la parte de su propiedad que se localiza fuera del área del protección de los 100 metros de radio alrededor de la naciente, cuyo uso actual es repasto, sobre terrenos planos a orillas del camino, no cuenta con ninguna limitación legal, excepto que si desea construir cualquier infraestructura, debe tramitar ante la SETENA la Viabilidad Ambiental, por encontrarse dentro de la Zona Protectora Toro. Caso contrario sucede con el sector de su propiedad, que se localiza dentro de los 100 metros de radio dell la ( sic) área del protección de la naciente permanente, por ahí se ve afectada por lo establecido en la Ley Forestal 7575 y la Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317..... dentro de esos 100 metros existe limitación de corta vegetación, corta árboles y de construcción de cualquier tipo de infraestructura, por lo que las prácticas de protección dentro de esta área, consistirán básicamente en cercar el sector en cuestión para evitar el ingreso de ganado, y permitir que se de un proceso de regeneración natural, lo cual le dará la mejor protección a la naciente, máxime con la riqueza florística que existe en ese sitio. ... " .(expediente digital/ escritos/ fecha 24/06/2015 10:10:57 a.m.). En el estudio de suelos y el reconocimiento judicial no se describió actividad alguna que transgrediera las recomendaciones técnico ambientales dictadas por la oficina competente del MINAE. Tampoco ha aportado el ente apelante o cualquier interesado, prueba alguna de que el promovente o los anteriores poseedores hubieran sido prevenidos, sancionados o culpados de haber transgredido la normativa nacional tutelar del ambiente, de donde se pudiera inferir han transgredido su obligación de ejercer una posesión en respeto de los recursos naturales la ejercer posesión de un inmueble con limitaciones de orden ambiental dada la naturaleza de esa finca. Al respecto se agrega, los tres testigos, no manifestaron que desde que conocieron el fundo en un periodo mayor al decenal antes de 1984 se talara madera o se lesionara la naciente. Es decir, nunca medió un cambio de uso de suelo en las fincas a titular en perjuicio del ambiente, desde antes de la creación de la categoría de manejo de Zona Protectora en cuestión hasta la actualidad, o al menos no consta ninguna prueba al respecto. Por lo que su reclamo no es atendible. Nótese, que cada categoría de manejo tiene sus propios fines técnico científicos, sin que pueda entenderse que la existencia de alguna de ella excluye en forma absoluta actividades humanas de producción o recreo. Lo que se define en los respectivos planes de ordenamiento territorial de cada una. En este caso el agravio en estudio esta ayuno de fundamentación debida, en cuanto al motivo por el cual estima el apelante las actividades existentes lesionan los fines de esa zona con los actos actuales y cuales directrices, órdenes o normas del plan de manejo de esa área se han incumplido. No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N. 144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respecto del uso del suelo, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso hídrico alguna, ni se ha demostrado que se hubiere causado daño al ambiente alguno. Se rechaza el agravio. VI- No resulta de recibo el alegato referido a la imposibilidad de resolver este proceso al haber mediado a un rechazo de procesos anteriores del promovente sobre el fundo. Constan en autos copias de las resoluciones de los expedientes de los procesos de información posesoria previamente rechazados al titulante. (expediente digital/escritos/fecha 17/06/2015 09:55:32 a.m). Respecto al número EXPN4 consta la sentencia de primera instancia del Juzgado Civil de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia (imagen 10), donde se rechazó por no haberse aportado prueba testimonial idónea para demostrar el ejercicio de la posesión en un plazo decenal anterior a la creación de la Zona Protectora Río Toro de las 15 :00 horas del 9 de mayo del 2008. Pues uno de los testigos indicó que un año antes de la declaración emitida en ese proceso el promovente adquirió el terreno de su padre. Esos testimonios se complementan con los que fueron recibidos en este proceso. No existe contradicción alguna ni discordancias respecto a lo depuesto por los testigos en este nuevo proceso. En el proceso tramitado bajo expediente EXPN3 se rechazó por contener el fundo zona de potrero, lo que en este caso también se logra subsanar al aportarse los elementos técnicos (estudio de suelos, recomendaciones técnicas de MINAE sobre gestión de naciente y uso del suelo) y lo observado en el reconocimiento judicial de este proceso, que acredita el ejercicio de una posesión acorde con las exigencias del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. (imagen 18). Cabe anotar, que en el caso de este fundo recayó la afectación a categoría de manejo de zona protectora en el año 1994 y la posesión ejercida hasta esa fecha no podría ser castigada como violatoria a lo regulado por el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias por haber tenido pasto y haber ejercido una actividad productiva ganadera, pues es posteriormente que se afecta como zona protectora. El poseedor no incumplió lo que no estaba aún vigente para el año 1994, ni tampoco se demostró de ninguna manera que hubiese hecho un uso abusivo del bien ni de los recursos naturales que contiene, de tal magnitud que pueda enervar su derecho de propiedad agraria consolidada hace más de cuarenta años. No sería posible invalidarle el reconocimiento de la posesión de vieja data que se acreditó en este proceso había ejercido él, su padre y aún su abuelo, pues la declaratoria se hace siempre sin perjuicio de los derechos de propiedad ya consolidados por la usucapion. No obstante, como se indicó, ningún elemento de prueba denota que mediara un cambio de uso de suelo, tala o lesión a la naciente, a partir de la declaratoria referida o antes, pues se señalaba era de pastos para ganado, y se protegía esa naciente. Se observa que el promovente más bien ha ajustado la actividad (pastos en sucesión forestal, reforestación y protección de naciente) a las limitaciones impuestas a su inmueble al integrarla a la Zona Protectora Río Toro en el año 1994. En proceso con expediente EXPN1 igualmente se rechazó por insuficiencia de las declaraciones en cuanto al tiempo que debía de tener los testigos de conocer el fundo, pero no porque se hubiese acreditado algo significativamente distinto a lo que se verificó en este proceso, de manera que el material probatorio de ambos lejos de ser antagónicos resultan complementarios. No se comparte la tesis de la apelante, cuando indica que al haber sido ya rechazada la pretensión de inscribir por este trámite el fundo no procede volver a conocer por esta vía de jurisdicción no contenciosa esa solicitud. Sobre el tema, en esta jurisdicción especializada agraria se ha resuelto: " No podría el juzgador atribuirse potestades tales como para dejar de recibir la prueba y en aras de procurar una supuesta economía al Poder Judicial, y paradógicamente también a los promoventes, dictar de una vez sentencia de fondo. No debe perder de vista el Juzgado que el fallo eventualmente podía ser objeto de apelación, como en efecto lo fue, supuesto en el cual el Tribunal no necesariamente tendría que compartir su criterio, de manera tal que es preciso sea evacuada la prueba ofrecida a fin de poder analizar la procedencia o no del criterio esgrimido en la resolución recurrida para dictar la sentencia de segunda instancia. Aunado a ello y sobre todo, la promovente tiene derecho a tratar de acreditar la posesión exigida por ley mediante este trámite, sin que le esté vedada tal vía por el simple hecho de que ya una vez se les denegó otra Información Posesoria, pues independientemente de la cantidad de veces que la planteen, nunca adquirirá eficacia de cosa juzgada material. Considerar lo contrario, implicaría una denegación de justicia, pues como bien lo señala la recurrente, el artículo 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente conforme al numeral 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, refiriéndose a las sentencias dictadas en procesos no contenciosos, lo siguiente: "... Esta resolución no producirá cosa juzgada ni aún cuando haya existido objeto de pronunciamiento del superior, salvo lo dispuesto expresamente para el proceso sucesorio y el de divorcio o separación por mutuo consentimiento."(Voto N. 1033-F-07). Por lo que se rechaza el agravio primero de su apelación, con fundamento en el artículo 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, y los efectos de cosa jugada formal que otorga a las resoluciones emitidas dentro de los procesos de actividad judicial no contenciosa. VII- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 6 y 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, 822 del Código Procesal civil, en lo apelado se confirma la sentencia recurrida. VIII- VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre16] : No se comparte el voto de mayoría al considerar la parte promovente no demostró haber protegido el recurso natural durante los años que aduce como posesión válida para usucapir. Ese tipo de posesión ecológica es la que debió demostrar conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, en asocio a la Ley Forestal 4465 del 25 de noviembre de 1969 y normativa posterior, que regula la demanialidad de los bosques, y adquiere mayor relevancia si cumplen una función de protección de algún ecosistema que da origen al motivo de declaratoria de Refugio de Vida Silvestre o Zona Protectora como en este caso, en que el inmueble se encuentra dentro de la Zona Protectora Rio Toro. El haber subsanado los yerros en su posesión después de tres intentos de informaciones posesorias, demostrando cuido del recurso al final de la posesión que se pretende sea reconocida, ello no deja sin efecto el hecho que la posesión decenal que se debe contabilizar ahora sea válida, pues en su momento no lo fue ya que se había desprotegido el recurso agua y bosque, máxime en una zona de alta fragilidad hídrica como lo indica el estudio técnico de Acueductos y Alcantarillados y de difícil recuperación -como lo indica la misma parte promovente.- POR TANTO En lo apelado, se confirma la sentencia número dos mil dieciséis cero cero cero cero ochenta y siete de las catorce horas y veintiséis minutos del diecisiete de junio del dos mil dieciséis. Voto Salvado de la Jueza Alvarado Paniagua. HGAPMI3ZTY061 [Nombre13] - JUEZ/A DECISOR/A YTLSZI47M8TW61 [Nombre17] - JUEZ/A DECISOR/A 1AXKYNNH47GS61 [Nombre16] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN5 II Circuito Judicial San José, [Dirección6] , , [Dirección7] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:33:37. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
III- Article seven of the Law of Possessory Information established, as of its entry into force on February 13, 1996, by amendment of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, the express possibility of titling lands located within protected wilderness areas, provided that possession is demonstrated ten years prior to the creation of that zone in any of its management categories. Said article has been, on two occasions, challenged before the Constitutional Chamber, and the declaration of its unconstitutionality has been rejected, thus keeping that rule in force, without any judicial body being able to disregard its validity. (see latest constitutional consultation in Ruling No. 01667 of 01/27/2010 at 3:11 p.m.: of the Constitutional Chamber). Regarding possession, the representative of the Attorney General's Office appeals, stating that the testimony of the witnesses is not useful in demonstrating the possession exercised by the applicant and his transferors. He reproaches, due to contradictions with the initial filing and what was declared by the witnesses, where no mention is made of the applicant's time of possession. In addition to invoking that two previous proceedings have taken place where the process was denied due to the impossibility of demonstrating the required possession with witness evidence. Given these allegations, this Chamber will turn to analyzing the witness evidence presented and contrasting it with the initial filing. It is recorded that in the evidentiary hearing of June 11, 2015 (digital file/documents/date 06/11/2015 02:43:23 p.m. declarations in images 1 to 4), records were made of the witness statements of [Name1] (image 1), [Name2] (image 2), and [Name3] (image 3). The witness [Name1] declared he is 61 years old and has known the property all his life. He explains that since he was 5 years old he frequented the property to go play. He adds that he has a farm at [Address1] and therefore knew that the estate belonged to the father of the applicant, whose name is also [Name4]. That he still lives and has owned adjoining properties for more than 40 years. He testified, in turn, that [Name5], the applicant's grandfather, had possessed the land since the early 1950s and the transfers were made by donation. He affirmed that 60 years ago the farm had been a pastureland (potrero), like all the others in the area, and there was cattle. He knows that since the applicant [Name4] acquired it, he has rather dedicated a good part of it to the protection of natural resources. One part, he points out, has been left to regenerate naturally, and trees of [Name6] and [Name7] have been planted, although in the case of the latter, for reasons of climate and altitude, they have not grown enough and then dry up. He knows that at the back of the land there is a spring (naciente) that dries up in the summer and is well protected with trees and plants around it. There are no constructions, the land is entirely fenced with cement posts and barbed wire, and at the front bordering a public road with a wooden fence. He identified the adjoining persons and stated he never observed that the applicant, his father, and grandfather had had problems because of this land; being a continuous possession for more than ten years, and the one known as the owner is [Name4]. This testimony describes a continuous possessory chain since the 1960s, first in favor of [Name5] (the applicant's grandfather), subsequently [Name4] (the applicant's father), and currently by his son [Name4]. In addition to the above, it was indicated that the applicant has developed a forest regeneration activity on part of the farm, changing the prior land use from cattle to regeneration, and that the spring (naciente), which he described as seasonal (inverniz), is protected in its surrounding area. The witness [Name2] identified himself as the applicant's uncle and stated he is 79 years old. He declared he has known the property all his life, as it belonged to his father [Name5]; who in turn acquired it from [Name8]. He described that his father proceeded to divide the property among his children, and [Name4], his brother, received the area they intend to register. He indicated his brother possessed it for 40 years and dedicated it to cattle ranching. He then donated it to his son [Name4], but understands that the deed was executed years later. He mentions that the acquirer has dedicated it to reforestation and has a small pasture sector where a couple of horses are fed. He knows that [Name4] has planted little trees of various species. He is aware that there is a spring (naciente) at the back that dries up in the summer and has observed him cultivating trees around it. He pointed out that the farm has fences of dead posts, live posts, and barbed wire. In addition to a wooden fence facing the public road. He stated that in his 79 years there has never been any problem regarding possession of the land. For this Tribunal, this witness credits that possession has been exercised over the property continuously, peacefully, and exercising, first of all, cattle ranching activities, but that the applicant has changed to reforestation and a minimal part to the grazing of two horses. A possessory chain longer than that cited by the previous witness was described, namely [Name8] who sold it to [Name5], who possessed it for 40 years, who donated it to his son [Name4], and the latter to his son [Name4]; who is seeking titling. Importantly, it was declared that protection acts are exercised for the spring (naciente) that dries up in summer and for reforestation. The same was indicated by the previous witness. Finally, the witness [Name3] declared he is 57 years old and has known the property since he was 12 years old (that is, since the year 1970). He indicated knowing that [Name4] (the father) possessed it for many years and then donated it to his son [Name4]. He mentioned that previously the farm was dedicated to pastureland (potrero) and currently to reforestation and conservation of the spring (naciente), and for this purpose, advice has been sought from MINAE. The property is completely fenced, [Name4] is the sole owner, and there have never been any problems regarding the land. The previous declarant credits the possession exercised since the year 1970, having been possessed by the applicant's father and then by his son, the applicant. In addition to recording that forest and seasonal spring (naciente inverniz) conservation acts are performed on the land. It is worth reiterating that since the farm is immersed within the Río Toro Protective Zone (Zona Protectora Río Toro) created by Decree No. 22838 of February 9, 1994, in accordance with Article 7 of the Law of Possessory Information, possession respecting natural resources must be credited at least 10 years before the creation of that protected wilderness area. That is, suitable possession prior to the year 1984 must be credited. Having analyzed these declarations, this Tribunal observes that the three witnesses are coincident and congruent in describing a suitable possession for titling dating from a period greater than the decennial period before 1994. Thus, meeting the requirement of Article 7 ibidem regarding the time of possession to be demonstrated in cases where the property to be titled is located within a protected wilderness area or on forested lands. IV- Regarding the appellant's second grievance, which attacks contradictions between what was declared by the witnesses, the content of the public deeds provided No. 48 and 265-25, and the statements regarding the applicant's possession period. Having analyzed the witness statements given in this proceeding, we proceed to contrast them with the statements in the initial filing and the public deeds in order to verify the contradictions alleged by the appellant entity. In the initial filing (digital file/ filings/ date 02/10/2015 01:19:28 p.m.. image to 6), it was indicated by [Name4] that he requests to register the farm reflected on plan A-1771.919-2014, having possessed the property since December 2, 2014, by donation which he provides, and that the previous possessors maintained it under their dominion for 63 years. The possession acts described were maintenance of fences, clearing (chapea), and those related to the operation of the farm. He described it was acquired from [Name4] and the latter from [Name5]. Deed No. 268-25 of 5:10 p.m. on December 2, 2014, granted before a notary public, records that [Name4] donates to [Name4] a 63-year possession over the farm to be titled. For its part, in Deed No. 48 of January 15, 1991, [Name5] donates the possession and improvements to [Name4] of the property of interest. These transfer documents by gratuitous title are shown to be coincident with the possessory chain described by the witnesses, as to the estate having been possessed by [Name5], who donated it to his son [Name4], and the latter, in turn, transmits it by gratuitous title to his son [Name4], the applicant. Regarding the possession time indicated in the applicant's initial filing (2 months and 8 days) and what was stated by the witnesses, who refer to much longer periods, under a comprehensive analysis and in accordance with the rules of Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction, this Tribunal considers that from what is described by the witnesses, it is noted that effectively the material possession period of the applicant dates from many years before. This is deduced from the description they make of the possessory acts, as well as from the reforestation and spring (naciente) protection activity that they identify and attribute to the applicant. This Chamber does not understand there to be a real contradiction regarding the possessory chain described by the witnesses, as they were clear in their affirmations, without contradicting each other. In the initial filing, the applicant stated that he had been in possession for 2 months and 8 days (digital file/ initial filing and brief in associated document on 03/03/2015 08:55:33 a.m.). The donation deed No. 268-25 provided by the applicant, where his father donates to him, is dated December 2, 2014, and this proceeding was filed before the courts on February 10, 2015 (receipt stamp on initial filing associated on 02/10/2015 01:19:28 p.m.). That is, [Name4] understood that his legal possession began when his father executed the donation deed in his favor, when from the case file it is deduced that his material possession began much earlier. The aforementioned and analyzed witnesses indicated this when they refer to a real and material possession by the applicant on the land, exercising conservation and reforestation acts. Note that the witness [Name2] expressly stated that his brother [Name4] possessed the farm for 40 years and dedicated it to cattle ranching, then donated it to his son [Name4], but understands that the deed was executed years later. Therefore, the appellant's grievance regarding the applicant's possession period and the contradiction in this regard is rejected. Regarding what is argued in relation to the fact that in case file No. EXPN1- and EXPN2- plan A-1101643-2006 was used and it was stated it was acquired by donation on October 24, 2006, and deed CED1 was provided, and in proceeding 09-100240-295-CI an attempt was made to title under plan A-21527-2008 and it was stated it was acquired by donation from his father on September 29, 2008, and deed CED2. 277 was provided, this is rejected. In this proceeding, the possessory succession in the transmission chain was credited, and the donation title executed before a notary public was provided, whose legality has not been questioned nor has any falsity been demonstrated. In the previous proceedings, in which it was resolved based on what was in the records of each case file, the registration was denied for what was set forth in each final judgment on the merits. The donations provided therein were for the titling of the land that was separated into two properties and with other plans, without knowing if between the execution of those prior donations and the one provided here, any form of negotiation was carried out between those parties. What matters for the purposes of this proceeding is to take the possessory chain as credited and the suitable possession for titling as demonstrated. Through witness evidence, it was demonstrated who has exercised possession successively and the absence of any conflict over it throughout so many years. In addition to having provided the donation document for the purpose of taking advantage of the possession of the transferors, pursuant to section 1 of the Law of Possessory Information. The same has not been questioned. Which, for this venue, is demonstrated in this proceeding. In the judgment under appeal in this proceeding, the institution of property rights, its constitutional implications, and the fact that in this proceeding a material reality has been found that is different from that related to the previous proceeding where the process under case file No. 09-100240-295-CI was denied, were analyzed in depth, hence its approval was proceeded with. V- Regarding the third grievance concerning the nature of the land affected as a spring-protection area (área de protección de naciente) and that the soil study identifies it as one hundred percent pastureland (potrero). Regarding protected wilderness areas, regardless of their management category, they must be understood as zones with a specific and particular administration regime and regulations, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and tutelage fall upon MINAET, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographical areas, consisting of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest in tutelage and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This law makes an express referral to the Organic Environmental Law regarding the regulation of the requirements and mechanisms for establishing or reducing these areas. The administration by Law falls exclusively upon the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, except for Natural Monuments. For its part, the Forestry Law (Ley Forestal) provides that when a state-owned protected wilderness area is declared, it must immediately become part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), regulated by Article 13 of the cited law, which expressly indicates that its administration corresponds to MINAET. This normative set must be interpreted with what is prescribed in Article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, peasant populations, natural or legal persons, over lands that are declared protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Law of Possessory Information when it states: "When the property to which the possessory information refers is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wilderness area was created." In the specific case, we are dealing with land sought to be titled, located within the Río Toro Protective Zone (Zona Protectora Río Toro) created by Executive Decree No. 22838 MIRENEM of February 9, 1994. This implies that in order to be registered, possession must be credited at least since the month of February 1984. The Protective Zone management category was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Organic Environmental Law. Said regulation omitted defining the concept of each of the management categories regulated by that article, and the current Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 also does not have a legal definition. For its part, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications has defined them as: "lands, mostly of forestry aptitude, suitable for timber production, in which management actions are executed under sustainability criteria." (Table on Management Categories, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a normative antecedent, Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969, repealed, defined the protective zone in Article 83 as: "....those areas of forests or forest lands that, established by provisions of the law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulating agents of the climate or environment." Subsequently, Forestry Law (Ley Forestal) 7174 defined it in the same terms indicated, while, as noted, the current Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, does not refer to this management category or any other. For its part, the Attorney General's Office indicated regarding the objective or purpose assigned to this management category: "Now then, Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465, before and after its comprehensive reform, assigned a clear environmental purpose to protective zones, as they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forest resources. The currently effective environmental legislation assigns this same objective to protective zones, as a management category of protected wilderness areas, although it does not define the term." (Opinion C-323-2004). In the same sense, by Opinion C-16-2002 it was defined: "The term 'Protective Zone' has been used in our legal system as a management category for protected wilderness areas whose primary purpose has been associated with the protection of the soil resource and the hydrological regime (springs (nacientes), protection zones, hydrographic basins, etc.)." This venue considers, from what is evident in the case file to be assessed in the following whereas clauses and in this one, the normative and technical references, and what was declared by the witnesses, it cannot be concluded that the applicant, by containing a pasture area on his property, has failed to exercise possession under the terms of Article 7 of the Law of Possessory Information, since he has protected the soil resource, has it in forest succession, and has been advised by MINAE on its management regarding the spring (naciente) existing on his property, and has demonstrated the legal possession period. As cited, the property is within the aforementioned protective zone. In the case under study, in the land-use study (estudio de uso de suelo) of July 2015 (digital file/ documents/ date 07/08/2015 04:25:40 p.m.), it was recorded that the land is pastureland in forest succession (potrero en sucesión forestal), without livestock use, and located at a high altitude. In the judicial inspection, it was described by the judge that a duly delimited land was found in its entire contour, with pasture in the sector located at vertices 1 to 5 of plan A-771919-2014, through which they entered, and advancing northward, it contains vegetation and trees characteristic of high mountainous areas. The soil was found to be humid with a lot of fog. The spring (naciente) was located and observed with a large quantity of trees around it. No constructions, animals, or signs or traces of timber extraction were observed. It was noted that the water resource was observed as protected, and photographs were taken showing what was visualized during the act. These are in the digital file and from which it is possible to conclude that what is described by the lower court judge (A quo) is coincident with the materiality of the land observed. (digital file/filings/ date 06/11/2015 08:45:37 a.m.). In addition to the above, there is Report No. SB-AID-GA-2015-1188 of October 15, 2015, which indicates that the spring (naciente) located on the property has no records of aqueduct catchment, and regarding it, there is no water use whatsoever, or plans or projects that justify requesting the reservation of the water resource to incorporate it into any supply system. (digital file/ filings/ 11/12/2015 02:23:08 p.m.). That is, the spring-protection area (área de protección de la naciente) is not affected by the public domain regime established in Article 31, subsection a) of the Water Law (Ley de Aguas) No. 276. From what was described by the judge and what was observed by the land-use certifier, who recorded finding a pastureland in forest succession (potrero en sucesión forestal), no damage caused to the soil or water resource is observed. The cited must be complemented by what was described by the witnesses when they affirm that the applicant's father had the land dedicated to cattle, and the applicant gave it a use of forest regeneration and conservation of the spring (naciente) located on the site. On the other hand, in a brief submitted to the case file, an official communication issued by the National System of Conservation Areas, Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of MINAE No. OG-1088 of June 16, 2015, is observed, in which a consultation by the applicant regarding management practices for his property given the existence of a spring (naciente) is answered. A series of recommendations in this regard are issued. In the first order, it was indicated that from a visit made by officials of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area, it was determined that not the entire farm is located within the spring-protection area (área de protección de la naciente), but it is within the limits of the Río Toro Protective Zone (Zona Protectora Río Toro). The document literally states: "For the above reasons, it is important to indicate that the part of your property located outside the 100-meter radius protection area around the spring (naciente), whose current use is pastureland (repasto), on flat lands at the edge of the road, does not have any legal limitation, except that if you wish to build any infrastructure, you must process the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) before SETENA, because it is located within the Río Toro Protective Zone. The opposite occurs with the sector of your property located within the 100-meter radius of the area of protection of the permanent spring (naciente), because it is affected by what is established in Forestry Law (Ley Forestal) 7575 and the Wildlife Conservation Law 7317..... within those 100 meters there is a limitation on cutting vegetation, cutting trees, and constructing any type of infrastructure, so that the protection practices within this area will basically consist of fencing the sector in question to prevent the entry of cattle and allowing a natural regeneration process to occur, which will provide the best protection to the spring (naciente), especially with the floristic richness that exists at that site. ... " .(digital file/ filings/ date 06/24/2015 10:10:57 a.m.). In the soil study and the judicial inspection, no activity was described that transgressed the technical-environmental recommendations issued by the competent MINAE office. Nor has the appellant entity or any interested party provided any proof that the applicant or the previous possessors have been warned, sanctioned, or accused of having transgressed the national environmental protection regulations, from which it could be inferred that they have violated their obligation to exercise possession in respect of natural resources by exercising possession of a property with environmental limitations given the nature of that farm. In this regard, it is added that the three witnesses did not state that since they knew the property, in a period greater than the decennial one before 1984, timber was logged or the spring (naciente) was damaged. That is, a land-use change (cambio de uso del suelo) on the properties to be titled to the detriment of the environment never occurred, from before the creation of the Protective Zone management category in question up to the present, or at least there is no proof in this regard. Therefore, their claim is not admissible. Note that each management category has its own technical-scientific purposes, and it cannot be understood that the existence of any of them absolutely excludes human production or recreational activities. This is defined in the respective territorial planning plans for each one. In this case, the grievance under study lacks proper substantiation regarding the reason why the appellant considers the existing activities harm the purposes of that zone with the current acts, and which guidelines, orders, or rules of the management plan for that area have been breached. It must not be forgotten that according to Article 82 of the Wildlife Conservation Law and regarding its use and exploitation, in Ruling No. 144-96 of 4:51 p.m. on January 9, 1996, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, the option exists for the owner to conserve his land, since, following the management plan, he can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such a magnitude that they prevent him from exploiting his property, and therefore they do not make his right nugatory." In this case, the applicant party has demonstrated a use of the property respecting soil use, the witnesses did not credit timber extraction activities or activities that harm the water resource, nor has it been demonstrated that any environmental damage was caused. The grievance is rejected. VI- The argument regarding the impossibility of resolving this proceeding given that previous proceedings by the applicant regarding the property were rejected is not admissible. Copies of the rulings from the case files of the possessory information proceedings previously rejected for the applicant are in the record. (digital file/filings/date 06/17/2015 09:55:32 a.m). Regarding number EXPN3-, there is the first-instance judgment from the Civil and Labor Court of Higher Amount of Grecia (image 10), where it was rejected because suitable witness evidence had not been presented to demonstrate the exercise of possession within a decennial period prior to the creation of the Río Toro Protective Zone (Zona Protectora Río Toro) as of 3:00 p.m. on May 9, 2008. As one of the witnesses indicated that one year before the declaration issued in that proceeding, the applicant acquired the land from his father. These testimonies complement those received in this proceeding. There is no contradiction whatsoever nor discrepancies regarding what was testified by the witnesses in this new proceeding. In the proceeding processed under case file EXPN2-, it was rejected because the property contained a pastureland area (zona de potrero), which in this case is also rectified by providing the technical elements (soil study, MINAE technical recommendations on spring (naciente) management and soil use) and what was observed in the judicial inspection of this proceeding, which credits the exercise of possession in accordance with the requirements of Article 7 of the Law of Possessory Information. (image 18). It should be noted that in the case of this property, the affectation to the protective zone management category occurred in the year 1994, and the possession exercised up to that date could not be punished as violating what is regulated by article 7 of the Law of Possessory Information for having had pasture and having exercised a productive cattle ranching activity, since it is subsequently that it is affected as a protective zone. The possessor did not breach what was not yet in force for the year 1994, nor was it demonstrated in any way that he had made abusive use of the property or the natural resources contained therein, of such magnitude as to override his agrarian property right consolidated more than forty years ago. It would not be possible to invalidate the recognition of the long-standing possession that was credited in this proceeding as having been exercised by him, his father, and even his grandfather, since the declaration is always made without prejudice to the property rights already consolidated by usucapion. Nevertheless, as indicated, no element of proof denotes that a land-use change (cambio de uso del suelo), logging, or harm to the spring (naciente) occurred from the referred declaration onwards or before, since it was indicated it was pastureland for cattle, and that spring (naciente) was protected. It is observed that the applicant has rather adjusted the activity (pastureland in forest succession (pastos en sucesión forestal), reforestation, and spring (naciente) protection) to the limitations imposed on his property upon integrating it into the Río Toro Protective Zone (Zona Protectora Río Toro) in the year 1994. In the proceeding with case file EXPN4-, it was equally rejected due to the insufficiency of the declarations regarding the time the witnesses needed to have known the property, but not because something significantly different from what was verified in this proceeding was credited, so that the evidentiary material from both, far from being antagonistic, is complementary. The appellant's thesis is not shared when she indicates that since the claim to register the property through this procedure has already been rejected, it is not appropriate to hear this request again through this non-contentious jurisdictional channel. Regarding this issue, this specialized agrarian jurisdiction has resolved: "The judge could not assume powers such as to refuse to receive evidence and, in an effort to secure a supposed economy for the Judicial Branch, and paradoxically also for the petitioners, immediately issue a final judgment. The Court should not lose sight of the fact that the ruling could potentially be subject to appeal, as indeed it was, in which case the Tribunal would not necessarily have to share its criterion, so it is necessary that the offered evidence be evacuated in order to analyze the propriety or not of the criterion advanced in the appealed resolution for issuing the second-instance judgment. In addition to this and above all, the petitioner has the right to try to prove the possession required by law through this proceeding, without this avenue being barred by the simple fact that another Información Posesoria was once denied, since regardless of the number of times they file it, it will never acquire the effectiveness of material res judicata. Considering the contrary would imply a denial of justice, since as the appellant rightly points out, Article 822 of the Civil Procedure Code applied supplementarily in accordance with numeral 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, referring to judgments rendered in non-contentious proceedings, states the following: '... This resolution shall not produce res judicata even when there has been a ruling by a superior, except as expressly provided for succession proceedings and divorce or separation by mutual consent.' (Voto N. 1033-F-07). Therefore, the first grievance of its appeal is rejected, based on Article 822 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, and the effects of formal res judicata it grants to resolutions issued within non-contentious judicial activity proceedings." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest: Content Type: Dissenting opinion Branch of Law: Agrarian Procedural Law Subject: Agrarian possessory information Sub-subjects: Titling of area within Río Toro protective zone. Requirements. " VIII- DISSENTING OPINION OF JUDGE [Name1] : I do not share the majority opinion considering that the petitioner did not demonstrate having protected the natural resource during the years alleged as valid possession for usucaption. That type of ecological possession is what they should have demonstrated pursuant to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, in conjunction with the Ley Forestal 4465 of November 25, 1969, and subsequent regulations, which govern the public domain status of forests, and this acquires greater relevance if they serve a protective function for an ecosystem that gives rise to the reason for the declaration of a Refugio de Vida Silvestre or Zona Protectora, as in this case, where the property is located within the Zona Protectora Rio Toro. Having corrected the errors in their possession after three attempts at possessory informations, demonstrating care for the resource at the end of the possession sought to be recognized, does not nullify the fact that the ten-year possession that must now be accounted for is valid, since at the time it was not because the water and forest resource had been unprotected, especially in an area of high hydrological fragility as indicated by the technical study from Acueductos y Alcantarillados and of difficult recovery—as indicated by the petitioner themselves." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Text of the resolution *150000150993AG* EXPEDIENT: EXPN5 - 8 PROCEEDING: INFORMACIÓN POSESORIA PETITIONER: [Name2] BARRANTES GONZALEZ VOTO [Name1]° 741-F-16 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.— At fourteen hours and two minutes on the twelfth of August of two thousand sixteen.— PROCEEDING OF INFORMACIÓN POSESORIA filed by [Name2] , of legal age, married once, merchant, resident of Alajuela, identity card number CED1 - - . The PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA appears as a party, represented by licensed attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card number CED2 - - , in her capacity as procuradora; the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, now INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal entity number CED3 - - - , represented by its general judicial attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced twice, attorney, resident of San Ramón, Alajuela, identity card number CED4 - - , bar number CED5 ; and the MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA, legal entity number CED6 - - , represented by its mayor Luis Antonio Barrantes Castro, of legal age, married once, licensed in Agricultural Economics, resident of Alajuela, identity card number CED7 - - . The following act as directing attorneys: for the petitioner, the lawyer Carlos [Name2] Villalobos Ugalde, identity card number CED8 - - , bar number five seven six one; and for the Municipalidad de Valverde Vega, the lawyer Lineth Arce Valverde, bar number two two seven zero four. Processed before the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón.— WHEREAS: 1.— The petitioner filed the present información posesoria so that through this proceeding, the property described [Name1] as follows be registered in the Registro Público de la Propiedad: "...pasture land, in forest succession, with a spring (naciente), located in Alto Palomo, [Address1] ° , , Province of Alajuela, with an area of FOURTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-NINE square meters, according to cadastral plan number A- 1879589- 2016, currently has the following boundaries: NORTH: [Name2] ; SOUTH: public road with a frontage of 92.36 linear meters; EAST: [Name2] , [Name3] and [Name4] ; and WEST: [Name5] and [Name6] , situated 100% within the Zona Protectora Río Toro, created by Decreto Ejecutivo 22838 MIRENEM of February 9, 1994." , (See Escritorio Virtual of the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, filings, of thirteen hours nineteen minutes and twenty-eight seconds of February ten, two thousand fifteen, Asociar Demanda Inicial/Incorporar Documento Externo - 10-02-2015 13:19:28, of eight hours fifty-five minutes and thirty-three seconds of March three, two thousand fifteen, Escrito Electrónico/Mar 3 2015 8:55AM/NI, and of ten hours fifteen minutes and twenty-one seconds of March two, two thousand sixteen, Incorporar Escrito - ESCRITO PRINCIPAL DE 1 F, SOLICITUD CANC PLANO, FOTOC PLANO/Agregar documento - 02 Mar 2016 10:15AM; and associated documents, of fourteen hours twenty-six minutes and three seconds of June seventeen, two thousand sixteen, Sentencia primera instancia (plantilla) (actualiza fase conclusiva)/EV=17/06/2016 14:27 ).— 2.— The Procuraduría General de la República, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Municipalidad de Valverde Vega appeared in the proceeding (See Escritorio Virtual of the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, filings; of fourteen hours thirty-two minutes and thirty-five seconds of May nineteen, two thousand fifteen, Incorporar Escrito - ESCRITO PGR-[1,36MB] /Agregar Documento -May 19 2015 2:32PM; of eight hours twenty minutes and five seconds of May twenty-six, two thousand fifteen, Incorporar Escrito - ESCRITO INDER-[1,13MB] /Agregar Documento -May 26 2015 8:20AM; and of fifteen hours fifteen minutes and twenty-one seconds of October five, two thousand fifteen, Incorporar Escrito - ESCRITO PRINCIPAL 01 FOLIO, APORTA: CERTIF DE PERSONERÍA JURÍDICA DEL ALCALDE, FOTOCOPIAS 05 FOLIOS/Agregar documento - 05 Oct 2015 03:15PM, respectively).— 3.— Judge Carlos Eduardo González Mora, of the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, through judgment N° 2016000087, of fourteen hours twenty-six minutes of June seventeen, two thousand sixteen, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and citations of law, THESE proceedings of información posesoria ARE APPROVED; a proceeding completed in compliance with the Ley de Informaciones Posesorias Nº 139 of July fourteen, 1941, its reforms and additions, the Ley de Jurisdicción Agraria Nº 6734 of March twenty-five, 1982, and its reforms. Consequently, free of liens and encumbrances, without co-owners, and without prejudice to third parties with better rights, let the Registro Público, Propiedad Inmueble Section, proceed to register in the name of [Name7] , of legal age, married in first nuptials, merchant (SIC), identity card number CED9 - - , resident of Sarchí Norte, the property described as follows: pasture land, in forest succession, with a spring, located in Alto Palomo, [Address2] ° , [Address3] Vega, Province of Alajuela, with an area of FOURTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-NINE square meters, according to cadastral plan number A- 1879589- 2016, currently has the following boundaries: NORTH: [Name2] ; SOUTH: public road with a frontage of 92.36 linear meters; EAST: [Name2] , [Name3] and [Name4] ; and WEST: [Name5] and [Name6] , situated 100% within the Zona Protectora Río Toro, created by Decreto Ejecutivo 22838 MIRENEM of February 9, 1994.- The land was acquired by donation. The property was valued at two hundred fifty thousand colones. The property remains subject to the reservations regarding rights of way established by Articles 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19 subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias. The area adjacent to the watercourses constitutes a protection area according to Article 33, subsection b) of the Ley Forestal N° 7575, and the cutting or elimination (SIC) of trees is prohibited (Article 34 ibidem). The watercourse and its waters are public domain (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3, subsection III; Article 50 Ley Orgánica del Ambiente). Once this resolution is final, issue the corresponding certification.", (See Escritorio Virtual of the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, associated documents, of fourteen hours twenty-six minutes and three seconds of June seventeen, two thousand sixteen, Sentencia primera instancia (plantilla) (actualiza fase conclusiva)/EV=17/06/2016 14:27 ).— 4.— The Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, by resolution of fifteen hours four minutes of June twenty-one, two thousand sixteen, corrected the material error in judgment N° 2016000087, of fourteen hours twenty-six minutes of June seventeen, two thousand sixteen, in that the correct name of the petitioner is [Name2] , and not [Name7], as was erroneously recorded, (See Escritorio Virtual of the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, associated documents, of fifteen hours four minutes and fifty-seven seconds of June twenty-one, two thousand sixteen, Corrige error material/EV=21/06/2016 15:06).— 5.— Licensed attorney Susana Fallas Cubero, in her capacity as procuradora, filed an appeal expressly indicating the reasons on which it is based to refute the thesis of the trial court, (See Escritorio Virtual of the Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, filings, of thirteen hours forty-five minutes and zero seconds of June twenty-four, two thousand sixteen, and of fifteen hours thirty-seven minutes and nine seconds of June twenty-eight, two thousand sixteen, REUBICADO->Incorporar Escrito - ESCRITO DE PROCURADURÍA-[2,88MB] /Agregar Documento -Jun 24 2016 1:45PM; Incorporar Escrito - ESCRITO PGR-[6,96MB] /Agregar Documento -Jun 28 2016 3:37PM).— 6.— In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing nullity of the judgment are noted.— Judge Castro García writes the opinion; and, CONSIDERANDOS: I— Proven facts. The proven facts of the appealed judgment are endorsed as they contain evidence that supports them. II— The prosecutorial entity files an appeal (virtual desk/ filings/ date 06/24/2016 01:45:00 p.m.) against judgment N. 2016000087 of 14:26 hours on June 17, 2016 (digital file/ documents/ date 06/17/2016 02:26:03 p.m.). As grievances it invokes: 1) In files 07-1000209-295-295-CI, 08--100411-295-CI, and EXPN1, the petitioner was denied the titling of the land for which a registrable title is now sought to be issued. Currently the property has plan A-1879582-2016, but in the previous proceedings the property was divided into two sections reflected in plans A-1101643-2006 and A-1215271-2008. It mentions that in the first two cited proceedings, his claim was rejected for not having demonstrated with testimonial evidence his required possession of the property that is immersed in the protective zone. It indicates that in a ruling by the Tribunal Agrario, that resolution was confirmed, and partially cites Voto N. 480-F-10. It argues that the final resolution of a proceeding of this nature can only be overturned in a plenary proceeding or through an incident of nullity, and invokes a ruling of the Tribunal Contencioso Administrativo N. 49-2012-11. It reproaches that the statements made in each of the proceedings the petitioner has filed were made under oath and provided different versions. In this regard, it points out that in proceeding EXPN2 and EXPN3 where plan A- 1101643-2006 was used, he stated having acquired by donation from his father on October 24, 2006, and provided a certified copy of public deed [Name8]. It mentions that in file EXPN1 with plan A- 1215271-2008 he affirmed having acquired by donation from his father on September 29, 2008, and attached a certified copy of public deed [Name1]. 227. It appeals on the grounds that in this proceeding it was stated that the entire land (14,589 square meters) was acquired by private donation from [Name2] on December 2, 2014, and provides public deed [Name1]. 268-25. It notes that the contradictions were pointed out in the final hearing brief of May 5 of the current year without the point being analyzed. 2) The property is located in the Zona Protectora Río Toro, created by Decreto Ejecutivo N. 22838- MIRENEN of February 9, 1994. According to the initial filing and certified copies of deeds CED10 and 268-25, [Name9] remained on the property until 1991 and [Name2] (father of the petitioner) until December 2014. That is, an occupation of 23 years. In a brief dated March 3, 2015, the petitioner indicated that his personal possession had been for 2 months and 8 days. It accuses that the witnesses are not congruent with what the petitioner stated in this or the previous proceedings. It details that [Name10] and [Name11] place the transferor [Name2] in an occupation of 40 years. It adds that [Name12] did not even declare the years in which the previous possessors were on the land, and only he refers briefly to the petitioner's occupation, stating that "he possesses it for several years." It criticizes that, according to the Tribunal, there must be congruence between all the elements of the proceeding (filings, testimonies, and documents provided) in order to validate the transferred possession and for them to merit credibility from the judge. It partially excerpts rulings of this Tribunal on the subject. 3) According to the description of the land with plan A-1879589-2016, the majority of the property is located within the protection zone of the spring (Article 33 subsection a of the Ley Forestal), and the land-use study describes it as one hundred percent pasture. This prevents the petitioner from acquiring property rights because the natural resource was not protected. It partially cites rulings of this Tribunal. It argues that the protection of resources must be required of the petitioners throughout the entire possession and not be restricted to the period during which the proceeding is processed. The protective zone has been affected since 1984; however, by 2010 when Voto N. 480-F-10 cited earlier was issued, acts consistent with the requirements of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias had not been exercised. It requests that the judgment be revoked. III— Article seven of the Ley de Informaciones Posesorias established, as of its entry into force on February 13, 1996, by reform of the Ley Forestal N. 7575, the express possibility of titling lands located within protected wilderness areas provided that possession is demonstrated for ten years prior to the creation of that zone in any of the management categories. This article has been, on two occasions, challenged before the Sala Constitucional, and the declaration of its unconstitutionality has been rejected, thus keeping that norm in force, and no judicial body may disregard its validity. (see last constitutional consultation in Sentence N.01667 of 01/27/2010 at 15:11: of the Sala Constitucional). Regarding possession, the representative of the Procuraduría General de la República appeals on the grounds that the testimonies of the witnesses are not useful for demonstrating the possession exercised by the petitioner and his transferors. It reproaches alleged contradictions between the initial filing and what was declared by the witnesses, where no mention is made of the petitioner's time of possession. In addition, it invokes that two previous proceedings have occurred where the proceeding was denied due to the impossibility of demonstrating with testimonial evidence the required possession. Given these allegations, this Chamber will proceed to analyze the testimonial evidence presented and contrast it with the initial filing. It is on record that at the evidentiary hearing of June 11, 2015 (digital file/documents/date 06/11/2015 0143:23 p.m. testimonies in images 1 to 4), records were made of the testimonial statements of [Name10] (image 1), [Name11] (image 2), and [Name12] (image 3). Witness [Name10] declared he is 61 years old and has known the property his whole life. He explains that since he was 5 years old he frequently visited the property to play. He adds that he has a farm at [Address4] and therefore it was clear to him that the property belonged to the petitioner's father, whose name is also [Name2]. That he still lives and possesses adjoining properties, having done so for more than 40 years. He stated that, in turn, [Name9] , the petitioner's grandfather, had possessed the land since the early 1950s, and the transfers have been made by donation. He affirmed that about 60 years ago the farm had been a pasture, like all the others in the area, and there had been cattle. He can attest that since the petitioner [Name2] acquired it, he has rather dedicated a good part to the protection of natural resources. One part, he points out, has been allowed to regenerate naturally, and trees of [Name13] and [Name14] have been planted, although in the case of the latter, for reasons of climate and altitude, they have not grown sufficiently and then dry up. He knows that at the back of the land there is a spring that dries up in summer and it is well protected with trees and plants around it. There are no buildings, the land is completely fenced with concrete posts and barbed wire, and at the front facing the public road with a wooden fence. He identified the adjoining owners and stated he had never observed that the petitioner, his father, and grandfather had had problems over this land; it being a continuous possession for more than ten years and the one known as the owner is [Name2]. This testimony describes a continuous possessory chain since the 1960s, first in favor of [Name9] (petitioner's grandfather), subsequently [Name2] (petitioner's father), and currently by his son [Name2] . In addition to the foregoing, it was indicated that the petitioner has carried out an activity of forest regeneration on part of the farm, changing the prior land use from cattle to regeneration, and that the spring, which he described as seasonal, is protected around it. Witness [Name11] identified himself as the petitioner's uncle and stated he is 79 years old. He declared he has known the property his whole life, since it was his father's [Name9] ; who in turn acquired it from [Name15] . He described that his father proceeded to divide the property among his children, and [Name2] , his brother, received the area being sought to be registered. He indicated that his brother possessed it for 40 years and dedicated it to cattle ranching. Later he donated it to [Name2] his son, but he understands that the deed was signed years later. He mentions that the acquirer has dedicated it to reforestation and has a small pasture area where a couple of horses graze. He knows that [Name2] has planted small trees of various species. He can attest that there is a spring at the back that dries up in summer, and he has observed him planting trees around it. He noted that the farm has fences of dead posts, live posts, and barbed wire, as well as a wooden fence facing the street at [Address5]. He stated that in his 79 years there has never been any problem over the possession of the land. For this Tribunal, this witness proves that possession has been exercised over the property continuously and peaceably, carrying out primarily cattle-ranching activities, but that the petitioner has changed to reforestation and a minimal part to grazing two horses. A possessory chain longer than that cited by the previous witness was described, namely [Name15] who sold it to [Name9] who possessed it for 40 years, who donated it to his son [Name2] , and he to his son [Name2] , who is seeking titling. Importantly, it was declared that acts of protection of the spring that dries up in summer and of reforestation are being carried out. The previous witness stated the same. Finally, witness [Name12] stated he is 57 years old and has known the property since he was 12 years old (that is, since 1970). He indicated he knows that [Name2] the father possessed it for many years and later donated it to [Name2] the son. He mentioned that previously the farm was used as pasture and currently for reforestation and conservation of the spring, and for this purpose, advice has been sought from MINAE. The property is completely fenced, [Name2] is the sole owner, and there have never been any problems over the land. The previous declarant proves possession exercised since 1970, having been possessed by the petitioner's father and then by his son, the petitioner. In addition to recording that acts of conservation of the forest and the seasonal spring located on the land are being carried out. It bears reiterating that since the property is immersed within the Zona Protectora Río Toro created by decree N. 22838 of February 9, 1994, in accordance with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, a possession respecting natural resources must be proven for at least 10 years before the creation of that protected wilderness area. That is, a suitable possession prior to 1984 must be proven. Having analyzed these testimonies, this Tribunal observes that the three witnesses are coincident and congruent in describing a possession suitable for titling that dates from a period greater than ten years before 1994. Thus fulfilling the requirement of Article 7 ibidem regarding the time to be demonstrated in possession when the property to be titled is located within a protected wilderness area or with forested lands. IV— Regarding the second grievance of the appellant that attacks contradictions between what was declared by the witnesses, the content of the public deeds provided N. 48 and 265-25, and statements regarding the period of possession of the titleholder. Having analyzed the testimonial statements given in this proceeding, we proceed to contrast them with the statements in the initial filing and the public deeds in order to verify the contradictions alleged by the appealing entity. In the initial filing (digital file/ filings/ date 02/10/2015 01:19:28 p.m.. image to 6), [Name2] indicated that he seeks to register the property reflected in plan A-1771.919-2014 because he has possessed the property since December 2, 2014, by the donation he provides, and that the previous possessors maintained it under their control for 63 years. The acts of possession described were maintenance of fences, clearing (chapea), and matters related to the operation of the farm. He described that it was acquired from [Name2] and he from [Name9] . Deed N. 268-25 of 17:10 hours on December 2, 2014, executed before a notary public, records that [Name2] donates to [Name2] a 63-year possession over the property to be titled. For its part, in deed N. 48 of January 15, 1991, [Name9] donates the possession and improvements to [Name2] of the property of interest. These gratuitous transfer documents appear consistent with the possessory chain described by the witnesses, in that the property was possessed by [Name9] , who donated it to his son [Name2] , and he in turn transfers it gratuitously to his son [Name2] , the petitioner. Regarding the possession time indicated in the petitioner's initial filing (2 months and 8 days) and what was stated by the witnesses, which refers to much longer periods, under an integral analysis and in accordance with the rules of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, this Tribunal finds that from what was described by the witnesses, it is noted that indeed the period of material possession by the petitioner dates back many years prior. This is inferred from their description of the possessory acts, as well as the reforestation and spring protection activity that they identify and attribute to the titleholder. This Chamber does not see that there is a real contradiction in the possessory chain described by the witnesses, as they were clear in their statements, without contradicting each other. In the initial filing, the petitioner cited that he had been in possession for 2 months and 8 days (digital file/ initial filing and brief in associated document on 03/03/2015 08:55:33 a.m.). The donation deed N. 268-25 provided by the petitioner, by which his father donates to him, is dated December 2, 2014, and this proceeding was filed before judicial offices on February 10, 2015 (received stamp on initial filing associated on 02/10/2015 01:19:28 p.m.). That is, [Name2] understood that his legal possession began when his father signed the donation deed in his favor, when from the record it is inferred that his material possession began much earlier. This was stated by the witnesses already cited and analyzed, when they refer to a real and material possession by the petitioner on the land, carrying out conservation and reforestation acts. Note that witness [Name11] expressly stated that his brother [Name2] possessed the farm for 40 years and dedicated it to cattle ranching, later donated it to [Name2] his son, but he understands that the deed was signed years later. Therefore, the appellant's grievance regarding the petitioner's possession period and the contradiction in this regard is rejected. Regarding the argument that in file N. EXPN2 and EXPN3, plan A-1101643-2006 was used and it was stated it was acquired by donation on October 24, 2006, and deed CED11 was provided; and in proceeding 09- 100240-295-CI, titling was attempted under plan A-21527-2008 and it was stated it was acquired by donation from his father on September 29, 2008, and deed CED12 was provided, this is rejected. In this proceeding, the possessory succession in the chain of transfer was proven, and the donation title executed before a notary public was provided, whose legality has not been questioned nor has any falsehood been demonstrated. In the previous proceedings, where resolution was based on what was on record in each file, the registration was denied for the reasons stated in each final judgment. The donations provided therein were for the titling of the land that was separated into two properties and under other plans, without knowing whether between the signing of those earlier donations and the one provided here, some form of negotiation was entered into between those parties. What matters for purposes of this proceeding is that the possessory chain is established as proven and the possession suitable for titling is demonstrated. Through testimonial evidence, it was demonstrated who has exercised possession successively and the absence of any conflict over it throughout so many years. In addition to having provided the donation document in order to avail themselves of the possession of the transferors, under the terms of ordinal 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. The same has not been questioned. Which for this venue, in this proceeding, is proven. In the judgment appealed in this proceeding, the institution of property rights, its constitutional implications, and the fact that in this proceeding a material reality different from that related to the previous proceeding was found, where the proceeding under file [Name1]. 09- 100240-295-CI was denied, are analyzed in depth, and therefore its approval was granted. V— Regarding the third grievance concerning the nature of the land subject to spring protection area and that the land-use study identifies it as one hundred percent pasture. Protected wilderness areas, regardless of their management category, must be understood as zones with a particular and specific administration regime and regulations, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAET, unless a special Law indicates otherwise. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographical zones, formed by lands, wetlands, and portions of the sea, declared as such because they represent special significance, an interest in the protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm expressly refers to the Organic Law of the Environment for the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively on the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a state-owned protected wild area is declared, it must immediately become part of the [Name1] Natural Heritage of the State, regulated by Article 13 of the cited norm, which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This set of norms must be interpreted in conjunction with what is prescribed in Article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, natural or legal persons, over lands that are declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it states: "When the real property to which the possessory information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wild area." In the specific case, we are dealing with a land whose title is requested, located within the Río Toro Protective Zone (Zona Protectora Río Toro) created by executive decree N. 22838 MIRENEM of February 9, 1994. This leads to the understanding that, in order to be registered, possession must be proven from at least February 1984. The management category of Protective Zone was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Organic Law of the Environment. Said regulation omitted defining the concept of each of the management categories that said article regulated, and the current Ley Forestal number 7575 also lacks a legal definition. For its part, the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications has defined them as: "as lands, mostly of forestry aptitude, appropriate for timber production, on which management actions are executed with sustainability criteria." (Table on Management Category, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a normative antecedent, the repealed Ley Forestal number 4465 of November 25, 1969, defined the protective zone in Article 83 as: "….those areas of forests or forestry lands that, established by provisions of law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulating agents of the climate or environment." Subsequently, Ley Forestal 7174 defined it in the same terms indicated, while, as pointed out, the current Ley Forestal number 7575 of February 13, 1996, makes no reference to this management category, nor to any other. For its part, the Office of the Attorney General of the Republic indicated about the objective or purpose assigned to this management category: "Now, Ley Forestal number 4465, before and after its comprehensive reform, assigned a clear environmental purpose to protective zones, since they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forestry resources. The currently valid environmental legislation assigns this same objective to protective zones, as a management category of protected wild areas, even though it does not define the term." (Opinion C-323-2004). In the same sense, Opinion C-16-2002 defined: "The term 'Protective Zone' has been used in our legal system as a management category of protected wild areas whose primary purpose has been associated with the protection of soil resources and the hydrological regime (springs, protection zones, hydrographic basins, etc.)." This Court considers, from what is contained in the record to be evaluated in the following recitals and this one, the normative and technical references, and the testimony of the witnesses, it is not concluded that the petitioner, by containing a pasture area on his property, has breached the exercise of possession in the terms of the seventh article of the Ley de Informaciones Posesorias, since he has protected the soil resource, has it in forestry succession, and has been advised by MINAE in its management regarding the spring (naciente) existing on his property, and has demonstrated the legal possession period. As cited, the property is within the aforementioned protective zone. In the case under study, in the land-use study of July 2015 (digital file/ documents/ date 07/08/2015 04:25:40 p.m.), it was recorded that the land is pastureland in forestry succession, without livestock use, and located at a high altitude. In the judicial inspection, the judge described having found a land duly delimited along its entire perimeter, with grass in the sector located at vertices 1 to 5 of plan A-771919-2014 through which they entered, and upon advancing north, it contains vegetation and trees typical of high mountainous zones. The soil was found to be humid with a lot of mist. The spring (naciente) was located and observed with a large number of trees around it. No constructions, animals, or signs or traces of timber extraction were observed. It was noted that the protected water resource was observed, and photographs were taken showing what was visualized during the act. These are contained in the digital file and from which it can be concluded that what was described by the lower court judge is consistent with the materiality of the observed land. (digital file/ filings/ date 06/11/2015 08:45:37 a.m.). Added to the above is Report N. SB-AID-GA-2015-1188 of October 15, 2015, where it is indicated that the spring (naciente) located on the property has no records of water capture for aqueducts, and there is no water use whatsoever over it, or plans or projects that justify requesting the reserve of the water resource to incorporate it into any supply system. (digital file/ filings/ 11/12/2015 02:23:08 p.m.). That is, the protection area of the spring (naciente) is not affected by the public domain regime established in Article 31 subsection a) of the Water Law N. 276. From what was described by the judge and what was observed by the land-use certifier who recorded finding pastureland in forestry succession, no damage caused to the soil or water resource is noted. What has been cited must be complemented by what was described by the witnesses when they affirm that the petitioner's father had the land dedicated to cattle raising, and the applicant gave it a use of forestry regeneration and conservation of the spring (naciente) located on the site. On the other hand, in a brief submitted to the record, an official communication issued by the National System of Conservation Areas, Central Volcanic Mountain Range Conservation Area of MINAE, N. OG-1088 of June 16, 2015, is observed, in which a consultation by the petitioner on management practices for his property given the existence of a spring (naciente) is addressed. A series of recommendations are issued in this regard. In the first place, it indicated that from a visit made by officials of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area, it was determined that not all of the farm is located within the protection area of the spring (naciente), but it is within the limits of the Río Toro Protective Zone. That document literally states: "By reason of the foregoing, it is important to indicate that the part of your property that is located outside the protection area of the 100-meter radius around the spring (naciente), whose current use is pasture, on flat lands at the edge of the road, does not have any legal limitation, except that if you wish to build any infrastructure, you must process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) before SETENA, because it is within the Toro Protective Zone. The opposite occurs with the sector of your property that is located within the 100-meter radius of the protection area of the permanent spring (naciente), as it is affected by what is established in Ley Forestal 7575 and the Wildlife Conservation Law 7317..... within those 100 meters, there is a limitation on cutting vegetation, cutting trees, and construction of any type of infrastructure, so the protection practices within this area will basically consist of fencing the sector in question to prevent the entry of cattle, and allowing a process of natural regeneration, which will give the best protection to the spring (naciente), especially with the floristic richness that exists on that site. ..." (digital file/ filings/ date 06/24/2015 10:10:57 a.m.). In the soil study and the judicial inspection, no activity was described that transgressed the technical-environmental recommendations issued by the competent office of MINAE. Nor has the appellant entity or any interested party provided any proof that the petitioner or the previous possessors had been warned, sanctioned, or found guilty of having transgressed the national environmental protection regulations, from which it could be inferred that they have breached their obligation to exercise possession in respect of natural resources when possessing a real property with environmental limitations given the nature of that farm. In this regard, it is added that the three witnesses did not state that since they knew the property, for a period greater than ten years before 1984, timber was felled or the spring (naciente) was damaged. That is, there was never a land-use change (cambio de uso del suelo) on the farms to be titled to the detriment of the environment, from before the creation of the management category of Protective Zone in question up to the present, or at least there is no proof whatsoever in this regard. Therefore, their claim is not admissible. Note that each management category has its own technical-scientific purposes, without it being understood that the existence of any of them absolutely excludes human productive or recreational activities. This is defined in the respective territorial planning plans for each one. In this case, the grievance under study is devoid of proper substantiation as to the reason why the appellant considers that the existing activities harm the purposes of that zone with the current acts, and which directives, orders, or norms of the management plan for that area have been violated. It should not be forgotten that, according to Article 82 of the Wildlife Conservation Law, and regarding its use and exploitation, in Vote N. 144-96 at 16:51 hours on January 9, 1996, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice resolved: "In the event of establishing forestry reserves, protective zones, and national wildlife refuges, there is the option for the owner to keep their land, since, following the management plan, they can continue to exploit it in economic terms, that is, the limitations imposed are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, thus they do not render their right nugatory." In this case, the petitioner has demonstrated a use of the property in respect of land use; the witnesses did not attest to timber extraction activities or any that harm the water resource, nor has it been demonstrated that any damage to the environment was caused. The grievance is rejected. VI- The argument referring to the impossibility of resolving this process due to a prior rejection of previous processes by the petitioner regarding the property is not admissible. Copies of the resolutions of the case files of the possessory information processes previously rejected for the applicant are contained in the record. (digital file/ filings/ date 06/17/2015 09:55:32 a.m.). Regarding number EXPN4, the first-instance judgment of the Civil Labor Court of Grecia of Higher Amount (imagen 10) is contained therein, where it was rejected because suitable testimonial evidence had not been provided to demonstrate the exercise of possession for a ten-year period prior to the creation of the Río Toro Protective Zone at 15:00 hours on May 9, 2008. For one of the witnesses indicated that one year before the declaration given in that process, the petitioner acquired the land from his father. Those testimonies are complemented by those received in this process. There is no contradiction whatsoever, nor discrepancies, with respect to what was stated by the witnesses in this new process. In the process processed under case file EXPN3, it was rejected because the property contained a pasture area, which in this case is also rectified by providing the technical elements (soil study, technical recommendations from MINAE on spring management and land use) and what was observed during the judicial inspection of this process, which accredits the exercise of possession in accordance with the requirements of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias. (imagen 18). It should be noted that, in the case of this property, the designation to the management category of protective zone occurred in 1994, and the possession exercised up to that date could not be punished as a violation of what is regulated by article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias for having had grass and having exercised a productive livestock activity, since it was subsequently designated as a protective zone. The possessor did not breach what was not yet in effect for the year 1994, nor was it demonstrated in any way that they had made abusive use of the property or of the natural resources it contains, of such magnitude that it could undermine their agrarian property right consolidated more than forty years ago. It would not be possible to invalidate the recognition of the long-standing possession that was proven in this process to have been exercised by him, his father, and even his grandfather, since the declaration is always made without prejudice to property rights already consolidated by acquisitive prescription (usucapion). However, as indicated, no element of proof denotes that a land-use change (cambio de uso del suelo), felling, or damage to the spring (naciente) occurred after the referred declaration or before, since it was indicated it was pasture for cattle, and that spring (naciente) was protected. It is observed that the petitioner has rather adjusted the activity (pastures in forestry succession, reforestation, and protection of the spring) to the limitations imposed on his real property when integrating it into the Río Toro Protective Zone in 1994. In the process under case file EXPN1, it was also rejected due to insufficiency of the declarations regarding the time the witnesses had to have known the property, but not because something significantly different from what was verified in this process had been proven, so the evidentiary material from both, far from being antagonistic, is complementary. The thesis of the appellant is not shared when she indicates that, having already been rejected the claim to register the property through this procedure, it is not appropriate to address this request again through this path of non-contentious jurisdiction. On this matter, this specialized agrarian jurisdiction has resolved: "The judge could not attribute powers to themselves such as to stop receiving evidence, and in the interest of seeking a supposed economy for the Judicial Branch, and paradoxically also for the petitioners, issue a judgment on the merits at once. The Court must not lose sight of the fact that the ruling could eventually be subject to appeal, as indeed it was, a scenario in which the Tribunal would not necessarily have to share its criterion, so it is necessary that the evidence offered be rendered in order to analyze the appropriateness or not of the criterion put forth in the appealed resolution for issuing the second-instance judgment. Coupled with that and above all, the petitioner has the right to try to prove the possession required by law through this procedure, without this avenue being barred by the simple fact that another Possessory Information was once denied, because regardless of the number of times they file it, it will never acquire the efficacy of substantive res judicata. Considering the contrary would imply a denial of justice, since, as the appellant well points out, Article 822 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily in accordance with article 79 of the Agrarian Jurisdiction Law, referring to judgments issued in non-contentious proceedings, states the following: '... This resolution shall not produce res judicata even when it has been the subject of a ruling by the superior, except for what is expressly provided for the probate process and that of divorce or separation by mutual consent.'" (Vote N. 1033-F-07). Therefore, the first grievance of their appeal is rejected, based on Article 822 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, and the effects of formal res judicata that it grants to resolutions issued within non-contentious judicial activity processes. VII- For the reasons stated, based on Articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Law, 6 and 1 of the Ley de Informaciones Posesorias, 822 of the Civil Procedure Code, with respect to what is appealed, the appealed judgment is confirmed. VIII- DISSENTING VOTE OF JUDGE [Name16]: The majority vote is not shared, considering that the petitioner did not demonstrate having protected the natural resource during the years they claim as valid possession for acquisitive prescription (usucapir). That type of ecological possession is what they should have demonstrated as provided in Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, in conjunction with Ley Forestal 4465 of November 25, 1969, and subsequent regulations, which regulate the public domain status of forests, and it acquires greater relevance if they fulfill a function of protecting some ecosystem that gives rise to the reason for declaring a Wildlife Refuge or Protective Zone, as in this case, where the real property is located within the Río Toro Protective Zone. Having corrected the errors in their possession after three attempts at possessory information, demonstrating care for the resource at the end of the possession they seek to be recognized, that does not void the fact that the ten-year possession that must now be accounted for is valid, since at the time it was not, because the water and forest resource had been unprotected, especially in a zone of high water fragility as indicated by the technical study of Acueductos y Alcantarillados and of difficult recovery—as indicated by the petitioner themselves.— POR TANTO In what is appealed, judgment number two thousand sixteen zero zero zero zero eighty-seven of fourteen hours and twenty-six minutes of June seventeen, two thousand sixteen, is confirmed. Dissenting Vote of Judge Alvarado Paniagua. HGAPMI3ZTY061 [Name13] - JUEZ/A DECISOR/A YTLSZI47M8TW61 [Name17] - JUEZ/A DECISOR/A 1AXKYNNH47GS61 [Name16] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN5 II Circuito Judicial San José, [Dirección6] , , [Dirección7] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous manner is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:33:37. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República