Res. 00808-2016 Tribunal Agrario — Correction of area of a property in a protected wilderness areaRectificación de medida de finca en área silvestre protegida

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00808 - 2016

Fecha de la Resolución: 29 de Agosto del 2016 a las 13:56

Expediente: 11-001245-0504-CI

Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con Voto Salvado



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Registral

Tema: Rectificación de medida

Subtemas:

Requisitos en caso de terreno inscrito a través de información posesoria agraria ubicado dentro de área silvestre protegida.
Apreciación de la prueba en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Requisitos para rectificar medida en caso de terreno inscrito ubicado dentro de área silvestre protegida.
Apreciación de la prueba en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Requisitos para rectificar medidas en caso de terreno inscrito a través de información posesoria.

Tema: Valoración de la prueba en materia agraria

Subtemas:

Apreciación en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.

“  II.- En la sentencia impugnada 59-2016 de 30 de junio de 2016 , se acogió el proceso y se ordenó modificar la medida  de la finca del Partido de HEREDIA matrícula [Placa1], de acuerdo con el plano catastrado A-1748539-2014, para que se consigne como cabida real OCHOCIENTOS TRES MIL [Dirección1]    METROS CUADRADOS.   La Procuraduría General de la República (PGR) apela con base en los siguientes agravios: 1) Reclama, ese terreno está en la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, establecida mediante Decreto Ejecutivo 4961-A de 26 de junio de 1975. Considera, la prueba testimonial de [Nombre1]    resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal anterior a la entrada en vigencia de ese decreto (11 de julio de 1975). Dice, él indicó se "acuerda" del terreno hacía 40 años, es decir, en 1975 y según su edad habría nacido en 1960, por lo que tendría escasos 5 años para la fecha en que debe acreditarse el inicio de la posesión. Resalta precedentes de este Tribunal que consideran no creíbles testimonios de personas que tuviesen esa edad o menos para la fecha de los hechos que son objeto de prueba (votos 237 de 10 de marzo de 2006, 38 de 25 de enero de 2011 y 493 de 29 de mayo de 2013). Considera, la aprobación de este proceso requiere se demuestre la posesión decenal previa a la creación del área silvestre protegida con la declaración de tres testigos. Cita como respaldo votos 362 de 22 de marzo de 2012, 75 de 30 de enero de 2012 y 222 de 8 de marzo de 2011 de este Tribunal. 2) Sostiene, de acuerdo con el reconocimiento judicial, la prueba testimonial y el estudio de suelos, el terreno se dedica en un sector a ganadería. Considera que ese tipo de actividad es contraria a la vocación de las áreas silvestres protegidas. Se respalda en votos 1229 de 10 de noviembre de 2011, 1245 de 15 de noviembre de 2011 y 38 de 24 de enero de 2013. 3) Considera que los procesos de rectificación de medida deben cumplir todos los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, según interpretación que hace de lo indicado en votos 274 de 24 de abril de 2009, 309 de 13 de abril de 2010, 1159 de 9 de diciembre de 2010 y 1033 de 21 de setiembre de 2011. No expresa en concreto qué no se cumple en el caso, en relación con su reclamo. 4) Reclama, la sentencia impugnada no consignó que el área contigua a las nacientes constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles (artículos 33 de la Ley Forestal y 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), así como que las aguas subterráneas son de dominio público y no forman parte de la finca (numerales 1 y 3 de la Ley de Aguas, 4 del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente).

          III.- Dada lo que se alega en los agravios, es necesario resaltar que nuestro ordenamiento jurídico garantiza el derecho de rectificar la medida de terrenos inscritos a través del proceso de información posesoria, sea que se ubiquen dentro  o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos. Las áreas silvestres protegidas están reguladas en los artículos 32 a 38 de la Ley Orgánica del Ambiente 7554 de 4 de octubre de 1995 y 2 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Integran el patrimonio natural del Estado, regulado en la Ley Forestal 7575. Lo que quede comprendido dentro de tal es inembargable e inalienable, por ser dominio público (numeral 262 del Código Civil). Su posesión por las personas privadas no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria, salvo que estén en el supuesto de excepción del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite se titulen terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de esa afectación, pues a partir de ese momento, tales zona forman parte del dominio público.

          IV.- Con respecto a que con la declaración del testigo [Nombre1]    no se demostró la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva citada (es decir, mínimo diez años antes de julio de 1975) y que es indispensable que conste la declaración de tres testigos sobre ese dato para aprobarse el proceso, no lleva razón la recurrente. En la sentencia recurrida, al analizar la prueba testimonial recibida el 24 de febrero del 2015, la persona juzgadora de instancia indicó: "... analizadas las declaraciones testimoniales evacuadas, la cual constituye la prueba idónea, esta juzgadora tiene por demostrado que la posesión en el terreno por parte del promovente lo ha sido por más de diez años anteriores a la creación de esta Reserva. El testigo [Nombre2]   manifestó que tiene 68 años de edad. Hace como 30 años trabajó para el promovente. Dice el testigo [Nombre2]  que conoce el terreno desde que tenía 11 años de edad, es decir desde el año 1957 aproximadamente. Que el promovente tiene más de 30 años de ser dueño de este fundo, lo tiene dedicado a lechería, hay construcciones donde trabaja con las vacas... También: hay bosque en esta finca, por el [Dirección2]  . Indica que conoció a anteriores dueños. Le consta que el terreno está  cercado con postes de madera, y alambre de púas. Señala que la propiedad ha sido la misma, desde que la conoce. En igual sentido, el deponente [Nombre3]   declaró que cuenta con 55 años de edad. Indica conoce el terreno desde toda la vida, nació en la zona donde se ubica la propiedad. Señala que la propiedad tiene una lechería con sus instalaciones, y hay bosque que es protección al Río San Fernando. Que el ganado cuenta con fierro. Le consta que las colindancias están cercadas, y hay una parte que el límite es ese río. Que el promovente es dueño de esta finca desde hace más de treinta años. Siempre se ha mantenido la misma finca, en cuanto a colindancia, es la misma que ha conocido. Por su parte, el declarante [Nombre4]    declaró que cuenta con 63 años de edad, y conoce la finca desde que llegó a ese lugar a los 6 años de edad. En ese sentido, conoce el fundo desde hace 57 años, sea desde finales de los años 50 del siglo pasado. Que el promovente es dueño de esta finca, desde hace más de treinta años. Le consta que el promovente dedica la finca a ganado de ordeño, hay montaña. En una época había cultivo de café en un sector. Dichos deponentes indican que conocen la finca con suficiente antelación, ya que son vecinos del lugar donde se sitúa el terreno, y lo conocen desde antes del año 1965. Son contestes en sus manifestaciones, y dan fe acerca de la posesión ejercida por el promovente, sin problemas con terceras personas, y como el inmueble se ha mantenido en cuanto a sus colindancias. Además, coinciden en la naturaleza del fundo. Consecuentemente, es clara la acreditación del presupuesto de posesión decenal a la creación de la Reserva que alude la representación estatal. Aunado a lo expuesto, en este caso se está ante un trámite de rectificación de medida de una finca inscrita, siendo que la finalidad es conciliar la cabida real ante Registro Nacional, de manera que el fundo está integrado a la titularidad registral del promovente".

          V.- Se comparte el análisis de la prueba testimonial que hizo la juzgadora de instancia. El testimonio objetado de [Nombre1]   , si bien es cierto a la fecha de la declaración dijo tener 55 años, lo que confirma que nació en 1060 y recuerda la finca desde hacía 40 años (1075), es un testimonio útil que se debe analizar con la restante prueba, en forma integral, y no verlo aisladamente, como lo pretende la PGR, para restarle eficacia y credibilidad. Su declaración es objetiva y concordante con lo que los otros dos testigos manifestaron, sin que existan elementos en autos que hagan dudar de la veracidad de lo atestiguado por ellos, en cuanto a que la finca estaba cercada, cuáles son sus límites y especialmente que no ha sido modificados, así como a qué se dedica. De la prueba testimonial se deriva, como correctamente concluyo la a quo, así como de la declaración jurada de la parte promovente el cómo se adquirió el terreno y que en su realidad material ha sido el mismo desde que lo posee tal persona, sobre el cual ya existe un derecho real de dominio tutelado constitucionalmente. Por ende, toda la prueba testimonial, incluido el testimonio objetado, es útil para demostrar el presupuesto esencial requerido en rectificaciones de medida: que se posea el mismo terreno que fue inscrito, sin modificaciones de sus límites originales. Es importante resaltar que en casos como el presente, ese dato es fundamental, porque el terreno ya está inscrito y pasó entonces el filtro que la ley establece previamente para inscribir terrenos que estén incluidos en áreas protegidas. Por ende, lo que se debe demostrar en este proceso, más que de nuevo la posesión y desde cuándo se posee, es que los límites no ha sido modificados, para evitar que a través de un proceso de rectificación se adquiera ilegalmente más tierra que la realmente poseída y ya titulada legalmente, especialmente si el terreno está incluido en un área silvestre protegida.

          VI.- En cuanto a que deben existir 3 declaraciones conformes en forma absoluta en cuanto al dato de posesión anterior a la fecha de creación del área silvestre protegida, tampoco lleva razón  la PGR. En la valoración de la prueba en materia agraria el numeral 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria exige se estudi en y seleccion en las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. Deben e xpresar se los principios de equidad o de derecho sobre los cuales basa su criterio un tribunal. Al respecto, la Sala Constitucional ha explicado: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" ( voto 3657 del 7 de mayo de 2003 . Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y  364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). Por ende, la prueba debe ser analizada forma integral con el resto de elementos probatorios y debe valorarse en función de las circunstancias del caso concreto, máxime en procesos de rectificación de medida, donde no se pretende inscribir un terreno, sino hacer concordar su medida registral con la realidad material, como lo resaltó la juzgadora de instancia. En este caso, los tres testigos declararon en forma coincidente y ofrecen información con base en sus conocimientos, que son veraces y concordantes con las restantes pruebas, referidos a datos fundamentales del terreno y lo que era necesario probar para autorizar la rectificación de la medida. Y dado lo que señala la PGR sobre precedentes jurisdiccionales, se aclara que el Tribunal lo que debe exigir es congruencia entre los elementos probatorios y lo manifestado con carácter de declaración jurada por quien titula, pero ello no implica exactitud ni mucho menos que haya una coincidencia en todos y cada uno de los aspectos referidos en las testimoniales.

          VII.- El segundo agravio tampoco es de recibo. El que un sector del terreno esté dedicado a ganadería, no es un impedimento para rectificar su medida. Además, de acuerdo con el estudio de suelos, se ha ejercido el uso conforme de ese bien ambiental. Es importante resaltar que el presente asunto no es un proceso de información posesoria, sino uno de rectificación de medida. El derecho constitucional de dominio otorga a la persona propietaria facultades o atributos de modificación y tutela, como lo es ajustar la medida registral a la real (numerales 264 y 290 del Código Civil). Es también un elemento importante en materia registral y catastral, que los datos del Registro Público Inmobiliario sean los reales (numerales 459 del Código Civil). Si por la actividad desarrollada actualmente en el terreno existe una infracción a la normativa ambiental, por estar éste inmerso en un área silvestre protegida, existen mecanismos que permiten determinar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativo que podría recaer sobre la persona propietaria. También existen límites y limitaciones de orden ambiental que deben ser respetados por ella y que pueden ser sancionados en diversas vías. Pero ese dato no implica ni permite que se le pueda negar el acceso al derecho tutelado en este tipo de procesos, pues como propietario puede transformar y usufructar el bien en toda actividad que el ordenamiento jurídico no prohíba. Si la actividad ganadera es imcompatible absolutamente con el tipo de área silvestre protegida, pero el terreno está legalmente inscrito, el Estado debe aplicar las medidas pertinentes para su recuperación, previa expropiación del terreno. Si no es así, debe verificar que las limitaciones soportables se cumplan en la forma debida por la persona propietaria (artículos 45 y 50 de la Constitución Política).

          VIII.- El tercer agravio resulta improcedente, porque no se especifica qué es lo que no se cumplió debidamente. En todo caso, se aclara que los procesos de rectificación de medida no son procesos de información posesoria. Si una finca inscrita tiene una medida reportada registralmente diferente a la que resulta de su realidad material, el procedimiento que la persona legisladora dispuso para su corrección se llama "Rectificación de Medida". Tal está regulado en la Ley de Informaciones Posesorias 139  de  14 de Julio  de  1941 (artículos 12 y 13), y puede ser tramitado en la vía notarial o en la judicial, dependiendo de la cantidad de metros que sea necesario rectificar. El hecho de que estén regulados en el mismo cuerpo legal no implica que se trata de un mismo procedimiento (aunque tengan semejanzas), ni tampoco que se pueda por una corrección de medida lograr inscribir como finca independiente un terreno que ya forma parte de una finca inscrita. Es importante destacar que son distintos procesos, tienen finalidades  diversas y requisitos diferentes, aunque compartan gran cantidad de ellos. El procedimiento de rectificación de medida es así un proceso especial, no contencioso, regulado en la Ley  de  Informaciones Posesorias, que permite,  previo  el  cumplimiento  de  una  serie  de requisitos, al titular del derecho de propiedad de un fundo inscrito rectificar su medida a través de las siguientes vías: a) en el mismo expediente original; b) Si tal no apareciere, mediante una solicitud de rectificación, acompañada de una certificación del asiento respectivo y en la medida de lo posible, examinándose de nuevo a las personas testigas que ya declararon, si pudieran ser habidas, caso contrario otros testigas, a fin de que atestigüen sobre la identidad de la finca; c) Dependiendo del porcentaje que se pide rectificar, para aumentar, basta con la sola declaración de la persona propietaria en escritura pública; d) En caso de tratarse de una disminución, solo es necesaria la manifestación expresa en escritura pública y contar con el plano catastrado respectivo (artículos 12 a 14 de la Ley citada). Por disposición expresa del numeral 12 citado, la cabida de un inmueble ya rectificado no puede ser rectificada por ningún motivo, salvo que se trate de enmendar un error de cálculo de plano resultante de los detalles de medida. De acuerdo con lo expuesto, un presupuesto legal esencial para que se pueda admitir este tipo de gestión, es que el inmueble a rectificar esté inscrito. En las informaciones posesorias el terreno no puede estar previamente inscrito. Esas diferencias y otras más hacen que algunos requisitos sean diferentes, por ejemplo, el tipo de certificaciones registrales que se deben aportar (contenido).”

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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: Derecho Registral

Tema: Rectificación de medida

Subtemas:

Requisitos en caso de terreno inscrito a través de información posesoria agraria ubicado dentro de área silvestre protegida.
Improcedencia de la solicitud ante falta de prueba.

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Requisitos para rectificar medida en caso de terreno inscrito ubicado dentro de área silvestre protegida.
Improcedencia de la solicitud ante falta de prueba.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Falta de prueba para rectificar medidas en caso de terreno inscrito a través de información posesoria.

“ VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre1]

No se comparte el voto de mayoría por las siguientes razones: 1) Se pretende rectificar un inmueble que originalmente tendría una medida de 223.547 m2, para pasar a una medida de 803.466 m2, es decir se pretende aumentar la cabida en más de un 300%, lo que implica no se trataba de un error de cálculo cuando se hizo la inscripción original. Lo anterior implica, la parte promovente pretende expandir su dominio a bosque que es parte del patrimonio natural del Estado, pues dicha extensión de cabida lo es dentro de la Reserva Cordillera Volcánica Central. 2) Debía la parte promovente demostrar su posesión decenal antes de esa afectación demanial con tres testigos tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley de Informaciones Posesorias, y no solamente con dos testimonios válidos. Nótese el tercer testimonio evacuado, era de una persona que tendría 5 años de edad para atestiguar sobre hechos de posesión que le debían constar en aquella época, lo que le convierte en un testimonio inválido, máxime se trataba de dar fe sobre un área de posesión de bosque sobre el restante de área a rectificar, sea sobre aproximadamente 60 hectáreas de más que se pretende rectificar. 3) Las declaraciones testificales hacen referencia a la posesión que tenía el promovente sobre la finca originalmente inscrita, sea hacen referencia a actividad lechera y pasturas, así como de protección del área montañosa que está contiguo a la conlindancia con el río. Ciertamente esa posesión existía ya que daba así sustento a la finca originalmente inscrita, sin embargo, con esa posesión de la finca inscrita, se pretende hacer valer como si fuera la posesión del resto del área que se pretende inscribir. No se indica por parte de estos testigos, en qué consistía la posesión del promovente sobre el resto del área que se quiere rectificar, sobre ése otro sector no hubo especificación de actos posesorios. Si observamos el mapa de uso actual de las tierras, según estudio de suelos, se determina que la ubicación de los bosques en áreas denominadas A, B, y C, no fueron referenciadas por los testigos al describir la posesión sobre ellas ejercidas. No hubo prueba al respecto, y por tal motivo debía ser rechazada la rectificación de medida solicitada.”

 

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

*110012450504CI*

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 7




PROCESO:

	

RECTIFICACION MEDIDA




PROMUEVE:

	

[Nombre1] 

VOTO N° 808-F-2016

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas y cincuenta y seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.-

          RECTIFICACIÓN DE MEDIDA promovid a po r [Nombre1]  , mayor, casado, agricultor, vecino de Alajuela, cédula CED1 -    -   . I ntervienen como parte s la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) representado por Susana Fallas Cubero, mayor, abogada, cédula CED2 -    -    y   el actual INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) , cédula j urídica CED3 -    -       -   , representada por Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula CED4 -    -   . Actúa como abogado director de la parte promovente Jorge Mario Murillo Murillo, carné seis ocho siete nueve. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela.-

RESULTANDO:

          1.- La parte promovente interpuso el proceso para que se rectifique de medida en el Registro Público Inmobiliario de "...la finca inscrita al Partido de HEREDIA matrícula número CED5CED6; situada en [Dirección1]      , [Dirección2]     Alajuela, de las provincias Heredia y Alajuela. La finca objeto de rectificación de medida colinda actualmente al norte con [Nombre1]  , PH Don Pedro Sociedad Anónima, Río San Fernando en parte. Al sur colinda con [Nombre2]   , Montañas del Río San Fernando Sociedad Anónima. Al este colinda con Río San Fernando, PH Don Pedro Sociedad Anónima en parte. Al oeste colinda con Montaña del Río San Fernando Sociedad Anónima y en parte [Dirección3]  con un frente a ésta de [Dirección4] metros lineales. La finca es de naturaleza de pasto, montaña, dos casas, un galerón. Se ordena la rectificación de la cabida de la citada finca, de acuerdo al plano catastrado número A-1748539-2014, para que se consigne en Registro Público una cabida real de OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS " ( escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, documentos asociados, de las ocho horas trece minutos con uno segundos del veintiuno de marzo del dos mil doce, folios 9 al 10, PRINCIPAL PARTE 1-[ 4 799,31KB ] /Agregar Documento -mar 21 2012 8:13AM, escritos; de las quince horas diecisiete minutos con siete segundos del nueve de octubre del dos mil doce, Escrito Eelectronico/oct 9 2012 3:17PM/APORTA: FOTOC. SIMPLE. CERTIF. INTA. SOLICITUD Y CERTIF. REG. NAC., de las diez horas treinta y nueve minutos con cuarenta y nueve segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, Escrito Eelectronico/Sep 1 2014 10:39AM/APORTA CERTIF, CERTIF REG NAC Y PLANO,de las catorce horas treinta y dos minutos con cuarenta y tres segundos del nueve de enero del dos mil quince, Escrito Eelectronico/Ene 9 2015 2:32PM/ESCRITO APORTA CERTIF Y 2 CERTIF REG NAC, de las nueve horas cincuenta y tres minutos con cuarenta y cinco segundos del dos de junio del dos mil dieciséis, Incorporar Escrito - ESCRITO DE 1 FL./Agregar documento - 02 Jun 2016 09:53AM; y documentos asociados, de las quince horas cuarenta y uno minutos con dos segundos del treinta de junio del dos mil dieciséis, Sentencia primera instancia (plantilla) (actualiza fase conclusiva)/EV=30/06/2016 15:46 ).-

          2.- La P GR y el INDER se aperson aron al proceso . El último renunció a futuras notificaciones (Escritorio Virtual del Juzgado Agrario Primer Circuito Judicial de Alajuela, escritos, de las trece horas trece minutos con treinta y uno segundos del once de febrero del dos mil trece; y de las catorce horas treinta y seis minutos con cuarenta y uno segundos del once de marzo del dos mil trece, respectivamente, Incorporar Escrito - Fax de la Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en calidad de Procuradora Adjunta. Asunto: Atención a audiencia conferida-[4,10MB] /Agregar Documento -feb 11 2013 1:13PM; y Incorporar Escrito - Escrito de la Lic. Marjorie Madrigal Muñoz Apoderada Judicial del Inder. Asunto: Apersonamiento-[0,40MB] /Agregar Documento -mar 11 2013 2:36PM).-

          3.- La jueza María Carolina Hurtado García, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela , en sentencia 59-2016 de 30 de junio de 2016 , resolvió: “POR TANTO: Con base en lo expuesto y citas de ley, se APRUEBA la presente diligencia de rectificación de medida promovida por [Nombre1]  , de calidades indicadas. En consecuencia: Proceda el Registro Público Inmobiliario, sin perjuicio de tercero de mejor derecho a RECTIFICAR la cabida de la finca inscrita al Partido de HEREDIA matrícula número CED5CED6; situada en [Dirección1]      , [Dirección5]  Heredia y [Dirección6] Alajuela, de las provincias Heredia y Alajuela. La finca objeto de rectificación de medida colinda actualmente al norte con [Nombre1]  , PH Don Pedro Sociedad Anónima, Río San Fernando en parte. Al sur colinda con [Nombre2]   , Montañas del Río San Fernando Sociedad Anónima. Al este colinda con Río San Fernando, PH Don Pedro Sociedad Anónima en parte. Al oeste colinda con Montaña del Río San Fernando Sociedad Anónima y en parte [Dirección3]  con un frente a ésta de 688,86 metros lineales. La finca es de naturaleza de pasto, montaña, dos casas, un galerón. Se ordena la rectificación de la cabida de la citada finca, de acuerdo al plano catastrado número A-1748539-2014, para que se consigne en Registro Público una cabida real de OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS. La finca citada fue estimada en diez millones de colones y las presentes diligencias en un millón de colones. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Informaciones Posesorias la presente rectificación no perjudicará a tercero durante los tres años posteriores a esta inscripción, por lo cual se hará constar dicho plazo de convalidación. En la inscripción se consignará que la finca queda afecta a las reservas de los artículos 4 de Ley General de Caminos Públicos, y 19 inciso a) Ley de Informaciones Posesorias. Además, que el agua contigua de las corrientes de agua es zona de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles según artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal No. 7575. Firme esta resolución expídase la ejecutoria respectiva" ( Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, documentos asociados, de las quince horas cuarenta y uno minutos con dos segundos del treinta de junio del dos mil dieciséis, Sentencia primera instancia (plantilla) (actualiza fase conclusiva)/EV=30/06/2016 15:46 ). -

           4.- La PGR interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia (Escritorio Virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, escritos, de las nueve horas veintisiete minutos con cuarenta y dos segundos del ocho de julio del dos mil dieciséis, Fax - Recurso de Apelación contra la Sentencia N°59-2016, y de las diez horas cuarenta y ocho minutos con treinta y siete segundos del ocho de julio del dos mil dieciséis, Incorporar Escrito - RECURSO DE APELACIÓN).-

          5 .- En la substanciación del proceso se respeta la normativa vigente y no existen errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-  

Redacta la Juez Alpízar Rodríguez, y;

CONSIDERANDO

I.- Se comparte lo concluido s obre lo hechos probados , por ser reflejo de lo que se deriva de la prueba evacuada.

           II.- En la sentencia impugnada 59-2016 de 30 de junio de 2016 , se acogió el proceso y se ordenó modificar la medida  de la finca del Partido de HEREDIA matrícula [Placa1], de acuerdo con el plano catastrado A-1748539-2014, para que se consigne como cabida real [Dirección7]        .   La Procuraduría General de la República (PGR) apela con base en los siguientes agravios: 1) Reclama, ese terreno está en la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, establecida mediante Decreto Ejecutivo 4961-A de 26 de junio de 1975. Considera, la prueba testimonial de [Nombre3]    resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal anterior a la entrada en vigencia de ese decreto (11 de julio de 1975). Dice, él indicó se "acuerda" del terreno hacía 40 años, es decir, en 1975 y según su edad habría nacido en 1960, por lo que tendría escasos 5 años para la fecha en que debe acreditarse el inicio de la posesión. Resalta precedentes de este Tribunal que consideran no creíbles testimonios de personas que tuviesen esa edad o menos para la fecha de los hechos que son objeto de prueba (votos 237 de 10 de marzo de 2006, 38 de 25 de enero de 2011 y 493 de 29 de mayo de 2013). Considera, la aprobación de este proceso requiere se demuestre la posesión decenal previa a la creación del área silvestre protegida con la declaración de tres testigos. Cita como respaldo votos 362 de 22 de marzo de 2012, 75 de 30 de enero de 2012 y 222 de 8 de marzo de 2011 de este Tribunal. 2) Sostiene, de acuerdo con el reconocimiento judicial, la prueba testimonial y el estudio de suelos, el terreno se dedica en un sector a ganadería. Considera que ese tipo de actividad es contraria a la vocación de las áreas silvestres protegidas. Se respalda en votos 1229 de 10 de noviembre de 2011, 1245 de 15 de noviembre de 2011 y 38 de 24 de enero de 2013. 3) Considera que los procesos de rectificación de medida deben cumplir todos los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, según interpretación que hace de lo indicado en votos 274 de 24 de abril de 2009, 309 de 13 de abril de 2010, 1159 de 9 de diciembre de 2010 y 1033 de 21 de setiembre de 2011. No expresa en concreto qué no se cumple en el caso, en relación con su reclamo. 4) Reclama, la sentencia impugnada no consignó que el área contigua a las nacientes constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles (artículos 33 de la Ley Forestal y 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), así como que las aguas subterráneas son de dominio público y no forman parte de la finca (numerales 1 y 3 de la Ley de Aguas, 4 del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente).

          III.- Dada lo que se alega en los agravios, es necesario resaltar que nuestro ordenamiento jurídico garantiza el derecho de rectificar la medida de terrenos inscritos a través del proceso de información posesoria, sea que se ubiquen dentro  o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos. Las áreas silvestres protegidas están reguladas en los artículos 32 a 38 de la Ley Orgánica del Ambiente 7554 de 4 de octubre de 1995 y 2 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Integran el patrimonio natural del Estado, regulado en la Ley Forestal 7575. Lo que quede comprendido dentro de tal es inembargable e inalienable, por ser dominio público (numeral 262 del Código Civil). Su posesión por las personas privadas no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria, salvo que estén en el supuesto de excepción del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite se titulen terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de esa afectación, pues a partir de ese momento, tales zona forman parte del dominio público.

          IV.- Con respecto a que con la declaración del testigo [Nombre3]    no se demostró la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva citada (es decir, mínimo diez años antes de julio de 1975) y que es indispensable que conste la declaración de tres testigos sobre ese dato para aprobarse el proceso, no lleva razón la recurrente. En la sentencia recurrida, al analizar la prueba testimonial recibida el 24 de febrero del 2015, la persona juzgadora de instancia indicó: "... analizadas las declaraciones testimoniales evacuadas, la cual constituye la prueba idónea, esta juzgadora tiene por demostrado que la posesión en el terreno por parte del promovente lo ha sido por más de diez años anteriores a la creación de esta Reserva. El testigo [Nombre4]   manifestó que tiene 68 años de edad. Hace como 30 años trabajó para el promovente. Dice el testigo [Nombre4]  que conoce el terreno desde que tenía 11 años de edad, es decir desde el año 1957 aproximadamente. Que el promovente tiene más de 30 años de ser dueño de este fundo, lo tiene dedicado a lechería, hay construcciones donde trabaja con las vacas... También: hay bosque en esta finca, por el Río San Fernando. Indica que conoció a anteriores dueños. Le consta que el terreno está  cercado con postes de madera, y alambre de púas. Señala que la propiedad ha sido la misma, desde que la conoce. En igual sentido, el deponente [Nombre5]   declaró que cuenta con 55 años de edad. Indica conoce el terreno desde toda la vida, nació en la zona donde se ubica la propiedad. Señala que la propiedad tiene una lechería con sus instalaciones, y hay bosque que es protección al Río San Fernando. Que el ganado cuenta con fierro. Le consta que las colindancias están cercadas, y hay una parte que el límite es ese río. Que el promovente es dueño de esta finca desde hace más de treinta años. Siempre se ha mantenido la misma finca, en cuanto a colindancia, es la misma que ha conocido. Por su parte, el declarante [Nombre6]    declaró que cuenta con 63 años de edad, y conoce la finca desde que llegó a ese lugar a los 6 años de edad. En ese sentido, conoce el fundo desde hace 57 años, sea desde finales de los años 50 del siglo pasado. Que el promovente es dueño de esta finca, desde hace más de treinta años. Le consta que el promovente dedica la finca a ganado de ordeño, hay montaña. En una época había cultivo de café en un sector. Dichos deponentes indican que conocen la finca con suficiente antelación, ya que son vecinos del lugar donde se sitúa el terreno, y lo conocen desde antes del año 1965. Son contestes en sus manifestaciones, y dan fe acerca de la posesión ejercida por el promovente, sin problemas con terceras personas, y como el inmueble se ha mantenido en cuanto a sus colindancias. Además, coinciden en la naturaleza del fundo. Consecuentemente, es clara la acreditación del presupuesto de posesión decenal a la creación de la Reserva que alude la representación estatal. Aunado a lo expuesto, en este caso se está ante un trámite de rectificación de medida de una finca inscrita, siendo que la finalidad es conciliar la cabida real ante Registro Nacional, de manera que el fundo está integrado a la titularidad registral del promovente".

          V.- Se comparte el análisis de la prueba testimonial que hizo la juzgadora de instancia. El testimonio objetado de [Nombre3]   , si bien es cierto a la fecha de la declaración dijo tener 55 años, lo que confirma que nació en 1060 y recuerda la finca desde hacía 40 años (1075), es un testimonio útil que se debe analizar con la restante prueba, en forma integral, y no verlo aisladamente, como lo pretende la PGR, para restarle eficacia y credibilidad. Su declaración es objetiva y concordante con lo que los otros dos testigos manifestaron, sin que existan elementos en autos que hagan dudar de la veracidad de lo atestiguado por ellos, en cuanto a que la finca estaba cercada, cuáles son sus límites y especialmente que no ha sido modificados, así como a qué se dedica. De la prueba testimonial se deriva, como correctamente concluyo la a quo, así como de la declaración jurada de la parte promovente el cómo se adquirió el terreno y que en su realidad material ha sido el mismo desde que lo posee tal persona, sobre el cual ya existe un derecho real de dominio tutelado constitucionalmente. Por ende, toda la prueba testimonial, incluido el testimonio objetado, es útil para demostrar el presupuesto esencial requerido en rectificaciones de medida: que se posea el mismo terreno que fue inscrito, sin modificaciones de sus límites originales. Es importante resaltar que en casos como el presente, ese dato es fundamental, porque el terreno ya está inscrito y pasó entonces el filtro que la ley establece previamente para inscribir terrenos que estén incluidos en áreas protegidas. Por ende, lo que se debe demostrar en este proceso, más que de nuevo la posesión y desde cuándo se posee, es que los límites no ha sido modificados, para evitar que a través de un proceso de rectificación se adquiera ilegalmente más tierra que la realmente poseída y ya titulada legalmente, especialmente si el terreno está incluido en un área silvestre protegida.

          VI.- En cuanto a que deben existir 3 declaraciones conformes en forma absoluta en cuanto al dato de posesión anterior a la fecha de creación del área silvestre protegida, tampoco lleva razón  la PGR. En la valoración de la prueba en materia agraria el numeral 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria exige se estudi en y seleccion en las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. Deben e xpresar se los principios de equidad o de derecho sobre los cuales basa su criterio un tribunal. Al respecto, la Sala Constitucional ha explicado: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" ( voto 3657 del 7 de mayo de 2003 . Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y  364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). Por ende, la prueba debe ser analizada forma integral con el resto de elementos probatorios y debe valorarse en función de las circunstancias del caso concreto, máxime en procesos de rectificación de medida, donde no se pretende inscribir un terreno, sino hacer concordar su medida registral con la realidad material, como lo resaltó la juzgadora de instancia. En este caso, los tres testigos declararon en forma coincidente y ofrecen información con base en sus conocimientos, que son veraces y concordantes con las restantes pruebas, referidos a datos fundamentales del terreno y lo que era necesario probar para autorizar la rectificación de la medida. Y dado lo que señala la PGR sobre precedentes jurisdiccionales, se aclara que el Tribunal lo que debe exigir es congruencia entre los elementos probatorios y lo manifestado con carácter de declaración jurada por quien titula, pero ello no implica exactitud ni mucho menos que haya una coincidencia en todos y cada uno de los aspectos referidos en las testimoniales.

          VII.- El segundo agravio tampoco es de recibo. El que un sector del terreno esté dedicado a ganadería, no es un impedimento para rectificar su medida. Además, de acuerdo con el estudio de suelos, se ha ejercido el uso conforme de ese bien ambiental. Es importante resaltar que el presente asunto no es un proceso de información posesoria, sino uno de rectificación de medida. El derecho constitucional de dominio otorga a la persona propietaria facultades o atributos de modificación y tutela, como lo es ajustar la medida registral a la real (numerales 264 y 290 del Código Civil). Es también un elemento importante en materia registral y catastral, que los datos del Registro Público Inmobiliario sean los reales (numerales 459 del Código Civil). Si por la actividad desarrollada actualmente en el terreno existe una infracción a la normativa ambiental, por estar éste inmerso en un área silvestre protegida, existen mecanismos que permiten determinar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativo que podría recaer sobre la persona propietaria. También existen límites y limitaciones de orden ambiental que deben ser respetados por ella y que pueden ser sancionados en diversas vías. Pero ese dato no implica ni permite que se le pueda negar el acceso al derecho tutelado en este tipo de procesos, pues como propietario puede transformar y usufructar el bien en toda actividad que el ordenamiento jurídico no prohíba. Si la actividad ganadera es imcompatible absolutamente con el tipo de área silvestre protegida, pero el terreno está legalmente inscrito, el Estado debe aplicar las medidas pertinentes para su recuperación, previa expropiación del terreno. Si no es así, debe verificar que las limitaciones soportables se cumplan en la forma debida por la persona propietaria (artículos 45 y 50 de la Constitución Política).

          VIII.- El tercer agravio resulta improcedente, porque no se especifica qué es lo que no se cumplió debidamente. En todo caso, se aclara que los procesos de rectificación de medida no son procesos de información posesoria. Si una finca inscrita tiene una medida reportada registralmente diferente a la que resulta de su realidad material, el procedimiento que la persona legisladora dispuso para su corrección se llama "Rectificación de Medida". Tal está regulado en la Ley de Informaciones Posesorias 139  de  14 de Julio  de  1941 (artículos 12 y 13), y puede ser tramitado en la vía notarial o en la judicial, dependiendo de la cantidad de metros que sea necesario rectificar. El hecho de que estén regulados en el mismo cuerpo legal no implica que se trata de un mismo procedimiento (aunque tengan semejanzas), ni tampoco que se pueda por una corrección de medida lograr inscribir como finca independiente un terreno que ya forma parte de una finca inscrita. Es importante destacar que son distintos procesos, tienen finalidades  diversas y requisitos diferentes, aunque compartan gran cantidad de ellos. El procedimiento de rectificación de medida es así un proceso especial, no contencioso, regulado en la Ley  de  Informaciones Posesorias, que permite,  previo  el  cumplimiento  de  una  serie  de requisitos, al titular del derecho de propiedad de un fundo inscrito rectificar su medida a través de las siguientes vías: a) en el mismo expediente original; b) Si tal no apareciere, mediante una solicitud de rectificación, acompañada de una certificación del asiento respectivo y en la medida de lo posible, examinándose de nuevo a las personas testigas que ya declararon, si pudieran ser habidas, caso contrario otros testigas, a fin de que atestigüen sobre la identidad de la finca; c) Dependiendo del porcentaje que se pide rectificar, para aumentar, basta con la sola declaración de la persona propietaria en escritura pública; d) En caso de tratarse de una disminución, solo es necesaria la manifestación expresa en escritura pública y contar con el plano catastrado respectivo (artículos 12 a 14 de la Ley citada). Por disposición expresa del numeral 12 citado, la cabida de un inmueble ya rectificado no puede ser rectificada por ningún motivo, salvo que se trate de enmendar un error de cálculo de plano resultante de los detalles de medida. De acuerdo con lo expuesto, un presupuesto legal esencial para que se pueda admitir este tipo de gestión, es que el inmueble a rectificar esté inscrito. En las informaciones posesorias el terreno no puede estar previamente inscrito. Esas diferencias y otras más hacen que algunos requisitos sean diferentes, por ejemplo, el tipo de certificaciones registrales que se deben aportar (contenido).

          VI.- Finalmente, en cuanto a que la sentencia apelada omite indicar que el área contigua a la naciente es área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles (artículos 33 de la Ley Forestal y 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), así como que las aguas subterráneas son de dominio público y no forman parte de la finca (numerales 1 y 3 de la Ley de Aguas, 4 del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente), ciertamente lleva razón la Procuraduría. Sin embargo, dicha omisión puede ser subsanada de oficio o a través de una solicitud de ampliación o adición del fallo (artículos 158 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). Por consiguiente, ello debe ser reclamado oportunamente a través de los remedios establecidos al efecto y no como agravio de un recurso de apelación. No obstante, por economía procesal y por ser un aspecto que incluso de oficio se puede haber corregido, esta Instancia procede a ordenar se adicione la sentencia recurrida en el sentido solicitado por la Procuraduría.

           V I I .- De conformidad con lo expuesto, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que fue objeto de apelación. Adiciónese al por tanto de la misma, que el área contigua a la naciente es área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles (artículos 33 de la Ley Forestal y 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), así como que las aguas subterráneas son de dominio público y no forman parte de la finca (numerales 1 y 3 de la Ley de Aguas, 4 del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente).

          VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre7]

No se comparte el voto de mayoría por las siguientes razones: 1) Se pretende rectificar un inmueble que originalmente tendría una medida de 223.547 m2, para pasar a una medida de 803.466 m2, es decir se pretende aumentar la cabida en más de un 300%, lo que implica no se trataba de un error de cálculo cuando se hizo la inscripción original. Lo anterior implica, la parte promovente pretende expandir su dominio a bosque que es parte del patrimonio natural del Estado, pues dicha extensión de cabida lo es dentro de la Reserva Cordillera Volcánica Central. 2) Debía la parte promovente demostrar su posesión decenal antes de esa afectación demanial con tres testigos tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley de Informaciones Posesorias, y no solamente con dos testimonios válidos. Nótese el tercer testimonio evacuado, era de una persona que tendría 5 años de edad para atestiguar sobre hechos de posesión que le debían constar en aquella época, lo que le convierte en un testimonio inválido, máxime se trataba de dar fe sobre un área de posesión de bosque sobre el restante de área a rectificar, sea sobre aproximadamente 60 hectáreas de más que se pretende rectificar. 3) Las declaraciones testificales hacen referencia a la posesión que tenía el promovente sobre la finca originalmente inscrita, sea hacen referencia a actividad lechera y pasturas, así como de protección del área montañosa que está contiguo a la conlindancia con el río. Ciertamente esa posesión existía ya que daba así sustento a la finca originalmente inscrita, sin embargo, con esa posesión de la finca inscrita, se pretende hacer valer como si fuera la posesión del resto del área que se pretende inscribir. No se indica por parte de estos testigos, en qué consistía la posesión del promovente sobre el resto del área que se quiere rectificar, sobre ése otro sector no hubo especificación de actos posesorios. Si observamos el mapa de uso actual de las tierras, según estudio de suelos, se determina que la ubicación de los bosques en áreas denominadas A, B, y C, no fueron referenciadas por los testigos al describir la posesión sobre ellas ejercidas. No hubo prueba al respecto, y por tal motivo debía ser rechazada la rectificación de medida solicitada.

  POR TANTO

En lo que ha sido objeto de apelación , se confirma la sentencia. Adiciónese al por tanto de la misma, que el área contigua a la naciente es área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles (artículos 33 de la Ley Forestal y 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), así como que las aguas subterráneas son de dominio público y no forman parte de la finca (numerales 1 y 3 de la Ley de Aguas, 4 del Código de Minería y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente). Voto salvado de la Jueza Alvarado Paniagua.

 

 

 

 

 

 

 

	

NAESFIBTITS61

RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A

DECISOR/A

 

 

9OPTGSFYOS061

[Nombre8]  -

JUEZ/A DECISOR/A

	

OU2SY0DWCGE61

[Nombre7]   -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

 

            

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección8] ,     , [Dirección9]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:24:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

II.- In the challenged judgment 59-2016 of June 30, 2016, the proceeding was granted and it was ordered to modify the area of the property of the District of HEREDIA, registration number [Placa1], in accordance with cadastral map A-1748539-2014, so that its actual area is recorded as EIGHT HUNDRED THREE THOUSAND [Dirección7] SQUARE METERS. The Attorney General's Office (Procuraduría General de la República, PGR) appeals based on the following grievances: 1) It argues that this land is in the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve, established by Executive Decree 4961-A of June 26, 1975. It considers that the testimonial evidence of [Nombre1] is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession prior to the entry into force of that decree (July 11, 1975). It states that he indicated he "remembers" the land from about 40 years ago, that is, in 1975, and according to his age he would have been born in 1960, so he would have been barely 5 years old at the date on which the beginning of possession must be proven. It highlights precedents of this Court that consider as not credible the testimony of persons who were that age or younger at the date of the facts that are the subject of evidence (judgments 237 of March 10, 2006, 38 of January 25, 2011, and 493 of May 29, 2013). It considers that the approval of this proceeding requires demonstrating ten-year possession prior to the creation of the wildland protected area (área silvestre protegida) with the statement of three witnesses. It cites as support judgments 362 of March 22, 2012, 75 of January 30, 2012, and 222 of March 8, 2011, of this Court. 2) It argues that, according to the judicial inspection, the testimonial evidence, and the soil study, a portion of the land is dedicated to cattle ranching. It considers that this type of activity is contrary to the purpose of wildland protected areas. It relies on judgments 1229 of November 10, 2011, 1245 of November 15, 2011, and 38 of January 24, 2013. 3) It considers that area rectification proceedings must meet all the requirements of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), according to its interpretation of what was indicated in judgments 274 of April 24, 2009, 309 of April 13, 2010, 1159 of December 9, 2010, and 1033 of September 21, 2011. It does not state concretely what was not complied with in this case, in relation to its claim. 4) It argues that the challenged judgment did not record that the area adjacent to the springs (nacientes) constitutes a protection area and the cutting or clearing of trees is prohibited (articles 33 of the Forest Law (Ley Forestal) and 148, 149, and 151 of the Water Law (Ley de Aguas)), as well as that groundwater is of public domain and does not form part of the property (articles 1 and 3 of the Water Law, 4 of the Mining Code, and 50 of the Organic Environmental Law).

III.- Given what is alleged in the grievances, it is necessary to highlight that our legal system guarantees the right to rectify the area of land registered through the possessory information proceeding, whether located within or outside wildland protected areas, provided that all legal requirements demanded in the various regulatory bodies are met. Wildland protected areas are regulated in articles 32 to 38 of the Organic Environmental Law 7554 of October 4, 1995, and 2 of the Wildlife Conservation Law. They form part of the natural heritage of the State, regulated in the Forest Law 7575. Whatever is comprised within such areas is unseizable and inalienable, as it is public domain (article 262 of the Civil Code). Their possession by private persons does not grant them any right, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of those lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information, unless they fall under the exception of article 7 of the Law of Possessory Informations, which allows the titling of lands comprised within wildland protected areas, provided that the property right had been consolidated at least ten years before the declaration of that encumbrance, since from that moment on, such zones form part of the public domain.

IV.- Regarding the claim that the statement of witness [Nombre1] did not demonstrate ten-year possession prior to the creation of the cited Reserve (that is, at least ten years before July 1975) and that it is essential that the statement of three witnesses on that fact be recorded to approve the proceeding, the appellant is not correct. In the appealed judgment, when analyzing the testimonial evidence received on February 24, 2015, the trial judge indicated: "... having analyzed the testimonial statements given, which constitute the suitable evidence, this judge deems it proven that possession on the land by the petitioner has been for more than ten years prior to the creation of this Reserve. Witness [Nombre2] stated that he is 68 years old. About 30 years ago he worked for the petitioner. Witness [Nombre2] says that he has known the land since he was 11 years old, that is, since approximately 1957. That the petitioner has been the owner of this property for more than 30 years, he has it dedicated to dairy farming, there are buildings where he works with the cows... Also: there is forest on this property, on the [Dirección2] side. He indicates that he knew previous owners. He attests that the land is fenced with wooden posts and barbed wire. He points out that the property has been the same since he has known it. In the same vein, deponent [Nombre3] declared that he is 55 years old. He indicates he has known the land all his life, he was born in the area where the property is located. He points out that the property has a dairy with its installations, and there is forest that is protection for the San Fernando River. That the cattle have a brand. He attests that the boundaries are fenced, and there is a part where the limit is that river. That the petitioner has been the owner of this property for more than thirty years. The property has always been maintained the same, as to boundaries, it is the same as he has known. For his part, declarant [Nombre4] declared that he is 63 years old, and he has known the property since he arrived at that place at 6 years of age. In that sense, he has known the property for 57 years, that is, since the end of the 1950s. That the petitioner has been the owner of this property for more than thirty years. He attests that the petitioner dedicates the property to dairy cattle, there is forest. At one time there was coffee cultivation in one sector. These deponents indicate that they have known the property with sufficient advance notice, as they are neighbors of the place where the land sits, and they have known it since before 1965. They are consistent in their statements, and attest to the possession exercised by the petitioner, without problems with third parties, and how the property has been maintained as to its boundaries. In addition, they coincide on the nature of the property. Consequently, the proof of the prerequisite of ten-year possession prior to the creation of the Reserve alleged by the state representation is clear. In addition to the above, in this case we are dealing with a proceeding for rectification of area of a registered property, the purpose being to reconcile the actual area with the National Registry, so that the property is integrated into the petitioner's registered title."

V.- The analysis of the testimonial evidence made by the trial judge is shared. The objected testimony of [Nombre1], although it is true that at the date of his statement he said he was 55 years old, which confirms that he was born in 1960 and remembers the property from 40 years ago (1975), is useful testimony that must be analyzed with the remaining evidence, in an integral manner, and not viewed in isolation, as the PGR intends, to reduce its efficacy and credibility. His statement is objective and consistent with what the other two witnesses declared, without there being elements in the case file that cast doubt on the veracity of what they testified to, regarding that the property was fenced, what its boundaries are, and especially that they have not been modified, as well as what it is used for. From the testimonial evidence it can be derived, as the trial judge correctly concluded, as well as from the sworn statement of the petitioner, how the land was acquired and that in its material reality it has been the same since that person has possessed it, over which a real right of ownership constitutionally protected already exists. Therefore, all the testimonial evidence, including the objected testimony, is useful to demonstrate the essential requirement needed in area rectifications: that the same land that was registered is being possessed, without modifications to its original boundaries. It is important to highlight that in cases like this one, this fact is fundamental, because the land is already registered and therefore already passed the filter that the law previously establishes to register lands that are included in protected areas. Therefore, what must be demonstrated in this proceeding, more so than once again the possession and since when it has been possessed, is that the boundaries have not been modified, to prevent that through a rectification proceeding more land is illegally acquired than what was actually possessed and already legally titled, especially if the land is included in a wildland protected area.

VI.- As to the claim that there must be 3 absolutely consistent statements regarding the fact of possession prior to the date of creation of the wildland protected area, the PGR is also not correct. In the evaluation of evidence in agrarian matters, article 54 of the Law of the Agrarian Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Agraria) requires that the sources of evidence obtained be studied and selected, in order to establish their efficacy to resolve the conflict brought before it, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The principles of equity or law on which a court bases its criterion must be expressed. In this regard, the Constitutional Chamber has explained: "..., the appreciation of evidence in conscience does not imply resolving arbitrarily, since every judge - as a public official that he is - is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative to adapt public action, not only to the specific norms on a determined object, but to the entire block of legality; therefore, he cannot decide with disregard for constitutional principles and rights, since he is limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which when duly applied lead to the harmony of the judicial appreciation with the Political Constitution, just as this Chamber understood in judgment 3484-94, at twelve o'clock on July eighth, nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to appreciate evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to provide reasons for their rulings, a constitutional principle that integrates due process... () the power granted to the agrarian judge to appreciate evidence in conscience and evaluate it without strict subjection to the norms of common law according to the provisions of the second paragraph of the challenged article 54 is not unconstitutional, provided that a reasoned ruling is issued, that is, it analyzes the result of the evidence collected in the proceeding and expresses the principles of equity or law on which it bases its criterion, thereby respecting the minimum contents of the right of defense" (judgment 3657 of May 7, 2003. See in the same sense judgment No. 398 of June 6, 2001, of the First Chamber. In the same sense see judgments No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009, and No. 364 of May 28, 2009, of the Agrarian Court). Therefore, the evidence must be analyzed integrally with the rest of the probative elements and must be evaluated according to the circumstances of the specific case, especially in area rectification proceedings, where the intent is not to register a land, but to make its registered area match the material reality, as the trial judge highlighted. In this case, the three witnesses testified consistently and offered information based on their knowledge, which is truthful and consistent with the remaining evidence, referring to fundamental data of the land and what was necessary to prove to authorize the rectification of the area. And given what the PGR points out about jurisdictional precedents, it is clarified that what the Court must require is consistency between the probative elements and what is stated under oath by the person who is titling, but this does not imply exactitude, much less that there be a coincidence in each and every one of the aspects referred to in the testimonies.

VII.- The second grievance is also not acceptable. That a portion of the land is dedicated to cattle ranching is not an impediment to rectifying its area. In addition, according to the soil study, the compliant use of this environmental asset has been exercised. It is important to highlight that the present matter is not a possessory information proceeding, but one for rectification of area. The constitutional right of ownership grants the property owner powers or attributes of modification and protection, such as adjusting the registered area to the real one (articles 264 and 290 of the Civil Code). It is also an important element in property registration and cadastral matters, that the data in the Public Immovable Registry be real (article 459 of the Civil Code). If the activity currently carried out on the land constitutes an infraction of environmental regulations, because it is immersed in a wildland protected area, mechanisms exist that allow determining the civil, criminal, or administrative liability that could fall on the property owner. There also exist limits and limitations of an environmental nature that must be respected by the owner and that can be sanctioned through various means. But this fact does not imply nor allow that access to the right protected in this type of proceeding can be denied, since as owner the person can transform and enjoy the asset in any activity that the legal system does not prohibit. If the cattle ranching activity is absolutely incompatible with the type of wildland protected area, but the land is legally registered, the State must apply the pertinent measures for its recovery, after expropriation of the land. If it is not so, it must verify that the bearable limitations are complied with in due form by the property owner (articles 45 and 50 of the Political Constitution).

VIII.- The third grievance is inadmissible, because it does not specify what was not properly complied with. In any case, it is clarified that area rectification proceedings are not possessory information proceedings. If a registered property has a register-reported area different from what results from its material reality, the procedure that the legislator provided for its correction is called "Rectification of Area". This is regulated in the Law of Possessory Informations 139 of July 14, 1941 (articles 12 and 13), and can be processed through the notarial or judicial route, depending on the quantity of square meters that need to be rectified. The fact that they are regulated in the same legal body does not imply that it is the same proceeding (even though they have similarities), nor that through a correction of area one can achieve registration as an independent property of land that already forms part of a registered property. It is important to note that they are distinct proceedings; they have different purposes and different requirements, even though they share a great number of them. The area rectification proceeding is thus a special, non-contentious proceeding, regulated in the Law of Possessory Informations, which allows, upon compliance with a series of requirements, the holder of the property right of a registered property to rectify its area through the following means: a) in the same original case file; b) If that file does not appear, by means of a rectification request, accompanied by a certification of the respective entry and, as far as possible, re-examining the testifying persons who already declared, if they can be located, otherwise other testifers, so that they testify as to the identity of the property; c) Depending on the percentage requested to be rectified, to increase it, the sole statement of the property owner in a public deed is sufficient; d) In the case of a decrease, only the express statement in a public deed is necessary and to have the respective cadastral map (articles 12 to 14 of the cited Law). By express provision of cited article 12, the area of an already rectified property cannot be rectified for any reason, except to amend a calculation error in the map resulting from the measurement details. According to the foregoing, an essential legal prerequisite for this type of action to be admissible is that the property to be rectified is registered. In possessory informations, the land cannot be previously registered. Those differences and others mean that some requirements are different, for example, the type of registry certifications that must be provided (content)."

The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República, PGR) appeals based on the following grievances: 1) It claims that the land is within the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central), established by Decreto Ejecutivo 4961-A of June 26, 1975. It considers that the testimonial evidence of [Name3] is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession prior to the entry into force of that decree (July 11, 1975). It says that he stated he “remembered” the land from 40 years ago, that is, in 1975, and according to his age, he would have been born in 1960, so he would have been barely 5 years old on the date when the beginning of possession must be accredited. It highlights precedents of this Court that consider as not credible the testimony of persons who were that age or younger at the time of the facts that are the subject of proof (votes 237 of March 10, 2006, 38 of January 25, 2011, and 493 of May 29, 2013). It considers that the approval of this proceeding requires demonstrating ten-year possession prior to the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida) with the declaration of three witnesses. It cites as support votes 362 of March 22, 2012, 75 of January 30, 2012, and 222 of March 8, 2011, of this Court. 2) It maintains that, according to the judicial inspection, the testimonial evidence, and the soil study, a sector of the land is used for cattle ranching. It considers that this type of activity is contrary to the purpose of protected wilderness areas. It relies on votes 1229 of November 10, 2011, 1245 of November 15, 2011, and 38 of January 24, 2013. 3) It considers that proceedings for the correction of area (rectificación de medida) must comply with all the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, according to its interpretation of what is indicated in votes 274 of April 24, 2009, 309 of April 13, 2010, 1159 of December 9, 2010, and 1033 of September 21, 2011. It does not specifically state what is not being complied with in this case in relation to its claim. 4) It claims that the appealed judgment failed to record that the area adjacent to the springs (nacientes) constitutes a protection area and that the felling or elimination of trees is prohibited (articles 33 of the Ley Forestal and 148, 149, and 151 of the Ley de Aguas), as well as that groundwater is part of the public domain and does not form part of the property (articles 1 and 3 of the Ley de Aguas, 4 of the Código de Minería, and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente).

III.- Given what is alleged in the grievances, it is necessary to emphasize that our legal system guarantees the right to correct the area of registered lands through the possessory information (información posesoria) proceeding, whether they are located within or outside protected wilderness areas, provided that all the legal requirements demanded in the various regulatory bodies are met. Protected wilderness areas are regulated in articles 32 to 38 of the Ley Orgánica del Ambiente 7554 of October 4, 1995, and 2 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre. They comprise the natural heritage of the State, regulated in the Ley Forestal 7575. Whatever is included within such areas is unseizable and inalienable, being part of the public domain (article 262 of the Código Civil). Their possession by private persons does not grant them any right, and the State’s action for recovery (acción reivindicatoria) of those lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information, unless they fall under the exception provided in Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which allows titling of lands comprised within protected wilderness areas, provided that the right of ownership was consolidated at least ten years before the declaration of that encumbrance, since from that moment on, such zones form part of the public domain.

IV.- Regarding the claim that the declaration of witness [Name3] did not demonstrate ten-year possession prior to the creation of the cited Reserve (that is, at least ten years before July 1975) and that it is essential that the declaration of three witnesses regarding that fact appear in order to approve the proceeding, the appellant is incorrect. In the appealed judgment, when analyzing the testimonial evidence received on February 24, 2015, the trial judge stated: “... having analyzed the testimonial declarations taken, which constitute the appropriate evidence, this judge considers it proven that possession of the land by the petitioner has been for more than ten years prior to the creation of this Reserve. Witness [Name4] stated that he is 68 years old. About 30 years ago he worked for the petitioner. Witness [Name4] says that he has known the land since he was 11 years old, that is to say, approximately since 1957. That the petitioner has been the owner of this property for more than 30 years, that it is dedicated to dairy farming, there are buildings where he works with the cows... Also: there is forest on this property, along the Río San Fernando. He indicates that he knew previous owners. He confirms that the land is fenced with wooden posts and barbed wire. He points out that the property has been the same, ever since he has known it. In the same vein, deponent [Name5] declared that he is 55 years old. He indicates he has known the land his whole life; he was born in the area where the property is located. He points out that the property has a dairy farm with its facilities, and there is forest that serves as protection for the Río San Fernando. That the cattle have a brand. He confirms that the boundaries are fenced, and there is a part where the boundary is that river. That the petitioner has been the owner of this property for more than thirty years. The property has always remained the same; regarding its boundaries, it is the same one he has known. For his part, declarant [Name6] declared that he is 63 years old, and he has known the property since he arrived at that place at the age of 6. In that sense, he has known the property for 57 years, that is, since the late 1950s. That the petitioner has been the owner of this property for more than thirty years. He confirms that the petitioner dedicates the property to dairy cattle; there is forested mountain. At one time there was coffee cultivation in a sector. These deponents indicate that they have known the property sufficiently far back in time, since they are neighbors of the place where the land is located, and they have known it since before 1965. They are in agreement in their statements, and they attest to the possession exercised by the petitioner, without problems with third parties, and to how the property has been maintained regarding its boundaries. Furthermore, they coincide on the nature of the property. Consequently, the accreditation of the requirement of ten-year possession prior to the creation of the Reserve to which the State representation alludes is clear. In addition to the foregoing, in this case we are dealing with a proceeding to correct the area of a registered property, the purpose being to reconcile the real area with the National Registry, so that the property is integrated into the registered title of the petitioner.”

V.- The analysis of the testimonial evidence made by the trial judge is shared. The objected testimony of [Name3], although it is true that on the date of the declaration he stated he was 55 years old, which confirms that he was born in 1960 and remembers the property from 40 years ago (1975), is useful testimony that must be analyzed together with the remaining evidence, in an integral manner, and not viewed in isolation, as the PGR intends, in order to detract from its efficacy and credibility. His declaration is objective and concordant with what the other two witnesses stated, without there being elements in the case file that cast doubt on the veracity of what they testified, regarding the fact that the property was fenced, what its boundaries are and especially that they have not been modified, as well as what it is used for. It derives from the testimonial evidence, as the lower court correctly concluded, as well as from the sworn declaration of the petitioner, how the land was acquired and that in its material reality it has been the same since that person possessed it, over which a constitutionally protected real right of ownership already exists. Therefore, all the testimonial evidence, including the objected testimony, is useful for demonstrating the essential requirement needed in area corrections: that the same land that was registered is being possessed, without modifications to its original boundaries. It is important to emphasize that in cases like the present one, this fact is fundamental, because the land is already registered and has therefore passed the filter that the law previously establishes for registering lands that are included in protected areas. Therefore, what must be demonstrated in this proceeding, more than possession anew and since when it has been possessed, is that the boundaries have not been modified, in order to prevent that through a correction proceeding, more land is illegally acquired than what is actually possessed and already legally titled, especially if the land is included in a protected wilderness area.

VI.- As to the requirement that there must be 3 absolutely consistent declarations regarding the fact of possession prior to the date of creation of the protected wilderness area, the PGR is also incorrect. In the assessment of evidence in agrarian matters, article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria requires that the sources of evidence obtained be studied and selected in order to establish their efficacy for resolving the dispute submitted for consideration, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The principles of equity or law on which a court bases its criterion must be expressed. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has explained: “..., the assessment of evidence in conscience does not imply resolving in an arbitrary manner, since every judge—as a public official—is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of conformity of public action, not only to the specific norms on a given matter, but also to the entire body of legality; therefore, he cannot rule in disregard of constitutional principles and rights, since he is limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, duly applied, lead to the harmony of jurisdictional appreciation with the Political Constitution, just as this Chamber understood in judgment 3484-94, at twelve o'clock on July eighth, nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to assess evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to ground their decisions, a constitutional principle that is part of due process... () the power granted to the agrarian judge to assess evidence in conscience and value it without strict subjection to the norms of common law, as provided in the second paragraph of the challenged article 54, is not unconstitutional, provided that a reasoned decision is issued, that is, he analyzes the result of the evidence collected in the proceeding and expresses the principles of equity or law on which he bases his criterion, thereby respecting the minimum content of the right of defense” (vote 3657 of May 7, 2003. See in the same sense votes No. 398 of June 6, 2001, of the First Chamber. In the same sense, see votes No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009, and 364 of May 28, 2009, of the Agrarian Court). Therefore, the evidence must be analyzed in an integral manner with the rest of the evidentiary elements and must be assessed according to the circumstances of the specific case, especially in area correction proceedings, where the purpose is not to register a land, but to make its registered area correspond to material reality, as the trial judge emphasized. In this case, the three witnesses testified in a coincident manner and offered information based on their knowledge, which is truthful and concordant with the remaining evidence, referring to fundamental facts about the land and what was necessary to prove in order to authorize the area correction. And given what the PGR points out regarding jurisdictional precedents, it is clarified that what the Court must demand is congruence among the evidentiary elements and what is stated under oath by the person seeking title, but this does not imply exactness, much less that there be a coincidence in each and every one of the aspects referred to in the testimonies.

VII.- The second grievance is also not admissible. That a sector of the land is dedicated to cattle ranching is not an impediment to correcting its area. Moreover, according to the soil study, the compliant use of that environmental asset has been exercised. It is important to emphasize that the present matter is not a possessory information proceeding, but rather one for area correction. The constitutional right of ownership grants the owner powers or attributes of modification and protection, such as adjusting the registered area to the real one (articles 264 and 290 of the Código Civil). It is also an important element in registry and cadastral matters that the data of the Public Real Estate Registry be real (article 459 of the Código Civil). If, due to the activity currently carried out on the land, there is an infraction of environmental regulations, because it is immersed in a protected wilderness area, mechanisms exist to determine the civil, criminal, or administrative liability that could fall upon the owner. There also exist limits and limitations of an environmental nature that must be respected by the owner and that can be sanctioned through various channels. But this fact neither implies nor allows denying access to the right protected in this type of proceeding, since as an owner, one can transform and usufruct the property in any activity not prohibited by the legal system. If cattle ranching activity is absolutely incompatible with the type of protected wilderness area, but the land is legally registered, the State must apply the pertinent measures for its recovery, following expropriation of the land. If it is not so, it must verify that the tolerable limitations are complied with in due form by the owner (articles 45 and 50 of the Political Constitution).

VIII.- The third grievance is without merit, because it is not specified what was not duly complied with. In any case, it is clarified that area correction proceedings are not possessory information proceedings. If a registered property has an area reported registrally different from that resulting from its material reality, the procedure that the legislator provided for its correction is called “Area Correction” (Rectificación de Medida). This is regulated in the Ley de Informaciones Posesorias 139 of July 14, 1941 (articles 12 and 13), and it can be processed through a notarial or judicial channel, depending on the number of meters that need to be corrected. The fact that they are regulated in the same body of law does not imply that it is the same procedure (although they have similarities), nor that an area correction can be used to register as an independent property a land that already forms part of a registered property. It is important to highlight that they are different proceedings; they have diverse purposes and different requirements, although they share a great many of them. The area correction procedure is thus a special, non-contentious proceeding, regulated in the Ley de Informaciones Posesorias, which allows, upon compliance with a series of requirements, the holder of the ownership right over a registered property to correct its area through the following means: a) in the same original file; b) If such file does not appear, through a request for correction, accompanied by a certification of the respective entry and, to the extent possible, examining again the witnesses who already testified, if they can be found, or otherwise other witnesses, so that they attest to the identity of the property; c) Depending on the percentage requested for correction, to increase it, the sole declaration of the owner in a public deed is sufficient; d) In the case of a decrease, only express manifestation in a public deed and having the respective cadastral map are necessary (articles 12 to 14 of the cited Law). By express provision of cited article 12, the area of a property already corrected cannot be corrected for any reason, unless it is a matter of amending a calculation error in the map resulting from the measurement details. According to the foregoing, an essential legal requirement for this type of petition to be admissible is that the property to be corrected be registered. In possessory information proceedings, the land cannot be previously registered. These differences and others make some requirements different, for example, the type of registry certifications that must be provided (content).

VI.- Finally, regarding the fact that the appealed sentence omits to indicate that the area adjacent to the spring is a protection area and that the felling or elimination of trees is prohibited (articles 33 of the Ley Forestal and 148, 149, and 151 of the Ley de Aguas), as well as that groundwater is part of the public domain and does not form part of the property (articles 1 and 3 of the Ley de Aguas, 4 of the Código de Minería, and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente), the Office of the Attorney General is indeed correct. However, said omission can be remedied ex officio or through a request for amplification or addition of the decision (article 158 of the Código Procesal Civil, applied supplementarily). Consequently, this must be claimed in a timely manner through the remedies established for that purpose, and not as a grievance in an appeal. Nevertheless, for procedural economy and because it is an aspect that could even have been corrected ex officio, this Instance proceeds to order that the appealed judgment be added to in the sense requested by the Office of the Attorney General.

V I I.- In accordance with the foregoing, it is appropriate to confirm the appealed judgment regarding what was the subject of the appeal. Let the operative part (Por tanto) of the same be added to, stating that the area adjacent to the spring is a protection area and that the felling or elimination of trees is prohibited (articles 33 of the Ley Forestal and 148, 149, and 151 of the Ley de Aguas), as well as that groundwater is part of the public domain and does not form part of the property (articles 1 and 3 of the Ley de Aguas, 4 of the Código de Minería, and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente).

DISSENTING VOTE OF JUDGE [Name7]

The majority vote is not shared for the following reasons: 1) The intention is to correct a property that originally supposedly had an area of 223,547 m2, going to an area of 803,466 m2; that is, the intention is to increase the total area by more than 300%, which implies that it was not a calculation error when the original registration was made. The foregoing implies that the petitioner intends to expand his ownership into forest that is part of the natural heritage of the State, since this expansion of area takes place within the Cordillera Volcánica Central Reserve. 2) The petitioner was required to demonstrate his ten-year possession prior to that public domain encumbrance with three witnesses, as established by Article 5 of the Ley de Informaciones Posesorias, and not only with two valid testimonies. Note that the third testimony given was from a person who would have been 5 years old to attest to facts of possession that should have been evident to him at that time, which makes it invalid testimony, especially since it involved attesting to an area of possession of forest over the remaining area to be corrected, that is, approximately 60 additional hectares intended to be corrected. 3) The testimonial declarations refer to the possession that the petitioner had over the originally registered property; that is, they refer to dairy activity and pastures, as well as protection of the mountainous area that is adjacent to the boundary with the river. Certainly, that possession existed since it provided support for the originally registered property; however, with that possession of the registered property, the intention is to have it considered as if it were possession of the rest of the area intended to be registered. These witnesses do not indicate what the petitioner's possession over the rest of the area to be corrected consisted of; regarding that other sector, there was no specification of possessory acts. If we observe the current land use map, according to the soil study, it is determined that the location of the forests in areas designated A, B, and C, were not referenced by the witnesses when describing the possession exercised over them. There was no proof in this regard, and for that reason, the requested area correction should have been rejected.

THEREFORE

Regarding what has been the subject of the appeal, the judgment is confirmed. Let the operative part of the same be added to, stating that the area adjacent to the spring is a protection area and that the felling or elimination of trees is prohibited (articles 33 of the Ley Forestal and 148, 149, and 151 of the Ley de Aguas), as well as that groundwater is part of the public domain and does not form part of the property (articles 1 and 3 of the Ley de Aguas, 4 of the Código de Minería, and 50 of the Ley Orgánica del Ambiente). Dissenting vote of Judge Alvarado Paniagua.

NAESFIBTITS61

RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUDGE

DECISION-MAKER

9OPTGSFYOS061

[Name8] -

JUDGE DECISION-MAKER

OU2SY0DWCGE61

[Name7]   -

JUDGE DECISION-MAKER

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Address8],     , [Address9] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

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