Res. 00823-2016 Tribunal Agrario — Decennial possession prior to protected-area decree requires testimonial proofPosesión decenal previa a decreto de zona protectora requiere prueba testimonial

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00823 - 2016

Fecha de la Resolución: 31 de Agosto del 2016 a las 15:18

Expediente: 11-000102-0699-AG

Redactado por: Vannessa Fisher González

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Necesaria demostración con tres testigos sobre la posesión decenal con antelación a la creación del área silvestre protegida.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Necesaria demostración con tres testigos sobre la posesión decenal con antelación al decreto que las crea para que procede la información posesoria.

“V. El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias establece que la justificación de la posesión decenal para poder titular por este mecanismo se acreditará con la declaración de tres testigos, los cuales deberán ser vecinos del cantón en el que se sitúa el fundo, precisamente para velar que puedan dar fe en forma idónea de esa situación posesoria de hecho. Sin embargo, tratándose de un área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo, el artículo 7 de ese cuerpo legal prescribe enfáticamente, que el titulante deberá de demostrar ser el titular (ya sea en forma personal o derivada) de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la vigencia de la ley o decreto en que se afectó esa área. Por otro lado, el artículo 4 de esa misma ley, dispone que si se aporta escritura pública de adquisición del bien, y han transcurrido más de diez años, no será necesaria la prueba testimonial. Expuesto lo anterior, este Tribunal considera que esa norma del ordinal 4 no debe interpretarse en forma aislada del artículo 7, pues la prueba testimonial es fundamental a efectos de acreditar una situación de hecho, que será la base del derecho de fondo que permita declarar un derecho de propiedad ad usucapionem sobre el bien. Nótese que la materialidad queda afectada al dominio público, de forma tal que si se pretende reclamar la excepción que establece el artículo 7 para titular un bien situado en un área de esa naturaleza, en definitiva debe de demostrarse en forma clara, circunstanciada, con prueba que refiera los elementos de hecho necesarios para cumplir con el requisito especial de esa norma, lo que hace primordial la prueba testimonial. Ciertamente la prueba documental puede ser un complemento del universo probatorio, y dependiendo de las particularidades del caso puede servir para reforzar la antiguedad del derecho probado testimonialmente, lo que ocurre también en ocasiones con el reconocimiento judicial, pero ello no implica que ese elemento documental sea la prueba medular, pues es sabido se puede ostentar un documento sin ningún contenido posesorio material. De este modo no se comparte el criterio de la a quo que era del todo innecesario valorar la prueba testimonial traída al proceso. En la especie, examinada la prueba testimonial bajo el principio de unidad de la prueba y el principio de libre valoración contenido en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se concluye que no se demostró el ejercicio de una posesión decenal anterior al Decreto que nos ocupa, No. 15436-MAG del 5 de junio de 1984, que afectó ese territorio como Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero, que permita autorizar la titulación de un bien en principio perteneciente al dominio público.”

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

*110001020699AG*

 

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 7




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

[Nombre1]     

 

   

VOTO N° 823-F-16

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y dieciocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]   , mayor, divorciado, floricultor, vecino de Quebradilla de Cartago, cédula de identidad número CED1 -   -    . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, abogada, vecina de Cartago, cédula de identidad número CED2 -     -  , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -       - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 -     -  , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como abogado director del promovente, el licenciado William Cordero Navarro, colegiado seis mil sesenta y ocho. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

RESULTANDO:

          1.- El promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " situado en Palo Verde, [Dirección1]   ,    , de la provincia de Cartago. Mide: ocho mil quinientos metros cuadrados. Linda al Norte: calle [Dirección2] con un frente lineal de ciento ochenta y ocho punto ochenta metros; Sur: calle [Dirección2] con un frente lineal de ciento treinta y ocho punto cincuenta y dos metros y [Nombre2]  ; Este: calle pública con un frente lineal de ochenta y ocho punto cincuenta metros y al Oeste: calle pública con un frente lineal de trece punto treinta y un metros, según plano catastrado número C-1563085-2012," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 13/10/2015 de las 10:36:52 a.m).-

                 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual en documentos asociados, archivo del 13/10/2015 de las 10:36:52 a.m, imágenes 80 a 81; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en bandeja de escritos, archivo del 22/02/2016 de las 08:56:07 a.m. Se opuso el representante del Estado, la Procuraduría General de la República, por cuanto la prueba testimonial resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto No. 15436-MAG - del 5 de junio de 1984, creador de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago).-

          3.- La jueza Rebeca Salazar Alcócer, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 38-2016 de las dieciséis horas seis minutos del trece de abril de dos mil dieciséis, resolvió: "POR TANTO: Se aprueban las presentes diligencias de Información Posesoria y en consecuencia se ordena al señor registrador del Registro Público de la Propiedad inscribir a nombre de [Nombre1]   , mayor, divorciado en primeras nupcias, floricultor, vecino de Quebradilla de Cartago, con cédula: CED5 -  - , el inmueble que se describe así: situado en Palo Verde, [Dirección1]   ,    , de la provincia de Cartago. Mide: ocho mil quinientos metros cuadrados. Linda al [Dirección3][Dirección4]: [Dirección5]   un frente lineal de [Dirección6]      ; [Dirección7]: [Dirección5]   un frente lineal de [Dirección8]         y [Nombre2]  ; Este: [Dirección9]  con un frente lineal de ochenta y [Dirección10] punto [Dirección11] metros y al [Dirección12][Dirección4]: [Dirección9]  con un frente lineal de trece punto treinta y [Dirección13] metros, según plano catastrado número C-1563085-2012. Este inmueble fue estimado en la suma de cinco millones de colones y las presentes diligencias en la suma de un millón de colones. Debe tomar en cuenta el señor Registrador que el inmueble a titular queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calle públicas que disponen los artículos 4 de la Ley de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 13/04/2016 de las 04:07:52 p.m).-

4.- La licenciada Susana Fallas Cubero, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 22/04/2016 de las 10:55:56 a.m).-        

5.- En la substanciación del proceso  se han observado las prescripciones legales, y no se  nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta la Jueza FISHER GONZÁLEZ y;

CONSIDERANDO

I. El Tribunal avala los hechos probados del 1 al 5 por ser el resultado de las probanzas que consta en autos.  Sin embargo no se comparten los hechos  6 y 7 dado lo que se resolverá en esta instancia.

II. No se aprueba lo referente a la inexistencia de hechos indemostrados de relevancia para resolver este asunto siendo que en esta sede se tiene el siguiente: La posesión real y efectiva ejercida antes o desde el año mil novecientos setenta y cuatro. (no hay prueba que la acredite) 

IV. La representación del Estado interpone su recurso de apelación con base en los siguientes agravios: 1)  La sentencia impugnada tiene acreditada la posesión decenal previa a la vigencia del Decreto No. 15436-MAG del 30 de marzo de 1984, por medio de prueba documental, aplicando el artículo 4 de la Ley de Informaciones Posesorias.  Pero ese tipo de prueba no es idónea, pues esa norma refiere debe de presentarse un plano conforme del terreno, lo cual no se cumplió. Lo anterior porque la escritura No. 12588 del 18 de agosto de 1980, es decir de seis años posteriores a la fecha que debía demostrarse la posesión, describe un terreno de 6988.96 metros cuadrados y el plano No. C-1563085-2'012 una medida de 8500 metros cuadrados. Las escrituras  números 114, 416 y 163 describen un terreno de 9938.5 metros.  Esa evidente falta de correspondencia impide establecer una identidad de los terrenos en los términos del artículo 4. De los 1511.14 o 2949.54 metros cuadrados excedentes no se justifica la causa de adquisición. Ello no fue analizado ni justificado en la sentencia. El Tribunal Agrario así lo ha indicado en votos  140-F-2015, 1108-F-12, 654-F-07, 755-F-03. 2) Las manifestaciones contenidas en la escritura 12588 no pueden tenerse como elemento probatorio del tiempo de posesión según precedentes del Tribunal  No. 621-F-14, 493-F-13 y 282-F-13. En razón de lo expuesto deberá de revocarse la sentencia.  

V. El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias establece que la justificación de la posesión decenal para poder titular por este mecanismo se acreditará con la declaración de tres testigos, los cuales deberán ser vecinos del cantón en el que se sitúa el fundo, precisamente para velar que puedan dar fe en forma idónea de esa situación posesoria de hecho. Sin embargo, tratándose de un área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo, el artículo 7 de ese cuerpo legal prescribe enfáticamente, que el titulante deberá de demostrar ser el titular (ya sea en forma personal o derivada) de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la vigencia de la ley o decreto en que se afectó esa área. Por otro lado, el artículo 4 de esa misma ley, dispone que si se aporta escritura pública de adquisición del bien, y han transcurrido más de diez años, no será necesaria la prueba testimonial. Expuesto lo anterior, este Tribunal considera que esa norma del ordinal 4 no debe interpretarse en forma aislada del artículo 7, pues la prueba testimonial es fundamental a efectos de acreditar una situación de hecho, que será la base  del derecho de fondo que permita  declarar un derecho de propiedad ad usucapionem sobre el bien. Nótese que la materialidad queda afectada al dominio público, de forma tal que si se pretende reclamar la excepción que establece el artículo 7 para titular un bien situado en un área de esa naturaleza, en definitiva debe de demostrarse en forma clara, circunstanciada,  con prueba que refiera los elementos de hecho necesarios para cumplir con el requisito especial de esa norma, lo que hace primordial la prueba testimonial. Ciertamente la prueba documental puede ser un complemento del universo probatorio, y dependiendo de las particularidades del caso puede servir para reforzar la antiguedad del derecho probado testimonialmente, lo que ocurre también en ocasiones con el reconocimiento judicial, pero ello no implica que ese elemento documental sea la prueba medular, pues es sabido se puede ostentar un documento sin ningún contenido posesorio material. De este modo no se comparte el criterio de la a quo que era del todo innecesario valorar la prueba testimonial traída al proceso. En la especie, examinada la prueba testimonial bajo el principio de unidad de la prueba y el principio de libre valoración contenido en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se concluye que no se demostró el ejercicio de una posesión decenal anterior al Decreto que nos ocupa, No. 15436-MAG del 5 de junio de 1984, que afectó ese territorio  como Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero, que permita autorizar la titulación de un bien en principio perteneciente al dominio público. Es lo cierto que el promovente es un poseedor relativamente reciente, ya que adquiere mediante escritura pública No. 163 del 17 de abril del 2008, ante el Notario William Cordero Navarro, de [Nombre3]    (imagen 69 del expediente electrónico de primera instancia visualizado como documento único); pero debió de probarse en forma fehaciente que sus antecesores ejercieron esos actos posesorios al menos desde el año1974, toda vez el Decreto Ejecutivo como se indicó supra data de 1984. No bastaba con probar la posesión de los últimos diez años, o incluso de los últimos treinta, sino propiamente toda esa posesión continua desde hace cuarenta y dos años. Así el testigo [Nombre4]  , aunque manifestó tener setenta y cinco años de edad y conocer la finca desde hace cincuenta, lo único que logra referir con claridad es que el promovente la posee desde hace ocho años, quien indica la adquirió de [Nombre5]  que la tuvo tal vez más de cinco años. Por ello a lo sumo le consta una posesión de unos 13 años así como los actos que ha realizado  el promovente, pero  no sabe precisar quiénes eran los anteriores dueños, ni mucho menos los actos posesorios reales y efectivos que pudieron haber desplegado, notándose incluso que no explica los eventuales  actos que realizara el citado [Nombre5]. En todo caso llama la atención que indica la parte promovente  adquirió de [Nombre5] , lo que contradice la escritura No.  163 del 17 de abril del 2008, otorgada ante el Notario William Cordero Navarro en la que sse aprecia que es [Nombre3]    quien vende al promovente [Nombre1]   . Por su parte la declaración de [Nombre6]   , también padece de  insuficiencias, pues pese a declarar que cuenta con setenta años de edad y conocer la propiedad desde que tenía doce, refiriendo una cadena que inicia con [Nombre7] , luego [Nombre8] , quien después vende a  [Nombre3] , y finalmente el promovente, no precisa en qué consistieron los actos posesorios de [Nombre7],   [Nombre9] y [Nombre3], ni hace alguna referencia espacial a la posesión de los años setenta, solamente detalla los del promovente. Ciertamente coincide con el anterior testigo que [Nombre3] la tuvo como cinco años y el promovente igual término, pero esa cantidad de años no era la que debía demostrarse únicamente, sino el contenido de la posesión ejercida desde 1974, como reiteradamente se ha indicado. La insuficiencia de su declaración se debilita aún más cuando se confronta con la prueba documental, pues según escritura No. 416 otorgada ante la Notaria Tatiana Fernández Mora del 25 de octubre del 2002 [Nombre3]   adquiere de  [Nombre10], [Nombre11], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15] , [Nombre16], [Nombre17] ,  todos [Nombre18] , y no de [Nombre8] .  Asimismo [Nombre19]   , es el que menos elementos aporta para demostrar esa posesión de vieja data requerida en este asunto, pues manifestó conocer la propiedad desde hace diez o doce años. Aunque expone que el promovente compró a [Nombre3], no precisa  los años que pudo haber poseido el citado [Nombre3] . Señala a un primo suyo de nombre [Nombre8] como anterior dueño, pero no detalla qué posesión pudo haber ejercido, y en todo caso enfatizó que conoce la finca recientemente, de ahí que su declaración no sea apta para demostrar toda la posesión requerida, o bien para complementar las insuficiencias de los anteriores declarantes. En otro orden de ideas, la prueba documental que consta en autos no permite acreditar ese presupuesto posesorio de fondo, base fundamental de la información posesoria. Lo anterior porque la escritura más antigua que se aporta es la No. 12588 de las 7 horas del 18 de agosto de 1980 ante el Notario César Solano Campos en la que  [Nombre20]   vende a [Nombre3]  , pero no se trata de un documento de 1974 o anterior, que permita tener un primer elemento de antigüedad importante. Asimismo el manifestar en una escritura pública que se transmite una posesión decenal no es prueba de que ésta en la realidad haya operado, toda vez el Notario da fe del acto jurídico, no así de la veracidad de las manifestaciones que hagan las partes en torno a situaciones de hecho anteriores a ese instrumento.  Diferente hubiese sido si se prueba con testimonial  la posesión de [Nombre20] , la cual ningún testigo refiere. En virtud de lo anterior lleva razón la Procuraduría que no se ha probado en forma idónea la posesión, y que la prueba documental no puede ser el medio procedente para este caso.  Sin embargo, contrario a lo que sostiene la apelante,  pueden existir diferencias de medida entre lo transmitido en una escritura pública como finca sin inscribir y lo que finalmente se catastra para titular, pues en ocasiones se pueden transar bienes con medidas aproximadas, máxime si son de vieja data, siendo lo importante  que se tenga certeza razonable que es el mismo bien. Pero lo anterior no es el motivo  por el cual se considera que debe de rechazarse la presente titulación, sino porque no se probó esa posesión real y efectiva desde 1974.

IV. De conformidad con lo anteriormente expuesto, lo procedente es revocar la sentencia para en su lugar rechazar las presentes diligencias de información posesoria.

POR TANTO

Se revoca el fallo. En su lugar se rechazan las presentes diligencias de información posesoria.   

 

 

 

 

 

	

47UTBBZXHXIK61

[Nombre21]  -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

RUZJPS843CXY61

[Nombre9]   -

JUEZ/A DECISOR/A

	

HVO4KGDUERA61

RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ –

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección14] ,     , [Dirección15]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:37:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Agrarian Tribunal

Resolution No. 00823 - 2016

Resolution Date: August 31, 2016 at 15:18

Expediente: 11-000102-0699-AG

Drafted by: Vannessa Fisher González

Type of Matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Type of Content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian Procedural Law

Topic: Agrarian possessory information

Subtopics:

Necessary demonstration with three witnesses of decennial possession prior to the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida).

Topic: Protected wilderness area (área silvestre protegida)

Subtopics:

Necessary demonstration with three witnesses of decennial possession prior to the decree creating them for the possessory information to proceed.

“V. Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias establishes that the justification of decennial possession in order to be able to title by this mechanism shall be accredited with the declaration of three witnesses, who must be residents of the canton in which the property is situated, precisely to ensure that they can attest in a suitable manner to that possessory situation of fact. However, in the case of a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, Article 7 of that legal body emphatically prescribes that the title applicant must demonstrate being the holder (whether personally or derivatively) of the legal rights over the decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree by which that area was affected. On the other hand, Article 4 of that same law provides that if a public deed of acquisition of the property is provided, and more than ten years have elapsed, testimonial proof will not be necessary. Having set forth the above, this Tribunal considers that this rule of ordinal 4 should not be interpreted in isolation from Article 7, since testimonial proof is fundamental for the purpose of accrediting a situation of fact, which will be the basis of the substantive right that allows declaring a right of ownership ad usucapionem over the property. Note that the physical reality remains affected to the public domain, such that if one intends to claim the exception established by Article 7 to title a property located in an area of that nature, it must ultimately be demonstrated in a clear, detailed manner, with proof that refers to the factual elements necessary to comply with the special requirement of that rule, which makes testimonial proof essential. Certainly, documentary proof can be a complement to the evidentiary universe, and depending on the particularities of the case, it can serve to reinforce the antiquity of the right proven by testimony, which also occurs on occasion with judicial inspection (reconocimiento judicial), but that does not imply that this documentary element is the core proof, since it is known that one can hold a document without any material possessory content. In this way, the criterion of the lower court (a quo) that it was entirely unnecessary to evaluate the testimonial proof brought to the process is not shared. In the instant case, having examined the testimonial proof under the principle of unity of proof and the principle of free evaluation contained in Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it is concluded that the exercise of a decennial possession prior to the Decree at hand, No. 15436-MAG of June 5, 1984, which affected that territory as the Río Navarro-Río Sombrero Protective Zone (Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero), was not demonstrated, which would allow authorizing the titling of a property in principle belonging to the public domain.”

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution

*110001020699AG*

EXPEDIENTE:

EXPN1 - 7

PROCESS:

POSSESSORY INFORMATION (INFORMACIÓN POSESORIA)

PROMOTED BY:

[Nombre1]

VOTE No. 823-F-16

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and eighteen minutes on the thirty-first of August of two thousand sixteen.-

POSSESSORY INFORMATION (INFORMACIÓN POSESORIA) promoted by [Nombre1], of legal age, divorced, flower grower, resident of Quebradilla de Cartago, identity card number CED1 - - . Appearing in the process are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Susana Fallas Cubero, of legal age, attorney, resident of Cartago, identity card number CED2 - - , in her capacity as assistant procurator (procuradora adjunta); and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED3 - - - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED4 - - , in her capacity as unlimited general power of attorney. The attorney directing the promoter is licensed William Cordero Navarro, bar association number six thousand sixty-eight. Processed before the Agrarian Court of Cartago.-

WHEREAS:

1.- The promoter filed the present possessory information (información posesoria) proceedings so that through this means the following described land be registered in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad): "located in Palo Verde, [Dirección1] , , of the province of Cartago. It measures: eight thousand five hundred square meters. Bordered to the North: street [Dirección2] with a linear frontage of one hundred eighty-eight point eighty meters; South: street [Dirección2] with a linear frontage of one hundred thirty-eight point fifty-two meters and [Nombre2]; East: public street with a linear frontage of eighty-eight point fifty meters and to the West: public street with a linear frontage of thirteen point thirty-one meters, according to cadastral map number C-1563085-2012," (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, in Associated Documents, file of 10/13/2015 at 10:36:52 a.m).-

2.- The Procuraduría General de la República appeared in the process under the terms set forth in the writing incorporated into the virtual desktop in associated documents, file of 10/13/2015 at 10:36:52 a.m, images 80 to 81; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so under the terms set forth in the writings inbox, file of 02/22/2016 at 08:56:07 a.m. The representative of the State, the Procuraduría General de la República, opposed it, because the testimonial proof is insufficient to demonstrate the exercise of decennial possession prior to the date of entry into force of decree No. 15436-MAG - of June 5, 1984, creator of the Río Navarro-Río Sombrero Protective Zone (Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero), (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago).-

3.- Judge Rebeca Salazar Alcócer, of the Agrarian Court of Cartago, through judgment number 38-2016 of sixteen hours six minutes on the thirteenth of April of two thousand sixteen, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): The present Possessory Information proceedings are approved and consequently the registrar of the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad) is ordered to register in the name of [Nombre1], of legal age, divorced in first marriage, flower grower, resident of Quebradilla de Cartago, with ID: CED5 - - , the property that is described as follows: located in Palo Verde, [Dirección1] , , of the province of Cartago. It measures: eight thousand five hundred square meters. Bordered to the [Dirección3][Dirección4]: [Dirección5] a linear frontage of [Dirección6] ; [Dirección7]: [Dirección5] a linear frontage of [Dirección8] and [Nombre2]; East: [Dirección9] with a linear frontage of eighty and [Dirección10] point [Dirección11] meters and to the [Dirección12][Dirección4]: [Dirección9] with a linear frontage of thirteen point thirty and [Dirección13] meters, according to cadastral map number C-1563085-2012. This property was valued at the sum of five million colones and the present proceedings at the sum of one million colones. The Registrar must take into account that the property to be titled remains subject to the reservations regarding rights-of-way of the public streets provided for in articles 4 of the Ley de Caminos Públicos and 19, subsection a, of the Ley de Informaciones Posesorias," (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, in Associated Documents, file of 04/13/2016 at 04:07:52 p.m).-

4.- Licensed Susana Fallas Cubero, in her capacity as assistant procurator (procuradora adjunta), filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the lower Court, (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, in Writings Inbox, file of 04/22/2016 at 10:55:56 a.m).-

5.- In the processing of the process, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.-

Drafted by Judge FISHER GONZÁLEZ and;

CONSIDERING

I. The Tribunal endorses proven facts 1 through 5 as they are the result of the evidence contained in the record. However, facts 6 and 7 are not shared given what will be resolved in this instance.

II. The finding regarding the non-existence of unproven facts relevant to resolving this matter is not approved, given that in this venue the following is held: The real and effective possession exercised before or since the year nineteen seventy-four. (there is no proof to accredit it)

IV. The representation of the State files its appeal based on the following grievances: 1) The appealed judgment has accredited the decennial possession prior to the effective date of Decree No. 15436-MAG of March 30, 1984, by means of documentary proof, applying Article 4 of the Ley de Informaciones Posesorias. But that type of proof is not suitable, since that rule refers to the requirement of presenting a conforming map of the land, which was not fulfilled. This is because public deed No. 12588 of August 18, 1980, that is, six years after the date for which possession had to be demonstrated, describes land of 6988.96 square meters and map No. C-1563085-2'012 a measurement of 8500 square meters. The deeds numbers 114, 416 and 163 describe a piece of land measuring 9938.5 meters. That evident lack of correspondence prevents establishing an identity of the lands under the terms of Article 4. For the 1511.14 or 2949.54 excess square meters, the cause of acquisition is not justified. This was neither analyzed nor justified in the judgment. The Agrarian Tribunal has so indicated in votes 140-F-2015, 1108-F-12, 654-F-07, 755-F-03. 2) The statements contained in deed 12588 cannot be taken as an evidentiary element of the time of possession according to Tribunal precedents No. 621-F-14, 493-F-13 and 282-F-13. Based on the foregoing, the judgment must be revoked.

V. Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias establishes that the justification of decennial possession in order to be able to title by this mechanism shall be accredited with the declaration of three witnesses, who must be residents of the canton in which the property is situated, precisely to ensure that they can attest in a suitable manner to that possessory situation of fact. However, in the case of a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, Article 7 of that legal body emphatically prescribes that the title applicant must demonstrate being the holder (whether personally or derivatively) of the legal rights over the decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree by which that area was affected. On the other hand, Article 4 of that same law provides that if a public deed of acquisition of the property is provided, and more than ten years have elapsed, testimonial proof will not be necessary. Having set forth the above, this Tribunal considers that this rule of ordinal 4 should not be interpreted in isolation from Article 7, since testimonial proof is fundamental for the purpose of accrediting a situation of fact, which will be the basis of the substantive right that allows declaring a right of ownership ad usucapionem over the property. Note that the physical reality remains affected to the public domain, such that if one intends to claim the exception established by Article 7 to title a property located in an area of that nature, it must ultimately be demonstrated in a clear, detailed manner, with proof that refers to the factual elements necessary to comply with the special requirement of that rule, which makes testimonial proof essential. Certainly, documentary proof can be a complement to the evidentiary universe, and depending on the particularities of the case, it can serve to reinforce the antiquity of the right proven by testimony, which also occurs on occasion with judicial inspection (reconocimiento judicial), but that does not imply that this documentary element is the core proof, since it is known that one can hold a document without any material possessory content. In this way, the criterion of the lower court (a quo) that it was entirely unnecessary to evaluate the testimonial proof brought to the process is not shared. In the instant case, having examined the testimonial proof under the principle of unity of proof and the principle of free evaluation contained in Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it is concluded that the exercise of a decennial possession prior to the Decree at hand, No. 15436-MAG of June 5, 1984, which affected that territory as the Río Navarro-Río Sombrero Protective Zone (Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero), was not demonstrated, which would allow authorizing the titling of a property in principle belonging to the public domain. The truth is that the promoter is a relatively recent possessor, since he acquires through public deed No. 163 of April 17, 2008, before Notary William Cordero Navarro, from [Nombre3] (image 69 of the electronic case file of first instance visualized as a single document); but it had to be proven in a reliable manner that his predecessors exercised those possessory acts at least since the year 1974, since the Executive Decree, as indicated supra, dates from 1984. It was not enough to prove possession for the last ten years, or even the last thirty, but strictly all that continuous possession from forty-two years ago. Thus, witness [Nombre4], although he stated he was seventy-five years old and has known the farm for fifty years, the only thing he manages to clearly relate is that the promoter has possessed it for eight years, who indicates he acquired it from [Nombre5] who had it perhaps more than five years. For this reason, at most he is aware of a possession of about 13 years as well as the acts that the promoter has carried out, but he does not know how to specify who the previous owners were, much less the real and effective possessory acts they may have displayed, noting even that he does not explain the eventual acts that the mentioned [Nombre5] carried out. In any case, it draws attention that he indicates the promoting party acquired from [Nombre5], which contradicts deed No. 163 of April 17, 2008, granted before Notary William Cordero Navarro in which it is seen that it is [Nombre3] who sells to the promoter [Nombre1]. For his part, the declaration of [Nombre6] also suffers from insufficiencies, since despite declaring that he is seventy years old and has known the property since he was twelve, referring to a chain that begins with [Nombre7], then [Nombre8], who later sells to [Nombre3], and finally the promoter, he does not specify what the possessory acts of [Nombre7], [Nombre9] and [Nombre3] consisted of, nor does he make any spatial reference to the possession in the seventies, he only details those of the promoter. He certainly coincides with the previous witness that [Nombre3] had it for about five years and the promoter for the same term, but that number of years was not the only thing that had to be demonstrated, but the content of the possession exercised since 1974, as has been repeatedly indicated. The insufficiency of his declaration is further weakened when confronted with the documentary proof, since according to deed No. 416 granted before Notary Tatiana Fernández Mora on October 25, 2002, [Nombre3] acquires from [Nombre10], [Nombre11], [Nombre12], [Nombre13], [Nombre14], [Nombre15], [Nombre16], [Nombre17], all [Nombre18], and not from [Nombre8]. Likewise, [Nombre19] is the one who contributes the fewest elements to demonstrate that long-standing possession required in this matter, since he stated he has known the property for ten or twelve years. Although he states that the promoter bought from [Nombre3], he does not specify the years that the mentioned [Nombre3] may have possessed. He points to a cousin of his named [Nombre8] as a previous owner, but does not detail what possession he may have exercised, and in any case emphasized that he knows the farm recently, hence his declaration is not suitable to demonstrate all the required possession, or to complement the insufficiencies of the previous declarants. In another order of ideas, the documentary proof contained in the record does not allow accrediting that underlying possessory premise, the fundamental basis of the possessory information (información posesoria). This is because the oldest deed provided is No. 12588 of 7 o'clock on August 18, 1980 before Notary César Solano Campos in which [Nombre20] sells to [Nombre3], but it is not a document from 1974 or earlier, that would allow having a first important element of antiquity. Likewise, stating in a public deed that a decennial possession is being transferred is not proof that it actually occurred, since the Notary attests to the legal act, not to the veracity of the statements made by the parties regarding factual situations prior to that instrument. It would have been different if the possession of [Nombre20] had been proven with testimony, which no witness refers to. By virtue of the foregoing, the Procuraduría is correct that possession has not been suitably proven, and that documentary proof cannot be the appropriate means for this case. However, contrary to what the appellant maintains, there may be differences in measurement between what is transferred in a public deed as an unregistered farm and what is finally surveyed (catastra) for titling, since on occasions properties can be traded with approximate measurements, especially if they are of old date, the important thing being that there is reasonable certainty that it is the same property. But the foregoing is not the reason why it is considered that the present titling should be rejected, but rather because that real and effective possession since 1974 was not proven.

IV. In accordance with the foregoing, the appropriate course is to revoke the judgment and in its place reject the present possessory information (información posesoria) proceedings.

THEREFORE (POR TANTO)

The judgment is revoked. In its place, the present possessory information (información posesoria) proceedings are rejected.

47UTBBZXHXIK61

[Nombre21] -

DECIDING JUDGE

RUZJPS843CXY61

[Nombre9] -

DECIDING JUDGE

HVO4KGDUERA61

RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ –

DECIDING JUDGE

EXP: EXPN1

II Judicial Circuit San José, [Dirección14] , , [Dirección15] de Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: [Telf1]. Fax: [Telf2] or [Telf3]. Email: [...]

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