Res. 00101-2017 Tribunal Agrario — Titling of forested land through possessory information proceedingsTitulación de terreno con cobertura boscosa mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00101 - 2017

Fecha de la Resolución: 09 de Febrero del 2017 a las 15:15

Expediente: 15-000131-0507-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de la zona mediante información posesoria agraria.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*150001310507AG*

 

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

BERNARDITA ALVARADO ALPIZAR

 

   

VOTO N° 101-F-17

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y quince minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete.-

           INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]   , mayor, casada, costurera, vecin a de Alajuela, Altos de Peralta de Grecia, cédula de identidad número CED1 -   -    . Interviene en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad número CED2 -   -    , en su condición de procuradora adjunta ; y e l INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL , cédula jurídica CED3 -    -          - , representado por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número CED4 -     -  , vecina de Alajuela. Actúa como apoderado especial judicial de la promovente, el licenciado G ustavo Rodríguez Murillo, mayor, casado, abogado, vecino de Siquirres, cédula de identidad número CED5 -     -    . Tramitad o ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles.-

RESULTANDO:

            1.- La promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: "Naturaleza: T erreno de montaña , Sita: en Bella Vista , Distrito: [Dirección1] , Cantón: segundo Pococí, Provincia: sétima Limón . Plano Catastrado : número L - quinientos quince mil ciento sesenta y dos - mil novecientos noventa y ocho , Cabida: cuatro hectáreas nueve mil doscientos cincuenta y cinco metros con veintiséis decímetros cuadrados , colinda al Norte: [Nombre2]   y [Nombre3]   ; Sur: [Nombre4]   ; al E ste : con [Nombre2]  ; Oeste: [Nombre5]   , [Nombre6]   y [Dirección2]    ," (17, 33, 34, 41, 55 y 73).-

  2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en los folios 45 al 48; a su vez e l Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 51, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias .-

           3.- El licenciado Ronald Rodríguez Cubillo, [Nombre7] del J uzgado Agrario de l Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica , mediante sentencia número 160-16 de las nueve horas treinta y seis minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis , resolvió: “ POR TANTO: Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencia de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por [Nombre1]   , mayor, costurera, casada una vez , vecin a de Alajuela, Altos de Peralta de Grecia , cédula de identidad número CED6 -   -     . Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones de Ley que se dirá, la finca que a continuación se detalla: NATURALEZA: T erreno de montaña , SITA: en Bella Vista , DISTRITO: primero Guápiles, CANTÓN: segundo Pococí, PROVINCIA: sétima Limón . PLANO CATASTRADO : número L - quinientos quince mil ciento sesenta y dos - mil novecientos noventa y ocho , CABIDA: cuatro hectáreas nueve mil doscientos cincuenta y cinco metros con veintiséis decímetros cuadrados , colinda al NORTE: [Nombre2]   y [Nombre3]   ; SUR: [Nombre4]   ; al E STE : con [Nombre2]  ; OESTE: [Nombre5]   , [Nombre6]   y [Dirección3]   en medio. P or cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto  establece la ley de Informaciones Posesorias. Bien que fue estimado en la suma de cinco millones de colones. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada. Dicha inscripción se hace advirtiendo a su titulante que el área contigua a las quebradas o corrientes de agua que existen o puedan existir en las colindancias o en la propiedad del señor [Nombre8]  y que señala el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575, constituyen áreas de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. De igual forma se hace constar que el cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público, tal y como lo establece la Ley de Aguas, artículo 1, inciso IV, y 3, inciso III. Además artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y 1, 2, 7 y 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria así como la Ley de Conservación de Vida Silvestre y Ley Orgánica del Ambiente. Se les hace saber a los intervinientes que esta resolución es impugnable, por lo que si alguna de las partes va a presentar recurso de apelación contra la misma, favor  remitir además, el recurso de apelación por formato electrónico a la dirección [...] Ello por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria. Además si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, deberán de hacerlo saber en el mismo escrito de apelación. En igual sentido se le recomienda a las partes señalar prioritariamente un correo electrónico donde recibir notificaciones, ello porque a través de este medio, se les puede enviar documentos grabados en audio o video (sentencia oral). Una vez firme esta resolución, expídase la ejecutoria respectiva y archívese el presente asunto ," (folios 71 al 73 y vuelto).-

  4.- La procuradora adjunta Lydiana Rodríguez Paniagua, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 74 al 80 ). -

  5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. -

Redacta el [Nombre7] Picado Vargas, y,

CONSIDERANDO:

          I.- Se prohíjan los hechos tenidos por demostrado al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

          II.- La Procuradora licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua apela el fallo dictado indicando en lo fundamental:  Que el terreno a titular tiene naturaleza montaña, cita la ley 4465 de 25 de noviembre de 1969 en la cual se establecía el patrimonio forestal del estado incluyendo las áreas de las reservas nacionales que tuvieran bosques, por lo que se trata de un bien de carácter demanial al amparo de los dispuestos por los ordinales 13 , 14 y 15 de la Ley Forestal 7575. Cita una serie de votos entre los que destaca el 4587-97. Indica, los bosques son parte del dominio público al formar parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que no podría titularse. Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias (folios 74 a 80).-

          III.-  No lleva razón la recurrente en su agravio de fondo. Este Tribunal ha venido a reforzar el criterio mantenido en los últimos años con reciente jurisprudencia en materia constitucional sobre la titulación de los terrenos con cobertura boscosa, como lo es en el reciente Voto No. 44-F-15 dictado a las 14:20 horas del 14 de enero del 2015, a saber:  "III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección4]        Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

          IV.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó el plano catastrado No. L-5151662-1998 (folio 37) que describe un terreno de área de montaña, lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles. No se encuentra dentro de ninguna área protegida (folio 3) y del reconocimiento judicial en video se determina que se dedica a bosque y un manejo de sistema agroforestal bien cuidado y protegido, por lo que se determina que la promovente y su transmitente han dedicado el inmueble a la conservación y protección del bosque y determinación de linderos, lo cual concuerda con el estudio de suelos que indica que la finca se dedica a bosque y a sistema agroforestal (certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible a folio 9), lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial citado, donde se indica que hay bosque debidamente cuidado. En cuanto al tema de la posesión, en este caso se recibió el testimonio de [Nombre9]    , [Nombre6]   y [Nombre10]  , de cuyas declaraciones se desprende que la promovente demostró, sumada la posesión de sus anteriores transmitentes, haber poseído dicho inmueble, por más de diez años, con todos los atributos del dominio y además claramente protegió el recurso forestal existente en el inmueble. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

          Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

  

HASKOLLAI9G61

[Nombre11]    -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

5Y6DL43ZWFNY61

[Nombre12] - JUEZ/A

DECISOR/A

	

24C3JMRO43QK61

[Nombre13]   - JUEZ/A

DECISOR/A

 

 

 

 

  

 

 

            

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección5] ,     , [Dirección6]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf2]. Fax: [Telf3] ó [Telf4]. Correo electrónico: [...]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:41:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Vote No. 101-F-17

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and fifteen minutes on the ninth of February of two thousand seventeen.-

POSSESSORY INFORMATION (INFORMACIÓN POSESORIA) promoted by [Nombre1], of legal age, married, seamstress, resident of Alajuela, Altos de Peralta de Grecia, identity card number CED1 - - . The OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) intervenes in the process, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, resident of Heredia, identity card number CED2 - - , in her capacity as assistant attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identification number CED3 - - , represented by its general judicial agent Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, identity card number CED4 - - , resident of Alajuela. Attorney Gustavo Rodríguez Murillo acts as special judicial agent of the promoter, of legal age, married, attorney, resident of Siquirres, identity card number CED5 - - . Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, based in Guápiles.-

WHEREAS:

1.- The promoter filed the present possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) so that, through this procedure, the following described land could be registered in the Public Property Registry: "Nature: Mountain land (Terreno de montaña), Location: in Bella Vista, District: [Dirección1], Canton: second Pococí, Province: seventh Limón. Cadastral Map (Plano Catastrado): number L - quinientos quince mil ciento sesenta y dos - mil novecientos noventa y ocho, Area (Cabida): four hectares nine thousand two hundred fifty-five point twenty-six square meters, bounded on the North: [Nombre2] and [Nombre3]; South: [Nombre4]; East: with [Nombre2]; West: [Nombre5], [Nombre6] and [Dirección2]," (17, 33, 34, 41, 55 and 73).-

2.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the process under the terms set forth in folios 45 to 48; in turn, the Institute of Rural Development did so in folio 51, without either expressing their opposition to the present proceedings.-

3.- Attorney Ronald Rodríguez Cubillo, Judge of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, by means of judgment number 160-16 at nine hours thirty-six minutes on the eleventh of November of two thousand sixteen, resolved: "THEREFORE: Based on the foregoing, in accordance with POSSESSORY INFORMATION LAW (LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS) No. 139 of July 14, 1941 and its amendments, these POSSESSORY INFORMATION (INFORMACIÓN POSESORIA) proceedings promoted by [Nombre1], of legal age, seamstress, married once, resident of Alajuela, Altos de Peralta de Grecia, identity card number CED6 - - , ARE APPROVED. The PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, shall proceed to register in her name, without prejudice to third parties with better right and with the legal limitations to be stated, the property detailed below: NATURE: Mountain land (Terreno de montaña), LOCATION: in Bella Vista, DISTRICT: first Guápiles, CANTON: second Pococí, PROVINCE: seventh Limón. CADASTRAL MAP (PLANO CATASTRADO): number L - quinientos quince mil ciento sesenta y dos - mil novecientos noventa y ocho, AREA (CABIDA): four hectares nine thousand two hundred fifty-five point twenty-six square meters, bounded on the NORTH: [Nombre2] and [Nombre3]; SOUTH: [Nombre4]; EAST: with [Nombre2]; WEST: [Nombre5], [Nombre6] and [Dirección3] in between. Inasmuch as all requirements established for that purpose by the Possessory Information Law have been met. Property valued at the sum of five million colones. The certification of this judgment shall serve to register the cited property in the Property Registry. Said registration is made warning its titleholder that the area adjacent to the ravines or water currents that exist or may exist on the boundaries or on the property of Mr. [Nombre8] and that are indicated by article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, constitute protection areas and the cutting or elimination of trees is prohibited. Likewise, it is hereby stated that the channel and waters of those currents are of public domain, as established by the Water Law (Ley de Aguas), article 1, subsection IV, and 3, subsection III. Also articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the Possessory Information Law and 1, 2, 7 and 25 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), as well as the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente). The participants are informed that this resolution is challengeable, therefore, if any of the parties intends to file an appeal (recurso de apelación) against it, please also submit the appeal (recurso de apelación) in electronic format to the address [...] due to the incorporation of orality in agrarian matters. Furthermore, if it is the party's wish for the Appellate Tribunal to grant them an oral hearing, they must state so in the same appeal brief. Similarly, the parties are recommended to primarily provide an email address for receiving notifications, because through this medium, audio or video recorded documents (oral judgment) can be sent to them. Once this resolution becomes final, issue the respective executory decree and archive the present matter," (folios 71 to 73 and verso).-

4.- Assistant attorney general Lydiana Rodríguez Paniagua filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons why she refutes the lower Court's thesis, (folios 74 to 80).-

5. In the processing of the case, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of causing its nullity are noted in the judgment.-

Drafted by Judge Picado Vargas, and,

WHEREAS:

I.- The facts deemed proven are endorsed, as they faithfully reflect what occurred in the case file.

II.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, as representative of the Attorney General's Office, appeals the issued judgment, fundamentally indicating: That the land to be titled is of a mountain nature, citing Law 4465 of November 25, 1969, which established the state's forest patrimony, including the areas of national reserves that had forests, therefore it is a public domain asset (bien de carácter demanial) under the provisions of articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575. She cites a series of judgments, among which 4587-97 stands out. She indicates that forests are part of the public domain as they form part of the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), and therefore could not be titled. She argues that the witnesses' testimony does not demonstrate the ten-year possession (posesión decenal) suitable for adverse possession (usucapir) on the part of its owner and requests the reversal to decree the disapproval of these proceedings (folios 74 to 80).-

III.- The appellant is not correct in her substantive grievance. This Tribunal has reinforced the criterion maintained in recent years with recent constitutional case law regarding the titling of lands with forest cover (cobertura boscosa), as in recent Vote No. 44-F-15 issued at 14:20 hours on January 14, 2015, namely: "III.- While it is true that the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) of 1961 and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1969 established that forest-covered lands, without private occupation, were part of the national reserves, said dedication to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Forestry Law (Ley Forestal) of 1996 amended article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) to allow adverse possession (usucapión) on forest-covered lands, but by demonstrating ecological possession, through the conservation of forest resources, for more than ten years, being able to take advantage of the transmitted possession (see judgment of the Constitutional Chamber No. 4587-97). The Agrarian Tribunal held the criterion that such possession had to be of a personal nature, but the Chamber declared that it was unconstitutional. Therefore, the Tribunal has rectified the criterion in subsequent resolutions indicating: 'V.- Regarding what the appellant alleges concerning the lower court judge committing an error by applying article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), which he considers was declared unconstitutional, and therefore the proceedings must be analyzed in light of the provisions of article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct, as the cited article 7 was not declared unconstitutional; rather, it was the interpretation that the Tribunal had been making regarding not counting the possession exercised by previous transferors. Hence, since article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) is in force, the promoter must demonstrate ten-year possession (posesión decenal) prior to the declaration of the protected wilderness area (área silvestre protegida), as indicated by the Constitutional Chamber in vote No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 of October 1, 1997). It is important to mention that the law is not being applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for adverse possession (usucapir) is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements proper to adverse possession (usucapión) that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession (usucapión). In this sense, it is important to note what the Constitutional Chamber stated in this regard in the cited vote "...The first paragraph of article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) challenged, whose text is prior to the last reform by Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real estate included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the titleholder must demonstrate having exercised ten-year possession (posesión decenal) at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area (área silvestre). The questioned provision regulates the case of titling of real estate that has been dedicated to the public domain with the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its specificity. It is now appropriate to determine if, in accordance with the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession (usucapión) and the possession necessary for adverse possession (usucapir), set forth above, the questioned norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real estate, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. In the first place, it must be noted that the questioned article does not modify—increase or decrease—the ten-year possession period necessary for adverse possession (usucapir), set in article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real estate by positive prescription. The extension of the term that the plaintiff alleges as an infringer of the right to property does not occur because, given the nature of the asset to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession (usucapión) must elapse before the asset's dedication to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida) prevents possession subsequent to the dedication from counting, and prevents concretizing the requirements of adverse possession (usucapión) if the right has not been acquired at that moment, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession (usucapir) with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as a titleholder, necessary for possession ad usucapionem. It should be remembered that assets dedicated to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by adverse possession (usucapión), if before the dedication occurs the necessary conditions for the acquisition of the right were not present. In this sense, the questioned provision, despite apparently regulating a specific case of adverse possession (usucapión), does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year possession period for adverse possession (usucapir) is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements proper to adverse possession (usucapión) that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession (usucapión). That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession (usucapión). It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the public domain asset (bien demanial) condition of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession (usucapión), which could have worsened the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Tribunal, No. 173 at 16:29 hours on March 31, 2003). IV.- So the possessor who intends to acquire by adverse possession (usucapión) a forest-covered land, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (posesión decenal) (original or transmitted), and having conserved the forest resource. This criterion was recently ratified by the Constitutional Chamber, in Vote No. [Telf1], at 9 hours on January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality, related to titling in the national reserves: 'VI.- THE TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE STATE'S NATURAL PATRIMONY (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO), THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves, and that of the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), formerly called the State's Agricultural Patrimony. The Land and Colonization Law, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called State's Agricultural Patrimony, based on a conception of agrarian property as originating from the Nation. The State's Agricultural Patrimony comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the National Parks (articles 7 to 10). That is, the Patrimony comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in article 11, by indicating that "Until proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities or of the Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession (posesión decenal); c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services." From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, such as lands for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the State's Agricultural Patrimony, were susceptible to legal recognition. Private individuals achieve such recognition through possessory information (Información Posesoria) processes, or through the instrument created through Multiple Land Titling, later called "Titling of Lands Located in National Reserves." Then, the Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465 of 1969 introduces the concept of the State's Forest Patrimony, conferring forest administration of the forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the General Forest Directorate. At that time, the Public Administration realized that within the so-called "national reserves," both regimes coexisted, for which in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the General Forest Directorate depended), the Institute of Lands and Colonization, and the Costa Rican Tourism Institute signed an agreement that precisely defined the powers of the three organizations over the national reserves (MAG-ITCO-ICT Agreement, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Land and Colonization Law, still in force, entrusts the administration of national reserves with agricultural and livestock vocation to the Institute of Lands and Colonization, the body responsible for land parceling and colonization. In turn, the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wilderness areas (áreas silvestre protegidas), indicating that they form part of the state's natural patrimony and establishing their lifetime tenure character (carácter irreductible) (articles 32 to 38). Subsequently, the current Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of 1996 incorporates, in the Second Title, single chapter, the concept of the State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado), even clarifying what it comprises of the national reserves: "The State's natural patrimony shall be constituted by the forests and forest lands (terrenos forestales) of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its patrimony. The Ministry of Environment and Energy shall administer the patrimony." The foregoing excludes, as part of the state's natural patrimony, for not being forestal, lands of agricultural and livestock aptitude, which continue to be part of the national reserves, and susceptible to adverse possession (usucapión) by private individuals. Finally, the same Forestry Law (Ley Forestal) of 1996 amended article 37 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), and article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), to authorize adverse possession (usucapión), and therefore registration by means of possessory information (información posesoria) (and the repealed titling procedure in national reserves), lands that belong to the national reserves, with forest vocation, and even lands in private possession, that were included within some category of protected wilderness area (área silvestre protegida) (State's Natural Patrimony (Patrimonio Natural del Estado)), provided that ten-year possession (posesión decenal) prior to the creation date of the respective area was demonstrated, and the agrarian acts of possession (actos posesorios agrarios) consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Multiple Land Titling Law (subsequently, the Law on Titling in National Reserves), came to streamline the titling procedures for agrarian possessors, who had completed a short adverse possession (usucapión) period (first three and then five years), so that they could obtain a property title, and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understood as those private individuals who may have exercised an action for better right of possession, within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it, otherwise the title would be fully consolidated, as the period for negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, later the Institute of Agrarian Development, overlapped with properties registered in the name of private individuals (as the requirement was that in the delimited geographical zone there be at least 20% of lands without a title registered in the public registry). This meant, consequently, that the title granted by ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to claim, just as the norm itself establishes, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period.'" (END OF QUOTATION).

IV.- In this particular case, the requirement demanded by the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), in its articles 1, 6, and 7, is deemed proven. Indeed, the titleholder provided cadastral map (plano catastrado) No. L-5151662-1998 (folio 37) which describes a mountain area land, meaning they have been dedicated to sustainable activities. It is not within any protected area (folio 3), and from the judicial inspection (reconocimiento judicial) on video, it is determined that it is dedicated to forest and a well-cared-for and protected agroforestry system management, so it is determined that the promoter and her transferor have dedicated the property to the conservation and protection of the forest and determination of boundaries, which agrees with the soil study indicating that the property is dedicated to forest and agroforestry system (certification from the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria) visible at folio 9), which means that, far from affecting the resource, a sustainable agroforestry activity has occurred, therefore concluding that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the cited judicial inspection (reconocimiento judicial) record, where it indicates there is a duly cared-for forest. Regarding the possession issue, in this case the testimony of [Nombre9], [Nombre6], and [Nombre10] was received, from whose statements it follows that the promoter demonstrated, adding the possession of her previous transferors, having possessed said property for more than ten years, with all the attributes of ownership and furthermore clearly protected the existing forest resource on the property. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

THEREFORE:

The appealed judgment is confirmed, regarding what was the object of the appeal.

HASKOLLAI9G61

[Nombre11] -

DECIDING JUDGE

5Y6DL43ZWFNY61

[Nombre12] - DECIDING

JUDGE

24C3JMRO43QK61

[Nombre13] - DECIDING

JUDGE

EXP: EXPN1

II Judicial Circuit San José, [Dirección5], , [Dirección6] of Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: [Telf2]. Fax: [Telf3] or [Telf4]. Email: [...]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:41:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República