Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En cuanto al instituto de la USUCAPION AGRARIA Es necesario distinguir la usucapión especial agraria –regulada en la Ley de Tierras y Colonización, de la usucapión agraria común. La especial agraria, prescinde del justo título y de la buena fe, pues la misma Ley de Tierras, en su artículo 92 y 101 así lo establecen, pero exige la posesión agraria pública, pacífica, ininterrumpida, por más de diez años, sobre un terreno inscrito a nombre de un tercero, siempre y cuando los actos posesorios y la actividad agraria se realice para satisfacer necesidades propias o familiares. En la usucapión agraria común, en cambio, se exige además de los anteriores requisitos el justo título y la buena fe. Puede tratarse de una causa originaria (como el derecho de posesión) o derivada (mediante un contrato traslativo posesorio). Para el caso de la buena o mala fe, la primera se presume siempre, sin embargo, es poseedor de mala fe quien en el acto de la toma en posesión tuvo suficientes motivos para que dudara (artículos 284, 287 y 286 del Código Civil).
De lo expuesto resulta evidente en este caso existe una imposibilidad material de titular bienes al amparo del dominio público, por lo que la acción resulta improcedente por tales motivos y no como, en cuanto a si cumple o no con los requisitos para usucapir, al estar dichos bienes fuera del comercio de los hombres, inmersos dentro del Patrimonio Natural del Estado, y por tratarse de bienes imprescriptibles no es posible acoger las pretensiones de la actora. A mayor abundamiento, el artículo 14 de la Ley Forestal vigente dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley".
Partiendo del análisis anterior independientemente la posesión ejercida por los aquí codemandados recurrentes sea de buena o mala fe no interesa para la resolución de este asunto al encontrarnos ante bienes que pertenecen al demanio público de conformidad con lo expuesto.
English (translation)Regarding the institution of AGRARIAN USUCAPION, it is necessary to distinguish special agrarian usucapion –regulated in the Land and Colonization Act– from ordinary agrarian usucapion. Special agrarian usucapion dispenses with just title and good faith, as established in Articles 92 and 101 of said Act, but requires public, peaceful, uninterrupted agrarian possession for more than ten years over land registered under a third party's name, provided the possessory acts and agrarian activity are carried out to meet personal or family needs. Ordinary agrarian usucapion, in addition to the above requirements, demands just title and good faith. It may arise from an original cause (such as possession right) or a derivative one (by a possessory transfer contract). Good faith is presumed; however, a possessor is in bad faith if, at the moment of taking possession, he had sufficient reason to doubt (Articles 284, 287, and 286 of the Civil Code).
From the foregoing it is evident that there is a material impossibility to title property under public domain protection, rendering the claim inadmissible, not due to whether or not the requisites for usucapion are met, but because such assets are outside commerce, are part of the State's Natural Heritage, and as imprescriptible property, the plaintiff's claims cannot be granted. Furthermore, Article 14 of the current Forestry Law provides: "Forest lands and forests that constitute the State's natural heritage, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall create no right whatsoever in their favor, and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both their invasion and occupation shall be punished in accordance with this law."
Based on the above analysis, regardless of whether the possession exercised by the appealing co-defendants is in good or bad faith, it is irrelevant for the resolution of this matter, since we are dealing with assets belonging to the public domain.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00163 - 2017 Fecha de la Resolución: 23 de Febrero del 2017 a las 16:47 Expediente: 11-000141-0419-AG Redactado por: Antonio Darcia Carranza Clase de asunto: Proceso ordinario agrario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Usucapión agraria Subtemas: Modo de adquisición de la propiedad y distinción con el procedimiento de titulación. Temas (descriptores): Usucapión especial agraria Subtemas: Análisis sobre el justo título y la buena fe. Requisitos y distinción con la ordinaria. Temas (descriptores): Limitaciones de la propiedad agraria Subtemas: Análisis normativo y jurisprudencial sobre el cumplimiento de la función ambiental en relación con las limitaciones de la posesión y titulación de terrenos ubicados en áreas protegidas. Temas (descriptores): Propiedad agraria Subtemas: Régimen y distinción entre límites y limitaciones. Temas (descriptores): Propiedad agraria forestal Subtemas: Análisis normativo y jurisprudencial sobre el cumplimiento de la función ambiental en relación a las limitaciones de la posesión y titulación de terrenos ubicados en áreas protegidas. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Necesaria demostración de la protección del recurso durante la posesión. Improcedencia de la usucapión por falta de demostración de la posesión anterior a la creación de la reserva forestal. Temas (descriptores): Patrimonio natural Subtemas: Improcedencia de prescripción positiva. Temas (descriptores): Área forestal protegida Subtemas: Análisis normativo y jurisprudencial sobre el cumplimiento de la función ambiental en relación a las limitaciones de la posesión y titulación de terrenos ubicados en áreas protegidas. Temas (descriptores): Bien demanial Subtemas: Distinción entre "asignación del carácter público" con la "afectación" al dominio público. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *110001410419AG* EXPEDIENTE: EXPN1 - 6 PROCESO: ORDINARIO ACTOR/A: JEAN PIERRE SCHMIDT CALDERON DEMANDADO/A: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) VOTO N° 163-F-2017 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas y cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.- PROCESO ORDINARIO , promovido por [Nombre1] , mayor, divorciado, vecino de Puerto Jimenez, con cédula de identidad número CED1- - contra [Nombre2] , mayor, vecino de Puerto Jiménez, con cédula de identidad número CED2- - ; [Nombre3] , mayor, vecina de Puerto Jiménez, con cédula de identidad número CED3- - ; INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, con cédula jurídica CED4 - , representada por su apoderado general licenciado Alvaro Chanto Ureña, mayor, abogado, casado, vecino de Pérez Zeledón con cédula de identidad número CED5 - ; EL ESTADO, representado por el Procurador Agrario licenciado Víctor Bulgarelli Céspedes, mayor, casado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número CED6 . Intervienen la licenciada Susanny Gómez Salas, como defensora pública agraria de la parte actora, y el licenciado Jorge Calderón Fernández como abogado director de los demandados [Nombre2] y [Nombre3] . Tramitado ante el Juzgado Agrario de l Segundo Circuito Judicial de la zona Sur . - RESULTANDO: 1.- La parte actora presento demanda ordinaria, estimada en la suma de dos millones de colones, solicitando que en sentencia se declare: " 1.-) Con lugar la presente demanda en todos sus extremos, que se declare que la parte actora es el titular legítimo del derecho de posesión de una finca cuya extensión es ciento veinticuatro hectáreas aproximadamente. Propiedad sin inscribir y los colindantes son: NORTE: IDA, SUR: [Nombre4] , ESTE: [Nombre5] , y OESTE: [Nombre1] . La finca esta constituida en tacotales, montaña y potreros. La cual se gráfica en el plano que se encuentra inscrito en el microfilm Rollo 172, imagen 211, fecha 21 de setiembre de 1983, número P-505996-83. 2) Que se declare que la demanda no tiene ningún derecho de propiedad ni posesión sobre tal finca. 3) Que se declare que el Instituto de Derecho Agrario, no tiene ningún derecho de propiedad o posesión sobre tal finca. 4) Que se declare la posesión de mala fe de los demandado de mi finca. 5) Que se ordene la puesta en posesión inmediata de mi finca y por consecuente el desalojo del demandado y las otras personas que se encuentran en posesión de mi finca. 6) Que se ordene a los demandados restituir los frutos dejados de percibir por mi persona, los cuales serán valorados por el perito que se nombre al efecto. 7) Que se le ordene a los demandados abstenerse de volver a perturbar mi derecho de posesión, bajo apercibimiento de que en caso de omisión podrá seguirsele causa por el delito de desobediencia a la autoridad y usurpación. 8) Que imponga a los demandados la obligación de pagar ambas costas de este proceso las cuales se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia.- PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA: 1) Con lugar la presente demanda en todos sus extremos, que se declare que la parte actora es el titular legitimo del derecho de posesión de una finca cuya extensión es ciento veinticuatro hectáreas aproximadamente. Propiedad sin inscribir y los colindantes son: NORTE: IDA, SUR:[Nombre4] , ESTE: [Nombre5] , y OESTE: [Nombre1] . La finca esta constituida en tacotales, montaña y potreros. La cual se gráfica en el plano que se encuentra inscrito en el microfilm Rollo 172, imagen 211, fecha 21 de setiembre de 1983, número P-505996-83. De forma más que decenal, quieta pública, pacífica, continúa, a título de dueño, con un justo título traslativo de dominio basado en el remate judicial en el que adquirió el terreno el actor, tramitando mediante diferentes vías judiciales, la protección a su derecho de posesión. 2) Que se declare que los demandados no tienen ningún derecho de propiedad ni posesión sobre tal finca. 3) Que se declare que ha operado sobre la finca P-039334-000, a nombre del Instituto de Derecho Agrario, ha operado la usucapión por parte del actor, que antes o después del remate en el que se adjudicó la finca el actor, ni antes o después de publicados los respectivos edictos, el IDA, ha tratado de inquietar al actor. 4) Que se declare la posesión de mala fe de los demandados de mi finca. 5) Que se ordene la inscripción del terreno descrito en la pretensión número 1, a nombre del actor y la desincripción de tal tal terreno a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, así como la puesta en posesión inmediata de mi finca y por consecuente el desalojo del demandado y las otras personas que se encuentran en posesión de mi finca. Que se ordene a los demandados restituir los frutos dejados de percibir por mi persona, los cuales serán valorados por el perito que se nombre al efecto. 7) Que se le ordene a los demandados abstenerse de volver a perturbar mi derecho de posesión, bajo apercibimiento de que en caso de omisión podrá seguirsele causa por el delito de desobediencia a la autoridad y usurpación. 8) Que imponga a los demandados la obligación de pagar ambas costas de éste proceso las cuales se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia.- SEGUNDA PRETENSION SUBSIDIARIA: 1) Con lugar la presente demanda en todos sus extremos, que se declare que la parte actora es el titular legítimo del derecho de posesión de una finca cuya extensión es ciento veinticuatro hectáreas aproximadamente. Propiedad sin inscribir y los colindantes son: NORTE: IDA, SUR: [Nombre4] , ESTE: [Nombre5] , y OESTE: [Nombre1] . La finca esta constituida en tacotales, montaña y potreros. La cual se gráfica en el plano que se encuentra inscrito en el microfilm rollo 172, imagen 211, fecha 21 de setiembre de 1983, número P-505996-93. De forma más que decenal, quieta, pública, pacífica, continúa a título de dueño, con un justo título traslativo de dominio basado en el remate judicial en el que adquirió el terreno el actor, tramitando mediante diferentes vías judiciales, la protección a su derecho de posesión. 2) Que se declare que los demandados no tienen ningún derecho de propiedad ni posesión sobre tal finca. 3) Que se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario, realice los tramites administrativos pertinentes para tomar en cuenta que sobre tal terreno, el actor mantiene el mejor derecho de posesión, ante cualquier particular, siendo respetado y tomado en cuenta tal derecho, para en lo sucesivo, evitar conferir cualquier tipo de derecho a los demandados. 4) Que se declare la posesión de mala fe de los demandados de mi finca. 5) Que se ordene la puesta en posesión inmediata de mi finca y por consecuente el desalojo del demandado y las otras personas que se encuentran en posesión de mi finca. 6) Que se ordene a los demandados restituir los frutos dejados de percibir por mi personal, los cuales serán valorados por el perito que se nombre al efecto. 7)Que se le ordene a los demandados abstenerse de volver a perturbar mi derecho de posesión, bajo apercibimiento de que en caso de omisión podrá seguirsele causa por el delito de desobediencia a la autoridad y usurpación. 8) Que imponga a los demandados la obligación de pagar ambas costas de éste proceso las cuales se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia..." (ver folios 1 a 9).- 2.- Los demandados el Estado y el Instituto de Desarrollo Agrario contestaron negativamente la demanda y opusieron las excepciones de falta de derecho, de legitimación ad causan, y éste último formulo reconvención contra el actor solicitando que en sentencia se declare; "...1) Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente reconvención. 2) Que en sentencia se reconozca que mi representada es la propietaria de las fincas matrícula del partido de Puntarenas [Placa1]. 3) Que en sentencia se reconozca y así se declare que el terreno identificado como parcela 218 del Asentamiento Osa, descrito con planos P-505996-83 y posteriormente con plano P-571091-99, forma parte del Asentamiento Osa, ubicado dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. 4) Que se reconozca que cuando el Juzgado acuerda la adjudicación de los derechos al señor [Nombre1] y la consecuente adjudicación y puesta en posesión, el terreno objeto del mismo identificado, se encuentra comprendido dentro de la reserva Forestal Golfo Dulce, y como tal un Bien de Dominio Público. 5) Que el remate, adjudicación y posterior puesta en posesión al señor [Nombre1] , de un terreno descrito con planos P-505996-83 y posteriormente con plano P-571091-99, comprendido dentro de la Reserva Forestal son actos viciados de nulidad absoluta y en consecuencia así debe declararse. 6) Que se condene al aquí reconvenido al pago de ambas costas de la reconvención..." (ver folios 140 a 145). 3).- Los reconvenidos contestaron negativamente la contrademanda pero no opusieron excepciones.- (ver folio 177 a 179).- 4 .- El licenciado Juan Gutiérrez Villalobos , del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la zona Sur , mediante sentencia número 15-2014 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintisiete de febrero del dos mil catorce , resolvió: “POR TANTO : De conformidad con lo expuesto, artículos 2 inciso h), 6, 26, 53, 55, 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 277, 284, 285, 853 y siguientes del Código Civil, 155, 222, 287 y siguientes del Código Procesal Civil, se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. Se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria de [Nombre1] en contra de [Nombre2] , [Nombre3] , INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y EL ESTADO representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Se declara con lugar en todos sus extremos la reconvención establecida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL en contra de [Nombre1] . Se declara que el INDER es el único y exclusivo propietario de la finca matrícula CED7 de la Provincia de Puntarenas. Que el terreno descrito en los planos P-505396-83 y [Placa2] forma parte del Asentamiento Osa ubicado dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce. Que al momento en que el Juzgado de Trabajo de Golfito adjudica y pone en posesión del reconvenido la finca descrita en el plano P-505396-83 ésta ya se encontraba ubicada dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce afectado al Patrimonio Natural del Estado como bien de dominio público. Se anulan las resoluciones del proceso ordinario laboral establecido por [Nombre1] en contra de [Nombre6] expediente 02-84 tramitado ante el Juzgado de Trabajo de Golfito en cuanto se ordenó sacara a remate la finca ilustrada en el plano P-505396-83, la que aprueba el remate mismo y la que ordena poner en posesión del actor la referida finca y el acta de puesta en posesión de la propiedad de litis. Tome nota el Instituto de Desarrollo Rural para lo que corresponda sobre la ocupación irregular de los demandados [Nombre2] y [Nombre3] dentro de la propiedad de litis para lo que corresponda. Se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, Área de Conservación Osa para que se tomen las medidas correspondientes en el terreno de litis para la defensa y conservación del Patrimonio Natural del Estado reseñándose copia de la presente sentencia a dichas oficinas. Igualmente se ordena al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO suspender de forma inmediata y definitiva cualquier giro de dinero por concepto de servicios ambientales de acuerdo al contrato número PN-01-22-0144-2004 en favor de los demandados extendiéndose el oficio correspondiente. Se resuelve el presente asunto sin especial sanción en costas. Se hace saber a las partes que esta sentencia tiene recurso de apelación ante el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José. En caso de presentar recurso de apelación cualquiera de las partes, favor remitir además de la parte escrita, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, lo hagan saber en el mismo escrito de apelación, o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar..." (ver folios 617 a 640).- 4.- La parte actora y los demandados [Nombre2] y [Nombre3] formul aron recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 670 a 676 y 677 a 681) . 5.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales, no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. Redacta el Juez DARCIA CARRANZA, y CONSIDERANDO: I.- El Tribunal comparte la relación de hechos tenidos por demostrados, al tener buen sustento en los autos. Además se agregan como demostrados en esta instancia los siguientes: h) Don [Nombre2] fue desalojado en diferentes oportunidades del inmueble en litigio (ver declaración de [Nombre7] funcionario del INDER a folio 538). i) ) En la actualidad, aproximadamente 99 hectáreas del terreno es montaña (80%) y entre unas 20 a 25 hectáreas son de pasto y tacotal (20%), la quebrada existente está totalmente descubierta de vegetación, no tiene árboles, dentro del área de potrero existe una chanchera en parte de block y techo de zinc (ver acta de reconocimiento judicial a folio 529); j) El terreno pertenecía a Osa Productos Forestales y que luego ésta le vendió o fue adquirido por el Instituto de Tierras y Colonización (ver oficio CGAR-012-2009 de fecha 4 de marzo de 2009 a folio 157). II.- Igualmente, se prohija lo dispuesto en cuanto a hechos indemostrados. Igualmente se tiene por no demostrado b) No se demostró una posesión decenal anterior al 28 de abril de 1978, fecha en la que se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce. No hay elementos de juicio sobre ello. III.- El a-quo, en sentencia N° 15-2014 de las 09:30 horas del veintisiete de febrero de 2014, resolvió: “POR TANTO : De conformidad con lo expuesto, artículos 2 inciso h), 6, 26, 53, 55, 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 277, 284, 285, 853 y siguientes del Código Civil, 155, 222, 287 y siguientes del Código Procesal Civil, se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. Se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria de [Nombre1] en contra de [Nombre2] , [Nombre3] , INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y EL ESTADO representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Se declara con lugar en todos sus extremos la reconvención establecida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL en contra de [Nombre1] . Se declara que el INDER es el único y exclusivo propietario de la finca matrícula CED7 de la Provincia de Puntarenas. Que el terreno descrito en los planos P-505396-83 y [Placa2] forma parte del Asentamiento Osa ubicado dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce. Que al momento en que el Juzgado de Trabajo de Golfito adjudica y pone en posesión del reconvenido la finca descrita en el plano P-505396-83 ésta ya se encontraba ubicada dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce afectado al Patrimonio Natural del Estado como bien de dominio público. Se anulan las resoluciones del proceso ordinario laboral establecido por [Nombre1] en contra de [Nombre6] expediente 02-84 tramitado ante el Juzgado de Trabajo de Golfito en cuanto se ordenó sacara a remate la finca ilustrada en el plano P-505396-83, la que aprueba el remate mismo y la que ordena poner en posesión del actor la referida finca y el acta de puesta en posesión de la propiedad de litis. Tome nota el Instituto de Desarrollo Rural para lo que corresponda sobre la ocupación irregular de los demandados [Nombre2] y [Nombre3] dentro de la propiedad de litis para lo que corresponda. Se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, Área de Conservación Osa para que se tomen las medidas correspondientes en el terreno de litis para la defensa y conservación del Patrimonio Natural del Estado reseñándose copia de la presente sentencia a dichas oficinas. Igualmente se ordena al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO suspender de forma inmediata y definitiva cualquier giro de dinero por concepto de servicios ambientales de acuerdo al contrato número PN-01-22-0144-2004 en favor de los demandados extendiéndose el oficio correspondiente. Se resuelve el presente asunto sin especial sanción en costas. Se hace saber a las partes que esta sentencia tiene recurso de apelación ante el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José. En caso de presentar recurso de apelación cualquiera de las partes, favor remitir además de la parte escrita, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, lo hagan saber en el mismo escrito de apelación, o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar..." (ver folios 617 a 640).- IV.- La parte Actora a través de su defensora pública licenciada Susanny Gómez Salas apeló. Muestra su disconformidad con el a-quo en el fundamento del fallo indicando: 1) Indebida valoración probatoria, fundamentación y aplicación del derecho. Indica que en los considerandos cinco, seis y siete sobre el fondo del asunto, sobre la pretensión principal y sobre la pretensión primera subsidiaria en que estima debe declararse sin lugar argumentando que el actor [Nombre1] , carece de justo título por haber adquirido en una subasta pública, realizad en el año de 1983 y le fue adjudicada la finca por el Juzgado de Trabajo de Golfito, expediente 02-84, hechos que quedaron demostrados y siendo que el terreno en litis fue adquirido de quien en ese momento ostentaba la legitimación para adjudicarlo. Dice su representado desde que adquirió dedicó el fundo a la protección del bosque, a efectos de que estuviese protegido y dedicado a la regeneración natural, razón por la cual nunca lo dedicó a actividades agrícolas, por lo cual no puede decirse como se indica en el fallo, que no se ejerciera posesión sobre el mismo dado su posesión ha sido en aras de proteger y conservar la montaña que hay en su propiedad, instaurando los mecanismos legales y procesos judiciales necesarios para tutelar su derecho de propiedad. Su representado se adjudicó de buena fe el terreno en un remate judicial y cumpliendo con los requisitos de dicho trámite, situación que por las inconsistencias registrales no se le pueden achacar al actor. Dice, yerra el ad quo en señalar que el actor carece del cumplimiento de requisitos para que opere la usucapión, ya que quedó demostrado si ejerció sus derechos como legítimo dueño del terreno en litis y de buena fe, siendo que siempre se mantuvo luchando por sus derechos como legítimo dueño del terreno en litigio. Tampoco se le puede achacar a su representado que el remate realizado que se indica viciado de nulidad, ya que e´l se lo adjudicó de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos solicitados para ello, por lo que no se le puede causar perjuicios a él por tales hechos. Señala que la finca de Osa Productos Forestales N° 6- 8947-000, antes de crearse el parque medía 3251 hectáreas 591 metros cuadrados, parte de esa propiedad fue agregada al Parque Nacional como finca número 6-22050 con una medida de 2082 hectáreas, quedando la finca 6- 8947-000 con una cabida de 1192 hectáreas con 5598 metros cuadrados, la cual fue reunida con la finca 6-22048-000, y expropiada en 1979, posteriormente el resto de la finca 6- 8947-000 es la misma que aparece y es expropiada en forma irregular mediante Decreto Ejecutivo N° 10088, del año 1979, con la misma cabida, tomo y folio, como finca individual inscrita al tomo 1484, del asiento 9 y 10, procediendo el Estado a pagar por dicho resto de finca por expropiación en bonos agrarios a la multinacional y posteriormente la vuelve a pagar de nuevo con valor cuatro veces más, estando ya refundida con la finca 6-22048-000. Con lo anterior se denota que el resto de la finca 6- 8947-000, que poseía una cabida de 1192 hectáreas 5598 metros cuadrados, estando ya reunida con la 6-22048-000, el 19 de agosto de 1976, no podía ser pagada ni expropiada en el año de 1979, lo que denota una grave consistencia a nivel registral, ya que el área restante no existía como finca individual a nivel registral. Asímismo, indica, los asientos de las fincas 6-22048-000 y 6-22046-000, no quedaron inscritos a favor del Estado, ya que nunca fueron cerradas por el registrador. Las fincas no fueron cerradas ni reunidas en fecha 15 de diciembre de 1980, por lo tanto la finca 39334 no podía existir registralmente. En la finca N° 6-22048-000, se especificó la existencia de una cédula hipotecaria , de primer grado CED8° , folio 595, tomo 38 por un monto de 2.000.000 de colones siendo que el acto de entrega de Osa Productos Forestales al Estado, crea el derecho al recibir la finca y al traspasarla al ITCO, desaparecen dichas cédulas sin hacer ninguna mención, con lo que al existir las mismas, hubiese sido improcedente realizar reuniones de finca al existir gravámenes reales que limitaban dichas acciones registrales. Igualmente la finca 6-22046-000, la cual es una de las fincas expropiadas, también soportaba una cédula hipotecaria por 1.000.000 de colones, sin cancelar al momento de la negociación con Osa Productos Forestales, la Procuraduría y el ITCO. Debido a todas estas inconsistencias no se cerraron las fincas dichas que ponen en tela de duda la finca 6- 39334 inscrita el 12 de diciembre de 1980, la cual nace a la vida jurídica y registral, antes del inexistente cierre o reunión de fincas 6-22048-000 y 6-22046-000, y la inexistente finca 6- 8947 del 15 de diciembre de 1980. El ad quo ha inobservado todas las anteriores inconsistencias. Por otra parte señala que de conformidad a lo estipulado por el ordinal 868 del Código Civil, el plazo para alegar la acción declarativa de la nulidad de dicha adjudicación de al finca en litis al aquí actor mediante remate se encuentra prescrito al haber transcurrido más de los diez años sin que se alegara por alguna de las partes interesadas o que se decretara de oficio la nulidad, por lo que el acto jurídico de la adjudicación mediante remate, es válido al convalidarse los derechos y la circunstancia de hecho intrínsecos , por lo que adquirió eficacia jurídica y por lo tanto, surte efectos legales, de ahí el argumento aportado por la parte actora en cuanto a la adquisición mediante remate es el justo título y suficiente para demostrar la adquisición del terreno en litis, pues deriva de un negocio eminentemente válido. 2).- Falta de fundamentación de los demás requisitos de la usucapión. Únicamente se entró a realizar una valoración superficial en cuanto al cumplimiento del requisito de justo título, indicándose que al no ostentarlo, no se analizó sobre los demás, señalando que por no cumplirse este se puede declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, lo anterior bajo un estado de incertidumbre e indefensión al aquí actor por cuanto al no analizarse el resto de requisitos no se verifica el cumplimiento efectivo de cada uno de los otros, siendo que desde 1983 fue adquirió el fundo en litis y se ha mantenido luchando por el mismo al ejercer todos los atributos de un legítimo dueño, iniciando procesos judiciales para hacer valer sus derechos y tutelar su propiedad, todo de buena fe, bajo la creencia objetiva de que adquirió y ha ejercido su derecho de posesión de forma legítima. Dice, el resto de presupuestos han sido acreditados mediante prueba documental (ver folios 677 a 681). V.- Los codemandados [Nombre2] y [Nombre3] también apelan el fallo. Dicen acertadamente el juez declara sin lugar la demanda que les fue interpuesta por [Nombre1] , pero no comparte lo que concluye la sentencia en cuanto a que don [Nombre2] es un poseedor de mala fe al haber sido objeto de dos desalojos solicitados por el señor [Nombre1] y que en aras de sostener de manera ilegal la posesión sobre el fundo en disputa, [Nombre2] atentó contra la vida del actor [Nombre1] . Se indica en el fallo que el señor [Nombre3] y su esposa no han mantenido una posesión ecológica amigable con el ambiente y los recursos naturales. La primera conclusión dice, es totalmente contradictoria, pues si el señor juez concluye que al momento de adjudicarse los terrenos el señor [Nombre1] , eran parte del Asentamiento Osa, dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce como entonces el señor juez le da valo9r a los desalojos ilegales que este dirigió contra los demandados, incluso el a quo anula la resolución que ordenó el remate de la propiedad. El otro punto el señor juez de manera temeraria indica, se atentó contra la vida de [Nombre1] , imputándose una tentativa de homicidio, hecho sobre el cual no hay ninguna prueba al respecto y el señor juez agrario no es un juez penal para venir a endilgar una culpabilidad sin prueba alguna. El a quo deja de lado la prueba testimonial ofrecida por los codemandados, ni siquiera se toma la molestia de analizarla para desecharla. Dicha prueba es contundente en cuanto a la posesión ejercida por don [Nombre2] y anteriormente por su padre [Nombre8] , desde muchos años antes de que se diera el susodicho remate que alega el actor. Incluso el testigo [Nombre9] funcionario del Instituto de Desarrollo Agrario, manifestó que para la oficina regional de Rincón quien posee son los codemandados [Nombre2] y [Nombre3] y como tales se encuentran enlistados como los poseedores del bien en disputa. Esta omisión de valoración de la prueba hace deba anularse el fallo al ser una omisión arbitraria, carente de objetividad y de imparcialidad por parte del juez, con claro perjuicio a los derechos procesales de los codemandados. Señala en la sentencia se indica que los codemandados apelante no han mantenido una posesión ecológica en protección de los recursos naturales, incoándoles daños al bosque y a la zona de protección de la quebrada, y sin que exista prueba alguna en el expediente se enviaron a la Fiscalía de Golfito dos causas contra don [Nombre2] sin ningún respaldo probatorio alguno denuncias derivadas del mismo [Nombre1] y del propio juez Gutiérrez Villalobos, una por desobediencia a la autoridad y otra por infringir la normativa contenida en la Ley Forestal. 5.- Dice se opone a la eximente en costas que se hace en este proceso, por cuanto la misma sentencia aduce la adjudicación ilegal de [Nombre1] , por cuanto este sabía que la finca formaba parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce. La prueba evacuada demuestra que al momento en que el señor Schmidt se adjudica la parcela mediante un proceso totalmente ilegal, ya sabía que el terreno era poseído por don [Nombre2], puesto que incluso su padre [Nombre8] vivía y explotaba esos terrenos. Dicha prueba no fue valorada ni analizada. Pide se declare a [Nombre2] y [Nombre3] , como los legítimos poseedores del fundo en disputa que forma parte del Asentamiento Osa o en su defecto anular el fallo, por preterición de prueba y establecer que en el expediente no hay prueba discutida y examinada para sostener que [Nombre2] haya atentado contra la vida del actor, a raíz del conflicto que ha sido conocido en este proceso (ver folios 670 a 676). VI.- EN CUANTO A LA APELACIÓN DEL ACTOR: Es importante mencionar que recientemente la Sala Constitucional refiriéndose al tema de la función y la estructura de los derechos reales indicó lo siguiente: IV.-SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD. El artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social" 1.- LAS PROPIEDADES, SU FUNCIÓN Y ESTRUCTURA ES OBRA DEL LEGISLADOR. En una interpretación amplia del texto base para resolver la consulta judicial planteada, y para determinar si se debe aplicar o no un criterio de propiedad privada (adquirida por usucapión e inscrita en el Registro Público mediante Información Posesoria), o un criterio de propiedad agraria pública (reservada al Estado), es necesario recordar lo indicado por esta Sala, en cuanto a los diferentes regímenes de propiedades que abarca dicha norma: “Por tales razones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del referido numeral 45, en relación con el 50, ambos constitucionales, la propiedad forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, etc., todas con asidero constitucional en los citados artículos y con una específica regulación y naturaleza jurídicas...” ([Nombre6]., No. 5893-95 de 9:48 horas del 27 de octubre de 1995). La inteligencia de dicha interpretación normativa debe ser profundizada. El tratamiento de la protección de los derechos reales, en materia civil y agraria, tienen una gran importancia en todos los ordenamientos jurídicos que han consolidado una base constitucional arraigada en la protección de los derechos humanos fundamentales: junto a los derechos de libertad económica, entre los cuales se encuentra la propiedad privada y demás derechos reales derivados, también se han consagrado derechos-deberes económicos, sociales y ambientales. La propiedad privada y la libertad económica, encuentran protección constitucional en los artículos 45 y 46 de nuestra Carta Magna y, aunque parece obvio, su existencia y defensa obedecen a la permanencia de un Estado Social de Derecho, basado en principios y valores constitucionales, en los cuales se consagran no solo derechos a favor de los particulares, sino también deberes, con miras a alcanzar un desarrollo económico, con equidad, solidaridad y justicia social. En consecuencia, si las normas y principios constitucionales de los derechos reales, tanto en materia civil, como agraria, son comunes, no es posible escindir, completamente, las dos materias del Derecho de la Constitución, con mayor razón, tratándose del tema de la expropiación con fines de utilidad pública. La función y la estructura de los derechos reales son comunes en ambas materias, pero su contenido es diverso. La función es la utilidad económica o social para el cual fue diseñado un derecho real particular, y la misma dependerá de la naturaleza (civil, agraria, ecológica, ambiental) del bien sobre el cual recae tal derecho. La estructura, se refiere al conjunto de derechos y obligaciones del titular de ese derecho real, impuestos por la legislación ordinaria, y modificados por la legislación especial, para responder a las necesidades de cada momento histórico. La diversa estructura y función de los bienes, de acuerdo a su naturaleza, conduce a hablar de diversos tipos de propiedad: la civil, la urbana, la agraria, la forestal, la horizontal, la intelectual, y así sucesivamente. También se habla de posesión y usucapión civil, agraria, forestal o ecológica. Igualmente, de servidumbres civiles, de aguas, agrarias, y más recientemente de servidumbres ecológicas. En cualquier caso, la Constitución es garante de la protección de tales derechos reales, para brindar no solamente seguridad jurídica a sus titulares, sino también, para obligar el cumplimiento de la función económica, social y ambiental, para la cual fueron concebidos. Pero la Constitución también protege, con particular atención, todos los bienes productivos que forman parte de la Propiedad agrícola del Estado y su dominio público, y que en algún momento pueden ser de utilidad para el bien común....2....De los textos citados con anterioridad se puede afirmar que, al igual que el resto de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, el derecho de propiedad no es absoluto y la inviolabilidad que reconoce el numeral 45 constitucional no puede leerse con la rigurosidad con que se entendía en la época del liberalismo económico, cuando se defendía una noción individualista de la propiedad. Por el contrario, actualmente la propiedad privada puede ser limitada de diversas maneras que van en consonancia con el Derecho de la Constitución. A partir de estas nuevas concepciones fue que se comenzó a propugnar por la función social de la propiedad, la cual además de permitirle al propietario ejercer una serie de prerrogativas sobre esta, no se olvida de los fines sociales que también está llamada a cumplir cuando el Estado así lo requiera para alcanzar proyectos de utilidad pública a favor de la colectividad. ...3.- SOBRE EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD AGRARIA. El Código Fiscal, de 1885, la Ley de Terrenos Baldíos (No. 13 del 10 de enero de 1939, derogada por la Ley de Tierras y Colonización No. 2825), la Ley de Informaciones Posesorias y la Ley de Tierras y Colonización, fueron las primeras normativas en ocuparse de una regulación en el uso racional de los recursos naturales, para conservarlos. Pero también propiciaron la ocupación, titulación y destrucción de los bosques. En la segunda mitad de este siglo, prevalecieron el interés en la producción y la explotación de la tierra, lo cual venía justificado por la imposición de la función económica y social de la propiedad agraria. En efecto, la doctrina agraria costarricense ya se había manifestado por una cultura agraria tendiente a poner a producir la tierra para cumplir con su destino económico: “(...) La tierra multiplicó su feracidad con el auxilio de la mecanización y la técnica, que supone el uso creciente de ciertos bienes muebles (...). Pero si la tierra comparte su importancia con el capital mueble agrario, perdiendo su primacía, ha adquirido un nuevo relieve como asiento de los bienes que constituyen la explotación agropecuaria (...). Dichos bienes son considerados propiedad agraria en su aspecto económico, en cuanto a instrumentos o medios de producción agropecuaria, y en su aspecto social, relativo a su control y a la distribución de sus beneficios (...). La propiedad agraria, se caracteriza por la exigencia individual y social de la necesaria destinación a la producción, para preservar la calidad y la capacidad productiva del bien. La exigencia social de la producción se hace más obvia en las normas que autorizan la expropiación de los bienes agrarios no utilizados en la explotación o empleados deficientemente y en las que vedan o limitan las formas indirectas de tenencia y explotación (...)” (BARAHONA ISRAEL, Rodrigo. Derecho Agrario, San José, Universidad de Costa Rica, 2ª edición, 1982, página 228-229). La misma Ley de Terrenos Baldíos permitió la adquisición de tierras por particulares, hasta un máximo de 30 hectáreas. Quedó prohibido, salvo ese caso, cerrar con cercas los terrenos baldíos propiedad del Estado, derribar montes o establecer en ellos construcciones o cultivos o extraer leña, madera u otros productos. Con ello era evidente la intención de nuestro legislador de conservar los recursos forestales. La Ley de Tierras y Colonización de 1961, reguló la función económica y social de la propiedad con mayor prevalencia que la ambiental. Ello era una exigencia cultural, en garantizar no solamente el “acceso” real a la propiedad, a través de la intervención del Instituto de Tierras y Colonización, sino también exigir que se cumpliera con el destino económico de los bienes productivos (entre otros, artículo 1, 2 y 5). La doctrina patria afirmó que “A partir pues, de la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización es ilegal la ocupación de tierras del Estado. Pero las comenzadas antes de su vigencia son lícitas, dentro de los límites y condiciones establecidas por la Ley General de Terrenos Baldíos u otras cualesquiera vigentes al iniciarse la ocupación y sirven a los efectos de la prescripción positiva” ([Nombre10], ibid, p. 231). Fue así como en la Ley de Tierras y Colonización, junto a la función económica y social, se dictaron una serie de disposiciones tendientes a conservar los recursos naturales (artículo 1 y 68). En particular, se establecía que las tierras que no tuvieren implantado el régimen de conservación y uso adecuado de las reservas que en ellas existían de recursos naturales renovables de la nación estaban incumpliendo la función social de la propiedad (Ley de Tierras y Colonización, artículo 153 inciso 4). Sin embargo, su aplicación desmedida, por la cultura que le era inherente, en cuanto a la función económica y social, llevaron al ejercicio abusivo del derecho de propiedad. Por ello también se advierte que “La apropiación indebida de tierras en las reservas nacionales por particulares adquiere caracteres alarmantes cuando es realizada por propietarios de latifundios con el fin de aumentar su cabida y más aún si el propósito que se persigue se limita a acaparar tierras sin cultivarlas” ([Nombre10] , op. cit., p. 235). El legislador impuso a la propiedad, en particular a la propiedad agraria una serie de limitaciones dirigidas a cumplir su función económica y social. La Ley de Tierras y Colonización hace referencia expresa a ambas funciones (Ley de Tierras y Colonización, artículos 6, 21 inciso 1, 58, 142, 144, 150). Por un lado, le impone la obligación al Estado de dotar a personas carentes de tierras o que las poseen en forma insuficiente, dotarlos de terrenos suficientes para su desarrollo individual y social (artículo 2). También se establece la obligación de producir la tierra, pues el incumplimiento de esa función económico productiva implicaría eventualmente la expropiación de las mismas si se encuentran incultas, abandonadas, explotadas indirectamente, o insuficientemente cultivadas. Y castiga el ejercicio antieconómico de terrenos aptos para la agricultura destinados a la ganadería (artículo 144). Se les impone a los beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario, como una de sus obligaciones, la conservación de los recursos naturales renovables, pues la falta a estas disposiciones puede implicar la revocatoria de la parcela. ....Este Tribunal Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de su estructura –conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado. Dentro de dicho contexto reconoce, implícitamente, la existencia de propiedades especiales, con particularidades distintas atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, y su función específica: “El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos. Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización.” Dichas limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993).- 4.- DE LOS LÍMITES Y LIMITACIONES, A PROPÓSITO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y FORESTAL. La doctrina ([Nombre11], Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994, páginas 259 a 262) ha distinguido entre límites y limitaciones del derecho de propiedad, en el contexto del contenido de ese derecho. Según ALBALADEJO, el contenido normal del derecho de propiedad debe enmarcarse mediante la indicación de los límites del dominio: “A veces el límite consiste en que el propietario no puede hacer algo; otras en que tiene el deber de hacerlo, quitándosele así la libertad de omitirlo (por ejemplo, la de no revocar la fachada del inmueble o la de no cultivar la finca rústica)... Como los límites del dominio constituyen régimen normal del mismo, ni hace falta un acto especial para imponerlos a cada cosa en particular, ni hay que probarlos... sino que basta invocar (cuando proceda) la norma jurídica que los establece. Por el contrario, tratándose de limitaciones han de establecerse por un acto especial relativo a la cosa de cuya propiedad se trata, y, como son excepcionales, han de ser probadas, pues, en otro caso, la propiedad se presume libre de ellas” (íbid, p. 262). Estos pueden establecerse por razones de interés privado, o por razones de interés público, siendo estos últimos los predominantes. Por ejemplo, los establecidos en la Ley de Aguas o en la Legislación especial agraria o ambiental. La Corte Plena, actuando como Tribunal Constitucional, hizo la distinción entre los límites y limitaciones al derecho de propiedad: “Tradicionalmente se han usado como sinónimos “límites” y “limitaciones”, pero ya hoy día se hace la diferencia entre ambos términos, para entender como “límites” los que son impuestos por la ley en forma generalizada sin referirse a una cosa o a un propietario individualizados, se aplican a todos los que están en una misma situación; mientras que las “limitaciones” por regla general son impuestas voluntariamente por los propietarios, aunque sea con base en la ley, y siempre para casos concretos... Pero nótese que la votación de dos tercios no constituye autorización para imponer toda clase de limitaciones a la propiedad, pues el texto se refiere únicamente a las de “interés social” ” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983). La Corte Plena señaló muy claramente el principio de la función económica social de la propiedad, como una restricción impuesta a la propiedad con efectos generales. Específicamente, en el ámbito de la propiedad forestal, la Jurisprudencia estableció la importancia de las limitaciones desde el punto de vista ambiental: “En el recurso se alega la inconstitucionalidad de los artículos 30, 7l, 88, 98, l0l, incisos b) y d), l03, l04 y l05 de la Ley Forestal por encontrarlos lesivos de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional, pues según el criterio del recurrente, el primer artículo citado atenta contra la inviolabilidad de la propiedad al exigir aprobación de la Dirección General Forestal para poder efectuar trabajos de eliminación de bosques con el objeto de realizar colonizaciones o parcelación de tierras o cualquier empresa agrícola o ganadera, toda vez que con esas (sic) intromisión del Estado se pone en manos de éste la facultad de administrar la propiedad privada. A lo anterior es de señalar que ningún choque se produce entre el artículo 30 de la Ley Forestal y el 45 de la Constitución Política, pues el derecho de propiedad no es absoluto. En efecto, si bien el constituyente declaró categóricamente que la propiedad es inviolable, de seguido estableció restricciones a ese principio, una de ellas la posibilidad de expropiación "por interés público legalmente comprobado", y por otra en que se dispone que la Asamblea Legislativa puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social "mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros", de donde debe concluirse que la primera declaración tiene dos limitantes referidas al interés público y al interés social. El concepto clásico de propiedad que la tenía como absoluta y sin límites, ha variado notablemente, permitiendo ahora que se impongan "limitaciones de interés social", conforme lo autoriza el párrafo segundo del artículo 45, con lo cual ha sido posible que el legislador estableciera, como función esencial del Estado, la de "velar por la protección, aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales del país" (artículo 1º de la Ley Forestal), función que se cumple con la serie de restricciones que la citada Ley impone a la explotación de los bosques. De la misma norma constitucional se concluye que esos límites no son un desconocimiento del derecho de propiedad, como lo alega el recurrente, sino una limitante para lograr el cumplimiento de fines superiores, más importantes que los estrictamente individuales en favor del propietario, sean los de la comunidad y de las futuras generaciones que deben contar con recursos forestales, incluso en protección del ambiente y la sanidad... Es cierto que se le ha limitado en su ejercicio, en protección de los intereses forestales del Estado que procuran la conservación de los recursos naturales y la sanidad ambiental; pero ello está permitido por la norma constitucional que el propio recurrente estima lesionada... VIII.- Ya en forma reiterada esta Corte ha dicho que el ejercicio de las libertades acordadas por la Constitución no es absoluto, y que pueden ser objeto de reglamentación y aún de restricciones cuando se encuentren de por medio intereses superiores. Mal podría tildarse de inconstitucional, por ejemplo, el artículo 371 de la Ley General de Salud, en cuanto reprime con prisión a quien cultivare plantas de adormidera, coca o marihuana, por atentar contra la libertad de agricultura establecida en el artículo 46 de la Constitución, norma que el recurrente estima como violada por las restricciones que a la labor agrícola impone la Ley Forestal. Y si se toma en consideración el criterio ya externado de que esa Ley protege intereses de mayor rango que los meramente individuales del poseedor o propietario de terrenos sometido a regulación forestal, se concluye aquí también que las restricciones que se acusan de inconstitucionales no lesionan la garantía del artículo 46 de la Carta Política, pues ya se dijo que lo que ha hecho el Estado es restringir por razones de interés social el ejercicio de los atributos de la propiedad. IX. La Ley Forestal pretende proteger los recursos naturales, circunstancia que incide en la organización de la producción. Los recursos hidrológicos, los cambios ambientales, la sanidad del lugar son factores que influyen en la producción agropecuaria y se encuentran directamente relacionados con los recursos forestales de la zona; por ello las regulaciones sobre explotación forestal no lesionan sino que, por el contrario, afirman la garantía constitucional del artículo 50, en cuanto dispone que el Estado debe organizar la producción. X. Con la Ley Forestal no se le está impidiendo al recurrente la posibilidad de lograr trabajo, honesto y útil, con el que procure por la subsistencia y bienestar de él y de su familia. Es indudable que el derecho que otorga el artículo 56 de la Constitución Política no es irrestricto, pues se encuentra sometido a las leyes y reglamentos respecto a la modalidad y condiciones de ejercerlo. Así el señor Elizondo Villegas puede dedicarse a la agricultura si ése es su deseo; pero en ejercicio de tal derecho no le es lícito actuar contra la legislación vigente que protege los recursos forestales y regula la producción agrícola. Existen cultivos prohibidos (como el señalado anteriormente, la marihuana), y prácticas agrícolas restringidas (como las quemas), por normas jurídicas que imposibilitan a los agricultores para dedicarse a esos cultivos o utilizar las prácticas dichas. Sin embargo, esas normas no son inconstitucionales, pues no restringen ilegítimamente el derecho al trabajo, sino que lo regulan para salvaguardar otros intereses de mayor rango que garantizan la convivencia, fin último al que tiende el sistema jurídico" (Corte Plena, sesión extraordinaria celebrada el l7 de mayo de l984). Este Tribunal Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de su estructura –conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado. Dentro de dicho contexto reconoce, implícitamente, la existencia de propiedades especiales, con particularidades distintas atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, y su función específica: “El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos. Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización.” Dichas limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). 5.- LA POSIBILIDAD DE TITULACIÓN EN RESERVAS NACIONALES Y SUS LIMITACIONES. Uno de los temas más controvertidos, en materia de limitaciones a la propiedad, para el cumplimiento de su función ambiental, es el de la posesión y titulación de bosques y terrenos ubicados en áreas protegidas. El tratamiento de este tema, en el ámbito de la protección posesoria, de la propiedad privada y de la usucapión ha sido objeto de análisis y discusión, tanto en doctrina como en jurisprudencia. El tema de la posesión ecológica, no es de pacífica aceptación. Se han dado diversos planteamientos doctrinales y la jurisprudencia exige demostrar el cumplimiento de la función ecológica para proteger la posesión y propiedad. Todo se origina en la aplicación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que en la actualidad establece: “Artículo 7.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por los menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que contengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios...” (Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7. Reformado por Ley Forestal, No. 7575 del 5 de febrero de 1996). En relación con la aplicación de esta disposición, la Sala Constitucional ha indicado que es posible aplicar dicha norma en forma retroactiva, desde que se produce la afectación al dominio público, pues la posesión decenal consolidada antes de la declaratoria de cualquier reserva o área protegida encuentra tutela en la referida disposición legal (ver voto No. 4597 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997). V.- SOBRE LA USUCAPIÓN COMO MODO DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD. A pesar de lo especializado de esta materia, ya la Sala ha tenido oportunidad de referirse al régimen general de la usucapión (entendida como la posibilidad de adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva). La sentencia número 004587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997, arroja una serie de elementos importantes sobre este instituto que merece la pena rescatar en este apartado: “(…) En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles inscribible en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa Ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento del título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. De lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, que caracteriza el procedimiento de información posesoria como un proceso judicial no contencioso -en el que al surgir un reclamo u oposición de alguna persona o del Estado, provoca que el asunto se suspenda y se remita a la vía declarativa para su discusión y solución, o que se archive el expediente y se tenga por agotada la vía administrativa, respectivamente-, se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos en la ley. En términos generales, el Código Civil establece como requisitos para la prescripción positiva: el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión en condiciones específicas.(…)Ahora bien, como último requisito contemplado en el artículo 853 para la prescripción positiva se tiene la posesión. La esencia del instituto de la usucapión está ligado con la disciplina de la posesión. Al ejercicio de la posesión durante un plazo determinado y en condiciones especiales -pública, pacífica, continua y en calidad de titular del derecho ostentado-, se suman los requisitos que el ordenamiento establece para la usucapión, justo título y buena fe. La posesión como derecho real implica la relación entre una persona y la cosa. Constituye uno de los elementos separados que forman el dominio (artículo 264 Código Civil). El derecho de posesión puede ser adquirido independientemente del dominio pleno bajo ciertas circunstancias que el Código Civil regula en el artículo 279 -por consentimiento del propietario, por el hecho de conservar la posesión por más de un año y porque la ley autorice al acreedor a retener la cosa de su deudor o mande que todos o algunos de sus bienes pasen a un depositario-. (…) En ese sentido, la posesión ad usucapionem es una forma más rigurosa o calificada de posesión que se diferencia de la genérica. Los requisitos que la ley exige para que la posesión sea apta para la prescripción positiva se regulan en el artículo 856 del Código Civil. La jurisprudencia, integrando conceptos doctrinarios, ha desarrollado el contenido de esos requisitos. En ese sentido, en relación con la posesión en calidad de propietario se ha señalado que lo que el Código Civil quiere decir es posesión en calidad de titular del derecho ostentado (…)” (lo destacado no corresponde al original) Del mismo modo, en la doctrina del Derecho Civil y Derechos Reales se ha puntualizado que el ordenamiento jurídico reconoce la usucapión como modo de adquirir la propiedad de un bien inmueble, a fin de brindar seguridad jurídica a las relaciones sociales y, consecuentemente, propiciar la paz social. Existen varias teorías que fundamentan la usucapión: en primer lugar, una teoría subjetiva que explica que el fundamento jurídico de la definitiva adquisición por el usucapiente es la negligencia o abandono del titular contra quien usucape; en segundo lugar, una teoría objetiva que indica que la ratio iuris de la usucapión está en la protección del interés público, los intereses sociales y la seguridad jurídica. El Derecho busca proteger la apariencia creada con la situación posesoria en que se encuentra el usucapiente y el aseguramiento de la estabilidad económica (véase, [Nombre12] , María Luisa y otros, “Derechos Reales e Inmobiliario Registral: Esquemas de Derecho Civil”. Editorial Arazandi, 2010, España). Mediante la usucapión se transforma el estado de hecho a un estado de derecho a fin de garantizar seguridad jurídica de los intereses individuales y en las relaciones jurídicas (del usucapiente frente a otros sujetos). La usucapión genera un título real y válido, de manera gratuita, que se transforma en una adquisición de la propiedad. Por medio de la firmeza de la adquisición se dará seguridad a las relaciones jurídicas por cuestiones de interés público (ver, [Nombre11] , Manuel. “Compendio de Derecho Civil”. Editorial José María Bosch, 2007, España). VI.- Sobre los bienes de dominio público, la presunción de demanialidad y las reservas de dominio público. Para tener una mejor comprensión del tema que se está estudiando en esta consulta, debe también hacerse referencia a las nociones de bienes de dominio público, la presunción de demanialidad, así como a las reservas de dominio público, todos ellos conceptos importantes para la adecuada resolución del sub examine. Sobre los bienes de dominio público, esta Sala ha tenido reiteradas oportunidades para desarrollar la temática. Por ejemplo, en la sentencia número 1991-2306 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991, reiterada en la sentencia número 2004-09217 de las 15:25 horas del 25 de agosto de 2004, este Tribunal estableció lo siguiente: “(…) el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen” (lo destacado no corresponde al original) Por consiguiente, los bienes de dominio público se caracterizan por: a) existir una voluntad expresa del legislador; b) un destino especial de servir a la comunidad, al interés público; c) estar destinados al uso público; d) estar afectados al servicio que prestan; e) encontrarse sometidos a un régimen especial fuera del comercio de los hombres; f) no pertenecer individualmente a los particulares, y; g) pertenecer al Estado en su concepción más amplia. Además, son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen, no pueden ser objeto de posesión, se puede adquirir un derecho al aprovechamiento pero no a la propiedad, la acción administrativa (potestades de autotutela y policía) sustituyen a los interdictos para recuperar el dominio y, finalmente, los permisos o las meras ocupaciones de hecho se realizan a título precario. Por su parte, en la sentencia número [Telf1] de las 9:27 horas del 28 de junio de 1996, esta Sala distinguió entre la afectación de un bien y la asignación del bien a un fin público, de la siguiente forma: “Un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o un parque público, por ejemplo). En nuestra legislación para definirlo, el artículo 261 del Código Civil sigue el concepto de la afectación al fin público, al expresar que "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público". La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace la distinción entre "asignación del carácter público" a un bien con la "afectación" de ese bien al dominio público. La asignación del carácter público significa establecer que ese bien determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica general diría que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, la afectación significa que el bien declarado dominial queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con la aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o fraccionamiento, por ejemplo). Es por esto que se dice que la afectación puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien por un acto administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse con la norma jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad)” . Entonces, la única forma de que un particular pueda alegar algún tipo de derecho (aunque restringido) es que la Administración le haya otorgado una concesión o un permiso. Asimismo, la Sala en sentencia número [Telf2] de las 15:45 horas del 22 de diciembre de 1993, distinguió los bienes del Estado en públicos y privados: "(...) que el patrimonio del Estado se califica en dos clases de bienes del dominio fiscal o privado y del dominio público. Los primeros se caracterizan porque son fuentes de rentas para el Estado, son enajenables, prescriptibles y en consecuencia, están en el comercio de los hombres; los de dominio público no le producen al Estado rentas de ninguna especie y se caracterizan por la gratuidad y la generalidad del uso para todos los individuos de la nación, son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio". Una característica fundamental de los bienes de dominio público es la presunción de demanialidad. Esta hace que dichos bienes sean excluidos del ordenamiento jurídico común que regula la propiedad ordinaria, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho Administrativo, existiendo un derecho-deber del Estado de la tutela o protección del dominio público. Al respecto, en la sentencia número 1996-003145 de las 09:47 horas del 28 de junio de 1996, esta Sala estableció: “IV.- LA PRESUNCION DE LA NATURALEZA DEMANIAL DE LOS BIENES. La especial categoría de los bienes demaniales, hace que sean excluidos del ordenamiento jurídico común de la propiedad ordinaria, como ha quedado dicho en los considerandos anteriores, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho administrativo y dentro de ese contenido se desarrolla el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en virtud del cual, la Administración puede recobrar la posesión perturbada de sus bienes sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de que el mejor derecho se discuta en la vía jurisdiccional. A este principio pertenecen las figuras jurídicas que se encuentran en los artículos que se cuestionan en esta acción; es decir, la presunta afectación e incorporación del bien al servicio público, que implica también la presunción de la demanialidad del bien, y como consecuencia de ello, la posibilidad de la exclusión del deber de registrar esos bienes y todo ello, como parte del derecho-deber del Estado de la tutela o protección del dominio público. El ejercicio efectivo de la tutela debe tener como fin hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra el dominio público, pudiendo la Administración utilizar la fuerza -poder de policía sobre el dominio público- en su defensa. Pero este principio general, por lo extraordinario y privilegiado que es, y por tener que convivir con el enunciado fundamental de la inviolabilidad de la propiedad (artículo 45 constitucional), supone, cuando menos, o que el derecho de propiedad sobre el bien sea manifiesto o que el carácter público del bien sea indubitable, de tal modo que no es posible utilizar el privilegio cuando existan cuestiones patrimoniales razonables sobre el bien, sea que se estén debatiendo en la vía administrativa o en la jurisdiccional. Es decir, la presunción de la dominialidad del bien tiene íntima relación con los modos que tiene la Administración disponibles para adquirir bienes y derechos, que en términos muy generales, son los mismos medios que tiene el particular para hacerlo con relación a la propiedad común, salvo lo ya dicho sobre la necesidad de una ley ordinaria para crear la categoría de que se trate y de la necesaria voluntad para dictar la afectación al uso público. Todo esto conduce al examen particular del régimen de privilegio que está inmerso en los textos de las normas cuestionadas. Lo que se ha dicho hasta ahora, está dirigido a señalar que, a juicio de la Sala, el privilegio que protege la demanialidad, puede y debe ser utilizado por la Administración cuando no existe ninguna duda sobre el carácter público del bien involucrado. Esto significa que ese mecanismo de exclusión, debe ser razonable y proporcionado: razonable en el uso que debe hacer la Administración de él, para que no sea excesivo, arbitrario o que resulte en un instrumento que ampare el abuso del poder; proporcionado entre los fines que cumple el bien que se pretende sea demanial y los medios utilizados por la Administración para incorporarlo a ese régimen. En otras palabras, en el uso del privilegio de exclusión en favor de la Administración, también está incorporado el principio de la interdicción de la arbitrariedad (...)” (lo resaltado no es del original). A efectos de resolver esta consulta, debe aclararse que la Sala parte de la premisa de que los inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado, como expresamente regula el artículo 486 del Código Civil. De esta forma, el ordenamiento jurídico ha estatuido una presunción a favor del Estado en el sentido que este es propietario de todos aquellos inmuebles no reducidos a propiedad particular. Todo lo anterior es acorde con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, en el cual se establece que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: …b) Los que no estén amparados por la posesión decenal”. Por lo que resulta más que evidente que los inmuebles inscritos posteriormente mediante información posesoria, soportan la reserva a favor del Estado, que si bien permite su titulación, para garantizar el acceso a la propiedad agraria, también el legislador ha dejado claro que quedan afectos a los fines de utilidad pública de carácter general. Por consiguiente, no existen bienes inmuebles susceptibles de ser categorizados como “res nullius”, pues lo no reducido a propiedad particular es del Estado. De tal presunción, entre otros efectos prácticos, deriva la obligación, en un proceso de titulación de terrenos, mediante el trámite de Información Posesoria, de tener como parte cuando menos a la Procuraduría General de la República en su condición de representante estatal y al Instituto de Desarrollo Agrario, como órgano encargado de administrar la propiedad agraria pública. Emana entonces del mencionado numeral un dominio primigenio estatal, anterior a cualquier detentación de particulares. Esta característica faculta al Estado a imponer condiciones especiales de usucapión, como en este caso la de reserva de dominio público. De esta forma, cuando el Estado permite a un particular prescribir positivamente un bien inmueble, lo hace bajo el entendido que una porción del 12% se encuentra afectada a dominio público y es imprescriptible. (Sentencia de la Sala Constitucional, No. 2012-16629 de las 16:31 del 28 de noviembre del 2012) VII.- Este Tribunal, en un caso similar al que ahora nos ocupa, en Voto No. 721-F-03 DE LAS CATORCE HORAS SIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES resolvió lo siguiente: "VIII.- En cuanto a los agravios planteados por la parte demandada, y para una mejor comprensión de lo que se va a resolver, el Tribunal ha procedido a realizar un análisis de la legislación agraria y ambiental, así como de los antecedentes Jurisprudenciales, a fin de darle al conflicto una solución apropiada y acorde a los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales. En los próximos considerandos se realizará dicho análisis (VIII-XXII), y posteriormente se conocerá de los agravios del recurrente – demandado. IX. Desde el siglo pasado, nuestro Constituyente se ha preocupado por regular el Instituto de la Propiedad como uno de los derechos fundamentales del Ser Humano. La propiedad fue la máxima expresión en el ámbito de la libertad económica del ciudadano. Se concibió como un derecho sagrado, absoluto e inviolable. Sin embargo, desde la Constitución de 1821, se establece la posibilidad de imponer limitaciones a través de la Ley. Ello fue evidente con la promulgación de la legislación especial agraria. Lo cierto es que nuestro Constituyente nunca se ocupó de indicar cuál sería el contenido mínimo o esencial del derecho de propiedad. Es al legislador a quien corresponde establecer dicho contenido mínimo y esencial, a través de las limitaciones al derecho, y es al Tribunal Constitucional, a quien le corresponde ejercer el control de esa facultad legislativa, para evitar que por la vía de las limitaciones se prive del dominio a los titulares. El artículo 45 de la Constitución Política, es la norma que hace referencia explícita al Derecho de propiedad. Tal norma dispone: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." Como lo ha dicho en forma reiterada la Jurisprudencia Constitucional, los dos párrafos de la norma constitucional, se originaron en momentos históricos diferentes: uno influenciado por los principios y valores del Estado Liberal, y otro por los derechos económicos y sociales propios del Estado Social de Derecho. Ahora bien, la pregunta que nace de inmediato es: Se trata de una sola propiedad o puede admitirse diversos tipos de propiedades (?). Indudablemente, la distinta naturaleza y función de los bienes, nos impone la distinción entre “las” propiedades. Sin duda alguna, la Constitución Política reconoce, como en la mayoría de constituciones modernas, la propiedad como Institución. Y como tal, es una sola. Sin embargo, respecto del derecho de propiedad como derecho subjetivo hoy se distinguen "las propiedades", a partir de la doctrina italiana del Profesor Salvatore Pugliatti, pues sin duda difieren en su función y en su estructura. La función de la propiedad está referida a la utilidad social del bien, a su diversa naturaleza productiva: así podríamos hablar de naturaleza agrícola, ganadera, forestal, urbana, etcétera. Y la estructura, referida al conjunto de derechos y obligaciones del propietario los cuales, van a diferir dependiendo de la función que le venga asignada al bien. En otros términos, los derechos y obligaciones de un titular de un terreno forestal, son distintos a los derechos y obligaciones del titular de un inmueble ubicado en zona urbana. Hoy esa tesis es compartida por la más sobresaliente doctrina, tanto nacional como internacional, y también por los criterios vertidos por la jurisprudencia. Para nadie es un secreto que el derecho de propiedad, como derecho subjetivo, entraña un conjunto de derechos y deberes, facultades y obligaciones para su titular, las cuales vienen siendo moldeados por la legislación especial agraria, atendiendo a la naturaleza de los bienes sobre los cuales recaiga, y a los nuevos principios y valores que van moldeando el entero ordenamiento jurídico. ...El legislador impuso a la propiedad, en particular a la propiedad agraria una serie de limitaciones dirigidas a cumplir su función económica y social. La Ley de Tierras y Colonización hace referencia expresa a ambas funciones (Ley de Tierras y Colonización, artículos 6; 21 inciso 1; 58, 142, 144, 150). Por un lado, le impone la obligación al Estado de dotar a personas carentes de tierras o las poseen en forma insuficiente, dotarlos de terrenos suficientes para su desarrollo individual y social (artículo 2). También se establece la obligación de producir la tierra, pues el incumplimiento de esa función económico productiva implicaría eventualmente la expropiación de las mismas si se encuentran incultas, abandonadas, explotadas indirectamente, o insuficientemente cultivadas. Y castiga el ejercicio antieconómico de terrenos aptos para la agricultura destinados a la ganadería (artículo 144). Se le impone a los beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario, como una de sus obligaciones la conservación de los recursos naturales renovables, pues la falta a estas disposiciones pueden implicar la revocatoria de la parcela. XI. La Ley Forestal de 1961(No. 4465 del 25 de noviembre de 1969) también impuso importantes limitaciones a la propiedad agraria tendientes a someter obligatoriamente al régimen forestal aquellos bosques y terrenos que el Poder Ejecutivo considerase indispensables para establecer en ellos zonas protectoras, reservas forestales, reservas nacionales y reservas biológicas. En caso de negativa de los propietarios procedería la expropiación (Ley Forestal, artículo 2 inciso b, 71 y 72). En efecto, a partir de la promulgación de dicha Ley comienza a manifestarse con mayor profundidad la función ambiental de la propiedad. Se contemplan políticas de conservación, forestación y reforestación de los bosques y terrenos, y de promoción, por medio de incentivos, a la actividad forestal. El patrimonio forestal del estado lo constituyen las reservas nacionales, las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas. “Cuando la conservación del bosque y de los terrenos forestales está inspirada en el propósito de proteger los suelos, o de mantener y regular el régimen hidrológico, el clima o el medio ambiente, las áreas destinadas a esos fines se denominan zonas protectoras. En ellas se detiene el proceso de erosión de los suelos, ya que las raíces de los árboles sujetan y retienen la capa vegetal y las hojas que caen cubren el suelo por donde corre el agua, evitando así que arrastre las partículas de la tierra. Las zonas protectoras pueden estar situadas en propiedad estatal o en propiedad privada. En una y otra se prohíbe las labores agrícolas que impliquen la destrucción de la vegetación. El mantenimiento y regulación del régimen hidrológico es otra función importante de los bosques. Por ello han merecido un tratamiento detallado en la Ley Forestal, la cual declara zonas forestales las que bordean manantiales y una pequeña franja de la ribera de los ríos, arroyos, lagos, lagunas o embalses naturales. Dentro de las reservas nacionales, son áreas protectoras una ancha franja a uno y otro lado de las riveras de los ríos, y una amplia a uno y otro lado de la depresión máxima de las cuencas hidrográficas. La función de los bosques en relación con las aguas es tan importante que puede trascender del ámbito nacional, como sería el caso de un río que corre por varios países.” (BARAHONA ISRAEL, op. cit., página 706.). XII.- La doctrina (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994, páginas 259 a 262) ha distinguido entre límites y limitaciones del derecho de propiedad, en el contexto del contenido de ese derecho. Según ALBALADEJO, el contenido normal del derecho de propiedad debe enmarcarse mediante la indicación de los límites del dominio: “A veces el límite consiste en que el propietario no puede hacer algo; otras en que tiene el deber de hacerlo, quitándosele así la libertad de omitirlo (por ejemplo, la de no revocar la fachada del inmueble o la de no cultivar la finca rústica)... Como los límites del dominio constituyen régimen normal del mismo, ni hace falta un acto especial para imponerlos a cada cosa en particular, ni hay que probarlos... sino que basta invocar (cuando proceda) la norma jurídica que los establece. Por el contrario, tratándose de limitaciones han de establecerse por un acto especial relativo a la cosa de cuya propiedad se trata, y, como son excepcionales, han de ser probadas, pues, en otro caso, la propiedad se presume libre de ellas.” ( ibid, página 262). Estos pueden establecerse por razones de interés privado, o por razones de interés público, siendo estos últimos los predominantes. Por ejemplo los establecidos en la Ley de Aguas o en la Legislación especial agraria o ambiental. Nuestra Jurisprudencia patria hizo la distinción entre los límites y limitaciones al derecho de propiedad: “Tradicionalmente se han usado como sinónimos “límites” y “limitaciones”, pero ya hoy día se hace la diferencia entre ambos términos, para entender como “límites” los que son impuestos por la ley en forma generalizada sin referirse a una cosa o a un propietario individualizados, se aplican a todos los que están en una misma situación; mientras que las “limitaciones” por regla general son impuestas voluntariamente por los propietarios, aunque sea con base en la ley, y siempre para casos concretos... Pero nótese que la votación de dos tercios no constituye autorización para imponer toda clase de limitaciones a la propiedad, pues el texto se refiere únicamente a las de “interés social” ” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983). La Jurisprudencia emanada, en aquél entonces de Corte Plena, conociendo como Tribunal Constitucional, señaló muy claramente el principio de la función económica social de la propiedad, como una restricción impuesta a la propiedad con efectos generales. Específicamente, en el ámbito de la propiedad forestal, la Jurisprudencia estableció la importancia de las limitaciones desde el punto de vista ambiental: “En el recurso se alega la inconstitucionalidad de los artículos 30, 7l, 88, 98, l0l, incisos b) y d), l03, l04 y l05 de la Ley Forestal por encontrarlos lesivos de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional, pues según el criterio del recurrente, el primer artículo citado atenta contra la inviolabilidad de la propiedad al exigir aprobación de la Dirección General Forestal para poder efectuar trabajos de eliminación de bosques con el objeto de realizar colonizaciones o parcelación de tierras o cualquier empresa agrícola o ganadera, toda vez que con esas (sic) intromisión del Estado se pone en manos de éste la facultad de administrar la propiedad privada. A lo anterior es de señalar que ningún choque se produce entre el artículo 30 de la Ley Forestal y el 45 de la Constitución Política, pues el derecho de propiedad no es absoluto. En efecto, si bien el constituyente declaró categóricamente que la propiedad es inviolable, de seguido estableció restricciones a ese principio, una de ellas la posibilidad de expropiación "por interés público legalmente comprobado", y por otra en que se dispone que la Asamblea Legislativa puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social "mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros", de donde debe concluirse que la primera declaración tiene dos limitantes referidas al interés público y al interés social. El concepto clásico de propiedad que la tenía como absoluta y sin límites, ha variado notablemente, permitiendo ahora que se impongan "limitaciones de interés social", conforme lo autoriza el párrafo segundo del artículo 45, con lo cual ha sido posible que el legislador estableciera, como función esencial del Estado, la de "velar por la protección, aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales del país" (artículo 1º de la Ley Forestal), función que se cumple con la serie de restricciones que la citada Ley impone a la explotación de los bosques. De la misma norma constitucional se concluye que esos límites no son un desconocimiento del derecho de propiedad, como lo alega el recurrente, sino una limitante para lograr el cumplimiento de fines superiores, más importantes que los estrictamente individuales en favor del propietario, sean los de la comunidad y de las futuras generaciones que deben contar con recursos forestales, incluso en protección del ambiente y la sanidad... Es cierto que se le ha limitado en su ejercicio, en protección de los intereses forestales del Estado que procuran la conservación de los recursos naturales y la sanidad ambiental; pero ello está permitido por la norma constitucional que el propio recurrente estima lesionada... VIII.- Ya en forma reiterada esta Corte ha dicho que el ejercicio de las libertades acordadas por la Constitución no es absoluto, y que pueden ser objeto de reglamentación y aún de restricciones cuando se encuentren de por medio intereses superiores. Mal podría tildarse de inconstitucional, por ejemplo, el artículo 371 de la Ley General de Salud, en cuanto reprime con prisión a quien cultivare plantas de adormidera, coca o marihuana, por atentar contra la libertad de agricultura establecida en el artículo 46 de la Constitución, norma que el recurrente estima como violada por las restricciones que a la labor agrícola impone la Ley Forestal. Y si se toma en consideración el criterio ya externado de que esa Ley protege intereses de mayor rango que los meramente individuales del poseedor o propietario de terrenos sometido a regulación forestal, se concluye aquí también que las restricciones que se acusan de inconstitucionales no lesionan la garantía del artículo 46 de la Carta Política, pues ya se dijo que lo que ha hecho el Estado es restringir por razones de interés social el ejercicio de los atributos de la propiedad. IX. La Ley Forestal pretende proteger los recursos naturales, circunstancia que incide en la organización de la producción. Los recursos hidrológicos, los cambios ambientales, la sanidad del lugar son factores que influyen en la producción agropecuaria y se encuentran directamente relacionados con los recursos forestales de la zona; por ello las regulaciones sobre explotación forestal no lesionan sino que, por el contrario, afirman la garantía constitucional del artículo 50, en cuanto dispone que el Estado debe organizar la producción. X. Con la Ley Forestal no se le está impidiendo al recurrente la posibilidad de lograr trabajo, honesto y útil, con el que procure por la subsistencia y bienestar de él y de su familia. Es indudable que el derecho que otorga el artículo 56 de la Constitución Política no es irrestricto, pues se encuentra sometido a las leyes y reglamentos respecto a la modalidad y condiciones de ejercerlo. Así el señor Elizondo Villegas puede dedicarse a la agricultura si ése es su deseo; pero en ejercicio de tal derecho no le es lícito actuar contra la legislación vigente que protege los recursos forestales y regula la producción agrícola. Existen cultivos prohibidos (como el señalado anteriormente, la marihuana), y prácticas agrícolas restringidas (como las quemas), por normas jurídicas que imposibilitan a los agricultores para dedicarse a esos cultivos o utilizar las prácticas dichas. Sin embargo, esas normas no son inconstitucionales, pues no restringen ilegítimamente el derecho al trabajo, sino que lo regulan para salvaguardar otros intereses de mayor rango que garantizan la convivencia, fin último al que tiende el sistema jurídico." (Corte Plena, sesión extraordinaria celebrada el l7 de mayo de l984 la negrita no del original). XIII.- La Sala Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de su estructura –conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado. Dentro de dicho contexto reconoce, implícitamente, la existencia de propiedades especiales, con particularidades distintas atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, y su función específica: “El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos. Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización.” Dichas limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). XIV.- El ejercicio de la función económica y social de la propiedad, sin considerar la ambiental, fue algo normal dentro de la cultura agraria imperante hasta inicios de la década de los 90. Se titularon gran cantidad de terrenos. Los bancos del Estado propiciaron, con el financiamiento, el desmonte y la destrucción del bosque para aumentar la frontera agrícola, a través de actividades agrícolas y ganaderas, con mínimas prácticas de recuperación de suelos y áreas devastadas. La propiedad agraria recaía sobre un bien esencialmente de naturaleza productiva. Pero se hizo caso omiso a los mandatos del legislador en conservar adecuadamente los recursos naturales, lo que implicaba formas distintas de ejercicio de la actividad agraria. El aumento de la población, las escasas técnicas en la producción agraria, la dependencia de los agroquímicos por la pérdida de fertilidad del suelo, y la misma cultura agraria fueron generando la destrucción de nuestros preciados recursos, con el escaso control Estatal. No existían criterios claros para poner termino al ejercicio abusivo y antisocial de la propiedad, pues la mayoría de las normas han protegido y propiciado el ejercicio inadecuado de ese derecho, y la explotación desmedida de los recursos naturales. Si bien es cierto el Legislador desde hacía muchos años venía procurando, a través de claras limitaciones agroambientales, un desarrollo sostenible, no es sino con los Derechos Humanos de la tercera generación se da un cambio cultural trascendental para el entero ordenamiento jurídico. Por lo anterior, el establecimiento de los límites agroambientales de la propiedad, en el ámbito de su función económica, social y ambiental, es fundamental para alcanzar verdaderamente un desarrollo sostenible, ponderando los valores y principios constitucionales que deben orientar este modelo de desarrollo. XV.- La Jurisprudencia agraria hace una clara distinción entre los diferentes tipos de propiedad, siguiendo la tesis de PUGLIATTI: “La más productiva entre las cosas es la tierra, la cual de sus frutos y productos espontáneamente, pero de ella, de la tierra, el hombre civil vive, no ya solamente recogiendo sus productos espontáneos, sino fecundándola con su obra. La natural potencialidad productiva de la tierra deviene en producción actual, por el trabajo del hombre. Con el trabajo la tierra se humaniza, deviene espiritual posesión y propiedad del hombre, no cosa, no natural, dominada por el caso o por la causalidad, sino nutrida por el hombre que la cuida, la cultiva; entre en el ámbito no solo de los intereses humanos y de los motivos de acción del hombre, sino también en los fines de los valores, deviene base del consorcio humano, sede y cuna de la sociedad de los hombres, reguladas por las leyes del vivir social, por el derecho” (PUGLIATTI, Salvatore. La proprietá nel nuevo Diritto. , Milano Editores Giuffré, 1964, p 203). Si bien es cierto se define a la propiedad agraria como esencialmente posesiva, como una propiedad de actividad empresarial tendiente a lograr el mejor destino productivo del bien, también se impone el interés de conservarla. En el ámbito del ejercicio del derecho subjetivo, para proteger su derecho se le exige al propietario que “... la ejerció cumpliendo con el destino económico del bien, que ejerció en ella actos posesorios tendientes a cultivarla y mejorarla, y que sobre el bien desarrolló una actividad agraria empresarial, entendiéndose por tal una actividad económicamente organizada con el fin de la producción de animales o vegetales, con el uso de los recursos naturales...”. Bajo esa concepción, claramente nuestra Jurisprudencia integra la función ambiental, como parte de la económica y la social cuando expresa: “Hoy este principio ha evolucionado y se le identifica como el principio económico social de la propiedad, en cuanto el mismo se desdobla en dos: 1) Por una parte denominado función subjetiva, y se refiere a las obligaciones del propietario con la propiedad, las cuales podrían sintetizarse en su deber de cultivar el bien productivo de que es propietario, cumpliendo así con el fin económico del bien: de ser productivo o de aptitud productiva; también tiene la obligación de mejorar su propiedad con el objeto de que aumente la producción y productividad, debe respetar el adecuado mantenimiento y desarrollo de un ambiente ecológicamente equilibrado, y tratándose de algunas propiedades particulares cumplir con todas las obligaciones que la normativa especial le impone; 2) La función objetiva es la obligación del Estado de dotar a todos los sujetos que no tengan bienes productivos, o los tengan en forma insuficiente, y ellos tengan capacidad para desarrollar una actividad empresarial, con esos bienes para que puedan los sujetos incorporarse al proceso productivo, desarrollándose humanamente en los planos social y económico. La primera es la función básicamente económica, la segunda es sobre todo social...” (Sala Primera de la Corte, No. 230 de las 16 horas del 20 de julio de 1990). En dicha sentencia, se evidencia una clara tendencia jurisprudencial, reiterada en muchas otras (En igual sentido, Sala Primera de la Corte, No. 241 de las 16:25 horas del 27 de julio de 1990, No. 50 de las 14:20 horas del 5 de agosto de 1993.) de introducir, como parte de la misma función económica y social, la función ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero es en el ámbito de la propiedad forestal, como propiedad limitada, en donde ha alcanzado un mayor desarrollo jurisprudencial el principio de la función ecológica de la propiedad. Particularmente nos referimos a las limitaciones que sufre el titular de un terreno que se ha declarado zona protectora bajo el régimen forestal, y reclama sin éxito su derecho a ser indemnizado: Aquí puede disiparse el primer problema en relación con la tesis de la actora de haber sufrido una limitación en sus derechos de goce y disfrute de la finca afectada como zona protectora, la cual al haber sido declarada como reserva forestal -y con base en el pronunciamiento de la Procuraduría- no se le siguió el trámite de compra o expropiación correspondiente, de donde el Decreto Nº 12608-A resulta inconstitucional e ilegal. Ello no es así pues lo constituido fue una zona protectora y no una reserva forestal. Sería indemnizable si el bien se destina a reserva forestal pero no lo es si se le declara dentro de una zona protectora. El artículo 45 de la Constitución Política distingue dos situaciones distintas: procede la indemnización cuando hay expropiación, pero no debe mediar indemnización si se establecen limitaciones a la propiedad. En el régimen forestal, cuando se le declara de orden público, se está en presencia del conocido fenómeno de los "límites administrativos a la propiedad privada" ([Nombre13], . Il beni pubblici, Librería Ricerche, Roma, l963). El Decreto Ejecutivo Nº 12608-A sometió a régimen forestal obligatorio tanto a los bienes públicos como privados ubicados dentro de la "Zona Protectora El Rodeo", declarando inalienables y no susceptibles de inscripción en el Registro los de las reservas nacionales. Ese era el trato jurídicamente posible para los distintos tipos de bienes, en consecuencia la finca de la actora se afectó con una limitación de interés social. Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991).La Sala Primera se refirió hace varios años al Derecho Ecológico, y la función ambiental inherente a la propiedad, cuyos principios son consagrados en gran cantidad de normas y tratados internacionales: “Todas las anteriores, aun cuando abundantes, tienen lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional, sino, por el contrario, se trata de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido el de colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho Ecológico, el cual hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la organicidad y completes. "( Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991). En efecto, el peligro que causaba el ejercicio antisocial del derecho de propiedad, sin respetar su función ambiental, llevó a nuestros tribunales, a replantear los viejos criterios jurisprudenciales en torno a la tutela de la propiedad, para exigirle a los poseedores y propietarios el cumplimiento de la triple función: económica, social y ambiental o ecológica. XVI.- La Sala Constitucional ha acogido recursos de amparo frente a actividades agrarias o de otra naturaleza, abusivas de parte de los propietarios que, irrespetando los límites agroambientales impuestos por el legislador, pongan en peligro los bienes o recursos naturales y la vida humana. Así, se han protegido los recursos forestales, frente a actividades que produzcan la tala indiscriminada de árboles aledaña a una Reserva Forestal, con motivo de una actividad minera, estableciendo como cánones de orden constitucional la protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos naturales (Sala Constitucional, No. 2233-93). Las actividades privadas, ejercidas dentro del ámbito de ejercicio del derecho de propiedad y de la libertad de empresa, deben respetar los límites agroambientales, y particularmente el interés colectivo. Esa situación es aplicable a las actividades agrarias productivas de cría de animales o cultivo de vegetales, pues no pueden ejercitarse en daño a la salud o al medio ambiente. Ello sería permitir el abuso del derecho. Así lo ha establecido también la Sala Constitucional, cuando señala: “Por otra parte, si bien es cierto que el Estado debe respetar el derecho de los individuos al trabajo y a la empresa privada, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. Cualquier persona puede dedicarse a la cría de animales como negocio, siempre y cuando no amenace con ello la salud o la seguridad de las personas, debiendo evitar que la explotación empresarial se constituya en foco de infección u ocasione contaminación ambiental. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto en el ámbito constitucional (artículos 21, 74 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional.” (Sala Constitucional, No 741 de las 10:55 horas del 13 de marzo de 1992. La Jurisprudencia Constitucional fue delineando las bases para incorporar los principios del Desarrollo Sostenible como modelo, para reorientar en su justo equilibrio todas aquellas actividades productivas, entre la actividad agraria, que atentaban contra el ambiente y ponían en peligro el equilibrio ecológico, la libertad de empresa y la defensa de la salud de los consumidores: “Se debe tomar en consideración que la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico no son desafíos independientes –dice la Sala-. El desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de recursos y no se puede proteger cuanto los planes de crecimiento constantemente hacen caso omiso de ello. Es preciso optar por el desarrollo sostenible, el cual satisface las necesidades del presente sin comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro. Este desarrollo significa reconocer que si deseamos tener acceso continuo a los recursos que posibilitan la vida y si hacemos expandir los beneficios del progreso industrial, tenemos que estar conscientes de las implicaciones y limitaciones que supone tomar ese derrotero”. (Sala Constitucional, Sentencia No. 4423-93). Esta nueva orientación de la jurisprudencia, sobre el fenómeno agrícola, reconoce la dependencia del ciclo biológico (propio de la actividad agraria), con la utilización de los recursos naturales, vinculándolo estrechamente con el concepto de desarrollo sostenible. “Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas- como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, de la conservación de aquellos. Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales en el ámbito individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación” (Sala Constitucional, No.3705 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 la negrita no es del original). XVII.- Cuando se consagran expresamente en nuestra Constitución Política el derecho fundamental de todo ciudadano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado –Artículo 50 reformado por Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994- y se establece el derecho de los consumidores a la protección de la salud, ambiente, seguridad e intereses económicos –artículo 46 Reformado Por Ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996-, surgen nuevos principios y valores constitucionales que impregnan la legislación especial. Es importante integrar, a través de la interpretación constitucional (sistemática, material y evolutiva), todas aquellas normas dedicadas a tutelar las relaciones económicas, con los principios y valores del desarrollo sostenible. La libertad de iniciativa económica privada supone, en el ámbito de la iniciativa privada del empresario agrario (MORALES LAMBERTI, Alicia. Introducción al Derecho Agrario Ambiental (Nacional y Regional), Argentina, 1ª. Edición, Editora Córdoba, 1996, pág. 49-51), el derecho de elegir la actividad agraria (artículo 56), la libertad de contratar libremente para el ejercicio o la constitución de la empresa agraria (artículo 46), la libertad de circulación territorial de los bienes agrarios vegetales o animales; el derecho de formar asociaciones agrarias (artículo 25), el derecho a gozar de la propiedad agraria productiva en función económica, social y ambiental (artículo 45), la libertad de competencia, el derecho subjetivo de acceder al mercado y permanecer en él (artículo 46). Pero todas las manifestaciones de la libertad de iniciativa económica en el ámbito de la actividad agraria, y en el ejercicio de la propiedad deben estar en función de los principios constitucionales consagrados en los artículos 50 y 69 de la Constitución Política, es decir el fomento del desarrollo sostenible a través de la actividad productiva, garantizando la distribución equitativa de la producción y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como son disposiciones de orden constitucional, que no establecen una normativa distintiva para lo agrario, se entiende que las empresas agrarias y los propietarios de inmuebles quedan afectas al cumplimiento de dichas obligaciones. Las exigencias de los consumidores dentro mercado agroalimentario van dirigidos a consumir productos agrarios (vegetales o animales), sometidos a procesos de producción, agroindustria o agrocomercialización con el mínimo de sustancias contaminantes que puedan afectar la salud. Por ello se exigen aspectos de calidad higiénico-sanitarias adecuadas tanto en el proceso productivo, como en los procesos sucesivos de manipulación de los productos agrarios. La actividad agraria empresarial debe basarse en técnicas más naturales y menos artificiales. La disminución del riesgo biológico, propio de la actividad productiva no debe ir en detrimento de la salud de los consumidores. La actividad agroambiental debe reconciliarse con la naturaleza en aras de garantizar un ambiente sano a los consumidores. En ello juega un rol fundamental el hecho técnico de la agricultura, para buscar procesos productivos y agroindustriales menos nocivos para la salud y el ambiente. Toda actividad agraria basada en métodos artificiales, con sustancias químicas tóxicas daña la salud y el medio ambiente. Por ello se impone el cumplimiento de los principios constitucionales, que protegen los derechos del consumidor, a favor de la salud y la vida humana. La doctrina a profundizado sobre el tema de la función ecológica (DELGADO DE MIGUEL, Juan Francisco. Derecho Agrario Ambiental (Propiedad y Ecología). Navarra, Editorial Aranzadi, 1992, 647 p.), como cualidad inescindible de la función social, pero hace una clara distinción entre una y otra. La función ecológica surge del impacto del Medio Ambiente con un fundamento ético, dentro de los Derechos Humanos de la Tercera generación. Se busca proteger los intereses colectivos, y sobre todo se basa en la solidaridad, para proteger la salud y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La función social es insuficiente para lograr los propósitos de los nuevos valores que impregnan la sociedad. No solamente se requiere cumplir con el destino económico de los bienes. Es necesario proteger los intereses ecológicos y ambientales. “La función social por tanto suministra el esquema dogmático, la base jurídica a partir de la cual, la función ecológica transforma el derecho de propiedad en un derecho al uso limitado del propio bien de forma que no lesiones el Medio Ambiente. Utilizando sinónimos procedentes de las ciencias experimentales diríamos que la función ecológica es el catalizador que transforma el régimen normal del dominio en algo distinto que llega a configurarlo y darle una forma bien precisa no la que proyecta el titular sobre su cosa, sino la forma que ésta adquiere por el uso de ella más adecuado al Medio Ambiente, uso que incluye la propia actividad productiva del agricultor.” ([Nombre14] , op. cit., página 81) . Por lo anterior, es necesario profundizar, sobre cómo se viene manifestando esa función ambiental en el seno de la propiedad, cuáles obligaciones viene imponiendo el legislador a los propietarios de terrenos, para lograr la conservación de los mismos, así como la recuperación de los degradados. XVIII.- Las limitaciones agroambientales de la propiedad, alcanzan gran cantidad de aspectos en el ejercicio de actividades productivas y en el ámbito de la conservación de los recursos naturales, la Biodiversidad, el uso y conservación de suelos, la protección del bosque y los ecosistemas, el uso y control de los plaguicidas y productos de síntesis química, el control fitosanitario y sanitario animal y vegetal, los desechos agrícolas, la conservación de las aguas, la utilización y manejo de aguas residuales en agricultura, la recuperación de suelos y cuencas hidrográficas, etcétera. En el próximo apartado, haremos referencia solo a algunas de dichas limitaciones. Dentro del contexto de los principios y valores constitucionales descritos, comienza a dictarse gran cantidad de leyes agroambientales, que no solo marcan la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible, sino que además, imponen una serie de limitaciones agroambientales a la propiedad y la libertad de empresa, buscando consolidar también una nueva cultura agraria y ambiental o ecológica. 1) La Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 del 4 de octubre de 1995) establece la obligación del Estado de propiciar un desarrollo económico y ambiental sostenible, lo que implica, necesariamente imponer límites ambientales al ejercicio de las actividades económicas productivas y al ejercicio del derecho de propiedad. Pero para que esos límites tengan una verdadera aplicación, es necesario un cambio cultural. De la cultura agraria tradicional, en donde solo importaba lo económico, debe pasarse a una cultura ambiental o agroambiental para el desarrollo sostenible (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12, 13, 14, 15 y 16). Entre los límites más importantes impuestos a la propiedad, para garantizar la función económica, social y ambiental, pueden destacarse los siguientes: A.- El ejercicio de toda actividad agroambiental, que pueda alterar o destruir elementos del ambiente, requiere necesariamente de una evaluación de impacto ambiental, cuya aprobación debe ser previa al proyecto. También se exige la evaluación cuando por obras o infraestructura puedan afectarse recursos marinos, costeros y humedales. B.- El ordenamiento territorial, para equilibrar el desarrollo sostenible, implica la reubicación territorial de las actividades productivas, lo que podría significar límites importantes al derecho de propiedad, pues deben tomarse en consideración, entre otros aspectos, los recursos naturales, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de consideraciones ecológicas y productivas. C- El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de las áreas silvestres protegidas las fincas de particulares necesarias para el cumplimiento de la función ambiental, o crear las servidumbres legales para la protección ecológica. En los casos donde la Ley exija indemnización, los particulares pueden someterse voluntariamente al régimen forestal, caso en el cual la propiedad queda afectada en el Registro Público (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37). D.- Están prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedales, que puedan provocar su deterioro y la eliminación (Ley orgánica del Ambiente, artículo 45). E.- Las actividades productivas deben evitar la contaminación del agua, dar tratamiento a las aguas residuales, impedir o minimizar el deterioro o contaminación de cuencas hidrográficas, así como del suelo. F.- La agricultura orgánica, como forma de ejercicio de actividades agrarias sostenibles, implica una forma de cumplimiento de la función económica, social y ambiental, pues se exige una certificación ambiental de los productos orgánicos que se hayan obtenido sin aplicar insumos o productos de síntesis química (artículos 73-75). G.- El crédito ambiental: está destinado a financiar los costos de reducción de la contaminación en procesos productivos. Cuando implican el uso del suelo se requiere un plan de manejo y uso de tierras de conformidad con la capacidad de uso (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 113). Indudablemente, la estructura de la propiedad y su función está condicionada, en este caso por el elemento ambiental, requerido en el ejercicio empresarial. 2) La Ley Forestal (No. 7575 de 5 de febrero de 1996, reformada por leyes No. 7609 de 11 de junio de 1996, 7761 de 2 de abril de 1998 y 7788 de 30 de abril de 1998), orientada por los principios constitucionales de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, establece regulaciones en cuanto a la conservación, protección y administración de los bosques naturales, y por la producción, aprovechamiento, industrialización y fomento de los recursos forestales, buscando la incorporación de los particulares al ejercicio sostenido de actividades silviculturales. Si bien es cierto, el MINAE está facultado para crear áreas silvestres protegidas en terrenos privados, ello requiere indemnización, salvo que el propietario decida someterse voluntariamente al régimen forestal, o sean ya propiedad del Estado, dentro de su patrimonio de Reservas Nacionales. La Ley prevé dos claros límites, en interés de las áreas protegidas: a: “Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de recursos.” (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37, en relación con el artículo 2 de la Ley Forestal. Dicha reforma fue introducida por la Ley de Biodiversidad, en el artículo 14). Lo cual constituye un claro límite para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. B.“Cuando, previa justificación científica y técnica de interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público.” (Ley Forestal, artículo 2 párrafo segundo). Como se observa, no se trata de un límite irrazonable. Por el contrario el propietario podría ejercer su actividad siempre y cuando sea compatible con la función ambienta que, por naturaleza, viene asignada al inmueble, para conservar recursos hídricos o diversidad biológica. El Título III de la Ley, referido a la propiedad forestal privada, como propiedad especial, establece un conjunto de derechos y obligaciones para los propietarios de bosques que condicionan el cumplimiento de la función ambiental, atendiendo a la naturaleza del bien: a) No es permitido a los titulares cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado puede otorgar permiso para realizar obras complementarias a la actividad agroforestal, siempre y cuando la corta del bosque sea limitada, proporcional y razonable (Ley Forestal, artículo 19. Cuando sea necesario, se exigiría evaluación de impacto ambiental); b) El aprovechamiento del bosque solo se puede realizar si el propietario cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar al ambiente, según criterios de sostenibilidad científica; c) El pago por servicios ambientales (La Ley define los servicios ambientales como: “Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.), constituye una de las manifestaciones más modernas de ejercicio de la función ambiental, pues el propietario se compromete a conservar el bosque por un período no inferior a los veinte años, para recibir el Certificado de Conservación del Bosque. También lo recibe los propietarios que deseen someter su inmueble a la regeneración del bosque, para áreas que por su estado deteriorado y necesidades ambientales, deben convertirse al uso forestal. Las afectaciones y limitaciones, así como los incentivos se inscribe en el Registro Público como afectación a la propiedad; d) Las plantaciones forestales, incluidos sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, no requieren permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, salvo cuanto exista plan de manejo derivado de un contrato forestal con el Estado; e) Todo propietario tiene prohibiciones de cortar o eliminar árboles en las áreas de protección establecidas por Ley para las nacientes permanentes, ríos, lagos y manantiales (Ley Forestal, artículo 33 y 34.). f) Está prohibido realizar quemas en terrenos forestales, ni aledaños, sin obtener el permiso respectivo de la Administración Forestal del Estado; g) Como parte de la función ambiental, los inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal o dedicados a esa actividad, gozan de una protección especial respecto de invasiones, pudiendo solicitar la protección inmediata de las autoridades de policía; h) El crédito forestal, se consolida como instituto para financiar a pequeños y medianos productores, mediante créditos y otros mecanismos de fomento del manejo de bosques, procesos de reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas. El financiamiento comprende, además, el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques y plantaciones forestales. La tierra con bosque y los árboles en pie servirán como garantía de dichos créditos, quedando anotadas como afectaciones a la propiedad (Ley Forestal, artículos 46, 48 y 49). 3).- La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 de 30 de abril de 1998), es de fundamental importancia para el cumplimiento de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Se pretende lograr el manejo, conservación y recuperación de suelos en forma sostenible, integrada con los demás recursos naturales, logrando una participación más activa de las comunidades y los productores, e impulsando la implementación y control de prácticas mejoradas en los sistemas de uso, para evitar la erosión y degradación del recurso. Se plantea la agroecología, como una forma de lograr la convergencia entre los objetivos de la producción agrícola y la conservación de los recursos suelo y agua. La Ley plantea un conjunto de limitaciones agroambientales, para lograr cumplir con los objetivos señalados: En áreas críticas de cuencas o subcuencas (con gravedad en degradación del suelo y su entorno, como limitante a cualquier actividad), sean de dominio público o privado, los dueños de terrenos deben aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas que conlleven la recuperación del suelo y preservación del ambiente en general.Toda adjudicación de terrenos que realice el Instituto de Desarrollo Agrario, tendrá como limitación que el uso del terreno no puede ir en contra de su capacidad de uso, cuyo incumplimiento se convierte en causal para revocarla. Como obligaciones de los particulares se establecen entre otras: Fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, conservación y recuperación de suelos; es un derecho obligación vigilar y controlar el cumplimiento de la legislación en materia de suelos; prevenir la degradación de los suelos que pueda ser causada por las aguas, para lo cual deberán aplicarse todas las prácticas que aumenten la capacidad de infiltración en sus terrenos o la evacuación de aguas sobrantes hacia cauces naturales; prevenir o impedir la contaminación de acuíferos y capas de agua subterránea; permitir el ingreso de técnicos autorizados para verificar el mantenimiento de las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos. 4) Quizás se han mencionado las limitaciones más importantes, establecidas por el Legislador, para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad. Podría determinarse muchas más en otras leyes especiales, tales como la Ley de Aguas, Ley General de Salud, Ley de Quemas controladas, Ley de Aviación Civil –sobre las reglas de aviación agrícola -, entre otras. XIX.- Uno de los temas más controvertidos, en materia de limitaciones a la propiedad, para el cumplimiento de su función ambiental, es el de la posesión y titulación de bosques y terrenos ubicados en áreas protegidas. El tratamiento de este tema, en el ámbito de la protección posesoria, de la propiedad privada y de la usucapión ha sido objeto de análisis y discusión, tanto en doctrina como en jurisprudencia. El tema de la posesión ecológica, no es de pacífica aceptación. Se han dado diversos planteamientos doctrinales y la jurisprudencia exige demostrar el cumplimiento de la función ecológica para proteger la posesión y propiedad. Todo se origina en la aplicación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que en la actualidad establece: “Artículo 7.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por los menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que contengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios...” (Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7. Reformado por Ley Forestal, No. 7575 del 5 de febrero de 1996). En relación con la aplicación de esta disposición, contrario a lo señalado por la a-quo en sus consideraciones de fondo – en cuanto a la imposibilidad de aplicar retroactivamente el artículo 7 mencionado - la Sala Constitucional ha indicado que es posible aplicar dicha disposición en forma retroactiva, desde que se produce la afectación al dominio público, pues la posesión decenal consolidada antes de la declaratoria de cualquier reserva o área protegida encuentra tutela en la referida disposición legal (ver voto de la Sala Constitucional, No. 4597 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997). De ahí que no comparta el Tribunal la afirmación de la juzgadora de instancia en tal sentido. En todo caso, la situación de este proceso, como veremos, es totalmente diferente, ya que ni el actor, ni el demandado han poseído a título de dueños, terrenos que han pertenecido y continúan perteneciendo al Patrimonio Forestal del Estado. XX. La función ecológica incide en la solución de conflictos agrarios específicos, pues se le da mayor importancia a aquellas actividades productivas sostenibles. Dentro de dicho contexto, la Jurisprudencia ha venido jugando un papel protagónico en la búsqueda del equilibrio entre agricultura y medio ambiente. La Sala Primera admitió la existencia del Derecho ecológico y su objeto (Sala Primera de la Corte, Sentencia No. 189 de las 14 horas veinte minutos del 30 de octubre de 1991): la protección de los recursos naturales. En ella estableció que la propiedad forestal es limitada, y en caso de creación de una Zona Protectora no es necesaria la indemnización, pues el propietario puede continuar con el ejercicio de una actividad agroforestal, conservando y protegiendo el recurso boscoso. En la sentencia No. 51 de las 15 horas 15 minutos del 25 de mayo de 1995, la Sala desarrolló nuevamente el tema de la propiedad forestal, y aplicó al caso concreto el instituto de la posesión ecológica. Se trató de un conflicto de mejor derecho de posesión, en una área declarada como Reserva Forestal. Se dijo: "La falta de entrega de una parcela no es motivo suficiente para pretender el mejor derecho de posesión. Lo más importante hubiera sido la conservación del recurso forestal... se exigió una posesión agraria efectiva e incluso la demostración de actos posesorios encaminados a la conservación del bosque. Este aspecto no fue demostrado por el recurrente, al contrario se convirtieron terrenos de aptitud forestal en potreros... Es decir, a pesar de la limitación existente con fines de conservación los poseedores siguieron explotando el bosque. Evidentemente, los trabajos realizados no tendían al ejercicio de una posesión forestal conforme a la naturaleza del bien. Al contrario deforestaban para sembrar. Hicieron caso omiso a las limitaciones y siguieron destruyendo el bosque. Sus actos posesorios son, en consecuencia, contrarios a la función ecológica de conservación de los recursos naturales para mantener el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste". XXI. La máxima reafirmación de la función ambiental de la propiedad, cuyo fundamento constitucional es ya indiscutible, se encuentra en la recién promulgada Ley de Biodiversidad (No. 7788 de 30 de abril de 1998). Esta Ley responde al compromiso asumido por Costa Rica, en el ámbito mundial, de conservar la diversidad biológica, los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas, dentro del marco del desarrollo sostenible. Se proyecta dentro del marco del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, y va mas allá –siguiendo el mismo convenio- de la conservación, pues se regula la utilización sostenible de los recursos biológicos, se incorporan normas sobre el acceso a los recursos genéticos, y se pretende lograr una distribución equitativa de los costos y beneficios derivados de la utilización del material genético, el acceso a la tecnología y la biotecnología. El artículo 8 de la Ley incorpora en forma expresa la función ambiental de la propiedad en su texto: “Como parte de la función económica y social, las propiedades inmuebles deben cumplir con una función ambiental”. El legislador no hizo otra cosa que reconocer un principio con un sólido fundamento constitucional, y un desarrollo en nuestra jurisprudencia. Sin embargo, era imprescindible reafirmar no solo el principio, sino también las limitaciones agroambientales a la propiedad, en aras del alcanzar un verdadero desarrollo sostenible en la utilización de los recursos de la diversidad biológica. Es muy importante señalar, la pérdida de la diversidad biológica se debe, sobre todo, a factores económicos, especialmente al reducido valor se le asignaba y las funciones ecológicas, tales como la protección de cuencas hidrográficas, el ciclo de los nutrientes, el control de la contaminación, la formación de suelos, la fotosíntesis y la evolución. Los recursos biológicos y la diversidad de los sistemas que los mantienen, constituyen el fundamento esencial del desarrollo sostenible. Por otro lado, hoy se sabe de la importancia de la diversidad genética en el ejercicio de actividades productivas sostenibles. “Los seres humanos llevan miles de años utilizando y en algunos casos incrementando la diversidad genética, especialmente en agricultura. Así como la diversidad genética permite a las especies sobrevivir, los seres humanos, especialmente las comunidades indígenas y locales, se han basado en la diversidad genética para crear un amplio espectro de cultivos, animales y microbios, genéticamente diversos, que han facilitado su supervivencia. Los agricultores han domesticado animales silvestres, mejorándolos para lograr características deseables tales como tamaño, grosor de su abrigo o enfermedades. Igualmente, los agricultores han domesticado cientos de especies de plantas que, a lo largo del tiempo, han mejorado para crear decenas de miles de variedades con características deseables tales como color de semillas, sabor, tamaño de los frutos o resistencia a las enfermedades. Los mejoradores modernos también se apoyan y dependen de la diversidad genética. Por estas razones, la efectiva conservación de la diversidad genética debe ir mucho más allá de la simple conservación de especies: no resulta suficiente conservar poblaciones viables de especies, en la medida que dichas poblaciones pueden no tener la diversidad genética necesaria para su propia supervivencia ni para la de los seres humanos.” (UICN, Centro de Derecho Ambiental. Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Edición en español, 1996, página 27). Era imprescindible integrar la conservación con el uso sostenible de la Biodiversidad, la participación activa de los sectores sociales, para garantizar una sostenibilidad social, económica y cultural, a través de la formación de la cultura y conciencia ambiental. También era imprescindible lograr la consolidación del Sistema Nacional de Areas de Conservación, creando sistemas de incentivos y retribución de servicios ambientales para la conservación, el uso sostenible y los elementos de la Biodiversidad, pues solo de esa manera se podría garantizar el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad pública y privada. Las Áreas de Conservación, cuya competencia territorial alcanza todo el territorio tanto en áreas protegidas, como en áreas privadas de explotación económica, tienen la difícil tarea de aplicar la legislación agroambiental, en especial, la Ley Orgánica del Ambiente, La Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida silvestre y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales. La función ambiental de la propiedad, para proteger a la biodiversidad, exige que las actividades humanas se ajusten a las normas científicas y técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente y Energía y entes públicos competentes para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, tanto dentro y fuera de las áreas protegidas, pero especialmente en aquellas actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra que pueda afectar dichos procesos. XXII.- Nuestra Sala Constitucional ha desarrollado en reiteradas sentencias, el tema de la legitimación de los particulares para solicitar la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, protegiendo de esa forma no solo intereses meramente individuales, sino también de carácter colectivo, a través de la tutela de los intereses difusos. Al respecto ha señalado: “Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia…En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación debe extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente el abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítmo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero “derecho reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en acto su omisiones ilegítimos…ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés propio del Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia juridicidad…Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –por ser comunes a una generalidad – e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter…”, (Sala Constitucional, No. 3705 de las 15 horas del 30 de julio de 1993, No. 1794 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994 y No. 1887 de las 9:45 horas del 7 de abril de 1995, entre otras)." - Hasta aquí la cita del voto-. VIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO DE USUCAPIÓN EN LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE.- El referido conflicto involucra a un bien demanial, que es parte del Patrimonio Forestal del Estado, conforme lo tuvo por acreditado la Juzgadora de Instancia, y se ha ratificado en esta instancia, el plano catastrado P-505396-83 y P-571091-99, está ubicado 100% dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, creada mediante decreto ejecutivo DE10142-A del 27 de junio del 1979 (ver folios 136 y 137)). Y que si bien es cierto, dicho inmueble aparece inscrito aún a nombre del Instituto de Desarrollo Rural anteriromente IDA y más atrás ITCO, en el Partido de Puntarenas Matrícula 39.334-000 (ver folio documental de folio 18), lo cierto es que por Ley, y por ordenanzas de la Sala Constitucional, dicho inmueble está bajo la Administración Forestal del Estado, en particular, del Sistema Nacional de Areas de Conservación, por ser parte del dominio público, lo que hace que el mismo sea imprescriptible a favor de los particulares. Por otra parte, es importante aclarar que en este caso, para poder titular mediante información posesoria el legislador estableció una serie de requisitos mayores, justamente para evitar que el Patrimonio Forestal del Estado y las áreas protegidas se vean afectadas, así como su biodiversidad. Por ello la Ley de informaciones posesorias en su artículo 7 exige demostrar, aparte de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, que se ha conservado el bosque. Los diez años anteriores a la creación se exigen, justamente, para proteger a aquellos sujetos privados que habían consolidado su derecho de posesión diez años antes de la creación del área, es decir, antes de que ocurriera la afectación al dominio público (Ver, entre otros, Tribunal Agrario, No.124 de las 11:30 horas del 14 de marzo del 2003). La oposición del ente del Estado, tanto del Instituto de Desarrollo Rural, como de la Procuraduría General de la República, ha sido permanente y sistemática. Aunado a lo anterior, el artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias es imperativo al indicar que el juez: "Rechazará la misma si llegare a constatar que se pretende titular indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas." Con ello se pretende evitar, que por las diligencias de jurisdicción voluntaria, se puedan titular bienes del Estado. Regla que aplicaría en este proceso ordinario declarativo de una usucapión agraria que reclama el actor. Para abordar los alegatos del recurrente, resulta necesario clarificar algunos extremos: En cuanto al instituto de la USUCAPION AGRARIA Es necesario distinguir la usucapión especial agraria –regulada en la Ley de Tierras y Colonización, de la usucapión agraria común. La especial agraria, prescinde del justo título y de la buena fe, pues la misma Ley de Tierras, en su artículo 92 y 101 así lo establecen, pero exige la posesión agraria pública, pacífica, ininterrumpida, por más de diez años, sobre un terreno inscrito a nombre de un tercero, siempre y cuando los actos posesorios y la actividad agraria se realice para satisfacer necesidades propias o familiares. En la usucapión agraria común, en cambio, se exige además de los anteriores requisitos el justo título y la buena fe. Puede tratarse de una causa originaria (como el derecho de posesión) o derivada (mediante un contrato traslativo posesorio). Para el caso de la buena o mala fe, la primera se presume siempre, sin embargo, es poseedor de mala fe quien en el acto de la toma en posesión tuvo suficientes motivos para que dudara (artículos 284, 287 y 286 del Código Civil). La buena o mala fe se liga al convencimiento de la persona de que está poseyendo un bien propio, y la persona que le trasmitió era su legítima propietaria. Uno de los principales agravios del recurrente giran entorno a los requisitos de la usucapión agraria común, aduciendo cumple con los presupuestos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, a saber, justo título, buena fe, y posesión decenal en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida. El numeral 853 del Código Civil exige tres requisitos fundamentales sin los cuales no puede operar la usucapión, a saber, justo título, buena fe y posesión. En primer lugar, en cuanto al título, este debe ser válido y eficaz, y emanar de un no propietario (a non domino) y no del verdadero propietario, siendo que quien alega la usucapión debe probarlo (artículo 854 del Código Civil). En este caso, resulta evidente, es aplicable la usucapión ordinaria. Valorada la prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, este Tribunal agrario llega a la conclusión de que si bien es cierto la parte actora presenta, aparentemente un título traslativo posesorio, al haberse adjudicado en un remate judicial el terreno objeto de litigio, considera que el mismo no es válido ni tiene la fuerza necesaria para llegar a titular el terreno de ciento veinticinco hectáreas por las condiciones especiales del mismo al estar dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Si bien lleva razón en que ese sería su justo título, no basta para poder declararle una usucapión sobre terrenos que se encuentra afectados al demanio público al haberse decretado el Área Silvestre Protegida desde el año de 1979, y que para poder titularlo tendría que demostrara una posesión decenal previa a tal declaratoria que a los autos no se ha hecho llegar elemento probatorio alguno que lo demuestre. Por otra parte no ha podido ejercer posesión alguna el actor desde que se adjudicó el terreno en remate y así lo reconoce en la confesional por él rendida visible a folios 535 y 536, al responder las diferentes preguntas que se le hicieron. Dijo además ni siquiera conoce los linderos de la finca y que no ha realizado actividad alguna en la finca, ni agrícola, ni forestales, todo lo caul contradice los agravios de la apelación del actor en dicho sentido. En la actualidad, aproximadamente un 80% del terreno es montaña donde abundan las especies forestales y la vida silvestre, la parte restante (205) es de pasto y tacotal según lo reconocimiento judiciales practicados en el sitio en conflicto (ver reconocimiento judicial a folios 366, 380, 529). El testigo [Nombre7] funcionario del INDER indicó que desde el año 1984, al que a visto en la finca fue primero a [Nombre8] , padre de don [Nombre2], su esposa y sus hijos y que con el tiempo quien ha permanecido en el fundo es [Nombre2] y [Nombre3]. Dijo también, ha sido don [Nombre2] el que presentó una solicitud para que se le legalizara su situación sobre el fundo y se inscribiera a su nombre como en el año dos mil, pero no se podía hacer por cuanto para esa fecha ya le habían hecho un desalojo y no fue posible legalizarlo por cuanto el terreno forma parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, por cuanto no hay forma de legalizar tal posesión al formar parte del Patrimonio Natural del Estado. Indicó también el INDER es el propietario de dicho terreno en disputa. Dijo, que del actor nunca ha escuchado este haya poseído el inmueble y que quien aparece en la documentación del INDER lo es [Nombre2] y [Nombre3] (ver folios 538 a 540). El aquí actor conoce que el terreno en disputa forma parte de las fincas inscritas a nombre del INDER y de que están dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce y ello fue admitido en la confesional por él rendida al contestar las preguntas 3 y 7 (ver folios 535 a 536). Lo anterior enerva la posibilidad de titular los terrenos a su nombre. [Nombre15] que existía una directriz de la Contraloría, y por disposición de la Sala Constitucional, dichos terrenos debía ser trasladados a la administración del Patrimonio Natural del Estado. Como se ha indicado más arriba, la usucapión no es posible en bienes demaniales, con la excepción de que se demuestre, inequívocamente la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva o área protegida, sobre la totalidad del inmueble. En este caso, el poseedor originario y el adquirente, conocían quién era el titular del inmueble y de su adquisición por el Estado, para someterlo al régimen forestal. De lo expuesto resulta evidente en este caso existe una imposibilidad material de titular bienes al amparo del dominio público, por lo que la acción resulta improcedente por tales motivos y no como, en cuanto a si cumple o no con los requisitos para usucapir , al estar dichos bienes fuera del comercio de los hombres, inmersos dentro del Patrimonio Natural del Estado, y por tratarse de bienes imprescriptibles no es posible acoger las pretensiones de la actora. A mayor abundamiento, el artículo 14 de la Ley Forestal vigente dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los paticulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". También debe recordarse que existe una norma general, en nuestra legislación sustantiva, cual es el artículo 1061 del Código Civil: "La venta de cosa ajena es absolutamente nula...", disposición que resulta aplicable a este caso, [Nombre15] que es un bien del Estado, que goza las características de imprescriptible e inalienable, es decir, que no se puede traspasar, y siendo cosa pública está fuera del comercio (artículo 262 del Código Civil). Por lo expuesto, se rechazan los agravios del actor recurrente. Igualmente, si bien es cierto el actor se adjudicó el bien objeto de litigio en un remate judicial, lo cierto del caso es que de conformidad con el artículo 642 del Código Procesal Civil "Quien adquiere bienes mediante remate, lo hará bajo su riesgo en cuanto a la situación, estado o condiciones de hecho, consten o no en el expediente.". En este caso el bien adjudicado estaba inscrito y no se trataba de un fundo sin inscribir, tal y como se lo adjudicó el actor, pues era un bien inscrito a nombre del INDER y dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. IX.- EN CUANTO A LA APELACIÓN DE LOS CODEMANDADOS [Nombre2] [Nombre2] Y [Nombre3] CABALLERO ARÁUZ. Los agravios expUesto por los codemandados recuerrentes van en el sentido de que no comparten se les tuvo como poseedores de mala fe en el fallo al haber sido desalojados al menos dos veces por el actor [Nombre1] y de que no han ejercido una posesión al cuido de los recursos naturales. Sobre tal elemento considera esta Cámara no resulta de recibo y carece de interés por cuanto de conformidad con lo expuesto en los considerandos anteriores, el bien poseído pertenece al Patrimonio Natural del Estado, por lo que está fuera del comercio de los hombres de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 262 del Código Civil ya citado. Es decir se trata de bienes inalienable, imprescriptibles. Es importante hacer un recordatorio normativo de lo que ha venido a formar el Patrimonio Forestal del Estado y su naturaleza pública .RECURSO FORESTAL DE LAS RESERVAS NACIONALES COMO PARTE DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohibe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques y sean de aptitud forestal. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas. b-) Los que no estén amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte la primera Ley Forestal, la número 4465 de 25 de noviembre de 1969, acerca de la propiedad forestal en su artículo 19 dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reinvindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Establecía en sus artículos 32 y 33 lo siguiente:” Artículo 32.- El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública….” “Artículo 33.- Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta ley.”. Partiendo de lo transcrito, la primera ley forestal, catalogaba como bienes demaniales las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal dentro de las Reservas Nacionales, al calificarlas de inembargables, inalienables e imprescriptibles, no sujetas a apropiación particular, ésto desde mil novecientos sesenta y nueve. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Posteriormente la Ley Forestal siguiente, la número 7032 de 7 de abril de 1986, contemplaba normativa respecto al patrimonio forestal del Estado y establecía lo mismo que la anteriormente transcrita en los mismos numerales. Ésta última normativa fue declarada inconstitucional, volviendo a restablecer la vigencia de la Ley 4465, ya mencionada. Para el año de mil novecientos noventa se promulga una nueva Ley Forestal, bajo el número 7174 del 28 de junio de 1990, la cual vuelve a consagrar la demanialidad del los terrenos con bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales. La ley en mención estuvo vigente hasta el cinco de febrero de 1996, fecha de promulgación de la actual Ley Forestal número 7575. Esta norma contempla nuevamente la demanialidad de las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de las reservas nacionales al decir en lo que nos interesa en su artículo 13: “… El Patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales …”. Así mismo el numeral 14 de dicho cuerpo normativo indica “…Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley…”. III.- Consecuentemente con el análisis normativo anterior, es claro, existe un régimen especial aplicable a los recursos forestales, génesis de la propiedad forestal, con la vigencia de la ley. De lo expuesto no queda la menor duda las reservas nacionales están sometidas de derecho a este régimen de propiedad forestal, pues pertenecen al Estado y conforme a lo analizado los terrenos boscosos y terrenos de aptitud forestal no han salido de la afectación de bienes de dominio público dado a través de las diferentes leyes forestales han estado vigentes a través del tiempo hasta la actualidad. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Consecuentemente con el análisis normativo anterior, es claro, existe un régimen especial aplicable a los recursos forestales, génesis de la propiedad forestal, con la vigencia de la ley. De lo expuesto no queda la menor duda las reservas nacionales están sometidas de derecho a este régimen de propiedad forestal, pues pertenecen al Estado y conforme a lo analizado los terrenos boscosos y terrenos de aptitud forestal no han salido de la afectación de bienes de dominio público dado a través de las diferentes leyes forestales que han estado vigentes a través del tiempo hasta la actualidad. Partiendo del análisis anterior independientemente la posesión ejercida por los aquí codemandados recurrentes sea de buena o mala fe no interesa para la resolución de este asunto al encontrarnos ante bienes que pertenecen al demanio público de conformidad con lo expuesto. En lo que si coincide este Tribunal con los codemandados apelantes es en el yerro que comete el señor juez al endilgarle al señor [Nombre2] Arauz la comisión de hecho delictivo penal como lo es una tentativa de homicidio al señalar con base en lo dicho por el actor de que este atentó contra la vida del actor, lo cual carece de fundamento alguno pues la prueba confesional del actor no hace prueba a su favor en dicho sentido por lo que sobre tal punto hace lleve razón el recurrente en lo expresado en sus agravios sobre tal punto. Pero que independientemente a lo dicho no hace deba revocarse lo resuelto en sentencia por el fondo. Por último en cuanto al agravio expuesto por los codemandados recurrentes, en cuanto a la exoneración en costas que se hace, cuyo criterio no comparten, está Cámara llega a la misma conclusión que el ad quo en cuanto a absolver en costas en virtud de haber tenido motivo suficiente para litigar el actor [Nombre1] , ello por cuanto aducía tener un derecho partiendo de haberse adjudicado el fundo en un remate judicial, lo cual le daba las expectativas suficientes para tener la creencia de que el fundo le pertenecía, lo cual ler da el motivo para pretender defender el derecho que cree tener, por lo que se considera ha actuado de buena fe, en defensa de su derecho. X.- De conformidad con lo expuesto se confirma el fallo dictado. POR TANTO: En lo que fue objeto de apelación, se confirma la sentencia. VOFHNC8PY7Y61 [Nombre16] - JUEZ/A DECISOR/A BCLH0OWKAXM61 [Nombre17] - JUEZ/A DECISOR/A HOZUYART43RM61 [Nombre18] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección1] , , [Dirección2] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf3]. Fax: [Telf4] ó [Telf5]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:15:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**NEXUS DOCUMENT** **Judicial Branch** **Agrarian Tribunal** **Resolution No. 00163 - 2017** **Date of Resolution:** February 23, 2017 at 4:47 p.m. **Case File:** 11-000141-0419-AG **Drafted by:** Antonio Darcia Carranza **Type of Matter:** Ordinary Agrarian Proceeding **Analyzed by:** JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER **Content Type:** Majority Vote **Topics (descriptors):** Agrarian Usucapion **Subtopics:** Mode of acquisition of property and distinction from the titling procedure. **Topics (descriptors):** Special Agrarian Usucapion **Subtopics:** Analysis of just title and good faith. Requirements and distinction from ordinary usucapion. **Topics (descriptors):** Limitations on Agrarian Property **Subtopics:** Normative and jurisprudential analysis on compliance with the environmental function in relation to limitations on possession and titling of lands located in protected areas. **Topics (descriptors):** Agrarian Property **Subtopics:** Regime and distinction between limits and limitations. **Topics (descriptors):** Forest Agrarian Property **Subtopics:** Normative and jurisprudential analysis on compliance with the environmental function in relation to limitations on possession and titling of lands located in protected areas. **Topics (descriptors):** Forests and Forest Lands **Subtopics:** Necessary demonstration of the protection of the resource during possession. Impropriety of usucapion due to lack of demonstration of possession prior to the creation of the forest reserve. **Topics (descriptors):** Natural Heritage **Subtopics:** Impropriety of acquisitive prescription. **Topics (descriptors):** Protected Forest Area **Subtopics:** Normative and jurisprudential analysis on compliance with the environmental function in relation to limitations on possession and titling of lands located in protected areas. **Topics (descriptors):** Public Domain Property **Subtopics:** Distinction between "assignment of public character" and "affectation" to the public domain. **Rulings in the Same Sense** **Text of the Resolution** *110001410419AG* **CASE FILE:** EXPN1 - 6 **PROCEEDING:** ORDINARY **PLAINTIFF:** JEAN PIERRE SCHMIDT CALDERON **DEFENDANT:** INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) **VOTE No. 163-F-2017** **AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At sixteen hours and forty-seven minutes on the twenty-third of February of two thousand seventeen.- **ORDINARY PROCEEDING**, brought by [Nombre1], of legal age, divorced, resident of Puerto Jimenez, with identity card number CED1- - against [Nombre2], of legal age, resident of Puerto Jiménez, with identity card number CED2- - ; [Nombre3], of legal age, resident of Puerto Jiménez, with identity card number CED3- - ; INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, with legal identification number CED4 - , represented by its general attorney-in-fact, Lic. Alvaro Chanto Ureña, of legal age, attorney, married, resident of Pérez Zeledón with identity card number CED5 - ; THE STATE, represented by the Agrarian Procurador, Lic. Víctor Bulgarelli Céspedes, of legal age, married, resident of Heredia, with identity card number CED6 . Lic. Susanny Gómez Salas appears as the public agrarian defender of the plaintiff, and Lic. Jorge Calderón Fernández as lead attorney for the defendants [Nombre2] and [Nombre3]. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone . - **WHEREAS:** 1.- The plaintiff filed an ordinary complaint, valued at the sum of two million colones, requesting that the judgment declare: " 1.-) The present complaint is granted in all its aspects, declaring that the plaintiff is the legitimate holder of the right of possession of a farm whose extension is approximately one hundred twenty-four hectares. Unregistered property and the adjoining landowners are: NORTH: IDA, SOUTH: [Nombre4], EAST: [Nombre5], and WEST: [Nombre1]. The farm is comprised of scrubland (tacotales), mountain, and pastures. Which is plotted on the plan registered on microfilm Roll 172, image 211, dated September 21, 1983, number P-505996-83. 2) That it be declared that the defendant has no right of property or possession over such farm. 3) That it be declared that the Instituto de Derecho Agrario has no right of property or possession over such farm. 4) That the bad faith possession of my farm by the defendants be declared. 5) That the immediate placement in possession of my farm be ordered and consequently the eviction of the defendant and the other persons who are in possession of my farm. 6) That the defendants be ordered to restore the fruits left uncollected by my person, which shall be valued by the expert appointed for that purpose. 7) That the defendants be ordered to refrain from again disturbing my right of possession, under warning that in case of omission, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority and usurpation. 8) That the obligation to pay both costs of this proceeding be imposed on the defendants, which shall be liquidated via execution of judgment.- FIRST SUBSIDIARY CLAIM: 1) The present complaint is granted in all its aspects, declaring that the plaintiff is the legitimate holder of the right of possession of a farm whose extension is approximately one hundred twenty-four hectares. Unregistered property and the adjoining landowners are: NORTH: IDA, SOUTH: [Nombre4], EAST: [Nombre5], and WEST: [Nombre1]. The farm is comprised of scrubland (tacotales), mountain, and pastures. Which is plotted on the plan registered on microfilm Roll 172, image 211, dated September 21, 1983, number P-505996-83. In a manner exceeding ten years, quiet, public, peaceful, continuous, under title of owner, with a just title translative of ownership based on the judicial auction in which the plaintiff acquired the land, processing through different judicial avenues, the protection of his right of possession. 2) That it be declared that the defendants have no right of property or possession over such farm. 3) That it be declared that usucapion has operated, on the part of the plaintiff, over farm P-039334-000, in the name of the Instituto de Derecho Agrario, that before or after the auction in which the farm was adjudicated to the plaintiff, [n]either before or after the respective edicts were published, the IDA has attempted to disturb the plaintiff. 4) That the bad faith possession of my farm by the defendants be declared. 5) That the registration of the land described in claim number 1 be ordered in the name of the plaintiff and the deregistration of such land in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, as well as the immediate placement in possession of my farm and consequently the eviction of the defendant and the other persons who are in possession of my farm. That the defendants be ordered to restore the fruits left uncollected by my person, which shall be valued by the expert appointed for that purpose. 7) That the defendants be ordered to refrain from again disturbing my right of possession, under warning that in case of omission, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority and usurpation. 8) That the obligation to pay both costs of this proceeding be imposed on the defendants, which shall be liquidated via execution of judgment.- SECOND SUBSIDIARY CLAIM: 1) The present complaint is granted in all its aspects, declaring that the plaintiff is the legitimate holder of the right of possession of a farm whose extension is approximately one hundred twenty-four hectares. Unregistered property and the adjoining landowners are: NORTH: IDA, SOUTH: [Nombre4], EAST: [Nombre5], and WEST: [Nombre1]. The farm is comprised of scrubland (tacotales), mountain, and pastures. Which is plotted on the plan registered on microfilm roll 172, image 211, dated September 21, 1983, number P-505996-93. In a manner exceeding ten years, quiet, public, peaceful, continuous under title of owner, with a just title translative of ownership based on the judicial auction in which the plaintiff acquired the land, processing through different judicial avenues, the protection of his right of possession. 2) That it be declared that the defendants have no right of property or possession over such farm. 3) That the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to carry out the pertinent administrative procedures to take into account that over such land, the plaintiff holds the better right of possession, before any private individual, said right being respected and taken into account, so as to henceforth avoid conferring any type of right to the defendants. 4) That the bad faith possession of my farm by the defendants be declared. 5) That the immediate placement in possession of my farm be ordered and consequently the eviction of the defendant and the other persons who are in possession of my farm. 6) That the defendants be ordered to restore the fruits left uncollected by my person, which shall be valued by the expert appointed for that purpose. 7) That the defendants be ordered to refrain from again disturbing my right of possession, under warning that in case of omission, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority and usurpation. 8) That the obligation to pay both costs of this proceeding be imposed on the defendants, which shall be liquidated via execution of judgment..." (see folios 1 to 9).- 2.- The defendants the State and the Instituto de Desarrollo Agrario answered the complaint in the negative and raised the exceptions of lack of right, lack of standing (legitimación ad causan), and the latter filed a counterclaim against the plaintiff requesting that the judgment declare; "...1) That the present counterclaim be granted in all its aspects. 2) That the judgment recognize that my represented party is the owner of the farms registered under the Puntarenas registry office with title numbers [Placa1]. 3) That the judgment recognize and so declare that the land identified as parcel 218 of the Asentamiento Osa, described with plans P-505996-83 and subsequently with plan P-571091-99, forms part of the Asentamiento Osa, located within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce). 4) That it be recognized that when the Court ordered the adjudication of rights to Mr. [Nombre1] and the consequent adjudication and placement in possession, the identified land subject thereto was comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve, and as such a Public Domain Property (Bien de Dominio Público). 5) That the auction, adjudication and subsequent placement in possession to Mr. [Nombre1], of land described with plans P-505996-83 and subsequently with plan P-571091-99, comprised within the Forest Reserve are acts vitiated by absolute nullity and consequently must be so declared. 6) That the counterclaim defendant be ordered to pay both costs of the counterclaim..." (see folios 140 to 145). 3).- The counterclaim defendants answered the counterclaim in the negative but did not raise exceptions.- (see folio 177 to 179).- 4 .- Lic. Juan Gutiérrez Villalobos, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, through judgment number 15-2014 at nine hours thirty-five minutes on February twenty-seventh of two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 2 subsection h), 6, 26, 53, 55, 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 277, 284, 285, 853 and following of the Civil Code, 155, 222, 287 and following of the Code of Civil Procedure, the exceptions of lack of right, lack of active and passive standing are granted. The present ordinary complaint of [Nombre1] against [Nombre2], [Nombre3], INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL AND THE STATE represented by the PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA is declared without merit in all its aspects. The counterclaim filed by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL against [Nombre1] is granted in all its aspects. It is declared that the INDER is the sole and exclusive owner of the farm with registration number CED7 of the Province of Puntarenas. That the land described in plans P-505396-83 and [Placa2] forms part of the Asentamiento Osa located within the Golfo Dulce Forest Reserve. That at the time the Labor Court of Golfito adjudicated and placed the counterclaim defendant in possession of the farm described in plan P-505396-83, it was already located within the Golfo Dulce Forest Reserve, affected to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) as a public domain property. The resolutions of the ordinary labor proceeding brought by [Nombre1] against [Nombre6], case file 02-84 processed before the Labor Court of Golfito, are annulled insofar as they ordered the farm illustrated in plan P-505396-83 to be put up for auction, the one that approves the auction itself, and the one that orders the plaintiff to be placed in possession of the referred farm, and the record of placement in possession of the property in litigation. Let the Instituto de Desarrollo Rural take note, for the appropriate purposes, of the irregular occupation by the defendants [Nombre2] and [Nombre3] within the property in litigation. The Ministerio de Ambiente y Energía, Área de Conservación Osa is ordered to take the corresponding measures on the land in litigation for the defense and conservation of the Natural Heritage of the State, with a copy of this judgment being sent to said offices. Likewise, the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO is ordered to immediately and definitively suspend any disbursement of money for environmental services (servicios ambientales) in accordance with contract number PN-01-22-0144-2004 in favor of the defendants, with the corresponding official letter being issued. The present matter is resolved without special sanction regarding costs. The parties are informed that this judgment has recourse to appeal before the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José. Should any of the parties file an appeal, please submit, in addition to the written part, the appeal in electronic format. Due to the incorporation of orality in agrarian matters, if it is the desire of the party that the appellate court grant them an oral hearing, make it known in the same appeal brief, or failing that, indicate an email address where they can be notified..." (see folios 617 to 640).- 4.- The plaintiff and the defendants [Nombre2] and [Nombre3] filed an appeal with express indication of the reasons for which they refute the thesis of the lower court (folios 670 to 676 and 677 to 681). 5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed; no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the judgment. Drafted by Judge DARCIA CARRANZA, and **WHEREAS:** I.- The Tribunal shares the relation of facts held as proven, as they have good support in the records. Furthermore, the following are added as proven in this instance: h) Mr. [Nombre2] was evicted on different occasions from the property in litigation (see statement of [Nombre7], INDER official, at folio 538). i) ) At present, approximately 99 hectares of the land are mountain (80%) and between 20 to 25 hectares are pasture and scrubland (tacotal) (20%); the existing stream is completely stripped of vegetation, it has no trees; within the pasture area, there is a pigsty made partly of block and with a zinc roof (see judicial inspection record at folio 529); j) The land belonged to Osa Productos Forestales and was later sold by it to or was acquired by the Instituto de Tierras y Colonización (see official letter CGAR-012-2009 dated March 4, 2009, at folio 157). II.- Likewise, the determination regarding unproven facts is adopted. It is equally held as unproven b) A ten-year possession predating April 28, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created, was not demonstrated. There is no evidence on this matter. III.- The lower court, in judgment No. 15-2014 at 09:30 hours on February twenty-seventh, 2014, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 2 subsection h), 6, 26, 53, 55, 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 277, 284, 285, 853 and following of the Civil Code, 155, 222, 287 and following of the Code of Civil Procedure, the exceptions of lack of right, lack of active and passive standing are granted. The present ordinary complaint of [Nombre1] against [Nombre2], [Nombre3], INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL AND THE STATE represented by the PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA is declared without merit in all its aspects. The counterclaim filed by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL against [Nombre1] is granted in all its aspects. It is declared that the INDER is the sole and exclusive owner of the farm with registration number CED7 of the Province of Puntarenas. That the land described in plans P-505396-83 and [Placa2] forms part of the Asentamiento Osa located within the Golfo Dulce Forest Reserve. That at the time the Labor Court of Golfito adjudicated and placed the counterclaim defendant in possession of the farm described in plan P-505396-83, it was already located within the Golfo Dulce Forest Reserve, affected to the Natural Heritage of the State as a public domain property. The resolutions of the ordinary labor proceeding brought by [Nombre1] against [Nombre6], case file 02-84 processed before the Labor Court of Golfito, are annulled insofar as they ordered the farm illustrated in plan P-505396-83 to be put up for auction, the one that approves the auction itself, and the one that orders the plaintiff to be placed in possession of the referred farm, and the record of placement in possession of the property in litigation. Let the Instituto de Desarrollo Rural take note, for the appropriate purposes, of the irregular occupation by the defendants [Nombre2] and [Nombre3] within the property in litigation. The Ministerio de Ambiente y Energía, Área de Conservación Osa is ordered to take the corresponding measures on the land in litigation for the defense and conservation of the Natural Heritage of the State, with a copy of this judgment being sent to said offices. Likewise, the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO is ordered to immediately and definitively suspend any disbursement of money for environmental services in accordance with contract number PN-01-22-0144-2004 in favor of the defendants, with the corresponding official letter being issued. The present matter is resolved without special sanction regarding costs. The parties are informed that this judgment has recourse to appeal before the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José. Should any of the parties file an appeal, please submit, in addition to the written part, the appeal in electronic format. Due to the incorporation of orality in agrarian matters, if it is the desire of the party that the appellate court grant them an oral hearing, make it known in the same appeal brief, or failing that, indicate an email address where they can be notified..." (see folios 617 to 640).- IV.- The Plaintiff, through his public defender Lic. Susanny Gómez Salas, appealed. She expresses her disagreement with the lower court regarding the basis of the judgment, indicating: 1) Improper evidentiary assessment, reasoning, and application of the law. She states that in recitals five, six, and seven on the merits of the matter, on the main claim and on the first subsidiary claim, it was deemed they should be declared without merit, arguing that the plaintiff [Nombre1] lacks just title (justo título) for having acquired at a public auction, held in the year 1983, and the farm was adjudicated to him by the Labor Court of Golfito, case file 02-84, facts that were proven, and the land in litigation was acquired from who at that time held the standing to adjudicate it. She says her client, since he acquired it, dedicated the landholding to the protection of the forest, so that it would be protected and dedicated to natural regeneration, which is why he never dedicated it to agricultural activities; therefore, it cannot be said, as indicated in the judgment, that possession was not exercised over it, given his possession has been for the sake of protecting and conserving the mountain on his property, instituting the necessary legal mechanisms and judicial proceedings to protect his right of property. Her client adjudicated the land in good faith at a judicial auction and fulfilled the requirements of said procedure, a situation that, due to registration inconsistencies, cannot be blamed on the plaintiff. She says the lower court errs in pointing out that the plaintiff lacks fulfillment of the requirements for usucapion to operate, since it was proven he did exercise his rights as the legitimate owner of the land in litigation and in good faith, given that he always continued fighting for his rights as the legitimate owner of the land in litigation. Nor can her client be blamed that the auction carried out is indicated as vitiated by nullity, since he adjudicated it in good faith and fulfilling all the requirements requested for it, so he cannot be harmed by such facts. She points out that the farm of Osa Productos Forestales No. 6- 8947-000, before the park was created, measured 3,251 hectares and 591 square meters; part of that property was added to the National Park as farm number 6-22050 with a measurement of 2,082 hectares, leaving farm 6- 8947-000 with an area of 1,192 hectares and 5,598 square meters, which was merged with farm 6-22048-000, and expropriated in 1979; subsequently, the rest of farm 6- 8947-000 is the same one that appears and is expropriated irregularly through Decreto Ejecutivo N° 10088, of the year 1979, with the same area, volume and folio, as an individual farm registered in volume 1484, entry 9 and 10, with the State proceeding to pay for said remainder of the farm through expropriation in agrarian bonds to the multinational and subsequently pays for it again at a value four times higher, already being merged with farm 6-22048-000. The foregoing denotes that the remainder of farm 6- 8947-000, which had an area of 1,192 hectares and 5,598 square meters, already being merged with 6-22048-000, on August 19, 1976, could not be paid for or expropriated in the year 1979, which denotes a serious inconsistency at the registry level, since the remaining area did not exist as an individual farm at the registry level. Likewise, she indicates, the entries for farms 6-22048-000 and 6-22046-000 were not registered in favor of the State, since they were never closed by the registrar. The farms were not closed or merged on December 15, 1980; therefore, farm 39334 could not exist registry-wise. In farm No. 6-22048-000, the existence of a first-degree mortgage certificate (cédula hipotecaria) CED8°, folio 595, volume 38, for an amount of 2,000,000 colones was specified, and the act of transfer of Osa Productos Forestales to the State creates the right, upon receiving the farm and transferring it to the ITCO, said certificates disappear without any mention, such that by existing, it would have been improper to carry out farm mergers given the existence of real encumbrances that limited said registration actions. Similarly, farm 6-22046-000, which is one of the expropriated farms, also supported a mortgage certificate for 1,000,000 colones, not canceled at the time of the negotiation with Osa Productos Forestales, the Procuraduría and the ITCO. Due to all these inconsistencies, the said farms were not closed, which calls into question farm 6- 39334 registered on December 12, 1980, which comes into legal and registry existence before the non-existent closure or merger of farms 6-22048-000 and 6-22046-000, and the non-existent farm 6- 8947 of December 15, 1980. The lower court has overlooked all the previous inconsistencies. On the other hand, she points out that in accordance with the provisions of Article 868 of the Civil Code, the period to allege the declaratory action of nullity of said adjudication of the farm in litigation to the plaintiff herein through auction has prescribed, as more than ten years have elapsed without any of the interested parties alleging it or without the nullity being decreed ex officio, so the legal act of the adjudication through auction is valid, as the rights and the intrinsic circumstance of fact are validated, for which it acquired legal efficacy and therefore, produces legal effects; hence the argument provided by the plaintiff regarding the acquisition through auction is the just title and sufficient to demonstrate the acquisition of the land in litigation, as it derives from an eminently valid legal transaction. 2).- Lack of reasoning regarding the other requirements of usucapion. A superficial assessment was only made regarding the fulfillment of the requirement of just title, indicating that by not having it, the others were not analyzed, pointing out that because this requirement was not met, the complaint can be declared without merit in all its aspects, the foregoing under a state of uncertainty and defenselessness for the plaintiff herein because, by not analyzing the rest of the requirements, the effective fulfillment of each of the others is not verified, given that since 1983 he acquired the landholding in litigation and has continued fighting for it by exercising all the attributes of a legitimate owner, initiating judicial proceedings to assert his rights and protect his property, all in good faith, under the objective belief that he acquired and has exercised his right of possession legitimately. She says, the rest of the requirements have been accredited through documentary evidence (see folios 677 to 681). V.- The co-defendants [Nombre2] and [Nombre3] also appeal the judgment. They say the judge correctly declares without merit the complaint filed against them by [Nombre1], but does not share what the judgment concludes in that Mr. [Nombre2] is a possessor in bad faith for having been subject to two evictions requested by Mr. [Nombre1] and that in order to illegally sustain possession of the disputed landholding, [Nombre2] attempted against the life of the plaintiff [Nombre1]. It is indicated in the judgment that Mr. [Nombre3] and his wife have not maintained ecologically friendly possession with the environment and natural resources. The first conclusion, they say, is totally contradictory, because if the judge concludes that at the time of adjudicating the lands to Mr. [Nombre1], they were part of the Asentamiento Osa, within the Golfo Dulce Forest Reserve, how then does the judge give value to the illegal evictions that he directed against the defendants; even the lower court annuls the resolution that ordered the auction of the property. The other point, the judge recklessly indicates, there was an attempt against the life of [Nombre1], imputing an attempted homicide, a fact for which there is no evidence at all in this regard, and the agrarian judge is not a criminal judge to come and attribute guilt without any evidence. The lower court disregards the testimonial evidence offered by the co-defendants, it does not even take the trouble to analyze it in order to dismiss it. Said evidence is conclusive regarding the possession exercised by Mr. [Nombre2] and previously by his father [Nombre8], many years before the aforementioned auction alleged by the plaintiff took place. Even the witness [Nombre9], an official of the Instituto de Desarrollo Agrario, stated that for the regional office of Rincón, the possessors are the co-defendants [Nombre2] and [Nombre3] and as such they are listed as the possessors of the property in dispute. This omission in assessing the evidence means the judgment must be annulled, it being an arbitrary omission, lacking objectivity and impartiality on the part of the judge, with clear harm to the procedural rights of the co-defendants. They point out that the judgment indicates the appealing co-defendants have not maintained ecological possession in protection of natural resources, attributing to them damages to the forest and the stream protection zone, and without any evidence existing in the case file, two cases against Mr. [Nombre2] were sent to the Prosecutor's Office of Golfito without any evidentiary support, complaints derived from [Nombre1] himself and from Judge Gutiérrez Villalobos himself, one for disobedience to authority and another for violating the regulations contained in the Ley Forestal. 5.- They say they oppose the exemption from costs made in this proceeding, because the same judgment alleges the illegal adjudication of [Nombre1], since he knew the farm formed part of the Golfo Dulce Forest Reserve. The evidence produced shows that at the time Mr. Schmidt adjudicates the parcel through a totally illegal process, he already knew the land was possessed by Mr. [Nombre2], given that even his father [Nombre8] lived on and exploited those lands. Said evidence was not assessed or analyzed. It requests that [Nombre2] and [Nombre3] be declared the lawful possessors of the disputed property that is part of the Osa Settlement, or in the alternative, to annul the judgment, due to pretermission of evidence, and to establish that in the case file there is no evidence discussed and examined to support the claim that [Nombre2] has attempted against the plaintiff's life as a result of the conflict that has been addressed in this proceeding (see folios 670 to 676). VI.- REGARDING THE PLAINTIFF'S APPEAL: It is important to mention that recently the Constitutional Chamber, referring to the issue of the function and structure of real property rights, indicated the following: IV.- ON THE RIGHT TO PROPERTY. Article 45 of the Political Constitution enshrines the right to property, and does so in the following manner: "Property is inviolable; no one may be deprived of their own except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law. In the event of war or internal commotion, it is not essential that compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the conclusion of the state of emergency. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by a vote of two-thirds of the totality of its members, impose limitations of social interest on property." 1.- PROPERTIES, THEIR FUNCTION AND STRUCTURE ARE THE WORK OF THE LEGISLATOR. In a broad interpretation of the foundational text for resolving the judicial consultation raised, and to determine whether or not a criterion of private property (acquired by usucapión and registered in the Public Registry through Información Posesoria), or a criterion of public agrarian property (reserved to the State) should be applied, it is necessary to recall what this Chamber has indicated regarding the different property regimes encompassed by said norm: “For these reasons, included within the criterion of property of the referenced numeral 45, in relation to 50, both constitutional, are forest property, agrarian property, ecological property, environmental property, etc., all with constitutional grounding in the cited articles and with a specific regulation and legal nature...” ([Nombre6]., No. 5893-95 of 9:48 a.m. on October 27, 1995). The understanding of said normative interpretation must be deepened. The treatment of the protection of real property rights, in civil and agrarian matters, has great importance in all legal systems that have consolidated a constitutional base rooted in the protection of fundamental human rights: alongside the rights of economic freedom, among which are private property and other derived real property rights, economic, social, and environmental rights-duties have also been enshrined. Private property and economic freedom find constitutional protection in articles 45 and 46 of our Magna Carta and, although it seems obvious, their existence and defense adhere to the permanence of a Social State of Law, based on constitutional principles and values, in which not only rights in favor of individuals are enshrined, but also duties, with a view to achieving economic development, with equity, solidarity, and social justice. Consequently, if the constitutional norms and principles of real property rights, both in civil and agrarian matters, are common, it is not possible to completely separate the two subjects of Constitutional Law, with greater reason when dealing with the issue of expropriation for purposes of public utility. The function and structure of real property rights are common in both subjects, but their content is diverse. The function is the economic or social utility for which a particular real property right was designed, and it will depend on the nature (civil, agrarian, ecological, environmental) of the property over which such right exists. The structure refers to the set of rights and obligations of the holder of that real property right, imposed by ordinary legislation, and modified by special legislation, to respond to the needs of each historical moment. The diverse structure and function of properties, according to their nature, leads to speaking of various types of property: civil, urban, agrarian, forest, horizontal, intellectual, and so on. Civil, agrarian, forest, or ecological possession (posesión) and usucapión are also spoken of. Similarly, civil easements (servidumbres civiles), water easements, agrarian easements, and more recently ecological easements (servidumbres ecológicas). In any case, the Constitution is the guarantor of the protection of such real property rights, to provide not only legal security to their holders, but also to compel compliance with the economic, social, and environmental function for which they were conceived. But the Constitution also protects, with particular attention, all productive properties that are part of the agricultural property of the State and its public domain, and that at some point may be of utility for the common good....2....From the texts cited previously, it can be affirmed that, like the rest of the fundamental rights enshrined in the Political Constitution, the right to property is not absolute, and the inviolability recognized by constitutional numeral 45 cannot be read with the rigidity with which it was understood in the era of economic liberalism, when an individualistic notion of property was defended. On the contrary, currently private property can be limited in various ways that are in harmony with Constitutional Law. From these new conceptions arose the advocacy for the social function of property, which, besides allowing the owner to exercise a series of prerogatives over it, does not forget the social purposes it is also called upon to fulfill when the State so requires to achieve projects of public utility for the benefit of the community. ...3.- ON THE AGRARIAN PROPERTY REGIME. The Fiscal Code of 1885, the Law of Baldíos Lands (No. 13 of January 10, 1939, repealed by the Law of Lands and Colonization No. 2825), the Law of Informaciones Posesorias, and the Law of Lands and Colonization were the first norms to deal with a regulation on the rational use of natural resources, to conserve them. But they also promoted the occupation, titling, and destruction of forests. In the second half of this century, the interest in production and exploitation of the land prevailed, which was justified by the imposition of the economic and social function of agrarian property. In effect, Costa Rican agrarian doctrine had already manifested an agrarian culture tending to put land into production to fulfill its economic destiny: "(...) The land multiplied its fertility with the aid of mechanization and technology, which supposes the increasing use of certain movable goods (...). But if the land shares its importance with movable agrarian capital, losing its primacy, it has acquired a new importance as the seat of the goods that constitute the agricultural and livestock exploitation (...). Said goods are considered agrarian property in its economic aspect, as instruments or means of agricultural and livestock production, and in its social aspect, relating to its control and the distribution of its benefits (...). Agrarian property is characterized by the individual and social requirement of the necessary destination to production, to preserve the quality and productive capacity of the property. The social requirement of production becomes more obvious in the norms that authorize the expropriation of agrarian properties not utilized in exploitation or used deficiently, and in those that prohibit or limit indirect forms of tenure and exploitation (...)" (BARAHONA ISRAEL, Rodrigo. Derecho Agrario, San José, University of Costa Rica, 2nd edition, 1982, pages 228-229). The same Law of Baldíos Lands allowed the acquisition of lands by individuals, up to a maximum of 30 hectares. Except in that case, it was prohibited to enclose baldíos lands owned by the State with fences, to fell forests or establish constructions or crops on them, or to extract firewood, timber, or other products. Thereby, the intention of our legislator to conserve forest resources was evident. The Law of Lands and Colonization of 1961 regulated the economic and social function of property with greater prevalence than the environmental one. This was a cultural requirement, to guarantee not only the real "access" to property, through the intervention of the Institute of Lands and Colonization, but also to require that the economic destiny of productive properties be fulfilled (among others, articles 1, 2, and 5). Patriotic doctrine affirmed that "From the promulgation, therefore, of the Law of Lands and Colonization, the occupation of State lands is illegal. But those begun before its effectiveness are lawful, within the limits and conditions established by the General Law of Baldíos Lands or any others in effect when the occupation began, and serve the purposes of positive prescription" ([Nombre10], ibid, p. 231). Thus it was that in the Law of Lands and Colonization, alongside the economic and social function, a series of provisions tending to conserve natural resources were issued (articles 1 and 68). In particular, it was established that lands that did not have in place the regime of conservation and adequate use of the reserves of renewable natural resources of the nation existing on them were failing the social function of property (Law of Lands and Colonization, article 153 subsection 4). However, its excessive application, due to the inherent culture regarding the economic and social function, led to the abusive exercise of the right to property. For this reason, it is also warned that "The undue appropriation of lands in national reserves by individuals acquires alarming characteristics when it is carried out by owners of large estates for the purpose of increasing their area, and even more so if the pursued purpose is limited to hoarding lands without cultivating them" ([Nombre10], op. cit., p. 235). The legislator imposed on property, in particular on agrarian property, a series of limitations directed at fulfilling its economic and social function. The Law of Lands and Colonization makes express reference to both functions (Law of Lands and Colonization, articles 6, 21 subsection 1, 58, 142, 144, 150). On one hand, it imposes the obligation on the State to provide persons lacking land or who possess it in insufficient form with sufficient lands for their individual and social development (article 2). Also established is the obligation to produce the land, since the non-fulfillment of that economic-productive function would eventually imply the expropriation thereof if they are found uncultivated, abandoned, indirectly exploited, or insufficiently cultivated. And it punishes the anti-economic exercise of lands suitable for agriculture destined for livestock (article 144). Beneficiaries of the Institute of Agrarian Development are imposed, as one of their obligations, the conservation of renewable natural resources, since failure in these provisions may imply the revocation of the plot. ....This Constitutional Court, starting in 1990, more clearly recognizes the dynamic character of the right to property, and the possibility of imposing within its structure –a set of rights and obligations of the owner– limitations of social interest, to prevent the antisocial or abusive exercise of that right, which is not unlimited. Within that context, it implicitly recognizes the existence of special properties, with distinct particularities based on the nature of the property in question, and its specific function: "The power of the owner over the property is determined by the function that it fulfills. The object of the right to property has undergone important transformations. Currently, not only are the rights of the owners protected, but also various general or social interests that coexist with it. Objective law frames the content of subjective rights. Each object of law implies a peculiar form of appropriation. For example, the powers of ownership relative to an agricultural property are very different from those corresponding to a property located in an urban sector of intensive use." Said limitations, according to the Constitutional Chamber, must be reasonable and not empty the content of the right, since it would become a total deprivation thereof (Constitutional Chamber, No. 5097-93 of 10:24 a.m. on October 15, 1993).- 4.- ON LIMITS AND LIMITATIONS, WITH REGARD TO AGRARIAN AND FOREST PROPERTY. Doctrine ([Nombre11], Manuel. Derecho Civil, Volume III, Law of Property, Barcelona, 8th edition, 1994, pages 259 to 262) has distinguished between limits and limitations of the right to property, within the context of the content of that right. According to ALBALADEJO, the normal content of the right to property must be framed by indicating the limits of ownership: "Sometimes the limit consists of the owner not being able to do something; other times in having the duty to do it, thereby removing the freedom to omit it (for example, the duty not to alter the façade of a building or not to leave a rural property uncultivated)... Since the limits of ownership constitute its normal regime, a special act is not required to impose them on each particular thing, nor must they be proven... rather it is sufficient to invoke (when appropriate) the legal norm that establishes them. On the contrary, in the case of limitations, they must be established by a special act relating to the property in question, and, as they are exceptional, they must be proven, because, otherwise, property is presumed free of them" (ibid, p. 262). These may be established for reasons of private interest, or for reasons of public interest, the latter being predominant. For example, those established in the Water Law or in special agrarian or environmental legislation. The Full Court, acting as Constitutional Court, made the distinction between limits and limitations on the right to property: "Traditionally, 'limits' and 'limitations' have been used as synonyms, but nowadays a difference is made between both terms, to understand 'limits' as those imposed by law in a generalized manner without referring to a specific thing or an individualized owner, they apply to all who are in the same situation; while 'limitations,' as a general rule, are imposed voluntarily by the owners, even if based on the law, and always for specific cases... But note that the two-thirds vote does not constitute authorization to impose all kinds of limitations on property, since the text refers solely to those of 'social interest'" (Full Court, Extraordinary Session, of March 25, 1983). The Full Court very clearly pointed out the principle of the social-economic function of property as a restriction imposed on property with general effects. Specifically, in the area of forest property, the Jurisprudence established the importance of limitations from the environmental point of view: "The appeal alleges the unconstitutionality of articles 30, 71, 88, 98, 101, subsections b) and d), 103, 104, and 105 of the Forest Law, finding them harmful to the provisions of constitutional article 45, since according to the appellant's criteria, the first article cited attacks the inviolability of property by requiring approval from the General Forestry Directorate to be able to carry out forest elimination works for the purpose of undertaking colonizations or land subdivision (parcelación) or any agricultural or livestock enterprise, seeing as how with that State intrusion, the power to administer private property is placed in the hands of the State. To the above, it must be pointed out that no clash occurs between article 30 of the Forest Law and article 45 of the Political Constitution, because the right to property is not absolute. Indeed, while the constituent categorically declared that property is inviolable, they immediately established restrictions to that principle, one of them the possibility of expropriation 'for legally proven public interest,' and another in that it provides that the Legislative Assembly may impose limitations of social interest on property 'by a vote of two-thirds of the totality of its members,' from which it must be concluded that the first declaration has two limiters referring to public interest and social interest. The classic concept of property, which viewed it as absolute and without limits, has varied notably, now allowing that 'limitations of social interest' be imposed, as authorized by the second paragraph of article 45, whereby it has been possible for the legislator to establish, as an essential function of the State, that of 'ensuring the protection, use, conservation, and promotion of the country's forest resources' (article 1 of the Forest Law), a function that is fulfilled through the series of restrictions that the cited Law imposes on the exploitation of forests. From the same constitutional norm, it is concluded that these limits are not a denial of the right to property, as the appellant alleges, but a limitation to achieve the fulfillment of higher purposes, more important than the strictly individual ones in favor of the owner, being those of the community and future generations who must count on forest resources, even in protection of the environment and health... It is true that they have been limited in their exercise, in protection of the forest interests of the State that seek the conservation of natural resources and environmental health; but this is permitted by the constitutional norm that the appellant himself deems injured... VIII.- This Court has already repeatedly stated that the exercise of the freedoms granted by the Constitution is not absolute, and that they may be subject to regulation and even restrictions when higher interests are at stake. It would be wrong to label as unconstitutional, for example, article 371 of the General Health Law, which punishes with imprisonment anyone who cultivates opium poppy, coca, or marijuana plants, for attacking the freedom of agriculture established in article 46 of the Constitution, a norm that the appellant deems violated by the restrictions that the Forest Law imposes on agricultural work. And if the already expressed criterion is considered, that said Law protects interests of higher rank than the merely individual ones of the possessor or owner of lands subject to forest regulation, it is also concluded here that the restrictions accused of being unconstitutional do not harm the guarantee of article 46 of the Political Charter, because it has already been said that what the State has done is restrict, for reasons of social interest, the exercise of the attributes of property. IX. The Forest Law aims to protect natural resources, a circumstance that affects the organization of production. The hydrological resources, the environmental changes, the health of the place are factors that influence agricultural and livestock production and are directly related to the forest resources of the area; therefore, the regulations on forest exploitation do not harm but, on the contrary, affirm the constitutional guarantee of article 50, in that it provides that the State must organize production. X. The Forest Law is not preventing the appellant from the possibility of achieving honest and useful work, with which to provide for the subsistence and well-being of himself and his family. There is no doubt that the right granted by article 56 of the Political Constitution is not unrestricted, as it is subject to the laws and regulations regarding the manner and conditions of exercising it. Thus, Mr. Elizondo Villegas may dedicate himself to agriculture if that is his wish; but in exercising such right, it is not lawful for him to act against the legislation in force that protects forest resources and regulates agricultural production. There are prohibited crops (such as the previously mentioned marijuana) and restricted agricultural practices (such as burning), by legal norms that make it impossible for farmers to dedicate themselves to those crops or use said practices. However, those norms are not unconstitutional, as they do not illegitimately restrict the right to work, but rather regulate it to safeguard other higher-ranking interests that guarantee coexistence, the ultimate end to which the legal system tends" (Full Court, extraordinary session held on May 17, 1984). This Constitutional Court, starting in 1990, more clearly recognizes the dynamic character of the right to property, and the possibility of imposing within its structure –a set of rights and obligations of the owner– limitations of social interest, to prevent the antisocial or abusive exercise of that right, which is not unlimited. Within that context, it implicitly recognizes the existence of special properties, with distinct particularities based on the nature of the property in question, and its specific function: "The power of the owner over the property is determined by the function that it fulfills. The object of the right to property has undergone important transformations. Currently, not only are the rights of the owners protected, but also various general or social interests that coexist with it. Objective law frames the content of subjective rights. Each object of law implies a peculiar form of appropriation. For example, the powers of ownership relative to an agricultural property are very different from those corresponding to a property located in an urban sector of intensive use." Said limitations, according to the Constitutional Chamber, must be reasonable and not empty the content of the right, since it would become a total deprivation thereof (Constitutional Chamber, No. 5097-93 of 10:24 a.m. on October 15, 1993). 5.- THE POSSIBILITY OF TITLING IN NATIONAL RESERVES AND ITS LIMITATIONS. One of the most controversial topics, regarding limitations on property for the fulfillment of its environmental function, is that of possession (posesión) and titling of forests and lands located in protected areas. The treatment of this topic, in the area of possessory protection, private property, and usucapión, has been the subject of analysis and discussion, both in doctrine and in jurisprudence. The topic of ecological possession (posesión ecológica) is not of peaceful acceptance. Various doctrinal approaches have been made, and jurisprudence requires demonstrating the fulfillment of the ecological function in order to protect possession (posesión) and property. Everything originates in the application of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which currently establishes: "Article 7.- When the immovable property to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of the legal rights to decennial possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the date of effectiveness of the law or decree that created that wild area. Properties located outside those areas and containing forests may only be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of decennial possession (posesión decenal), exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the immovable property must be duly demarcated and with fences or clean lanes..." (Ley de Informaciones Posesorias, article 7. Reformed by Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996). In relation to the application of this provision, the Constitutional Chamber has indicated that it is possible to apply said norm retroactively, since the time the affectation to the public domain occurs, because decennial possession (posesión decenal) consolidated before the declaration of any reserve or protected area finds protection in the referenced legal provision (see Voto No. 4597 of 3:45 p.m. on August 5, 1997). V.- ON USUCAPIÓN AS A WAY TO ACQUIRE PROPERTY. Despite the specialized nature of this matter, the Chamber has already had the opportunity to refer to the general regime of usucapión (understood as the possibility of acquiring ownership of immovable property by positive prescription). Judgment number 004587-97 of 3:45 p.m. on August 5, 1997, contributes a series of important elements about this institution that are worth revisiting in this section: "(...) In principle, it should be indicated that the proceedings of información posesoria regulated in the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941, and its reforms, are a non-contentious judicial proceeding by means of which a title of ownership of immovable property is formalized, registrable in the Public Registry. In general, this proceeding aims for possessors who lack a registrable title in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that Law provides that for the possessor of real estate to request the granting of a title based on the información posesoria procedure, they must demonstrate possession (posesión) for more than ten years with the conditions indicated in article 856 of the Civil Code, namely, as owner, continuous, public, and peaceful. The foregoing requirements of time and condition characterize the possession (posesión) necessary to usucapir. To obtain ownership of immovable property by positive prescription, in addition to possession (posesión) under the indicated conditions, article 853 of the Civil Code indicates as requirements: a translative title of ownership and good faith. From the foregoing and from the provisions of article 8 of the Ley de Informaciones Posesorias, which characterizes the información posesoria proceeding as a non-contentious judicial process –in which the arising of a claim or opposition by any person or the State causes the matter to be suspended and referred to the declarative pathway for discussion and resolution, or for the file to be archived and the administrative pathway considered exhausted, respectively–, it follows that the titling of the immovable property has the acquisition of ownership as a requirement. That is, the moment of acquisition of ownership by usucapión is distinguished from the moment that situation is asserted in the información posesoria proceeding to obtain a title registrable in the Public Registry. Hence, usucapión is considered a way of acquiring ownership and other possessable real property rights, and titling as the procedure by which, having verified the requirements of usucapión, the registrable title of ownership is conferred. Usucapión is an original way of acquiring a possessable real property right by the passage of time with the requirements of law. The acquisitive legal effect of usucapión occurs automatically with the passage of time joined to a suitable possession (posesión) that meets the conditions set for possession ad usucapionem (posesión ad usucapionem), and the other requirements established in the law. In general terms, the Civil Code establishes as requirements for positive prescription: a translative title of ownership, good faith, and possession (posesión) under specific conditions. (...) Now, the last requirement contemplated in article 853 for positive prescription is possession (posesión). The essence of the institution of usucapión is linked to the discipline of possession (posesión). To the exercise of possession (posesión) during a determined period and under special conditions –public, peaceful, continuous, and as the holder of the right held–, the requirements that the legal system establishes for usucapión, just title and good faith, are added. Possession (posesión) as a real property right implies the relationship between a person and the thing. It constitutes one of the separate elements that form ownership (article 264 Civil Code). The right of possession (posesión) can be acquired independently of full ownership under certain circumstances that the Civil Code regulates in article 279 –by consent of the owner, by the fact of retaining possession (posesión) for more than one year, and because the law authorizes the creditor to retain the thing of their debtor or orders that all or some of their property pass to a depositary–. (...) In that sense, possession ad usucapionem (posesión ad usucapionem) is a more rigorous or qualified form of possession (posesión) that differs from the generic one. The requirements that the law demands for possession (posesión) to be suitable for positive prescription are regulated in article 856 of the Civil Code. The jurisprudence, integrating doctrinal concepts, has developed the content of those requirements. In that sense, in relation to possession in the capacity of owner (posesión en calidad de propietario), it has been pointed out that what the Civil Code means is possession in the capacity of holder of the right held (posesión en calidad de titular del derecho ostentado) (...)" (the highlighting does not correspond to the original) Likewise, in the doctrine of Civil Law and Real Property Rights, it has been pointed out that the legal system recognizes usucapión as a way of acquiring ownership of an immovable property, in order to provide legal security to social relations and, consequently, promote social peace. There are several theories underlying acquisitive prescription: first, a subjective theory that explains the legal basis for the definitive acquisition by the adverse possessor is the negligence or abandonment of the titleholder against whom they prescribe; second, an objective theory indicating that the ratio iuris of acquisitive prescription lies in the protection of public interest, social interests, and legal certainty. The law seeks to protect the appearance created by the possessory situation in which the adverse possessor finds themselves and the securing of economic stability (see, [Nombre12], María Luisa and others, “Derechos Reales e Inmobiliario Registral: Esquemas de Derecho Civil”. Editorial Arazandi, 2010, Spain). Through acquisitive prescription, a de facto situation is transformed into a de jure situation in order to guarantee legal certainty of individual interests and in legal relationships (of the adverse possessor vis-à-vis other subjects). Acquisitive prescription generates a real and valid title, free of charge, that becomes an acquisition of ownership. Through the firmness of the acquisition, legal relationships will be secured for reasons of public interest (see, [Nombre11], Manuel. “Compendio de Derecho Civil”. Editorial José María Bosch, 2007, Spain). VI.- On public domain assets, the presumption of public ownership (demanialidad), and public domain reserves. For a better understanding of the issue being studied in this consultation, reference must also be made to the notions of public domain assets, the presumption of public ownership, as well as public domain reserves, all of which are important concepts for the proper resolution of the sub examine. Regarding public domain assets, this Chamber has had repeated opportunities to develop the subject matter. For example, in judgment number 1991-2306 of 14:45 hours on November 6, 1991, reiterated in judgment number 2004-09217 of 15:25 hours on August 25, 2004, this Court established the following: “(…) the public domain is comprised of assets that manifest, by express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. These are the so-called dominical assets, dominial assets, public goods or things, or public assets, which do not belong individually to private parties and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of persons. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express norm. Characteristic features of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action substitutes for interdicts to recover ownership. As they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right to use (aprovechamiento) can be acquired, though not a right to ownership. The use permit (permiso de uso) is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private party is the useful domain of the asset, the State always reserving direct domain over the thing. The precariousness of any right or use permit is consubstantial to the figure and alludes to the possibility that the administration, at any time, may revoke it, whether due to the State’s need to fully occupy the asset, for the construction of a public work, as well as for reasons of safety, hygiene, aesthetics, all of this to the extent that if a conflict of interests should arise between the purpose of the asset and the permit granted, the natural use of the public thing must prevail. Consequently, the national regime of public domain assets, such as the roadways of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks and other public sites, places them outside the commerce of persons and therefore the permits that are granted will always be on a precarious basis and revocable by the Administration, unilaterally, when reasons of necessity or general interest so indicate” (the highlighting does not correspond to the original). Therefore, public domain assets are characterized by: a) the existence of an express will of the legislator; b) a special purpose of serving the community, the public interest; c) being intended for public use; d) being affected to the service they provide; e) being subject to a special regime outside the commerce of persons; f) not belonging individually to private parties, and; g) belonging to the State in its broadest conception. Furthermore, they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance, cannot be the object of possession, a right to use can be acquired but not ownership, administrative action (powers of self-help and police power) substitutes for interdicts to recover ownership, and, finally, permits or mere de facto occupations are held on a precarious basis. For its part, in judgment number [Telf1] of 9:27 hours on June 28, 1996, this Chamber distinguished between the designation (afectación) of an asset and the assignment of the asset to a public purpose, as follows: “A public asset may be natural or artificial, depending on whether it concerns assets declared public by the legislator considering them in the state in which nature presents or offers them (a river, for example), or assets declared public by the legislator but whose creation or existence depends on a human act (construction of a street or a public park, for example). In our legislation to define it, Article 261 of the Civil Code follows the concept of designation to public purpose, by stating that \"Those things that, by law, are permanently intended for any service of general utility, and those from which all may benefit by being delivered to public use, are public things.\" Designation is the act or manifestation of will of the public authorities, by virtue of which the thing becomes incorporated into the use and enjoyment of the community and may be effected by law or by administrative act. The legal doctrine makes a distinction between \"assignment of public character\" to an asset and the \"designation\" of that asset to the public domain. The assignment of public character means establishing that that specific asset would have public ownership quality (calidad demanial); thus, for example, the general legal norm would say that all public roadways are integral to or dependent on the public domain and this means that the current ones and those that come to be built are so. In contrast, designation means that the asset declared as public domain (dominial) becomes effectively incorporated into public use and this has to do with the acceptance and receipt of public works when they are built by administration or with the conclusion of the works and their official receipt, when a private party carries them out (construction of a development or subdivision (fraccionamiento), for example). This is why it is said that designation may be declared by law in a generic manner, or else by an administrative act, which must necessarily conform to the legal norm that serves as its reference (principle of legality).” Thus, the only way a private party can claim any type of right (albeit restricted) is if the Administration has granted them a concession or a permit. Likewise, the Chamber in judgment number [Telf2] of 15:45 hours on December 22, 1993, distinguished State assets into public and private: \"(...) that the State’s patrimony is classified into two classes of assets of fiscal or private domain and of public domain. The former are characterized because they are sources of revenue for the State, are alienable, prescriptible and consequently, are within the commerce of persons; those of public domain do not produce revenue of any kind for the State and are characterized by the gratuitousness and generality of use for all individuals of the nation, are inalienable, imprescriptible and are outside commerce.\" A fundamental characteristic of public domain assets is the presumption of public ownership (presunción de demanialidad). This causes such assets to be excluded from the common legal order governing ordinary property, which implies the existence of a specific, singular and exclusive legal regime, regulated by Administrative Law, with a right-duty of the State for the tutelage or protection of the public domain. In this regard, in judgment number 1996-003145 of 09:47 hours on June 28, 1996, this Chamber established: “IV.- THE PRESUMPTION OF THE PUBLIC OWNERSHIP NATURE (NATURALEZA DEMANIAL) OF ASSETS. The special category of public domain assets (bienes demaniales) causes them to be excluded from the common legal order of ordinary property, as has been stated in the preceding recitals, which implies the existence of a specific, singular and exclusive legal regime, regulated by Administrative Law and within that content the principle of the privilege of ex officio possessory recovery of the affected asset is developed, by virtue of which, the Administration may recover disturbed possession of its assets without needing to resort to a judge and without prejudice to the better right being discussed in the jurisdictional avenue. To this principle belong the legal figures found in the articles challenged in this action; that is, the presumed designation and incorporation of the asset to public service, which also implies the presumption of the public ownership (demanialidad) of the asset, and as a consequence thereof, the possibility of excluding the duty to register those assets, all of this as part of the right-duty of the State for the tutelage or protection of the public domain. The effective exercise of the tutelage must have as its purpose to cease any undue encroachment by private parties against the public domain, the Administration being able to use force—police power over the public domain—in its defense. But this general principle, as extraordinary and privileged as it is, and because it must coexist with the fundamental statement of the inviolability of property (Article 45 of the Constitution), supposes, at a minimum, either that the right of ownership over the asset is manifest or that the public character of the asset is indubitable, in such a way that it is not possible to use the privilege when there exist reasonable patrimonial questions about the asset, whether they are being debated in the administrative avenue or in the jurisdictional one. That is, the presumption of the public domain character (dominialidad) of the asset is intimately related to the means that the Administration has available to acquire assets and rights, which, in very general terms, are the same means that the private party has to do so in relation to common property, except for what has already been said about the need for an ordinary law to create the category in question and the necessary will to issue the designation to public use. All of this leads to the particular examination of the privilege regime immersed in the texts of the challenged norms. What has been said up to now is directed at pointing out that, in the Chamber’s judgment, the privilege that protects public ownership (demanialidad) can and must be used by the Administration when there is no doubt about the public character of the asset involved. This means that this exclusion mechanism must be reasonable and proportionate: reasonable in the use the Administration must make of it, so that it is not excessive, arbitrary or results in an instrument that shields abuse of power; proportionate between the ends fulfilled by the asset intended to be public domain (demanial) and the means used by the Administration to incorporate it into that regime. In other words, in the use of the privilege of exclusion in favor of the Administration, the principle of the interdiction of arbitrariness is also incorporated (...)” (the highlighting is not from the original). For purposes of resolving this consultation, it must be clarified that the Chamber starts from the premise that real estate not reduced to private property belongs to the State, as expressly regulated by Article 486 of the Civil Code. In this manner, the legal order has established a presumption in favor of the State in the sense that it is the owner of all those real properties not reduced to private property. All of the foregoing is consistent with the provisions of Article 11 of the Ley de Tierras y Colonización, which establishes that “Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: …b) Those not protected by decennial possession (posesión decenal).” Therefore, it is more than evident that real properties subsequently registered through possessory information (información posesoria) bear the reserve in favor of the State, which although it permits their titling to guarantee access to agrarian property, the legislator has also made it clear that they remain affected to general public utility purposes. Consequently, there are no real properties susceptible to being categorized as “res nullius,” since that not reduced to private property belongs to the State. From such presumption, among other practical effects, derives the obligation, in a land titling process through the possessory information (Información Posesoria) procedure, to have as a party at least the Procuraduría General de la República in its capacity as state representative and the Instituto de Desarrollo Agrario, as the body in charge of administering public agrarian property. Thus, a primordial state domain emanates from the aforementioned numeral, prior to any holding by private parties. This characteristic empowers the State to impose special conditions of acquisitive prescription, as in this case that of public domain reserve. In this way, when the State allows a private party to positively prescribe a real property, it does so under the understanding that a 12% portion is affected to the public domain and is imprescriptible. (Judgment of the Constitutional Chamber, No. 2012-16629 of 16:31 on November 28, 2012) VII.- This Court, in a case similar to the one now before us, in Vote No. 721-F-03 AT FOURTEEN HOURS SEVEN MINUTES ON THIRTY-ONE OCTOBER TWO THOUSAND THREE, resolved the following: "VIII.- Regarding the grievances raised by the defendant party, and for a better understanding of what is to be resolved, the Court has proceeded to carry out an analysis of agrarian and environmental legislation, as well as jurisprudential precedents, in order to give the conflict an appropriate solution in accordance with constitutional, legal and jurisprudential principles. In the following recitals said analysis will be carried out (VIII-XXII), and subsequently the grievances of the appellant-defendant will be addressed. IX. Since the last century, our Constituent Power has been concerned with regulating the Institution of Property as one of the fundamental rights of the Human Being. Property was the maximum expression in the sphere of the citizen’s economic freedom. It was conceived as a sacred, absolute and inviolable right. However, since the Constitution of 1821, the possibility of imposing limitations through Law was established. This was evident with the promulgation of special agrarian legislation. The truth is that our Constituent Power never concerned itself with indicating what would be the minimum or essential content of the right of property. It is up to the legislator to establish said minimum and essential content, through the limitations on the right, and it is up to the Constitutional Court to exercise control over that legislative power, to prevent that by way of limitations titleholders are deprived of ownership. Article 45 of the Political Constitution is the norm that makes explicit reference to the Right of property. That norm provides: \"Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except by legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law. In the event of war or internal commotion, it is not essential that the compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has concluded. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by vote of two-thirds of its total membership, impose on property limitations of social interest.\" As Constitutional Jurisprudence has repeatedly stated, the two paragraphs of the constitutional norm originated in different historical moments: one influenced by the principles and values of the Liberal State, and the other by the economic and social rights characteristic of the Social State of Law. Now, the question that arises immediately is: Is it a single property or can diverse types of properties be admitted (?). Undoubtedly, the distinct nature and function of assets imposes upon us the distinction among “the” properties. Without a doubt, the Political Constitution recognizes, as in the majority of modern constitutions, property as an Institution. And as such, it is one. However, with respect to the right of property as a subjective right, today “the properties” are distinguished, based on the Italian doctrine of Professor Salvatore Pugliatti, since they undoubtedly differ in their function and in their structure. The function of property is referred to the social utility of the asset, to its diverse productive nature: thus we could speak of agricultural, livestock, forest, urban nature, etcetera. And the structure, referred to the set of rights and obligations of the owner which will differ depending on the function assigned to the asset. In other terms, the rights and obligations of a forest land titleholder are different from the rights and obligations of the titleholder of a real property located in an urban area. Today that thesis is shared by the most outstanding doctrine, both national and international, and also by the criteria expressed by jurisprudence. It is no secret to anyone that the right of property, as a subjective right, entails a set of rights and duties, powers and obligations for its titleholder, which are being shaped by special agrarian legislation, taking into account the nature of the assets upon which they fall and the new principles and values that are shaping the entire legal order. …The legislator imposed on property, in particular on agrarian property, a series of limitations directed at fulfilling its economic and social function. The Ley de Tierras y Colonización makes express reference to both functions (Ley de Tierras y Colonización, Articles 6; 21 subsection 1; 58, 142, 144, 150). On one hand, it imposes on the State the obligation to provide persons lacking land or who possess it insufficiently, to provide them with sufficient land for their individual and social development (Article 2). The obligation to produce the land is also established, since failure to fulfill that productive economic function could eventually entail the expropriation thereof if they are found uncultivated, abandoned, indirectly exploited, or insufficiently cultivated. And it penalizes the anti-economic exercise of lands suitable for agriculture destined for livestock (Article 144). The beneficiaries of the Instituto de Desarrollo Agrario are imposed, as one of their obligations, the conservation of renewable natural resources, since failure to comply with these provisions may imply the revocation of the parcel. XI. The Forest Law (Ley Forestal) of 1961 (No. 4465 of November 25, 1969) also imposed important limitations on agrarian property tending to subject obligatorily to the forest regime those forests and lands that the Executive Power considered essential to establish therein protective zones (zonas protectoras), forest reserves, national reserves and biological reserves. In the event of refusal by the owners, expropriation would proceed (Ley Forestal, Article 2 subsection b, 71 and 72). Indeed, starting from the promulgation of said Law, the environmental function of property began to manifest itself with greater depth. Policies of conservation, afforestation and reforestation of forests and lands are contemplated, and of promotion, through incentives, of forest activity. The forest patrimony of the state is constituted by national reserves, forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones and biological reserves. “When the conservation of the forest and forest lands is inspired by the purpose of protecting soils, or of maintaining and regulating the hydrological regime, the climate or the environment, the areas destined for those ends are called protective zones. In them the soil erosion process is halted, since tree roots hold and retain the vegetative layer and the falling leaves cover the soil where water runs, thus preventing it from carrying away soil particles. Protective zones may be located on state property or on private property. In both, agricultural work that implies the destruction of vegetation is prohibited. The maintenance and regulation of the hydrological regime is another important function of forests. For this reason they have deserved detailed treatment in the Ley Forestal, which declares as forest zones those bordering springs (manantiales) and a small strip along the banks of rivers, streams, lakes, lagoons or natural reservoirs. Within the national reserves, protective areas are a wide strip on one side and the other of river banks, and a wide one on one side and the other of the maximum depression of hydrographic basins. The function of forests in relation to waters is so important that it can transcend the national sphere, as would be the case of a river that runs through several countries.” (BARAHONA ISRAEL, op. cit., page 706.). XII.- The legal doctrine (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Volume III, Derecho de bienes, Barcelona, 8th edition, 1994, pages 259 to 262) has distinguished between boundaries (límites) and limitations of the right of property, in the context of the content of that right. According to ALBALADEJO, the normal content of the right of property must be framed by indicating the boundaries of ownership: “Sometimes the boundary consists in that the owner cannot do something; other times in that he has the duty to do it, thus removing the freedom to omit it (for example, the duty not to alter the facade of the real property or the duty to cultivate the rural farm)… Since the boundaries of ownership constitute the normal regime thereof, neither is a special act required to impose them on each thing in particular, nor must they be proven… rather it is sufficient to invoke (when appropriate) the legal norm that establishes them. By contrast, in the case of limitations they must be established by a special act relating to the thing whose property is at issue, and, since they are exceptional, they must be proven, for, otherwise, property is presumed free of them.” (ibid, page 262). These may be established for reasons of private interest, or for reasons of public interest, the latter being predominant. For example, those established in the Water Law (Ley de Aguas) or in special agrarian or environmental legislation. Our national jurisprudence made the distinction between boundaries and limitations to the right of property: “Traditionally, ‘boundaries’ and ‘limitations’ have been used as synonyms, but today a distinction is made between both terms, to understand as ‘boundaries’ those that are imposed by law in a generalized manner without referring to an individualized thing or owner, they apply to all those who are in the same situation; whereas ‘limitations’ as a general rule are imposed voluntarily by the owners, even if based on the law, and always for concrete cases… But it should be noted that the two-thirds vote does not constitute authorization to impose all kinds of limitations on property, since the text refers only to those of ‘social interest’” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, of March 25, 1983). The jurisprudence emanating, at that time from the Full Court (Corte Plena), adjudicating as the Constitutional Court, pointed out very clearly the principle of the social economic function of property, as a restriction imposed on property with general effects. Specifically, in the field of forest property, the jurisprudence established the importance of limitations from the environmental point of view: “In the appeal, the unconstitutionality of Articles 30, 71, 88, 98, 101, subsections b) and d), 103, 104 and 105 of the Ley Forestal is alleged for finding them harmful to the provisions of Article 45 of the Constitution, since according to the appellant’s criterion, the first cited article violates the inviolability of property by requiring approval from the Dirección General Forestal in order to carry out forest clearing work for the purpose of carrying out colonizations or parceling of lands or any agricultural or livestock enterprise, given that with that (sic) intrusion of the State, the power to administer private property is placed in its hands. Regarding the above, it should be noted that no conflict is produced between Article 30 of the Ley Forestal and Article 45 of the Political Constitution, since the right of property is not absolute. Indeed, although the constituent power categorically declared that property is inviolable, it immediately established restrictions to that principle, one of them being the possibility of expropriation ‘for legally proven public interest,’ and another in that it provides that the Legislative Assembly may impose on property limitations of social interest ‘by vote of two-thirds of its total membership,’ from which it must be concluded that the first declaration has two limitations referred to public interest and social interest. The classic concept of property that considered it absolute and limitless has varied notably, now allowing ‘limitations of social interest’ to be imposed, as authorized by the second paragraph of Article 45, thereby making it possible for the legislator to establish, as an essential function of the State, that of ‘ensuring the protection, use, conservation and promotion of the country’s forest resources’ (Article 1 of the Ley Forestal), a function that is fulfilled with the series of restrictions that said Law imposes on the exploitation of forests. From the same constitutional norm it is concluded that those boundaries are not a disregard of the right of property, as the appellant alleges, but rather a limitation to achieve the fulfillment of superior ends, more important than the strictly individual ones in favor of the owner, these being those of the community and future generations that must count on forest resources, including the protection of the environment and health… It is true that its exercise has been limited in protection of the forest interests of the State that seek the conservation of natural resources and environmental health; but this is permitted by the constitutional norm that the appellant himself considers violated… VIII.- This Court has already repeatedly stated that the exercise of freedoms granted by the Constitution is not absolute, and that they may be subject to regulation and even restrictions when superior interests are at stake. It would be wrong to brand as unconstitutional, for example, Article 371 of the General Health Law (Ley General de Salud), insofar as it punishes with imprisonment anyone who cultivates opium poppy, coca or marijuana plants, for violating the freedom of agriculture established in Article 46 of the Constitution, a norm that the appellant considers violated by the restrictions that the Ley Forestal imposes on agricultural work. And if the criterion already expressed is taken into consideration that said Law protects interests of a higher order than the merely individual ones of the possessor or owner of lands subject to forest regulation, it is also concluded here that the restrictions accused of being unconstitutional do not injure the guarantee of Article 46 of the Political Charter, since it has already been said that what the State has done is restrict, for reasons of social interest, the exercise of the attributes of property. IX. The Ley Forestal seeks to protect natural resources, a circumstance that affects the organization of production. Hydrological resources, environmental changes, the health of the place are factors that influence agricultural and livestock production and are directly related to the forest resources of the area; therefore, the regulations on forest exploitation do not injure but, on the contrary, affirm the constitutional guarantee of Article 50, insofar as it provides that the State must organize production. X. With the Ley Forestal the appellant is not being prevented from the possibility of achieving honest and useful work, by which he can provide for the subsistence and well-being of himself and his family. It is indubitable that the right granted by Article 56 of the Political Constitution is not unrestricted, since it is subject to laws and regulations regarding the modality and conditions of exercising it. Thus, Mr. Elizondo Villegas may dedicate himself to agriculture if that is his desire; but in exercise of such a right it is not lawful for him to act against current legislation that protects forest resources and regulates agricultural production." There are prohibited crops (such as the one mentioned previously, marijuana) and restricted agricultural practices (such as burning), by virtue of legal norms that prevent farmers from engaging in those crops or using said practices. However, those norms are not unconstitutional, since they do not illegitimately restrict the right to work, but rather regulate it to safeguard other higher-ranking interests that guarantee coexistence, the ultimate aim to which the legal system tends." (Full Court, extraordinary session held on May 7, 1984, bold not in original). XIII.- The Constitutional Chamber, beginning in 1990, recognizes more clearly the dynamic character of the property right, and the possibility of imposing, within its structure—bundle of rights and obligations of the owner—limitations of social interest, to prevent the antisocial or abusive exercise of that right, which is not unlimited. Within that context it recognizes, implicitly, the existence of special properties, with distinct particularities depending on the nature of the asset in question, and its specific function: "The power of the owner over property is determined by the function it fulfills. The object of the property right has undergone important transformations. Currently, not only is the right of owners protected, but also various general or social interests that coexist with it. Objective law frames the content of subjective rights. Each object of law implies a peculiar form of appropriation. Thus, for example, the powers of ownership relating to an agricultural holding are very different from those corresponding to a property located in an intensely utilized urban sector." Those limitations, according to the Constitutional Chamber, must be reasonable and not empty the content of the right, since it would then become a total deprivation thereof (Constitutional Chamber, No. 5097-93 of 10:24 a.m. on October 15, 1993). XIV.- The exercise of the economic and social function of property, without considering the environmental function, was something normal within the prevailing agrarian culture until the beginning of the 1990s. A great quantity of land was titled. State banks promoted, through financing, the clearing and destruction of forest to increase the agricultural frontier, through agricultural and livestock activities, with minimal practices of recovery of soils and devastated areas. Agrarian property fell upon an asset essentially of a productive nature. But the mandates of the legislator to adequately conserve natural resources were ignored, which implied different forms of exercising agrarian activity. The increase in population, scarce techniques in agrarian production, dependence on agrochemicals due to the loss of soil fertility, and the agrarian culture itself were generating the destruction of our precious resources, with scarce State control. There were no clear criteria to put an end to the abusive and antisocial exercise of property, since the majority of norms have protected and promoted the inadequate exercise of that right, and the excessive exploitation of natural resources. Even though it is true that the Legislator for many years had been promoting, through clear agro-environmental limitations, sustainable development, it is not until the third-generation Human Rights that a transcendental cultural change occurs for the entire legal system. For the foregoing reasons, the establishment of agro-environmental limits on property, within the scope of its economic, social, and environmental function, is fundamental to truly achieve sustainable development, weighing the constitutional values and principles that must guide this development model. XV.- Agrarian Jurisprudence makes a clear distinction between the different types of property, following the thesis of PUGLIATTI: "The most productive among things is land, which yields its fruits and products spontaneously, but upon it, upon the land, civilized man lives, no longer merely collecting its spontaneous products, but fertilizing it with his labor. The natural productive potentiality of the land becomes actual production, through the work of man. Through work the land is humanized, it becomes spiritual possession and property of man, not a thing, not natural, dominated by chance or by causality, but nourished by man who cares for it, cultivates it; it enters into the sphere not only of human interests and the motives of man's action, but also into the ends of values, it becomes the base of human consortium, seat and cradle of the society of men, regulated by the laws of social living, by law" (PUGLIATTI, Salvatore. La proprietá nel nuevo Diritto., Milano Editores Giuffré, 1964, p 203). Even though it is true that agrarian property is defined as essentially possessory, as a property of entrepreneurial activity aimed at achieving the best productive destiny of the asset, the interest in conserving it is also imposed. Within the scope of the exercise of the subjective right, to protect his right the owner is required to have "... exercised it by fulfilling the economic destiny of the asset, that he exercised possessory acts on it aimed at cultivating and improving it, and that he developed an entrepreneurial agrarian activity on the asset, understood as an economically organized activity for the purpose of producing animals or plants, with the use of natural resources...". Under that conception, our Jurisprudence clearly integrates the environmental function, as part of the economic and social function when it states: "Today this principle has evolved and is identified as the economic-social principle of property, insofar as it unfolds into two: 1) On the one hand called the subjective function, and it refers to the obligations of the owner with the property, which could be synthesized in his duty to cultivate the productive asset of which he is the owner, thus fulfilling the economic purpose of the asset: to be productive or of productive aptitude; he also has the obligation to improve his property for the purpose of increasing production and productivity, he must respect the adequate maintenance and development of an ecologically balanced environment, and in the case of certain particular properties comply with all the obligations that the special regulations impose on him; 2) The objective function is the obligation of the State to provide all subjects who do not have productive assets, or have them insufficiently, and they have the capacity to develop an entrepreneurial activity, with those assets so that the subjects can join the productive process, developing humanly on the social and economic planes. The first is the basically economic function, the second is above all social..." (First Chamber of the Court, No. 230 of 4 p.m. on July 20, 1990). In that judgment, a clear jurisprudential trend is evident, reiterated in many others (In the same sense, First Chamber of the Court, No. 241 of 4:25 p.m. on July 27, 1990, No. 50 of 2:20 p.m. on August 5, 1993.) of introducing, as part of the same economic and social function, the environmental function to achieve sustainable development. But it is in the scope of forest property, as limited property, where the principle of the ecological function of property has achieved greater jurisprudential development. Particularly we refer to the limitations suffered by the owner of a land that has been declared a protected zone under the forest regime, and unsuccessfully claims his right to be compensated: Here the first problem can be resolved in relation to the plaintiff's thesis of having suffered a limitation in her rights of enjoyment and usufruct of the farm affected as a protected zone, which having been declared a forest reserve —and based on the ruling of the Procuraduría— was not subjected to the corresponding purchase or expropriation procedure, wherefore Decree No. 12608-A is unconstitutional and illegal. That is not so because what was constituted was a protected zone and not a forest reserve. It would be compensable if the asset is destined for a forest reserve but it is not if it is declared within a protected zone. Article 45 of the Political Constitution distinguishes two distinct situations: compensation is appropriate when there is expropriation, but compensation should not be provided if limitations on property are established. In the forest regime, when it is declared of public order, one is in the presence of the well-known phenomenon of "administrative limits on private property" ([Name13], . Il beni pubblici, Librería Ricerche, Roma, 1963). Executive Decree No. 12608-A subjected both public and private assets located within the "Zona Protectora El Rodeo" to a mandatory forest regime, declaring the assets of national reserves inalienable and not susceptible to registration in the Registry. That was the legally possible treatment for the different types of assets, consequently the plaintiff's farm was affected with a limitation of social interest. First Chamber of the Court, No. 189 of 2:20 p.m. on October 30, 1991). The First Chamber referred several years ago to Ecological Law, and the environmental function inherent to property, whose principles are enshrined in a large number of norms and international treaties: "All of the foregoing, although abundant, have guidelines of very high axiological content whose development is not exclusively national, but, on the contrary, it involves a movement of universal character whose result has been to place the right to a healthy and ecologically balanced environment as a true human right. It is placed within the so-called third-generation rights: a step forward from classic, civil or political human rights (first generation) and from economic, social and cultural rights (second generation). This has provided the basis for formulating a new legal classification: that of Ecological Law, which today has a very defined object in natural resources, and its complex of sources characterized by organicity and completeness." (First Chamber of the Court, No. 189 of 2:20 p.m. on October 30, 1991). Indeed, the danger caused by the antisocial exercise of the property right, without respecting its environmental function, led our courts to rethink the old jurisprudential criteria regarding the protection of property, to demand that possessors and owners fulfill the triple function: economic, social, and environmental or ecological. XVI.- The Constitutional Chamber has granted amparo remedies against agrarian or other nature activities, abusive on the part of owners who, disrespecting the agro-environmental limits imposed by the legislator, endanger natural assets or resources and human life. Thus, forest resources have been protected, against activities that produce the indiscriminate felling of trees adjacent to a Forest Reserve, due to a mining activity, establishing protection and preservation, as well as the rational exploitation of natural resources, as constitutional canons (Constitutional Chamber, No. 2233-93). Private activities, exercised within the scope of exercise of the property right and freedom of enterprise, must respect agro-environmental limits, and particularly the collective interest. That situation is applicable to productive agrarian activities of raising animals or cultivating plants, since they cannot be exercised to the detriment of health or the environment. That would be allowing abuse of right. The Constitutional Chamber has also established this when it indicates: "On the other hand, while it is true that the State must respect the right of individuals to work and to private enterprise, it is also true that it must ensure the welfare of the community. Any person may engage in animal husbandry as a business, provided that they do not thereby threaten the health or safety of persons, and must prevent the entrepreneurial exploitation from becoming a source of infection or causing environmental contamination. Public Health and environmental protection are principles protected both in the constitutional sphere (articles 21, 74 and 89 of the Magna Carta), and through international regulations." (Constitutional Chamber, No. 741 of 10:55 a.m. on March 13, 1992. Constitutional Jurisprudence delineated the bases for incorporating the principles of Sustainable Development as a model, to reorient in their just balance all those productive activities, among them agrarian activity, that threatened the environment and endangered the ecological balance, freedom of enterprise, and the defense of consumer health: "It must be taken into consideration that environmental protection and the promotion of economic development are not independent challenges —says the Chamber—. Development cannot subsist in an environment of deterioration of the resource base and one cannot protect when growth plans constantly ignore it. It is necessary to opt for sustainable development, which satisfies the needs of the present without compromising our capacity to face those of the future. This development means recognizing that if we wish to have continued access to the resources that make life possible and if we expand the benefits of industrial progress, we must be aware of the implications and limitations that taking that path entails." (Constitutional Chamber, Judgment No. 4423-93). This new orientation of jurisprudence, on the agricultural phenomenon, recognizes the dependence of the biological cycle (proper to agrarian activity) with the use of natural resources, linking it closely with the concept of sustainable development. "Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and maintain the productive apparatus that sustains the national economy, whose main source is agriculture and, in recent years, tourism, especially in its dimension of ecotourism. The soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and landscape make up the environmental framework without which basic demands—like living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign exchange through agricultural and tourism exploitation and the success of important infrastructure investments depend, ultimately, on the conservation of those. The goals of sustainable development have to do with the survival and well-being of the human being and with the maintenance of essential ecological processes, that is, of environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of satisfying present and future human needs and improving the quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and the direct or support means necessary for the economy to function, generating employment and creating capital goods, which in turn make possible the transformation of resources into consumer, production, and export products" (Constitutional Chamber, No. 3705 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, bold not in original). XVII.- When the fundamental right of every citizen to a healthy and ecologically balanced environment is expressly enshrined in our Political Constitution —Article 50 reformed by Law No. 7412 of May 24, 1994— and the right of consumers to the protection of health, environment, safety, and economic interests is established —article 46 Reformed by Law No. 7607 of May 29, 1996—, new constitutional principles and values emerge that permeate special legislation. It is important to integrate, through constitutional interpretation (systematic, material, and evolutionary), all those norms dedicated to protecting economic relations, with the principles and values of sustainable development. The freedom of private economic initiative supposes, in the sphere of the private initiative of the agrarian entrepreneur (MORALES LAMBERTI, Alicia. Introducción al Derecho Agrario Ambiental (Nacional y Regional), Argentina, 1st Edition, Editora Córdoba, 1996, pp. 49-51), the right to choose the agrarian activity (article 56), the freedom to freely contract for the exercise or constitution of the agrarian enterprise (article 46), the freedom of territorial circulation of agrarian plant or animal goods; the right to form agrarian associations (article 25), the right to enjoy productive agrarian property in its economic, social, and environmental function (article 45), freedom of competition, the subjective right to access the market and remain in it (article 46). But all manifestations of the freedom of economic initiative in the sphere of agrarian activity, and in the exercise of property, must be in accordance with the constitutional principles enshrined in articles 50 and 69 of the Political Constitution, that is, the promotion of sustainable development through productive activity, guaranteeing the equitable distribution of production and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Since these are constitutional provisions, which do not establish distinctive regulations for agrarian matters, it is understood that agrarian enterprises and property owners are bound by the fulfillment of those obligations. The demands of consumers within the agri-food market are directed at consuming agrarian products (plant or animal), subjected to production, agro-industrial, or agro-commercialization processes with the minimum of contaminating substances that could affect health. For this reason, adequate hygienic-sanitary quality aspects are required both in the productive process and in the successive processes of handling agrarian products. Entrepreneurial agrarian activity must be based on more natural and less artificial techniques. The reduction of biological risk, inherent to the productive activity, must not be to the detriment of consumer health. Agro-environmental activity must be reconciled with nature in order to guarantee a healthy environment for consumers. In this, the technical fact of agriculture plays a fundamental role, to seek productive and agro-industrial processes less harmful to health and the environment. Any agrarian activity based on artificial methods, with toxic chemical substances, damages health and the environment. For this reason, compliance with constitutional principles that protect consumer rights, in favor of health and human life, is imperative. Doctrine has delved deeply into the subject of the ecological function (DELGADO DE MIGUEL, Juan Francisco. Derecho Agrario Ambiental (Propiedad y Ecología). Navarra, Editorial Aranzadi, 1992, 647 p.), as an inseparable quality of the social function, but makes a clear distinction between one and the other. The ecological function arises from the impact of the Environment with an ethical foundation, within the Third-generation Human Rights. It seeks to protect collective interests, and above all it is based on solidarity, to protect health and a healthy and ecologically balanced environment. The social function is insufficient to achieve the purposes of the new values that permeate society. It is not only required to fulfill the economic destiny of assets. It is necessary to protect ecological and environmental interests. "The social function therefore supplies the dogmatic scheme, the legal basis from which the ecological function transforms the property right into a right to the limited use of one's own asset in such a way that it does not harm the Environment. Using synonyms from the experimental sciences we would say that the ecological function is the catalyst that transforms the normal regime of ownership into something different that comes to configure it and give it a very precise form, not that which the owner projects onto his thing, but rather the form that it acquires through its use most appropriate to the Environment, a use that includes the farmer's own productive activity." ([Name14], op. cit., page 81). For the foregoing reasons, it is necessary to delve deeper into how that environmental function is manifesting itself within property, what obligations the legislator is imposing on landowners to achieve the conservation thereof, as well as the recovery of degraded ones. XVIII.- The agro-environmental limitations on property encompass a great number of aspects in the exercise of productive activities and in the sphere of conservation of natural resources, Biodiversity, the use and conservation of soils, the protection of forest and ecosystems, the use and control of pesticides and chemical synthesis products, phytosanitary and animal and plant health control, agricultural waste, the conservation of water, the utilization and management of wastewater in agriculture, the recovery of soils and watersheds, etc. In the next section, we will refer only to some of those limitations. Within the context of the constitutional principles and values described, a large number of agro-environmental laws begin to be enacted, which not only mark the consolidation of a sustainable development model, but also impose a series of agro-environmental limitations on property and freedom of enterprise, also seeking to consolidate a new agrarian and environmental or ecological culture. 1) The Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995) establishes the obligation of the State to promote sustainable economic and environmental development, which necessarily implies imposing environmental limits on the exercise of productive economic activities and on the exercise of the property right. But for those limits to have a true application, a cultural change is necessary. From the traditional agrarian culture, where only the economic mattered, one must move to an environmental or agro-environmental culture for sustainable development (Organic Law of the Environment, articles 12, 13, 14, 15, and 16). Among the most important limits imposed on property, to guarantee the economic, social, and environmental function, the following can be highlighted: A.- The exercise of any agro-environmental activity that may alter or destroy elements of the environment necessarily requires an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), whose approval must be prior to the project. The assessment is also required when due to works or infrastructure marine, coastal, and wetland resources may be affected. B.- Territorial planning, to balance sustainable development, implies the territorial relocation of productive activities, which could signify important limits on the property right, since among other aspects, natural resources, predominant economic activities, soil use capacity, and zoning by agricultural products and activities, by reason of ecological and productive considerations, must be taken into account. C.- The Executive Power is empowered to include within protected wilderness areas the farms of private individuals necessary for the fulfillment of the environmental function, or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection. In cases where the Law requires compensation, private individuals may voluntarily submit to the forest regime, in which case the property is affected in the Public Registry (Organic Law of the Environment, article 37). D.- Activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, which may cause their deterioration and elimination, are prohibited (Organic Law of the Environment, article 45). E.- Productive activities must avoid water pollution, treat wastewater, prevent or minimize the deterioration or contamination of watersheds, as well as of soil. F.- Organic agriculture, as a form of exercising sustainable agrarian activities, implies a form of fulfillment of the economic, social, and environmental function, since an environmental certification is required for organic products that have been obtained without applying inputs or products of chemical synthesis (articles 73-75). G.- Environmental credit: is destined to finance the costs of reducing pollution in productive processes. When they involve the use of soil, a plan for land management and use is required in accordance with the use capacity (Organic Law of the Environment, article 113). Undoubtedly, the structure of property and its function is conditioned, in this case by the environmental element, required in entrepreneurial exercise. 2) The Forest Law (Ley Forestal) (No. 7575 of February 5, 1996, reformed by laws No. 7609 of June 11, 1996, 7761 of April 2, 1998, and 7788 of April 30, 1998), guided by the constitutional principles of adequate and sustainable use of renewable natural resources, establishes regulations regarding the conservation, protection, and administration of natural forests, and for the production, use, industrialization, and promotion of forest resources, seeking the incorporation of private individuals into the sustained exercise of silvicultural activities. Even though it is true, MINAE is empowered to create protected wilderness areas on private lands, this requires compensation, unless the owner decides to voluntarily submit to the forest regime, or they are already State property, within its patrimony of National Reserves. The Law provides for two clear limits, in the interest of protected areas: a: "In the case of forest reserves, protective zones (zonas protectoras), and wildlife refuges and in the event that payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and replenishment of resources." (Organic Law of the Environment, article 37, in relation to article 2 of the Forest Law (Ley Forestal). That reform was introduced by the Biodiversity Law, in article 14). This constitutes a clear limit for the fulfillment of the environmental function of property. B. "When, prior scientific and technical justification of public interest, it is determined by law that the land is essential to conserve biological diversity or water resources, a limitation on property shall be constituted that will prevent cutting trees and changing the use of the soil. This restriction must be registered as an affectation in the Public Registry." (Forest Law (Ley Forestal), article 2 second paragraph). As can be observed, this is not an unreasonable limit. On the contrary, the owner could exercise his activity as long as it is compatible with the environmental function that, by nature, is assigned to the property, to conserve water resources or biological diversity. Title III of the Law, referring to private forest property, as special property, establishes a set of rights and obligations for forest owners that condition the fulfillment of the environmental function, taking into account the nature of the asset: a) Owners are not permitted to change land use (cambio de uso del suelo), nor establish forest plantations. However, the State Forest Administration may grant permission to carry out works complementary to agroforestry activity, provided that the cutting of forest is limited, proportional, and reasonable (Forest Law (Ley Forestal), article 19. When necessary, an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) would be required); b) Forest use can only be carried out if the owner has a management plan that contains the impact it may cause to the environment, according to scientific sustainability criteria; c) The payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) (The Law defines environmental services as: "Those provided by the forest and forest plantations and that directly affect the protection and improvement of the environment. These are the following: mitigation of greenhouse gas emissions (fixation, reduction, sequestration, storage, and absorption), protection of water for urban, rural, or hydroelectric use, protection of biodiversity to conserve it and sustainable, scientific, and pharmaceutical use, research and genetic improvement, protection of ecosystems, life forms, and natural scenic beauty for tourism and scientific purposes."), constitutes one of the most modern manifestations of exercise of the environmental function, since the owner commits to conserve the forest for a period of no less than twenty years, to receive the Certificate of Forest Conservation. It is also received by owners who wish to subject their property to forest regeneration, for areas that due to their deteriorated state and environmental needs, must be converted to forest use. The encumbrances and limitations, as well as the incentives, are recorded in the Public Registry as an encumbrance on the property; d) Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees, do not require a permit for felling, transport, industrialization, or export, except where there is a management plan derived from a forest contract with the State; e) Every owner is prohibited from cutting or removing trees in the protection areas established by Law for permanent springs (nacientes), rivers, lakes, and springs (manantiales) (Ley Forestal, articles 33 and 34). f) It is prohibited to carry out burning on forest lands or adjacent lands without obtaining the respective permit from the State Forest Administration; g) As part of the environmental function, properties voluntarily submitted to the forest regime or dedicated to that activity enjoy special protection against invasions, and the owner may request immediate protection from the police authorities; h) Forest credit is consolidated as an institution to finance small and medium-sized producers, through credits and other mechanisms to promote forest management, reforestation processes, forest nurseries, agroforestry systems, and recovery of denuded areas. The financing also includes payment for the environmental services (servicios ambientales) provided by forests and forest plantations. The land with forest and the standing trees shall serve as security for such credits, being annotated as encumbrances on the property (Ley Forestal, articles 46, 48, and 49). 3).- The Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 of April 30, 1998) is of fundamental importance for the fulfillment of the economic, social, and environmental function of property. It seeks to achieve the sustainable management, conservation, and recovery of soils, integrated with other natural resources, achieving more active participation of communities and producers, and promoting the implementation and control of improved practices in land-use systems to prevent the erosion and degradation of the resource. Agroecology is proposed as a way to achieve convergence between the objectives of agricultural production and the conservation of soil and water resources. The Law sets forth a set of agro-environmental limitations to fulfill the stated objectives: In critical areas of watersheds or sub-watersheds (with severity of soil degradation and its surroundings, as a limitation to any activity), whether public or private domain, landowners must mandatorily apply all measures and practices that lead to soil recovery and preservation of the environment in general. Any land adjudication by the Instituto de Desarrollo Agrario shall have the limitation that the land use cannot go against its land-use capacity (capacidad de uso), and non-compliance becomes grounds for revocation. As obligations of private parties, the following are established, among others: To promote, contribute to, and execute all practices and activities necessary for soil management, conservation, and recovery; it is a right-obligation to monitor and control compliance with legislation on soil matters; to prevent soil degradation that may be caused by water, for which all practices that increase infiltration capacity on their lands or the evacuation of excess water toward natural channels must be applied; to prevent or impede the contamination of aquifers and groundwater layers; to allow the entry of authorized technicians to verify the maintenance of soil management, conservation, and recovery practices. 4) Perhaps the most important limitations established by the Legislature for the fulfillment of the environmental function of property have been mentioned. Many more could be determined in other special laws, such as the Ley de Aguas, Ley General de Salud, Ley de Quemas Controladas, Ley de Aviación Civil – regarding the rules of agricultural aviation – among others. XIX.- One of the most controversial issues regarding limitations on property for the fulfillment of its environmental function is that of the possession and titling of forests and lands located in protected areas. The treatment of this issue, within the scope of possessory protection, private property, and adverse possession (usucapión), has been the subject of analysis and discussion, both in doctrine and in jurisprudence. The issue of ecological possession is not one of peaceful acceptance. Various doctrinal approaches have been put forward, and jurisprudence requires demonstrating the fulfillment of the ecological function to protect possession and property. Everything originates from the application of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which currently provides: “Article 7.- When the property (inmueble) to which the information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area. Farms (fincas) located outside those areas and containing forests may only be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clear lanes…” (Ley de Informaciones Posesorias, article 7. Amended by Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996). Regarding the application of this provision, contrary to what the lower court (a-quo) stated in its merits considerations – as to the impossibility of applying the aforementioned article 7 retroactively – the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has indicated that it is possible to apply said provision retroactively, from the moment the encumbrance to the public domain occurs, because ten-year possession consolidated before the declaration of any reserve or protected area finds protection in said legal provision (see ruling of the Sala Constitucional, No. 4597 of 3:45 p.m. on August 5, 1997). Hence, the Court does not share the assertion of the trial judge in that regard. In any case, the situation of this proceeding, as we shall see, is entirely different, since neither the plaintiff nor the defendants have possessed, under a claim of ownership, lands that have belonged and continue to belong to the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado). XX. The ecological function influences the resolution of specific agrarian conflicts, as greater importance is given to sustainable productive activities. Within this context, jurisprudence has been playing a leading role in the search for a balance between agriculture and the environment. The First Chamber (Sala Primera) admitted the existence of ecological Law and its object (Sala Primera de la Corte, Judgment No. 189 of 2:20 p.m. on October 30, 1991): the protection of natural resources. In it, it established that forest property is limited, and in the event of the creation of a Protective Zone (Zona Protectora), compensation is not necessary, because the owner can continue with the exercise of an agroforestry activity, conserving and protecting the forest resource. In Judgment No. 51 of 3:15 p.m. on May 25, 1995, the Chamber further developed the issue of forest property and applied the institution of ecological possession to the specific case. It was a conflict of better right of possession in an area declared a Forest Reserve. It was stated: "The failure to deliver a parcel is not sufficient reason to claim better right of possession. The most important thing would have been the conservation of the forest resource... effective agrarian possession was demanded, and even the demonstration of possessory acts aimed at the conservation of the forest. This aspect was not demonstrated by the appellant; on the contrary, lands of forest aptitude were converted into pastures... That is, despite the existing limitation for conservation purposes, the possessors continued exploiting the forest. Evidently, the work carried out was not aimed at exercising forest possession in accordance with the nature of the property. On the contrary, they deforested to plant. They ignored the limitations and continued destroying the forest. Their possessory acts are, consequently, contrary to the ecological function of conservation of natural resources to maintain the balance of ecosystems in the Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste". XXI. The greatest reaffirmation of the environmental function of property, whose constitutional basis is now indisputable, is found in the recently enacted Ley de Biodiversidad (No. 7788 of April 30, 1998). This Law responds to the commitment assumed by Costa Rica, at the global level, to conserve biological diversity, genetic resources, species, and ecosystems, within the framework of sustainable development. It is projected within the framework of the Convention on Biological Diversity and goes further – following the same convention – than conservation, as it regulates the sustainable use of biological resources, incorporates rules on access to genetic resources, and seeks to achieve an equitable distribution of the costs and benefits derived from the use of genetic material, access to technology, and biotechnology. Article 8 of the Law expressly incorporates the environmental function of property in its text: “As part of the economic and social function, real properties must fulfill an environmental function.” The legislator did nothing other than recognize a principle with a solid constitutional basis and a development in our jurisprudence. However, it was essential to reaffirm not only the principle but also the agro-environmental limitations on property, in order to achieve true sustainable development in the use of biological diversity resources. It is very important to note that the loss of biological diversity is due, above all, to economic factors, especially the reduced value assigned to it and to ecological functions, such as watershed protection, the nutrient cycle, pollution control, soil formation, photosynthesis, and evolution. Biological resources and the diversity of the systems that sustain them constitute the essential foundation of sustainable development. On the other hand, the importance of genetic diversity in the exercise of sustainable productive activities is now known. “Human beings have been using and in some cases increasing genetic diversity for thousands of years, especially in agriculture. Just as genetic diversity allows species to survive, human beings, especially indigenous and local communities, have relied on genetic diversity to create a broad spectrum of genetically diverse crops, animals, and microbes that have facilitated their survival. Farmers have domesticated wild animals, improving them to achieve desirable traits such as size, coat thickness, or disease resistance. Likewise, farmers have domesticated hundreds of plant species that, over time, they have improved to create tens of thousands of varieties with desirable traits such as seed color, flavor, fruit size, or disease resistance. Modern breeders also rely on and depend on genetic diversity. For these reasons, the effective conservation of genetic diversity must go far beyond the simple conservation of species: it is not enough to conserve viable populations of species, insofar as those populations may not have the genetic diversity necessary for their own survival or for that of human beings.” (IUCN, Environmental Law Centre. Guide to the Convention on Biological Diversity, Spanish edition, 1996, page 27). It was essential to integrate conservation with the sustainable use of Biodiversity, the active participation of social sectors, to guarantee social, economic, and cultural sustainability, through the formation of environmental culture and awareness. It was also essential to achieve the consolidation of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Areas de Conservación), creating systems of incentives and retribution for environmental services for the conservation, sustainable use, and the elements of Biodiversity, because only in that way could the fulfillment of the environmental function of public and private property be guaranteed. The Conservation Areas (Áreas de Conservación), whose territorial competence reaches the entire territory both in protected areas and in private areas of economic exploitation, have the difficult task of applying agro-environmental legislation, especially the Ley Orgánica del Ambiente, the Ley Forestal, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, and the Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales. The environmental function of property, to protect biodiversity, requires that human activities adjust to the scientific and technical standards issued by the Ministerio del Ambiente y Energía and competent public entities for the maintenance of vital ecological processes, both inside and outside protected areas, but especially in those activities related to human settlements, agriculture, tourism, and industry or any other that may affect those processes. XXII.- Our Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has developed, in repeated rulings, the issue of the standing of private parties to request the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, thereby protecting not only merely individual interests but also collective interests, through the protection of diffuse interests. In this regard, it has stated: “Regarding the legal protection of the environment, the standing of private parties to act judicially and achieve the application of rules having that purpose, or to request judicial protection to safeguard their violated rights, is of great importance… In environmental law, the procedural prerequisite of standing must be extended and broadened in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being understood that, in general terms, any person may be a party and that their right does not emanate from titles of ownership, rights, or specific actions that they might exercise according to the rules of conventional law, but rather their procedural action responds to what modern scholars call a diffuse interest, by means of which the original standing of the legitimate interested party or even of the simply interested party is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. Concerning the protection of the environment, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to bring an action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of the rights of the human person, into a true ‘reactional right,’ which, as its name indicates, empowers its holder to ‘react’ against the violation originating from illegitimate acts or omissions… this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic standing is necessary to associate citizens with the interest inherent in the Rule of Law of supervising and, where appropriate, reestablishing its own legality… It concerns, then, individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous sets of persons who share an interest and, therefore, receive a benefit or a detriment, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that these are equal interests of the sets of persons who find themselves in certain situations and, simultaneously, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a dual nature, since they are both collective – because they are common to a generality – and individual, such that they can be claimed in that capacity…”, (Sala Constitucional, No. 3705 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, No. 1794 of 4:45 p.m. on April 13, 1994, and No. 1887 of 9:45 a.m. on April 7, 1995, among others)." - End of the quote from the ruling.- VIII.- ON THE SPECIFIC CASE OF ADVERSE POSSESSION (USUCAPIÓN) IN THE GOLFO DULCE FOREST RESERVE.- The referenced conflict involves a public-domain (demanial) asset, which is part of the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado), as the Trial Judge credited, and it has been ratified in this instance; the cadastral maps (planos catastrados) P-505396-83 and P-571091-99 are located 100% within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by executive decree DE10142-A of June 27, 1979 (see folios 136 and 137). And although it is true that said property (inmueble) still appears registered in the name of the Instituto de Desarrollo Rural, formerly IDA and before that ITCO, in the Puntarenas Registry under Folio Real 39.334-000 (see documentary folio 18), the truth is that by Law, and by rulings of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), said property is under the State Forest Administration, in particular, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Areas de Conservación), because it forms part of the public domain, which makes it imprescriptible in favor of private parties. Moreover, it is important to clarify that in this case, in order to title through possessory information (información posesoria), the legislator established a series of greater requirements, precisely to prevent the Forest Heritage of the State and the protected areas from being affected, as well as their biodiversity. Therefore, the Ley de Informaciones Posesorias in its article 7 requires demonstrating, apart from ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, that the forest has been conserved. The ten years prior to creation are required, precisely, to protect those private subjects who had consolidated their right of possession ten years before the creation of the area, that is, before the encumbrance on the public domain occurred (See, among others, Agrarian Tribunal, No. 124 of 11:30 a.m. on March 14, 2003). The opposition of the State entity, both of the Instituto de Desarrollo Rural and the Procuraduría General de la República, has been permanent and systematic. Added to the above, article 11 of the Ley de Informaciones Posesorias is imperative in indicating that the judge: "Shall reject the same if he/she comes to verify that it is sought to improperly title national vacant lands (baldíos nacionales) or lands belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, or biological reserves." This is intended to prevent State-owned assets from being titled through voluntary jurisdiction proceedings. A rule that would apply in this ordinary declarative proceeding for agrarian adverse possession (usucapión agraria) claimed by the plaintiff. To address the appellant's grievances, it is necessary to clarify some points: Regarding the institution of AGRARIAN ADVERSE POSSESSION (USUCAPION AGRARIA), it is necessary to distinguish between special agrarian adverse possession – regulated in the Ley de Tierras y Colonización – and ordinary agrarian adverse possession. The special one dispenses with just title and good faith, as the Ley de Tierras itself, in its articles 92 and 101, so establishes, but requires public, peaceful, uninterrupted agrarian possession, for more than ten years, over land registered in the name of a third party, provided that the possessory acts and the agrarian activity are carried out to meet the individual's own or family needs. In ordinary agrarian adverse possession, on the other hand, in addition to the previous requirements, just title and good faith are required. It may involve an original cause (such as the right of possession) or a derivative one (through a possessory transfer contract). Regarding good or bad faith, the former is always presumed; however, a possessor in bad faith is one who, at the time of taking possession, had sufficient reasons to doubt (articles 284, 287, and 286 of the Civil Code). Good or bad faith is linked to the person's conviction that they are possessing their own property and that the person who transferred it to them was its legitimate owner. One of the main grievances of the appellant revolves around the requirements of ordinary agrarian adverse possession, arguing that he meets the prerequisites demanded by our legal system, namely, just title, good faith, and ten-year possession in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner. Article 853 of the Civil Code requires three fundamental requirements without which adverse possession cannot operate, namely, just title, good faith, and possession. In the first place, regarding the title, it must be valid and effective and emanate from a non-owner (a non domino) and not from the true owner, and the person claiming adverse possession must prove it (article 854 of the Civil Code). In this case, it is evident that ordinary adverse possession is applicable. Having assessed the evidence according to the provisions of article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, this Agrarian Tribunal reaches the conclusion that, although it is true the plaintiff presents, apparently, a possessory transfer title, having been awarded the land under litigation in a judicial auction, it considers that it is not valid nor has the necessary force to eventually title the one hundred twenty-five-hectare land due to its special conditions, being within the Golfo Dulce Forest Reserve. Although he is correct that this would be his just title, it is not sufficient to declare adverse possession over lands that are encumbered to the public domain, the Protected Wilderness Area having been decreed since 1979, and in order to be able to title it, he would have to demonstrate a ten-year possession prior to such declaration, and no probative element whatsoever has been presented in the case file to demonstrate it. Moreover, the plaintiff has not been able to exercise any possession since the land was awarded to him at auction, and he acknowledged this in the confession (confesional) rendered by him visible at folios 535 and 536, when answering the different questions asked of him. He also said he does not even know the boundaries of the farm and that he has not carried out any activity on the farm, neither agricultural nor forestry, all of which contradicts the grievances of the plaintiff's appeal in that regard. Currently, approximately 80% of the land is mountain where forest species and wildlife abound, the remaining part (205) being pasture and scrubland (tacotal), according to the judicial inspections (reconocimientos judiciales) carried out at the site in conflict (see judicial inspection at folios 366, 380, 529). The witness [Name7], an INDER official, indicated that since 1984, whom he has seen on the farm was first [Name8], father of Mr. [Name2], his wife, and his children, and that over time, those who have remained on the property are [Name2] and [Name3]. He also said it was Mr. [Name2] who submitted a request to have his situation regarding the property legalized and registered in his name around the year two thousand, but it could not be done because by that date he had already been evicted, and it was not possible to legalize it because the land forms part of the Golfo Dulce Forest Reserve, as there is no way to legalize such possession since it forms part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). He also indicated that INDER is the owner of that disputed land. He said that he has never heard that the plaintiff has possessed the property, and that the persons appearing in the INDER documentation are [Name2] and [Name3] (see folios 538 to 540). The plaintiff here knows that the land in dispute is part of the farms registered in the name of INDER and that they are within the Golfo Dulce Forest Reserve, and this was admitted in the confession rendered by him when answering questions 3 and 7 (see folios 535 to 536). The foregoing nullifies the possibility of titling the lands in his name. [Name15] that there was a directive from the Contraloría, and by disposition of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), said lands should be transferred to the administration of the Natural Heritage of the State. As indicated above, adverse possession is not possible in public-domain (demanial) assets, with the exception that ten-year possession prior to the creation of the Reserve or protected area is unequivocally demonstrated over the entirety of the property. In this case, the original possessor and the acquirer knew who the owner of the property was and of its acquisition by the State, to subject it to the forest regime. From the foregoing, it is evident that in this case there is a material impossibility of titling assets under the protection of the public domain, so the action is inappropriate for such reasons and not as to whether or not he meets the requirements for adverse possession, since said assets are outside commerce, immersed within the Natural Heritage of the State, and being imprescriptible assets, it is not possible to accept the plaintiff's claims. For greater abundance, article 14 of the current Ley Forestal provides: "The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unattachable (inembargables) and inalienable; their possession by private parties shall not create any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information (información posesoria), and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned according to the provisions of this law." It must also be remembered that there is a general rule in our substantive legislation, namely article 1061 of the Civil Code: "The sale of another's property is absolutely null...", a provision that is applicable to this case, [Name15] that it is an asset of the State, which has the characteristics of being imprescriptible and inalienable, that is, that it cannot be transferred, and being a public thing, it is outside commerce (article 262 of the Civil Code). For the foregoing reasons, the grievances of the plaintiff-appellant are rejected. Likewise, although it is true the plaintiff was awarded the asset under litigation in a judicial auction, the truth of the matter is that, in accordance with article 642 of the Code of Civil Procedure, "Whoever acquires assets at auction shall do so at their own risk as to the situation, state, or conditions of fact, whether or not they appear in the case file." In this case, the awarded asset was registered and it was not an unregistered property, just as the plaintiff was awarded it, as it was an asset registered in the name of INDER and within the Golfo Dulce Forest Reserve. IX.- AS TO THE APPEAL OF THE CO-DEFENDANTS [Name2] [Name2] AND [Name3] CABALLERO ARÁUZ. The grievances expressed by the appellant co-defendants are to the effect that they do not agree that they were considered possessors in bad faith in the judgment, having been evicted at least twice by the plaintiff [Name1], and that they have not exercised possession caring for natural resources. Regarding this element, this Chamber considers it is not acceptable and lacks interest, because, in accordance with what was stated in the preceding recitals (considerandos), the possessed asset belongs to the Natural Heritage of the State, and therefore is outside commerce according to the provisions of article 262 of the Civil Code already cited. That is, they are inalienable, imprescriptible assets. It is important to provide a normative reminder of what has come to form the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado) and its public nature. FOREST RESOURCE OF NATIONAL RESERVES AS PART OF THE FOREST HERITAGE OF THE STATE. The Forest Heritage of the State is a public-domain (demanial) asset regulated in a broad set of rules in which, historically up to the present, private parties are prohibited from carrying out any type of work within properties with that characteristic and, as a consequence, they are denied the right of possession, an exception being made in a specific situation that will be discussed later. Those lands that constitute National Reserves that have forests and are of forest aptitude are considered State Heritage, in their condition as Public Domain (Demanio Público) that implies the principles of imprescriptibility, inalienability, and unattachability. The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: The Ley de Tierras y Colonización Number 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and has been in effect since that date. Thus, article 8 of that Ley de Tierras y Colonización establishes: "Except for the cases provided for in this law, private parties are prohibited from enclosing with fences, lanes, or any other form the lands declared National Reserves, from felling forests, establishing constructions and crops, or extracting from them firewood, timber, vines, palms, and other products for the purposes of exploitation." Any act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, as the case may be, as usurpation of public domain (dominio público) or trespass (merodeo), and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without any right to compensation or claims for the value of improvements and without prejudice to other liabilities that may be incurred by those committing such offenses."—Note that this article criminally penalizes anyone who enters a National Reserve (Reserva Nacional) to carry out any activity on those lands, so this cannot be considered an act of possession since the activity would be illegitimate.— Article 11 of that same Law establishes that the following belong to the State as National Reserves: "a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or property of Autonomous Institutions. b) Those not protected by ten-year possession (posesión decenal). c) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies. d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services."—For its part, the first Forestry Law (Ley Forestal), number 4465 of November 25, 1969, regarding forest property in its article 19 provided: "All forests and forest lands located in: a) Lands considered National Reserves... are affected to the purposes of this law." And article 25 of this same law stated: "Possession of lands located in the National Reserves and State estates referred to in article 19 of this Law shall not create rights of any kind, and the State's action of recovery (acción reivindicatoria) for the same is imprescriptible, and the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks (Parques Nacionales), Forest Reserves (Reservas Forestales), and Biological Reserves (Reservas Biológicas)."—With these provisions, a double protection is granted to the forests mentioned therein: First, by their status as National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, by constituting State Forest Patrimony (Patrimonio Forestal del Estado) in which no act of possession shall create any right of any kind. It established in its articles 32 and 33 the following: " Article 32.—The forest patrimony of the State is constituted by all the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the estates registered in its name, and of those belonging to the municipalities, to the autonomous institutions, and to the other bodies of the Public Administration…." "Article 33.—The forest lands and forests that constitute the forest patrimony of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action of recovery for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry by means of possessory information (información posesoria); their invasion and occupation shall be penalized in accordance with the provisions of this law." Based on the foregoing, the first forestry law categorized the forested areas and lands of forest suitability within the National Reserves as public domain assets (bienes demaniales), by describing them as unseizable, inalienable, and imprescriptible, not subject to private appropriation, this since nineteen sixty-nine. This aspect is confirmed by article 8 of the regulation to that law, which states: "The National lands included within the areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they may not leave the domain of the State, and their possession shall not create any right of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49, and 57 of the Forestry Law."—Article 80 of the cited repealed Forestry Law indicated: "The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves, and Protective Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, until their classification and transfer has been determined..." Article 6 of this same law provided: "Shall be punished with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days, the person who: a) Exploits a forest of the forest patrimony without the corresponding legal authorization... b) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone, or Forest Reserve... If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the provisions of article 227 of the Penal Code."—As can be observed, possessory acts carried out in a State patrimony forest turn out to be illegitimate and therefore cannot confer any right of possession.—Subsequently, the next Forestry Law, number 7032 of April 7, 1986, contained provisions regarding the forest patrimony of the State and established the same as that previously transcribed in the same articles. This latter law was declared unconstitutional, restoring the validity of Law 4465, already mentioned. In the year nineteen ninety, a new Forestry Law was enacted, under number 7174 of June 28, 1990, which once again enshrined the public domain character (demanialidad) of lands with forests and forest lands of the National Reserves. The law in question was in force until February 5, 1996, the date of enactment of the current Forestry Law number 7575. This provision once again contemplates the public domain character of the forested areas and lands of forest suitability of the national reserves by stating, in what interests us, in its article 13: "… The natural patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado) shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves …". Likewise, article 14 of said regulatory body indicates: "…The forest lands and forests that constitute the natural patrimony of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action of recovery for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both their invasion and their occupation shall be penalized in accordance with the provisions of this law…". III.—Consequent to the foregoing normative analysis, it is clear that a special regime applicable to forest resources exists, the genesis of forest property, with the validity of the law. From the foregoing, there is not the slightest doubt that the national reserves are legally subject to this forest property regime, since they belong to the State, and according to what has been analyzed, the forested lands and lands of forest suitability have not left the condition of public domain assets given that through the different forestry laws they have been in force over time up to the present. When possession of a public domain asset is disputed, such discussion shall only be appropriate when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of property in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law declaring the object as Natural Patrimony of the State. Consequent to the foregoing normative analysis, it is clear that a special regime applicable to forest resources exists, the genesis of forest property, with the validity of the law. From the foregoing, there is not the slightest doubt that the national reserves are legally subject to this forest property regime, since they belong to the State, and according to what has been analyzed, the forested lands and lands of forest suitability have not left the condition of public domain assets given that through the different forestry laws they have been in force over time up to the present. Based on the foregoing analysis, regardless of whether the possession exercised by the appealing co-defendants here is in good or bad faith, it is irrelevant for the resolution of this matter since we are before assets that belong to the public domain in accordance with the foregoing. On what this Court does agree with the appealing co-defendants is the error committed by the judge in attributing to Mr. [Nombre2] Arauz the commission of a criminal offense, namely an attempted homicide, by indicating, based on what was stated by the plaintiff, that the former attempted against the plaintiff's life, which lacks any basis since the plaintiff's confession evidence does not serve as evidence in his favor in that regard, so on that point the appellant is correct in what was expressed in his grievances on that point. But that regardless of what has been said, it does not warrant revoking what was decided in the judgment on the merits. Finally, regarding the grievance expressed by the appealing co-defendants, concerning the exemption from costs (exoneración en costas) that was granted, which they do not agree with, this Chamber reaches the same conclusion as the lower court (ad quo) in terms of absolving from costs by virtue of the plaintiff [Nombre1] having had sufficient reason to litigate, this because he claimed a right based on having been awarded the property in a judicial auction (remate judicial), which gave him sufficient expectations to believe that the property belonged to him, which gives him the reason to attempt to defend the right he believes he has, for which it is considered he has acted in good faith, in defense of his right. X.—In accordance with the foregoing, the judgment rendered is affirmed. POR TANTO: In that which was the subject of the appeal, the judgment is affirmed. VOFHNC8PY7Y61 [Nombre16] - JUDGE DECISOR/A BCLH0OWKAXM61 [Nombre17] - JUDGE DECISOR/A HOZUYART43RM61 [Nombre18] - JUDGE DECISOR/A EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección1] , , [Dirección2] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf3]. Fax: [Telf4] ó [Telf5]. Correo electrónico: [...] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 07:15:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República