Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Para esta Cámara, dada la naturaleza no contenciosa del proceso de información posesoria, acorde con lo regulado en el ordinal 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, es posible proceder a interponer un proceso de información posesoria sobre un fundo en el que anteriormente hubiera sido rechazado un proceso de igual condición. En voto 1033-F-07 este Tribunal resolvió: "Aunado a ello y sobre todo, la promovente tiene derecho a tratar de acreditar la posesión exigida por ley mediante este trámite, sin que le esté vedada tal vía por el simple hecho de que ya una vez se les denegó otra Información Posesoria, pues independientemente de la cantidad de veces que la planteen, nunca adquirirá eficacia de cosa juzgada material. Considerar lo contrario, implicaría una denegación de justicia, pues como bien lo señala la recurrente, el artículo 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente conforme al numeral 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, refiriéndose a las sentencias dictadas en procesos no contenciosos, lo siguiente: "... Esta resolución no producirá cosa juzgada ni aún cuando haya existido objeto de pronunciamiento del superior, salvo lo dispuesto expresamente para el proceso sucesorio y el de divorcio o separación por mutuo consentimiento.""
Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los testimonios. (al respecto ver los votos de este Tribunal número 5-F-16 y 21-F-16).
Por los razonamientos esbozados, se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido. Dicha comprobación se complementa con el estudio de uso de suelos y el reconocimiento judicial realizado por el juzgado de instancia.
English (translation)For this Chamber, given the non-contentious nature of the possessory information proceeding, in accordance with section 822 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, it is possible to file a possessory information proceeding for a property previously denied in a similar proceeding. In ruling 1033-F-07 this Court held: ‘Additionally, and above all, the petitioner has the right to try to prove the possession required by law through this procedure, and she is not barred from that avenue simply because another possessory information was once denied, for regardless of the number of times it is filed, it will never acquire the force of res judicata. To hold otherwise would amount to a denial of justice, for as the appellant correctly points out, section 822 of the Civil Procedure Code… states: “... This decision shall not produce res judicata even when it has been reviewed by a higher court, except as expressly provided for probate and mutual-consent divorce or separation proceedings.”’
In addition to the above, this Court must examine whether ecological possession has been exercised, in light of the soil study, the judicial inspection conducted by the trial judge, and the witness statements (see this Court’s rulings 5-F-16 and 21-F-16).
For the reasons stated, the requirement of section 6 of the Possessory Information Law regarding proof of suitable possession for the required statutory period is deemed satisfied. That proof is supplemented by the land-use study and the judicial inspection carried out by the trial court.
Affirmed
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00305 - 2017 Fecha de la Resolución: 06 de Abril del 2017 a las 10:53 Expediente: 15-000080-0419-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Titulación de área dentro de zona protectora. Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas. Temas (descriptores): Área silvestre protegida Subtemas: Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria. Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas Subtemas: Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria. Temas estratégicos: Ambiental Sentencia con Voto Salvado Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *150000800419AG* EXPEDIENTE: EXPN2 - 0 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: MARIA ANGELA HIDALGO ARIAS VOTO N° 305-F-17 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas y cincuenta y tres minutos del seis de abril de dos mil diecisiete.- INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1] , mayor, casada una vez, enfermera, vecina de Bahía Chal de Puntarenas, cédula de identidad número CED1 - - . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 - - , en su condición de procuradora adjunta y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 - - - , representado por Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 - - , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial de la promovente el licenciado Manuel Giménez Costillo, colegiado ocho mil trescientos treinta y siete. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Corredores.- RESULTANDO 1.- La promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: " terreno de montaña, situado en el [Dirección1] : , Osa, de la provincia de Puntarenas, mide diez mil metros cuadrados, linderos. Norte y Este: [Nombre2] ; Sur: calle pública con un frente a ella de cien metros lineales, y al Oeste, anteriormente [Nombre2] y actualmente con [Nombre3] , con plano debidamente catastrado numero P 1630704-2013," (folios 17, 18, 66, y 112 vuelto).- 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folios 48 a 50; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 56.- Sin embargo, no se opuso al proceso en los términos del artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias. 3.- La jueza Marisel Zamora Arias, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, mediante sentencia número 21-2017 de las diez once minutos del veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto se APRUEBAN las diligencias de información posesoria promovidas por la señora Maria Angela Hidalgo Arias, y se ordena al registro público de la propiedad inscribir a su nombre el terreno que se describe de la siguiente forma: terreno de montaña, situado en el [Dirección1] : , Osa, de la provincia de Puntarenas, mide diez mil metros cuadrados, linderos. Norte y este: [Nombre2] ; Sur calle pública con un frente a ella de cien metros lineales, y al oeste, anteriormente [Nombre2] y actualmente con [Nombre3] , con plano debidamente catastrado numero P 1630704-2013," (folios 109 al 112 vuelto).- 4.- La licenciada Susana Fallas Cubero, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 121 al 126).- 5. En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales, y no se da la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.- Redacta la jueza Castro García,y; CONSIDERANDO I.- Este Tribunal avala el elenco de hechos tenidos por probados en el fallo recurrido.- II- Hechos Probados. Se prohíjan los hechos probados contenidos en la sentencia apelada, por ajustarse a los elementos de prueba constantes en autos. III.- La representante del Estado, apela la sentencia de las diez horas once minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete, exponiendo como reproche de disconformidad, la promovente no demostró la posesión decenal con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 8494-A. Pues en las declaraciones de [Nombre4] y [Nombre5] , no se mencionó desde cuando conocen el terreno, ni el tiempo de posesión de cada uno de los transmitentes. Además, del testimonio de la escritura número CED5 aportada y las manifestaciones testimoniales no resulta suficiente para demostrar el tiempo de posesión. Además reclama, ante el mismo despacho de instancia, bajo expediente EXPN1 la promovente pretendió titular el terreno descrito en el plano P-1630704-2013, que se rechazó por voto del Tribunal Agrario N. 215-F-2015 por estimarse no demostró la posesión decenal ejercida con anterioridad al año 1978 en que se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce y no estar delimitado. Pide se impruebe la información posesoria.- IV- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble con naturaleza de tacotal. Sito en Sierpe, [Dirección2] Osa, provincia de Puntarenas. [Nombre6] al norte y este [Nombre2] , al sur con calle pública con frente a ella de cien metros lineales, al oeste con [Nombre2] . Cabida de diez mil metros cuadrados. Plano catastrado número SJ-1630704-2013. Lo anterior, acorde con lo mencionado en el escrito inicial, así como el plano aportado, (escrito inicial 17/ plano a folio 2). Dicho bien es parte de área silvestre protegida Reserva Forestal Golfo Dulce creada por decreto ejecutivo N.10142-A. en el año 1978, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada, (folio 3). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural memorial de folio 56. Se verifica, el edicto de ley fue publicado en el Diario Oficial (folio 66) y la titulante no ha inscrito bienes al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias. (folio 30). Las personas colindantes [Nombre2] y [Nombre3] , se dieron por notificados y se encontraron conformes mediante escrito de apersonamiento aportado y autenticado por el Licenciado Manuel Jiménez Costillo (folio 16). V- En igual orden de verificación del cumplimiento de requisitos legales, y vistos los agravios contra la pieza apelada referidos a que se aprobó la información posesoria sin que los testigos acreditaran el conocimiento del tiempo de posesión de las personas que han sido las dueñas del terreno, cabe acotar en forma primaria, el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece el sistema de la libre valoración probatoria para los procesos agrarios. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual orden veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y 364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De tal forma, se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Aclarado lo anterior y estudiada la sentencia recurrida, encuentra esta instancia debe ser confirmada. Lo anterior, en virtud de concluirse por esta Sede del estudio de la prueba testimonial contrastada con los documentos aportados se ha acreditado el ejercicio de una posesión sobre el fundo a inscribir por un plazo decenal anterior al año 1978. Momento en el que se creó el área silvestre protegida Reserva Forestal Golfo Dulce. Visto lo apelado cabe indicar, el día 20 de setiembre del año 2016 (folio 70), se consignó la declaración de los tres testigos que fueron ofrecidos en este asunto. El señor [Nombre4] afirmó haber vivido hace muchos años en Bahía Chal, y ahora en Puerto Escondido desde hace 30 años. Conocer el inmueble que hoy identifica como de la promovente, con cabida de una hectárea. Mencionó, lo adquirió de su hijo a quién llamó [Nombre7], que lo tuvo mucho tiempo y luego se lo transmitió a ella. Explicó, [Nombre2] fue dueño de ese terreno por muchos años, pues tardó veinte años en cancelarlo, procediendo a venderlo en el año 2003. Lo describió como un fundo con árboles, boscoso, sin nacientes delimitado con postes y carriles amplios. Aclaró llegó a esa zona a los 18 años. Señaló, no han habido problemas por la posesión de la heredad y los actos han sido de mantenimiento y limpieza, carriles, sin recordar el periodo de tiempo que poseyó [Nombre7]. Esta declaracion consigna el conocimiento de la cadena posesoria que ha tenido la propiedad que se pretende inscribir. A saber, se hizo mención de [Nombre2] , que lo transmitió a quien identifican como [Nombre7], hijo de la promovente. En forma posterior, éste último se lo transmite a su madre [Nombre1] en el año. Este testigo no dijo en forma expresa fechas de posesión de cada una de las personas que estuvieron en condición de dueñas, pero si afirmó llegar al lugar a los 18 años. En el acta no se citó su edad, sin embargo del estudio de datos del Registro Civil, se conoce que esa persona nace el 12 de enero de 1941. Por lo que si indicó que llegó a esa población donde se asienta el inmueble a los 18 años, corría el año 1959. Por ello, en criterio de esta Instancia, tiene el conocimiento de la transmisión en la posesión de ese inmueble iniciando con el señor [Nombre8] ; a quién señala como el primer dueño. Luego pasó a ser de [Nombre2] . Mismo que lo trasladó a "[Nombre7]", hijo de la promovente [Nombre1] . Esta declaración resulta congruente con el dicho de [Nombre9] . Testigo que atestiguó tener 57 años y haber sido vecino desde que nació de Bahía Chal. Declaró, la promovente compró a su hijo [Nombre7] . Que fue dueño como un año antes y de previo había pertenecido a [Nombre2] ; quién le vendió a [Nombre7]. Citó, el fundo mide como una hectárea y es de montaña, estar deslindado con carriles y postes. Mencionó, las personas del lugar saben que [Nombre1] es la dueña, no existen nacientes, quebradas y se ha dedicado a mantenimiento de cuido de la vegetación de montaña y los carriles. Nunca han habido problemas en virtud de la posesión. Este testimonio es congruente con el dicho del anterior declarante en cuanto describe la misma cadena posesoria, sin contradecirse. Adujo, tener 57 años y haber vivido en el lugar desde que nació. Es decir, nació en el año 1959 y le ha constado quienes han sido los dueños del terreno, sin desvincularse del lugar y constarle la sucesión posesoria de la propiedad objeto de este proceso. Si bien ambos testigos no indican en forma expresa las fechas de posesión de cada persona a la cual identificaron como propietarios, no estima esta Sede esa situación haga de sus declaraciones medios inútiles de prueba de la posesión exigida en este caso en virtud de lo prescrito en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Norma que exige la demostración de una posesión decenal ejercida al menos diez años antes de la afectación del lugar con la declaratoria del área silvestre que corresponda. Como se indicó, la Reserva Forestal Golfo Dulce fue creada por decreto 8494-A del 1 de junio de 1978, por lo que procede demostrarse el sometimiento a la posesión desde 1968 en adelante. Ya para esa fecha el testigo [Nombre9] contaba con nueve o diez años y podía tener conciencia del hecho de identificar a la persona que se le tenía como el dueño de la finca sin inscribir. Indicando que lo fue [Nombre8] . Sin que se contradijera con el anterior testigo en la mención de los sucesores poseedores del lugar hasta llegar a indicar a la actual promovente. Esas declaraciones, en virtud de las reglas de la valoración integral de la prueba, propia de esta materia especializada, debe ser analizada con los demás elementos traídos al proceso. De ahí que el dicho de los anteriores declarantes, debe ser tenido en consideración con el testimonio de [Nombre5] (folio 71 frente) que mencionó vivir en Bahía Chal desde 1960, contar con 73 años de edad. Atestiguó, el fundo es de [Nombre1] desde el año 2008. Citó, el primer dueño fue [Nombre8] y en 1961 fue transmitido a [Nombre2] . En el año 2008 pasa a ser de la promovente, que le compró a su hijo [Nombre10] . Persona que adquirió de [Nombre2] . Este testigo trae mayor claridad en cuanto a las fechas de posesión de cada uno al lograr concluir de su testimonio que el fundo fue de [Nombre8] hasta el año 1961, cuando se le pasa a [Nombre2] que lo transmite a [Nombre10] y llega a manos de la promovente en el año 2008. Nota esta Cámara, la cadena sucesoria de la posesión es coincidente en los tres testigos, aunado a que [Nombre4] citó que [Nombre2] fue dueño como veinte años por haber tardado ese plazo en pagar el fundo y venderlo después, lo que coincide con el dicho del testigo [Nombre5] que indicó lo tuvo [Nombre2] desde 1961 hasta el 2008. Como se citó el inmueble objeto de este proceso, se ubica dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada en 1978, según consigna la certificación de folio 55. Por ello, de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, la titulante debe acreditar el ejercicio de la posesión en condición de dueña en lo términos del artículo 856 del Código Civil, con al menos 10 años antes de la afectación del terreno a esa categoría de manejo; sea anterior al año 1968. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias aportó los testigos citados que si acreditan el conocimiento del terreno y las personas que han sido sus dueñas; según ya se analizó supra. Dado el agravio en este caso concreto, valoradas las tres declaraciones a la luz del canon 54 y 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria de forma integral con la restante prueba recabada, se tiene por demostrada en esta Instancia el ejercicio de una posesión idónea y en respeto a los recursos naturales, mayor a la decenal anterior al año 1978 por parte de la titulante, que aprovechó la posesión ejercida de sus transmitentes. Para ello aportó escritura pública de adquisición, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Que coincide con lo declarado por los testigos. A folio 8 rola escritura número 45-5 donde [Nombre2] vende a [Nombre11] , el fundo objeto de este proceso otorgada el 29 de febrero del 2008. De igual forma, en escritura número 38-6 de folio 9, se hace constar la transmisión de la posesión de [Nombre10] a [Nombre1] el 8 de octubre del 2009. Con respecto a la precisión de fechas de los poseedores de un fundo sin inscribir, el Tribunal Agrario ha resuelto: " Además, es importante señalar que no es preciso que los testigos sean tan puntuales en cuanto a fechas exactas de posesión de cada uno de los transmitentes, o conozcan a todos éstos, menos aún en casos como el presente en el que el fundo ha tenido tantos dueños, pues lo importante es que exista una referencia a las personas vinculadas con el ejercicio de la posesión durante todos esos años y a la protección que se está haciendo del recurso forestal dadas las exigencias que plantea el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y al uso conforme del suelo de acuerdo a la certificación de folio 179, entre otros requisitos legales que no han sido objetados por la apelante.-" ( voto N. 874-F-08). Criterio que se ha sostenido en votos posteriores y que comparte esta Cámara. Lo importante a fin de determinar si procede o no una titulación de un terreno ubicado dentro de áreas silvestres protegidas, es el conocimiento que se logre acreditar por parte de los testigos del fundo, sobre la antigüedad suficiente de la cadena posesoria y los actos ejercidos en el inmueble. Nota esta Sede, lo declarado por este testigo acredita hechos que van más allá del año 1968. Valoración en conjunto. Por otra parte, esta ponderación se hace con sustento en lo preceptuado en los artículos 4 y 6 de la Ley de Informaciones Posesorias. VI- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales.Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En este caso, se ha verificado la cadena posesoria desde el año 1959, por lo que debe ser entendido que los derechos adquiridos de la promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, deben serle reconocidos. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los testimonios. (al respecto ver los votos de este Tribunal número 5-F-16 y 21-F-16). VII- Por los razonamientos esbozados, se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido. Dicha comprobación se complementa con el estudio de uso de suelos y el reconocimiento judicial realizado por el juzgado de instancia. En el acta de reconocimiento judicial del 20 de noviembre del 2016, (folio 72) se consignó haberse encontrado una finca quebrada, cubierta de bosque, delimitada con colindancias identificables, de una hectárea, sin construcciones y dedicado a bosque conservado, sin señales de extracción de madera, sin nacientes o quebradas. Por su parte, en el estudio de suelos (folio 12) se certificó el ejercicio de uso de suelos conforme en un cien por ciento. Anotó haberse encontrado tacotal con árboles y arbustos de variadas alturas, predominando especies como el Mayor, Cuajiniquil, Amarillónk, Guarúmos y malezas con bejucos autóctonos provenientes de regeneraciones forestales naturales. Se recomendó mantener un beun sistema de desalojo de las aguas pluviales. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede aprobar el proceso planteado. VIII- Respecto al agravio de la imposibilidad de aprobarse este proceso, por haber recaído sentencia denegatoria en uno anterior al no haberse demostrado con los testigos la posesión requerida para estos casos, se rechaza. Para esta Cámara, dada la naturaleza no contenciosa del proceso de información posesoria, acorde con lo regulado en el ordinal 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, es posible proceder a interponer un proceso de información posesoria sobre un fundo en el que anteriormente hubiera sido rechazado un proceso de igual condición. En voto 1033-F-07 este Tribunal resolvió: "Aunado a ello y sobre todo, la promovente tiene derecho a tratar de acreditar la posesión exigida por ley mediante este trámite, sin que le esté vedada tal vía por el simple hecho de que ya una vez se les denegó otra Información Posesoria, pues independientemente de la cantidad de veces que la planteen, nunca adquirirá eficacia de cosa juzgada material. Considerar lo contrario, implicaría una denegación de justicia, pues como bien lo señala la recurrente, el artículo 822 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente conforme al numeral 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, refiriéndose a las sentencias dictadas en procesos no contenciosos, lo siguiente: "... Esta resolución no producirá cosa juzgada ni aún cuando haya existido objeto de pronunciamiento del superior, salvo lo dispuesto expresamente para el proceso sucesorio y el de divorcio o separación por mutuo consentimiento." Para esta sede, lo resuelto con anterioridad no produce cosa juzgada, así lo dice en forma expresa la norma legal citada. Lo demostrado en este proceso con la prueba ya analizada, conlleva a tenerse por probados los requisitos legales necesarios exigidos a fin de la obtención de título inscribible, independientemente de lo resuelto en el proceso anterior invocado. Amén de que el ente procurador NUNCA se opuso al proceso en los términos del ordinal octavo de la Ley de Informaciones Posesorias, al ser un proceso no contencioso. Lo decidido en el precedente proceso que refiere la apelante estatal, no lleva a entender que le está vedada a la promovente la interposición de un nueva petición mediante el trámite que se resuelve, cuya naturaleza no es contenciosa. Se deniega su reclamo. Para mayor abundamiento cabe citar lo resuelto por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia cuando indica al respecto: "III.-[…] Para resolver el punto, debemos partir de la diferencia existente entre la cosa juzgada material o sustancial y la cosa juzgada formal. Esta última, hace referencia a aquellas sentencias que tienen una eficacia meramente transitoria. “… Se cumplen y son obligatorias tan sólo con relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir; pero no obstan a que, en un procedimiento posterior , mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa juzgada pueda modificarse” (COUTURE, (Eduardo) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Ediciones Depalma. Tercera Edición, 1990 , página 416). Siguiendo la doctrina sobre el tema, en cambio, la cosa juzgada sustancial, tiene que ver no solo con la inimpugnabilidad de lo resuelto, sino, además, con su inmutabilidad, aún en otro juicio posterior. Así, si una sentencia no puede ser ya objeto de recurso alguno, pero admite la posibilidad de modificación en un proceso posterior, se está en presencia de una situación de cosa juzgada formal; pero, si por el contrario, la sentencia adquiere también el carácter de inmutable, se está ante la cosa juzgada material, dado que, entonces, ninguna autoridad podrá modificar lo resuelto […]. (la negrita no corresponde a su original). (Voto 01096 de las 10:34 horas del 6 de agosto del 2010). IX- Por los motivos expuestos se concluye, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, la sociedad promovente ha aprovechado la posesión ejercida por su transmitente, desde la década de 1959, en un plazo decenal superior anterior de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Posesión ejercida en forma idónea para usucapir de lo cual aportó documento público, donde consta el traspaso de su derecho y mediante los tres testigos, se acreditó claramente la cadena posesoria y la condición de la posesión apta, acorde con el artículo 863 del Código Civil y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, necesaria para adquirir el derecho a que se le expida título inscribible en el Registro Público de su inmueble. Posesión desarrollado en respecto de los recursos naturales que contiene el terreno.Por ello, se deberá confirmar la sentencia recurrida y aprobarse el proceso de información posesoria promovido. Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo de la Reserva Forestal Golfo Dulce. X- VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre12] : No se comparte el Voto de Mayoría del Tribunal, por cuanto No demostró la promovente haber ejercido posesión sobre el inmueble en cuestión con diez años de antelación a la afectación como bien de dominio público. No se recabó los tres testimonios requeridos en ese sentido.- La representante del Estado, apela la sentencia de las diez horas once minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete, al considerar entre otros agravios, que la parte promovente no demostró la posesión decenal con anterioridad a la fecha de entrada en vigenca del Decreto 8494-A, pues los testigos [Nombre4] y [Nombre5] no indicaron desde cuando conocen el terreno, ni el tiempo de posesión de cada uno de los transmitentes y del documento testimonio de escritura número 38 no es suficiente para demostrar el tiempo de posesión, por lo que solicita se impruebe la información posesoria.- El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias reza: “ La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble…” Así mismo el artículo 7 de la citada ley expone: “ Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre”.- Los requisitos expuestos en esta ley para la titulación de tierras son de obligatorio cumpliendo, y entre ellos lo es la necesaria demostración de la posesión decenal con tres testigos, a falta de uno sólo de éstos, la información posesoria deberá denegarse. En el caso bajo examen, el inmueble se encuentra ubicado dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, según Decreto Ejecutivo Número 25721-MINAE del 23 de enero de 1997, por lo que le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7° transcrito supra. Se recibió la declaración de tres testigos, sin embargo cada uno de ellos debió referirse concretamente al conocimiento del terreno, así como los anteriores poseedores. Es de mucha importancia hacer referencia a quienes fueron los anteriores poseedores así como el tiempo de posesión de cada uno de ellos para así hacer valer una posesión derivada según lo dispuesto mediante Voto número 4587-97 dictado por la Sala Constitucional por motivo de la acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias.- Dichas declaraciones testimoniales son obligado requisito según el artículo 6 citado supra, no siendo sustituibles por prueba documental, pues la posesión incluso la derivada sólo es demostrable con la declaración de tres testigos. En este mismo sentido véase Voto número 117 y 118 de este Tribunal ambos del año dos mil seis.- Así tenemos que de la declaración testimonial de [Nombre4] a folio 70, no se desprende el tiempo de posesión ejercido con diez años anteriores a la afectación de demanio público; pues su declaración únicamente hace referencia al tiempo que tiene de vivir en Bahía Chal Puerto Escondido, sin que ello sea el equivalente a decir que conoce la posesión que se ha ejercido en el terreno de marras desde esa misma cantidad de años. El no cumplirse con la declaración de los tres testigos en los términos dichos, no es factible sea subsanados con el documento público que es la escritura de adquisición del inmueble.- El hecho que se hiciera un documento de escritura pública en el que consta la venta que se le hiciera a la aquí promovente, ello no hace plena prueba de la posesión decenal ejercida por el transmitente, por cuanto dicho documento público, no da fe de la posesión, sino del negocio jurídico que en ese momento hacen las partes de conformidad con los datos que éstas mismas le suministran, no siendo constancia para el notario los años de posesión que las partes indican han ejercido, pues éste se limita a redactar la escritura correspondiente con base en el dicho de las partes otorgantes de la misma. De allí sea necesario la demostración con tres testigos sobre la posesión decenal con antelación a la afectación como bien de dominio público, lo que no ha sido cumplido por la promovente. Por lo expuesto, debió revocarse la sentencia y en su lugar se improbar la información posesoria.- POR TANTO: Se confirma la sentencia en lo apelado. Voto salvado de la jueza Alvarado Paniagua-. NNO387GHXCI61 [Nombre13] - JUEZ/A DECISOR/A FMTC7V1T2RG61 [Nombre14] - JUEZ/A DECISOR/A AS43L2DI9QUS61 [Nombre12] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN2 II Circuito Judicial San José, [Dirección3] , , [Dirección4] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:41:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**TRIBUNAL AGRARIO. SECOND CIRCUIT JUDICIAL OF SAN JOSÉ.-** At ten hours and fifty-three minutes of the sixth of April of two thousand seventeen.- **POSSESSORY INFORMATION** promoted by [Name1], of legal age, married once, nurse, resident of Bahía Chal de Puntarenas, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, represented by Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card number CED2 - - , in her capacity as deputy attorney general, and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, legal identification number CED3 - - , represented by Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED4 - - , in her capacity as unlimited general agent. Acting as special judicial attorney for the petitioner is licensed attorney Manuel Giménez Costillo, bar number eight thousand three hundred thirty-seven. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, with seat in Corredores.- **WHEREAS** 1.- The petitioner filed a possessory information proceeding for the purpose of registering in her name in the Public Property Registry the farm described as follows: "mountainous land, located in [Address1]: , Osa, in the province of Puntarenas, measuring ten thousand square meters, boundaries. North and East: [Name2]; South: public road with a frontage to it of one hundred linear meters, and to the West, formerly [Name2] and currently with [Name3], with duly cadastred plan number P 1630704-2013," (folios 17, 18, 66, and 112 verso).- 2.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceeding under the terms appearing from folios 48 to 50; in turn, the Institute of Rural Development did so at folio 56.- However, it did not oppose the proceeding under the terms of Article 8 of the Possessory Information Law. 3.- Judge Marisel Zamora Arias, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, by judgment number 21-2017 of ten hours eleven minutes of the twenty-fifth of January of the year two thousand seventeen, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, the possessory information proceedings promoted by Mrs. Maria Angela Hidalgo Arias are APPROVED, and the Public Property Registry is ordered to register in her name the land described as follows: mountainous land, located in [Address1]: , Osa, in the province of Puntarenas, measuring ten thousand square meters, boundaries. North and East: [Name2]; South: public road with a frontage to it of one hundred linear meters, and to the West, formerly [Name2] and currently with [Name3], with duly cadastred plan number P 1630704-2013," (folios 109 to 112 verso).- 4.- Licensed attorney Susana Fallas Cubero, in her capacity as deputy attorney general, filed an appeal with express indication of the reasons for refuting the thesis of the trial court, (folios 121 to 126).- 5. In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have been observed, and there are no errors or omissions in the judgment capable of causing its nullity.- Judge Castro García writes the opinion; and; **WHEREAS** I.- This Tribunal endorses the set of facts deemed proven in the appealed judgment.- II- Proven Facts. The proven facts contained in the appealed judgment are adopted, as they conform to the evidentiary elements in the record. III.- The representative of the State appeals the judgment of ten hours eleven minutes of the twenty-fifth of January of two thousand seventeen, raising as a grievance of disagreement that the petitioner did not demonstrate ten-year possession prior to the effective date of Decree 8494-A. For in the statements of [Name4] and [Name5], they did not mention since when they knew the land, nor the time of possession of each of the transferors. Furthermore, from the testimony of public deed number CED5 provided and the testimonial statements, it is insufficient to demonstrate the time of possession. Additionally, she claims that before the same trial court, under case file EXPN1, the petitioner sought to title the land described in plan P-1630704-2013, which was rejected by Agrarian Tribunal decision number N. 215-F-2015 because it was deemed she did not demonstrate ten-year possession exercised prior to the year 1978 when the Golfo Dulce Forest Reserve was created and the land was not delimited. She requests that the possessory information be denied.- IV- These proceedings are formulated for the purpose of registering in the Public Property Registry a property with the nature of brushland (tacotal). Located in Sierpe, [Address2] Osa, province of Puntarenas. [Name6] to the north and east [Name2], to the south with a public road with a frontage to it of one hundred linear meters, to the west with [Name2]. Area of ten thousand square meters. Cadastred plan number SJ-1630704-2013. The foregoing, in accordance with what is mentioned in the initial filing, as well as the plan provided, (initial filing 17/ plan at folio 2). Said property is part of the Golfo Dulce Forest Reserve protected wild area created by Executive Decree N.10142-A. in the year 1978, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas provided, (folio 3). The farm is outside lands or properties administered by the Institute of Rural Development, memorandum at folio 56. It is verified that the legal notice was published in the Official Gazette (folio 66) and the title applicant has not registered properties under the Possessory Information Law (folio 30). The adjacent owners [Name2] and [Name3] were notified and found in agreement through a filed appearance authenticated by Licensed Attorney Manuel Jiménez Costillo (folio 16). V- Following the same order of verification of compliance with legal requirements, and having seen the grievances against the appealed decision alleging that the possessory information was approved without the witnesses attesting to their knowledge of the time of possession of the persons who have been the owners of the land, it is appropriate to note primarily that Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law establishes the system of free evidentiary assessment for agrarian proceedings. This system requires the court to study and select the sources of evidence obtained, in order to establish their effectiveness to resolve the conflict submitted to its knowledge, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The court must set forth the principles of equity or law upon which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has resolved: "..., the assessment of evidence in conscience does not imply resolving in an arbitrary manner, because every judge -as a public official- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adaptation of public action, not only to specific rules on a given object, but to the entire body of legality; therefore, they cannot rule in disregard of constitutional principles and rights, since they are limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, duly applied, lead to the harmony of jurisdictional appreciation with the Political Constitution, as this Chamber understood in judgment 3484-94, of twelve hours of the eighth of July of nineteen ninety-four, in which it was determined that the powers of judges to assess evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to ground their judgments, a constitutional principle that comprises due process... () the power granted to the agrarian judge to appreciate the evidence in conscience and evaluate it without strict subjection to the rules of common law, as provided in the second paragraph of the challenged Article 54, is not unconstitutional, provided they issue a reasoned judgment, that is, they analyze the result of the evidence gathered in the proceeding and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thereby respecting the minimum content of the right of defense" (decision 3657 of May 7, 2003. See in the same sense decisions No. 398 of June 6, 2001 of the First Chamber. Also see decisions No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009 and 364 of May 28, 2009 of the Agrarian Tribunal). Thus, the obligation is imposed upon the adjudicator to issue a comprehensive assessment of the evidence on file. Having clarified the above and studied the appealed judgment, this instance finds it must be confirmed. This, by virtue of this Panel's conclusion from the study of the testimonial evidence contrasted with the documents provided, that the exercise of possession over the farm to be registered for a ten-year period prior to the year 1978 has been accredited. The moment when the Golfo Dulce Forest Reserve protected wild area was created. Having seen what is appealed, it should be noted that on September 20th of the year 2016 (folio 70), the statement of the three witnesses offered in this matter was recorded. Mr. [Name4] stated that he had lived many years ago in Bahía Chal, and now in Puerto Escondido for the last 30 years. He knows the property that he now identifies as belonging to the petitioner, with an area of one hectare. He mentioned that she acquired it from her son, whom he called [Name7], who had it for a long time and later transferred it to her. He explained that [Name2] was the owner of that land for many years, as it took him twenty years to pay it off, proceeding to sell it in the year 2003. He described it as a farm with trees, forested, without springs (nacientes), delimited with posts and wide paths (carriles). He clarified that he arrived in that area at the age of 18. He indicated that there have been no problems regarding the possession of the property and the acts have been maintenance and cleaning, paths (carriles), without remembering the period of time that [Name7] possessed it. This statement records the knowledge of the possessory chain that the property intended to be registered has had. Namely, mention was made of [Name2], who transmitted it to the person they identify as [Name7], son of the petitioner. Subsequently, the latter transmits it to his mother [Name1] in the year. This witness did not expressly state dates of possession for each of the persons who were in the condition of owners, but he did state that he arrived at the place at the age of 18. In the record, his age was not cited, however, from the study of data from the Civil Registry, it is known that this person was born on January 12, 1941. Therefore, if he indicated that he arrived at that town where the property is located at age 18, the year would have been 1959. For this reason, in the opinion of this Instance, he has knowledge of the transmission in the possession of that property beginning with Mr. [Name8]; whom he identifies as the first owner. Then it became property of [Name2]. The same person who transferred it to "[Name7]", son of the petitioner [Name1]. This statement is consistent with the testimony of [Name9]. A witness who testified that he is 57 years old and has been a resident since birth of Bahía Chal. He stated that the petitioner bought from her son [Name7]. That he was the owner for about a year before and previously it had belonged to [Name2]; who sold it to [Name7]. He cited that the farm measures about one hectare and is mountainous, being delimited with paths (carriles) and posts. He mentioned that the people of the place know that [Name1] is the owner, there are no springs (nacientes) or creeks (quebradas), and she has dedicated herself to maintenance, caring for the mountain vegetation and the paths (carriles). There have never been any problems due to the possession. This testimony is consistent with the statement of the previous declarant in that it describes the same possessory chain, without contradiction. He stated he is 57 years old and has lived in the place since birth. That is, he was born in the year 1959 and it has been evident to him who have been the owners of the land, without being disconnected from the place, and he can attest to the possessory succession of the property subject to this proceeding. Although both witnesses do not expressly state the dates of possession of each person they identified as owners, this Panel does not consider that situation renders their statements useless means of proof of the possession required in this case by virtue of the provisions of Article 7 of the Possessory Information Law. A rule that requires the demonstration of ten-year possession exercised at least ten years before the land's inclusion within the declaration of the corresponding wild area. As indicated, the Golfo Dulce Forest Reserve was created by Decree 8494-A of June 1, 1978, therefore, it is proper to demonstrate the subjection to possession from 1968 onward. By that date, witness [Name9] was nine or ten years old and could have had awareness of the fact of identifying the person who was considered the owner of the unregistered farm. Indicating that it was [Name8]. Without contradicting the previous witness regarding the mention of the subsequent possessors of the place, up to pointing to the current petitioner. These statements, by virtue of the rules of comprehensive evidentiary assessment, proper to this specialized matter, must be analyzed together with the other elements brought to the proceeding. Hence, the statements of the previous declarants must be considered along with the testimony of [Name5] (folio 71 recto) who mentioned having lived in Bahía Chal since 1960, being 73 years of age. He testified that the farm has belonged to [Name1] since the year 2008. He cited that the first owner was [Name8] and in 1961 it was transmitted to [Name2]. In the year 2008, it came to belong to the petitioner, who bought it from her son [Name10]. A person who acquired it from [Name2]. This witness brings greater clarity regarding the dates of possession of each one, allowing the conclusion from his testimony that the farm belonged to [Name8] until the year 1961, when it passed to [Name2] who transmitted it to [Name10] and reached the hands of the petitioner in the year 2008. This Chamber notes that the possessory succession chain is coincident among the three witnesses, coupled with the fact that [Name4] cited that [Name2] was the owner for about twenty years because it took him that long to pay for the farm and sell it later, which coincides with the statement of witness [Name5] who indicated [Name2] held it from 1961 to 2008. As cited, the property subject to this proceeding is located within the Golfo Dulce Forest Reserve, created in 1978, as stated in the certification at folio 55. Therefore, in accordance with section 7 of the Possessory Information Law, the title applicant must prove the exercise of possession in the condition of owner under the terms of Article 856 of the Civil Code, for at least 10 years before the land's inclusion within that management category; that is, prior to the year 1968. To justify the possession, in accordance with section 6 of the Possessory Information Law, she provided the cited witnesses who do attest to their knowledge of the land and the persons who have been its owners; as already analyzed supra. Given the grievance in this specific case, evaluating the three statements in light of canons 54 and 61 of the Agrarian Jurisdiction Law in a comprehensive manner with the remaining evidence collected, this Instance considers the exercise of suitable possession, respectful of natural resources, greater than the ten-year period prior to the year 1978, to have been demonstrated by the title applicant, who took advantage of the possession exercised by her transferors. For this purpose, she provided a public acquisition deed, in accordance with Article 1 of the Possessory Information Law. Which coincides with what was stated by the witnesses. At folio 8, deed number 45-5 appears, where [Name2] sells to [Name11] the farm subject to this proceeding, granted on February 29, 2008. Similarly, in deed number 38-6 at folio 9, the transmission of possession from [Name10] to [Name1] on October 8, 2009, is recorded. Regarding the precision of dates of the possessors of an unregistered farm, the Agrarian Tribunal has resolved: "Furthermore, it is important to point out that it is not necessary for the witnesses to be so precise as to the exact dates of possession of each of the transferors, or to know all of them, even less so in cases like the present one where the farm has had so many owners, since what is important is that there be a reference to the persons linked to the exercise of possession during all those years and to the protection being afforded to the forest resource given the requirements set forth in Article 7 of the Possessory Information Law and the conforming use of the soil according to the certification at folio 179, among other legal requirements that have not been objected to by the appellant.-" (decision N. 874-F-08). A criterion that has been sustained in subsequent decisions and which this Chamber shares. What is important in order to determine whether or not the titling of a land located within protected wild areas is appropriate, is the knowledge that the witnesses are able to demonstrate regarding the farm, the sufficient antiquity of the possessory chain, and the acts exercised on the property. This Panel notes that what was stated by this witness attests to facts going back beyond the year 1968. Comprehensive assessment. Furthermore, this appraisal is made based on the provisions of Articles 4 and 6 of the Possessory Information Law. VI- Regarding the land tenure regime in protected wild areas, it must be indicated that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall upon MINAET, unless a special Law indicates otherwise. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographic zones, consisting of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest of environmental and ecosystem guardianship and conservation, as well as historical and cultural ones. This rule makes an express reference to the Organic Environmental Law regarding the regulation of requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively upon the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, except for Natural Monuments. In turn, the Forest Law provides that when a state-owned protected wild area is declared, it must immediately become part of the State's natural heritage, regulated by Article 13 of the cited law, which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This body of regulations must be interpreted in conjunction with the provisions of Article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, rural communities, natural or legal persons, over lands declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Possessory Information Law when it states: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate that they are the holder of the legal rights to ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wild area." In this case, the possessory chain since the year 1959 has been verified, so it must be understood that the petitioner's acquired rights to request recognition of her property right over the farm must be recognized. In this respect, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in decision 144-96 of 4:51 p.m. of January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones (zonas protectoras), and national wildlife refuges, the option exists for the owner to keep their land, since, following the management plan, they can continue to utilize it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, therefore they do not render their right illusory." In addition to the foregoing, this court must analyze whether the exercise of ecological possession has been fulfilled, in light of the soil study, the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out for that purpose by the adjudicator, and the testimony (in this regard, see decisions of this Tribunal number 5-F-16 and 21-F-16). VII- For the reasons outlined, the requirement of section 6 of the Possessory Information Law regarding the demonstration of suitable possession for the required legal period is deemed fulfilled. Said verification is complemented by the land-use (uso de suelos) study and the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out by the trial court. In the judicial inspection record of November 20, 2016 (folio 72), it was recorded that a rugged farm was found, covered with forest, delimited with identifiable boundaries, measuring one hectare, without constructions, and dedicated to conserved forest, without signs of timber extraction, without springs (nacientes) or creeks (quebradas). Meanwhile, the soil study (folio 12) certified one hundred percent conforming land-use (uso de suelos). It noted having found brushland (tacotal) with trees and bushes of varying heights, predominating species such as Mayo, Cuajiniquil, Amarillón, Guarúmos, and weeds with native vines originating from natural forest regeneration. It was recommended to maintain a good system for draining rainwater. All this evidence proves compliance with the legal requirements to demonstrate suitable possession in the capacity of owner of the land subject to this proceeding. Finding no obstacle that prevents this Tribunal from considering the approval of the filed proceeding appropriate. VIII- Regarding the grievance of the impossibility of approving this proceeding, because a prior judgment was rendered denying a previous one when the required possession for these cases was not demonstrated with the witnesses, this argument is rejected. For this Chamber, given the non-contentious nature of the possessory information proceeding, in accordance with the provisions of section 822 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, it is possible to file a possessory information proceeding over a farm where a proceeding of the same nature had previously been rejected. In decision 1033-F-07, this Tribunal resolved: "In addition to this and above all, the petitioner has the right to try to prove the possession required by law through this process, without such avenue being barred to her by the mere fact that another Possessory Information proceeding was once denied, because regardless of the number of times it is filed, it will never acquire the efficacy of material res judicata. To consider otherwise would imply a denial of justice, for as the appellant rightly points out, Article 822 of the Civil Procedure Code applied supplementarily in accordance with section 79 of the Agrarian Jurisdiction Law, referring to judgments rendered in non-contentious proceedings, states the following: '... This resolution shall not produce res judicata even if it has been the object of a ruling by a superior court, unless expressly provided for probate proceedings and divorce or separation proceedings by mutual consent.' For this court, what was previously resolved does not produce res judicata, as the cited legal rule expressly states. What has been demonstrated in this proceeding with the evidence already analyzed, leads to the conclusion that the necessary legal requirements for obtaining a registrable title are proven, regardless of what was resolved in the previous proceeding invoked. In addition to the fact that the state attorney's office NEVER opposed the proceeding under the terms of section eight of the Possessory Information Law, as this is a non-contentious proceeding. What was decided in the preceding proceeding referred to by the state appellant does not lead to the understanding that the petitioner is barred from filing a new petition through the process being resolved, whose nature is non-contentious. Her claim is denied. For further elaboration, it is appropriate to cite what was resolved by the Second Chamber of the Supreme Court of Justice when it indicates in this regard: 'III.-[…] To resolve the point, we must start from the difference between material or substantial res judicata and formal res judicata. The latter refers to those judgments that have a merely transitory efficacy. “… They are complied with and are binding only in relation to the proceeding in which they were rendered and the state of facts that were taken into account at the time of deciding; but they do not prevent, in a subsequent proceeding, if the state of facts considered at the time of decision has changed, the res judicata from being modified” (COUTURE, (Eduardo) Fundamentals of Civil Procedural Law. Buenos Aires. Ediciones Depalma. Third Edition, 1990, page 416). Following the doctrine on the subject, in contrast, substantial res judicata has to do not only with the non-appealability of what was resolved, but also with its immutability, even in another subsequent trial. Thus, if a judgment can no longer be the object of any appeal, but admits the possibility of modification in a subsequent proceeding, one is in the presence of a situation of formal res judicata; but, if, on the contrary, the judgment also acquires the character of immutable, one is before material res judicata, given that, then, no authority may modify what was resolved […].' (bold not in original). (Decision 01096 of 10:34 a.m. of August 6, 2010)." IX- For the reasons set forth, it is concluded that, in compliance with the requirements of the Possessory Information Law, the Civil Code, the Law on Management, Use and Conservation of Soils and its Regulation, as well as the Forest Law, the promoting party has taken advantage of the possession exercised by her transferor, since the 1950s, for a ten-year period superior to and prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. Possession exercised in a manner suitable for usucaption, for which she provided a public document, where the transfer of her right is recorded, and through the three witnesses, the possessory chain and the condition of suitable possession were clearly accredited, in accordance with Article 863 of the Civil Code and Article 7 of the Possessory Information Law, necessary to acquire the right to have a registrable title in the Public Registry issued for her property. Possession developed with respect for the natural resources contained in the land. Therefore, the appealed judgment must be confirmed and the promoted possessory information proceeding approved. It is decreed that land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited in forest areas and that the management plan for the Golfo Dulce Forest Reserve must be observed. X- DISSENTING VOTE OF JUDGE [Name12]: The Majority Vote of the Tribunal is not shared, because the petitioner did not demonstrate having exercised possession over the property in question with ten years prior to its inclusion as a public domain asset. The three testimonies required in that regard were not gathered.—The State's representative appeals the judgment of ten hours eleven minutes on January twenty-fifth, two thousand seventeen, considering among other grievances that the petitioner did not demonstrate ten-year possession (posesión decenal) prior to the effective date of Decree 8494-A, since witnesses [Name4] and [Name5] did not indicate since when they have known the land, nor the time of possession of each of the transferors, and the testimonial document of deed number 38 is not sufficient to prove the time of possession, and therefore requests that the possessory information (información posesoria) be rejected.—Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias states: "The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located…" Likewise, Article 7 of the cited law states: "When the property to which the information refers is comprised within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area."—The requirements set forth in this law for land titling are of mandatory compliance, and among them is the necessary demonstration of ten-year possession through three witnesses; lacking even one of them, the possessory information must be denied. In the case under review, the property is located within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), according to Decreto Ejecutivo Número 25721-MINAE of January 23, 1997, and therefore the provisions of Article 7 transcribed above are applicable. The declaration of three witnesses was received; however, each one of them should have specifically addressed their knowledge of the land, as well as the prior possessors. It is of great importance to make reference to who the prior possessors were as well as the time of possession of each of them in order to assert a derivative possession (posesión derivada) in accordance with Voto número 4587-97 issued by the Sala Constitucional by reason of the action of unconstitutionality filed against Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias.—Such witness declarations are a mandatory requirement under Article 6 cited above, and cannot be replaced by documentary evidence, since possession, even derivative possession, can only be demonstrated through the declaration of three witnesses. In this same regard, see Voto número 117 and 118 of this Court, both from the year two thousand six.—Thus we have that from the witness declaration of [Name4] at folio 70, the time of possession exercised ten years prior to the public domain encumbrance cannot be inferred; for their declaration only makes reference to the time they have lived in Bahía Chal Puerto Escondido, without that being equivalent to saying that they know the possession that has been exercised on the land in question for that same number of years. Not having complied with the declaration of the three witnesses in the terms stated, it is not feasible for this to be cured with the public document that is the deed of acquisition of the property.—The fact that a public deed document was executed recording the sale made to the petitioner here does not constitute full proof of the ten-year possession exercised by the transferor, because said public document does not attest to possession, but rather to the legal transaction that the parties entered into at that time in accordance with the data they themselves supplied, the years of possession that the parties indicate they have exercised not being verifiable to the notary, as the latter is limited to drafting the corresponding deed based on the statements of the parties executing it. Hence, the demonstration through three witnesses of the ten-year possession prior to the encumbrance as a public domain asset is necessary, which has not been fulfilled by the petitioner. For the foregoing, the judgment should have been revoked and the possessory information rejected.— POR TANTO: The judgment is affirmed in the appealed portion, with a dissenting vote of Judge Alvarado Paniagua. NNO387GHXCI61 [Name13] - JUEZ/A DECISOR/A FMTC7V1T2RG61 [Name14] - JUEZ/A DECISOR/A AS43L2DI9QUS61 [Name12] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN2 II Circuito Judicial San José, [Address3] , , [Address4] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:41:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República