Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Dentro de las competencias propias de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra pronunciarse sobre la eventual nulidad de las normas reglamentarias. […] Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que, mientras no existan tribunales ambientales especializados, corresponderá a la Jurisdicción Agraria todos los asuntos vinculados con particulares, reservando a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aquellos en los cuales esté involucrado el Estado. Concretamente, dispone: “En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.”
English (translation)Among the powers of the contentious-administrative jurisdiction is ruling on the possible nullity of regulatory norms. […] For its part, Article 108 of the Biodiversity Law provides that, as long as specialized environmental courts do not exist, all matters involving private parties shall fall to the Agrarian Jurisdiction, while those involving the State are reserved for the Contentious-Administrative Jurisdiction. Specifically, it states: “In biodiversity matters, and until an environmental jurisdiction exists, any dispute shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, biodiversity crimes shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes between private parties that involve neither an administrative act nor public domain assets shall fall under the jurisdiction of the agrarian jurisdiction.”
Denied (jurisdictional challenge dismissed)
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00575 - 2017 Fecha de la Resolución: 17 de Mayo del 2017 a las 10:43 Expediente: 14-001921-1027-CA Redactado por: No indica redactor Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Competencia contencioso administrativa Subtemas: Alcances de su competencia en materia de biodiversidad. Temas (descriptores): Competencia agraria por materia Subtemas: Consideraciones con respecto a la vía contencioso administrativa en materia de biodiversidad. Temas (descriptores): Biodiversidad Subtemas: Alcances de la competencia contencioso administrativa. Temas estratégicos: Ambiental Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *140019211027CA* Exp: 14-001921-1027-CA Res. Nº 000575-S1-2017 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y tres minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete . En el proceso de conocimiento interpuesto por AMANDA TIERRA SOCIEDAD ANÓNIMA contra el ESTADO, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la excepción de incompetencia planteada por el demandado, el cual disintió de lo resuelto, presentando inconformidad ante esta Sala. CONSIDERANDO I.- La parte actora presenta el proceso para que: “PRINCIPAL: Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, solicito se declare la nulidad absoluta del Decreto No. 36.918 MINAET, denominado Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27 del 07 de febrero del 2012, y se retrotraiga la nulidad de sus efectos hasta el momento mismo de la emisión del Decreto. Asimismo, solicito que se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales de esta demanda. SUBSIDIARIA: Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, solicito se declare que el Decreto No. 36.918 MINAET denominado Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27 del 07 de febrero del 2012 no resulta aplicable a las fincas propiedad de mi representada por no ser éstas parte de ningún área silvestre protegida. Asimismo, solicito que se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales de esta demanda. SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que la autoridad judicial considere que la demanda presentada no lleva razón, solicito que se absuelva del pago de costas del proceso a mi representada por haber litigado con evidente buena fe y sin pretensiones exageradas” II.- El Estado interpone la excepción de incompetencia en razón de la materia al considerar que las pretensiones del proceso deben ser conocidas por la jurisdicción agraria y/o ambiental. Mediante resolución 711-2016-T de las dieciséis horas veinticinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez tramitador rechazó la excepción de incompetencia al considerar que “ en los autos se está discutiendo el derecho de la parte de mantener su patrimonio ad extra del dominio público (Cfr art. 261 del Código Civil, Ley No. 63 del 28 de septiembre de 1887), por lo que consecuentemente, al ser el D.E. impugnado una conducta formal administrativa vertida por la Administración Pública en el ejercicio de su potestad constitucional reglamentaria, en orden al numeral 140 inciso 8) de la Carta Política, según lo previsto en el artículo 121 inciso 2) de la LGAP. Corolario: La excepción de incompetencia ha de rechazarse como en efecto se declarará”. La parte demandada presenta inconformidad, por la que conoce esta Sala. III.- Dentro de las competencias propias de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra pronunciarse sobre la eventual nulidad de las normas reglamentarias. Tal y como lo preceptúa el numeral 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, a esta le corresponde “…garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo”. Desde esta perspectiva, no cabe duda que el control de los reglamentos forma parte del ámbito competencial del Tribunal Contencioso Administrativo. Lo anterior se ve confirmado, en forma expresa, por lo dispuesto en los ordinales 36 y 37 del mismo cuerpo normativo, los cuales regulan la impugnación de este tipo de disposiciones. Por otro lado, respecto al patrimonio natural del Estado el artículo 13 de la Ley Forestal N° 7575 dispone: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio de Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de éste”. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que, mientras no existan tribunales ambientales especializados, corresponderá a la Jurisdicción Agraria todos los asuntos vinculados con particulares, reservando a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aquellos en los cuales esté involucrado el Estado. Concretamente, dispone: “ En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.” De lo anterior se deduce, como no se ha creado aún la jurisdicción ambiental especializada, las controversias que se susciten, por regla general, son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que se pueda estimar que es propia de la jurisdicción agraria a manera de excepción, debido a que se está en presencia de bienes que forman parte del dominio público. IV.- El caso de estudio, la parte actora pretende se declare la nulidad absoluta del Decreto No. 36.918 MINAET, denominado Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, así como en su pretensión subsidiaria que dicho decreto no resulta aplicable a las fincas propiedad de la actora por no ser éstas parte de ningún área silvestre protegida. Según documento aportada por la representación estatal a folio 331, certificación ACT-OR-DR-1552-2014 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, indica que los planos G5-0922705-1990 y G5-0053169-1992, los cuales corresponden a las fincas de la actora 26251-000 y 30144-000 (F. 57 y 50), se encuentran parcialmente dentro de los límites del Parque Nacional Marino las Baulas del Área de Conservación Tempisque. Por lo que de conformidad con la pretensión del proceso de nulidad del reglamento, así como según la certificación antes indicada, el objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora. V.- Consecuentemente, se confirma la resolución 711-2016-T de las dieciséis horas veinticinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. POR TANTO Se confirma la resolución 711-2016-T de las dieciséis horas veinticinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al que se remite el proceso para su tramitación y fenecimiento. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *GMIPNCVUDSI61* GMIPNCVUDSI61 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:15:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours forty-three minutes on May seventeenth, two thousand seventeen. In the ordinary proceeding filed by AMANDA TIERRA SOCIEDAD ANÓNIMA against the STATE, the Administrative Litigation Court rejected the lack of jurisdiction defense raised by the defendant, which disagreed with the ruling, presenting its objection before this Division. CONSIDERING I.- The plaintiff filed the proceeding seeking: “PRIMARY: Based on the factual and legal arguments set forth, I request that the absolute nullity of Decree No. 36.918 MINAET, called Public Use Regulation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park (Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste), published in the Official Gazette La Gaceta No. 27 of February 7, 2012, be declared, and that the nullity of its effects be retroacted to the very moment of the issuance of the Decree. Likewise, I request that the State be ordered to pay the personal and procedural costs of this lawsuit. SUBSIDIARY: Based on the factual and legal arguments set forth, I request that it be declared that Decree No. 36.918 MINAET called Public Use Regulation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park (Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste), published in the Official Gazette La Gaceta No. 27 of February 7, 2012, is not applicable to the properties owned by my represented party because these are not part of any protected wild area (área silvestre protegida). Likewise, I request that the State be ordered to pay the personal and procedural costs of this lawsuit. SECOND SUBSIDIARY CLAIM: In the event that the judicial authority considers that the filed lawsuit is without merit, I request that my represented party be absolved from paying the costs of the proceeding for having litigated with evident good faith and without exaggerated claims.” II.- The State filed a lack of jurisdiction defense by reason of subject matter (incompetencia en razón de la materia), considering that the claims of the proceeding must be heard by the agrarian and/or environmental jurisdiction. By ruling 711-2016-T of sixteen hours twenty-five minutes on April fifth, two thousand sixteen, the processing judge rejected the lack of jurisdiction defense, considering that “in the case file, the right of the party to maintain its property outside the public domain is being discussed (Cf. art. 261 of the Civil Code, Law No. 63 of September 28, 1887), therefore consequently, since the challenged Executive Decree is a formal administrative conduct issued by the Public Administration in the exercise of its constitutional regulatory power, pursuant to clause 140 subsection 8) of the Political Constitution, as provided for in article 121 subsection 2) of the LGAP. Corollary: The lack of jurisdiction defense must be rejected as will indeed be declared.” The defendant party presented its objection, which this Division now reviews. III.- Among the specific competences of the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) is ruling on the possible nullity of regulatory norms. As mandated by numeral 1 of the Administrative Litigation Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), this jurisdiction is responsible for “…guaranteeing or re-establishing the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative Law.” From this perspective, there is no doubt that the control of regulations forms part of the jurisdictional scope of the Administrative Litigation Court. The foregoing is expressly confirmed by the provisions of ordinals 36 and 37 of the same normative body, which regulate the challenge of this type of provisions. On the other hand, regarding the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal) N° 7575 provides: “The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the General Attorney’s Office of the Republic, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest suitability, with funds from donations or the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to the State’s name.” For its part, article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) establishes that, as long as there are no specialized environmental courts, all matters linked to private individuals will correspond to the Agrarian Jurisdiction, reserving to the Administrative Litigation Jurisdiction those in which the State is involved. Specifically, it provides: “In matters of biodiversity and as long as no environmental jurisdiction exists, all disputes shall be the exclusive competence of the administrative litigation jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be judged by the criminal jurisdiction; likewise, disputes arising between private individuals, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” It follows from the above, as the specialized environmental jurisdiction has not yet been created, that disputes that arise, as a general rule, are the competence of the administrative litigation jurisdiction, without it being possible to consider that it is proper for the agrarian jurisdiction by way of exception, due to the presence of assets that form part of the public domain. IV.- In the case under study, the plaintiff seeks the declaration of absolute nullity of Decree No. 36.918 MINAET, called Public Use Regulation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park (Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste), as well as in its subsidiary claim that said decree is not applicable to the properties owned by the plaintiff because they are not part of any protected wild area (área silvestre protegida). According to the document provided by the state representation at folio 331, certification ACT-OR-DR-1552-2014 from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), it indicates that maps G5-0922705-1990 and G5-0053169-1992, which correspond to the plaintiff’s properties 26251-000 and 30144-000 (F. 57 and 50), are partially within the boundaries of the Las Baulas National Marine Park of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque). Therefore, in accordance with the proceeding’s claim for nullity of the regulation, as well as the aforementioned certification, the object of this matter corresponds to a public domain area, meaning it is the Administrative Litigation Jurisdiction that is responsible for hearing the claims of the plaintiff. V.- Consequently, ruling 711-2016-T of sixteen hours twenty-five minutes on April fifth, two thousand sixteen, issued by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), is confirmed. THEREFORE Ruling 711-2016-T of sixteen hours twenty-five minutes on April fifth, two thousand sixteen, issued by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), is confirmed, to which the proceeding is remitted for its processing and conclusion. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vilchez Digitally Signed Document -- Verification code -- *GMIPNCVUDSI61* GMIPNCVUDSI61 Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:15:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República