Res. 00632-2017 Tribunal Agrario — Confirmation of possessory information in a protected wilderness areaConfirmación de información posesoria en área silvestre protegida

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00632 - 2017

Fecha de la Resolución: 07 de Agosto del 2017 a las 10:09

Expediente: 13-000018-0699-AG

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vida de ecosistemas terrestres (Obj 15)

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Apreciación de la prueba en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.
Posesión decenal debe ser anterior a decreto de afectación tratándose de área silvestre protegida.

Tema: Valoración de la prueba en materia agraria

Subtemas:

Apreciación en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.

“II.- La representante del Estado, Susana Fallas Cubero, se muestra inconforme con la sentencia de aprobación de la información posesoria., al considerar que el inmueble está en la franja de dos kilómetros contigua a la carretera interamericana, cuya afectación considera previa a la Reserva Forestal Río Macho. 1) A su juicio, la testimonial resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la vigencia de Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 del 10 de enero de 1939, que estableció en su artículo seis que no pueden enajenarse baldíos situados en una zona de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la carretera panamericana, y luego en 1945, incluyó el resto del trazado que contuvieran robles. Si bien es cierto, la norma fue derogada el 9 de noviembre de 1973, mediante Ley No. 5385 del 30 de octubre de 1973, años antes de esa derogatoria había sido creada la Reserva Forestal Río Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964). Subraya que la Sala Constitucional en votos 98-2015, considerando VI y 18836-2014, ha indicado una afectación al dominio público a partir de la Ley No. 2528. Lo cual, además considera ha sido el criterio el Tribunal Agrario en algunos votos, entre otros el No. 533-F.-13, 623-F-11 y 649-F-12. Además considera que el Derecho derogado supervive para hechos o situaciones acontecidos bajo su vigencia (Sala Constitucional No. 18840-2014, entre otras). La sentencia reconoce una posesión decenal previa a dicha Reserva desde los años 1948, 1949 y 1950-1953, período para el cual el terreno con cobertura de robledales, ya estaba afecto como Parque Nacional entre 1945 y 1973. Además, considera que los deponentes no coinciden con lo indicado en el testimonio de escritura No. 3751, según el cual [[Nombre1]]  adquirió de [[Nombre2]]    y no indicaron el tiempo de posesión, debiendo existir coherencia entre los mismos. Solicita se revoque el fallo y se rechace la titulación.

III.-  En primer lugar, debe recordarse a la recurrente que en materia agraria rige el principio de libre apreciación probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), lo que permite a los juzgadores dar las razones de lógica, experiencia y sentido común, en lo referente a la apreciación de la prueba testimonial.  Sobre dicho sistema de valoración, este Tribunal ha indicado reiteradamente:    El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida.  La libre apreciación judicial de la prueba responde al principio oficioso, que le otorga amplia iniciativa al juzgador en materia de pruebas.  Tanto en el proceso laboral, como en el “agrario”, inspirado en aquél, nuestro legislador previó el sistema de libre valoración probatoria.  No se trata de valoración arbitraria, y tampoco valoración “en conciencia”. Es un sistema completamente apegado a las reglas del ordenamiento jurídico, que garantizan la posibilidad al juzgador de fundamentar sus sentencias en principios de derecho y de equidad. El Juez agrario no está sujeto o constreñido al valor pre-determinado que le confiere la ley procesal común (CPC) a determinado tipo de prueba. Por ejemplo la confesión es plena prueba contra quien la dice; o la demostración de contratos verbales hasta cierto límite económico.   Esos criterios, propios del proceso civil, vendrían a limitar las facultades del juez agrario, e impedirían, notablemente, una correcta administración de justicia agraria. La facultad de libre apreciación probatoria, está expresamente concedida por la Ley de Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, al indicar en su segundo párrafo:  “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.”         Es una facultad que desarrolla el Juez Agrario al momento de dictar la sentencia (Tribunal Agrario No. 31 de las 9:40 horas del 21 de enero de 1999 y No. 1018 de las 13 horas del 7 de diciembre del 2005). Por su importancia, se transcribe una sentencia reciente de la Sala Constitucional sobre este principio, pilar del derecho procesal agrario costarricense:  “ I.- En relación con la valoración “a conciencia” de la prueba. El accionante cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en el tanto permite al juez valorar la prueba en conciencia y sin sujeción estricta a normas del derecho común, lo que considera violatorio de los principios de legalidad, igualdad, debido proceso, justicia pronta (arts. 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política ) y el art. 154 de la Constitución Política. …De esta manera, lejos de afectar un derecho constitucional, establece un presupuesto procesal formal para garantizar precisamente el debido proceso: el de fundamentar la apreciación de la prueba que permitirá al eventual agraviado su defensa en relación con lo que es objeto de su perjuicio y al órgano superior hacer un examen justo de los autos que sean elevados a su conocimiento. Asimismo, cabe señalar que este principio es una manifestación de la aplicación del principio protector que rige la jurisdicción laboral, y que se concreta en el principio “in dubio pro operario”, que se justifica en virtud de la desigualdad básica que se da entre las partes -patrono/trabajador-, no sólo por la relación de subordinación en que se halla el trabajador, sino, fundamentalmente por las natural disponibilidad de los medios de prueba que tiene el empleador, la cual contrasta sensiblemente con la dificultad del empleado en este aspecto. Debe hacerse la advertencia que lo que sí resulta contrario al orden constitucional es el fallar en conciencia y con total prescindencia de los demás elementos de convicción, tal y como lo señaló esta Sala en sentencia de constitucionalidad número 5546-95, de las quince horas seis minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las regias de la sana crítica y razonabilidad. Por tanto: Se declara sin lugar la acción".:. (sentencia No. 4448-96 de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996).  Consecuente con la jurisprudencia transcrita, no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa . De ahí que procede rechazar por el fondo la acción en cuanto a este extremo…."El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la igualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva." (Sentencia número 1770-94, y en igual sentido, la número 1045-94.)” Consecuente con la jurisprudencia constitucional transcrita y dadas las características propias del derecho procesal agrario, resulta plenamente válido la implementación del método de valoración de la prueba en conciencia para los casos que regula el artículo 54 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Agraria cuestionado, por lo que no se evidencia violación alguna al principio de igualdad. Cada clase de proceso judicial –civil, penal, laboral, agrario, etc.- tiene, en razón de su naturaleza específica, características diferentes que obligan al legislador a crear normas y procedimientos que se ajusten a esa especial naturaleza y que al mismo tiempo, garanticen y protejan los derechos fundamentales de las distintas partes procesales. De ahí que aspectos como la valoración de la prueba, pueden variar de uno a otro proceso, sin que ello resulte lesivo a los principios del debido proceso. En razón de lo anterior debe desestimarse la acción en este sentido, y esta Sala no encuentra motivos para variar de criterio, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, por lo que la acción debe ser rechazada por el fondo.”(Sala Constitucional, Voto No. 3657 del 7 de mayo del 2003)  

IV.- Por otra parte, en relación a los criterios de valoración de la prueba testimonial, el mismo sistema de libre apreciación probatoria de la jurisdicción agraria, implica que debe analizarse cada caso concreto de acuerdo a las circunstancias. Por ende, no puede aplicarse una misma regla o solución a todos los casos, como lo pretende la representante de la Procuraduría General de la República. En este caso concreto, el Tribunal en pleno considera que la prueba testimonial, en cuanto al tiempo de la posesión del titulante y su anterior transmitente, ha sido bien apreciada, y así se plasma en el razonamiento vertido por el a-quo en el considerando cuarto, donde analiza, uno a uno los testigos propuestos para demostrar la posesión decenal anterior a la creación de la reserva de [Dirección1] Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964), pues los testigos declararon una posesión anterior a 1950. En la especie, es importante considerar no solamente la declaración de los testigos, sino también verificar otras circunstancias para determinar si el inmueble acusa o no una larga posesión. 

V.- En cuanto al primer agravio, relacionado con los robledales, este Tribunal ha indicado en forma reiterada lo siguiente: El agravio relativo a la afectación de los [[Nombre3]]     , tampoco es de recibo porque pretende la Procuradora aplicar una Ley o norma derogada desde 1973. La apelante no considera, como bien lo hacer ver la a-quo, que la Ley Forestal de 1996, permite la titulación de las áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se demuestre una posesión decenal anterior a su respectiva Ley o Decreto de creación. En este caso, en consecuencia, debe prevalecer el criterio de la posesión decenal anterior  a la creación de la Reserva Forestal de Río Macho creada por Decreto en 1964 y si está demostrada esa posesión desde 1950, ello es suficiente para autorizar la titulación, el primer poseedor fue [[Nombre4]] , luego la pasó a su hijo [[Nombre1]] , luego de [[Nombre5]] , quien ha reforestado, (escuchar declaraciones testimoniales documento incorporado el 11/08/2016 a las 08:12:25 a.m., en particular), [[Nombre6]]   quienes dan fe de una actividad agroambiental sostenible y manifestó conocer la finca desde 1948 y los sucesivos poseedores. El testigo [[Nombre7]]   , dice conocer la finca hacía 50 años, nació en 1941 y la conoció como en el año 54 (aclara que desde que tenía 9 años la conoce y actualmente tiene 73 años), cuando era de [[Nombre4]] , luego de [[Nombre1]] , quien era el hijo, luego se la vendió a don [[Nombre5]] , indicó que trabaja en trucha, algunas vaquitas "para el gasto", y ha conservado el bosque.  El testigo [[Nombre8]]  , quien manifestó tener 69 años de edad y conocer la finca toda la vida, le pertenecía a [[Nombre4]] , luego se la pasó a [[Nombre1]]  y éste a [[Nombre5]] . Como puede verse, todos los testimonios son coincidentes con el tracto sucesivo respecto al inmueble, desde aproximadamente el año 1950. Además, dan fe de la conservación del bosque, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Así lo ha resuelto el Tribunal en reiteradas ocasiones: "...En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega  la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [[Dirección2]]    a ambos lados del trazado de la [[Dirección3]] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que  al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000  metros de ancho a cada lado del cazado de la [[Dirección4]] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [[Dirección5]]  del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [[Dirección6]]   a ambos lados de la [[Dirección7]]  del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­  (Tribunal Agrario, No. 306-F-10 de las 8:40 del 13 de abril del 2010, entre otros. Además, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13).  En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en una resolución reciente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [[Dirección6]]   a ambos lados del trazado de la [[Dirección3]] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [[Dirección4]] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [[Dirección5]]  del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [[Dirección7]]  del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­" (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010).  En otro voto, se señaló lo siguiente: "V.- En este proceso, de igual manera, los testigos [[Nombre9]]   (folio 189), [[Nombre10]]   (folio 190) e [[Nombre1]]    (folio 192), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1964, incluso los testigos se refieren a que conocen la finca desde los años 1950 y 1951, respectivamente. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Río Macho, y haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá confirmarse el fallo". (Tribunal Agrario, No. 1054-F-10 de las 13:46 del 3 de noviembre del 2010).

VI.- Aunado a lo anterior, debe indicarse por parte de este Tribunal, que la Procuraduría General de la República, impugnó mediante acción de inconstitucionalidad (Expediente No. EXPN1-), la linea jurisprudencial de este Tribunal que interpreta que con la prueba de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias), es posible autorizar la titulación del bien. Dicha acción fue declarada SIN LUGAR, por voto de mayoría, número 001142/2017 de las once horas veinte minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete (véase en particular las razones adicionales del Magistrado Fernando Castillo Víquez, al voto de mayoría, en donde indica los criterios técnicos y sociales que privaron en el legislador, para desafectar esas áreas). Por otra parte, la representante del Estado, Procuradora Adjunta, tenía la posibilidad de oponerse en este proceso de jurisdicción no contenciosa, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley (dentro del mes siguiente a la fecha de notificación), sin embargo, al no oponerse le abre la posibilidad al titulante el hecho de poder demostrar la posesión decenal (anterior a la creación del área protegida), en la vía no contenciosa. Por el contrario, si se hubiera opuesto en tiempo, sería la parte interesada la que deba demandar al Estado, en la vía correspondiente, en defensa de su derecho.  Véase incluso, que en el memorial del 10 de abril del 2013 (documento asociado el 22 de octubre del 2015), señaló lo siguiente: "En esa diligencia solicito corroborar la conservación de la cobertura forestal en el área contigua a la naciente, el [[Dirección8]]    quebrada (artículo 33, incisos a) y b) de la Ley Forestal, y numerales 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), para acreditar el ejercicio de la posesión protectora de los recursos naturales que debe realizarse en las áreas silvestres protegidas (artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). Lo cual fue efectivamente corroborado, según se desprende de los hechos probados de la sentencia vendida en alzada (reconocimiento judicial del 10 de setiembre del 2013), en la Inspección judicial del inmueble donde se constata la conservación del bosque. 

VII.- En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar, en lo apelado, la sentencia recurrida, sin embargo, es importante adicionar que en el futuro, (para efectos de la ejecutoria de la sentencia), debe adicionarse que el titulante debe acatar todas las recomendaciones del INTA, según el estudio de suelos, en el sentido de que debe "Mantener las zonas de bosque primario no realizar ninguna actividad de explotación forestal comercial, conservar la zona de protección del río y a la quebrada mantener la cobertura forestal. El sector reforestado de protección de la naciente dar mantenimiento a los árboles (chapea, rodajea, abono) y en caso de muerte replantar y conservar la zona. En caso del sector en pasto natural es adecuado para la actividad, pero mantener una baja carga animal y en caso del sector utilizado para turismo mantener el suelo con cobertura vegetal para conservarlo adecuadamente".”

 

 

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Texto de la resolución

*130000180699AG*

 

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN2 - 3




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




ACTOR/A:

	

JOSE LUIS DURAN CORDERO




DEMANDADO/A:

	

JOSE LUIS DURAN CORDERO

 

   

VOTO N° 632-F-17

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas y nueve minutos del siete de agosto de dos mil diecisiete.-

 

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]    , mayor, casado, agricultor, vecino de Cartago, cédula de identidad número CED1 -   -  . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 -     -  , en su condición de procuradora adjunta ; y e l INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL , cédula jurídica CED3 -    -          - , representado por Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 -     -  . Actúa como abogado director del promovente , el licenciado Luis Guillermo Ramírez Víquez, carné dos mil seiscientos cuatro. Tramitada ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

 

RESULTANDO:

            1.- La parte promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad los terrenos que se describen así: "situados en la Esperanza, [Dirección1]   , [Dirección2]  El Guarco, de la provincia de Cartago, descritos bajo el plano No. C-1022626-2005, con un área de: noventa y dos mil ochocientos noventa metros cuadrados. Naturaleza: potrero. Linda al Norte: [Nombre2]    y el promovente; Sur: [Nombre3]    y calle pública con frente de 344 metros con 46 centímetros; Este: [Nombre4]   y Oeste: [Nombre5]   , [Nombre3]    y [Nombre6]   . Este inmueble al igual que las presentes diligencias fue estimado en la suma de quince millones de colones. Manifiesta el titulante haber adquirido la finca por compra que le hiciera al señor [Nombre7]  , agricultor, casado una vez, vecino de Macho Gaff, del Guarco de Cartago, con cédula: CED5, siendo que una parte la adquirió mediante escritura número 3751, del 2 de febrero de 1977, sea la descrita bajo el plano C´-10359-76 y el resto descrito bajo el plano C-511983-83 la adquirió en forma verbal desde el año de 1983. Que desde que adquirió el inmueble lo ha poseído a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica y continua durante más de sesenta años, sumada la posesión trasmitida. Que los actos posesorios han consistido en en el mantenimiento y cuido general de la finca, cuidar las cercas de la propiedad, en el mantenimiento de la limpieza del terreno en su interior y exterior, en la construcción de una casa de habitación y cabañas, en la construcción de tanques para truchas, en dedicar el inmueble a la actividad de la agricultura y en fin teniendo bajo su poder y voluntad el inmueble. Declara a su vez que el fundo no tienen gravámenes, condueños ni cargas reales, y que con este proceso no pretende evadir las consecuencias de un proceso sucesorio," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 22/10/15, de las 10:52:43 a.m., imágenes 16 a 17, y Documentos Asociados el 27/01/16 a las 03:11:46 p.m. y el 12/04/16 a las 10:22:31 a.m.).-

            2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual, archivo del 22/10/15 de las 10:52:43 a.m., imágenes 39 a 42; oponiéndose por cuanto el inmueble que se pretende titular esta ubicado dentro de la franja de dos kilómetros contigua a la carretera interamericana, con presencia de robles, cuya afectación al dominio público es previa a la Reserva Forestal Río Macho; a su vez e l Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en el archivo del 22/10/15 de las 10:52:43 a.m., imagen 47 , (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago) . -

           3 .- La jueza Rebeca Salazar Alcócer, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 77-2016 de las nueve horas cuarenta minutos del once de agosto de dos mil dieciséis , resolvió: “ POR TANTO: Se aprueban las presentes diligencias de Información Posesoria promovidas por [Nombre1]   , mayor, agricultor, casado una vez, vecino de la Esperanza, con cédula: CED6, el inmueble que se describe así: situados en la Esperanza, [Dirección3]   ,    , de la provincia de Cartago, descritos bajo el plano No. C-1022626-2005, con un área de: noventa y dos mil ochocientos noventa metros cuadrados. Naturaleza: potrero. Linda al Norte: [Nombre2]    y el promovente; Sur: [Nombre3]    y [Dirección4]  con [Dirección5] de [Dirección6]    ; Este: [Nombre4]   y Oeste: [Nombre5]   , [Nombre3]    y [Nombre6]   . Este inmueble al igual que las presentes diligencias fue estimado en la suma de quince millones de colones. Debe tomar en cuenta el señor Registrador que: a) El inmueble a titular queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calle públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. b) Que el área contiguo a las corrientes constituye área de protección según el artículo 33, incisos b), de la Ley Forestal No. 7575 y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles, debiéndose consignar lo anterior para efectos de la inscripción ante el Registro (artículo 34 ibídem). Asimismo, el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público. c) Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público estatal y no forman parte de la finca," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 11/08/16, de las 9:41:22 a.m.).-

4 .- La licenciada Susana Fallas Cubero , en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia , (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 19/08/16, de las 4:26:12 p.m.) . -

5 . - En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. -

   Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y,

CONSIDERANDO:

I.- HECHOS PROBADOS: El Tribunal comparte la relación de hechos probados por tener buen sustento en los autos.

II.- La representante del Estado, Susana Fallas Cubero, se muestra inconforme con la sentencia de aprobación de la información posesoria., al considerar que el inmueble está en la franja de dos kilómetros contigua a la carretera interamericana, cuya afectación considera previa a la Reserva Forestal Río Macho. 1) A su juicio, la testimonial resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la vigencia de Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 del 10 de enero de 1939, que estableció en su artículo seis que no pueden enajenarse baldíos situados en una zona de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la carretera panamericana, y luego en 1945, incluyó el resto del trazado que contuvieran robles. Si bien es cierto, la norma fue derogada el 9 de noviembre de 1973, mediante Ley No. 5385 del 30 de octubre de 1973, años antes de esa derogatoria había sido creada la Reserva Forestal Río Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964). Subraya que la Sala Constitucional en votos 98-2015, considerando VI y 18836-2014, ha indicado una afectación al dominio público a partir de la Ley No. 2528. Lo cual, además considera ha sido el criterio el Tribunal Agrario en algunos votos, entre otros el No. 533-F.-13, 623-F-11 y 649-F-12. Además considera que el Derecho derogado supervive para hechos o situaciones acontecidos bajo su vigencia (Sala Constitucional No. 18840-2014, entre otras). La sentencia reconoce una posesión decenal previa a dicha Reserva desde los años 1948, 1949 y 1950-1953, período para el cual el terreno con cobertura de robledales, ya estaba afecto como Parque Nacional entre 1945 y 1973. Además, considera que los deponentes no coinciden con lo indicado en el testimonio de escritura No. 3751, según el cual [Nombre7]  adquirió de [Nombre8]    y no indicaron el tiempo de posesión, debiendo existir coherencia entre los mismos. Solicita se revoque el fallo y se rechace la titulación.

III.-  En primer lugar, debe recordarse a la recurrente que en materia agraria rige el principio de libre apreciación probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), lo que permite a los juzgadores dar las razones de lógica, experiencia y sentido común, en lo referente a la apreciación de la prueba testimonial.  Sobre dicho sistema de valoración, este Tribunal ha indicado reiteradamente:    El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida.  La libre apreciación judicial de la prueba responde al principio oficioso, que le otorga amplia iniciativa al juzgador en materia de pruebas.  Tanto en el proceso laboral, como en el “agrario”, inspirado en aquél, nuestro legislador previó el sistema de libre valoración probatoria.  No se trata de valoración arbitraria, y tampoco valoración “en conciencia”. Es un sistema completamente apegado a las reglas del ordenamiento jurídico, que garantizan la posibilidad al juzgador de fundamentar sus sentencias en principios de derecho y de equidad. El Juez agrario no está sujeto o constreñido al valor pre-determinado que le confiere la ley procesal común (CPC) a determinado tipo de prueba. Por ejemplo la confesión es plena prueba contra quien la dice; o la demostración de contratos verbales hasta cierto límite económico.   Esos criterios, propios del proceso civil, vendrían a limitar las facultades del juez agrario, e impedirían, notablemente, una correcta administración de justicia agraria. La facultad de libre apreciación probatoria, está expresamente concedida por la Ley de Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, al indicar en su segundo párrafo:  “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.”         Es una facultad que desarrolla el Juez Agrario al momento de dictar la sentencia (Tribunal Agrario No. 31 de las 9:40 horas del 21 de enero de 1999 y No. 1018 de las 13 horas del 7 de diciembre del 2005). Por su importancia, se transcribe una sentencia reciente de la Sala Constitucional sobre este principio, pilar del derecho procesal agrario costarricense:  “ I.- En relación con la valoración “a conciencia” de la prueba. El accionante cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en el tanto permite al juez valorar la prueba en conciencia y sin sujeción estricta a normas del derecho común, lo que considera violatorio de los principios de legalidad, igualdad, debido proceso, justicia pronta (arts. 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política ) y el art. 154 de la Constitución Política. …De esta manera, lejos de afectar un derecho constitucional, establece un presupuesto procesal formal para garantizar precisamente el debido proceso: el de fundamentar la apreciación de la prueba que permitirá al eventual agraviado su defensa en relación con lo que es objeto de su perjuicio y al órgano superior hacer un examen justo de los autos que sean elevados a su conocimiento. Asimismo, cabe señalar que este principio es una manifestación de la aplicación del principio protector que rige la jurisdicción laboral, y que se concreta en el principio “in dubio pro operario”, que se justifica en virtud de la desigualdad básica que se da entre las partes -patrono/trabajador-, no sólo por la relación de subordinación en que se halla el trabajador, sino, fundamentalmente por las natural disponibilidad de los medios de prueba que tiene el empleador, la cual contrasta sensiblemente con la dificultad del empleado en este aspecto. Debe hacerse la advertencia que lo que sí resulta contrario al orden constitucional es el fallar en conciencia y con total prescindencia de los demás elementos de convicción, tal y como lo señaló esta Sala en sentencia de constitucionalidad número 5546-95, de las quince horas seis minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las regias de la sana crítica y razonabilidad. Por tanto: Se declara sin lugar la acción".:. (sentencia No. 4448-96 de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996).  Consecuente con la jurisprudencia transcrita, no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa . De ahí que procede rechazar por el fondo la acción en cuanto a este extremo…."El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la igualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva." (Sentencia número 1770-94, y en igual sentido, la número 1045-94.)” Consecuente con la jurisprudencia constitucional transcrita y dadas las características propias del derecho procesal agrario, resulta plenamente válido la implementación del método de valoración de la prueba en conciencia para los casos que regula el artículo 54 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Agraria cuestionado, por lo que no se evidencia violación alguna al principio de igualdad. Cada clase de proceso judicial –civil, penal, laboral, agrario, etc.- tiene, en razón de su naturaleza específica, características diferentes que obligan al legislador a crear normas y procedimientos que se ajusten a esa especial naturaleza y que al mismo tiempo, garanticen y protejan los derechos fundamentales de las distintas partes procesales. De ahí que aspectos como la valoración de la prueba, pueden variar de uno a otro proceso, sin que ello resulte lesivo a los principios del debido proceso. En razón de lo anterior debe desestimarse la acción en este sentido, y esta Sala no encuentra motivos para variar de criterio, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, por lo que la acción debe ser rechazada por el fondo.”(Sala Constitucional, Voto No. 3657 del 7 de mayo del 2003)  

IV.- Por otra parte, en relación a los criterios de valoración de la prueba testimonial, el mismo sistema de libre apreciación probatoria de la jurisdicción agraria, implica que debe analizarse cada caso concreto de acuerdo a las circunstancias. Por ende, no puede aplicarse una misma regla o solución a todos los casos, como lo pretende la representante de la Procuraduría General de la República. En este caso concreto, el Tribunal en pleno considera que la prueba testimonial, en cuanto al tiempo de la posesión del titulante y su anterior transmitente, ha sido bien apreciada, y así se plasma en el razonamiento vertido por el a-quo en el considerando cuarto, donde analiza, uno a uno los testigos propuestos para demostrar la posesión decenal anterior a la creación de la reserva de Río Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964), pues los testigos declararon una posesión anterior a 1950. En la especie, es importante considerar no solamente la declaración de los testigos, sino también verificar otras circunstancias para determinar si el inmueble acusa o no una larga posesión. 

V.- En cuanto al primer agravio, relacionado con los robledales, este Tribunal ha indicado en forma reiterada lo siguiente: El agravio relativo a la afectación de los [Dirección7]     , tampoco es de recibo porque pretende la Procuradora aplicar una Ley o norma derogada desde 1973. La apelante no considera, como bien lo hacer ver la a-quo, que la Ley Forestal de 1996, permite la titulación de las áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se demuestre una posesión decenal anterior a su respectiva Ley o Decreto de creación. En este caso, en consecuencia, debe prevalecer el criterio de la posesión decenal anterior  a la creación de la Reserva Forestal de Río Macho creada por Decreto en 1964 y si está demostrada esa posesión desde 1950, ello es suficiente para autorizar la titulación, el primer poseedor fue [Nombre3] , luego la pasó a su hijo [Nombre7] , luego de [Nombre1] , quien ha reforestado, (escuchar declaraciones testimoniales documento incorporado el 11/08/2016 a las 08:12:25 a.m., en particular), [Nombre9]   quienes dan fe de una actividad agroambiental sostenible y manifestó conocer la finca desde 1948 y los sucesivos poseedores. El testigo [Nombre10]   , dice conocer la finca hacía 50 años, nació en 1941 y la conoció como en el año 54 (aclara que desde que tenía 9 años la conoce y actualmente tiene 73 años), cuando era de [Nombre3] , luego de [Nombre7] , quien era el hijo, luego se la vendió a don [Nombre1] , indicó que trabaja en trucha, algunas vaquitas "para el gasto", y ha conservado el bosque.  El testigo [Nombre11]  , quien manifestó tener 69 años de edad y conocer la finca toda la vida, le pertenecía a [Nombre3] , luego se la pasó a [Nombre7]  y éste a [Nombre1] . Como puede verse, todos los testimonios son coincidentes con el tracto sucesivo respecto al inmueble, desde aproximadamente el año 1950. Además, dan fe de la conservación del bosque, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Así lo ha resuelto el Tribunal en reiteradas ocasiones: "...En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega  la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección8] mil metros  a ambos lados del trazado de la [Dirección9] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que  al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000  metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección10] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección11]  del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección12]   a ambos lados de la [Dirección13]  del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­  (Tribunal Agrario, No. 306-F-10 de las 8:40 del 13 de abril del 2010, entre otros. Además, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13).  En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en una resolución reciente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección12]   a ambos lados del trazado de la [Dirección9] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección10] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección11]  del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección13]  del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­" (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010).  En otro voto, se señaló lo siguiente: "V.- En este proceso, de igual manera, los testigos [Nombre12]   (folio 189), [Nombre13]   (folio 190) e [Nombre14]    (folio 192), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1964, incluso los testigos se refieren a que conocen la finca desde los años 1950 y 1951, respectivamente. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Río Macho, y haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá confirmarse el fallo". (Tribunal Agrario, No. 1054-F-10 de las 13:46 del 3 de noviembre del 2010).

VI.- Aunado a lo anterior, debe indicarse por parte de este Tribunal, que la Procuraduría General de la República, impugnó mediante acción de inconstitucionalidad (Expediente No. EXPN1), la linea jurisprudencial de este Tribunal que interpreta que con la prueba de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias), es posible autorizar la titulación del bien. Dicha acción fue declarada SIN LUGAR, por voto de mayoría, número 001142/2017 de las once horas veinte minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete (véase en particular las razones adicionales del Magistrado Fernando Castillo Víquez, al voto de mayoría, en donde indica los criterios técnicos y sociales que privaron en el legislador, para desafectar esas áreas). Por otra parte, la representante del Estado, Procuradora Adjunta, tenía la posibilidad de oponerse en este proceso de jurisdicción no contenciosa, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley (dentro del mes siguiente a la fecha de notificación), sin embargo, al no oponerse le abre la posibilidad al titulante el hecho de poder demostrar la posesión decenal (anterior a la creación del área protegida), en la vía no contenciosa. Por el contrario, si se hubiera opuesto en tiempo, sería la parte interesada la que deba demandar al Estado, en la vía correspondiente, en defensa de su derecho.  Véase incluso, que en el memorial del 10 de abril del 2013 (documento asociado el 22 de octubre del 2015), señaló lo siguiente: "En esa diligencia solicito corroborar la conservación de la cobertura forestal en el área contigua a la naciente, el [Dirección14]    quebrada (artículo 33, incisos a) y b) de la Ley Forestal, y numerales 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), para acreditar el ejercicio de la posesión protectora de los recursos naturales que debe realizarse en las áreas silvestres protegidas (artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). Lo cual fue efectivamente corroborado, según se desprende de los hechos probados de la sentencia vendida en alzada (reconocimiento judicial del 10 de setiembre del 2013), en la Inspección judicial del inmueble donde se constata la conservación del bosque. 

VII.- En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar, en lo apelado, la sentencia recurrida, sin embargo, es importante adicionar que en el futuro, (para efectos de la ejecutoria de la sentencia), debe adicionarse que el titulante debe acatar todas las recomendaciones del INTA, según el estudio de suelos, en el sentido de que debe "Mantener las zonas de bosque primario no realizar ninguna actividad de explotación forestal comercial, conservar la zona de protección del río y a la quebrada mantener la cobertura forestal. El sector reforestado de protección de la naciente dar mantenimiento a los árboles (chapea, rodajea, abono) y en caso de muerte replantar y conservar la zona. En caso del sector en pasto natural es adecuado para la actividad, pero mantener una baja carga animal y en caso del sector utilizado para turismo mantener el suelo con cobertura vegetal para conservarlo adecuadamente".

 

POR TANTO:

En lo apelado, se confirma la sentencia recurrida. Además, se adiciona el por tanto de la sentencia, lo que deberá agregarse en la ejecutoria correspondiente,  que el titulante debe acatar todas las recomendaciones del Instituto Nacional de Innovación de Transferencia y Tecnología Agropecuaria - INTA -, según el estudio de suelos, en el sentido de que debe "Mantener las zonas de bosque primario no realizar ninguna actividad de explotación forestal comercial, conservar la zona de protección del río y a la quebrada mantener la cobertura forestal. El sector reforestado de protección de la naciente dar mantenimiento a los árboles (chapea, rodajea, abono) y en caso de muerte replantar y conservar la zona. En caso del sector en pasto natural es adecuado para la actividad, pero mantener una baja carga animal y en caso del sector utilizado para turismo mantener el suelo con cobertura vegetal para conservarlo adecuadamente", todo lo anterior en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Forestal y de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, así como las regulaciones  especiales del área protegida.

 

 

 

 

 

            

 

	

	

 




	

*GRAYN4KL7XQ61*

GRAYN4KL7XQ61

[Nombre15]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




*CED7*

IDOQVR43GPLK61

[Nombre16]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*WKEHIFGOHUU61*

WKEHIFGOHUU61

[Nombre17]    - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección15] ,     , [Dirección16]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:14:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

II.- The State's representative, Susana Fallas Cubero, disagrees with the judgment approving the possessory information (información posesoria), considering that the property is within the two-kilometer strip adjacent to the Inter-American Highway, an encumbrance she deems prior to the Río Macho Forest Reserve. 1) In her view, the testimonial evidence is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession (posesión decenal) prior to the effectiveness of the General Law of Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939, which established in its Article 6 that vacant lands (baldíos) situated in a zone of 2000 meters in width on each side of the route of the Pan-American Highway cannot be alienated, and later in 1945, included the rest of the route containing oak trees. While it is true that the norm was repealed on November 9, 1973, through Law No. 5385 of October 30, 1973, years before that repeal the Río Macho Forest Reserve had been created (Decree No. 1-A of January 23, 1964, effective from February 4, 1964). She underscores that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in votes 98-2015, recital (considerando) VI and 18836-2014, has indicated an encumbrance on the public domain as of Law No. 2528. Which, she further considers, has been the criterion of the Agrarian Tribunal in certain votes, among others No. 533-F.-13, 623-F-11 and 649-F-12. She also considers that repealed law survives for facts or situations occurring under its effectiveness (Constitutional Chamber No. 18840-2014, among others). The judgment recognizes a ten-year possession prior to said Reserve from the years 1948, 1949 and 1950-1953, a period for which the land with oak forest cover (cobertura de robledales) was already encumbered as a National Park between 1945 and 1973. Moreover, she considers that the deponents do not coincide with what was indicated in the testimony of deed No. 3751, according to which [[Nombre1]] acquired from [[Nombre2]] and they did not indicate the time of possession, and there must be coherence among them. She requests that the ruling be revoked and the titling be rejected.

III.- First of all, the appellant must be reminded that in agrarian matters the principle of free assessment of evidence (libre apreciación probatoria) governs (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, Ley de Jurisdicción Agraria), which allows judges to give reasons of logic, experience, and common sense regarding the assessment of testimonial evidence. Regarding said evaluation system, this Tribunal has repeatedly indicated: The Judge must have broad powers to appreciate and evaluate the evidence received. The free judicial assessment of evidence responds to the ex officio principle, which grants broad initiative to the judge in matters of evidence. Both in the labor process and in the "agrarian" process, inspired by the former, our legislator provided for the system of free evidentiary evaluation. It is not a matter of arbitrary evaluation, nor is it evaluation "in conscience" (en conciencia). It is a system completely attached to the rules of the legal system, which guarantee the possibility for the judge to base their judgments on principles of law and equity. The Agrarian Judge is not subject to or constrained by the pre-determined value that common procedural law (CPC) confers on a specific type of evidence. For example, confession is full proof against the one who makes it; or the demonstration of verbal contracts up to a certain economic limit. Those criteria, typical of the civil process, would limit the faculties of the agrarian judge, and would notably impede a correct administration of agrarian justice. The faculty of free evidentiary assessment is expressly granted by the Agrarian Jurisdiction Law, in its Article 54, when it indicates in its second paragraph: "When resolving on the merits of the case, the judge shall assess the evidence in conscience and without strict subjection to the rules of common law, but, in all cases, when analyzing the result of the evidence gathered in the process, must express the principles of equity or law on which they base their criterion." It is a faculty that the Agrarian Judge develops at the time of issuing the judgment (Agrarian Tribunal No. 31 of 9:40 a.m. on January 21, 1999, and No. 1018 of 1:00 p.m. on December 7, 2005). Due to its importance, a recent judgment of the Constitutional Chamber on this principle, a pillar of Costa Rican agrarian procedural law, is transcribed: "I.- In relation to the assessment 'in conscience' of the evidence. The petitioner questions the constitutionality of the second paragraph of Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, insofar as it allows the judge to assess evidence in conscience and without strict subjection to rules of common law, which they consider violates the principles of legality, equality, due process, prompt justice (arts. 11, 33, 39 and 41 of the Political Constitution) and art. 154 of the Political Constitution. ...Thus, far from affecting a constitutional right, it establishes a formal procedural prerequisite to precisely guarantee due process: that of substantiating the assessment of the evidence that will allow the eventual aggrieved party their defense in relation to what is the object of their harm and the superior body to make a just examination of the records that are brought to its attention. Likewise, it should be noted that this principle is a manifestation of the application of the protective principle that governs labor jurisdiction, and which is concretized in the principle 'in dubio pro operario', which is justified by virtue of the basic inequality that exists between the parties -employer/worker-, not only because of the relationship of subordination in which the worker finds themself, but, fundamentally, because of the natural availability of means of proof that the employer has, which contrasts noticeably with the employee's difficulty in this aspect. It must be warned that what is indeed contrary to the constitutional order is ruling in conscience and with total disregard for the other elements of conviction, as this Chamber indicated in constitutionality judgment number 5546-95, of three hours six minutes on October eleventh, nineteen ninety-four. Based on the foregoing, it is appropriate to interpret the norm in question in such a way that the faculty of labor judges to assess evidence in conscience is not unconstitutional, provided that a substantiated ruling is issued, in application of the rules of sound criticism and reasonableness. Therefore: The action is declared without merit." (judgment No. 4448-96 of 9:00 a.m. on August 30, 1996). Consistent with the transcribed jurisprudence, the power granted to the agrarian judge to assess the evidence in conscience and evaluate it without strict subjection to the rules of common law as provided in the challenged second paragraph of Article 54 is not unconstitutional, provided they issue a substantiated ruling, that is, analyze the result of the evidence gathered in the process and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thereby respecting the minimum contents of the right of defense. Hence, it is appropriate to reject the action on the merits as to this point.... 'The principle of equality, contained in Article 33 of the Political Constitution, implies that in all cases, equal treatment must be given disregarding possible differentiating elements of legal relevance that may exist; or what is the same, not all inequality necessarily constitutes discrimination. Equality, as this Chamber has said, is only violated when the inequality is devoid of objective and reasonable justification. But in addition, the cause of justification for the act considered unequal must be evaluated in relation to its purpose and its effects, such that there must necessarily exist a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the purpose itself. That is, equality must be understood in function of the circumstances that occur in each specific case in which it is invoked, such that universal application does not prohibit contemplating different solutions to different situations, with diverse treatment. All that has been said means that equality before the law cannot imply material equality or real and effective economic equality.' (Judgment number 1770-94, and in the same sense, number 1045-94.)" Consistent with the transcribed constitutional jurisprudence and given the own characteristics of agrarian procedural law, the implementation of the method of evaluating evidence in conscience for the cases regulated by the questioned Article 54, second paragraph, of the Agrarian Jurisdiction Law is fully valid, so no violation of the principle of equality is evidenced. Each type of judicial process –civil, criminal, labor, agrarian, etc.– has, by reason of its specific nature, different characteristics that oblige the legislator to create norms and procedures that adjust to that special nature and that, at the same time, guarantee and protect the fundamental rights of the different procedural parties. Hence, aspects such as the evaluation of evidence may vary from one process to another, without this being harmful to the principles of due process. By reason of the foregoing, the action must be dismissed in this sense, and this Chamber finds no reasons to vary its criterion, nor reasons of public interest that justify reconsidering the issue, so the action must be rejected on the merits." (Constitutional Chamber, Vote No. 3657 of May 7, 2003)

IV.- On the other hand, in relation to the criteria for evaluating testimonial evidence, the same system of free evidentiary assessment of agrarian jurisdiction implies that each specific case must be analyzed according to the circumstances. Therefore, the same rule or solution cannot be applied to all cases, as the representative of the Procuraduría General de la República intends. In this specific case, the Tribunal en pleno considers that the testimonial evidence, regarding the time of possession of the applicant (titulante) and their previous transferor, has been well assessed, and this is reflected in the reasoning expressed by the lower court (a-quo) in the fourth recital, where it analyzes, one by one, the witnesses proposed to demonstrate the ten-year possession prior to the creation of the [Dirección1] Macho reserve (Decree No. 1-A of January 23, 1964, effective from February 4, 1964), since the witnesses declared possession prior to 1950. In this case, it is important to consider not only the declaration of the witnesses, but also to verify other circumstances to determine whether or not the property shows a long possession.

V.- Regarding the first grievance, related to the oak forests (robledales), this Tribunal has repeatedly indicated the following: The grievance relating to the encumbrance of the [[Nombre3]] is also not admissible because the Procuradora intends to apply a Law or norm repealed since 1973. The appellant does not consider, as the lower court (a-quo) rightly points out, that the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996 allows the titling of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), provided that ten-year possession prior to their respective creating Law or Decree is demonstrated. In this case, consequently, the criterion of ten-year possession prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve created by Decree in 1964 must prevail, and if that possession since 1950 is demonstrated, that is sufficient to authorize the titling; the first possessor was [[Nombre4]], then he passed it to his son [[Nombre1]], then from [[Nombre5]], who has reforested, (listen to testimonial declarations in the document incorporated on 08/11/2016 at 08:12:25 a.m., particularly), [[Nombre6]] who attest to a sustainable agro-environmental activity and stated they knew the farm since 1948 and the successive possessors. The witness [[Nombre7]] says they have known the farm for about 50 years, was born in 1941 and knew it around the year '54 (clarifies that they have known it since they were 9 years old and currently are 73 years old), when it belonged to [[Nombre4]], then to [[Nombre1]], who was the son, then it was sold to Mr. [[Nombre5]]; they indicated that they work in trout farming, some little cows "for the expense", and have conserved the forest. The witness [[Nombre8]], who stated they are 69 years old and have known the farm their whole life, it belonged to [[Nombre4]], then it was passed to [[Nombre1]] and the latter to [[Nombre5]]. As can be seen, all the testimonies coincide with the successive chain of title (tracto sucesivo) regarding the property, from approximately the year 1950. Moreover, they attest to the conservation of the forest, complying with the provisions of Article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias). The Tribunal has so resolved on repeated occasions: "...In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. However, the State's representative alleges the encumbrance on the public domain is prior to that date, since it is a property that has oak trees and is located in a zone of [[Dirección2]] on both sides of the route of the [[Dirección3]], as provided by subsection a) of Article 7 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), repealed on November 9, 1973, through Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she points out, two years later the Los Santos Forest Reserve was created, through Decree No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites regulations prior to that which imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that upon the coming into effect of Article 7 of the Law of Possessory Informations, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, there was a release from the public domain (desafectación al dominio público), and ten-year possession prior to the effectiveness of the law or decree that created the protected area must be accredited. That possession, evidently, must have been exercised under title of owner, that is, a situation that, in the appellant's criterion, did not occur because according to Articles 6 and 62 of the General Law of Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 -already repealed- the possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those norms provided: 'Vacant lands situated in a zone ... of 2000 meters in width on each side of the route of the [[Dirección4]] may not be alienated.'; and: 'The Executive Branch may lease by contract and for a term of four years, extendable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an extension no greater than two hundred fifty hectares, if they are dedicated to raising or fattening cattle, and no greater than one hundred twenty-five hectares, if they are destined for agricultural crops...'. She adds, Law No. 197 of August 29, 1945, reformed the General Law of Vacant Lands, adding the element of oak trees, declaring as a National Park the lands comprised in the zone of two thousand meters on both sides of the [[Dirección5]] of the rest of the route to be built that have oak trees. According to the list of cited norms, possession in the character of lease could have occurred until the repeal of the General Law of Vacant Lands, which occurred on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to enter and possess those lands under the title of owner. Now then, on that date, the lands comprised in the zone of [[Dirección6]] on both sides of the [[Dirección7]] of the rest of the route to be built that have oak trees were declared a National Park. The category of National Park was maintained until the Land and Colonization Law came into effect, in which the lands located in that sector and having oak trees were declared public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could be exercised until the effectiveness of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the category of national park varied, and those lands could be possessed in a ten-year manner until the Los Santos Forest Reserve was created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided to the process. Certainly, the Land and Colonization Law declared those areas public domain, with the exception of those that were under private domain, as occurs in this case; added to that, such declaration was made through a subsection that has already been repealed. Consequently, the State representative's reasoning is not shared. (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10 of 8:40 a.m. on April 13, 2010, among others. Also, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13). In a case similar to the one now before us, this Tribunal, in a recent resolution, stated regarding the Procuraduría's objections, the following: "In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. However, the State's representative alleges the encumbrance on the public domain is prior to that date, since it is a property that has oak trees and is located in a zone of [[Dirección6]] on both sides of the route of the [[Dirección3]], as provided by subsection a) of Article 7 of the Land and Colonization Law, repealed on November 9, 1973, through Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she points out, two years later the Los Santos Forest Reserve was created, through Decree No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites regulations prior to that which imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that upon the coming into effect of Article 7 of the Law of Possessory Informations, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, there was a release from the public domain, and ten-year possession prior to the effectiveness of the law or decree that created the protected area must be accredited. That possession, evidently, must have been exercised under title of owner, that is, a situation that, in the appellant's criterion, did not occur because according to Articles 6 and 62 of the General Law of Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 -already repealed- the possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those norms provided: 'Vacant lands situated in a zone ... of 2000 meters in width on each side of the route of the [[Dirección4]] may not be alienated.'; and: 'The Executive Branch may lease by contract and for a term of four years, extendable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an extension no greater than two hundred fifty hectares, if they are dedicated to raising or fattening cattle, and no greater than one hundred twenty-five hectares, if they are destined for agricultural crops...'. She adds, Law No. 197 of August 29, 1945, reformed the General Law of Vacant Lands, adding the element of oak trees, declaring as a National Park the lands comprised in the zone of two thousand meters on both sides of the [[Dirección5]] of the rest of the route to be built that have oak trees. According to the list of cited norms, possession in the character of lease could have occurred until the repeal of the General Law of Vacant Lands, which occurred on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to enter and possess those lands under the title of owner. Now then, on that date, the lands comprised in the zone of two thousand meters on both sides of the [[Dirección7]] of the rest of the route to be built that have oak trees were declared a National Park. The category of National Park was maintained until the Land and Colonization Law came into effect, in which the lands located in that sector and having oak trees were declared public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could be exercised until the effectiveness of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the category of national park varied, and those lands could be possessed in a ten-year manner until the Los Santos Forest Reserve was created by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided to the process. Certainly, the Land and Colonization Law declared those areas public domain, with the exception of those that were under private domain, as occurs in this case; added to that, such declaration was made through a subsection that has already been repealed. Consequently, the State representative's reasoning is not shared." (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10, of 8:40 a.m. on April 9, 2010). In another vote, the following was stated: "V.- In this process, likewise, witnesses [[Nombre9]] (folio 189), [[Nombre10]] (folio 190) and [[Nombre1]] (folio 192), attest, not only to the chain of transferors, but also to the ten-year possession prior to 1964; the witnesses even refer to having known the farm since the years 1950 and 1951, respectively. Thereby, the provisions of Article 7 of the Law of Possessory Informations are fulfilled, by demonstrating ten-year possession prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve, and the forest resource having been protected. Consequently, the ruling must be confirmed." (Agrarian Tribunal, No. 1054-F-10 of 1:46 p.m. on November 3, 2010).

VI.- In addition to the foregoing, this Tribunal must indicate that the Procuraduría General de la República challenged, through an action of unconstitutionality (Expediente No. EXPN1-), the jurisprudential line of this Tribunal that interprets that with proof of ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, according to Article 7 of the Law of Possessory Informations, it is possible to authorize the titling of the property. Said action was declared WITHOUT MERIT, by majority vote, number 001142/2017 of eleven hours twenty minutes on January twenty-fifth, two thousand seventeen (see in particular the additional reasons of Magistrate Fernando Castillo Víquez to the majority vote, where he indicates the technical and social criteria that prevailed in the legislator to release those areas). On the other hand, the State representative, the Deputy Procuradora, had the possibility to oppose in this non-contentious jurisdiction process, under the terms provided in Article 5 of the Law (within the month following the date of notification); however, by not opposing, she opens the possibility for the applicant to prove the ten-year possession (prior to the creation of the protected area) in the non-contentious proceeding. On the contrary, if she had opposed in a timely manner, the interested party would be the one who must sue the State, in the corresponding proceeding, in defense of their right. See even, that in the brief of April 10, 2013 (document associated on October 22, 2015), she stated the following: "In that proceeding I request to corroborate the conservation of the forest cover (cobertura forestal) in the area adjacent to the spring (naciente), the [[Dirección8]] stream (quebrada) (Article 33, subsections a) and b) of the Forestry Law, and numerals 148, 149 and 151 of the Water Law, Ley de Aguas), to accredit the exercise of protective possession of the natural resources that must be carried out in protected wild areas (Article 7 of the Law of Possessory Informations)." Which was effectively corroborated, as inferred from the proven facts of the judgment on appeal (judicial inspection of September 10, 2013), in the Judicial inspection of the property where the conservation of the forest is verified.

VII.- By virtue of the foregoing, it is appropriate to confirm, in what was appealed, the judgment under appeal; however, it is important to add that in the future (for purposes of the enforcement of the judgment), it must be added that the applicant must comply with all the recommendations of INTA, according to the soil study, in the sense that they must "Maintain the primary forest zones, not carry out any commercial forest exploitation activity, conserve the protection zone of the river and the stream, maintain the forest cover. The reforested protection sector of the spring, maintain the trees (chapea, rodajea, abono) and in case of death replant and conserve the zone. In the case of the sector in natural pasture, it is suitable for the activity, but maintain a low animal load, and in the case of the sector used for tourism, keep the soil with vegetative cover to conserve it adequately."

and on 04/12/16 at 10:22:31 a.m.).-

2.- The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) appeared in the proceeding in the terms set forth in the brief incorporated into the virtual desktop, file of 10/22/15 at 10:52:43 a.m., images 39 to 42; opposing on the grounds that the property sought to be titled is located within the two-kilometer strip adjacent to the Inter-American Highway, with the presence of oak trees, whose affectation to the public domain predates the Río Macho Forest Reserve; and in turn the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural) did so in the terms set forth in the file of 10/22/15 at 10:52:43 a.m., image 47, (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago). -

3.- Judge Rebeca Salazar Alcócer, of the Agrarian Court of Cartago, by means of judgment number 77-2016 of nine hours forty minutes on August eleventh, two thousand sixteen, resolved: "POR TANTO: These Posesory Information proceedings brought by [Nombre1], adult, farmer, married once, resident of La Esperanza, with national ID: CED6, are approved, the property described as follows: located in La Esperanza, [Dirección3], in the province of Cartago, described under plan No. C-1022626-2005, with an area of: ninety-two thousand eight hundred ninety square meters. Nature: pastureland. Bordered on the North: [Nombre2] and the petitioner; South: [Nombre3] and [Dirección4] with [Dirección5] de [Dirección6]; East: [Nombre4] and West: [Nombre5], [Nombre3] and [Nombre6]. This property, as well as these proceedings, was valued at the sum of fifteen million colones. The Registrar must take into account that: a) The property to be titled is subject to the reservations regarding public road rights-of-way provided for in articles 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) and 19, subsection a, of the Law of Posesory Information (Ley de Informaciones Posesorias). b) That the area adjacent to the watercourses constitutes a protection area pursuant to article 33, subsections b), of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 and that the cutting or elimination of trees is prohibited, the foregoing to be recorded for purposes of registration with the Registry (article 34 ibidem). Likewise, the channel and waters of that watercourse are public domain. c) The surface and underground waters existing on the property are state public domain and do not form part of the farm," (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, in Associated Documents, file of 08/11/16, at 9:41:22 a.m.).-

4.- Licenciada Susana Fallas Cubero, in her capacity as assistant attorney general (procuradora adjunta), filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the lower Court, (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Cartago, in Document Tray, file of 08/19/16, at 4:26:12 p.m.). -

5.- In the processing of the proceeding, the legal requirements have been observed, and no errors or omissions in the judgment capable of causing its nullity are noted. -

Drafted by Judge ULATE CHACÓN, and,

CONSIDERANDO:

I.- PROVEN FACTS: This Tribunal shares the statement of proven facts as it has sound support in the record.

II.- The representative of the State, Susana Fallas Cubero, disagrees with the judgment approving the posesory information, considering that the property is within the two-kilometer strip adjacent to the Inter-American Highway, whose affectation she considers predates the Río Macho Forest Reserve. 1) In her opinion, the testimony is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession prior to the effective date of the General Law of Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939, which established in its article six that vacant lands located in a zone of 2000 meters wide on each side of the Pan-American Highway route cannot be alienated, and later in 1945, included the rest of the route containing oak trees. Although it is true that the regulation was repealed on November 9, 1973, by Law No. 5385 of October 30, 1973, years before that repeal the Río Macho Forest Reserve (Decreto No. 1-A of January 23, 1964, effective from February 4, 1964) had been created. She emphasizes that the Sala Constitucional in rulings 98-2015, considering VI and 18836-2014, has indicated an affectation to the public domain arising from Law No. 2528. Which, she also considers has been the criterion of the Agrarian Tribunal in several rulings, among others No. 533-F.-13, 623-F-11 and 649-F-12. She further considers that repealed law survives for acts or situations occurring under its validity (Sala Constitucional No. 18840-2014, among others). The judgment recognizes ten-year possession prior to said Reserve from the years 1948, 1949 and 1950-1953, a period for which the land with oak grove cover was already affected as a National Park between 1945 and 1973. In addition, she considers that the deponents do not coincide with what is indicated in the testimony of deed No. 3751, according to which [Nombre7] acquired from [Nombre8] and they did not indicate the time of possession, there needing to be coherence among them. She requests the judgment be revoked and the titling rejected.

III.- In the first place, the appellant must be reminded that in agrarian matters the principle of free judicial assessment of evidence (libre apreciación probatoria) governs (article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction, Ley de Jurisdicción Agraria), which allows judges to give reasons of logic, experience, and common sense regarding the assessment of testimonial evidence. Regarding this system of evaluation, this Tribunal has repeatedly stated: The Judge must have broad powers to appreciate and evaluate the evidence received. The free judicial assessment of evidence responds to the ex officio principle, which grants the judge broad initiative in matters of evidence. Both in the labor process, and in the “agrarian” process, inspired by the former, our legislator provided for the system of free judicial assessment of evidence. It is not a matter of arbitrary assessment, nor assessment “in conscience.” It is a system completely attached to the rules of the legal system, which guarantee the possibility for the judge to base their judgments on principles of law and equity. The Agrarian Judge is not subject to or constrained by the pre-determined value that common procedural law (Código Procesal Civil, CPC) confers on a specific type of evidence. For example, confession is full proof against the one who makes it; or the demonstration of verbal contracts up to a certain economic limit. Those criteria, typical of the civil process, would limit the powers of the agrarian judge and would notably impede a correct administration of agrarian justice. The power of free judicial assessment of evidence is expressly granted by the Law of Agrarian Jurisdiction, in its article 54, stating in its second paragraph: “When resolving on the merits of the case, the judge shall assess the evidence in conscience and without strict subjection to the rules of common law, but, in every case, when analyzing the result of the evidence gathered in the proceeding, must express the principles of equity or law on which their criterion is based.” It is a power that the Agrarian Judge exercises at the time of issuing the judgment (Agrarian Tribunal No. 31 of 9:40 hours on January 21, 1999 and No. 1018 of 13:00 hours on December 7, 2005). Given its importance, a recent judgment of the Sala Constitucional on this principle, a pillar of Costa Rican agrarian procedural law, is transcribed: “I.- Regarding the assessment ‘in conscience’ of the evidence. The petitioner questions the constitutionality of the second paragraph of article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction, insofar as it allows the judge to assess the evidence in conscience and without strict subjection to the rules of common law, which they consider violates the principles of legality, equality, due process, prompt justice (arts. 11, 33, 39 and 41 of the Constitución Política) and art. 154 of the Constitución Política. …In this manner, far from affecting a constitutional right, it establishes a formal procedural requirement precisely to guarantee due process: that of substantiating the assessment of the evidence that will allow the eventual aggrieved party their defense in relation to what is the object of their grievance and the superior body to make a just examination of the record that is brought to their knowledge. Likewise, it should be noted that this principle is a manifestation of the application of the protective principle that governs labor jurisdiction, and which is materialized in the principle ‘in dubio pro operario,’ which is justified by virtue of the basic inequality that exists between the parties -employer/worker-, not only because of the subordination relationship in which the worker finds themself, but fundamentally because of the natural availability of the means of proof that the employer has, which contrasts markedly with the difficulty of the employee in this aspect. The warning must be made that what is indeed contrary to the constitutional order is to rule in conscience and with total disregard for the other elements of conviction, as this Chamber indicated in constitutionality judgment number 5546-95, of fifteen hours six minutes on October eleventh, nineteen ninety-four. Based on the foregoing, it is appropriate to interpret the norm in question in such a way that the power of labor judges to assess the evidence in conscience is not unconstitutional, provided that a reasoned judgment is issued, applying the rules of sound criticism and reasonableness. Por tanto: The action is dismissed on its merits.” (judgment No. 4448-96 of 9:00 hours on August 30, 1996). Consistent with the transcribed jurisprudence, the power granted to the agrarian judge to assess the evidence in conscience and evaluate it without strict subjection to the rules of common law as provided in the second paragraph of the impugned article 54 is not unconstitutional, provided that a reasoned judgment is issued, that is, they analyze the result of the evidence gathered in the proceeding and express the principles of equity or law on which their criterion is based, thereby respecting the minimum contents of the right to defense. Hence, it is appropriate to dismiss the action on its merits regarding this point….”The principle of equality, contained in Article 33 of the Constitución Política, implies that in all cases, equal treatment must be given regardless of possible differentiating elements of legal relevance that may exist; or what is the same, not all inequality necessarily constitutes discrimination. Equality, as this Chamber has said, is only violated when the inequality is devoid of an objective and reasonable justification. But in addition, the cause of justification for the act considered unequal must be evaluated in relation to its purpose and effects, in such a way that there must necessarily exist a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the purpose itself. That is, equality must be understood in terms of the circumstances that occur in each specific case in which it is invoked, in such a way that universal application does not prohibit contemplating different solutions to different situations, with diverse treatment. All of the above means that equality before the law cannot imply a material equality or real and effective economic equality.” (Judgment number 1770-94, and in the same sense, number 1045-94.)” Consistent with the transcribed constitutional jurisprudence and given the specific characteristics of agrarian procedural law, the implementation of the method of assessing evidence in conscience for the cases regulated by the impugned article 54, second paragraph of the Law of Agrarian Jurisdiction is fully valid, therefore no violation of the principle of equality is evidenced. Each type of judicial process – civil, criminal, labor, agrarian, etc. – has, by reason of its specific nature, different characteristics that oblige the legislator to create rules and procedures that adjust to that special nature and that, at the same time, guarantee and protect the fundamental rights of the different procedural parties. Hence, aspects such as the assessment of evidence may vary from one process to another, without this being harmful to the principles of due process. By reason of the foregoing, the action must be dismissed in this sense, and this Chamber finds no reasons to vary its criterion, nor reasons of public interest that justify reconsidering the question, therefore the action must be dismissed on its merits.” (Sala Constitucional, Ruling No. 3657 of May 7, 2003)

IV.- On the other hand, in relation to the criteria for assessing testimonial evidence, the same system of free judicial assessment of evidence of agrarian jurisdiction implies that each specific case must be analyzed according to the circumstances. Therefore, the same rule or solution cannot be applied to all cases, as the representative of the Office of the Attorney General of the Republic intends. In this specific case, the full Tribunal considers that the testimonial evidence, regarding the time of possession of the titleholder and their previous transferor, has been well appreciated, and this is reflected in the reasoning expressed by the a-quo in the fourth considerando, where they analyze, one by one, the witnesses proposed to demonstrate the ten-year possession prior to the creation of the Río Macho reserve (Decreto No. 1-A of January 23, 1964, effective from February 4, 1964), as the witnesses declared a possession prior to 1950. In this case, it is important to consider not only the declaration of the witnesses, but also to verify other circumstances to determine whether the property shows or not a long possession.

V.- Regarding the first grievance, related to the oak groves, this Tribunal has repeatedly indicated the following: The grievance relating to the affectation of the [Dirección7] is also not admissible because the Attorney General's Office seeks to apply a Law or norm repealed since 1973. The appellant does not consider, as the a-quo correctly points out, that the Forestry Law of 1996 allows the titling of protected wild areas, provided that a ten-year possession prior to the respective Law or Decree of creation is demonstrated. In this case, consequently, the criterion of ten-year possession prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve, created by Decree in 1964, must prevail and if that possession since 1950 is demonstrated, that is sufficient to authorize the titling; the first possessor was [Nombre3], then passed it to his son [Nombre7], then to [Nombre1], who has reforested, (listen to testimonial declarations document incorporated on 08/11/2016 at 08:12:25 a.m., in particular), [Nombre9] who attest to a sustainable agro-environmental activity and stated they knew the farm since 1948 and the successive possessors. The witness [Nombre10], says they knew the farm about 50 years ago, was born in 1941 and knew it around the year ’54 (clarifies that they have known it since they were 9 years old and is currently 73 years old), when it belonged to [Nombre3], then to [Nombre7], who was the son, then it was sold to don [Nombre1], indicated they work in trout, a few “little cows for expenses,” and has conserved the forest. The witness [Nombre11], who stated they are 69 years old and have known the farm all their life, it belonged to [Nombre3], then it was passed to [Nombre7] and the latter to [Nombre1]. As can be seen, all the testimonies coincide with the successive chain regarding the property, from approximately the year 1950. In addition, they attest to the conservation of the forest, complying with the provisions of article 7 of the Law of Posesory Information. The Tribunal has so resolved on repeated occasions: "...In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. Nevertheless, the representative of the State alleges that the affectation to the public domain is prior to that date, since it is a property that has oak trees and is located in an area of [Dirección8] thousand meters on both sides of the route of the [Dirección9], as provided in subsection a) of article 7 of the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización), repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she notes, two years later the Los Santos Forest Reserve was created, by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites earlier legislation that imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that when article 7 of the Law of Posesory Information came into force, allowing the titling of properties with forest located within protected areas, a de-affectation from the public domain occurred, it being necessary to prove a ten-year possession prior to the effective date of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as owner, that is, a situation that in the appellant's opinion did not occur because according to articles 6 and 62 of the General Law of Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 - now repealed - the possession of that area could only have been exercised through a lease agreement (arrendamiento). Those regulations provided: 'Vacant lands located in a zone ... of 2000 meters wide on each side of the route of the [Dirección10] may not be alienated.'; and: 'The Executive Branch may lease through an agreement and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in article 6 in an extent of no more than two hundred fifty hectares, if dedicated to livestock raising or fattening, and no more than one hundred twenty-five hectares, if destined for agricultural crops...'. She adds, Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the General Law of Vacant Lands adding the element of oak trees, declaring as a National Park the lands comprised within the zone of two thousand meters on both sides of the [Dirección11] of the rest of the route to be built that have oak trees. According to the list of cited regulations, possession as a lease could have occurred until the repeal of the General Law of Vacant Lands, which occurred on August 29, 1945. That is, after that date, those lands could have been entered into possession as owner. Now then, on that date, the lands comprised within the zone of [Dirección12] on both sides of the [Dirección13] of the rest of the route to be built that have oak trees were declared a National Park. The category of National Park was maintained until the Law of Lands and Colonization came into force, in which the lands located in that sector and that had oak trees were declared as public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could have been exercised until the effective date of the Law of Lands and Colonization No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the category of national park changed, making it possible to possess those lands in a ten-year manner until the Los Santos Forest Reserve was created, by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided to the proceeding. Certainly, the Law of Lands and Colonization declared those areas public domain, excepting those that were under private domain, as occurs in this case; coupled with that, such declaration was made by means of a subsection that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the representative of the State is not shared.- (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10 of 8:40 on April 13, 2010, among others. Also, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13). In a case similar to the one now before us, this Tribunal, in a recent ruling, pointed out regarding the objections of the Attorney General's Office, the following: "In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965. Nevertheless, the representative of the State alleges that the affectation to the public domain is prior to that date, since it is a property that has oak trees and is located in an area of [Dirección12] on both sides of the route of the [Dirección9], as provided in subsection a) of article 7 of the Law of Lands and Colonization, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, she notes, two years later the Los Santos Forest Reserve was created, by Decreto No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites earlier legislation that imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that when article 7 of the Law of Posesory Information came into force allowing the titling of properties with forest located within protected areas, a de-affectation from the public domain occurred, it being necessary to prove a ten-year possession prior to the effective date of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as owner, that is, a situation that in the appellant's opinion did not occur because according to articles 6 and 62 of the General Law of Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 - now repealed - the possession of that area could only have been exercised through a lease agreement. Those regulations provided: 'Vacant lands located in a zone ... of 2000 meters wide on each side of the route of the [Dirección10] may not be alienated.'; and: 'The Executive Branch may lease through an agreement and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in article 6 in an extent of no more than two hundred fifty hectares, if dedicated to livestock raising or fattening, and no more than one hundred twenty-five hectares, if destined for agricultural crops...'. She adds, Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the General Law of Vacant Lands adding the element of oak trees, declaring as a National Park the lands comprised within the zone of two thousand meters on both sides of the [Dirección11] of the rest of the route to be built that have oak trees. According to the list of cited regulations, possession as a lease could have occurred until the repeal of the General Law of Vacant Lands, which occurred on August 29, 1945. That is, after that date, those lands could have been entered into possession as owner. Now then, on that date, the lands comprised within the zone of two thousand meters on both sides of the [Dirección13] of the rest of the route to be built that have oak trees were declared a National Park. The category of National Park was maintained until the Law of Lands and Colonization came into force, in which the lands located in that sector and that had oak trees were declared as public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts could have been exercised until the effective date of the Law of Lands and Colonization No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the category of national park changed, making it possible to possess those lands in a ten-year manner until the Los Santos Forest Reserve was created, by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided to the proceeding. Certainly, the Law of Lands and Colonization declared those areas public domain, excepting those that were under private domain, as occurs in this case; coupled with that, such declaration was made by means of a subsection that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the representative of the State is not shared.-" (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10, of 8:40 hours on April 9, 2010). In another ruling, the following was noted: "V.- In this proceeding, in the same manner, witnesses [Nombre12] (folio 189), [Nombre13] (folio 190) and [Nombre14] (folio 192), attest, not only to the chain of transferors, but also to the ten-year possession prior to 1964; the witnesses even refer to having known the farm since the years 1950 and 1951, respectively. With this, the provisions of article 7 of the Law of Posesory Information are complied with, by demonstrating a ten-year possession prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve, and having protected the forest resource. Consequently, the judgment must be confirmed." (Agrarian Tribunal, No. 1054-F-10 of 13:46 on November 3, 2010).

VI.- Added to the foregoing, it must be indicated by this Tribunal that the Office of the Attorney General of the Republic challenged by means of an action of unconstitutionality (File No. EXPN1), the jurisprudential line of this Tribunal that interprets that with proof of ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, according to article 7 of the Law of Posesory Information, it is possible to authorize the titling of the property. Said action was declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR), by majority ruling, number 001142/2017 of eleven hours twenty minutes on January twenty-fifth, two thousand seventeen (see in particular the additional reasons of Magistrate Fernando Castillo Víquez, to the majority ruling, where he indicates the technical and social criteria that prevailed in the legislature, to de-affect those areas). On the other hand, the representative of the State, Assistant Attorney General, had the possibility to oppose this non-contentious jurisdiction proceeding, under the terms provided in article 5 of the Law (within the month following the date of notification); however, by not opposing, it opens the possibility for the titleholder to be able to demonstrate ten-year possession (prior to the creation of the protected area), in the non-contentious route. On the contrary, if she had opposed in time, it would be the interested party who must sue the State, in the corresponding route, in defense of their right. See even, that in the brief of April 10, 2013 (document associated on October 22, 2015), she noted the following: "In that proceeding I request to corroborate the conservation of the forest cover (cobertura forestal) in the area adjacent to the spring (naciente), the [Dirección14] stream (artículo 33, subsections a) and b) of the Forestry Law, and numerals 148, 149 and 151 of the Water Law, Ley de Aguas), to prove the exercise of the protective possession of the natural resources that must be carried out in protected wild areas (article 7 of the Law of Posesory Information)." Which was effectively corroborated, as can be deduced from the proven facts of the judgment under appeal (judicial inspection of September 10, 2013), in the Judicial Inspection of the property where the conservation of the forest is verified.

VII.- By virtue of the foregoing, the appropriate course is to confirm, as appealed, the judgment under appeal; however, it is important to add that in the future, (for purposes of the enforceability of the judgment), it must be added that the titleholder must abide by all the recommendations of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), according to the soil study, in the sense that they must "Maintain the areas of primary forest, not carry out any commercial forestry exploitation activity, conserve the river protection zone and the stream, maintain forest cover. The reforested sector protecting the spring, maintain the trees (chapea, rodajea, abono) and in the event of death, replant and conserve the area. In the sector of natural pasture, it is suitable for the activity, but maintain a low animal load, and in the sector used for tourism, maintain the soil with plant cover to conserve it adequately."

POR TANTO:

In that which was appealed, the judgment under appeal is confirmed. In addition, the por tanto of the judgment is supplemented, which must be included in the corresponding enforceability order, that the titleholder must abide by all the recommendations of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria - INTA -, according to the soil study, in the sense that they must "Maintain the areas of primary forest, not carry out any commercial forestry exploitation activity, conserve the river protection zone and the stream, maintain forest cover. The reforested sector protecting the spring, maintain the trees (chapea, rodajea, abono) and in the event of death, replant and conserve the area. In the sector of natural pasture, it is adequate for the activity, but maintain a low animal load, and in the sector used for tourism, maintain the soil with plant cover to conserve it adequately," all the foregoing in compliance with the provisions of the Forestry Law and the Law of Use, Management and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), as well as the special regulations of the protected area.

*GRAYN4KL7XQ61*

GRAYN4KL7XQ61

[Nombre15] - DECIDING JUDGE

*CED7*

IDOQVR43GPLK61

[Nombre16] - DECIDING JUDGE

*WKEHIFGOHUU61*

WKEHIFGOHUU61

[Nombre17] - DECIDING JUDGE

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección15], , [Dirección16] de Goicoechea, in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica, Telephones: [Telf1]. Fax: [Telf2] or [Telf3].

Email: [...]

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