Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“Es criterio de este Colegio que con lo anterior, se abandona la existencia de una conducta administrativa reglada en cuanto a su contenido, hacia la aprobación de un acto discrecional en donde se ralentiza la seguridad jurídica necesaria que se debe poseer en la materia y se deja abierta la posibilidad de flexibilizar los elementos a tomar en consideración para cada una de las fases en la materia objeto de análisis. Si bien el testigo Astorga Gatgens habla de la existencia de una guía de estudios de evaluación de estudios de impacto ambiental, es evidente que una regulación específica en la materia de exploración y explotación petrolera con rango de decreto ejecutivo solo se encontraba contemplada en la normativa derogada por el decreto objeto del presente proceso. Lo anterior, es contrario al interés público ambiental y resulta contrario, como se indicará posteriormente a las disposiciones mismas de la Ley de Hidrocarburos.”
English (translation)"It is the view of this Court that the above abandons the existence of a regulated administrative conduct regarding its content, in favor of the approval of a discretionary act where the necessary legal certainty in this matter is slowed down and the possibility of making the elements to be considered for each of the phases more flexible is left open. Although the witness Astorga Gatgens mentions the existence of a guide for evaluating environmental impact studies, it is clear that a specific regulation on oil exploration and exploitation at the rank of executive decree was only provided for in the regulation repealed by the decree under consideration in this proceeding. The foregoing is contrary to the environmental public interest and runs counter, as will be indicated later, to the very provisions of the Hydrocarbons Law."
Nullity declared
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Resolución Nº 00128 - 2017 Fecha de la Resolución: 04 de Diciembre del 2017 a las 11:00 Expediente: 11-003907-1027-CA Redactado por: Rodrigo Alberto Campos Hidalgo Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convenio sobre diversidad biológica y anexos, Convención de Río de Janeiro de 1992, Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Normativa internacional Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental Objetivos de Desarrollo Sostenible: Energía asequible y no contaminante (Obj 7),Ciudades y comunidades sostenibles (Obj 11),Acción por el clima (Obj 13) Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Ambiental Tema: Concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos Subtemas: Nulidad del Decreto Ejecutivo número 26750-MINAET-1998 por derogar regulación más amplia y explícita sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Inaplicabilidad de la caducidad en caso de impugnación de acto de efectos continuados que involucra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tema: Estudio de impacto ambiental Subtemas: Nulidad del Decreto Ejecutivo número 26750-MINAET-1998 por derogar regulación más amplia y explícita sobre su elaboración en casos de hidrocarburos. Inaplicabilidad de la caducidad en caso de impugnación de acto de efectos continuados que involucra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tema: Nulidad e ineficacia del acto administrativo Subtemas: Declaratoria respecto al Decreto Ejecutivo número 26750-MINAET-1998 por derogar regulación más amplia y explícita sobre el Estudio de Impacto Ambiental en casos de hidrocarburos. Inaplicabilidad de la caducidad en caso de impugnación de acto de efectos continuados que involucra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tema: Hidrocarburos Subtemas: Nulidad del Decreto Ejecutivo número 26750-MINAET-1998 por derogar regulación más amplia y explícita sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Inaplicabilidad de la caducidad en caso de impugnación de acto de efectos continuados que involucra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas: Nulidad de Decreto Ejecutivo número 26750-MINAET-1998 por derogar regulación más amplia y explícita sobre el Estudio de Impacto Ambiental en casos de hidrocarburos. Inaplicabilidad de la caducidad en caso de impugnación de acto de efectos continuados. Tema: Caducidad de la acción Subtemas: Inaplicabilidad en caso de impugnación de acto de efectos continuados que involucra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. “I.- Sobre la teoría del caso de la parte actora y sus principales razonamientos : Que de una revisión de la demanda, la parte actora funda sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Que el Decreto Ejecutivo Nº 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998, es nulo al considerar que el Presidente de la República José María Figueres Olsen y el Ministro René Castro Salazar, emitieron contra legem y con desviación de poder, derogando el título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (DE-24735 de 29 de setiembre de 1995), mediante el cual se regulaba la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la exploración y explotación de hidrocarburos. 2. Que el artículo 266 del reglamento derogado establecía la obligación del contratista de contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a la firma del acto adjudicatorio, estudio que debía actualizar periódicamente. 3. Que el decreto que se impugna, dividió el EIA en dos fases en concordancia con el avance de las actividades, siendo la primera etapa la de prospección y la segunda la de exploración intensiva. Que la aprobación de la fase I del EIA será requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio quede firme. Manifiesta que la primera fase no implica actividad de alto impacto, por lo que los desarrolladores aportan como EIA solo las descripciones preliminares de las actividades exploratorias que se realizarán en esa etapa, sin profundizar en los impactos ambientales que producirá el proyecto petrolero en su conjunto, ni los procedimientos para su mitigación durante la ejecución o las acciones de recuperación. 4. Que los "dos últimos" casos tramitados bajo esa normativa sea los casos de MKJ Xplotation Inc. y Mallon Oil, las que presentaron un estudio geofísico de reflexión sísmica marina en el primer caso y Mallon Oil presentó un documento denominado: "Proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera en la región huetar norte y huetar atlántico de Costa Rica", lo cual considera es una simple actividad de gabinete para analizar la información científica regional ya existente. 5. Que ninguno de los dos documentos comprende la evaluación ambiental de la actividad petrolera propiamente dicha y con ello, en aplicación del decreto impugnado, ambas empresas sostienen que el Estado quedó obligado a permitir la ejecución del contrato de concesión en el caso de la empresa MKJ y de suscribir un contrato de concesión con Mallon Oil. 6. Que los funcionarios Figueres y Castro utilizaron sus competencias legítimas para realizar un acto administrativo discrecional supuestamente con un fin público (la protección del medio ambiente), pero con evidente desviación de poder debilitando y desaplicando los controles ambientales del Estado en interés privado de las empresas petroleras, pudiendo exigir estas la firma de contratos de concesión sin la correlativa obligación de contar con la aprobación previa necesaria del EIA integral y completo. 7. Que con la normativa impugnada se ocasiona un gravísimo riesgo ambiental al país, con violación al interés público, ya que la actividad petrolera históricamente está ligada a graves accidentes que provocan daños ecológicos irreversibles. 8. Que con el decreto impugnado se desregularizó o flexibilizaron los controles ambientales de la actividad petrolera en Costa Rica. 9. Que el decreto es contrario a los artículos 2, 31 inciso f) y 41 de la Ley de Hidrocarburos; 50 de la Constitución Política; 14 inciso 1 de la Convención sobre diversidad biológica; el principio ambiental preventivo y precautorio; el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, todas las cuales obligan la presentación y aprobación del EIA de previo al inicio de actividades que causen impacto ambiental. 10. Que la Sala Constitucional ya se había pronunciado antes de la promulgación del decreto 26750 en la sentencia 6240-93 al conocer consulta facultativa sobre el proyecto de la Ley de Hidrocarburos, posición que fue reiterada por la misma Sala en la sentencia 1221-2002 con posterioridad al decreto impugnado, cuando estableció la inconstitucionalidad parcial del artículo 41 de la Ley de hidrocarburos. 11. Que en casos de exploración y explotación petrolera, como el voto 205-2010, la Sala Constitucional ha reiterado su posición sobre la obligatoriedad del EIA. 12. Que posterior al decreto que se impugna, se aprobó la ley de Biodiversidad en la cual en su artículo 94 en el cual se indica que la evaluación del impacto ambiental debe efectuarse en su totalidad aun cuando el proyecto esté programado para realizarse en etapa, lo cual a criterio del actor no deja duda alguna de la obligatoriedad del EIA, lo que implica una derogatoria tácita por ilegalidad sobreviniente. 13. Que a partir de las década de los noventas surgió con fuerza la ética de responsabilidad ambiental, llegándose a recepcionar contenidos de la Declaración de Río, ratificando el país la Convención sobre diversidad biológica y otros importantes instrumentos jurídicos internacionales, además se reformó el artículo 50 de la Constitución Política introduciendo el derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dando pie a la doctrina y jurisprudencia constitucional del ambiente y la promulgación interna de legislación como la Ley Orgánica del ambiente y la Ley de Biodiversidad. 14. Que el Presidente de la República Pacheco de la Espriella en su discurso inaugural de su período de gobierno el 8 de mayo de 2002, estableció una moratoria indefinida de toda actividad de exploración petrolera. 15. Que a la empresa MJK conocida como Harken, utilizando el reglamento impugnado, logró la firma del contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica el 12 de agosto de 1999, correspondiente a la licitación petrolera 1-97, siendo que Setena aprobó para ello sólo el estudio geofísico de reflexión sísmica marina en 507 km de superficie usado en la fase primera de prospección, con lo cual apenas se solicitó a la empresa una garantía ambiental de $7.995, sin que ello corresponda al riesgo real y potencial de la exploración y explotación petrolera que pretende realizar. 16. Que el estudio geofísico es una simple actividad académica para describir un procedimiento exploratorio, lo que considera no es suficiente para suscribir y dejar firme un contrato de concesión que abarca una extensión de 5633 km2, sin que exista un EIA. 17. Que el contrato con la empresa Herken se suspendió debido a la moratoria del expresidente Pacheco y que Setena rechazara eventualmente el EIA presentado en fecha posterior a la suscripción del contrato, lo que provocó que dicha empresa acuse el incumplimiento del Estado, reclamando una indemnización de $57.000 millones, lo que reafirma la advertencia de la Sala Constitucional desde 1993. 18. Que por resolución Nº R-105-MINAE publicada en el diario oficial Nº 73 del 13 de abril de 2000, se adjudicó la concesión petrolera Nº 2 a la compañía Mallon Oil para la exploración y explotación de los bloques 5, 5, 7,8,9 y 10 de los 27 bloques en que se dividió el país, contrato del cual aún no ha sido posible su firma debido a diversos recursos administrativos y judiciales de la sociedad civil y del desarrollador. 19. Que la empresa Mallon Oil no ha presentado un EIA, y lo que Setena conoció y aprobó en su caso, en los términos del decreto impugnado, fue un documento que describe una actividad de gabinete, sobre la cual el Director de Hidrocarburos advirtió a Setena que no constituyen métodos de campo tales como lo que prevé el artículo 1 del decreto 26750. 20. Que no obstante, expresa, la empresa está presionando por lo medios políticos y jurídicos para obligar al gobierno de Costa Rica a suscribir el contrato de concesión. Finalmente indica que esos dos casos son el resultado práctico de la aplicación del decreto impugnado. II.- Sobre la teoría del caso del Estado y sus principales razonamientos: Que de una revisión de la contestación de la demanda, la parte demandada funda su contestación a las pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Que la actuación administrativa cuestionada se encuentra amparada al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública en torno a los parámetros técnicos, científicos y apegados a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 2. Que es cierto que el Poder Ejecutivo integrado por el entonces Presidente José María Figueres y el Ministro de Ambiente y Energía René Castro, promulgaron el Decreto Ejecutivo 26750-MINAE el 27 de febrero de 1998 y que éste derogó el título X del reglamento a la Ley de Hidrocarburos, pero niega que el decreto aquí impugnado elimine "contra Leggem" la obligación de los desarrolladores de presentar un estudio de impacto ambiental de previo a la suscripción del contrato, pues lo que se hizo fue dividir el estudio en dos etapas, de tal forma que la información sobre la afectación al ambiente y las medidas de mitigación sean acordes con los trabajos que efectivamente se realicen en el terreno. 3. Que dicha situación, como lo indica el Colegio de Geólogos, lejos de producir un daño al ambiente, asegura que la realización del proyecto de explotación se ajuste a las necesidades ambientales según cada etapa del proceso. 4. Que dadas las características peculiares de un proyecto de exploración-explotación de hidrocarburos, no es viable efectuar un estudio de impacto ambiental en áreas donde o no se va a desarrollar actividades o no se tiene el nivel de conocimiento para ello. 5. Que rechaza que la finalidad del decreto sea flexibilizar la autorización contractual de las concesiones, desaplicando el control ambiental obligatorio del Estado, lo que considera son valoraciones subjetivas del actor no acompañadas de prueba idónea. 6. Que la finalidad del decreto en mención, expresada en los considerandos incluidos dentro del mismo, estuvo orientada a cumplir con las obligaciones legales y constitucionales de protección al ambiente estableciendo un procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de las actividades según se desarrollan cada una de ellas. 7. Que no admite que los funcionarios Figueres Olsen y Castro Salazar hayan actuado con desviación de poder, por tratarse de una valoración y no un hecho, además que la acusación se efectúa sin aportar ningún tipo de prueba. 8. Que no es cierto que el EIA quede relegado a la segunda fase, toda vez que el decreto es claro en exigir un estudio de impacto ambiental para la fase I de prospección, incluso la Sala Constitucional en sentencia 205-2010 se refirió indicando que el estudio de la fase I es un verdadero EIA y que es suficiente para comenzar la fase de prospección, debiendo exigirse adicionales conforme avancen las obras. 9. Que el actor no acredita que en todos los demás países en los que se desarrolla actividad petrolera, a todas las empresas se las exija un EIA integral, que abarque desde el mismo inicio una valoración de todas las eventuales etapas. 10. Que no existe una norma internacional que oblige a la realización de un EIA en actividades que no poducen una afectación en el ambiente, como lo es la primera etapa de prospección de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos. 11. Que el decreto obliga a los concesionarios a presentar más de un EIA lo que se traduce en una mayor exigencia y custodia ambiental, que si solo se presentara uno. 12. Que no admite la supuesta inconstitucionalidad sobreviniente, al tratarse de un comentario subjetivo que no ha sido elevados ante la Sala Constitucional en virtud de la competencia que deriva del artículo 10 constitucional y además indica es una conjetura no ajustada a derecho del actor. 13. Que la norma impugnada resulta ajustada a la ciencia y la técnica, según lo explicó el Colegio de Geólogos en el informe que rindió al respecto. 14. Que el actor hace una lectura parcializada de la resolución 205-2010 de la Sala Constitucional al no mencionar que contrario a lo que insinúa, esa Sala expresamente señala que requerir el EIA para la fase I resulta acorde con el principio precautorio. 15. Que es cierto que el Poder Ejecutivo firmó con la empresa MKJ Xploration Inc. el 12 de agosto de 1999 un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que considera no tiene ninguna relevancia para este proceso, pues se trata de situaciones jurídicas consolidadas, sobre las cuales no existe ninguna petición por parte del actor, salvo la inconstitucionalidad sobrevenida y que en todo caso su acción estaría caduca por el paso del tiempo. 16. Que en ese caso se obligó a un EIA que fue presentado y aprobado por Setena por lo que el requisito fue debidamente cumplido. 17. Que niega que exista un arbitraje comercial internacional en el que la empresa MKJ pretenda demandar internacionalmente al Estado de Costa Rica, que si bien se presentó una intención de arbitraje hace unos años, fue retirado por la misma empresa, por lo que no existe en la actualidad tal. 18. Que se adjudicó a la empresa Mallon Oil para la exploración y explotación petrolera de los bloques 5,6,7,8,9,10 y que el contrato aun no se ha firmado, pero que estos hechos no guardan relación con la pretensión del proceso, pues la adjudicación a dicha empresa no fue impugnada por el actor, no podría ser por el tiempo transcurrido, desde la fecha de adjudicación el 13 de abril de 2000. 19. Que alega la CADUCIDAD, en el tanto indica que el decreto 26750-MINAE fue firmado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial Nº 53 de 17 de marzo de 1998, se trata de un acto que adquirió firmeza antes de la promulgación del CPCA y que de conformidad con el transitorio III de ese código, el régimen de nulidad de los actos administrativos sería el régimen vigente para esa fecha, sea para el caso el artículo 20 de la LRJCA en relación con el artículo 175 de la LGAP, por lo cual el plazo de caducidad es de cuatro años. 20. Que de conformidad con antecedentes del mismo Tribunal Contencioso y de la Sala Primera, para impugnar un acto de carácter general el proceso debe interponerse dentro del plazo de cuatro años establecido en el numeral 175 de la LGAP; incluso indica que la caducidad sería aplicable con la normativa actual. 21. Que el acto no impugna ningún acto de aplicación individual que est é dentro de un plazo de impugnación válido a los efectos de que su pretensión no se encuentre caduca. 22. Que en cuanto a la COSA JUZGADA, al aducir el actor la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y una violación al principio precautorio, sobre los cuales la Sala Constitucional ya determinó que la aprobación de un EIA para la fase I no violenta esos derechos, según se desprende de la resolución 205-2010, por lo cual considera la demanda debe declararse inadmisible. 23. Que hay FALTA DE INTERÉS ACTUAL en el tanto mediante Decreto Ejecutivo Nº 36693-MINAET publicada en el Diario Oficial del 19 de agosto de 2011, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria nacional para la explotación petrolera por un plazo de tres años, por lo cual no existe posibilidad de que se de aplicación de los artículos impugnados. 24. Que el interés actual es un presupuesto necesario para el dictado de una sentencia, según lo ha indicado así la Sala Primera en resolución Nº 900-S1-2011, así la resolución del asunto no es útil para tutelar el derecho que se pretende lesionado, al no existir ningún escenario posible en el cual se pueda considerar la aplicación del decreto cuestionado. 25. Que alega la FALTA DE DERECHO, considerando que el actor parte de dos premisas equivocadas, la primera que el decreto 26750 no exige un EIA de previo a la adjudicación de la exploración y exploración de hidrocarburos y segundo que la metodología de estudio ambiental propuesta por el decreto no permite proteger debidamente al ambiente. III.- Sobre la teoría del caso del coadyuvante y sus principales razonamientos: Que de una revisión de la contestación de la demanda, el coadyuvante funda su contestación a las pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Que no es cierto que el decreto impugnado esté viciado de ilegalidad por desviación de poder. Indica que el planteamiento de actor parte del desconocimiento de la actividad petrolera y que la tesis seguida en la demanda es un sin sentido y carente de lógica, y no ocurre en ninguna parte del mundo. 2. Que en el caso de su representada se exigiría la realización de un EIA de una cuarta parte del territorio nacional, lo que es técnicamente imposible y financieramente desproporcionado, lo que estaría provocando una perturbación excesiva al medio ambiente, absolutamente innecesario. 3. Que en la actividad de exploración de hidrocarburos, por su naturaleza, las etapas previas van determinando y condicionado las características de las etapas siguientes, incluyendo la localización geográfica de donde se realizarán en consecuencia las actividades de campo, dentro del área de concesión otorgada. 4. Que el decreto impugnado creó una manera de adecuar la normativa, lo que confunde el actor con una falsa flexibilización del control ambiental. 5. Que en ningún momento el decreto exime a las empresa de su obligación de realizar un EIA, simplemente señala momentos diferentes para realizarlos, ni tampoco se está autorizando la firma de un contrato sin la realización de un EIA, sino más bien se está pidiendo que estos se hagan en cada etapa de los procesos exploratorios y de explotación, en lugar de hacer uno solo que podría ser muy general y técnicamente impreciso. 6. Que al momento de la firma del contrato, ni el Estado, ni la empresa conocen de antemano las localizaciones dentro del área de concesión donde se realizarán todas las actividades de campo, por eso considera que el decreto de manera correcta, desde el punto de vista técnico, divide la actividad exploratoria en dos fases la prospección y la exploración intensiva. 7. Que la misma Sala Constitucional ha considerado adecuado proteger al ambiente utilizando un análisis de tipo embudo, sea por etapas. IV.- Sobre el objeto del proceso: De conformidad con los argumentos de las partes y los razonamientos en juicio, este Tribunal estima que el objeto del proceso será determinar la eventual existencia de vicios de nulidad absoluta en la conducta administrativa objetada. V.I.- Sobre los hechos probados: De relevancia para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados, los siguientes hechos: a.- Que Costa Rica se encuentra dividida en bloques para efectos de exploración petrolera (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu) b.- Que la conducta administrativa objetada dividió la realización del estudio de impacto ambiental necesario para poder realizar exploración petrolera. (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu y Allan Astorga Gatgens) c.- Que la concesión adquiere firmeza con el estudio de impacto ambiental de la fase de prospección. (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu y Allan Astorga Gatgens) d.- Que la prospección es diferente a la exploración petrolera. (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu y Allan Astorga Gatgens) e.- Que todas las etapas relacionadas con la prospección, exploración y explotación petrolera tienen impactos diferentes en el ambiente. (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu y Allan Astorga Gatgens) f.- Que la prospección puede implicar actividades "de gabinete" o de campo. (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu y Allan Astorga Gatgens) g.- Que sí resulta procedente realizar un estudio de impacto ambiental para toda el área objeto de prospección y posterior exploración. (declaración testimonial de Mihaela Dobrinescu Dobrinescu) V.II.- Sobre los hechos no probados: Se tienen como no demostrados, los siguientes hechos de importancia: 1) Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso desde el punto de vista de una empresa dedicada a la exploración y explotación petrolera e innecesario. (No se ha comprobado esa circunstancia). 2) Que la conducta administrativa impugnada sea más favorable al ambiente que la regulación normativa que la misma derogó. (No se ha comprobado esa circunstancia) 3) Que hubiese imposibilidad material y/o técnica para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo desde el inicio para la exploración y explotación de hidrocarburos (No se ha comprobado esa circunstancia). 4) Que la prospección o exploración petrolera en el área marina no implique riesgos de impacto ambiental. (los autos) 5) Que el contenido de la conducta administrativa cuestionada sea fundada en criterios y parámetros técnicos y científicos. (no hay prueba en tal sentido) 6) Que con motivo de la implementación del Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos derogado, se haya presentado en el pasado algún riesgo ambiental en el país. V.III.- Sobre la caducidad alegada : La representación del Estado aduce la caducidad en este caso, fundándose en que el Decreto impugnado fue publicado en el Diario Oficial Nº 53 de 17 de marzo de 1998, y que por tratarse de un acto que adquirió firmeza previo a la Promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, la normativa aplicable lo es la vigente a esa fecha, sea el 175 de la Ley General de la Administración Pública que establecía un plazo de cuatro años y que al ser que en la especie no se impugna ningún acto de aplicación individual, a la fecha de la presentación de la demanda ya estarían superados los cuatro años aplicables. Al respecto, es criterio de este Tribunal que no lleva razón la representación de la parte demandada. Como se advierte del texto de la normativa cuestionada, la misma no posee efectos instantáneos, sino que se caracteriza porque los mismos tienen un carácter continuado. Así las cosas, dicha conducta administrativa puede ser impugnada mientras continúe surtiendo efectos y por ende, procede la demanda para efectos de su anulación e inaplicabilidad a futuro, con un plazo para interponer el proceso, a partir de la cesación de los respectivos efectos. A mayor abundamiento, debe tomarse en consideración que estamos en presencia de un acto administrativo de carácter general, sea un decreto ejecutivo, que puede ser impugnado, en tanto prevalezcan los efectos del mismo. Al pretender regularse en el mismo, el tema de exploración petrolera, la cual de mantenerse los efectos del acto, puede realizarse en cualquier momento y no de manera instantánea, es evidente que estamos en dichos supuestos. Si bien actualmente, el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo regula la caducidad en el sentido expuesto, lo cierto es que, con la normativa anteriormente aplicable a esta jurisdicción por disposición del Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo, es posible arribar a la misma conclusión sobre la tesis de los efectos continuados, ya que el numeral 21.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, disponía lo siguiente: "Artículo 21.- 1. No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a) Los actos consentidos expresamente o por no haber sido recurridos en tiempo y forma, los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos; y b) Las resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial. 2. En todo caso, se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura". (el destacado es nuestro). En el caso en examen estamos en presencia de un acto de alcance general que no requiere conducta específica para su aplicación directa, siendo así que el mismo fue rubricado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de marzo siguiente, siendo así que ha estado vigente y ha continuado surtiendo efectos. Finalmente, debe tomarse en cuenta que, en la especie está involucrado un derecho fundamental -ambiente sano y ecológicamente equilibrado-, el cual por su naturaleza, no estaría sujeto a plazos de caducidad o prescripción - sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sobre ese tema-. En consecuencia, debe disponerse el rechazo de la excepción de caducidad planteada. V.IV.- Consideraciones generales sobre la tutela del ambiente: El derecho de todos los habitantes de la República a un ambiente sano y equilibrado, como uno de los denominados derechos de tercera generación, fue debidamente incorporado como un segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política, de conformidad con la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994, en tanto establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". De previo a la aprobación de esta reforma constitucional, ya nuestra Sala Constitucional había establecido la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental, al derivarlo del derecho a la salud extraído del artículo 21 de la Constitución Política y de los artículos 69 y 89 de ésta, relacionados con la protección del Estado de las bellezas naturales y la explotación racional de la tierra. En este orden de ideas, el voto 6240-93, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, señaló lo siguiente: " V.)- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: «La vida humana es inviolable.» Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: «Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico». Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco" (sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres). " XIII.- El término «bellezas naturales» era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho: el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. [...] De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ejemplo podemos citar las sentencias 1580- 90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido" Con posterioridad a la aprobación de la reforma constitucional en mención, nuestra Sala Constitucional ha venido a profundizar estos conceptos, al indicar en su voto Nº 2007-018044 de las nueve horas y cuarenta y uno minutos del catorce de diciembre del dos mil siete, entre otros, lo siguiente: "Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. "Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil)....el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: " El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho "; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas". (El destacado es nuestro) Es así como con base en el artículo 50 constitucional, la tutela del ambiente es un deber del Estado, siendo así que el ejercicio de medidas de control y fiscalización en dicha materia, es la materialización del mandato de la norma, cuando ésta señala que "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho", dado que impone conductas de cumplimiento obligatorio para la tutela del correlativo derecho de los ciudadanos. En el ámbito internacional, es menester tambien hacer referencia a diferentes instrumentos internacionales orientados hacia los mismos objetivos, entre ellos, podemos determinar, los principios 15, 16 y 17 de la Declaración de Río adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992, dispuso: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente" "Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente". Por otra parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos en su artículo 11 establece “Derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Adicionalmente, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano dispuso al respecto: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”. De manera complementaria, no puede obviarse mencionar el Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado por Ley 7416 de 30 de junio de 1994, el artículo 1.2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada en resolución 41-128 de 4 de diciembre de 1986 en Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de America, aprobada por Ley 3763 de 19 de octubre de 1976, entre otros. Ya dentro del campo legislativo, se ha emitido una serie de legislación, como por ejemplo, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley de Biodeversidad y la Ley Orgánica del Ambiente, como otros pilares normativos en materia de protección del derecho a un medio ambiente sano, en tanto que establece el cumplimiento de una serie de deberes tanto para el Estado como para los ciudadanos, con la aplicación complementaria de una serie de novedosos criterios de interpretación. Concretamente en el caso del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, dispone criterios preventivos y precautorios en la materia. Así la norma dispone lo siguiente: "Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 4.- Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo". Las obligaciones señaladas son especialmente marcadas en el caso de los entes públicos, tal y como lo indica el artículo 45 de la referida Ley, al señalar: "Responsabilidad en materia de seguridad ambiental El Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad. La responsabilidad civil de los titulares o responsables del manejo de los organismos genéticamente modificados por los daños y perjuicios causados, se fija en la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Civil y otras leyes aplicables. La responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento jurídico existente" De conformidad con lo anterior, resulta evidente el carácter de interés público que reviste la tutela del ambiente y como consecuencia de ello, la Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con el denominado principio precautorio y sus alcances, tal y como se desprende de la cita que se hace a continuación, que en lo que interesa dice: "ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO. El principio precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio "Vorsorgeprinzip", al indicar que "no se consolida totalmente una política ambiental sólo mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado" habiéndolo empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte. El principio aparece en el escenario internacional con los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen de 1984 (Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los conocimientos. Posteriormente, en la Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta última declaración se dispuso que "(…) es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas (…) incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (…)". Con posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se indico que "Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas que prevengan la degradación ambiental". Del mismo modo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, dispuso lo siguiente: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Es así como el principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología- que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en general, de desarrollo sostenible de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente. (…).” (Resolución N° 17747-2006, de las 14:37 horas del 11 de diciembre del 2006). En el anterior orden de idea, el voto 474-2005 de 11 horas 20 minutos del 12 de octubre de 2005 de la sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo hace referencia a una serie de criterios de interpretación a seguir en materia ambiental de la siguiente manera: “(…) A lo anterior cabe agregar, que a tono con la más moderna doctrina y los principios ambientales en boga, la legislación costarricense -entre las que están la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, por citar sólo las más recientes-, recoge una serie de criterios de interpretación, como el preventivo , el precautorio o indubio pro natura , el del interés público ambiental , y el de integración . De ellos, resultan especialmente significativos los dos primeros, y sobre los cuales se ha indicado lo siguiente: "… Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación" (Sala Constitucional, sentencia 2004-1923, ya citada).- Lo expuesto permite afirmar que en la especie, sí está de por medio un interés público preponderante, que se manifiesta en la necesidad de proteger el recurso hídrico, con todos los medio al alcance del país, y mediante la imposición de medidas razonables y pertinentes para evitar su deterioro o contaminación (…)”.- De conformidad con las anteriores normas y citas, se puede determinar que el análisis de cualquier caso relacionado con el tema ambiental, no debe obviar la existencia de los analizados principios, en tanto que son orientadores en el ejercicio de la función pública y de la actuación de los privados y se encuentran implícitos en la norma constitucional y el propio derecho de la Constitución. El tratamiento entonces de los temas relacionados con el tema ambiental no podrá obviar usar como fuentes lo señalado, siendo así que debe trascenderse del análisis común de la situación, a efecto de que en toda decisión graviten como origen de los actos administrativos los principios sui generis establecidos ut supra. En el caso concreto de la labor jurisdiccional en materia contencioso administrativa, no obstante, el uso de las normas indicadas debe integrarse al propio principio de legalidad y a la verificación de los principios y normas propias del derecho administrativo. Ni uno ni otro pueden analizarse de manera independiente, ni uno ni otro debe obviarse, ambas deben integrarse en el análisis propio del Juzgador. Es evidente que tanto el constituyente originario como derivado, asimismo el legislador, han dado un especial énfasis a la protección del ambiente, mas sin obviar los deberes depositados en la jurisdicción contencioso administrativa, en cuanto a verificadores de la legalidad de la actuación administrativa. Adicionalmente, no puede obviarse lo dispuesto por la propia Sala Constitucional respecto de las obligaciones del Estado en la materia. Así, el voto número 2010-14180 de las 14:35 horas del 25 de agosto de dos mil diez, indicó: "... III.- Obligaciones del Estado en materia ambiental. Deriva del citado artículo 50 de la Constitución, el carácter de garante que ostenta el Estado de la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación implica, en los términos en que lo ha dicho la Sala en otras ocasiones como en la sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, entre otras: “...que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito zzal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente.” (ver en el mismo sentido la resolución número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve). Deber que, según lo reconoce esa misma sentencia, recae con mayor especificidad sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aquí recurrida: “La preocupación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar la fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado.”(ver sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno). Es en este sentido que, en materia ambiental, resulta especialmente grave toda conducta omisiva estatal que tenga como resultado un desmejoramiento de las condiciones del medio ambiente (así se deduce de las sentencias número 9735-00 de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre del dos mil y número 1645-02 de las once horas cuatro minutos del quince de febrero del dos mil dos, entre otras). Es por lo anterior, que dicho análisis complementario debe realizarse en la presente resolución.- V.V.- Consideraciones generales sobre la nulidad del acto administrativo: La Administración Pública, se manifiesta fundamentalmente mediante la emisión de actos jurídicos, entendidos éstos como declaraciones de voluntad, juicio o conocimiento capaces de producir un efecto jurídico hacia terceros, con el fin de provocar el nacimiento, modificación o extinción de derechos o deberes por parte de los administrados. Dichos actos administrativos se presentan en nuestro ordenamiento como el más claro ejercicio de la función administrativa y por dicha razón, nuestra Ley General de la Administración Pública, exige que cuenten con una serie de elementos constitutivos, tanto formales como materiales, para su plena validez y eficacia. Como elementos formales del acto administrativo, encontramos tanto la competencia del órgano responsable de su emisión, como la investidura y legitimación del servidor que emite el acto y el cumplimiento de determinados requisitos en la emisión de la voluntad de éste, sea su razonabilidad, proporcionalidad, la ausencia de error, dolo y violencia en la voluntad y la sujeción a las reglas de la técnica y la ciencia, fundamentalmente. Con respecto a este último aspecto, para efectos de la presente resolución, resulta de especial relevancia lo señalado en el párrafo 2 del artículo 130 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto indica lo siguiente: "El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley". De conformidad con esta disposición, la existencia de error en un acto administrativo puede viciar de tal modo un acto administrativo que implique la inexistencia de uno de sus elementos, tanto formales como materiales. Como elementos materiales del acto administrativo, se pueden determinar los siguientes: a) Motivo, entendido como los antecedentes y presupuestos de hecho y derecho que fundamentan la necesidad, oportunidad, conveniencia y legitimidad del acto administrativo. b) Contenido, el cual consiste en la parte dispositiva o declarativa de todo acto c) Fin público buscado con la emisión del correspondiente acto administrativo, como resultado perseguido en función del motivo del acto. Concretamente, con respecto al motivo del acto administrativo, es menester acotar que el párrafo 1 del artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública señala que dicho elemento deberá "... ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto" . En este orden de ideas, Ernesto Jinesta Lobo en el Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, ha señalado lo siguiente: "... habrá ausencia de motivo o causa cuando los hechos invocados como antecedentes y que justifican su emisión son falsos, o bien, cuando el derecho invocado y aplicado a la especie fáctica no existe -v.g. si la ley o el reglamento que le dan sustento se encuentran derogados, modificados, reformados o anulados por inconstitucionales-. El acto administrativo, sea reglado o discrecional, debe siempre fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes, lo mismo que en el derecho vigente, de lo contrario faltará el motivo..." En virtud de que el motivo es el antecedente que da a luz el acto administrativo, para efectos de cualquier análisis de una situación concreta, reviste una importancia fundamental, tanto para verificar su existencia misma, como para determinar su correlación con el contenido del acto, de conformidad con lo señalado en el párrafo 1 del artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. Con relación al contenido del contenido del acto, la indicada Ley dispone: "Artículo 132.- 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo". En el anterior orden de ideas, la existencia y perfección de los indicados elementos del acto administrativo - junto con los señalados ut supra- son evidencia de su validez y conformidad con el ordenamiento jurídico. El párrafo 1 del artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública indica al respecto: "La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste." La consecuencia de la eventual invalidez de un acto administrativo, sea por la inexistencia o imperfección de uno de los elementos del acto, es la nulidad o anulabilidad del acto. En este sentido, Eduardo Ortiz Ortiz en obra Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica) señala los alcances de la nulidad absoluta de la siguiente manera: " i) El acto nulo configura una falta personal del servidor agente; ii) No se presume legítimo ni puede ser ejecutado; iii) Es intrínsicamente ineficaz iv) Su ejecución es una vía de hecho, contra la cual hay protección interdictal; v) Es permitida la desobediencia pacífica del acto nulo, aunque no la resistencia al mismo; vi) La ejecución coactiva del acto nulo genera responsabilidad civil de la Administración y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor o servidores responsables, vii) El vicio que padece es insubsanable...." . Por lo anterior, corresponde al juzgador verificar la efectiva existencia de todos los elementos del acto administrativo, en tanto que éstos serán determinantes para su potencial aptitud de emitir efectos jurídicos. Lo anterior, en tanto que cuando la parte actora en un proceso advierte vicios de nulidad en un acto administrativo concreto, lo procedente es determinar si en el caso en particular concurren los supracitados elementos o si por el contrario, se carece de alguno de ellos, sea tanto en el aspecto formal como sustancial. Lo anterior, tomando siempre en consideración la naturaleza propia del acto y las situaciones jurídicas subjetivas que se generan a su amparo, como presupuesto necesario del referido análisis. V.VI.- Sobre el fondo: a) Criterio de la parte actora: La parte actora objeta la conducta impugnada, habida cuenta que estima que la misma debilita la protección de un ambiente sano y equilibrado, en tanto que significó la derogatoria del título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (DE-24735 de 29 de setiembre de 1995) y la división del estudio de impacto ambiental necesario en la materia en dos fases. b) Criterio de la parte demandada y coadyuvante: La representación Estatal y la sociedad coadyuvante invocan en términos generales que lo dispuesto en el decreto objetado es acorde con la técnica y la razonabilidad propia de la materia. Que lo realizado lo que se hizo fue dividir el estudio en dos etapas, de tal forma que la información sobre la afectación al ambiente y las medidas de mitigación sean acordes con los trabajos que efectivamente se realicen en el terreno. c) Criterio del Tribunal: Hecho un análisis de la prueba admitida y evacuada en juicio estima este Tribunal que lleva razón el actor en su pretensión, por los siguientes motivos: La parte actora solicita la nulidad del decreto ejecutivo N° 26750-MINAE de fecha 27 de febrero de 1998 que literalmente indica lo siguiente: "El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, En uso de las facultades que confieren el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política y los artículos.27 y 28 de la Ley General de Administración Pública, en relación con el capítulo XXI de la Ley Orgánica del Ambiente y Considerando: 1°—Que es indispensable armonizar el ambiente con los procesos de exploración petrolera, con el fin de lograr la utilización racional de los elementos ambientales, para propiciar un desarrollo económico y ambiental mente sostenible, y un adecuado manejo de los recursos naturales no renovables. 2°—Que se ha visto la necesidad de contar con normas jurídicas adecuadas para que la incidencia de las actividades humanas en el medio ambiente sea positiva. 3°—Que se debe fomentar la creación de normas que procuren la adecuada transferencia tecnológica y desarrollo científico nacional, sin menoscabo del ambiente. 4°—Que el artículo 40 de la Ley N° 7399: Ley de Hidrocarburos de Costa Rica, declara de interés público la exploración, la explotación, el transporte de hidrocarburos, y las actividades y obras que su ejecución requiera. 5°—Que tanto el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos de Costa Rica como el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente declaran la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental para dichas actividades, y de revisarlos y actualizarlos periódicamente, conforme se avance en los trabajos correspondientes de exploración y de explotación petrolera. 6°—Que la lógica del desarrollo de las actividades de exploración petrolera y la experiencia en las condiciones específicas del país, indican y justifican la necesidad ambiental de definir la secuencia de fases que la componen. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°—Para los fines de la aplicación del presente decreto, y en complemento de la definición que al respecto, aparece en el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos en su artículo 2, los términos que se mencionan aquí tendrán los siguientes significados: Prospección Petrolera: Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografíado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restringa al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades. Exploración Petrolera Intensiva: Evaluación localizada o específica en una área de un potencial reservorio hidrocarburífero por métodos que incluyen obras civiles, movimientos de tierra, remoción de cobertura vegetal y otras acciones que permiten aplicar técnicas geológicas, geofísicas y geoquímicas, cuya implementación representa la generación de impactos ambientales sobre la misma. Los métodos y/o técnicas incluidas en esta fase corresponden con perforación de pozos, y cualquier otro método de exploración geológica, geoquímica y geofísica que permita establecer el valor económico del yacimiento y sus características. La aplicación de estas técnicas si requiere del uso de maquinaria pesada y la aplicación de equipos particulares cuyo uso en campo, implica la apertura de trochas y caminos, así como la implementación de campamentos cuya área total supera los 200 m2 en el área terrestre y/o para 15 personas, o bien de actividades directas de instalación, operación y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos. Artículo 2°—El Estudio de Impacto Ambiental para exploración de hidrocarburos será dividido al menos en dos fases, en concordancia con el programa de exploración que se desarrollará conforme al avance de las actividades. Artículo 3°—Las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo 2 son: a) Fase I: prospección b) Fase II: exploración intensiva. Artículo 4°—La aprobación de la Fase I del estudio de impacto ambiental será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Artículo 5°—La SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL será el órgano encargado de establecer los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, y de su aprobación para cada una de las fases de exploración mencionadas, y para la explotación de hidrocarburos, de acuerdo con sus directrices internas de procedimiento. Artículo 6°—Ningún concesionario podrá pasar de la Fase I a la Fase II sin la debida valoración ambiental por parte de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y previa solicitud de la Dirección General de Hidrocarburos. Artículo 7°—Se deroga el Título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, el cual incluye los artículos del N° 266 al N° 283 inclusive. Artículo 8°—Rige a partir de su firma." El juicio de reproche de la parte actora estriba fundamentalmente en el tanto que la indicada normativa deroga, tal y como indica el artículo 7 supracitado, el título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos que indicaba lo siguiente: "TITULO X. De la protección ambiental Del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Artículo 266.—El contratista presentará previo a la firma del acto adjudicatorio, el EIA, que en caso de la firma del contrato será actualizado periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y explotación de los hidrocarburos según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. La actualización del Estudio de Impacto Ambiental se hará cada año o a solicitud del MIRENEM. Artículo 267.—De conformidad con lo estipulado en el artículo 31 e) de la Ley, el adjudicatario deberá rendir garantía de cumplimiento a efecto de asegurar la correcta ejecución del contrato y la protección del ambiente y de los recursos naturales. El porcentaje del monto de la garantía de cumplimiento que corresponde a la protección del ambiente y los recursos naturales, será recomendado por la CONEIA en acuerdo con la DGH y será definido en el cartel de licitación. Artículo 268.—El contratista tendrá que presentar el informe de EIA al MIRENEM para el área objeto de adjudicación, según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley. El EIA es un documento de evaluación del impacto ambiental de la actividad y contiene aspectos que requieren de la intervención de profesionales de diversas disciplinas en Ciencias Naturales como: Biología, Geología, Oceanografía. Geografía, Ingeniería Forestal, Geofísica, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Civil, Ingeniería en Topografía e Ingeniería Química entre otros. El EIA deberá ser efectuado por técnicos calificados, conforme a las normas del PE. Artículo 269.—El EIA se presentará con nueve copias completas ante la CONEIA y deberá comprender al menos la información y los documentos que se indican a continuación: A. EIA EN ZONAS TERRESTRES. 1. Introducción. 1.1. Justificación del proyecto: objetivos y alcances económicos, financieros, técnicos, sociales y ambientales; metas. 1.2. Información general de la persona física o jurídica que realizará las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 1.3. Calificación profesional y experiencia del equipo interdisciplinario que elaboró el EIA y contratista. 2. Ubicación del proyecto: 2.1. Descripción geográfica general: a. Ubicación territorial administrativa (identificación de número de bloques, delimitación por coordenadas de y su zona de influencia). b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades incluidas dentro de área de estudio y su zona de influencia. c. Vías de acceso y estado de las mismas. d. Actividades productivas. e. Cauces de agua. f. Mapa de ubicación del área sujeto a la contratación a escala 1: 200.000. g. Otros aspectos de interés, tales como obras de infraestructura, líneas de transmisión, accidentes geográficos naturales, etc. h. Cronograma de actividades del proyecto, con objetivos, metas, alcances y posibles modificaciones futuras. 3. Una descripción del proyecto: 3.1. Métodos a utilizar en el proyecto, descripción por etapas de los procedimientos, sistemas y técnicas que se implementarán. 3.2. Requisitos técnicos: medios e instrumentos a utilizar. 3.3. Rendimientos esperados: volumen (en caso de explotación). 3.4. Metodología de la exploración y explotación. 3.5. Mapa geográfico actualizado que contenga los detalles hidrográficos, infraestructura, asentamientos humanos, etc. de importancia. Este mapa puede elaborarse teniendo en cuenta la situación pre-operacional del proyecto, a una escala apropiada a las dimensiones del mismo (1:200.00Ü ó 1:100.000). 3.6. Mapa del uso del suelo con actualización de fotografía área de base, mínimo escala 1:50.000. 3.7. Otros aspectos que deberá contener esta información: vías de acceso existentes o cambios que deben construirse: métodos de estabilización, planos, etc. Acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques, diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronogramas de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración y explotación, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Geomorfología (taludes). b. Suelos. c. Climatología/calidad de aire. d. Hidrología superficial/subterránea. e. Vegetación. f. Fauna terrestre, habitáis, nichos, poblaciones, comunidades. g. Otros ecosistemas (p.e. manglares). h. Paisaje/calidad. i. Fomento de amenazas naturales. j. Inundaciones. k. Especies amenazadas o en vías de extinción. l. Aceleración en procesos de erosión/sedimentación. m. Contaminación ambiental (generación/aumento: aire, suelo, agua, sónica). n. Alteración de patrones migratorios (fauna en general). 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. Localización y distribución de asentamientos humanos. b. Infraestructura y servicios básicos. c. Contaminación/saneamiento ambiental (sinergismos). d. Efectos en la salud pública. e. Riesgos ocupacionales (salud/seguridad laboral). f. Efectos en medios y vías de transporte. g. Efectos relacionados con recreación - turismo. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a. Químicos a emplearse, cantidades y aspectos lexicológicos de los mismos, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna. b. Control de aguas, de acidez o basicidad y aspectos físico químicos. c. Control de explosivos a emplearse. d. Características de instalaciones a construirse. 5.2. EIA para perforación. a. Perforaciones, tipo de maquinaria, usos de los lodos de perforación. b. Descripción de las obras a realizarse y sistema operacional de las mismas. c. Diseño del movimiento de tierras. d. Características de instalaciones. 5.3. EIA para explotación. a. Mapas de ubicación de materiales de desecho. b. Equipo de perforación a utilizarse y otro tipo de maquinaria. c. Lugares destinados para disposición temporal de suelos, si lo amerita el caso. d. Sistemas de seguridad, estabilidad de taludes y sistemas de represamiento y control de fluidos. e. Controles de calidad de los vertidos. f. Flujorama y descripción de planta de tratamiento. g. Sistemas de almacenamiento y transporte. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Los efectos sobre la vegetación en general y sobre las áreas por deforestar en especial. 6.2. Los efectos sobre los suelos y los programas necesarios para controlar su erosión. 6.2.1. Geología regional que comprenderá descripción y análisis global, así como representación gráfica y cartográfica de: geología estructural, estratigrafía, sismología, vulcanología. 6.2.2. Geología local en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.3. Geopedología regional que comprenderá descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: capacidad de uso según características naturales, metodología del Centro Científico Tropical. 6.2.4. Geopedología detallada en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.5. Climatología regional que comprenderá la descripción global y representación gráfica y cartográfica de: meteorología, precipitación, temperatura, vientos, radiación y evapotranspiración (humedad relativa). 6.2.6. Climatología local (parámetros similares al anterior). La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Los efectos sobre la calidad de las aguas continentales, subterráneas, marinas así como los programas necesarios de control de contaminación. 6.3.1. Hidrología regional que comprenderá la descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: a. Aguas superficiales: redes hídricas, régimen de escorrentía, arrastre de sedimentos, características físico-químicas del agua (calidad), zonas con potencial hídrico, uso de las aguas, hidrología local de obras específicas del proyecto. b. Aguas subterráneas: condiciones geológicas, balance hídrico, características del acuífero o acuíferos de la zona, propiedades físico-químicas del agua (calidad) y otros. c. Lagos y pantanos. Dimensiones, dinámica, condiciones ambientales. 6.3.2. Estudio de los programas de control sobre las zonas costeras. 6.4. Los efectos sobre la flora y la fauna. 6.4.1. Ambiente terrestre que comprenderá: calidad, flora y fauna de la región, descripción general, vegetación - descripción y tipo- estratificación, composición florística, perfil real de vegetación, densidad, sucesiones y ecotonos, fauna existente, especies migratorias, especies amenazadas en vías de extinción. 6.4.2. Ambiente acuático que comprenderá: calidad de agua, flora y fauna acuática. 6.5. Los efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 6.5.1. Calidad de paisaje que comprenderá: capacidad de absorción/fragilidad, recreación, turismo (existente/potencial). 6.5.2. Ambiente humano (local y cantonal) que comprenderá: asentamientos humanos y actividades productivas predominantes, situación de empleo y características de la fuerza laboral, patrimonio histórico-arqueológico que se encuentre en el área, infraestructura y servicios básicos existentes, salud salubridad, salud ocupacional, educación, energía, comunicaciones, transporte, requisitos y servicios municipales (patentes y permisos), seguridad pública, aspectos institucionales y legales (de apoyo/restricciones). 7. Las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición. 7.1. Objetivos y alcances del plan. 7.2. Justificación de la programación. 7.3. Presupuesto del plan de recuperación del medio ambiente, por fases y total. 7.4. Representación gráfica y cartográfica del área: en la fase preoperacional (estado del ambiente), al finalizar el proyecto (estado del ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. 7.5. Acciones o programas que beneficien a la comunidad realizados por el contratista. 7.6. El Plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (formas de control y seguimiento). 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas terrestres. 8.1. Descripción detallada de acciones tendientes a mitigar el impacto y acciones correctivas. 8.2. Plan de vigilancia y control de alteraciones de la biocenosis. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. 10.1. Patrimonio histórico- arqueológico. 10.2. Características socioculturales de los habitantes. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. 11.1. Actividades productivas existentes. 11.2; Estructuras del empleo/características de la fuerza laboral. 11.3.Economía local. 12. Impactos del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. Amenazas naturales. b. Inundaciones-avenidas. c. Sismos/terremotos. d. Erupciones volcánicas. e. Remociones en masa: deslizamientos, hundimientos, etc. f. Perturbaciones climáticas. g. Incendios (por causas naturales). h. Invasiones/plagas (fauna silvestre). 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: lista de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y presentación de las garantías. B. EIA EN ZONAS MARINAS. 1. Introducción. 1.1.; 1.2; 1.3 ídem al EIA zonas terrestres. 2. Ubicación del proyecto. 2.1. Descripción Geográfica General a. ídem al EIA zona terrestre punto 2.1., a. b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades en áreas costeras y su zona de influencia. c. Actividades productivas pesqueras. d. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., f. e. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., g. f. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., h. 3. Descripción del proyecto: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; ídem al EIA zona terrestre. 3.5. Mapa general del área que indique gráficamente las operaciones planeadas, escala 1:100 000. 3.6. Obras que se construirán en tierra relacionadas con el proyecto: ubicación y descripción. Se deberá acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronograma de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Ambiente marino. b. Áreas costeras: esteros, lagunas marinas, playas, bancos arenosos, deltas, manglares, arrecifes, etc. 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. En la actividad pesquera b. En zonas costeras. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a.,b.,c. idem al EIA zona terrestre puntos 5.1. a.,b.,c.d. Instalaciones a construir en áreas costeras. 5.2. EIA para perforación. a. Características de plataforma a utilizarse, tipo de maquinaria, uso de lodos de perforación. b. ídem al EIA zona terrestre punto 5.2. b. 5.3. EIA para explotación. a. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. b. b. Sistema de seguridad a utilizarse, control de desechos, sistemas de tratamiento. c. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. e. d. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. f. e. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. g. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Efectos sobre flora y fauna marina. 6.2. Caracterización general de los ambientes oceanógraficos y sedimentológicos actuales de la región, tanto del área marina como de la zona costera de influencia. Debe mostrar la dinámica general de las corrientes marinas. a. Los efectos sobre las área terrestres costeras del proyecto. 6.2.1.- 6.2.6. idem al EIA zona terrestre puntos 6.2.1.-6.2.6. La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Efectos sobre las aguas marinas. 6.3.1. Oceanografía general del área contratada. 6.3.2. Características hidrogeológicas de las áreas costeras relacionadas. 6.3.3. Programas de control en las áreas costeras. 6.4. Efectos sobre poblaciones y asentamientos humanos de las áreas costeras e insulares. 7. Las cantidades de desechos y planes para su manejo y disposición. a.,b.,c., idem al EIA zona terrestre puntos 7.a.,7.b.,7.c. d. Representación gráfica y cartográfica del área costera: en la fase preoperacional (estado de ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. e. ídem al EIA zona terrestre punto 7.e. f. El plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (forma de control y seguimiento), para las áreas costeras. 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y costeros. a.,b., idem al EIA zona terrestre puntos 8.a., 8.b. c. equipo con que se cuenta para prevención y mitigación de derrames de hidrocarburos. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general de las zonas marinas y costeras. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural en las zonas marinas, insulares y costeras. a. b. ídem al EIA zona terrestre puntos 10.a., 10.b. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. a.,b.,c. ídem al EIA zona terrestre puntos 11.a.,11.b.,11.c. 12. Impacto del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.a. b. Sismos/terremotos/tsunamis c. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.d. d. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.f. e. Mareas rojas. 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: listas de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interrelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y de las garantías. Artículo 270.—Para las áreas contratadas mixtas con bloques tanto marinos como terrestres, el contratista deberá presentar 2 informes de EIA, uno para los bloques terrestres y otro para los bloques marinos, por separado. Artículo 271.—El contratista tiene la obligación de presentar a la DGH, el plan de contingencia anual para derrames de petróleo y emergencias. Del monitoreo del impacto ambiental. Artículo 272.—El contratista efectuará verificaciones regulares para la prevención del impacto y tomará medidas de control de acuerdo con lo estipulado por el EIA y aprobado por la CONEIA. Cuando sea necesario, se iniciarán medidas adicionales o alternativas para reducir impactos no previstos. De las auditorías ambientales. Artículo 273.—Durante las operaciones de exploración y explotación se llevarán a cabo auditorías ambientales externas, cuyo costo será cubierto por el contratista, de acuerdo con el EIA y aprobado por la CONEIA. De los lugares arqueológicos y edificios. Artículo 274.—En la operación sísmica se deberá evitar los lugares arqueológicos para prevenir el impacto negativo. Artículo 275.—El personal será informado antes de iniciar la operación, sobre el significado de la región, lo que constituye un sitio arqueológico, cómo reconocer uno y el procedimiento adecuado para reportar un posible sitio arqueológico. Artículo 276.—Todo hallazgo arqueológico, deberá ser reportarlo inmediatamente al MIRENEM y no se esperará a efectuar ninguna actividad, hasta tanto no se reciban instrucciones de este Ministerio. Manejo de desechos. Artículo 277.—El manejo de toda clase de desechos debe ser supervisados durante la ejecución de operaciones, y se llevará un registro de estos. Artículo 278.—Deberá prepararse un inventario de los volúmenes de hidrocarburos o posibles contaminantes almacenados en los campamentos, embarcaciones, lanchas o transportados en tanqueros. Artículo 279.—Todos los hidrocarburos que no puedan ser rehusados deberán ser quemados en una fosa de quema recubierta adecuadamente (si es necesario, se mezclarán con basura doméstica para asegurarse que ocurra una combustión completa). Artículo 280.—En caso de amenaza de contaminación del agua, deberán ser notificadas las autoridades competentes y la población local. De los informes de accidentes ambientales y reclamos. Artículo 281.—Es responsabilidad del contratista informar de los accidentes ambientales. Artículo 282.— Se considerará como casos de accidentes ambientales, los siguientes: a) Fugas de aceites, disposición impropia de desechos. b) Incumplimiento de las normas o procedimientos ambientales previamente aprobados. c) Cortes o remociones no autorizadas de vegetación. d) Pérdida de Biota. e) Contaminación o deterioro de los recursos naturales. Artículo 283.—Se deberá definir un procedimiento adecuado, en el campo, que facilite la aplicación a tiempo de las medidas correctivas...." De conformidad con lo establecido en ambos cuerpos normativos, tanto el impugnado en este proceso, como el derogado, se advierte que tal y como establece la norma de análisis "Artículo 4°—La aprobación de la Fase I del estudio de impacto ambiental será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos." (el destacado es nuestro). Lo anterior deviene contrario a lo dispuesto en el artículo 31 y 41 de la Ley de Hidrocarburos, en tanto establecen lo siguiente: "ARTICULO 31.- Los contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos los suscribirá el Poder Ejecutivo y como mínimo estipularán, lo siguiente: f) El estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas." "ARTICULO 41.- Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables". La redacción original de esta última norma fue declarada contraria al derecho de la Constitución, de conformidad con el artículo 1221-2002 de 6 de febrero de 2002, que resolvió lo siguiente: "I.- Sobre el fondo. Se impugna en este caso el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, número 7399 de 3 de mayo de 1994, cuyo texto completo reza: "Artículo 41.- Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables. Con el objeto de garantizar un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de proteger sus usos actuales y futuros, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas otorgará toda adjudicación condicionada a que se apruebe un estudio del impacto ambiental de sus actividades. El oferente seleccionado deberá presentar ese estudio dentro de los cuatro meses siguientes a que se le notifique la resolución respectiva. Para evaluar el estudio mencionado, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas dispondrá de un plazo de dos meses, contados a partir de su presentación. Si aprueba el estudio, la adjudicación se tendrá por definitiva y se procederá a firmar el contrato. Si el estudio está incompleto o deficiente, el ministerio le concederá al interesado un plazo hasta de dos meses para que lo corrija. De no completarse o corregirse a satisfacción del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas o si el estudio no se presenta la adjudicación se tendrá como inexistente para todos los efectos legales. Los estudios de impacto ambiental deberán ser efectuados por técnicos calificados, conforme a las normas del Poder Ejecutivo. El análisis del impacto ambiental deberá incluir, por lo menos, lo siguiente: a) Una descripción del proyecto. b) Su impacto, directo e indirecto, sobre el ambiente natural y el humano. c) Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto. ch) Un diagnóstico físico, biológico y humano, que deberá incluir: 1.- Los efectos sobre la vegetación, en general, sobre las áreas por deforestar, en especial. 2.- Los efectos sobre los suelos y los programas necesarios para controlar su erosión. 3.- Los efectos sobre la calidad de las aguas continentales, subterráneas y marinas, así como los programas necesarios para el control de la contaminación. 4.- Los efectos sobre la flora y la fauna. 5.- Los efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. d) Las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición. e) Las medidas de mitigación y los planes de contingencia para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y terrestres. f) Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de los hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general. g) Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. h) Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales. El citado estudio se revisará y se actualizará periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y de explotación." III.- Precedentes sobre la materia. En efecto, lleva razón el accionante al recordar que la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la norma impugnada cuando era parte del entonces proyecto de Ley de Hidrocarburos, expediente legislativo número 9573. En esa ocasión y mediante resolución 6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, se indicó sobre el particular: "XII.- SOBRE LA PROTECCION DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Pero lo más grave es que no se prevé una consecuencia directa del incumplimiento de esas exigencias, dejando a merced del libre arbitrio de los funcionarios competentes, la decisión sobre el punto. Estima la Sala que el tema debe ser analizado desde la perspectiva constitucional en aras de garantizar la protección del derecho a un ambiente sano ampliamente reconocido y protegido por esta jurisdicción y expresamente contemplado por el artículo 89 de la Constitución que establece: "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.' XIII.- El término 'bellezas naturales' era el empleado al momento de promulgarse la Constitución, (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. Ningún resultado racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres animados, dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras. XIV.- De esta segunda visión del tema ambiental, se hace posible revestir a los derechos individuales clásicos de las condiciones necesarias para su pleno disfrute y ejercicio, en especial del derecho a la vida particularmente reforzado por nuestro artículo 21 constitucional, que la declara inviolable. Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas directamente derivadas de las fundamentales –entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional– que operan como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las condiciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, se constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles con autonomía de aquéllos. Son verdaderas normas subconstitucionales como las denomina la doctrina, surgidas de la interpretación armónica del derecho de la Constitución; como por ejemplo la relación género–especie entre la libertad de comercio y la libertad de contratación según lo desarrolló la Corte Plana en funciones de tribunal constitucional, en la sentencia de 26-8-82. La segunda como consecuencia de la primera, es una condición indispensable para su ejercicio y sin embargo un derecho autónomo a la vez. XV.- Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de 'proteger las bellezas naturales' contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado. XVI.- El derecho a la Salud, como derecho humano, fue reconocido por la Sala en tempranas sentencias, como la #56-90 que declaró ese derecho como irrenunciable; y la sentencia #1755-90 en la que se dijo: 'En el presente caso, está de por medio del derecho a la Salud, derecho fundamental del ser humano –en la medida en que la vida depende en gran parte de su respecto– de tal forma que conforme a nuestra Constitución Política, artículos 10 y 48, y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la materia objeto del presente recurso... sí se constituye en objeto de obligado conocimiento de esta instancia, en la medida en que involucra la presunta violación de un derecho constitucional...' De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ilustración podemos citar las sentencias 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido. XVII.- Dentro de este proceso lógico de integración y desarrollo de los valores constitucionales, empleando como instrumento jurídico la interpretación lógico sistemática de los mismos, la enmienda al artículo 48 de la Constitución operada en 1989, ha ampliado de manera singular el catálogo de derechos humanos susceptibles de protección judicial al remitirnos expresamente al derecho internacional contenido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país. Ordenamiento jurídico supranacional que debemos integrar al análisis del Proyecto de Ley consultado en virtud del rango superior a las leyes que le otorga el artículo 7° de la Constitución. XVIII.- En efecto, Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable –y de exigibilidad judicial directa– al caso sobre todo por la posibilidad de explotar los recursos hidrocarburados en otras áreas no parte del régimen de parques nacionales. Por ello resulta imprescindible revisar qué otras áreas o biosistemas estarían vedados a esta actividad o en los que es necesario cumplir otras exigencias. XIX.- En Primer término podemos citar como directamente atinente a la materia que nos ocupa: A) El 'CONVENIO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS', Firmado en México D.F. el 29 de diciembre de 1972 y aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #5566 de 13 de agosto de 1974 que impide 'la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida humana, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar' (art. 1°), materias especificadas en el Anexo Primero que en su inciso 5° incluye diferentes derivados de los hidrocarburos. El Convenio exige permisos del Estado ribereño para verter ciertos desechos autorizados. B) El 'CONVENIO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO Y SU PROTOCOLO DE COOPERACION PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LA REGION DEL GRAN CARIBE', abierto a la firma en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983 y en Bogotá del 25 de marzo de 1983 al 23 de marzo de 1984; aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #7227 de 12 de abril de 1991, el que tiene como objeto 'prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del convenio y para asegurar una ordenación racional del medio'. Destacan el artículo 10 que otorga especial importancia a 'los ecosistemas raros y vulnerables, así como el hábitat de especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción'; y se comprometen los Estados partes a constituir zonas protegidas. El artículo 12 obliga a 'elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la planificación de sus Proyectos de desarrollo importantes', que sirvan para prevenir la contaminación del medio marino. C).- El 'CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO', Adoptado en Viena el 22 de marzo de 1985, aprobado por ley #7228 de 22 de abril de 1991, y su 'PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO' suscrito en Montreal el 16 de setiembre de 1987 y aprobado por ley #7223 de 2 de abril de 1991, que protegen 'la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.' CH).- La 'CONVENCION DE LA ONU SOBRE DERECHO DEL MAR', suscrita en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y aprobada por ley #7291, publicada el 15 de julio de 1992, que regula lo concerniente a la explotación de los recursos naturales en la plataforma continental. D). CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS', suscrito en Ramsar el 2 de febrero de 1971 y aprobado por ley #7224 de 2 de abril de 1991, por el que se protegen los humedales entendidos como 'extensiones de marismas, pantanos, tueberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros'; así como a las aves acuáticas que son aquellas que dependen de las zonas húmedas. (Art. 1°) E).- La 'CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL' Suscrita en París el 23 de noviembre de 1972 y aprobada por ley #5980 de 23 de octubre de 1966, por la que se obliga a la conservación del patrimonio cultural, definido como la protección de monumentos de un valor excepcional universal como cavernas; de conjuntos de edificaciones; de lugares como obras de la naturaleza. Además declara patrimonio natural a las formaciones físicas o biológicas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas. f).- La 'CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA'. Adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973 y aprobada por ley #3763 de 19 de octubre de 1976, que define las diferencias entre los parques nacionales, reservas naturales, los monumentos naturales, las reservas de regiones vírgenes y prohibe alterar los límites de los parques nacionales sino es por ley y explotar sus riquezas con fines comerciales. En cuanto a las reservas de regiones vírgenes permite un uso compatible con las mismas. (arts.1 y 2). G).- 'CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES', de la O.I.T. Conocido como convenio #169 que introdujo reformas al anterior #107. Este convenio otorga preferencia a las comunidades indígenas en cuanto a la explotación de las riquezas naturales que existan dentro de los territorios que les pertenecen. XX.- Todas estos instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas por el Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos en tanto el rango normativo de aquéllos es superior. En consecuencia lo dispuesto por el artículo 41 párrafo 2° del Proyecto que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado. Por ello estima la Sala que el artículo 41 prf. 2° es inconstitucional en este aspecto." Este criterio, que fue vertido entonces por la Sala en función consultiva, ha sido reafirmado –recientemente incluso– en sentencia número 2001-04245 de las 15:01 horas del 23 de mayo del 2001. IV.- Aplicación al presente caso. El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que en materia de consulta legislativa –como la que se evacuó conforme al Considerando anterior– el dictamen que emita la Sala solo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado. Sin embargo, el párrafo final agrega que, en todo caso, "el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad", que es la situación exacta que se presenta en el sub examine, sin que aprecie la Sala motivo alguno para variar el criterio sostenido en las mencionadas resoluciones. De manera que no cabe duda de que la norma que promulgó el legislador como parte del texto final de la Ley de Hidrocarburos efectivamente arrastra los vicios previamente apuntados al proyecto y sobre cuya inconformidad constitucional no habría discusión. V.- Conclusión. Ahora bien, en el presente análisis, surge la convicción de que la declaratoria de ilegitimidad que recaiga debe extenderse no sólo al párrafo segundo del artículo 41 cuestionado, sino también a los siguientes, que son desarrollo y consecuencia directa del señalado. Al respecto, debe indicarse que no ha de preocupar que la anulación de estos preceptos se pueda interpretar como que con su ausencia se torne innecesario el requisito del estudio de impacto ambiental como parte del trámite de las respectivas concesiones. Por el contrario, el párrafo primero de la norma, que queda intacto, reafirma la necesidad de que "las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables". Y, en este sentido, el restante ordenamiento jurídico viene a suplir adecuadamente el vacío creado, mediante disposiciones que no permiten ignorar la necesidad de los estudios de impacto ambiental, comenzando por el artículo 31, inciso f), de la propia Ley de Hidrocarburos, que lo exige y que no contiene el vicio apuntado al ordinal 41. Y podemos citar también, a mayor abundamiento, lo señalado sobre el particular en otros cuerpos legales, tales como La Ley de la Contratación Administrativa, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos; la Ley de uso, manejo y conservación de suelos; la Ley de Biodiversidad y, muy especialmente, la Ley Orgánica del Ambiente. De manera que queda absolutamente en claro que el pronunciamiento que aquí se hace no puede conducir a la omisión de estos importantísimos estudios, de previo al otorgamiento de los permisos o concesiones del caso. Por tanto: Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anulan los párrafos segundo y siguientes del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, número 7399 de 3 de mayo de 1994. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese." (el destacado es nuestro). Como se advierte de las normas de análisis, el acto administrativo objetado permite que el acto adjudicatorio de la concesión de exploración petrolera adquiera firmeza - con la generación de situaciones jurídicas subjetivas en favor del concesionario - con la sola aprobación de la fase 1 del EIA, siendo así que de los autos se evidencia con claridad que dicha primera fase carece del análisis integral e integrado que requiere un EIA completo. Con lo anterior, se ralentiza las medidas previas de control de la actividad de prospección y exploración petrolera, confrontado con lo establecido en el artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995), derogados por la norma objetada. En este sentido, debe tomarse dos consideraciones: a) La prospección petrolera no es una serie de actividades numeros clausus y no es cierto que la misma per se no pueda implicar riesgo al ambiente. En este sentido, la norma cuestionada indica que la misma es: "Prospección Petrolera: Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografíado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restringa al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades." (el destacado es nuestro). Como se advierte, sí podría existir el uso de actividades más intensivas, las el decreto las condiciona a una autorización expresa de la SETENA. Con lo anterior, bien podría no tomarse algunas de estas medidas en el EIA para la fase de prospección y luego ser realizadas, a pesar de no haber sido tomadas en consideración previamente en el respectivo estudio. b) La conducta administrativa objetada establece expresamente que "Artículo 3°—Las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo 2 son: a) Fase I: prospección b) Fase II: exploración intensiva. Artículo 4°—La aprobación de la Fase I del estudio de impacto ambiental será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos". Como se advierte de ambas normas, con la mera aprobación de la fase del EIA para la prospección, ya se estaría generando un derecho subjetivo a favor del concesionario, en tanto que con el mismo, el respectivo acto adjudicatorio adquiriría firmeza. Si bien, el artículo 6 del acto objetado indica que "Ningún concesionario podrá pasar de la Fase I a la Fase II sin la debida valoración ambiental por parte de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y previa solicitud de la Dirección General de Hidrocarburos.", es de advertir que el mismo deja abiertos los términos propios en que se realizará el estudio de impacto ambiental, a contrario de la normativa derogada, en tanto dispuso que "La SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL será el órgano encargado de establecer los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, y de su aprobación para cada una de las fases de exploración mencionadas, y para la explotación de hidrocarburos, de acuerdo con sus directrices internas de procedimiento". Como se evidencia, esta última disposición deja a criterio de la SETENA los términos de referencia para la elaboración del EIA a contrario del decreto ejecutivo artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995), que indicaba que el mismo, al menos debía poseer lo siguiente: "Artículo 268.—El contratista tendrá que presentar el informe de EIA al MIRENEM para el área objeto de adjudicación, según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley. El EIA es un documento de evaluación del impacto ambiental de la actividad y contiene aspectos que requieren de la intervención de profesionales de diversas disciplinas en Ciencias Naturales como: Biología, Geología, Oceanografía. Geografía, Ingeniería Forestal, Geofísica, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Civil, Ingeniería en Topografía e Ingeniería Química entre otros. El EIA deberá ser efectuado por técnicos calificados, conforme a las normas del PE. Artículo 269.—El EIA se presentará con nueve copias completas ante la CONEIA y deberá comprender al menos la información y los documentos que se indican a continuación: A. EIA EN ZONAS TERRESTRES. 1. Introducción. 1.1. Justificación del proyecto: objetivos y alcances económicos, financieros, técnicos, sociales y ambientales; metas. 1.2. Información general de la persona física o jurídica que realizará las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 1.3. Calificación profesional y experiencia del equipo interdisciplinario que elaboró el EIA y contratista. 2. Ubicación del proyecto: 2.1. Descripción geográfica general: a. Ubicación territorial administrativa (identificación de número de bloques, delimitación por coordenadas de y su zona de influencia). b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades incluidas dentro de área de estudio y su zona de influencia. c. Vías de acceso y estado de las mismas. d. Actividades productivas. e. Cauces de agua. f. Mapa de ubicación del área sujeto a la contratación a escala 1: 200.000. g. Otros aspectos de interés, tales como obras de infraestructura, líneas de transmisión, accidentes geográficos naturales, etc. h. Cronograma de actividades del proyecto, con objetivos, metas, alcances y posibles modificaciones futuras. 3. Una descripción del proyecto: 3.1. Métodos a utilizar en el proyecto, descripción por etapas de los procedimientos, sistemas y técnicas que se implementarán. 3.2. Requisitos técnicos: medios e instrumentos a utilizar. 3.3. Rendimientos esperados: volumen (en caso de explotación). 3.4. Metodología de la exploración y explotación. 3.5. Mapa geográfico actualizado que contenga los detalles hidrográficos, infraestructura, asentamientos humanos, etc. de importancia. Este mapa puede elaborarse teniendo en cuenta la situación pre-operacional del proyecto, a una escala apropiada a las dimensiones del mismo (1:200.00Ü ó 1:100.000). 3.6. Mapa del uso del suelo con actualización de fotografía área de base, mínimo escala 1:50.000. 3.7. Otros aspectos que deberá contener esta información: vías de acceso existentes o cambios que deben construirse: métodos de estabilización, planos, etc. Acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques, diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronogramas de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración y explotación, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Geomorfología (taludes). b. Suelos. c. Climatología/calidad de aire. d. Hidrología superficial/subterránea. e. Vegetación. f. Fauna terrestre, habitáis, nichos, poblaciones, comunidades. g. Otros ecosistemas (p.e. manglares). h. Paisaje/calidad. i. Fomento de amenazas naturales. j. Inundaciones. k. Especies amenazadas o en vías de extinción. l. Aceleración en procesos de erosión/sedimentación. m. Contaminación ambiental (generación/aumento: aire, suelo, agua, sónica). n. Alteración de patrones migratorios (fauna en general). 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. Localización y distribución de asentamientos humanos. b. Infraestructura y servicios básicos. c. Contaminación/saneamiento ambiental (sinergismos). d. Efectos en la salud pública. e. Riesgos ocupacionales (salud/seguridad laboral). f. Efectos en medios y vías de transporte. g. Efectos relacionados con recreación - turismo. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a. Químicos a emplearse, cantidades y aspectos lexicológicos de los mismos, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna. b. Control de aguas, de acidez o basicidad y aspectos físico químicos. c. Control de explosivos a emplearse. d. Características de instalaciones a construirse. 5.2. EIA para perforación. a. Perforaciones, tipo de maquinaria, usos de los lodos de perforación. b. Descripción de las obras a realizarse y sistema operacional de las mismas. c. Diseño del movimiento de tierras. d. Características de instalaciones. 5.3. EIA para explotación. a. Mapas de ubicación de materiales de desecho. b. Equipo de perforación a utilizarse y otro tipo de maquinaria. c. Lugares destinados para disposición temporal de suelos, si lo amerita el caso. d. Sistemas de seguridad, estabilidad de taludes y sistemas de represamiento y control de fluidos. e. Controles de calidad de los vertidos. f. Flujorama y descripción de planta de tratamiento. g. Sistemas de almacenamiento y transporte. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Los efectos sobre la vegetación en general y sobre las áreas por deforestar en especial. 6.2. Los efectos sobre los suelos y los programas necesarios para controlar su erosión. 6.2.1. Geología regional que comprenderá descripción y análisis global, así como representación gráfica y cartográfica de: geología estructural, estratigrafía, sismología, vulcanología. 6.2.2. Geología local en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.3. Geopedología regional que comprenderá descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: capacidad de uso según características naturales, metodología del Centro Científico Tropical. 6.2.4. Geopedología detallada en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.5. Climatología regional que comprenderá la descripción global y representación gráfica y cartográfica de: meteorología, precipitación, temperatura, vientos, radiación y evapotranspiración (humedad relativa). 6.2.6. Climatología local (parámetros similares al anterior). La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Los efectos sobre la calidad de las aguas continentales, subterráneas, marinas así como los programas necesarios de control de contaminación. 6.3.1. Hidrología regional que comprenderá la descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: a. Aguas superficiales: redes hídricas, régimen de escorrentía, arrastre de sedimentos, características físico-químicas del agua (calidad), zonas con potencial hídrico, uso de las aguas, hidrología local de obras específicas del proyecto. b. Aguas subterráneas: condiciones geológicas, balance hídrico, características del acuífero o acuíferos de la zona, propiedades físico-químicas del agua (calidad) y otros. c. Lagos y pantanos. Dimensiones, dinámica, condiciones ambientales. 6.3.2. Estudio de los programas de control sobre las zonas costeras. 6.4. Los efectos sobre la flora y la fauna. 6.4.1. Ambiente terrestre que comprenderá: calidad, flora y fauna de la región, descripción general, vegetación - descripción y tipo- estratificación, composición florística, perfil real de vegetación, densidad, sucesiones y ecotonos, fauna existente, especies migratorias, especies amenazadas en vías de extinción. 6.4.2. Ambiente acuático que comprenderá: calidad de agua, flora y fauna acuática. 6.5. Los efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 6.5.1. Calidad de paisaje que comprenderá: capacidad de absorción/fragilidad, recreación, turismo (existente/potencial). 6.5.2. Ambiente humano (local y cantonal) que comprenderá: asentamientos humanos y actividades productivas predominantes, situación de empleo y características de la fuerza laboral, patrimonio histórico-arqueológico que se encuentre en el área, infraestructura y servicios básicos existentes, salud salubridad, salud ocupacional, educación, energía, comunicaciones, transporte, requisitos y servicios municipales (patentes y permisos), seguridad pública, aspectos institucionales y legales (de apoyo/restricciones). 7. Las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición. 7.1. Objetivos y alcances del plan. 7.2. Justificación de la programación. 7.3. Presupuesto del plan de recuperación del medio ambiente, por fases y total. 7.4. Representación gráfica y cartográfica del área: en la fase preoperacional (estado del ambiente), al finalizar el proyecto (estado del ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. 7.5. Acciones o programas que beneficien a la comunidad realizados por el contratista. 7.6. El Plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (formas de control y seguimiento). 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas terrestres. 8.1. Descripción detallada de acciones tendientes a mitigar el impacto y acciones correctivas. 8.2. Plan de vigilancia y control de alteraciones de la biocenosis. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. 10.1. Patrimonio histórico- arqueológico. 10.2. Características socioculturales de los habitantes. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. 11.1. Actividades productivas existentes. 11.2; Estructuras del empleo/características de la fuerza laboral. 11.3.Economía local. 12. Impactos del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. Amenazas naturales. b. Inundaciones-avenidas. c. Sismos/terremotos. d. Erupciones volcánicas. e. Remociones en masa: deslizamientos, hundimientos, etc. f. Perturbaciones climáticas. g. Incendios (por causas naturales). h. Invasiones/plagas (fauna silvestre). 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: lista de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y presentación de las garantías. B. EIA EN ZONAS MARINAS. 1. Introducción. 1.1.; 1.2; 1.3 ídem al EIA zonas terrestres. 2. Ubicación del proyecto. 2.1. Descripción Geográfica General a. ídem al EIA zona terrestre punto 2.1., a. b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades en áreas costeras y su zona de influencia. c. Actividades productivas pesqueras. d. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., f. e. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., g. f. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., h. 3. Descripción del proyecto: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; ídem al EIA zona terrestre. 3.5. Mapa general del área que indique gráficamente las operaciones planeadas, escala 1:100 000. 3.6. Obras que se construirán en tierra relacionadas con el proyecto: ubicación y descripción. Se deberá acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronograma de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Ambiente marino. b. Áreas costeras: esteros, lagunas marinas, playas, bancos arenosos, deltas, manglares, arrecifes, etc. 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. En la actividad pesquera b. En zonas costeras. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a.,b.,c. idem al EIA zona terrestre puntos 5.1. a.,b.,c.d. Instalaciones a construir en áreas costeras. 5.2. EIA para perforación. a. Características de plataforma a utilizarse, tipo de maquinaria, uso de lodos de perforación. b. ídem al EIA zona terrestre punto 5.2. b. 5.3. EIA para explotación. a. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. b. b. Sistema de seguridad a utilizarse, control de desechos, sistemas de tratamiento. c. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. e. d. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. f. e. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. g. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Efectos sobre flora y fauna marina. 6.2. Caracterización general de los ambientes oceanógraficos y sedimentológicos actuales de la región, tanto del área marina como de la zona costera de influencia. Debe mostrar la dinámica general de las corrientes marinas. a. Los efectos sobre las área terrestres costeras del proyecto. 6.2.1.- 6.2.6. idem al EIA zona terrestre puntos 6.2.1.-6.2.6. La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Efectos sobre las aguas marinas. 6.3.1. Oceanografía general del área contratada. 6.3.2. Características hidrogeológicas de las áreas costeras relacionadas. 6.3.3. Programas de control en las áreas costeras. 6.4. Efectos sobre poblaciones y asentamientos humanos de las áreas costeras e insulares. 7. Las cantidades de desechos y planes para su manejo y disposición. a.,b.,c., idem al EIA zona terrestre puntos 7.a.,7.b.,7.c. d. Representación gráfica y cartográfica del área costera: en la fase preoperacional (estado de ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. e. ídem al EIA zona terrestre punto 7.e. f. El plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (forma de control y seguimiento), para las áreas costeras. 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y costeros. a.,b., idem al EIA zona terrestre puntos 8.a., 8.b. c. equipo con que se cuenta para prevención y mitigación de derrames de hidrocarburos. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general de las zonas marinas y costeras. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural en las zonas marinas, insulares y costeras. a. b. ídem al EIA zona terrestre puntos 10.a., 10.b. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. a.,b.,c. ídem al EIA zona terrestre puntos 11.a.,11.b.,11.c. 12. Impacto del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.a. b. Sismos/terremotos/tsunamis c. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.d. d. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.f. e. Mareas rojas. 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: listas de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interrelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y de las garantías...". Es criterio de este Colegio que con lo anterior, se abandona la existencia de una conducta administrativa reglada en cuanto a su contenido, hacia la aprobación de un acto discrecional en donde se ralentiza la seguridad jurídica necesaria que se debe poseer en la materia y se deja abierta la posibilidad de flexibilizar los elementos a tomar en consideración para cada una de las fases en la materia objeto de análisis. Si bien el testigo Astorga Gatgens habla de la existencia de una guía de estudios de evaluación de estudios de impacto ambiental, es evidente que una regulación específica en la materia de exploración y explotación petrolera con rango de decreto ejecutivo solo se encontraba contemplada en la normativa derogada por el decreto objeto del presente proceso. Lo anterior, es contrario al interés público ambiental y resulta contrario, como se indicará posteriormente a las disposiciones mismas de la Ley de Hidrocarburos. Por otra parte, si bien la testigo Dobrinescu indica que la prospección puede tener actividades de "gabinete", también reconoce que puede implicar actividades de campo, con lo cual se debe prever intervención el ambiente, tal y como indica respecto de la "sísmica", en donde la deponente señala que la misma puede darse "... a veces..." y los denominados "pozos de prospección..." A pesar de que la prospección es más amplio y la exploración más restringida, no excluye que la consecuencia de la implementación de la primera generará mayores riesgos de impacto ambiental posterior al pasar a la exploración, a pesar de lo cual, tal y como se ha indicado, con la mera aprobación del EIA para la fase 1, ya el acto de adjudicación de la concesión estaría firme. En razón de lo anterior, estima este Tribunal que no es procedente que con la mera aprobación de la fase 1 del estudio de impacto ambiental el acto de adjudicación de la concesión adquiera la condición de firme, habida cuenta que no se estaría contando con la valoración integrada e integral que requiere un estudio en una fase más invasiva e intensa como es la fase exploratoria y a pesar de ello, se estaría generando un derecho subjetivo a favor del concesionario. Resulta necesario indicar que el testigo Astorga Gatgens refiere que el propósito del acto objetado era evitar dar un cheque en blanco, dado que con la normativa anterior, la viabilidad ambiental habilitaba dar de primera entrada, la posibilidad de exploración en todas sus fases. No obstante, es menester indicar que la normativa derogada claramente establecía que el respectivo estudio de EIA "... en caso de la firma del contrato será actualizado periódicamente...", con lo cual se preveía situaciones como las descritas por el testigo en su deposición. Adicionalmente, no se advierte que la normativa preexistente significara un riesgo para el interés del país, si la Secretaría Técnica Ambiental implementara adecuadamente la normativa derogada por la conducta anulada . Consecuentemente, no se ha demostrado que la norma objetada sea más protectora del ambiente que la derogada y por el contrario, se estima que incrementa riesgo en cuanto a sus consecuencias, respecto del interés público. V.VII.- A mayor abundamiento, es menester indicar que el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos, indica lo siguiente: "ARTICULO 31.- Los contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos los suscribirá el Poder Ejecutivo y como mínimo estipularán, lo siguiente: a) El objeto, la aplicación y el área contratada. b) Los términos y las condiciones mediante los cuales se realizarán los trabajos, durante el período de exploración, deberán incluir, como mínimo, la perforación de un pozo exploratorio por año, a partir del segundo año, así como los presupuestos, la devolución de áreas y el suministro de la información. c) Los términos y las condiciones de los trabajos, durante el período de explotación, deberán incluir lo relacionado con el control técnico de las operaciones, los presupuestos, la producción, la regalía, el aprovechamiento del gas y el suministro de la información y cuando las circunstancias lo ameriten, las partes podrán revisarlos y ajustarlos. ch) La duración máxima, los derechos, las obligaciones, las condiciones, las sanciones y la responsabilidad de las partes. d) El impuesto sobre la renta. e) La garantía de cumplimiento, que deberá rendir el adjudicatario, a efecto de asegurar la correcta ejecución del contrato y la protección del ambiente y de los recursos naturales. El monto de la garantía se definirá en el cartel, de acuerdo con el programa mínimo propuesto y la ponderación del eventual daño ambiental que ese programa pueda generar. Esta garantía deberá rendirla el adjudicatario, dentro de los dos meses siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. f) El estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas". Como se advierte de la norma indicada, es condición para el contrato de concesión la existencia de un estudio de impacto ambiental, no de una fase del mismo, por lo que es evidente que la conducta objetada es contraria al artículo 31 citado. Si la disposición legal es obsoleta o improcedente, lo correcto es tramitar su modificación por los cauces legales correspondientes, mediante la voluntad de los representantes del soberano, mas no intentar hacer nugatorios sus alcances mediante una mera conducta administrativa formal de rango inferior, en tanto que el decreto objetado lo que hace es pretender violentar el principio de regularidad del ordenamiento jurídico y de jerarquía de las fuentes. No es óbice señalar los riesgos que entraña admitir la firmeza de la concesión con la sola fase 1 de la concesión, en tanto que bien podría la empresa contratista alegar en su favor el principio de intangibilidad de los actos propios para pretender que se encuentra incorporada a su esfera jurídica el derecho de que se continúe a las siguientes fases del proyecto. Tal y como se ha indicado, las normas legales apuntadas en el considerando anterior, se inclinaron a determinar que el EIA fuese previo a la firma del contrato respectivo, ello con el fin de que la administración pudiese tomar en cuenta lo que en la evaluación realizada se determinara, para así tomar las disposiciones contractuales y o de ejecución necesarias para minimizar o evitar las afectaciones al medio ambiente, ello siguiendo la idea del principio precautorio, que ha sido especialmente determinado en protección al ambiente, pues como se ha indicado, una afectación a este bien de la humanidad podría ser totalmente irreversible, de allí que el Estado deba mantener una actitud de defensa previa y no dejar que suceda el impacto y luego intentar rehabilitar lo dañado. En el Decreto que se analiza, no solo se omitió la palabra previo, la cual debió ser tomada en cuenta para que el desarrollo reglamentario fuese acorde con las Leyes, sino que además, la interpretación que puede darse de la división del EIA en etapas, es que, como se ha mencionado en este caso, en la etapa de prospección no sería necesario realizar un verdadero estudio de impacto ambiental integral, ello derivado de que se entienda que en esa fase no hay trabajo de campo y por lo tanto no sería relevante indicar las posibles afectaciones a futuro. Es menester reafirmar la convicción de este Tribunal respecto del debilitamiento de la protección ambiental, en tanto que la conducta administrativa cuestionada derogó el artículo 266 del Decreto 24735 y que indicaba: "El contratista presentará previo a la firma del acto adjudicatorio, el EIA, que en caso de la firma del contrato será actualizado periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y explotación de los hidrocarburos según lo estipula el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. La actualización del Estudio de Impacto Ambiental se hará cada año o a solicitud del MIRENEM". Como se advierte de esta última norma, la misma sí preveía la existencia de un estudio integral previo a la firmeza del contrato, lo cual resulta acorde con las disposiciones mismas de la Ley de Hidrocarburos. En este orden de ideas, debe analizarse lo anterior, tomando en consideración el artículo 46 del mismo cuerpo normativo que dispone como causal de "caducidad" del contrato: "a) El incumplimiento de las obligaciones y de las condiciones estipuladas en el contrato". Consecuentemente, es evidente que la existencia de un EIA integral previo resulta razonable con los objetivos de la norma, habida cuenta que el mismo forma parte del contrato de concesión rubricado y su incumplimiento generaría el fenecimiento de la respectiva relación contractual. Por lo anterior, se reafirma la convicción de este Tribunal respecto de que el decreto cuestionado está viciado de nulidad, tanto por lo que dispone en cuanto al EIA como respecto de la derogatoria de una normativa, más acorde con el interés público ambiental. Todo lo anterior, fundado en el artículo 11 incisos 1) y 2) de la Ley de la Biodiversidad, número 7788, del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, que en lo que interesa dispone: "Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia, anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección." (lo destacado es nuestro) y por el principio de inversión de la carga de la prueba establecido en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, el cual dispone que la carga de la prueba en los procedimientos ambientales corresponderá a quien solicita la autorización, licencia o permiso de uso o aprovechamiento de recursos naturales, o al infractor, a fin de demostrar que él no causó el daño, o que su actividad no generará daño al ambiente, en los siguientes términos: "Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitida, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso de acceso a la biodiversidad a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental". Considera este Tribunal que el decreto cuestionado implica un debilitamiento de la prevención necesaria de eventuales consecuencias negativas necesarias con motivo de la prospección y exploración petrolera, al dividir el EIA en dos fases y establecer la firmeza de la concesión con solo la primera y sin que se demuestre en autos de manera fehaciente que con la nueva regulación se mantendrá o mejorará la protección del ambiente establecida en la regulación derogada por la misma. V.VIII.- Por otra parte, es criterio de este Tribunal que no se ha demostrado de manera fehaciente que el contenido de la conducta administrativa cuestionada sea fundada en criterios y parámetros técnicos y científicos. Tanto la prueba documental aportada a los autos como la declaración de los testigos no evidencian que en el caso de nuestro país, con las condiciones geológicas y ambientales existentes en él, se pueda dividir el estudio de impacto ambiental en la forma prevista en el decreto cuestionado y además que el acto de adjudicación respectivo pueda adquirir firmeza con el solo EIA de la respectiva primera fase de prospección. A mayor abundamiento, es menester destacar que el legislador nacional, siguiendo la misma línea de protección ya marcada, promulga la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 en la que en su artículo 94 indica "Etapas de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad aun cuando el proyecto esté programado para realizarse en etapas", lo que demuestra que el Estado retoma en esa norma superior el compromiso que deriva de la normativa legal anterior ya indicada, a tal extremo que, ahora en la norma posterior, se aclara la posibilidad de realizar proyectos en etapas o fases, pero que el EIA debe considerarse uno en su totalidad, lo que guarda relación con lo dicho anteriormente en torno a la necesidad de que la administración deba contar, de previo al inicio de las actividades que pudieran tener impacto en el ambiente, el panorama claro a efectos de tomar todas las previsiones necesarias. V.IX.- Con respecto al argumento de la empresa coadyuvante pasivo, objetando la obligación de realizar un EIA completo desde el inicio de un proyecto por un aspecto de imposibilidad económica y técnica, es de indicar que esa aseveración no fue probada en autos, ni por la coadyuvante, ni por la representación estatal. En todo caso una consideración de pura naturaleza económica no puede devenir en un debilitamiento de protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado. V.X.- De conformidad con las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que el decreto ejecutivo 26750-MINAET de 27 de febrero de 1998 se encuentra viciado de nulidad absoluta , en tanto su contenido resulta contrario a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, dado que otorga firmeza a la adjudicación de la concesión sin tener la integralidad del impacto ambiental de la exploración respectiva y los principios ambientales que son expresamente reconocidos en la Ley de Biodiversidad, al implicar un debilitamiento de la protección de un ambiente sano y equilibrado y además no se advierte una motivación suficiente que fundamente la derogatoria de lo dispuesto en el artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995), normativa que venía a reglamentar la elaboración de un estudio de impacto ambiental de manera más integral y explícito, en protección del interés público ambiental. El Decreto que nos ocupa, estableció la aplicación de los EIA de forma fraccionada según la etapa o fase en la que se este operando por parte del interesado, determinando una división que la norma no autorizaba, omitiendo además la utilización de la característica de ser previos al desarrollo de las obras o actividades y dejando que en una primera etapa de prospección en la que no necesariamente se determinan aspectos de impacto ambiental propiamente dichos, al considerarse que no se está en una fase que implique trabajo de campo, todo ello estableciendo un efecto no determinado en las leyes, como lo es que con solo el EIA de la primera fase se tengan por cumplidos los requisitos de ley y se de como firme el acto de adjudicación. V.XI- Sobre el dimensionamiento de la nulidad del reglamento para la realización de estudios de impacto ambiental para los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos (decreto ejecutivo 26750-minae). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 inciso 3) y 131 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en aras de la seguridad jurídica, este Tribunal se encuentra facultado para dimensionar en el tiempo, espacio y materia la nulidad de un acto administrativo de alcance general como lo es el Reglamento aquí impugnado, por ello, al ser la nulidad absoluta dispuesta contra el Decreto 26750-MINAE, y de conformidad con el numeral 171 de la Ley General de la Administración Pública, esta declaratoria tendrá efecto ¿erga omnes? puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, por lo que debe este Tribunal reafirmar en esta sentencia dichos efectos y además, determinar que al haber modificado el Decreto anulado el artículo segundo del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (Decreto 24735 publicado en la Gaceta Nº 230 del 4 de diciembre de 1995) y al haber derogado el Título X de dicho Reglamento que incluía los artículos del 266 al 283, los mismos ante la nulidad decretada en esta sentencia, restablecerían su vigencia. Lo anterior, claro está, una vez que quede firme la presente sentencia, la cual deberá ser publicada íntegramente en el diario oficial La Gaceta, con cargo al Estado (artículo 130 inciso 3 in fine del Código Procesal Contencioso Administrativo).” ... Ver más Otras Referencias: Principios 15, 16 y 17 de la Declaración de Río adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992.Artículo 1.2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada en resolución 41-128 de 4 de diciembre de 1986 en Asamblea General de la Organización de Naciones. Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible Texto de la resolución EXPEDIENTE: CED90332- ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre59020 DEMANDADO: EL ESTADO COADYUVANTE PASIVO: MALLON OIL COMPAÑY S.A. 128-2017-V. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las once horas del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Proceso de conocimiento interpuesto por Nombre59020 , mayor, divorciado, biólogo, vecino de San Pablo de Heredia y portador de la cédula de identidad CED87771, representado por Denis Rubie Castro, mayor de edad, abogado, carné número CED90333 contra el ESTADO, representado por Alonso Arnesto Moya, mayor, abogado, vecino de San José, portador del carné del Colegio de Abogados de Costa Rica número 9674, en su condición de Procurador, junto con el coadyuvante pasivo MALLON OIL COMPANY, SUCURSAL COSTA RICA, representada por su Apoderado Generalísimo Pedro Oller Taylor, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Santa Ana y portador de la cédula de identidad CED90334, representada por Mariano Mercado Castro y Roberto Esquivel Cerdas, ambos mayores de edad, abogados en su condición de Apoderados Especiales Judiciales. RESULTANDO 1.- Que la parte actora interpuso su demanda con fecha 6 de julio de 2011, y pidió se declare lo siguiente: "...I. Con lugar la presente acción contenciosa-administrativa II. Que el Decreto Ejecutivo # 26750-MINAET de 27 de febrero de 1998, es nulo e ineficaz. III. En caso de que la representación estatal se oponga a la presente acción, solicito condenarla al pago de ambas costas de esta acción." Las indicadas pretensiones fueron ratificadas en audiencia preliminar del día once de enero de 2013, y leídas a las partes durante la audiencia de juicio oral, y nuevamente confirmadas por la parte actora . 2.- Que mediante resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil once se dio traslado de la demanda, siendo así que la representante estatal contestó de manera negativa. Opuso las defensas de Caducidad, Cosa Juzgada, Falta de Integración de litis consorcio pasiva necesaria, Falta de Interés Actual y Falta de Derecho. (Folios 75 a 131 del expediente principal). 3 .- Que el Juez Tramitador de este despacho en resolución número 933-2012 de las 11:20 horas del 29 de mayo de 2012, resolvió rechazar la defensa previa de Litis Consorcio pasivo necesario y además, admitió como coadyuvante a la empresa Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica (Folios 479 a 482 del expediente judicial). La representación del Estado presentó el 5 de junio de 2012 recurso de Apelación contra la resolución que declaró sin lugar la defensa de litis Consorcio, siendo que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en resolución 604-2012 de las 11:05 horas del 5 de octubre de 2012, confirmó la resolución recurrida (Folio 501 del expediente judicial). 4.- Que en la audiencia preliminar celebrada el once de enero de 2013, respecto de la defensa de Cosa Juzgada, el Juzgador de Trámite de este Tribunal mediante resolución No. 45-2013 de las nueve horas cuarenta y dos minutos de esa fecha, dispuso: "POR TANTO: Se declara sin lugar la defensa previa de Cosa Juzgada incoada por la representación Estatal." (Folio 503 vuelto del expediente judicial- ver detalle de las nueve horas cuarenta y dos minutos de la grabación de la audiencia preliminar. Minuta que corre a folio 503 del expediente principal). 5.- Que la respectiva audiencia preliminar fue celebrada a partir de las ocho horas treinta y siete minutos del día once de enero de 2013, con la asistencia de todas las partes. En la misma se admitió prueba documental. (Ver acta visible a folios 503 y 504 del expediente judicial). 6.- Que el día veinte de mayo de dos mil trece , se realizó el juicio oral y público en este asunto, con la presencia de las partes. (Ver acta visible a folio 520 del expediente judicial). 7.- Que mediante sentencia no. 058-2013-V de las 8 horas 10 minutos del 12 de junio de 2013 fue declarada con lugar la demanda. 8.- Que de conformidad con recurso de casación planteado por la parte demandada, mediante voto 0028-2016 de nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolvió lo siguiente: "Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia impugnada. Se ordena realizar un nuevo juicio oral y público, ante un Tribunal distinto. Remítase este asunto al juez tramitador que corresponda para que realice un nuevo señalamiento. Hacer de conocimiento esta sentencia de la Dirección Ejecutiva para lo que corresponda". 9.- Que el día quince de diciembre de dos mil dieciséis se realizó nueva audiencia de juicio oral y público con la presencia de las partes. En la misma se escucharon a las partes y se evacuó la prueba testimonial ofrecida. Finalmente se declaró el proceso como de trámite complejo. 10.- Que mediante auto de las ocho horas del once de enero de dos mil diecisiete, se resolvió lo siguiente: "Visto que mediante resolución de las trece horas y doce minutos del veinte de agosto del dos mil catorce, la Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 14-012592- 0007-CO que promueve Asociación Nacional de Empleados Judiciales, contra el inciso primero del artículo 34, el artículo 40 y el transitorio III, todos, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley número 8508, por estimarlos contrarios a los principios de seguridad jurídica, de razonabilidad y proporcionalidad, y de progresividad de los derechos sociales y al artículo 34 de la Constitución Política y siendo así que en el presente proceso, como parte de su defensa, la representación del Estado ratificó en audiencia de juicio la existencia de la caducidad del derecho de acción de la parte actora, con base en la aplicación del indicado transitorio, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y fundado en lo resuelto en el indicado auto de la Sala Constitucional, tomando en consideración que procede la aplicación del principio de conservación de los actos procesales ya realizados y que la audiencia de juicio quedó grabada en audio y video, por lo que no se evidencia motivo de nulidad alguno, se suspende el dictado de la sentencia hasta tanto no exista pronunciamiento constitucional sobre las normas objetadas en dicha sede" 11.- Que la acción de inconstitucionalidad 14-12592-007-CO, ya fue resuelta mediante voto 2017-015945, de las once horas cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva fue debidamente publicada en el Boletín Judicial N. 201 de 25 de octubre, N. 202 de 26 de octubre y N. 203 de 27 de octubre, todos del 2017.- 12.- Que el expediente fue turnado al Juez Ponente nuevamente para el dictado de la sentencia definitiva el día 28 de noviembre de los corrientes. 13.- Que en el proceso ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas y la sentencia se dicta dentro del plazo establecido al efecto por el numeral 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Previa deliberación y por unanimidad.- Redacta el Juez Nombre113118 , con el voto afirmativo de los jueces Nombre113722 y Nombre12754 , CONSIDERANDO I.- Sobre la teoría del caso de la parte actora y sus principales razonamientos : Que de una revisión de la demanda, la parte actora funda sus pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Que el Decreto Ejecutivo Nº 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998, es nulo al considerar que el Presidente de la República José María Figueres Olsen y el Ministro René Castro Salazar, emitieron contra legem y con desviación de poder, derogando el título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (Placa21119 de 29 de setiembre de 1995), mediante el cual se regulaba la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la exploración y explotación de hidrocarburos. 2. Que el artículo 266 del reglamento derogado establecía la obligación del contratista de contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo a la firma del acto adjudicatorio, estudio que debía actualizar periódicamente. 3. Que el decreto que se impugna, dividió el EIA en dos fases en concordancia con el avance de las actividades, siendo la primera etapa la de prospección y la segunda la de exploración intensiva. Que la aprobación de la fase I del EIA será requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio quede firme. Manifiesta que la primera fase no implica actividad de alto impacto, por lo que los desarrolladores aportan como EIA solo las descripciones preliminares de las actividades exploratorias que se realizarán en esa etapa, sin profundizar en los impactos ambientales que producirá el proyecto petrolero en su conjunto, ni los procedimientos para su mitigación durante la ejecución o las acciones de recuperación. 4. Que los "dos últimos" casos tramitados bajo esa normativa sea los casos de MKJ Xplotation Inc. y Mallon Oil, las que presentaron un estudio geofísico de reflexión sísmica marina en el primer caso y Mallon Oil presentó un documento denominado: "Proyecto de recopilación y análisis de información para la fase I de prospección petrolera en la región huetar norte y huetar atlántico de Costa Rica", lo cual considera es una simple actividad de gabinete para analizar la información científica regional ya existente. 5. Que ninguno de los dos documentos comprende la evaluación ambiental de la actividad petrolera propiamente dicha y con ello, en aplicación del decreto impugnado, ambas empresas sostienen que el Estado quedó obligado a permitir la ejecución del contrato de concesión en el caso de la empresa MKJ y de suscribir un contrato de concesión con Mallon Oil. 6. Que los funcionarios Figueres y Castro utilizaron sus competencias legítimas para realizar un acto administrativo discrecional supuestamente con un fin público (la protección del medio ambiente), pero con evidente desviación de poder debilitando y desaplicando los controles ambientales del Estado en interés privado de las empresas petroleras, pudiendo exigir estas la firma de contratos de concesión sin la correlativa obligación de contar con la aprobación previa necesaria del EIA integral y completo. 7. Que con la normativa impugnada se ocasiona un gravísimo riesgo ambiental al país, con violación al interés público, ya que la actividad petrolera históricamente está ligada a graves accidentes que provocan daños ecológicos irreversibles. 8. Que con el decreto impugnado se desregularizó o flexibilizaron los controles ambientales de la actividad petrolera en Costa Rica. 9. Que el decreto es contrario a los artículos 2, 31 inciso f) y 41 de la Ley de Hidrocarburos; 50 de la Constitución Política; 14 inciso 1 de la Convención sobre diversidad biológica; el principio ambiental preventivo y precautorio; el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, todas las cuales obligan la presentación y aprobación del EIA de previo al inicio de actividades que causen impacto ambiental. 10. Que la Sala Constitucional ya se había pronunciado antes de la promulgación del decreto 26750 en la sentencia 6240-93 al conocer consulta facultativa sobre el proyecto de la Ley de Hidrocarburos, posición que fue reiterada por la misma Sala en la sentencia 1221-2002 con posterioridad al decreto impugnado, cuando estableció la inconstitucionalidad parcial del artículo 41 de la Ley de hidrocarburos. 11. Que en casos de exploración y explotación petrolera, como el voto 205-2010, la Sala Constitucional ha reiterado su posición sobre la obligatoriedad del EIA. 12. Que posterior al decreto que se impugna, se aprobó la ley de Biodiversidad en la cual en su artículo 94 en el cual se indica que la evaluación del impacto ambiental debe efectuarse en su totalidad aun cuando el proyecto esté programado para realizarse en etapa, lo cual a criterio del actor no deja duda alguna de la obligatoriedad del EIA, lo que implica una derogatoria tácita por ilegalidad sobreviniente. 13. Que a partir de las década de los noventas surgió con fuerza la ética de responsabilidad ambiental, llegándose a recepcionar contenidos de la Declaración de Río, ratificando el país la Convención sobre diversidad biológica y otros importantes instrumentos jurídicos internacionales, además se reformó el artículo 50 de la Constitución Política introduciendo el derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dando pie a la doctrina y jurisprudencia constitucional del ambiente y la promulgación interna de legislación como la Ley Orgánica del ambiente y la Ley de Biodiversidad. 14. Que el Presidente de la República Pacheco de la Espriella en su discurso inaugural de su período de gobierno el 8 de mayo de 2002, estableció una moratoria indefinida de toda actividad de exploración petrolera. 15. Que a la empresa MJK conocida como Harken, utilizando el reglamento impugnado, logró la firma del contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica el 12 de agosto de 1999, correspondiente a la licitación petrolera 1-97, siendo que Nombre3456 aprobó para ello sólo el estudio geofísico de reflexión sísmica marina en 507 km de superficie usado en la fase primera de prospección, con lo cual apenas se solicitó a la empresa una garantía ambiental de $7.995, sin que ello corresponda al riesgo real y potencial de la exploración y explotación petrolera que pretende realizar. 16. Que el estudio geofísico es una simple actividad académica para describir un procedimiento exploratorio, lo que considera no es suficiente para suscribir y dejar firme un contrato de concesión que abarca una extensión de 5633 km2, sin que exista un EIA. 17. Que el contrato con la empresa Herken se suspendió debido a la moratoria del expresidente Pacheco y que Nombre3456 rechazara eventualmente el EIA presentado en fecha posterior a la suscripción del contrato, lo que provocó que dicha empresa acuse el incumplimiento del Estado, reclamando una indemnización de $57.000 millones, lo que reafirma la advertencia de la Sala Constitucional desde 1993. 18. Que por resolución Nº R-105-MINAE publicada en el diario oficial Nº 73 del 13 de abril de 2000, se adjudicó la concesión petrolera Nº 2 a la compañía Mallon Oil para la exploración y explotación de los bloques 5, 5, 7,8,9 y 10 de los 27 bloques en que se dividió el país, contrato del cual aún no ha sido posible su firma debido a diversos recursos administrativos y judiciales de la sociedad civil y del desarrollador. 19. Que la empresa Mallon Oil no ha presentado un EIA, y lo que Nombre3456 conoció y aprobó en su caso, en los términos del decreto impugnado, fue un documento que describe una actividad de gabinete, sobre la cual el Director de Hidrocarburos advirtió a Nombre3456 que no constituyen métodos de campo tales como lo que prevé el artículo 1 del decreto 26750. 20. Que no obstante, expresa, la empresa está presionando por lo medios políticos y jurídicos para obligar al gobierno de Costa Rica a suscribir el contrato de concesión. Finalmente indica que esos dos casos son el resultado práctico de la aplicación del decreto impugnado. II.- Sobre la teoría del caso del Estado y sus principales razonamientos: Que de una revisión de la contestación de la demanda, la parte demandada funda su contestación a las pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Que la actuación administrativa cuestionada se encuentra amparada al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública en torno a los parámetros técnicos, científicos y apegados a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 2. Que es cierto que el Poder Ejecutivo integrado por el entonces Presidente José María Figueres y el Ministro de Ambiente y Energía René Castro, promulgaron el Decreto Ejecutivo 26750-MINAE el 27 de febrero de 1998 y que éste derogó el título X del reglamento a la Ley de Hidrocarburos, pero niega que el decreto aquí impugnado elimine "contra Leggem" la obligación de los desarrolladores de presentar un estudio de impacto ambiental de previo a la suscripción del contrato, pues lo que se hizo fue dividir el estudio en dos etapas, de tal forma que la información sobre la afectación al ambiente y las medidas de mitigación sean acordes con los trabajos que efectivamente se realicen en el terreno. 3. Que dicha situación, como lo indica el Colegio de Geólogos, lejos de producir un daño al ambiente, asegura que la realización del proyecto de explotación se ajuste a las necesidades ambientales según cada etapa del proceso. 4. Que dadas las características peculiares de un proyecto de exploración-explotación de hidrocarburos, no es viable efectuar un estudio de impacto ambiental en áreas donde o no se va a desarrollar actividades o no se tiene el nivel de conocimiento para ello. 5. Que rechaza que la finalidad del decreto sea flexibilizar la autorización contractual de las concesiones, desaplicando el control ambiental obligatorio del Estado, lo que considera son valoraciones subjetivas del actor no acompañadas de prueba idónea. 6. Que la finalidad del decreto en mención, expresada en los considerandos incluidos dentro del mismo, estuvo orientada a cumplir con las obligaciones legales y constitucionales de protección al ambiente estableciendo un procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de las actividades según se desarrollan cada una de ellas. 7. Que no admite que los funcionarios Figueres Olsen y Castro Salazar hayan actuado con desviación de poder, por tratarse de una valoración y no un hecho, además que la acusación se efectúa sin aportar ningún tipo de prueba. 8. Que no es cierto que el EIA quede relegado a la segunda fase, toda vez que el decreto es claro en exigir un estudio de impacto ambiental para la fase I de prospección, incluso la Sala Constitucional en sentencia 205-2010 se refirió indicando que el estudio de la fase I es un verdadero EIA y que es suficiente para comenzar la fase de prospección, debiendo exigirse adicionales conforme avancen las obras. 9. Que el actor no acredita que en todos los demás países en los que se desarrolla actividad petrolera, a todas las empresas se las exija un EIA integral, que abarque desde el mismo inicio una valoración de todas las eventuales etapas. 10. Que no existe una norma internacional que oblige a la realización de un EIA en actividades que no poducen una afectación en el ambiente, como lo es la primera etapa de prospección de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos. 11. Que el decreto obliga a los concesionarios a presentar más de un EIA lo que se traduce en una mayor exigencia y custodia ambiental, que si solo se presentara uno. 12. Que no admite la supuesta inconstitucionalidad sobreviniente, al tratarse de un comentario subjetivo que no ha sido elevados ante la Sala Constitucional en virtud de la competencia que deriva del artículo 10 constitucional y además indica es una conjetura no ajustada a derecho del actor. 13. Que la norma impugnada resulta ajustada a la ciencia y la técnica, según lo explicó el Colegio de Geólogos en el informe que rindió al respecto. 14. Que el actor hace una lectura parcializada de la resolución 205-2010 de la Sala Constitucional al no mencionar que contrario a lo que insinúa, esa Sala expresamente señala que requerir el EIA para la fase I resulta acorde con el principio precautorio. 15. Que es cierto que el Poder Ejecutivo firmó con la empresa MKJ Xploration Inc. el 12 de agosto de 1999 un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que considera no tiene ninguna relevancia para este proceso, pues se trata de situaciones jurídicas consolidadas, sobre las cuales no existe ninguna petición por parte del actor, salvo la inconstitucionalidad sobrevenida y que en todo caso su acción estaría caduca por el paso del tiempo. 16. Que en ese caso se obligó a un EIA que fue presentado y aprobado por Nombre3456 por lo que el requisito fue debidamente cumplido. 17. Que niega que exista un arbitraje comercial internacional en el que la empresa MKJ pretenda demandar internacionalmente al Estado de Costa Rica, que si bien se presentó una intención de arbitraje hace unos años, fue retirado por la misma empresa, por lo que no existe en la actualidad tal. 18. Que se adjudicó a la empresa Mallon Oil para la exploración y explotación petrolera de los bloques 5,6,7,8,9,10 y que el contrato aun no se ha firmado, pero que estos hechos no guardan relación con la pretensión del proceso, pues la adjudicación a dicha empresa no fue impugnada por el actor, no podría ser por el tiempo transcurrido, desde la fecha de adjudicación el 13 de abril de 2000. 19. Que alega la CADUCIDAD, en el tanto indica que el decreto 26750-MINAE fue firmado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial Nº 53 de 17 de marzo de 1998, se trata de un acto que adquirió firmeza antes de la promulgación del CPCA y que de conformidad con el transitorio III de ese código, el régimen de nulidad de los actos administrativos sería el régimen vigente para esa fecha, sea para el caso el artículo 20 de la LRJCA en relación con el artículo 175 de la LGAP, por lo cual el plazo de caducidad es de cuatro años. 20. Que de conformidad con antecedentes del mismo Tribunal Contencioso y de la Sala Primera, para impugnar un acto de carácter general el proceso debe interponerse dentro del plazo de cuatro años establecido en el numeral 175 de la LGAP; incluso indica que la caducidad sería aplicable con la normativa actual. 21. Que el acto no impugna ningún acto de aplicación individual que est é dentro de un plazo de impugnación válido a los efectos de que su pretensión no se encuentre caduca. 22. Que en cuanto a la COSA JUZGADA, al aducir el actor la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y una violación al principio precautorio, sobre los cuales la Sala Constitucional ya determinó que la aprobación de un EIA para la fase I no violenta esos derechos, según se desprende de la resolución 205-2010, por lo cual considera la demanda debe declararse inadmisible. 23. Que hay FALTA DE INTERÉS ACTUAL en el tanto mediante Decreto Ejecutivo Nº 36693-MINAET publicada en el Diario Oficial del 19 de agosto de 2011, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria nacional para la explotación petrolera por un plazo de tres años, por lo cual no existe posibilidad de que se de aplicación de los artículos impugnados. 24. Que el interés actual es un presupuesto necesario para el dictado de una sentencia, según lo ha indicado así la Sala Primera en resolución Nº 900-S1-2011, así la resolución del asunto no es útil para tutelar el derecho que se pretende lesionado, al no existir ningún escenario posible en el cual se pueda considerar la aplicación del decreto cuestionado. 25. Que alega la FALTA DE DERECHO, considerando que el actor parte de dos premisas equivocadas, la primera que el decreto 26750 no exige un EIA de previo a la adjudicación de la exploración y exploración de hidrocarburos y segundo que la metodología de estudio ambiental propuesta por el decreto no permite proteger debidamente al ambiente. III.- Sobre la teoría del caso del coadyuvante y sus principales razonamientos: Que de una revisión de la contestación de la demanda, el coadyuvante funda su contestación a las pretensiones en los siguientes argumentos: 1. Que no es cierto que el decreto impugnado esté viciado de ilegalidad por desviación de poder. Indica que el planteamiento de actor parte del desconocimiento de la actividad petrolera y que la tesis seguida en la demanda es un sin sentido y carente de lógica, y no ocurre en ninguna parte del mundo. 2. Que en el caso de su representada se exigiría la realización de un EIA de una cuarta parte del territorio nacional, lo que es técnicamente imposible y financieramente desproporcionado, lo que estaría provocando una perturbación excesiva al medio ambiente, absolutamente innecesario. 3. Que en la actividad de exploración de hidrocarburos, por su naturaleza, las etapas previas van determinando y condicionado las características de las etapas siguientes, incluyendo la localización geográfica de donde se realizarán en consecuencia las actividades de campo, dentro del área de concesión otorgada. 4. Que el decreto impugnado creó una manera de adecuar la normativa, lo que confunde el actor con una falsa flexibilización del control ambiental. 5. Que en ningún momento el decreto exime a las empresa de su obligación de realizar un EIA, simplemente señala momentos diferentes para realizarlos, ni tampoco se está autorizando la firma de un contrato sin la realización de un EIA, sino más bien se está pidiendo que estos se hagan en cada etapa de los procesos exploratorios y de explotación, en lugar de hacer uno solo que podría ser muy general y técnicamente impreciso. 6. Que al momento de la firma del contrato, ni el Estado, ni la empresa conocen de antemano las localizaciones dentro del área de concesión donde se realizarán todas las actividades de campo, por eso considera que el decreto de manera correcta, desde el punto de vista técnico, divide la actividad exploratoria en dos fases la prospección y la exploración intensiva. 7. Que la misma Sala Constitucional ha considerado adecuado proteger al ambiente utilizando un análisis de tipo embudo, sea por etapas. IV.- Sobre el objeto del proceso: De conformidad con los argumentos de las partes y los razonamientos en juicio, este Tribunal estima que el objeto del proceso será determinar la eventual existencia de vicios de nulidad absoluta en la conducta administrativa objetada. V.I.- Sobre los hechos probados: De relevancia para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados, los siguientes hechos: a.- Que Costa Rica se encuentra dividida en bloques para efectos de exploración petrolera (declaración testimonial de Nombre114232 ) b.- Que la conducta administrativa objetada dividió la realización del estudio de impacto ambiental necesario para poder realizar exploración petrolera. (declaración testimonial de Nombre114232 y Allan Astorga Gatgens) c.- Que la concesión adquiere firmeza con el estudio de impacto ambiental de la fase de prospección. (declaración testimonial de Nombre114232 y Allan Astorga Gatgens) d.- Que la prospección es diferente a la exploración petrolera. (declaración testimonial de Nombre114232 y Allan Astorga Gatgens) e.- Que todas las etapas relacionadas con la prospección, exploración y explotación petrolera tienen impactos diferentes en el ambiente. (declaración testimonial de Nombre114232 y Allan Astorga Gatgens) f.- Que la prospección puede implicar actividades "de gabinete" o de campo. (declaración testimonial de Nombre114232 y Allan Astorga Gatgens) g.- Que sí resulta procedente realizar un estudio de impacto ambiental para toda el área objeto de prospección y posterior exploración. (declaración testimonial de Nombre114232 ) V.II.- Sobre los hechos no probados: Se tienen como no demostrados, los siguientes hechos de importancia: 1) Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso desde el punto de vista de una empresa dedicada a la exploración y explotación petrolera e innecesario. (No se ha comprobado esa circunstancia). 2) Que la conducta administrativa impugnada sea más favorable al ambiente que la regulación normativa que la misma derogó. (No se ha comprobado esa circunstancia) 3) Que hubiese imposibilidad material y/o técnica para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo desde el inicio para la exploración y explotación de hidrocarburos (No se ha comprobado esa circunstancia). 4) Que la prospección o exploración petrolera en el área marina no implique riesgos de impacto ambiental. (los autos) 5) Que el contenido de la conducta administrativa cuestionada sea fundada en criterios y parámetros técnicos y científicos. (no hay prueba en tal sentido) 6) Que con motivo de la implementación del Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos derogado, se haya presentado en el pasado algún riesgo ambiental en el país. V.III.- Sobre la caducidad alegada : La representación del Estado aduce la caducidad en este caso, fundándose en que el Decreto impugnado fue publicado en el Diario Oficial Nº 53 de 17 de marzo de 1998, y que por tratarse de un acto que adquirió firmeza previo a la Promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, la normativa aplicable lo es la vigente a esa fecha, sea el 175 de la Ley General de la Administración Pública que establecía un plazo de cuatro años y que al ser que en la especie no se impugna ningún acto de aplicación individual, a la fecha de la presentación de la demanda ya estarían superados los cuatro años aplicables. Al respecto, es criterio de este Tribunal que no lleva razón la representación de la parte demandada. Como se advierte del texto de la normativa cuestionada, la misma no posee efectos instantáneos, sino que se caracteriza porque los mismos tienen un carácter continuado. Así las cosas, dicha conducta administrativa puede ser impugnada mientras continúe surtiendo efectos y por ende, procede la demanda para efectos de su anulación e inaplicabilidad a futuro, con un plazo para interponer el proceso, a partir de la cesación de los respectivos efectos. A mayor abundamiento, debe tomarse en consideración que estamos en presencia de un acto administrativo de carácter general, sea un decreto ejecutivo, que puede ser impugnado, en tanto prevalezcan los efectos del mismo. Al pretender regularse en el mismo, el tema de exploración petrolera, la cual de mantenerse los efectos del acto, puede realizarse en cualquier momento y no de manera instantánea, es evidente que estamos en dichos supuestos. Si bien actualmente, el artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo regula la caducidad en el sentido expuesto, lo cierto es que, con la normativa anteriormente aplicable a esta jurisdicción por disposición del Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo, es posible arribar a la misma conclusión sobre la tesis de los efectos continuados, ya que el numeral 21.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, disponía lo siguiente: "Artículo 21.- 1. No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a) Los actos consentidos expresamente o por no haber sido recurridos en tiempo y forma, los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos; y b) Las resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial. 2. En todo caso, se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura". (el destacado es nuestro). En el caso en examen estamos en presencia de un acto de alcance general que no requiere conducta específica para su aplicación directa, siendo así que el mismo fue rubricado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de marzo siguiente, siendo así que ha estado vigente y ha continuado surtiendo efectos. Finalmente, debe tomarse en cuenta que, en la especie está involucrado un derecho fundamental -ambiente sano y ecológicamente equilibrado-, el cual por su naturaleza, no estaría sujeto a plazos de caducidad o prescripción - sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sobre ese tema-. En consecuencia, debe disponerse el rechazo de la excepción de caducidad planteada. V.IV.- Consideraciones generales sobre la tutela del ambiente: El derecho de todos los habitantes de la República a un ambiente sano y equilibrado, como uno de los denominados derechos de tercera generación, fue debidamente incorporado como un segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política, de conformidad con la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994, en tanto establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". De previo a la aprobación de esta reforma constitucional, ya nuestra Sala Constitucional había establecido la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental, al derivarlo del derecho a la salud extraído del artículo 21 de la Constitución Política y de los artículos 69 y 89 de ésta, relacionados con la protección del Estado de las bellezas naturales y la explotación racional de la tierra. En este orden de ideas, el voto 6240-93, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, señaló lo siguiente: " V.)- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: «La vida humana es inviolable.» Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: «Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico». Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco" (sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres). " XIII.- El término «bellezas naturales» era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho: el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. [...] De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ejemplo podemos citar las sentencias 1580- 90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido" Con posterioridad a la aprobación de la reforma constitucional en mención, nuestra Sala Constitucional ha venido a profundizar estos conceptos, al indicar en su voto Nº 2007-018044 de las nueve horas y cuarenta y uno minutos del catorce de diciembre del dos mil siete, entre otros, lo siguiente: "Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. "Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil)....el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: " El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho "; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas". (El destacado es nuestro) Es así como con base en el artículo 50 constitucional, la tutela del ambiente es un deber del Estado, siendo así que el ejercicio de medidas de control y fiscalización en dicha materia, es la materialización del mandato de la norma, cuando ésta señala que "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho", dado que impone conductas de cumplimiento obligatorio para la tutela del correlativo derecho de los ciudadanos. En el ámbito internacional, es menester tambien hacer referencia a diferentes instrumentos internacionales orientados hacia los mismos objetivos, entre ellos, podemos determinar, los principios 15, 16 y 17 de la Declaración de Río adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992, dispuso: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente" "Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente". Por otra parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos en su artículo 11 establece “Derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Adicionalmente, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano dispuso al respecto: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”. De manera complementaria, no puede obviarse mencionar el Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado por Ley 7416 de 30 de junio de 1994, el artículo 1.2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada en resolución 41-128 de 4 de diciembre de 1986 en Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de America, aprobada por Ley 3763 de 19 de octubre de 1976, entre otros. Ya dentro del campo legislativo, se ha emitido una serie de legislación, como por ejemplo, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley de Biodeversidad y la Ley Orgánica del Ambiente, como otros pilares normativos en materia de protección del derecho a un medio ambiente sano, en tanto que establece el cumplimiento de una serie de deberes tanto para el Estado como para los ciudadanos, con la aplicación complementaria de una serie de novedosos criterios de interpretación. Concretamente en el caso del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, dispone criterios preventivos y precautorios en la materia. Así la norma dispone lo siguiente: "Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 4.- Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo". Las obligaciones señaladas son especialmente marcadas en el caso de los entes públicos, tal y como lo indica el artículo 45 de la referida Ley, al señalar: "Responsabilidad en materia de seguridad ambiental El Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad. La responsabilidad civil de los titulares o responsables del manejo de los organismos genéticamente modificados por los daños y perjuicios causados, se fija en la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Civil y otras leyes aplicables. La responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento jurídico existente" De conformidad con lo anterior, resulta evidente el carácter de interés público que reviste la tutela del ambiente y como consecuencia de ello, la Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con el denominado principio precautorio y sus alcances, tal y como se desprende de la cita que se hace a continuación, que en lo que interesa dice: "ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO. El principio precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio "Vorsorgeprinzip", al indicar que "no se consolida totalmente una política ambiental sólo mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado" habiéndolo empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte. El principio aparece en el escenario internacional con los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen de 1984 (Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los conocimientos. Posteriormente, en la Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta última declaración se dispuso que "(…) es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas (…) incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (…)". Con posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se indico que "Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas que prevengan la degradación ambiental". Del mismo modo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, dispuso lo siguiente: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Es así como el principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología- que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en general, de desarrollo sostenible de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente. (…).” (Resolución N° 17747-2006, de las 14:37 horas del 11 de diciembre del 2006). En el anterior orden de idea, el voto 474-2005 de 11 horas 20 minutos del 12 de octubre de 2005 de la sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo hace referencia a una serie de criterios de interpretación a seguir en materia ambiental de la siguiente manera: “(…) A lo anterior cabe agregar, que a tono con la más moderna doctrina y los principios ambientales en boga, la legislación costarricense -entre las que están la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, por citar sólo las más recientes-, recoge una serie de criterios de interpretación, como el preventivo , el precautorio o indubio pro natura , el del interés público ambiental , y el de integración . De ellos, resultan especialmente significativos los dos primeros, y sobre los cuales se ha indicado lo siguiente: "… Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación" (Sala Constitucional, sentencia 2004-1923, ya citada).- Lo expuesto permite afirmar que en la especie, sí está de por medio un interés público preponderante, que se manifiesta en la necesidad de proteger el recurso hídrico, con todos los medio al alcance del país, y mediante la imposición de medidas razonables y pertinentes para evitar su deterioro o contaminación (…)”.- De conformidad con las anteriores normas y citas, se puede determinar que el análisis de cualquier caso relacionado con el tema ambiental, no debe obviar la existencia de los analizados principios, en tanto que son orientadores en el ejercicio de la función pública y de la actuación de los privados y se encuentran implícitos en la norma constitucional y el propio derecho de la Constitución. El tratamiento entonces de los temas relacionados con el tema ambiental no podrá obviar usar como fuentes lo señalado, siendo así que debe trascenderse del análisis común de la situación, a efecto de que en toda decisión graviten como origen de los actos administrativos los principios sui generis establecidos ut supra. En el caso concreto de la labor jurisdiccional en materia contencioso administrativa, no obstante, el uso de las normas indicadas debe integrarse al propio principio de legalidad y a la verificación de los principios y normas propias del derecho administrativo. Ni uno ni otro pueden analizarse de manera independiente, ni uno ni otro debe obviarse, ambas deben integrarse en el análisis propio del Juzgador. Es evidente que tanto el constituyente originario como derivado, asimismo el legislador, han dado un especial énfasis a la protección del ambiente, mas sin obviar los deberes depositados en la jurisdicción contencioso administrativa, en cuanto a verificadores de la legalidad de la actuación administrativa. Adicionalmente, no puede obviarse lo dispuesto por la propia Sala Constitucional respecto de las obligaciones del Estado en la materia. Así, el voto número 2010-14180 de las 14:35 horas del 25 de agosto de dos mil diez, indicó: "... III.- Obligaciones del Estado en materia ambiental. Deriva del citado artículo 50 de la Constitución, el carácter de garante que ostenta el Estado de la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación implica, en los términos en que lo ha dicho la Sala en otras ocasiones como en la sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, entre otras: “...que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple requisito zzal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y fácticamente posibles para preservar el ambiente.” (ver en el mismo sentido la resolución número 05906-99 de las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve). Deber que, según lo reconoce esa misma sentencia, recae con mayor especificidad sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aquí recurrida: “La preocupación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía se reduce prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de SETENA. Es decir, en Nombre3456 recae todo el deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional. Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar la fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado.”(ver sentencia número 2001-13295 de las doce horas seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno). Es en este sentido que, en materia ambiental, resulta especialmente grave toda conducta omisiva estatal que tenga como resultado un desmejoramiento de las condiciones del medio ambiente (así se deduce de las sentencias número 9735-00 de las nueve horas seis minutos del tres de noviembre del dos mil y número 1645-02 de las once horas cuatro minutos del quince de febrero del dos mil dos, entre otras). Es por lo anterior, que dicho análisis complementario debe realizarse en la presente resolución.- V.V.- Consideraciones generales sobre la nulidad del acto administrativo: La Administración Pública, se manifiesta fundamentalmente mediante la emisión de actos jurídicos, entendidos éstos como declaraciones de voluntad, juicio o conocimiento capaces de producir un efecto jurídico hacia terceros, con el fin de provocar el nacimiento, modificación o extinción de derechos o deberes por parte de los administrados. Dichos actos administrativos se presentan en nuestro ordenamiento como el más claro ejercicio de la función administrativa y por dicha razón, nuestra Ley General de la Administración Pública, exige que cuenten con una serie de elementos constitutivos, tanto formales como materiales, para su plena validez y eficacia. Como elementos formales del acto administrativo, encontramos tanto la competencia del órgano responsable de su emisión, como la investidura y legitimación del servidor que emite el acto y el cumplimiento de determinados requisitos en la emisión de la voluntad de éste, sea su razonabilidad, proporcionalidad, la ausencia de error, dolo y violencia en la voluntad y la sujeción a las reglas de la técnica y la ciencia, fundamentalmente. Con respecto a este último aspecto, para efectos de la presente resolución, resulta de especial relevancia lo señalado en el párrafo 2 del artículo 130 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto indica lo siguiente: "El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley". De conformidad con esta disposición, la existencia de error en un acto administrativo puede viciar de tal modo un acto administrativo que implique la inexistencia de uno de sus elementos, tanto formales como materiales. Como elementos materiales del acto administrativo, se pueden determinar los siguientes: a) Motivo, entendido como los antecedentes y presupuestos de hecho y derecho que fundamentan la necesidad, oportunidad, conveniencia y legitimidad del acto administrativo. b) Contenido, el cual consiste en la parte dispositiva o declarativa de todo acto c) Fin público buscado con la emisión del correspondiente acto administrativo, como resultado perseguido en función del motivo del acto. Concretamente, con respecto al motivo del acto administrativo, es menester acotar que el párrafo 1 del artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública señala que dicho elemento deberá "... ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto" . En este orden de ideas, Ernesto Jinesta Lobo en el Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, ha señalado lo siguiente: "... habrá ausencia de motivo o causa cuando los hechos invocados como antecedentes y que justifican su emisión son falsos, o bien, cuando el derecho invocado y aplicado a la especie fáctica no existe -v.g. si la ley o el reglamento que le dan sustento se encuentran derogados, modificados, reformados o anulados por inconstitucionales-. El acto administrativo, sea reglado o discrecional, debe siempre fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes, lo mismo que en el derecho vigente, de lo contrario faltará el motivo..." En virtud de que el motivo es el antecedente que da a luz el acto administrativo, para efectos de cualquier análisis de una situación concreta, reviste una importancia fundamental, tanto para verificar su existencia misma, como para determinar su correlación con el contenido del acto, de conformidad con lo señalado en el párrafo 1 del artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. Con relación al contenido del contenido del acto, la indicada Ley dispone: "Artículo 132.- 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo". En el anterior orden de ideas, la existencia y perfección de los indicados elementos del acto administrativo - junto con los señalados ut supra- son evidencia de su validez y conformidad con el ordenamiento jurídico. El párrafo 1 del artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública indica al respecto: "La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste." La consecuencia de la eventual invalidez de un acto administrativo, sea por la inexistencia o imperfección de uno de los elementos del acto, es la nulidad o anulabilidad del acto. En este sentido, Eduardo Ortiz Ortiz en obra Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica) señala los alcances de la nulidad absoluta de la siguiente manera: " i) El acto nulo configura una falta personal del servidor agente; ii) No se presume legítimo ni puede ser ejecutado; iii) Es intrínsicamente ineficaz iv) Su ejecución es una vía de hecho, contra la cual hay protección interdictal; v) Es permitida la desobediencia pacífica del acto nulo, aunque no la resistencia al mismo; vi) La ejecución coactiva del acto nulo genera responsabilidad civil de la Administración y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor o servidores responsables, vii) El vicio que padece es insubsanable...." . Por lo anterior, corresponde al juzgador verificar la efectiva existencia de todos los elementos del acto administrativo, en tanto que éstos serán determinantes para su potencial aptitud de emitir efectos jurídicos. Lo anterior, en tanto que cuando la parte actora en un proceso advierte vicios de nulidad en un acto administrativo concreto, lo procedente es determinar si en el caso en particular concurren los supracitados elementos o si por el contrario, se carece de alguno de ellos, sea tanto en el aspecto formal como sustancial. Lo anterior, tomando siempre en consideración la naturaleza propia del acto y las situaciones jurídicas subjetivas que se generan a su amparo, como presupuesto necesario del referido análisis. V.VI.- Sobre el fondo: a) Criterio de la parte actora: La parte actora objeta la conducta impugnada, habida cuenta que estima que la misma debilita la protección de un ambiente sano y equilibrado, en tanto que significó la derogatoria del título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (Placa21119 de 29 de setiembre de 1995) y la división del estudio de impacto ambiental necesario en la materia en dos fases. b) Criterio de la parte demandada y coadyuvante: La representación Estatal y la sociedad coadyuvante invocan en términos generales que lo dispuesto en el decreto objetado es acorde con la técnica y la razonabilidad propia de la materia. Que lo realizado lo que se hizo fue dividir el estudio en dos etapas, de tal forma que la información sobre la afectación al ambiente y las medidas de mitigación sean acordes con los trabajos que efectivamente se realicen en el terreno. c) Criterio del Tribunal: Hecho un análisis de la prueba admitida y evacuada en juicio estima este Tribunal que lleva razón el actor en su pretensión, por los siguientes motivos: La parte actora solicita la nulidad del decreto ejecutivo N° 26750-MINAE de fecha 27 de febrero de 1998 que literalmente indica lo siguiente: "El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, En uso de las facultades que confieren el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política y los artículos.27 y 28 de la Ley General de Administración Pública, en relación con el capítulo XXI de la Ley Orgánica del Ambiente y Considerando: 1°—Que es indispensable armonizar el ambiente con los procesos de exploración petrolera, con el fin de lograr la utilización racional de los elementos ambientales, para propiciar un desarrollo económico y ambiental mente sostenible, y un adecuado manejo de los recursos naturales no renovables. 2°—Que se ha visto la necesidad de contar con normas jurídicas adecuadas para que la incidencia de las actividades humanas en el medio ambiente sea positiva. 3°—Que se debe fomentar la creación de normas que procuren la adecuada transferencia tecnológica y desarrollo científico nacional, sin menoscabo del ambiente. 4°—Que el artículo 40 de la Ley N° 7399: Ley de Hidrocarburos de Costa Rica, declara de interés público la exploración, la explotación, el transporte de hidrocarburos, y las actividades y obras que su ejecución requiera. 5°—Que tanto el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos de Costa Rica como el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente declaran la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental para dichas actividades, y de revisarlos y actualizarlos periódicamente, conforme se avance en los trabajos correspondientes de exploración y de explotación petrolera. 6°—Que la lógica del desarrollo de las actividades de exploración petrolera y la experiencia en las condiciones específicas del país, indican y justifican la necesidad ambiental de definir la secuencia de fases que la componen. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°—Para los fines de la aplicación del presente decreto, y en complemento de la definición que al respecto, aparece en el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos en su artículo 2, los términos que se mencionan aquí tendrán los siguientes significados: Prospección Petrolera: Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografíado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restringa al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades. Exploración Petrolera Intensiva: Evaluación localizada o específica en una área de un potencial reservorio hidrocarburífero por métodos que incluyen obras civiles, movimientos de tierra, remoción de cobertura vegetal y otras acciones que permiten aplicar técnicas geológicas, geofísicas y geoquímicas, cuya implementación representa la generación de impactos ambientales sobre la misma. Los métodos y/o técnicas incluidas en esta fase corresponden con perforación de pozos, y cualquier otro método de exploración geológica, geoquímica y geofísica que permita establecer el valor económico del yacimiento y sus características. La aplicación de estas técnicas si requiere del uso de maquinaria pesada y la aplicación de equipos particulares cuyo uso en campo, implica la apertura de trochas y caminos, así como la implementación de campamentos cuya área total supera los 200 m2 en el área terrestre y/o para 15 personas, o bien de actividades directas de instalación, operación y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos. Artículo 2°—El Estudio de Impacto Ambiental para exploración de hidrocarburos será dividido al menos en dos fases, en concordancia con el programa de exploración que se desarrollará conforme al avance de las actividades. Artículo 3°—Las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo 2 son: a) Fase I: prospección b) Fase II: exploración intensiva. Artículo 4°—La aprobación de la Fase I del estudio de impacto ambiental será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. Artículo 5°—La SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL será el órgano encargado de establecer los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, y de su aprobación para cada una de las fases de exploración mencionadas, y para la explotación de hidrocarburos, de acuerdo con sus directrices internas de procedimiento. Artículo 6°—Ningún concesionario podrá pasar de la Fase I a la Fase II sin la debida valoración ambiental por parte de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y previa solicitud de la Dirección General de Hidrocarburos. Artículo 7°—Se deroga el Título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, el cual incluye los artículos del N° 266 al N° 283 inclusive. Artículo 8°—Rige a partir de su firma." El juicio de reproche de la parte actora estriba fundamentalmente en el tanto que la indicada normativa deroga, tal y como indica el artículo 7 supracitado, el título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos que indicaba lo siguiente: "TITULO X. De la protección ambiental Del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Artículo 266.—El contratista presentará previo a la firma del acto adjudicatorio, el EIA, que en caso de la firma del contrato será actualizado periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y explotación de los hidrocarburos según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. La actualización del Estudio de Impacto Ambiental se hará cada año o a solicitud del MIRENEM. Artículo 267.—De conformidad con lo estipulado en el artículo 31 e) de la Ley, el adjudicatario deberá rendir garantía de cumplimiento a efecto de asegurar la correcta ejecución del contrato y la protección del ambiente y de los recursos naturales. El porcentaje del monto de la garantía de cumplimiento que corresponde a la protección del ambiente y los recursos naturales, será recomendado por la CONEIA en acuerdo con la DGH y será definido en el cartel de licitación. Artículo 268.—El contratista tendrá que presentar el informe de EIA al MIRENEM para el área objeto de adjudicación, según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley. El EIA es un documento de evaluación del impacto ambiental de la actividad y contiene aspectos que requieren de la intervención de profesionales de diversas disciplinas en Ciencias Naturales como: Biología, Geología, Oceanografía. Geografía, Ingeniería Forestal, Geofísica, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Civil, Ingeniería en Topografía e Ingeniería Química entre otros. El EIA deberá ser efectuado por técnicos calificados, conforme a las normas del PE. Artículo 269.—El EIA se presentará con nueve copias completas ante la CONEIA y deberá comprender al menos la información y los documentos que se indican a continuación: A. EIA EN ZONAS TERRESTRES. 1. Introducción. 1.1. Justificación del proyecto: objetivos y alcances económicos, financieros, técnicos, sociales y ambientales; metas. 1.2. Información general de la persona física o jurídica que realizará las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 1.3. Calificación profesional y experiencia del equipo interdisciplinario que elaboró el EIA y contratista. 2. Ubicación del proyecto: 2.1. Descripción geográfica general: a. Ubicación territorial administrativa (identificación de número de bloques, delimitación por coordenadas de y su zona de influencia). b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades incluidas dentro de área de estudio y su zona de influencia. c. Vías de acceso y estado de las mismas. d. Actividades productivas. e. Cauces de agua. f. Mapa de ubicación del área sujeto a la contratación a escala 1: 200.000. g. Otros aspectos de interés, tales como obras de infraestructura, líneas de transmisión, accidentes geográficos naturales, etc. h. Cronograma de actividades del proyecto, con objetivos, metas, alcances y posibles modificaciones futuras. 3. Una descripción del proyecto: 3.1. Métodos a utilizar en el proyecto, descripción por etapas de los procedimientos, sistemas y técnicas que se implementarán. 3.2. Requisitos técnicos: medios e instrumentos a utilizar. 3.3. Rendimientos esperados: volumen (en caso de explotación). 3.4. Metodología de la exploración y explotación. 3.5. Mapa geográfico actualizado que contenga los detalles hidrográficos, infraestructura, asentamientos humanos, etc. de importancia. Este mapa puede elaborarse teniendo en cuenta la situación pre-operacional del proyecto, a una escala apropiada a las dimensiones del mismo (1:200.00Ü ó 1:100.000). 3.6. Mapa del uso del suelo con actualización de fotografía área de base, mínimo escala 1:50.000. 3.7. Otros aspectos que deberá contener esta información: vías de acceso existentes o cambios que deben construirse: métodos de estabilización, planos, etc. Acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques, diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronogramas de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración y explotación, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Geomorfología (taludes). b. Suelos. c. Climatología/calidad de aire. d. Hidrología superficial/subterránea. e. Vegetación. f. Fauna terrestre, habitáis, nichos, poblaciones, comunidades. g. Otros ecosistemas (p.e. manglares). h. Paisaje/calidad. i. Fomento de amenazas naturales. j. Inundaciones. k. Especies amenazadas o en vías de extinción. l. Aceleración en procesos de erosión/sedimentación. m. Contaminación ambiental (generación/aumento: aire, suelo, agua, sónica). n. Alteración de patrones migratorios (fauna en general). 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. Localización y distribución de asentamientos humanos. b. Infraestructura y servicios básicos. c. Contaminación/saneamiento ambiental (sinergismos). d. Efectos en la salud pública. e. Riesgos ocupacionales (salud/seguridad laboral). f. Efectos en medios y vías de transporte. g. Efectos relacionados con recreación - turismo. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a. Químicos a emplearse, cantidades y aspectos lexicológicos de los mismos, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna. b. Control de aguas, de acidez o basicidad y aspectos físico químicos. c. Control de explosivos a emplearse. d. Características de instalaciones a construirse. 5.2. EIA para perforación. a. Perforaciones, tipo de maquinaria, usos de los lodos de perforación. b. Descripción de las obras a realizarse y sistema operacional de las mismas. c. Diseño del movimiento de tierras. d. Características de instalaciones. 5.3. EIA para explotación. a. Mapas de ubicación de materiales de desecho. b. Equipo de perforación a utilizarse y otro tipo de maquinaria. c. Lugares destinados para disposición temporal de suelos, si lo amerita el caso. d. Sistemas de seguridad, estabilidad de taludes y sistemas de represamiento y control de fluidos. e. Controles de calidad de los vertidos. f. Flujorama y descripción de planta de tratamiento. g. Sistemas de almacenamiento y transporte. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Los efectos sobre la vegetación en general y sobre las áreas por deforestar en especial. 6.2. Los efectos sobre los suelos y los programas necesarios para controlar su erosión. 6.2.1. Geología regional que comprenderá descripción y análisis global, así como representación gráfica y cartográfica de: geología estructural, estratigrafía, sismología, vulcanología. 6.2.2. Geología local en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.3. Geopedología regional que comprenderá descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: capacidad de uso según características naturales, metodología del Centro Científico Tropical. 6.2.4. Geopedología detallada en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.5. Climatología regional que comprenderá la descripción global y representación gráfica y cartográfica de: meteorología, precipitación, temperatura, vientos, radiación y evapotranspiración (humedad relativa). 6.2.6. Climatología local (parámetros similares al anterior). La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Los efectos sobre la calidad de las aguas continentales, subterráneas, marinas así como los programas necesarios de control de contaminación. 6.3.1. Hidrología regional que comprenderá la descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: a. Aguas superficiales: redes hídricas, régimen de escorrentía, arrastre de sedimentos, características físico-químicas del agua (calidad), zonas con potencial hídrico, uso de las aguas, hidrología local de obras específicas del proyecto. b. Aguas subterráneas: condiciones geológicas, balance hídrico, características del acuífero o acuíferos de la zona, propiedades físico-químicas del agua (calidad) y otros. c. Lagos y pantanos. Dimensiones, dinámica, condiciones ambientales. 6.3.2. Estudio de los programas de control sobre las zonas costeras. 6.4. Los efectos sobre la flora y la fauna. 6.4.1. Ambiente terrestre que comprenderá: calidad, flora y fauna de la región, descripción general, vegetación - descripción y tipo- estratificación, composición florística, perfil real de vegetación, densidad, sucesiones y ecotonos, fauna existente, especies migratorias, especies amenazadas en vías de extinción. 6.4.2. Ambiente acuático que comprenderá: calidad de agua, flora y fauna acuática. 6.5. Los efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 6.5.1. Calidad de paisaje que comprenderá: capacidad de absorción/fragilidad, recreación, turismo (existente/potencial). 6.5.2. Ambiente humano (local y cantonal) que comprenderá: asentamientos humanos y actividades productivas predominantes, situación de empleo y características de la fuerza laboral, patrimonio histórico-arqueológico que se encuentre en el área, infraestructura y servicios básicos existentes, salud salubridad, salud ocupacional, educación, energía, comunicaciones, transporte, requisitos y servicios municipales (patentes y permisos), seguridad pública, aspectos institucionales y legales (de apoyo/restricciones). 7. Las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición. 7.1. Objetivos y alcances del plan. 7.2. Justificación de la programación. 7.3. Presupuesto del plan de recuperación del medio ambiente, por fases y total. 7.4. Representación gráfica y cartográfica del área: en la fase preoperacional (estado del ambiente), al finalizar el proyecto (estado del ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. 7.5. Acciones o programas que beneficien a la comunidad realizados por el contratista. 7.6. El Plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (formas de control y seguimiento). 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas terrestres. 8.1. Descripción detallada de acciones tendientes a mitigar el impacto y acciones correctivas. 8.2. Plan de vigilancia y control de alteraciones de la biocenosis. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. 10.1. Patrimonio histórico- arqueológico. 10.2. Características socioculturales de los habitantes. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. 11.1. Actividades productivas existentes. 11.2; Estructuras del empleo/características de la fuerza laboral. 11.3.Economía local. 12. Impactos del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. Amenazas naturales. b. Inundaciones-avenidas. c. Sismos/terremotos. d. Erupciones volcánicas. e. Remociones en masa: deslizamientos, hundimientos, etc. f. Perturbaciones climáticas. g. Incendios (por causas naturales). h. Invasiones/plagas (fauna silvestre). 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: lista de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y presentación de las garantías. B. EIA EN ZONAS MARINAS. 1. Introducción. 1.1.; 1.2; 1.3 ídem al EIA zonas terrestres. 2. Ubicación del proyecto. 2.1. Descripción Geográfica General a. ídem al EIA zona terrestre punto 2.1., a. b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades en áreas costeras y su zona de influencia. c. Actividades productivas pesqueras. d. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., f. e. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., g. f. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., h. 3. Descripción del proyecto: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; ídem al EIA zona terrestre. 3.5. Mapa general del área que indique gráficamente las operaciones planeadas, escala 1:100 000. 3.6. Obras que se construirán en tierra relacionadas con el proyecto: ubicación y descripción. Se deberá acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronograma de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Ambiente marino. b. Áreas costeras: esteros, lagunas marinas, playas, bancos arenosos, deltas, manglares, arrecifes, etc. 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. En la actividad pesquera b. En zonas costeras. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a.,b.,c. idem al EIA zona terrestre puntos 5.1. a.,b.,c.d. Instalaciones a construir en áreas costeras. 5.2. EIA para perforación. a. Características de plataforma a utilizarse, tipo de maquinaria, uso de lodos de perforación. b. ídem al EIA zona terrestre punto 5.2. b. 5.3. EIA para explotación. a. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. b. b. Sistema de seguridad a utilizarse, control de desechos, sistemas de tratamiento. c. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. e. d. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. f. e. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. g. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Efectos sobre flora y fauna marina. 6.2. Caracterización general de los ambientes oceanógraficos y sedimentológicos actuales de la región, tanto del área marina como de la zona costera de influencia. Debe mostrar la dinámica general de las corrientes marinas. a. Los efectos sobre las área terrestres costeras del proyecto. 6.2.1.- 6.2.6. idem al EIA zona terrestre puntos 6.2.1.-6.2.6. La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Efectos sobre las aguas marinas. 6.3.1. Oceanografía general del área contratada. 6.3.2. Características hidrogeológicas de las áreas costeras relacionadas. 6.3.3. Programas de control en las áreas costeras. 6.4. Efectos sobre poblaciones y asentamientos humanos de las áreas costeras e insulares. 7. Las cantidades de desechos y planes para su manejo y disposición. a.,b.,c., idem al EIA zona terrestre puntos 7.a.,7.b.,7.c. d. Representación gráfica y cartográfica del área costera: en la fase preoperacional (estado de ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. e. ídem al EIA zona terrestre punto 7.e. f. El plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (forma de control y seguimiento), para las áreas costeras. 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y costeros. a.,b., idem al EIA zona terrestre puntos 8.a., 8.b. c. equipo con que se cuenta para prevención y mitigación de derrames de hidrocarburos. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general de las zonas marinas y costeras. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural en las zonas marinas, insulares y costeras. a. b. ídem al EIA zona terrestre puntos 10.a., 10.b. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. a.,b.,c. ídem al EIA zona terrestre puntos 11.a.,11.b.,11.c. 12. Impacto del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.a. b. Sismos/terremotos/tsunamis c. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.d. d. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.f. e. Mareas rojas. 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: listas de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interrelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y de las garantías. Artículo 270.—Para las áreas contratadas mixtas con bloques tanto marinos como terrestres, el contratista deberá presentar 2 informes de EIA, uno para los bloques terrestres y otro para los bloques marinos, por separado. Artículo 271.—El contratista tiene la obligación de presentar a la DGH, el plan de contingencia anual para derrames de petróleo y emergencias. Del monitoreo del impacto ambiental. Artículo 272.—El contratista efectuará verificaciones regulares para la prevención del impacto y tomará medidas de control de acuerdo con lo estipulado por el EIA y aprobado por la CONEIA. Cuando sea necesario, se iniciarán medidas adicionales o alternativas para reducir impactos no previstos. De las auditorías ambientales. Artículo 273.—Durante las operaciones de exploración y explotación se llevarán a cabo auditorías ambientales externas, cuyo costo será cubierto por el contratista, de acuerdo con el EIA y aprobado por la CONEIA. De los lugares arqueológicos y edificios. Artículo 274.—En la operación sísmica se deberá evitar los lugares arqueológicos para prevenir el impacto negativo. Artículo 275.—El personal será informado antes de iniciar la operación, sobre el significado de la región, lo que constituye un sitio arqueológico, cómo reconocer uno y el procedimiento adecuado para reportar un posible sitio arqueológico. Artículo 276.—Todo hallazgo arqueológico, deberá ser reportarlo inmediatamente al MIRENEM y no se esperará a efectuar ninguna actividad, hasta tanto no se reciban instrucciones de este Ministerio. Manejo de desechos. Artículo 277.—El manejo de toda clase de desechos debe ser supervisados durante la ejecución de operaciones, y se llevará un registro de estos. Artículo 278.—Deberá prepararse un inventario de los volúmenes de hidrocarburos o posibles contaminantes almacenados en los campamentos, embarcaciones, lanchas o transportados en tanqueros. Artículo 279.—Todos los hidrocarburos que no puedan ser rehusados deberán ser quemados en una fosa de quema recubierta adecuadamente (si es necesario, se mezclarán con basura doméstica para asegurarse que ocurra una combustión completa). Artículo 280.—En caso de amenaza de contaminación del agua, deberán ser notificadas las autoridades competentes y la población local. De los informes de accidentes ambientales y reclamos. Artículo 281.—Es responsabilidad del contratista informar de los accidentes ambientales. Artículo 282.— Se considerará como casos de accidentes ambientales, los siguientes: a) Fugas de aceites, disposición impropia de desechos. b) Incumplimiento de las normas o procedimientos ambientales previamente aprobados. c) Cortes o remociones no autorizadas de vegetación. d) Pérdida de Biota. e) Contaminación o deterioro de los recursos naturales. Artículo 283.—Se deberá definir un procedimiento adecuado, en el campo, que facilite la aplicación a tiempo de las medidas correctivas...." De conformidad con lo establecido en ambos cuerpos normativos, tanto el impugnado en este proceso, como el derogado, se advierte que tal y como establece la norma de análisis "Artículo 4°—La aprobación de la Fase I del estudio de impacto ambiental será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos." (el destacado es nuestro). Lo anterior deviene contrario a lo dispuesto en el artículo 31 y 41 de la Ley de Hidrocarburos, en tanto establecen lo siguiente: "ARTICULO 31.- Los contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos los suscribirá el Poder Ejecutivo y como mínimo estipularán, lo siguiente: f) El estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas." "ARTICULO 41.- Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables". La redacción original de esta última norma fue declarada contraria al derecho de la Constitución, de conformidad con el artículo 1221-2002 de 6 de febrero de 2002, que resolvió lo siguiente: "I.- Sobre el fondo. Se impugna en este caso el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, número 7399 de 3 de mayo de 1994, cuyo texto completo reza: "Artículo 41.- Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables. Con el objeto de garantizar un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de proteger sus usos actuales y futuros, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas otorgará toda adjudicación condicionada a que se apruebe un estudio del impacto ambiental de sus actividades. El oferente seleccionado deberá presentar ese estudio dentro de los cuatro meses siguientes a que se le notifique la resolución respectiva. Para evaluar el estudio mencionado, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas dispondrá de un plazo de dos meses, contados a partir de su presentación. Si aprueba el estudio, la adjudicación se tendrá por definitiva y se procederá a firmar el contrato. Si el estudio está incompleto o deficiente, el ministerio le concederá al interesado un plazo hasta de dos meses para que lo corrija. De no completarse o corregirse a satisfacción del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas o si el estudio no se presenta la adjudicación se tendrá como inexistente para todos los efectos legales. Los estudios de impacto ambiental deberán ser efectuados por técnicos calificados, conforme a las normas del Poder Ejecutivo. El análisis del impacto ambiental deberá incluir, por lo menos, lo siguiente: a) Una descripción del proyecto. b) Su impacto, directo e indirecto, sobre el ambiente natural y el humano. c) Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto. ch) Un diagnóstico físico, biológico y humano, que deberá incluir: 1.- Los efectos sobre la vegetación, en general, sobre las áreas por deforestar, en especial. 2.- Los efectos sobre los suelos y los programas necesarios para controlar su erosión. 3.- Los efectos sobre la calidad de las aguas continentales, subterráneas y marinas, así como los programas necesarios para el control de la contaminación. 4.- Los efectos sobre la flora y la fauna. 5.- Los efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. d) Las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición. e) Las medidas de mitigación y los planes de contingencia para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y terrestres. f) Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de los hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general. g) Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. h) Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales. El citado estudio se revisará y se actualizará periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y de explotación." III.- Precedentes sobre la materia. En efecto, lleva razón el accionante al recordar que la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la norma impugnada cuando era parte del entonces proyecto de Ley de Hidrocarburos, expediente legislativo número 9573. En esa ocasión y mediante resolución 6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, se indicó sobre el particular: "XII.- SOBRE LA PROTECCION DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Pero lo más grave es que no se prevé una consecuencia directa del incumplimiento de esas exigencias, dejando a merced del libre arbitrio de los funcionarios competentes, la decisión sobre el punto. Estima la Sala que el tema debe ser analizado desde la perspectiva constitucional en aras de garantizar la protección del derecho a un ambiente sano ampliamente reconocido y protegido por esta jurisdicción y expresamente contemplado por el artículo 89 de la Constitución que establece: "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.' XIII.- El término 'bellezas naturales' era el empleado al momento de promulgarse la Constitución, (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital para la vida misma. Ningún resultado racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres animados, dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras. XIV.- De esta segunda visión del tema ambiental, se hace posible revestir a los derechos individuales clásicos de las condiciones necesarias para su pleno disfrute y ejercicio, en especial del derecho a la vida particularmente reforzado por nuestro artículo 21 constitucional, que la declara inviolable. Así, de la necesidad de disfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas directamente derivadas de las fundamentales –entendidas como las ya consagradas en el texto constitucional– que operan como condiciones instrumentales para su preservación y ejercicio. Por ello las condiciones necesarias para la protección de los derechos fundamentales, se constituyen en verdaderos derechos independientes y exigibles con autonomía de aquéllos. Son verdaderas normas subconstitucionales como las denomina la doctrina, surgidas de la interpretación armónica del derecho de la Constitución; como por ejemplo la relación género–especie entre la libertad de comercio y la libertad de contratación según lo desarrolló la Corte Plana en funciones de tribunal constitucional, en la sentencia de 26-8-82. La segunda como consecuencia de la primera, es una condición indispensable para su ejercicio y sin embargo un derecho autónomo a la vez. XV.- Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de 'proteger las bellezas naturales' contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado. XVI.- El derecho a la Salud, como derecho humano, fue reconocido por la Sala en tempranas sentencias, como la #56-90 que declaró ese derecho como irrenunciable; y la sentencia #1755-90 en la que se dijo: 'En el presente caso, está de por medio del derecho a la Salud, derecho fundamental del ser humano –en la medida en que la vida depende en gran parte de su respecto– de tal forma que conforme a nuestra Constitución Política, artículos 10 y 48, y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la materia objeto del presente recurso... sí se constituye en objeto de obligado conocimiento de esta instancia, en la medida en que involucra la presunta violación de un derecho constitucional...' De manera que es claro que ya no existe duda sobre la protección constitucional del derecho a la salud jalonado del derecho a la vida y por allí de un derecho al ambiente sano. A manera de ilustración podemos citar las sentencias 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; que han reconocido el derecho a la salud y a un ambiente sano, como un derecho individual constitucionalmente protegido. XVII.- Dentro de este proceso lógico de integración y desarrollo de los valores constitucionales, empleando como instrumento jurídico la interpretación lógico sistemática de los mismos, la enmienda al artículo 48 de la Constitución operada en 1989, ha ampliado de manera singular el catálogo de derechos humanos susceptibles de protección judicial al remitirnos expresamente al derecho internacional contenido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país. Ordenamiento jurídico supranacional que debemos integrar al análisis del Proyecto de Ley consultado en virtud del rango superior a las leyes que le otorga el artículo 7° de la Constitución. XVIII.- En efecto, Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable –y de exigibilidad judicial directa– al caso sobre todo por la posibilidad de explotar los recursos hidrocarburados en otras áreas no parte del régimen de parques nacionales. Por ello resulta imprescindible revisar qué otras áreas o biosistemas estarían vedados a esta actividad o en los que es necesario cumplir otras exigencias. XIX.- En Primer término podemos citar como directamente atinente a la materia que nos ocupa: A) El 'CONVENIO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS', Firmado en México D.F. el 29 de diciembre de 1972 y aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #5566 de 13 de agosto de 1974 que impide 'la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida humana, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar' (art. 1°), materias especificadas en el Anexo Primero que en su inciso 5° incluye diferentes derivados de los hidrocarburos. El Convenio exige permisos del Estado ribereño para verter ciertos desechos autorizados. B) El 'CONVENIO PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO Y SU PROTOCOLO DE COOPERACION PARA COMBATIR LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN LA REGION DEL GRAN CARIBE', abierto a la firma en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983 y en Bogotá del 25 de marzo de 1983 al 23 de marzo de 1984; aprobado por la Asamblea Legislativa por ley #7227 de 12 de abril de 1991, el que tiene como objeto 'prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del convenio y para asegurar una ordenación racional del medio'. Destacan el artículo 10 que otorga especial importancia a 'los ecosistemas raros y vulnerables, así como el hábitat de especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción'; y se comprometen los Estados partes a constituir zonas protegidas. El artículo 12 obliga a 'elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la planificación de sus Proyectos de desarrollo importantes', que sirvan para prevenir la contaminación del medio marino. C).- El 'CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO', Adoptado en Viena el 22 de marzo de 1985, aprobado por ley #7228 de 22 de abril de 1991, y su 'PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO' suscrito en Montreal el 16 de setiembre de 1987 y aprobado por ley #7223 de 2 de abril de 1991, que protegen 'la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.' CH).- La 'CONVENCION DE LA ONU SOBRE DERECHO DEL MAR', suscrita en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y aprobada por ley #7291, publicada el 15 de julio de 1992, que regula lo concerniente a la explotación de los recursos naturales en la plataforma continental. D). CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS', suscrito en Ramsar el 2 de febrero de 1971 y aprobado por ley #7224 de 2 de abril de 1991, por el que se protegen los humedales entendidos como 'extensiones de marismas, pantanos, tueberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros'; así como a las aves acuáticas que son aquellas que dependen de las zonas húmedas. (Art. 1°) E).- La 'CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL' Suscrita en París el 23 de noviembre de 1972 y aprobada por ley #5980 de 23 de octubre de 1966, por la que se obliga a la conservación del patrimonio cultural, definido como la protección de monumentos de un valor excepcional universal como cavernas; de conjuntos de edificaciones; de lugares como obras de la naturaleza. Además declara patrimonio natural a las formaciones físicas o biológicas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas. f).- La 'CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCENICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMERICA'. Adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973 y aprobada por ley #3763 de 19 de octubre de 1976, que define las diferencias entre los parques nacionales, reservas naturales, los monumentos naturales, las reservas de regiones vírgenes y prohibe alterar los límites de los parques nacionales sino es por ley y explotar sus riquezas con fines comerciales. En cuanto a las reservas de regiones vírgenes permite un uso compatible con las mismas. (arts.1 y 2). G).- 'CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES', de la O.I.T. Conocido como convenio #169 que introdujo reformas al anterior #107. Este convenio otorga preferencia a las comunidades indígenas en cuanto a la explotación de las riquezas naturales que existan dentro de los territorios que les pertenecen. XX.- Todas estos instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas por el Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos en tanto el rango normativo de aquéllos es superior. En consecuencia lo dispuesto por el artículo 41 párrafo 2° del Proyecto que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado. Por ello estima la Sala que el artículo 41 prf. 2° es inconstitucional en este aspecto." Este criterio, que fue vertido entonces por la Sala en función consultiva, ha sido reafirmado –recientemente incluso– en sentencia número 2001-04245 de las 15:01 horas del 23 de mayo del 2001. IV.- Aplicación al presente caso. El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que en materia de consulta legislativa –como la que se evacuó conforme al Considerando anterior– el dictamen que emita la Sala solo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado. Sin embargo, el párrafo final agrega que, en todo caso, "el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad", que es la situación exacta que se presenta en el sub examine, sin que aprecie la Sala motivo alguno para variar el criterio sostenido en las mencionadas resoluciones. De manera que no cabe duda de que la norma que promulgó el legislador como parte del texto final de la Ley de Hidrocarburos efectivamente arrastra los vicios previamente apuntados al proyecto y sobre cuya inconformidad constitucional no habría discusión. V.- Conclusión. Ahora bien, en el presente análisis, surge la convicción de que la declaratoria de ilegitimidad que recaiga debe extenderse no sólo al párrafo segundo del artículo 41 cuestionado, sino también a los siguientes, que son desarrollo y consecuencia directa del señalado. Al respecto, debe indicarse que no ha de preocupar que la anulación de estos preceptos se pueda interpretar como que con su ausencia se torne innecesario el requisito del estudio de impacto ambiental como parte del trámite de las respectivas concesiones. Por el contrario, el párrafo primero de la norma, que queda intacto, reafirma la necesidad de que "las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables". Y, en este sentido, el restante ordenamiento jurídico viene a suplir adecuadamente el vacío creado, mediante disposiciones que no permiten ignorar la necesidad de los estudios de impacto ambiental, comenzando por el artículo 31, inciso f), de la propia Ley de Hidrocarburos, que lo exige y que no contiene el vicio apuntado al ordinal 41. Y podemos citar también, a mayor abundamiento, lo señalado sobre el particular en otros cuerpos legales, tales como La Ley de la Contratación Administrativa, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos; la Ley de uso, manejo y conservación de suelos; la Ley de Biodiversidad y, muy especialmente, la Ley Orgánica del Ambiente. De manera que queda absolutamente en claro que el pronunciamiento que aquí se hace no puede conducir a la omisión de estos importantísimos estudios, de previo al otorgamiento de los permisos o concesiones del caso. Por tanto: Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anulan los párrafos segundo y siguientes del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, número 7399 de 3 de mayo de 1994. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese." (el destacado es nuestro). Como se advierte de las normas de análisis, el acto administrativo objetado permite que el acto adjudicatorio de la concesión de exploración petrolera adquiera firmeza - con la generación de situaciones jurídicas subjetivas en favor del concesionario - con la sola aprobación de la fase 1 del EIA, siendo así que de los autos se evidencia con claridad que dicha primera fase carece del análisis integral e integrado que requiere un EIA completo. Con lo anterior, se ralentiza las medidas previas de control de la actividad de prospección y exploración petrolera, confrontado con lo establecido en el artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995), derogados por la norma objetada. En este sentido, debe tomarse dos consideraciones: a) La prospección petrolera no es una serie de actividades numeros clausus y no es cierto que la misma per se no pueda implicar riesgo al ambiente. En este sentido, la norma cuestionada indica que la misma es: "Prospección Petrolera: Evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y/o geofísico de una área concesionada, en la cual la metodología empleada ya sea de forma indirecta, o directa, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos, sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Son incluidos como parte de estos métodos los siguientes: cartografíado geológico básico; colecta de muestras geológicas y/o geoquímicas, por métodos manuales (utilizando martillo geológico y otros instrumentos manuales, tales como perforadoras portátiles; cuya aplicación no requiera de la construcción de caminos, movilización de maquinaria pesada, o preparación previa del terreno a prospectar, en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos), métodos geofísicos tales como sísmica (reflexión y/o refracción), gravimetría, magnetometría, métodos de resistividad, magnetotelúricos, y aquellos otros cuya aplicación se restringa al uso de instrumentos manuales cuya labor no requiere de la aplicación de maquinaria, ni la apertura de trochas, ni caminos, ni perforaciones exploratorias en el área terrestre, o bien de actividades directas de instalación, operación, y/o inmersión de equipos o maquinarias pesadas en ambientes marinos o subacuáticos a no ser que exista una evaluación previa y una autorización expresa de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL para su implementación en estas actividades." (el destacado es nuestro). Como se advierte, sí podría existir el uso de actividades más intensivas, las el decreto las condiciona a una autorización expresa de la SETENA. Con lo anterior, bien podría no tomarse algunas de estas medidas en el EIA para la fase de prospección y luego ser realizadas, a pesar de no haber sido tomadas en consideración previamente en el respectivo estudio. b) La conducta administrativa objetada establece expresamente que "Artículo 3°—Las fases mínimas que comprende el estudio de impacto ambiental a que se refiere el artículo 2 son: a) Fase I: prospección b) Fase II: exploración intensiva. Artículo 4°—La aprobación de la Fase I del estudio de impacto ambiental será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos". Como se advierte de ambas normas, con la mera aprobación de la fase del EIA para la prospección, ya se estaría generando un derecho subjetivo a favor del concesionario, en tanto que con el mismo, el respectivo acto adjudicatorio adquiriría firmeza. Si bien, el artículo 6 del acto objetado indica que "Ningún concesionario podrá pasar de la Fase I a la Fase II sin la debida valoración ambiental por parte de la SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, y previa solicitud de la Dirección General de Hidrocarburos.", es de advertir que el mismo deja abiertos los términos propios en que se realizará el estudio de impacto ambiental, a contrario de la normativa derogada, en tanto dispuso que "La SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL será el órgano encargado de establecer los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental, y de su aprobación para cada una de las fases de exploración mencionadas, y para la explotación de hidrocarburos, de acuerdo con sus directrices internas de procedimiento". Como se evidencia, esta última disposición deja a criterio de la Nombre3456 los términos de referencia para la elaboración del EIA a contrario del decreto ejecutivo artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995), que indicaba que el mismo, al menos debía poseer lo siguiente: "Artículo 268.—El contratista tendrá que presentar el informe de EIA al MIRENEM para el área objeto de adjudicación, según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley. El EIA es un documento de evaluación del impacto ambiental de la actividad y contiene aspectos que requieren de la intervención de profesionales de diversas disciplinas en Ciencias Naturales como: Biología, Geología, Oceanografía. Geografía, Ingeniería Forestal, Geofísica, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Civil, Ingeniería en Topografía e Ingeniería Química entre otros. El EIA deberá ser efectuado por técnicos calificados, conforme a las normas del PE. Artículo 269.—El EIA se presentará con nueve copias completas ante la CONEIA y deberá comprender al menos la información y los documentos que se indican a continuación: A. EIA EN ZONAS TERRESTRES. 1. Introducción. 1.1. Justificación del proyecto: objetivos y alcances económicos, financieros, técnicos, sociales y ambientales; metas. 1.2. Información general de la persona física o jurídica que realizará las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 1.3. Calificación profesional y experiencia del equipo interdisciplinario que elaboró el EIA y contratista. 2. Ubicación del proyecto: 2.1. Descripción geográfica general: a. Ubicación territorial administrativa (identificación de número de bloques, delimitación por coordenadas de y su zona de influencia). b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades incluidas dentro de área de estudio y su zona de influencia. c. Vías de acceso y estado de las mismas. d. Actividades productivas. e. Cauces de agua. f. Mapa de ubicación del área sujeto a la contratación a escala 1: 200.000. g. Otros aspectos de interés, tales como obras de infraestructura, líneas de transmisión, accidentes geográficos naturales, etc. h. Cronograma de actividades del proyecto, con objetivos, metas, alcances y posibles modificaciones futuras. 3. Una descripción del proyecto: 3.1. Métodos a utilizar en el proyecto, descripción por etapas de los procedimientos, sistemas y técnicas que se implementarán. 3.2. Requisitos técnicos: medios e instrumentos a utilizar. 3.3. Rendimientos esperados: volumen (en caso de explotación). 3.4. Metodología de la exploración y explotación. 3.5. Mapa geográfico actualizado que contenga los detalles hidrográficos, infraestructura, asentamientos humanos, etc. de importancia. Este mapa puede elaborarse teniendo en cuenta la situación pre-operacional del proyecto, a una escala apropiada a las dimensiones del mismo (1:200.00Ü ó 1:100.000). 3.6. Mapa del uso del suelo con actualización de fotografía área de base, mínimo escala 1:50.000. 3.7. Otros aspectos que deberá contener esta información: vías de acceso existentes o cambios que deben construirse: métodos de estabilización, planos, etc. Acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques, diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronogramas de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración y explotación, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Geomorfología (taludes). b. Suelos. c. Climatología/calidad de aire. d. Hidrología superficial/subterránea. e. Vegetación. f. Fauna terrestre, habitáis, nichos, poblaciones, comunidades. g. Otros ecosistemas (p.e. manglares). h. Paisaje/calidad. i. Fomento de amenazas naturales. j. Inundaciones. k. Especies amenazadas o en vías de extinción. l. Aceleración en procesos de erosión/sedimentación. m. Contaminación ambiental (generación/aumento: aire, suelo, agua, sónica). n. Alteración de patrones migratorios (fauna en general). 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. Localización y distribución de asentamientos humanos. b. Infraestructura y servicios básicos. c. Contaminación/saneamiento ambiental (sinergismos). d. Efectos en la salud pública. e. Riesgos ocupacionales (salud/seguridad laboral). f. Efectos en medios y vías de transporte. g. Efectos relacionados con recreación - turismo. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles, del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a. Químicos a emplearse, cantidades y aspectos lexicológicos de los mismos, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna. b. Control de aguas, de acidez o basicidad y aspectos físico químicos. c. Control de explosivos a emplearse. d. Características de instalaciones a construirse. 5.2. EIA para perforación. a. Perforaciones, tipo de maquinaria, usos de los lodos de perforación. b. Descripción de las obras a realizarse y sistema operacional de las mismas. c. Diseño del movimiento de tierras. d. Características de instalaciones. 5.3. EIA para explotación. a. Mapas de ubicación de materiales de desecho. b. Equipo de perforación a utilizarse y otro tipo de maquinaria. c. Lugares destinados para disposición temporal de suelos, si lo amerita el caso. d. Sistemas de seguridad, estabilidad de taludes y sistemas de represamiento y control de fluidos. e. Controles de calidad de los vertidos. f. Flujorama y descripción de planta de tratamiento. g. Sistemas de almacenamiento y transporte. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Los efectos sobre la vegetación en general y sobre las áreas por deforestar en especial. 6.2. Los efectos sobre los suelos y los programas necesarios para controlar su erosión. 6.2.1. Geología regional que comprenderá descripción y análisis global, así como representación gráfica y cartográfica de: geología estructural, estratigrafía, sismología, vulcanología. 6.2.2. Geología local en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.3. Geopedología regional que comprenderá descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: capacidad de uso según características naturales, metodología del Centro Científico Tropical. 6.2.4. Geopedología detallada en los casos de desarrollo de pozos y de la zona de obras específicas. 6.2.5. Climatología regional que comprenderá la descripción global y representación gráfica y cartográfica de: meteorología, precipitación, temperatura, vientos, radiación y evapotranspiración (humedad relativa). 6.2.6. Climatología local (parámetros similares al anterior). La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Los efectos sobre la calidad de las aguas continentales, subterráneas, marinas así como los programas necesarios de control de contaminación. 6.3.1. Hidrología regional que comprenderá la descripción y análisis global y representación gráfica y cartográfica de: a. Aguas superficiales: redes hídricas, régimen de escorrentía, arrastre de sedimentos, características físico-químicas del agua (calidad), zonas con potencial hídrico, uso de las aguas, hidrología local de obras específicas del proyecto. b. Aguas subterráneas: condiciones geológicas, balance hídrico, características del acuífero o acuíferos de la zona, propiedades físico-químicas del agua (calidad) y otros. c. Lagos y pantanos. Dimensiones, dinámica, condiciones ambientales. 6.3.2. Estudio de los programas de control sobre las zonas costeras. 6.4. Los efectos sobre la flora y la fauna. 6.4.1. Ambiente terrestre que comprenderá: calidad, flora y fauna de la región, descripción general, vegetación - descripción y tipo- estratificación, composición florística, perfil real de vegetación, densidad, sucesiones y ecotonos, fauna existente, especies migratorias, especies amenazadas en vías de extinción. 6.4.2. Ambiente acuático que comprenderá: calidad de agua, flora y fauna acuática. 6.5. Los efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 6.5.1. Calidad de paisaje que comprenderá: capacidad de absorción/fragilidad, recreación, turismo (existente/potencial). 6.5.2. Ambiente humano (local y cantonal) que comprenderá: asentamientos humanos y actividades productivas predominantes, situación de empleo y características de la fuerza laboral, patrimonio histórico-arqueológico que se encuentre en el área, infraestructura y servicios básicos existentes, salud salubridad, salud ocupacional, educación, energía, comunicaciones, transporte, requisitos y servicios municipales (patentes y permisos), seguridad pública, aspectos institucionales y legales (de apoyo/restricciones). 7. Las cantidades de los desechos y los planes para su manejo y disposición. 7.1. Objetivos y alcances del plan. 7.2. Justificación de la programación. 7.3. Presupuesto del plan de recuperación del medio ambiente, por fases y total. 7.4. Representación gráfica y cartográfica del área: en la fase preoperacional (estado del ambiente), al finalizar el proyecto (estado del ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. 7.5. Acciones o programas que beneficien a la comunidad realizados por el contratista. 7.6. El Plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (formas de control y seguimiento). 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas terrestres. 8.1. Descripción detallada de acciones tendientes a mitigar el impacto y acciones correctivas. 8.2. Plan de vigilancia y control de alteraciones de la biocenosis. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y de explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. 10.1. Patrimonio histórico- arqueológico. 10.2. Características socioculturales de los habitantes. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. 11.1. Actividades productivas existentes. 11.2; Estructuras del empleo/características de la fuerza laboral. 11.3.Economía local. 12. Impactos del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. Amenazas naturales. b. Inundaciones-avenidas. c. Sismos/terremotos. d. Erupciones volcánicas. e. Remociones en masa: deslizamientos, hundimientos, etc. f. Perturbaciones climáticas. g. Incendios (por causas naturales). h. Invasiones/plagas (fauna silvestre). 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: lista de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y presentación de las garantías. B. EIA EN ZONAS MARINAS. 1. Introducción. 1.1.; 1.2; 1.3 ídem al EIA zonas terrestres. 2. Ubicación del proyecto. 2.1. Descripción Geográfica General a. ídem al EIA zona terrestre punto 2.1., a. b. Situación en relación con las poblaciones o ciudades en áreas costeras y su zona de influencia. c. Actividades productivas pesqueras. d. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., f. e. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., g. f. Idem al EIA zona terrestre punto 2.1., h. 3. Descripción del proyecto: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; ídem al EIA zona terrestre. 3.5. Mapa general del área que indique gráficamente las operaciones planeadas, escala 1:100 000. 3.6. Obras que se construirán en tierra relacionadas con el proyecto: ubicación y descripción. Se deberá acompañar esta descripción con fotografías, gráficos, planos, mapas, croquis, bloques diagramas, perfiles geológicos, modelos gráficos, diagramas de flujo, perfiles topográficos, cronograma de actividades, cada uno con los detalles correspondientes, además de toda otra información útil en la descripción del proyecto y sus etapas. 4. Impacto directo e indirecto del proyecto sobre el ambiente natural y humano. Se consideran las diferentes etapas del proyecto de exploración, así como de construcción de obras. 4.1. Impacto sobre el ambiente natural. a. Ambiente marino. b. Áreas costeras: esteros, lagunas marinas, playas, bancos arenosos, deltas, manglares, arrecifes, etc. 4.2. Impacto sobre el ambiente humano. a. En la actividad pesquera b. En zonas costeras. 5. Los efectos adversos inevitables, reversibles o irreversibles del proyecto. 5.1. EIA para exploración. a.,b.,c. idem al EIA zona terrestre puntos 5.1. a.,b.,c.d. Instalaciones a construir en áreas costeras. 5.2. EIA para perforación. a. Características de plataforma a utilizarse, tipo de maquinaria, uso de lodos de perforación. b. ídem al EIA zona terrestre punto 5.2. b. 5.3. EIA para explotación. a. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. b. b. Sistema de seguridad a utilizarse, control de desechos, sistemas de tratamiento. c. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. e. d. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. f. e. ídem al EIA zona terrestre punto 5.3. g. Toda la documentación presentada debe cumplir con las regulaciones existentes en los Colegios Profesionales. 6. Un diagnóstico físico, biológico y humano del área contratada. 6.1. Efectos sobre flora y fauna marina. 6.2. Caracterización general de los ambientes oceanógraficos y sedimentológicos actuales de la región, tanto del área marina como de la zona costera de influencia. Debe mostrar la dinámica general de las corrientes marinas. a. Los efectos sobre las área terrestres costeras del proyecto. 6.2.1.- 6.2.6. idem al EIA zona terrestre puntos 6.2.1.-6.2.6. La información presentada debe estar procesada y con gráficos. 6.3. Efectos sobre las aguas marinas. 6.3.1. Oceanografía general del área contratada. 6.3.2. Características hidrogeológicas de las áreas costeras relacionadas. 6.3.3. Programas de control en las áreas costeras. 6.4. Efectos sobre poblaciones y asentamientos humanos de las áreas costeras e insulares. 7. Las cantidades de desechos y planes para su manejo y disposición. a.,b.,c., idem al EIA zona terrestre puntos 7.a.,7.b.,7.c. d. Representación gráfica y cartográfica del área costera: en la fase preoperacional (estado de ambiente), con el plan de recuperación propuesto (protección del ambiente), utilizando fotografías, perfiles topográficos, bloques diagrama y otros medios gráficos. e. ídem al EIA zona terrestre punto 7.e. f. El plan debe contener: programa cronológico de recuperación (acciones propuestas), programa de monitoreo (forma de control y seguimiento), para las áreas costeras. 8. Las medidas de mitigación y los planes de contingencia, para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre los ecosistemas marinos y costeros. a.,b., idem al EIA zona terrestre puntos 8.a., 8.b. c. equipo con que se cuenta para prevención y mitigación de derrames de hidrocarburos. 9. Un programa de establecimiento de zonas de protección, en los alrededores de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, que minimicen los efectos nocivos sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general de las zonas marinas y costeras. 10. Los posibles efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural en las zonas marinas, insulares y costeras. a. b. ídem al EIA zona terrestre puntos 10.a., 10.b. 11. Los efectos adversos sobre las actividades económicas y sociales en las áreas de contratación. a.,b.,c. ídem al EIA zona terrestre puntos 11.a.,11.b.,11.c. 12. Impacto del ambiente sobre el proyecto. Se trata de impactos del ambiente a nivel local y regional, eventualidades temporales o permanentes. 12.1. Ambiente físico y biótico. Efectos de: a. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.a. b. Sismos/terremotos/tsunamis c. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.d. d. ídem al EIA zona terrestre punto 12.1.f. e. Mareas rojas. 13. Evaluación integral del proyecto con base en al menos una de las siguientes técnicas: listas de verificación, fichas ambientales, matrices, diagramas de flujo, modelos gráficos, árboles de interrelaciones. 14. Análisis costo beneficio y costo comparativo de la actividad. Inversión en el proyecto y posible desglose. 15. Declaración jurada del cumplimiento de las acciones propuestas en el EIA ante un notario y de las garantías...". Es criterio de este Colegio que con lo anterior, se abandona la existencia de una conducta administrativa reglada en cuanto a su contenido, hacia la aprobación de un acto discrecional en donde se ralentiza la seguridad jurídica necesaria que se debe poseer en la materia y se deja abierta la posibilidad de flexibilizar los elementos a tomar en consideración para cada una de las fases en la materia objeto de análisis. Si bien el testigo Astorga Gatgens habla de la existencia de una guía de estudios de evaluación de estudios de impacto ambiental, es evidente que una regulación específica en la materia de exploración y explotación petrolera con rango de decreto ejecutivo solo se encontraba contemplada en la normativa derogada por el decreto objeto del presente proceso. Lo anterior, es contrario al interés público ambiental y resulta contrario, como se indicará posteriormente a las disposiciones mismas de la Ley de Hidrocarburos. Por otra parte, si bien la testigo Nombre114232 indica que la prospección puede tener actividades de "gabinete", también reconoce que puede implicar actividades de campo, con lo cual se debe prever intervención el ambiente, tal y como indica respecto de la "sísmica", en donde la deponente señala que la misma puede darse "... a veces..." y los denominados "pozos de prospección..." A pesar de que la prospección es más amplio y la exploración más restringida, no excluye que la consecuencia de la implementación de la primera generará mayores riesgos de impacto ambiental posterior al pasar a la exploración, a pesar de lo cual, tal y como se ha indicado, con la mera aprobación del EIA para la fase 1, ya el acto de adjudicación de la concesión estaría firme. En razón de lo anterior, estima este Tribunal que no es procedente que con la mera aprobación de la fase 1 del estudio de impacto ambiental el acto de adjudicación de la concesión adquiera la condición de firme, habida cuenta que no se estaría contando con la valoración integrada e integral que requiere un estudio en una fase más invasiva e intensa como es la fase exploratoria y a pesar de ello, se estaría generando un derecho subjetivo a favor del concesionario. Resulta necesario indicar que el testigo Astorga Gatgens refiere que el propósito del acto objetado era evitar dar un cheque en blanco, dado que con la normativa anterior, la viabilidad ambiental habilitaba dar de primera entrada, la posibilidad de exploración en todas sus fases. No obstante, es menester indicar que la normativa derogada claramente establecía que el respectivo estudio de EIA "... en caso de la firma del contrato será actualizado periódicamente...", con lo cual se preveía situaciones como las descritas por el testigo en su deposición. Adicionalmente, no se advierte que la normativa preexistente significara un riesgo para el interés del país, si la Secretaría Técnica Ambiental implementara adecuadamente la normativa derogada por la conducta anulada . Consecuentemente, no se ha demostrado que la norma objetada sea más protectora del ambiente que la derogada y por el contrario, se estima que incrementa riesgo en cuanto a sus consecuencias, respecto del interés público. V.VII.- A mayor abundamiento, es menester indicar que el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos, indica lo siguiente: "ARTICULO 31.- Los contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos los suscribirá el Poder Ejecutivo y como mínimo estipularán, lo siguiente: a) El objeto, la aplicación y el área contratada. b) Los términos y las condiciones mediante los cuales se realizarán los trabajos, durante el período de exploración, deberán incluir, como mínimo, la perforación de un pozo exploratorio por año, a partir del segundo año, así como los presupuestos, la devolución de áreas y el suministro de la información. c) Los términos y las condiciones de los trabajos, durante el período de explotación, deberán incluir lo relacionado con el control técnico de las operaciones, los presupuestos, la producción, la regalía, el aprovechamiento del gas y el suministro de la información y cuando las circunstancias lo ameriten, las partes podrán revisarlos y ajustarlos. ch) La duración máxima, los derechos, las obligaciones, las condiciones, las sanciones y la responsabilidad de las partes. d) El impuesto sobre la renta. e) La garantía de cumplimiento, que deberá rendir el adjudicatario, a efecto de asegurar la correcta ejecución del contrato y la protección del ambiente y de los recursos naturales. El monto de la garantía se definirá en el cartel, de acuerdo con el programa mínimo propuesto y la ponderación del eventual daño ambiental que ese programa pueda generar. Esta garantía deberá rendirla el adjudicatario, dentro de los dos meses siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. f) El estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas". Como se advierte de la norma indicada, es condición para el contrato de concesión la existencia de un estudio de impacto ambiental, no de una fase del mismo, por lo que es evidente que la conducta objetada es contraria al artículo 31 citado. Si la disposición legal es obsoleta o improcedente, lo correcto es tramitar su modificación por los cauces legales correspondientes, mediante la voluntad de los representantes del soberano, mas no intentar hacer nugatorios sus alcances mediante una mera conducta administrativa formal de rango inferior, en tanto que el decreto objetado lo que hace es pretender violentar el principio de regularidad del ordenamiento jurídico y de jerarquía de las fuentes. No es óbice señalar los riesgos que entraña admitir la firmeza de la concesión con la sola fase 1 de la concesión, en tanto que bien podría la empresa contratista alegar en su favor el principio de intangibilidad de los actos propios para pretender que se encuentra incorporada a su esfera jurídica el derecho de que se continúe a las siguientes fases del proyecto. Tal y como se ha indicado, las normas legales apuntadas en el considerando anterior, se inclinaron a determinar que el EIA fuese previo a la firma del contrato respectivo, ello con el fin de que la administración pudiese tomar en cuenta lo que en la evaluación realizada se determinara, para así tomar las disposiciones contractuales y o de ejecución necesarias para minimizar o evitar las afectaciones al medio ambiente, ello siguiendo la idea del principio precautorio, que ha sido especialmente determinado en protección al ambiente, pues como se ha indicado, una afectación a este bien de la humanidad podría ser totalmente irreversible, de allí que el Estado deba mantener una actitud de defensa previa y no dejar que suceda el impacto y luego intentar rehabilitar lo dañado. En el Decreto que se analiza, no solo se omitió la palabra previo, la cual debió ser tomada en cuenta para que el desarrollo reglamentario fuese acorde con las Leyes, sino que además, la interpretación que puede darse de la división del EIA en etapas, es que, como se ha mencionado en este caso, en la etapa de prospección no sería necesario realizar un verdadero estudio de impacto ambiental integral, ello derivado de que se entienda que en esa fase no hay trabajo de campo y por lo tanto no sería relevante indicar las posibles afectaciones a futuro. Es menester reafirmar la convicción de este Tribunal respecto del debilitamiento de la protección ambiental, en tanto que la conducta administrativa cuestionada derogó el artículo 266 del Decreto 24735 y que indicaba: "El contratista presentará previo a la firma del acto adjudicatorio, el EIA, que en caso de la firma del contrato será actualizado periódicamente, conforme avancen los trabajos correspondientes a los períodos de exploración y explotación de los hidrocarburos según lo estipula el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. La actualización del Estudio de Impacto Ambiental se hará cada año o a solicitud del MIRENEM". Como se advierte de esta última norma, la misma sí preveía la existencia de un estudio integral previo a la firmeza del contrato, lo cual resulta acorde con las disposiciones mismas de la Ley de Hidrocarburos. En este orden de ideas, debe analizarse lo anterior, tomando en consideración el artículo 46 del mismo cuerpo normativo que dispone como causal de "caducidad" del contrato: "a) El incumplimiento de las obligaciones y de las condiciones estipuladas en el contrato". Consecuentemente, es evidente que la existencia de un EIA integral previo resulta razonable con los objetivos de la norma, habida cuenta que el mismo forma parte del contrato de concesión rubricado y su incumplimiento generaría el fenecimiento de la respectiva relación contractual. Por lo anterior, se reafirma la convicción de este Tribunal respecto de que el decreto cuestionado está viciado de nulidad, tanto por lo que dispone en cuanto al EIA como respecto de la derogatoria de una normativa, más acorde con el interés público ambiental. Todo lo anterior, fundado en el artículo 11 incisos 1) y 2) de la Ley de la Biodiversidad, número 7788, del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, que en lo que interesa dispone: "Criterios para aplicar esta ley. Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia, anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección." (lo destacado es nuestro) y por el principio de inversión de la carga de la prueba establecido en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, el cual dispone que la carga de la prueba en los procedimientos ambientales corresponderá a quien solicita la autorización, licencia o permiso de uso o aprovechamiento de recursos naturales, o al infractor, a fin de demostrar que él no causó el daño, o que su actividad no generará daño al ambiente, en los siguientes términos: "Carga de la prueba: La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitida, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso de acceso a la biodiversidad a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental". Considera este Tribunal que el decreto cuestionado implica un debilitamiento de la prevención necesaria de eventuales consecuencias negativas necesarias con motivo de la prospección y exploración petrolera, al dividir el EIA en dos fases y establecer la firmeza de la concesión con solo la primera y sin que se demuestre en autos de manera fehaciente que con la nueva regulación se mantendrá o mejorará la protección del ambiente establecida en la regulación derogada por la misma. V.VIII.- Por otra parte, es criterio de este Tribunal que no se ha demostrado de manera fehaciente que el contenido de la conducta administrativa cuestionada sea fundada en criterios y parámetros técnicos y científicos. Tanto la prueba documental aportada a los autos como la declaración de los testigos no evidencian que en el caso de nuestro país, con las condiciones geológicas y ambientales existentes en él, se pueda dividir el estudio de impacto ambiental en la forma prevista en el decreto cuestionado y además que el acto de adjudicación respectivo pueda adquirir firmeza con el solo EIA de la respectiva primera fase de prospección. A mayor abundamiento, es menester destacar que el legislador nacional, siguiendo la misma línea de protección ya marcada, promulga la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 en la que en su artículo 94 indica "Etapas de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad aun cuando el proyecto esté programado para realizarse en etapas", lo que demuestra que el Estado retoma en esa norma superior el compromiso que deriva de la normativa legal anterior ya indicada, a tal extremo que, ahora en la norma posterior, se aclara la posibilidad de realizar proyectos en etapas o fases, pero que el EIA debe considerarse uno en su totalidad, lo que guarda relación con lo dicho anteriormente en torno a la necesidad de que la administración deba contar, de previo al inicio de las actividades que pudieran tener impacto en el ambiente, el panorama claro a efectos de tomar todas las previsiones necesarias. V.IX.- Con respecto al argumento de la empresa coadyuvante pasivo, objetando la obligación de realizar un EIA completo desde el inicio de un proyecto por un aspecto de imposibilidad económica y técnica, es de indicar que esa aseveración no fue probada en autos, ni por la coadyuvante, ni por la representación estatal. En todo caso una consideración de pura naturaleza económica no puede devenir en un debilitamiento de protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado. V.X.- De conformidad con las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que el decreto ejecutivo 26750-MINAET de 27 de febrero de 1998 se encuentra viciado de nulidad absoluta , en tanto su contenido resulta contrario a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, dado que otorga firmeza a la adjudicación de la concesión sin tener la integralidad del impacto ambiental de la exploración respectiva y los principios ambientales que son expresamente reconocidos en la Ley de Biodiversidad, al implicar un debilitamiento de la protección de un ambiente sano y equilibrado y además no se advierte una motivación suficiente que fundamente la derogatoria de lo dispuesto en el artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995), normativa que venía a reglamentar la elaboración de un estudio de impacto ambiental de manera más integral y explícito, en protección del interés público ambiental. El Decreto que nos ocupa, estableció la aplicación de los EIA de forma fraccionada según la etapa o fase en la que se este operando por parte del interesado, determinando una división que la norma no autorizaba, omitiendo además la utilización de la característica de ser previos al desarrollo de las obras o actividades y dejando que en una primera etapa de prospección en la que no necesariamente se determinan aspectos de impacto ambiental propiamente dichos, al considerarse que no se está en una fase que implique trabajo de campo, todo ello estableciendo un efecto no determinado en las leyes, como lo es que con solo el EIA de la primera fase se tengan por cumplidos los requisitos de ley y se de como firme el acto de adjudicación. V.XI- Sobre el dimensionamiento de la nulidad del reglamento para la realización de estudios de impacto ambiental para los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos (decreto ejecutivo 26750-minae). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 inciso 3) y 131 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en aras de la seguridad jurídica, este Tribunal se encuentra facultado para dimensionar en el tiempo, espacio y materia la nulidad de un acto administrativo de alcance general como lo es el Reglamento aquí impugnado, por ello, al ser la nulidad absoluta dispuesta contra el Decreto 26750-MINAE, y de conformidad con el numeral 171 de la Ley General de la Administración Pública, esta declaratoria tendrá efecto ¿erga omnes? puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, por lo que debe este Tribunal reafirmar en esta sentencia dichos efectos y además, determinar que al haber modificado el Decreto anulado el artículo segundo del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (Decreto 24735 publicado en la Gaceta Nº 230 del 4 de diciembre de 1995) y al haber derogado el Título X de dicho Reglamento que incluía los artículos del 266 al 283, los mismos ante la nulidad decretada en esta sentencia, restablecerían su vigencia. Lo anterior, claro está, una vez que quede firme la presente sentencia, la cual deberá ser publicada íntegramente en el diario oficial La Gaceta, con cargo al Estado (artículo 130 inciso 3 in fine del Código Procesal Contencioso Administrativo). VI.- Defensas: De manera adicional a las defensas ya resueltas en la etapa de trámite tal y como se indica en la parte resolutiva de esta sentencia, se procede a resolver sobre las defensas de fondo opuestas de la siguiente manera: 1) Sobre la falta de interés actual alegada : En ese sentido se aduce que mediante Decreto Ejecutivo número 36693-MINAET publicado en La Gaceta del 19 de agosto de 2011, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria nacional para la explotación petrolera por el plazo de tres años, por lo que considera la representación estatal no habría en este momento posibilidad de aplicar el Reglamento aquí impugnado. Al respecto, no resulta procedente la defensa opuesta, habida cuenta que la existencia de una condición suspensiva en el contenido del acto por un acto posterior, no elimina los efectos jurídicos del acto objetado ni le resta el interés de la parte actora en que se tramitara y resolviera la nulidad planteada. Lo anterior, en tanto que la moratoria es temporal, lo que indica que el Reglamento impugnado no ha perdido vigencia alguna y por ello, la defensa presentada debe ser rechazada. E) Sobre la falta de derecho: Por la forma como se resuelve, procede su rechazo en todos sus extremos. VII.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, no se da causa eximente alguna, por lo que las costas deben ser cargadas al Estado. POR TANTO Se rechazan las excepciones de caducidad, falta de interés actual y la falta de derecho. En consecuencia se declara con lugar la demanda en todos sus extremos y se resuelve: a) Se declara la nulidad absoluta del Decreto 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998 (Reglamento para la realización de estudios de impacto ambiental para los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos) publicado en el Diario Oficial Nº 53 de 17 de marzo de 1998 . b) Esta declaratoria tiene efectos erga omnes y declarativos y es retroactiva al 27 de febrero de 1998, debiéndose respetar los derechos adquiridos de buena fe desde su entrada en vigencia y hasta la firmeza de esta resolución, la cual deberá ser publicada íntegramente en el diario oficial La Gaceta, con cargo al Estado . c) Se dimensiona esta sentencia en el sentido de que el artículo segundo y todo el Titulo X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 publicado en La Gaceta Nº 230 de 4 de diciembre de 1995) recobran su vigencia original, lo cual se dará a partir de que esta sentencia quede firme. d) Se condena en ambas costas personales y procesales al Estado. Nombre113118 Nombre113722 Nombre12754 Documento firmado por: Nombre113118 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre12754 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre113722 , JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:42:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Resolución Nº 00128 - 2017 Date of Resolution: December 4, 2017 at 11:00 Expediente: 11-003907-1027-CA Drafted by: Rodrigo Alberto Campos Hidalgo Type of matter: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL International Regulations: Convenio sobre diversidad biológica and annexes, Convención de Río de Janeiro de 1992, Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador Relevance Indicators Relevant judgment International regulations Content of Interest: Strategic Topics: Environmental Sustainable Development Goals: Affordable and clean energy (Goal 7), Sustainable cities and communities (Goal 11), Climate action (Goal 13) Type of content: Voto de mayoría Branch of Law: Environmental Law Topic: Concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons Subtopics: Nullity of Decreto Ejecutivo No. 26750-MINAET-1998 for repealing broader and more explicit regulation on the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental). Inapplicability of the statute of limitations (caducidad) in the case of a challenge to an act with continued effects involving the right to a healthy and ecologically balanced environment. Topic: Environmental impact assessment (Estudio de impacto ambiental) Subtopics: Nullity of Decreto Ejecutivo No. 26750-MINAET-1998 for repealing broader and more explicit regulation on its preparation in hydrocarbon cases. Inapplicability of the statute of limitations (caducidad) in the case of a challenge to an act with continued effects involving the right to a healthy and ecologically balanced environment. Topic: Nullity and ineffectiveness of the administrative act Subtopics: Declaration regarding Decreto Ejecutivo No. 26750-MINAET-1998 for repealing broader and more explicit regulation on the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) in hydrocarbon cases. Inapplicability of the statute of limitations (caducidad) in the case of a challenge to an act with continued effects involving the right to a healthy and ecologically balanced environment. Topic: Hydrocarbons Subtopics: Nullity of Decreto Ejecutivo No. 26750-MINAET-1998 for repealing broader and more explicit regulation on the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental). Inapplicability of the statute of limitations (caducidad) in the case of a challenge to an act with continued effects involving the right to a healthy and ecologically balanced environment. Topic: Right to a healthy and ecologically balanced environment Subtopics: Nullity of Decreto Ejecutivo No. 26750-MINAET-1998 for repealing broader and more explicit regulation on the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) in hydrocarbon cases. Inapplicability of the statute of limitations (caducidad) in the case of a challenge to an act with continued effects. Topic: Statute of limitations (Caducidad de la acción) Subtopics: Inapplicability in the case of a challenge to an act with continued effects involving the right to a healthy and ecologically balanced environment. "I.- On the plaintiff's theory of the case and its main reasoning: From a review of the complaint, the plaintiff bases its claims on the following arguments: 1. That Decreto Ejecutivo Nº 26750-MINAE of February 27, 1998, is null and void, considering that the President of the Republic José María Figueres Olsen and Minister René Castro Salazar issued it contra legem and with misuse of power, repealing Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (DE-24735 of September 29, 1995), which regulated the preparation of environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental, EIA) for the exploration and exploitation of hydrocarbons. 2. That Article 266 of the repealed regulation established the contractor's obligation to have an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) prior to the signing of the award act, an assessment that it had to update periodically. 3. That the decree being challenged divided the EIA into two phases in accordance with the progress of activities, the first stage being prospection (prospección) and the second intensive exploration (exploración intensiva). That the approval of Phase I of the EIA will be an indispensable and sufficient requirement for the award act to become final. It states that the first phase does not involve high-impact activity, and therefore developers provide only preliminary descriptions of the exploratory activities to be carried out in that stage as the EIA, without delving into the environmental impacts that the oil project will produce as a whole, nor the procedures for their mitigation during execution or recovery actions. 4. That the "last two" cases processed under these regulations, that is, the cases of MKJ Xplotation Inc. and Mallon Oil, the former presented a marine seismic reflection geophysical study and the latter presented a document called: "Project for the compilation and analysis of information for Phase I of oil prospection (prospección) in the Huetar Norte and Huetar Atlántico region of Costa Rica," which it considers to be a simple desk study (actividad de gabinete) to analyze existing regional scientific information. 5. That neither of the two documents comprises the environmental assessment (evaluación ambiental) of the actual oil activity and thereby, in application of the challenged decree, both companies maintain that the State became obligated to allow the execution of the concession contract in the case of the company MKJ and to sign a concession contract with Mallon Oil. 6. That officials Figueres and Castro used their legitimate powers to carry out a discretionary administrative act supposedly for a public purpose (protection of the environment), but with evident misuse of power, weakening and disapplying the State's environmental controls in the private interest of the oil companies, allowing them to demand the signing of concession contracts without the correlative obligation of having the necessary prior approval of a comprehensive and complete EIA. 7. That the challenged regulations cause an extremely serious environmental risk to the country, in violation of the public interest, since oil activity is historically linked to serious accidents that cause irreversible ecological damage. 8. That with the challenged decree, the environmental controls on oil activity in Costa Rica were deregulated or made more flexible. 9. That the decree is contrary to Articles 2, 31(f), and 41 of the Ley de Hidrocarburos; Article 50 of the Constitución Política; Article 14(1) of the Convention on Biological Diversity (Convenio sobre diversidad biológica); the preventive and precautionary environmental principle; Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente; all of which require the submission and approval of an EIA prior to the start of activities that cause an environmental impact (impacto ambiental). 10. That the Sala Constitucional had already ruled before the enactment of Decree 26750 in decision (sentencia) 6240-93 when hearing a facultative consultation on the draft of the Ley de Hidrocarburos, a position that was reiterated by the same Court in decision (sentencia) 1221-2002 after the challenged decree, when it established the partial unconstitutionality of Article 41 of the Ley de hidrocarburos. 11. That in cases of oil exploration and exploitation, such as Voto 205-2010, the Sala Constitucional has reiterated its position on the mandatory nature of the EIA. 12. That after the decree being challenged, the Ley de Biodiversidad was approved, in which its Article 94 states that the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) must be carried out in its entirety even when the project is scheduled to be carried out in stages, which in the plaintiff's opinion leaves no doubt as to the mandatory nature of the EIA, implying a tacit repeal due to supervening illegality (ilegalidad sobreviniente). 13. That starting in the 1990s, the ethic of environmental responsibility emerged strongly, leading to the reception of the contents of the Rio Declaration, the country ratifying the Convention on Biological Diversity (Convenio sobre diversidad biológica) and other important international legal instruments; furthermore, Article 50 of the Constitución Política was amended, introducing the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, giving rise to environmental doctrine and constitutional jurisprudence and the domestic enactment of legislation such as the Ley Orgánica del ambiente and the Ley de Biodiversidad. 14. That the President of the Republic, Pacheco de la Espriella, in his inaugural address for his term of government on May 8, 2002, established an indefinite moratorium on all oil exploration (exploración petrolera) activity. 15. That the company MJK, known as Harken, using the challenged regulation, succeeded in signing a concession contract for the exploration and exploitation of hydrocarbons in Costa Rica on August 12, 1999, corresponding to oil tender (licitación petrolera) 1-97, with SETENA approving only the marine seismic reflection geophysical study over a 507 km surface area used in the first prospection (prospección) phase for that purpose, whereby the company was merely asked for an environmental guarantee of $7,995, which does not correspond to the real and potential risk of the oil exploration (exploración) and exploitation (explotación) it intends to carry out. 16. That the geophysical study is a simple academic activity to describe an exploratory procedure, which it considers is not sufficient to sign and make final a concession contract that covers an area of 5633 km2, without an EIA existing. 17. That the contract with the company Herken was suspended due to the moratorium of former President Pacheco and because SETENA eventually rejected the EIA submitted after the signing of the contract, which caused that company to accuse the State of non-compliance, claiming compensation of $57,000 million, reaffirming the warning of the Sala Constitucional since 1993. 18. That by Resolution No. R-105-MINAE published in the official journal (diario oficial) No. 73 of April 13, 2000, oil concession (concesión petrolera) No. 2 was awarded to the company Mallon Oil for the exploration and exploitation of blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of the 27 blocks into which the country was divided, a contract which has still not been able to be signed due to various administrative and judicial appeals by civil society and the developer. 19. That the company Mallon Oil has not submitted an EIA, and what SETENA heard and approved in its case, under the terms of the challenged decree, was a document describing a desk study (actividad de gabinete), about which the Director of Hydrocarbons (Hidrocarburos) warned SETENA that they do not constitute field methods such as those provided for in Article 1 of Decree 26750. 20. That nevertheless, it states, the company is pressuring through political and legal means to force the government of Costa Rica to sign the concession contract. Finally, it indicates that these two cases are the practical result of the application of the challenged decree. II.- On the State's theory of the case and its main reasoning: From a review of the response to the complaint, the defendant bases its response to the claims on the following arguments: 1. That the questioned administrative action is protected by Article 16 of the Ley General de la Administración Pública regarding technical and scientific parameters, adhering to the principles of reasonableness and proportionality. 2. That it is true that the Executive Branch (Poder Ejecutivo), composed of then-President José María Figueres and the Minister of Environment and Energy René Castro, enacted Decreto Ejecutivo 26750-MINAE on February 27, 1998, and that it repealed Title X of the regulation to the Ley de Hidrocarburos, but it denies that the decree challenged here eliminates "contra Legem" the obligation of developers to submit an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to the signing of the contract, since what was done was to divide the study into two stages, so that the information on the impact on the environment and the mitigation measures are consistent with the work actually carried out on the ground. 3. That this situation, as indicated by the Colegio de Geólogos, far from causing harm to the environment, ensures that the execution of the exploitation project adjusts to environmental needs according to each stage of the process. 4. That given the peculiar characteristics of a hydrocarbon exploration-exploitation project, it is not feasible to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) in areas where activities are not going to be carried out or where the level of knowledge for such is not available. 5. That it rejects the claim that the purpose of the decree is to make the contractual authorization of concessions more flexible, disapplying the State's mandatory environmental control, which it considers are subjective assessments by the plaintiff not accompanied by suitable evidence. 6. That the purpose of the decree in question, expressed in the considerandos (Considerandos) included therein, was oriented towards fulfilling the legal and constitutional obligations of environmental protection by establishing a procedure for the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) of the activities as each of them develops. 7. That it does not admit that officials Figueres Olsen and Castro Salazar acted with misuse of power, as this is an assessment and not a fact, and furthermore, the accusation is made without providing any type of evidence. 8. That it is not true that the EIA is relegated to the second phase, since the decree is clear in requiring an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for Phase I of prospection (prospección); the Sala Constitucional even referred to this in decision (sentencia) 205-2010, indicating that the Phase I study is a true EIA and is sufficient to begin the prospection (prospección) phase, and additional ones must be required as the works progress. 9. That the plaintiff does not prove that in all other countries where oil activity takes place, all companies are required to have a comprehensive EIA that covers, from the very beginning, an assessment of all eventual stages. 10. That there is no international standard that obliges the completion of an EIA in activities that do not produce an impact on the environment, as is the case with the first prospection (prospección) stage of a concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons. 11. That the decree obliges the concessionaires to submit more than one EIA, which translates into greater environmental requirement and custody than if only one were submitted. 12. That it does not admit the alleged supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobreviniente), as this is a subjective comment that has not been raised before the Sala Constitucional by virtue of the jurisdiction derived from Article 10 of the Constitution, and it also indicates it is an conjecture by the plaintiff not consistent with law. 13. That the challenged regulation is consistent with science and technology, as explained by the Colegio de Geólogos in the report it rendered on the matter. 14. That the plaintiff makes a partial reading of resolution 205-2010 of the Sala Constitucional by failing to mention that, contrary to what it insinuates, that Court expressly points out that requiring the EIA for Phase I is in accordance with the precautionary principle (principio precautorio). 15. That it is true that the Executive Branch (Poder Ejecutivo) signed with the company MKJ Xploration Inc. on August 12, 1999, a contract for the exploration and exploitation of hydrocarbons, which it considers has no relevance for this proceeding, as these are consolidated legal situations on which there is no petition from the plaintiff, except for the supervening unconstitutionality (inconstitucionalidad sobrevenida), and that in any case, its action would be time-barred (caduca) due to the passage of time. 16. That in that case, an EIA was required, which was submitted and approved by SETENA, so the requirement was duly met. 17. That it denies that there is an international commercial arbitration in which the company MKJ intends to sue the State of Costa Rica internationally; that although a notice of arbitration was filed some years ago, it was withdrawn by the company itself, and therefore none currently exists. 18. That it was awarded to the company Mallon Oil for the exploration and exploitation of oil in blocks 5, 6, 7, 8, 9, 10, and that the contract has not yet been signed, but that these facts are unrelated to the claim in the proceeding, as the award to that company was not challenged by the plaintiff, nor could it be due to the time elapsed since the award date of April 13, 2000. 19. That it argues the STATUTE OF LIMITATIONS (CADUCIDAD), insofar as it indicates that Decree 26750-MINAE was signed on February 27, 1998, and published in Diario Oficial No. 53 of March 17, 1998; it is an act that became final before the enactment of the CPCA, and in accordance with Transitional Provision III of that code, the nullity regime for administrative acts would be the regime in force on that date, namely, for this case, Article 20 of the LRJCA in relation to Article 175 of the LGAP, whereby the statute of limitations (plazo de caducidad) is four years. 20. That in accordance with precedents from this very Tribunal Contencioso and from the Sala Primera, to challenge an act of general nature, the proceeding must be brought within the four-year period established in Article 175 of the LGAP; it even indicates that the statute of limitations (caducidad) would be applicable under the current regulations. 21. That the act does not challenge any individually-applied act that is within a valid challenge period for the purposes of its claim not being time-barred (caduca). 22. That regarding RES JUDICATA (COSA JUZGADA), as the plaintiff alleges a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and a violation of the precautionary principle (principio precautorio), on which the Sala Constitucional has already determined that the approval of an EIA for Phase I does not violate those rights, as can be deduced from Resolution 205-2010, it therefore considers the complaint must be declared inadmissible. 23. That there is LACK OF CURRENT INTEREST (FALTA DE INTERÉS ACTUAL) insofar as through Decreto Ejecutivo Nº 36693-MINAET published in Diario Oficial on August 19, 2011, the Executive Branch (Poder Ejecutivo) decreed a national moratorium on oil exploitation (explotación petrolera) for a period of three years, and therefore there is no possibility that the challenged articles will be applied. 24. That current interest is a necessary prerequisite for the issuance of a judgment, as has been indicated by the Sala Primera in Resolution No. 900-S1-2011, and thus the resolution of the matter is not useful for protecting the right claimed to be harmed, given that there is no possible scenario in which the application of the questioned decree could be considered. 25. That it argues LACK OF RIGHT (FALTA DE DERECHO), considering that the plaintiff starts from two mistaken premises: first, that Decree 26750 does not require an EIA prior to the award of hydrocarbon exploration and exploitation; and second, that the environmental study methodology proposed by the decree does not allow the environment to be properly protected. III.- On the intervening party's (coadyuvante) theory of the case and its main reasoning: From a review of the response to the complaint, the intervening party (coadyuvante) bases its response to the claims on the following arguments: 1. That it is not true that the challenged decree is tainted with illegality due to misuse of power. It indicates that the plaintiff's approach stems from a lack of knowledge of oil activity, and that the thesis followed in the complaint is nonsensical and lacking in logic, and does not occur anywhere in the world. 2. That in the case of its represented company, an EIA of a quarter of the national territory would be required, which is technically impossible and financially disproportionate, which would cause an excessive and absolutely unnecessary disturbance to the environment. 3. That in hydrocarbon exploration (exploración) activity, by its nature, the previous stages determine and condition the characteristics of the subsequent stages, including the geographical location where the field activities will consequently be carried out, within the awarded concession area. 4. That the challenged decree created a way to adapt the regulations, which the plaintiff confuses with a false flexibilization of environmental control. 5. That at no time does the decree exempt the companies from their obligation to carry out an EIA; it simply points out different times to carry them out, nor does it authorize the signing of a contract without carrying out an EIA; rather, it is requesting that these be carried out at each stage of the exploration (exploratorios) and exploitation (explotación) processes, instead of doing a single one that could be very general and technically imprecise. 6. That at the time of signing the contract, neither the State nor the company knows beforehand the locations within the concession area where all field activities will be carried out; therefore, it considers that the decree correctly, from a technical point of view, divides the exploration (exploratoria) activity into two phases: prospection (prospección) and intensive exploration (exploración intensiva). 7. That the Sala Constitucional itself has considered it appropriate to protect the environment using a funnel-type analysis, that is, in stages. IV.- On the object of the proceeding: In accordance with the arguments of the parties and the reasoning at trial, this Court considers that the object of the proceeding shall be to determine the possible existence of defects of absolute nullity (vicios de nulidad absoluta) in the objected administrative conduct. V.I.- On the proven facts: Of relevance for the resolution of this matter, the following facts are deemed proven: a.- That Costa Rica is divided into blocks for oil exploration (exploración petrolera) purposes (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu) b.- That the objected administrative conduct divided the completion of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) necessary to carry out oil exploration (exploración petrolera). (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu and Allan Astorga Gatgens) c.- That the concession becomes final with the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the prospection (prospección) phase. (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu and Allan Astorga Gatgens) d.- That prospection (prospección) is different from oil exploration (exploración petrolera). (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu and Allan Astorga Gatgens) e.- That all the stages related to oil prospection (prospección), exploration (exploración), and exploitation (explotación) have different impacts on the environment. (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu and Allan Astorga Gatgens) f.- That prospection (prospección) may involve desk study (de gabinete) or field activities. (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu and Allan Astorga Gatgens) g.- That it is indeed appropriate to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the entire area subject to prospection (prospección) and subsequent exploration (exploración). (testimonial statement of Mihaela Dobrinescu Dobrinescu) V.II.- On the unproven facts: The following facts of importance are deemed not proven: 1) That carrying out a single or total environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) from the beginning of the stages of a concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons is very burdensome from the point of view of a company dedicated to oil exploration and exploitation and unnecessary. (This circumstance has not been proven). 2) That the challenged administrative conduct is more favorable to the environment than the regulatory provisions it repealed. (This circumstance has not been proven) 3) That there was material and/or technical impossibility for carrying out a complete environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) from the beginning for the exploration and exploitation of hydrocarbons. (This circumstance has not been proven). 4) That oil prospection (prospección) or exploration (exploración) in the marine area does not imply risks of environmental impact (impacto ambiental). (the court records) 5) That the content of the questioned administrative conduct is based on technical and scientific criteria and parameters. (there is no evidence in this regard) 6) That due to the implementation of the repealed Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, any environmental risk has arisen in the country in the past. V.III.- On the alleged statute of limitations (caducidad): The State's representation argues the statute of limitations (caducidad) in this case, based on the fact that the challenged Decree was published in Diario Oficial No. 53 of March 17, 1998, and that because it is an act that became final prior to the Enactment of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the applicable regulations are those in force on that date, namely Article 175 of the Ley General de la Administración Pública, which established a four-year period, and given that in this instance no individual application act is being challenged, by the date of filing the complaint the applicable four years would already have been exceeded. In this regard, it is the opinion of this Court that the representation of the defendant is incorrect. As can be noted from the text of the questioned provisions, it does not possess instantaneous effects, but rather is characterized by the fact that its effects are of a continued nature. Thus, this administrative conduct can be challenged as long as it continues to produce effects, and therefore, the complaint proceeds for the purposes of its annulment and future inapplicability, with a period for bringing the proceeding commencing upon the cessation of the respective effects. For greater clarity, it must be taken into consideration that we are in the presence of an administrative act of a general nature, namely a decreto ejecutivo, which can be challenged as long as its effects prevail. By seeking to regulate in said act the issue of oil exploration (exploración petrolera), which, if the effects of the act are maintained, can be carried out at any time and not instantaneously, it is evident that we are in said scenario. Although currently, Article 40 of the Código Procesal Contencioso Administrativo regulates the statute of limitations (caducidad) in the sense expressed, the truth is that, under the regulations previously applicable to this jurisdiction by provision of Transitional Provision III of the Código Procesal Contencioso Administrativo, it is possible to reach the same conclusion regarding the thesis of continued effects, since Article 21.2 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa provided the following: "Article 21.- 1. The contentious-administrative action shall not be admitted with respect to: a) Acts consented to expressly or by not having been appealed in time and form, those that are a reproduction of others that are already final or firm, and those confirmatory of the consented ones; and b) Resolutions that end the administrative channel as prior to the judicial one. 2. In any case, challenges shall be admitted against the acts referred to in paragraph a) of the preceding paragraph, when they are null and void in their own right (nulos de pleno derecho) and are producing effects; but this is only for the purposes of their annulment and future inapplicability." (emphasis added). In the case under examination, we are in the presence of an act of general scope that does not require specific conduct for its direct application, such that said act was signed on February 27, 1998, and published in Diario Oficial on the following March 17, such that it has been in force and has continued to produce effects. Finally, it must be taken into account that in this instance a fundamental right is involved - a healthy and ecologically balanced environment -, which by its nature, would not be subject to statutes of limitations (plazos de caducidad) or prescription periods - without prejudice to the provisions of Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional on this subject -. Consequently, the rejection of the statute of limitations (caducidad) exception raised must be ordered. V.IV.- General considerations on environmental protection: The right of all inhabitants of the Republic to a healthy and balanced environment, as one of the so-called third-generation rights, was duly incorporated as a second paragraph of Article 50 of the Constitución Política, in accordance with Law No. 7412 of June 3, 1994, as it establishes the following: "Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Prior to the approval of this constitutional reform, our Sala Constitucional had already established the protection and preservation of the environment as a fundamental right, deriving it from the right to health extracted from Article 21 of the Constitución Política and from Articles 69 and 89 thereof, related to the State's protection of natural beauties and the rational exploitation of the land. In this vein, Voto 6240-93, at fourteen hundred hours on November twenty-six, nineteen ninety-three, stated the following: " V.)- Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical sustenance, but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of contamination, which is the basis of a just and productive society." It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: "Human life is inviolable." It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and to the State's obligation to protect human life. Likewise, from a psychological and intellectual point of view, one's state of mind also depends on nature, and therefore, as the landscape becomes a useful space for rest and leisure, its preservation and conservation becomes an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally states: "Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress." Protecting nature from an aesthetic point of view is not commercializing it or transforming it into a commodity; it is educating the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value" (judgment number 3705-93, at three o'clock in the afternoon on July thirtieth, nineteen ninety-three)." XIII.- The term "natural beauties (bellezas naturales)" was the one employed at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which today has developed into a legal specialty: environmental law (derecho ambiental), which recognizes the need to preserve the environment not solely as a cultural end, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment (derecho al ambiente sano) surpasses the recreational or cultural interests that are also important aspects of life in society, but also constitutes a fundamental requirement for life itself. [...] Therefore, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life, and through it, a right to a healthy environment. By way of example, we can cite judgments 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as a constitutionally protected individual right." Subsequent to the approval of the aforementioned constitutional amendment, our Constitutional Chamber has deepened these concepts, stating in its vote No. 2007-018044 at nine hours and forty-one minutes on December fourteenth, two thousand seven, among other things, the following: "Guardianship of environmental law, a State duty. Starting with the amendment of Article 50 of the Constitution, in which environmental law was expressly enshrined as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right was also established—in a conclusive manner—whereby the State becomes the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. It is by virtue of this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter is derived, as provided by the constitutional norm under discussion, a function that environmental legislation develops. It is thus that the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. "Prima facie, to guarantee is to secure and protect the right against any risk or necessity, to defend is to prohibit, forbid, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action aimed at shielding the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual conduct of acting and refraining from acting; on one hand, it must refrain from attacking the right to a healthy and ecologically balanced environment itself, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements" (judgment number 9193-2000, at sixteen hours and twenty-eight minutes on October seventeenth, two thousand).... the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State according to the provisions of Article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is relevant, in the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of State from delegating the exercise of functions that are proper to them, especially when they constitute essential functions. In this manner, in matters of environmental protection, the functions of direction, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative agencies." (The emphasis is ours) It is thus that, based on Article 50 of the Constitution, the guardianship of the environment is a duty of the State, such that the exercise of control and oversight measures in this matter is the materialization of the norm's mandate when it states that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right," given that it imposes conduct of obligatory compliance for the guardianship of the correlative right of citizens. In the international sphere, it is also necessary to refer to different international instruments oriented toward the same objectives; among them, we can determine that Principles 15, 16, and 17 of the Rio Declaration adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro in June 1992, provided: "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." "National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment." "Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority." Furthermore, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights establishes in its Article 11 "Right to a healthy environment. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." Additionally, the Stockholm Declaration on the Human Environment provided in this regard: "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." Complementarily, mention cannot be omitted of the Convention on Biological Diversity approved by Law 7416 of June 30, 1994, Article 1.2 of the Declaration on the Right to Development adopted in resolution 41-128 of December 4, 1986, at the General Assembly of the United Nations Organization, and the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the countries of America, approved by Law 3763 of October 19, 1976, among others. Already within the legislative field, a series of legislation has been issued, such as, for example, the Wildlife Conservation Law, the Biodiversity Law, and the Organic Environmental Law, as other normative pillars regarding the protection of the right to a healthy environment, insofar as they establish compliance with a series of duties for both the State and citizens, with the complementary application of a series of novel interpretive criteria. Specifically, in the case of Article 11 of the Biodiversity Law, it establishes preventive and precautionary criteria in the matter. Thus, the norm provides the following: "Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are: 1.- Preventive criterion (Criterio preventivo): It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura (Criterio precautorio o indubio pro natura): When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and to the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures. 3.- Criterion of environmental public interest (Criterio de interés público ambiental): The use of the elements of biodiversity must guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens. 4.- Criterion of integration (Criterio de integración): The conservation and sustainable use of biodiversity must be incorporated into plans, programs, activities, and sectoral and intersectoral strategies, for the purpose of integrating them into the development process." The indicated obligations are especially marked in the case of public entities, as indicated by Article 45 of the aforementioned Law, by stating: "Responsibility in matters of environmental safety The State has the obligation to avoid any risk or danger that threatens the permanence of ecosystems. It must also prevent, mitigate, or restore environmental damages that threaten life or deteriorate its quality. The civil liability of the holders or those responsible for the management of genetically modified organisms for the damages and losses caused is set forth in the Organic Environmental Law, the Civil Code, and other applicable laws. Criminal liability is prescribed in the existing legal system." In accordance with the foregoing, the character of public interest that the guardianship of the environment holds is evident, and as a consequence thereof, the Constitutional Chamber has repeatedly ruled on the so-called precautionary principle (principio precautorio) and its scope, as emerges from the citation that follows, which in what is relevant states: "ORIGIN, CONTENT, AND SCOPE OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE. The precautionary principle, from its origin, takes into consideration the fallibility of human understanding and the possibility of making errors. In the second half of the 1970s, the federal government of Germany enunciated the principle 'Vorsorgeprinzip', by indicating that 'an environmental policy is not fully consolidated only through the elimination of imminent dangers and the repair of damage that has occurred. A precautionary environmental policy also requires that natural resources be protected and that demands on them be managed with care,' having used it to justify the implementation of policies against acid rain and the pollution of the North Sea. The principle appears on the international scene with the North Sea Treaties (Declarations of Bremen 1984, London 1987, Den Haag 1990, and Esbjerg 1995). Thus, the 1984 Bremen Declaration (First International Conference on the Protection of the North Sea) refers to the need to adopt timely preventive measures given the insufficient level of knowledge. Subsequently, in the 1987 London Declaration (Second International Conference on the Protection of the North Sea), the principle was proclaimed to safeguard the ecosystem of the North Sea through the reduction of polluting emissions of substances that are persistent, toxic, and susceptible to bioaccumulation at the source, through the use of the best available technology and other appropriate measures. An option that would be of special application when there was reason to presume that such substances could cause some damage or harmful effects to living marine resources, even when there is no scientific evidence proving the link between emissions and effects (principle of precautionary action). This latter declaration provided that '(...) a precautionary approach is necessary which may require action (...) even before a causal link has been established by absolutely clear scientific evidence (...)'. Subsequently, the principle is included in various multilateral treaties and international declarations such as the 1987 Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, the 1990 Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE region adopted by representatives of European countries and Canada, the 1992 Convention on Biological Diversity, the 1992 Framework Convention on Climate Change, the 1992 Treaty on European Union, the 1992 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, the 1994 Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, the 1994 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO), the 1995 Washington Action Program for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities, the London Convention on Dumping at Sea, originally from 1992, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the 2000 United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity of Montreal, the 2000 Cartagena Protocol on Biosafety, and the 2000 Communication of the European Union on the Precautionary Principle. Likewise, the precautionary principle quickly assumed a general approach—which includes natural resources, ecosystems, the fisheries and forestry sectors, and biological diversity—and not solely limited to toxic substances. Thus, the Bergen Declaration (1990) stated that 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation.' Similarly, the Rio Declaration on Environment and Development (June 3-14, 1992), in its Principle 15, provided the following: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' It is thus that the precautionary principle even acquired an ethical dimension—of science and technology—that guides the environmental, health, trade, food security, and, in general, sustainable development policies of the States. Despite the halo of uncertainty that exists in defining or conceptualizing the precautionary principle, from a general perspective, it imposes that when environmental risks are uncertain, unforeseeable, and not dismissible, an omission or inaction of regulation is unjustified. Put simply, the sum of a state of scientific or technological uncertainty—given the lack, insufficiency, or inadequacy of available scientific information and knowledge regarding the causality, magnitude, probability, and nature of the harm—and the possibility or threat of eventual serious and irreversible damage is equal to or must be equivalent to a precautionary or anticipatory action, which may have as its content even the prohibition or elimination of certain products, activities, or substances. The foregoing presupposes an objective assessment of the risk and the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action in light of the available scientific evidence that allows concluding that it is insufficient, absent, or inadequate, so that the precautionary principle cannot justify the adoption of arbitrary and potentially discriminatory measures. Furthermore, the application of the precautionary principle does not imply a fossilization of the existing state of affairs at the time of adopting the pertinent actions, which prevents progress and innovation, since the intervention or restriction measures must remain in force as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of harm is serious and irreversible, and therefore they admit periodic review in the light of scientific progress. Likewise, when establishing restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems do not have the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, and therefore seeks to anticipate harm and protect human health and the environment. (…).” (Resolution No. 17747-2006, at 14:37 hours on December 11, 2006). In the foregoing line of thought, vote 474-2005 at 11 hours and 20 minutes on October 12, 2005, of the second section of the Administrative Litigation Tribunal refers to a series of interpretive criteria to follow in environmental matters as follows: “(…) To the foregoing must be added that, in line with the most modern doctrine and the prevailing environmental principles, Costa Rican legislation—among which are the Organic Environmental Law and the Biodiversity Law, to cite only the most recent—includes a series of interpretive criteria, such as the preventive (preventivo), the precautionary or in dubio pro natura (precautorio o indubio pro natura), that of environmental public interest (interés público ambiental), and that of integration (integración). Of these, the first two are especially significant, and regarding which the following has been indicated: '"… One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary (precautorio) or prudential avoidance principle. This principle is included in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, includes the following principles as hermeneutical parameters: "1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and to the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures." In Vote of this Chamber No. 1250-99 at 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 at 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 at 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 at 14:14 hours on July 3, 2003), this Tribunal considered the following: "(...) Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt in this regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment." Subsequently, in Vote No. 3480-03 at 14:02 hours on May 2, 2003, this Tribunal indicated that "Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but rather in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment." In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura assumes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal rules and exact application of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty regarding the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modified application, suspend those in progress until the doubtful state is cleared, and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation with the aim of guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation" (Constitutional Chamber, judgment 2004-1923, previously cited).- The foregoing allows affirming that in the present case, a preponderant public interest is indeed at stake, which manifests itself in the need to protect the water resource (recurso hídrico), with all the means available to the country, and through the imposition of reasonable and pertinent measures to prevent its deterioration or contamination (…)”.- In accordance with the foregoing norms and citations, it can be determined that the analysis of any case related to environmental matters must not ignore the existence of the analyzed principles, insofar as they are guiding in the exercise of public function and the actions of private individuals and are implicit in the constitutional norm and the Constitution's own law. The treatment, then, of issues related to environmental matters cannot avoid using what has been indicated as sources, such that the common analysis of the situation must be transcended, so that in every decision the sui generis principles established supra gravitate as the origin of administrative acts. In the specific case of jurisdictional work in administrative litigation matters, however, the use of the indicated norms must be integrated with the principle of legality itself and with the verification of the principles and norms proper to administrative law. Neither one nor the other can be analyzed independently; neither one nor the other must be ignored; both must be integrated into the Judge's own analysis. It is evident that both the original and derived constituent power, as well as the legislator, have given special emphasis to the protection of the environment, yet without ignoring the duties placed on the administrative litigation jurisdiction as verifiers of the legality of administrative action. Additionally, what the Constitutional Chamber itself has provided regarding the obligations of the State in the matter cannot be ignored. Thus, vote number 2010-14180 at 14:35 hours on August twenty-fifth, two thousand ten, indicated: "... III.- Obligations of the State in environmental matters. From the aforementioned Article 50 of the Constitution derives the character of guarantor that the State holds for the conservation of a healthy and ecologically balanced environment. This obligation implies, in the terms in which the Chamber has stated it on other occasions such as in judgment number 2001-13295 at twelve hours and six minutes on December twenty-first, two thousand one, among others: '…that the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment. Although the pronouncement of the responsible state body is in itself a technical matter, the duty to render a pronouncement and the requirement of rigorousness is a legal matter. In general terms, the State's duty to guarantee the right to a healthy environment is not reduced to satisfying a simple formal requirement within the bidding process. The Constitution does not require only compliance with certain formalities, but rather using, as stated, all legally and factually possible means to preserve the environment.' (see, in the same sense, resolution number 05906-99 at sixteen hours and fifteen minutes on July twenty-eighth, nineteen ninety-nine). A duty that, as that same judgment recognizes, falls with greater specificity on the National Environmental Technical Secretariat, the appellant here: 'The environmental concern of the Ministry of Environment and Energy is reduced practically to environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), the approval of which is in the hands of SETENA. That is to say, on SETENA falls all the State's duty to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, as Article 50 of the Constitution indicates. Given such an important responsibility, it would be reasonable to expect the technical and administrative strength of the body in charge.' (see judgment number 2001-13295 at twelve hours and six minutes on December twenty-first, two thousand one). It is in this sense that, in environmental matters, any omissive state conduct that results in a deterioration of the environmental conditions is especially serious (as can be deduced from judgments number 9735-00 at nine hours and six minutes on November third, two thousand, and number 1645-02 at eleven hours and four minutes on February fifteenth, two thousand two, among others). It is for the foregoing reason that this complementary analysis must be carried out in this resolution.- V.V.- General considerations regarding the nullity of the administrative act (acto administrativo): The Public Administration manifests itself fundamentally through the issuance of legal acts, understood as declarations of will, judgment, or knowledge capable of producing a legal effect towards third parties, with the aim of causing the creation, modification, or extinction of rights or duties on the part of the administered parties. These administrative acts appear in our legal system as the clearest exercise of the administrative function, and for that reason, our General Law of Public Administration requires that they have a series of constitutive elements, both formal and material, for their full validity and efficacy. As formal elements of the administrative act, we find the competence of the body responsible for its issuance, as well as the investiture and legitimation of the public servant who issues the act and the fulfillment of certain requirements in the issuance of the latter's will, be it its reasonableness, proportionality, the absence of error, fraud, and violence in the will, and subjection to the rules of technique and science, fundamentally. Regarding this last aspect, for the purposes of this resolution, what is indicated in paragraph 2 of Article 130 of the General Law of Public Administration is of special relevance, insofar as it indicates the following: "Error shall not be a defect of the administrative act, but when it falls on other elements thereof, the absence of these shall vitiate the act, in accordance with this law." According to this provision, the existence of error in an administrative act can vitiate an administrative act in such a way that it implies the nonexistence of one of its elements, both formal and material. As material elements of the administrative act, the following can be determined: a) Motive (Motivo), understood as the factual and legal antecedents and presuppositions that support the necessity, opportunity, convenience, and legitimacy of the administrative act. b) Content (Contenido), which consists of the operative or declaratory part of every act. c) Public purpose (Fin público) sought with the issuance of the corresponding administrative act, as the intended result based on the motive of the act. Specifically, regarding the motive of the administrative act, it is necessary to note that paragraph 1 of Article 133 of the General Law of Public Administration indicates that said element must "... be legitimate and exist just as it has been taken into account to issue the act." In this line of thought, Ernesto Jinesta Lobo in the Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, has indicated the following: "... there will be an absence of motive or cause when the facts invoked as antecedents and that justify its issuance are false, or when the right invoked and applied to the factual species does not exist - e.g. if the law or regulation that provides its basis has been derogated, modified, reformed, or annulled as unconstitutional—. The administrative act, whether regulated or discretionary, must always be based on certain, true, and existing facts, as well as on the law in force; otherwise, the grounds will be lacking…" Given that the grounds are the antecedent that gives rise to the administrative act, for purposes of any analysis of a specific situation, it is of fundamental importance, both to verify its very existence and to determine its correlation with the content of the act, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 132 of the Ley General de la Administración Pública. Regarding the content of the act, the indicated Law provides: "Article 132.- 1. The content must be lawful, possible, clear, and precise and encompasses all questions of fact and law arising from the grounds, even if they have not been debated by the interested parties. 2. It must also be proportionate to the legal purpose and correspond to the grounds, when both are regulated. 3. When the grounds are not regulated, the content must be, even if in an imprecise manner. 4. Its adaptation to the purpose may be achieved through the discretionary insertion of conditions, terms, and modes, provided that, in addition to meeting the content characteristics indicated above, the latter are legally compatible with the regulated part thereof." In the foregoing order of ideas, the existence and perfection of the indicated elements of the administrative act—together with those indicated ut supra—are evidence of its validity and conformity with the legal system. Paragraph 1 of Article 158 of the Ley General de la Administración Pública indicates in this regard: "The lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly demanded by the legal system, shall constitute a defect thereof." The consequence of the eventual invalidity of an administrative act, whether due to the nonexistence or imperfection of one of the elements of the act, is the absolute nullity (nulidad absoluta) or voidability (anulabilidad) of the act. In this sense, Eduardo Ortiz Ortiz in the work Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica) points out the scope of absolute nullity (nulidad absoluta) as follows: "i) The null act constitutes personal fault of the acting public servant; ii) It is not presumed legitimate nor can it be executed; iii) It is intrinsically ineffective; iv) Its execution is a de facto pathway, against which there is interdictal protection; v) Peaceful disobedience of the null act is permitted, although not resistance to it; vi) The coercive execution of the null act generates civil liability of the Administration and civil, administrative, and eventually criminal liability of the responsible servant or servants; vii) The defect it suffers is irremediable…." Therefore, it is incumbent upon the adjudicator to verify the effective existence of all elements of the administrative act, insofar as these will be decisive for its potential aptitude to produce legal effects. The foregoing, inasmuch as when the plaintiff in a proceeding alerts to defects of nullity in a specific administrative act, the proper course is to determine whether in the particular case the abovementioned elements are present or whether, on the contrary, any of them is lacking, both in the formal and substantive aspects. The foregoing, always taking into consideration the specific nature of the act and the subjective legal situations generated under its protection, as a necessary presupposition of the referenced analysis. V.VI.- On the merits: a) Criterion of the plaintiff: The plaintiff objects to the challenged conduct, considering that it weakens the protection of a healthy and balanced environment, inasmuch as it entailed the derogation of Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (DE-24735 of September 29, 1995) and the division of the necessary environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) in this matter into two phases. b) Criterion of the defendant and coadjuvant: The State representation and the coadjuvant company invoke in general terms that what is provided in the objected decree is in accordance with the technique and reasonableness proper to the matter. That what was done was to divide the study into two stages, so that the information on the environmental affectation and the mitigation measures are in accordance with the works actually carried out on the ground. c) Criterion of the Court: Having made an analysis of the evidence admitted and produced at trial, this Court considers that the plaintiff is correct in their claim, for the following reasons: The plaintiff requests the nullity of Decreto Ejecutivo N° 26750-MINAE dated February 27, 1998, which literally states the following: "THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT AND ENERGY, In use of the powers conferred by Article 140, subsections 3) and 18) of the Political Constitution and Articles 27 and 28 of the Ley General de la Administración Pública, in relation to chapter XXI of the Ley Orgánica del Ambiente and Considering: 1°—That it is essential to harmonize the environment with petroleum exploration processes, in order to achieve the rational use of environmental elements, to promote economically and environmentally sustainable development, and adequate management of non-renewable natural resources. 2°—That the need has been seen to have adequate legal norms so that the incidence of human activities on the environment is positive. 3°—That the creation of norms that seek the adequate transfer of technology and national scientific development, without detriment to the environment, must be fostered. 4°—That Article 40 of Law N° 7399: Ley de Hidrocarburos de Costa Rica, declares the exploration, exploitation, and transportation of hydrocarbons, and the activities and works that their execution requires, to be of public interest. 5°—That both Article 41 of the Ley de Hidrocarburos de Costa Rica and Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente declare the need to prepare environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) for such activities, and to review and update them periodically, as the corresponding exploration and petroleum exploitation works progress. 6°—That the logic of the development of petroleum exploration activities and experience under the specific conditions of the country indicate and justify the environmental need to define the sequence of phases that comprise it. Therefore, THEY DECREE: Article 1°—For the purposes of the application of this decree, and in complement of the definition in this regard that appears in the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos in its article 2, the terms mentioned herein shall have the following meanings: Petroleum Prospecting (Prospección Petrolera): Regional evaluation of a geological, geochemical and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows for approximate assessments of the hydrocarbon potential, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. Included as part of these methods are the following: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills; whose application does not require the construction of roads, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area; or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and those others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the application of machinery, nor the opening of paths (trochas), nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area; or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments, unless there is a prior evaluation and an express authorization from the National Environmental Technical Secretariat (SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL) for their implementation in these activities. Intensive Petroleum Exploration (Exploración Petrolera Intensiva): Localized or specific evaluation in an area of a potential hydrocarbon reservoir by methods that include civil works, earthworks (movimientos de tierra), removal of vegetation cover (cobertura vegetal), and other actions that allow the application of geological, geophysical, and geochemical techniques, whose implementation represents the generation of environmental impacts on the same. The methods and/or techniques included in this phase correspond to well drilling, and any other geological, geochemical, and geophysical exploration method that allows for establishing the economic value of the deposit and its characteristics. The application of these techniques does require the use of heavy machinery and the application of particular equipment whose use in the field implies the opening of paths (trochas) and roads, as well as the implementation of encampments whose total area exceeds 200 m² in the terrestrial area and/or for 15 persons; or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments. Article 2°—The Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) for hydrocarbon exploration shall be divided into at least two phases, in accordance with the exploration program to be developed as the activities progress. Article 3°—The minimum phases that the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to which article 2 refers comprises are: a) Phase I: prospecting (prospección) b) Phase II: intensive exploration (exploración intensiva). Article 4°—The approval of Phase I of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) shall be the indispensable and sufficient requirement for the adjudication act of a petroleum concession to be declared firm, as required by Article 41 of the Ley de Hidrocarburos. Article 5°—The National Environmental Technical Secretariat (SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL) shall be the body in charge of establishing the terms of reference for the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), and of its approval for each of the mentioned exploration phases, and for the exploitation of hydrocarbons, in accordance with its internal procedural directives. Article 6°—No concessionaire may pass from Phase I to Phase II without the due environmental assessment by the National Environmental Technical Secretariat (SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL), and prior request of the Dirección General de Hidrocarburos. Article 7°—Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, which includes articles from N° 266 to N° 283 inclusive, is derogated. Article 8°—It shall enter into force upon its signature." The censure judgment of the plaintiff rests fundamentally on the fact that the indicated regulation derogates, as indicated in article 7 cited above, Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, which stated the following: "TITLE X. On environmental protection. Of the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA). Article 266.—The contractor shall present, prior to the signing of the adjudication act, the EIA, which in the event of the signing of the contract shall be updated periodically, as the works corresponding to the exploration and exploitation periods of hydrocarbons progress, as stipulated in Article 41 of the Ley de Hidrocarburos. The updating of the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) shall be done annually or at the request of MIRENEM. Article 267.—In accordance with the provisions of Article 31 e) of the Law, the awardee must provide a performance guarantee for the purpose of ensuring the correct execution of the contract and the protection of the environment and natural resources. The percentage of the amount of the performance guarantee corresponding to the protection of the environment and natural resources shall be recommended by CONEIA in agreement with the DGH and shall be defined in the bidding documents. Article 268.—The contractor shall present the EIA report to MIRENEM for the area subject to adjudication, as stipulated in Article 41 of the Law. The EIA is a document for evaluating the environmental impact of the activity and contains aspects that require the intervention of professionals from various disciplines in Natural Sciences such as: Biology, Geology, Oceanography, Geography, Forest Engineering, Geophysics, Engineering in Agronomy, Civil Engineering, Engineering in Topography, and Chemical Engineering, among others. The EIA must be carried out by qualified technicians, in accordance with the standards of the PE. Article 269.—The EIA shall be presented with nine complete copies before CONEIA and must comprise at least the information and documents indicated below: A. EIA IN TERRESTRIAL ZONES. 1. Introduction. 1.1. Justification of the project: objectives and economic, financial, technical, social, and environmental scopes; goals. 1.2. General information of the natural or legal person that will carry out the exploration and exploitation activities of hydrocarbons. 1.3. Professional qualification and experience of the interdisciplinary team that prepared the EIA and the contractor. 2. Project location: 2.1. General geographical description: a. Administrative territorial location (identification of block numbers, delimitation by coordinates and their zone of influence). b. Situation in relation to the populations or cities included within the study area and its zone of influence. c. Access roads and their condition. d. Productive activities. e. Water courses. f. Location map of the area subject to the contract at a scale of 1:200,000. g. Other aspects of interest, such as infrastructure works, transmission lines, natural geographical features, etc. h. Schedule of project activities, with objectives, goals, scopes, and possible future modifications. 3. A description of the project: 3.1. Methods to be used in the project, description by stages of the procedures, systems, and techniques to be implemented. 3.2. Technical requirements: means and instruments to be used. 3.3. Expected yields: volume (in case of exploitation). 3.4. Exploration and exploitation methodology. 3.5. Updated geographic map containing hydrographic details, infrastructure, human settlements, etc., of importance. This map may be prepared taking into account the pre-operational situation of the project, at a scale appropriate to its dimensions (1:200,000 or 1:100,000). 3.6. Land-use map with updated base aerial photography, minimum scale 1:50,000. 3.7. Other aspects that this information must contain: existing access roads or roads that must be constructed: stabilization methods, plans, etc. Accompany this description with photographs, graphics, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphic models, flow diagrams, topographic profiles, activity schedules, each with the corresponding details, in addition to all other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration and exploitation project, as well as construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Geomorphology (slopes). b. Soils. c. Climatology/air quality. d. Surface/underground hydrology. e. Vegetation. f. Terrestrial fauna, habitats, niches, populations, communities. g. Other ecosystems (e.g., mangroves). h. Landscape/quality. i. Fostering of natural hazards. j. Floods. k. Threatened or endangered species. l. Acceleration of erosion/sedimentation processes. m. Environmental contamination (generation/increase: air, soil, water, sonic). n. Alteration of migratory patterns (fauna in general). 4.2. Impact on the human environment. a. Location and distribution of human settlements. b. Infrastructure and basic services. c. Contamination/environmental sanitation (synergisms). d. Effects on public health. e. Occupational hazards (health/workplace safety). f. Effects on means and routes of transportation. g. Effects related to recreation - tourism. 5. The unavoidable, reversible, or irreversible adverse effects of the project. 5.1. EIA for exploration. a. Chemicals to be employed, quantities, and toxicological aspects thereof, for both humans and flora and fauna. b. Control of waters, of acidity or basicity, and physicochemical aspects. c. Control of explosives to be employed. d. Characteristics of facilities to be constructed. 5.2. EIA for drilling. a. Drilling, type of machinery, uses of drilling muds. b. Description of the works to be carried out and their operational system. c. Design of earthworks (movimiento de tierras). d. Characteristics of facilities. 5.3. EIA for exploitation. a. Maps of waste material locations. b. Drilling equipment to be used and other types of machinery. c. Places intended for temporary soil disposal, if the case warrants it. d. Safety systems, slope stability, and dam and fluid control systems. e. Quality controls of discharges. f. Flowchart and description of treatment plant. g. Storage and transportation systems. All documentation presented must comply with the existing regulations of the Professional Associations (Colegios Profesionales). 6. A physical, biological, and human diagnosis of the contracted area. 6.1. The effects on vegetation in general and on areas to be deforested in particular. 6.2. The effects on soils and the necessary programs to control their erosion. 6.2.1. Regional geology, which shall comprise global description and analysis, as well as graphic and cartographic representation of: structural geology, stratigraphy, seismology, volcanology. 6.2.2. Local geology in cases of well development and the zone of specific works. 6.2.3. Regional geopedology, which shall comprise global description and analysis and graphic and cartographic representation of: use capacity according to natural characteristics, methodology of the Tropical Scientific Center (Centro Científico Tropical). 6.2.4. Detailed geopedology in cases of well development and the zone of specific works. 6.2.5. Regional climatology, which shall comprise global description and graphic and cartographic representation of: meteorology, precipitation, temperature, winds, radiation, and evapotranspiration (relative humidity). 6.2.6. Local climatology (parameters similar to the previous). The information presented must be processed and with graphs. 6.3. The effects on the quality of continental, underground, and marine waters, as well as the necessary pollution control programs. 6.3.1. Regional hydrology, which shall comprise the description and global analysis and graphic and cartographic representation of: a. Surface waters: water networks, runoff regime, sediment transport, physicochemical characteristics of the water (quality), zones with water potential, water uses, local hydrology of specific project works. b. Underground waters: geological conditions, water balance, characteristics of the aquifer or aquifers of the zone, physicochemical properties of the water (quality), and others. c. Lakes and swamps. Dimensions, dynamics, environmental conditions. 6.3.2. Study of control programs for coastal zones. 6.4. The effects on flora and fauna. 6.4.1. Terrestrial environment, which shall comprise: quality, flora and fauna of the region, general description, vegetation - description and type - stratification, floristic composition, real vegetation profile, density, successions and ecotones, existing fauna, migratory species, threatened or endangered species. 6.4.2. Aquatic environment, which shall comprise: water quality, aquatic flora and fauna. 6.5. The effects on populations and human settlements. 6.5.1. Landscape quality, which shall comprise: absorption capacity/fragility, recreation, tourism (existing/potential). 6.5.2. Human environment (local and cantonal), which shall comprise: human settlements and predominant productive activities, employment situation and characteristics of the labor force, historical-archaeological heritage found in the area, existing infrastructure and basic services, health, sanitation, occupational health, education, energy, communications, transportation, municipal requirements and services (licenses and permits), public safety, institutional and legal aspects (support/restrictions). 7. The quantities of waste and the plans for its management and disposal. 7.1. Objectives and scope of the plan. 7.2. Justification of the programming. 7.3. Budget of the environmental recovery plan, by phases and total. 7.4. Graphic and cartographic representation of the area: in the pre-operational phase (state of the environment), at the end of the project (state of the environment), with the proposed recovery plan (protection of the environment), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. 7.5. Actions or programs that benefit the community carried out by the contractor. 7.6. The Plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (forms of control and follow-up). 8. Mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on terrestrial ecosystems. 8.1. Detailed description of actions aimed at mitigating the impact and corrective actions. 8.2. Plan for surveillance and control of biocoenosis alterations. 9. A program for establishing protection zones around hydrocarbon exploration and exploitation areas, to minimize harmful effects on natural resources and the environment in general. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth. 10.1. Historical-archaeological heritage. 10.2. Sociocultural characteristics of the inhabitants. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. 11.1. Existing productive activities. 11.2. Employment structures / characteristics of the labor force. 11.3. Local economy. 12. Impacts of the environment on the project. These are impacts of the environment at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. Natural hazards. b. Floods-freshets. c. Earthquakes. d. Volcanic eruptions. e. Mass wasting: landslides, subsidence, etc. f. Climatic disturbances. g. Fires (by natural causes). h. Invasions/pests (wild fauna). 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklist, environmental records, matrices, flow diagrams, graphic models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit and comparative cost analysis of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary and presentation of the guarantees. B. EIA IN MARINE ZONES. 1. Introduction. 1.1.; 1.2.; 1.3. idem to EIA terrestrial zones. 2. Project location. 2.1. General Geographical Description a. idem to EIA terrestrial zone point 2.1., a. b. Situation in relation to populations or cities in coastal areas and their zone of influence. c. Productive fishing activities. d. Idem to EIA terrestrial zone point 2.1., f. e. Idem to EIA terrestrial zone point 2.1., g. f. Idem to EIA terrestrial zone point 2.1., h. 3. Project description: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; idem to EIA terrestrial zone. 3.5. General map of the area that graphically indicates the planned operations, scale 1:100,000. 3.6. Works to be constructed on land related to the project: location and description. This description must be accompanied with photographs, graphics, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphic models, flow diagrams, topographic profiles, activity schedule, each with the corresponding details, in addition to all other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration project, as well as construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Marine environment. b. Coastal areas: estuaries, marine lagoons, beaches, sandbanks, deltas, mangroves, reefs, etc. 4.2. Impact on the human environment. a. On fishing activity b. In coastal zones. 5. The unavoidable, reversible, or irreversible adverse effects of the project. 5.1. EIA for exploration. a., b., c. idem to EIA terrestrial zone points 5.1. a., b., c. d. Installations to be constructed in coastal areas. 5.2. EIA for drilling. a. Characteristics of the platform to be used, type of machinery, use of drilling muds. b. Idem to EIA terrestrial zone point 5.2. b. 5.3. EIA for exploitation. a. Idem to EIA terrestrial zone point 5.3. b. b. Safety system to be used, waste control, treatment systems. c. Idem to EIA terrestrial zone point 5.3. e. d. Idem to EIA terrestrial zone point 5.3. f. e. Idem to EIA terrestrial zone point 5.3. g. All documentation presented must comply with the existing regulations of the Professional Associations (Colegios Profesionales). 6. A physical, biological, and human diagnosis of the contracted area. 6.1. Effects on marine flora and fauna. 6.2. General characterization of the current oceanographic and sedimentological environments of the region, both of the marine area and of the coastal zone of influence. It must show the general dynamics of marine currents. a. The effects on the coastal terrestrial areas of the project. 6.2.1.- 6.2.6. idem to EIA terrestrial zone points 6.2.1.-6.2.6. The information presented must be processed and with graphs. 6.3. Effects on marine waters. 6.3.1. General oceanography of the contracted area. 6.3.2. Hydrogeological characteristics of the related coastal areas. 6.3.3. Control programs in coastal areas. 6.4. Effects on populations and human settlements of coastal and insular areas. 7. The quantities of waste and plans for its management and disposal. a., b., c., idem to EIA terrestrial zone points 7.a., 7.b., 7.c. d. Graphic and cartographic representation of the coastal area: in the pre-operational phase (state of the environment), with the proposed recovery plan (protection of the environment), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. e. Idem to EIA terrestrial zone point 7.e. f. The plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (form of control and follow-up), for coastal areas. 8. Mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on marine and coastal ecosystems. a., b., idem to EIA terrestrial zone points 8.a., 8.b. c. equipment available for prevention and mitigation of hydrocarbon spills. 9. A program for establishing protection zones around hydrocarbon exploration and exploitation areas, to minimize harmful effects on natural resources and the environment in general in marine and coastal zones. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth in marine, insular, and coastal zones. a. b. idem to EIA terrestrial zone points 10.a., 10.b. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. a., b., c. idem to EIA terrestrial zone points 11.a., 11.b., 11.c. 12. Impact of the environment on the project. These are impacts of the environment at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. idem to EIA terrestrial zone point 12.1.a. b. Earthquakes/tsunamis c. idem to EIA terrestrial zone point 12.1.d. d. idem to EIA terrestrial zone point 12.1.f. e. Red tides. 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklists, environmental records, matrices, flow diagrams, graphic models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit and comparative cost analysis of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary and of the guarantees. Article 270.—For mixed contracted areas with blocks that are both marine and terrestrial, the contractor must present 2 EIA reports, one for the terrestrial blocks and another for the marine blocks, separately. Article 271.—The contractor has the obligation to present to the DGH the annual contingency plan for oil spills and emergencies. On environmental impact monitoring. Article 272.—The contractor shall carry out regular verifications for impact prevention and shall take control measures in accordance with that stipulated by the EIA and approved by CONEIA. When necessary, additional or alternative measures shall be initiated to reduce unforeseen impacts. On environmental audits. Article 273.—During exploration and exploitation operations, external environmental audits shall be carried out, the cost of which shall be covered by the contractor, in accordance with the EIA and approved by CONEIA. On archaeological sites and buildings. Article 274.—In seismic operations, archaeological sites must be avoided to prevent negative impact. Article 275.—Personnel shall be informed before commencing the operation about the significance of the region, what constitutes an archaeological site, how to recognize one, and the proper procedure for reporting a possible archaeological site. Article 276.—Any archaeological find must be reported immediately to MIRENEM and no activity shall be undertaken until instructions are received from this Ministry. Waste Management. Article 277.—The management of all types of waste must be supervised during the execution of operations, and a record of these shall be kept. Article 278.—An inventory shall be prepared of the volumes of hydrocarbons or potential contaminants stored in camps, vessels, launches, or transported in tankers. Article 279.—All hydrocarbons that cannot be reused must be burned in a properly lined burn pit (if necessary, they shall be mixed with domestic waste to ensure complete combustion occurs). Article 280.—In the event of a threat of water contamination, the competent authorities and the local population must be notified. Environmental Accident and Complaint Reports. Article 281.—It is the contractor's responsibility to report environmental accidents. Article 282.— The following shall be considered cases of environmental accidents: a) Oil leaks, improper waste disposal. b) Non-compliance with previously approved environmental standards or procedures. c) Unauthorized cutting or removal of vegetation. d) Loss of Biota. e) Contamination or deterioration of natural resources. Article 283.—An appropriate procedure shall be defined in the field to facilitate the timely application of corrective measures...." In accordance with the provisions of both regulatory bodies, both the one challenged in this proceeding and the repealed one, it is noted that, as established by the norm under review, "Article 4°—The approval of Phase I of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA) shall be the indispensable and sufficient requirement for the adjudication act of an oil concession to be declared firm, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law (Ley de Hidrocarburos)." (emphasis added). The foregoing runs contrary to the provisions of Articles 31 and 41 of the Hydrocarbons Law, which establish the following: "ARTICLE 31.- The Executive Branch shall sign the contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons, and they shall stipulate, at a minimum, the following: f) The environmental impact assessment, which must be evaluated and approved by the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas)." "ARTICLE 41.- Exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources." The original wording of this latter norm was declared contrary to constitutional law, pursuant to Voto 1221-2002 of February 6, 2002, which resolved the following: "I.- On the merits. In this case, Article 41 of the Hydrocarbons Law, number 7399 of May 3, 1994, is challenged, the full text of which reads: "Article 41.- Exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources. In order to guarantee rational use of natural resources and to protect their current and future uses, the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines shall grant any adjudication conditioned upon the approval of an environmental impact assessment of its activities. The selected bidder must present said assessment within four months of being notified of the respective resolution. To evaluate the aforementioned assessment, the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines shall have a period of two months, counted from its submission. If it approves the assessment, the adjudication shall be considered definitive and the contract shall be signed. If the assessment is incomplete or deficient, the ministry shall grant the interested party a period of up to two months to correct it. If it is not completed or corrected to the satisfaction of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, or if the assessment is not submitted, the adjudication shall be deemed nonexistent for all legal purposes. Environmental impact assessments must be carried out by qualified technicians, in accordance with Executive Branch standards. The environmental impact analysis must include, at a minimum, the following: a) A description of the project. b) Its direct and indirect impact on the natural and human environment. c) The unavoidable adverse effects, reversible or irreversible, of the project. ch) A physical, biological, and human diagnosis, which must include: 1.- The effects on vegetation in general, and on areas to be deforested in particular. 2.- The effects on soils and the programs necessary to control their erosion. 3.- The effects on the quality of continental, underground, and marine waters, as well as the programs necessary for pollution control. 4.- The effects on flora and fauna. 5.- The effects on populations and human settlements. d) The quantities of waste and plans for its management and disposal. e) Mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on marine and terrestrial ecosystems. f) A program to establish protection zones around the areas of hydrocarbon exploration and exploitation to minimize harmful effects on natural resources and the environment in general. g) The possible effects on archaeological and cultural wealth. h) The adverse effects on economic and social activities. The aforementioned assessment shall be periodically reviewed and updated as work corresponding to the exploration and exploitation periods progresses." III.- Precedents on the matter. Indeed, the claimant is correct to recall that the Sala previously had the opportunity to rule on the challenged norm when it was part of the then Hydrocarbons Law bill, legislative file number 9573. On that occasion, by means of resolution 6240-93 at 14:00 hours on November 26, 1993, it was stated on this point: "XII.- ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: Article 26 of the Bill does not require the Public Administration to conduct technical studies on environmental matters that guarantee to Costa Ricans that their right to a healthy environment will not be disturbed or violated by the exploration and exploitation of hydrocarbon natural resources, prior to granting the concession to a private individual or legal entity. Instead, the Bill chooses the inverse route: granting the concession and then requiring studies on the effect that these activities will produce on the environment. But what is most serious is that no direct consequence is provided for non-compliance with these requirements, leaving the decision on the point at the free discretion of the competent officials. The Sala considers that the issue must be analyzed from the constitutional perspective in order to guarantee the protection of the right to a healthy environment, widely recognized and protected by this jurisdiction and expressly contemplated by Article 89 of the Constitution, which establishes: 'Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the Nation's historical heritage, and to support private initiative for scientific and artistic progress.' XIII.- The term 'natural beauties' was the one used at the time the Constitution was promulgated (November 7, 1949), which today has developed into a specialty of law; environmental law recognizes the need to preserve the environment not solely as a cultural aim, but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of a right to a healthy environment transcends recreational or cultural interests, which are also important aspects of life in society, and additionally constitutes a fundamental requirement for life itself. No rational result can be produced by the denial of our fragility as animate beings, dependent on the environment for our subsistence and that of future generations. XIV.- From this second vision of the environmental issue, it becomes possible to clothe classical individual rights with the necessary conditions for their full enjoyment and exercise, especially the right to life, particularly reinforced by our constitutional Article 21, which declares it inviolable. Thus, from the need to fully enjoy human rights, norms directly derived from fundamental ones —understood as those already enshrined in the constitutional text— emerge, which operate as instrumental conditions for their preservation and exercise. Therefore, the necessary conditions for the protection of fundamental rights become true, independent rights enforceable autonomously from those. They are true sub-constitutional norms, as the doctrine calls them, arising from the harmonious interpretation of constitutional law; such as, for example, the genus-species relationship between freedom of commerce and freedom of contract as developed by the Corte Plena acting as a constitutional court in the ruling of August 26, 1982. The second, as a consequence of the first, is an indispensable condition for its exercise and yet an autonomous right at the same time. XV.- Therefore, we can affirm that from the right to life and the state obligation to 'protect natural beauties' contained in Articles 21 and 89 of the Constitution, other rights of mandatory protection and equal rank arise, such as those to health and to a healthy environment; without these, either the exercise of the former would not be possible, or their enjoyment would be severely limited. XVI.- The right to Health, as a human right, was recognized by the Sala in early rulings, such as Voto 56-90, which declared this right inalienable; and Voto 1755-90, in which it was stated: 'In the present case, the right to Health is at stake, a fundamental right of the human being —to the extent that life depends largely on its respect— such that, in accordance with our Political Constitution, Articles 10 and 48, and the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the subject matter of this appeal... does constitute a matter of mandatory cognizance for this court, to the extent that it involves the alleged violation of a constitutional right...' Thus, it is clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life and, through it, a right to a healthy environment. By way of illustration, we can cite Votos 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as a constitutionally protected individual right. XVII.- Within this logical process of integration and development of constitutional values, using logical systematic interpretation as a legal instrument, the amendment to Article 48 of the Constitution enacted in 1989 has uniquely expanded the catalog of human rights susceptible to judicial protection by expressly referring us to international law contained in international human rights instruments, duly signed, approved, and ratified by our country. This supranational legal order must be integrated into the analysis of the consulted Bill by virtue of its superior rank over laws granted by Article 7 of the Constitution. XVIII.- Indeed, Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and which, in the domestic forum, are fully applicable legislation —and of direct judicial enforceability— in this case, especially given the possibility of exploiting hydrocarbon resources in areas not part of the national parks regime. Therefore, it is essential to review which other areas or biosystems would be off-limits to this activity or in which other requirements must be met. XIX.- First, we can cite as directly pertinent to the matter before us: A) The 'CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER', signed in Mexico City on December 29, 1972, and approved by the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa) by law #5566 of August 13, 1974, which prevents 'pollution of the sea by the dumping of waste and other matter that may constitute a danger to human health, harm biological resources and human life, reduce recreational opportunities, or interfere with other legitimate uses of the sea' (Art. 1), matters specified in Annex 1 which, in its subsection 5, includes various hydrocarbon derivatives. The Convention requires permits from the coastal State to dump certain authorized wastes. B) The 'CONVENTION FOR THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF THE MARINE ENVIRONMENT AND ITS PROTOCOL ON COOPERATION TO COMBAT OIL SPILLS IN THE WIDER CARIBBEAN REGION', opened for signature in Cartagena de Indias on March 24, 1983, and in Bogotá from March 25, 1983, to March 23, 1984; approved by the Legislative Assembly by law #7227 of April 12, 1991, whose purpose is to 'prevent, reduce, and control pollution of the Convention area and to ensure rational environmental management'. Highlighted is Article 10, which gives special importance to 'rare and vulnerable ecosystems, as well as the habitat of depleted, threatened, or endangered species'; and the States Parties commit to establishing protected zones. Article 12 obligates them to 'develop technical and other guidelines to assist in the planning of their major development projects' that serve to prevent pollution of the marine environment. C).- The 'VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER', adopted in Vienna on March 22, 1985, approved by law #7228 of April 22, 1991, and its 'MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER', signed in Montreal on September 16, 1987, and approved by law #7223 of April 2, 1991, which protect 'human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities that modify or may modify the ozone layer.' CH).- The 'UN CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA', signed in Montego Bay on December 10, 1982, and approved by law #7291, published on July 15, 1992, which regulates matters concerning the exploitation of natural resources on the continental shelf. D).- The 'CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT', signed in Ramsar on February 2, 1971, and approved by law #7224 of April 2, 1991, by which wetlands are protected, understood as 'areas of marsh, fen, peatland, or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish, or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters'; as well as waterfowl, which are those that depend on wetlands. (Art. 1) E).- The 'CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE', signed in Paris on November 23, 1972, and approved by law #5980 of October 23, 1966, which mandates the conservation of cultural heritage, defined as the protection of monuments of exceptional universal value such as caves; groups of buildings; places such as works of nature. It also declares as natural heritage physical or biological formations that constitute the habitat of threatened animal and plant species. f).- The 'CONVENTION ON NATURE PROTECTION AND WILDLIFE PRESERVATION IN THE WESTERN HEMISPHERE', adopted in Washington on March 3, 1973, and approved by law #3763 of October 19, 1976, which defines the differences between national parks, nature reserves, natural monuments, and wilderness reserves, and prohibits altering the boundaries of national parks except by law and exploiting their resources for commercial purposes. As for wilderness reserves, it permits uses compatible with them. (Arts. 1 and 2). G).- The 'CONVENTION CONCERNING INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES IN INDEPENDENT COUNTRIES', of the ILO, known as Convention #169, which introduced reforms to the previous Convention #107. This convention grants preference to indigenous communities regarding the exploitation of natural resources existing within their territories. XX.- All these international instruments are mandatory and fully enforceable insofar as their norms do not require further legislative development, and therefore must be respected by the Hydrocarbons Bill insofar as the normative rank of those is superior. Consequently, the provision of Article 41, paragraph 2, of the Bill, which requires environmental impact assessments after the exploration or exploitation concession is approved, especially in the case of private parties, is contrary to constitutional aims, purposes, and obligations in environmental matters, insofar as the contract, once signed, creates rights in favor of the interested party. Therefore, the Sala considers Article 41, paragraph 2, unconstitutional in this respect." This criterion, which was then issued by the Sala in its consultative function, has been reaffirmed —recently even— in Voto 2001-04245 at 15:01 hours on May 23, 2001. IV.- Application to the present case. Article 101 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that in matters of legislative consultation —such as the one conducted pursuant to the preceding Considerando— the opinion issued by the Sala shall only be binding insofar as it establishes the existence of unconstitutional procedures in the consulted bill. However, the final paragraph adds that, in any case, "the opinion does not preclude the possibility that subsequently the challenged norm or norms may be challenged by means of constitutional review," which is the exact situation presented in the case sub examine, and the Sala does not see any reason to vary the criterion upheld in the aforementioned resolutions. Therefore, there is no doubt that the provision enacted by the legislator as part of the final text of the Hydrocarbons Law indeed carries the defects previously pointed out in the bill, and on whose constitutional nonconformity there would be no debate. V.- Conclusion. Now, in the present analysis, the conviction arises that the declaration of illegitimacy must extend not only to the challenged second paragraph of Article 41, but also to the following ones, which are a development and direct consequence of the one indicated. In this regard, it must be noted that there should be no concern that annulling these precepts could be interpreted to mean that, with their absence, the requirement of the environmental impact assessment as part of the respective concession process becomes unnecessary. On the contrary, the first paragraph of the norm, which remains intact, reaffirms the need for "exploration and exploitation activities to comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources." And, in this sense, the remaining legal system adequately fills the created void through provisions that do not allow the need for environmental impact assessments to be ignored, beginning with Article 31, subsection f), of the Hydrocarbons Law itself, which requires it and does not contain the defect pointed out in Article 41. And we can also cite, in greater abundance, what is indicated on this point in other legal bodies, such as the Law on Public Procurement (Ley de la Contratación Administrativa), the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), the General Law on the Concession of Public Works with Public Services (Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos); the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley de uso, manejo y conservación de suelos); the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and especially the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). Thus, it is absolutely clear that the pronouncement made here cannot lead to the omission of these extremely important studies prior to the granting of the corresponding permits or concessions. Por tanto: The action is declared WITH MERIT. Consequently, the second and following paragraphs of Article 41 of the Hydrocarbons Law, number 7399 of May 3, 1994, are annulled. This ruling has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to rights acquired in good faith. Let this ruling be communicated to the Legislative and Executive Branches. Let it be noted in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Let it be notified." (emphasis added). As can be seen from the norms under review, the challenged administrative act allows the adjudication act of the oil exploration concession to become firm—with the generation of subjective legal situations in favor of the concessionaire—with the mere approval of Phase 1 of the EIA, it being evident from the record that said first phase lacks the comprehensive and integrated analysis required by a complete EIA. The foregoing slows down the prior control measures for hydrocarbon prospecting (prospección) and exploration activity, contrasted with the provisions of Article 2 and the entirety of Title X of the Regulation to the Hydrocarbons Law (Reglamento a la Ley de Hidrocarburos), Articles 266 to 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 published in La Gaceta Nº 230 of December 4, 1995), repealed by the challenged norm. In this regard, two considerations must be made: a) Oil prospecting (prospección petrolera) is not a numerus clausus series of activities, and it is not true that it per se cannot entail risks to the environment. In this sense, the questioned norm indicates that it is: "Oil Prospecting: Regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concessioned area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows for approximate assessments of the hydrocarbon potential, without implementing techniques that could produce significant environmental impacts on specific sites. The following are included as part of these methods: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills, whose application does not require road construction, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the terrain to be prospected in the terrestrial area, or well, direct installation, operation, and/or immersion activities of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and those others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the application of machinery, nor the opening of trails (trochas), nor roads, nor exploratory drilling in the terrestrial area, or well, direct installation, operation, and/or immersion activities of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments, unless there is a prior evaluation and express authorization from the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, SETENA) for their implementation in these activities." (emphasis added). As can be seen, there could indeed be the use of more intensive activities, which the decree conditions upon express authorization from SETENA. With the foregoing, some of these measures could well not be taken into account in the EIA for the prospecting phase and subsequently be carried out, despite not having been previously considered in the respective assessment. b) The challenged administrative conduct expressly establishes that "Article 3°—The minimum phases comprising the environmental impact assessment referred to in Article 2 are: a) Phase I: prospecting b) Phase II: intensive exploration. Article 4°—The approval of Phase I of the environmental impact assessment shall be the indispensable and sufficient requirement for the adjudication act of an oil concession to be declared firm, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law." As can be seen from both norms, with the mere approval of the EIA phase for prospecting, a subjective right would already be generated in favor of the concessionaire, insofar as with it, the respective adjudication act would become firm. While Article 6 of the challenged act indicates that "No concessionaire may move from Phase I to Phase II without the proper environmental assessment by the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT, and prior request from the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos)," it should be noted that it leaves open the specific terms under which the environmental impact assessment will be carried out, contrary to the repealed regulation, which provided that "The NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT shall be the body responsible for establishing the terms of reference for the environmental impact assessment, and for its approval for each of the aforementioned exploration phases, and for the exploitation of hydrocarbons, in accordance with its internal procedural guidelines." As is evident, this latter provision leaves the terms of reference for the preparation of the EIA to the discretion of SETENA, unlike Decreto Ejecutivo, Article 2, and the entirety of Title X of the Regulation to the Hydrocarbons Law, Articles 266 to 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 published in La Gaceta Nº 230 of December 4, 1995), which indicated that it must, at a minimum, contain the following: "Article 268.—The contractor must submit the EIA report to MIRENEM for the area subject to adjudication, as stipulated in Article 41 of the Law. The EIA is a document assessing the environmental impact of the activity and contains aspects requiring the involvement of professionals from various disciplines in Natural Sciences such as: Biology, Geology, Oceanography, Geography, Forestry Engineering, Geophysics, Agronomy Engineering, Civil Engineering, Topography Engineering, and Chemical Engineering, among others. The EIA must be carried out by qualified technicians, in accordance with the Executive Branch (PE) standards. Article 269.—The EIA shall be submitted with nine complete copies to CONEIA and must include at least the information and documents indicated below: A. EIA IN TERRESTRIAL ZONES. 1. Introduction. 1.1. Justification of the project: economic, financial, technical, social, and environmental objectives and scope; goals. 1.2. General information of the individual or legal entity that will carry out the hydrocarbon exploration and exploitation activities. 1.3. Professional qualifications and experience of the interdisciplinary team that prepared the EIA and the contractor. 2. Project location: 2.1. General geographic description: a. Administrative territorial location (identification of block numbers, delimitation by coordinates and their zone of influence). b. Situation in relation to populations or cities included within the study area and its zone of influence. c. Access routes and their condition. d. Productive activities. e. Watercourses. f. Location map of the area subject to contract at a scale of 1:200,000. g. Other aspects of interest, such as infrastructure works, transmission lines, natural geographic features, etc. h. Activity schedule for the project, with objectives, goals, scope, and possible future modifications. 3. A description of the project: 3.1. Methods to be used in the project, description by stages of the procedures, systems, and techniques to be implemented. 3.2. Technical requirements: means and instruments to be used. 3.3. Expected yields: volume (in the case of exploitation). 3.4. Exploration and exploitation methodology. 3.5. Updated geographic map containing hydrographic details, infrastructure, human settlements, etc., of importance. This map may be prepared taking into account the pre-operational situation of the project, at a scale appropriate to its dimensions (1:200,000 or 1:100,000). 3.6. Land use map with updated aerial photography baseline, minimum scale 1:50,000. 3.7. Other aspects this information must contain: existing access routes or changes to be built: stabilization methods, plans, etc. Accompany this description with photographs, graphs, plans, maps, sketches, blocks, diagrams, geological profiles, graphic models, flow diagrams, topographic profiles, activity schedules, each with the corresponding details, in addition to any other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration and exploitation project, as well as construction works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Geomorphology (slopes). b. Soils. c. Climatology/air quality. d. Surface/subterranean hydrology. e. Vegetation. f. Terrestrial fauna, habitats, niches, populations, communities. g. Other ecosystems (e.g., mangroves). h. Landscape/quality. i. Promotion of natural hazards. j. Flooding. k. Threatened or endangered species. l. Acceleration of erosion/sedimentation processes. m. Environmental pollution (generation/increase: air, soil, water, noise). n. Alteration of migratory patterns (fauna in general). 4.2. Impact on the human environment. a. Location and distribution of human settlements. b. Infrastructure and basic services. c. Environmental pollution/sanitation (synergisms). d. Effects on public health. e. Occupational risks (occupational health/safety). f. Effects on transportation modes and routes. g. Effects related to recreation - tourism. 5. The unavoidable, reversible or irreversible adverse effects of the project. 5.1. EIA for exploration. a. Chemicals to be used, quantities and toxicological aspects thereof, both for humans and for flora and fauna. b. Water control, acidity or basicity and physical-chemical aspects. c. Control of explosives to be used. d. Characteristics of installations to be built. 5.2. EIA for drilling. a. Drilling, type of machinery, uses of drilling muds. b. Description of the works to be carried out and their operational system. c. Design of the earthworks (movimiento de tierras). d. Characteristics of installations. 5.3. EIA for exploitation. a. Maps of waste material locations. b. Drilling equipment to be used and other types of machinery. c. Sites intended for temporary soil disposal, if the case warrants it. d. Safety systems, slope stability and systems for containment and fluid control. e. Quality controls of discharges. f. Flowchart and description of treatment plant. g. Storage and transportation systems. All documentation submitted must comply with the existing regulations of the Professional Associations. 6. A physical, biological and human diagnosis of the contracted area. 6.1. The effects on vegetation in general and on areas to be deforested in particular. 6.2. The effects on soils and the necessary programs to control their erosion. 6.2.1. Regional geology, which shall comprise a global description and analysis, as well as a graphic and cartographic representation of: structural geology, stratigraphy, seismology, volcanology. 6.2.2. Local geology in cases of well development and the specific works zone. 6.2.3. Regional geopedology, which shall comprise a global description and analysis and graphic and cartographic representation of: land-use capacity according to natural characteristics, Tropical Science Center methodology. 6.2.4. Detailed geopedology in cases of well development and the specific works zone. 6.2.5. Regional climatology, which shall comprise the global description and graphic and cartographic representation of: meteorology, precipitation, temperature, winds, radiation and evapotranspiration (relative humidity). 6.2.6. Local climatology (parameters similar to the above). The information presented must be processed and with graphs. 6.3. The effects on the quality of continental, subterranean, and marine waters, as well as the necessary pollution control programs. 6.3.1. Regional hydrology, which shall comprise the global description and analysis and graphic and cartographic representation of: a. Surface waters: water networks, runoff regime, sediment transport, physical-chemical characteristics of the water (quality), zones with water potential, water use, local hydrology of specific project works. b. Subterranean waters: geological conditions, water balance, characteristics of the aquifer or aquifers in the zone, physical-chemical properties of the water (quality), and others. c. Lakes and swamps. Dimensions, dynamics, environmental conditions. 6.3.2. Study of the control programs for coastal zones. 6.4. The effects on flora and fauna. 6.4.1. Terrestrial environment, which shall comprise: quality, flora and fauna of the region, general description, vegetation – description and type – stratification, floristic composition, real vegetation profile, density, successions and ecotones, existing fauna, migratory species, endangered species. 6.4.2. Aquatic environment, which shall comprise: water quality, aquatic flora and fauna. 6.5. The effects on human populations and settlements. 6.5.1. Landscape quality, which shall comprise: absorption capacity/fragility, recreation, tourism (existing/potential). 6.5.2. Human environment (local and cantonal), which shall comprise: human settlements and predominant productive activities, employment situation and characteristics of the labor force, historical-archaeological heritage found in the area, existing infrastructure and basic services, public health and sanitation, occupational health, education, energy, communications, transportation, municipal requirements and services (licenses and permits), public safety, institutional and legal aspects (of support/restrictions). 7. The quantities of waste and the plans for its management and disposal. 7.1. Objectives and scope of the plan. 7.2. Justification of the programming. 7.3. Budget of the environmental recovery plan, by phases and total. 7.4. Graphic and cartographic representation of the area: in the pre-operational phase (state of the environment), at the end of the project (state of the environment), with the proposed recovery plan (protection of the environment), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. 7.5. Actions or programs benefiting the community carried out by the contractor. 7.6. The Plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (control and follow-up forms). 8. The mitigation measures and contingency plans to prevent, detect and control the harmful effects on terrestrial ecosystems. 8.1. Detailed description of actions aimed at mitigating impact and corrective actions. 8.2. Surveillance and control plan for biocenosis alterations. 9. A program for the establishment of protection zones around hydrocarbon exploration and exploitation areas, to minimize the harmful effects on natural resources and the environment in general. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth. 10.1. Historical-archaeological heritage. 10.2. Sociocultural characteristics of the inhabitants. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. 11.1. Existing productive activities. 11.2; Employment structures/characteristics of the labor force. 11.3. Local economy. 12. Impacts of the environment on the project. These are environmental impacts at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. Natural hazards. b. Flooding-freshets. c. Seismic events/earthquakes. d. Volcanic eruptions. e. Mass movements: landslides, subsidence, etc. f. Climatic disturbances. g. Fires (from natural causes). h. Invasions/plagues (wild fauna). 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklist, environmental data sheets, matrices, flow charts, graphic models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit analysis and comparative cost of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary and presentation of guarantees. B. EIA IN MARINE ZONES. 1. Introduction. 1.1.; 1.2; 1.3 same as EIA for terrestrial zones. 2. Project location. 2.1. General Geographic Description a. same as EIA for terrestrial zone point 2.1., a. b. Situation in relation to populations or cities in coastal areas and their area of influence. c. Fishing productive activities. d. Same as EIA for terrestrial zone point 2.1., f. e. Same as EIA for terrestrial zone point 2.1., g. f. Same as EIA for terrestrial zone point 2.1., h. 3. Project description: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; same as EIA for terrestrial zone. 3.5. General map of the area graphically indicating the planned operations, scale 1:100,000. 3.6. Works to be constructed on land related to the project: location and description. This description must be accompanied by photographs, graphs, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphic models, flow charts, topographic profiles, activity schedule, each with the corresponding details, along with any other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration project, as well as the construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Marine environment. b. Coastal areas: estuaries, marine lagoons, beaches, sand banks, deltas, mangroves, reefs, etc. 4.2. Impact on the human environment. a. On fishing activity b. In coastal zones. 5. The unavoidable, reversible or irreversible adverse effects of the project. 5.1. EIA for exploration. a., b., c. same as EIA for terrestrial zone points 5.1. a., b., c. d. Installations to be constructed in coastal areas. 5.2. EIA for drilling. a. Characteristics of the platform to be used, type of machinery, use of drilling muds. b. same as EIA for terrestrial zone point 5.2. b. 5.3. EIA for exploitation. a. same as EIA for terrestrial zone point 5.3. b. b. Safety system to be used, waste control, treatment systems. c. same as EIA for terrestrial zone point 5.3. e. d. same as EIA for terrestrial zone point 5.3. f. e. same as EIA for terrestrial zone point 5.3. g. All documentation submitted must comply with the existing regulations of the Professional Associations. 6. A physical, biological and human diagnosis of the contracted area. 6.1. Effects on marine flora and fauna. 6.2. General characterization of the current oceanographic and sedimentological environments of the region, both of the marine area and the coastal area of influence. It must show the general dynamics of marine currents. a. The effects on the project's terrestrial coastal areas. 6.2.1.- 6.2.6. same as EIA for terrestrial zone points 6.2.1.-6.2.6. The information presented must be processed and with graphs. 6.3. Effects on marine waters. 6.3.1. General oceanography of the contracted area. 6.3.2. Hydrogeological characteristics of the related coastal areas. 6.3.3. Control programs in coastal areas. 6.4. Effects on human populations and settlements of coastal and insular areas. 7. The quantities of waste and plans for its management and disposal. a., b., c., same as EIA for terrestrial zone points 7.a., 7.b., 7.c. d. Graphic and cartographic representation of the coastal area: in the pre-operational phase (state of the environment), with the proposed recovery plan (protection of the environment), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. e. same as EIA for terrestrial zone point 7.e. f. The plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (control and follow-up form), for the coastal areas. 8. The mitigation measures and contingency plans to prevent, detect and control the harmful effects on marine and coastal ecosystems. a., b., same as EIA for terrestrial zone points 8.a., 8.b. c. equipment available for prevention and mitigation of hydrocarbon spills. 9. A program for the establishment of protection zones around hydrocarbon exploration and exploitation areas, to minimize the harmful effects on natural resources and the environment in general of marine and coastal zones. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth in marine, insular and coastal zones. a. b. same as EIA for terrestrial zone points 10.a., 10.b. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. a., b., c. same as EIA for terrestrial zone points 11.a., 11.b., 11.c. 12. Impact of the environment on the project. These are environmental impacts at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. same as EIA for terrestrial zone point 12.1.a. b. Seismic events/earthquakes/tsunamis c. same as EIA for terrestrial zone point 12.1.d. d. same as EIA for terrestrial zone point 12.1.f. e. Red tides. 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklists, environmental data sheets, matrices, flow charts, graphic models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit analysis and comparative cost of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary and of the guarantees..." It is the opinion of this Court that with the foregoing, the existence of a regulated administrative conduct regarding its content is abandoned, moving toward the approval of a discretionary act where the necessary legal certainty that must be possessed in the matter is slowed down, and the possibility is left open to make more flexible the elements to be taken into consideration for each of the phases in the matter under analysis. Although the witness Astorga Gatgens speaks of the existence of a guide for environmental impact assessment studies, it is evident that a specific regulation in the matter of oil exploration and exploitation with the rank of executive decree was only contemplated in the regulations repealed by the decree that is the object of this proceeding. The foregoing is contrary to the environmental public interest and is contrary, as will be indicated later, to the very provisions of the Hydrocarbons Law (Ley de Hidrocarburos). On the other hand, although the witness Dobrinescu indicates that prospecting may have "office" activities, she also recognizes that it may involve field activities, with which intervention in the environment must be foreseen, as she indicates regarding "seismic" testing, where the deponent points out that it may occur "... sometimes..." and the so-called "prospecting wells..." Even though prospecting is broader and exploration is more restricted, it does not exclude that the consequence of implementing the former will generate greater risks of subsequent environmental impact when moving on to exploration, despite which, as has been indicated, with the mere approval of the EIA for phase 1, the concession award act would already be final. By reason of the foregoing, this Court deems that it is not appropriate for the concession award act to acquire the condition of finality with the mere approval of phase 1 of the environmental impact assessment, given that there would not be the integrated and comprehensive evaluation that a study requires in a more invasive and intense phase such as the exploratory phase, and despite this, a subjective right would be generated in favor of the concessionaire. It is necessary to indicate that the witness Astorga Gatgens refers that the purpose of the challenged act was to avoid giving a blank check, given that under the previous regulations, the environmental viability enabled, from the very first entry, the possibility of exploration in all its phases. However, it is necessary to indicate that the repealed regulations clearly established that the respective EIA study "... in the event of signing the contract, shall be periodically updated...", thereby foreseeing situations such as those described by the witness in his deposition. Additionally, it is not observed that the pre-existing regulations signified a risk to the country's interest, if the Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental, SETENA) were to adequately implement the regulations repealed by the annulled conduct. Consequently, it has not been demonstrated that the challenged norm is more protective of the environment than the repealed one, and on the contrary, it is deemed to increase risk with regard to its consequences, regarding the public interest. V.VII.- Furthermore, it is necessary to indicate that Article 31 of the Hydrocarbons Law states the following: "ARTICLE 31.- The contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons shall be signed by the Executive Power and shall stipulate, at a minimum, the following: a) The object, application and contracted area. b) The terms and conditions under which the works will be carried out, during the exploration period, must include, as a minimum, the drilling of one exploratory well per year, starting from the second year, as well as the budgets, the return of areas and the supply of information. c) The terms and conditions of the works, during the exploitation period, must include matters related to the technical control of operations, budgets, production, royalty, gas utilization and the supply of information, and when circumstances warrant it, the parties may review and adjust them. ch) The maximum duration, rights, obligations, conditions, sanctions and liability of the parties. d) The income tax. e) The performance guarantee, which the awardee must provide, in order to ensure the correct execution of the contract and the protection of the environment and natural resources. The amount of the guarantee shall be defined in the bidding documents, in accordance with the proposed minimum program and the weighting of the potential environmental damage that this program may generate. This guarantee must be provided by the awardee within two months following the finality of the award act. f) The environmental impact assessment, which must be evaluated and approved by the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas)". As is noted from the indicated norm, the existence of an environmental impact assessment is a condition for the concession contract, not a phase thereof, so it is evident that the challenged conduct is contrary to the cited Article 31. If the legal provision is obsolete or inappropriate, the correct course is to process its modification through the corresponding legal channels, through the will of the representatives of the sovereign, but not to attempt to render its scope nugatory through a mere formal administrative conduct of lower rank, since the challenged decree seeks to violate the principle of regularity of the legal order and the hierarchy of sources. It is not an obstacle to point out the risks involved in admitting the finality of the concession with only phase 1 of the concession, since the contractor company could well argue in its favor the principle of intangibility of its own acts to claim that the right to continue to the subsequent phases of the project is incorporated into its legal sphere. As has been indicated, the legal norms noted in the preceding considerando were inclined to determine that the EIA be prior to the signing of the respective contract, so that the administration could take into account what was determined in the evaluation carried out, in order to make the necessary contractual and/or execution provisions to minimize or avoid impacts on the environment, following the idea of the precautionary principle (principio precautorio), which has been especially determined for environmental protection, since as has been indicated, an impact on this good of humanity could be totally irreversible, hence the State must maintain a stance of prior defense and not allow the impact to happen and then try to rehabilitate what was damaged. In the Decree under analysis, not only was the word "prior" omitted, which should have been taken into account so that the regulatory development was in accordance with the Laws, but also, the interpretation that may be given to the division of the EIA into stages is that, as has been mentioned in this case, in the prospecting stage it would not be necessary to carry out a true comprehensive environmental impact assessment, this derived from the understanding that in this phase there is no field work and therefore it would not be relevant to indicate possible future impacts. It is necessary to reaffirm this Court's conviction regarding the weakening of environmental protection, since the questioned administrative conduct repealed Article 266 of Decree 24735, which stated: "The contractor shall present, prior to the signing of the award act, the EIA, which in the event of the signing of the contract shall be periodically updated, as the works corresponding to the hydrocarbon exploration and exploitation periods advance, as stipulated in Article 41 of the Hydrocarbons Law. The updating of the Environmental Impact Assessment shall be done each year or at the request of MIRENEM." As is noted from this latter norm, it did provide for the existence of a comprehensive study prior to the finality of the contract, which is consistent with the very provisions of the Hydrocarbons Law. In this order of ideas, the foregoing must be analyzed, taking into consideration Article 46 of the same regulatory body, which provides as a cause for "expiration" of the contract: "a) Non-compliance with the obligations and conditions stipulated in the contract." Consequently, it is evident that the existence of a comprehensive, prior EIA is reasonable with the objectives of the norm, given that it forms part of the signed concession contract and its non-compliance would generate the termination of the respective contractual relationship. Therefore, this Court's conviction is reaffirmed that the questioned decree is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta), both for what it provides regarding the EIA and regarding the repeal of a regulation more consistent with the environmental public interest. All the foregoing, based on Article 11, subsections 1) and 2) of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad), No. 7788, of April 30, 1998, which, in what is relevant, provides: "Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are: 1.- Preventive criterion (Criterio preventivo): It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura (Criterio precautorio o in dubio pro natura): When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated therewith, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures." (highlighting is ours) and by the principle of reversal of the burden of proof established in Article 109 of the Biodiversity Law, which provides that the burden of proof in environmental proceedings shall lie with whoever requests the authorization, license or permit for use or exploitation of natural resources, or with the offender, in order to demonstrate that they did not cause the damage, or that their activity will not generate damage to the environment, in the following terms: "Burden of proof: The burden of proof of the absence of contamination, degradation or non-permitted impact shall fall upon whoever requests the approval, the permit for access to biodiversity, or whoever is accused of having caused environmental damage." This Court considers that the questioned decree implies a weakening of the necessary prevention of potential negative consequences arising from oil prospecting and exploration, by dividing the EIA into two phases and establishing the finality of the concession with only the first, and without it being demonstrated reliably in the case file that with the new regulation the environmental protection established in the regulation repealed by it will be maintained or improved. V.VIII.- On the other hand, it is the opinion of this Court that it has not been demonstrated reliably that the content of the questioned administrative conduct is founded on technical and scientific criteria and parameters. Both the documentary evidence contributed to the case file and the testimony of the witnesses do not evidence that, in the case of our country, with the geological and environmental conditions existing in it, the environmental impact assessment can be divided in the manner provided for in the questioned decree, and furthermore, that the respective award act can acquire finality with only the EIA of the respective first prospecting phase. Furthermore, it is necessary to highlight that the national legislator, following the same line of protection already marked, enacted the Biodiversity Law, No. 7788, in which Article 94 indicates: "Stages of the environmental impact assessment. The environmental impact assessment regarding biodiversity must be carried out in its entirety even when the project is programmed to be carried out in stages," which demonstrates that the State resumes in this higher norm the commitment derived from the previously indicated legal regulations, to such an extreme that, now in the subsequent norm, the possibility of carrying out projects in stages or phases is clarified, but that the EIA must be considered one in its entirety, which is related to what was said previously regarding the need for the administration to have, prior to the start of activities that could have an impact on the environment, a clear picture in order to take all necessary precautions. V.IX.- With respect to the argument of the passive co-adjuvant company, objecting to the obligation to carry out a complete EIA from the beginning of a project due to an aspect of economic and technical impossibility, it must be indicated that this assertion was not proven in the case file, neither by the co-adjuvant, nor by the state representation. In any case, a consideration of a purely economic nature cannot result in a weakening of the protection of the right to a healthy and balanced environment. V.X.- In accordance with the foregoing considerations, it is the opinion of this Court that Executive Decree 26750-MINAET of February 27, 1998, is vitiated by absolute nullity, insofar as its content is contrary to the provisions of the Hydrocarbons Law, given that it grants finality to the award of the concession without having the comprehensiveness of the environmental impact of the respective exploration and the environmental principles that are expressly recognized in the Biodiversity Law, by implying a weakening of the protection of a healthy and balanced environment, and furthermore, no sufficient motivation is observed that substantiates the repeal of the provision in Article Two and the entire Title X of the Regulations to the Hydrocarbons Law (Reglamento a la Ley de Hidrocarburos), Articles 266 to 283 (Executive Decree No. 24735 published in La Gaceta No. 230 of December 4, 1995), regulations that regulated the preparation of an environmental impact assessment in a more comprehensive and explicit manner, in protection of the environmental public interest. The Decree that concerns us established the application of EIAs in a fractioned manner according to the stage or phase in which the interested party is operating, determining a division that the norm did not authorize, also omitting the use of the characteristic of being prior to the development of the works or activities, and allowing that in a first prospecting stage in which aspects of environmental impact per se are not necessarily determined, considering that it is not a phase involving field work, all of this establishing an effect not determined in the laws, such as that with only the EIA of the first phase the legal requirements would be considered fulfilled and the award act would be considered final. V.XI- On the dimensioning of the nullity of the regulation for carrying out environmental impact assessments for hydrocarbon exploration and exploitation contracts (Executive Decree 26750-MINAE). In accordance with the provisions of Articles 130 subsection 3) and 131 subsection 3) of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in the interest of legal certainty, this Court is empowered to dimension in time, space and subject matter the nullity of an administrative act of general scope, such as the Regulation challenged here; therefore, since the absolute nullity is ordered against Decree 26750-MINAE, and in accordance with numeral 171 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), this declaration shall have erga omnes effect, purely declaratory and retroactive to the date of the act, without prejudice to rights acquired in good faith, for which reason this Court must reaffirm in this judgment said effects and also, determine that, having modified the annulled Decree Article Two of the Regulations to the Hydrocarbons Law (Decree 24735 published in La Gaceta No. 230 of December 4, 1995) and having repealed Title X of said Regulations, which included Articles 266 to 283, these same articles, given the nullity decreed in this judgment, would re-establish their validity. The foregoing, of course, once this judgment becomes final, which must be published in its entirety in the official gazette La Gaceta, at the State's expense (Article 130 subsection 3 in fine of the Contentious-Administrative Procedure Code)." See more Other References: Principles 15, 16, and 17 of the Rio Declaration adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro in June 1992. Article 1.2 of the Declaration on the Right to Development adopted in resolution 41-128 of 4 December 1986 at the General Assembly of the United Nations. Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Sustainable Development Goals Text of the resolution EXPEDIENTE: CED90332- ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre59020 DEMANDADO: EL ESTADO COADYUVANTE PASIVO: MALLON OIL COMPAÑY S.A. 128-2017-V. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, at eleven hours on the fourth of December of two thousand seventeen. Proceso de conocimiento filed by Nombre59020, of legal age, divorced, biologist, resident of San Pablo de Heredia and holder of identity card CED87771, represented by Denis Rubie Castro, of legal age, attorney, bar number CED90333, against EL ESTADO, represented by Alonso Arnesto Moya, of legal age, attorney, resident of San José, holder of Costa Rican Bar Association card number 9674, in his capacity as Procurador, together with the passive coadjuvant MALLON OIL COMPANY, SUCURSAL COSTA RICA, represented by its Generalísimo Attorney-in-Fact Pedro Oller Taylor, of legal age, married once, attorney, resident of Santa Ana and holder of identity card CED90334, represented by Mariano Mercado Castro and Roberto Esquivel Cerdas, both of legal age, attorneys in their capacity as Special Judicial Attorneys-in-Fact. RESULTANDO 1.- That the plaintiff filed its claim on 6 July 2011, and requested the following be declared: "...I. This administrative contentious action is granted. II. That Decreto Ejecutivo # 26750-MINAET of 27 February 1998 is null and ineffective. III. In the event that the State's representation opposes this action, I request that it be ordered to pay both costs of this action." The indicated claims were ratified in the preliminary hearing on the eleventh day of January 2013, and read to the parties during the oral trial hearing, and again confirmed by the plaintiff. 2.- That by resolution dated sixteen August two thousand eleven, the claim was served, and the State's representative responded in the negative. It raised the defenses of Expiration of Action (Caducidad), Res Judicata (Cosa Juzgada), Failure to Join a Necessary Passive Litis Consortium (Falta de Integración de litis consorcio pasiva necesaria), Lack of Present Interest (Falta de Interés Actual), and Lack of Right (Falta de Derecho). (Folios 75 to 131 of the main file). 3.- That the Processing Judge of this court in resolution number 933-2012 of 11:20 hours on 29 May 2012, resolved to reject the preliminary defense of Necessary Passive Litis Consortium and also admitted the company Mallon Oil Company, Sucursal Costa Rica as a coadjuvant (Folios 479 to 482 of the judicial file). The State's representation filed on 5 June 2012 an Appeal against the resolution that declared the defense of Litis Consortium without merit, and the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, in resolution 604-2012 of 11:05 hours on 5 October 2012, confirmed the appealed resolution (Folio 501 of the judicial file). 4.- That in the preliminary hearing held on the eleventh of January 2013, regarding the defense of Res Judicata (Cosa Juzgada), the Processing Judge of this Tribunal by resolution No. 45-2013 of nine hours forty-two minutes on that date, ordered: "POR TANTO: The preliminary defense of Res Judicata (Cosa Juzgada) raised by the State's representation is declared without merit." (Folio 503 verso of the judicial file - see detail at nine hours forty-two minutes of the preliminary hearing recording. Minute sheet at folio 503 of the main file). 5.- That the respective preliminary hearing was held starting at eight hours thirty-seven minutes on the eleventh day of January 2013, with the attendance of all parties. In it, documentary evidence was admitted. (See record at folios 503 and 504 of the judicial file). 6.- That on the twentieth day of May two thousand thirteen, the public oral trial was held in this matter, with the presence of the parties. (See record at folio 520 of the judicial file). 7.- That by judgment no. 058-2013-V of 8 hours 10 minutes on 12 June 2013, the claim was granted. 8.- That in accordance with the cassation appeal filed by the defendant, by vote 0028-2016 of nine hours and forty-five minutes on the twenty-eighth of January of two thousand sixteen, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolved as follows: "By majority, the appeal is granted. The contested judgment is annulled. A new public oral trial is ordered, before a different Tribunal. Remit this matter to the corresponding processing judge to set a new hearing date. Notify this judgment to the Dirección Ejecutiva for appropriate purposes." 9.- That on the fifteenth day of December two thousand sixteen, a new public oral trial hearing was held with the presence of the parties. In it, the parties were heard and the offered testimonial evidence was presented. Finally, the process was declared as complex processing. 10.- That by order of eight hours on the eleventh of January two thousand seventeen, the following was resolved: "Whereas by resolution of thirteen hours and twelve minutes on the twentieth of August two thousand fourteen, the Sala Constitucional admitted the unconstitutionality action number 14-012592-0007-CO filed by Asociación Nacional de Empleados Judiciales, against the first paragraph of article 34, article 40, and transitory provision III, all, of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley number 8508, considering them contrary to the principles of legal certainty, reasonableness and proportionality, and progressivity of social rights, and to article 34 of the Constitución Política, and since in the present process, as part of its defense, the State's representation ratified in the trial hearing the expiration of the plaintiff's right of action (caducidad del derecho de acción), based on the application of the indicated transitory provision, in accordance with article 82 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and based on what was resolved in the indicated order of the Sala Constitucional, taking into consideration that the principle of preservation of procedural acts already performed applies and that the trial hearing was recorded in audio and video, so no grounds for nullity are evident, the issuance of the judgment is suspended until there is a constitutional ruling on the norms challenged in that venue." 11.- That the unconstitutionality action 14-12592-007-CO was already resolved by vote 2017-015945, of eleven hours forty minutes on the fourth of October of two thousand seventeen, whose operative part was duly published in Boletín Judicial No. 201 of 25 October, No. 202 of 26 October, and No. 203 of 27 October, all of 2017.- 12.- That the file was again assigned to the Reporting Judge for the issuance of the final judgment on the 28th day of November of the current year. 13.- That in the proceedings before this Tribunal, no nullities requiring correction have been observed, and the judgment is rendered within the period established for this purpose by numeral 111.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. After deliberation and by unanimity.- Drafted by Judge Nombre113118, with the affirmative vote of judges Nombre113722 and Nombre12754, CONSIDERANDO I.- On the theory of the case of the plaintiff and its main reasoning: That from a review of the claim, the plaintiff bases its claims on the following arguments: 1. That Decreto Ejecutivo No. 26750-MINAE of 27 February 1998 is null, considering that the President of the Republic José María Figueres Olsen and Minister René Castro Salazar issued it contra legem (against the law) and with misuse of power (desviación de poder), repealing Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (Placa21119 of 29 September 1995), which regulated the performance of environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental, EIA) for the exploration and exploitation of hydrocarbons. 2. That article 266 of the repealed regulation established the contractor's obligation to have an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EIA) prior to the signing of the award instrument, a study that it had to update periodically. 3. That the decree being challenged divided the EIA into two phases in accordance with the progress of activities, the first stage being prospecting (prospección) and the second intensive exploration. That the approval of phase I of the EIA will be an indispensable and sufficient requirement for the award instrument to become final. It states that the first phase does not imply high-impact activity, so developers provide as an EIA only preliminary descriptions of the exploratory activities to be carried out in that stage, without delving into the environmental impacts that the oil project as a whole will produce, nor the procedures for their mitigation during execution or recovery actions. 4. That the "last two" cases processed under that regulation, the cases of MKJ Xplotation Inc. and Mallon Oil, which presented a marine seismic reflection geophysical study in the first case, and Mallon Oil presented a document called: "Project for the compilation and analysis of information for phase I of oil prospecting (prospección) in the Huetar Norte and Huetar Atlántico region of Costa Rica," which it considers to be a simple office-based activity (actividad de gabinete) to analyze existing regional scientific information. 5. That neither of the two documents comprises the environmental evaluation of the oil activity itself, and with this, in application of the contested decree, both companies maintain that the State was obligated to permit the execution of the concession contract in the case of the company MKJ and to sign a concession contract with Mallon Oil. 6. That officials Figueres and Castro used their legitimate powers to carry out a discretional administrative act supposedly for a public purpose (environmental protection), but with evident misuse of power (desviación de poder) by weakening and disapplying the State's environmental controls in the private interest of the oil companies, allowing them to demand the signing of concession contracts without the correlative obligation to have the necessary prior approval of the comprehensive and complete EIA. 7. That the contested regulation causes a very serious environmental risk to the country, in violation of the public interest, since oil activity is historically linked to serious accidents causing irreversible ecological damage. 8. That the contested decree deregulated or made more flexible the environmental controls of oil activity in Costa Rica. 9. That the decree is contrary to articles 2, 31 subsection f) and 41 of the Ley de Hidrocarburos; 50 of the Constitución Política; 14 subsection 1 of the Convention on Biological Diversity; the preventive and precautionary environmental principle; article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente; all of which require the prior submission and approval of the EIA before starting activities that cause environmental impact. 10. That the Sala Constitucional had already ruled before the enactment of decree 26750 in judgment 6240-93 when hearing a facultative consultation on the draft of the Ley de Hidrocarburos, a position that was reiterated by the same Chamber in judgment 1221-2002 subsequent to the contested decree, when it established the partial unconstitutionality of article 41 of the Ley de Hidrocarburos. 11. That in cases of oil exploration and exploitation, such as vote 205-2010, the Sala Constitucional has reiterated its position on the mandatory nature of the EIA. 12. That after the contested decree, the Ley de Biodiversidad was approved, whose article 94 indicates that the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) must be carried out in its entirety even when the project is planned to be executed in stages, which in the plaintiff's opinion leaves no doubt as to the mandatory nature of the EIA, implying a tacit repeal due to supervening illegality (derogatoria tácita por ilegalidad sobreviniente). 13. That starting in the nineteen nineties, the ethic of environmental responsibility emerged strongly, incorporating content from the Rio Declaration, the country ratifying the Convention on Biological Diversity and other important international legal instruments; additionally, article 50 of the Constitución Política was reformed, introducing the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, giving rise to the environmental doctrine and constitutional jurisprudence and the domestic enactment of legislation such as the Ley Orgánica del Ambiente and the Ley de Biodiversidad. 14. That the President of the Republic Pacheco de la Espriella, in his inaugural speech for his term of office on 8 May 2002, established an indefinite moratorium on all oil exploration activity. 15. That the company MJK, known as Harken, using the contested regulation, achieved the signing of the concession contract for the exploration and exploitation of hydrocarbons in Costa Rica on 12 August 1999, corresponding to oil tender 1-97, Nombre3456 having approved for that purpose only the marine seismic reflection geophysical study covering 507 km of surface area used in the first phase of prospecting (prospección), for which only an environmental guarantee of $7,995 was requested from the company, without this corresponding to the real and potential risk of the oil exploration and exploitation it intends to carry out. 16. That the geophysical study is a simple academic activity to describe an exploratory procedure, which it considers is not sufficient to sign and make final a concession contract covering an area of 5,633 km2, without an EIA existing. 17. That the contract with the company Harken was suspended due to the moratorium of former president Pacheco and because Nombre3456 eventually rejected the EIA submitted after the contract was signed, which caused that company to accuse the State of breach of contract, claiming compensation of $57 billion, which reaffirms the warning of the Sala Constitucional since 1993. 18. That by resolution No. R-105-MINAE published in official gazette No. 73 of 13 April 2000, oil concession No. 2 was awarded to the company Mallon Oil for the exploration and exploitation of blocks 5, 6, 7, 8, 9, and 10 of the 27 blocks into which the country was divided, a contract which has not yet been possible to sign due to various administrative and judicial appeals by civil society and the developer. 19. That the company Mallon Oil has not presented an EIA, and what Nombre3456 reviewed and approved in its case, under the terms of the contested decree, was a document describing an office-based activity (actividad de gabinete), about which the Director of Hydrocarbons warned Nombre3456 that it does not constitute field methods such as those provided for in article 1 of decree 26750. 20. That nonetheless, it states, the company is pressuring through political and legal means to oblige the government of Costa Rica to sign the concession contract. Finally, it indicates that these two cases are the practical result of the application of the contested decree. II.- On the theory of the case of the State and its main reasoning: That from a review of the response to the claim, the defendant bases its opposition to the claims on the following arguments: 1. That the questioned administrative action is protected by article 16 of the Ley General de la Administración Pública concerning technical and scientific parameters and adhering to the principles of reasonableness and proportionality. 2. That it is true that the Poder Ejecutivo, comprised of then President José María Figueres and the Minister of Ambiente y Energía René Castro, enacted Decreto Ejecutivo 26750-MINAE on 27 February 1998, and that this repealed Title X of the regulation to the Ley de Hidrocarburos, but it denies that the decree challenged here eliminates "contra legem" the obligation of developers to present an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to signing the contract, since what was done was to divide the study into two stages, so that the information on environmental impacts and mitigation measures is consistent with the work actually carried out on the ground. 3. That this situation, as indicated by the Colegio de Geólogos, far from causing environmental damage, ensures that the implementation of the exploitation project adjusts to environmental needs according to each stage of the process. 4. That given the peculiar characteristics of a hydrocarbon exploration-exploitation project, it is not viable to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) in areas where either no activities will be carried out or the level of knowledge to do so is lacking. 5. That it rejects that the purpose of the decree is to make the contractual authorization of concessions more flexible, disapplying the State's mandatory environmental control, which it considers to be subjective assessments by the plaintiff not supported by suitable evidence. 6. That the purpose of the decree in question, expressed in the considerandos included within it, was aimed at fulfilling the legal and constitutional obligations of environmental protection by establishing a procedure for the assessment of the environmental impact of the activities as they are developed. 7. That it does not admit that officials Figueres Olsen and Castro Salazar acted with misuse of power (desviación de poder), as this is an assessment and not a fact, and furthermore, the accusation is made without providing any type of evidence. 8. That it is not true that the EIA is relegated to the second phase, since the decree is clear in requiring an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for phase I of prospecting (prospección); indeed, the Sala Constitucional in judgment 205-2010 referred to this, indicating that the phase I study is a true EIA and that it is sufficient to begin the prospecting phase, with additional ones being required as the works progress. 9. That the plaintiff does not prove that in all other countries where oil activity is developed, all companies are required to have a comprehensive EIA that covers, from the very beginning, an assessment of all eventual stages. 10. That there is no international norm requiring the completion of an EIA for activities that do not produce an environmental impact, such as the first stage of prospecting (prospección) for a hydrocarbon exploration and exploitation concession. 11. That the decree obliges concessionaires to present more than one EIA, which translates into greater environmental requirements and oversight than if only one were presented. 12. That it does not admit the alleged supervening unconstitutionality, as it is a subjective comment that has not been raised before the Sala Constitucional by virtue of the jurisdiction derived from article 10 of the Constitution, and furthermore indicates it is a conjecture by the plaintiff not grounded in law. 13. That the contested norm is in line with science and technique, as explained by the Colegio de Geólogos in the report it rendered on the matter. 14. That the plaintiff makes a biased reading of resolution 205-2010 of the Sala Constitucional by failing to mention that, contrary to what it insinuates, that Chamber expressly points out that requiring the EIA for phase I is consistent with the precautionary principle. 15. That it is true that the Poder Ejecutivo signed a hydrocarbon exploration and exploitation contract with the company MKJ Xploration Inc. on 12 August 1999, which it considers has no relevance for this process, as these are consolidated legal situations, regarding which there is no petition from the plaintiff, except for supervening unconstitutionality, and that in any case, the action would have expired due to the passage of time. 16. That in that case, an EIA was required, which was presented and approved by Nombre3456, so the requirement was duly met. 17. That it denies that there is an international commercial arbitration in which the company MKJ seeks to sue the State of Costa Rica internationally; that while an intention to arbitrate was presented some years ago, it was withdrawn by the same company, so none currently exists. 18. That it awarded to the company Mallon Oil the oil exploration and exploitation of blocks 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the contract has not yet been signed, but that these facts are not related to the claims in this proceeding, as the award to that company was not challenged by the plaintiff, nor could it be due to the time elapsed since the award date of 13 April 2000. 19. That it alleges the Expiration of Action (CADUCIDAD), insofar as it indicates that decree 26750-MINAE was signed on 27 February 1998 and published in Diario Oficial No. 53 of 17 March 1998; it is an act that became final before the enactment of the CPCA, and in accordance with transitory provision III of that code, the nullity regime for administrative acts would be the regime in force at that date, i.e., for the case, article 20 of the LRJCA in relation to article 175 of the LGAP, whereby the expiration (caducidad) period is four years. 20. That in accordance with precedents of the same Tribunal Contencioso and the Sala Primera, to challenge an act of a general nature, the process must be filed within the four-year period established in numeral 175 of the LGAP; it even indicates that the expiration (caducidad) would be applicable under the current regulations. 21. That the plaintiff does not challenge any individual application act that is within a valid challenge period for the purposes of its claim not being expired. 22. That as for RES JUDICATA (COSA JUZGADA), the plaintiff alleges the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and a violation of the precautionary principle, on which the Sala Constitucional has already determined that the approval of an EIA for phase I does not violate those rights, as is evident from resolution 205-2010, for which reason it considers the claim must be declared inadmissible. 23. That there is LACK OF PRESENT INTEREST (FALTA DE INTERÉS ACTUAL) insofar as, by Decreto Ejecutivo No. 36693-MINAET published in Diario Oficial on 19 August 2011, the Poder Ejecutivo decreed a national moratorium on oil exploitation for a period of three years, so there is no possibility of the contested articles being applied. 24. That a present interest is a necessary prerequisite for the issuance of a judgment, as indicated by the Sala Primera in resolution No. 900-S1-2011; thus, resolving the matter is not useful for protecting the right allegedly harmed, as there is no possible scenario in which the application of the questioned decree could be considered. 25. That it alleges LACK OF RIGHT (FALTA DE DERECHO), considering that the plaintiff starts from two mistaken premises: first, that decree 26750 does not require an EIA prior to the award of hydrocarbon exploration and exploitation, and second, that the environmental study methodology proposed by the decree does not allow for proper environmental protection. III.- On the theory of the case of the coadjuvant and its main reasoning: That from a review of the response to the claim, the coadjuvant bases its opposition to the claims on the following arguments: 1. That it is not true that the contested decree is tainted by illegality due to misuse of power (desviación de poder). It indicates that the plaintiff's approach stems from ignorance of oil activity and that the thesis pursued in the claim is nonsensical and lacks logic, and does not occur anywhere in the world. 2. That in the case of its client, the completion of an EIA for a quarter of the national territory would be required, which is technically impossible and financially disproportionate, which would be causing excessive disruption to the environment, absolutely unnecessary. 3. That in hydrocarbon exploration activity, by its nature, the earlier stages progressively determine and condition the characteristics of the subsequent stages, including the geographical locations where field activities will consequently be carried out, within the granted concession area. 4. That the contested decree created a way to adapt the regulations, which the plaintiff confuses with a false flexibilization of environmental control. 5. That at no time does the decree exempt companies from their obligation to carry out an EIA; it simply indicates different times to do them, nor does it authorize the signing of a contract without the completion of an EIA, but rather it is requiring that these be done at each stage of the exploratory and exploitation processes, instead of doing just one that could be very general and technically imprecise. 6. That at the moment of signing the contract, neither the State nor the company know beforehand the locations within the concession area where all field activities will be carried out, which is why it considers that the decree correctly, from a technical standpoint, divides the exploratory activity into two phases: prospecting (prospección) and intensive exploration. 7. That the Sala Constitucional itself has considered it appropriate to protect the environment using a funnel-type analysis, i.e., by stages. IV.- On the object of the process: In accordance with the parties' arguments and the reasoning at trial, this Tribunal considers that the object of the process shall be to determine the possible existence of defects of absolute nullity in the administrative conduct challenged. V.I.- On the proven facts: Of relevance for the resolution of this matter, the following facts are considered proven: a.- That Costa Rica is divided into blocks for oil exploration purposes (testimonial declaration of Nombre114232) b.- That the challenged administrative conduct divided the completion of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) necessary for oil exploration. (testimonial declaration of Nombre114232 and Allan Astorga Gatgens) c.- That the concession becomes final with the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) of the prospecting (prospección) phase. (testimonial declaration of Nombre114232 and Allan Astorga Gatgens) d.- That prospecting (prospección) is different from oil exploration. (testimonial declaration of Nombre114232 and Allan Astorga Gatgens) e.- That all stages related to oil prospecting, exploration, and exploitation have different impacts on the environment. (testimonial declaration of Nombre114232 and Allan Astorga Gatgens) f.- That prospecting (prospección) may involve office-based (de gabinete) or field activities. (testimonial declaration of Nombre114232 and Allan Astorga Gatgens) g.- That it is indeed feasible to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the entire area subject to prospecting (prospección) and subsequent exploration. (testimonial declaration of Nombre114232) V.II.- On the non-proven facts: The following facts of importance are considered not proven: 1) That carrying out a single or complete environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) from the beginning of the stages of a concession for the exploration and exploitation of hydrocarbons is very onerous from the standpoint of a company engaged in oil exploration and exploitation, and unnecessary. (This circumstance has not been proven). 2) That the challenged administrative conduct is more favorable to the environment than the regulatory norms it repealed. (This circumstance has not been proven) 3) That there was material and/or technical impossibility for conducting a comprehensive environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) from the beginning for the exploration and exploitation of hydrocarbons. (This circumstance has not been proven) 4) That oil prospecting (prospección) or exploration in the marine area does not involve risks of environmental impact. (the record) 5) That the content of the questioned administrative conduct is based on technical and scientific criteria and parameters. (there is no evidence to that effect) 6) That due to the implementation of the repealed Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, any environmental risk was ever presented in the country. V.III.- On the alleged expiration (caducidad): The State's representation argues the expiration (caducidad) in this case, based on the fact that the contested Decree was published in Diario Oficial No. 53 of 17 March 1998, and that since it is an act that became final prior to the enactment of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the applicable law is that in force at that date, i.e., article 175 of the Ley General de la Administración Pública which established a four-year period, and since in this instance no individual application act is challenged, by the date of filing the claim, the applicable four-year period would have already expired. In this regard, it is the criterion of this Tribunal that the representation of the defendant is not correct. As can be seen from the text of the questioned norm, it does not have instantaneous effects, but is characterized by having a continuous nature. That being the case, said administrative conduct may be challenged as long as it continues to produce effects and, therefore, the claim is admissible for purposes of its annulment and future inapplicability, with a time limit to file the proceeding starting from the cessation of the respective effects. For greater clarity, it must be taken into consideration that we are in the presence of an administrative act of a general nature, namely an executive decree (decreto ejecutivo), which may be challenged as long as its effects prevail. Since the same purports to regulate the subject of oil exploration, which, if the effects of the act persist, may be carried out at any time and not instantaneously, it is evident that we fall within said scenarios. Although currently Article 40 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) regulates expiration (caducidad) in the sense set forth, the truth is that, with the legislation previously applicable to this jurisdiction by provision of Transitorio III of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), it is possible to reach the same conclusion regarding the theory of continued effects, since subsection 21.2 of the Law Regulating the Contentious Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa) provided as follows: "Article 21.- 1. The contentious-administrative action shall not be admitted regarding: a) Acts expressly consented to or because they were not challenged in a timely and proper manner, those that are reproductions of other prior definitive or final acts, and confirmatory acts of consented acts; and b) Resolutions that terminate the administrative proceeding as a prerequisite to the judicial proceeding. 2. In any case, a challenge shall be admitted against the acts referred to in subsection a) of the preceding paragraph, when they are null and void ab initio (nulos de pleno derecho) and are producing effects; but this solely for the purposes of their annulment and future inapplicability." (emphasis added). In the case under review, we are in the presence of an act of general scope that requires no specific conduct for its direct application, whereby the same was signed on February 27, 1998, and published in the Diario Oficial on the following March 17, and as such has been in effect and has continued to produce effects. Finally, it must be taken into account that, in the instant case, a fundamental right is involved—a healthy and ecologically balanced environment—which by its nature would not be subject to expiration (caducidad) or statute of limitations (prescripción) time limits—without prejudice to the provisions of Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) on that subject. Consequently, the rejection of the expiration (caducidad) objection raised must be ordered. V.IV.—General considerations regarding environmental protection: The right of all inhabitants of the Republic to a healthy and balanced environment, as one of the so-called third-generation rights, was duly incorporated as a second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, in accordance with Law No. 7412 of June 3, 1994, which establishes the following: "Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe that right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Prior to the approval of this constitutional reform, our Constitutional Chamber (Sala Constitucional) had already established the protection and preservation of the environment as a fundamental right, deriving it from the right to health extracted from Article 21 of the Political Constitution and from Articles 69 and 89 thereof, related to the State's protection of natural beauties (bellezas naturales) and the rational exploitation of the land. In this line of thought, ruling 6240-93, at fourteen hundred hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three, stated the following: "V.)—Human life is only possible in solidarity with the nature that sustains and supports us, not only for physical sustenance, but also as psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in a pollution-free environment, which is the foundation of a just and productive society. It is thus that Article 21 of the Political Constitution states: «Human life is inviolable.» It is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being unquestionably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and to the State's obligation to protect human life. Likewise, from a psychological and intellectual standpoint, one's state of mind also depends on nature, so when the landscape becomes a useful space for rest and leisure, its preservation and conservation is an obligation. This last aspect is protected in Article 89 of the Constitution, which literally states: «Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties (bellezas naturales), to preserve and develop the Nation's historical and artistic heritage, and to support private initiative for scientific and artistic progress.» To protect nature from an aesthetic standpoint is not to commercialize it or transform it into merchandise; it is to educate the citizen to learn to appreciate the aesthetic landscape for its intrinsic value" (judgment number 3705-93, at fifteen hundred hours on July thirtieth, nineteen ninety-three). "XIII.—The term 'natural beauties' (bellezas naturales) was the one used at the time the Constitution was enacted (November 7, 1949), which has today developed into a legal specialty: environmental law, which recognizes the need to preserve the surroundings not merely as a cultural end, but as a vital necessity of every human being. In this sense, the concept of the right to a healthy environment surpasses recreational or cultural interests that are also important aspects of life in society, and in addition constitutes a capital requirement for life itself. [...] Thus, it is clear that there is no longer any doubt regarding the constitutional protection of the right to health derived from the right to life and thereby a right to a healthy environment. By way of example, we can cite judgments 1580-90; 1833-91, 2362-91; 2728-91; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and to a healthy environment as an individual constitutionally protected right." Subsequent to the approval of the aforementioned constitutional reform, our Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has come to deepen these concepts, indicating in its ruling No. 2007-018044 at nine hours and forty-one minutes on December fourteenth, two thousand seven, among others, the following: "Protection of the environmental right, a State duty. Starting from the reform of Article 50 of the Constitution, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, it was also established—in conclusive terms—the State's obligation to guarantee, defend, and safeguard this right, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is pursuant to this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a tutelary and governing function in this matter was derived, as provided by the constitutional norm under comment itself, a function that is developed by environmental legislation. It is thus that the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. "Prima facie, guarantee means to secure and protect the right against any risk or need, defend means to ban, prohibit, and impede any activity that threatens the right, and preserve is an action directed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on the one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing measures that allow compliance with the constitutional requirements" (judgment number 9193-2000, at sixteen hours twenty-eight minutes on October seventeenth, two thousand). ... the control and oversight (fiscalización) of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State according to the provisions of Article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is relevant, in the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is in harmony with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Powers of the State from delegating the exercise of functions that are inherent to them, especially when they constitute essential ones. In this way, regarding environmental protection, the functions of governance (rectoría), control, and oversight (fiscalización) of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative agencies." (emphasis added). It is thus that, based on Article 50 of the Constitution, the protection of the environment is a duty of the State, and the exercise of control and oversight (fiscalización) measures in said matter is the materialization of the mandate of the norm, when it states that "The State shall guarantee, defend, and preserve that right," given that it imposes mandatory compliance behaviors for the protection of the correlative right of citizens. In the international sphere, it is also necessary to refer to various international instruments oriented toward the same objectives; among them, we can identify Principles 15, 16, and 17 of the Río Declaration adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, held in Río de Janeiro in June 1992, which provided: "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." "National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment." "Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority." Furthermore, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights in its Article 11 establishes: "Right to a healthy environment. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." Additionally, the Stockholm Declaration on the Human Environment provided in this regard: "Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." Complementarily, mention cannot be omitted of the Convention on Biological Diversity approved by Law 7416 of June 30, 1994, Article 1.2 of the Declaration on the Right to Development adopted in Resolution 41-128 of December 4, 1986, at the General Assembly of the United Nations Organization, and the Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties (Bellezas Escénicas Naturales) of the Countries of America, approved by Law 3763 of October 19, 1976, among others. Already within the legislative field, a series of legislation has been enacted, for example, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), as other normative pillars in matters of protection of the right to a healthy environment, in that they establish compliance with a series of duties for both the State and citizens, with the complementary application of a series of novel interpretative criteria. Specifically, in the case of Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), it provides preventive and precautionary criteria in the matter. Thus, the norm provides the following: "Criteria for applying this law. The criteria for applying this law are: 1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criterion: When there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures. 3.- Criterion of environmental public interest: The use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, conservation of ecosystems, protection of human health, and improvement of the quality of life of citizens. 4.- Integration criterion: The conservation and sustainable use of biodiversity shall be incorporated into sectoral and cross-sectoral plans, programs, activities, and strategies, so that they become integrated into the development process." The indicated obligations are especially marked in the case of public entities, as indicated by Article 45 of the aforementioned Law, when it states: "Responsibility in matters of environmental safety The State has the obligation to avoid any risk or danger that threatens the permanence of ecosystems. It must also prevent, mitigate, or restore environmental damages that threaten life or deteriorate its quality. The civil liability of the holders or those responsible for the management of genetically modified organisms for the damages and losses caused is established in the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), the Civil Code, and other applicable laws. Criminal liability is prescribed in the existing legal framework." In accordance with the foregoing, it is evident that the protection of the environment is of a public interest nature and, as a consequence thereof, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has repeatedly ruled in relation to the so-called precautionary principle and its scope, as can be seen from the citation below, which in what is relevant states: "ORIGIN, CONTENT, AND SCOPE OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE. The precautionary principle, from its origin, takes into consideration the fallibility of human understanding and the possibility of making mistakes. In the latter half of the 1970s, the federal government of Germany enunciated the principle 'Vorsorgeprinzip,' indicating that 'an environmental policy is not fully consolidated merely by eliminating imminent dangers and repairing damage that has occurred. A precautionary environmental policy also requires that natural resources be protected and that demands on them be handled with care,' having used it to justify the implementation of policies against acid rain and pollution of the North Sea. The principle appears on the international stage with the North Sea Treaties (Declarations of Bremen 1984, London 1987, Den Haag 1990, and Esbjerg 1995). Thus, the Declaration of Bremen of 1984 (First International Conference on the Protection of the North Sea) refers to the need to adopt timely preventive measures given the insufficient level of knowledge. Subsequently, in the Declaration of London of 1987 (Second International Conference on the Protection of the North Sea), the principle was proclaimed to safeguard the ecosystem of the North Sea through the reduction of polluting emissions of substances that are persistent, toxic, and liable to bioaccumulate at the source, through the use of the best available technology and other appropriate measures. An option that would be of special application when there is reason to presume that such substances may cause some damage or harmful effects to living marine resources, even when there is no scientific evidence proving the link between the emissions and the effects (principle of precautionary action). This latter declaration provided that '(…) a precautionary approach is necessary that may require the adoption of measures (…) even before a causal relationship has been established by absolutely clear scientific evidence (…)'. Subsequently, the principle is collected in various multilateral treaties and international declarations such as the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer of 1987, the Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE Region adopted by representatives of European countries and Canada in 1990, the Convention on Biological Diversity of 1992, the Framework Convention on Climate Change of 1992, the Treaty on European Union of 1992, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic of 1992, the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1994, the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO) of 1994, the Washington Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities of 1995, the London Convention on Dumping at Sea, originally from 1972, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity of Montreal in 2000, the Cartagena Protocol on Biosafety of 2000, and the European Union Communication on the Precautionary Principle of 2000. Similarly, the precautionary principle rapidly assumed a general focus—including natural resources, ecosystems, the fishing and forestry sectors, and biological diversity—and not merely limited to toxic substances. Thus, the Declaration of Bergen (1990) indicated that 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation.' Likewise, the Río Declaration on Environment and Development (June 3-14, 1992), in its Principle 15, provided the following: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' It is thus that the precautionary principle acquired, even, an ethical dimension—of science and technology—that guides the environmental, health, trade, food safety, and, in general, sustainable development policies of States. Despite the halo of uncertainty that exists in defining or conceptualizing the precautionary principle, from a general perspective, it imposes that when environmental risks are uncertain, unforeseeable, and not negligible, an omission or regulatory inaction is unjustified. Simply put, the sum of a state of scientific or technological uncertainty—due to the lack, insufficiency, or inadequacy of the available scientific information and knowledge concerning the causation, magnitude, probability, and nature of the harm—and the possibility or threat of eventual serious and irreversible damage equals or must be equivalent to a precautionary or anticipatory action, the content of which may even include the prohibition or elimination of certain products, activities, or substances. The foregoing presupposes an objective assessment of the risk and the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action in light of the available scientific evidence that allows concluding that it is insufficient, absent, or inadequate, so that the precautionary principle cannot justify the adoption of arbitrary and potentially discriminatory measures. On the other hand, the application of the precautionary principle does not imply a fossilization of the state of affairs in effect at the time of adopting the pertinent actions that prevents progress and innovation, since intervention or restriction measures must remain in effect as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of harm is serious and irreversible, and therefore they are subject to periodic review in light of scientific progress. Likewise, when establishing restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems do not have the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, and therefore seeks to anticipate damage and protect human health and the environment. (…)." (Resolution No. 17747-2006, at 14:37 hours on December 11, 2006). In the foregoing line of thought, ruling 474-2005 at 11 hours 20 minutes on October 12, 2005, of the Second Section of the Contentious Administrative Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo), makes reference to a series of interpretative criteria to be followed in environmental matters in the following manner: "(…) To the foregoing it should be added that, in tune with the most modern doctrine and the environmental principles in vogue, Costa Rican legislation—among which are the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), to cite only the most recent—collects a series of interpretative criteria, such as the preventive, the precautionary or in dubio pro natura, that of environmental public interest, and that of integration. Of these, the first two are especially significant, and regarding them the following has been indicated: '…One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or that of prudent avoidance. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Río Declaration, which literally indicates "Principle 15.—In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In the domestic legal framework, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, collects the following principles as hermeneutical parameters: "1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criterion: When there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures." In Ruling of this Chamber No. 1250-99 at 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 at 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 at 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 at 14:14 hours on July 3, 2003), this Court considered the following: "(…) Prevention seeks to anticipate the negative effects and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible affectation of the environment or the health of persons. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already been produced, the repression may have a moral transcendence, but will hardly compensate for the damages caused to the environment." Subsequently, in Ruling No. 3480-03 at 14:02 hours on May 2, 2003, this Court indicated that "Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment." In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle presupposes that when there are no studies or reports carried out in accordance with the univocal and exactly applicable rules of science and technology that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be carried out on the environment, or when these are contradictory to each other, the entities and bodies of the central and decentralized administration must abstain from authorizing, approving, or allowing any new or modification application, suspend those that are underway until the dubitative state is cleared up, and, in parallel, adopt all measures tending to their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation" (Constitutional Chamber [Sala Constitucional], judgment 2004-1923, already cited).—The foregoing allows affirming that in the instant case, a preponderant public interest is indeed at stake, which is manifested in the need to protect water resources, with all the means at the country's disposal, and through the imposition of reasonable and pertinent measures to prevent their deterioration or contamination (…)".—In accordance with the foregoing norms and citations, it can be determined that the analysis of any case related to environmental matters must not ignore the existence of the analyzed principles, as they are guiding principles in the exercise of public function and the actions of private parties, and are implicit in the constitutional norm and the law of the Constitution itself. The treatment, then, of subjects related to environmental matters cannot avoid using the aforementioned as sources, and thus one must transcend the common analysis of the situation, so that in every decision the sui generis principles established above shall gravitate as the origin of administrative acts. In the specific case of the judicial function in contentious-administrative matters, however, the use of the indicated norms must be integrated into the principle of legality itself and the verification of the principles and norms specific to administrative law. Neither can be analyzed independently; neither must be ignored; both must be integrated into the analysis proper to the Judge. It is evident that both the original and derived constitutional framers, as well as the legislator, have given special emphasis to the protection of the environment, yet without ignoring the duties entrusted to the contentious-administrative jurisdiction as verifiers of the legality of administrative action. Additionally, what has been established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) itself regarding the State's obligations in this matter cannot be ignored. Thus, ruling number 2010-14180 at 14:35 hours on August 25, two thousand ten, stated: "... III.—State obligations in environmental matters. The aforementioned Article 50 of the Constitution gives rise to the guarantor character held by the State for the conservation of a healthy and ecologically balanced environment. This obligation implies, in the terms the Chamber has stated on other occasions such as in judgment number 2001-13295 at twelve hours six minutes on December twenty-first, two thousand one, among others: '...that the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment. Although the pronouncement of the state agency in charge is in itself a technical matter, the duty to pronounce and the requirement for rigorousness is a legal matter. In general terms, the state duty to guarantee the right to a healthy environment is not reduced to satisfying a simple formal requirement within the bidding process. The Constitution does not require merely compliance with certain formalities, but rather the use, as stated, of all legally and factually possible means to preserve the environment.” (see in the same vein resolution number 05906-99 of sixteen hours fifteen minutes of July twenty-eighth, nineteen ninety-nine). A duty that, as recognized by that same judgment, falls with greater specificity upon the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), the respondent here: “The environmental concern of the Ministry of Environment and Energy is reduced practically to environmental impact studies, the approval of which is in the hands of SETENA. That is, upon Nombre3456 falls the entire duty of the State to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, as indicated in Article 50 of the Constitution. In the face of such an important responsibility, it would be reasonable to expect the technical and administrative strength of the responsible body.” (see judgment number 2001-13295 of twelve hours six minutes of December twenty-first, two thousand one). It is in this sense that, in environmental matters, any omissive conduct by the State that results in a deterioration of environmental conditions is especially serious (as can be deduced from judgments number 9735-00 of nine hours six minutes of November third, two thousand, and number 1645-02 of eleven hours four minutes of February fifteenth, two thousand two, among others). It is for the foregoing reason that this complementary analysis must be carried out in the present resolution.- V.V.- General considerations regarding the nullity of the administrative act: The Public Administration manifests itself fundamentally through the issuance of legal acts, understood as declarations of will, judgment, or knowledge capable of producing a legal effect vis-à-vis third parties, for the purpose of causing the creation, modification, or extinguishment of rights or duties on the part of the administered parties. Such administrative acts appear in our legal system as the clearest exercise of the administrative function, and for that reason, our General Law of the Public Administration (Ley General de la Administración Pública) requires that they possess a series of constitutive elements, both formal and material, for their full validity and effectiveness. As formal elements of the administrative act, we find the competence of the body responsible for its issuance, as well as the investiture and standing (legitimación) of the public servant issuing the act, and compliance with certain requirements in the expression of that person’s will, namely its reasonableness, proportionality, the absence of error, fraud, and duress in the will, and subjection to the rules of technique and science, fundamentally. With respect to this last aspect, for the purposes of the present resolution, what is stated in paragraph 2 of Article 130 of the General Law of the Public Administration is of special relevance, as it indicates the following: "Error shall not vitiate the administrative act but when it falls upon other elements thereof, the absence of these shall vitiate the act, in accordance with this law." In accordance with this provision, the existence of error in an administrative act may vitiate an administrative act in such a way as to imply the nonexistence of one of its elements, both formal and material. As material elements of the administrative act, the following can be identified: a) Cause (Motivo), understood as the factual and legal background and premises that support the necessity, timeliness, convenience, and legitimacy of the administrative act. b) Content (Contenido), which consists of the dispositive or declaratory part of every act. c) Public purpose (Fin público) sought with the issuance of the corresponding administrative act, as the result pursued based on the cause of the act. Specifically, with respect to the cause of the administrative act, it is necessary to note that paragraph 1 of Article 133 of the General Law of the Public Administration states that said element must "... be legitimate and exist as it has been taken into account in adopting the act." In this line of thought, Ernesto Jinesta Lobo, in the Tratado de Derecho Administrativo, Volume I, has stated the following: "... there shall be an absence of cause when the facts invoked as background and that justify its issuance are false, or when the law invoked and applied to the factual situation does not exist—e.g., if the law or regulation that supports it has been repealed, modified, reformed, or annulled as unconstitutional. The administrative act, whether regulated or discretionary, must always be based on certain, true, and existing facts, as well as on current law, otherwise the cause shall be missing..." By virtue of the cause being the background that gives rise to the administrative act, for the purposes of any analysis of a concrete situation, it is of fundamental importance, both to verify its very existence and to determine its correlation with the content of the act, in accordance with what is stated in paragraph 1 of Article 132 of the General Law of the Public Administration. Regarding the content of the act, the aforementioned Law provides: "Article 132.- 1. The content must be lawful, possible, clear, and precise, and covers all questions of fact and law arising from the cause, even if they have not been debated by the interested parties. 2. It must also be proportional to the legal purpose and correspond to the cause when both are regulated. 3. When the cause is not regulated, the content must be, even if in an imprecise manner. 4. Its adaptation to the purpose may be achieved through the discretionary insertion of conditions, terms, and modes, provided that, in addition to meeting the characteristics of the content indicated above, the latter are legally compatible with the regulated part of the same." In the foregoing line of thought, the existence and perfection of the indicated elements of the administrative act—together with those mentioned supra—are evidence of its validity and conformity with the legal system. Paragraph 1 of Article 158 of the General Law of the Public Administration indicates in this regard: "The lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, shall constitute a vice thereof." The consequence of the potential invalidity of an administrative act, whether due to the nonexistence or imperfection of one of the elements of the act, is the absolute nullity (nulidad) or voidability (anulabilidad) of the act. In this sense, Eduardo Ortiz Ortiz, in his work Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica), points out the implications of absolute nullity as follows: "i) The null act constitutes a personal fault of the acting public servant; ii) It is not presumed legitimate nor can it be executed; iii) It is intrinsically ineffective; iv) Its execution is a de facto action, against which there is possessory protection; v) Peaceful disobedience of the null act is permitted, although not resistance to it; vi) Coercive execution of the null act generates civil liability of the Administration and civil, administrative, and possibly criminal liability of the responsible public servant or servants; vii) The vice it suffers is incurable..." Therefore, it is incumbent upon the adjudicator to verify the effective existence of all the elements of the administrative act, since these will be determinative of its potential capacity to produce legal effects. The foregoing, insofar as when the plaintiff in a proceeding points out vices of nullity in a specific administrative act, the proper course is to determine whether the aforementioned elements are present in the particular case or, conversely, whether any of them is lacking, in both the formal and substantive aspects. The foregoing, always taking into consideration the specific nature of the act and the subjective legal situations generated under its protection, as a necessary premise of the referenced analysis. V.VI.- On the merits: a) Criterion of the plaintiff: The plaintiff objects to the challenged conduct, given that it considers that said conduct weakens the protection of a healthy and balanced environment, insofar as it entailed the repeal of Title X of the Regulation to the Hydrocarbons Law (Reglamento a la Ley de Hidrocarburos) (Placa21119 of September 29, 1995) and the division of the environmental impact study required in the matter into two phases. b) Criterion of the defendant and intervening party: The State representation and the intervening company invoke, in general terms, that the provisions of the challenged decree are in accordance with the technique and reasonableness characteristic of the matter. That what was done was to divide the study into two stages, so that the information on the impact on the environment and the mitigation measures are in keeping with the works actually carried out on the ground. c) Criterion of the Tribunal (Court): Having made an analysis of the evidence admitted and produced at trial, this Tribunal considers that the plaintiff is correct in its claim, for the following reasons: The plaintiff requests the absolute nullity of executive decree No. 26750-MINAE dated February 27, 1998, which literally states as follows: "THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, Using the powers conferred by Article 140 subsections 3) and 18) of the Political Constitution and Articles 27 and 28 of the General Law of the Public Administration, in relation to Chapter XXI of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and Considering: 1st—That it is essential to harmonize the environment with oil exploration processes, in order to achieve the rational use of environmental elements, to promote sustainable economic and environmental development, and adequate management of non-renewable natural resources. 2nd—That the need has been seen to have adequate legal norms so that the impact of human activities on the environment is positive. 3rd—That the creation of norms that seek adequate technological transfer and national scientific development, without detriment to the environment, should be promoted. 4th—That Article 40 of Law No. 7399: Hydrocarbons Law of Costa Rica (Ley de Hidrocarburos de Costa Rica), declares of public interest the exploration, exploitation, and transportation of hydrocarbons, and the activities and works that their execution requires. 5th—That both Article 41 of the Hydrocarbons Law of Costa Rica and Article 17 of the Organic Law of the Environment declare the need to prepare environmental impact studies for such activities, and to review and update them periodically, as progress is made in the corresponding oil exploration and exploitation works. 6th—That the logic of the development of oil exploration activities and the experience under the specific conditions of the country indicate and justify the environmental need to define the sequence of phases that comprise it. Therefore, THEY DECREE: Article 1st—For the purposes of the application of this decree, and in complement to the definition that appears in that regard in the Regulation to the Hydrocarbons Law in its Article 2, the terms mentioned herein shall have the following meanings: Oil Prospecting (Prospección Petrolera): Regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concessioned area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows for approximate assessments of the hydrocarbon potential, without implementing techniques that may produce significant environmental impacts on specific sites. Included as part of these methods are the following: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples, by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills, the application of which does not require road construction, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected, in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments); geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and those others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the use of machinery, nor the opening of trails or roads, nor exploratory drills in the terrestrial area, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments, unless there is a prior evaluation and an express authorization from the SETENA for their implementation in these activities. Intensive Oil Exploration (Exploración Petrolera Intensiva): Localized or specific evaluation in an area of a potential hydrocarbon reservoir by methods that include civil works, earthworks (movimientos de tierra), removal of vegetation cover, and other actions that allow the application of geological, geophysical, and geochemical techniques, the implementation of which represents the generation of environmental impacts on said area. The methods and/or techniques included in this phase correspond to the drilling of wells, and any other geological, geochemical, and geophysical exploration method that allows the economic value of the deposit and its characteristics to be established. The application of these techniques does require the use of heavy machinery and the application of particular equipment whose use in the field implies the opening of trails and roads, as well as the implementation of camps whose total area exceeds 200 m² in the terrestrial area and/or for 15 persons, or direct activities of installation, operation, and/or immersion of heavy equipment or machinery in marine or underwater environments. Article 2nd—The Environmental Impact Study for hydrocarbon exploration shall be divided into at least two phases, in accordance with the exploration program to be developed as activities progress. Article 3rd—The minimum phases comprising the environmental impact study referred to in Article 2 are: a) Phase I: prospecting b) Phase II: intensive exploration. Article 4th—The approval of Phase I of the environmental impact study shall be the indispensable and sufficient requirement for the adjudication act of an oil concession to be declared final, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law. Article 5th—The SETENA shall be the body responsible for establishing the terms of reference for the environmental impact study, and for its approval for each of the mentioned exploration phases, and for the exploitation of hydrocarbons, in accordance with its internal procedural guidelines. Article 6th—No concessionaire may move from Phase I to Phase II without the due environmental assessment by the SETENA, and prior request by the Dirección General de Hidrocarburos. Article 7th—Title X of the Regulation to the Hydrocarbons Law, which includes articles No. 266 through No. 283 inclusive, is repealed. Article 8th—It shall take effect upon its signature." The reproachful judgment of the plaintiff rests fundamentally on the fact that the indicated regulation repeals, as indicated in Article 7 cited above, Title X of the Regulation to the Hydrocarbons Law, which indicated the following: "TITLE X. On environmental protection. Of the Environmental Impact Study (EIA). Article 266.—The contractor shall submit, prior to the signing of the adjudication act, the EIA, which upon signing of the contract shall be updated periodically, as the works corresponding to the periods of exploration and exploitation of hydrocarbons advance, according to the provisions of Article 41 of the Hydrocarbons Law. The updating of the Environmental Impact Study shall be done every year or at the request of MIRENEM. Article 267.—In accordance with the provisions of Article 31 e) of the Law, the awardee must provide a performance bond (garantía de cumplimiento) to ensure the correct execution of the contract and the protection of the environment and natural resources. The percentage of the amount of the performance bond that corresponds to the protection of the environment and natural resources shall be recommended by the CONEIA in agreement with the DGH and shall be defined in the tender documents. Article 268.—The contractor must submit the EIA report to MIRENEM for the area subject to adjudication, as stipulated in Article 41 of the Law. The EIA is a document for the assessment (evaluación) of the environmental impact of the activity and contains aspects that require the intervention of professionals from various disciplines in Natural Sciences such as: Biology, Geology, Oceanography, Geography, Forestry Engineering, Geophysics, Agronomy Engineering, Civil Engineering, Surveying Engineering, and Chemical Engineering, among others. The EIA must be carried out by qualified technicians, in accordance with the PE standards. Article 269.—The EIA shall be submitted with nine complete copies before the CONEIA and must include at least the information and documents indicated below: A. EIA IN TERRESTRIAL ZONES. 1. Introduction. 1.1. Justification of the project: economic, financial, technical, social, and environmental objectives and scope; goals. 1.2. General information on the natural or legal person who will carry out the hydrocarbon exploration and exploitation activities. 1.3. Professional qualifications and experience of the interdisciplinary team that prepared the EIA and the contractor. 2. Project location: 2.1. General geographic description: a. Administrative territorial location (identification of block numbers, delimitation by coordinates of and its zone of influence). b. Situation in relation to the populations or cities included within the study area and its zone of influence. c. Access routes and their condition. d. Productive activities. e. Watercourses. f. Location map of the area subject to contracting at a scale of 1:200,000. g. Other aspects of interest, such as infrastructure works, transmission lines, natural geographical features, etc. h. Project activity schedule, with objectives, goals, scope, and possible future modifications. 3. A description of the project: 3.1. Methods to be used in the project, description by stages of the procedures, systems, and techniques to be implemented. 3.2. Technical requirements: means and instruments to be used. 3.3. Expected yields: volume (in the case of exploitation). 3.4. Exploration and exploitation methodology. 3.5. Updated geographic map containing hydrographic details, infrastructure, human settlements, etc., of importance. This map may be prepared taking into account the pre-operational situation of the project, at an appropriate scale to its dimensions (1:200,000 or 1:100,000). 3.6. Land-use map with updated aerial base photography, minimum scale 1:50,000. 3.7. Other aspects that this information must contain: existing access routes or changes that must be built: stabilization methods, plans, etc. Accompany this description with photographs, graphs, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphic models, flow charts, topographic profiles, activity schedules, each with the corresponding details, in addition to all other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration and exploitation project, as well as the construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Geomorphology (slopes). b. Soils. c. Climatology/air quality. d. Surface/groundwater hydrology. e. Vegetation. f. Terrestrial fauna, habitats, niches, populations, communities. g. Other ecosystems (e.g., mangroves). h. Landscape/quality. i. Promotion of natural hazards. j. Floods. k. Threatened or endangered species. l. Acceleration of erosion/sedimentation processes. m. Environmental pollution (generation/increase: air, soil, water, noise). n. Alteration of migratory patterns (fauna in general). 4.2. Impact on the human environment. a. Location and distribution of human settlements. b. Infrastructure and basic services. c. Pollution/environmental sanitation (synergisms). d. Effects on public health. e. Occupational risks (occupational health/safety). f. Effects on means and routes of transportation. g. Effects related to recreation - tourism. 5. Unavoidable adverse effects, reversible or irreversible, of the project. 5.1. EIA for exploration. a. Chemicals to be used, quantities, and toxicological aspects thereof, both for humans and for flora and fauna. b. Water control, acidity or basicity, and physical-chemical aspects. c. Control of explosives to be used. d. Characteristics of facilities to be built. 5.2. EIA for drilling. a. Drilling operations, type of machinery, uses of drilling muds. b. Description of the works to be carried out and their operational system. c. Design of earthworks (movimiento de tierras). d. Characteristics of facilities. 5.3. EIA for exploitation. a. Maps of the location of waste materials. b. Drilling equipment to be used and other types of machinery. c. Sites intended for temporary disposal of soils, if the case warrants it. d. Safety systems, slope stability, and damming and fluid control systems. e. Quality controls of discharges. f. Flow chart and description of the treatment plant. g. Storage and transportation systems. All documentation presented must comply with the existing regulations of the Professional Associations (Colegios Profesionales). 6. A physical, biological, and human diagnosis of the contracted area. 6.1. The effects on vegetation in general and on areas to be deforested in particular. 6.2. The effects on soils and the programs necessary to control their erosion. 6.2.1. Regional geology, which shall include a global description and analysis, as well as a graphic and cartographic representation of: structural geology, stratigraphy, seismology, volcanology. 6.2.2. Local geology in the cases of well development and the specific works area. 6.2.3. Regional geopedology, which shall include a global description and analysis and graphic and cartographic representation of: land-use capacity according to natural characteristics, methodology of the Centro Científico Tropical. 6.2.4. Detailed geopedology in the cases of well development and the specific works area. 6.2.5. Regional climatology, which shall include the global description and graphic and cartographic representation of: meteorology, precipitation, temperature, winds, radiation, and evapotranspiration (relative humidity). 6.2.6. Local climatology (parameters similar to the foregoing). The information presented must be processed and with graphs. 6.3. The effects on the quality of continental waters, groundwaters, marine waters, as well as the necessary pollution control programs. 6.3.1. Regional hydrology, which shall include the global description and analysis and graphic and cartographic representation of: a. Surface waters: water networks, runoff regime, sediment transport, physical-chemical characteristics of the water (quality), areas with water potential, water use, local hydrology of the specific works of the project. b. Groundwaters: geological conditions, water balance, characteristics of the aquifer or aquifers of the zone, physical-chemical properties of the water (quality), and others. c. Lakes and swamps. Dimensions, dynamics, environmental conditions. 6.3.2. Study of control programs for coastal areas. 6.4. The effects on flora and fauna. 6.4.1. Terrestrial environment, which shall include: quality, region’s flora and fauna, general description, vegetation - description and type - stratification, floristic composition, real vegetation profile, density, successions and ecotones, existing fauna, migratory species, threatened or endangered species. 6.4.2. Aquatic environment, which shall include: water quality, aquatic flora and fauna. 6.5. The effects on populations and human settlements. 6.5.1. Landscape quality, which shall include: absorption capacity/fragility, recreation, tourism (existing/potential). 6.5.2. Human environment (local and cantonal), which shall include: human settlements and predominant productive activities, employment situation and characteristics of the labor force, historical-archaeological heritage found in the area, existing infrastructure and basic services, health, sanitation, occupational health, education, energy, communications, transportation, municipal requirements and services (business licenses and permits), public safety, institutional and legal aspects (support/restrictions). 7. The quantities of waste and the plans for its management and disposal. 7.1. Plan objectives and scope. 7.2. Justification of the programming. 7.3. Budget for the environmental recovery plan, by phases and total. 7.4. Graphic and cartographic representation of the area: in the pre-operational phase (state of the environment), upon completion of the project (state of the environment), with the proposed recovery plan (protection of the environment), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. 7.5. Actions or programs benefiting the community carried out by the contractor. 7.6. The Plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (forms of control and follow-up). 8. Mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on terrestrial ecosystems. 8.1. Detailed description of actions aimed at mitigating the impact and corrective actions. 8.2. Plan for monitoring and controlling biocenosis alterations. 9. A program for the establishment of protection zones, in the surroundings of the hydrocarbon exploration and exploitation areas, that minimize harmful effects on natural resources and on the environment in general. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth. 10.1. Historical-archaeological heritage. 10.2. Sociocultural characteristics of the inhabitants. 11. Adverse effects on economic and social activities in the contracted areas. 11.1. Existing productive activities. 11.2. Employment structures/characteristics of the labor force. 11.3. Local economy. 12. Impacts of the environment on the project. These are impacts of the environment at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. Natural hazards. b. Floods-freshets. c. Earthquakes. d. Volcanic eruptions. e. Mass wasting: landslides, subsidence, etc. f. Climatic disturbances. g. Fires (from natural causes). h. Invasions/plagues (wildlife). 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklist, environmental fiches, matrices, flow charts, graphic models, interaction trees. 14. Cost-benefit and comparative cost analysis of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary public and presentation of the bonds. B. EIA IN MARINE ZONES. 1. Introduction. 1.1; 1.2; 1.3 same as EIA for terrestrial zones. 2. Project location. 2.1. General Geographic Description a. same as EIA for terrestrial zone point 2.1., a. b. Situation in relation to populations or cities in coastal areas and their zone of influence. c. Productive fishing activities. d. Same as EIA for terrestrial zone point 2.1., f. e. Same as EIA for terrestrial zone point 2.1., g. f. Same as EIA for terrestrial zone point 2.1., h. 3. Project description: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; same as EIA for terrestrial zone. 3.5. General map of the area that graphically indicates the planned operations, scale 1:100,000. 3.6. Works to be built on land related to the project: location and description. This description must be accompanied by photographs, graphs, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphic models, flow charts, topographic profiles, activity schedule, each with the corresponding details, in addition to all other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration project, as well as the construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Marine environment. b. Coastal areas: estuaries, marine lagoons, beaches, sandbanks, deltas, mangroves, reefs, etc. 4.2. Impact on the human environment. a. On fishing activity. b. In coastal areas. 5. Unavoidable adverse effects, reversible or irreversible, of the project. 5.1. EIA for exploration. a., b., c. same as EIA for terrestrial zone points 5.1. a., b., c. d. Facilities to be built in coastal areas. 5.2. EIA for drilling. a. Characteristics of the platform to be used, type of machinery, use of drilling muds. b. Same as EIA for terrestrial zone point 5.2. b. 5.3. EIA for exploitation. a. Same as EIA for terrestrial zone point 5.3. b. b. Safety system to be used, waste control, treatment systems. c. Same as EIA for terrestrial zone point 5.3. e. d. Same as EIA for terrestrial zone point 5.3. f. e. Same as EIA for terrestrial zone point 5.3. g. All documentation submitted must comply with the existing regulations of the Professional Associations. 6. A physical, biological, and human diagnostic assessment (diagnóstico) of the contracted area. 6.1. Effects on marine flora and fauna. 6.2. General characterization of the current oceanographic and sedimentological environments of the region, both of the marine area and the coastal zone of influence. It must show the general dynamics of marine currents. a. The effects on the coastal terrestrial areas of the project. 6.2.1.– 6.2.6. idem to the terrestrial zone EIA points 6.2.1.–6.2.6. The information presented must be processed and include graphics. 6.3. Effects on marine waters. 6.3.1. General oceanography of the contracted area. 6.3.2. Hydrogeological characteristics of the related coastal areas. 6.3.3. Control programs in the coastal areas. 6.4. Effects on human populations and settlements of the coastal and insular areas. 7. The quantities of waste and plans for its management and disposal. a., b., c., idem to the terrestrial zone EIA points 7.a., 7.b., 7.c. d. Graphic and cartographic representation of the coastal area: in the pre-operational phase (state of the environment), with the proposed recovery plan (environmental protection), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. e. idem to the terrestrial zone EIA point 7.e. f. The plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (control and follow-up method), for the coastal areas. 8. The mitigation measures and contingency plans, to prevent, detect, and control harmful effects on marine and coastal ecosystems. a., b., idem to the terrestrial zone EIA points 8.a., 8.b. c. equipment available for prevention and mitigation of hydrocarbon spills. 9. A program for establishing protection zones in the surroundings of hydrocarbon exploration and exploitation areas, to minimize harmful effects on natural resources and on the environment in general of the marine and coastal zones. 10. The possible effects on the archaeological and cultural wealth in the marine, insular, and coastal zones. a. b. idem to the terrestrial zone EIA points 10.a., 10.b. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. a., b., c. idem to the terrestrial zone EIA points 11.a., 11.b., 11.c. 12. Impact of the environment on the project. This refers to environmental impacts at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. idem to the terrestrial zone EIA point 12.1.a. b. Earthquakes/seismic events/tsunamis. c. idem to the terrestrial zone EIA point 12.1.d. d. idem to the terrestrial zone EIA point 12.1.f. e. Red tides. 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklists, environmental fact sheets, matrices, flow diagrams, graphic models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit analysis and comparative cost of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn declaration of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary public and of the guarantees. Article 270.—For mixed contract areas with both marine and terrestrial blocks, the contractor must submit 2 EIA reports, one for the terrestrial blocks and another for the marine blocks, separately. Article 271.—The contractor has the obligation to submit to the DGH the annual contingency plan for oil spills and emergencies. On environmental impact monitoring. Article 272.—The contractor shall carry out regular verifications for impact prevention and shall take control measures in accordance with what is stipulated by the EIA and approved by the CONEIA. When necessary, additional or alternative measures shall be initiated to reduce unforeseen impacts. On environmental audits. Article 273.—During exploration and exploitation operations, external environmental audits shall be carried out, the cost of which shall be covered by the contractor, in accordance with the EIA and approved by the CONEIA. On archaeological sites and buildings. Article 274.—In seismic operations, archaeological sites must be avoided to prevent negative impact. Article 275.—Personnel shall be informed before starting the operation about the significance of the region, what constitutes an archaeological site, how to recognize one, and the proper procedure for reporting a possible archaeological site. Article 276.—Any archaeological find must be reported immediately to MIRENEM, and no activity shall be carried out until instructions are received from this Ministry. Waste management. Article 277.—The management of all types of waste must be supervised during the execution of operations, and a record of these shall be kept. Article 278.—An inventory shall be prepared of the volumes of hydrocarbons or potential pollutants stored in camps, vessels, boats, or transported in tankers. Article 279.—All hydrocarbons that cannot be reused must be burned in a properly lined burn pit (if necessary, they shall be mixed with domestic garbage to ensure complete combustion occurs). Article 280.—In the event of a threat of water contamination, the competent authorities and the local population must be notified. On environmental accident reports and claims. Article 281.—It is the contractor's responsibility to report environmental accidents. Article 282.—The following shall be considered as cases of environmental accidents: a) Oil leaks, improper waste disposal. b) Non-compliance with previously approved environmental standards or procedures. c) Unauthorized cutting or removal of vegetation. d) Loss of biota. e) Contamination or deterioration of natural resources. Article 283.—An appropriate procedure shall be defined, in the field, to facilitate the timely application of corrective measures.... In conformity with the provisions established in both regulatory bodies, both the one challenged in this proceeding and the repealed one, it is noted that, as established by the norm under analysis, "Article 4—The approval of Phase I of the environmental impact assessment (EIA) shall be the indispensable and sufficient requirement for the adjudicatory act of an oil concession to be declared final, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law." (emphasis ours). The foregoing runs contrary to the provisions of Articles 31 and 41 of the Hydrocarbons Law, in that they establish the following: "ARTICLE 31.- The Executive Branch shall sign the contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons, and they shall stipulate, as a minimum, the following: f) The environmental impact assessment (EIA), which must be evaluated and approved by the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines." "ARTICLE 41.- Exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources." The original wording of this latter norm was declared contrary to the right of the Constitution, in accordance with decision 1221-2002 of February 6, 2002, which resolved the following: "I.- On the merits. Challenged in this case is Article 41 of the Hydrocarbons Law, number 7399 of May 3, 1994, the full text of which reads: 'Article 41.- Exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources. In order to guarantee a rational use of natural resources and to protect their current and future uses, the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines shall grant every adjudication conditioned upon the approval of an environmental impact assessment (EIA) of its activities. The selected offeror must submit that assessment within four months following notification of the respective resolution. To evaluate the aforementioned assessment, the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines shall have a period of two months, counted from its submission. If it approves the assessment, the adjudication shall be considered definitive and the contract shall be signed. If the assessment is incomplete or deficient, the ministry shall grant the interested party a period of up to two months to correct it. If it is not completed or corrected to the satisfaction of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, or if the assessment is not submitted, the adjudication shall be considered non-existent for all legal purposes. The environmental impact assessments (EIA) must be conducted by qualified technicians, in accordance with the standards of the Executive Branch. The environmental impact analysis must include, at a minimum, the following: a) A description of the project. b) Its direct and indirect impact on the natural and human environment. c) The unavoidable adverse effects, reversible or irreversible, of the project. ch) A physical, biological, and human diagnostic assessment, which must include: 1.- The effects on vegetation, in general, and on areas to be deforested, in particular. 2.- The effects on soils and the necessary programs to control their erosion. 3.- The effects on the quality of continental, underground, and marine waters, as well as the necessary programs for contamination control. 4.- The effects on flora and fauna. 5.- The effects on human populations and settlements. d) The quantities of waste and plans for its management and disposal. e) The mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on marine and terrestrial ecosystems. f) A program for establishing protection zones in the surroundings of hydrocarbon exploration and exploitation areas, to minimize harmful effects on natural resources and on the environment in general. g) The possible effects on the archaeological and cultural wealth. h) The adverse effects on economic and social activities. The cited assessment shall be periodically reviewed and updated as the work corresponding to the exploration and exploitation periods progresses.' III.- Precedents on the matter. Indeed, the claimant is correct in recalling that this Chamber already had the opportunity to rule on the challenged norm when it was part of the then-Hydrocarbons Law bill, legislative file number 9573. On that occasion, and through resolution 6240-93 at 2:00 p.m. on November 26, 1993, the following was indicated on the matter: 'XII.- ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: Article 26 of the Bill does not require the Public Administration to conduct technical environmental studies prior to granting a concession to a private individual or legal entity, studies which would guarantee to Costa Ricans that their right to a healthy environment will not be disturbed or violated by hydrocarbon exploration and exploitation activities. Instead, the Bill chooses the reverse path: granting the concession and then requiring studies on the effect those activities will produce on the environment. But what is most serious is that a direct consequence for non-compliance with these requirements is not foreseen, leaving the decision on the point to the free discretion of the competent officials. The Chamber considers that the issue must be analyzed from the constitutional perspective in order to guarantee the protection of the right to a healthy environment, broadly recognized and protected by this jurisdiction and expressly contemplated by Article 89 of the Constitution, which establishes: "Among the cultural goals of the Republic are: protecting natural beauty, conserving and developing the Nation's historical heritage, and supporting private initiative for scientific and artistic progress." XIII.- The term "natural beauty" was the one employed at the time the Constitution was promulgated (November 7, 1949), which has today developed into a legal specialty: environmental law, which recognizes the need to preserve the surroundings not only as a cultural goal but as a vital necessity for every human being. In this sense, the concept of a right to a healthy environment surpasses recreational or cultural interests—which are also important aspects of life in society—and moreover constitutes a fundamental requirement for life itself. No rational outcome can result from the denial of our fragility as animate beings, dependent on the environment for our subsistence and that of future generations. XIV.- From this second vision of the environmental issue, it becomes possible to endow classic individual rights with the necessary conditions for their full enjoyment and exercise, especially the right to life, particularly reinforced by our constitutional Article 21, which declares it inviolable. Thus, from the need to fully enjoy human rights, norms emerge that are directly derived from the fundamental ones—understood as those already enshrined in the constitutional text—which operate as instrumental conditions for their preservation and exercise. Therefore, the conditions necessary for the protection of fundamental rights become true independent and exigible rights, autonomous from those. They are true sub-constitutional norms, as the doctrine calls them, arising from the harmonious interpretation of constitutional law; such as, for example, the genus-species relationship between freedom of commerce and freedom of contract, as developed by the Full Court acting as a constitutional tribunal in the ruling of August 26, 1982. The latter, as a consequence of the former, is an indispensable condition for its exercise and yet an autonomous right at the same time. XV.- Therefore, we can affirm that from the right to life and the state obligation to "protect natural beauty," contained in Articles 21 and 89 of the Constitution, other rights of obligatory protection and equal rank emerge, such as those to health and a healthy environment, in the absence of which the exercise of the former would either be impossible or their enjoyment would be severely limited. XVI.- The right to Health, as a human right, was recognized by the Chamber in early rulings, such as #56-90, which declared that right inalienable; and ruling #1755-90, in which it was stated: "In the present case, the right to Health is at stake, a fundamental right of the human being—insofar as life depends largely on its respect—such that, according to our Political Constitution, Articles 10 and 48, and the Law of Constitutional Jurisdiction, the matter subject to this appeal... is indeed a matter of obligatory cognizance for this instance, insofar as it involves the presumed violation of a constitutional right..." It is therefore clear that there is no longer any doubt about the constitutional protection of the right to health, derived from the right to life and, through it, of a right to a healthy environment. By way of illustration, we may cite rulings 1580-90; 1833-91; 2362-91; 2728-91; 1297-92; 2233-93; 4894-93; which have recognized the right to health and a healthy environment as an individual, constitutionally protected right. XVII.- Within this logical process of integration and development of constitutional values, using the logical-systematic interpretation thereof as a legal instrument, the amendment to Article 48 of the Constitution effected in 1989 has singularly expanded the catalog of human rights susceptible to judicial protection by expressly referring us to the international law contained in the international human rights instruments duly signed, approved, and ratified by our country. A supranational legal order that we must integrate into the analysis of the consulted Bill, by virtue of the rank superior to laws granted to it by Article 7 of the Constitution. XVIII.- Indeed, Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and which, in the domestic sphere, are fully applicable legislation—and of direct judicial enforceability—to the case, especially due to the possibility of exploiting hydrocarbon resources in areas not part of the national parks system. It is therefore essential to review which other areas or biosystems would be barred from this activity or in which it is necessary to meet other requirements. XIX.- In the first place, we can cite as directly pertinent to the matter at hand: A) The "CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER," signed in Mexico City on December 29, 1972, and approved by the Legislative Assembly by Law #5566 of August 13, 1974, which prevents "marine pollution by the dumping of wastes and other matter that may constitute a danger to human health, harm biological resources and marine life, damage amenities, or interfere with other legitimate uses of the sea" (Art. 1), matters specified in Annex I, which in its subsection 5 includes different hydrocarbon derivatives. The Convention requires permits from the coastal State to dump certain authorized wastes. B) The "CONVENTION FOR THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE WIDER CARIBBEAN REGION AND ITS PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN COMBATING OIL SPILLS IN THE WIDER CARIBBEAN REGION," opened for signature in Cartagena de Indias on March 24, 1983 and in Bogotá from March 25, 1983 to March 23, 1984; approved by the Legislative Assembly by Law #7227 of April 12, 1991, which aims "to prevent, reduce, and control pollution of the Convention area and to ensure sound environmental management." Notable is Article 10, which grants special importance to "rare and vulnerable ecosystems, as well as the habitat of depleted, threatened, or endangered species"; and the States Parties commit to establishing protected areas. Article 12 obliges the preparation of "technical and other guidelines to assist in the planning of their major development projects," to help prevent pollution of the marine environment. C).- The "VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER," adopted in Vienna on March 22, 1985, approved by Law #7228 of April 22, 1991, and its "MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER," signed in Montreal on September 16, 1987, and approved by Law #7223 of April 2, 1991, which protect "human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or are likely to modify the ozone layer." CH).- The "UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA," signed in Montego Bay on December 10, 1982, and approved by Law #7291, published on July 15, 1992, which regulates matters concerning the exploitation of natural resources on the continental shelf. D). "CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT," signed in Ramsar on February 2, 1971, and approved by Law #7224 of April 2, 1991, by which wetlands are protected, understood as "areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters"; as well as waterfowl, which are those dependent on wetlands. (Art. 1) E).- The "CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE," signed in Paris on November 23, 1972, and approved by Law #5980 of October 23, 1966, which requires the conservation of cultural heritage, defined as the protection of monuments of exceptional universal value such as caves; groups of buildings; sites that are works of nature. It also declares as natural heritage physical or biological formations that constitute the habitat of threatened animal and plant species. f).- The "CONVENTION FOR THE PROTECTION OF FLORA, FAUNA, AND NATURAL SCENIC BEAUTY OF THE COUNTRIES OF AMERICA," adopted in Washington on March 3, 1973, and approved by Law #3763 of October 19, 1976, which defines the differences between national parks, nature reserves, natural monuments, and wilderness reserves, and prohibits altering the boundaries of national parks except by law and exploiting their riches for commercial purposes. Regarding wilderness reserves, it permits use compatible with them. (Arts.1 and 2). G).- "CONVENTION CONCERNING INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES IN INDEPENDENT COUNTRIES," of the I.L.O., known as Convention #169, which introduced reforms to the previous #107. This convention grants preference to indigenous communities regarding the exploitation of natural resources existing within the territories belonging to them. XX.- All these international instruments are mandatory and fully enforceable insofar as their norms do not require further legislative development, and therefore must be respected by the Hydrocarbons Bill, given that the normative rank of the former is superior. Consequently, the provision of Article 41, paragraph 2 of the Bill, which requires environmental impact assessments (EIA) after the exploration or exploitation concession is approved, especially in the case of private parties, is contrary to the constitutional aims, purposes, and obligations in environmental matters, insofar as the contract, once signed, creates rights in favor of the interested party. For this reason, the Chamber considers Article 41, para. 2 unconstitutional in this aspect.' This criterion, which was then rendered by the Chamber in its advisory function, has been reaffirmed—even recently—in ruling number 2001-04245 at 3:01 p.m. on May 23, 2001. IV.- Application to the present case. Article 101 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that in matters of legislative consultation—such as the one provided in the preceding Consideration—the opinion issued by the Chamber shall only be binding insofar as it establishes the existence of unconstitutional procedures in the consulted bill. However, the final paragraph adds that, in any case, 'the opinion does not preclude the possibility that the questioned norm or norms may subsequently be challenged through constitutional review proceedings,' which is the exact situation presented in the sub examine, without the Chamber perceiving any reason to vary the criterion sustained in the aforementioned resolutions. Therefore, there is no doubt that the norm enacted by the legislator as part of the final text of the Hydrocarbons Law indeed carries the flaws previously noted in the bill, and regarding its constitutional non-conformity, there would be no discussion. V.- Conclusion. Now then, in the present analysis, the conviction arises that the declaration of illegitimacy must extend not only to the challenged second paragraph of Article 41 but also to the following ones, which are a development and direct consequence of the indicated one. In this regard, it should be noted that there should be no concern that the annulment of these precepts could be interpreted as rendering unnecessary the environmental impact assessment (EIA) requirement as part of the respective concession process. On the contrary, the first paragraph of the norm, which remains intact, reaffirms the need that 'exploration and exploitation activities must comply with all legal and regulatory standards and requirements on environmental protection and the recovery of renewable natural resources.' And, in this sense, the remaining legal system adequately fills the created void, through provisions that do not allow ignoring the need for environmental impact assessments (EIA), beginning with Article 31, subsection f), of the Hydrocarbons Law itself, which requires it and does not contain the flaw noted in Article 41. And we may also cite, for greater abundance, what is indicated on the matter in other legal bodies, such as the Law of Administrative Contracting, the Law of the Regulatory Authority for Public Services, the General Law on the Concession of Public Works with Public Services; the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; the Biodiversity Law, and, very especially, the Organic Environmental Law. It is therefore absolutely clear that the pronouncement made herein cannot lead to the omission of these extremely important studies prior to the granting of the respective permits or concessions. Therefore: The action is declared WITH MERIT. Consequently, the second and following paragraphs of Article 41 of the Hydrocarbons Law, number 7399 of May 3, 1994, are annulled. This ruling has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norm, without prejudice to good-faith acquired rights. Let this pronouncement be communicated to the Legislative and Executive Branches. Let this pronouncement be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in its entirety in the Judicial Bulletin. Let it be notified." (emphasis ours). As can be observed from the norms under analysis, the challenged administrative act allows the adjudicatory act of the oil exploration concession to become final—with the generation of subjective legal situations in favor of the concessionaire—with the mere approval of Phase 1 of the EIA, it being evident from the record that said first phase lacks the comprehensive and integrated analysis required by a complete EIA. With the foregoing, the prior control measures for oil prospecting and exploration activities are slowed down, as compared with the provisions of Article 2 and all of Title X of the Regulations to the Hydrocarbons Law, Articles 266 to 283 (Executive Decree No. 24735, published in La Gaceta No. 230 of December 4, 1995), repealed by the challenged norm. In this sense, two considerations must be made: a) Oil prospecting is not a numerus clausus series of activities, and it is not true that it per se cannot imply a risk to the environment. In this sense, the questioned norm indicates that it is: "Oil Prospecting: Regional evaluation of a geological, geochemical, and/or geophysical nature of a concession area, in which the methodology employed, whether indirectly or directly, allows obtaining approximate valuations of the hydrocarbon potential, without implementing techniques that could produce significant environmental impacts on specific sites. Included as part of these methods are the following: basic geological mapping; collection of geological and/or geochemical samples by manual methods (using a geological hammer and other manual instruments, such as portable drills, whose application does not require road construction, mobilization of heavy machinery, or prior preparation of the land to be prospected in the terrestrial area, nor direct installation, operation, and/or immersion activities of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments), geophysical methods such as seismic (reflection and/or refraction), gravimetry, magnetometry, resistivity methods, magnetotellurics, and others whose application is restricted to the use of manual instruments whose work does not require the use of machinery, nor the opening of trails, nor roads, nor exploratory perforations in the terrestrial area, nor direct installation, operation, and/or immersion activities of heavy equipment or machinery in marine or subaquatic environments, unless there is a prior evaluation and express authorization from the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT for their implementation in these activities." (emphasis ours). As can be observed, the use of more intensive activities could indeed occur, and the decree conditions them on express authorization from SETENA. With the foregoing, some of these measures could well not be included in the EIA for the prospecting phase and later be carried out, despite not having been previously considered in the respective assessment. b) The challenged administrative conduct expressly establishes that "Article 3—The minimum phases comprising the environmental impact assessment (EIA) referred to in Article 2 are: a) Phase I: prospecting b) Phase II: intensive exploration. Article 4—The approval of Phase I of the environmental impact assessment (EIA) shall be the indispensable and sufficient requirement for the adjudicatory act of an oil concession to be declared final, as required by Article 41 of the Hydrocarbons Law." As can be observed from both norms, with the mere approval of the EIA phase for prospecting, a subjective right in favor of the concessionaire would already be generated, in that with it, the respective adjudicatory act would become final. Although Article 6 of the challenged act states that "No concessionaire may move from Phase I to Phase II without the proper environmental assessment by the SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL, and prior request from the Dirección General de Hidrocarburos," it should be noted that it leaves open the specific terms under which the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) will be conducted, contrary to the repealed regulation, which provided that "The SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL shall be the body responsible for establishing the terms of reference for the environmental impact study, and for its approval for each of the mentioned exploration phases, and for the exploitation of hydrocarbons, in accordance with its internal procedural guidelines." As is evident, this latter provision leaves the terms of reference for the preparation of the EIA to the discretion of the Nombre3456, contrary to the second article of the executive decree and the entirety of Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, articles 266 to 283 (Executive Decree No. 24735 published in La Gaceta No. 230 of December 4, 1995), which indicated that the same, at a minimum, must contain the following: "Article 268.—The contractor must submit the EIA report to MIRENEM for the area subject to the award, as stipulated in Article 41 of the Law. The EIA is an environmental impact assessment document for the activity and contains aspects requiring the intervention of professionals from various disciplines in Natural Sciences such as: Biology, Geology, Oceanography, Geography, Forest Engineering, Geophysics, Agronomy Engineering, Civil Engineering, Surveying Engineering, and Chemical Engineering, among others. The EIA must be carried out by qualified technicians, in accordance with PE standards. Article 269.—The EIA shall be submitted with nine complete copies to CONEIA and must comprise at least the information and documents indicated below: A. EIA IN TERRESTRIAL ZONES. 1. Introduction. 1.1. Project justification: objectives and economic, financial, technical, social, and environmental scopes; goals. 1.2. General information on the individual or legal entity that will carry out the hydrocarbon exploration and exploitation activities. 1.3. Professional qualifications and experience of the interdisciplinary team that prepared the EIA and the contractor. 2. Project location: 2.1. General geographic description: a. Administrative territorial location (identification of block numbers, delimitation by coordinates of and their zone of influence). b. Situation in relation to populations or cities included within the study area and its zone of influence. c. Access routes and their condition. d. Productive activities. e. Watercourses. f. Location map of the area subject to the contract at a scale of 1:200,000. g. Other aspects of interest, such as infrastructure works, transmission lines, natural geographical features, etc. h. Project activity schedule, with objectives, goals, scopes, and possible future modifications. 3. A description of the project: 3.1. Methods to be used in the project, description by stages of the procedures, systems, and techniques to be implemented. 3.2. Technical requirements: means and instruments to be used. 3.3. Expected yields: volume (in case of exploitation). 3.4. Exploration and exploitation methodology. 3.5. Updated geographic map containing important hydrographic details, infrastructure, human settlements, etc. This map may be prepared taking into account the pre-operational situation of the project, at a scale appropriate to its dimensions (1:200,000 or 1:100,000). 3.6. Land-use map with an updated base aerial photograph, minimum scale 1:50,000. 3.7. Other aspects that this information must contain: existing or to-be-built access routes, stabilization methods, plans, etc. Accompany this description with photographs, graphics, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphical models, flow diagrams, topographic profiles, activity schedules, each with the corresponding details, in addition to any other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration and exploitation project, as well as the construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Geomorphology (slopes). b. Soils. c. Climatology/air quality. d. Surface/underground hydrology. e. Vegetation. f. Terrestrial fauna, habitats, niches, populations, communities. g. Other ecosystems (e.g., mangroves). h. Landscape/quality. i. Promotion of natural threats. j. Floods. k. Threatened or endangered species. l. Acceleration of erosion/sedimentation processes. m. Environmental pollution (generation/increase: air, soil, water, noise). n. Alteration of migratory patterns (fauna in general). 4.2. Impact on the human environment. a. Location and distribution of human settlements. b. Infrastructure and basic services. c. Pollution/environmental sanitation (synergisms). d. Effects on public health. e. Occupational risks (occupational health/safety). f. Effects on means and routes of transport. g. Effects related to recreation - tourism. 5. The unavoidable, reversible, or irreversible adverse effects of the project. 5.1. EIA for exploration. a. Chemicals to be used, quantities, and their toxicological aspects, both for humans and for flora and fauna. b. Water control, acidity or basicity, and physical-chemical aspects. c. Control of explosives to be used. d. Characteristics of facilities to be built. 5.2. EIA for drilling. a. Drilling operations, type of machinery, uses of drilling muds. b. Description of the works to be carried out and their operational system. c. Design of the earthworks (movimientos de tierra). d. Characteristics of facilities. 5.3. EIA for exploitation. a. Maps of waste material location. b. Drilling equipment to be used and other types of machinery. c. Sites for temporary soil disposal, if the case warrants it. d. Safety systems, slope stability, and fluid impoundment and control systems. e. Quality controls for discharges. f. Flowchart and description of the treatment plant. g. Storage and transport systems. All documentation submitted must comply with the existing regulations of the Professional Associations. 6. A physical, biological, and human diagnosis of the contracted area. 6.1. The effects on vegetation in general and on areas to be deforested in particular. 6.2. The effects on soils and the programs necessary to control their erosion. 6.2.1. Regional geology comprising a global description and analysis, as well as a graphic and cartographic representation of: structural geology, stratigraphy, seismology, volcanology. 6.2.2. Local geology in cases of well development and the specific works zone. 6.2.3. Regional geopedology comprising a global description and analysis and a graphic and cartographic representation of: land-use capacity according to natural characteristics, methodology of the Tropical Scientific Center. 6.2.4. Detailed geopedology in cases of well development and the specific works zone. 6.2.5. Regional climatology comprising the global description and graphic and cartographic representation of: meteorology, precipitation, temperature, winds, radiation, and evapotranspiration (relative humidity). 6.2.6. Local climatology (parameters similar to the above). The information presented must be processed and include graphics. 6.3. The effects on the quality of continental, underground, and marine waters, as well as the necessary pollution control programs. 6.3.1. Regional hydrology comprising the global description and analysis and graphic and cartographic representation of: a. Surface waters: water networks, runoff regime, sediment transport, physical-chemical characteristics of the water (quality), zones with water potential, water use, local hydrology of specific project works. b. Underground waters: geological conditions, water balance, characteristics of the aquifer or aquifers of the zone, physical-chemical properties of the water (quality), and others. c. Lakes and swamps. Dimensions, dynamics, environmental conditions. 6.3.2. Study of the control programs for coastal zones. 6.4. The effects on flora and fauna. 6.4.1. Terrestrial environment comprising: quality, flora and fauna of the region, general description, vegetation - description and type - stratification, floristic composition, real vegetation profile, density, successions and ecotones, existing fauna, migratory species, threatened or endangered species. 6.4.2. Aquatic environment comprising: water quality, aquatic flora and fauna. 6.5. The effects on populations and human settlements. 6.5.1. Landscape quality comprising: absorption capacity/fragility, recreation, tourism (existing/potential). 6.5.2. Human environment (local and cantonal) comprising: human settlements and predominant productive activities, employment situation and characteristics of the labor force, historical-archaeological heritage found in the area, existing infrastructure and basic services, public health and sanitation, occupational health, education, energy, communications, transport, municipal requirements and services (licenses and permits), public security, institutional and legal aspects (support/restrictions). 7. The quantities of waste and the plans for its management and disposal. 7.1. Objectives and scopes of the plan. 7.2. Program justification. 7.3. Budget for the environmental recovery plan, by phases and total. 7.4. Graphic and cartographic representation of the area: in the pre-operational phase (state of the environment), at the end of the project (state of the environment), with the proposed recovery plan (environmental protection), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. 7.5. Actions or programs that benefit the community carried out by the contractor. 7.6. The Plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (forms of control and follow-up). 8. Mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on terrestrial ecosystems. 8.1. Detailed description of actions aimed at mitigating the impact and corrective actions. 8.2. Plan for surveillance and control of biocenosis alterations. 9. A program for establishing protection zones around the hydrocarbon exploration and exploitation areas, minimizing harmful effects on natural resources and the environment in general. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth. 10.1. Historical-archaeological heritage. 10.2. Sociocultural characteristics of the inhabitants. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. 11.1. Existing productive activities. 11.2. Employment structures/characteristics of the labor force. 11.3. Local economy. 12. Impacts of the environment on the project. This concerns environmental impacts at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. Natural threats. b. Floods-avenidas. c. Seisms/earthquakes. d. Volcanic eruptions. e. Mass movements: landslides, subsidence, etc. f. Climatic disturbances. g. Fires (from natural causes). h. Invasions/plagues (wild fauna). 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklist, environmental records, matrices, flow diagrams, graphical models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit analysis and comparative cost of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary and presentation of guarantees. B. EIA IN MARINE ZONES. 1. Introduction. 1.1.; 1.2; 1.3 same as EIA terrestrial zones. 2. Project location. 2.1. General Geographic Description a. same as EIA terrestrial zone point 2.1., a. b. Situation in relation to populations or cities in coastal areas and their zone of influence. c. Productive fishing activities. d. Same as EIA terrestrial zone point 2.1., f. e. Same as EIA terrestrial zone point 2.1., g. f. Same as EIA terrestrial zone point 2.1., h. 3. Project description: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; same as EIA terrestrial zone. 3.5. General map of the area graphically indicating the planned operations, scale 1:100,000. 3.6. Works to be built on land related to the project: location and description. This description must be accompanied by photographs, graphics, plans, maps, sketches, block diagrams, geological profiles, graphical models, flow diagrams, topographic profiles, activity schedule, each with the corresponding details, in addition to any other useful information in the description of the project and its stages. 4. Direct and indirect impact of the project on the natural and human environment. The different stages of the exploration project, as well as the construction of works, are considered. 4.1. Impact on the natural environment. a. Marine environment. b. Coastal areas: estuaries, marine lagoons, beaches, sandbanks, deltas, mangroves, reefs, etc. 4.2. Impact on the human environment. a. On fishing activity. b. In coastal zones. 5. The unavoidable, reversible, or irreversible adverse effects of the project. 5.1. EIA for exploration. a.,b.,c. same as EIA terrestrial zone points 5.1. a.,b.,c. d. Facilities to be built in coastal areas. 5.2. EIA for drilling. a. Characteristics of the platform to be used, type of machinery, use of drilling muds. b. same as EIA terrestrial zone point 5.2. b. 5.3. EIA for exploitation. a. same as EIA terrestrial zone point 5.3. b. b. Safety system to be used, waste control, treatment systems. c. same as EIA terrestrial zone point 5.3. e. d. same as EIA terrestrial zone point 5.3. f. e. same as EIA terrestrial zone point 5.3. g. All documentation submitted must comply with the existing regulations of the Professional Associations. 6. A physical, biological, and human diagnosis of the contracted area. 6.1. Effects on marine flora and fauna. 6.2. General characterization of the current oceanographic and sedimentological environments of the region, both of the marine area and the coastal zone of influence. It must show the general dynamics of marine currents. a. The effects on the terrestrial coastal areas of the project. 6.2.1.- 6.2.6. same as EIA terrestrial zone points 6.2.1.-6.2.6. The information presented must be processed and include graphics. 6.3. Effects on marine waters. 6.3.1. General oceanography of the contracted area. 6.3.2. Hydrogeological characteristics of the related coastal areas. 6.3.3. Control programs in coastal areas. 6.4. Effects on populations and human settlements of coastal and insular areas. 7. The quantities of waste and plans for its management and disposal. a.,b.,c., same as EIA terrestrial zone points 7.a.,7.b.,7.c. d. Graphic and cartographic representation of the coastal area: in the pre-operational phase (state of the environment), with the proposed recovery plan (environmental protection), using photographs, topographic profiles, block diagrams, and other graphic means. e. same as EIA terrestrial zone point 7.e. f. The plan must contain: chronological recovery program (proposed actions), monitoring program (form of control and follow-up), for the coastal areas. 8. Mitigation measures and contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on marine and coastal ecosystems. a.,b., same as EIA terrestrial zone points 8.a., 8.b. c. equipment available for prevention and mitigation of hydrocarbon spills. 9. A program for establishing protection zones around the hydrocarbon exploration and exploitation areas, minimizing harmful effects on natural resources and the environment in general of marine and coastal zones. 10. The possible effects on archaeological and cultural wealth in marine, insular, and coastal zones. a. b. same as EIA terrestrial zone points 10.a., 10.b. 11. The adverse effects on economic and social activities in the contract areas. a.,b.,c. same as EIA terrestrial zone points 11.a.,11.b.,11.c. 12. Impact of the environment on the project. This concerns environmental impacts at the local and regional level, temporary or permanent eventualities. 12.1. Physical and biotic environment. Effects of: a. same as EIA terrestrial zone point 12.1.a. b. Seisms/earthquakes/tsunamis. c. same as EIA terrestrial zone point 12.1.d. d. same as EIA terrestrial zone point 12.1.f. e. Red tides. 13. Comprehensive evaluation of the project based on at least one of the following techniques: checklists, environmental records, matrices, flow diagrams, graphical models, interrelationship trees. 14. Cost-benefit analysis and comparative cost of the activity. Investment in the project and possible breakdown. 15. Sworn statement of compliance with the actions proposed in the EIA before a notary and of the guarantees...". It is the opinion of this Association that with the foregoing, the existence of regulated administrative conduct regarding its content is abandoned, shifting towards the approval of a discretionary act where the legal certainty necessary in the matter is slowed down and the possibility of making the elements to be considered more flexible for each of the phases in the matter under analysis is left open. Although witness Astorga Gatgens speaks of the existence of a guide for evaluating environmental impact studies, it is evident that a specific regulation on petroleum exploration and exploitation at the level of an executive decree was only contemplated in the regulations repealed by the decree subject to this proceeding. The foregoing is contrary to the environmental public interest and proves contrary, as will be indicated later, to the very provisions of the Ley de Hidrocarburos. On the other hand, although witness Nombre114232 indicates that prospecting may involve "office" activities, she also acknowledges that it may involve field activities, meaning intervention in the environment must be foreseen, as she indicates regarding "seismic" activity, where the deponent states that it can occur "... sometimes..." and the so-called "prospecting wells...". Despite the fact that prospecting is broader and exploration more restricted, it does not exclude the fact that the consequence of implementing the former will generate greater risks of environmental impact later when moving on to exploration, despite which, as has been indicated, with the mere approval of the EIA for phase 1, the act awarding the concession would already be firm. By reason of the foregoing, this Tribunal considers that it is not appropriate that with the mere approval of phase 1 of the environmental impact study, the act awarding the concession acquires the status of firmness, given that it would not be counting on the integrated and comprehensive assessment required by a study in a more invasive and intense phase like the exploration phase, and despite that, a subjective right would be generated in favor of the concessionaire. It is necessary to point out that witness Astorga Gatgens refers that the purpose of the challenged act was to avoid giving a blank check, given that with the previous regulation, environmental viability enabled, from the outset, the possibility of exploration in all its phases. Nevertheless, it is essential to indicate that the repealed regulation clearly established that the respective EIA study "... in the event of signing the contract, shall be periodically updated...", thereby foreseeing situations like those described by the witness in his testimony. Additionally, it is not evident that the pre-existing regulation posed a risk to the country's interest, if the Secretaría Técnica Ambiental had adequately implemented the regulation repealed by the annulled conduct. Consequently, it has not been demonstrated that the challenged rule is more protective of the environment than the repealed one, and on the contrary, it is estimated that it increases risk regarding its consequences for the public interest. V.VII.- Furthermore, it is necessary to indicate that article 31 of the Ley de Hidrocarburos states the following: "ARTICLE 31.- The Executive Branch shall sign contracts for the exploration and exploitation of hydrocarbons, and these shall stipulate, at a minimum, the following: a) The purpose, the application, and the contracted area. b) The terms and conditions under which the work shall be carried out, during the exploration period, must include, at a minimum, the drilling of one exploratory well per year, starting from the second year, as well as budgets, the return of areas, and the provision of information. c) The terms and conditions of the work, during the exploitation period, must include matters related to the technical control of operations, budgets, production, royalties, the use of gas, and the provision of information, and when circumstances warrant it, the parties may review and adjust them. ch) The maximum duration, rights, obligations, conditions, sanctions, and liability of the parties. d) Income tax. e) The performance guarantee, which the awardee must provide to ensure the correct execution of the contract and the protection of the environment and natural resources. The amount of the guarantee shall be defined in the bidding documents, in accordance with the proposed minimum program and the weighting of the potential environmental damage that program may generate. The awardee must provide this guarantee within two months following the firmness of the award act. f) The environmental impact study, which must be evaluated and approved by the Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas." As is evident from the indicated rule, the existence of an environmental impact study, not a phase thereof, is a condition for the concession contract, so it is clear that the challenged conduct is contrary to the cited article 31. If the legal provision is obsolete or inappropriate, the correct course is to process its modification through the corresponding legal channels, by the will of the sovereign's representatives, but not to attempt to render its scope nugatory through a mere formal administrative conduct of lower rank, since what the challenged decree does is attempt to violate the principle of regularity of the legal system and the hierarchy of sources. It is no obstacle to point out the risks involved in admitting the firmness of the concession with only phase 1 of the concession, insofar as the contracting company could well argue in its favor the principle of intangibility of its own acts (intangibilidad de los actos propios) to claim that the right to continue to the following phases of the project is incorporated into its legal sphere. As has been indicated, the legal norms noted in the preceding recital (considerando) were inclined to determine that the EIA be prior to the signing of the respective contract, with the purpose that the administration could take into account what was determined in the evaluation carried out, in order to then take the necessary contractual and/or execution provisions to minimize or avoid effects on the environment, this following the idea of the precautionary principle (principio precautorio), which has been especially established to protect the environment, since as has been indicated, an effect on this asset of humanity could be totally irreversible, hence the State must maintain an attitude of prior defense and not let the impact occur and then try to rehabilitate what was damaged. In the Decree being analyzed, not only was the word "prior" omitted, which should have been taken into account for the regulatory development to be in accordance with the Laws, but also, the interpretation that can be given to the division of the EIA into stages is that, as has been mentioned in this case, in the prospecting stage it would not be necessary to conduct a true comprehensive environmental impact study, a conclusion derived from understanding that in this phase there is no field work and therefore it would not be relevant to indicate the possible future effects. It is necessary to reaffirm this Tribunal's conviction regarding the weakening of environmental protection, insofar as the questioned administrative conduct repealed article 266 of Decree 24735, which stated: "The contractor shall submit, prior to the signing of the award act, the EIA, which, in the event of signing the contract, shall be periodically updated, as the work corresponding to the exploration and exploitation periods of hydrocarbons advances, as stipulated in article 41 of the Ley de Hidrocarburos. The updating of the Environmental Impact Study shall be carried out annually or at the request of MIRENEM." As is evident from this latter rule, it did provide for a comprehensive study prior to the firmness of the contract, which is in accordance with the very provisions of the Ley de Hidrocarburos. In this vein, the foregoing must be analyzed, taking into consideration article 46 of the same legal body, which provides as a cause for the "expiration (caducidad)" of the contract: "a) The non-fulfillment of the obligations and conditions stipulated in the contract." Consequently, it is evident that the existence of a comprehensive prior EIA is reasonable with the objectives of the rule, given that it forms part of the signed concession contract and its non-fulfillment would cause the respective contractual relationship to terminate. Therefore, this Tribunal's conviction is reaffirmed that the questioned decree is vitiated by nullity, both for what it provides regarding the EIA and regarding the repeal of a regulation more in accordance with the environmental public interest. All of the foregoing, based on article 11, subsections 1) and 2) of the Ley de la Biodiversidad, number 7788, of April 30, 1998, which, in what is relevant, provides: "Criteria for applying this law. Criteria for applying this law are: 1.- Preventive criterion (Criterio preventivo): It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura (Criterio precautorio o in dubio pro natura): When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures." (emphasis is ours) and by the principle of reversal of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba) established in article 109 of the Ley de Biodiversidad, which provides that the burden of proof in environmental proceedings shall correspond to whoever requests the authorization, license, or permit for the use or exploitation of natural resources, or to the violator, in order to demonstrate that they did not cause the damage, or that their activity will not generate damage to the environment, in the following terms: "Burden of proof: The burden of proof, of the absence of contamination, degradation, or unpermitted affectation, shall correspond to whoever requests the approval, the permit for access to biodiversity, or to whoever is accused of having caused environmental damage." This Tribunal considers that the questioned decree implies a weakening of the necessary prevention of potential negative consequences necessary due to petroleum prospecting and exploration, by dividing the EIA into two phases and establishing the firmness of the concession with only the first, and without it being demonstrated conclusively in the case file that with the new regulation the environmental protection established in the regulation repealed by it will be maintained or improved. V.VIII.- On the other hand, it is this Tribunal's opinion that it has not been demonstrated conclusively that the content of the questioned administrative conduct is based on technical and scientific criteria and parameters. Neither the documentary evidence provided in the case file nor the testimony of the witnesses demonstrate that in the case of our country, with the geological and environmental conditions existing in it, the environmental impact study can be divided in the manner provided in the questioned decree and, furthermore, that the respective award act can acquire firmness with only the EIA of the respective first prospecting phase. Additionally, it is essential to highlight that the national legislator, following the same line of protection already marked, enacted the Ley de Biodiversidad, No. 7788, in which article 94 states "Stages of the environmental impact assessment. The environmental impact assessment regarding biodiversity must be carried out in its entirety even when the project is scheduled to be executed in stages," which demonstrates that the State reaffirms in that higher norm the commitment deriving from the earlier legal provisions already indicated, to such an extent that, now in the later norm, the possibility of carrying out projects in stages or phases is clarified, but that the EIA must be considered as one in its entirety, which is consistent with what was stated previously regarding the need for the administration to have, prior to commencing activities that could have an impact on the environment, a clear picture in order to take all necessary precautions. V.IX.- With respect to the argument of the passive coadjuvant company, objecting to the obligation to carry out a complete EIA from the beginning of a project due to an aspect of economic and technical impossibility, it must be noted that this assertion was not proven in the record, neither by the coadjuvant nor by the state representation. In any case, a consideration of a purely economic nature cannot result in a weakening of the protection of the right to a healthy and balanced environment. V.X.- In accordance with the foregoing considerations, it is the criterion of this Tribunal that Executive Decree 26750-MINAET of February 27, 1998, is vitiated by absolute nullity, insofar as its content is contrary to the provisions of the Ley de Hidrocarburos, given that it grants finality to the adjudication of the concession without having the integrality of the environmental impact of the respective exploration and the environmental principles that are expressly recognized in the Ley de Biodiversidad, by implying a weakening of the protection of a healthy and balanced environment and, furthermore, no sufficient reasoning is observed that justifies the repeal of the provisions of article two and all of Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, articles 266 to 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 published in La Gaceta Nº 230 of December 4, 1995), regulations that came to regulate the preparation of an environmental impact study in a more comprehensive and explicit manner, in protection of the environmental public interest. The Decree at issue established the application of EIAs in a fragmented manner according to the stage or phase in which the interested party is operating, determining a division that the norm did not authorize, also omitting the use of the characteristic of being prior to the development of the works or activities and allowing that in a first prospecting stage in which aspects of environmental impact proper are not necessarily determined, considering that it is not in a phase that implies fieldwork, all of this establishing an effect not determined in the laws, such as that with only the EIA of the first phase the legal requirements are deemed fulfilled and the adjudication act is considered final. V.XI.- On the dimensioning of the nullity of the regulation for carrying out environmental impact studies for hydrocarbon exploration and exploitation contracts (Decreto Ejecutivo 26750-minae). In accordance with the provisions of articles 130 subsection 3) and 131 subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in the interest of legal certainty, this Tribunal is empowered to dimension in time, space, and matter the nullity of an administrative act of general scope such as the Regulation challenged here; therefore, as the absolute nullity is declared against Decreto 26750-MINAE, and in accordance with numeral 171 of the Ley General de la Administración Pública, this declaration shall have erga omnes, purely declaratory, and retroactive effect to the date of the act, without prejudice to rights acquired in good faith, for which reason this Tribunal must reaffirm in this judgment said effects and, furthermore, determine that since the annulled Decree modified article two of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos (Decreto 24735 published in La Gaceta Nº 230 of December 4, 1995) and repealed Title X of said Regulation, which included articles 266 through 283, the same, given the nullity decreed in this judgment, would restore their validity. The foregoing, of course, once this judgment becomes final, which must be published in its entirety in the official gazette La Gaceta, at the expense of the State (article 130 subsection 3 in fine of the Código Procesal Contencioso Administrativo). VI.- Defenses: In addition to the defenses already resolved in the procedural stage as indicated in the operative part of this judgment, the substantive defenses raised are resolved as follows: 1) Regarding the alleged lack of current interest: In that sense, it is argued that through Decreto Ejecutivo number 36693-MINAET published in La Gaceta of August 19, 2011, the Poder Ejecutivo decreed a national moratorium for oil exploitation for a period of three years, for which reason the state representation considers there would be no possibility at this time of applying the Regulation challenged here. In this regard, the defense raised is not admissible, given that the existence of a suspensive condition in the content of the act by a subsequent act does not eliminate the legal effects of the objected act nor does it detract from the interest of the plaintiff in having the nullity raised processed and resolved. The foregoing, insofar as the moratorium is temporary, which indicates that the challenged Regulation has not lost any validity and therefore, the defense presented must be rejected. E) Regarding lack of right: Given the manner in which it is resolved, its rejection in all respects is appropriate. VII.- Costs. In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by reason of being so. Dispensation from this award is only viable when there was, in the Tribunal's judgment, sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this Tribunal considers that no exempting cause exists, and therefore the costs must be borne by the State. POR TANTO The exceptions of expiration (caducidad), lack of current interest, and lack of right are rejected. Consequently, the complaint is granted in all respects, and it is resolved: a) The absolute nullity of Decreto 26750-MINAE of February 27, 1998 (Reglamento para la realización de estudios de impacto ambiental para los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos) published in Diario Oficial Nº 53 of March 17, 1998, is declared. b) This declaration has erga omnes and declaratory effects and is retroactive to February 27, 1998, respecting rights acquired in good faith from its entry into force until the finality of this resolution, which must be published in its entirety in the official gazette La Gaceta, at the expense of the State. c) This judgment is dimensioned in the sense that article two and all of Title X of the Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, articles 266 to 283 (Decreto Ejecutivo Nº 24735 published in La Gaceta Nº 230 of December 4, 1995) regain their original validity, which shall occur once this judgment becomes final. d) The State is ordered to pay both personal and procedural costs. Nombre113118 Nombre113722 Nombre12754 Documento firmado por: Nombre113118 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre12754 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre113722 , JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:42:32. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República