Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, de aplicación al caso por encontrarse el inmueble a titular dentro de la Zona Protectora …, para poder inscribir dicho bien en el Registro Público, es preciso el gestionante demuestre haber estado en posesión del inmueble por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la citada Reserva, así como haber protegido el recurso forestal” (sentencia de este Tribunal Nº 170-03 de las 16 horas 24 minutos del 31 de marzo del 2003).
Debido a lo anterior, y al no constar más elementos probatorios que valorar, esta Sede concluye, no se cumplió con el requisito de demostrar una posesión decenal anterior al 17 de julio de 1966. Por otra parte, es diferente el requisito cumplido de demostrar la cadena de transmitentes, pues los declarantes son diáfanos y precisos en ese extremo. Sin embargo, al no comprobar la posesión anterior a la Creación de la Zona Protectora Cerros de Escazú, es motivo suficiente para rechazar el proceso.
English (translation)“Pursuant to Article 7 of the Law on Possessory Information, applicable to this case because the property to be titled lies within the Protected Zone …, in order to register the property in the Public Registry, the petitioner must show that he possessed the property for at least ten years before the effective date of the Decree that created the aforementioned Reserve, as well as having protected the forest resource” (Agrarian Court Judgement No. 170‑03 of 4:24 p.m. on 31 March 2003).
In light of the foregoing, and because there are no further evidentiary items to assess, this Court concludes that the requirement of showing ten‑year possession prior to 17 July 1966 was not met. The separate requirement of proving the chain of title was satisfied, as the witnesses are clear and precise on that point. Nevertheless, the failure to prove possession before the creation of the Cerros de Escazú Protected Zone is sufficient grounds to reject the claim.
Denied
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00844 - 2017 Fecha de la Resolución: 19 de Octubre del 2017 a las 16:34 Expediente: 11-000052-0182-CI Redactado por: Magda Díaz Bolaños Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Posibilidad de titular terreno mediante información posesoria agraria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales. Temas estratégicos: Ambiental Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *110000520182CI* EXPEDIENTE: EXPN1 - 6 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA ACTOR/A: LONTANANZA S.A VOTO N° 000844-F-2017 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas y treinta y cuatro minutos del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por LONTANANZA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 - - , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma [Nombre1] , mayor, casado una vez, empresario, vecino de Santo Domingo, Heredia, cédula de identidad CED2 - - . Intervienen como partes la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la licenciada Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad CED3 - - , en su condición de procuradora, y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED4 - - - , representada por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, Abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula CED5- - . Actúan como apoderados especiales judiciales de la parte promovente, la licenciada Khorana Arias Cortés, carné uno cuatro dos dos nueve, y el letrado Manrique Gamboa Ramón, colegiado uno ocho uno nueve tres. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. RESULTANDO: 1. La parte promovente interpuso el presente proceso de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad una finca que se describe así: "Terreno de potrero con quebrada en medio. Sito en Londres, [Dirección1] , San Antonio, Cantón Cero Dos, Escazú, Provincia Cero Uno, San José. La cual linda al NORTE: Quebrada Londres, [Nombre2] , [Nombre3] y [Nombre4] , SUR: Quebrada Londres y Lontananza Sociedad Anónima, ESTE: [Nombre4] y [Nombre5] , OESTE: [Dirección2] con un frente de trescientos nueve metros con siete centímetros. Mide cinco hectáreas tres mil ochocientos dieciséis metros cuadrados. Según plano catastrado número SJ-1584848-2012", (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, escrito incorporado en fecha 22/08/2012 02:45:36). 2. La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos visibles en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, escrito incorporado en fecha 06/02/2015 04:17:22 p.m.; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural, se compareció al proceso en los términos visibles en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, escrito incorporado en fecha 17/09/2015 03:08:04 p.m., este último renunciando a futuras notificaciones. 3. El juez Luis Alonso Madrigal Pacheco, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, mediante la sentencia N° 2016000113 de las dieciséis horas y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil dieciséis, resolvió: “POR TANTO: "Se REPRUEBA la información posesoria promovida por Lontananza S.A.", (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, documento asociado en fecha 05/08/2016 16:05:44). 4. La licenciada Khorana Arias Cortés, en su condición de apoderada especial judicial de la mercantil promovente, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, escrito incorporado en fecha 12/08/2016 03:13:28 p.m.). 5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no hay errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo. Redacta la jueza Díaz Bolaños; y, CONSIDERANDO: I. Se comparten los hechos probados marcados con el número cuarto, sexto, sétimo por tener buen sustento en los autos. Se omite pronunciamiento sobre los restantes por no ser objeto de apelación. II. Respecto al conjunto de eventos indemostrados se avala porque de las probanzas no se desprende información contraria a la ahí consignada. III. Se recurre la sentencia de las 16 horas 05 minutos del 05 de agosto de 2016 donde se rechazó la información posesoria. La apelación es interpuesta por la letrada [Nombre6] en su condición de apoderada especial judicial de Lontananza Sociedad Anónima por los siguientes motivos, los cuales se sintetizan, ya que son redundantes: 1. Recrimina la indebida valoración de la prueba. Critica quien emitió la sentencia es una persona juzgadora diversa a la que practicó la prueba testimonial y el reconocimiento judicial. 2. Cita las razones de fondo para el rechazo, propiamente los hechos indemostrados. Afirma, el juez debió en caso de duda llamar nuevamente y con antelación al dictado de la sentencia a los testigos para preguntarles y aclarar si el promovente tiene o no de poseer con antelación a la creación de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú. Manifiesta, a ninguno de los declarantes se les interrogó al respecto. Argumenta, el testigo [Nombre7] da cuenta de tal inmueble desde hace más de 50 años. 3. El deponente [Nombre8] indica que por 15 años administró la propiedad y tener ganado; diverso a la indicado en la pieza apelada, en cuanto el testigo conocía la finca desde el 2001, afirmación tildada de incorrecta. Igualmente muestra, en la declaración se hace mención a la cadena de transmisión, y estima, es diáfana lo indicado sobre los colindantes, los accidentes geográficos, hasta el precio de compra del precio, así como que se encuentra cercada. 4. Del audio de [Nombre9] , a su entender, se desprende el promovente posee la finca desde hace 40 años, describe el terreno, características, accidentes geográficos, nombre de la quebrada. Dice esas manifestaciones son coincidentes con las de los otros dos declarantes. Pide se señale para la ampliación de los testigos ya ofrecidos en caso de tener dudas (Escritorio virtual del Juzgado Agrario de San José, carpeta de escritos, 22/11/2016). IV. Concerniente a la petición de hacer un señalamiento para ampliar las testimoniales vertidas en autos y la recriminación de no hacer esta comparecencia por la persona juzgadora de instancia previo a la emisión de la sentencia, procederá su rechazo. El primero motivo radica en que la carga de la prueba incumbe exclusivamente al promovente, de conformidad al artículo 317 inciso 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por remisión expresa de los ordinales 6 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En segundo orden, si se dio una omisión en las declaraciones de los testigos, ello es un asunto de manejo exclusivo de la estrategia del caso. Nótese, la norma sexta de la Ley de Informaciones Posesorias señala, el examen de quien rinde declaración es de oficio o a solicitud de parte, lo cual deja en evidencia si existiera alguna información que no fuere preguntada por el órgano judicial, la representación legal de la parte promovente puede hacer ese escrutinio. Nótese, al cierre de cada uno del interpelaciones realizadas por la jueza, se le concedió el uso de la palabra a los abogados directores del proceso, quienes solo en el caso del testigo [Nombre8] (archivo de audio en el escritorio virtual del Juzgado Agrario de San José, carpeta de documentos asociados del 25/01/2016 minuto 20:52) requirieron aclaraciones a esa persona. En el caso de los otros dos testigos (audio segundo y tercero del 08/09/2016) dijeron de manera expresa y a viva voz no tener más preguntas para quien rendía declaración. Por último, la diferencia de persona que recibió la probanza entre la que emitió la sentencia, tampoco constituye una infracción al debido proceso o al derecho de defensa. En el expediente virtual, conforme se señaló, existen audios donde se puede escuchar de primera mano lo expresado por cada uno de los testigos, lo cual permite un contacto con las prueba testimonial mucho más objetivo, que aquel asentado en un acta, constituyendo esta nueva forma de asentar la probanzas como una bondad al momento de la valoración de la prueba, siguiendo los estatuido en el canon 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. V. En cuanto a la prueba testimonial exigida, en un mínimo de tres de acuerdo con la Ley de Informaciones Posesorias, quien legisló impuso el requisito de ser vecinos del cantón donde se ubica el inmueble. Ello con el fin de permitir fuesen realmente personas conocedoras de la situación las que se presentaran a declarar. En otras palabras, se presume los vecinos de la zona son quienes mejor pueden dar fe de los dueños de los terrenos cercanos a los suyos y que sucede en ellos, por frecuentar o vivir en el mismo lugar. En el caso bajo examen no logró el apelante demostrar haber ejercido actos posesorios 10 años antes a la creación de la Zona Protectora Cerros de Escazú. Si el terreno esté comprendido dentro de una zona protegida, debe cumplirse con un requisito más calificado en cuanto al ejercicio y tiempo de la posesión. “…De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, de aplicación al caso por encontrarse el inmueble a titular dentro de la Zona Protectora …, para poder inscribir dicho bien en el Registro Público, es preciso el gestionante demuestre haber estado en posesión del inmueble por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la citada Reserva, así como haber protegido el recurso forestal” (sentencia de este Tribunal Nº 170-03 de las 16 horas 24 minutos del 31 de marzo del 2003). Producto de la norma antes citada, las personas declarantes, deberán dar cuenta de una posesión decenal anterior a la creación de la zona protectora. En este asunto, de conformidad con la certificación expedida por el Ministerio de Ambiente y Energía, agregada en el escritorio virtual del juzgado de origen, carpeta de documentos asociados, expediente principal del 09/08/2012, imagen 20, donde da cuenta el terreno se ubica dentro del área silvestre protegida, creada mediante decreto ejecutivo N°8112-A del 17 de julio de 1976, reformado mediante decreto N°14672-A del 21 de julio de 1983. Por esa razón, quien promueve tiene que comprobar una posesión anterior al 17 de julio de 1966. Sin embargo, en el subéxamine, únicamente el testigo [Nombre10] (archivo de audio segundo del 08/09/2015), dio razón de conocer el fundo desde hace 50 años, y es vecino de ese sitio desde hace 30 años (minutos 01:36 a 02:27). El declarante [Nombre9] (audio tercero, minuto 2:00 a 03:53) dijo conocer el fundo desde hace 40 años, lo cual aporta datos de la posesión desde 1975. Por otra parte, [Nombre8] en audio del 25 de enero de 2016, explicó de manera clara conocer el inmueble desde hacía 40 años lo cual también remite al año 1975 (minuto 07:34 a 08:55). En el memorial agregado al escritorio virtual el 19/05/2015, al cumplir una prevención, la promovente aduj o haber adquirido por compraventa el bien de [Nombre11] , desde junio de 1973, rendida bajo la fe de juramento de conformidad al canon 3 de la Ley de Informaciones Posesorias. Debido a lo anterior, y al no constar más elementos probatorios que valorar, esta Sede concluye, no se cumplió con el requisito de demostrar una posesión decenal anterior al 17 de julio de 1966. Por otra parte, es diferente el requisito cumplido de demostrar la cadena de transmitentes, pues los declarantes son diáfanos y precisos en ese extremo. Sin embargo, al no comprobar la posesión anterior a la Creación de la Zona Protectora Cerros de Escazú, es motivo suficiente para rechazar el proceso. POR TANTO: Se confirma la sentencia de las dieciséis horas cinco minutos del cinco de agosto de dos mil dieciséis. *Z2UXBTMCG5E61* Z2UXBTMCG5E61 [Nombre12] - JUEZ/A DECISOR/A *U47HEW6HXYNM61* U47HEW6HXYNM61 [Nombre13] - JUEZ/A DECISOR/A *VNUO3TH3TUI61* VNUO3TH3TUI61 [Nombre14] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección3] , , [Dirección4] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:14:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: EXPN1 - 6 PROCEEDING: INFORMACIÓN POSESORIA PLAINTIFF: LONTANANZA S.A VOTE No. 000844-F-2017 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.— At sixteen hours and thirty-four minutes on the nineteenth of October of two thousand seventeen. PROCEEDING OF INFORMACIÓN POSESORIA brought by LONTANANZA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1 - - , represented by its president with powers of generalísimo agent without limit of amount [Name1], of legal age, married once, businessperson, resident of Santo Domingo, Heredia, identity card CED2 - - . The PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA appears as a party, represented by licensed attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card CED3 - - , in her capacity as procuradora, and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number CED4 - - , represented by its general judicial attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced twice, attorney, resident of San Ramón, Alajuela, identity card CED5 - . Acting as special judicial attorneys for the moving party are licensed attorney Khorana Arias Cortés, bar number one four two two nine, and counsel Manrique Gamboa Ramón, bar member one eight one nine three. Processed before the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea. WHEREAS: 1. The moving party filed this proceeding of información posesoria so that, through this means, a farm described as follows may be registered in the Public Property Registry: "Pastureland (terreno de potrero) with a ravine running through it. Located in Londres, [Address1], San Antonio, Canton Zero Two, Escazú, Province Zero One, San José. Which is bounded on the NORTH: Quebrada Londres, [Name2], [Name3] and [Name4], SOUTH: Quebrada Londres and Lontananza Sociedad Anónima, EAST: [Name4] and [Name5], WEST: [Address2] with a frontage of three hundred nine meters and seven centimeters. It measures five hectares, three thousand eight hundred sixteen square meters. According to cadastral map number SJ-1584848-2012," (See virtual desk of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, brief filed on 08/22/2012 02:45:36). 2. The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding under the terms visible in the virtual desk of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, brief filed on 02/06/2015 04:17:22 p.m.; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding under the terms visible in the virtual desk of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, brief filed on 09/17/2015 03:08:04 p.m., the latter waiving future notifications. 3. Judge Luis Alonso Madrigal Pacheco, of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, through judgment No. 2016000113 at sixteen hours and five minutes on the fifth of August of two thousand sixteen, resolved: "THEREFORE: The información posesoria brought by Lontananza S.A. is DISAPPROVED," (See virtual desk of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, document associated on 08/05/2016 16:05:44). 4. Licensed attorney Khorana Arias Cortés, in her capacity as special judicial attorney for the moving company, filed an appeal with an express indication of the reasons on which it is based to refute the thesis of the lower court, (virtual desk of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, brief filed on 08/12/2016 03:13:28 p.m.). 5. In the processing of the proceeding, the legal requirements have been observed, and there are no errors or omissions capable of producing the nullity of the ruling. Drafted by Judge Díaz Bolaños; and, WHEREAS: I. The proven facts marked with numbers four, six, and seven are shared, as they have good support in the case record. No ruling is made on the remaining ones as they are not the object of appeal. II. Regarding the set of unproven events, it is endorsed because the evidence does not show information contrary to what is stated there. III. The judgment at 16:05 on August 5, 2016, in which the información posesoria was rejected, is appealed. The appeal is filed by counsel [Name6] in her capacity as special judicial attorney for Lontananza Sociedad Anónima for the following reasons, which are summarized, as they are redundant: 1. She criticizes the improper weighing of the evidence. She criticizes that the person who issued the judgment is a different adjudicator from the one who took the testimonial evidence and conducted the judicial inspection (reconocimiento judicial). 2. She cites the substantive reasons for the rejection, specifically the unproven facts. She affirms that, in case of doubt, the judge should have called the witnesses again, prior to issuing the judgment, to ask them and clarify whether the moving party was in possession before the creation of the Zona Protectora de los Cerros de Escazú. She states that none of the declarants were questioned about this. She argues that witness [Name7] gives account of this property from more than 50 years ago. 3. The deponent [Name8] indicates that he administered the property and had livestock for 15 years; this differs from what is indicated in the appealed decision, where it was stated that the witness knew the farm from 2001, an assertion branded as incorrect. She also shows that the declaration mentions the chain of transmission, and she deems it clear what was indicated about the adjoining landowners, the geographical features, even the purchase price of the property, as well as that it is fenced. 4. From the audio of [Name9], in her understanding, it is clear that the moving party has possessed the farm for 40 years, he describes the land, its characteristics, geographical features, and the name of the ravine. She says these statements coincide with those of the other two declarants. She requests a hearing be set for the amplification of the witnesses already offered, in case of doubt (Virtual desk of the Juzgado Agrario de San José, briefs folder, 11/22/2016). IV. Concerning the request to set a hearing to amplify the testimonial evidence given in the case record and the criticism that the adjudicator of the lower court did not conduct this appearance prior to issuing the judgment, it will be rejected. The first reason lies in that the burden of proof falls exclusively on the moving party, in accordance with Article 317 subsection 1) of the Code of Civil Procedure, applicable supplementarily by express referral of articles 6 and 26 of the Agrarian Jurisdiction Law. Secondly, if there was an omission in the witnesses' statements, this is a matter of exclusive management of the case strategy. Note that article six of the Informaciones Posesorias Law indicates that the examination of the person giving testimony is conducted sua sponte or at the request of a party, which makes it evident that if there was any information not asked by the judicial body, the legal representation of the moving party can conduct that scrutiny. Note that at the close of each of the interrogations conducted by the judge, the floor was given to the attorneys directing the proceeding, who only in the case of witness [Name8] (audio file in the virtual desk of the Juzgado Agrario de San José, associated documents folder of 01/25/2016, minute 20:52) requested clarifications from that person. In the case of the other two witnesses (second and third audio of 09/08/2016), they said expressly and aloud that they had no further questions for the person giving testimony. Finally, the difference in the person who received the evidence versus the one who issued the judgment does not constitute an infringement of due process or the right of defense. In the virtual file, as noted, there are audios where one can hear firsthand what was said by each of the witnesses, which allows for contact with the testimonial evidence that is much more objective than that recorded in a written act, and this new way of recording the evidence constitutes a benefit at the time of weighing the evidence, following the provisions of canon 54 of the Agrarian Jurisdiction Law. V. Regarding the required testimonial evidence, in a minimum of three according to the Informaciones Posesorias Law, the legislator imposed the requirement that they be residents of the canton where the property is located. This was so that the persons appearing to testify were truly knowledgeable about the situation. In other words, it is presumed that the residents of the area are those who can best attest to the owners of the lands near their own and what happens on them, because they frequent or live in the same place. In the case under review, the appellant did not succeed in demonstrating that they had exercised acts of possession 10 years prior to the creation of the Zona Protectora Cerros de Escazú. If the land is located within a protected area, a more qualified requirement regarding the exercise and time of possession must be met. “…In accordance with the provisions of Article 7 of the Informaciones Posesorias Law, applicable to the case because the property to be titled is within the Zona Protectora …, in order to register said property in the Public Registry, the applicant must demonstrate that they were in possession of the property for at least ten years before the effective date of the Decree that created said Reserve, as well as having protected the forest resource” (judgment of this Tribunal No. 170-03 at 16 hours 24 minutes on March 31, 2003). As a result of the aforementioned rule, the declarants must give account of a ten-year possession prior to the creation of the protected area (zona protectora). In this matter, according to the certification issued by the Ministerio de Ambiente y Energía, added to the virtual desk of the originating court, associated documents folder, main file of 08/09/2012, image 20, where it states the land is located within the protected wildlife area, created by executive decree No. 8112-A of July 17, 1976, amended by decree No. 14672-A of July 21, 1983. For that reason, the moving party must prove possession prior to July 17, 1966. However, in the sub-examine, only witness [Name10] (second audio file of 09/08/2015) gave reason of knowing the property from 50 years ago, and he has been a resident of that place for 30 years (minutes 01:36 to 02:27). The declarant [Name9] (third audio, minute 2:00 to 03:53) said he knew the property from 40 years ago, which provides data of possession from 1975. On the other hand, [Name8], in audio of January 25, 2016, clearly explained he knew the property from 40 years ago, which also refers to the year 1975 (minute 07:34 to 08:55). In the brief added to the virtual desk on 05/19/2015, when complying with a prevention, the moving party alleged having acquired the property by purchase from [Name11] in June 1973, declared under oath in accordance with canon 3 of the Informaciones Posesorias Law. Due to the foregoing, and as there are no further evidentiary elements to weigh, this Court concludes that the requirement to demonstrate a ten-year possession prior to July 17, 1966, was not met. Moreover, the met requirement of demonstrating the chain of transferors is different, as the declarants are clear and precise on that point. However, the failure to prove possession prior to the Creation of the Zona Protectora Cerros de Escazú is sufficient grounds to reject the proceeding. THEREFORE: The judgment of sixteen hours five minutes on the fifth of August of two thousand sixteen is affirmed. [Name12] - DECIDING JUDGE [Name13] - DECIDING JUDGE [Name14] - DECIDING JUDGE EXP: EXPN1 II Judicial Circuit San José, [Address3], , [Address4] de Goicoechea, in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica, Telephones: [Phone1]. Fax: [Phone2] or [Phone3]. Email: [...] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-22-2026 08:14:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República