Res. 00845-2017 Tribunal Agrario — Titling land in Golfo Dulce Forest Reserve through possessory information proceedingsTitulación de terreno en Reserva Forestal Golfo Dulce mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00845 - 2017

Fecha de la Resolución: 19 de Octubre del 2017 a las 17:51

Expediente: 15-000069-0419-AG

Redactado por: Magda Díaz Bolaños

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno mediante información posesoria agraria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencia con Voto Salvado

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*150000690419AG*

 

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN2 - 3




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

MANUEL GONZALO MEDRANO VALENCIA

 

   

VOTO N° 000845-F-2017

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diecisiete horas y cincuenta y uno minutos del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

             PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovid a por [Nombre1]  , mayor, soltero en unión de hecho, agricultor, vecino de Tres Ríos, Cartago, cédula de identidad CED1 -    -   . I ntervienen como parte s la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , representad a por la licenciada Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad CED2 -    -   , y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -       - , representada por su gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada, abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula de identidad CED4 -    -   , colegiada dos uno tres cuatro dos. Actúa como apoderado especial judicial de la parte promovente, el licenciado Edwin Daniel Leiva Jara, carné tres siete cinco seis. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.

 

RESULTANDO:

            1. La parte promovente interpuso el presente proceso de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad una finca que se describe así: "TERRENO: montaña y potrero. SITO: El [Dirección1],   ,   , Provincia de Puntarenas. LINDEROS: NORTE: Tucano Paradise Sociedad Anónima, [Nombre2], [Nombre3] y [Nombre4], todos [Nombre3] Valencia, SUR: [Nombre2], [Nombre3] y [Nombre4], todos [Nombre3] Valencia, ESTE: [Nombre5]  , y OESTE: [Nombre2], [Nombre3] y [Nombre4], todos [Nombre3] Valencia. MIDE: setenta y cuatro hectáreas nueve mil seiscientos veintisiete metros cuadrados. PLANO CATASTRADO: P - un millón setecientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco - dos mil catorce. " , (folios 07 al 10 ).

             2.   La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos visibles a folio 64 a 66 ; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural, s e apersonó al proceso en los términos visibles a folio 73; este último renunciando a futuras notificaciones.

            3 . El juez Juan Gutiérrez Villalobos, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, mediante la sentencia N° 124-2017 de las catorce horas del veinticinco de mayo del año dos mil diecisiete , resolvió: “POR TANTO: "De conformidad con lo expuesto, normas legales citadas; SE APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria establecidas por [Nombre1]  . En consecuencia, proceda el Registro Público de la Propiedad a inscribir a nombre de [Nombre1]   mayor de edad, soltero, agricultor, vecino de San Diego de Tres Ríos de Cartago, portador de la cédula de identidad número CED5-  -   la finca que se describe así:  Terreno de montaña y potrero, sito en el [Dirección2]       Osa de la Provincia de Puntarenas, mide setenta y cuatro hectáreas nueve mil seiscientos veintisiete metros cuadrados según el plano número P-1769355-2014 y linda al norte con Tucano Paradise S.A., [Nombre2]  y [Nombre4] todos [Nombre3] Valencia, al sur con [Nombre2]  y [Nombre4] todos [Nombre3] Valencia, este [Nombre5]   y al oeste con [Nombre2]  y [Nombre4] todos [Nombre3] Valencia.  Que dicho inmueble lo adquirió el promovente del señor [Nombre3]   quien es su sobrino y le trasmitiera los derechos posesorios por un tiempo superior a los veinticuatro año. Que la finca descrita no ha sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Que no existen condueños ni cargas reales y no se pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. El bien fue estimado en la suma de treinta millones de colones. Que el edicto citando a colindantes y terceros interesados se publicó en el Boletín Judicial número 15 el día veintidós de enero del año dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, queda la propiedad afecta sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las reservas que señalan la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73 y, de conformidad con el artículo 16 de la referida Ley, esta propiedad queda definitivamente convalidada para terceros a los tres años, los cuales comenzarán a contar a partir del día inmediato a la inscripción del título correspondiente en el Registro Público. El área contigua a la quebrada constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles de conformidad con la ley Forestal número 7575 artículo 33 incisos a) y b) y además el cauce de dichas aguas es de dominio público de acuerdo a los artículos 1 y 3 incisos IV y III de la Ley de Aguas. Firme la presente resolución extiéndase la certificación correspondiente para la inscripción respectiva. Se hace saber a las partes que esta sentencia tiene recurso de apelación ante el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José.  En caso de presentar recurso de apelación cualquiera de las partes, favor remitir además de la parte escrita, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les  confiera una audiencia oral, lo hagan saber en el mismo escrito de apelación,  o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar", ( folios 346 a 350 ).

            4 . La licenciada Susana Fallas Cubero, en su condición de procuradora, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (folios 354 al 361).

            5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no hay errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.

Redacta la jueza Díaz Bolaños; y,

CONSIDERANDO:

            I. Se comparte el conjunto de hechos probados por tener buen sustento en los autos. 

            II. Se recurre la sentencia de las 14 horas del 25 de mayo de 2017 donde se aprobó la información posesoria promovida por [Nombre1]  . La impugnación es interpuesta por la abogada estatal Susana Fallas Cubero por los siguientes motivos: 1. El terreno se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada el 28 de abril de 1978. Trascribe segmentos de las manifestaciones de [Nombre6]   y [Nombre7]  , porque a su entender la prueba recibida en enero de 2017 es insuficiente para probar el ejercicio de la posesión decenal antes de la fecha de entrada en vigor del decreto. Manifiesta, aunque los testigos indicaron el promovente lo obtuvo de la familia [Nombre3], eso no implica conozcan el terreno por un periodo mayor al que declaran, máxime que adquirió hasta 1986, según el escrito inicial y la carta de venta aportada, pero comprende luego de repasar las declaraciones no hay congruencia entre la información suministrada. Cita diversos extractos de sentencias de este Tribunal.  Agrega, las manifestaciones vertidas en el documento privado de traspaso no podrían tenerse como elemento probatorio, sustentando su dicho en las sentencias 171-F-2015 y 493-F-13 de esta Cámara, las cuales extracta parcialmente. 2. Como segundo agravio señala, ante esa misma oficina judicial bajo el expediente EXPN1 el promovente pretendió titular el terreno descrito en el plano P-1500334-2011 el cual es un antecedente catastral del levantamiento topográfico aquí empleado. Aduce, esa gestión fue rechazada en sentencia confirmada por el Tribunal en 2013.  Considera recae en este trámite una cosa juzgada formal lo cual puede ser revertido únicamente en un proceso de conocimiento o incidente de nulidad, citando una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. En apoyo de su tesis indica, este trámite es para declarar la propiedad, no para constituirla, por lo que deben ser utilizadas para consolidar el trámite y observar los requisitos no para darles cumplimiento durante el proceso a medida de las prevenciones hechas por el órgano judicial. Expresa en el citado expediente del 2006 se aportó una certificación de uso de suelo de 2007 donde se hizo constar que el 30% del terreno no había ejercido el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología. Procede a trascribir un segmento de lo que afirma es parte de la sentencia que rechazó ese proceso. Cita el numeral 102 del Reglamento de Uso, Manejo y Conservación de Suelos el cual estima se ha infringido. Cita sentencia de este Tribunal 1212-F-12 y 38-F-13 para indicar debe exigirse durante todo el tiempo de la posesión la protección ambiental. 3. Las colindancias citadas en la parte dispositiva no son coincidentes con las plasmadas en el dibujo topográfico, omitiendo hacer mención de la zona de protección de la quebrada sin nombre y la quebrada Porvenir, por lo cual no se ajusta a la realidad (folios 362 a 369 del tomo II).

            III. Relativo al primer agravio, radica en que se incumplió probar una posesión anterior a los 10 años de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, además de la cadena de transmitentes. Tal reserva fue establecida por decreto ejecutivo número 8494 del 28 de abril de 1978, el cual entró en vigencia a partir del  01 de junio de 1978, publicado en el diario oficial La Gaceta número 104, del 01 de junio 1978, alcance número 92, colección de leyes y decretos:  año: 1978, semestre: 1, tomo: 4, página: 1366.  Tal cuerpo legal fue modificado por uno de igual naturaleza, número DE-10142-A, del 12 de junio de 1979, y divulgado en el diario oficial La Gaceta número 119  del  27 de junio 1979. En este último decreto redujo el área de la reserva forestal porque: "...recientes estudios realizados por funcionarios de la Dirección General Forestal y del Instituto Tecnológico de Costa Rica han demostrado que dentro de dicha Reserva quedaron comprendidos terrenos de aptitud agropecuaria que no deben estar afectados por el régimen forestal, debiendo, consecuentemente, ser excluidos de ella". Por otra parte, es posible obtener título de propiedad de terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas de acuerdo con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, siempre que la persona promovente demuestre haber ejercido actos posesorios por lo menos con 10 años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó el área silvestre.  En este caso es necesario se demuestre una posesión anterior a 1968. La crítica medular del ente procurador radica en la insuficiencia de la prueba testimonial para demostrar esa posesión.  En primer orden conviene mencionar el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece el sistema de valoración probatoria en materia agraria. Resulta oportuno señalar sobre este método, lo explicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante decisión número 60-2011 de las 9 horas 15 minutos del 27 de enero de 2011: "Conforme al numeral 54 de la LJA, en materia agraria, la prueba debe ser valorada “a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.” Por su parte el mandato 61 ibídem determina “La Sala de Casación, a la hora de apreciar la prueba y de resolver el negocio, se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 y, en general, por los principios que informan esta ley.” En lo atinente a este tema, esta Sala indicó: “IV. En el sub júdice la discusión gira en torno a un punto concreto: la apreciación del material probatorio, en cuanto a cuál de las partes incumplió el contrato. La forma cómo deben los jueces apreciar la prueba, ha variado a lo largo de la historia del Derecho Procesal. En una primera etapa, anterior a las codificaciones decimonónicas, se partía de un sistema tasado para discernir sobre la fuerza demostrativa de cada elemento. Así, la ley de antemano imponía valor a cada probanza, sin que el juzgador estuviera en la posibilidad de decidir, por sí mismo, cuáles elementos informaban mejor su convicción para resolver el caso concreto. De esa manera, se requerían medios específicos para demostrar cada derecho, variando su cantidad en torno a cada uno, así como estableciendo, a priori, discriminaciones sobre los declarantes en razón de su género, edad, oficio o clase social. Ese sistema fue superado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 1855, que sirvió de base a los códigos procesales de América Latina, incluyendo a Costa Rica. En dicha legislación hispana se acogió el modelo de apreciar el material demostrativo a la luz de las reglas de la sana crítica. Se trata de la figura intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Con fundamento en la sana crítica, el juez puede llegar a un convencimiento por sí mismo sobre la certeza de los hechos sobre los cuales basa su decisión, a través de su propia valoración, pero, esta no es del todo libre, sino que está sujeta a las normas del pensamiento lógico formal y, de manera simultánea, a la experiencia humana. Sobre el punto ha expresado la doctrina, en especial, Couture, que el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un ser humano que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que toda persona se sirve en la vida. Por lo tanto, la autoridad judicial estará encargada de apreciar las probanzas con una debida concatenación lógica y, además, bajo las circunstancias de su entorno, observadas mediante la experiencia. La finalidad de lo anterior es que el juzgador no podrá acogerse tan solo a su discrecionalidad, sino que deberá fundamentar, con base en la lógica y la experiencia, los motivos de su convicción. Esto, además, permitirá al superior, si se impugna el fallo, revisar si los criterios del a quo, se sujetaron a tales reglas del correcto entendimiento humano. Un tercer sistema es el denominado como de libre convicción. En este, lo que decida el juzgador no deberá estar sujeto, necesariamente, a la prueba aportada por las partes al proceso. Incluso, podría resolverse contra los hechos probados y tener asidero tan solo en el saber privado del juez. Bastará con que este afirme tener la certidumbre moral de que los hechos sucedieron de tal manera, sin que se le pueda exigir el desarrollo lógico de su razonamiento. El Código Procesal Civil costarricense se enmarca en un híbrido entre las reglas de la sana crítica y la prueba tasada. Tal conclusión se extrae del precepto 330, así como de diversas regulaciones, resabios del sistema anterior, en torno al valor de los medios demostrativos como la confesión, los instrumentos públicos, los documentos que prevalecen sobre las declaraciones testimoniales y la imposibilidad de probar algunos hechos tan sólo con estas últimas. Por otra parte, la Ley de la Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, párrafo segundo, dispone lo siguiente: “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.”. Aunque, por similitud de terminología, en principio, podría interpretarse que se ajusta al sistema de libre convicción, en realidad no es así, pues la propia norma ordena al juzgador dar argumentos de derecho o de equidad para justificar su apreciación. Asimismo, hubo pronunciamiento sobre el tema, cuando la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 11932 de las 15 horas 37 minutos del 21 de noviembre del 2001, explicó que la prueba no puede valorarse al mero arbitrio de la autoridad judicial. Más bien, dicho numeral 54 la obliga a que “...analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio; respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa.” Dicha Sala, en el voto de cita, refiere a su sentencia n.º 4448 de las 9 horas del 30 de agosto de 1996, donde expresó: “De esta manera, la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez –como funcionario que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derecho constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política” Entonces, debe concluirse, en realidad, el ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria no permite al juzgador acogerse a un sistema de libre convicción. Aún más, a partir de los deberes de fundamentar que se imponen y, a la luz de lo interpretado en la jurisprudencia constitucional, lo está sujetando a las reglas de la sana crítica, en el tanto, debe procurar un razonamiento lógico y acorde a la experiencia humana intersubjetiva para justificar lo que dispone. Por falta de sujeción al derecho común, según regula el propio precepto, habrá de entenderse que, a diferencia de los procesos civiles, no habrá prueba tasada alguna. En ese tanto, cuando se acuse una indebida valoración probatoria, por parte de los jueces agrarios, en realidad se estará acusando la inobservancia a las reglas de la lógica y de la experiencia, que informan el correcto entendimiento humano, al momento de fundamentar su convicción.” (Véase sentencia no. 712, de las 15 horas 15 minutos del 26 de setiembre de 2005, lo subrayado no corresponde al original)". Conforme al sistema de valoración de la prueba dispuesto en el artículo 54 citado, se procederá a analizar lo agraviado, subrayando en la disciplina agraria existe un sistema de ponderación propio, el cual se encuentra relacionado con los principios que inspiran el proceso agrario. Otro dato para considerar es inadmisible el análisis separado de las probanzas; debe hacerse en conjunto; motivo por el cual es improcedente, como pretende la Procuraduría quejosa, analizar las declaraciones de manera solitaria sin considerar la totalidad del acervo probatorio. Esta Cámara arriba a la misma conclusión del órgano judicial de instancia en cuanto hay coincidencia y armonía entre las pruebas.  Por un lado, las declaraciones son claras en cuanto al tiempo de conocer al promovente y su relación posesoria en el fundo.  Si bien quienes declararon tienen diferente tiempo de dar cuenta de la posesión, se complementan, no son contradictorias entre sí, y se armonizan con la documental constante en autos.  La testiga [Nombre6]  , de 62 años, dijo conocer al promovente y la propiedad aproximadamente 45 años, momento para el cual era de la familia Valencia, e indica le vendieron al gestionante. Reporta saber el predio fue poseído por los anteriores dueños por 30 años (página 286 en el tomo I). En las manifestaciones de [Nombre7]  , de 71 años afirmó conocer al gestionante desde hace 50 años y el fundo entre 45 a 50 años; aportando datos pormenorizados de la posesión ejercida en la finca.  Por último y en igual sentido, declaró [Nombre8]   quien dijo tener 73 años. Expresó tener una relación muy cercana con el gestionante desde la infancia, reportando el año de 1960, y desde ese momento conocer el predio (fojas 286 vuelto y 287 respectivamente del tomo I).  Por otra parte, en el memorial donde inicia el proceso, en el hecho tercero, y bajo la fe de juramento de acuerdo con lo preceptuado en el ordinal 3 párrafo segundo de la Ley de Informaciones Posesorias, explicó poseer el bien diez años antes de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Reseñó adquirió el bien de [Nombre3]  en 1986 (folios 7 a 8 del tomo I), y aportó la copia de la carta venta. Tal documento se agregó en la página 26 del tomo I, donde se transmiten los derechos posesorios ejercidos por 24 años, rubricado en junio de 1986. De ahí el documento da cuenta de una posesión desde 1962, lo cual valorado en conjunto con las demás probanzas se arriba a la conclusión, esta data de más de 10 años anteriores a la creación de la reserva forestal, sin que se observe contradicción alguna para modificar lo resuelto, pues se complementan los datos aportados por cada una de las probanzas indicadas, sean la testimonial y documental, según lo establece el artículo 1, 4, 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias.

            IV. El segundo reclamo contra la sentencia se vincula con la eficacia de cosa juzgada formal que tiene la decisión vertida en el proceso tramitado bajo el número EXPN1.  En primero orden la interpretación dada por el ente recurrente es errada, en cuanto considera al existir cosa juzgada formal únicamente se puede combatir lo resuelto en un proceso de conocimiento. Sin embargo, esa tesitura es de aplicación a un acto administrativo y no a una sentencia judicial como en el subjúdice. Por otra parte, esta especie de cosa juzgada va a desplegar el efecto de inalterabilidad en el proceso de información posesoria donde se tramitó.  En otros términos, el efecto que pretende darle quien recurre, solo se puede generar en el proceso del 2006 y por ende no existe posibilidad de modificar lo ahí resuelto porque con la sentencia de rechazo se clausuró el debate.  Sin embargo, por esas cualidades apuntadas, es dable en otro proceso judicial, como en el subexámine, volver a promover la información posesoria y debatir la posesión decenal antes de la creación de la reserva forestal.  Por último y a mayor abundamiento de razones, el canon 822 párrafo segundo del Código Procesal Civil de aplicación a la materia, establece en las disposiciones generales la actividad judicial no contenciosa. Expresamente indica, la resolución que tiene carácter definitivo no producirá cosa juzgada ni aun cuando haya sido objeto de pronunciamiento del superior. De seguido la norma en mención establece las excepciones, donde no se incluye la información posesoria, razón por la cual carece de fundamento legal que ampare la tesis de la Procuradora.

V. Relativo al efecto de la certificación de uso de suelo del proceso de 2006, no tiene en este asunto, relevancia para alterar lo resuelto.  De las declaraciones mencionadas en el considerando anterior, se explicó sobre el cambio de uso de suelo que ha experimentado el fundo.  Son precisos quienes rindieron testimonio, inicialmente era dedicada a la ganadería y ahora es más tacotal y bosque.  En el reconocimiento judicial verificado el 24 de enero de 2017 (acta en foja 285), se consignó de manera expresa: “…La propiedad es de tacotales en regeneración y montaña con bosque secundario bien cuidado y protegido…”.  En la certificación de uso conforme de suelo, sustentada en el plano catastrado utilizado en este proceso, se certifica se ha ejercido en un 100% el uso conforme de suelo.  Reporta la superficie cubierta con tacotal; además agrega en las observaciones: “Tacotal: Regeneración forestal natural con presencia de vegetación característica de la Zona de Vida en que se encuentra el inmueble…”, reseñando la presencia de árboles dispersos de las especies [Nombre9], [Nombre10], [Nombre11], [Nombre12], entre otros (folios 239 a 240, y anexos en páginas 241 a 242).  Por esta razón estima esta Sede, la posesión ejercida por el promovente muestra una conducta conservacionista, y más bien el terreno actualmente presenta, según lo indica la prueba, un cambio en el uso del suelo, el cual evidentemente beneficia el ambiente y fortalece el ecosistema amparado en los decretos de creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce.

VI. El último reclamo, tiende a recriminar la descripción de los linderos detallados en la parte dispositiva de la sentencia, no se ajusta a la realidad, porque no se incluyen la zona protectora de los cuerpos de agua graficados en el fundo. Tal agravio deberá ser rechazado, por cuanto las colindancias descritas, son acordes con la materialidad del bien. Lo anterior, porque la quebrada sin nombre se ubica en los terrenos vecinos, sin que constituya una divisoria natural. Lo anterior se grafica de manera clara en el plano catastrado de página 1, aspecto corroborado con el reconocimiento judicial de foja 285. Se cumple en consecuencia con todos los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias.

VII. VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre13] : Se respeta pero no se comparte el voto de mayoría, por cuanto dispone el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que además del plazo decenal de una posesión pública, pacífica, continua, a título de dueño, debe demostrarse que esa posesión ha sido dirigida a la protección del recurso natural. El derecho de propiedad que se reconoce en un proceso de información posesoria, es el que se haya adquirido diez años antes de la afectación como demanio público.- El cuido del recurso natural no se ha dado en su totalidad al menos dentro de ese plazo decenal anterior a la afectación, que es el que se contabiliza para determinar el derecho de propiedad. Nótese, en estudio del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), de fecha 22 de junio del 2007, indica en los sectores B y C NO SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo, es decir, no se ha cuidado el recurso forestal al menos en un 30 % de la totalidad del inmueble. Al estar el inmueble dentro de una Reserva Forestal, tales condiciones de cuido del recurso deben darse dentro del plazo decenal anterior a la afectación, no posterior a ella, como para considerar el último informe de uso de suelos de dicho Instituto.- Por lo expuesto, el inmueble continúa siendo demanio público sin que se el mismo sea excluído como propiedad privada, por lo que no podría ser posible su  titulación registral.-

  POR TANTO:

En lo apelado se confirma la sentencia de las catorce horas del veinticinco de may o de dos mil diecisiete. Hay voto salvado de la jueza Alvarado Paniagua.

 

 

 

            

 

	

	

 




	

*TA2SYSEFUBC61*

TA2SYSEFUBC61

[Nombre14]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




*MQYPLBFPYE061*

MQYPLBFPYE061

[Nombre13]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*WBWEUPPQLGO61*

WBWEUPPQLGO61

[Nombre9]    - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección3] ,     , [Dirección4]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:14:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**VOTE No. 000845-F-2017**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** At seventeen hours and fifty-one minutes of the nineteenth of October of two thousand seventeen.

**POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING** promoted by **[Name1]** , of legal age, single in a common-law union, farmer, resident of Tres Ríos, Cartago, identity card CED1 - - . The **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, represented by licensed attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, married, lawyer, resident of San José, identity card CED2 - - , and the **INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL**, legal identification number CED3 - - , represented by its general manager with powers of unlimited general proxy Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced, lawyer, resident of San Ramón, Alajuela, identity card CED4 - - , bar number two one three four two, appear as parties. Licensed attorney Edwin Daniel Leiva Jara, card number three seven five six, acts as special judicial proxy for the promoting party. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.

**WHEREAS:**

1. The promoting party filed this possessory information proceeding so that through this avenue a property described as follows may be registered in the Public Property Registry: "LAND: mountain and pasture. LOCATED: El [Address1], , , Province of Puntarenas. BOUNDARIES: NORTH: Tucano Paradise Sociedad Anónima, [Name2], [Name3] and [Name4], all [Name3] Valencia, SOUTH: [Name2], [Name3] and [Name4], all [Name3] Valencia, EAST: [Name5] , and WEST: [Name2], [Name3] and [Name4], all [Name3] Valencia. MEASURES: seventy-four hectares nine thousand six hundred twenty-seven square meters. SURVEYED PLAN: P - one million seven hundred sixty-nine thousand three hundred fifty-five - two thousand fourteen." (folios 07 to 10).

2. The Procuraduría General de la República appeared in the proceedings in the terms visible at folio 64 to 66; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceedings in the terms visible at folio 73; the latter waiving future notifications.

3. Judge Juan Gutiérrez Villalobos, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, by means of judgment No. 124-2017 of fourteen hours of the twenty-fifth of May of the year two thousand seventeen, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and cited legal provisions; the present Possessory Information proceedings established by [Name1] are APPROVED. Consequently, let the Public Property Registry proceed to register in the name of [Name1] of legal age, single, farmer, resident of San Diego de Tres Ríos de Cartago, bearer of identity card number CED5- - the property described as follows: Mountain and pasture land, located in [Address2] Osa of the Province of Puntarenas, measuring seventy-four hectares nine thousand six hundred twenty-seven square meters according to plan number P-1769355-2014, and bordering on the north with Tucano Paradise S.A., [Name2] and [Name4] all [Name3] Valencia, on the south with [Name2] and [Name4] all [Name3] Valencia, east [Name5] and on the west with [Name2] and [Name4] all [Name3] Valencia. That the promoter acquired said property from Mr. [Name3] who is his nephew and who transferred the possessory rights for a period exceeding twenty-four years. That the described property has not been registered in the Public Property Registry. That there are no co-owners or real encumbrances and no attempt is made to evade the consequences of a probate proceeding. The property was valued at thirty million colones. That the edict summoning adjoining landowners and interested third parties was published in the Judicial Bulletin number 15 on the twenty-second of January of the year two thousand sixteen. Pursuant to article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, the property remains encumbered without prejudice to third parties with better rights and with the reservations indicated by the Ley de Aguas in its articles 72 and 73, and, pursuant to article 16 of the aforementioned Law, this property is definitively confirmed for third parties after three years, which shall begin to run from the day immediately following the registration of the corresponding title in the Public Registry. The area contiguous to the stream constitutes a protection area and the felling or elimination of trees is prohibited in accordance with the Ley Forestal number 7575 article 33 subsections a) and b) and furthermore the channel of said waters is public domain according to articles 1 and 3 subsections IV and III of the Ley de Aguas. Once this resolution becomes final, issue the corresponding certification for the respective registration. The parties are informed that this judgment is subject to an appeal before the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José. Should any party file an appeal, please also submit, in addition to the written submission, the appeal in electronic format. Due to the incorporation of orality in agrarian matters, if it is the party's wish that the appeals court grant them an oral hearing, they shall make this known in the same appeal brief, or otherwise indicate an email address where they can be notified." (folios 346 to 350).

4. Licensed attorney Susana Fallas Cubero, in her capacity as procurator, filed an appeal with an express indication of the reasons on which she bases it to refute the thesis of the trial court (folios 354 to 361).

5. In the conduct of the proceedings, the legal requirements have been observed, and there are no errors or omissions capable of producing the nullity of the ruling.

Judge Díaz Bolaños writes; and,

**WHEREAS:**

I. The set of proven facts is shared as it has good support in the case record.

II. The judgment of 14:00 hours on May 25, 2017, which approved the possessory information proceeding promoted by [Name1], is appealed. The challenge is filed by state attorney Susana Fallas Cubero for the following reasons: 1. The land is located within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) created on April 28, 1978. She transcribes segments of the statements of [Name6] and [Name7], because in her understanding the evidence received in January 2017 is insufficient to prove the exercise of decennial possession before the decree's effective date. She states that, although the witnesses indicated the promoter obtained it from the [Name3] family, this does not imply they know the land for a period longer than they declare, especially since he acquired it until 1986, according to the initial brief and the sale document provided, but she understands after reviewing the statements there is no congruence among the information supplied. She cites various excerpts from judgments of this Tribunal. She adds that the statements made in the private transfer document could not be taken as evidentiary elements, supporting her statement with judgments 171-F-2015 and 493-F-13 of this Chamber, which she partially excerpts. 2. As a second grievance, she points out that before this same judicial office, under case file EXPN1, the promoter sought to title the land described in plan P-1500334-2011, which is a cadastral antecedent of the topographic survey used here. She argues that this proceeding was rejected in a judgment confirmed by the Tribunal in 2013. She considers that a formal res judicata applies in this proceeding, which can only be reversed in a declaratory judgment action or nullity incident, citing a judgment of the Contentious Administrative Tribunal. In support of her thesis, she indicates that this proceeding is for declaring, not constituting, property, therefore the requirements must be used to consolidate the proceeding and must be observed, not fulfilled during the proceeding as per the warnings issued by the judicial body. She states that in the cited 2006 case file, a 2007 certification of land use (certificación de uso de suelo) was provided, confirming that 30% of the land had not undergone the conforming land use for the activity carried out according to the methodology. She proceeds to transcribe a segment of what she asserts is part of the judgment that rejected that proceeding. She cites numeral 102 of the Reglamento de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, which she considers has been violated. She cites judgments of this Tribunal 1212-F-12 and 38-F-13 to indicate that environmental protection must be demanded throughout the entire time of possession. 3. The boundaries (colindancias) cited in the operative part do not coincide with those shown on the topographic drawing, omitting any mention of the protection zone of the unnamed stream and the Porvenir stream, for which reason it does not conform to reality (folios 362 to 369 of Volume II).

III. Regarding the first grievance, it lies in the failure to prove possession predating the 10 years before the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, in addition to the chain of transferors. Said reserve was established by Decreto Ejecutivo number 8494 of April 28, 1978, which entered into force as of June 1, 1978, published in the official gazette La Gaceta number 104, of June 1, 1978, scope number 92, collection of laws and decrees: year: 1978, semester: 1, volume: 4, page: 1366. This legal body was modified by one of equal nature, number DE-10142-A, of June 12, 1979, and disclosed in the official gazette La Gaceta number 119 of June 27, 1979. In this latter decree, the area of the forest reserve was reduced because: "...recent studies carried out by officials of the Dirección General Forestal and the Instituto Tecnológico de Costa Rica have shown that within said Reserve, lands with agricultural aptitude were included that should not be affected by the forest regime, and consequently, must be excluded from it." On the other hand, it is possible to obtain a title of ownership for lands located within protected wilderness areas in accordance with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, provided the promoting party proves having performed possessory acts at least 10 years prior to the effective date of the law or decree creating the wilderness area. In this case, it is necessary to prove possession prior to 1968. The core criticism of the procurator's office lies in the insufficiency of the testimonial evidence to demonstrate that possession. In the first instance, it is appropriate to mention that article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria establishes the evidentiary assessment system in agrarian matters. It is timely to note, regarding this method, what was explained by the First Chamber of the Supreme Court of Justice through decision number 60-2011 at 9 hours 15 minutes of January 27, 2011: "Pursuant to numeral 54 of the LJA, in agrarian matters, the evidence must be assessed 'according to the conscience and without strict subjection to the rules of common law, but, in any case, when analyzing the result of the evidence gathered in the proceeding, the judge must express the principles of equity or law on which his or her criterion is based.' For its part, mandate 61 ibidem determines 'The Court of Cassation, when assessing evidence and deciding the case, shall be governed by the provisions of article 54 and, in general, by the principles that inform this law.' Regarding this topic, this Chamber indicated: 'IV. In the sub judice, the discussion revolves around a specific point: the assessment of the evidentiary material, as to which party breached the contract. The manner in which judges must assess evidence has varied throughout the history of Procedural Law. In a first stage, prior to the nineteenth-century codifications, a fixed-value system was used to discern the demonstrative force of each element. Thus, the law imposed a value on each piece of evidence in advance, without the judge having the possibility to decide, for him or herself, which elements better informed his or her conviction to resolve the specific case. Thus, specific means were required to prove each right, their quantity varying in relation to each one, as well as establishing, a priori, discriminations regarding declarants based on their gender, age, profession, or social class. This system was superseded in the Spanish Ley de Enjuiciamiento Civil of 1855, which served as the basis for the procedural codes of Latin America, including Costa Rica. In said Hispanic legislation, the model of assessing evidentiary material in light of the rules of sound judgment (sana crítica) was adopted. This is the intermediate figure between statutory evaluation and free conviction. Based on sound judgment, the judge can reach a conviction on his or her own regarding the certainty of the facts on which the decision is based, through his or her own assessment, but this is not entirely free; rather, it is subject to the rules of formal logical thought and, simultaneously, to human experience. On this point, legal doctrine, especially Couture, has stated that the judge is not a reasoning machine, but essentially a human being who acquires knowledge of the surrounding world and knows it through sensitive and intellectual processes. Sound judgment is, in addition to logic, the correct appreciation of certain propositions of experience that every person uses in life. Therefore, the judicial authority will be responsible for assessing the evidence with proper logical concatenation and, furthermore, under the circumstances of its environment, observed through experience. The purpose of this is that the judge may not rely solely on his or her discretion but must base the reasons for his or her conviction on logic and experience. This will also allow the superior court, if the ruling is challenged, to review whether the criteria of the a quo were subject to such rules of correct human understanding. A third system is that called free conviction. In this, what the judge decides does not have to be necessarily subject to the evidence provided by the parties to the proceeding. It could even be resolved against the proven facts and be based solely on the judge's private knowledge. It will suffice for the judge to state having the moral certainty that the facts occurred in such a way, without being required to set forth the logical development of his or her reasoning. The Costa Rican Código Procesal Civil is framed within a hybrid between the rules of sound judgment and statutory evaluation. This conclusion is drawn from precept 330, as well as from various regulations, remnants of the previous system, regarding the value of evidentiary means such as confession, public instruments, documents that prevail over testimonial declarations, and the impossibility of proving some facts only with the latter. On the other hand, the Ley de la Jurisdicción Agraria, in its article 54, second paragraph, provides the following: "When deciding on the merits of the matter, the judge shall assess the evidence according to conscience and without strict subjection to the rules of common law, but, in any case, when analyzing the result of the evidence gathered in the proceeding, the judge must express the principles of equity or law on which his or her criterion is based." Although, due to similarity of terminology, it could initially be interpreted as conforming to the system of free conviction, this is not really the case, as the provision itself orders the judge to provide arguments of law or equity to justify the assessment. Likewise, there was a pronouncement on this topic when the Constitutional Chamber, in its judgment No. 11932 at 15 hours 37 minutes of November 21, 2001, explained that evidence cannot be assessed at the mere discretion of the judicial authority. Rather, said numeral 54 obliges the judge to "...analyze the result of the evidence gathered in the proceeding and express the principles of equity or law on which his or her criterion is based; thus respecting the minimum content of the right of defense." Said Chamber, in the cited vote, refers to its judgment No. 4448 at 9 hours of August 30, 1996, where it stated: "Thus, evidence assessment according to conscience does not imply deciding arbitrarily, since every judge, as a public official, is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative for adjusting public action, not only to the specific norms on a determined object, but to the entire body of legality; therefore, the judge cannot decide in disregard of constitutional principles and rights, as he or she is limited by the rules of sound judgment and principles of reasonableness, which, when properly applied, lead to the harmony of the jurisdictional assessment with the Political Constitution.' Then, it must be concluded that article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria does not, in reality, allow the judge to adopt the system of free conviction. Moreover, from the imposed duties to provide reasoning and, in light of what has been interpreted in constitutional jurisprudence, it is subjecting the judge to the rules of sound judgment, insofar as he or she must seek a logical reasoning in accordance with intersubjective human experience to justify the decision. For lack of subjection to common law, as the same precept regulates, it must be understood that, unlike civil proceedings, there shall be no statutory evaluation. In that respect, when an improper evidentiary assessment is alleged against agrarian judges, it is actually being alleged the non-observance of the rules of logic and experience that inform correct human understanding when grounding their conviction.' (See judgment No. 712, at 15 hours 15 minutes of September 26, 2005, the underlined text does not correspond to the original)." In accordance with the evidentiary assessment system provided in cited article 54, we shall proceed to analyze the grievances, highlighting that in the agrarian discipline, there is a specific weighing system, which is related to the principles that inspire the agrarian process. Another fact to consider is that the separate analysis of evidence is inadmissible; it must be done jointly; for this reason, analyzing the statements in isolation without considering the entirety of the evidentiary record, as the complaining Procuraduría intends, is improper. This Chamber arrives at the same conclusion as the lower judicial body in that there is coincidence and harmony among the evidence. On one hand, the statements are clear regarding the time of knowing the promoter and his possessory relationship with the land. Although those who testified have different lengths of time of accounting for possession, they complement each other, they are not contradictory among themselves, and they harmonize with the documentary evidence present in the case record. The witness [Name6], 62 years old, said she had known the promoter and the property for approximately 45 years, at which time it belonged to the Valencia family, and she indicates they sold it to the applicant. She reports knowing the land was possessed by the previous owners for 30 years (page 286 in Volume I). In the statements of [Name7], 71 years old, he affirmed knowing the applicant for 50 years and the land for between 45 to 50 years; providing detailed data on the possession exercised on the property. Lastly and in the same vein, [Name8] testified, who said he was 73 years old. He stated having a very close relationship with the applicant since childhood, reporting the year 1960, and knowing the land since that time (folio 286 back and 287 respectively of Volume I). On the other hand, in the brief initiating the proceeding, in the third fact, and under oath according to the provisions of article 3 second paragraph of the Ley de Informaciones Posesorias, he explained that he had possessed the property for ten years before the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. He recounted acquiring the property from [Name3] in 1986 (folios 7 to 8 of Volume I), and provided the copy of the sale document. Said document was attached on page 26 of Volume I, where the possessory rights exercised for 24 years are transferred, signed in June 1986. Hence, the document accounts for possession since 1962, which, when assessed jointly with the other evidence, leads to the conclusion that it dates back more than 10 years prior to the creation of the forest reserve, without observing any contradiction to modify what was resolved, since the data provided by each of the indicated pieces of evidence, be it testimonial and documentary, complement each other, as established by articles 1, 4, 6, and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias.

IV. The second complaint against the judgment is linked to the formal res judicata effect of the decision rendered in the proceeding processed under number EXPN1. In the first instance, the interpretation given by the appealing entity is erroneous, considering that, with formal res judicata existing, what was resolved can only be challenged through a declaratory judgment action. However, that thesis applies to an administrative act and not to a judicial judgment as in the sub judice case. Furthermore, this type of res judicata will produce the effect of unalterability within the possessory information proceeding where it was processed. In other terms, the effect the appellant intends to give it can only be generated in the 2006 proceeding and, therefore, there is no possibility of modifying what was resolved there because the debate was closed with the rejection judgment. However, due to those pointed-out qualities, it is permissible in another judicial proceeding, as in the sub examine case, to once again promote the possessory information proceeding and debate the decennial possession before the creation of the forest reserve. Finally, and by way of abundant reasoning, article 822 second paragraph of the Código Procesal Civil, applicable to this matter, establishes in the general provisions for non-contentious judicial activity. It expressly indicates that a resolution of a definitive nature will not produce res judicata, not even when it has been subject to a pronouncement by the superior court. Immediately thereafter, the aforementioned norm establishes the exceptions, where the possessory information proceeding is not included, which is why the Procuradora's thesis lacks legal foundation.

V. Regarding the effect of the certification of land use (certificación de uso de suelo) from the 2006 proceeding, it does not have, in this matter, relevance to alter what was resolved. From the statements mentioned in the preceding whereas clause, the land-use change (cambio de uso del suelo) the property has undergone was explained. Those who gave testimony were precise that it was initially dedicated to cattle raising and is now more scrubland (tacotal) and forest. In the judicial inspection (reconocimiento judicial) verified on January 24, 2017 (record on folio 285), the following was expressly recorded: "…The property is composed of regenerating scrublands (tacotales) and mountain with well-cared-for and protected secondary forest…". In the conforming land use certification, supported by the surveyed plan used in this proceeding, it is certified that 100% conforming land use (uso conforme de suelo) has been exercised. It reports the surface area covered with scrubland (tacotal); it further adds in the observations: "Scrubland (Tacotal): Natural forest regeneration with the presence of vegetation characteristic of the Life Zone in which the property is located…", noting the presence of scattered trees of the species [Name9], [Name10], [Name11], [Name12], among others (folios 239 to 240, and annexes on pages 241 to 242). For this reason, this Court considers that the possession exercised by the promoter shows a conservationist conduct, and rather, the land currently presents, as indicated by the evidence, a change in land use, which evidently benefits the environment and strengthens the ecosystem protected by the decrees creating the Golfo Dulce Forest Reserve.

VI. The last complaint tends to challenge that the description of the boundaries (linderos) detailed in the operative part of the judgment does not conform to reality, because they do not include the protection zone of the bodies of water drawn on the property. This grievance must be dismissed, as the described boundaries (colindancias) are consistent with the material reality of the property. This is so because the unnamed stream is located on neighboring lands, without constituting a natural dividing line. The foregoing is clearly shown on the surveyed plan on page 1, an aspect corroborated with the judicial inspection on folio 285. Consequently, all the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias are met.

VII. DISSENTING OPINION OF JUDGE [Name13]: The majority vote is respected but not shared, because article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias provides that, in addition to the decennial period of public, peaceful, continuous possession under a claim of ownership, it must be demonstrated that said possession has been directed towards the protection of the natural resource. The property right recognized in a possessory information proceeding is that which has been acquired ten years before the encumbrance as public domain. The care of the natural resource has not occurred in its entirety at least within that decennial period prior to the encumbrance, which is the one accounted for to determine the property right. It is noted that a study by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), dated June 22, 2007, indicates that in sectors B and C, conforming land use HAS NOT BEEN EXERCISED, that is, the forest resource has not been cared for in at least 30% of the totality of the property. Given the property is located within a Forest Reserve, such conditions of care for the resource must occur within the decennial period prior to the encumbrance, not after it, as to consider the latest land use report from said Institute. For the reasons stated, the property continues to be public domain without being excluded as private property; therefore, its registry titling could not be possible.

**THEREFORE:**

The judgment rendered at fourteen hours on the twenty-fifth of May of two thousand seventeen is confirmed in what was appealed. There is a dissenting opinion from Judge Alvarado Paniagua.

[Nombre14] - DECIDING JUDGE

[Nombre13] - DECIDING JUDGE

[Nombre9] - DECIDING JUDGE

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección3], , [Dirección4] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] o [Telf3]. Correo electrónico: [...]

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