Res. 01557-2017 Sala Primera de la Corte — Denial of material and environmental damages in amparo enforcement for water pollutionImprocedencia de indemnización por daño material y ambiental en ejecución de amparo por contaminación de aguas

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01557 - 2017

Fecha de la Resolución: 06 de Diciembre del 2017 a las 11:20

Expediente: 10-003297-1027-CA

Redactado por: José Rodolfo León Díaz

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Recurso de casación en materia contencioso administrativa
Subtemas:
Consideraciones con respecto a la causal de falta de motivación del fallo.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*100032971027CA*

Exp. 10-003297-1027-CA

Res. 0001557-F-S1-2017

  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinte minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete.

Proceso de conocimiento establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por ALEXIS ESQUIVEL SÁNCHEZ, pensionado; contra la MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA, y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA. Figuran además, como apoderado especial judicial del actor, Sergio Elizondo Garófalo y por la parte de la codemandada Municipalidad de Barva, Alonso Eugenio Rodríguez Vargas, soltero y por la codemandada Municipalidad de San Rafael, Alonso Sánchez Bagnarello. Las personas físicas son mayores de edad, casados y con la salvedad hecha abogados.

RESULTANDO 

1.- Con base en la sentencia firme de la Sala Constitucional, no. 2009-11884 de las 10 horas 48 minutos del 31 de julio de 2009, el ejecutante presenta la respectiva liquidación solicitando: (a) Que se declare que las aguas negras de la Urbanización Malekus ubicada en San Rafael de Heredia, carecen de adecuado tratamiento y de instalaciones para ello por lo que se deberá tener por demostrado que ambas demandas no han hecho las labores de infraestructura necesarias para este fin. (b) Que se declare como cierto que dichas aguas discurren en la finca del suscrito con la contaminación ambiental que se da en la misma. (c) Que se declare que ambas están obligadas dentro de un plazo perentorio de ley a hacer las refacciones necesarias para que se elimine la contaminación que provoca dichas aguas negras en la finca del suscrito (d) Que se le condene al pago de los daños y perjuicios conforme a lo señalado con el costo de las refacciones necesarias a cargo de las demandadas. (c) Que se le condene a ambas costas de la presente acción.”

2.- Las ejecutadas contestaron negativamente. Ambas se opusieron a las partidas liquidadas, solicitaron declarar sin lugar la ejecución y condenar al señor Esquivel Sánchez a cancelar las costas de la acción. La Municipalidad de San Rafael de Heredia, interpuso las excepciones de culpa de la víctima y falta de legitimación y de derecho.

3.- La jueza Nancy Allen Umaña, en sentencia no. 2328-2014 a las 14 horas 30 minutos del 14 de noviembre de 2014, resolvió: “Se declara sin (sic) las excepciones de falta de legitimación e integración de la Litis, culpa de la víctima y falta de derecho. Se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda, entendiéndose en lo no expresamente concedido. Se condena a la Municipalidad de Barva de Heredia y Municipalidad de San Rafael de Heredia, a pagarle a ALEXIS ESQUIVEL SÁNCHEZ, la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL COLONES por concepto de daño moral subjetivo, es decir, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES por cada una de las municipalidades. Se condena a la Municipalidad de Barva de Heredia y Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de ambas costas de esta ejecución.

4.- El actor formula recurso de casación.

          5.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado León Díaz

CONSIDERANDO

            I.- El señor Alexis Esquivel Sánchez interpuso un recurso de amparo contra las Municipalidades de San Rafael y de Barva, ambas de Heredia, debido al derrame de aguas negras, provenientes de la Urbanización Malekus, dentro de la propiedad donde se ubica su vivienda. Problema, adujo, denunciado desde el año 2005 mediante recurso de amparo, el cual fue declarado con lugar por la Sala Constitucional (resolución 2005-11540 de las 12 horas 17 minutos del 26 de agosto de 2005). No obstante, reclamó, a la fecha de presentación del nuevo amparo (31 de marzo de 2009) la situación no había sido resuelta. La Sala Constitucional, por sentencia no. 2009-11884 de las 10 horas 48 minutos del 31 de julio de 2009, declaró con lugar el recurso. Ordenó a Alberto Vargas Esquivel y a Mercedes Hernández Méndez, en su condición de Alcaldes de las Municipalidades de San Rafael y de Barva, respectivamente, adoptar, inmediatamente, las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tipo de agua residual o pluvial, procedente de dichos cantones, discurra por la propiedad del amparado. Asimismo, condenó a ambos Entes Locales al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que sirvieron de base a esa declaratoria, a liquidar en ejecución de sentencia. En esa etapa el señor Esquivel Sánchez liquidó (según ajustes realizados durante la audiencia): el daño moral en la suma de ¢20.000.000,00, el material en ¢6.000.000,00, y; el ambiental en ¢13.000.000,00, así como, las costas de la ejecución. Ambas co-ejecutadas contestaron de forma negativa y se opusieron a las partidas liquidadas, solicitaron declarar sin lugar la ejecución y condenar al señor Esquivel Sánchez a cancelar las costas de la acción. La Municipalidad de San Rafael, además, planteó las excepciones de culpa de la víctima, falta de: legitimación y derecho. La Jueza a quo declaró parcialmente con lugar la ejecución, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido. Condenó a los Gobiernos Locales al pago de ¢1.500.000,00 por concepto de daño moral subjetivo (¢750.000,00 a cargo de cada una), así como, a ambas costas de la ejecución. Inconforme el ejecutante formuló recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala.

Casación por violación de normas procesales      

           II.- Como único agravio, acusa, falta de fundamentación respecto a los daños liquidados (material, ambiental y moral), en infracción de los artículos 119 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), 330 en relación con el 153 y 155, todos del Código Procesal Civil. En cuanto al material, afirma, la Jueza lo denegó al estimar que el ejecutante incurrió en culpa respecto a su producción. No obstante, reclama, omitió analizar la prueba constante en autos, en especial la pericia, mediante la cual se determinó que, la omisión de las co-ejecutadas en canalizar las aguas de forma debida provocaron detrimentos severos al ejecutante (malos olores, humedad en las paredes de la casa, suelo del patio en estado deplorable, entre otros). Dice, contrario a la Juzgadora, la falta de aseo, la deficiencia del colector séptico, así como, la inclusión de animales domésticos en el patio de su propiedad, no justifican la denegatoria de ese extremo. Además, agrega, el hoyo en el inmueble no se ocasionó por las acciones establecidas por la Jueza Ejecutora, quien no indicó la forma como supuestamente el accionante participó en su producción. En razón de lo expuesto, asevera, el daño material no fue adecuadamente motivado. En torno al ambiental, sostiene, la Juzgadora lo rechazó con base en citas jurisprudenciales, pero sin analizar, a partir en ellas y de las reglas de la sana crítica racional, el caso concreto. Arguye, la motivación de ese extremo lo redujo al daño general, sin individualizar el asunto particular, pues acude al mismo argumento invocado para denegar el menoscabo material, lo cual considera inadmisible. Por último, respecto al daño moral, reprocha, la Jueza no fundamentó debidamente el monto otorgado, pues solo se basó en su criterio personal, sin tomar en cuenta el tiempo que tuvo que soportar para que la Administración solucionara el caso en disputa (pese a que el problema persiste).

         III.- En reiteradas ocasiones esta Cámara ha indicado que, el desacuerdo con los fundamentos de la sentencia, relacionado con una indebida valoración probatoria, no es falta de motivación. Es decir, la consideración de que los argumentos dados por los jueces son irrazonables o contradictorios con el material probatorio, habida cuenta de que, con la prueba se debió concluir otra cosa, no corresponde a la causal de falta de motivación. En ese sentido pueden consultarse las sentencias de ésta Sala números: 126-F-S1-2009 de las 15 horas 40 minutos del 5 de febrero, 184-F-S1-2009 de las 13 horas del 23 de febrero y, 468-F-S1-2009 de las 15 horas 15 minutos del 7 de mayo, todas de 2009. Así las cosas, procede desestimar el cargo como violación procesal (empero, su análisis se diferirá al momento de examinar las censuras de fondo). En criterio de este Órgano Decisor, el hecho de que el recurrente no esté de acuerdo con los fundamentos del fallo impugnado y argumente preterida la prueba pericial, así como, contrario a derecho los motivos externados, no significa que se esté en presencia de una falta de fundamentación, al contrario, se colige del reparo, el mismo casacionista apunta que la hay, pero que no está de acuerdo con ella. Lo anterior se verifica en el fallo impugnado, al considerar la Jueza Ejecutora: procedente el daño moral liquidado, dados los sentimientos de inseguridad, incertidumbre, enojo e impotencia que afrontó el ejecutante, producto del flujo de aguas que afectaba su propiedad y el cual, no contó con un control adecuado por parte de las Administraciones co-ejecutadas. Asimismo, en cuanto al rechazó de los daños materiales y ambientales pretendidos, dada la actividad administrativa desplegada a fin de solucionar el problema y, la falta de prueba sobre su existencia. Aún y cuando el recurrente se encuentre en descuerdo con lo planteado por la Juzgadora, al considerar que constan en autos pruebas que combaten sus razonamientos, no es a través de este tipo de vicio procesal que se estudia su teoría, sino, mediante el reparo correspondiente, es decir, por medio del agravio sustantivo por indebida valoración o preterición probatoria. Tómese en cuenta, la falta de fundamentación es la ausencia de ésta en relación a los cuestionamientos de fondo planteados como objeto del proceso, lo cual, como se indicó y se extrae del propio fallo, no acontece en los autos, pues los motivos se encuentran plenamente expuestos en la resolución impugnada. En ese sentido, el vicio alegado deberá desestimarse.

Casación por violación de normas sustantivas

           IV.- El recurrente formula tres censuras de naturaleza sustantivas. Primera, esgrime, indebida valoración probatoria, concretamente, respecto a la pericia y al reconocimiento judicial constante en autos, en infracción de las reglas de la sana crítica racional, así como, de los cánones 330 en relación con los numerales 401 a 409 y 411 del Código de rito (no especifica el cuerpo normativo). Señala, la Jueza Ejecutora no tomó en cuenta que, mediante la prueba pericial se demostró que la obra de infraestructura realizada por los co-ejecutados fue insuficiente y no cumple con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y por la Sala Constitucional. Asimismo, añade, es obvio que la Municipalidad de San Rafael no quiso canalizar las aguas de la urbanización Malekus de forma debida, al punto que la situación persiste (así determinado por la perito). Por otra parte, apunta, la Juzgadora denegó los daños materiales pretendidos a pesar de constar en autos dicho dictamen pericial, en el cual se determinó su magnitud y quantum, como consecuencia directa de los hechos determinados en el fallo constitucional. Aunado a lo anterior, arguye, consideró la Jueza, respecto al daño ambiental liquidado, el menoscabo lo es en relación con los vecinos y la comunidad. Sin embargo, dice, tal afirmación carece de sustento probatorio y jurídico, pues a nivel pericial no se constató la existencia de ese detrimento genérico. Por el contrario, aclara, la afectación lo fue en su finca por el hoyo ocasionado, el cual continúa lavando la tierra de la propiedad y las riberas de la acequia. Así indicado en la pericia y visible en el reconocimiento judicial constante en autos, los cuales, reitera, no fueron examinados por la Jueza Ejecutora. Segunda, reclama, hechos demostrados e indemostrados en contradicción con la prueba, en quebranto de los preceptos 330 en relación con el 368 y siguientes del Código de rito (no especifica el cuerpo normativo).  Aduce, los hechos tenidos por acreditados 7) y 8) no se ajustan al mérito de los autos, por cuanto el dictamen pericial aportado por la Municipalidad de Barva es claro en indicar que, los trabajos realizados no resolvieron debidamente el problema del ejecutante, el cual aún persiste. Incluso, advierte, de la prueba documental consta una confesión ficta de ese Ente Local, en la cual se indica que, sí bien efectuarían los trabajos, estos no solucionarían el problema. Por otra parte, dice, respecto al primer hecho indemostrado consta prueba en autos. Refiere a un documento aportado con la demanda, mediante el cual el Ministerio de Salud acreditó el daño a la salud derivado del desfogue abusivo de las aguas de la Urbanización Malekus (sin especificar nada sobre dicha prueba). Tercera, endilga, errónea interpretación normativa en relación con los daños materiales y ambientales denegados, en concreto, del ordinal 1045 del Código Civil, así como, de aquellas normas relativas a la responsabilidad administrativa, reguladas en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública (no detalla cuáles). Alega, la Jueza rechazó el daño material sin razón alguna e invocando culpa del ejecutante. En el caso de estudio, afirma, se encargó a la perito la determinación de ese extremo, sin que las co-ejecutadas se opusieran, con lo cual, dice, existió un consentimiento tácito y expreso del menoscabo. Indica, el peritaje estableció los daños ocasionados (hoyo al costado norte de la casa, humedad en las paredes y deterioro del patio), por ende, deviene improcedente su rechazo. En torno al daño ambiental, expresa, el rebalse de la acequia por aguas mal controladas causó afectaciones ambientales en la finca del accionante, tal y como indicó la prueba pericial, de manera que, resulta procedente su indemnización. Por último, sobre el daño moral se encuentra disconforme con el monto concedido en sentencia (¢1.500.000,00). Dice, cerca de 10 años tuvo que soportar la inercia de las co-ejecutadas; acudir a diversas instancias en busca de ayuda sin encontrar solución al problema que lo aquejaba; aunado al desprecio y burla sufridas, todo lo cual justifica que dicha cifra deba aumentarse.

         V.- A fin de evitar reiteraciones innecesarias, dada la evidente relación en cuanto al contenido de los reparos esgrimidos (tanto el procesal como los sustantivos), se conocerán de forma conjunta. En lo medular, el casacionista se encuentra disconforme con el rechazo de los daños materiales y ambientales liquidados, así como, por el monto otorgado a título de daño moral subjetivo. Afirma, la Jueza Ejecutora pretirió la prueba constante en autos, principalmente, el informe pericial rendido por la señora Ana Lorena Arias Zúñiga, mediante el cual se acreditó, respecto al daño material: su existencia, magnitud y quantum, producto de la conducta omisiva de las co-ejecutadas en canalizaron las aguas provenientes de la Urbanización Malekus de forma debida, así como, que las obras realizadas en el año 2010 fueron insuficientes, en consecuencia, el problema persiste. Asimismo, acusa preterido el reconocimiento judicial que consta en autos. En torno al daño ambiente, arguye, la pericia demostró la afectación concreta en la finca del ejecutante, aunado a la inexistencia de un detrimento genérico de esa índole. En cuanto al daño moral, reprocha que la suma concedida se fijó con base en el criterio personal de la Juzgadora, quien no tomó en consideración el tiempo que tuvo que soportar a fin de que la Administración solucionara el problema en disputa (el cual, insiste, continúa). De previo a examinar las acusaciones planteadas, deviene necesario tener claro lo siguiente. Como se indicó en el Considerando I de esta sentencia, el 31 de marzo de 2009 el señor Esquivel Sánchez interpuso el recurso de amparo objeto de la presente ejecución, contra las Municipalidades de San Rafael y de Barva, ambas de Heredia. La Sala Constitucional mediante resolución no. 2009-11884, declaró con lugar el recurso. En lo de interés, condenó a los Gobiernos Locales al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, a liquidar en ejecución de sentencia. Tuvo por acreditado el Tribunal Constitucional que, por sentencia 2005-01140, se declaró con lugar otro amparo sobre los mismos hechos. En dicho fallo, señalaron, se dispuso: "(…) En el caso concreto, se desprende del elenco de hechos probados que el recurrente ha tenido una serie de problemas debido a que por su propiedad discurren aguas contaminadas provenientes de otros feudos cercanos, ante lo cual ha presentado una serie de quejas a las autoridades recurridas. No obstante, la Municipalidad de San Rafael no ha hecho nada por cuanto el inmueble del actor está ubicado en el cantón de Barva, mientras que la Municipalidad de Barva no ha adoptado ninguna medida porque la contaminación que sufre la propiedad del recurrente proviene de una urbanización situada en el cantón de San Rafael. Es evidente, entonces que las dos municipalidades han sido omisas en la adopción de medidas eficaces en el campo de sus respectivas competencias territoriales y funcionales, pese a que la Municipalidad de San Rafael emitió el oficio 142-2004-DIM-SRH el cinco de mayo de dos mil cuatro, en el que detalla cuáles son las obras necesarias para resolver la situación que aqueja al señor Esquivel Sánchez, según dictamen de la Comisión de Obras de dicha Corporación. Es palpable que la indolencia con que ambas municipalidades han tratado este asunto lesiona los derechos fundamentales del actor, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que procede es declarar con lugar este recurso, ordenando a las corporaciones de Barva y San Rafael de Heredia, adoptar inmediatamente las medidas necesarias para evitar que cualquier tipo de agua residual o pluvial proveniente de sendos cantones, discurra por la propiedad del recurrente Alexis Esquivel Sánchez. (…)”. Consideró la Sala Constitucional, en el subjúdice no existe motivo para variar el criterio trascrito, por lo cual reiteró la orden dispuesta, máxime que el problema persiste y se acrecienta, por cuanto: “(…) según lo informan las autoridades recurridas, los vecinos del recurrente depositan las aguas pluviales en dicho canal, siendo que se convierte también en un problema entre sujetos de derecho privado y salud pública (…)”. Agregaron los Juzgadores: “ (…) la Sala también constata una falta de vigilancia y coordinación por parte de la Municipalidad de Barva por cuanto es deber de la recurrida desarrollar una labor de controladora, protectora al medio ambiente y de la salud de los habitantes de la zona y si bien no resulta competente para llevar a cabo un control sanitario de las otras viviendas de los vecinos del recurrente que supuestamente arrojan aguas residuales al citado cauce, en el presente caso no se desprende de los autos, que haya realizado en general una actuación diligente para denunciar el problema planteado por el ciudadano a las autoridades sanitarias correspondientes, por cuanto tratándose de un caso como éste, en que un ciudadano denuncia un problema ambiental que afecta supuestamente la salud y el ambiente de la comunidad, no efectúo una investigación responsable y exhaustiva, ni tomó las medidas pertinentes ni notificó al Ministerio de Salud, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, situación que ha provocado que se continúen presentando las denuncias contra estos mismos hechos. En consecuencia, encuentra esta Sala que el ente municipal de Barva no actuó con el debido esmero en la atención del problema planteado por el amparado. Dado éstas circunstancias, la Sala declara con lugar el recurso”. Ahora bien, en etapa de ejecución el señor Esquivel Sánchez, en lo de interés, liquidó: el daño material en la suma de ¢6.000.000,00, el ambiental en ¢13.000.000,00 y; el moral en ¢20.000.000,00. El material lo circunscribió: a las reparaciones al proceso de recolección de aguas negras provenientes de la Urbanización Malekus (a fin de que esas aguas no discurran en su propiedad), así como, a aquellas a realizar en su finca (principalmente en su casa de habitación). En torno a la afectación moral indicó: "En qué consiste. Esta situación me ha ocasionado serios daños tales como ira, desazón, problemas mentales dado que debo lidiar constantemente con el problema de las aguas negras en mi predio, con lo malos olores, la contaminación ambiental, el criadero de zancudos con el dengue incluido, así como los  problemas que debo enfrentar al tener un hijo trasplantado del riñón que no puede tener derecho a un ambiente sano y ver como mi nieta casi cae en dichas aguas con riesgo para su salud”. El daño ambiental lo relacionó, conforme la prueba pericial constante en autos, al detrimento ocasionado al medio ambiente de su propiedad, por recibir durante años aguas derivadas de la Urbanización Malekus, con los inconvenientes que las inundaciones generan. La Jueza Ejecutora, al confrontar lo dispuesto por la Sala Constitucional en relación con las partidas liquidadas, rechazó los daños materiales y ambientales, no obstante, estimó procedente el moral subjetivo en la suma de ¢1.500.000,00. Tal determinación por las razones que de seguido se detallarán.

VI.- En cuanto al daño material. Consideró la Juzgadora que: “(…) las Municipalidades demandadas tomaron las acciones con la finalidad de que las aguas no pasen más por la propiedad del actor, teniendo que gestionar en su momento la partida presupuestaria necesaria y hacer el trabajo, mismo que se realizó en el año 2010, es decir los gastos de las reparaciones fueron cubiertos por las partes demandas en su momento. Respecto a las reparaciones de la casa de habitación, si bien es cierto la perito Ana Lorena Arias Zúñiga, dispuso en su informe que para poder reparar unos daños asciende a la suma de tres millones de colones que incluye rellenar los huecos de la tubería vieja, repellar paredes, cambios de marco de ventanas, arreglo del tanque séptico, no se comprobó por medios idóneos el monto a cobrar por los daños descritos y que los mismos fueran ocasionados en su totalidad por el hecho de que las aguas discurrieran por la propiedad de él, no evidenciándose el nexo de causalidad necesario, lo anterior por cuanto se determinó que en el inmueble del actor, existen varios elementos y factores que propician no solo afectación en la estructura propia de la habitación, sino que también factores que contribuyen a una contaminación ambiental, y en lo que fue percibido por causa de falta de limpieza u orden y una adecuada instalación y mantenimiento del tanque séptico ubicado en el patio de la propiedad del actor”. Coincide esta Cámara con lo resuelto por la Jueza. En primer término, sobre las reparaciones peticionadas por el señor Esquivel Sánchez en el proceso de recolección de aguas negras provenientes de la Urbanización Malekus, consta en autos, éstas fueron realizadas, desde el año 2010, por la parte co-ejecutada, como bien se determinó en el hecho probado 8) del fallo impugnado. En relación, señaló la perito Arias Zúñiga: “(…) en el año 2010, la Municipalidad de Barva arregló el paso de agua por la propiedad del señor Esquivel, y se solucionó su problema.” (Informe visible a folios 195 a 220 del expediente judicial). Tal situación, valga destacar, no fue desvirtuada por el recurrente, por lo tanto, al existir justicia restaurativa sobre el extremo liquidado, el reclamo que en ese sentido se formula deberá ser rechazado. Ahora bien, sobre los daños en la vivienda de don Alexis, debe tenerse en cuenta, para establecer un derecho indemnizatorio por concepto de daño material resulta imperioso acreditar, mediante prueba eficaz, su existencia y valor; demostración que necesariamente le corresponde a quien lo reclama. Al respecto puede consultarse la sentencia de esta Sala no.1274-S1-2011 de las 9 horas 50 minutos del 13 de octubre de 2011. Es claro, la indemnización de los daños y perjuicios que puedan surgir del proceder público, está sujeta a la comprobación de su existencia, así como, al nexo causal entre los daños reclamados y la conducta censurada, lo cual permita imputar en este caso a las Municipalidades co-ejecutadas las consecuencias patrimoniales de la omisión sancionada en sede constitucional. Por ende, solo cuando se establezca que son consecuencia directa de aquella, será viable la condena compensatoria. Ahora bien, corresponde al juez valorar la prueba en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica racional (artículo 82.4 del CPCA) y, como instrumento, él la utiliza de acuerdo a su criterio analizándola a la luz de la normativa y principios que informan la materia objeto del proceso. En ese orden de ideas, debe recordarse, tratándose de prueba pericial el juzgador no está obligado a sujetarse a lo que informan los peritos, sino que los mismos sirven de parámetro para su decisión final. En el caso en estudio, estima esta Sala, la prueba pericial y el reconocimiento judicial constante en autos no constituyen probanzas fehacientes de que, los daños en la casa de habitación de don Alexis sean consecuencia exclusiva de la conducta omisiva de parte de las Municipalidades co-ejecutadas en solucionar el problema de aguas que lo aquejaba. En lo de interés, indicó la perito Arias Zúñiga: “Que en el año 2010, la Municipalidad de Barva arregló el paso de agua por la propiedad del señor Esquivel, y se solucionó su problema. Pero para esta fecha y al momento de la visita, se observan en la vivienda secuelas de la situación vivida por espacio de doce años aproximadamente (1999 a 2010)”. Asimismo concluyó: “Que la vivienda sufrió daños debido a un exceso de agua que pasó por espacio de más de diez años por un costado de su propiedad. Sobre todo porque se trata de una vivienda humilde y el paso de agua eran aguas servidas. Que se requieren reparaciones para poner nuevamente a la vivienda en buenas condiciones y mitigar el daño que sufrió. (…) Que el daño material que vivió el señor Esquivel Sánchez asciende a Tres millones de colones (incluye rellenar los huecos de la tubería vieja, repellar paredes, cambio de marco de ventana, arreglo del tanque séptico) (…). Que el señor Esquivel debe sacar del patio de su casa toda la basura que posee, y poner una barrera natural entre su casa y la Quebrada Seca a fin de que los animales que tiene allí no defequen en el rio. Que todas las casas que colindan con la Quebrada Seca y que son vecinas al señor Esquivel Sánchez debe eliminar toda forma de descarga de su vivienda a la Quebrada Seca y las Municipalidades y el Ministerio de Salud son los responsables de vigilar porque eso se lleve a cabo”. Si bien es cierto, de las probanzas aportadas a los autos (reconocimiento judicial, fotografías, informe pericial, entre otras) resulta evidente el deterioro de la vivienda del ejecutante (patio, paredes, tubería, ventanas y tanque séptico), también es cierto que, no se comprobó que esa situación fuera el resultado exclusivo de la conducta sancionada en sede constitucional, pues como bien informó la perito, se está ante una vivienda humilde, con más de 50 años de construida, por ende, es dable considerar, el deterioro ordinario que ha sufrido en todos esos años, en especial sí se observa que no ha existido cuido por parte de los propietarios, quienes hasta ahora han permitido la acumulación de basura. Lo anterior dice de la ausencia del nexo causal necesario a efectos de conceder la indemnización requerida.  demás, tómese en cuenta, la pericia concluyó sobre la existencia de daños en un costado del inmueble, originados por un exceso de agua que discurrió por espacio de más de 10 años, lo cual resulta ajeno a la conducta sancionada por la Sala Constitucional. No menos importante, la profesional cuantificó los presuntos daños materiales en el monto de ¢3.000.000,00, sin el detalle técnico de la valoración realizada, no especificó con base en qué documentación se determinó tal cifra, ni explica la forma como arribó a la suma fijada. En ese sentido, el examen efectuado por la Jueza Ejecutora en torno a la prueba pericial de cita resulta conforme a derecho. Respecto del reconocimiento judicial incorporado a los autos, tampoco se observa vicio alguno, pues de esa probanza simplemente se hace referencia, siendo requisito impostergable para su análisis al menos una mención de las razones que justifican la preterición o indebida valoración acusada. Nótese, el hecho de que el casacionista manifieste que, de la pericia y el reconocimiento judicial, se extrae la deplorable condición en que se encuentra su inmueble, no acredita lo que reclama, pues para ello era necesario, contar con un parámetro real comparativo, en cuanto al estado en que debía estar y, que tal afectación obedeció a la omisión reprochada en sede constitucional, que es precisamente lo que acusa la Juzgadora como ausente en este caso. En razón de lo anterior, estima esta Sala, la valoración probatoria del fallo recurrido es correcta y ajustada a derecho, por cuanto las probanzas ofrecidas no resultaron contundentes ni demostraron fehacientemente los menoscabos liquidados. En consecuencia y de acuerdo con lo expuesto, se impondrá el rechazo del agravio planteado.

VII.- En torno al daño ambiental. Analizó la Juzgadora, se está ante un derecho colectivo, un interés difuso (en ese sentido aludió a la sentencia de esta Sala 000861-F-S1-2014 de las 16 horas 10 minutos del 3 de julio de 2014). Sobre el particular indicó: “No se logra acreditar un daño personal e individualizable, respecto a este rubro, ya que conforme a la argumentación, lo que podría existir es un daño ambiental a la comunidad, a la colectividad de dicho vecindario, debiendo, como lo indicó los miembros de la Sala Constitucional, utilizar las municipalidades accionadas, sus mecanismos legales para atender esta situación que afecta a la comunidad que ellos representan. Por lo expuesto no encuentra la suscrita juzgadora mérito de un daño individual resarcible como si lo fue en relación al daño moral, siendo procedente el rechazo de este rubro”. Para este Órgano Decisor bien hizo la Jueza al denegar el daño ambiental liquidado, por tratarse de un interés difuso, sin detrimento personal e individualizable que afectara al señor Esquivel Sánchez. No consta en autos prueba o indicios contundentes que acrediten que se haya ocasionado un daño de tales características; independiente de la afectación colectiva que se pueda haber ocasionado, lo cual impide establecer la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta omisiva de la co-ejecutadas y el daño que se reclama. Cabe destacar, sobre el extremo en disputa la perito Arias Zúñiga concluyó: “(…) Pero también se debe considerar el daño ambiental que sufriera tanto él como a su familia, por recibir aguas servidas y no solo aguas pluviales durante más de diez años, con los inconvenientes que las inundaciones tienen. Que ese daño ambiental es de Trece millones de colones. Y para el cálculo del daño ambiental se utilizó el método de costo preventivo, en donde se calcula el costo que tendría el colocar una planta de tratamiento para las aguas servidas, para las viviendas que descargaron en el lugar, para ello se estimó el número de viviendas a partir de la información de Google, la hoja cartográfica y los precios de mercado de la infraestructura. (…) desgraciadamente la solución al problema llegó hasta el año 2010, por orden de la Sala Constitucional, antes de esa fecha no se había presentado solución alguna”. En criterio de esta Cámara, aun y cuando el peritaje constante en autos refiere a la existencia de un daño ambiental, no lo concreta, ni menciona en qué consiste (llámese: pérdida de la flora y la fauna o de un medio ambiente sano, aprovechamiento irracional de los recursos, peligro en la forma de vida de las comunidades y otras actividades), además, lo circunscribe a un periodo de 10 años lo cual resulta ajeno a la omisión administrativa sancionada por la Sala Constitucional. Tal probanza, no brinda los elementos técnicos necesarios a fin de acreditar una afectación ambiental directa, producto de la omisión administrativa en disputa, la cual deba ser indemnizada en forma personal al ejecutante. Además, valga agregar, este tipo de indemnizaciones están destinadas por ley, no al acrecentamiento patrimonial particular, sino, a mitigar y restablecer la naturaleza afectada. Entonces, al no haberse acreditado el daño alegado procederá desestimar el reparo endilgado, puesto que este extremo solo puede ser reconocido para mitigar la lesión al ambiente y no en beneficio particular.

VIII.- Sobre el daño moral subjetivo (¢1.500.000,00). Razonó la Jueza Ejecutora: “(…) la violación determinada por la Sala obedece a un problema ambiental que afecta la salud y el ambiente de la comunidad, y al no efectuarse una investigación responsable y exhaustiva, ni tomar las medidas pertinentes, como acudir al Ministerio de Salud, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, provocaron que se continúen presentando las denuncias contra estos mismos hechos, es que para esta juzgadora es indudable que sí se produjo un menoscabo de este tipo, por cuanto tener un problema de flujo de aguas sin un control adecuado, desde luego que presenta sentimientos de inseguridad e incertidumbre, enojo, impotencia, situación que se logra comprobar no solo con lo indicado en el proceso, sino con el peritaje. En este caso, al accionante le asistía un derecho constitucional y es que las corporaciones municipales tomaran las medidas prontas y oportunas para dar solución, en ejercicio pleno de sus competencias, para que el actor no tuviera que presentar dos recursos de amparo para atender lo que en derecho le corresponde, por lo que al no actuar así, incurrieron en una violación flagrante a los derechos fundamentales del que es titular el actor, tal y como lo señala la Sala Constitucional”. Valga agregar, en razón de lo expuesto, la Juzgadora concedió a titulo de daño moral subjetivo el monto de ¢1.500.000,00, a pagar por partes iguales entre las co-ejecutadas (es decir ¢750.000,00 a cargo de cada una). Comparte esta Cámara la condenatoria impuesta. En términos generales, el daño moral subjetivo se asocia a estados de angustia, desánimo, frustración, impotencia, inseguridad, desesperación, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, entre otros. El común denominador es el sufrimiento o la aflicción emocional, pues se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo. Su determinación es in re ipsa, es decir, supone que el juez con base en su experiencia, el sentido común, la equidad y los principios generales del derecho, fija el importe a conceder con algún margen de discrecionalidad. A partir de esos parámetros de valoración, es natural estimar y lógico deducir que, el hecho de que al señor Esquivel Sánchez, al momento de la interposición e incluso cuando se resolvió el recurso de amparo (31 de marzo y 31 de julio, ambos de 2009), no le fuera resuelto el problema de canalización de aguas que lo aquejaba, producto de la omisión administrativa (al no adoptar medidas eficaces para solucionar el problema, ante la indolencia en el tratamiento del asunto, falta de vigilancia, coordinación, protección al medio ambiente y salud de los habitantes de la zona, ausencia de una actuación diligente para denunciar el problema ante las autoridades sanitarias competentes, entre otras, así sancionado por la Sala Constitucional), le ocasionó una afectación emocional, la cual no estaba en la obligación de soportar. Desde este punto de vista, deviene indubitable la incertidumbre, el enojo, la impotencia, la ira, el desazón y en general, el daño al fuero interno que una omisión de este tipo puede producir en el ser humano, como bien razonó la Jueza Ejecutora. De ahí, la existencia de la relación causal entre el extremo reprochado y la conducta endilgada. Ahora bien, a efectos de establecer el monto a otorgar en tal concepto, en casos como el presente, resulta imperioso ponderar la intensidad del daño sufrido, para lo cual deben analizarse las circunstancias particulares del asunto y la repercusión subjetiva del afectado. Téngase claro, la fijación del quantum, está sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales deben ser valorados por la autoridad competente en cada caso, para que su cuantificación sea acorde a derecho. Es decir, ha de guardar un justo equilibrio derivado del cuadro fáctico específico, cuestión que debe examinarse dentro de los límites señalados. En el asunto sometido a examen, considera este Órgano Colegiado, la suma de ¢1.500.000,00 concedida por la Jueza Ejecutora a título de daño moral subjetivo no resulta acorde a tales principios, en tanto su determinación no se encuentra justificada en las particularidades del caso.  Tiene claro esta Sala, lo vivido por don Alexis surge a raíz de que las Municipalidades co-ejecutadas, teniendo la obligación de brindar una solución oportuna, eficaz y pertinente al problema de contaminación que afectaba la propiedad del señor Esquivel Sánchez, solucionaron la situación hasta el año 2010, producto del segundo amparo interpuesto (concretamente el 18 de noviembre de 2010, según indica la Municipalidad de San Rafael al contestar la ejecución, folio 97 del expediente judicial). Esto último, si bien no elimina la afectación anímica causada, constituye un aspecto atenuante a la hora de fijar el monto de la indemnización. Máxime que el ejecutante justificó el extremo liquidado, en los sentimientos de ira y desazón que afronta al “lidiar contantemente con el problema de aguas negras en mi predio”, empero, como se indicó, dicha situación culminó en el año 2010. Lo anterior, confirmado por la perito Arias Zúñiga, quien señaló: “Que en el año 2010, la Municipalidad de Barva arregló el paso del agua por la propiedad del señor Esquivel, y se solucionó su problema (…)”. En el caso particular, es dable colegir que el daño en disputa cesó cuando las co-ejecutadas realizaron los trabajos necesarios y solucionaron el problema de aguas que aquejaba a don Alexis, aunque fuere producto de la orden dispuesta por la Sala Constitucional (fallo 2009-11884). Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta, desde el año 2005 bien pudo el señor Esquivel Sánchez ejecutar la sentencia constitucional 2005-11540 (fallo mediante el cual se declaró con lugar el primer amparo interpuesto), no obstante, el ejecutante consintió la omisión administrativa reprochada hasta el 2009, año cuando formuló el segundo amparo (aún y cuando la posibilidad de ejecutar el primero, en el mismo expediente –canon 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- se encontraba vigente). Véase, teniendo un derecho a su favor, declarado desde el 2005, don Alexis decidió esperar, sin ejecutar el primer amparo, hasta el 2009 para plantear un nuevo recurso, lo cual permite concluir que la afectación moral ocasionada no tiene la intensidad considerada por la Juzgadora. Los aspectos mencionados, como se indicó, no eliminan la existencia del daño moral subjetivo, empero, sí debieron ser valorados por la Jueza al fijar el resarcimiento atinente a dicho extremo. Interesa destacar, con el monto de ¢1.500.000,00 otorgado por tal concepto se busca cubrir los aspectos que sirvieron para acoger el recurso de amparo, no obstante, tal cifra no resulta justa, proporcionada y racional, como mecanismo de compensación del daño infringido en la esfera emocional, por lo arriba indicado. Así las cosas, ateniéndose a las circunstancias del caso y a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la suma concedida a título de daño moral subjetivo podría hasta considerarse elevada, sin embargo, en estricto ajuste al principio de no reforma en perjuicio, contenido en el canon 565 del Código Procesal Civil, este Órgano Decisor se encuentra impedido para resolver en detrimento del único recurrente (el ejecutante), o sea, de provocar una disminución de los beneficios o derechos de las obligaciones que para éste haya impuesto el fallo impugnado (como sería rebajar la cifra del daño moral otorgada en sentencia), en consecuencia, lo procedente será mantener el monto concedido por la Jueza Ejecutora (¢15.000.000,00). Tal cifra, compensa en términos monetarios y de manera favorable la afectación anímica padecida por don Alexis, ante la omisión administrativa en solucionar el problema de aguas en su propiedad, previo a la interposición y resolución del recurso de amparo, pues se insiste, a raíz del fallo constitucional 2009-11884 el conflicto fue resuelto (aún y cuando nada impidió al amparo ejecutar, desde el 2005, la resolución constitucional 2005-11540). Por los motivos expuestos, procederá rechazar el agravio.

IX En mérito de lo expuesto, se deberá declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo del casacionista, conforme al precepto 150 inciso 3) del CPCA.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso, con las costas a cargo de la parte promovente.

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 

 

 

Román Solís Zelaya                                  Carmenmaría Escoto Fernández                 

 

 

 

José Rodolfo León Díaz                                      Yazmín Aragón Cambronero                                                                              

 

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 2

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 04-03-2026 11:28:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Resolution No. 01557 - 2017

Date of Resolution: December 6, 2017 at 11:20 a.m.

Expediente: 10-003297-1027-CA

Drafted by: José Rodolfo León Díaz

Type of matter: Proceeding of general jurisdiction

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Type of content: Majority opinion
Subjects (descriptors): Cassation appeal in administrative contentious matters
Sub-topics:
Considerations regarding the ground of failure to state reasons in the judgment.
Judgments in the same vein

Text of the resolution

*100032971027CA*

Exp. 10-003297-1027-CA
Res. 0001557-F-S1-2017

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at eleven hours twenty minutes on the sixth of December of two thousand seventeen.

Proceeding of general jurisdiction established in the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda by ALEXIS ESQUIVEL SÁNCHEZ, retiree; against the MUNICIPALIDAD DE BARVA DE HEREDIA, and the MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA. Also appearing are, as special judicial attorney for the plaintiff, Sergio Elizondo Garófalo and for the co-defendant Municipalidad de Barva, Alonso Eugenio Rodríguez Vargas, single, and for the co-defendant Municipalidad de San Rafael, Alonso Sánchez Bagnarello. The individuals are of legal age, married, and with the exception noted, attorneys.

RESULTANDO

1.- Based on the final judgment of the Sala Constitucional, no. 2009-11884 of 10:48 a.m. on July 31, 2009, the plaintiff filed the respective liquidation requesting: (a) That it be declared that the wastewater (aguas negras) from the Urbanización Malekus located in San Rafael de Heredia lacks adequate treatment and facilities for this purpose, and therefore it should be held as proven that both defendants have not carried out the necessary infrastructure work for this end. (b) That it be declared as true that said waters flow onto the undersigned’s property with the resulting environmental contamination. (c) That it be declared that both are obligated within a peremptory legal term to make the necessary repairs to eliminate the contamination caused by said wastewater (aguas negras) on the undersigned’s property. (d) That they be ordered to pay damages (daños y perjuicios) as indicated, with the cost of the necessary repairs to be borne by the defendants. (e) That both be ordered to pay the costs of this action.

2.- The judgment debtors answered in the negative. Both opposed the liquidated items, requested that the execution be dismissed, and asked that Mr. Esquivel Sánchez be ordered to pay the costs of the action. The Municipalidad de San Rafael de Heredia raised the defenses (excepciones) of contributory negligence of the victim (culpa de la víctima) and lack of standing (legitimación) and right (falta de derecho).

3.- Judge Nancy Allen Umaña, in judgment no. 2328-2014 at 2:30 p.m. on November 14, 2014, resolved: "The defenses (excepciones) of lack of standing (legitimación) and joinder of the Litis (integración de la Litis), contributory negligence of the victim (culpa de la víctima) and lack of right (falta de derecho) are declared without (sic). The lawsuit is declared PARTIALLY GRANTED, and denied in all matters not expressly granted. The Municipalidad de Barva de Heredia and the Municipalidad de San Rafael de Heredia are ordered to pay ALEXIS ESQUIVEL SÁNCHEZ the sum of ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND COLONES for subjective moral damages (daño moral subjetivo), that is, the sum of SEVEN HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES for each of the municipalities. The Municipalidad de Barva de Heredia and the Municipalidad de San Rafael de Heredia are ordered to pay both costs of this execution."

4.- The plaintiff files a cassation appeal.

5.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Judge León Díaz

CONSIDERANDO

I.- Mr. Alexis Esquivel Sánchez filed an amparo appeal against the Municipalities of San Rafael and Barva, both in Heredia, due to the spill of wastewater (aguas negras) from the Urbanización Malekus onto the property where his home is located. A problem, he alleged, that had been reported since 2005 through an amparo appeal, which was granted by the Sala Constitucional (resolution 2005-11540 of 12:17 p.m. on August 26, 2005). Nevertheless, he claimed, at the time of filing the new amparo (March 31, 2009), the situation had not been resolved. The Sala Constitucional, by judgment no. 2009-11884 of 10:48 a.m. on July 31, 2009, granted the appeal. It ordered Alberto Vargas Esquivel and Mercedes Hernández Méndez, in their capacity as Mayors of the Municipalities of San Rafael and Barva, respectively, to immediately adopt the necessary measures to prevent any type of wastewater or rainwater from said cantons from flowing through the property of the amparo plaintiff. It also ordered both Local Entities to pay the costs, damages (daños y perjuicios) caused by the facts that served as the basis for that declaration, to be liquidated in execution of judgment. In that phase, Mr. Esquivel Sánchez liquidated (according to adjustments made during the hearing): moral damages (daño moral) in the sum of ¢20,000,000.00, material damages (daño material) in the amount of ¢6,000,000.00, and environmental damages (daño ambiental) in the amount of ¢13,000,000.00, as well as the costs of the execution. Both co-judgment debtors answered negatively and opposed the liquidated items, requested that the execution be dismissed, and asked that Mr. Esquivel Sánchez be ordered to pay the costs of the action. The Municipalidad de San Rafael additionally raised the defenses (excepciones) of contributory negligence of the victim (culpa de la víctima), lack of standing (legitimación), and lack of right (falta de derecho). The lower court judge (Jueza a quo) partially granted the execution, understanding it to be denied in all matters not expressly granted. She ordered the Local Governments to pay ¢1,500,000.00 for subjective moral damages (daño moral subjetivo) (¢750,000.00 at the expense of each), as well as both costs of the execution. Disagreeing, the plaintiff filed a cassation appeal, which was admitted by this Chamber.

Cassation for violation of procedural rules

II.- As the sole grievance, he accuses a lack of reasoning (fundamentación) regarding the liquidated damages (material, environmental, and moral), in violation of articles 119 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), and 330 in relation to 153 and 155, all of the Código Procesal Civil. Regarding material damages (daño material), he affirms that the Judge denied them by deeming that the plaintiff incurred contributory negligence (culpa) with respect to their production. Nevertheless, he claims, she omitted to analyze the evidence contained in the record, especially the expert opinion, through which it was determined that the omission of the co-judgment debtors to properly channel the waters caused severe detriment to the plaintiff (bad odors, humidity in the walls of the house, soil of the yard in a deplorable state, among others). He says, contrary to the Judge, that the lack of cleanliness, the deficiency of the septic collector, as well as the inclusion of domestic animals in the yard of his property, do not justify the denial of that item. Furthermore, he adds, the hole in the property was not caused by the actions established by the Judge Executor, who did not indicate the way in which the plaintiff supposedly participated in its production. By reason of the foregoing, he asserts, the material damages (daño material) was not adequately reasoned. Regarding environmental damages (daño ambiental), he maintains that the Judge rejected it based on jurisprudential citations, but without analyzing, from them and the rules of sound rational criticism, the specific case. He argues that the reasoning for that item reduced it to general damage, without individualizing the particular matter, since she resorts to the same argument invoked to deny the material harm, which he deems inadmissible. Lastly, regarding moral damages (daño moral), he reproaches that the Judge did not properly justify the amount granted, since she based it solely on her personal criterion, without taking into account the time he had to endure waiting for the Administration to resolve the case in dispute (even though the problem persists).

III.- On repeated occasions, this Chamber has indicated that disagreement with the foundations of the judgment, related to an improper evidentiary assessment, is not a failure to state reasons (falta de motivación). That is to say, the consideration that the arguments given by the judges are unreasonable or contradictory to the evidentiary material, considering that a different conclusion should have been reached with the evidence, does not correspond to the ground of failure to state reasons (falta de motivación). In that sense, one may consult judgments of this Chamber numbers: 126-F-S1-2009 of 3:40 p.m. on February 5, 184-F-S1-2009 of 1:00 p.m. on February 23, and 468-F-S1-2009 of 3:15 p.m. on May 7, all from 2009. Thus, the procedural violation charge must be dismissed (however, its analysis will be deferred to the moment of examining the substantive objections). In the opinion of this Deciding Body, the fact that the appellant does not agree with the foundations of the challenged judgment and argues that the expert evidence was omitted, and that the expressed reasons are contrary to law, does not mean one is in the presence of a failure to state reasons (falta de fundamentación); on the contrary, it is inferred from the objection that the appellant himself points out that it exists, but that he does not agree with it. The foregoing is verified in the challenged judgment, as the Judge Executor considered: the liquidated moral damages (daño moral) to be admissible, given the feelings of insecurity, uncertainty, anger, and helplessness that the plaintiff faced, resulting from the flow of waters affecting his property and for which there was no adequate control by the co-judgment debtor Administrations. Likewise, regarding the rejection of the claimed material (daños materiales) and environmental damages (daños ambientales), given the administrative activity deployed to resolve the problem and the lack of proof of their existence. Even though the appellant disagrees with the Judge's assessment, considering that evidence in the record contradicts her reasoning, it is not through this type of procedural defect that his theory is studied, but rather through the corresponding objection, that is, through a substantive grievance for improper evidentiary assessment or omission. It must be taken into account that the failure to state reasons (falta de fundamentación) is the absence of such reasoning regarding the substantive questions raised as the object of the proceedings, which, as indicated and is extracted from the judgment itself, does not occur in the record, since the reasons are fully set forth in the challenged resolution. In that sense, the alleged defect must be dismissed.

Cassation for violation of substantive rules

IV.- The appellant formulates three objections of a substantive nature. First, he asserts improper evidentiary assessment, specifically regarding the expert opinion and the judicial inspection (reconocimiento judicial) in the record, in violation of the rules of sound rational criticism, as well as canons 330 in relation to numerals 401 to 409 and 411 of the procedural Code (he does not specify the regulatory body). He points out that the Judge Executor did not take into account that the expert evidence demonstrated that the infrastructure work carried out by the co-judgment debtors was insufficient and does not comply with the provisions of the Ministry of Health and the Sala Constitucional. Likewise, he adds, it is obvious that the Municipalidad de San Rafael did not want to properly channel the waters from the Malekus urbanization, to the point that the situation persists (as determined by the expert). On the other hand, he notes, the Judge denied the claimed material damages despite said expert opinion being in the record, in which their magnitude and quantum were determined as a direct consequence of the facts established in the constitutional judgment. In addition to the above, he argues, the Judge considered, regarding the liquidated environmental damage, that the harm is in relation to the neighbors and the community. However, he says, such an affirmation lacks evidentiary and legal support, since at the expert level, the existence of that generic detriment was not verified. On the contrary, he clarifies, the affectation was on his property from the hole caused, which continues to wash away the soil of the property and the banks of the drainage ditch (acequia). This is indicated in the expert opinion and visible in the judicial inspection in the record, which, he reiterates, were not examined by the Judge Executor. Second, he claims that facts demonstrated and not demonstrated are in contradiction with the evidence, in breach of precepts 330 in relation to 368 and following of the procedural Code (he does not specify the regulatory body). He argues that facts deemed proven 7) and 8) do not conform to the merits of the record, because the expert opinion provided by the Municipalidad de Barva is clear in indicating that the work carried out did not properly resolve the plaintiff's problem, which still persists. Even, he warns, from the documentary evidence there is a constructive confession (confesión ficta) by that Local Entity, in which it is indicated that, although they would carry out the work, it would not solve the problem. On the other hand, he says, regarding the first fact deemed not proven, there is evidence in the record. He refers to a document provided with the lawsuit, through which the Ministry of Health accredited the damage to health derived from the abusive discharge of waters from the Urbanización Malekus (without specifying anything about that evidence). Third, he alleges erroneous normative interpretation in relation to the denied material (daños materiales) and environmental damages (daños ambientales), specifically, of numeral 1045 of the Civil Code, as well as of those rules relating to administrative liability, regulated in Book II of the Ley General de la Administración Pública (he does not detail which ones). He claims that the Judge rejected the material damage without any reason and invoking contributory negligence (culpa) of the plaintiff. In the case under study, he affirms, the expert was tasked with determining that item, without the co-judgment debtors opposing it, with which, he says, there was tacit and express consent to the harm. He indicates that the expert report established the damages caused (hole on the north side of the house, humidity in the walls, and deterioration of the yard); therefore, its rejection becomes improper. Regarding environmental damage, he states that the overflow of the drainage ditch (acequia) due to poorly controlled waters caused environmental effects on the plaintiff's property, as indicated by the expert evidence, so its compensation is admissible. Finally, regarding moral damages (daño moral), he disagrees with the amount granted in the judgment (¢1,500,000.00). He says that he had to endure the inaction of the co-judgment debtors for nearly 10 years, go to various instances seeking help without finding a solution to the problem that afflicted him, in addition to the contempt and mockery suffered, all of which justifies that said amount should be increased.

V.- In order to avoid unnecessary repetitions, given the evident connection regarding the content of the objections raised (both the procedural and the substantive), they will be examined jointly. At its core, the appellant disagrees with the rejection of the liquidated material (daños materiales) and environmental damages (daños ambientales), as well as with the amount granted as subjective moral damages (daño moral subjetivo). He affirms that the Judge Executor omitted the evidence in the record, mainly, the expert report rendered by Ms. Ana Lorena Arias Zúñiga, through which the following was accredited regarding material damages: its existence, magnitude, and quantum, resulting from the omission of the co-judgment debtors to properly channel the waters coming from the Urbanización Malekus, and that the works carried out in 2010 were insufficient; consequently, the problem persists. Likewise, he accuses the judicial inspection in the record of being omitted. Regarding environmental damage, he argues that the expert opinion demonstrated the concrete affectation to the plaintiff's property, in addition to the non-existence of a generic detriment of that nature. Regarding moral damages (daño moral), he reproaches that the sum awarded was set based on the Judge's personal criterion, who did not take into consideration the time he had to endure waiting for the Administration to resolve the problem in dispute (which, he insists, continues). Before examining the objections raised, it is necessary to be clear about the following. As indicated in Considerando I of this judgment, on March 31, 2009, Mr. Esquivel Sánchez filed the amparo appeal that is the subject of this execution against the Municipalities of San Rafael and Barva, both in Heredia. The Sala Constitucional, by resolution no. 2009-11884, granted the appeal. Of interest, it ordered the Local Governments to pay the costs, damages (daños y perjuicios) caused, to be liquidated in execution of judgment. The Constitutional Court held as proven that, by judgment 2005-01140, another amparo on the same facts was granted. In that ruling, they stated, it was provided: "(…) In the specific case, it appears from the list of proven facts that the appellant has had a series of problems due to the fact that contaminated waters from other nearby fiefs flow through his property, in response to which he has filed a series of complaints with the respondent authorities. Nevertheless, the Municipalidad de San Rafael has not done anything because the plaintiff's property is located in the canton of Barva, while the Municipalidad de Barva has not adopted any measure because the contamination suffered by the appellant's property comes from a urbanization located in the canton of San Rafael. It is evident, then, that the two municipalities have been negligent in adopting effective measures in the field of their respective territorial and functional competencies, despite the Municipalidad de San Rafael having issued official letter 142-2004-DIM-SRH on May fifth, two thousand four, in which it details what works are necessary to resolve the situation afflicting Mr. Esquivel Sánchez, according to the opinion of the Works Commission of said Corporation. It is palpable that the indolence with which both municipalities have dealt with this matter violates the fundamental rights of the plaintiff; therefore, in accordance with the provisions of article 29 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, what is appropriate is to grant this appeal, ordering the corporations of Barva and San Rafael de Heredia to immediately adopt the necessary measures to prevent any type of wastewater or rainwater coming from both cantons from flowing through the property of the appellant, Alexis Esquivel Sánchez. (…)". The Sala Constitucional considered that, in the subjúdice, there is no reason to vary the transcribed criterion, for which reason it reiterated the order given, especially since the problem persists and is growing, because: "(…) according to what is reported by the respondent authorities, the appellant's neighbors deposit rainwater into said channel, whereby it also becomes a problem between private law subjects and public health (…)”. The Judges added: "(…) the Chamber also verifies a lack of vigilance and coordination on the part of the Municipalidad de Barva, since it is the duty of the respondent to carry out a role of controller and protector of the environment and the health of the inhabitants of the area, and although it is not competent to carry out a sanitary control of the other homes of the appellant's neighbors that supposedly discharge wastewater into the cited watercourse, in the present case it does not appear from the record that it generally took diligent action to report the problem raised by the citizen to the corresponding health authorities, because in a case like this, in which a citizen reports an environmental problem that supposedly affects the health and environment of the community, it did not carry out a responsible and exhaustive investigation, nor took the pertinent measures, nor notified the Ministry of Health, in accordance with the legal system, a situation that has caused the complaints against these same facts to continue being filed. Consequently, this Chamber finds that the municipal entity of Barva did not act with due diligence in addressing the problem raised by the amparo plaintiff. Given these circumstances, the Chamber grants the appeal." Now, in the execution stage, Mr. Esquivel Sánchez, of interest, liquidated: material damages at the sum of ¢6,000,000.00, environmental damages at ¢13,000,000.00, and moral damages at ¢20,000,000.00. He circumscribed the material damages to: the repairs to the wastewater (aguas negras) collection process coming from the Urbanización Malekus (so that those waters do not flow onto his property), as well as those to be carried out on his property (mainly on his dwelling house). Regarding the moral affectation, he indicated: "What it consists of. This situation has caused me serious damages such as anger, distress, mental problems since I must constantly deal with the problem of wastewater in my land, with the bad odors, the environmental contamination, the mosquito breeding ground with dengue included, as well as the problems I must face having a child with a kidney transplant who cannot be entitled to a healthy environment and seeing how my granddaughter almost fell into said waters with a risk to her health". He related the environmental damage, according to the expert evidence in the record, to the detriment caused to the environment of his property, from receiving for years waters derived from the Urbanización Malekus, with the inconveniences that the floods generate. The Judge Executor, when confronting the provisions of the Sala Constitucional in relation to the liquidated items, rejected the material (daños materiales) and environmental damages (daños ambientales); however, she deemed the subjective moral damages to be admissible in the sum of ¢1,500,000.00. This determination for the reasons detailed below.

VI.- Regarding material damages. The Judge considered that: "(…) the defendant Municipalities took actions to prevent the waters from passing through the plaintiff's property any longer, having to manage at the time the necessary budget item and carry out the work, which was performed in 2010, meaning the repair costs were covered by the defendant parties at that time. Regarding the repairs to the dwelling house, while it is true the expert Ana Lorena Arias Zúñiga stated in her report that repairing certain damages amounts to the sum of three million colones, which includes filling the old pipe holes, plastering walls, changing window frames, fixing the septic tank, the amount to be charged for the described damages and that these were caused entirely by the fact that the waters flowed through his property was not proven by suitable means, thus failing to evidence the necessary causal link, the foregoing because it was determined that on the plaintiff's property, several elements and factors exist that promote not only affectation in the structure of the dwelling itself, but also factors that contribute to environmental contamination, and to what was perceived as caused by a lack of cleanliness or order and an adequate installation and maintenance of the septic tank located in the yard of the plaintiff's property". This Chamber agrees with the Judge's resolution. In the first place, regarding the repairs requested by Mr. Esquivel Sánchez in the wastewater (aguas negras) collection process from the Urbanización Malekus, it is recorded that these were carried out, since 2010, by the co-judgment debtor party, as was well determined in proven fact 8) of the challenged judgment. Relatedly, Expert Arias Zúñiga pointed out: "(…) in 2010, the Municipalidad de Barva fixed the water passage through Mr. Esquivel's property, and his problem was solved." (Report visible on folios 195 to 220 of the judicial file). This situation, it is worth noting, was not refuted by the appellant; therefore, since there is restorative justice regarding the liquidated item, the claim formulated in that sense must be rejected. Now then, regarding the damages to Mr. Alexis's home, it must be kept in mind that to establish an indemnification right for material damages, it is imperative to prove, through effective evidence, its existence and value; a demonstration that necessarily corresponds to the one claiming it. In this regard, one may consult judgment of this Chamber no. 1274-S1-2011 of 9:50 a.m. on October 13, 2011. It is clear that the compensation for the damages (daños y perjuicios) that may arise from public conduct is subject to the verification of their existence, as well as to the causal link between the damages claimed and the conduct condemned, which allows the patrimonial consequences of the omission sanctioned in the constitutional venue to be imputed, in this case, to the co-judgment debtor Municipalities. Therefore, only when they are established to be a direct consequence of that omission will the compensatory award be viable. Now then, it is up to the judge to evaluate the evidence as a whole, under the rules of sound rational criticism (article 82.4 of the CPCA), and, as an instrument, he uses it according to his criterion, analyzing it in light of the rules and principles that inform the matter under process. In this vein, it should be remembered that, in the case of expert evidence, the judge is not obligated to adhere to what the experts report, but rather these serve as a parameter for his final decision. In the case under study, this Chamber deems that the expert evidence and the judicial inspection in the record do not constitute reliable proof that the damages to Mr. Alexis's dwelling house are the exclusive consequence of the omission on the part of the co-judgment debtor Municipalities to solve the water problem that afflicted him. Of interest, Expert Arias Zúñiga indicated: "That in 2010, the Municipalidad de Barva fixed the water passage through Mr. Esquivel's property, and his problem was solved. But at this date and at the time of the visit, consequences of the situation experienced for approximately twelve years (1999 to 2010) are observed in the dwelling." She likewise concluded: "That the dwelling suffered damages due to an excess of water that flowed by one side of his property for more than ten years. Especially because it is a humble dwelling and the water flow was wastewater (aguas servidas). That repairs are required to put the dwelling back in good condition and mitigate the damage it suffered. (…) That the material damage experienced by Mr. Esquivel Sánchez amounts to Three million colones (includes filling the old pipe holes, plastering walls, changing the window frame, fixing the septic tank) (…). That Mr. Esquivel must remove all the trash he possesses from the yard of his house, and put a natural barrier between his house and the Quebrada Seca so that the animals he has there do not defecate in the river. That all houses adjoining the Quebrada Seca and which are neighbors of Mr. Esquivel Sánchez must eliminate any form of discharge from their homes into the Quebrada Seca, and the Municipalities and the Ministry of Health are responsible for monitoring that this is carried out." While it is true that, from the evidence provided to the record (judicial inspection, photographs, expert report, among others), the deterioration of the plaintiff's dwelling is evident (yard, walls, piping, windows, and septic tank), it is also true that it was not proven that this situation was the exclusive result of the conduct sanctioned in the constitutional venue, because as the expert well reported, this is a humble dwelling, more than 50 years old, and therefore, it is reasonable to consider the ordinary deterioration it has suffered over all those years, especially if it is observed that there has been no care on the part of the owners, who until now have allowed the accumulation of trash. The foregoing speaks to the absence of the necessary causal link for the purpose of granting the required indemnity. Furthermore, it should be taken into account that the expert concluded on the existence of damages on one side of the property, caused by an excess of water that flowed for more than 10 years, which is unrelated to the conduct sanctioned by the Sala Constitucional. No less important, the professional quantified the alleged material damages in the amount of ¢3,000,000.00, without the technical detail of the assessment made, she did not specify on what documentation such a figure was determined, nor explain how she arrived at the fixed sum. In that sense, the examination performed by the Judge Executor regarding the cited expert evidence is in accordance with law. Concerning the judicial inspection incorporated into the record, no defect is observed either, since that evidence is simply referenced, it being an unavoidable requirement for its analysis to at least mention the reasons that justify the accused omission or improper assessment. It should be noted that the fact that the appellant manifests that the deplorable condition of his property can be extracted from the expert opinion and the judicial inspection does not accredit what he claims, because for that it was necessary to have a real comparative parameter regarding the state in which it should be, and that such affectation was due to the omission reproached in the constitutional venue, which is precisely what the Judge indicates as absent in this case. By reason of the above, this Chamber deems that the evidentiary assessment in the appealed judgment is correct and in accordance with law, since the evidence offered was not conclusive nor did it convincingly prove the liquidated harms.

Consequently, and in accordance with the foregoing, the rejection of the grievance raised shall be imposed.

VII.- Regarding environmental damage. The Judge analyzed that this involves a collective right, a diffuse interest (in that regard, she referred to the judgment of this Chamber 000861-F-S1-2014 of 4:10 p.m. on July 3, 2014). On this point, she stated: "A personal and individualizable harm is not proven regarding this item, since according to the argumentation, what could exist is environmental damage to the community, to the collectivity of said neighborhood, and the defendant municipalities must, as indicated by the members of the Constitutional Chamber, use their legal mechanisms to address this situation that affects the community they represent. Therefore, the undersigned judge finds no merit for an individual compensable harm as there was in relation to moral damage, making the rejection of this item appropriate." For this Deciding Body, the Judge correctly denied the liquidated environmental damage, as it involves a diffuse interest, without personal and individualizable detriment affecting Mr. Esquivel Sánchez. The case file contains no conclusive evidence or indications proving that harm of such characteristics was caused, independent of the collective impact that may have been caused, which prevents establishing the existence of a causal link between the omission by the co-defendants and the claimed damage. It should be noted that, regarding the point in dispute, expert Arias Zúñiga concluded: "(…) But the environmental damage suffered both by him and his family must also be considered, from receiving sewage and not only rainwater for more than ten years, with the inconveniences that floods bring. That environmental damage amounts to Thirteen million colones. And to calculate the environmental damage, the preventive cost method was used, calculating the cost of installing a treatment plant for the sewage from the homes that discharged at the site; for this, the number of homes was estimated based on Google information, the cartographic sheet, and market prices for infrastructure. (…) unfortunately, the solution to the problem did not arrive until 2010, by order of the Constitutional Chamber; before that date, no solution had been presented." In the opinion of this Chamber, even though the expert report in the case file refers to the existence of environmental damage, it does not specify it, nor does it mention what it consists of (for example: loss of flora and fauna or of a healthy environment, irrational exploitation of resources, danger to the communities' way of life, and other activities); furthermore, it limits it to a 10-year period, which is unrelated to the administrative omission sanctioned by the Constitutional Chamber. Such evidence does not provide the necessary technical elements to prove a direct environmental impact resulting from the disputed administrative omission, which must be personally compensated to the claimant. Moreover, it is worth adding that these types of compensations are destined by law not for particular private enrichment but to mitigate and restore the affected nature. Therefore, since the alleged damage was not proven, the challenged objection shall be dismissed, as this element can only be recognized to mitigate the injury to the environment and not for private benefit.

VIII.- Regarding subjective moral damage (¢1,500,000.00). The Executing Judge reasoned: "(…) the violation determined by the Chamber originates from an environmental problem affecting the health and environment of the community, and by failing to conduct a responsible and exhaustive investigation, nor taking the pertinent measures, such as going to the Ministry of Health, in accordance with the legal framework, they caused complaints regarding these same facts to continue being filed; thus, for this judge, it is undeniable that impairment of this type did occur, since having a water flow problem without adequate control certainly generates feelings of insecurity and uncertainty, anger, helplessness, a situation that is proven not only by what is indicated in the proceeding but also by the expert report. In this case, the claimant had a constitutional right that the municipal corporations take prompt and timely measures to provide a solution, in full exercise of their powers, so that the claimant did not have to file two amparo appeals to address what legally corresponds to him; therefore, by not acting thus, they incurred in a flagrant violation of the fundamental rights held by the claimant, as indicated by the Constitutional Chamber." It is worth adding that, based on the foregoing, the Judge awarded as subjective moral damage the amount of ¢1,500,000.00, to be paid in equal parts by the co-defendants (i.e., ¢750,000.00 to the charge of each). This Chamber agrees with the imposed condemnation. In general terms, subjective moral damage is associated with states of anguish, discouragement, frustration, helplessness, insecurity, desperation, anxiety, distress, sorrow, unease, disillusionment, among others. The common denominator is suffering or emotional affliction, as it is verified when the individual's non-pecuniary sphere of interest is injured. Its determination is in re ipsa, meaning the judge, based on experience, common sense, equity, and general principles of law, sets the amount to be awarded with some margin of discretion. Based on these valuation parameters, it is natural to estimate and logical to deduce that the fact that Mr. Esquivel Sánchez, at the time of filing and even when the amparo appeal was resolved (March 31 and July 31, both in 2009), had not had his water channeling problem resolved, as a result of the administrative omission (by failing to adopt effective measures to solve the problem, given the indolence in handling the matter, lack of oversight, coordination, protection of the environment and health of the area's inhabitants, absence of diligent action to report the problem to the competent health authorities, among others, as sanctioned by the Constitutional Chamber), caused him emotional impact, which he was not obligated to bear. From this point of view, the uncertainty, anger, helplessness, rage, unease, and in general, the damage to the inner self that an omission of this type can produce in a human being become indubitable, as the Executing Judge correctly reasoned. Hence, the existence of the causal link between the challenged element and the attributed conduct. Now, for the purposes of establishing the amount to be granted under this concept, in cases like the present one, it is imperative to weigh the intensity of the suffering endured, for which the particular circumstances of the matter and the subjective repercussion on the affected person must be analyzed. Let it be clear that the determination of the quantum is subject to the principles of reasonableness and proportionality, which must be assessed by the competent authority in each case for its quantification to be in accordance with law. That is, it must maintain a fair balance derived from the specific factual picture, a matter that must be examined within the indicated limits. In the matter under review, this Collegiate Body considers that the sum of ¢1,500,000.00 awarded by the Executing Judge as subjective moral damage is not in accordance with such principles, as its determination is not justified by the particularities of the case. This Chamber is clear that what Mr. Alexis experienced arose from the fact that the co-defendant Municipalities, having the obligation to provide a timely, effective, and pertinent solution to the contamination problem affecting Mr. Esquivel Sánchez's property, only solved the situation by 2010, as a result of the second amparo filed (specifically on November 18, 2010, as indicated by the Municipality of San Rafael when answering the execution, folio 97 of the judicial file). This latter point, while not eliminating the emotional impact caused, constitutes a mitigating factor when determining the indemnity amount. Especially since the claimant justified the liquidated element based on the feelings of rage and unease he faces from "constantly dealing with the problem of sewage on my property"; however, as indicated, this situation ended in 2010. This was confirmed by expert Arias Zúñiga, who stated: "That in 2010, the Municipality of Barva fixed the water passage through Mr. Esquivel's property, and his problem was solved (…)." In the specific case, it is reasonable to infer that the disputed damage ceased when the co-defendants performed the necessary work and solved the water problem afflicting Mr. Alexis, even if it resulted from the order issued by the Constitutional Chamber (decision 2009-11884). In addition to the above, it must be taken into account that from 2005, Mr. Esquivel Sánchez could well have executed constitutional judgment 2005-11540 (the decision by which the first amparo filed was granted), nevertheless, the claimant consented to the reproached administrative omission until 2009, the year he filed the second amparo (even though the possibility of executing the first one, in the same file – canon 53 of the Constitutional Jurisdiction Law – was still in effect). Observe, having a right in his favor declared since 2005, Mr. Alexis decided to wait, without executing the first amparo, until 2009 to file a new appeal, which allows concluding that the moral impact caused does not have the intensity considered by the Judge. The mentioned aspects, as indicated, do not eliminate the existence of subjective moral damage; however, they should have been assessed by the Judge when setting the corresponding compensation. It is important to highlight that the amount of ¢1,500,000.00 granted under this concept seeks to cover the aspects that served to grant the amparo appeal; however, such amount is not fair, proportionate, and rational as a mechanism to compensate for the damage inflicted on the emotional sphere, for the reasons stated above. Thus, adhering to the circumstances of the case and the constitutional principles of reasonableness and proportionality, the sum granted as subjective moral damage could even be considered high; however, in strict compliance with the principle of non reformatio in pejus, contained in canon 565 of the Civil Procedure Code, this Deciding Body is barred from ruling to the detriment of the sole appellant (the claimant), that is, from causing a reduction of the benefits or rights of the obligations imposed for him by the challenged decision (such as would be reducing the amount of moral damage awarded in the judgment). Consequently, the proper course will be to maintain the amount granted by the Executing Judge (¢1,500,000.00). This figure compensates in monetary terms and favorably for the emotional suffering endured by Mr. Alexis, before the administrative omission to solve the water problem on his property, prior to the filing and resolution of the amparo appeal, since, it is insisted, as a result of constitutional decision 2009-11884, the conflict was resolved (even though nothing prevented the execution, since 2005, of constitutional resolution 2005-11540). For the stated reasons, the grievance shall be rejected.

IX. By virtue of the foregoing, the appeal must be declared without merit, with costs to be borne by the cassation appellant, in accordance with precept 150, subsection 3) of the CPCA.

THEREFORE

The appeal is declared without merit, with costs to be borne by the promoting party.

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 

 

 

Román Solís Zelaya                                  Carmenmaría Escoto Fernández                 

 

 

 

José Rodolfo León Díaz                                      Yazmín Aragón Cambronero                                                                              

 

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 2

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-04-2026 11:28:41.

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