Res. 00190-2018 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Partial annulment of sentence for insufficient reasoning in forestry crimesAnulación parcial de pena por falta de fundamentación en delitos forestales

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00190 - 2018

Fecha de la Resolución: 16 de Febrero del 2018 a las 08:35

Expediente: 14-000003-0611-PE

Redactado por: Edwin Esteban Jiménez González

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

Resolución: 20 18 - 0190

Expediente: 14-000003-0611-PE ( 12)

 

          TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a l ser las ocho horas treinta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho .-

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]    , , costarricense, cédula de identidad número CED1 , nacido en San José, el 15 de octubre de 1958, hijo de [Nombre2]   y [Nombre3]  , divorciado , vecino de Cartago, La Unión, Río Azul, Quebradas, de la última parada de Buses, 200 este casa color verde ; por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL , en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES . Intervienen en la decisión del recurso, los jue [Nombre4] Edwin Esteban Jiménez González, Alfredo Araya Vega y la jueza Ingrid Estrada Venegas . Se aperson ó en esta sede el licenciado [Nombre5]   , Fiscal del Ministerio Público .

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 405-2017 , de las nueve horas cinco minutos del seis de noviembre de dos mil diecisiete , el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José , Sede Desamparados, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 22, 30, 31 45, 50, 51, 59 a 63, 71 a 74, 103, 106 del Código Penal; 1 a 6, 140, 142, 180 a 184, 265 a 267, 360 a 365, y 367 368 del Código Procesal Penal, 3, 19, 33, 34, 61 inciso a), b) y c) de la Ley Forestal No. 7575, 122, 123, 124, 125, 126 y 127 de las Reglas Vigentes sobre responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, artículo 1045 del Código Civil, artículos 16 y 38 del Decreto de Honorarios vigente 36562 JP, este Tribunal unipersonal resuelve: declarar a [Nombre6]   autor responsable de dos delitos de anillado de árboles sin el permiso de la administración del Estad, tres delitos de aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin el permiso de la administración forestal del Estado y un delito de cambio de uso de suelo cubierto de bosques cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, y en tal concepto se le impone la pena de UN MES DE PRISION POR CADA DELITO PARA UN TOTAL DE PENA DE SEIS MESES DE PRISION, pena que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios vigentes, previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. Por resultar procedente y cumplir los requisitos se concede al condenado [Nombre6]  , el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA por el plazo de TRES AÑOS, período en el cual se le advierte que en caso de cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de prisión la gracia aquí concedida le será revocada, debiendo en consecuencia descontar la pena aquí impuesta más la pena que llegare a fijarse. Se ordena el RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS al estado en que se encontraban de previo a la ejecución del hecho delictivo acusado, lo cual correrá por cuenta del condenado quien deberá proceder mediante la contratación de un regente forestal que indique una regeneración asistida y recomiende las especies a sembrar, supervisado por el MINAE, por medio de la Sistema Nacional de Áreas de Conservación SICAC, caso contrario el Estado deberá realizar las gestiones pertinentes para la ejecución de lo dispuesto en la sede correspondiente. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por el actor civil LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REPRESENTACION DEL ESTADO COSTARRICENSE, contra el demandado civil [Nombre6]  , y se le condena en abstracto al pago del daño ambiental el cual se deberá cuantificar en la vía de ejecución de sentencia, de igual manera se le condena al pago de las costas procesales y personales por la acción civil resarcitoria que se ejecutaran en esa vía. Una vez firme esta sentencia Déjese sin efecto cualquier medida restrictiva que hubiese sido dictada en razón de esta causa. Una vez firme esta sentencia inscríbase en el Registro Judicial; se remitirá certificación al Instituto Nacional de Criminología y se efectuará el auto de liquidación de pena, al Juzgado de ejecución de la Pena y a la oficina Centralizada de Información Penitenciaria para lo de sus cargos. Se notificará la resolución por lectura, para lo cual se fijan las dieciséis horas del día trece de noviembre del año dos mil diecisiete. ES TODO." (sic).

          II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre5]   , Fiscal del Ministerio Público , interpus o recurso de apelación.

          III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

          IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

          Redacta e l juez de Apelación de Sentencia Penal [Nombre7]   ; y,

 

CONSIDERANDO:

          I.- Mediante escrito remitido el 30 de noviembre de 2017 por correo electrónico y presentado el 5 de diciembre de 2017, el licenciado [Nombre5]   , en su calidad de fiscal del Ministerio Público, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia N° 405-2017, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, a las 9:05 horas del 6 de noviembre de 2017, en la que se condenó al encartado [Nombre8]   a 6 meses de prisión por la comisión de 6 delitos en contra de los recursos naturales, concediéndosele el beneficio de ejecución condicional de la pena por un lapso de 3 años (ver folio 189). De la lectura de la impugnación y del estudio de los antecedentes del expediente, se determina que el recurso se presentó en tiempo conforme al plazo de ley, así como que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

           II.- ÚNI CO MOTIVO. La representación fiscal aduce la insuficiente fundamentación de la pena, conforme a lo establecido en los artículos 142 y 459 del Código Procesal Penal, numeral 71 del Código Penal y artículo 66 de la Ley Forestal. Señala que el fallo que cuestiona declaró como único autor responsable, a [Nombre8]  , por la comisión de dos delitos de anillado de árboles, tres delitos de aprovechamiento ilegal de productos forestales en propiedad privada y un delito de cambio de uso de suelo cubierto de bosque, todos previstos en la Ley Forestal. Para el ilícito de cambio de uso de suelo cubierto de bosque, el juzgador impuso una sanción mínima de un mes de prisión, para lo cual fundamentó que el endilgado con su actuar cumplió con los elementos descritos en el tipo penal sin reconocer circunstancias que agravan el reproche. Sin embargo, en líneas posteriores el juez estableció que “[…] El daño a los recursos naturales es demasiado relevante por encontrarse en una zona tan extensamente poblada…” Considera el Ministerio Público que esa es una razón de peso para separarse del monto mínimo de la pena a imponer, encontrando una contradicción en el fallo. Además, en el numeral 66 de la Ley Forestal –que es de aplicación obligatoria tratándose de delitos previstos en esa ley- se establece que el juez deberá de analizar la gravedad del hecho para determinar el monto de pena a imponer, sin embargo, en el fallo no se determinaron todas las circunstancias que rodearon los hechos, con el fin de determinar la gravedad de los mismos […]” (cfr. folio 197 del principal. La trascripción es textual). Indica que de la relación de hechos probados, en los puntos E), F) y G), se tuvo por demostrado que el encartado afectó de forma escalonada un terreno que estaba cubierto de bosque, realizando en el sitio movimientos de tierra y siembr a de café, iniciando con un área de 0,5 hectáreas, posteriormente realizó las mismas actividades en 719,5 metros cuadrados adicionales, y por último extendió su actividad a 2,84 hectáreas. Esta dinámica de hechos, estima el recurrente, demuestra que el acriminado realizó de forma sistemática el avance de la frontera agrícola en perjuicio del ecosistema que existía en el sitio. Ello significó una grave afectación al bosque, toda vez que un área total de 4 hectáreas fue deforestada y convertida en terrenos agrícolas. En cuanto al delito de cambio de uso de suelo cubierto de bosque, se trató de un delito continuado, por cuanto en un inicio el imputado afectó 0,5 hectáreas, y no satisfecho con ello prosiguió hasta abarcar un total de 4 hectáreas. La dimensión del sitio afectado es un elemento integrante del análisis de la gravedad de evento ilícito juzgado. Como se acreditó, la afectación se dio en una gran área de terreno de forma sistemática, por lo que debió tomarse en consideración al fijar el quantum de la pena. Añade que respecto de la gravedad del hecho, la dimensión física del área dañada, impone una importante consideración que debió tomar en cuenta el Tribunal de instancia para establecer la sanción, lo cual se evidencia del testimonio de [Nombre9]    , quien señaló en el contradictorio “[…] Cuando el bosque se corta el suelo está expuesto a erosión por viento, lluvia y se valora este parámetro. El suelo está muy arenoso y al cortar el bosque produce que el suelo queda expuesto la capa mineral. También la vida silvestre que arrojaba mucha diversidad, se afecta la vista y el paisaje…” En su condición de ingeniera forestal, la testigo nos señala desde varios ámbitos la gravedad de la afectación del ecosistema, producto de la erosión, pérdida de hábitat para la vida silvestre incluso el factor paisajístico. Dichas manifestaciones son concordantes con lo manifestado por el testigo [Nombre10]  , quien indicó que en el sitio hay presencia de vida silvestre. En respaldo de todo ello el testigo [Nombre11]     , en debate manifestó: “… La eliminación de los árboles produce pérdida de CO2, pérdida de la biodiversidad, e incluso cambio por agroquímicos, y la reducción del espacio boscoso altera la fauna y el espacio se ve aún más reducido, en cuanto la parte hídrica se disminuye, la infiltración y por ende se aumenta la escorrentía discorentiva o agua superficial que corre sobre el terreno y se produce arrastre de sedimentos”. Todos ellos señalan al unísono que con la afectación que observaron en el sitio, el ilícito está produciendo efectos que superan el simple cambio del uso del suelo, elemento que contempla el tipo penal y que se concreta al impedir la regeneración natural del bosque. Por ello, era necesario analizar en la fundamentación de la pena, todos estos elementos, ya que son integrantes de la gravedad del hecho […]” (cfr. 198 del legajo principal. La trascripción es textual). El recurrente aduce como último elemento a considerar que se acreditó que el aquí justiciable al cambiar el uso del suelo, expuso a los vecinos del lugar a deslizamientos, por lo que existe no solo un riesgo para su patrimonio sino también para sus vidas. Indica que el testigo [Nombre12]   informó “[…] vivimos en la montaña en un lugar de peligro, él tiene cafetales sembrados en la finca donde él trabaja…” además “… no es conveniente vivir en esa zona como en estos tiempos que estamos viviendo ahora y se da mucho derrumbe en la tierra…” Por su lado el testigo [Nombre13]   indicó: “… eso me perjudica por los derrumbes, ahorita es peligroso que eso arrase contra las casas, en el folder traigo denuncias que voy a presentarle a la Municipalidad y a [Nombre14] , porque están haciendo grandes talas de árboles que están haciendo actualmente…” Como se acreditó en el contradictorio, existen rostros puntuales que manifestaron su preocupación por los derrumbes en el sitio, que a su vez corresponde al sitio donde habitan, personas de carne y hueso que en aplicación del artículo 50 de la Constitución Política son víctimas del ilícito y tienen derecho a que se les tutele en el presente proceso. Por ello, como se analizó líneas atrás, actualmente se mantienen efectos secundarios producto del cambio de uso de la tierra, y que corresponden a los insumos que debió de analizarse en el fallo al momento de imponer el monto de la sanción […]” (cfr. folios 19 8 y 19 9 . La trascripción es literal). Estima que la pena impuesta a [Nombre8]  , no es una sanción conforme con la gravedad de los hechos acreditados en su contra, toda vez que en el fallo solo se apreció la tipicidad de la conducta y los antecedentes del sentenciado, obviando realizar el análisis que la Ley Forestal exige, lo que fue expuesto en las conclusiones del Ministerio Público y con base en lo que se solicitó la fijación de la pena máxima por la comisión de un delito de cambio de uso de terreno cubierto por bosque. De haberse analizado cada uno de los aspectos esbozados, el monto de la pena debió ser mayor a la dictada, siendo necesario que superase el mínimo establecido en el tipo penal. Solicita que se anule la sentencia en cuanto a la sanción impuesta al imputado [Nombre8]   y que se realice un juicio de reenvío para establecer la pena que le corresponde a los hechos del presente asunto, debiéndose mantener incólume el fallo en todo lo demás. El reclamo es de recibo. El cotejo de los argumentos planteados por la parte re currente con los aspectos con base en los que se decidió en el fallo de mérito la imposición de una pena de 6 meses de prisión al encartado [Nombre15] , por la comisión dos delitos de anillado de árboles sin el permiso de la administración forestal del Estado; por tres delitos de aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin permiso de la administración forestal del Estado; y por un delito de cambio de uso de suelo cubierto de bosques, permite establecer que le asiste razón a la representación fiscal. El examen comprensivo de la resolución impugnada, deja ver que en torno al extremo punitivo objeto de análisis, solamente, se consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, se procede a declarar a [Nombre16]   autor y único responsable de dos delitos de anillado de árboles sin el permiso de la administración del Estad, tres delitos de aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin el permiso de la administración forestal del Estado y un delito de cambio de uso de suelo cubierto de bosques cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, y en tal concepto se le impone la pena de UN MES DE PRISIÓN PARA CADA DELITO PARA UN TOTAL DE PENA DE SEIS MESES DE PRISIÓN, debiendo descontar la pena impuesta en el lugar y de la forma que lo determinen los reglamentos penitenciarios vigentes, previo abono de la prisión preventiva que hubiere sufrido. Se le ha impuesto el mínimo de la pena contemplado para el tipo penal aplicado en razón de que se considera que el imputado ha cumplido con su actuar con los requerimientos del tipo penal sin que exista ninguna circunstancia que permita elevar el mínimo previsto. El daño a los recursos naturales es demasiado relevante por encontrarse en una zona tan extensamente poblada y si bien esas acciones afectan el recurso hídrico, en este caso particular no se hizo patente un daño grave al ambiente puesto que el Tribunal ordena su corrección puesto que los especialistas informan que dicho corrección es posible. Además se toma en consideración que el imputado es una persona mayor, con arraigo familiar y laboral sin adicciones, por lo que la pena mínima resulta proporcional a los hechos acreditados. Por resultar procedente y cumplir los requisitos se concede al condenado [Nombre6]   el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA por el plazo de TRES AÑOS, período en el cual se le advierte que en caso de cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de prisión la gracia aquí concedida será revocada, debiendo en consecuencia descontar la pena aquí impuesta más la pena que llegare a fijarse […]” (cfr. folios 186 y 187 del sumario. Los errores son parte del texto original). De la simple lectura del segmento de la sentencia en que se hizo referencia a la fijación de la pena, se deriva con facilidad la existencia del vicio alegado por [Nombre17] l órgano fiscal, toda vez que el razonamiento del a quo en cuanto al punto en cuestión no está debidamente fundado. Ello, en virtud de que recurre a aseveraciones de carácter general e indeterminadas, además de que tal y como se aduce, en el análisis del juzgador de instancia se da una importante contradicción, ya que en un primer momento se afirmó que se causó un “daño demasiado relevante” a los recursos naturales, pero sin embargo, el Tribunal consideró de seguido que “en el caso particular no se hizo patente un daño grave al ambiente”. Así las cosas, se da un a incorrección respecto de la debida aplicación de la ley lógica de la coherencia en la especie, a lo que debe sumarse que también se quebrantó el principio de razón suficiente, toda vez que sin justificación alguna se dejaron de valorar elementos de convicción importantes para definir la gravedad de los hechos, aspecto que legalmente es esencial conforme a la normativa del artículo 71 del Código Penal para establecer el quantum de pena jurídicamente procedente. En este sentido, tal y como lo puntualiza y expone el representante del Ministerio Público, en la sentencia no se valoró el testimonio de [Nombre18]     quien precisó varias consecuencias que surgieron como producto del actuar del aquí acusado en el ambient e , como lo es la pérdida de hábitat para la vida silvestre. En el mismo sentido, se dejó de lado valorar lo relatado por [Nombre11]     , quien indicó que la reducción del espacio boscoso generaba pérdida de biodiversidad, así como disminuye la parte hídrica de los terrenos afectados. De igual forma, no se apreció que el testigo [Nombre12]   manifestó que el sitio en que se dieron los hechos de marras era una zona de peligro, ya que es una zona de derrumbes, lo cual no solo genera riesgos para el patrimonio de las personas sino también para la vida de quienes habitan en el lugar. De lo expuesto, se concluye que el fundamento de la pena impuesta es insuficiente por no ajustarse a los parámetros normativos de los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal, defecto que es jurídicamente relevante por cuanto influyó en la indebida aplicación del artículo 71 del Código Penal, así como no se hizo mayor análisis de l a regulación del artículo 66 de la Ley Forestal, cuyo contenido debió observarse para la correcta fijación de la pena en un caso como el que se ventila en la especie. Otro aspecto que debe abonarse, a pesar de que no se adujo por el representante del Ministerio Público ni por la defensa del imputado [Nombre15] , es que conforme a la aplicación de las reglas del concurso material en el presente caso, según los montos de las penas fijadas para los distintos delitos juzgados, la sanción total no podía exceder de 3 meses de prisión, quantum que corresponde al triple de la mayor impuesta por tales ilicitudes, lo que revela la errónea aplicación del artículo 76 del Código Penal y la ilegalidad de la sanción impuesta. Debe aclararse, que por haber sido un extremo que no impugnó la defensa y solo lo hizo el órgano fiscal, no corresponde aplicar el principio de no reforma en perjuicio. En virtud de todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación incoado por la representación fiscal. En consecuencia, se anula parcialmente el fallo, únicamente, en lo que respecta a la fijación de la pena que corresponde a [Nombre8]   por los delitos que se acreditó que cometió en daño del ambiente, sean éstos; dos delitos de anillado de árboles sin permiso de la administración forestal del Estado; tres delitos de aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin el permiso de la administración forestal del estado; y un delito de cambio de uso de suelo cubierto de bosques. Se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración, proceda a resolver lo que legalmente corresponda en cuanto a los extremos punitivos del presente caso. En todo lo demás el fallo permanece incólume.     

POR TANTO :

           Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la representación fiscal. En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia, únicamente, en cuanto a lo relativo a la pena que corresponde imponer al imputado [Nombre8]   por los hechos ilícitos que se acreditaron en su contra. Se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con una nueva integración proceda a resolver el extremo antes apuntado. En todo lo demás, la sentencia permanece incólume. Por haber recurrido la sentencia solamente el Ministerio Público, no rige el principio de no reforma en perjuicio en la presente causa. NOTIF Í QUESE.-

Edwin Esteban Jiménez González

 

 

Alfredo Araya Vega                                                               Ingrid Estrada Venegas

 

Jue [Nombre4] y [Nombre19]   a de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 14-000003-0611-PE(12)

Imputado: [Nombre6]  

Ofendido: Los Recursos Naturales

Delito: Infracción a la Ley Forestal

 

 

Ebonillav

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:33:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Appeals Court of Criminal Sentencing, Second Judicial Circuit of San José

Resolution No. 00190 - 2018

Date of Resolution: February 16, 2018 at 08:35

Case File: 14-000003-0611-PE

Drafted by: Edwin Esteban Jiménez González

Type of matter: Appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Text of the resolution

Resolution: 20 18 - 0190

Case File: 14-000003-0611-PE ( 12)

CRIMINAL SENTENCING APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight thirty-five hours on the sixteenth of February of two thousand eighteen.-

APPEAL filed in the present case against [Name1] , , Costa Rican, identity card number CED1 , born in San José, on October 15, 1958, son of [Name2] and [Name3] , divorced , resident of Cartago, La Unión, Río Azul, Quebradas, from the last bus stop, 200 meters east, green house ; for the crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL , to the detriment of NATURAL RESOURCES . The judges Edwin Esteban Jiménez González, Alfredo Araya Vega and judge Ingrid Estrada Venegas participate in the decision on the appeal. Licentiate [Name5] , Prosecutor of the Ministerio Público , appeared at this venue .

WHEREAS:

I.- That by judgment number 405-2017 , at nine hours five minutes on November six, two thousand seventeen , the Criminal Trial Court of the Third Judicial Circuit of San José , Desamparados Venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited norms and articles 39 and 41 of the Political Constitution, 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 8 subsection 2) of the American Convention on Human Rights; 1, 22, 30, 31, 45, 50, 51, 59 to 63, 71 to 74, 103, 106 of the Penal Code; 1 to 6, 140, 142, 180 to 184, 265 to 267, 360 to 365, and 367, 368 of the Criminal Procedure Code, 3, 19, 33, 34, 61 subsection a), b) and c) of the Ley Forestal No. 7575, 122, 123, 124, 125, 126 and 127 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Penal Code, article 1045 of the Civil Code, articles 16 and 38 of the current Fee Decree 36562 JP, this single-judge Court resolves: to declare [Name6] responsible perpetrator of two crimes of tree girdling without permission from the state administration, three crimes of harvesting of forest products on private property without permission from the state forest administration and one crime of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land committed to the detriment of NATURAL RESOURCES, and in this capacity, the penalty of ONE MONTH OF PRISON FOR EACH CRIME IS IMPOSED FOR A TOTAL PENALTY OF SIX MONTHS OF PRISON, a penalty that shall be served in the place and manner indicated by the respective current prison regulations, after credit for any preventive detention suffered. As it is appropriate and meets the requirements, the convicted [Name6] is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL SUSPENSION OF THE SENTENCE for a period of THREE YEARS, during which time he is warned that in the event of committing a new intentional crime punishable by a sentence exceeding six months of imprisonment, the grace hereby granted shall be revoked, and he must consequently serve the sentence imposed herein plus the sentence that may be established. RESTORATION OF THINGS to the state they were in prior to the execution of the charged criminal act is ordered, which shall be at the expense of the convicted person, who must proceed by contracting a forestry manager (regente forestal) who will indicate assisted regeneration and recommend the species to be planted, supervised by MINAE, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, otherwise the State must carry out the relevant steps for the execution of what is ordered in the corresponding venue. The civil action for damages filed by the civil party LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ON BEHALF OF THE COSTA RICAN STATE is admitted, against the civil defendant [Name6] , and he is condemned in the abstract for the payment of environmental damage, which shall be quantified in the sentence enforcement stage, likewise he is condemned to pay the procedural and personal costs for the civil action for damages, which shall be enforced in that venue. Once this judgment is final, any restrictive measure that may have been ordered because of this case shall be rendered without effect. Once this judgment is final, register it in the Judicial Register; a certification shall be sent to the Instituto Nacional de Criminología, and the sentence liquidation order shall be made, to the Sentence Enforcement Court and to the Centralized Penitentiary Information Office for their respective duties. The resolution shall be notified by reading, for which the sixteen hours of November thirteenth of the year two thousand seventeen are set. THAT IS ALL." (sic).

II.- That against the preceding pronouncement, licentiate [Name5] , Prosecutor of the Ministerio Público , filed an appeal.

III.- That upon verification of the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions formulated in the appeal.

IV.- That in the proceedings the relevant legal prescriptions have been observed.

The Judge of the Criminal Sentencing Appeal [Name7] drafts ; and,

CONSIDERING:

I.- By means of a brief sent on November 30, 2017, by email and filed on December 5, 2017, licentiate [Name5] , in his capacity as prosecutor of the Ministerio Público, files an appeal against judgment No. 405-2017, issued by the Criminal Trial Court of the Third Judicial Circuit of San José, at 9:05 a.m. on November 6, 2017, in which the accused [Name8] was sentenced to 6 months in prison for the commission of 6 crimes against natural resources, granting him the benefit of conditional suspension of the sentence for a period of 3 years (see folio 189). From a reading of the challenge and the study of the case file background, it is determined that the appeal was filed in time according to the legal term, and that it meets the necessary presuppositions for its adequate cognizance in order to the comprehensive examination of the ruling, as required by numeral 8.2h of the American Convention on Human Rights.

II.- SOLE GROUND. The prosecutorial representation alleges insufficient reasoning for the sentence, in accordance with the provisions of articles 142 and 459 of the Criminal Procedure Code, numeral 71 of the Penal Code, and article 66 of the Ley Forestal. It points out that the ruling it challenges declared [Name8] as the sole responsible perpetrator for the commission of two crimes of tree girdling, three crimes of illegal harvesting of forest products on private property, and one crime of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land, all provided for in the Ley Forestal. For the illicit act of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land, the judge imposed a minimum sanction of one month in prison, for which he reasoned that the accused, through his actions, met the elements described in the criminal type without recognizing circumstances that aggravate the reproach. However, in subsequent lines, the judge established that "[…] The damage to natural resources is too relevant because it is located in such an extensively populated area…" The Ministerio Público considers that this is a weighty reason to depart from the minimum amount of the penalty to impose, finding a contradiction in the ruling. In addition, numeral 66 of the Ley Forestal – which is of mandatory application for crimes provided for in that law – establishes that the judge must analyze the seriousness of the act to determine the amount of penalty to impose, however, the ruling did not determine all the circumstances surrounding the events, in order to determine their seriousness […]" (cf. folio 197 of the principal file. The transcription is verbatim). It indicates that from the relation of proven facts, in points E), F), and G), it was demonstrated that the accused progressively affected a terrain that was covered with forest, carrying out earthworks (movimientos de tierra) and coffee planting on the site, starting with an area of 0.5 hectares, subsequently he carried out the same activities on an additional 719.5 square meters, and finally extended his activity to 2.84 hectares. This dynamic of facts, the appellant estimates, demonstrates that the accused systematically carried out the advancement of the agricultural frontier to the detriment of the ecosystem that existed on the site. This meant a serious impact on the forest, since a total area of 4 hectares was deforested and converted into agricultural land. Regarding the crime of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land, it was a continuous crime, since initially the defendant affected 0.5 hectares, and not satisfied with that, he continued until covering a total of 4 hectares. The dimension of the affected site is an integral element of the analysis of the seriousness of the illicit event judged. As was accredited, the impact occurred in a large area of land systematically, so it should have been taken into consideration when setting the quantum of the penalty. It adds that regarding the seriousness of the act, the physical dimension of the damaged area imposes an important consideration that the trial Court should have taken into account to establish the sanction, which is evidenced by the testimony of [Name9] , who pointed out in the adversarial hearing "[…] When the forest is cut, the soil is exposed to erosion by wind, rain, and this parameter is assessed. The soil is very sandy and cutting the forest causes the soil surface to become exposed to the mineral layer. Also, the wildlife that yielded much diversity is affected, the view and the landscape are affected…" In her capacity as a forestry engineer, the witness points out from several aspects the seriousness of the impact on the ecosystem, as a result of erosion, habitat loss for wildlife, even the landscape factor. These statements are consistent with what was stated by the witness [Name10] , who indicated that there is wildlife presence on the site. In support of all this, the witness [Name11] , stated at trial: "… The elimination of trees produces loss of CO2, loss of biodiversity, and even change due to agrochemicals, and the reduction of the forested space alters the fauna, and the space is seen as even more reduced, regarding the water part, infiltration decreases and therefore surface runoff or surface water that runs over the terrain increases, and sediment dragging occurs." All of them unanimously indicate that with the impact they observed on the site, the illicit act is producing effects that go beyond the simple change of land use, an element that the criminal type contemplates and that is concretized by preventing the natural regeneration of the forest. Therefore, it was necessary to analyze in the reasoning for the sentence all these elements, since they are integral to the seriousness of the act […]" (cf. 198 of the main dossier. The transcription is verbatim). The appellant alleges as a last element to consider that it was accredited that the defendant here, by changing the land use, exposed the neighbors of the place to landslides, such that there is not only a risk to their property but also to their lives. It indicates that the witness [Name12] reported "[…] we live on the mountain in a dangerous place, he has coffee plantations sown on the farm where he works…" also "… it is not advisable to live in that area, like in these times we are living now, and there is a lot of land collapse…" For his part, the witness [Name13] indicated: "… that harms me because of the landslides, right now it is dangerous that this razes the houses, in the folder I bring complaints that I am going to file with the Municipality and with [Name14] , because they are carrying out large tree fellings that they are currently doing…" As was accredited in the adversarial hearing, there are specific faces who expressed their concern about the landslides on the site, which in turn corresponds to the site where they live, people of flesh and blood who, in application of article 50 of the Political Constitution, are victims of the illicit act and have the right to have their rights protected in the present process. Therefore, as analyzed in previous lines, there are currently secondary effects resulting from the land-use change, which correspond to the inputs that should have been analyzed in the judgment when imposing the amount of the sanction […]" (cf. folios 19 8 and 19 9 . The transcription is literal). It estimates that the sentence imposed on [Name8] is not a sanction consistent with the seriousness of the acts accredited against him, since the ruling only considered the typicality of the conduct and the convicted person's antecedents, failing to carry out the analysis that the Ley Forestal requires, which was set out in the Ministerio Público's conclusions and based on which the imposition of the maximum penalty was requested for the commission of one crime of land-use change of forest-covered land. Had each of the aspects outlined been analyzed, the amount of the sentence should have been greater than that imposed, it being necessary for it to exceed the minimum established in the criminal type. It requests that the judgment be annulled regarding the sanction imposed on the defendant [Name8] and that a remand trial be held to establish the penalty corresponding to the facts of the present matter, the ruling having to remain unaltered in all other respects. The claim is accepted. The comparison of the arguments raised by the appealing party with the aspects on which the imposition of a penalty of 6 months in prison on the accused [Name15] was decided in the merit judgment, for the commission of two crimes of tree girdling without permission from the state forest administration; three crimes of harvesting of forest products on private property without permission from the state forest administration; and one crime of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land, allows establishing that the prosecutorial representation is correct. The comprehensive examination of the challenged resolution reveals that regarding the punitive aspect under analysis, only the following was considered: "[…] Thus, this Court proceeds to declare [Name16] perpetrator and sole responsible for two crimes of tree girdling without permission from the state administration, three crimes of harvesting of forest products on private property without permission from the state forest administration and one crime of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land committed to the detriment of NATURAL RESOURCES, and in this capacity, the penalty of ONE MONTH OF PRISON FOR EACH CRIME IS IMPOSED FOR A TOTAL PENALTY OF SIX MONTHS OF PRISON, having to serve the imposed sentence in the place and manner determined by the current prison regulations, after credit for any pre-trial detention suffered. The minimum penalty contemplated for the applied criminal type has been imposed because it is considered that the defendant, through his actions, has met the requirements of the criminal type without any circumstance existing that allows increasing the provided minimum. The damage to natural resources is too relevant because it is located in such an extensively populated area and although these actions affect the water resource, in this particular case, a serious damage to the environment was not evident since the Court orders its correction because the specialists report that such correction is possible. In addition, it is taken into consideration that the defendant is an older person, with family and work roots, without addictions, so the minimum penalty is proportional to the accredited facts. As it is appropriate and meets the requirements, the convicted [Name6] is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL SUSPENSION OF THE SENTENCE for a period of THREE YEARS, during which time he is warned that in the event of committing a new intentional crime punishable by a sentence exceeding six months of imprisonment, the grace hereby granted shall be revoked, and he must consequently serve the sentence imposed herein plus the sentence that may be established […]" (cf. folios 186 and 187 of the summary. The errors are part of the original text). From the simple reading of the segment of the judgment in which reference was made to the setting of the penalty, the existence of the defect alleged by the prosecutorial body is easily derived, given that the reasoning of the a quo regarding the point in question is not duly founded. This, by virtue of the fact that it resorts to assertions of a general and indeterminate nature, in addition to the fact that, as alleged, a significant contradiction occurs in the trial judge's analysis, since initially it was affirmed that "too relevant damage" was caused to natural resources, but however, the Court subsequently considered that "in this particular case, a serious damage to the environment was not evident." Thus, an incorrectness occurs regarding the proper application of the logical law of coherence in the case, to which it must be added that the principle of sufficient reason was also breached, given that without any justification, important evidentiary elements for defining the seriousness of the facts were left unassessed, an aspect that is legally essential according to the norms of article 71 of the Penal Code for establishing the legally appropriate quantum of penalty. In this sense, as the representative of the Ministerio Público points out and explains, the testimony of [Name18] was not assessed in the judgment, who specified several consequences that arose as a product of the actions of the accused here on the environment, such as the loss of habitat for wildlife. In the same sense, the assessment of what was related by [Name11] was set aside, who indicated that the reduction of the forested space generated loss of biodiversity, as well as diminished the water part of the affected terrain. Likewise, it was not appreciated that witness [Name12] stated that the site where the events at issue occurred was a danger zone, since it is a landslide area, which not only generates risks to people's property but also to the lives of those who reside in the place. From the foregoing, it is concluded that the basis for the imposed penalty is insufficient because it does not conform to the normative parameters of articles 142 and 184 of the Criminal Procedure Code, a defect that is legally relevant because it influenced the improper application of article 71 of the Penal Code, as well as the fact that no further analysis was made of the regulation of article 66 of the Ley Forestal, whose content should have been observed for the correct setting of the penalty in a case such as the one at hand. Another aspect that must be added, even though it was not alleged by the representative of the Ministerio Público or by the defense of the defendant [Name15] , is that, in accordance with the application of the material joinder rules in the present case, according to the amounts of the penalties set for the different judged crimes, the total sanction could not exceed 3 months of imprisonment, a quantum that corresponds to triple the highest penalty imposed for such illicit acts, which reveals the erroneous application of article 76 of the Penal Code and the illegality of the imposed sanction. It must be clarified that, because it was an aspect that the defense did not challenge and only the prosecutorial body did, the principle of non-reformation in pejus does not apply. By virtue of all the foregoing, the appeal filed by the prosecutorial representation is granted. Consequently, the judgment is partially annulled, solely, with respect to the setting of the penalty that corresponds to [Name8] for the crimes that it was accredited he committed to the detriment of the environment, these being; two crimes of tree girdling without permission from the state forest administration; three crimes of harvesting of forest products on private property without permission from the state forest administration; and one crime of land-use change (cambio de uso de suelo) of forest-covered land. The case is remanded to the Trial Court of origin, so that, with a different composition, it proceeds to resolve what legally corresponds regarding the punitive aspects of the present case. In all other respects, the ruling remains unaltered.

THEREFORE:

The appeal filed by the prosecutorial representation is granted. Consequently, the judgment is partially annulled, solely, regarding the penalty to be imposed on the defendant [Name8] for the illicit acts that were accredited against him. The case is remanded to the Trial Court of origin, so that, with a new composition, it proceeds to resolve the aforementioned aspect. In all other respects, the judgment remains unaltered. Because only the Ministerio Público appealed the sentence, the principle of non-reformation in pejus does not apply in the present case. NOTIFY.-

Edwin Esteban Jiménez González

Alfredo Araya Vega                                                         Ingrid Estrada Venegas

Judges of the Criminal Sentencing Appeal

Case File: 14-000003-0611-PE(12)

Defendant: [Name6]

Victim: Natural Resources

Crime: Violation of the Ley Forestal

Ebonillav

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:33:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República