Res. 00263-2018 Sala Tercera de la Corte — Invasion of a protected area subsumes usurpation of public domainInvasión de área de protección subsume usurpación de dominio público

Grande
Normal
Pequeña
Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00263 - 2018

Fecha de la Resolución: 30 de Abril del 2018 a las 13:00

Expediente: 11-000491-0636-PE

Redactado por: No indica redactor

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Invasión de área de conservación o protección

Subtemas:

Concurso aparente con usurpación de dominio público y aplicación del principio de especialidad.
Alcances del término "invadir" y "áreas de protección".

Tema: Usurpación de dominio público

Subtemas:

Concurso aparente con invasión de área de conservación o protección y aplicación del principio de especialidad.

Tema: Concurso aparente de normas

Subtemas:

Invasión de área de conservación o protección y usurpación de dominio público.
Aplicación del principio de especialidad.

Tema: Principio de especialidad

Subtemas:

Delito de usurpación de dominio público se encuentra subsumido en el de invasión de área de conservación o protección.

"II . Como única protesta la representante del Ministerio Público reclama inobservancia de un precepto legal sustantivo, concretamente, el artículo 227 punto 1 del Código Penal, y errónea aplicación del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, en relación con el artículo 33 inciso b) de esa misma Ley. En sus argumentos, expone que el yerro cometido por el Tribunal de Apelación consistió en el razonamiento seguido en el fallo, que estableció que los ilícitos de usurpación de bienes de dominio público, y la invasión a un área de protección regulan o tipifican una misma conducta delictiva, y que aunque se encuentran en dos normas penales distintas, son excluyentes entre sí, y en virtud de que la segunda disposición es de carácter especial, prevalece la aplicación del precepto contenido en la Ley especial. En criterio de quien recurre, esta apreciación de los jueces de alzada es errada porque, del propio texto de los numerales 227 del Código Penal y lo establecido en el ordinal 58 inciso a) de la Ley Forestal, se hace una descripción de las conductas típicas que no son ni siquiera similares entre sí. Así, la representante fiscal explica que lo descrito en ambos tipos penales en realidad no se trata de la misma conducta, porque el delito de invasión de un área de protección no necesariamente recae sobre bienes de dominio público, sino que podría recaer también sobre inmuebles de dominio particular, es decir, la acción de invadir un área de protección no implica necesariamente el acto de usurpar un bien de dominio público. En igual sentido, en relación con la descripción típica del ilícito de usurpación de bienes de dominio público, su configuración no necesariamente conlleva la acción del imputado de invadir un área de protección, pues no todo bien inmueble de dominio público ostenta un área de protección. De esta manera, la impugnante concluye que, en estricto apego a la descripción de los hechos demostrados en sentencia condenatoria, resulta errónea la conclusión del Tribunal de alzada, pues con la conducta desplegada por el acusado se han configurado e infringido plenamente los dos tipos penales antes señalados, pues el mismo no sólo detentó de forma ilegítima una finca perteneciente al I.D.A, sino que además, construyó una vivienda a diez metros de la orilla del cauce del río, es decir, dentro del área de protección de dicho afluente. Señala como agravio que la decisión de los juzgadores de segunda instancia, al recalificar los hechos de la forma en que lo hicieron, causó un gravamen a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, porque no sólo beneficia de forma ilegítima al encartado, con una condena en su contra por un único ilícito, sino que además podría resultar favorecido con un extremo de pena que podría resultar mucho menor, imposibilitando al Ministerio Público la fijación de una sanción específica para el delito que fue suprimido. Solicita se declare la ineficacia del fallo impugnado en cuanto a la recalificación jurídica de los hechos, y en su lugar, se enmiende yerro, rectificando la calificación dada, según fue dispuesto en sentencia condenatoria y confirmando la sanción allí impuesta. III. El reclamo no resulta de recibo. En el caso en particular, la quejosa formula su recurso de casación bajo el supuesto de que existe inobservancia de lo dispuesto en el numeral 227 punto 1) del Código Penal y errónea aplicación de lo indicado en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, en relación con el artículo 33 inciso b) de la misma Ley, según lo resuelto en el voto de mayoría dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. A su entender, los tres ilícitos acreditados por el Tribunal de primera instancia fueron cometidos en concurso material, siendo incorrecto asumir un concurso aparente de normas entre los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal por invasión a un área de protección, como lo sostiene el ad quem. Para dilucidar el punto en discusión en el caso sometido a conocimiento de esta Cámara, resulta indispensable partir de la conducta concreta atribuida al imputado que se tuvo por probada; el criterio asumido en el caso por el Tribunal de alzada; por último, las razones por las cuales debe mantenerse lo resuelto por el Tribunal de Apelación, por mayoría, que conlleva el examen de la normativa penal sustantiva que en definitiva corresponde aplicar a los hechos acreditados. A. Hechos probados. Según la sentencia Nº 208-2016, de las dieciséis horas cincuenta y seis minutos del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede San Vito de Coto Brus, tuvo por acreditada la siguiente relación fáctica, la que se transcribe literalmente: “1. El 29 de abril del 2011, al ser las 16:00 horas aproximadamente, el imputado LUIS ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA EN COMPAÑÍA DE DOS IMPUTADOS MÁS, procedieron a ingresar e invadir el área de protección del río Limoncito, en Coto Brus, 200 metros de la zona de protección, donde procedieron a levantar los cimientas (sic) para una construcción de una vivienda, sin contra (sic) con permiso alguno de la Administración Forestal del Estado para realizar tales labores. 2- El 29 de abril del 2011, se le dictó Medida Cautelar Administrativa al aquí imputado VILLALOBOS HERRERA, mediante orden de las 16:00 horas del 29 de abril del 2011, ordenándose en la misma las siguientes medidas: “1) Suspender las obras de construcción dentro del área de protección al margen derecho del río Limoncito. 3- La anterior medida Administrativa del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones del Cantón de Coto Brus, le fueron notificadas en forma personal al imputado VILLALOBOS HERRERA a las 16:00 horas del día 29 de abril de 2011. 4- Sin precisar fecha exacta pero entre el 29 de abril de 2011 y el 10 de junio de 2011, el imputado VILLALOBOS HERRERA, teniendo pleno conocimiento de las medidas ordenas (sic) en su contra y con pleno irrespeto por la autoridad desobedeció la medida administrativa y construyó la vivienda antes mencionada. 5- Desde 29 de abril de 2011, el imputado ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA, se encuentra usurpando y viviendo ilegalmente dentro el (sic) inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble bajo el folio Real número 6022438-0000 y 6022440-000; propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, propiamente en la Reserva del IDA sito en las Vegas de Limoncito en Coto Brus, sin contar con título de adquisición y sin derecho de posesión que s (sic) le faculte hacerlo.” (folio 127 vuelto). Por esos hechos, el Tribunal a quo condenó al enjuiciado por los delitos de Infracción a la Ley Forestal en la modalidad de invasión en un área de protección de un río, Desobediencia a la Autoridad y Usurpación de Bienes de Dominio Público, en concurso material, en perjuicio de los Recursos Naturales y la Autoridad Pública, imponiéndole un total de dos años y seis meses de prisión, concediéndole al sentenciado el beneficio de condena de ejecución condicional por el plazo de tres años (folio 136 frente). Sobre la calificación legal anterior, señala que el imputado comete los tres ilícitos en momentos diferentes: “primeramente se comete el delito de desobediencia a la autoridad en fecha 29 de abril del 2011, cuando un funcionario público le notifica de una medida cautelar de suspender la construcción de la vivienda y el imputado hace caso omiso a la orden emanada, posteriormente se establece la invasión al área protegida correspondiente al predio que se encuentra al margen del río limoncito, propiedad que pertenece al Estado, y por último el mismo usurpa y posee la propiedad sin los permisos respectivos para hacerlo, haciendo uso de la propiedad en mención.” (folios 132 vuelto y 133 frente). Señala además, que se da una relación de causalidad entre la acción ejecutada por el justiciable y el resultado producido, ya que el mismo infringe las normas y lineamientos, así como la afectación a los bienes jurídicos establecidos por parte del legislador, con el acometimiento de los ilícitos acreditados en el fallo. B. Argumentos empleados por el voto de mayoría del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. De acuerdo con la resolución que se impugna Nº 2017-414, de las once horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, los jueces de Apelación Christian Fernández Mora y Geovanni Mena Artavia, acogieron parcialmente el segundo y tercer motivo del recurso de apelación formulado por la defensora pública del acusado Villalobos Herrera, revocando el fallo del Tribunal de Juicio únicamente en cuanto a la calificación del hecho y la pena impuesta, recalificando los eventos demostrados a los delitos de Infracción a la Ley Forestal en su modalidad de invasión al área de protección de un río y desobediencia a la autoridad, en concurso material; anuló la sentencia lo mismo que el debate, solamente en lo concerniente a la pena fijada, ordenando el reenvío al tribunal de origen para una nueva sustanciación de ese extremo. La Jueza Ivette Carranza Cambronero, salva parcialmente el voto, sólo en cuanto a estima r que los delitos concurren idealmente. En el razonamiento de fondo, los juzgadores de Apelación, por mayoría, cuestionaron la motivación externada por el a quo, cuando afirma que los ilícitos acreditados concurren de forma material, porque fueron cometidos “en momentos diferentes”, sin aportar mayores consideraciones al respecto. Además, y en lo que interesa específicamente sobre el punto en discusión, señalaron lo siguiente: “Una primera cuestión que salta a la vista es que, tratándose de los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal por invasión a un área protegida, se trata de una misma conducta ilícita prevista en dos normas penales distintas, una de ellas de carácter especial, por lo que se excluyen entre sí, y solo resulta aplicable la última, en razón de lo cual, el fallo ostenta un error en la aplicación de la ley sustantiva que debe corregirse.” (folio 169 vuelto). Con relación al delito de desobediencia a la autoridad, el fallo de mayoría le da la razón al tribunal de primera instancia, al entender que concurre materialmente con el ilícito de Infracción a la Ley Forestal, punto sobre el cual la petente no plantea controversia alguna (f. 176 vuelto y f. 177 frente). De esa manera, revocaron entonces el fallo de primera instancia únicamente en cuanto a la calificación del hecho, de acuerdo con lo indicado en la sentencia de alzada. C. Razones para declarar sin lugar el recurso de casación presentado por la representante fiscal. Se mantiene lo resuelto por el voto del Tribunal de Apelación, por mayoría. El carácter de las conductas reprochadas: análisis del caso concreto. Expuesta la sinopsis anterior, la Sala comparte el razonamiento esgrimido por los jueces de apelación, por mayoría. Respetando el contenido del marco fáctico acreditado por el tribunal sentenciador, se tiene por establecido que el imputado Enrique Villalobos Herrera invadió el área de protección del río Limoncito, en la zona de Coto Brus, sitio en el que procedió a levantar los cimientos de una vivienda, lo anterior, en compañía de dos sujetos más y sin contar con los permisos respectivos de la Administración Forestal del Estado; dado lo anterior y al ser sorprendido cometiendo dicha acción ilícita, se le dictó la medida cautelar administrativa, en la que se le apercibió de suspender todas las obras de construcción dentro del área de protección en la margen derecha del río Limoncito, lo anterior conforme lo preceptúan los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal 7575; dicha resolución le fue notificada personalmente (folio 6 del expediente). No obstante, y a pesar de tener pleno conocimiento de la medida que le fue dictada en su contra, el enjuiciado la desobedeció y construyó la vivienda, tal y como se aprecia de la fotografía de folio 4, detentando y usurpando así un terreno de manera ilegal, dado que el inmueble donde levantó la casa, es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, propiamente en la Reserva del IDA -hoy, Inder-, ubicado en las Vegas de Limoncito en Coto Brus. Sobre el punto en cuestión, los tipos penales endilgados al justiciable -aplicables al caso en estudio-, en primer lugar está el que se contiene en el numeral 58 de la Ley Forestal, el cual establece una pena de prisión de tres meses a tres años a quien: “a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.” Esta norma penal tutela como bien jurídico el “ambiente”; más concretamente y en lo que atañe a la discusión vinculada con el marco fáctico acreditado en sentencia, protege el recurso hídrico, toda vez que cuando se habla de invasión a un área de protección -sea privada o estatal y cualquiera que sea el área ocupada-, se alude a las áreas de protección de los ríos, quebradas, arroyos, etc, que aparecen definidas en el numeral 33.b) referenciado de la Ley Forestal. De modo indirecto, la norma citada tutela también los bienes del Estado, en cuanto efectivamente están bajo su protección. Conforme la construcción del tipo penal en estudio, el verbo “invadir” no aparece definido legalmente en la Ley Forestal ni en su reglamento, motivo por el cual su carácter debe buscarse en otras fuentes. Así lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala, al señalar que, “Según el Diccionario de la Real Academia Española, invadir se entiende como “1. Irrumpir, entrar por la fuerza; 2. tr. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Las aguas invadieron la autopista; 3. tr. Dicho de una cosa: Entrar y propagarse en un lugar o medio determinados…”. Sea entonces, que la acción que sanciona el inc. a) del artículo 58 de la Ley Forestal, es el ocupar, irrumpir en un área de conservación o protección, independientemente de que se trate de terrenos estatales o privados, contemplando incluso el hacer “mejoras” al lugar (las que no se le retribuirán al invasor), como lo estipula la misma norma. Es decir, invadir implica actos de ocupación del sitio, que se traducen en establecerse en el lugar y disponer del mismo.” (Sala de Casación Penal, resolución Nº 2016-01131, de las 15:40 horas, del 25 de octubre del 2016). Conforme lo anterior, se comprende que el acto de invadir puede consistir tanto en irrumpir o entrar a la fuerza en un sitio; o bien, ocuparlo de manera anormal o irregular, circunstancia que lógicamente resulta congruente con las consecuencias civiles de la conducta delictiva que preceptúa dicho inciso, de negar cualquier reclamo indemnizatorio por la pérdida o derribo de la construcción u obra que se haya realizado en el lugar, aunque esto último en realidad podría pensarse que está de más, si se considera que no existe obligación alguna por parte del Estado, de reconocer las “mejoras” efectuadas, a quien de manera ilegal invadió el área de protección, con la consecuente afectación al ecosistema. Con relación al contenido de lo que debe entenderse por “área de protección”, como elemento normativo del tipo penal -denominación que se estima es la correcta para designar legalmente la sección de un terreno que está aledaño a la ribera de los cuerpos de agua-, resulta indispensable referir la definición legal establecida en el artículo 33 inciso b), de esa misma Ley, el cual dispone: “Artículo 33.- Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: […] b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.” Se trata de áreas que por la circunstancia de contener un cuerpo de agua -por ejemplo, un río-, tienen restricciones relativas a las actividades de construcción o ejercicio de actividades productivas que puedan lesionar el recurso hídrico que se protege -ver al respecto, sentencia del Tribunal Agrario Nº 00596, de las 16:13 horas, del 6 de julio del 2017-. Por su parte, el ordinal 227 regula lo relativo a la usurpación de bienes de dominio público, el cual indica: “Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años o con quince a cien días multa: 1) El que sin título de adquisición o sin derecho de poseer, detentare suelo o espacio correspondiente a calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de las municipalidades. […]” (el subrayado es suplido). En lo conducente, la acción típica consiste en detentar de manera ilegal la posesión de bienes que no le pertenecen, por ser patrimonio estatal, bastando la mera ocupación del bien, sea porque carezca del título de adquisición o del derecho de poseer. Al justiciable se le imputó la acción concreta de “ingresar e invadir el área de protección del río Limoncito, en Coto Brus…” para la “construcción de una vivienda…”, sin contar con permiso alguno de la Administración Forestal del Estado (hecho probado número 1, f. 126 vuelto), labor que realizó en un inmueble propiedad del antiguo I.D.A., hoy Inder, es decir, sin contar con el respectivo título de adquisición y derecho de posesión alguno, que le justificara su actuar. La representante fiscal sostiene que en la presente causa, los tipos penales reseñados concurren materialmente, partiendo de lo que establece el numeral 22 del Código Penal, el cual establece: “Hay concurso material cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos”. De acuerdo con su escrito impugnatorio, el tipo penal establecido en el numeral 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 227 punto 1) del Código Penal, no contemplan la misma conducta, pues parte de la hipótesis que, “en la mayoría de los casos”, el delito de invasión a un área de protección sucede en inmuebles de dominio particular, excluyéndose lógicamente comisión del ilícito de usurpación de bienes de dominio público; a contrario sensu, éste último se cometería cuando el terreno en el que se encuentra el área de protección es de dominio público. A lo anterior adiciona una segunda hipótesis de manejo de su impugnación: no en todos los casos en que se cometa el delito de usurpación a un bien de dominio público, se comete necesariamente el delito de invasión a un área de protección, puesto que no todo inmueble de dominio público, ostenta un área de protección. Ninguna de las anteriores hipótesis planteadas son las que ocurren en el presente asunto, como al final de cuentas termina admitiéndolo la inconforme. No cabe duda de que la conducta acusada se contiene concretamente en varios tipos penales de diversas leyes, como ocurre en la especie, debiendo dilucidarse cuál previsión típica es el que la recoge plenamente . Al respecto, en línea con lo resuelto por el fallo de mayoría, nuestra legislación se encarga de resolver la adecuación típica anterior, mediante el ordinal 23 del Código Penal, el cual establece lo siguiente: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”. Según la jurisprudencia de esta Cámara, “…la distinción que permite identificar la posible existencia de un concurso material de delitos, radica en que no se puede hablar de una “unidad de acción”, sino de una pluralidad de acciones. Ahora bien, en lo conducente a la aplicación de un concurso aparente de normas, la legislación nacional procede a establecer que: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, solo se aplicará una de ellas”. (Artículo 23 Código Penal). De forma tal, que el concurso aparente de normas, conlleva una lesión “aparente” de varios bienes jurídicos, pero que en realidad se verifica una única lesión existente. Siendo que el efecto que se produce con la existencia de un concurso aparente de normas es que se absorbe la aplicación de un tipo penal por otro, porque el primero ya tiene contemplado todo el injusto penal del segundo. Teniendo como punto de partida una serie de principios, que permiten distinguir la existencia o no de un concurso aparente de normas: el principio de especialidad, y el de subsidiariedad material o tácita. “Según la doctrina dominante, el principio de especialidad existe cuando una disposición penal, que es la del tipo que se aplica, contiene en sí todos los elementos de la disposición penal del tipo general, más uno o más elementos especializantes, por medio de los cuales el legislador considera la acción bajo puntos de vista distintos tomados en cuenta a la hora de construir el tipo penal”. (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, Pág. 37). A partir de esta definición, resulta claro que no es posible dentro del concurso aparente de normas hablar de pluralidad de acciones, sino solamente de una única acción. En lo que respecta al principio de subsidiariedad material se ha indicado por la doctrina que: “Dos tipos penales se encuentran en relación de subsidiariedad material cuando uno de ellos, el aplicable, o protege el mismo bien jurídico de un ataque mayor que el otro o protege un bien jurídico diferente que comprende el bien jurídico resguardado por el tipo penal desplazado”. (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, Pág. 46).” (Sala de Casación Penal, resolución Nº 2016-00488, diez horas y uno minutos del veinte de mayo del dos mil dieciséis). En este caso, conforme al elenco de hechos demostrados, existe un evento no controvertido, consistente en que Villalobos Herrera ocupó de forma anormal e ilegal un terreno propiedad del Estado -del I.D.A- sito en las Vegas de Limoncito de Coto Brus-, pues no contaba con el respetivo título de adquisición, inmueble en el que realizó actos de ocupación en un área de protección, realizando actividades que están prohibidas por el ordenamiento jurídico, toda vez que levantó los cimientos para construir su vivienda en el sitio, actividad que le estaba vedada de realizar dentro del área de protección. De esa manera, la conducta atribuida al endilgado encuadra en lo estipulado por el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, el cual contiene los elementos de la disposición penal del delito de usurpación de bienes de dominio público (detentó ilegalmente un inmueble propiedad del Estado), más el elemento especializante del numeral 58 inciso a) de la Ley Forestal (afectó un área de protección, de interés ambiental para el Estado), el cual resulta aplicable a este caso. Es por lo anterior que, en virtud del principio de especialidad -en razón de existir una ley particular que regula lo relacionado con temas ambientales en terrenos del Estado, resulta aplicable lo regulado por ese cuerpo normativo, cuyo numeral 58 de referencia, recoge con mayor precisión la conducta acusada atribuida al justiciable, y tenida por probada por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede San Vito de Coto Brus. En esa tesitura, el delito de usurpación de bienes de dominio público no concurre en forma independiente sino que se encuentra subsumido en el delito contemplado en la Ley Forestal -58 inciso a), aplicándose en la especie un concurso aparente de delitos, que excluye la aplicación autónoma del ilícito de usurpación de bienes dominio público, pues el desvalor que representa esa conducta, el legislador estableció una normativa específica que viene a sancionar la lesión al bien jurídico y su tutela como es la protección de los recursos hídricos ubicados en bienes que son propiedad del Estado. Conforme la relación de hechos probados, es claro que estamos ante una única acción entre ambas figuras delictivas: el imputado invade un área de protección para construir una vivienda, usurpando un inmueble propiedad del Estado, adecuación típica diversamente calificada por el tribunal sentenciador, el voto de minoría de alzada y la representante fiscal. Con relación al tema de concurso entre el delito de invasión de un área de protección, del artículo 58 inciso a), de la Ley Forestal Nº 7575, con el ilícito de usurpación de bienes de dominio público -art. 227 Código Penal-, la doctrina ha indicado que: “Cuando la invasión de despojo es sobre terrenos del Estado, por haber concurso aparente de normas con la usurpación de bienes de dominio público, se puede acudir al principio de especialidad para concluir que la norma aplicable será la de la Ley Forestal, pues en estos casos, los bienes del Estado tienen una característica especial, ya que poseen una declaratoria de interés ambiental en cualquier categoría de manejo.” (GONZALEZ MONTERO, José Pablo. Manual de Delitos Ambientales. 1ª edición, Escuela Judicial, San José, 2007, p. 146). Así las cosas, yerra la representación fiscal de sostener la existencia de un concurso material entre los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal -art. 58 inc. a)-, y fustigar la conclusión del voto de mayoría de que en la especie, se trata de una misma conducta y que una de las regulaciones, prevalece ante la otra por un principio de especialidad, apreciándose la inexistencia de error en la decisión mayoritaria asumida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, a la hora de aplicar la normativa sustantiva adecuada al hecho acusado y que se tuvo por acreditado. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de casación que formula la Licenciada Natalia Hidalgo Porras, Fiscal de la Fiscalía de Impugnaciones del Ministerio Público."

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
*110004910636PE*

 

*110004910636PE*

Exp: 11-000491-0636-PE

Res: 2018-00263

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cero minutos del treinta de abril del dos mil dieciocho.

             Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Enrique Villalobos Herrera , mayor, divorciado, costarricense, cédula de identidad número 6 - 0178 -0 810 , nacido el 19 de octu bre de 19 63 ; por el delito de infracción a la ley forestal en la modalidad de invasión en un área de protección de un río y otros , en perjuicio de Los Recursos Naturales . Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados y las Magistradas Jesús Ramírez Quirós, María Elena Gómez Cortés, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Ronald Cortés Coto y Rafael Segura Bonilla , estos cuatro últimos como Magistrada s y Magistrados suplentes. Además, en esta instancia, la licenciada Natalia Hidalgo Porras , representante del Ministerio Público y el licenciado Clarencio Bolaños Barth, Procurador Penal .

Resultando:

            1. Mediante sentencia N° 2017-00 414 de las once horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago , resolvió: “POR TANTO: Por unanimidad, s e declara sin lugar el primer motivo de apelación interpuesto por  Karín Vargas Chaves, defensora pública del acusado Enrique Villalobos Herrera. Por mayoría, se declara parcialmente con lugar los motivos segundo y tercero de esta misma impugnación. Se revoca la sentencia impugnada y se recalifican los hechos demostrados  a los delitos de infracción a la Ley Forestal en su modalidad de invasión al área de protección de un río y desobediencia a la autoridad en concurso material. En cuanto a este extremo, la jueza Carranza Cambronero salva parcialmente el voto. Así las cosas, se ordena la nulidad  de la sentencia y el debate que le precedió únicamente en lo que atañe a la fijación de la pena que deberá imponerse, en razón de lo cual, se ordena el reenvío del asunto a su tribunal de origen, a fin que mediante su nueva integración se proceda a la celebración de nuevo juicio. En lo demás, el fallo permanece incólume. Notifíquese.  Ivette Carranza Cambronero , Geovanni Mena Artavia y Christian Fernández Mora ,  Jueces . (sic)”.                                                                     

            2. Contra el anterior pronunciamiento la licenciada Natalia Hidalgo Porras , quien figura como representante del Ministerio Público, interpuso recurso de casación. 

            3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

            4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

            Informa el Magistrado Ramírez Quirós; y,

Considerando:

I. Mediante resolución Nº 2017-01092, de las 11:18 horas, del 15 de diciembre de 2017 (folios 182 a 183), esta Sala admitió para su trámite, el recurso de casación que interpone la licenciada Natalia Hidalgo Porras, representante del Ministerio Público, contra la resolución Nº 2017-414, de las 11:47 horas, del 18 de agosto de 2017, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que , por mayoría declaró parcialmente con lugar los motivos segundo y tercero del recurso de apelación formulado por la defensa pública del imputado, revocó la sentencia impugnada y recalificó los hechos demostrados a los delitos de Infracción a la Ley Forestal en su modalidad de invasión al área de protección de un río y desobediencia a la autoridad, en concurso material, ordenando el consecuente reenvío únicamente en lo que concierne a la fijación de la pena (folio 172). De seguido se procede con el conocimiento de fondo del recurso y se resuelve lo que corresponde a derecho.

II . Como única protesta la representante del Ministerio Público reclama inobservancia de un precepto legal sustantivo, concretamente, el artículo 227 punto 1 del Código Penal, y errónea aplicación del artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, en relación con el artículo 33 inciso b) de esa misma Ley. En sus argumentos, expone que el yerro cometido por el Tribunal de Apelación consistió en el razonamiento seguido en el fallo, que estableció que los ilícitos de usurpación de bienes de dominio público, y la invasión a un área de protección regulan o tipifican una misma conducta delictiva, y que aunque se encuentran en dos normas penales distintas, son excluyentes entre sí, y en virtud de que la segunda disposición es de carácter especial, prevalece la aplicación del precepto contenido en la Ley especial. En criterio de quien recurre, esta apreciación de los jueces de alzada es errada porque, del propio texto de los numerales 227 del Código Penal y lo establecido en el ordinal 58 inciso a) de la Ley Forestal, se hace una descripción de las conductas típicas que no son ni siquiera similares entre sí. Así, la representante fiscal explica que lo descrito en ambos tipos penales en realidad no se trata de la misma conducta, porque el delito de invasión de un área de protección no necesariamente recae sobre bienes de dominio público, sino que podría recaer también sobre inmuebles de dominio particular, es decir, la acción de invadir un área de protección no implica necesariamente el acto de usurpar un bien de dominio público. En igual sentido, en relación con la descripción típica del ilícito de usurpación de bienes de dominio público, su configuración no necesariamente conlleva la acción del imputado de invadir un área de protección, pues no todo bien inmueble de dominio público ostenta un área de protección. De esta manera, la impugnante concluye que, en estricto apego a la descripción de los hechos demostrados en sentencia condenatoria, resulta errónea la conclusión del Tribunal de alzada, pues con la conducta desplegada por el acusado se han configurado e infringido plenamente los dos tipos penales antes señalados, pues el mismo no sólo detentó de forma ilegítima una finca perteneciente al I.D.A, sino que además, construyó una vivienda a diez metros de la orilla del cauce del río, es decir, dentro del área de protección de dicho afluente. Señala como agravio que la decisión de los juzgadores de segunda instancia, al recalificar los hechos de la forma en que lo hicieron, causó un gravamen a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, porque no sólo beneficia de forma ilegítima al encartado, con una condena en su contra por un único ilícito, sino que además podría resultar favorecido con un extremo de pena que podría resultar mucho menor, imposibilitando al Ministerio Público la fijación de una sanción específica para el delito que fue suprimido. Solicita se declare la ineficacia del fallo impugnado en cuanto a la recalificación jurídica de los hechos, y en su lugar, se enmiende yerro, rectificando la calificación dada, según fue dispuesto en sentencia condenatoria y confirmando la sanción allí impuesta.

III. El reclamo no resulta de recibo. En el caso en particular, la quejosa formula su recurso de casación bajo el supuesto de que existe inobservancia de lo dispuesto en el numeral 227 punto 1) del Código Penal y errónea aplicación de lo indicado en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, en relación con el artículo 33 inciso b) de la misma Ley, según lo resuelto en el voto de mayoría dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. A su entender, los tres ilícitos acreditados por el Tribunal de primera instancia fueron cometidos en concurso material, siendo incorrecto asumir un concurso aparente de normas entre los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal por invasión a un área de protección, como lo sostiene el ad quem. Para dilucidar el punto en discusión en el caso sometido a conocimiento de esta Cámara, resulta indispensable partir de la conducta concreta atribuida al imputado que se tuvo por probada; el criterio asumido en el caso por el Tribunal de alzada; por último, las razones por las cuales debe mantenerse lo resuelto por el Tribunal de Apelación, por mayoría, que conlleva el examen de la normativa penal sustantiva que en definitiva corresponde aplicar a los hechos acreditados. A. Hechos probados. Según la sentencia Nº 208-2016, de las dieciséis horas cincuenta y seis minutos del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede San Vito de Coto Brus, tuvo por acreditada la siguiente relación fáctica, la que se transcribe literalmente: “1. El 29 de abril del 2011, al ser las 16:00 horas aproximadamente, el imputado LUIS ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA EN COMPAÑÍA DE DOS IMPUTADOS MÁS, procedieron a ingresar e invadir el área de protección del río Limoncito, en Coto Brus, 200 metros de la zona de protección, donde procedieron a levantar los cimientas (sic) para una construcción de una vivienda, sin contra (sic) con permiso alguno de la Administración Forestal del Estado para realizar tales labores. 2- El 29 de abril del 2011, se le dictó Medida Cautelar Administrativa al aquí imputado VILLALOBOS HERRERA, mediante orden de las 16:00 horas del 29 de abril del 2011, ordenándose en la misma las siguientes medidas: “1) Suspender las obras de construcción dentro del área de protección al margen derecho del río Limoncito. 3- La anterior medida Administrativa del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones del Cantón de Coto Brus, le fueron notificadas en forma personal al imputado VILLALOBOS HERRERA a las 16:00 horas del día 29 de abril de 2011. 4- Sin precisar fecha exacta pero entre el 29 de abril de 2011 y el 10 de junio de 2011, el imputado VILLALOBOS HERRERA, teniendo pleno conocimiento de las medidas ordenas (sic) en su contra y con pleno irrespeto por la autoridad desobedeció la medida administrativa y construyó la vivienda antes mencionada. 5- Desde 29 de abril de 2011, el imputado ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA, se encuentra usurpando y viviendo ilegalmente dentro el (sic) inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble bajo el folio Real número 6022438-0000 y 6022440-000; propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, propiamente en la Reserva del IDA sito en las Vegas de Limoncito en Coto Brus, sin contar con título de adquisición y sin derecho de posesión que s (sic) le faculte hacerlo.” (folio 127 vuelto). Por esos hechos, el Tribunal a quo condenó al enjuiciado por los delitos de Infracción a la Ley Forestal en la modalidad de invasión en un área de protección de un río, Desobediencia a la Autoridad y Usurpación de Bienes de Dominio Público, en concurso material, en perjuicio de los Recursos Naturales y la Autoridad Pública, imponiéndole un total de dos años y seis meses de prisión, concediéndole al sentenciado el beneficio de condena de ejecución condicional por el plazo de tres años (folio 136 frente). Sobre la calificación legal anterior, señala que el imputado comete los tres ilícitos en momentos diferentes: “primeramente se comete el delito de desobediencia a la autoridad en fecha 29 de abril del 2011, cuando un funcionario público le notifica de una medida cautelar de suspender la construcción de la vivienda y el imputado hace caso omiso a la orden emanada, posteriormente se establece la invasión al área protegida correspondiente al predio que se encuentra al margen del río limoncito, propiedad que pertenece al Estado, y por último el mismo usurpa y posee la propiedad sin los permisos respectivos para hacerlo, haciendo uso de la propiedad en mención.” (folios 132 vuelto y 133 frente). Señala además, que se da una relación de causalidad entre la acción ejecutada por el justiciable y el resultado producido, ya que el mismo infringe las normas y lineamientos, así como la afectación a los bienes jurídicos establecidos por parte del legislador, con el acometimiento de los ilícitos acreditados en el fallo. B. Argumentos empleados por el voto de mayoría del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. De acuerdo con la resolución que se impugna Nº 2017-414, de las once horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, los jueces de Apelación Christian Fernández Mora y Geovanni Mena Artavia, acogieron parcialmente el segundo y tercer motivo del recurso de apelación formulado por la defensora pública del acusado Villalobos Herrera, revocando el fallo del Tribunal de Juicio únicamente en cuanto a la calificación del hecho y la pena impuesta, recalificando los eventos demostrados a los delitos de Infracción a la Ley Forestal en su modalidad de invasión al área de protección de un río y desobediencia a la autoridad, en concurso material; anuló la sentencia lo mismo que el debate, solamente en lo concerniente a la pena fijada, ordenando el reenvío al tribunal de origen para una nueva sustanciación de ese extremo. La Jueza Ivette Carranza Cambronero, salva parcialmente el voto, sólo en cuanto a estima r que los delitos concurren idealmente. En el razonamiento de fondo, los juzgadores de Apelación, por mayoría, cuestionaron la motivación externada por el a quo, cuando afirma que los ilícitos acreditados concurren de forma material, porque fueron cometidos “en momentos diferentes”, sin aportar mayores consideraciones al respecto. Además, y en lo que interesa específicamente sobre el punto en discusión, señalaron lo siguiente: “Una primera cuestión que salta a la vista es que, tratándose de los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal por invasión a un área protegida, se trata de una misma conducta ilícita prevista en dos normas penales distintas, una de ellas de carácter especial, por lo que se excluyen entre sí, y solo resulta aplicable la última, en razón de lo cual, el fallo ostenta un error en la aplicación de la ley sustantiva que debe corregirse.” (folio 169 vuelto). Con relación al delito de desobediencia a la autoridad, el fallo de mayoría le da la razón al tribunal de primera instancia, al entender que concurre materialmente con el ilícito de Infracción a la Ley Forestal, punto sobre el cual la petente no plantea controversia alguna (f. 176 vuelto y f. 177 frente). De esa manera, revocaron entonces el fallo de primera instancia únicamente en cuanto a la calificación del hecho, de acuerdo con lo indicado en la sentencia de alzada. C. Razones para declarar sin lugar el recurso de casación presentado por la representante fiscal. Se mantiene lo resuelto por el voto del Tribunal de Apelación, por mayoría. El carácter de las conductas reprochadas: análisis del caso concreto. Expuesta la sinopsis anterior, la Sala comparte el razonamiento esgrimido por los jueces de apelación, por mayoría. Respetando el contenido del marco fáctico acreditado por el tribunal sentenciador, se tiene por establecido que el imputado Enrique Villalobos Herrera invadió el área de protección del río Limoncito, en la zona de Coto Brus, sitio en el que procedió a levantar los cimientos de una vivienda, lo anterior, en compañía de dos sujetos más y sin contar con los permisos respectivos de la Administración Forestal del Estado; dado lo anterior y al ser sorprendido cometiendo dicha acción ilícita, se le dictó la medida cautelar administrativa, en la que se le apercibió de suspender todas las obras de construcción dentro del área de protección en la margen derecha del río Limoncito, lo anterior conforme lo preceptúan los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal 7575; dicha resolución le fue notificada personalmente (folio 6 del expediente). No obstante, y a pesar de tener pleno conocimiento de la medida que le fue dictada en su contra, el enjuiciado la desobedeció y construyó la vivienda, tal y como se aprecia de la fotografía de folio 4, detentando y usurpando así un terreno de manera ilegal, dado que el inmueble donde levantó la casa, es propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, propiamente en la Reserva del IDA -hoy, Inder-, ubicado en las Vegas de Limoncito en Coto Brus. Sobre el punto en cuestión, los tipos penales endilgados al justiciable -aplicables al caso en estudio-, en primer lugar está el que se contiene en el numeral 58 de la Ley Forestal, el cual establece una pena de prisión de tres meses a tres años a quien: “a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.” Esta norma penal tutela como bien jurídico el “ambiente”; más concretamente y en lo que atañe a la discusión vinculada con el marco fáctico acreditado en sentencia, protege el recurso hídrico, toda vez que cuando se habla de invasión a un área de protección -sea privada o estatal  y cualquiera que sea el área ocupada-, se alude a las áreas de protección de los ríos, quebradas, arroyos, etc, que aparecen definidas en el numeral 33.b) referenciado de la Ley Forestal. De modo indirecto, la norma citada tutela también los bienes del Estado, en cuanto efectivamente están bajo su protección. Conforme la construcción del tipo penal en estudio, el verbo “invadir” no aparece definido legalmente en la Ley Forestal ni en su reglamento, motivo por el cual su carácter debe buscarse en otras fuentes. Así lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala, al señalar que, “Según el Diccionario de la Real Academia Española, invadir se entiende como “1. Irrumpir, entrar por la fuerza; 2. tr. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Las aguas invadieron la autopista; 3. tr. Dicho de una cosa: Entrar y propagarse en un lugar o medio determinados…”. Sea entonces, que la acción que sanciona el inc. a) del artículo 58 de la Ley Forestal, es el ocupar, irrumpir en un área de conservación o protección, independientemente de que se trate de terrenos estatales o privados, contemplando incluso el hacer “mejoras” al lugar (las que no se le retribuirán al invasor), como lo estipula la misma norma. Es decir, invadir implica actos de ocupación del sitio, que se traducen en establecerse en el lugar y disponer del mismo.” (Sala de Casación Penal, resolución Nº 2016-01131, de las 15:40 horas, del 25 de octubre del 2016). Conforme lo anterior, se comprende que el acto de invadir puede consistir tanto en irrumpir o entrar a la fuerza en un sitio; o bien, ocuparlo de manera anormal o irregular, circunstancia que lógicamente resulta congruente con las consecuencias civiles de la conducta delictiva que preceptúa dicho inciso, de negar cualquier reclamo indemnizatorio por la pérdida o derribo de la construcción u obra que se haya realizado en el lugar, aunque esto último en realidad podría pensarse que está de más, si se considera que no existe obligación alguna por parte del Estado, de reconocer las “mejoras” efectuadas, a quien de manera ilegal invadió el área de protección, con la consecuente afectación al ecosistema. Con relación al contenido de lo que debe entenderse por “área de protección”, como elemento normativo del tipo penal -denominación que se estima es la correcta para designar legalmente la sección de un terreno que está aledaño a la ribera de los cuerpos de agua-, resulta indispensable referir la definición legal establecida en el artículo 33 inciso b), de esa misma Ley, el cual dispone: “Artículo 33.- Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: […] b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.” Se trata de áreas que por  la circunstancia de contener un cuerpo de agua -por ejemplo, un río-, tienen restricciones relativas a las actividades de construcción o ejercicio de actividades productivas que puedan lesionar el recurso hídrico que se protege -ver al respecto, sentencia del Tribunal Agrario Nº 00596, de las 16:13 horas, del 6 de julio del 2017-. Por su parte, el ordinal 227 regula lo relativo a la usurpación de bienes de dominio público, el cual indica: “Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años o con quince a cien días multa: 1) El que sin título de adquisición o sin derecho de poseer, detentare suelo o espacio correspondiente a calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de las municipalidades. […]” (el subrayado es suplido). En lo conducente, la acción típica consiste en detentar de manera ilegal la posesión de bienes que no le pertenecen, por ser patrimonio estatal, bastando la mera ocupación del bien, sea porque carezca del título de adquisición o del derecho de poseer. Al justiciable se le imputó la acción concreta de “ingresar e invadir el área de protección del río Limoncito, en Coto Brus…” para la “construcción de una vivienda…”, sin contar con permiso alguno de la Administración Forestal del Estado (hecho probado número 1, f. 126 vuelto), labor que realizó en un inmueble propiedad del antiguo I.D.A., hoy Inder, es decir, sin contar con el respectivo título de adquisición y derecho de posesión alguno, que le justificara su actuar. La representante fiscal sostiene que en la presente causa, los tipos penales reseñados concurren materialmente, partiendo de lo que establece el numeral 22 del Código Penal, el cual establece: “Hay concurso material cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos”. De acuerdo con su escrito impugnatorio, el tipo penal establecido en el numeral 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 227 punto 1) del Código Penal, no contemplan la misma conducta, pues parte de la hipótesis que, “en la mayoría de los casos”, el delito de invasión a un área de protección sucede en inmuebles de dominio particular, excluyéndose lógicamente comisión del ilícito de usurpación de bienes de dominio público; a contrario sensu, éste último se cometería cuando el terreno en el que se encuentra el área de protección es de dominio público. A lo anterior adiciona una segunda hipótesis de manejo de su impugnación: no en todos los casos en que se cometa el delito de usurpación a un bien de dominio público, se comete necesariamente el delito de invasión a un área de protección, puesto que no todo inmueble de dominio público, ostenta un área de protección. Ninguna de las anteriores hipótesis planteadas son las que ocurren en el presente asunto, como al final de cuentas termina admitiéndolo la inconforme. No cabe duda de que la conducta acusada se contiene concretamente en varios tipos penales de diversas leyes, como ocurre en la especie, debiendo dilucidarse cuál previsión típica es el que la recoge plenamente . Al respecto, en línea con lo resuelto por el fallo de mayoría, nuestra legislación se encarga de resolver la adecuación típica anterior, mediante el ordinal 23 del Código Penal, el cual establece lo siguiente: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”. Según la jurisprudencia de esta Cámara, “…la distinción que permite identificar la posible existencia de un concurso material de delitos, radica en que no se puede hablar de una “unidad de acción”, sino de una pluralidad de acciones. Ahora bien, en lo conducente a la aplicación de un concurso aparente de normas, la legislación nacional procede a establecer que: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, solo se aplicará una de ellas”. (Artículo 23 Código Penal). De forma tal, que el concurso aparente de normas, conlleva una lesión “aparente” de varios bienes jurídicos, pero que en realidad se verifica una única lesión existente. Siendo que el efecto que se produce con la existencia de un concurso aparente de normas es que se absorbe la aplicación de un tipo penal por otro, porque el primero ya tiene contemplado todo el injusto penal del segundo. Teniendo como punto de partida una serie de principios, que permiten distinguir la existencia o no de un concurso aparente de normas: el principio de especialidad, y el de subsidiariedad material o tácita. “Según la doctrina dominante, el principio de especialidad existe cuando una disposición penal, que es la del tipo que se aplica, contiene en sí todos los elementos de la disposición penal del tipo general, más uno o más elementos especializantes, por medio de los cuales el legislador considera la acción bajo puntos de vista distintos tomados en cuenta a la hora de construir el tipo penal”. (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, Pág. 37). A partir de esta definición, resulta claro que no es posible dentro del concurso aparente de normas hablar de pluralidad de acciones, sino solamente de una única acción. En lo que respecta al principio de subsidiariedad material se ha indicado por la doctrina que: “Dos tipos penales se encuentran en relación de subsidiariedad material cuando uno de ellos, el aplicable, o protege el mismo bien jurídico de un ataque mayor que el otro o protege un bien jurídico diferente que comprende el bien jurídico resguardado por el tipo penal desplazado”. (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, Pág. 46).” (Sala de Casación Penal, resolución Nº 2016-00488, diez horas y uno minutos del veinte de mayo del dos mil dieciséis). En este caso, conforme al elenco de hechos demostrados, existe un evento no controvertido, consistente en que Villalobos Herrera ocupó de forma anormal e ilegal un terreno propiedad del Estado -del I.D.A- sito en las Vegas de Limoncito de Coto Brus-, pues no contaba con el respetivo título de adquisición, inmueble en el que realizó actos de ocupación en un área de protección, realizando actividades que están prohibidas por el ordenamiento jurídico, toda vez que levantó los cimientos para construir su vivienda en el sitio, actividad que le estaba vedada de realizar dentro del área de protección. De esa manera, la conducta atribuida al endilgado encuadra en lo estipulado por el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, el cual contiene los elementos de la disposición penal del delito de usurpación de bienes de dominio público (detentó ilegalmente un inmueble propiedad del Estado), más el elemento especializante del numeral 58 inciso a) de la Ley Forestal (afectó un área de protección, de interés ambiental para el Estado), el cual resulta aplicable a este caso. Es por lo anterior que, en virtud del principio de especialidad -en razón de existir una ley particular que regula lo relacionado con temas ambientales en terrenos del Estado, resulta aplicable lo regulado por ese cuerpo normativo, cuyo numeral 58 de referencia, recoge con mayor precisión la conducta acusada atribuida al justiciable, y tenida por probada por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, sede San Vito de Coto Brus. En esa tesitura, el delito de usurpación de bienes de dominio público no concurre en forma independiente sino que se encuentra subsumido en el delito contemplado en la Ley Forestal -58 inciso a), aplicándose en la especie un concurso aparente de delitos, que excluye la aplicación autónoma del ilícito de usurpación de bienes dominio público, pues el desvalor que representa esa conducta, el legislador estableció una normativa específica que viene a sancionar la lesión al bien jurídico y su tutela como es la protección de los recursos hídricos ubicados en bienes que son propiedad del Estado. Conforme la relación de hechos probados, es claro que estamos ante una única acción entre ambas figuras delictivas: el imputado invade un área de protección para construir una vivienda, usurpando un inmueble propiedad del Estado, adecuación típica diversamente calificada por el tribunal sentenciador, el voto de minoría de alzada y la representante fiscal. Con relación al tema de concurso entre el delito de invasión de un área de protección, del artículo 58 inciso a), de la Ley Forestal Nº 7575, con el ilícito de usurpación de bienes de dominio público -art. 227 Código Penal-, la doctrina ha indicado que: “Cuando la invasión de despojo es sobre terrenos del Estado, por haber concurso aparente de normas con la usurpación de bienes de dominio público, se puede acudir al principio de especialidad para concluir que la norma aplicable será la de la Ley Forestal, pues en estos casos, los bienes del Estado tienen una característica especial, ya que poseen una declaratoria de interés ambiental en cualquier categoría de manejo.” (GONZALEZ MONTERO, José Pablo. Manual de Delitos Ambientales. 1ª edición, Escuela Judicial, San José, 2007, p. 146). Así las cosas, yerra la representación fiscal de sostener la existencia de un concurso material entre los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal -art. 58 inc. a)-, y fustigar la conclusión del voto de mayoría de que en la especie, se trata de una misma conducta y que una de las regulaciones, prevalece ante la otra por un principio de especialidad, apreciándose la inexistencia de error en la decisión mayoritaria asumida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, a la hora de aplicar la normativa sustantiva adecuada al hecho acusado y que se tuvo por acreditado. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de casación que formula la Licenciada Natalia Hidalgo Porras, Fiscal de la Fiscalía de Impugnaciones del Ministerio Público.

Por Tanto:

Se declara sin lugar el recurso de casación que interpone la licenciada Natalia Hidalgo Porras, representante del Ministerio Público. Notifíquese.

 

  

 

	

Jesús Ramírez Q.

	

 




 

	

 

 

	

 




María Elena Gómez C.

(Mag. Suplente)

	

 

	

Sandra Eugenia Zúñiga M.

                (Mag. Suplente)

 

 




Ronald Cortés C.

(Mag. Suplente)

	

 

	

              Rafael Segura B.

                (Mag. Suplente)

 

 

JMELENDEZ

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 08:37:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

II. As the sole objection, the representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) claims inobservance of a substantive legal precept, specifically, Article 227, paragraph 1 of the Penal Code, and erroneous application of Article 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), in relation to Article 33, subsection b) of that same Law. In her arguments, she explains that the error committed by the Court of Appeals consisted of the reasoning followed in the ruling, which established that the offenses of usurpation of public domain property (usurpación de bienes de dominio público) and the invasion of a protection area (invasión a un área de protección) regulate or criminalize the same criminal conduct, and that although they are found in two distinct criminal provisions, they are mutually exclusive, and by virtue of the fact that the second provision is of a special nature, the application of the precept contained in the special Law prevails. In the opinion of the appellant, this assessment by the appellate judges is erroneous because, from the very text of Articles 227 of the Penal Code and what is established in Article 58, subsection a) of the Forestry Law, a description is made of the typical conducts that are not even similar to each other. Thus, the prosecutorial representative explains that what is described in both criminal types is not actually the same conduct, because the crime of invasion of a protection area does not necessarily fall upon public domain property (bienes de dominio público), but could also fall upon private domain properties (inmuebles de dominio particular), that is, the act of invading a protection area does not necessarily imply the act of usurping public domain property. In the same vein, in relation to the typical description of the offense of usurpation of public domain property, its configuration does not necessarily entail the defendant's action of invading a protection area, since not all public domain real estate holds a protection area. In this manner, the appellant concludes that, in strict adherence to the description of the facts proven in the conviction, the conclusion of the Court of Appeals is erroneous, because with the conduct deployed by the accused, the two previously indicated criminal types have been fully configured and infringed, since the same person not only illegally possessed a property belonging to the I.D.A., but also built a dwelling ten meters from the bank of the river channel, that is, within the protection area of said tributary. She points out as a grievance that the decision of the second-instance judges, by reclassifying the facts in the manner they did, caused a harm to the punitive claims of the Public Prosecutor's Office, because it not only benefits the accused illegitimately, with a conviction against him for a single offense, but could also result in him being favored with an extremity of penalty that could be much lower, making it impossible for the Public Prosecutor's Office to set a specific sanction for the crime that was suppressed. She requests that the ineffectiveness of the appealed judgment be declared regarding the legal reclassification of the facts, and in its place, that the error be corrected, rectifying the given classification, as was ordered in the conviction and confirming the sanction imposed therein. III. The claim is not receivable. In this particular case, the complainant formulates her cassation appeal under the assumption that there exists inobservance of the provisions of Article 227, paragraph 1) of the Penal Code and an erroneous application of what is indicated in Article 58, subsection a) of the Forestry Law, in relation to Article 33, subsection b) of the same Law, according to what was resolved in the majority vote issued by the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago. In her understanding, the three offenses accredited by the Trial Court were committed in material concurrence (concurso material), it being incorrect to assume an apparent concurrence of norms (concurso aparente de normas) between the crimes of usurpation of public domain property and infraction of the Forestry Law for invasion of a protection area, as held by the ad quem. To elucidate the point under discussion in the case submitted to the knowledge of this Chamber, it is indispensable to start from the specific conduct attributed to the defendant that was considered proven; the criterion assumed in the case by the Court of Appeals; finally, the reasons why what was resolved by the Court of Appeals, by majority, must be maintained, which entails the examination of the substantive criminal norms that definitively apply to the accredited facts. A. Proven facts. According to judgment No. 208-2016, at sixteen hours and fifty-six minutes of the twenty-third of September of two thousand and sixteen, the Criminal Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, San Vito de Coto Brus venue, considered the following factual account as accredited, which is transcribed literally: "1. On April 29, 2011, at approximately 4:00 p.m., the defendant LUIS ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA, IN THE COMPANY OF TWO OTHER DEFENDANTS, proceeded to enter and invade the protection area of the Limoncito River, in Coto Brus, 200 meters of the protection zone, where they proceeded to raise the foundations (cimientas) (sic) for the construction of a dwelling, without having (sin contra) (sic) any permit from the State Forestry Administration to carry out such work. 2.- On April 29, 2011, an Administrative Precautionary Measure was issued against the defendant herein VILLALOBOS HERRERA, by order at 4:00 p.m. on April 29, 2011, ordering therein the following measures: "1) Suspend the construction works within the protection area on the right bank of the Limoncito River. 3.- The aforementioned Administrative Measure of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications of the Canton of Coto Brus, was personally notified to the defendant VILLALOBOS HERRERA at 4:00 p.m. on April 29, 2011. 4.- Without specifying an exact date but between April 29, 2011, and June 10, 2011, the defendant VILLALOBOS HERRERA, having full knowledge of the measures ordered (sic) against him and with full disrespect for authority, disobeyed the administrative measure and built the aforementioned dwelling. 5.- Since April 29, 2011, the defendant ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA, has been usurping and illegally living within the (sic) property registered in the Public Registry of Real Property under the real folio numbers 6022438-0000 and 6022440-000; property of the Institute of Agrarian Development, properly in the IDA Reserve located in Las Vegas de Limoncito in Coto Brus, without having a title of acquisition and without a right of possession that (sic) empowers him to do so." (folio 127 verso). For those facts, the a quo Court convicted the defendant for the crimes of Infraction of the Forestry Law in the modality of invasion of a protection area of a river, Disobedience to Authority, and Usurpation of Public Domain Property (Usurpación de Bienes de Dominio Público), in material concurrence, to the detriment of Natural Resources and Public Authority, imposing a total of two years and six months of prison, granting the sentenced person the benefit of conditional execution of the sentence for a period of three years (folio 136 front). Regarding the previous legal classification, it points out that the defendant committed the three offenses at different moments: "first, the crime of disobedience to authority is committed on April 29, 2011, when a public official notifies him of a precautionary measure to suspend the construction of the dwelling and the defendant ignores the order issued, subsequently the invasion of the protected area corresponding to the property located on the bank of the Limoncito river is established, property that belongs to the State, and finally the same person usurps and possesses the property without the respective permits to do so, making use of the property in question." (folios 132 verso and 133 front). It also points out that there is a causal relationship between the action executed by the defendant and the result produced, since he infringes the rules and guidelines, as well as the affectation of the legal interests established by the legislator, with the undertaking of the offenses accredited in the judgment. B. Arguments used by the majority vote of the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago. According to the appealed resolution No. 2017-414, at eleven hours and forty-seven minutes of the eighteenth of August of two thousand and seventeen, the Appeals Judges Christian Fernández Mora and Geovanni Mena Artavia, partially sustained the second and third grounds of the appeal filed by the public defender of the accused Villalobos Herrera, revoking the Trial Court's judgment solely regarding the classification of the fact and the penalty imposed, reclassifying the proven events to the crimes of Infraction of the Forestry Law in its modality of invasion of the protection area of a river and disobedience to authority, in material concurrence; it annulled the sentence as well as the debate, only with respect to the fixed penalty, ordering the remand to the court of origin for a new substantiation of that point. Judge Ivette Carranza Cambronero, partially dissents, only regarding her opinion that the crimes concur ideally. In the substantive reasoning, the majority of the Appeals judges questioned the motivation expressed by the a quo, when it affirms that the accredited offenses concur materially, because they were committed "at different moments," without providing further considerations in this regard. Additionally, and in what is specifically of interest regarding the point under discussion, they stated the following: "A first issue that stands out is that, in the case of the crimes of usurpation of public domain property and infraction of the Forestry Law for invasion of a protected area, it is a matter of the same unlawful conduct provided for in two different criminal norms, one of them of a special nature, therefore they exclude each other, and only the latter is applicable, by reason of which the judgment contains an error in the application of substantive law that must be corrected." (folio 169 verso). With respect to the crime of disobedience to authority, the majority judgment agrees with the trial court, understanding that it materially concurs with the offense of Infraction of the Forestry Law, a point on which the petitioner does not raise any controversy (f. 176 verso and f. 177 front). In this way, they then revoked the first-instance judgment only regarding the classification of the fact, in accordance with what was indicated in the appellate judgment. C. Reasons to dismiss the cassation appeal filed by the prosecutorial representative. The resolution of the Court of Appeals, by majority, is upheld. The nature of the reproached conducts: analysis of the specific case. Having set out the foregoing synopsis, the Chamber shares the reasoning articulated by the majority of the appeals judges. Respecting the content of the factual framework accredited by the sentencing court, it is considered established that the defendant Enrique Villalobos Herrera invaded the protection area of the Limoncito River, in the zone of Coto Brus, a site where he proceeded to raise the foundations of a dwelling, the foregoing, in the company of two other individuals and without having the respective permits from the State Forestry Administration; given the foregoing and upon being caught committing said unlawful action, an administrative precautionary measure was issued against him, in which he was warned to suspend all construction works within the protection area on the right bank of the Limoncito River, the foregoing in accordance with Articles 33 and 34 of Forestry Law 7575; said resolution was personally notified to him (folio 6 of the case file). However, and despite having full knowledge of the measure issued against him, the defendant disobeyed it and built the dwelling, as can be seen from the photograph on folio 4, thereby illegally possessing and usurping land, given that the property where he built the house is the property of the Institute of Agrarian Development, properly in the IDA Reserve—today, Inder—located in Las Vegas de Limoncito in Coto Brus. On the point in question, the criminal types charged to the defendant—applicable to the case under study—in the first place is the one contained in Article 58 of the Forestry Law, which establishes a prison sentence of three months to three years for whoever: "a) Invades a conservation area (área de conservación) or protection area (área de protección), whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forest regime, whatever the occupied area; regardless of whether it involves private lands of the State or other bodies of the Public Administration or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall not have the right to any compensation for any construction or work they may have carried out on the invaded lands." This criminal norm protects the "environment" as a legal interest; more specifically and concerning the discussion linked to the factual framework accredited in the judgment, it protects the water resource, given that when speaking of invasion of a protection area—whether private or state-owned and whatever the occupied area—it alludes to the protection areas of rivers, streams, creeks, etc., which are defined in Article 33.b) referenced in the Forestry Law. Indirectly, the cited norm also protects State property, insofar as they are effectively under its protection. According to the construction of the criminal type under study, the verb "invade" is not legally defined in the Forestry Law or its regulations, which is why its nature must be sought in other sources. The jurisprudence of this Chamber has so indicated, stating that, "According to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, to invade is understood as '1. To irrupt, enter by force; 2. tr. To occupy a place abnormally or irregularly. The waters invaded the highway; 3. tr. Said of a thing: To enter and propagate in a specific place or medium...'. So then, the action punished by subsection a) of Article 58 of the Forestry Law, is occupying, irrupting into a conservation or protection area, regardless of whether it involves state or private lands, even contemplating making 'improvements' to the place (which will not be compensated to the invader), as stipulated by the same norm. That is, to invade implies acts of occupation of the site, which translate into establishing oneself in the place and disposing of it." (Criminal Cassation Chamber, resolution No. 2016-01131, at 15:40 hours, of October 25, 2016). According to the foregoing, it is understood that the act of invading can consist either of irrupting or forcibly entering a site; or, occupying it abnormally or irregularly, a circumstance that logically is congruent with the civil consequences of the criminal conduct prescribed by said subsection, of denying any claim for compensation for the loss or demolition of the construction or work that has been carried out on the site, although the latter could actually be thought to be redundant, if one considers that there is no obligation on the part of the State to recognize the "improvements" made, to whoever illegally invaded the protection area, with the consequent affectation to the ecosystem. In relation to the content of what must be understood by "protection area," as a normative element of the criminal type—a denomination that is considered the correct one to legally designate the section of land adjacent to the bank of bodies of water—it is indispensable to refer to the legal definition established in Article 33, subsection b), of that same Law, which provides: "Article 33.- Protection areas. The following are declared protection areas: [...] b) A strip of fifteen meters in a rural zone and ten meters in an urban zone, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is broken." These are areas that, due to the circumstance of containing a body of water—for example, a river—have restrictions related to construction activities or the exercise of productive activities that could harm the water resource being protected—see in this regard, Agrarian Court judgment No. 00596, at 16:13 hours, of July 6, 2017—. On its part, Article 227 regulates matters related to the usurpation of public domain property, which indicates: "Shall be punished with imprisonment from six months to four years or with fifteen to one hundred days fine: 1) Whoever, without title of acquisition or right to possess, occupies land or space corresponding to streets, roads, gardens, parks, promenades, or other places of public domain, or vacant lands, or any other real property of the State or of the municipalities. [...]" (the underline is supplied). In what is relevant, the typical action consists of illegally occupying the possession of property that does not belong to one, being state heritage, the mere occupation of the property sufficing, either because one lacks the title of acquisition or the right to possess. The defendant was charged with the specific action of "entering and invading the protection area of the Limoncito River, in Coto Brus..." for the "construction of a dwelling...", without any permit from the State Forestry Administration (proven fact number 1, f. 126 verso), work that he carried out on a property belonging to the former I.D.A., today Inder, that is, without the respective title of acquisition and any right of possession that would justify his action. The prosecutorial representative maintains that in the present case, the criminal types described concur materially, starting from what is established in Article 22 of the Penal Code, which establishes: "There is material concurrence when the same agent commits several crimes separately or jointly." According to her challenge, the criminal type established in Article 58, subsection a) of the Forestry Law and Article 227, point 1) of the Penal Code, do not contemplate the same conduct, because she starts from the hypothesis that, "in the majority of cases," the crime of invasion of a protection area occurs on privately owned real estate (inmuebles de dominio particular), logically excluding the commission of the offense of usurpation of public domain property; a contrario sensu, the latter would be committed when the land where the protection area is located is of public domain. To the above, she adds a second hypothesis for handling her challenge: not in all cases where the crime of usurpation of public domain property is committed is the crime of invasion of a protection area necessarily committed, since not all public domain real estate holds a protection area. Neither of the previous hypotheses raised are those that occur in the present matter, as the dissenting party ends up admitting. There is no doubt that the accused conduct is concretely contained in various criminal types from diverse laws, as occurs in the case, requiring elucidation of which criminal provision is the one that fully encapsulates it. In this regard, in line with what was resolved by the majority judgment, our legislation is responsible for resolving the previous criminal classification, through Article 23 of the Penal Code, which establishes the following: "When a single conduct is described in several legal provisions that are mutually exclusive, only one of them shall be applied, as follows: the special norm prevails over the general one, the one that entirely contains another is preferred to the latter, and that which the law has not expressly or tacitly subordinated to another, is applied instead of the accessory one." According to the jurisprudence of this Chamber, "...the distinction that allows identifying the possible existence of a material concurrence of crimes lies in that one cannot speak of a 'unity of action', but rather of a plurality of actions. Now then, regarding the application of an apparent concurrence of norms, national legislation proceeds to establish that: 'When a single conduct is described in several legal provisions that are mutually exclusive, only one of them shall be applied.' (Article 23, Penal Code). In such a way that the apparent concurrence of norms entails an 'apparent' violation of several legal interests, but in reality, only one single existing violation is verified. Since the effect produced by the existence of an apparent concurrence of norms is that the application of one criminal type is absorbed by another, because the first already contemplates all the criminal injustice of the second. Having as a starting point a series of principles that allow distinguishing the existence or not of an apparent concurrence of norms: the principle of speciality, and that of material or tacit subsidiarity. "According to dominant doctrine, the principle of speciality exists when a penal provision, which is the one of the type applied, contains in itself all the elements of the penal provision of the general type, plus one or more specializing elements, by means of which the legislator considers the action under distinct points of view taken into account when constructing the criminal type." (Francisco Castillo González, Concurrence of Crimes in Costa Rican Criminal Law, Publications of the Faculty of Law, UCR, 1981, Pg. 37). From this definition, it is clear that it is not possible within the apparent concurrence of norms to speak of a plurality of actions, but only of a single action. Regarding the principle of material subsidiarity, doctrine has indicated that: "Two criminal types are in a relationship of material subsidiarity when one of them, the applicable one, either protects the same legal interest from a greater attack than the other, or protects a different legal interest that encompasses the legal interest safeguarded by the displaced criminal type." (Francisco Castillo González, Concurrence of Crimes in Costa Rican Criminal Law, Publications of the Faculty of Law, UCR, 1981, Pg. 46)." (Criminal Cassation Chamber, resolution No. 2016-00488, ten hours and one minute of May twenty, two thousand and sixteen). In this case, according to the list of proven facts, there is an uncontroverted event, consisting of Villalobos Herrera abnormally and illegally occupying a State-owned property—of the I.D.A.—located in Las Vegas de Limoncito de Coto Brus—, since he did not have the respective title of acquisition, real estate on which he carried out acts of occupation in a protection area, performing activities that are prohibited by the legal system, since he raised the foundations to build his dwelling on the site, an activity he was prohibited from carrying out within the protection area. In this way, the conduct attributed to the accused fits what is stipulated by Article 58, subsection a) of the Forestry Law, which contains the elements of the criminal provision of the crime of usurpation of public domain property (he illegally possessed a real estate property of the State), plus the specializing element of Article 58, subsection a) of the Forestry Law (he affected a protection area, of environmental interest to the State), which is applicable to this case. It is for the foregoing reason that, by virtue of the principle of speciality—by reason of the existence of a particular law that regulates matters related to environmental issues on State lands, what is regulated by that normative body becomes applicable, whose referenced Article 58 captures with greater precision the accused conduct attributed to the defendant, and considered proven by the Criminal Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, San Vito de Coto Brus venue. In that rationale, the crime of usurpation of public domain property does not concur independently but is subsumed within the crime contemplated in the Forestry Law—58 subsection a), an apparent concurrence of crimes being applied in this case, which excludes the autonomous application of the offense of usurpation of public domain property, since for the disvalue that conduct represents, the legislator established a specific regulation that sanctions the injury to the legal interest and its protection, such as the protection of water resources located on properties that are the property of the State. According to the account of proven facts, it is clear that we are facing a single action between both criminal figures: the defendant invades a protection area to build a dwelling, usurping a State-owned real estate property, a criminal classification diversely qualified by the sentencing court, the minority appellate opinion, and the prosecutorial representative. In relation to the topic of concurrence between the crime of invasion of a protection area, under Article 58, subsection a), of Forestry Law No. 7575, and the offense of usurpation of public domain property—Art. 227, Penal Code—, the doctrine has indicated that: "When the invasion or despoilment is on State lands, given the apparent concurrence of norms with the usurpation of public domain property, one can resort to the principle of speciality to conclude that the applicable norm will be that of the Forestry Law, since in these cases, State property has a special characteristic, as it holds a declaration of environmental interest in any management category." (GONZALEZ MONTERO, José Pablo. Manual of Environmental Crimes. 1st edition, Judicial School, San José, 2007, p. 146). Thus, the prosecutorial representation errs in maintaining the existence of a material concurrence between the crimes of usurpation of public domain property and infraction of the Forestry Law—Art. 58 subsection a)—, and in criticizing the conclusion of the majority vote that in this case, it is a matter of a single conduct and that one of the regulations prevails over the other by a principle of speciality, noting the inexistence of an error in the majority decision adopted by the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago, when applying the adequate substantive norm to the accused and proven fact. Consequently, the cassation appeal filed by Licenciada Natalia Hidalgo Porras, Prosecutor of the Appeals Prosecution Office (Fiscalía de Impugnaciones) of the Public Prosecutor's Office, is dismissed."

Accordingly, the nullity of the judgment and the debate that preceded it is ordered solely with respect to the determination of the penalty to be imposed, and for that reason, the matter is remanded to the court of origin, so that, with its new composition, a new trial may be held. In all other respects, the decision remains intact. Let it be notified. Ivette Carranza Cambronero, Geovanni Mena Artavia and Christian Fernández Mora, Judges. (sic)".

2. Against the above ruling, attorney Natalia Hidalgo Porras, acting as representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), filed a cassation appeal.

3. After the respective deliberation was verified, the Chamber proceeded to hear the appeal.

4. The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Judge Ramírez Quirós reports; and,

Considering:

I. By Resolution No. 2017-01092, at 11:18 a.m. on December 15, 2017 (folios 182 to 183), this Chamber admitted for processing the cassation appeal filed by attorney Natalia Hidalgo Porras, representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), against Resolution No. 2017-414, at 11:47 a.m. on August 18, 2017, issued by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, which, by majority vote, partially granted the second and third grounds of the appeal filed by the public defender of the accused, revoked the challenged judgment, and reclassified the proven facts as the offenses of Violation of the Forestry Law (Infracción a la Ley Forestal) in its modality of invasion of a river protection area and disobedience to authority, in material concurrence, ordering the consequent remand solely regarding the determination of the penalty (folio 172). The substantive hearing of the appeal now proceeds, and the matter is resolved according to law.

II. As her sole objection, the representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) claims disregard of a substantive legal precept, specifically, Article 227, point 1 of the Penal Code, and erroneous application of Article 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), in relation to Article 33, subsection b) of the same Law. In her arguments, she states that the error committed by the Appeals Court consisted of the reasoning followed in the decision, which established that the offenses of usurpation of public domain property and invasion of a protection area regulate or criminalize the same criminal conduct, and that although they are found in two different criminal provisions, they are mutually exclusive, and by virtue of the fact that the second provision is of a special nature, the application of the precept contained in the special law prevails. In the opinion of the appellant, this assessment by the appellate judges is erroneous because, from the very text of number 227 of the Penal Code and the provision of ordinal 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), the descriptions of the typical conducts are not even similar to each other. Thus, the prosecutorial representative explains that what is described in both criminal types is not actually the same conduct, because the offense of invasion of a protection area does not necessarily fall upon public domain property, but could also fall upon private domain real estate; that is, the act of invading a protection area does not necessarily imply the act of usurping a public domain property. In the same vein, regarding the typical description of the offense of usurpation of public domain property, its configuration does not necessarily entail the accused's act of invading a protection area, since not all public domain real estate has a protection area. In this manner, the challenger concludes that, in strict adherence to the description of the facts proven in the conviction judgment, the Appeals Court's conclusion is erroneous, because with the conduct carried out by the accused, both previously indicated criminal types have been fully configured and violated, since he not only illegally held a property belonging to the IDA, but also built a dwelling ten meters from the edge of the riverbed, that is, within the protection area of said affluent. She indicates as a grievance that the decision of the second-instance judges, by reclassifying the facts in the way they did, caused a harm to the punitive pretensions of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), because it not only benefits the defendant illegitimately with a conviction against him for a single offense, but also he could be favored with an extreme of penalty that could result much lower, making it impossible for the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) to establish a specific sanction for the offense that was suppressed. She requests that the challenged decision be declared ineffective regarding the legal reclassification of the facts, and instead, the error be corrected, rectifying the classification given, as ordered in the conviction judgment and confirming the sanction imposed therein.

III. The claim is not receivable. In the particular case, the complainant files her cassation appeal under the assumption that there is disregard of the provision of number 227, point 1) of the Penal Code and erroneous application of what is indicated in Article 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), in relation to Article 33, subsection b) of the same Law, according to what was resolved in the majority vote issued by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago. In her understanding, the three offenses accredited by the first-instance court were committed in material concurrence, it being incorrect to assume an apparent concurrence of norms between the offenses of usurpation of public domain property and violation of the Forestry Law (Ley Forestal) for invasion of a protection area, as the ad quem maintains. To elucidate the point under discussion in the case submitted to this Chamber's knowledge, it is essential to start from the specific conduct attributed to the accused that was held as proven; the criterion assumed in the case by the Appeals Court; finally, the reasons why what was resolved by the Appeals Court, by majority, must be upheld, which entails the examination of the substantive criminal norms that definitively correspond to apply to the accredited facts. A. Proven facts. According to judgment No. 208-2016, at four fifty-six p.m. on September twenty-third, two thousand sixteen, the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, San Vito de Coto Brus venue, held the following factual account as accredited, which is transcribed literally: "1. On April 29, 2011, at approximately 4:00 p.m., the accused LUIS ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA, IN THE COMPANY OF TWO MORE ACCUSED PERSONS, proceeded to enter and invade the protection area of the Limoncito river, in Coto Brus, 200 meters of the protection zone, where they proceeded to lay the foundations (cimientas) (sic) for the construction of a dwelling, without having (contra) (sic) any permit from the State Forestry Administration to carry out such work. 2- On April 29, 2011, an Administrative Precautionary Measure was issued to the accused here VILLALOBOS HERRERA, by order at 4:00 p.m. on April 29, 2011, ordering therein the following measures: '1) Suspend the construction works within the protection area on the right bank of the Limoncito river. 3- The previous Administrative measure of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications of the Canton of Coto Brus, was personally notified to the accused VILLALOBOS HERRERA at 4:00 p.m. on April 29, 2011. 4- Without specifying an exact date but between April 29, 2011, and June 10, 2011, the accused VILLALOBOS HERRERA, having full knowledge of the measures ordered (ordenas) (sic) against him and with complete disrespect for the authority, disobeyed the administrative measure and built the aforementioned dwelling. 5- Since April 29, 2011, the accused ENRIQUE VILLALOBOS HERRERA, has been usurping and illegally living within the (el) (sic) property registered in the Public Registry of Real Property under Real folio number 6022438-0000 and 6022440-000; property of the Institute of Agrarian Development, properly in the IDA Reserve located in Las Vegas de Limoncito in Coto Brus, without having an acquisition title and without a right of possession that (s) (sic) authorizes him to do so." (folio 127 verso). For those facts, the a quo court convicted the defendant for the offenses of Violation of the Forestry Law (Infracción a la Ley Forestal) in the modality of invasion of a river protection area, Disobedience to Authority, and Usurpation of Public Domain Property, in material concurrence, to the detriment of Natural Resources and Public Authority, imposing a total of two years and six months of imprisonment, granting the sentenced person the benefit of conditional execution of the sentence for a period of three years (folio 136 front). Regarding the previous legal classification, it points out that the accused committed the three offenses at different times: "first the offense of disobedience to authority was committed on April 29, 2011, when a public official notified him of a precautionary measure to suspend the construction of the dwelling and the accused ignored the issued order, subsequently the invasion of the protected area corresponding to the property located on the bank of the Limoncito river is established, property that belongs to the State, and finally the same person usurps and possesses the property without the respective permits to do so, making use of the property in mention." (folios 132 verso and 133 front). It also points out that there is a causal relationship between the action executed by the justiciable and the result produced, since the same person violates the norms and guidelines, as well as the affectation of the legal interests established by the legislator, with the commission of the offenses accredited in the decision. B. Arguments used by the majority vote of the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago. According to the challenged resolution No. 2017-414, at eleven forty-seven a.m. on August eighteen, two thousand seventeen, the Appeals judges Christian Fernández Mora and Geovanni Mena Artavia, partially granted the second and third grounds of the appeal filed by the public defender of the accused Villalobos Herrera, revoking the decision of the Trial Court only regarding the classification of the fact and the penalty imposed, reclassifying the proven events to the offenses of Violation of the Forestry Law (Infracción a la Ley Forestal) in its modality of invasion of a river protection area and disobedience to authority, in material concurrence; it annulled the judgment as well as the debate, only with regard to the fixed penalty, ordering the remand to the court of origin for a new substantiation of that extreme. Judge Ivette Carranza Cambronero partially dissents (salva parcialmente el voto), only in that she considers that the offenses concur ideally. In the substantive reasoning, the Appeals judges, by majority, questioned the motivation expressed by the a quo, when it affirms that the accredited offenses concur materially, because they were committed "at different times," without providing greater considerations in this regard. Furthermore, and regarding what specifically interests the point under discussion, they stated the following: "A first issue that stands out is that, in the case of the offenses of usurpation of public domain property and violation of the Forestry Law (Ley Forestal) for invasion of a protected area, it is the same illicit conduct provided for in two different criminal norms, one of them of a special nature, so they exclude each other, and only the latter is applicable, for which reason the decision has an error in the application of the substantive law that must be corrected." (folio 169 verso). In relation to the offense of disobedience to authority, the majority decision agrees with the first-instance court, understanding that it concurs materially with the offense of Violation of the Forestry Law (Infracción a la Ley Forestal), a point about which the appellant raises no controversy (f. 176 verso and f. 177 front). In this way, they revoked the first-instance decision only regarding the classification of the fact, in accordance with what was indicated in the appellate judgment. C. Reasons to dismiss the cassation appeal filed by the prosecutorial representative. What was resolved by the majority vote of the Appeals Court is upheld. The nature of the reproached conducts: analysis of the specific case. Having set forth the previous synopsis, the Chamber agrees with the reasoning put forth by the appeals judges, by majority. Respecting the content of the factual framework accredited by the sentencing court, it is held as established that the accused Enrique Villalobos Herrera invaded the protection area of the Limoncito river, in the Coto Brus zone, a site where he proceeded to lay the foundations of a dwelling, the foregoing, in the company of two more subjects and without having the respective permits from the State Forestry Administration; given the foregoing and upon being caught committing said illicit action, the administrative precautionary measure was issued to him, in which he was warned to suspend all construction works within the protection area on the right bank of the Limoncito river, the foregoing pursuant to Articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575; said resolution was personally notified to him (folio 6 of the case file). However, and despite having full knowledge of the measure that was issued against him, the accused disobeyed it and built the dwelling, as can be seen from the photograph on folio 4, thereby illegally detaining and usurping a piece of land, given that the property where he built the house is owned by the Institute of Agrarian Development, properly in the IDA Reserve —today, Inder—, located in Las Vegas de Limoncito in Coto Brus. On the point in question, the criminal types attributed to the justiciable —applicable to the case under study—, first is the one contained in number 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), which establishes a prison sentence of three months to three years for anyone who: "a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, whatever the occupied area; regardless of whether they are private lands of the State or other Public Administration bodies or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall have no right to any compensation for any construction or work they may have carried out on the invaded lands." This criminal norm protects the "environment" as a legal interest; more specifically and as concerns the discussion linked to the factual framework accredited in the judgment, it protects the water resource, since when speaking of invasion of a protection area —whether private or state-owned and whatever the occupied area—, reference is made to the protection areas of rivers, streams, brooks, etc., which appear defined in the referenced number 33.b) of the Forestry Law (Ley Forestal). Indirectly, the cited norm also protects State property, insofar as they are effectively under its protection. According to the construction of the criminal type under study, the verb "invade" is not legally defined in the Forestry Law (Ley Forestal) or its regulations, which is why its character must be sought in other sources. Thus, the jurisprudence of this Chamber has indicated: "According to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, invade is understood as '1. To burst in, enter by force; 2. tr. To occupy a place abnormally or irregularly. The waters invaded the highway; 3. tr. Said of a thing: To enter and spread in a specific place or medium…'. Be it then, that the action sanctioned by subsection a) of Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), is to occupy, to burst into a conservation or protection area, regardless of whether it concerns state or private lands, even contemplating making 'improvements' to the place (which will not be reimbursed to the invader), as stipulated by the same norm. That is to say, invading implies acts of occupation of the site, which translate into establishing oneself in the place and disposing of it." (Criminal Cassation Chamber, Resolution No. 2016-01131, at 3:40 p.m., on October 25, 2016). According to the above, it is understood that the act of invading can consist of either bursting into or entering a site by force, or occupying it in an abnormal or irregular manner, a circumstance that is logically consistent with the civil consequences of the criminal conduct prescribed by said subsection, of denying any compensatory claim for the loss or demolition of the construction or work that may have been carried out on the place, although the latter could actually be thought of as redundant, considering that there is no obligation whatsoever on the part of the State to recognize the "improvements" made, to whoever illegally invaded the protection area, with the consequent affectation to the ecosystem. Regarding what should be understood as "protection area," as a normative element of the criminal type —a denomination that is considered the correct one to legally designate the section of land that is adjacent to the banks of bodies of water—, it is essential to refer to the legal definition established in Article 33, subsection b), of that same Law, which provides: "Article 33.- Protection areas. The following are declared protection areas: […] b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams or brooks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is broken." These are areas that, due to the circumstance of containing a body of water —for example, a river—, have restrictions relative to construction activities or the exercise of productive activities that could harm the protected water resource —see in this regard, judgment of the Agrarian Court No. 00596, at 4:13 p.m., on July 6, 2017—. For its part, ordinal 227 regulates matters related to the usurpation of public domain property, which indicates: "Shall be sanctioned with imprisonment of six months to four years or with fifteen to one hundred days' fine: 1) Whoever, without an acquisition title and without a right to possess, detains land or space corresponding to streets, roads, gardens, parks, promenades or other places of public domain, or vacant lands or any other real property of the State or of the municipalities. […]" (the underlining is supplied). As relevant, the typical action consists of illegally detaining possession of properties that do not belong to him, as they are state patrimony, with the mere occupation of the property being sufficient, whether because he lacks the acquisition title or the right to possess. The specific action attributed to the justiciable was "entering and invading the protection area of the Limoncito river, in Coto Brus…" for the "construction of a dwelling…", without any permit from the State Forestry Administration (proven fact number 1, f. 126 verso), work that he carried out on a property owned by the former I.D.A., today Inder, that is, without the respective acquisition title and any right of possession to justify his actions. The prosecutorial representative argues that in the present case, the criminal types described concur materially, starting from what number 22 of the Penal Code establishes, which provides: "There is material concurrence when the same agent commits several offenses separately or jointly." According to her challenge brief, the criminal type established in number 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal) and Article 227, point 1) of the Penal Code, do not contemplate the same conduct, as she starts from the hypothesis that, "in the majority of cases," the offense of invasion of a protection area occurs on privately owned real estate, logically excluding the commission of the offense of usurpation of public domain property; a contrario sensu, the latter would be committed when the land on which the protection area is located is of public domain. To the above, she adds a second management hypothesis for her challenge: not in all cases where the offense of usurpation of a public domain property is committed, is the offense of invasion of a protection area necessarily committed, given that not all public domain real estate has a protection area. Neither of the previous hypotheses raised are those that occur in the present matter, as the dissenting party ends up admitting in the end. There is no doubt that the accused conduct is specifically contained in several criminal types of diverse laws, as occurs in the species, and it must be elucidated which typical provision is the one that fully encompasses it. In this regard, in line with what was resolved by the majority decision, our legislation addresses the above typical adequation, by means of ordinal 23 of the Penal Code, which establishes the following: "When the same conduct is described in several legal provisions that exclude each other, only one of them shall be applied, as follows: the special norm prevails over the general one, the one that fully contains another is preferred to the latter, and that which the law has not expressly or tacitly subordinated to another, is applied instead of the accessory one." According to the jurisprudence of this Chamber, "…the distinction that allows the possible identification of a material concurrence of offenses to exist, lies in that one cannot speak of a 'unity of action,' but rather a plurality of actions. Now, as relevant to the application of an apparent concurrence of norms, national legislation proceeds to establish that: 'When the same conduct is described in several legal provisions that exclude each other, only one of them shall be applied.' (Article 23 Penal Code). In such a way, that the apparent concurrence of norms entails an 'apparent' injury to several legal interests, but that in reality, a single existing injury is verified. The effect that is produced with the existence of an apparent concurrence of norms being that the application of one criminal type is absorbed by another, because the former already contemplates all the criminal wrongfulness of the latter. Having as a starting point a series of principles that allow distinguishing the existence or not of an apparent concurrence of norms: the principle of speciality, and that of material or tacit subsidiarity. 'According to the dominant doctrine, the principle of speciality exists when a criminal provision, which is that of the type applied, contains within itself all the elements of the criminal provision of the general type, plus one or more specializing elements, by means of which the legislator considers the action under distinct points of view taken into account when constructing the criminal type.' (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, P. 37). Based on this definition, it is clear that it is not possible within the apparent concurrence of norms to speak of plurality of actions, but only of a single action. Regarding the principle of material subsidiarity, doctrine has indicated that: 'Two criminal types are in a relationship of material subsidiarity when one of them, the applicable one, either protects the same legal interest from a greater attack than the other or protects a different legal interest that encompasses the legal interest safeguarded by the displaced criminal type.' (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, P. 46)." (Criminal Cassation Chamber, Resolution No. 2016-00488, at ten hours and one minute on May twenty, two thousand sixteen). In this case, according to the list of proven facts, there is a non-controversial event, consisting of the fact that Villalobos Herrera occupied in an abnormal and illegal manner a piece of land owned by the State —of the I.D.A— located in Las Vegas de Limoncito, Coto Brus—, since he did not have the respective acquisition title, a property on which he carried out acts of occupation in a protection area, performing activities that are prohibited by the legal system, given that he laid the foundations to build his dwelling on the site, an activity he was prohibited from carrying out within the protection area. In this way, the conduct attributed to the accused fits the provisions of Article 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), which contains the elements of the criminal provision of the offense of usurpation of public domain property (he illegally detained a property owned by the State), plus the specializing element of number 58, subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal) (he affected a protection area, of environmental interest for the State), which is applicable to this case. It is for this reason that, by virtue of the principle of speciality —as there exists a particular law that regulates matters related to environmental issues on State lands, what is regulated by that regulatory body is applicable, whose number 58 of reference more precisely captures the accused conduct attributed to the justiciable, and held as proven by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, San Vito de Coto Brus venue. In that vein, the offense of usurpation of public domain property does not concur independently but is subsumed within the offense contemplated in the Forestry Law (Ley Forestal) —58 subsection a)—, with an apparent concurrence of offenses being applied in the species, which excludes the autonomous application of the offense of usurpation of public domain property, since the disvalue that said conduct represents, the legislator established a specific regulation that sanctions the injury to the legal interest and its protection, such as the protection of water resources located on properties that are owned by the State. According to the list of proven facts, it is clear that we are faced with a single action between both criminal figures: the accused invades a protection area to build a dwelling, usurping a property owned by the State, a typical adequation diversely classified by the sentencing court, the appellate minority vote, and the prosecutorial representative. Regarding the topic of concurrence between the offense of invasion of a protection area, under Article 58, subsection a), of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, with the offense of usurpation of public domain property —Art. 227 Penal Code—, doctrine has indicated that: "When the invasion of dispossession is on State lands, due to an apparent concurrence of norms with the usurpation of public domain property, one can resort to the principle of speciality to conclude that the applicable norm will be that of the Forestry Law (Ley Forestal), since in these cases, State property has a special characteristic, as it possesses an environmental interest declaration in any management category." (GONZALEZ MONTERO, José Pablo. Manual of Environmental Offenses. 1st edition, Judicial School, San José, 2007, p. 146). Thus, the prosecutorial representation errs in maintaining the existence of a material concurrence between the offenses of usurpation of public domain property and violation of the Forestry Law (Ley Forestal) —Art. 58 subsection a)—, and in criticizing the majority vote's conclusion that, in the species, it is the same conduct and that one of the regulations prevails over the other by a principle of speciality, with the non-existence of error being appreciated in the majority decision assumed by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, at the time of applying the substantive norms suitable to the accused fact that was held as accredited. Consequently, the cassation appeal filed by Attorney Natalia Hidalgo Porras, Prosecutor of the Appeals Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), is dismissed.

Therefore:

The cassation appeal filed by attorney Natalia Hidalgo Porras, representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), is dismissed. Let it be notified.

 

  

 

	

Jesús Ramírez Q.

	

 





 

	

 

 

	

 





María Elena Gómez C.
(Suppl. Judge)

	

 

	

Sandra Eugenia Zúñiga M.
                (Suppl. Judge)

 

 





Ronald Cortés C.
(Suppl. Judge)

	

 

	              Rafael Segura B.
                (Suppl. Judge)

 

 

JMELENDEZ

 

Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch.

Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 08:37:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República