Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IV.- No lleva razón la recurrente en sus agravios. Lo que pretende la Institución apelante es que los Tribunales de justicia apliquen en forma retroactiva la normativa forestal y especial agraria, lo cual no es posible, pues se violaría el principio de seguridad jurídica y de aplicación de la norma en el tiempo. Además, el argumento se basa en criterios contradictorios, toda vez que, por un lado, reconoce, y efectivamente existe un Certificación del MINAE, la ACG-DIR-C-214-2013 certifica que el inmueble del plano catastrado G-790321-1988, no forma parte del Patrimonio Natural del Estado, y, por otro, dice que según el Estudio de Suelos, un porcentaje del área, sea 13.6 hectáreas, es suelo de clase VIII. Esto de ningún modo puede impedir el otorgamiento del título a la accionante.
V.- En cuanto a las costas, tampoco lleva razón quien recurre. Fue por la actuación del propio INDER, al indicársele a la actora mediante oficio DRH-606-2015, del 23 de noviembre del 2015, que resultaba imposible poder otorgarle el título, lo que obligó a la actora a interponer la presente demanda ordinaria, por una mora administrativa de prácticamente 30 años, por lo que no puede invocar ahora que ha litigado de buena fe, acudiendo a formalismos técnicos, para evitar el otorgamiento del mismo, tanto en sede administrativa como judicial.
English (translation)IV.- The appellant is not correct in its grievances. What the appellant institution seeks is for the courts to retroactively apply forestry and special agrarian regulations, which is not possible, as it would violate the principles of legal certainty and the temporal application of the law. Moreover, the argument rests on contradictory criteria, since on one hand it acknowledges—and there is indeed a MINAE Certification, ACG-DIR-C-214-2013 certifying that the property under cadastral plan G-790321-1988 is not part of the State Natural Heritage—yet on the other hand it claims that, according to the Soil Study, a portion of the area, 13.6 hectares, is class VIII soil. This cannot in any way prevent the granting of title to the plaintiff.
V.- Regarding costs, the appellant is likewise incorrect. It was INDER’s own conduct—informing the plaintiff through memorandum DRH-606-2015 of November 23, 2015, that it was impossible to grant the title—that forced her to file this ordinary lawsuit after an administrative delay of practically 30 years; therefore, INDER cannot now claim that it litigated in good faith, resorting to technical formalities to avoid granting the title, both in the administrative and judicial phases.
Appeal denied
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00351 - 2018 Fecha de la Resolución: 26 de Abril del 2018 a las 16:28 Expediente: 16-001168-1027-CA Redactado por: Enrique Ulate Chacón Clase de asunto: Proceso ordinario agrario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución *160011681027CA* EXPEDIENTE: EXPN1 - 3 PROCESO: ORDINARIO ACTOR/A: MARIA CECILIA MAURA MEDRANO LOPEZ DEMANDADO/A: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL VOTO N° 351-F-18 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas y veintiocho minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.- PROCESO ORDINARIO establecido por [Nombre1] , conocida como [Nombre2] , mayor, soltera, agricultora, vecina de Guanacaste, cédula de identidad CED1 - - ; contra INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED2 - - , representado por Luis Diego Miranda Guadamuz, mayor, casado, abogado, vecino de Liberia, cédula de identidad CED3 - - . Actúa como abogado director de la actora, el licenciado Sabino Quintanilla Medina, colegiado nueve mil novecientos ochenta y ocho; y como apoderada especial judicial del INDER, la licenciada Lena Rodríguez Aguirre, cédula de identidad CED4 - - . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia.- RESULTANDO: 1.- La parte actora interpone proceso ordinario estimado en la suma de cinco millones de colones, solicitando que en sentencia se declare: " 1.- Que ha ocupado y poseído como titular, de forma personal, ininterrumpida y a título de dueña, por más de 27 años, la parcela según plano catastrado G-790321-88, de 357661.32 metros cuadrados, del Asentamiento Paso Bolaños del cantón de La Cruz, Guanacaste.- 2.- Tiene derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas sobre el total del fundo reclamado.- 3.- Se ordene al INDER segregar de la finca de Guanacaste 74720-000 el área del plano G-790321-88 de 35 has, 7661.32 metros cuadrados, del asentamiento Colonia Bolaños de La Cruz y traspasarlo a su nombre, libre de limitaciones de la Ley del INDER por morosidad administrativa.- 4.- Se condene al INDER pagar ambas costas de esta acción.- SUBSIDIARIA de la petitoria principal 5.- Se ordene al INDER pagar los daños y perjuicios por la pérdida de las 13.6 hectáreas que niega se inscriban a su nombre. (folios 18 frente y vuelto 139). 2.- La parte demandado contesta la acción incoada en su contra de manera negativa en los términos visibles a folios del 51 al 57 frente y vuelto, e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de competencia y litis pendencia. 3.- La jueza Rosaura Segnini Vargas, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, en sentencia número 223-S 2017, de las doce horas y dieciocho minutos del veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete, resolvió: “POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto, normativa y jurisprudencia de cita, se rechazan las excepciones de FALTA DE DERECHO, FALTA DE INTERÉS, FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA, de modo interlocutorio se rechazó en resolución de las catorce horas del veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, la defensa previa de LITIS PENDENCIA interpuesta por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). En consecuencia se declara CON LUGAR la demanda ORDINARIA establecida por [Nombre1] , [Nombre2] , contra INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), en consecuencia: 1.- Se declara que actora [Nombre1] , [Nombre2] , ha ocupado y poseído como titular, de forma personal, ininterrumpida y a título de dueña, por más de 27 años, la parcela según plano catastrado G-790321-88, de [Dirección1] cuadrados, del [Dirección2] del cantón de La Cruz, Guanacaste. 2.- Se ordena al INDER proceda una vez firme esta sentencia a otorgar la escritura de traspaso de la finca inscrita en el Registro Nacional bajo la matricula de folio real número CED5 a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario y que tiene las siguientes características: Naturaleza: lote 12 para agricultura, situada en: [Dirección3] , de la provincia de Guanacaste, linderos: norte: parcela 13, sur: parcela 18, este: Río Sontoli, oeste: [Dirección4] , plano G-0790321-1988, con un área de de 35 hectáreas, 7661.32 metros cuadrados, del asentamiento Colonia Bolaños de La Cruz a nombre de la actora [Nombre1] , [Nombre2] , la escritura de traspaso deberá de otorgarse sin limitaciones de la Ley de Tierras y Colonizaciones artículos 67 y 68 por morosidad administrativa, no obstante deberán consignarse aquellas limitaciones que provienen de la legislación especial dada la colindancia este con el Río Santoli. El área contigua a las corrientes, según señala el artículo 33, incisos a), de la Ley Forestal Número 7575, constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, así como que el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas , artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III), debiendo atender la parte actora y así consignarse en la escritura de traspaso las recomendaciones realizadas en el estudio de suelos Certificado de Uso Conforme No. 3315 de fecha de 22 de agosto del 2008, en cuanto a que " las áreas con uso actual en vegetación arbustiva y suelos delgados, deben ser manejadas como tal y no modificar su uso. Mantener el área de protección de quebradas y nacientes según la legislación vigente" .3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo número 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se impone al pago de ambas costas de esta acción a cargo de la demandada perdidosa. Notifíquese.", ( ver el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, documentos asociados, sentencia de primera instancia incorporada el 29/09/2017 12:18:22).- 4.- El licenciado Luis Diego Miranda Guadamuz, en su condición de apoderado general judicial del INDER, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia ( ver el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 10/10/2017 05:47:54 ).- 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo. Redacta el juez ULATE CHACÓN, y, CONSIDERANDO: I.- El Tribunal comparte la relación de hechos, tenidos por demostrados, al tener buen sustento en los autos. II.- De igual modo, se comparte lo dispuesto en el único hecho indemostrado. III.- El representante del Instituto de Desarrollo Rural apeló aduciendo los siguientes agravios: 1.- Considera que la sentencia es omisa al analizar la naturaleza de la parcela en cuanto al tipo de suelo clase VIII. Señala, conforme al Decreto No.23114-MAG-MIRENEM, y el Reglamento de Uso, Manejo y Conservación de suelos, tales terrenos no son aptos para el uso agropecuario o forestal (artículos 58 a 63), por lo que considera que dicha normativa es clara al indicar que el Instituto no puede adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios, por lo que se recomendó segregar y traspasar el área sin conflicto, pues existe impedimento legal. Por último agrega, al constituirse en área de Patrimonio Natural del Estado, la misma debe ser trasladada al MINAE, para la administración pues no sería posible adquirir derechos. 2.- Se condena a su representada al pago de las costas, siendo que han litigado de buena fe, dado que su oposición se fundamenta en la Ley forestal (artículos 13, 14 y 15) y el Reglamento a la Ley de Suelos, siendo en resguardo del Patrimonio Natural del Estado. Por lo anterior, piden se acoja la excepción de falta de derecho y se declare sin lugar la demanda, y subsidiariamente se le exima del pago de las costas. IV.- No lleva razón la recurrente en sus agravios. Lo que pretende la Institución apelante es que los Tribunales de justicia apliquen en forma retroactiva la normativa forestal y especial agraria, lo cual no es posible, pues se violaría el principio de seguridad jurídica y de aplicación de la norma en el tiempo. Además, el argumento se basa en criterios contradictorios, toda vez que, por un lado, reconoce, y efectivamente existe un Certificación del MINAE, la ACG-DIR-C-214-2013 certifica que el inmueble del plano catastrado G-790321-1988, no forma parte del Patrimonio Natural del Estado, y, por otro, dice que según el Estudio de Suelos, un porcentaje del área, sea 13.6 hectáreas, es suelo de clase VIII. Esto de ningún modo puede impedir el otorgamiento del título a la accionante, y tampoco es posible interpretar, como lo yace el recurrente, que en las Informaciones Posesorias sino se cumple ese requisito no es posible titular. Por el contrario, lo que se establece son una serie de recomendaciones técnicas, a fin de evitar la afectación del suelo por un uso inadecuado del terreno, pero no impedir el acceso a la propiedad de la tierra, pues es una obligación tanto Constitucional (artículo 45 de la Constitución Política), como legal, artículo 1 al 4 de la Ley de Tierras y Colonización, que el Instituto de Desarrollo Rural cumpla con la función económica y social de la propiedad, entregando título a los adjudicatarios o beneficiarios. Además, la misma Ley de Tierras y Colonización (artículos 50 y 51) le exigía al Instituto realizar, previo a comprar terrenos para esos fines, estudios edafológicos, y si no cumplió previamente a la adjudicación, no puede ahora venir a achacar la responsabilidad a una persona beneficiaria que ha esperado varias décadas para la regularización de su título de propiedad. Por otra parte, no estamos en este proceso ordinario, frente a unas simples diligencias de jurisdicción no contenciosa, como podría ser la información posesoria, o la titulación administrativa. Aún en esos casos el Tribunal admite la titulación, con las recomendaciones técnicas de uso de suelo que sean necesarias. Por el contrario, nos encontramos frente a un proceso ordinario, de conocimiento declarativo, donde deben considerarse todas las particularidades del caso, de hecho y de derecho, y no una norma aisladamente, aplicable (no retroactivamente), a casos futuros a su vigencia. Véase que el plano Catastrado [Placa1] es del año 1988, fecha desde la que se le adjudicó a la actora la [Dirección5] . , de La Cruz (Artículo XI, de la sesión 97-88, celebrada el 19 de diciembre de 1988), mientras que las los reglamentos indicados son posteriores al año 1998, año en que se promulgó la Ley de Biodiversidad y la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. En todo caso, según el Certificado de Uso Conforme, No. 3315 del 22 de agosto del año 2008, se indicó que efectivamente el uso era conforme a la metodología aprobada, y no forma parte del Patrimonio Natural del Estado (hechos probados 5 y 6), de ahí que no lleve razón el representante del INDER, en su primer agravio. Máxime que en la parte dispositiva de la sentencia apelada se indicó claramente que la actora debe cumplir con las recomendaciones del Certificado de Uso Conforme de Suelo. V.- En cuanto a las costas, tampoco lleva razón quien recurre. Fue por la actuación del propio INDER, al indicársele a la actora mediante oficio DRH-606-2015, del 23 de noviembre del 2015, que resultaba imposible poder otorgarle el título, lo que obligó a la actora a interponer la presente demanda ordinaria, por una mora administrativa de prácticamente 30 años, por lo que no puede invocar ahora que ha litigado de buena fe, acudiendo a formalismos técnicos, para evitar el otorgamiento del mismo, tanto en sede administrativa como judicial. Por ende, al tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se confirma la sentencia también en el extremo concedido de las costas. POR TANTO: En lo que fue objeto de apelación, se confirma la sentencia apelada. *17YPMUN436SQ61* 17YPMUN436SQ61 [Nombre3] - JUEZ/A DECISOR/A *HUMRTJDZC5A61* HUMRTJDZC5A61 [Nombre4] - JUEZ/A DECISOR/A *ZWMVSKV0XY861* ZWMVSKV0XY861 [Nombre5] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección6] , , [Dirección7] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:55:15. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
TRIBUNAL AGRARIO. SECOND CIRCUITO JUDICIAL OF SAN JOSÉ.- At sixteen hours and twenty-eight minutes of the twenty-sixth of April of two thousand eighteen.- ORDINARY PROCEEDING brought by [Nombre1], known as [Nombre2], of legal age, single, farmer, resident of Guanacaste, identity card CED1 - - ; against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identity card CED2 - - , represented by Luis Diego Miranda Guadamuz, of legal age, married, attorney, resident of Liberia, identity card CED3 - - . Acting as directing attorney for the plaintiff is licensed attorney Sabino Quintanilla Medina, bar number nine thousand nine hundred eighty-eight; and as special judicial representative of INDER, licensed attorney Lena Rodríguez Aguirre, identity card CED4 - - . Processed before the Juzgado Agrario of the First Circuito Judicial of Guanacaste, Liberia.- WHEREAS: 1.- The plaintiff brings an ordinary proceeding estimated at the sum of five million colones, requesting that the judgment declare: " 1.- That she has occupied and possessed as owner, personally, uninterruptedly and as owner, for more than 27 years, the parcel according to cadastral plan G-790321-88, of 357661.32 square meters, of the Asentamiento Paso Bolaños of the canton of La Cruz, Guanacaste.- 2.- She has acquired rights and consolidated legal situations over the entire claimed parcel.- 3.- INDER be ordered to segregate from the property of Guanacaste 74720-000 the area of plan G-790321-88 of 35 has, 7661.32 square meters, of the settlement (asentamiento) Colonia Bolaños of La Cruz and transfer it to her name, free of the limitations of the INDER Law due to administrative delay.- 4.- INDER be ordered to pay both costs of this action.- IN THE ALTERNATIVE to the primary prayer 5.- INDER be ordered to pay the damages for the loss of the 13.6 hectares that it refuses to register in her name. (folios 18 front and back 139). 2.- The defendant answers the action filed against it in a negative manner in the terms visible on folios 51 to 57 front and back, and raised the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, lack of competence (falta de competencia) and litis pendencia. 3.- Judge Rosaura Segnini Vargas, of the Juzgado Agrario of the First Circuito Judicial of Guanacaste, Liberia, in judgment number 223-S 2017, at twelve hours and eighteen minutes of the twenty-ninth of September of two thousand seventeen, resolved: "POR TANTO: Based on the foregoing, cited regulations and jurisprudence, the defenses of LACK OF RIGHT (FALTA DE DERECHO), LACK OF INTEREST (FALTA DE INTERÉS), LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING (FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA) are dismissed; the preliminary defense of LITIS PENDENCIA raised by the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) was interlocutorily dismissed in the resolution at fourteen hours of the twenty-third of November of two thousand sixteen. Consequently, the ORDINARY claim brought by [Nombre1], [Nombre2], against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) is GRANTED, accordingly: 1.- It is declared that the plaintiff [Nombre1], [Nombre2], has occupied and possessed as owner, personally, uninterruptedly and as owner, for more than 27 years, the parcel according to cadastral plan G-790321-88, of [Dirección1] square meters, of [Dirección2] of the canton of La Cruz, Guanacaste. 2.- INDER is ordered, once this judgment is final, to issue the transfer deed of the property registered in the Registro Nacional under the real estate folio number CED5 in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario and which has the following characteristics: Nature: lot 12 for agriculture, located in: [Dirección3], of the province of Guanacaste, boundaries: north: parcel 13, south: parcel 18, east: Río Sontoli, west: [Dirección4], plan G-0790321-1988, with an area of 35 hectares, 7661.32 square meters, of the settlement (asentamiento) Colonia Bolaños of La Cruz in the name of the plaintiff [Nombre1], [Nombre2]; the transfer deed must be issued without the limitations of the Ley de Tierras y Colonizaciones articles 67 and 68 due to administrative delay, however those limitations that arise from special legislation must be stated given the eastern boundary with the Río Santoli. The area adjacent to watercourses, as provided in article 33, subsections a), of the Ley Forestal Number 7575, constitutes a protection area (área de protección) and the cutting or removal of trees is prohibited, as well as that the riverbed and the waters of that watercourse are public domain (Ley de Aguas, articles 1, subsection IV, and 3, subsection III), the plaintiff must attend to, and thus it must be stated in the transfer deed, the recommendations made in the soil study Certificado de Uso Conforme No. 3315 dated August 22, 2008, to the effect that " areas with current use as shrub vegetation and thin soils must be managed as such and their use not modified. Maintain the protection area (área de protección) of streams and springs (nacientes) according to current legislation." 3.- In accordance with the provisions of article number 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the losing defendant is ordered to pay both costs of this action. Notifíquese.", (see the virtual desktop of the Juzgado Agrario of the First Circuito Judicial of Guanacaste, Liberia, associated documents, first instance judgment filed 09/29/2017 12:18:22).- 4.- Licensed attorney Luis Diego Miranda Guadamuz, in his capacity as general judicial representative of INDER, filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons relied upon to refute the lower court's thesis (see the virtual desktop of the Juzgado Agrario of the First Circuito Judicial of Guanacaste, Liberia, 10/10/2017 05:47:54).- 5.- In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the judgment is not observed. Judge ULATE CHACÓN writes, and, CONSIDERANDO: I.- The Tribunal shares the relation of facts deemed proven, as they have good support in the record. II.- Likewise, what is provided in the sole unproven fact is shared. III.- The representative of the Instituto de Desarrollo Rural appealed alleging the following grievances: 1.- He considers that the judgment omits analyzing the nature of the parcel regarding the type of class VIII soil. He points out, pursuant to Decreto No. 23114-MAG-MIRENEM and the Reglamento de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, such lands are not suitable for agricultural or forestry use (articles 58 to 63), which is why he considers that said regulation is clear in indicating that the Institute cannot award (adjudicar) or title lands that do not classify for agrarian purposes, for which it was recommended to segregate and transfer the area without conflict, as there is a legal impediment. He finally adds, upon being constituted as an area of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the same must be transferred to MINAE for administration, as it would not be possible to acquire rights. 2.- His represented party is ordered to pay costs, given that they have litigated in good faith, since their opposition is based on the Ley Forestal (articles 13, 14 and 15) and the Reglamento a la Ley de Suelos, being in protection of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). For the foregoing, they request that the defense of lack of right be upheld and the claim be declared without merit, and in the alternative, that they be exempted from paying costs. IV.- The appellant does not have reason in her grievances. What the appellant Institution intends is for the Courts of justice to retroactively apply forest and special agrarian regulations, which is not possible, as the principle of legal certainty and the application of the law over time would be violated. Furthermore, the argument is based on contradictory criteria, since, on one hand, it recognizes, and indeed there is a Certification from MINAE, the ACG-DIR-C-214-2013 certifies that the property of cadastral plan G-790321-1988 is not part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and, on the other hand, it says that according to the Soil Study (Estudio de Suelos), a percentage of the area, namely 13.6 hectares, is class VIII soil. This can in no way prevent the granting of title to the plaintiff, and it is also not possible to interpret, as the appellant does, that in Title Clearance Proceedings (Informaciones Posesorias), if that requirement is not met, it is not possible to title. On the contrary, what are established are a series of technical recommendations, in order to avoid soil affectation due to inadequate land use, but not to impede access to land ownership, as it is both a Constitutional (article 45 of the Constitución Política) and a legal obligation, articles 1 through 4 of the Ley de Tierras y Colonización, that the Instituto de Desarrollo Rural fulfill the economic and social function of property, delivering title to the adjudicatees (adjudicatarios) or beneficiaries. Additionally, the same Ley de Tierras y Colonización (articles 50 and 51) required the Institute to carry out, prior to purchasing land for those purposes, soil studies (estudios edafológicos), and if it did not comply prior to the award (adjudicación), it cannot now come to place the responsibility on a beneficiary who has waited several decades for the regularization of her property title. On the other hand, in this ordinary proceeding, we are not facing simple non-contentious jurisdiction proceedings, such as a title clearance proceeding (información posesoria) or administrative titling might be. Even in those cases, the Tribunal admits titling, with the technical land-use recommendations that are necessary. On the contrary, we are facing an ordinary, declaratory proceeding, where all the particularities of the case, of fact and of law, must be considered, and not an isolated norm, applicable (not retroactively) to cases subsequent to its entry into force. See that the Cadastral Plan [Placa1] is from the year 1988, a date since which the [Dirección5] of La Cruz was awarded (adjudicó) to the plaintiff (Article XI, of session 97-88, held on December 19, 1988), while the indicated regulations are subsequent to the year 1998, the year in which the Ley de Biodiversidad and the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos were enacted. In any case, according to the Certificado de Uso Conforme, No. 3315 of August 22, 2008, it was indicated that indeed the use was in accordance with the approved methodology, and it is not part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) (proven facts 5 and 6), hence the representative of INDER does not have reason in his first grievance. Especially since the operative part of the appealed judgment clearly stated that the plaintiff must comply with the recommendations of the Certificado de Uso Conforme de Suelo. V.- Regarding costs, the appellant also does not have reason. It was due to INDER's own actions, in indicating to the plaintiff via official letter DRH-606-2015, of November 23, 2015, that it was impossible to grant her the title, which forced the plaintiff to file the present ordinary claim, due to an administrative delay of practically 30 years, and therefore it cannot now invoke that it has litigated in good faith, resorting to technical formalisms to avoid granting the same, both in administrative and judicial venues. Consequently, under the terms of the provisions of article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the judgment is also confirmed in the granted point of costs. POR TANTO: In what was the object of the appeal (apelación), the appealed judgment is confirmed.