Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- No lleva razón la apelante en su agravio. Posterior a la promulgación de la Ley Forestal de 1969, se aprobó la modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que autoriza la titulación de inmuebles con bosque, cuando se demuestre haber sido el titular de los derechos de posesión decenal y haber protegido el recurso natural, teniendo el fundo deslindado y con cercas o carriles limpios (Ley No. 7575 de 1996). Sobre la aplicación e interpretación de ese artículo este Tribunal ha resuelto: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09).
English (translation)III.- The appellant's grievance is unfounded. After the enactment of the 1969 Forestry Law, the amendment to Article 7 of the Possessory Information Law was approved, authorizing the titling of forested properties when the holder proves ten-year possession rights and has protected the natural resource, with the property demarcated and with fences or clean trails (Law No. 7575 of 1996). On the application and interpretation of that article, this Tribunal has held: "The constitutionality of said norm and the interpretation given at some point by this Tribunal was challenged, a procedure that resulted in Constitutional Chamber ruling 4587-97, cited by the appellant. In said ruling, the Chamber declared the norm constitutional, maintaining its validity. Consequently, it is appropriate to uphold the lower court's decision, since the petitioner proved compliance with the requirements of that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and demarcation of the property with fences or clean trails" (Ruling 573-F-09).
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00581 - 2018 Fecha de la Resolución: 26 de Junio del 2018 a las 07:30 Expediente: 14-000105-1129-AG Redactado por: Luis Alonso Madrigal Pacheco Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas. Temas (descriptores): Área silvestre protegida Subtemas: Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de la zona mediante información posesoria agraria. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Posibilidad de inscribir propiedades dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *140001051129AG* EXPEDIENTE: EXPN1 - 0 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: OMAR DURAN SOLIS VOTO N° 0581-F-18 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las siete horas y treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil dieciocho.- INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1] , mayor, casada una vez, cédula de identidad CED1 - - . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad CED2 - - , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 - - - , representado por por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad CED4 - - , colegiada veintiún mil trescientos cuarenta y dos. Actúa como defensora pública de la parte promovente, la licenciada Nubia Miranda Pérez, de calidades desconocidas en autos. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Buenos Aires.- RESULTANDO: 1.- La parte promovente interpuso la presente diligencia de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: "... terreno de breñón y montañas, ubicado en el [Dirección1] , , Buenos Aires de la provincia de Puntarenas. Colinda al norte, sur y oeste con Hacienda Leocona S.A y al este con el Río Sonador; inmueble que cuenta con una medida de doscientos once mil quinientos ochenta y un metros con cero ocho decímetros cuadrados...", (ver folios 6 frente y vuelto y escritorio virtual del Juzgado Agrario de Buenos Aires, documentos asociados, sentencia de primera instancia incorporada el 26/01/2018 09:55:48 ).- 2.- La Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo se apersonaron al proceso, ( folios 33 a 36 y 53).- 3.- El juez Jean Carlos Cespedes Mora, del Juzgado Agrario de Buenos Aires, mediante sentencia número 04-2018, de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, hechos tenidos por demostrados y citas legales invocadas, SE DECLARAN CON LUGAR las presentes diligencias de Información Posesoria que promueve [Nombre1] . Por lo anterior y con una estimación de cuatro millones de colones, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones de todo tipo deberá ordenarse al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble inscribir a nombre de [Nombre1] , el terreno que se describe así: terreno de breñón y montañas, ubicado en el [Dirección1] , , Buenos Aires de la provincia de Puntarenas. Colinda al norte, sur y oeste con Hacienda Leocona S.A y al este con el Río Sonador; inmueble que cuenta con una medida de doscientos once mil quinientos ochenta y un metros con cero ocho decímetros cuadrados. Todo lo anterior según se ajusta al plano catastrado número P-1029393-2005. El área contigua a las corrientes constituye área de protección según el artículo 33, incisos a) y b) de la Ley Forestal por lo que queda prohibida la poda o eliminación de árboles. El cauce de esas aguas constituyen bienes de dominio público según los artículos 1 inciso IV) y 3 inciso III). Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio estatal No existe condena en costas...", (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Buenos Aires, sentencia incorporada el 26/01/2018 09:55:48).- 4.- La procuradora adjunta Lydiana Rodríguez Paniagua, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Buenos Aires, escrito incorporado el 21/03/2018 07:27:29).- 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. Redacta el Juez Madrigal Pacheco, y CONSIDERANDO: I.- HECHOS PROBADOS: Se prohijan los hechos tenidos por demostrados por tener sustento en los autos. Se agregan los siguientes hechos: f) El terreno que se pretende inscribir es de naturaleza charral, en un 37% y bosque secundario (montaña), en un 63 %, aproximadamente (plano catastrado en folio 2 y certificación de uso conforme de las tierras, folio 13). g) El promovente ha protegido el recurso natural y tiene el inmueble debidamente deslindado (certificación de uso conforme de las tierras, folio 13, declaraciones testimoniales y reconocimiento judicial, folios 70 al 72).- II.- La Procuradora Adjunta, Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, interpone el recurso de apelación alegando lo siguiente: I.- Dice que se tiene acreditado que la naturaleza del inmueble es montaña y que, por lo tanto, es patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal de 1969, por lo que la titulante debió demostrar la posesión decenal ejercida al menos 10 años antes de tal afectación, pero no lo hizo. Indica que las declaraciones de los testigos no demuestran esa posesión decenal apta para usucapir. Acompaña su tesis con precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos de la Procuraduría. Solicita se revoque la sentencia y se imprueben estas diligencias (incorporada 21/03/2018 07:27:29).- III.- No lleva razón la apelante en su agravio. Posterior a la promulgación de la Ley Forestal de 1969, se aprobó la modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que autoriza la titulación de inmuebles con bosque, cuando se demuestre haber sido el titular de los derechos de posesión decenal y haber protegido el recurso natural, teniendo el fundo deslindado y con cercas o carriles limpios (Ley No. 7575 de 1996). Sobre la aplicación e interpretación de ese artículo este Tribunal ha resuelto: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, quedando vigente tal norma y sus efectos (voto 1667 de 27 de enero de 2010). De manera que no es requisito probar la posesión decenal que indica la Procuraduría para la obtención del título inscribible, sino únicamente demostrar la realización de actos de protección durante diez años y tener deslindado el inmueble; lo que no solo está probado en autos, sino que no ha sido cuestionado por la apelante. Además, siendo que el cuestionamiento sobre las declaraciones testimoniales parte de la premisa que la posesión decenal debe demostrarse antes de 1969, debe rechazarse también este argumento al estar vinculado con la posición indicada y que este órgano considera errada. IV.- Por lo anterior, procede confirmar la sentencia impugnada. POR TANTO: Se CONFIRMA la sentencia número 04-2018, de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciocho.- *B3JFEK1T7QI61* B3JFEK1T7QI61 [Nombre2] - JUEZ/A DECISOR/A *C27WU6T5LZQ61* C27WU6T5LZQ61 [Nombre3] - JUEZ/A DECISOR/A *3OHBWM3TPEM61* 3OHBWM3TPEM61 [Nombre4] - JUEZ/A DECISOR/A EXP: EXPN1 II Circuito Judicial San José, [Dirección2] , , [Dirección3] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:36:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTE No. 0581-F-18 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.– At seven thirty hours on the twenty-sixth of June, two thousand eighteen.– POSSESSORY INFORMATION proceedings promoted by [Nombre1] , of legal age, married once, identity card CED1 - - . Appearing in the process are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, resident of Alajuela, identity card CED2 - - , in her capacity as adjunct attorney general (procuradora adjunta); and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identity card CED3 - - , represented by its general judicial attorney-in-fact Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card CED4 - , bar association number twenty-one thousand three hundred forty-two. Acting as public defender for the promoting party is attorney Nubia Miranda Pérez, whose particulars are unknown in the case file. Processed before the Agrarian Court of Buenos Aires.– WHEREAS: 1.- The promoting party filed this possessory information proceeding so that, through this channel, the property described as follows may be registered in the Public Property Registry: “... land of scrubland (breñón) and mountains, located in the [Dirección1] , , Buenos Aires of the province of Puntarenas. It borders to the north, south, and west with Hacienda Leocona S.A. and to the east with the Sonador River; the property measures two hundred eleven thousand five hundred eighty-one meters and zero eight square decimeters...”, (see folios 6 front and back and virtual desk of the Agrarian Court of Buenos Aires, associated documents, first instance judgment incorporated on 01/26/2018 09:55:48).- 2.- The Office of the Attorney General of the Republic and the Institute of Rural Development appeared in the process, (folios 33 to 36 and 53).- 3.- Judge Jean Carlos Cespedes Mora, of the Agrarian Court of Buenos Aires, through judgment number 04-2018, at nine hours fifty-five minutes on the twenty-sixth of January, two thousand eighteen, resolved: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, established facts, and cited legal provisions, THESE Possessory Information proceedings promoted by [Nombre1] ARE DECLARED WITH MERIT. Consequently, and with an estimated value of four million colones, free of mortgage liens and annotations of any kind, the National Registry of Real Property shall be ordered to register in the name of [Nombre1] , the land described as follows: land of scrubland (breñón) and mountains, located in the [Dirección1] , , Buenos Aires of the province of Puntarenas. It borders to the north, south, and west with Hacienda Leocona S.A. and to the east with the Sonador River; the property measures two hundred eleven thousand five hundred eighty-one meters and zero eight square decimeters. All of the foregoing as adjusted to cadastral plan number P-1029393-2005. The area adjacent to the watercourses constitutes a protection area according to Article 33, subsections a) and b) of the Forest Law (Ley Forestal), therefore the pruning or elimination of trees is prohibited. The channel of these waters constitutes public domain property according to Articles 1, subsection IV) and 3, subsection III). The existing surface and subterranean waters on the property are the domain of the State. There is no order as to costs...”, (see virtual desk of the Agrarian Court of Buenos Aires, judgment incorporated on 01/26/2018 09:55:48).- 4.- Adjunct attorney general Lydiana Rodríguez Paniagua filed an appeal expressly indicating the reasons for which she refutes the lower Court’s thesis, (see virtual desk of the Agrarian Court of Buenos Aires, brief incorporated on 03/21/2018 07:27:29).- 5.- In the substantiation of the process, the legal prescriptions have been observed and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the ruling. Drafted by Judge Madrigal Pacheco, and CONSIDERING: I.- ESTABLISHED FACTS: The facts held as proven are endorsed as they are supported by the case file. The following facts are added: f) The land sought to be registered is, by its nature, scrubland (charral), at 37%, and secondary forest (bosque secundario) (mountain), at approximately 63% (cadastral plan in folio 2 and certification of compliant use of the lands, folio 13). g) The promoting party has protected the natural resource and has the property duly demarcated (certification of compliant use of the lands, folio 13, witness statements, and judicial inspection, folios 70 to 72).- II.- Adjunct Attorney General, Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, files the appeal alleging the following: I.- She states that it is established that the nature of the property is mountain and that, therefore, it is natural heritage of the State, at least since the Forest Law (Ley Forestal) of 1969, for which reason the title applicant should have demonstrated decennial possession (posesión decenal) exercised at least 10 years before such encumbrance, but did not do so. She indicates that the witnesses' statements do not demonstrate that decennial possession (posesión decenal) suitable for usucaption (usucapir). She accompanies her thesis with jurisprudential precedents and pronouncements from the Attorney General's Office. She requests the judgment be revoked and these proceedings be disapproved (incorporated 03/21/2018 07:27:29).- III.- The appellant is not correct in her grievance. After the enactment of the Forest Law (Ley Forestal) of 1969, the amendment to Article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias) was approved, which authorizes the titling of properties with forest (bosque), when it is demonstrated that the holder held the rights of decennial possession (posesión decenal) and has protected the natural resource, having the landholding demarcated and with fences or clean trails (Law No. 7575 of 1996). Regarding the application and interpretation of that article, this Tribunal has resolved: “The constitutionality of said norm and of the interpretation given at one time by this Tribunal was challenged on constitutional grounds, a petition that generated the issuance of vote of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 4587-97, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the norm, maintaining its validity. Given such a situation, the proper course in this case is to confirm what was resolved by the Judge, since the promoting party accredited compliance with the requirements set forth in that article, namely: decennial possession (posesión decenal), protection of the natural resource, and delimitation of the property by means of fences or clean trails” (Vote 573-F-09). Likewise, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) again rejected the consultation of unconstitutionality against Article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), that norm and its effects remaining valid (vote 1667 of January 27, 2010). Therefore, it is not a requirement to prove the decennial possession (posesión decenal) indicated by the Attorney General's Office for obtaining the registrable title, but rather only to demonstrate the carrying out of acts of protection during ten years and having the property demarcated; which is not only proven in the case file, but has not been challenged by the appellant. Furthermore, since the challenge to the witness statements is based on the premise that decennial possession (posesión decenal) must be demonstrated before 1969, this argument must also be rejected as it is linked to the indicated position, which this body considers erroneous. IV.- Therefore, the appealed judgment should be confirmed. THEREFORE: Judgment number 04-2018, of nine hours fifty-five minutes on the twenty-sixth of January, two thousand eighteen, is CONFIRMED.-