Res. 00484-2018 Tribunal Agrario — Titling within Nicoya Peninsula Protective Zone Requires Pre-Existing Decennial Possession and Compliance with Technical RecommendationsTitulación en Zona Protectora Península de Nicoya exige posesión decenal previa y acatamiento de recomendaciones técnicas

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00484 - 2018

Fecha de la Resolución: 31 de Mayo del 2018 a las 16:15

Expediente: 07-160080-0642-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Procedente cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación de área silvestre protegida y acatamiento de recomendaciones técnicas.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Procedencia de la información posesoria cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación y acatamiento de recomendaciones técnicas.

"III- El artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias estableció a partir de su entrada en vigencia el 13 de febrero de 1996 por reforma de la Ley Forestal N. 7575., la posibilidad expresa de titular terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas siempre que se demuestre la posesión diez años antes de la creación de esa zona en cualquiera de las categorías de manejo. Dicho artículo ha sido, en dos ocasiones, cuestionado ante la Sala Constitucional y se ha rechazado la declaratoria de su inconstitucionalidad dejando vigente así esa norma, sin que ningún órgano judicial pueda desconocer su vigencia. (ver última consulta constitucional en Sentencia N.01667 del 27/01/2010 de las 15:11: de la Sala Constitucional). [...] V - Sobre el agravio respecto a la naturaleza del terreno afectado a zona protectora y lo certificado en el estudio de suelos emitidos. Sobre las áreas silvestres protegidas, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En el caso concreto estamos ante un terreno que se piden titular, ubicado dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya -Sector Buena Vista creada por decreto ejecutivo N.22968-MIRENEM del 10 marzo de 1994. Lo que conlleva a entender que para poder ser inscrito debió acreditarse una posesión al menos desde el mes de marzo de 1984; lo que se probó acorde con lo expuesto en el considerando anterior. El decreto de creación indica en el artículo 5: "Los terrenos privados existentes en el área se considerarán parte de la Zona Protectora cuando el Estado las adquiera, mientras tanto los propietarios gozarán de todos los atributos del dominio". (negrita no corresponde al original). La categoría de manejo de Zona Protectora, se incorporó como tal en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías clasificas que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal numero 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía las ha definido como: " como terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “….aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a ésta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004). En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió: “El término de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc)” Estima esta sede, del estudio de las declaraciones testimoniales y las referencias normativas y técnicas de los estudios de suelo, al demostrarse que han sido acatadas no se concluye deba rechazarse el proceso. Pues con la conducta desplegada por el titulante se muestra el desarrollo del dominio apegado a lo que el técnico de suelos le ha recomendado a fin de dar un uso racional del recurso suelo, al eliminar las prácticas que si bien son tradicionales de la zona como lo es la ganadería no responden a una actividad acorde con la clasificación encontrada en ese sector de ese recurso. Como se citó, el fundo esta en un cincuenta por ciento dentro de la zona protectora aludida acorde con lo consignado en la certificación de folio 4. En el caso en estudio, en la certificación de uso de suelo del 8 de marzo del 2008 (folio 41 a 44) se anotó la presencia de Repasto en 5.65 hectáreas (16.97%), repasto y bosque en el sector B de 17.15 hectáreas (51.51) y Bosque en 2 hectáreas (6%, y en el sector Tacotal en 8.50 hectáreas ( 25.52 %). Se indicó que se ha ejercido el uso conforme de suelo en un 43% del terrenos y no en un 57%, ubicado en el sector B. Sobre esta última área se detalló que presenta erosión por degradación, al ser sometida a actividad ganadera extensiva. Fueron observadas huellas de ganado y cárcavas que conducen a la remoción del suelo. De igual forma se anotó que las áreas de protección de las nacientes tienen buena cobertura forestal, que debe ser ampliada al área del artículo 33 de la Ley Forestal 7575. Agregó, se evidenció una zona de dos hectáreas de bosque que protege la naciente. Se recomendó la eliminación de la actividad ganadera del sector B y dejarlo en regeneración natural forestal a fin de favoreces la captación de aguas de la quebrada Burío que esa afluente del Río Ario. Que es la actividad más acorde con las características de esa zona B clasificada como VI dadas las fuertes pendientes y mantener las áreas de protección de los cuerpos de agua. Posterior a ese informe se realiza el reconocimiento judicial (folio 94) del 12 de noviembre del 2008. Donde se anotó que es un fundo de topografía irregular con pendientes pronunciadas en algunos sectores donde no han sido desarrolladas actividades agrícolas dada su condición escarpada. Se apuntó que donde discurre la Quebrada Burío que esta protegida. Se describe como finca mayormente de potreros dividida por apartos salvo la parte central donde se ubica una zona montañosa y una naciente con abundante vegetación, al igual que sobre las quebradas que le atraviesan y con las que colinda la finca. De este reconocimiento de observa que las quebradas y nacientes han sido protegidas con vegetación forestal. Por auto de las 14:30 horas del 12 de noviembre del 2008, se indica por el despacho de instancia que dadas las observaciones de la representante de la Procuraduría se esta en anuente a someterse a las recomendaciones técnicas del Certificador de Suelos (folio 97). Lo que contesta afirmativamente por memorial de folio 100. Nuevamente se aporta Certificación de Uso de Suelos del 5 de mayo del 2008 (folio 107 a 109), dos meses después del anterior, donde aún no se certifica el uso conforme de suelos. Luego de ello se adjunta un nuevo estudio de suelos fechado en setiembre del 2013, donde se denota una diferencia respecto a las condiciones del inmueble del primer y segundo informe. En tal se certifica un uso conforme de suelo sobre el cien por ciento del fundo. Y se muestra un cambio en los usos del terreno a silvopastoril, reforestación, bosque secundario, charral y tacotal. Se mencionó en las Observaciones del documento es finca con carga silvopastoril de media a baja intensidad de 0.5 a 1.5 de animales por unidad de área, que corresponden a pastos mezclados con gran cantidad de especies forestales de la zona (Roble Sabana, Laurel, Pochote), que es una gran cantidad de biomasa aprovechable. Aunado a que el propietario inició un proyecto de reforestación con teca a fin de restablecer las áreas no aptas para la ganadería. Se indica en lo de interés, en el sector D al no poder destinarse a ganado y solo a la conservación desde hace varios años se dejó esa actividad y se destinó a conservación para la regeneración natural, con la presencia ya de charrales altos altos y tacotales que conducen a estadios sucesionales iniciales de bosque secundario con el objeto de proteger el agua, suelo, flora y fauna. En el sector E, se afirma que aun y cuando por años la actividad fue de ganadería se presenta el área donde se desarrollará la reforestación con Teca a fin de aumentar el área de reforestación y ser la parte de mayor pendiente y aún contiene pastos. Agrega, en las zonas donde se sitúa recurso forestal dentro de la propiedad, es una muestra de la conservación con recursos propios del titulante. Como recomendación se anota que el Sector D debe ser sometido a reforestación como ya se hizo en el B, o dejado naturalmente a recuperación como se hace a la fecha. Zona que se ha delimitado con cerca de alambre y en el sector E con reforestación con Teca. Se indica que las áreas boscosas que han sido conservadas, así deben permanecer y cerrarlas con delimitaciones físicas a fin de que no ingrese el ganado. Para este Tribunal, con el contenido del documento citado, se tiene por acreditado el uso conforme de suelo en toda el área de la parcela del titulante, aún la que se encuentra fuera de los límites de la Zona Protectora, pues así se certificó. Señala la apelante, que no es posible tener por demostrada la posesión en resguardo de los recursos naturales en virtud de lo encontrado en el uso conforme de suelos ya citados y que la condición del dominio debió haber sido acreditada durante todo el periodo necesario para obtener el título. Es criterio de esta Cámara se probó con las declaraciones testimoniales ya referidas, que el uso de ganadería de la finca proviene desde que ese terreno no formaba parte de la categoría de manejo a la cual pertenece en un cincuenta por ciento y que se usucapió en esas condiciones en 1994, antes de la afectación con la creación de la Zona Protectora en cuestión y de la emisión de la Ley de Manejo Uso y Conservación de Suelos y su reglamento. Se demostró que desde las décadas de los años 60 y 70 su original poseedor [Nombre1]  tenía actividad ganadera. La afectación ocurre en 1994, y más bien indican los testigos se bajó la intensidad de mantenimiento de semovientes. Como se menciona supra, las regulaciones de uso manejo y conservación de suelos corresponden a la década de los 90. La Ley 7779 es del 30 de abril de 1998, al igual que su reglamento. Por ello no es posible pretender su aplicación técnica retroactiva a fin de demostrar una posesión ecológica . Por otra parte, el titulante se ha sometido a las recomendaciones técnicas de los expertos en la gestión del recurso suelo y lo encontrado en el [Dirección1]  de la finca, en el primer informe de suelos, no implica deban ser rechazadas estas diligencias por ser una actividad desarrollada desde hace décadas en la heredad, que siempre se ha destinado a la ganadería y pastoreo, según lo manifiestan los testigos citados. Las regulaciones del uso y manejo de suelos, son de reciente vigencia; no debiendo castigarse a los dueños de inmuebles, por el uso dado por sus antiguos poseedores por costumbre o cultura a los fundos, sin que esto implique los dueños y dueñas de terrenos, estén exentos del cumplimiento de las recomendaciones giradas por los entes competentes y el respeto al recurso suelo, que es de frágil gestión. En este caso, el titulante se ha sometido a las recomendaciones técnicas dadas por la persona que hizo el estudio de suelos que le certificó el uso conforme al cien por ciento. Cabe citar, el cumplimiento de la normativa y recomendaciones técnicas en el uso y gestión del recurso, son de acatamiento obligatorio. Haciéndose responsables del daño ambiental que pudiera causarse por el uso irracional de este recurso, lo que debe tener claro el titulante de estas diligencias y seguir lo recomendado en el estudio de suelos mencionado. Aunado al necesario acompañamiento y fiscalización que las autoridades ambientales competentes deben ejercer por obligación legal. Se reitera, para el año 1994, ya la persona poseedora había obtenido el derecho de usucapir y en esa fecha aún no había sido emitida la Ley de Manejo Uso y Conservación de Suelos. Al respecto este Tribunal ha resuelto: " IV. El Tribunal en resolución Nº459-F-06 de las 16 horas 15 minutos del 11 de mayo de 2006 analizó el tema de ejercicio conforme de la posesión con relación a la certificación que expide el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de la siguiente forma: "Analizada la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998, se tiene en dicha normativa no se exige como requisito para titular por medio de Información Posesoria, el que se efectúe el estudio de suelos a fin de verificar si se cumple o no con el uso conforme del suelo, mucho menos que se deniegue el reconocimiento del derecho de propiedad si no se ejerce actualmente la posesión conforme al uso que debe tener el suelo. De acuerdo a lo anterior, no lleva razón el ente estatal de que dicho requisito está contemplado en ese cuerpo legal. Lo que sí ocurre es que en el Decreto N° 29375-MAG-MINAE-H-HACIENDA-MOPT del 8 de agosto del 2000 mediante el cual se promulga el Reglamento a dicha ley, en su artículo 58 se dispone: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá demostrar con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley N° 7779 y este Reglamento", siendo que el artículo 173 de ese Reglamento dispuso que el mismo regiría a partir de su publicación. IX. Es menester indicar, antes de entrar en vigencia el Reglamento que exige ese requisito (publicado en La Gaceta No 57 del 21 de marzo del 2001), ya el promovente había obtenido la usucapion sobre el terreno de marras, toda vez tal y como se indicó anteriormente, la posesión ejercida personalmente por la trasmitente [Nombre2]   data desde mil novecientos setenta y seis. X. En el antecedente jurisprudencial de la Sala Constitucional citado, se infiere claramente como principio que LA PROPIEDAD SE ADQUIERE CUANDO SE CONSOLIDA LA USUCAPION, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE INSCRIBE O NO EL INMUEBLE, TODA VEZ LA TITULACION ES SIMPLEMENTE UNA FORMALIZACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD. XI. Bajo esta inteligencia, no es posible aplicar retroactivamente el Reglamento en perjuicio de derechos ya adquiridos, toda vez al haber estado consolidado el derecho de propiedad a la fecha en que se incorpora vía reglamentaria el requisito del uso conforme del suelo, no es procedente exigirle al promovente demostrar que los actos posesorios en que pretende basar su titulación han sido conformes a esa nueva normativa. Nótese cuando se consolidó la usucapion que dió origen al derecho de propiedad, la trasmitente de la promovente había ejercido los actos posesorios conforme a los requisitos para adquirir el dominio vigentes en ese momento. XII. Ahora bien, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998, establece en el artículo 6 inciso a) como una de las funciones específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería el "fiscalizar, evaluar y realizar, cuando lo considere necesario, los estudios básicos de uso de la tierra para definir los de uso agrícola, acatando los lineamientos de la legislación vigente en materia de ordenamiento territorial", y el artículo 41 establece: "Toda persona física o jurídica, pública o privada, estará obligada a fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, la conservación y recuperación de suelos. Por tanto, es obligatorio cooperar y acatar la medidas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, dicte con el fin de manejar, conservar y recuperar el recurso suelo". Asimismo el artículo 45 dispone que "es obligación de las personas físicas y jurídicas, propietarias o poseedoras de terrenos de aptitud agrícola, permitir el ingreso de los técnicos autorizados por el Comité del Area o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que verifiquen el mantenimiento de las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos". Asimismo el artículo 51 dispone que "quien por acción u omisión, atente contra lo dispuesto en la presente normativa, incluso contra las finalidades y los objetivos señalados en los capítulos I y II de esta ley, incurrirán en las acciones que tipifique la legislación penal y sancionatoria vigente. Igualmente, se aplicará la legislación administrativa correspondiente en las faltas que impliquen violación de las normas administrativas que protegen de estos hechos a los bienes públicos o privados y que sancionen a los infractores". XIII. Bajo este orden de ideas, es evidente que al aprobarse la información posesoria, no implica que las entidades públicas del caso (Ministerio del Ambiente y Energía o Ministerio de Agricultura y Ganadería) no puedan dar seguimiento a este caso concreto a fin de lograr que se cumplan los objetivos y alcances de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, aplicando los procedimientos que correspondan. XIV. Lo anterior resulta de esa manera porque no es dable denegar la titulación del inmueble por el hecho de que no se cumpla en su totalidad actualmente con el uso conforme del suelo, ya que tal y como se explicó, mediante este procedimiento de información posesoria lo que se hace es reconocer un derecho de propiedad ya consolidado. Interpretar lo contrario implicaría prácticamente la denegación de un derecho de propiedad preexistente por no cumplirse con una disposición reglamentaria que puede ser cumplida a través de los mecanismos administrativos previstos por la ley". De la lectura del amplio criterio vertido por esta Sede, es claro, que no se puede exigir un requisito con respecto al manejo del suelo, cuando al momento de entrada en vigencia de la ley objeto de análisis ya había usucapido. En este asunto la parte promovente más la sumada por sus anteriores transmitentes suman sobradamente ese plazo, véase al respecto las declaraciones de [Nombre3]  , [Nombre4]    y [Nombre5]   (folios 35 a 38). Los deponentes fueron contestes en afirmar conocer el inmueble y explican de manera detallada la cadena de transmitentes, con lo cual se denota, para la entrada en vigencia de la ley de cita y su reglamento ya se había consolidado el derecho de propiedad que se opone en estas diligencias. Nótese, en el subjúdice, la certificación expresamente indica que se ha ejercido conforme la posesión, por lo que el requisito se cumple. También se nota, el profesional encargado de hacer el trabajo de campo y extender el documento recomendó: "Liberar de la actividad ganadera el sector A de la finca, tal y como se describe en la declaración jurada adjunta". De ello es claro, el seguimiento y fiscalización le corresponde al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien tiene la obligación de acuerdo a la legislación. Imponer un nuevo certificado como lo pide la representación estatal, es contrario a los requisitos que establecidos por la legislación y podría lesionar derechos fundamentales de acceso a la justicia de los administrados. Como se explicó en líneas anteriores, el uso conforme se probó por parte de la entidad promovente y por ello, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto." (voto 078-F-09) En otro orden, tampoco resulta de recibo el argumento de apelación de que se aprobó con un proyecto de reforestación futuro, pues se certificó que en el terreno ya existen las delimitaciones respectivas de las zonas a reforestar. De necesaria atención es resaltar que la prohibición técnica de ganadería no lo es sobre todo el terreno, sino en las zonas ya identificadas en el campo y delimitadas que deben dedicarse a la regeneración natural o bien a la reforestación con plantación por el titulante. Ello se deduce del contenido de último Estudio de Suelos, donde se menciona el proceso ya arrancó, sin que la recurrente aportara prueba alguna que lo desvirtuara (artículo 317 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). VI- [...] No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N.144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respecto del uso del suelo con las correcciones que acató, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso hídrico alguna.

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Texto de la resolución

Firmar Documento *

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EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACION POSESORIA




PROMUEVE:

	

JOSÉ NÚÑEZ NÚÑEZ

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VOTO N°* 484-F-18*

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TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas y quince minutos del treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho.-*

* * * * * * * * *  * * * * * * * * *  PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]  , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Paquera, Puntarenas, cédula de identidad CED1 -    -   . Intervienen como partes la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la licenciada* Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad CED2 -    -   , en su condición de procuradora,* y el* INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula* jurídica* CED3 -    -       - , representada por su apoderada general judicial* Marjorie Mayela Madrigal* Muñoz, mayor, casada, Abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula CED4 -    -  . Actúa como apoderada especial judicial de la parte promovente, el licenciado Juan Carlos Fonseca Herrera, carné uno dos cero uno cinco. Tramitado ante el* Juzgado Agrario de Puntarenas.-*

RESULTANDO*

* * * * * * * * *  1.- La parte promovente interpuso el presente* proceso de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad una finca* que se describe así:* "NATURALEZA: repasto* y tacotal,* SITUADO: provincia de Puntarenas, cantón primero,* Puntarenas, Distrito [Dirección1],* LINDEROS: NORTE: Tronco Negro Vista Hermosa* S.A., [Nombre2]   y [Dirección2] ,         ;* SUR: [Nombre3]   , [Nombre4]   y* Cabo Norte de Santa Teresa S.A.;* ESTE: [Nombre3]    y [Nombre5]     ;* y OESTE: Cabo Norte de Santa Teresa* S.A, MIDE: trescientos treinta y ocho mil* seiscientos ochenta y seis metros cuadrados,* PLANO CATASTRADO: P - uno ocho dos tres cero seis cinco - dos cero uno cinco (1823065-2015).", (folios 21 a 23 y 243 a 244).-*

* * * * * * * * *  2.-* * La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos visibles a folios 52 a 54; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural, se apersonó al proceso en los términos visibles a folio 63 y 274.-*

* * * * * * * * *  3.-* La jueza Edith Brenes Quesada, del Juzgado Agrario de Puntarenas, mediante la sentencia* N° 2018000030 de las* diecisiete horas y treinta y seis minutos del veintiuno de marzo de dos mil* dieciocho, resolvió: “POR TANTO: "De acuerdo a lo expuesto y citas de ley, SE APRUEBAN las presentes* diligencias de información posesoria, trámite que cumplió apegado a la Ley de* Informaciones Posesorias número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil* novecientos cuarenta y uno, sus reformas y adiciones, y la Ley de Jurisdicción Agraria* número seis mil setecientos treinta y cuatro del veinticinco de marzo de mil novecientos* ochenta y dos y sus reforma.- En consecuencia: Libre de gravámenes y cargas reales* y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, proceda el Registro Público Sección* Registro Inmobiliario, inscribir por partes iguales y a nombre d [Nombre1]  ,* cédula de identidad CED5, el siguiente fundo sin inscribir, descrito en el plano* catastrado número P-UNO OCHO DOS TRES CERO SEIS CINCO DOS MIL QUINCE* (1823065-2015), con fecha del veintitrés de octubre de dos mil quince, el cual* corresponde al terreno situado en la provincia de Puntarenas, [Dirección3] ,* Puntarenas, [Dirección4] , cuya medida es de trescientos treinta y ocho mil* seiscientos ochenta y seis metros cuadrados; su Naturaleza es terreno de repasto* y tacotal y tiene los siguientes linderos: al al NORTE: Tronco Negro Vista Hermosa* S.A., [Nombre2]   y [Dirección5] ,          al SUR: [Nombre3]   , [Nombre4]   y* Cabo Norte de Santa Teresa S.A. al ESTE: [Nombre3]    y [Nombre5]      y al OESTE: Cabo Norte de Santa Teresa* S.A.- El proceso se estimó en la suma de DIEZ MILLÓN DE COLONES. El inmueble* queda afecto a las reservas en cuanto al derecho de vía de las calles públicas,* conforme lo dispone el artículo cuatro de la Ley General de Caminos Públicos y* diecinueve inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias.- Asimismo al ser una área* que se encuentra dentro de una zona protectora queda afectada a las limitaciones de la* Ley Forestal Nº 7575, por lo que queda prohibida la corta o eliminación de árboles en* ese sector (artículos 33 y 34), además el cauce, las aguas y la naciente de la quebrada* sin nombre así como quebrada Burio esas corrientes y demás aguas superficiales y/o* subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público y no forman parte de la* finca (Ley de Aguas, artículo 1 inciso IV y 3 inciso III).- Una vez firme esta resolución y* a solicitud de la parte interesada, expídase la ejecutoria correspondiente.",* (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, documento asociado en fecha* 21/03/2018 a las 17:36:24).-*

* * * * * * * * *  4.- La licenciada Susana Fallas Cubero, en su condición de procuradora, interpuso recurso de apelación* con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, escrito incorporado en fecha 03/04/2018 a las 9:32:17).-*

* * * * * * * * *  5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- *  *

* * * * * * * * *  Redacta la jueza Castro García;y,*

CONSIDERANDOS:*

* * * * * * * * *  I-Hechos probados.* * Se avalan los hechos probados de la sentencia recurrida por contener prueba que les da sustento.  *

* * * * * * * * *  II- El ente procurador interpone recurso de apelación (escritorio virtual/ escritos/fecha  03/04/2018 09:31:50)* contra la sentencia N. 2018000030 de las 17:36 horas del 21 de marzo del 2018 (expediente digital/ documentos/fecha 21/03/2018 17:36:24). Como reproches invoca: 1) Se pretende titular un fundo ubicado dentro de la Zona Protectora* Península de Nicoya, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 22968-MIRENEM (vigente* desde el 10 de marzo de 1994). * En el escrito inicial y copia de la escritura No. 409, el* promoverte adquirió en el año 1987* de [Nombre6]  . Reprocha, * esto no coincide con las declaraciones testimoniales, según las cuales la* transmisión fue en 1983. El declarante [Nombre7]   manifestó que el* titulante adquirió de [Nombre8][Nombre8] . Reclama, en la sentencia recurrida se soslayan esas falencia de la prueba testimonial, cuando se señala por ellos que la fecha de compra es de "referencia", no obstante. Pero de las declaraciones no se extrae una fecha similar a la del documento de traspaso. Estima que no se justifica * el motivo por el cual se tiene acreditada * * la cadena de* transmisión. Menciona, es criterio del Tribunal Agrario debe existir congruencia entre las* declaraciones testimoniales y los documentos aportados, como para dar validez a la posesión transmitida y para que merezcan la* credibilidad del juzgador. Cita diversos al respecto. 2) Existe una falta de correspondencia entre la cabida y * los linderos naturales del inmueble de este proceso: 33 hectáreas 8666 metros cuadrados. [Nombre9] al * norte en parte con quebrada sin* nombre; al oeste con quebrada [Dirección6] y [Dirección7] , ambos en parte. En la escritura CED6.  se describe una cabida de 45 hectáreas. Colinda al norte solo con [Nombre10] ; al oeste * [Nombre11][Nombre12][Nombre13]  y [Nombre14] . Lo que * Impide establecer una* identidad entre los terrenos y aprovechar esa escritura como documento de traspaso. Transcribe parcialmente diversas sentencia de esta Sede. Afirma, no se analiza adecuadamente este punto y se omite * mención sobre la falta de coincidencia entre los linderos naturales, y carece de* fundamento la presunción de que la diferencia de cabida se explica por el desconocimiento de la medida exacta.* 3)* Acusa se probó que a lo largo de la ocupación* sobre el inmueble, no se había procurado un ejercicio tendiente a la protección de los* recursos naturales a desarrollarse * en los bienes situados * dentro de las áreas* silvestres protegidas como en este caso, y lo hizo hasta hasta que le fue requerido por el* Despacho. Cita parte de voto del Tribunal. Expone, la protección ambiental se debe desplegar durante todo el tiempo* de posesión hasta el presente. No alentarse se limite al periodo durante el cual* se tramita el proceso. Aduce, en autos constan * tres certificaciones de estudio de uso del* suelo. La primera visada el 13 de marzo del 2008, que certificó un uso no* conforme en un 57% del terreno, debido a que en el sector B* * que corresponde a ese* porcentaje de terreno en una unidad de manejo W, tiene erosión severa 'que evidencia la fuerte degradación de esta unidad de manejo, cuando la misma es sometida a la actividad ganadera extensiva.." . Agrega, se consignó que la cobertura forestal de las* nacientes no cumple con lo establecido en la Ley Forestal, artículo 33 y refiere a las observaciones del documento. Reprocha,  el Decreto NO. 23214-MAG-MIRENEM del 13 de abril de 1994,* establece sobre la* unidad de manejo VI: "* las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la producción forestal, así  como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos últimos* requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos yaguas ... * ". Indica, el mismo estudio recomendó "eliminar la actividad ganadera en el sector B y* dejar esos terrenos en regeneración natural forestal. Señala, en la segunda certificación del 15 de mayo del 2008,  2* meses después de la primera, indica que el uso no conforme pasó a ser en el 91.1% de la propiedad, determinándose el uso de pasturas en todo ese porcentaje, que evidencia " síntomas severos de erosión con la presencia de trillos de 30 a 40 centímetros de profundidad y algunas pequeñas cárcavas"* (apartado de observaciones en folio 107). Se recomendó en* todo ese sector 'eliminar la actividad de pastoreo" (follo 108. Argumenta, de ese 91.1%, el 57.18% corresponde a la unidad de manejo va cuyas* limitaciones citó líneas arriba, y el restante 33.91% corresponde a la unidad de* manejo VII, que tiene limitaciones tan severas que sólo permiten el manejo del bosque natural primero o secundario (Decreto No.* 23214-MAG-MIRENEM). Agrega, a pesar de lo anterior, en la tercera certificación del 22 de octubre* del 2013, se consignó que aún se realiza actividad ganadera, pues al menos en el* 60% tiene un uso actual silvopastoril con una carga Importante de animales,* incumpliéndose la recomendación dada por el Departamento de Servicios Técnicos del* INTA. Pero de forma extraña se certificó un uso conforme en todo el área, basándose además* en actos que no se han realizado (siembra de árboles para el* próximo año según las recomendaciones. Esboza, en el estudio con fecha 15 de mayo del 2008 (el segundo certificado), se consideró que un 33.91% del área tiene pendiente escarpada y el resto* una pendiente fuertemente ondulada, pero curiosamente en el tercer estudio se habla de apenas un* 15% de superficie es de condición escarpada (sea menos de la mitad), y otros sectores son* tierras onduladas moderadamente y fuertemente onduladas. Hace qué, el plano No. P-1823065-2015 del 19 de mayo del* 2015, describe casi la totalidad del terreno como repasto y según certidicado de uso de suelo * en sectores donde* el tercer estudio de uso del suelo calificaba como reforestación, bosque* secundario y en el sector E, donde se Iba a efectuar la supuesta futura reforestación con teca* (que consta en mapa adjunto al estudio). Menciona, el Decreto No. 23214-MAG-MIRENEM* no recomienda la plantación de la especie teca en relieves fuertemente* ondulados, como en el caso de esa zona E. Aduce, * las prácticas ejercidas sobre de terreno se contraviene lo establecido en el* artículo 102 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto* Ejecutivo No. 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT  * * * * * * * *  que reza: "Los propietarios, arrendatarios o poseedores de tierras por cualquier título tienen la obligación * de realizar el manejo de sus fincas, según la mejor tecnología disponible para prevenir la degradación, erosión y contaminación de suelos y aguas ". Reprocha, este Tribunal Agrario ha analizado que el ejercicio de un uso conforme del suelo* antes y después de la creación del área silvestre protegìda es requisito pan garantizar la* adecuada protección de los recursos naturales, que a su vez es presupuesto para titular * y* que la actividad ganadera no es compatible con la conservación. Hace notar, los testigos confirmaron que el terreno es dedicado a la ganadería y* repastos. Acusa, en la pieza apelada no se analizan todos los aspectos expuestos en* este tema que se habían reclamado y se limitó el a quo a tomar como referencia solamente el último de los estudios. Sin ver el tema de la desprotección de los recursos que se ha* dado en el terreno que se quiere titular. Solicita se revoque la sentencia y se deniegue el proceso. *

* * * * * * * * *  III- El artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias estableció a partir de su entrada en vigencia el 13 de febrero de 1996 por reforma de la Ley Forestal N. 7575., la posibilidad expresa de titular terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas siempre que se demuestre la posesión diez años antes de la creación de esa zona en cualquiera de las categorías de manejo. Dicho artículo ha sido, en dos ocasiones, cuestionado ante la Sala Constitucional y se ha rechazado la declaratoria de su inconstitucionalidad dejando vigente así esa norma, sin que ningún órgano judicial pueda desconocer su vigencia. (ver última consulta constitucional en Sentencia N.01667 del * 27/01/2010 de las 15:11: de la Sala Constitucional). Sobre la posesión, el representante de la Procuraduría General de la República apela, las declaraciones de las  personas testigas no resultan útiles a fin de demostrar la posesión ejercida por el promovente y sus transmitentes. Reprocha, debido a contradicciones con el escrito inicial. la escritura de venta aportada  y lo declarado por los testigos, donde no existe coincidencia de la fecha de adquisición del inmueble por el titulante. Consta que en audiencia de recepción de prueba del 11 de noviembre del 2008 (folio 91), se levantaron actas de las declaraciones testimoniales * de [Nombre15]   (folio 91), [Nombre7]   (folio 92) y [Nombre16]   (folio 93). El testigo [Nombre17]   declaró tener 63 años y conocer el fundo desde hacía 40 años. Explica, le pertenecíó a [Nombre6]   que lo traspasó al promovente 25 años antes aproximadamente. [Nombre5], se dedicaba a ganadería en mayor intensidad en el pasado, y ahora en menor escala. Se ha mantenido cercada y contiene una naciente veranera en donde se ubica una "montañita" que se ha mantenido siempre para preservarla. Existe una casa donde habitó el promovente con su familia. Afirmó nunca supo de conflicto por la posesión del fundo, que ha sido pacífica y se le reconoce al titulante como el dueño.  Este testimonio describe una cadena posesoria de forma contínua desde el año 1968 dado lo indicado en cuanto el conocimiento de la parcela, primero a favor de [Nombre6]  y en  forma posterior [Nombre1]  (promovente). Aunado a lo anterior, se indicó que ha sido desarrollada por esas dos personas actos de ganadería y conservación de naciente y cobertura boscosa e indicando que la actividad ganadera era en menor intensidad que en el pasado.  El testigo [Nombre16]  , declaró conocer el fundo desde hacía 40 años (1968), época en que la finca le pertenecía a [Nombre6]  quién se la transmitió a [Nombre1]  que la ha poseído por 25 años en forma aproximada. Señalo el uso dado en el pasado era en parte pastos y cultivo de arroz, frijoles y maíz. Indicando que actualmente solo pastos y la conservación de la montaña existente. Con casa de habitación de antigüedad  y debidamente delimitada la parcela. Citó, no existen nacientes pero hay dos quebradas pequeñas. Se da mantenimiento de chapia malezas en los pastos y se ha conservado la parte de montaña. Cita, desconoce de problema alguno en virtud de la posesión que ha sido pacífica siempre y en la comunidad se le reconoce como dueño al titulante. Para este Tribunal este testigo coincide con lo indicado con el anterior en cuanto el dueño hace 40 años lo fue [Nombre6]  que lo transmitió a [Nombre18]  25 años antes. Igualmente que se ha ejercido una posesión pacífica y pública, dado que se reconoce como le dueño al actual titulante. Sobre los actos desplegados señala se ha dedicado a pastos y la conservación de los cuerpos de agua que califica como quebradas pequeñas. Ahora bien, el testigo [Nombre7]   afirmó  conocer el terreno 35 años, por visitar a [Nombre1]  y su familia en virtud de ser Testigo de Jehová y frecuentarlo. Citó, cuando conoció al finca le pertenecía a [Nombre6] , y luego paso a manos de [Nombre8] . Posteriormente señala que se adquiere por el titulante hace unos 25 años. Describió que se dedicó ese terreno a repastos, arroz, frijoles y actualmente a repastos.  Finca cercada, con casa de habitación,  que ha estado ocupada. NO ha visto nacientes pero si unas "quebradillas" dentro. Se da asistencia a la finca con chapias y se conserva la parte montañosa. Nunca se ha percatado de problemas por la posesión, que ha sido pacífica y se le conoce en la población al promovente como el dueño. Este testigo coincide en todos los aspectos declarados con los anteriores, salvo que incorpora en la cadena posesoria a una persona que identificó como [Nombre19]  que no fue citado por los otros dos declarantes.  Cabe reiterar que al estar inmersa la finca dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya-Sector Buena Vista por decreto N. 22968-MIRENEM del 10 de marzo de 1994 y acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se debe acreditar una posesión en respecto de los recursos naturales al menos 10 años antes de la creación de esa área silvestre protegida. Es decir, se debe acreditar una posesión idónea anterior al año 1984. * Analizadas estas declaraciones, observa este Tribunal que los tres testigos son coincidentes y congruentes en describir una posesión idónea para titular que data de un periodo mayor al decenal antes de 1984.  Cumpliendo con la exigencia del artículo 7 ibídem respecto del tiempo a demostrarse en posesión en caso de ubicarse el fundo a titular dentro de un área silvestre protegida o con terrenos boscosos. Tema a desarrollarse adelante dado lo apelado.  *

* * * * * * * * *  IV- Sobre el agravio segundo del apelante que ataca contradicciones de lo declarado por los testigos, el contenido de las escritura pública aportada y manifestaciones del período de posesión del titulante. Analizadas las declaraciones testimoniales vertidas en este proceso ya citadas en el considerando anterior, se procede a contrastarlas con las manifestaciones del escrito inicial y la escritura pública de adquisición  a fin de verificas las contradicciones acusadas por el ente apelante. En el escrito inicial (folio 21),  se indicó por [Nombre1]  e poseedor de terreno sin inscribir que [Nombre9] al norte con [Nombre20]   y [Nombre21]  , al sur con  [Nombre22]   y el titulante, al este con [Nombre23]   y [Nombre24]  y al oeste con [Nombre1]   y [Dirección8] . Canbida de 33 hectáreas 3.338, 01 metros cuadrados y con plano P-845422-1989 del 309 de agosto de 1989 a nombre del promovente. Describe ha poseído de buena fe el fundo a partir de la compra suscrita en escritura publica n. 409 de las 09:00 horas del 13 de octubre de 1987 que aportó. Es el único propietario. Aclara luego que adquiere de [Nombre6]   (memorial a folio 29).  La escritura citada (folio 27 y 28) contiene un contrato de venta de posesión y mejoras del 13 de noviembre de 1987, en donde [Nombre6]   le transmite a [Nombre1]   la finca sin inscribir que es terreno de pastos, charral y montaña. Sito en Dulce Nombre de Paquera, [Dirección9]     de la provincia de Puntarenas. [Nombre9] al norte con [Nombre10] , al sur [Nombre1] , al este con [Nombre21]  y al oeste con [Nombre13]  y [Nombre25]  en parte. Con medida aproximada de 45 hectáreas. Indicándose que ambas partes renuncian a reclamos futuros por exceso o disminución de área. Manifestó el vendedor que por este acto vende la posesión ejercida por un espacio mayor a los diez años en forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño. Para este Tribunal sobre las disconformidades respecto de la cadena posesoria entre lo citado por los testigos, el escrito inicial y la escritura ha de denegarse lo apelado. El contrato de venta a título oneroso se muestra coincidente con la cadena posesoria descrita por los testigos, en cuando se poseyó la heredad por [Nombre6]  desde el año 1968 para [Nombre15]  y [Nombre16]  dado su conocimiento del fundo 40 años antes de su declaración y desde 1973 por el testigo [Nombre7] . Los dos primeros testigos citan como el primer poseedor a [Nombre6]  y que éste le transmite hacia 25 años a [Nombre1]   (sea aproximadamente en 1983). Por su parte, [Nombre7]  menciona también como el primer poseedor a [Nombre6]  y luego a una persona que identifica como [Nombre19]  no mencionado por los otros dos, pero indica también que hace 25 años adquiere [Nombre1]  . Esta situación no conlleva a desvirtuar que la cadena de posesión ha sido continua desde 1968 hasta la actualidad, y que [Nombre6]  fue el primer poseedor identificado. El hecho de que ese tercer testigo nombre a otra persona no afecta, en vista de la valoración integral de la prueba que se entienda el terreno no ha estado sometido a posesión. Pues todos son contestes en las fechas aproximadas y las personas que ha ejercido el dominio sobre el sitio en cuestión. (ver voto voto 874-F-08). En abono a lo anterior, se tiene que la escritura de venta de [Nombre6]  al titulante se otorga en el años 1987 y acorde con lo depuesto por los declarantes, refieren a que el promovente compra 25 años antes de su declaración, lo cual refleja una fecha aproximada correspondiente a 1983. Por lo que en aplicación del sistema de libre valoración probatoria del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y las reglas de la sana crítica racional se da un periodo aproximado por los testigos, que si bien no es exacto la diferencia de cuatro años no resta credibilidad y validez a su testimonio y con [Nombre8] se entiende que se comprueba la cadena posesoria y las fechas cercanas del ejercicio de la posesión que es de vieja data. Por lo que se rechaza el agravio de las disconformidades apuntadas en las piezas del expediente, respecto a los periodos de adquisición de la finca. Por lo que, al amparo del análisis integral y acorde con las reglas del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, estima este Tribunal que de lo descrito por las personas testigas se nota que efectivamente el plazo de posesión material del promovente data de más de diez años anteriores a la creación del área silvestre protegida que afecta parcialmente la finca que se solicita titular.  Ello se deduce de lo citado en cada deposición. No entiende esta Cámara medie una contradicción real en cuanto a la cadena posesoria que describen los testigos pues fueron claros en sus afirmaciones, sin que se contradijeran entre ellos. La escritura de venta descrita se aportó y se hace constar por el promovente el título de adquisición. Cuyo contenido coincide con lo indicado por los testigos ya valorados, cuando refieren a una posesión real y material del promovente en el terreno ejerciendo actos de cultivo, mantenimiento y conservación del recurso forestal existente. Por lo que al haberse aportado el documento de venta  a efectos de aprovecharse la posesión de los transmitentes, al tenor del ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, se tiene por probada y puede ser aprovechada. Se rechaza el agravio del ente procurador. * * * * * *  *

* * * * * * * * *  * V - Sobre el agravio respecto a la naturaleza del terreno afectado a zona protectora y lo certificado en el estudio de suelos emitidos.  Sobre las áreas silvestres protegidas, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae * en el MINAET su administración, manejo  y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. * El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente* sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, * Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales.* Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas,* sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." * En el caso concreto estamos ante un terreno  que se piden titular, ubicado dentro de la Zona Protectora Península  de Nicoya -Sector Buena Vista creada por decreto ejecutivo N.22968-MIRENEM del 10 marzo de 1994. Lo que conlleva a entender que para poder ser inscrito debió acreditarse una posesión al menos desde el mes de marzo de 1984; lo que se probó acorde con lo expuesto en el considerando anterior. El decreto de creación indica en el artículo 5: "Los terrenos privados existentes en el área se considerarán parte de la Zona Protectora cuando el Estado las adquiera, mientras tanto los propietarios gozarán de todos los atributos del dominio".* (negrita no corresponde al original). La categoría de manejo de Zona Protectora, se incorporó como [Nombre8] en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías clasificas * que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal numero 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía las ha definido como: " como terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969  derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “….aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a ésta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la  Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004).* En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió:* “El término de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc)”.* Estima esta sede, del estudio de las declaraciones testimoniales y las  referencias normativas y técnicas de los estudios de suelo, al demostrarse que han sido acatadas no se * concluye deba rechazarse el proceso. Pues con la conducta desplegada por el titulante se muestra el desarrollo del dominio apegado a lo que el técnico de suelos le ha recomendado a fin de dar un uso racional del recurso suelo, al eliminar las prácticas que si bien son tradicionales de la zona como lo es la ganadería no responden a una actividad acorde con la clasificación encontrada en ese sector de ese recurso.  Como se citó, el fundo esta en un cincuenta por ciento dentro de la zona protectora aludida acorde con lo consignado en la certificación de folio 4. En el caso en estudio, en la certificación de uso de suelo del 8 de marzo del 2008 (folio 41 a 44) se anotó la presencia de Repasto en 5.65 hectáreas (16.97%), repasto y bosque en el sector B de 17.15 hectáreas (51.51) y Bosque en 2 hectáreas (6%, y en el  sector  Tacotal en 8.50 hectáreas ( 25.52 %). Se indicó que se ha ejercido el uso conforme de suelo en un 43% del terrenos y no en un 57%, ubicado en el sector B. Sobre esta última área se detalló que presenta erosión por degradación, al ser sometida a actividad ganadera extensiva. Fueron observadas huellas de ganado y cárcavas que conducen a la remoción del suelo. De igual forma se anotó que las áreas de protección de las nacientes tienen buena cobertura forestal, que debe ser ampliada al área del artículo 33 de la Ley Forestal 7575. Agregó, se evidenció una zona de dos hectáreas de bosque que protege la naciente. Se recomendó la eliminación de la actividad ganadera del sector B y dejarlo en regeneración natural forestal a fin de favoreces la captación de aguas de la quebrada Burío  que esa afluente del Río Ario. Que es la actividad más acorde con las características de esa zona B  clasificada como VI dadas las fuertes pendientes y mantener las áreas de protección de los cuerpos de agua. Posterior a ese informe se realiza el reconocimiento judicial (folio 94) del 12 de noviembre del 2008. Donde se anotó que es un fundo de topografía irregular con pendientes pronunciadas en algunos sectores donde no han sido desarrolladas actividades agrícolas dada su condición escarpada. Se apuntó que donde discurre la Quebrada Burío que esta protegida. Se describe como finca mayormente de potreros dividida por apartos salvo la parte central donde se ubica una zona montañosa y una naciente con abundante vegetación, al igual que sobre las quebradas que le atraviesan y con las que colinda la finca. De este reconocimiento de observa que las quebradas y nacientes han sido protegidas con vegetación forestal. Por auto de las 14:30 horas del 12 de noviembre del 2008, se indica por el despacho de instancia que dadas las observaciones de la representante de la Procuraduría se esta en anuente a someterse a las recomendaciones técnicas del Certificador de Suelos (folio 97). Lo que contesta afirmativamente por memorial de folio 100. Nuevamente se aporta Certificación de Uso de Suelos del 5 de mayo del 2008 (folio 107 a 109), dos meses después del anterior, donde aún no se certifica el uso conforme de suelos. Luego de ello se adjunta un nuevo estudio de suelos fechado en setiembre del 2013, donde se denota una diferencia respecto a las condiciones del inmueble del primer y segundo informe. En [Nombre8] se certifica un uso conforme de suelo sobre el cien por ciento del fundo. Y se muestra un cambio en los usos del terreno a silvopastoril,  reforestación, bosque secundario, charral y tacotal. Se mencionó en las Observaciones del documento es finca con carga silvopastoril de media a baja intensidad de 0.5 a 1.5 de animales por unidad de área, que corresponden a pastos mezclados con gran cantidad de especies forestales de la zona (Roble Sabana, Laurel, Pochote),  que es una gran cantidad de biomasa aprovechable. Aunado a que el propietario inició un proyecto de reforestación con teca a fin de restablecer las áreas no aptas para la ganadería. Se indica en lo de interés,  en el sector D al no poder destinarse a ganado y solo a la conservación  desde hace varios años se dejó esa actividad y se destinó a conservación para la regeneración natural, con la presencia ya de charrales altos altos y tacotales que conducen a estadios sucesionales iniciales de bosque secundario con el objeto de proteger el agua, suelo, flora y fauna. En el sector E, se afirma que aun y cuando por años la actividad fue de ganadería se presenta el área  donde se desarrollará la reforestación con Teca a fin de aumentar el área de reforestación y ser la parte de mayor pendiente y aún contiene pastos. Agrega, en las zonas donde se sitúa recurso forestal dentro de la propiedad, es una muestra de la conservación con recursos propios del titulante. Como recomendación se anota que el Sector D debe ser sometido a reforestación como ya se hizo en el B, o dejado naturalmente a recuperación como se hace a la fecha. Zona que se ha delimitado con cerca de alambre y en el sector E con reforestación con Teca. Se indica que las áreas boscosas que han sido conservadas, así deben permanecer y cerrarlas con delimitaciones físicas a fin de que no ingrese el ganado.  Para este Tribunal,  con el contenido del documento citado, se tiene por acreditado el uso conforme de suelo en toda el área de la parcela del titulante, aún la que se encuentra fuera de los límites de la Zona Protectora, pues así se certificó. Señala la apelante, que no es posible tener por demostrada la posesión en resguardo de los recursos naturales en virtud de lo encontrado en el uso conforme de suelos ya citados y que la condición del dominio debió haber sido acreditada durante todo el periodo necesario para obtener el título.* Es criterio de esta Cámara se probó con las declaraciones testimoniales ya referidas, que el uso de ganadería de la finca proviene desde que ese terreno no formaba parte de la categoría de manejo a la cual pertenece en un cincuenta por ciento y que se usucapió  en esas condiciones en 1994,  antes de la afectación con la creación de la Zona Protectora en cuestión y de la emisión de la Ley de Manejo Uso y Conservación de Suelos y su reglamento. Se demostró que desde las décadas de los años 60 y 70 su original poseedor [Nombre6]  tenía actividad ganadera. La afectación ocurre en 1994, y más bien indican los testigos se bajó la intensidad de mantenimiento de semovientes. Como se menciona supra, las regulaciones de uso manejo y conservación de suelos corresponden a la década de los 90. La Ley 7779 es del 30 de abril de 1998, al igual que su reglamento. Por ello  no es posible pretender su aplicación técnica retroactiva a fin de demostrar una posesión ecológica . Por otra parte, el titulante se ha sometido a las recomendaciones técnicas de los expertos en la gestión del recurso suelo y lo encontrado en el sector B de la finca,  en el primer informe de suelos, no implica deban ser rechazadas estas diligencias por ser una actividad desarrollada desde hace décadas en la heredad, que siempre se ha destinado a la ganadería y pastoreo, según lo manifiestan los testigos citados. Las regulaciones del uso y manejo de suelos, son de reciente vigencia; no debiendo castigarse a los dueños de inmuebles, por el uso dado por sus antiguos poseedores por costumbre o cultura a los fundos, sin que esto implique los dueños y dueñas de terrenos, estén exentos del cumplimiento de las recomendaciones giradas por los entes competentes y el respeto al recurso suelo, que es de frágil gestión. En este caso, el titulante se ha sometido a las recomendaciones técnicas dadas por la persona que hizo el estudio de suelos que le certificó el uso conforme al cien por ciento. Cabe citar, el cumplimiento de la normativa y recomendaciones técnicas en el uso y gestión del recurso, son de acatamiento obligatorio. Haciéndose responsables del daño ambiental que pudiera causarse por el uso irracional de este recurso, lo que debe tener claro el titulante de estas diligencias y seguir lo recomendado en el estudio de suelos mencionado. Aunado al necesario acompañamiento y fiscalización que las autoridades ambientales competentes deben ejercer por obligación legal. Se reitera,  para el año 1994, ya la persona poseedora había obtenido el derecho de usucapir y en esa fecha aún no había sido emitida la Ley de Manejo Uso y Conservación de Suelos. Al respecto este Tribunal ha resuelto: " IV. El Tribunal en resolución Nº459-F-06 de las 16 horas 15 minutos del 11 de mayo de 2006 analizó el tema de ejercicio conforme de la posesión con relación a la certificación que expide el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de la siguiente forma: "Analizada la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998, se tiene en dicha normativa no se exige como requisito para titular por medio de Información Posesoria, el que se efectúe el estudio de suelos a fin de verificar si se cumple o no con el uso conforme del suelo, mucho menos que se deniegue el reconocimiento del derecho de propiedad si no se ejerce actualmente la posesión conforme al uso que debe tener el suelo. De acuerdo a lo anterior, no lleva razón el ente estatal de que dicho requisito está contemplado en ese cuerpo legal. Lo que sí ocurre es que en el Decreto N° 29375-MAG-MINAE-H-HACIENDA-MOPT del 8 de agosto del 2000 mediante el cual se promulga el Reglamento a dicha ley, en su artículo 58 se dispone: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá demostrar con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley N° 7779 y este Reglamento", siendo que el artículo 173 de ese Reglamento dispuso que el mismo regiría a partir de su publicación. * IX. Es menester indicar, antes de entrar en vigencia el Reglamento que exige ese requisito (publicado en La Gaceta No 57 del 21 de marzo del 2001), ya el promovente había obtenido la usucapion sobre el terreno de marras, toda vez [Nombre8] y como se indicó anteriormente, la posesión ejercida personalmente por la trasmitente [Nombre26]   data desde mil novecientos setenta y seis. * *  X. En el antecedente jurisprudencial de la Sala Constitucional citado, se infiere claramente como principio que LA PROPIEDAD SE ADQUIERE CUANDO SE CONSOLIDA LA USUCAPION, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE INSCRIBE O NO EL INMUEBLE, TODA VEZ LA TITULACION ES SIMPLEMENTE UNA FORMALIZACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD.  XI. Bajo esta inteligencia, no es posible aplicar retroactivamente el Reglamento en perjuicio de derechos ya adquiridos, toda vez al haber estado consolidado el derecho de propiedad a la fecha en que se incorpora vía reglamentaria el requisito del uso conforme del suelo, no es procedente exigirle al promovente demostrar que los actos posesorios en que pretende basar su titulación han sido conformes a esa nueva normativa. Nótese cuando se consolidó la usucapion que dió origen al derecho de propiedad, la trasmitente de la promovente había ejercido los actos posesorios conforme a los requisitos para adquirir el dominio vigentes en ese momento. XII. Ahora bien, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos N° 7779 del 30 de abril de 1998, establece en el artículo 6 inciso a) como una de las funciones específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería el "fiscalizar, evaluar y realizar, cuando lo considere necesario, los estudios básicos de uso de la tierra para definir los de uso agrícola, acatando los lineamientos de la legislación vigente en materia de ordenamiento territorial", y el artículo 41 establece: "Toda persona física o jurídica, pública o privada, estará obligada a fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, la conservación y recuperación de suelos. Por tanto, es obligatorio cooperar y acatar la medidas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, dicte con el fin de manejar, conservar y recuperar el recurso suelo". Asimismo el artículo 45 dispone que "es obligación de las personas físicas y jurídicas, propietarias o poseedoras de terrenos de aptitud agrícola, permitir el ingreso de los técnicos autorizados por el Comité del Area o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que verifiquen el mantenimiento de las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos". Asimismo el artículo 51 dispone que "quien por acción u omisión, atente contra lo dispuesto en la presente normativa, incluso contra las finalidades y los objetivos señalados en los capítulos I y II de esta ley, incurrirán en las acciones que tipifique la legislación penal y sancionatoria vigente. Igualmente, se aplicará la legislación administrativa correspondiente en las faltas que impliquen violación de las normas administrativas que protegen de estos hechos a los bienes públicos o privados y que sancionen a los infractores". * *  XIII. Bajo este orden de ideas, es evidente que al aprobarse la información posesoria, no implica que las entidades públicas del caso (Ministerio del Ambiente y Energía o Ministerio de Agricultura y Ganadería) no puedan dar seguimiento a este caso concreto a fin de lograr que se cumplan los objetivos y alcances de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, aplicando los procedimientos que correspondan. XIV. Lo anterior resulta de esa manera porque no es dable denegar la titulación del inmueble por el hecho de que no se cumpla en su totalidad actualmente con el uso conforme del suelo, ya que [Nombre8] y como se explicó, mediante este procedimiento de información posesoria lo que se hace es reconocer un derecho de propiedad ya consolidado. Interpretar lo contrario implicaría prácticamente la denegación de un derecho de propiedad preexistente por no cumplirse con una disposición reglamentaria que puede ser cumplida a través de los mecanismos administrativos previstos por la ley". De la lectura del amplio criterio vertido por esta Sede, es claro, que no se puede exigir un requisito con respecto al manejo del suelo, cuando al momento de entrada en vigencia de la ley objeto de análisis ya había usucapido. En este asunto la parte promovente más la sumada por sus anteriores transmitentes suman sobradamente ese plazo, véase al respecto las declaraciones de [Nombre27]  , [Nombre28]    y [Nombre29]   (folios 35 a 38). Los deponentes fueron contestes en afirmar conocer el inmueble y explican de manera detallada la cadena de transmitentes, con lo cual se denota, para la entrada en vigencia de la ley de cita y su reglamento ya se había consolidado el derecho de propiedad que se opone en estas diligencias.  Nótese, en el subjúdice, la certificación expresamente indica que se ha ejercido conforme la posesión, por lo que el requisito se cumple. También se nota, el profesional encargado de hacer el trabajo de campo y extender el documento recomendó: "Liberar de la actividad ganadera el [Dirección10]  de la finca, [Nombre8] y como se describe en la declaración jurada adjunta". De ello es claro,  el seguimiento y fiscalización le corresponde al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien tiene la obligación de acuerdo a la legislación.  Imponer un nuevo certificado como lo pide la representación estatal, es contrario a los requisitos que establecidos por la legislación y podría lesionar derechos fundamentales de acceso a la justicia de los administrados.  Como se explicó en líneas anteriores, el uso conforme se probó por parte de la entidad promovente y por ello,  en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto." (voto 078-F-09). En otro orden, tampoco resulta de recibo el argumento de apelación de que se aprobó con un proyecto de reforestación futuro, pues se certificó que en el terreno ya existen las delimitaciones respectivas de las zonas a reforestar. De necesaria atención es resaltar que la prohibición técnica de ganadería no lo es sobre todo el terreno, sino en las zonas ya identificadas en el campo y delimitadas que deben dedicarse a la regeneración natural o bien a la reforestación con plantación por el titulante. Ello se deduce del contenido de último Estudio de Suelos, donde se menciona el proceso ya arrancó, sin que la recurrente aportara prueba alguna que lo desvirtuara (artículo 317 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). *

* * * * * * * * *  VI- Por otra parte, no se comparte el argumento de la impugnante sobre la inconveniencia de reforestar con Teca, dado que el decreto N. 23214-MAG-MIRENEM señala que la especie forestal Teca y Melina en plantaciones puras no son adecuadas para pendientes por acelerar procesos de erosión y solo lo serían para suelos en relieves moderadamente ondulados a ondulados. Este decreto es el denominado Metodología Determinación Capacidad Uso Tierras Costa Rica publicado en La Gaceta N. 107 del: 06/06/1994.  Señala, sobre el suelo del sector identificado en el Estudio de Suelos como VI: " 3.6 Clase VI.* Las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la producción forestal, así como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos últimos requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos yaguas. Sin embargo, algunas especies forestales como la Teca (Tectona grandis) y Melina (Gmelina arborea) en plantaciones puras no son adecuadas para las pendientes de esta clase, debido a que aceleran los procesos de erosión de suelos, por lo que se recomienda este tipo de uso sólo en relieves moderadamente ondulados a ondulados.* Las limitaciones que se pueden presentar, solas o combinadas son: relieve fuertemente ondulado, erosión sufrida severa, suelos moderadamente profundos, texturas en el suelo de muy finas a gruesas, en el subsuelo de muy finas a moderadamente gruesas, fuertemente pedregosos, muy baja fertilidad, toxicidad fuerte, salinidad moderada, drenaje moderadamente excesivo o moderadamente lento, riesgo de inundación moderado, zonas de vida seca y pluviales excepto páramo, periodo seco fuerte o ausente, condición de neblina y viento moderada." En este caso, su señalamiento va contra el criterio técnico del certificador de suelos que encontró la práctica acorde con el uso de suelo. Lo que podría comprenderse en cuanto el conjunto de limitaciones de esa zona que permiten esa práctica. No encuentra esta Sede motivo alguno para que una recomendación de un decreto, y no una prohibición reste el valor científico del un estudio que se hizo en campo por un profesional acreditado ante la autoridad competente en el uso, manejo y conservación de suelos emitió y donde se consideraron las limitaciones reales del fundo. Cabe señalar, esa Metodología es una norma técnica que se adecua a la realidad aplicada por los profesionales del área propia del Derecho Ambiental, diversa a las normas legales propias del Derecho que tienen una interpretación diversa. En el Derecho Ambiental priva el principio del criterio técnico científico y así debe ser interpretado por los operadores del derecho. No consta en autos prevención alguna de ninguna autoridad fiscalizadora ambiental competente, que le haya indicado al titulante no introducir esa especie forestal o elemento alguno de otra naturaleza que conlleve a entender que no es adecuada; como para dudar de su fundamento científico.  Se rechaza el agravio.*  Igual suerte corre el argumento de que el plano nuevo aportado  bajo número P-1823065-2015 (folio 242) dibujó como de repastos la finca, pues ya se demostró según lo observó el  certificador de uso de suelos y la persona juzgadora las coberturas forestales existentes existen en la realidad, se representó la naciente y quebrada y están debidamente cubiertas con cobertura forestal suficiente. No ha aportado el ente apelante o cualquier interesado, prueba alguna de que el promovente o los anteriores poseedores hubieran sido prevenidos, sancionados o culpados de haber transgredido la normativa nacional tutelar del ambiente, de donde se pudiera inferir han transgredido su obligación de ejercer una posesión en respeto de los recursos naturales la ejercer posesión de un inmueble con limitaciones de orden ambiental dada la naturaleza de esa finca y lo encontrado como actividad no recomendado en un sector del fundo ha sido corregid.  Es relevante citar que nunca medió un cambio de uso de suelo en la finca a titular en perjuicio del ambiente, desde antes de la creación de la categoría de manejo de Zona Protectora en cuestión hasta la actualidad, o al menos no consta ninguna prueba al respecto. Por lo que sus reclamos no son atendibles. Nótese, que cada categoría de manejo tiene sus propios fines técnico científicos, sin que pueda entenderse que la existencia de alguna de ella excluye en forma absoluta actividades humanas de producción o recreo. Lo que se define en los respectivos planes de ordenamiento territorial de cada una. En este caso el agravio en estudio esta ayuno de fundamentación debida, en cuanto al motivo por el cual estima el apelante las actividades existentes lesionan los fines de esa zona  con los actos actuales y cuales directrices, órdenes o normas del plan de manejo de esa área se han incumplido. No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N. 144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de [Nombre8] magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respecto del uso del suelo con las correcciones que acató, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso hídrico alguna.*  Se rechaza el agravio. *

* * * * * * * * *  VII- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 6, 7 y 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, en lo apelado se confirma la sentencia recurrida. *

* * * * * * * * *  POR TANTO*

* * * * * * * * *  En lo apelado, se confirma la sentencia de las diecisiete horas treinta y seis minutos del veintiuno de marzo del dos mil dieciocho. *

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*YMZHSUZSEJO61*

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[Nombre30]    - JUEZ/A DECISOR/A

	




*ZZGAIQLGZTE61*

ZZGAIQLGZTE61

[Nombre31]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*ZF43BZLQQI5G61*

ZF43BZLQQI5G61

[Nombre32]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

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Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:37:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Agrario

Resolution No. 00484 - 2018

Date of Resolution: May 31, 2018 at 16:15

Case File: 07-160080-0642-AG

Drafted by: María Rosa Castro García

Type of matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Judgments in the same sense


Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Agrarian Procedural Law

Topic: Agrarian possessory information

Subtopics:

Admissible when ten-year possession prior to the decree creating the protected wilderness area is proven and technical recommendations are complied with.

Topic: Protected wilderness area

Subtopics:

Admissibility of possessory information when ten-year possession prior to the decree creating the area is proven and technical recommendations are complied with.

"III- Article seven of the Ley de Informaciones Posesorias established, upon its entry into force on February 13, 1996, by amendment of the Ley Forestal No. 7575, the express possibility of titling lands located within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) provided that possession is demonstrated for ten years prior to the creation of that zone under any of the management categories. Said article has been, on two occasions, challenged before the Sala Constitucional and the declaration of its unconstitutionality has been rejected, thus leaving that rule in force, without any judicial body being able to ignore its validity. (see latest constitutional consultation in Judgment No. 01667 of 01/27/2010 at 15:11: of the Sala Constitucional). [...] V - Regarding the grievance concerning the nature of the land affected as a protective zone (zona protectora) and what was certified in the soil study issued. Regarding protected wilderness areas, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAET, unless a special Law indicates otherwise. Article 58 of the Ley de Biodiversidad defines them as delimited geographic zones, formed by lands, wetlands, and portions of sea, declared as such for representing special significance, an interest in the protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This rule makes an express referral to the Ley Orgánica del Ambiente regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively upon the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a state-owned protected wilderness area is declared, it must immediately become part of the Patrimonio Natural del Estado, regulated by Article 13 of the cited rule, which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This set of rules must be interpreted with that prescribed in the final part of Article 58 of the Ley de Biodiversidad, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, natural or legal persons, over lands that are declared protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it states: 'When the property to which the possessory information refers is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wilderness area was created.' In the specific case, we are dealing with a piece of land that is sought to be titled, located within the Zona Protectora Península de Nicoya - Sector Buena Vista created by executive decree No. 22968-MIRENEM of March 10, 1994. This leads to the understanding that in order to be registered, possession must have been proven at least since March of 1984; which was proven in accordance with what was stated in the preceding considerando. The creation decree states in Article 5: 'The private lands existing in the area will be considered part of the Zona Protectora when the State acquires them, meanwhile the owners will enjoy all the attributes of ownership.' (bold not in the original). The management category of protective zone was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente. Said regulation omitted to define the concept of each of the classified categories that said article regulated, and the current Ley Forestal number 7575 also does not have a legal definition. For its part, the Ministerio de Ambiente y Energía has defined them as: 'as lands, mostly of forest aptitude, appropriate for wood production, in which management actions are executed with sustainability criteria.' (Table on Management Category, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a regulatory precedent, the repealed Ley Forestal number 4465 of November 25, 1969, defined the protective zone in Article 83 as: '…those forest areas or forest lands that, established by provisions of law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulating agents of the climate or the environment.' Subsequently, Ley Forestal 7174 defined it in the same terms indicated, while, as noted, the current Ley Forestal number 7575 of February 13, 1996, makes no reference to this management category, nor to any other. For its part, the Procuraduría General de la República indicated regarding the objective or purpose assigned to this management category: 'Now then, Ley Forestal number 4465, before and after its comprehensive reform, assigned a clear environmental purpose to protective zones, since they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forest resources. The environmental legislation currently in force assigns this same objective to protective zones, as a management category of protected wilderness areas, although it does not define the term.' (Opinion C-323-2004). In the same sense, by Opinion C-16-2002 it was defined: 'The term "Zona Protectora" has been used in our legal system as a management category of protected wilderness areas whose primary purpose has been associated with the protection of the soil resource and the hydrological regime (springs (nacientes), protection zones, hydrographic basins, etc.)' This Court considers, from the study of the testimonial statements and the regulatory and technical references of the soil studies, that upon demonstrating that they have been complied with, it cannot be concluded that the proceeding should be rejected. For, with the conduct displayed by the applicant, the development of ownership is shown adhering to what the soil technician has recommended in order to give rational use to the soil resource, by eliminating practices that, although traditional in the area such as livestock farming, do not correspond to an activity consistent with the classification found in that sector of that resource. As cited, the property is fifty percent within the aforementioned protective zone, according to what is recorded in the certification on folio 4. In the case under study, the soil use certification of March 8, 2008 (folios 41 to 44) noted the presence of Pasture in 5.65 hectares (16.97%), pasture and forest in sector B of 17.15 hectares (51.51%), and Forest in 2 hectares (6%), and in the Tacotal (thicket) sector in 8.50 hectares (25.52%). It was indicated that compliant land use (uso conforme de suelo) has been exercised on 43% of the land and not on 57%, located in sector B. Regarding this last area, it was detailed that it presents erosion due to degradation, being subjected to extensive livestock activity. Cattle tracks and gullies leading to soil removal were observed. Likewise, it was noted that the protection areas of the springs have good forest cover (cobertura boscosa), which must be extended to the area of Article 33 of the Ley Forestal 7575. It added, a two-hectare forest area protecting the spring was evidenced. It was recommended to eliminate livestock activity from sector B and leave it in natural forest regeneration in order to favor the water catchment of the Quebrada Burío, which is a tributary of the Río Ario. That this is the activity most suited to the characteristics of that zone B, classified as VI, given the steep slopes, and to maintain the protection areas of the water bodies. After that report, the judicial inspection (reconocimiento judicial) was conducted (folio 94) on November 12, 2008. Where it was noted that it is a property of irregular topography with pronounced slopes in some sectors where agricultural activities have not been developed given its steep condition. It was pointed out that where the Quebrada Burío runs it is protected. It is described as a farm mostly of paddocks divided by pastures, except the central part where a mountainous zone is located and a spring with abundant vegetation, as well as over the streams that cross it and that border the farm. From this inspection, it is observed that the streams and springs have been protected with forest vegetation. By order of 14:30 hours on November 12, 2008, the lower court indicates that given the observations of the representative of the Procuraduría, the party agrees to submit to the technical recommendations of the Soil Certifier (folio 97). This is answered affirmatively by brief on folio 100. A Soil Use Certification dated May 5, 2008, is provided again (folios 107 to 109), two months after the previous one, where compliant land use is still not certified. After that, a new soil study dated September 2013 is attached, where a difference is noted regarding the conditions of the property compared to the first and second reports. In this one, compliant land use is certified over one hundred percent of the property. And a change in land uses is shown to silvopastoral, reforestation, secondary forest, charral (scrub), and tacotal (thicket). It was mentioned in the Observations that the document is a farm with medium to low-intensity silvopastoral load of 0.5 to 1.5 animals per unit area, which correspond to pastures mixed with a large quantity of forest species of the area (Roble Sabana, Laurel, Pochote), which is a large amount of usable biomass. Coupled with the fact that the owner started a reforestation project with teak in order to restore areas not suitable for livestock farming. It is indicated in what is of interest, that in sector D, as it cannot be used for livestock and only for conservation, for several years that activity has been abandoned and it was destined for conservation for natural regeneration, with the presence already of high scrub and thickets leading to initial successional stages of secondary forest with the purpose of protecting water, soil, flora, and fauna. In sector E, it is stated that even though for years the activity was livestock farming, the area is presented where reforestation with Teak will be developed in order to increase the reforestation area and being the steepest part and still contains pastures. It adds, in the zones where forest resources are located within the property, it is a sample of conservation with the applicant's own resources. As a recommendation, it is noted that Sector D must be subjected to reforestation as was already done in B, or left naturally to recovery as is done currently. A zone that has been delimited with wire fencing and in sector E with reforestation with Teak. It is indicated that the forested areas that have been conserved must remain so and be closed with physical boundaries so that livestock do not enter. For this Tribunal, with the content of the cited document, compliant land use is considered proven over the entire area of the applicant's parcel, even that which is outside the limits of the protective zone, since it was so certified. The appellant points out that it is not possible to consider possession in protection of natural resources as proven by virtue of what was found in the compliant land use certifications already cited and that the condition of ownership should have been proven throughout the entire period necessary to obtain the title. It is the criterion of this Chamber that it was proven with the testimonial statements already referred to that the livestock use of the farm comes from when that land did not form part of the management category to which it belongs by fifty percent, and that it was acquired by usucaption (usucapión) under those conditions in 1994, before the creation of the protective zone in question and before the issuance of the Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos and its regulations. It was demonstrated that since the decades of the 1960s and 1970s its original possessor [Name1] had livestock activity. The creation of the area occurred in 1994, and rather the witnesses indicate the intensity of livestock maintenance decreased. As mentioned supra, the regulations on soil use, management, and conservation correspond to the 1990s. Ley 7779 is from April 30, 1998, as well as its regulations. Therefore, it is not possible to seek its retroactive technical application in order to demonstrate ecological possession. On the other hand, the applicant has submitted to the technical recommendations of the experts in managing the soil resource, and what was found in the [Direction1] of the farm, in the first soil report, does not imply that these proceedings must be rejected because it is an activity developed for decades on the property, which has always been destined for livestock farming and grazing, according to what the cited witnesses state. The regulations on soil use and management are of recent effect; property owners should not be punished for the use given by their former possessors due to custom or culture to the properties, without this implying that landowners are exempt from complying with the recommendations issued by the competent entities and respecting the soil resource, which is of fragile management. In this case, the applicant has submitted to the technical recommendations given by the person who conducted the soil study that certified compliant land use at one hundred percent. It is worth citing that compliance with the regulations and technical recommendations in the use and management of the resource are of mandatory observance. Being held responsible for the environmental damage that could be caused by the irrational use of this resource, which the applicant in these proceedings must be clear about and follow what was recommended in the aforementioned soil study. Coupled with the necessary accompaniment and oversight that the competent environmental authorities must exercise by legal obligation. It is reiterated, by the year 1994, the possessor had already obtained the right to acquire by usucaption and on that date the Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos had not yet been issued. In this regard, this Tribunal has resolved: 'IV. The Tribunal, in Resolution No. 459-F-06 of 16:15 on May 11, 2006, analyzed the issue of compliant exercise of possession in relation to the certification issued by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria in the following manner: "Having analyzed the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 of April 30, 1998, it is found that said regulation does not require as a requirement for titling through possessory information that a soil study be conducted in order to verify whether or not there is compliant land use, much less that the recognition of property rights be denied if possession is not currently exercised according to the use the soil should have. According to the foregoing, the state entity is not correct that said requirement is contemplated in that legal body. What does occur is that in Decree No. 29375-MAG-MINAE-H-HACIENDA-MOPT of August 8, 2000, through which the Regulations to said law are promulgated, its Article 58 provides: 'In any possessory information that is presented before the IDA or before the Courts of Justice, with the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate with an adequate soil study that it has exercised possession complying with the compliant land use for the activity it carries out according to the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of Law No. 7779 and these Regulations," with Article 173 of those Regulations providing that it would govern upon its publication. IX. It is necessary to indicate that before the Regulations requiring that requirement entered into force (published in La Gaceta No. 57 of March 21, 2001), the promoter had already obtained usucaption over the land in question, since, as indicated previously, the possession exercised personally by the transferor [Name2] dates back to nineteen seventy-six. X. In the jurisprudential precedent of the Sala Constitucional cited, it is clearly inferred as a principle that PROPERTY IS ACQUIRED WHEN USUCAPTION IS CONSOLIDATED, INDEPENDENTLY OF WHETHER THE PROPERTY IS REGISTERED OR NOT, SINCE TITLING IS SIMPLY A FORMALIZATION OF THE PROPERTY RIGHT. XI. Under this understanding, it is not possible to apply the Regulations retroactively to the detriment of already acquired rights, since, the property right having been consolidated by the date on which the requirement of compliant land use is incorporated via regulation, it is not appropriate to require the promoter to demonstrate that the possessory acts on which they intend to base their titling have been in compliance with that new regulation. Note that when the usucaption that gave rise to the property right was consolidated, the promoter's transferor had exercised the possessory acts in accordance with the requirements for acquiring ownership in force at that moment. XII. Now then, the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 of April 30, 1998, establishes in Article 6, subsection a) as one of the specific functions of the Ministerio de Agricultura y Ganadería to 'supervise, evaluate and carry out, when deemed necessary, the basic land use studies to define those for agricultural use, abiding by the guidelines of the legislation in force on territorial planning,' and Article 41 establishes: 'Every natural or legal person, public or private, shall be obliged to promote, contribute to, and execute all the practices and activities necessary for the management, conservation and recovery of soils. Therefore, it is mandatory to cooperate with and abide by the measures that the Ministerio de Agricultura y Ganadería, in coordination with the Ministerio de Ambiente y Energía, dictates with the purpose of managing, conserving and recovering the soil resource.' Likewise, Article 45 provides that 'it is the obligation of natural and legal persons, owners or possessors of lands of agricultural aptitude, to allow the entry of authorized technicians from the Area Committee or the Ministerio de Agricultura y Ganadería, so that they verify the maintenance of soil management, conservation and recovery practices.' Likewise, Article 51 provides that 'whoever by action or omission attacks against the provisions of this regulation, including against the purposes and objectives indicated in Chapters I and II of this law, shall incur the actions typified by criminal and sanctioning legislation in force. Equally, the corresponding administrative legislation shall be applied in faults that imply violation of the administrative norms that protect public or private property from these acts and that sanction offenders.' XIII. Under this line of reasoning, it is evident that approving the possessory information does not imply that the relevant public entities (Ministerio del Ambiente y Energía or Ministerio de Agricultura y Ganadería) cannot follow up on this specific case in order to achieve compliance with the objectives and scope of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, applying the corresponding procedures. XIV. The foregoing is so because it is not permissible to deny the titling of the property due to the fact that compliant land use is not currently fully met, since, as explained, through this possessory information proceeding what is done is to recognize an already consolidated property right. Interpreting the contrary would practically imply the denial of a pre-existing property right for failing to comply with a regulatory provision that can be fulfilled through the administrative mechanisms provided for by law." From the reading of the broad criterion rendered by this Court, it is clear that a requirement regarding soil management cannot be demanded when, at the time of entry into force of the law under analysis, usucaption had already occurred. In this matter, the promoting party plus that added by their previous transferors together amply exceed that period, see in this regard the statements of [Name3], [Name4] and [Name5] (folios 35 to 38). The deponents were unanimous in affirming they know the property and they explain in detail the chain of transferors, with which it is noted that, by the entry into force of the cited law and its regulations, the property right asserted in these proceedings had already been consolidated. Note, in the sub judice, the certification expressly indicates that possession has been exercised compliantly, so the requirement is met. It is also noted that the professional in charge of doing the field work and issuing the document recommended: 'Free sector A of the farm from livestock activity, as described in the attached sworn statement.' From this it is clear that follow-up and oversight corresponds to the Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones or Ministerio de Agricultura y Ganadería, which has the obligation according to the legislation. Imposing a new certificate, as the state representation requests, is contrary to the requirements established by the legislation and could harm the fundamental rights of access to justice of the administered. As explained in previous lines, compliant use was proven by the promoting entity and, therefore, in what is appealed, the decision must be confirmed." (vote 078-F-09) On another note, the appeal argument that it was approved with a future reforestation project is also not admissible, because it was certified that on the ground the respective boundaries of the zones to be reforested already exist. It is necessary to highlight that the technical prohibition of livestock farming is not over the entire land, but in the zones already identified in the field and delimited that must be dedicated to natural regeneration or to reforestation with plantation by the applicant. This is deduced from the content of the last Soil Study, where it is mentioned that the process has already started, without the appellant providing any evidence to refute it (Article 317 of the Código Procesal Civil, applied supplementarily). VI- [...] It must not be forgotten that according to Article 82 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and on its use and exploitation, in vote No. 144-96 of 16:51 on January 9, 1996, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia resolved: 'In the case of establishing forest reserves, protective zones and national wildlife refuges, the option exists for the owner to conserve their land, since, following the management plan, they can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, and therefore they do not render their right nugatory.' In this case, the promoting party has demonstrated a use of the property respecting soil use with the corrections they complied with; the witnesses did not prove wood extraction activities or any that damage water resources.

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution

Sign Document *

* * * * *

CASE FILE:

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EXPN1



PROCEEDING:

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INFORMACION POSESORIA



PROMOTER:

\t

JOSÉ NÚÑEZ NÚÑEZ

* *

* * * *

VOTE NO.* 484-F-18*

* *

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At sixteen hours and fifteen minutes on the thirty-first of May of the year two thousand eighteen.-

* * * * * * * * * * * * * * * * POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING promoted by [Name1], of legal age, married once, farmer, resident of Paquera, Puntarenas, identity card CED1 - -. Appearing as parties are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, married, lawyer, resident of San José, identity card CED2 - -, in her capacity as procurator, and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal ID CED3 - -, represented by its special general attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, Lawyer, resident of San Ramón, Alajuela, ID CED4 - . Acting as special judicial attorney for the promoting party is attorney Juan Carlos Fonseca Herrera, license number one two zero one five. Processed before the Juzgado Agrario de Puntarenas.-

WHEREAS

* * * * * * * * * 1.- The promoting party filed this possessory information proceeding so that, through this method, a property may be registered in the Registro Público de la Propiedad, described as follows: "NATURE: pasture (repasto) and tacotal (thicket), LOCATED: province of Puntarenas, first canton, Puntarenas, District [Direction1], BOUNDARIES: NORTH: Tronco Negro Vista Hermosa S.A., [Name2] and [Direction2], ; SOUTH: [Name3], [Name4] and Cabo Norte de Santa Teresa S.A.; EAST: [Name3] and [Name5] ; and WEST: Cabo Norte de Santa Teresa S.A., MEASURES: three hundred thirty-eight thousand six hundred eighty-six square meters, CADASTRAL MAP: P - one eight two three zero six five - two zero one five (1823065-2015).", (folios 21 to 23 and 243 to 244).-

* * * * * * * * * 2.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding in the terms visible on folios 52 to 54; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding in the terms visible on folio 63 and 274.-

* * * * * * * * * 3.- Judge Edith Brenes Quesada, of the Juzgado Agrario de Puntarenas, through judgment No. 2018000030 at seventeen hours thirty-six minutes on the twenty-first of March two thousand eighteen, resolved: "THEREFORE: "According to the foregoing and legal citations, THESE possessory information proceedings ARE APPROVED, a procedure that was complied with adhering to the Ley de Informaciones Posesorias number one hundred thirty-nine of July fourteen, nineteen forty-one, its amendments and additions, and the Ley de Jurisdicción Agraria number six thousand seven hundred thirty-four of March twenty-five, nineteen eighty-two, and its amendments.- Consequently: Free of liens and real encumbrances and without prejudice to third parties with better right, let the Registro Público, Sección Registro Inmobiliario, register in equal parts and in the name of [Name1], identity card CED5, the following unregistered property, described in cadastral map number P-ONE EIGHT TWO THREE ZERO SIX FIVE TWO THOUSAND FIFTEEN (1823065-2015), dated October twenty-three, two thousand fifteen, which corresponds to the land located in the province of Puntarenas, [Direction3], Puntarenas, [Direction4], whose measure is three hundred thirty-eight thousand six hundred eighty-six square meters; its Nature is pasture and tacotal land and it has the following boundaries: to the NORTH: Tronco Negro Vista Hermosa S.A., [Name2] and [Direction5], to the SOUTH: [Name3], [Name4] and Cabo Norte de Santa Teresa S.A., to the EAST: [Name3] and [Name5] and to the WEST: Cabo Norte de Santa Teresa S.A.- The proceeding was valued in the sum of TEN MILLION COLONES.

The property* is subject to the reservations regarding the right-of-way of public streets,* as provided in Article Four of the General Law of Public Roads and* Article Nineteen, subsection a) of the Law of Possessory Informations.- Likewise, since it is an area* located within a protected zone (zona protectora), it is subject to the limitations of* Forestry Law No. 7575, and therefore the cutting or elimination of trees in* that sector is prohibited (Articles 33 and 34); furthermore, the channel, the waters, and the spring (naciente) of the unnamed stream as well as the Burio stream, those watercourses, and other existing surface and/or* underground waters on the property are in the public domain and do not form part of the* farm (Ley de Aguas, Article 1, subsection IV, and Article 3, subsection III).- Once this resolution becomes final and* at the request of the interested party, let the corresponding enforcement order (ejecutoria) be issued.*
(see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Puntarenas, associated document dated* 03/21/2018 at 17:36:24).-*

*        4.- Licenciada Susana Fallas Cubero, in her capacity as procuring attorney (procuradora), filed an appeal* with an express indication of the reasons on which she bases her challenge to refute the thesis of the trial court, (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Puntarenas, document incorporated on 04/03/2018 at 9:32:17).-*

*        5.- In the processing of the case, the legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the judgment is not noted.- * *

*        Judge Castro García writes; and,*

WHEREAS:*

*        I-Proven facts.* * The proven facts of the appealed judgment are endorsed because they contain evidence that supports them. *

*        II- The procuring entity files an appeal (virtual desktop/ documents/ date 04/03/2018 09:31:50)* against judgment No. 2018000030 of 17:36 hours on March 21, 2018 (digital case file/ documents/ date 03/21/2018 17:36:24). As objections, it invokes: 1) It is sought to title a property located within the Península de Nicoya Protected Zone (Zona Protectora Península de Nicoya), created by Decreto Ejecutivo No. 22968-MIRENEM (effective* since March 10, 1994). * In the initial brief and a copy of deed No. 409, the* petitioner acquired it in 1987* from [Nombre6] . It reproaches, * this does not coincide with the witness statements, according to which the* transfer was in 1983. The declarant [Nombre7] stated that the* petitioner acquired from [Nombre8]. It claims that the appealed judgment disregards those deficiencies in the testimonial evidence, when it indicates that the date of purchase is for "reference," nonetheless. But from the statements, no date similar to that in the transfer document is extracted. It considers that it is not justified * the reason why the * chain of* transmission is deemed proven. It mentions that the Agrarian Court's criterion is that there must be consistency between the* witness statements and the documents provided, in order to validate the transmitted possession and so that they deserve the* credibility of the judge. It cites various decisions in this regard. 2) There is a lack of correspondence between the area and * the natural boundaries of the property in this case: 33 hectares, 8666 square meters. [Nombre9] to the* north partly with an unnamed* stream; to the west with [Dirección6] stream and [Dirección7], both in part. In deed CED6, an area of 45 hectares is described. It adjoins to the north only with [Nombre10]; to the west * [Nombre11][Nombre12][Nombre13] and [Nombre14]. Which * prevents establishing an* identity between the lands and using that deed as a transfer document. It partially transcribes various judgments of this Court. It affirms that this point is not adequately analyzed and that * mention of the lack of coincidence between the natural boundaries is omitted, and it lacks* basis the presumption that the difference in area is explained by ignorance of the exact measurement.* 3)* It contends that it was proven that throughout the occupation* of the property, an exercise aimed at the protection of* the natural resources to be developed * on the assets located * within the protected wild areas (áreas silvestres protegidas) as in this case had not been pursued, and it only did so until it was required by the* Court. It cites part of a decision of the Court. It states that environmental protection must be deployed throughout the entire time* of possession up to the present. It should not be encouraged to be limited to the period during which* the process is being conducted. It argues that the record contains * three land-use certifications. The first, approved on March 13, 2008, certified a non-conforming* use on 57% of the land, because in Sector B* * which corresponds to that* percentage of land in Management Unit W, it has severe erosion 'which evidences the strong degradation of this management unit when it is subjected to extensive cattle ranching activity..' . It adds that it was recorded that the forest cover (cobertura forestal) of the* springs (nacientes) does not comply with the provisions of the Forestry Law, Article 33, and refers to the observations in the document. It reproaches that Decreto No. 23214-MAG-MIRENEM of April 13, 1994,* establishes regarding* management unit VI: "* the lands located within this class are used for forestry production, as well as permanent crops such as fruit trees and coffee, although the latter* require intensive soil and water management and conservation practices ... *". It indicates that the same study recommended "eliminating cattle ranching activity in Sector B and* leaving those lands in natural forest regeneration." It points out that in the second certification of May 15, 2008, 2* months after the first, it indicates that the non-conforming use increased to 91.1% of the property, determining the use of pasture in all that percentage, which evidences "severe symptoms of erosion with the presence of cattle trails 30 to 40 centimeters deep and some small gullies"* (observations section on folio 107). It was recommended in* all of that sector to 'eliminate grazing activity' (folio 108). It argues that of that 91.1%, 57.18% corresponds to Management Unit VA whose* limitations it cited above, and the remaining 33.91% corresponds to Management* Unit VII, which has limitations so severe that they only allow the management of primary or secondary natural forest (Decreto No.* 23214-MAG-MIRENEM). It adds that despite the foregoing, in the third certification of October 22,* 2013, it was recorded that cattle ranching activity is still carried out, since at least* 60% has current silvopastoral use with a significant load of animals,* breaching the recommendation given by the Department of Technical Services of the INTA. But strangely, a conforming use was certified throughout the area, also based* on acts that have not been carried out (tree planting for the* upcoming year according to the recommendations). It outlines that in the study dated May 15, 2008 (the second certificate), it was considered that 33.91% of the area has steep slopes and the rest* has strongly undulating slopes, but curiously in the third study, it is stated that barely* 15% of the surface is of steep condition (that is, less than half), and other sectors are* moderately undulating and strongly undulating lands. It notes that plan No. P-1823065-2015 of May 19,* 2015, describes almost the entire land as pasture and, according to the land-use certificate, * in sectors where* the third land-use study classified it as reforestation, secondary* forest, and in Sector E, where the supposed future reforestation with teak was to be carried out* (which appears on the map attached to the study). It mentions that Decreto No. 23214-MAG-MIRENEM* does not recommend the planting of the teak species on strongly* undulating terrains, as in the case of that Zone E. It argues that * the practices carried out on the land contravene the provisions of* Article 102 of the Regulation to the Law of Use, Management, and Conservation of Soils, Decreto* Ejecutivo No. 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT * * * * * * * which reads: "The owners, lessees, or possessors of lands by any title have the obligation * to manage their farms, according to the best available technology to prevent the degradation, erosion, and contamination of soils and waters." It reproaches that this Agrarian Court has analyzed that the exercise of a conforming use of the soil* before and after the creation of the protected wild area is a requirement to guarantee the adequate* protection of natural resources, which in turn is a prerequisite for titling * and* that cattle ranching activity is not compatible with conservation. It notes that the witnesses confirmed that the land is dedicated to cattle ranching and* pastures. It contends that in the appealed decision, not all the aspects raised on* this issue that had been claimed are analyzed, and the lower court limited itself to taking as a reference only the last of the studies. Without seeing the issue of the lack of protection of the resources that has* occurred on the land sought to be titled. It requests that the judgment be reversed and the process denied. *

*        III- Article Seven of the Law of Possessory Informations established, as of its entry into force on February 13, 1996, through the reform of Forestry Law No. 7575, the express possibility of titling lands located within protected wild areas (áreas silvestres protegidas) provided that possession is demonstrated ten years before the creation of that zone in any of the management categories. Said article has, on two occasions, been challenged before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and the declaration of its unconstitutionality has been rejected, thus leaving that norm in force, without any judicial body being able to disregard its validity. (see last constitutional inquiry in Judgment No. 01667 of * 01/27/2010 at 15:11: of the Constitutional Chamber). Regarding possession, the representative of the Procuraduría General de la República appeals that the statements of the witnesses are not useful in order to demonstrate the possession exercised by the petitioner and his transferors. It reproaches, due to contradictions with the initial brief, the sales deed provided, and what was declared by the witnesses, where there is no coincidence in the date of acquisition of the property by the petitioner. It is recorded that at the evidentiary hearing of November 11, 2008 (folio 91), minutes were drawn up of the witness statements * of [Nombre15] (folio 91), [Nombre7] (folio 92), and [Nombre16] (folio 93). Witness [Nombre17] declared he was 63 years old and had known the property for 40 years. He explains that it belonged to [Nombre6] who transferred it to the petitioner approximately 25 years ago. [Nombre5], was dedicated to cattle ranching with greater intensity in the past, and now on a smaller scale. It has been maintained fenced and contains a seasonal spring (naciente) where a "little mountain" is located that has always been maintained to preserve it. There is a house where the petitioner lived with his family. He affirmed he never knew of any conflict over the possession of the property, that it has been peaceful, and that the petitioner is recognized as the owner. This testimony describes a continuous possessory chain from the year 1968, given what was indicated regarding the knowledge of the parcel, first in favor of [Nombre6] and subsequently [Nombre1] (petitioner). In addition to the foregoing, it was indicated that acts of cattle ranching and conservation of the spring (naciente) and forest cover (cobertura boscosa) have been carried out by those two persons, and indicating that the cattle ranching activity was of lesser intensity than in the past. Witness [Nombre16] declared he had known the property for 40 years (1968), at which time the farm belonged to [Nombre6] who transmitted it to [Nombre1] who has possessed it for approximately 25 years. He indicated the use given in the past was partly pasture and rice, bean, and corn cultivation. Indicating that currently only pastures and the conservation of the existing mountain. With an old dwelling house and the parcel duly delimited. He cited that there are no springs (nacientes) but there are two small streams. Maintenance of weeding in the pastures is carried out and the mountain part has been conserved. He cites that he is unaware of any problem by virtue of the possession, which has always been peaceful, and in the community, the petitioner is recognized as the owner. For this Court, this witness coincides with what was indicated by the previous one regarding that the owner 40 years ago was [Nombre6] who transmitted it to [Nombre18] 25 years ago. Likewise, that peaceful and public possession has been exercised, given that the current petitioner is recognized as the owner. Regarding the acts deployed, he indicates that it has been dedicated to pastures and the conservation of the bodies of water that he classifies as small streams. Now, witness [Nombre7] affirmed he had known the land for 35 years, from visiting [Nombre1] and his family by virtue of being a Jehovah's Witness and frequenting him. He cited that when he first knew the farm, it belonged to [Nombre6], and then it passed into the hands of [Nombre8]. Subsequently, he indicates that it was acquired by the petitioner about 25 years ago. He described that this land was dedicated to pastures, rice, beans, and currently to pastures. Farm fenced, with a dwelling house, which has been occupied. He has NOT seen springs (nacientes) but some "little streams" inside. Assistance is given to the farm with weeding and the mountainous part is conserved. He has never noticed problems regarding the possession, which has been peaceful, and the petitioner is known in the population as the owner. This witness coincides in all the declared aspects with the previous ones, except that he incorporates into the possessory chain a person he identified as [Nombre19] who was not cited by the other two declarants. It is worth reiterating that since the farm is immersed within the Península de Nicoya-Sector Buena Vista Protected Zone by decree No. 22968-MIRENEM of March 10, 1994, and in accordance with Article 7 of the Law of Possessory Informations, possession with respect to natural resources must be proven at least 10 years before the creation of that protected wild area. That is, suitable possession prior to the year 1984 must be demonstrated. * Having analyzed these statements, this Court observes that the three witnesses are coincident and congruent in describing a possession suitable for titling that dates back to a period greater than ten years before 1984. Fulfilling the requirement of Article 7 ibidem regarding the time to be demonstrated in possession in the event the property to be titled is located within a protected wild area or with forested lands. A topic to be developed below given what has been appealed. *

*        IV- Regarding the appellant's second grievance that attacks contradictions between what was declared by the witnesses, the content of the public deed provided, and the statements about the period of possession of the petitioner. Having analyzed the witness statements given in this process, already cited in the previous whereas, we proceed to contrast them with the statements of the initial brief and the public deed of acquisition in order to verify the contradictions alleged by the appealing entity. In the initial brief (folio 21), it was indicated by [Nombre1], possessor of unregistered land, that [Nombre9] to the north with [Nombre20] and [Nombre21], to the south with [Nombre22] and the petitioner, to the east with [Nombre23] and [Nombre24], and to the west with [Nombre1] and [Dirección8]. Area of 33 hectares, 3,338.01 square meters and with plan P-845422-1989 of August 30, 1989, in the petitioner's name. He describes having possessed the property in good faith as of the purchase executed in public deed No. 409 of 09:00 hours on October 13, 1987, which he provided. He is the sole owner. He later clarifies that he acquires from [Nombre6] (brief at folio 29). The cited deed (folios 27 and 28) contains a contract for the sale of possession and improvements dated November 13, 1987, in which [Nombre6] transmits to [Nombre1] the unregistered farm, which is land of pastures, scrubland (charral), and mountain. Located in Dulce Nombre de Paquera, [Dirección9] of the province of Puntarenas. [Nombre9] to the north with [Nombre10], to the south [Nombre1], to the east with [Nombre21], and to the west with [Nombre13] and [Nombre25] in part. With an approximate measurement of 45 hectares. Indicating that both parties waive future claims due to excess or decrease in area. The seller stated that by this act he sells the possession exercised for a period greater than ten years in a public, peaceful, uninterrupted manner, and as owner. For this Court, regarding the discrepancies concerning the possessory chain between what was cited by the witnesses, the initial brief, and the deed, the appeal must be denied. The onerous sales contract is shown to be coincident with the possessory chain described by the witnesses, insofar as the property was possessed by [Nombre6] from the year 1968 according to [Nombre15] and [Nombre16], given their knowledge of the property 40 years before their statement, and from 1973 by witness [Nombre7]. The first two witnesses cite [Nombre6] as the first possessor and that he transmits to [Nombre1] about 25 years ago (that is, approximately in 1983). For his part, [Nombre7] also mentions [Nombre6] as the first possessor and then a person he identifies as [Nombre19] not mentioned by the other two, but also indicates that [Nombre1] acquired it 25 years ago. This situation does not lead to distorting that the chain of possession has been continuous from 1968 to the present, and that [Nombre6] was the first identified possessor. The fact that this third witness names another person does not affect, in view of the integral assessment of the evidence, the understanding that the land has not been unsubjected to possession. Because all agree on the approximate dates and the persons who have exercised dominion over the site in question. (see decision 874-F-08). In support of the foregoing, it is noted that the deed of sale from [Nombre6] to the petitioner was granted in 1987, and in accordance with what was stated by the declarants, they refer to the petitioner buying 25 years before their statement, which reflects an approximate date corresponding to 1983. Therefore, applying the system of free evidentiary assessment of Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction, and the rules of sound rational criticism, an approximate period is given by the witnesses, which, although not exact, the difference of four years does not subtract credibility and validity from their testimony, and with it, it is understood that the possessory chain and the close dates of the exercise of possession, which is of old date, are verified. Consequently, the grievance of the discrepancies noted in the pieces of the case file regarding the periods of acquisition of the farm is rejected. Therefore, under the protection of the integral analysis and in accordance with the rules of Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction, this Court considers that from what was described by the witnesses, it is noted that effectively, the period of material possession by the petitioner dates back more than ten years prior to the creation of the protected wild area that partially affects the farm sought to be titled. This is deduced from what was cited in each statement. This Chamber does not understand that a real contradiction exists regarding the possessory chain described by the witnesses, as they were clear in their affirmations, without contradicting each other. The described deed of sale was provided and the title of acquisition is recorded by the petitioner. Whose content coincides with what was indicated by the witnesses already assessed, when they refer to real and material possession by the petitioner on the land, exercising acts of cultivation, maintenance, and conservation of the existing forest resource. Therefore, since the sales document was provided for the purpose of taking advantage of the possession of the transferors, pursuant to Article 1 of the Law of Possessory Informations, it is deemed proven and can be taken advantage of. The grievance of the procuring entity is rejected. * * * * * *

*        V - Regarding the grievance concerning the nature of the land affected by a protected zone (zona protectora) and what was certified in the soil studies issued. Regarding protected wild areas (áreas silvestres protegidas), regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration regime and regulations, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship falls * to MINAET, unless a special Law indicates another situation. * Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographic zones, constituted by lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest in the guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express referral to the Organic Law of the Environment* regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. The administration by Law falls exclusively on the Ministerio de Ambiente, * Energía y Telecomunicaciones, except for Natural Monuments.* On its part, the Forestry Law provides that when a protected wild area of state property is declared, it must immediately become part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), regulated by Article 13 of the cited norm, which expressly indicates that its administration corresponds to MINAET. This set of norms must be interpreted with what is prescribed in Article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, and natural or legal persons,* over lands that are declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Law of Possessory Informations when it indicates: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the petitioner must demonstrate being the holder of legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wild area was created." * In the specific case, we are before a land * sought to be titled, located within the Península de Nicoya Protected Zone -Sector Buena Vista created by Decreto Ejecutivo N.22968-MIRENEM of March 10, 1994. This leads to the understanding that in order to be registered, possession must have been proven at least since March 1984; which was proven in accordance with what was set forth in the previous whereas. The decree of creation indicates in Article 5: "The existing private lands in the area shall be considered part of the Protected Zone when the State acquires them; meanwhile, the owners shall enjoy all the attributes of ownership."* (bold not in the original). The management category of Protected Zone (Zona Protectora) was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Organic Law of the Environment. Said regulation omitted to define the concept of each of the classified categories * that said numeral regulated, and the current Forestry Law number 7575 also does not have a legal definition. For its part, the Ministerio de Ambiente y Energía has defined them as: "as lands, mostly, of forestry aptitude, appropriate for timber production, in which management actions are executed with sustainability criteria." (Table on Management Categories, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a normative antecedent, Forestry Law number 4465 of November 25, 1969, repealed, defined the protected zone in Article 83 as: "….those areas of forests or forest lands that, established by provisions of the law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulatory agents of the climate or environment." Subsequently, Forestry Law 7174 defined it in the same indicated terms, while, as noted, the current Forestry Law number 7575 of February 13, 1996, makes reference neither to this management category nor to any other. For its part, the Procuraduría General de la República indicated regarding the objective or purpose assigned to this management category: "Now, Forestry Law number 4465, before and after its comprehensive reform, assigned to the protected zones a clear environmental purpose, since they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forest resources. The currently valid environmental legislation assigns this same objective to the protected zones, as a management category of protected wild areas, although it does not define the term." (Dictamen C-323-2004).* In the same sense, by Dictamen C-16-2002 it was defined:* "The term 'Protected Zone' (Zona Protectora) has been used in our legal system as a management category of protected wild areas whose primary purpose has been associated with the protection of the soil resource and the hydrological regime (springs, protection zones, hydrographic basins, etc.)."* This Court considers, from the study of the witness statements and the normative and technical references of the soil studies, that upon demonstrating that they have been complied with, it is not * concluded that the process should be rejected. Because through the conduct deployed by the petitioner, the development of ownership is shown to be in accordance with what the soil technical expert has recommended to him in order to make rational use of the soil resource, by eliminating practices that, although traditional in the area such as cattle ranching, do not correspond to an activity consistent with the classification found in that sector of that resource. As cited, the property is fifty percent within the aforementioned protected zone in accordance with what was recorded in the certification on folio 4. In the case under study, in the land-use certification of March 8, 2008 (folios 41 to 44), the presence of Pasture on 5.65 hectares (16.97%), pasture and forest in Sector B of 17.15 hectares (51.51%), and Forest on 2 hectares (6%), and in the Scrubland (Tacotal) Sector on 8.50 hectares (25.52%) was noted. It was indicated that conforming land use has been exercised on 43% of the land and not on 57%, located in Sector B. Regarding this latter area, it was detailed that it presents erosion due to degradation, when subjected to extensive cattle ranching activity. Cattle tracks and gullies that lead to soil removal were observed. Similarly, it was noted that the protection areas of the springs (nacientes) have good forest cover (cobertura forestal), which must be extended to the area of Article 33 of Forestry Law 7575. It added that a two-hectare forest area that protects the spring (naciente) was evidenced. The elimination of cattle ranching activity from Sector B was recommended and to leave it in natural forest regeneration in order to favor the water catchment of the Burío stream, which is a tributary of the Río Ario. This is the most appropriate activity given the characteristics of that Zone B, classified as VI given the steep slopes, and to maintain the protection areas of the bodies of water. Subsequent to that report, the judicial inspection (reconocimiento judicial) (folio 94) of November 12, 2008, was carried out. Where it was noted that it is a property of irregular topography with pronounced slopes in some sectors where agricultural activities have not been developed given its steep condition. It was pointed out that where the Burío Stream runs, it is protected. It is described as a farm mostly of paddocks divided by fences except the central part where a mountainous zone and a spring (naciente) with abundant vegetation are located, as well as along the streams that cross it and with which the farm adjoins. From this inspection, it is observed that the streams and springs (nacientes) have been protected with forest vegetation. By order of 14:30 hours on November 12, 2008, the trial court indicated that, given the observations of the representative of the Procuraduría, it is willing to submit to the technical recommendations of the Soil Certifier (folio 97). To which it responds affirmatively by brief at folio 100. Again, a Land-Use Certification of May 5, 2008 (folios 107 to 109), two months after the previous one, is provided, where conforming soil use is still not certified. After that, a new soil study dated September 2013 is attached, where a difference is denoted with respect to the conditions of the property from the first and second reports. In it, a conforming soil use is certified over one hundred percent of the property. And a change is shown in the land uses to silvopastoral, reforestation, secondary forest, scrubland (charral), and tacotal. It was mentioned in the Observations of the document that it is a farm with a silvopastoral load of medium to low intensity of 0.5 to 1.5 animals per unit area, corresponding to pastures mixed with a large number of forest species of the zone (Roble Sabana, Laurel, Pochote), which is a large amount of usable biomass. In addition, the owner started a reforestation project with teak in order to restore the areas not suitable for cattle ranching. It is indicated in pertinent part, in Sector D, as it cannot be used for cattle and only for conservation, that activity was ceased several years ago and was destined for conservation for natural regeneration, with the presence already of high scrubland (charrales altos) and tacotales that lead to initial successional stages of secondary forest with the purpose of protecting water, soil, flora, and fauna.

In sector E, it is stated that even though the activity was livestock farming for years, the area where reforestation with Teak will be developed is presented in order to increase the reforestation area and because it is the part with the steepest slope and still contains pastures. It adds that, in the areas where forest resources are located within the property, it is a demonstration of conservation using the titleholder's own resources. As a recommendation, it is noted that Sector D must be subjected to reforestation as was already done in Sector B, or left to recover naturally as is currently being done. A zone that has been delimited with a wire fence, and in sector E with reforestation with Teak. It is indicated that the forested areas that have been conserved must remain so and be closed off with physical delimitations so that livestock do not enter. For this Tribunal, with the content of the cited document, the conforming land use (uso conforme de suelo) in the entire area of the titleholder's plot is deemed accredited, even the part that is outside the limits of the Protective Zone (Zona Protectora), as it was so certified. The appellant points out that it is not possible to deem the possession in protection of natural resources as demonstrated by virtue of what was found in the aforementioned conforming land use, and that the condition of ownership must have been accredited during the entire period necessary to obtain title.* It is the criterion of this Chamber that it was proven with the testimonial statements already mentioned, that the livestock farming use of the farm originates from when that land was not fifty percent part of the management category to which it belongs and that it was acquired by adverse possession (usucapió) under those conditions in 1994, before the encumbrance with the creation of the Protective Zone in question and the issuance of the Soil Use, Management, and Conservation Law (Ley de Manejo Uso y Conservación de Suelos) and its regulations. It was demonstrated that since the 1960s and 1970s, its original possessor [Nombre6] had livestock activity. The encumbrance occurs in 1994, and the witnesses rather indicate that the intensity of livestock maintenance was reduced. As mentioned supra, the regulations on soil use, management, and conservation correspond to the 1990s. Ley 7779 is from April 30, 1998, as are its regulations. Therefore, it is not possible to seek its retroactive technical application in order to demonstrate ecological possession. On the other hand, the titleholder has submitted to the technical recommendations of experts in soil resource management, and what was found in sector B of the farm, in the first soil report, does not imply that these proceedings must be rejected because it is an activity developed for decades on the property, which has always been destined for livestock farming and grazing, according to the cited witnesses. The regulations on soil use and management are recently in force; property owners should not be punished for the use given by their former possessors by custom or culture to the estates, without this implying that the male and female owners of lands are exempt from complying with the recommendations issued by the competent entities and respecting the soil resource, which is of fragile management. In this case, the titleholder has submitted to the technical recommendations given by the person who conducted the soil study that certified one hundred percent conforming use. It is fitting to note that compliance with the regulations and technical recommendations in the use and management of the resource is mandatory. They are responsible for the environmental damage that could be caused by the irrational use of this resource, which the titleholder of these proceedings must be clear about, and follow what was recommended in the mentioned soil study. Coupled with the necessary accompaniment and oversight that the competent environmental authorities must exercise by legal obligation. It is reiterated, by the year 1994, the possessing person had already obtained the right to acquire by adverse possession (usucapir) and at that date the Soil Use, Management, and Conservation Law had not yet been issued. In this regard, this Tribunal has resolved: "IV. The Tribunal, in resolution No. 459-F-06 of 4:15 p.m. on May 11, 2006, analyzed the issue of conforming exercise of possession in relation to the certification issued by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria) in the following manner: "Having analyzed the Soil Use, Management, and Conservation Law No. 7779 of April 30, 1998, it is found that said regulation does not require as a requisite for granting title by means of a Possessory Information (Información Posesoria) that a soil study be carried out to verify whether or not the conforming use of the soil is complied with, much less that the recognition of the property right be denied if possession is not currently exercised in accordance with the use the soil should have. In accordance with the foregoing, the state entity is incorrect that said requirement is contemplated in that legal body. What does occur is that in Decreto N° 29375-MAG-MINAE-H-HACIENDA-MOPT of August 8, 2000, through which the Regulation to said law is promulgated, Article 58 states: 'In any possessory information or that is presented before the IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate with an adequate soil study, that they have exercised possession complying with the conforming use of the soil for the activity they carry out in accordance with the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology, in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of Ley N° 7779 and this Regulation', and Article 173 of that Regulation provided that it would come into effect upon its publication. * IX. It is necessary to indicate, before the Regulation that requires this requirement came into force (published in La Gaceta No. 57 of March 21, 2001), the petitioner had already obtained adverse possession (usucapion) over the land in question, since [Nombre8] and as indicated previously, the possession exercised personally by the transferor [Nombre26] dates back to nineteen seventy-six. * * X. In the cited jurisprudential precedent of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), it is clearly inferred as a principle that PROPERTY IS ACQUIRED WHEN ADVERSE POSSESSION IS CONSOLIDATED, INDEPENDENTLY OF WHETHER OR NOT THE PROPERTY IS REGISTERED, SINCE TITLING IS SIMPLY A FORMALIZATION OF THE PROPERTY RIGHT. XI. Under this understanding, it is not possible to retroactively apply the Regulation to the detriment of already acquired rights, since the property right having been consolidated at the date the requirement of conforming soil use is incorporated via regulation, it is not appropriate to require the petitioner to demonstrate that the possessory acts on which they intend to base their titling have been in conformity with that new regulation. Note that when the adverse possession that gave rise to the property right was consolidated, the petitioner's transferor had exercised the possessory acts in accordance with the requirements for acquiring ownership in force at that time. XII. Now, the Soil Use, Management, and Conservation Law No. 7779 of April 30, 1998, establishes in Article 6, subsection a) as one of the specific functions of the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) the 'overseeing, evaluating, and carrying out, when it deems it necessary, the basic land use studies to define those for agricultural use, adhering to the guidelines of current legislation on territorial planning', and Article 41 establishes: 'Every natural or legal person, public or private, shall be obliged to promote, contribute to, and execute all practices and activities necessary for soil management, conservation, and recovery. Therefore, it is mandatory to cooperate and abide by the measures that the Ministry of Agriculture and Livestock, in coordination with the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), dictates for the purpose of managing, conserving, and recovering the soil resource'. Likewise, Article 45 provides that 'it is the obligation of natural and legal persons, owners or possessors of land of agricultural aptitude, to allow the entry of technicians authorized by the Area Committee or the Ministry of Agriculture and Livestock, so that they may verify the maintenance of soil management, conservation, and recovery practices'. Likewise, Article 51 provides that 'whoever by action or omission, acts against the provisions of this regulation, including against the purposes and objectives indicated in Chapters I and II of this law, will incur the actions typified by current criminal and sanctioning legislation. Equally, the corresponding administrative legislation will be applied to infractions that imply violation of the administrative norms that protect public or private property from these acts and that sanction the offenders'. * * XIII. Under this line of thought, it is evident that by approving the possessory information, it does not imply that the relevant public entities (Ministry of the Environment and Energy or Ministry of Agriculture and Livestock) cannot follow up on this specific case in order to ensure compliance with the objectives and scopes of the Soil Use, Management, and Conservation Law, applying the corresponding procedures. XIV. The foregoing results in that manner because it is not feasible to deny the titling of the property due to the fact that the conforming use of the soil is not currently fully complied with, since [Nombre8] and as explained, through this possessory information procedure, what is done is to recognize an already consolidated property right. Interpreting the contrary would practically imply the denial of a pre-existing property right for not complying with a regulatory provision that can be fulfilled through the administrative mechanisms provided by law". From the reading of the broad criterion expressed by this Court, it is clear that a requirement regarding soil management cannot be demanded when, at the time the law under analysis came into force, adverse possession had already occurred. In this matter, the promoting party plus that added by its previous transferors amply exceed that period, see in this regard the statements of [Nombre27], [Nombre28] and [Nombre29] (folios 35 to 38). The deponents were in agreement in stating they knew the property and explain in detail the chain of transferors, which indicates that, by the entry into force of the cited law and its regulation, the property right opposed in these proceedings had already been consolidated. Note that, in the case at bar, the certification expressly indicates that possession has been exercised conformingly, so the requirement is met. It is also noted that the professional in charge of doing the field work and issuing the document recommended: "Release the [Dirección10] of the farm from livestock activity, [Nombre8] and as described in the attached sworn statement". From this it is clear that the follow-up and oversight corresponds to the Ministry of the Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) or the Ministry of Agriculture and Livestock, which has the obligation according to the legislation. Imposing a new certificate as requested by the state representation is contrary to the requirements established by legislation and could harm fundamental rights of access to justice of the administered parties. As explained in previous lines, the conforming use was proven by the promoting entity and therefore, in the appealed matter, the decision must be confirmed." (Voto 078-F-09). In another order, the appeal argument that it was approved with a future reforestation project is also not acceptable, since it was certified that the respective delimitations of the areas to be reforested already exist on the land. It is necessarily to highlight that the technical prohibition of livestock farming is not over the entire land, but only in the areas already identified in the field and delimited that must be dedicated to natural regeneration or reforestation with plantation by the titleholder. This is deduced from the content of the latest Soil Study, where it is mentioned that the process has already started, without the appellant providing any evidence to disprove it (Article 317 of the Code of Civil Procedure, applied supplementarily). *

* * * * * * * * * VI- On the other hand, the argument of the objector regarding the inadvisability of reforesting with Teak is not shared, given that Decree N. 23214-MAG-MIRENEM indicates that the forest species Teak and Melina in pure plantations are not suitable for slopes due to accelerating erosion processes and would only be suitable for soils on moderately undulating to undulating reliefs. This decree is the so-called Methodology for Determining Land Use Capacity in Costa Rica (Metodología Determinación Capacidad Uso Tierras Costa Rica) published in La Gaceta N. 107 of 06/06/1994. It points out, regarding the soil of the sector identified in the Soil Study as VI: " 3.6 Class VI. * The lands located within this class are used for forest production, as well as permanent crops such as fruit trees and coffee, although the latter require intensive soil and water management and conservation practices. However, some forest species like Teak (Tectona grandis) and Melina (Gmelina arborea) in pure plantations are not suitable for the slopes of this class, due to accelerating soil erosion processes, so this type of use is recommended only on moderately undulating to undulating reliefs. * The limitations that can occur, alone or combined, are: strongly undulating relief, severe suffered erosion, moderately deep soils, soil textures from very fine to coarse, subsoil textures from very fine to moderately coarse, heavily stony, very low fertility, strong toxicity, moderate salinity, moderately excessive or moderately slow drainage, moderate flood risk, dry and pluvial life zones except páramo, strong or absent dry period, moderate fog and wind condition." In this case, its indication goes against the technical criterion of the soil certifier who found the practice in accordance with soil use. Which could be understood regarding the set of limitations of that zone that permit that practice. This Court finds no reason whatsoever for a recommendation from a decree, and not a prohibition, to detract from the scientific value of a study that was done in the field by a professional accredited before the competent authority in soil use, management, and conservation, who issued it, and where the real limitations of the property were considered. It should be noted that this Methodology is a technical standard that adapts to the reality applied by professionals in the area of Environmental Law, different from the legal norms of Law which have a different interpretation. In Environmental Law, the principle of technical-scientific criterion prevails and it must be so interpreted by legal operators. There is no record in the case file of any warning from any competent environmental oversight authority, that has indicated to the titleholder not to introduce that forest species or any element of another nature that leads one to understand that it is not suitable; such as to doubt its scientific basis. The grievance is rejected. * The same fate befalls the argument that the new plan submitted under number P-1823065-2015 (folio 242) depicted the farm as pastureland, since it has already been demonstrated, according to what was observed by the soil use certifier and the judge, that the existing forest cover actually exists in reality, the spring (naciente) and stream were represented, and they are duly covered with sufficient forest cover. The appealing entity or any interested party has not provided any evidence that the petitioner or the previous possessors had been warned, sanctioned, or accused of having violated the national environmental protection regulations, from which it could be inferred that they have transgressed their obligation to exercise possession respecting natural resources. The exercising of possession of a property with environmental limitations, given the nature of that farm, and what was found as a non-recommended activity in one sector of the estate has been corrected. It is relevant to note that there was never a land-use change (cambio de uso del suelo) on the farm to be titled to the detriment of the environment, from before the creation of the management category of the Protective Zone in question up to the present, or at least there is no evidence thereof in the record. Therefore, its claims are not receivable. Note that each management category has its own technical-scientific purposes, without it being understood that the existence of one of them absolutely excludes human production or recreational activities. This is defined in the respective territorial management plans of each one. In this case, the grievance under study is devoid of proper substantiation, as to the reason why the appellant considers that the existing activities harm the purposes of that zone with the current acts, and which directives, orders, or norms of the management plan for that area have been breached. It must not be forgotten that according to Article 82 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and regarding its use and exploitation in Voto N. 144-96 of 4:51 p.m. on January 9, 1996, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, the option is given for the owner to conserve their land, since, following the management plan, they can continue to exploit it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of [Nombre8] magnitude that prevent them from exploiting their property, therefore they do not make their right nugatory." In this case, the promoting party has demonstrated a use of the estate in respect of the soil use with the corrections that it complied with, the witnesses did not accredit timber extraction activities or ones that harm any water resource. * The grievance is rejected. *

* * * * * * * * * VII- For the reasons stated, based on Articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), 6, 7, and 1 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), in the appealed matter, the appealed judgment is confirmed. *

* * * * * * * * * POR TANTO *

* * * * * * * * * In the appealed matter, the judgment of seventeen hours thirty-six minutes of March twenty-first, two thousand eighteen, is confirmed. *

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YMZHSUZSEJO61



[Nombre30] - JUEZ/A DECISOR/A

	



*ZZGAIQLGZTE61*

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[Nombre31] - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*ZF43BZLQQI5G61*

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[Nombre32] - JUEZ/A DECISOR/A



 

	

 

	

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:37:48.

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